Cámara de Diputados, versión estenográfica

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 261 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (11:01 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación) Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se dispensa la lectura

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Esta presidencia informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integran las comisiones.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su trámite.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Cámara de Senadores proposiciones con puntos de acuerdo que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria por las que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen mayores recursos a diversos rubros.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio del Congreso del Estado de Oaxaca por el que se exhorta a la Cámara de Diputados autorizar recursos extraordinarios al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jaime Chris López Alvarado para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal. El diputado nos informa que prefiere esperar al siguiente turno para presentar la iniciativa.

En consecuencia se concede el uso de la palabra a la diputada Socorro de la Luz Quintana León, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar o adicionar diversas disposiciones de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En razón de que no está, se turna a la Comisión... Ah, perdón.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León: Buen día a todos. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los continuos retos de un mundo altamente cambiante nos arrojan cifras en donde cada vez más mujeres participamos en la vida económica, política y social, éste un cambio muy trascendente. Por lo tanto, debemos de actualizar nuestras políticas públicas y en materia de equidad y género aún hay muchas cosas por hacer.

En el caso de las mujeres, existe la oportunidad de fortalecer el ámbito laboral y empresarial. De acuerdo a la Secretaría de Trabajo existe aún una gran brecha del ingreso del 30 por ciento entre hombres y mujeres, el 39 por ciento de mujeres no está afiliado a ninguna institución de seguridad social. Asimismo, el 62 por ciento de las mujeres realiza un trabajo no remunerado.

Por otro lado, el INEGI nos muestra que en México existen 4 millones 15 mil unidades empresariales, por las cuales el PIB es del 72 por ciento del empleo en el país, sin embargo sólo 3 de cada 10 mujeres en México emprende un negocio, y de ésas 300 mil mujeres señala que el 40 por ciento de las barreras a vencer es aún el machismo. Esto no es posible, compañeros legisladores.

A pesar de los obstáculos existentes, las empresas que son encabezadas por mujeres que fueron respaldados en el tiempo pasado por Fonaes, el 91 por ciento logra su supervivencia. Así, las mujeres demostramos la rentabilidad en este gran sector económico de nuestro país, por lo tanto existe una gran oportunidad de fortalecer la incursión y permanencia y crecimiento. Por lo que podemos agregar que 7.2 millones de mujeres en México son jefas de familia, es decir casi la mitad del total de trabajadoras mexicanas son el único y principal sostén en sus hogares y generalmente sus ingresos son aplicados a la educación de sus hijos, a la familia, a los negocios y al desarrollo comunitario.

Las mujeres, señores, queremos trabajar, queremos formar parte de este órgano de transformación que nuestro país tanto necesita, por ello la importancia de impulsar a las mujeres para que incursionemos en el ámbito empresarial cada vez más, lo cual nos permita desarrollarnos profesionalmente y conciliar las tareas familiares sin que ello implique, de ninguna manera, menor remuneración.

Es evidente que aún existe mucho por hacer desde esta Cámara para promover igualdad y volverla cada vez más real, a través de medidas concretas que contribuyan a emancipar a las víctimas de los desequilibrios sociales. Por ello, amigos legisladores, hoy propongo y pongo a su consideración la presente iniciativa, que reforma los artículos 7, 9, 10, 11 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto de propiciar una serie de acciones afirmativas y políticas públicas que actualicen el mandato de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como lo establecido en los diferentes instrumentos internacionales suscritos por México, al incorporar la transversalidad, la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades.

De manera específica, propongo esta mañana a todos ustedes, crear una cultura empresarial incluyente para que el acceso al financiamiento y a las micro, pequeñas y medianas empresas deba ser en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, además de facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las mujeres jefas de familia.

La ley, entre otras cosas, es orientadora de conductas. El espíritu de las reformas que hoy planteo lleva implícito el deseo de explicar el mundo y de transformarlo en la posibilidad de ser hombres y mujeres con igualdad de oportunidades en procesos productivos. Deben de ser éstos liberadores creativos y capaces de inventar futuros, propiciar mejor calidad de vida y vivir en esfuerzos compartidos para partir del respeto y la semejanza, partiendo también de las mismas diferencias.

Compañeros legisladores, la democracia no garantiza la igualdad de condiciones, pero sí debe garantizar la igualdad de oportunidades como un requisito para el desarrollo de la población y de la nación misma.

Compañeras y amigas legisladoras, respáldenme para respaldar a nuestro género y hacer crecer a nuestro México a través precisamente de nuestras actividades. Compañeros legisladores, apoyen el desarrollo de México, así juntos haremos un México mejor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Julisa Mejía Guardado, para presentar iniciativa que proyecta reformar artículos 40, 41 y 73 de la Constitución. Por no estar en el salón la diputada, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, junto con la siguiente iniciativa de ella misma.

Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal. Tampoco está. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Buenos días. Compañeras y compañeros diputados. Los derechos humanos entendidos como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que cuenta el ser humano por su simple condición natural de existir, han sido una exigencia constante desde la formación de las primeras sociedades organizadas y de la aparición de las autoridades formalmente establecidas hasta nuestros días.

En ese sentido, el derecho internacional en esta materia ha influido a efecto de que los países del orbe hagan su reconocimiento efectivo del mismo.

Las reformas constitucionales del 6 de junio del 2011 permitieron ampliar el espectro de protección por parte de la Carta Magna a aquellos derechos humanos que no están reconocidos implícitamente por la norma suprema.

Ello implica llevar más allá la protección reconociendo que hay instrumentos de derecho que se expresan en tratados, resoluciones internacionales. Ello deriva de la exigencia de la comunidad internacional que día a día pide mayores libertades que deben ser reconocidas, protegidas, garantizadas y respetadas por los órganos del Estado.

A efecto de evitar el retorno a épocas autoritarias que han surgido en diversos periodos de la historia del país y que se han apartado de los principios de libertad, igualdad, respeto y dignidad de la persona humana, si bien es cierto que el Estado mexicano ha avanzado en las garantías de protección de los derechos humanos, aún se requieren mecanismos que hagan efectiva dicha protección, no sólo en el ámbito administrativo sino sancionando penalmente a aquellos funcionarios públicos que han cometido o encubierto la violación a los derechos humanos.

En los años recientes y como consecuencia de la llamada guerra contra el crimen organizado, la violación a los derechos humanos se ha vuelto un problema recurrente, donde se ven envueltos los organismos y el gobierno del Estado mexicano, principalmente de aquellos encargados de la seguridad pública.

Esta situación es la que nos lleva a presentar esta modificación al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales para castigar este tipo de acciones y preservar la protección de los derechos humanos y la integridad de las víctimas.

La realidad es que los procedimientos de carácter administrativo, previstos en la Ley Federal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no han sido útiles para sancionar de manera efectiva a los servidores públicos que han realizado actos tendentes a trastocar los derechos humanos, ya que carecen de un carácter coercitivo.

Lo anterior nos lleva a concluir que el único efecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos terminan en un regaño público, como lo fue el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien el 2007 fue violada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz, tema que se resolvió con la complicidad de diversas autoridades, incluyendo la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales en su cinismo abyecto determinaron que el fallecimiento de la indígena se debió a un problema digestivo de úlceras gástricas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en ese sentido estamos proponiendo tipificar en el Código Penal Federal, específicamente en el capítulo correspondiente a los delitos cometidos por los servidores públicos, la violación a los derechos humanos como una conducta antijurídica, acusable y punible.

La conducta delictiva se persigue de oficio, independientemente de la exigencia de otros delitos que pudiera cometerse o de la existencia de sendos procedimientos administrativos ante la Comisión de Derechos Humanos o judiciales ante los juzgados de distrito en materia de amparo, los cuales puedan llevarse de forma simultánea.

Finalmente, debemos decir que también se acota al tipo penal propuesto a la violación que atenta contra la vida, la integridad física o patrimonial de las personas, ello por considerar que son esas tres esferas las que con más gravedad lesionan la integridad humana.

Derivado de lo anterior y a efecto de seguir haciendo efectiva la protección de los derechos humanos, aparte de incluirlo como un delito autónomo, la presente iniciativa también pretende que dicho delito sea incluido dentro del catálogo de delitos graves que prevé el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales con doble propósito, el preventivo y el de evitar la reincidencia.

Solicito a la Presidencia de la Mesa incorporar a la versión estenográfica y en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, iniciativa suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Compañeras y compañeros legisladores, antes de empezar esta participación quisiera decirles de qué se trata específicamente, porque hay mucha confusión cuando hablamos de los artículos 29 y 32.

Se trata de hacer deducibles los gastos que hacen en los restaurantes las empresas. Hace 20 años se modificaron estos artículos porque no había los mecanismos de fiscalización que el día de hoy tenemos. Hoy quiero comentarles que tenemos la oportunidad de incentivar el empleo, el crecimiento a través de esta reforma, que tendrá un impacto tremendo en la industria.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que los objetivos de generar empleos, incentivar la actividad económica y fortalecer la recaudación fiscal son alcanzables siempre y cuando se instrumenten los cambios legislativos en sectores con un potencial de impacto socioeconómico positivo como es el sector restaurantero.

En México –escúchenme bien– uno de cada 10 unidades de negocios se dedica a la preparación de alimentos y bebidas; es decir, cerca de medio millón de establecimientos de los cuales el 96 por ciento se consideran micro, pequeños y medianos negocios; asimismo el sector restaurantero contribuye en la generación de empleo.

Un claro ejemplo es que cada uno de cuatro puestos de trabajo en el sector turístico, de acuerdo con las cifras del INEGI pertenecen a este rubro, lo que equivale aproximadamente a 1.3 millones de empleos directos, a los que se suman los 3 millones de empleos indirectos que se generan en la cadena de valor agregado que confluye en esta industria, cuyo impacto en el PIB es ligeramente superior al dos por ciento.

Igualmente destacamos que de acuerdo a diversos estudios privados, la base laboral de este sector –escúchenme, mujeres– está conformado por el 55 por ciento, de las cuales alrededor del 80 por ciento son madres solteras y/o cabezas de familia.

Adicionalmente, por medio de un análisis conforme a la información que ofrece el Inegi y la Secretaría de Hacienda de la evolución del esquema de deducibilidad a partir de 1990 a esta fecha, encontramos que la disminución en el porcentaje de deducibilidad en el consumo de restaurantes, ha impactado negativamente en la rentabilidad del sector, en las remuneraciones medias del personal ocupado y en la incorporación a la formalidad fiscal.

Si consideramos con detenimiento los argumentos presentados, es evidente que la elevación de la tasa de deducibilidad al 100 por ciento, impactaría favorablemente en la formalización de negocios existentes la apertura de nuevos negocios y en el desempeño del sector, así como en los indicadores desagregados del empleo, el PIB turístico y el aporte del sector restaurantero en el PIB nacional en conjunto, con la recaudación por el lado del consumo en términos de IVA y de la actividad empresarial y en términos de ISR.

Con el ánimo de sustentar el trabajo de Nueva Alianza en la definición e implementación de la agenda del desarrollo del país, someto a consideración de esta soberanía adicionar una fracción XII en el artículo 29 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual posibilitará la deducción del 100 por ciento de los gastos de consumo en restaurantes por medio de la derogación XX del artículo 32 que limita al 12.5 por ciento, siempre y cuando se mantenga el requisito de realización de pagos mediante tarjeta de crédito o débito, servicios o a través de monederos electrónicos, puntualizando la imposibilidad de deducción en el caso de consumo en bares.

Concluyo señalando que la medida propuesta fomentaría la creación de más de 100 mil empleos, fortaleciendo el mercado interno y a su vez incentivando la bancarización en segmentos más amplios de la población lo que en sí mismo es un medio eficaz de combate a la informalidad y la evasión fiscal.

En resumen, el incentivo fiscal propuesto es una herramienta esencial para estimular el desarrollo de autoempleo, opción por excelencia de los negocios familiares en el país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Aprovecho la ocasión para darles la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a los alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y al rector de esa institución, el doctor Julián Germán Molina Carrillo, que se encuentran hoy aquí con nosotros, invitados por el diputado Javier López Zavala. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o, 104 y 106 de la Ley General de Salud.

El diputado José Enrique Doger Guerrero: Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre propio y de mi partido, el Revolucionario Institucional, presento una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El derecho a la salud corresponde de manera concurrente y solidaria tanto a la Federación como a las entidades federativas.

El contexto actual en que se desenvuelven los establecimientos de salud, caracterizados por un desigual desarrollo tecnológico, por costos elevados, incertidumbre sobre la efectividad o costo beneficio del servicio recibido, es imprescindible garantizar al usuario que las atenciones que reciben sean seguras y efectivas.

Es de reconocerse que a nivel institucional existen diversos programas que buscan de manera parcial mejorar algunas de las condiciones de los servicios de salud. Por citar algunos, el Programa de Certificación Hospitalaria dado en el marco del Programa Nacional de Normalización; los comité locales de ética clínica que funcionan en el IMSS.

La complejidad de tener un control estadístico en los ingresos hospitalarios y los resultados de los mismos, se complica considerando los números oficiales que la propia Secretaría de Salud reconoce como ciertos.

Existían en 1986 un total de 11 mil 43 unidades médicas en todo el país, cifra que aumenta hasta 17 mil 634 en 99; diferencia del 6 mil 598 o un 38 por ciento más. Sin embargo la población no aumenta en miles, sino en millones, ya que en 1986 éramos cerca de 78 millones de habitantes y en 1990 casi 82 millones. Para el año 2000 casi éramos 90 millones de mexicanos, por lo que en 14 años la población ha aumentado 12 millones o un 14 por ciento.

En 1990 había 13 mil 195 unidades, poco menos de seis mil 063 habitantes por unidad médica, y en 1999 se contaba con cinco mil 104 habitantes por unidad médica, dato sólo de las unidades médicas que pertenecen al sistema de salud, sin poder medir con precisión las clínicas y hospitales particulares.

En 2005 las instituciones de seguridad social cubrían a 55 millones de trabajadores asalariados del sector formal, lo que representa una disminución de 2.56 por ciento con respecto al 2000, debido a una variación en la tasa de desempleo en el período, siendo el IMSS el mayor asegurador con 44.5 millones de personas, seguido del ISSSTE con 10.6 millones, mientras que Pemex ofrece servicio a alrededor de 700 mil personas y los servicios médicos de las fuerzas armadas atienden a alrededor de 600 mexicanos.

Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud, Sinais, para este año se tiene el registro de 110 millones 22 mil 552 personas, de las cuales cuentan con cobertura médica institucional sólo 50 millones 46 mil.

Contar con información estadística o de atención médica de los mexicanos resulta en suma complejo, pese a que la Secretaría de Salud cuenta con el referido Sinais, que es la entidad encargada de promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud.

De igual manera, en este mismo instrumento se señalan los aspectos en los que se centrará este sistema, los cuales son estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez, factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, recursos físicos humanos y financieros disponibles para la protección a la salud.

Por otra parte, la Ley Federal de Transparencia ha sido diseñada con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en los poderes de la unión.

Otro importante instrumento en el que se sustenta el Sistema Nacional de Información en Salud es la Norma Oficial Mexicana NOM-040-2004 en materia de información en salud, que tiene por objeto establecer los criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir la información en salud en lo referente a población y cobertura.

Pese a todos los esfuerzos, hoy en día no existe una base de datos que permita registrar los ingresos hospitalarios, las causas de los mismos, así como los resultados de la atención hospitalaria que derivan en el alta respectiva y más aún archivos electrónicos que dispongan el historial médico de los mexicanos.

Considerando las tecnologías de la información y las bondades que ofrecen, así como los beneficios que implicaría no sólo en el ámbito de salud, la creación de un sistema nacional de ingresos hospitalarios permitiría incluso la identificación de ingresos de personas involucradas en el crimen organizado, por lo que resulta urgente e impostergable la creación de esta entidad con carácter obligatorio, tanto para las instituciones públicas como para los particulares que presten el servicio de hospitalización.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea este proyecto de iniciativa de ley con proyecto de decreto que sin duda servirá de ayuda al sistema nacional de salud. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, una de las principales atribuciones del municipio o de la autoridad local es la de prestar el servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del estado de derecho.

En la actualidad podemos percatar que este objetivo no está muy lejos de cumplirse. Se observa que en muchos casos la autoridad municipal se ve rebasada por los problemas de seguridad tales como el robo a casa habitación, al transporte, y a transeúntes, y éstos van en aumento.

Y la intervención de la autoridad a la baja, obligando a la sociedad a tomar cartas en el asunto con los riesgos que ello implica. Desde organizarse como vecinos vigilantes, realizar rondines por las noches, e incluso, realizar cooperaciones entre ellos para pagar la gasolina que le hace falta a las patrullas, so pretexto de que los ayuntamientos no cuentan con recursos para ello.

Pero más grave aún, manifestando su descontento a través de pintas o lonas con leyendas como la siguiente:

Abstente de robar, si te agarramos, te linchamos. No olvidemos que están dispuestos a cumplirlo. Basta recordar el caso de Chalco en el estado de México, mi estado, en donde tres jóvenes, dos de 16 y uno de 26 años, fueron linchados por los pobladores sólo por rumores de que decían que eran delincuentes y secuestradores, lo que finalmente resultó ser falso.

Y así podríamos mencionar algunos otros casos donde la comunidad, harta de la delincuencia ha optado por querer tomar la justicia por su propia mano.

El objetivo de esta iniciativa es dotar de mayor presupuesto a los municipios de todo el país, con la finalidad de que puedan atender de manera más eficiente, el área de seguridad pública.

Actualmente, los gobiernos municipales han tenido que hacer frente a este reto sin contar con los recursos financieros suficientes, y dependiendo de la buena voluntad de la instancia estatal y federal, y de los criterios que éstas determinen en la distribución de los recursos para atender este tema, situación que los pone en desventaja para la implementación de acciones concretas para contribuir a que la ciudadanía cuente con un mejor servicio de seguridad en su comunidad.

En el año 2008 se hizo un esfuerzo por apoyar a los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal a través del establecimiento en el Presupuesto de Egresos de la Federación de diversos recursos que deberían de ser canalizados a los gobiernos locales para atender el rubro de seguridad pública. Sin embargo, al no plasmarlo en la ley, dichas disposiciones han quedado a criterio de los estados la aplicación de dichos recursos.

Hoy en día existen tres principales fuentes de apoyo para el tema de seguridad: el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, conocido como Subsemun; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el Fortamun, y el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los estados.

El recurso que llega directamente a los municipios es a través del Subsemun y el Fortamun, sin embargo, el primero de éstos sólo beneficia a 239 municipios y demarcaciones territoriales que son susceptibles de obtener dicho subsidio. Los recursos del Fortamun son utilizados en su mayoría para cubrir obligaciones financieras de los ayuntamientos, lo que va en detrimento de la inversión al rubro de seguridad.

Los recursos del FAF son ministrados directamente a las entidades federativas, quedando a criterio de las mismas el monto, el tiempo y la manera como se entregan estos recursos. Todo ello derivado de que las disposiciones sobre la aplicación de los fondos en mención se establecen sólo en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, siendo necesario se traslade dicha normatividad a la Ley de Coordinación Fiscal, que permita y que garantice que estos recursos lleguen a los municipios y demarcaciones territoriales y no queden a criterio dichos recursos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 37; se adiciona un párrafo al artículo 44; se reforma el párrafo sexto del mismo artículo y se adiciona un párrafo al artículo 45, todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Creo, compañeros diputados, que es importante que podamos apoyar a los municipios para que realicen esta tarea de seguridad y no se vean sobrados o limitados en su actuar contra la delincuencia.

Por tal situación, solicito a la Mesa se integre íntegro el texto de esta propuesta al Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Julisa Mejía Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 41, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Soy Guardado. Debido a que en la orden del día de hoy estoy inscrita como ponente de dos iniciativas en materia de democracia participativa, solicito se me permita posicionar al respecto de ambas en este momento.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, le informo que el Reglamento dice que cuando más de una iniciativa está inscrita por parte de un legislador, él tendrá que optar por presentar una en la tribuna. Y la primera de las iniciativas ya fue turnada por el presidente, porque usted no estaba en el recinto.

Entonces, podría comentarla, pero me parece que la primera de las iniciativas ya está turnada y que en términos del Reglamento solamente puede presentar una. No tengo inconveniente que haga algún comentario, pero le pediría que presentara la segunda.

La diputada Julisa Mejía Guardado: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. En el estado de México está por debajo del promedio nacional por la mala calidad e impunidad en la rendición de cuentas, así lo determinó el reporte de transparencia municipal 2012, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que durante un año evaluó a la transparencia de los estados, municipios y delegaciones más pobladas del país, que cuentan con recursos gubernamentales 5. 5 veces mayor al promedio nacional y una población con acceso a Internet por arriba del promedio nacional.

Mientras la calificación promedio nacional es de 71 puntos, la entidad mexiquense obtuvo 59.4 de calificación general, la misma calificación en la ley y la misma apreciación en la práctica de transparencia.

Peor aún, dos de los municipios del estado reportan las siguientes puntuaciones:

Calificación en la ley, en Ecatepec, 81.3; en Netzahualcóyotl, 93.8.

Calificación en la práctica, 43.9, en Ecatepec; y en Netzahualcóyotl, 30.6.

La brecha de implementación, en Ecatepec, con una diferencia de 37.4; y en Netzahualcóyotl, una terrible diferencia de 63.1.

Las prácticas de transparencia instrumentadas por ambos municipios no se acercan ni por asomo a lo establecido por la ley que las norma. Ahora que Peña Nieto propone darle más autonomía y dientes al IFAI, esperemos que se llame a cuentas a él mismo y los responsables de la opacidad en estos municipios o que se someta a plebiscito la ley y los bandos municipales que promueven respectivos cabildos.

En nuestro país, el debate sobre la democracia participativa se ha presentado en muy escasos momentos. El espacio de discusión sobre la reforma política que generó la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, sólo alcanzó para su inclusión a nuestra Carta Magna, a la iniciativa ciudadana de candidaturas independientes, la consulta popular, por cierto, con altos umbrales de vinculación.

Además de estos instrumentos aprobados, existen muchas más figuras de participación ciudadana que deben contemplarse para beneficio de la sociedad en nuestro país, como el presupuesto participativo, la afirmativa ficta, la auditoría social, el referéndum, el plebiscito, las acciones colectivas y populares, la revocación del mandato, entre otras.

La materia de ambas iniciativas que propongo a consideración del pleno son el plebiscito y el referéndum, como, retomo la sustancia que presentó en la legislatura pasada el doctor Jaime Cárdenas Gracia.

Ambos instrumentos son entendidos como mecanismos que permiten a los ciudadanos ejercer la soberanía mandatada en nuestro texto constitucional, que manifiesta y a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Bajo esta disposición, el pueblo tiene la facultad de elegir a sus representantes mediante el sufragio. Sin embargo, la forma de presentación y mandato no implica de manera alguna que los gobernados entreguen la soberanía, más bien, delegan facultades, designan representantes que deben sujetar su actuación a los lineamientos previstos por la propia Constitución.

Sexenio tras sexenio, administración tras administración salen a la luz gigantescos sistemas de corrupción que degradan a la política, a la administración pública y a los gobiernos estatales.

Una crisis de legalidad que las más de las veces nos lleva a una crisis de constitucionalidad que a su vez genera crisis social y económica. Ejemplos de estos dan cuenta la crisis de la reforma energética del 2006, el incremento al IVA, el detrimento de la economía familiar, el aumento progresivo de la gasolina y hoy lo relacionado a la maquillada reforma electoral.

El plebiscito y referéndum constituirán un control, en manos de los ciudadanos, a los fenómenos de la corrupción y las reformas antidemocráticas y antisociales.

El plebiscito y el referéndum remiten una llamada a los ciudadanos, declara una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo que apruebe o rechace una determinada propuesta.

El principal inconveniente de la representación indirecta del pueblo, por parte del Poder Legislativo, está en los intereses creados en los poderes constituidos que impiden la deliberación de los ciudadanos en los actos legislativos y administrativos.

Los mecanismos de participación democrática que existen, la iniciativa ciudadana y la consulta popular distan mucho de ser idóneos para transformar el Estado mexicano en una república representativa y participativa.

Termino, presidente. La sociedad debe estar cerca del poder para ejercer un control efectivo sobre el mismo, por eso resulta necesario reconocer que el poder no se concibe después de la sociedad, el poder se constituye desde los mismos procesos que forman las sociedades. La construcción histórica del poder y la sociedad se presenta como formación de un retículo de colaboraciones, significaciones y valores cuya comprensión sigue siendo un reto de la mayor envergadura.

La iniciativa de impulsar y fortalecer la democracia participativa y deliberativa en nuestro país se convierte en una forma de complementar la democracia representativa que se encuentra en los límites de su agotamiento. Establecer en nuestro marco constitucional y legal diferentes mecanismos de participación democrática contribuirá a construir una sociedad fuerte.

En virtud de lo anterior propongo a esta soberanía la incorporación de los mecanismos de participación democrática, conocidos como plebiscito y referéndum. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Quiero saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnos de dos escuelas preparatorias del estado de Puebla, quienes están hoy aquí en este recinto legislativo, invitados por el diputado Julio Lorenzini. Son alumnos del Instituto Bernardino de Rivadavia y del Colegio Hispanidad. Bienvenidos todos y todas a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143, y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. El tema de la iniciativa que vengo a presentar el día de hoy aquí tiene que ver con dos grandes temas de la agenda nacional. El primero, el tema del medio ambiente y, el segundo, el tema del presupuesto. Aquí, donde tenemos el espacio de la deliberación de las ideas, de escuchar todas las voces y, lo más importante, de presentar la argumentación para poder tener una discusión de los temas que aquí se vierten.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos un objetivo muy claro, ese objetivo es poder llevar a nivel de prioridad nacional el tema del medio ambiente. Ha sido una tarea que nos ha encomendado nuestro coordinador, una tarea muy clara y muy certera. Para ello presentamos diversas reformas a diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Hoy nos toca decir sí al tema ambiental, aprovechar nuestros recursos naturales, como lo es el agua, la tierra, el aire, para mover nuestras casas, nuestras empresas, nuestro país por supuesto, orientándolo hacia un manejo sustentable de los recursos naturales para nuestro futuro. Tenemos que decir como sí lo ambiental puede generar recursos financieros, respetando por supuesto la soberanía nacional y la autonomía de los estados y los municipios.

Con la presente iniciativa estamos entrando al modelo de prevención legislativa; es decir, adelantarnos y agotar los tiempos de discusión en el momento que es necesario, me refiero no sólo cuando los presupuestos ya son autorizados, sino que podamos discutir y podamos deliberar para poder considerar los proyectos al año que viene.

Por ello convoco a que no sigamos levantando muros legislativos, que levantemos un país acorde a la realidad y que, por supuesto, demos seguridad ambiental a todos los mexicanos.

Parecería sencillo el hecho de la propuesta de la reforma que tiene que ver con poder revertir los cambios que se dan cuando se origina un cambio de uso de suelo en algún estado o en algún municipio. Todo esto se tiene hoy en día un gran avance que está considerado y llamado Fondo Forestal Mexicano; ahí van a dar los pagos de las obligaciones tanto de particulares como de gobiernos municipales y estatales para poder tener una cantidad aproximada hasta mayo de este año de 2 mil 300 millones de pesos.

Este recurso, si bien es cierto regresa a los estados y a los municipios, muchas veces regresa después de cinco o seis años y muchas veces, o la mayoría de ellas, regresa mediante programas diferentes y diversos a donde fue causado el cambiado de uso de suelo y de donde se ha generado una deforestación.

Lo que estamos buscando nosotros con esta reforma es que regrese el recurso mediante un convenio previo con la federación de los estados y que por supuesto pueda revertir el proceso de degradación de las zonas en donde fueron afectadas.

Estamos modificando el artículo 143 promoviendo un artículo 143 Bis y modificando el artículo 24 de la presente ley, para que podamos tener este recurso operando en los estados y en los municipios. Recordemos que los municipios son el último rubro del tema del medio ambiente a donde apuestan para poder aprobar sus proyectos de egresos.

Es el tiempo del diálogo abierto entre los estados y la federación respetando a los municipios, a las comunidades y a las localidades que son los que viven día con día las decisiones que tomamos en este recinto.

Por tanto, los invito a que analicen dicha propuesta y que la podamos aprobar a favor de nuestro país. México no puede esperar más y el medio ambiente tampoco. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, suscrita por todos los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente; señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que el artículo 1339 del Código de Comercio debe guardar certeza en la cuantía que prevé, por ello se propone reformar su primer párrafo, así como derogar los párrafos segundo y tercero a fin de que sea identificada la competencia por cuantía de los procedimientos de los juicios en materia mercantil en forma ágil y bajo una norma general.

Respecto al artículo 1390 Bis del citado ordenamiento, debe de ser precisa y congruente en la determinación de la cuantía, por ello proponemos su reforma a fin de homologar su contenido con el del precitado artículo 1339.

Al efecto para el artículo 1390 Bis-42, se propone reformar su contenido en sus tres párrafos a fin de que su sintaxis permita claridad en las reglas del ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas testimonial, máxime cuando se trata de la situación de testigos por conducto del juez.

Finalmente por cuanto hace a los artículos 1390 Bis-47 y 1390 Bis-48 del mencionado Código de Comercio, se proponen reformas que permitan homologación en la equidad y en el desempeño de las funciones de los peritos que intervengan con sus conocimientos en la búsqueda de la verdad de los litigios planteados, señalando con precisión el monto de la sanción económica que pudiera aplicarse al perito que injustificadamente resulte ser omiso en el cumplimiento del encargo que aceptó y protestó desempeñar ante la autoridad jurisdiccional.

Señor presidente, toda vez que el presente proyecto ha sido circulado a todos los diputados y diputadas integrantes de esta LXII Legislatura a través de la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente que el mismo sea turnado a la comisión correspondiente para su dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado; así se hará. Se turna a la Comisión de Economía para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, Presidente; con la venia de la asamblea. Permítanme iniciar esta exposición de la propuesta que hemos presentado aquí citando al filósofo y jurista italiano César E. Besaria. Él decía: “¿Queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas y que toda la fuerza de la nación se encuentre condensada para defenderla, sin que por el contrario ninguna parte de la misma se emplee en destruirla. Haced que las leyes favorezcan menos a las clases sociales que a los hombres mismos”

Esta frase tiene todo que ver con la iniciativa que estoy hoy presentando porque como todos ustedes saben existe una definición asumida en el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social que explica lo que son las zonas de atención prioritaria y tiene la siguiente definición:

“Se consideran zonas de atención prioritaria áreas o regiones que sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos”.

En este mismo sentido los objetivos del Estado mexicano deben de ser el de garantizar los derechos sociales plenos de sus ciudadanos mediante la política social adecuada. Es decir, debemos de tener la política social y la elaboración de programas que permitan a la gente salir de la pobreza.

Algunos municipios y sectores en este país, señoras y señores diputados, cuentan con índices de desarrollo comparables a países subsaharianos con altos niveles de marginación y pobreza donde el desarrollo es solamente un sueño.

Sin embargo en este país desde que se inició la llamada “guerra contra el crimen” nuevos municipios y nuevas regiones han caído en estado de pobreza y marginación debido a la violencia.

La presente iniciativa busca reformar los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, referentes a las declaratorias de zonas de atención prioritarias para el desarrollo social, para incluir a aquellos municipios y regiones que son víctimas de altos índices de criminalidad y violencia y que presentan vulnerabilidad social delictual, dado que como ya todos sabemos, esta guerra contra el narcotráfico lo que menos podemos decir de ella es que ha servido para que lo que coloquialmente se dice enturbiar las aguas del crimen y llevar a México a un estado de seguridad extrema. Y sobre todo a crear nuevas formas de criminalidad que afectan el sistema de vida de las personas y que generan círculos de pobreza y afectan directamente a la economía.

El problema no es menor porque si analizamos no solamente Chihuahua, Nuevo León o la frontera norte serían una zona de atención prioritaria por el tema de la violencia, sería todo el país si tomamos en cuenta todas las muertes ligadas a la actividad del narcotráfico y la violencia que se genera por el mismo. Podríamos declarar que prácticamente todo el país es un territorio de zona de atención prioritaria.

La delincuencia, que es un problema social persistente, como ustedes saben, se puede abordar de dos maneras: la prevención y el ataque a la acción criminal. Nosotros estamos proponiendo que la criminalidad hoy se ataque desde la prevención. La seguridad, desde el plano más amplio que comúnmente conocemos, es atacar el problema de pistolas con pistolas.

Lo que decimos es que este combate no ha sido suficiente y lo único que ha generado es nuevas formas de criminalidad, más muertes y nuevas formas de violencia.

Pese al gran despliegue de efectivos militares, así como de policías estales, municipales y federales, la delincuencia no presenta una tendencia a la baja y esto debe de ser porque el problema de la seguridad pública en nuestro país, además de ser ineficaz, es incompleto.

Es por eso que planteamos, compañeros diputados, que se tome una nueva visión para atacar la criminalidad. Proponemos una nueva forma de mirar el desarrollo social y el problema de la criminalidad, otra alternativa, dejando de aplicar sólo esfuerzos de medidas penales, de pistolas, de militares y de policías, sino disminuir las desigualdades sociales, la falta de oportunidad, para evitar que nuestros jóvenes caigan en la delincuencia.

Termino, señor presidente, con otra frase. Martin Luther King decía que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos.

La idea del Partido del Trabajo en el tema del ataque a la criminalidad es a través del desarrollo social, pero del desarrollo social justo y equitativo para que aprendamos a vivir como hermanos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal.

La diputada Karina Labastida Sotelo: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados: presento a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cabe resaltar que uno de los mecanismos creado para impulso a las regiones con bajo grado de desarrollo y un importante rezago social es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyo objetivo, como lo establece la ley, es apoyar a estados o en su defecto a municipios con alto grado de pobreza y marginación.

El artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal en forma explícita manifiesta que los recursos del fondo en comento serán utilizados únicamente para financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a intervenciones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema.

También se expresa que en el caso de los municipios, estos podrán disponer hasta de un 2 por ciento del total de recurso del fondo para la infraestructura social municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional.

Se especifica que este programa deberá ser convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio del que se trate. Adicionalmente los municipios podrán destinar hasta un 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso para ser aplicados como gastos indirectos a las obras que ya se han expresado.

Sin embargo, a partir de la experiencia adquirida en el manejo de dichos recursos, hemos podido detectar dos problemas fundamentales que se presentan en los municipios al ejercer los recursos de los fondos establecidos en este artículo 33.

Uno de ellos es el aumento de recursos para obra pública, lo que ha permitido a los municipios tener la posibilidad de realizar obras de mayor magnitud y que por ello requieren de la realización de proyectos ejecutivos técnicamente complicados y por tanto costosos.

Ante este escenario tenemos, como consecuencia, que algunos municipios no logran utilizar el total del recurso asignado por no contar con proyectos ejecutivos de las obras que la localidad requiere, situación grave ante las grandes necesidades que existen por parte de la ciudadanía, obligándose a la realización de obras pequeñas como canchas de usos múltiples, aulas de escuela, centros cívicos, que no son necesidades reales ni inmediatas.

Por otro lado obras que sí son apremiantes y urgentes, y como ejemplos pudieran ser proyectos de drenaje y alcantarillado, vialidades urbanas, caminos rurales y pavimentados, pozos y líneas de conducción de agua potable, entre otros, no pueden realizarse por la complejidad de ello al no contar con proyectos ejecutivos adecuados.

Por ello, es necesario propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de los municipios mediante la asignación y disposición oportuna de los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos de inversión; incluyendo de esta manera asignaciones específicas para la elaboración de proyectos ejecutivos que permitan abatir las condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que soporte las acciones municipales.

Es por ello que se propone adicionar al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para que se faculte a aquellos municipios que así lo requieran, el poder utilizar recursos de este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a fin de que ellos puedan elaborar proyectos ejecutivos de obra, así como llevar a cabo la supervisión correcta en la ejecución de las mismas.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar:

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al inciso b) y se recorre el subsecuente y se adicionan las fracciones I y II del mismo inciso b) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Diputado presidente, solicito se inscriba la versión completa e íntegra de esta iniciativa en el Diario de Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Así se hará. La iniciativa quedará inserta íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Solicito que se aplique el artículo 76, numeral 1, fracción I, del Reglamento y que se me concedan mis 10 minutos, en razón que es la expedición de una nueva ley general.

El Presidente diputado José González Morfín: Así está considerado, diputada. Usted puede verlo en el tiempo.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros diputados. La creciente diversificación de las problemáticas en la república en pocas ocasiones ha rebasado la capacidad gubernamental de los tres niveles y órdenes de gobierno. Es una realidad innegable y cada vez más frecuente que la ciudadanía demuestre insatisfacción en lo desarrollado por su gobierno municipal, estatal y federal en áreas tan diversas y cotidianas como el uso de suelo, la preservación del delito, la infraestructura urbana; los servicios básicos y sobre todo en la toma de decisiones sobre las comunidades.

Tradicionalmente, los gobiernos en todos los niveles han propuesto las medidas y soluciones que a su criterio creen son mejores para estas comunidades, muchas veces sin consulta ni diagnóstico de por medio, lo anterior no demerita en efecto que vivimos en una democracia representativa, en donde la ciudadanía elije, se supone, libremente a sus gobernantes.

Sin embargo, los recientes desencuentros nacionales en materia electoral y la poca transparencia con las que se conducen muchas autoridades, ha redundado en una importante desconfianza por parte de la ciudadanía.

Ahora no sólo es importante conocer al representante, también es importante y necesario vigilar el cumplimiento de lo que haya prometido en campaña, y más aún integrarse sin corporativizarse al gobierno, ya sea a nivel comunitario, municipal, estatal o incluso nacional.

Según la investigadora Julieta Camacho Granados, desde la LVIII Legislatura se han presentado más de 50 iniciativas de ley en materia de participación ciudadana, en mayor o en menor medida han girado en torno a los instrumentos clásicos de la participación ciudadana, es decir, en torno al plebiscito, referéndum, iniciativa popular.

De hecho, apenas hace unos meses en la legislatura pasada, en abril, en el Senado se presentó por parte del legislador Eugenio Govea, del Partido Movimiento Ciudadano, una iniciativa en materia de participación, la cual en la presente iniciativa de su servidora se retoma en parte, pero sobre todo en el apartado de instrumentos de participación directa.

Sin embargo y sin restar ni demeritar importancia alguna a cualquiera de éstas 50 iniciativas, es indispensable presentar un proyecto que innove con la fuerza de la aplicación y de la experiencia a cuestas, es decir, es importante proponer fórmulas que han sido exitosas en mayor o menor medida, y que en los hechos han demostrado viabilidad; fórmulas y propuestas que no buscan ni mucho menos logran la perfección, pero que sin embargo pueden hacer la diferencia en una colonia, en un barrio, en una unidad habitacional o en un núcleo poblacional mínimo de cualquier municipio del país, como en el Distrito Federal, que fueron electos ya hace dos años los mil 800 comités ciudadanos y que ahora cuentan para poder decidir sobre las políticas públicas de un total del 3 por ciento del presupuesto total de cada una de las 16 delegaciones.

En esta iniciativa ciertamente se retoman los instrumentos de participación directa tradicionales, arriba mencionados, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa. Más se incorporan nuevos esquemas, como el presupuesto participativo y los órganos de representación ciudadana, que en ningún momento buscan rivalizar con experiencias representativas tradicionales o que se fundamentan en los usos y costumbres de, por ejemplo, pueblos originarios.

Y muy por el contrario, esta iniciativa busca fortalecer estas nuevas formas de representación ciudadana, dotarlas de una formalidad y de un reconocimiento que llegue al ámbito federal e incluso potenciarlas, claro, en donde existan, y en aquellos núcleos mínimos poblacionales en donde no existan órganos de representación ciudadana, generarlos.

Por ello, se requiere un andamiaje mínimo que pase por lo federal, estatal y municipal y llegue a lo que denominamos, en la presente iniciativa, unidades territoriales mínimas de un fondo de aportaciones federales, que llegue directo a los municipios de los estados y de las delegaciones del Distrito Federal, para que sin dilación y de inmediato se pongan a disposición de la ciudadanía, bajo mínimas reglas de operación, estos recursos.

También se realiza una propuesta con base en el supuesto de la colaboración federal, no sólo de los órganos del Ejecutivo, sino sobre todo en muchos de los casos de organismos constitucionales autónomos, como lo es el Instituto Federal Electoral, además de los órganos electorales estatales.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, creemos que la democracia representativa se debe contemplar cada vez con fórmulas de democracia directa y cada vez más participativa.

Por ello, no sólo se propone en la presente iniciativa el control y regulación de los instrumentos clásicos de participación ciudadana, que reitero son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

La presente iniciativa además es una propuesta de órganos de representación ciudadana electos, también como se propone el ejercicio de una parte del presupuesto, para que los ciudadanos de las diversas entidades y municipios, a través de sus comunidades, decidan lo que más les conviene, y sus prioridades a través de un presupuesto participativo, como lo explica Álvaro Aragón Riviera, en derechos fundamentales y democracia.

La democracia entendida como una forma de gobierno supone que el poder fluye desde los ciudadanos hacia arriba, Bobbio la caracterizó como un conjunto de reglas primarias fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.

La ventaja de la definición de Bobbio es muy clara, si se parte del hecho de que toda sociedad tienen que tomar decisiones obligatorias y válidas para todos los miembros de la colectividad.

Entonces, la definición nos dice quién está autorizado para tomar esas decisiones. La definición nos dice que efectivamente es el ciudadano, dejando a los miembros de cada grupo la elección de cuáles son las decisiones que más le convienen a la colectividad, si se parte del hecho de que las sociedades actuales están caracterizadas por su tendencia a la aceptación de la pluralidad y la diversidad.

Por tanto, cada colectividad tiene intereses, problemas y necesidades distintas, y quizá lo más recomendable es que cada colectividad decida cuáles son las prioridades que más le convienen, en función de sus características.

Ahora bien, para poder impulsar tanto los órganos de representación ciudadana como los proyectos del presupuesto participativo, es menester generar un fondo de aportaciones federales, ubicado presupuestalmente dentro del Ramo 33, en función del número de habitantes y la participación de la sociedad, así como de su extensión territorial.

Dicho fondo se distribuirá entre los municipios de los estados y las delegaciones del Distrito Federal para fomentar la participación ciudadana y el fondo municipal de participación se propone se denomine Fomupaci.

Este esfuerzo que representa esta presente iniciativa también se inscribe en el marco de la declaratoria del Parlamento Latinoamericano, el cual suscribe nuestra nación sobre bases mínimas para la gobernanza local, cuyos resolutivos en un fragmento dicen: exhortar a los Estados miembros del Parlatino a reconocer la existencia y diversidad dentro de nuestras comunidades latinoamericanas y sus gobiernos, en la amplia gama de problemática y necesidades que atañen a los ciudadanos en su espacio natural de convivencia. Que la participación decidida de las ciudades, municipios, autoridades locales de los países latinoamericanos constituya un factor determinante en la posibilidad de enfrentar con éxito y superar los rezagos sociales, económicos, ambientales, institucionales que padece nuestra nación ante la falta de participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y los programas de Estado.

Que la capacidad local para tomar decisiones es una condición indispensable para el desarrollo y debe ser apoyada. Que la participación ciudadana es un proceso fundamental para la gobernabilidad democrática y que se debe promover a través del Estado.

Es claro, compañeros diputados y diputadas, que la presente iniciativa presenta unidades mínimas territoriales, que es el municipio, la unidad administrativa de política territorial y que se buscará generar con ello un mayor desarrollo de nuestras comunidades.

La iniciativa, por ello, pretende abonar el esclarecimiento de los tres niveles de gobierno en sus facultades y responsabilidades, a fin de dotar con mayores elementos para la toma de decisión a los ciudadanos de toda nuestra República Mexicana.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los exhorto a participar, a enriquecer esta iniciativa y que podamos llevarla en el debate a las comisiones a las que sea turnada. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a algunos grupos de invitados especiales que están hoy aquí con nosotros.

Se encuentra un grupo de ciudadanos del municipio de Ecatepec, invitados por la diputada Brenda María Alvarado Sánchez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También están con nosotros un grupo de jóvenes de la Alianza Estudiantil de diversas Facultades de Estudios Superiores Campus Acatlán, invitados aquí por la diputada Rosalba Gualito Castañeda. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También algunos ciudadanos del distrito 19 de Tlalnepantla, Estado de México, invitados aquí por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría.

También está aquí el presidente municipal electo de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, invitado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o y 3o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Adelante, diputada.

La diputada Merilyn Gómez Pozos: Compañeras diputadas y compañeros diputados, mientras vemos cómo se desvanecen los beneficios del llamado bono demográfico el Instituto Nacional de la Juventud permanece como un organismo decorativo.

Actualmente los jóvenes registran niveles históricos en su participación dentro de la población total y en la fuerza de trabajo. Estadísticas de la Comisión Nacional de Población indican que en México hay 37.7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que representan el 51 por ciento de la población en edad de trabajar.

A pesar de contar con todo este potencial de desarrollo los gobiernos no han podido o no han querido poner en marcha políticas dirigidas a este segmento de la población en ámbitos como salud, educación y empleo. Los resultados de la falta de atención a jóvenes son evidentes, de los 37.7 millones de jóvenes en edad de trabajar sólo 14.7 millones se encuentran económicamente activos.

El 70 por ciento de los jóvenes trabajadores no se encuentran amparados por un contrato laboral, sólo el 16 por ciento tiene acceso a los servicios de salud y sólo un pequeño porcentaje a préstamos personales, seguro médico o crédito de vivienda.

Y por si esto fuera poco, los jóvenes, más que ningún otro sector, sufrirán la consecuencias de la contrarreforma laboral, que los condena a la reducción de salario, prestaciones sociales y a la inestabilidad laboral.

En el ámbito educativo asistir a la educación básica en México no es sinónimo de educarse. La prueba PISA que se aplica a jóvenes de 15 años demuestra que más del 50 por ciento de los estudiantes no son educados para desarrollarse de manera fructífera en la sociedad, tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar estudios superiores no puede hacerlo y de sobra es conocida la cifra negra de 7.5 millones de ninis, jóvenes que ni comprendemos ni apoyamos.

Lo anterior refleja lo que se ha dejado de hacer en términos de crecimiento económico y política social. No se han generado empleos bien remunerados ni suficientes espacios de calidad para la juventud.

Priva entre nuestros jóvenes un desencanto y una crisis de expectativas, lo cual es sumamente grave porque se vuelven un campo fértil para la adicciones y candidatos idóneos para ser enlistados por el crimen organizado.

Movimiento Ciudadano siempre ha pugnado porque se generen para los jóvenes esquemas que incluyan educación, oportunidades de trabajo, salud, cultura y seguridad social. La iniciativa que hoy presento busca darle un impulso al Instituto Nacional de la Juventud como generador de distintos programas económicos, sociales y culturales.

El instituto no ha sido capaz de alcanzar sus objetivos debido a una falta de estrategia integral de desarrollo y con esta reforma se pretende combatir tales faltas, por lo que proponemos incluir en la legislación actual la obligación del Ejecutivo para que evalúe la política del Instituto Mexicano de la Juventud para la atención de ese sector de la población.

Al mismo tiempo, planteamos dotar al Congreso de la Unión con la capacidad de emitir opinión al respecto, la cual deberá ser tomada en cuenta por el instituto. Ambas propuestas detonarán un instrumento de cooperación y seguimiento institucional para tener pleno conocimiento de cuáles son los planes y estrategias que se encaminan para el sano desarrollo de nuestra juventud.

Compañeros legisladores, demos hoy un pequeño paso para reparar el descuido al que hemos condenado a nuestros jóvenes. Pido a la Presidencia que se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Merilyn. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jaime Chris López Alvarado, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal.

El diputado Jaime Chris López Alvarado: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, presento iniciativa con proyecto de decreto que básicamente reforma los artículos 65 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal, consiente de que no son suficientes ante las insuficiencias del Sistema Educativo Mexicano y con el firme compromiso de trabajar en esta Legislatura a mayor profundidad en la materia, leal a un fuerte reclamo de padres y madres mexicanos que exigieron en el pasado proceso electoral a lo largo del país, ya ni siquiera educación de calidad, sino el simple acceso a la educación tal y como lo marca la Constitución Política de México.

Es importante que se diga en esta honorable Cámara de Diputados que muchos mexicanos hoy piensan que más leyes para qué, si las que tenemos nadie las hace cumplir.

Pertenezco a esa generación en la que el artículo 3o. constitucional se convirtió en uno de los más conocidos por los mexicanos, como educación laica, gratuita y obligatoria y que pareciera también ser demagogia moderna.

Esa misma generación que ve los estados, municipios y comunidades de México, cómo la educación atraviesa por una profunda crisis en cuanto a su calidad, infraestructura y lo más triste y lo que esta iniciativa busca es el simple acceso a la educación para los niños, niñas y jóvenes mexicanos que tanto decimos en este país que son el futuro de México, y como bien decía Octavio Paz: El valor supremo no es el futuro, sino el presente. El futuro tan solo es un tiempo falaz que siempre nos dice todavía no es hora y que así nos niega.

Que el gobierno cumpla con su obligación, que se respete la Constitución. Recordemos que estamos aquí para todos juntos ser mejores y ayudar al gobierno a dar resultados, pero también para cuidar cuando éste no los está dando.

Esta iniciativa busca reformar la ley para que en los siguientes ciclos escolares ningún niño, niña, joven mexicano, sea condicionado a que si no paga una cuota escolar le nieguen el acceso a una escuela pública en nuestro país; que para todos ellos México guarda sueños y esperanzas y que plasmado en la Constitución Política de México dice claramente: toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

Es importante también decir que esta iniciativa no significa que las escuelas, subdirectores, maestros y padres de familia no podrán seguirse organizando para recabar recursos para su mantenimiento o nuevos proyectos, lo único que deja claro –insisto- es que no podrá condicionarse a ningún niño, niña o joven mexicano el acceso a la educación en nuestro país y/o retener sus documentos cuando no han pagado en una escuela pública.

Ya algunos estados de la República han legislado en la materia y muchos de ellos lo hacen en el sentido de castigar a los funcionarios públicos de la Secretaría de Educación, maestros o directores de escuela que cobren, soliciten o acepten voluntariamente a fuerza alguna cuota escolar. Ése no es el camino ni la forma.

Recalco y siempre he sostenido que no es una situación para buscar culpables y que no los hay; que es una situación en la que todos debemos de entrarle y en la que todos somos responsables.

El fondo está hoy en día en que la federación y los estados no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento de las escuelas públicas; en que los maestros y los directores de las escuelas se han dejado prácticamente a la deriva, situación que en los últimos 15 años se ha agudizado y al gobierno en su conjunto le ha sido muy cómodo –por decirlo de una manera- el dejar que sea sola la sociedad, los ciudadanos, quienes se organicen a través de sociedades de padres de familia constituidos en mesas directivas en las escuelas públicas, quienes encuentren estos mecanismos para hacerse de recursos y darle el mantenimiento de las escuelas a donde asisten sus hijos.

Sobra mencionar las cifras aquí conocidas por todos y plasmadas en esta exposición de motivos, que a pesar de ser un país que invierte mucho en educación, estamos mal evaluados y quizás esto entraría al rubro de calidad pero se estanca cuando todavía quedamos quienes creemos que la calidad comienza por el acceso, el orden y la limpieza.

Será responsabilidad de esta Legislatura y habremos de trabajar y seguir legislando para que México sea un país próspero, lleno de libertades, donde los niños, niñas y jóvenes representen lo mejor de nosotros, donde la educación sea para todos sin condición de ningún tipo, donde todos tengan las mismas oportunidades de asistir a la escuela, prepararse, ser mejores y superarse.

Es por esto, compañeras y compañeros diputados que los invito a conocer esta iniciativa y con toda apertura, sin ningún tipo de distingos, invitarlos también a perfeccionarla y sacarla adelante por el bien de las nuevas generaciones y el futuro de México. Más y mejor educación. Iniciemos por el acceso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Chris. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Justicia, para dictamen.

Esta Presidencia saluda y además con un gran afecto, a los presidentes municipales de Uahutla de Jiménez, de Loxotitlán de Flores Magón, de San Mateo Xolotitlán, de San Juan Bautista Valle, de Mazatán, Villa de Flores y a la Coordinación de Desarrollo Indígena Mazateco, invitados por nuestro amigo el señor diputado Juan Luis Martínez Martínez, del estado de Oaxaca y por don Ricardo Monreal. Sean ustedes bienvenidos, gracias.

También a los servidores públicos del ayuntamiento de Tenancingo, estado de México, invitados por la secretaría Tanya Rellstab Carreto, del distrito 35.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Roxana Luna Portillo, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Roxana Luna Portillo: Con su venia, señor Presidente. La suscrita diputada Roxana Luna Portillo, a nombre mío y de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I; 65 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo del artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VII del mismo artículo bajo la siguiente

Exposición de motivos

Los jóvenes en el 2010 representamos cerca de la quinta parte de la población total en el país y su peso relativo es aproximadamente del 20.3 por ciento.

Actualmente existen cuatro millones de jóvenes entre 16 y 23 años que se encuentran excluidos de la educación media superior y superior. La política educativa aplicada hasta ahora ha cerrado las puertas a la educación a millones de jóvenes, lo que ha arrebatado la esperanza. Esta política ha sido un verdadero juvenicidio.

México ha llegado a 11 millones de migrantes en el 2011; decenas de jóvenes migrantes son encontrados en las fosas comunes asesinados por el narcotráfico. Según la UNAM, de los más de 16 millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, millón y medio no cuentan con un empleo. De cada 10 egresados universitarios sólo siete encuentran trabajo.

El gobierno actual habla de una cobertura del 33 por ciento en educación. Esto es insuficiente ya que se requiere llegar al 40 por ciento. La Auditoría Superior de la Federación reveló en un informe de la cuenta pública 2010 que será sólo hasta el 2043 cuando se alcance la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional.

Es evidente que esta Legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado se cumpla. Existe una diferencia entre la enseñanza media superior que se imparte en universidades públicas y estatales. En las universidades de Guadalajara, Guerrero, Sinaloa y estado de México las preparatorias tienen un peso fundamental en la matrícula universitaria. Sólo el 10 por ciento de los matriculados en el sistema educativo nacional llega a nivel superior.

Entre 1980 y 1995 la matrícula de la educación superior bajo el control público creció el 49 por ciento y la privada el 177.3 por ciento. En 1995 el 77 por ciento de la matrícula de las instituciones de educación superior está ubicada en el sector público y el 23 por ciento en privado.

Según los datos de la SEP, del 1990 al 2000 la Universidad de Guadalajara creció a 150 mil alumnos; la Universidad Autónoma de Guerrera pasó a 75 mil 500 y la Universidad de Michoacán pasó a 53 mil alumnos.

Las universidades de Sinaloa, la veracruzana y la del estado de México crecieron muy poco. Es caso emblemático la Universidad Autónoma de Puebla, que pasó de 94 mil estudiantes a 43 mil estudiantes en 10 años, reduciendo su matrícula en 51 mil estudiantes, más de la mitad. La matrícula en la preparatoria pasó de 23 mil estudiantes en 1990 a nueve mil 700, reduciendo en ese lapso 13 mil estudiantes, también más de la mitad.

El 16 de marzo del 2002 el rector informa que de 64 mil estudiantes de la UAP en 12 años dejó de ser benemérita e incrementó la matrícula en 10 mil estudiantes. A este ritmo de crecimiento alcanzará el nivel de población que tenía en 1990, que era de 91 mil estudiantes hasta el 2040, a raíz de esta aplicación de una política de austeridad en el gasto público, resultado de la devaluación del peso mexicano y de la crisis económica, acentuando algunos rasgos de privatización.

El Estado mexicano definía el plan nacional de desarrollo de la educación superior y constituía la Conacyt y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros mecanismos, que hasta la fecha deciden el rumbo de la investigación científica que realizan las universidades autónomas.

Así, surge entonces el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes) y el Programa Integral de Educación Superior (Proides). Ahora la SEP decide la asignación de partida por partida, puesto por puesto, proyecto por proyecto y departamento por departamento en las universidades autónomas.

Es por ello que es importante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación viene contenido el fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en la educación superior.

Los proyectos son presentados por instituciones y evaluados por la SEP, así en el año 2012. Con esto termino.

Es por ello que es importante someter a esta Cámara el proyecto decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. constitucional, fracción VII del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y se adiciona en su primer párrafo del artículo 3o. y fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, distrito federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Es todo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos el diputado Carlos Alberto García González, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores; el suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o., numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía los razonamientos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto que agrega una fracción X al artículo 168 de la Ley General de Salud, así como reforma las fracciones VIII y IX del artículo 56, el artículo 57 y el 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de acuerdo a lo siguiente.

En el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que queda prohibida toda discriminación, motivada entre otras cosas por el género, y en el artículo 4º: El derecho a la protección de la salud para toda persona. A lo que debe de agregarse que es una obligación constitucional del Estado promover, respetar, proteger y sobre todo garantizar los derechos humanos.

En relación al derecho a la protección de la salud, la intervención del Estado debe desarrollarse en dos sentidos. El primero, generando a través del sistema nacional de salud la infraestructura de los servicios necesarios para que las personas conserven, restauren o mejoren su salud. Y el segundo, instrumentando un sistema de protección contra riesgos que puedan afectar la salud de las personas.

El artículo 2º de la Ley General de Salud establece que entre las finalidades del derecho a la protección de la salud se encuentran el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Aquí cabe mencionar que se hace referencia al hombre como sinónimo de género humano.

Por otra parte, en relación a la materia objeto de modificar, expongo que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad que nosotros los hombres. Lamentablemente, en nuestro país la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema social de amplias dimensiones, es por ello que mejorar y fortalecer las acciones que se lleven a cabo por el Estado para logra runa adecuada atención de las mismas, es una obligación obligatoria e impostergable.

Se estima que 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han padecido algún índice de violencia en su relación con su pareja, en espacios comunitarios, laborales, familiar o escolar.

Tomando en cuenta que la violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida, es por lo que propongo reformas a la Ley General de Salud, como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en la Ley General de Salud, con el fin de que se incluya de manera expresa como una actividad básica de asistencia social la protección física, mental y social de las mujeres en situación de maltrato, abandono o explotación, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que la capacitación que se preste como parte de los servicios otorgados a las víctimas de violencia de género en los refugios, sea técnica, social, legal y administrativa, coadyuvando así a dotar de más y mejores herramientas a estas mujeres para alcanzar por sí mismas independencia económica.

Si bien las mujeres víctimas de violencia son consideradas sujetos de asistencia social, no obstante al ser la violencia contra las mujeres un claro problema de salud pública, es porque la Ley General de Salud no considera un servicio básico de salud la protección física y mental de la mujer de manera expresa en su artículo 168, que es en donde se enlistan los servicios básicos en la materia de asistencia social.

En general esta iniciativa desea contribuir al reforzamiento de acciones a través de las cuales se brinden las herramientas necesarias a las mujeres víctimas de violencia tal que les permita reintegrarse a la sociedad de la manera más digna posible y romper el ciclo de violencia al que muchas veces se ven sometidas fundamentalmente por dependencia económica y psicológica.

En mérito de lo expuesto, es que el suscrito, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Decreto que agrega una fracción X al artículo 168 de la Ley General de Salud y reforma las fracciones VIII y IX del artículo 56, artículo 57 y artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por último, solicito respetuosamente que se inserte íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y respetuosamente se instruye para que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turne a las Comisiones Unidas de Salud y de Equidad y Género, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, cambiamos el capítulo de los temas de la sesión. Y de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, para que hagan pública toda la información que tengan disponible, en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo aquella que se hubiese generado en instancias estadounidenses y remitido a autoridades mexicanas.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Con su venia, diputado presidente. El pasado 30 de septiembre nos enteramos, a través de un reportaje publicado en la cadena estadounidense Univisión, que algunas de las armas que fueron utilizadas en la masacre de 16 jóvenes de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, estaban registradas en el denominado programa Rápido y Furioso, implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, pertenecientes al Departamento de Justicia mediante el cual se permitió el ingreso legal de miles de armas a territorio mexicano bajo el pretexto de que dicho ingreso serviría para rastrear las armas mediante localizadores satelitales asegurando con ello el intercambio de información sobre la localización de grupos criminales.

Cuando dicho operativo fracasó, los funcionarios de la Agencia ATF, en particular el fiscal general de los Estados Unidos, reconoció que no podrían rastrear dichas armas y que las armas perdidas durante esta operación continuarían apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera.

Efectivamente esas armas junto con otras miles que ingresan de manera cotidiana a nuestro país han cobrado la vida de mexicanas y mexicanos inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar las responsabilidades pertinentes y para sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que dichas armas llegaran a manos de grupos criminales.

La Procuraduría General de la República anunció el pasado 21 de septiembre, que inició el análisis del informe del inspector general del Departamento de Justicia relativo al operativo Rápido y Furioso, de la oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, a pesar de que este operativo inició sus actividades desde 2009 y que fue denunciado por medios de comunicación estadounidenses desde hace más de 2 años.

Por medio de un comunicado de prensa la dependencia federal señala que la introducción de armas hacia territorio nacional, sin cumplir los requisitos de la ley de la materia constituye un delito, por tanto, corresponde al Ministerio Público de la federación determinar si como consecuencia del operativo “Rápido y furioso” se cometió dicho ilícito.

Es decir, dos años después y a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, como el del Villas de Salvárcar o el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, en 2011 la PGR informa que todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político.

En nuestro país apenas se está analizando la información remitida por las autoridades estadounidenses, desconociendo, desde luego, toda información relacionada con la investigación de este operativo y las lamentables consecuencias, pues ni la PGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han compartido con la sociedad nacional dicha información.

La obligación de difundir información que no comprometa aspectos de seguridad es un compromiso de todo el Estado mexicano y en estos casos tan sensibles debe ser un compromiso con todas las víctimas mortales y con sus familiares, pues ellos tienen el derecho inalienable de acceder a la justicia, de conocer la verdad y de ser reparados integralmente.

Las armas que privaron de vida a los 16 jóvenes, en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, no entraron solas a nuestro país, tampoco se distribuyeron y se infiltraron en los grupos criminales de manera autómata. En este operativo participaron, de manera directa e indirecta, muchas personas, mismas que hasta el día de hoy se encuentran gozando de total impunidad.

Y es precisamente la razón sustantiva de este punto de acuerdo, la lucha contra la impunidad, la que nos mueve a solicitar que se den a conocer las investigaciones que se realizan y que realizan las autoridades mexicanas.

No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se continúe con la cultura de la opacidad y el encubrimiento, ejemplos sobran. Recientemente se cumplieron 44 años de la masacre de Tlatelolco y las promesas de esclarecimiento sólo quedan en eso, en promesas.

De igual manera, en el Instituto Federal Electoral, con una prisa cínica acordaron destruir el material electoral de las elecciones 2006 y 2012, antes que permitir el escrutinio público. Por lo que en aras de que la sociedad mexicana conozca la información disponible, de que se garantice a las víctimas el derecho a la verdad y que se rompa con el eterno círculo de la impunidad se emite el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés nacional exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República para que a la brevedad hagan pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo aquélla que se hubiere generado en las instancias estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Aleida. En términos del artículo 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, y tomando como fundamento el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento, tiene el uso de la palabra Angelino Caamal por tres minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, México vive momentos difíciles marcados por una escalada de violencia que parece incontenible, dejando a su paso una estela de dolor, miedo y zozobra ante la incapacidad gubernamental de hacer valer el imperio de la ley ante los criminales.

El Estado mexicano ha fallado en uno de sus principales cometidos, que es el de garantizar la seguridad en la vida de las personas y en su patrimonio. En ese contexto, en lo que se refiere al tema de Rápido y Furioso, en el que pudo introducirse a nuestro país con toda impunidad una serie de armas que hoy están en manos criminales, de este hecho surgen varias preguntas.

¿Cómo es posible que hayan entrado a nuestro país tal cantidad de armas sin que nuestras autoridades se percataran de tal situación? ¿Cuáles son las condiciones en las que operan los mecanismos de cooperación para la seguridad fronteriza entre los Estados Unidos de América y nuestro país?

¿Qué medidas ha tomado el gobierno mexicano para controlar el tráfico de armas en la frontera norte? ¿Qué funcionarios mexicanos supieron de este operativo y no actuaron ante el fracaso y en su implementación?

¿Cuáles son las armas implementadas por ambos gobiernos para rastrear y localizar estas armas introducidas en el operativo? ¿Por qué en Estados Unidos compareció ante el Congreso el fiscal general Eric Holder para explicar lo sucedido y hasta el momento en México nadie se responsabiliza de estos hechos?

Pocas o nulas han sido las respuestas a este respecto, tanto en la cancillería mexicana como en la Procuraduría General de la República, como señala el punto de acuerdo.

Estas armas junto con otras que ingresan a nuestro país son utilizadas por los cárteles, grupos del crimen organizado y delincuentes, tanto en sus disputas por el control territorial de sus zonas de influencia, como en los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.

En el caso del operativo Rápido y furioso pone en evidencia la fragilidad de nuestra frontera al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento al país en un momento de extrema violencia precisamente en los estados fronterizos. Nos preocupa sobremanera la pérdida de México frente al gobierno norteamericano quien sin restricción alguna implementa un operativo de esta magnitud sin informar a sus pares mexicanos.

Sea cual fuere la circunstancia, estamos convencidos que el combate al crimen organizado es un asunto regional y solo en la medida de que se adopten las estrategias coordinadas entre los países de la misma es como pueden solucionarse varios de los problemas de seguridad.

Compañeras y compañeros diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza acompaña y apoya el punto de acuerdo que plantea hacer pública la información disponible del operativo Rápido y furioso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República en los términos legales correspondientes, incluyendo a aquella que se hubiese generado en las instancias estadounidenses y remitidas a las autoridades mexicanas. –Concluyo, presidente.

Es una exigencia y una obligación del gobierno nacional o más bien al gobierno nacional informar a la sociedad sobre las consecuencias de este operativo implementado y que como saldo ha dejado un resultado negativo que va en contra del estado de derecho al que aspiramos todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Posteriormente don Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara por tres minutos, como una llamada de teléfono.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de Presidencia y de todos ustedes, es de conocimiento de la opinión pública que el operativo Rápido y furioso toma mayor relevancia en Estados Unidos de América puesto que no solo ha sido tema en el debate de los candidatos a la Presidencia de dicho país, sino también es tema para el Congreso de los mismos Estados Unidos de América, en donde los congresistas Charles Grassley y Darrell Issa promueven una extensa investigación congresional sobre el fracaso de la operación y determinar la responsabilidad de funcionarios del gobierno estadounidense.

Abordar el tema de Rápido y furioso en esta tribuna obedece principalmente a la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad.

La reforma constitucional en materia de derecho humanos publicada en el Diario Oficial en el año de 2011, en particular el artículo 1 de la Constitución en su párrafo tercero dice: toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia –subrayo–, señoras y señores legisladores, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Obligaciones constitucionales a las que ha sido omiso el titular del Poder Ejecutivo Felipe Calderón, persona insensible a la que una de las madres de las jóvenes víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, increpó públicamente su omisión y falta de responsabilidad ante la fallida guerra contra el narcotráfico. El reclamo directo de las víctimas colaterales de su guerra –del señor Felipe Calderón– no es suficiente para implementar políticas eficientes de las dependencias a su cargo.

En una estrategia en la que se involucra directamente a su gobierno al anunciarse públicamente que el gobierno federal conocía de la fallida operación, resulta increíble que investigaciones que realizan medios de comunicación como Univisión aporten más datos sobre todos estos asuntos.

Esto está publicado en diversos medios en inglés y en español en México y en Estados Unidos y se destaca la identificación de armas usadas en las masacres de Ciudad Juárez con 57 armas relacionadas con esta lista y, una lista del gobierno mexicano, de 60 mil armas recuperadas en diferentes escenas del crimen entre 2009 y 2010.

Identificación de armas que aportan para determinar la responsabilidad del gobierno americano en la violación de los derechos humanos de las víctimas identificadas en los actos criminales en las que éstas fueran utilizadas, por lo que es pertinente preguntar ¿qué políticas ha implementado el gobierno de Felipe Calderón para atender a las víctimas y familiares identificadas por las masacres vinculadas con armas del Operativo Rápido y Furioso?

¿Qué ruta legal implementa para determinar la responsabilidad civil uy política del gobierno norteamericano en la reparación del daño de las víctimas directas y colaterales de las armas introducidas ilegalmente a nuestro país?

La omisión del gobierno de Felipe Calderón no sólo atiende a su ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el Operativo Rápido y Furioso.

En el caso concreto se puede convertir en cómplice por ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Culmino. Esperamos que la difusión que se realice en los medios de comunicación, de información, relacionadas con el rastreo e identificación de armas del operativo Rápido y furioso con las víctimas y sus familiares, impulse acciones del titular del Ejecutivo federal y sus dependencias para que...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su tiempo ha concluido, diputado.

El diputado Manuel rafael Huerta Ladrón de Guevara: –Ahorita termino, quiero tolerancia como la ha tenido con otros oradores, señor presidente–. ...mínimamente impulsen acciones para exigir la responsabilidad del gobierno americano en la reparación del daño que corresponde y no estar litigando el asunto los propios ciudadanos ante los organismos internacionales o por la vía de la responsabilidad del señor Calderón y su gabinete a través del juicio político.

Por eso pido una adición al punto de acuerdo, lo he platicado con la diputada Aleida, y la adición que proponemos es la siguiente. Párrafo segundo: que el titular del Poder Ejecutivo federal en base al artículo 1 de la Constitución en su párrafo tercero, instrumente conforme a la ley su responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y furioso, proveyendo en beneficio de dichas víctimas y sus familias toda las medidas que estén a su alcance para en la medida de lo posible resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, su patrimonio o posesiones.

Al mismo tiempo que el titular del Poder Ejecutivo federal determine la responsabilidad de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la de Relaciones Exteriores y la de Gobernación, en la investigación de la responsabilidad del gobierno norteamericano para exigir la investigación y reparación de daños de las víctimas de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y furioso.

Le pido a la Presidencia, ahora sí, que le pregunte a la diputada si acepta la adición para que el pleno, con esa prisa que traen, señores diputados, se pongan los pantalones y le exijamos al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta propuesta, según nuestro Reglamento sólo tiene que venir por el grupo originalmente proponente. Sólo ella lo puede proponer, porque así está el Reglamento y no puedo incumplirlo. Si ella lo pide, como proponente, lo someteremos a la consideración de la asamblea. En tanto tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero Presidente, compañeros legisladores, pareciera que esta atmósfera de Rápido y furioso está invadiendo este recinto.

Ayer precisamente rápido y furioso el Instituto Federal Electoral, sin ninguna razón, sin apelar a la historia, ordenó la quema de los paquetes electorales del 2006 y del 2012, al igual que antes se habían quemado los paquetes y las boletas electorales de 1988. Quieren sepultar la historia pero, como decía nuestro coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, las cenizas se esparcirán y los perseguirán por siglos.

Este operativo completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público y a los derechos humanos, ha tenido resultados catastróficos. Lejos de combatir la criminalidad, sólo ha conseguido empoderarla y potenciarla cada vez más. Es un caballo de Troya de una intervención cada vez más evidente.

Nos hemos convertido en este sexenio sangriento en uno de los países con mayor número de muertes, comparable a estados que atraviesan guerras regulares o irregulares de alta o baja intensidad.

Operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estén en territorio nacional.

Nuevamente ocupa este Congreso, esta Cámara un tema que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad nacional. Nosotros, a nombre de Movimiento Ciudadano, hemos insistido una y otra vez en la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad nacional; sin embargo, la complicidad del PRI y del PAN han impedido que comparezcan en este recinto la procuradora General de la República, el secretario de Seguridad Pública y los secretarios de la Defensa y de la Marina.

Traemos nuevamente a cuenta este asunto porque el día de ayer Calderón y Peña Nieto se reunieron de las 10:00 a las 3:00 de la tarde, según las crónicas, para discutir estos temas y ahí estuvo todo el gabinete de seguridad y aquí no le merece la atención y el respeto a esta Cámara de Diputados.

Todos los días tratamos temas de seguridad pública y de seguridad nacional y no podemos preguntar directamente a los titulares del ramo. Por eso creemos que no podemos seguir con esta tapadera, con este oscurantismo y hacemos un llamado a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN para que permitan la comparecencia de estos titulares y hablemos de Rápido y furioso, hablemos del caso Tres Marías, hablemos de la Iniciativa Mérida, hablemos del fracaso de la política de seguridad pública que ha habido en el país. Eso verdaderamente demostrará que hay voluntad política para atender este tema.

El día de ayer el encargado del equipo de transición de Peña Nieto decía en tuitter que iba saliendo de una reunión en Los Pinos con Felipe Calderón, Peña Nieto y el gabinete de seguridad, que fue muy productivo el intercambio de ideas. Por qué no vienen aquí, a la Cámara de Diputados a compartir esta información. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Ricardo Mejía. Don David Pérez Tejada Padilla, del Verde Ecologista de México.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes del CBTIS 181, de Paracho, Michoacán, invitados por José Luis Esquivel Zalpa.

También un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Derecho, de la ciudad de Zamora, Michoacán. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Las relaciones entre México y Estados Unidos son una realidad dictada por la geografía y que, en consecuencia, no puede ser modificada por ninguna de las dos naciones. Pero sí podemos cambiar su índole y su función, convertirla en una barrera infranqueable o transformarlas en un espacio abierto a la cooperación y a la acción en común”. Fin de la cita de Octavio Paz.

Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. La relación México-Estados Unidos siempre ha tenido claroscuros, tanto político como económicos, sociales y culturales, pero últimamente se ha recrudecido el tema relacionado con la seguridad.

En el mes de marzo del 2011, salió a la luz pública una noticia que nos conmocionó a todos, diversas agencias de inteligencia del gobierno estadounidense habían aprobado el ingreso de armas a nuestro país, supuestamente monitoreadas para así poder localizar a algunos grupos de la delincuencia organizada e implementar un operativo que permitiría dar con los líderes y desmantelar a estos grupos criminales.

La estabilidad y la paz en el país se han alterado gravemente por la introducción masiva e ilegal a nuestro territorio de miles de armas de fuego de alto calibre. Este brutal contrabando además de estar destinado a pertrechar a la delincuencia organizada que opera en México, se ha traducido en la reciente muerte de miles de mexicanos.

Las autoridades norteamericanas han declarado que permanecen muy preocupados por la violencia de los cárteles de la droga en México, y que tienen que protegerse vigorosamente contra los efectos de un potencial desbordamiento de esa violencia hacia su país. Sin embargo, nosotros creemos que esto debería de traducirse en acciones más firmas y coherentes para combatir el narcotráfico.

La gestación de un hecho tan lamentable como el denominado operativo “rápido y furioso” no concuerda con el objetivo que han señalado los gobiernos de México y de Estados Unidos, de detener el tráfico de armas sobre la base del principio de responsabilidad compartida, tampoco refleja que ambos gobiernos estén trabajando para fortalecer la cooperación bilateral en la materia, a pesar de haberse ratificado este compromiso por los presidentes de ambos países en Washington.

Aquél patio trasero que aludió Aguilar Zinser pasó a ser lamentablemente el campo de pruebas de Estados Unidos, un laboratorio en el cual se ha derramado sangre y han perdido la vida víctimas inocentes donde será demasiado difícil encontrar al culpable.

Ha sido un juego mortal como la ruleta rusa, donde el gobierno de Estados Unidos facilitó el arma con la que México jaló el gatillo y nos dimos el tiro de gracia.

Es perverso y contradictorio que los mismos gobiernos de México y Estados Unidos se confabulen en negociaciones por debajo de la mesa, en el tema del tráfico ilegal de armas y por otro lado estén anunciando con bombo y platillo para frenarlo, la implementación del programa Siave en nuestra frontera norte.

Debemos de seguir insistiendo a través de la vía diplomática la ratificación por parte del gobierno de Estados Unidos, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, adoptado por la OEA. Asimismo, el Programa de Acción para Prevenir el Tráfico Ilícito de Armas por parte de la ONU.

Declaraciones desafortunadas, como las de presidente Felipe Calderón, donde asegura que estos muertos han sido resultado de la revalidad entre bandas criminales, laceran y molestan no sólo a los familiares sino a la sociedad en general. Él mismo aceptó en Los Ángeles, California, que había sido un error garrafal.

Termino diciendo que estaremos atentos y nos sumamos al exhorto hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, para que se publique toda la información que tengan disponible en relación a este grave operativo denominado rápido y furioso, remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, tiene el uso de la voz por tres minutos.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente.

Ya se ha hablado mucho aquí respecto de este tema, me parece que sólo ha faltado plantear algo de suma importancia, que es el origen de un programa que pretende hoy desestimarse como ilegítimo, como ilegal, pero que de origen está viciado. Plantear la introducción a México de armas para el crimen organizado, escondido de la luz pública, me parece que no podría pensarse que en ninguno de los mundos tuviera un buen final.

Pero más increíble aún nos parece que en Estados Unidos, de donde enviaron el armamento, donde sí bien es cierto no hay una afectación directa a su población, hayan llamado a comparecer a más de 11 representantes, a 11 funcionarios, incluido el procurador general, quien estuvo a punto de ser destituido por no clarificar la información, y la pregunta sería, ¿por qué acá, en donde ponemos los muertos, por qué acá, donde está la violencia, hemos pretendido tapar o echarle tierra a un asunto que cada que se aleja en el tiempo parecería que se desestima, pero que nos sigue causando tantas muertes de inocentes?

Como ya se planteaba antes de mi intervención, se ha querido hacer ver como que son sólo narcotraficantes los que mueren con estas armas, en Villas de Salvárcar no eran; eran jóvenes y eran niños.

Es muy importante que saquemos a la luz pública, que logremos que se transparente esta información que se nos diga, pero más importante aún es que haya consecuencias legales para quienes intervinieron.

En México no se han dado nombres de quienes participaron en un operativo como éste, no ha habido responsabilidad penal para los que en ello intervinieron y es indispensable que no sólo sepamos cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los acuerdos para llevar un operativo tan riesgoso y de tanta consecuencia para nuestro país, sino que haya consecuencias legales para quienes en él intervinieron.

Yo les conmino, compañeros y compañeras, a que no permitamos que el silencio cómplice que pretende mandar al olvido permanezca, siga ahí, porque de verdad, las familias de las víctimas, que también son nuestros connacionales, hay un sinfín de personas que han muerto con estas armas, no lo van a olvidar.

Entonces, de ahí que es importante que este punto de acuerdo prospere, que en unidad llevemos esta idea hacia adelante y podamos saber bien a bien quiénes participaron, con autorización de quién y para ellos haya las consecuencias legales y no permanezcan en la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Luis Ángel. Doña Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, venga usted rápida y furiosa. Don Miguel Alonso Raya.

La diputada Adriana González Carrillo: Buenas tardes. Muchas gracias, presidente y amigo. En el Grupo Parlamentario del PAN lamentamos y condenamos la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cometida por integrantes del crimen organizado con armas del operativo denominado Rápido y furioso.

Apoyamos el resolutivo del punto de acuerdo de la diputada Aleida Alavez, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR hagan pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo a aquellas que se hubiere generando en instancias internacionales y remitido a autoridades mexicanas.

Nosotros debemos aclarar que tanto en la Unión Americana como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país.

Debo recordar que en la anterior legislatura han venido a comparecer los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y la Procuradora, en relación a este tema.

En la PGR se reportan principalmente avances, dado que existen órdenes de aprehensión por el delito de introducción ilegal de armas a México. Existe también en la PGR averiguación previa por la que se investigue el vínculo de las armas del operativo Rápido y Furioso en el asesinato de los jóvenes en Villa de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por su parte, el gobierno de la Unión Americana ha presentado hace unos días, en el mes de septiembre, un informe del Departamento de Justicia, en particular de la Oficina de Control del Tabaco, Armas y Explosivos sobre el operativo Rápido y Furioso.

Este reporte está siendo analizado por la PGR para ampliar también la información disponible, dado que la introducción de armas a territorio nacional no cumplían los requisitos de ley, que en la materia constituye un delito.

Por lo tanto, corresponde al Ministerio Público de la federación determinar si como consecuencia del operativo Rápido y Furioso se cometió dicho ilícito, ello con total independencia de lo que al respecto haya concluido la investigación del inspector general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en términos de su legislación interna y respeto de las autoridades de aquel país.

En el Grupo Parlamentario del PAN apoyamos la cooperación internacional entre México y Estados Unidos, basada en el principio de responsabilidad compartida, así como en el pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestras instituciones, pero también estamos a favor de la rendición de cuentas.

Debo recordar que dejamos en el pasado las acciones unilaterales, como lo era la certificación que hacía Estados Unidos a México y a partir del año 2000 nos dimos instrumentos de cooperación con pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia.

Por ejemplo, conocimos que estas armas fueron utilizadas en el operativo “Rápido y furioso” y que después fueron usadas por el crimen organizado, dada la cooperación que nuestras Fuerzas Armadas tienen y el intercambio de información.

Estamos convencidos que la cooperación es necesaria para poder atacar el crimen organizado, especialmente en el siglo XXI, en donde el crimen organizado no conoce fronteras ni tiene pasaportes. En el GPPAN estamos atentos a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del operativo fallido “Rápido y furioso” y también de receptor abierto, que están en manos de crimen organizado. Y apoyamos al gobierno de México para sancionar a los responsables y si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional.

Diputada Aleida, le comparto el informe que en el mes de septiembre hizo público en Internet el Departamento de Justicia. Nosotros no vamos a permitir que se diga que hay opacidad o que hay encubrimiento o que hay un silencio cómplice.

Rechazamos que por falta de conocimiento se acuse al gobierno de México de omisión. Y le pido, diputada Aleida, si lo puede hacer también partícipe a los compañeros que no conocen la información, si se los puede dar, para que todos conozcamos que sí hay rendición de cuentas y que sí hay información, y no como se vino a decir aquí, que hay opacidad y hay encubrimiento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional. Menos rápida, menos furiosa pero con toda pasión.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del PRI aprecia, en su justa dimensión, el valor e importancia estratégica de la cooperación internacional y bilateral como un factor crucial en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Además, de ser un elemento esencial para el éxito de cualquier estrategia de índole nacional, la cooperación es un elemento que legitima ante la comunidad nacional e internacional, los múltiples esfuerzos que se realizan, así como los cuantiosos recursos públicos y humanos que se destinan en materia de seguridad.

Es justamente por lo anterior que preocupa la claridad, transparencia y el rigor jurídico con el cual se conduce la Cooperación Internacional en cuestión de seguridad pública. Planteamos lo anterior porque el lamentable asesinato de un agente fronterizo de Estados Unidos en el 2010 fue el incidente que reveló una operación encubierta de trasiego de armas destinadas a grupos de la delincuencia organizada establecidos en México.

Y solamente debido a una exhaustiva investigación por parte del Congreso estadounidense es que la opinión pública nacional y la comunidad internacional se han enterado de que efectivamente se perdió el control del monitoreo de armas conseguido dentro de la operación Rápido y Furioso, cuyo inicio data de la administración del presidente Bush.

Dejemos a un lado por un momento la controversia sobre si la investigación del Congreso se debió a una disputa interpartidista y de carácter electoral, si el presidente Obama se excedió con su orden ejecutiva en la protección del titular del Departamento de Justicia, si esta persona mintió o no alguna vez al Comité del Congreso cuando fue cuestionado durante las nueve ocasiones en que compareció, y si su reciente exoneración junto con los otros funcionarios es justa o no lo es, se trata de asuntos internos ajenos a nuestro país.

Lo que sí es de interés prioritario de nuestro grupo parlamentario es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha permanecido omisa al trasiego de armas. No obstante la evidencia anterior y a pesar de que se ha reconocido que aquellas armas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado tanto en México como en Centroamérica.

Es preciso hacer notar que hasta el marco de 2011 la Secretaría del ramo aceptó durante una comparecencia ante el Senado de la República que el gobierno mexicano sí tenía conocimiento de estos operativos. Argumentó entonces que se tenía noticia de operativos de detección de tráfico ilícito de armas, pero no del trasiego de éstas para identificar a grupos de la delincuencia organizada.

Lo anterior no es un caso aislado porque también ha sido muy lamentable que sucesos como los recientes, ocurridos en Tres Marías y en general la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, carezcan en ocasiones de la debida justificación jurídica que norme la naturaleza, alcances y propósitos específicos de la cooperación bilateral en este caso con Estados Unidos.

Por ello es que en la glosa del Informe presidencial sostuvimos de manera enfática que la negligencia del gobierno federal y concretamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la conducción de la relación bilateral con Estados Unidos, habrá de ser el sello que marque la gestión de la política exterior en la presente administración.

Señoras legisladoras y señores legisladores, con el ánimo de contribuir a la eficacia, legitimidad y continuidad de los acuerdos y esfuerzos de cooperación bilateral en contra del crimen organizado y de cerrar la desinformación que a veces predomina en la materia, es que suscribimos el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRD a fin de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República hagan pública la información disponible sobre el operativo denominado Rápido y furioso, incluyendo a aquella que se hubiese generado en instancias estadounidenses y remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Esta Presidencia saluda con todo afecto a los alumnos de la escuela primaria Alfredo del Mazo Vélez, de Tezoyuca, Estado de México, invitados por la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sonido en la curul de doña Aleida Alavez. Ponga su dedito, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es para pedirle la palabra por alusiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Quién la aludió?

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): La diputada del PAN.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Creo que sí la aludió y tiene usted el uso de la voz.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado presidente. Quiero aquí señalar que es obvio, si pusieron atención en el momento de la exposición del punto de acuerdo, que no sería lo más sensato solamente pedir información; información con la que cuenta el PAN y que lamentablemente no han hecho nada, a pesar de que ahí hay señalamientos muy puntuales de quiénes han intervenido y quiénes han estado de parte de la PGR en esta agencia documentando lo que hacen en el operativo Rápido y furioso.

El punto de acuerdo fue aceptado así en la Junta de Coordinación Política, no fue presentado de origen así, porque obviamente solicitar información pues sería lo menos que podemos hacer como Cámara de Diputados sin dejar de lado que también señalamos que en el propio Congreso de Estados Unidos hay señalamientos de las responsabilidades de al menos 14 personas, ¿por qué aquí no? ¿Por qué en México no? ¿Por qué aquí no se dice quiénes son los responsables omisos de que a pesar de que este operativo haya causado la muerte de centenares, sino es que miles de gentes, entonces estemos en la total impunidad?

Por eso creo necesario atender este agregado que hace el diputado del PT, Manuel Huerta, en el sentido de que se deslinden responsabilidades, no se trata solamente de tener información, que así lo acepten de consenso en la Junta es una cosa; pero que nosotros aquí queramos que no haya impunidad y que se deslinden responsabilidades, es cierto.

Entonces asumo este añadido al punto de acuerdo y ojalá haya la sensatez, responsabilidad, pero sobre todo compromiso de los diputados del PAN para entender que es necesario que el Poder Ejecutivo federal asuma e instrumente la responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y furioso, proveyendo en beneficio de dichas víctimas y sus familias todas las medidas que estén a su alcance para que se resarzan los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión, al mismo tiempo que el titular del Poder Ejecutivo federal determine la responsabilidad de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación.

¿Quieren nombres? En el informe están, nada más actuemos en consecuencia y no vivamos más en la impunidad en este país.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el 76, fracción IV del Reglamento, tiene el uso de la voz Marco Antonio González Valdez, a nombre propio y de diputados integrantes del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativa a la continuación y ampliación de la reforma rural estructural en la presente Legislatura.

El diputado Marco Antonio González Valdez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. En los últimos años México ha asumido el reto de acordar y aprobar diferentes reformas jurídicas que han permitido a la sociedad avanzar en su proceso de crecimiento económico y satisfacción en necesidades básicas.

De esta manera se presentaron iniciativas y se avanzó en temas como la reforma del Estado, la reforma energética, en el 2008, la reforma fiscal en el 2009, la reforma política en el 2010, principalmente

Actualmente se está trabajando para sacar adelante la reforma laboral en el 2012 y están pendientes otras reformas importantes como la energética y la fiscal.

En el 2010 esta soberanía aprobó un punto de acuerdo sobre la reforma rural estructural, planteada por el grupo parlamentario del PRI y el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a la letra consideraba:

“A pesar de haber diseñado y establecido una gran variedad de leyes, políticas y programas para diversos aspectos del campo, su situación no mejora. Su participación en el crecimiento económico de la nación no es lo que podría ser; su interacción virtuosa con el medio ambiente no es la más adecuada y lo más preocupante de todo, su pobreza endémica y aguda en vez de disminuir, ha seguido aumentando”.

A dos años y medio de aquella propuesta la situación en el campo ha empeorado; la pobreza sigue en aumento, la dependencia de productos básicos con el exterior se ha incrementado; mantenemos un déficit crónico en nuestra balanza agroalimentaria; los empleos e ingresos han diminuido, lo que ha orillado a la migración del campo.

Finalmente el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, conocido como el PEC, no ha sido bien interpretado ni bien aplicado en sus años de ejecución del 2003 a la fecha, como lo señalan los estudios de la FAO y la misma OCDE, pues no hay concurrencia de programas sino es una simple lista de programas que cada secretaría realiza, independientemente de otras secretarías de Estado involucradas.

El Senado de la República durante la LX y la LXI Legislaturas abordó también el tema de una reforma integral del campo, realizó diversas reuniones y foros, sin embargo quedó inconclusa.

En la pasada legislatura esta Cámara hizo suyo el punto de acuerdo y solicitó a las siete comisiones rurales que son: la de Agricultura y Ganadería, la de Desarrollo Rural, la de Recursos Hidráulicos, la de Pesca, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Reforma Agraria, la de Asuntos Indígenas, así como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a trabajar en conjunto para generar la reforma rural estructural basada en cinco ejes fundamentales.

Primer eje: armonización del marco legal rural. Los avances a la fecha es que hay evidencia de lagunas, duplicidades y contradicciones entre las leyes secundarias y con la propia Constitución.

Se plantea la elaboración de un código de desarrollo rural sustentable, la unificación de obligaciones y cargas y de manera general del marco jurídico a que se encuentran sometidos los productores y el Ejecutivo, es una alternativa que facilitaría y estimularía las actividades económicas del campo.

En el eje dos, en lo que concierne a la reingeniería institucional pública, los resultados a la fecha señalan que existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional y programático de la administración pública federal. Existe una visión sectorial más no integral.

En el apartado del eje tres, sobre la planeación participativa rural, si bien hay una Ley General de Planeación, ésta no tiene reglamento y cada administración realiza su muy particular interpretación.

No hay una ley de planeación agropecuaria y no hay mecanismos formales de participación de la base de la sociedad rural en la elaboración de los programas y presupuestos.

En el eje cuatro, el de la política de Estado de corto, mediano y largos plazos, se puede señalar que a la fecha no existen programas de este tipo y que falta un enfoque territorial transversal y concurrente.

En el último eje sobre el presupuesto integral multianual, se revisan aspectos sobre el marco legal vigente que señala que existen diversos mecanismos, mandatos que fortalecen la multianualidad y que sí es factible ajustar reformando la fracción IV de la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el decreto de presupuesto de egresos de la federación para que se considere la multianualidad.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: incorporar en la agenda legislativa de esta Cámara la reforma rural estructural. Que las siete comisiones ya mencionadas, junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, continúen con los trabajos de la reforma rural estructural y que los incorporen en sus programas de trabajo en esta Legislatura.

Que las comisiones del sector rural reporten en sus informes los resultados de las actividades realizadas en el marco de esta reforma y que en la reforma rural estructural participen también aquellas comisiones legislativas con competencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de seguridad relacionadas con el sector rural, como son entre otras la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, las comisiones de Economía, Energía, Ciencia y Tecnología y sobre todo Seguridad Pública. Muchas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte, en términos del 100, si se considera de urgente resolución.

El secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No habiendo registrados oradores, pregunte si se aprueba el resolutivo.

El secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Honorable asamblea: Por acuerdo de la Mesa Directiva quiero compartir con ustedes un asunto que nos llena de emoción y orgullo. El día de hoy cumple 56 años de trabajo en esta honorable Cámara de Diputados una persona a la que todo mundo queremos mucho. Les pido un aplauso para María Elena Sánchez Algarín...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del 100, del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Los asuntos del día de hoy se han agotado, señor presidente...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítanme, permítame un segundo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Presidente, se brincó los oradores inscritos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es cierto, pero ya se votó. Es cierto, pero ya se votó. Le ruego me disculpen.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, desde su curul, nada más ponga su huella.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, en efecto creo que fue demasiada apresurada el procedimiento, no se preguntó si había oradores. Sí había oradores registrados previos en este punto de obvia y urgente resolución, aunque sí hay ya dictada una resolución de su parte.

Sin embargo, para efecto de que pudiese escucharse a los compañeros le pediría, por esta única vez, escucharlos a los que se prepararon en la fijación de posición, aun cuando la resolución ya está dictada.

Al menos de nuestra parte sí nos gustaría escuchar a nuestro compañero Juan Luis, porque Juan Luis Martínez, el diputado de Oaxaca siempre se prepara con mucha acuciosidad y yo espero que nos permita, en los tres minutos, agotarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cierto es, don Ricardo, cierto. Créanme que fue rápido pero no furioso. La verdad es que pregunté si había oradores y no tuve alguna respuesta. Es cierto que me están pasando una lista en este momento. También es cierto que sería un poco kafkiano presentar postura una vez que ya se votó; sin embargo, si usted me lo permite voy a buscar un justo medio.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si nos permite una ronda de oradores aun cuando ya es un asunto votado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia se consulta la asamblea si es de permitir la ronda de oradores para este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues miren, hay duda y la duda beneficia.

Tiene el uso de la tribuna doña Sonia Rincón Chanona. Se le rogaría, por favor, que fuera por tres minutos. Es meramente testimonial en función de que el asunto ya está votado. Igual, quienes no quieran participar, su discurso pasa al Diario de Debates.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, me voy a permitir saludar a mis hermanos indígenas de la sierra de Oaxaca, en mi lengua originaria.

Danó chamiyo cuin gna ngozz. Buenas tardes, compañeros presidentes municipales, Cuautla de Jiménez, tierra de María Sabina, la sacerdotisa de los hongos, que traspasaron las fronteras de México; Manuel Cepeda...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón, señor orador, es que quien tenía el uso de la palabra era doña Sonia Rincón, a quien le pido una disculpa. Vamos a permitir que su oda a la sacerdotisa de los hongos continúe con toda tranquilidad.

Adelante compañero, adelante. Tiene usted el uso de la palabra, culmine su turno.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Pero me repone el tiempo, porque... Saludo a mi compañero presidente municipal indígena mazateco, Manuel Cepeda, originario de la tierra de los ilustres hermanos Flores Magón. Con su venia, señor presidente.

Las llamadas reformas estructurales realizadas en México, que en este punto de acuerdo se describen como avances de la sociedad en crecimiento y satisfacción de necesidades básicas, no han sido más que logros para grupos e intereses particulares, que han conseguido eliminar cualquier intento, por mínimo que sea, que busque beneficiar al país. Es así que México continúa rezagado mientras otros países apuestan a cambios eficientes.

La brecha de desigualdad en nuestro país no ha hecho más que aumentar a pasos agigantados este importante rubro del sector rural. Los programas implementados por el PRI hicieron del campo redes clientelares y corporativas, que lejos de beneficiar al productor terminaron favoreciendo a los más ricos y concentrando la riqueza en manos de unos cuantos.

No menos grave resulta que haya sido la perpetuación de estas políticas públicas la que dividió al país en dos partes; el norte, de los ganaderos con grandes hectáreas que permitieran obtener rentas descomunales, y el centro, y particularmente el sur, con 12 millones de campesinos pobres que no logran pasar la línea de pobreza extrema. Es así que tenemos dos realidades en México sin ninguna cohesión social.

Cabe mencionar la gran brecha existente al interior de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, tan sólo por mencionar unos cuantos, en donde la situación de desigualdad se encuentra muy marcada en sus diversas regiones.

Estamos de acuerdo que la dependencia del comercio exterior, principalmente de Estados Unidos, es una situación que nos deja vulnerables, pero más allá de plantear la queja debemos tomar cartas en el asunto y proteger a nuestro sector agrícola.

El Tratado de Libre Comercio es una realidad, no podemos vivir del reclamo; es necesario exigir que Estados Unidos cumpla lo establecido en el instrumento internacional. Resulta sorprendente que no se encuentre en los ejes rectores de las comisiones que han trabajado en la creación de una reforma rural en este asunto.

Los volúmenes e ingresos en dólares por la exportación de productos del campo han crecido, pero como explica el punto de acuerdo, no han sido suficientes para mitigar el déficit crónico de nuestra balanza agroalimentaria.

En Movimiento Ciudadano estamos conscientes que los avances nunca serán suficientes hasta que los programas económicos tengan un objetivo redistributivo y no tan sólo la generación de riqueza, tampoco este punto se encuentra contemplado en los ejes rectores.

Las llamadas reformas estructurales como la fiscal, la política y la laboral, no han sido más que instrumentos del neoliberalismo, que lejos de beneficiar al trabajador, lo han empobrecido aún más.

¿Qué puede ofrecerle como cambio positivo el eliminar prestaciones y derechos inherentes? La evidencia histórica muestra que nos hemos equivocado con la adaptación de un sistema económico que no funciona para México y que no sólo perjudica a los más desprotegidos.

Proponemos la creación de foros con los productores, para que expliquen cuál es la verdadera realidad que se vive en el campo. Asimismo, en necesario no tan sólo el reporte de los informes sobre los avances en dicha problemática, sino la máxima difusión posible a todos los grupos que puedan verse afectados por cambios en el presente tema.

Será necesario que en los cambios realizados se observe la correcta implementación y la eficiente destinación de los recursos, lo cual sólo será posible con un monitoreo eficaz, que evite la corrupción que tanto ha aquejado a la economía rural.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Creo que ya votó a favor. Don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT. Perdónenme, doña Sonia Rincón. Doña Sonia Rincón, le ruego me disculpe la descortesía tan grande, usted entenderá.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La agricultura sigue siendo una de las principales actividades económicas de nuestro país, ya que la alimentación de las mexicanas y los mexicanos es un asunto de soberanía y sustentabilidad.

Por ello, la importancia de colocar el tema del desarrollo rural en la agenda nacional, que debe ser atendido por esta soberanía y contribuir a que el campo mexicano se coloque como un sector estratégico del desarrollo nacional.

Asimismo, trabajaremos para que esta soberanía emita una Ley de Planeación Agropecuaria y Forestal, para coordinar los recursos y esfuerzos en torno de las estrategias nacionales que se fijen.

Esta problemática, como ya se ha mencionado en diversos foros, debe considerarse un tema de seguridad nacional, debido a que se vincula directamente con la soberanía de nuestra república.

La falta de una visión sustentable hacia el desarrollo rural ocasiona que la productividad del campo mexicano se minimice, al mismo tiempo que aumenta nuestra necesidad de importar productos agrícolas.

Nuestra dependencia de importar productos como el maíz, trigo, arroz, frijol, sorgo, leche, huevo y carnes hace crónico el problema del campo nacional y acentúa las desigualdades con los productores del campo al verse en la imposibilidad de competir con los precios de los productos importados.

Por estas razones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha votado favorablemente este punto de acuerdo, porque es un tema de gran urgencia para la nación.

Esperamos la comprensión de todos en las reformas de estas leyes estructurales. Es cuanto. Diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. Ahora sí, don Héctor Hugo Roblero.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la proposición de punto de acuerdo que este día ha presentado al pleno de esta soberanía la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional sobre la reforma rural estructural.

El planteamiento efectuado en el documento aludido recoge los trabajos efectuados por esta soberanía en la anterior legislatura, en un tema tan importante como el referente al campo mexicano.

Debe apoyarse la propuesta y aquí ya está acordada, porque tratándose de una cuestión en la que México tiene vocación y además necesidad, los esfuerzos realizados en el pasado inmediato no deben ser desaprovechados ni desechados.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo plantea al pleno de esta soberanía que debemos dar cabal cumplimiento a lo mandatado en nuestra Carta Magna, en la fracción XX del artículo 27, que establece con toda claridad, en la primera parte del primer párrafo, que cito: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicios de capacitación y asistencia técnica. Fin de la cita.

En el segundo párrafo del artículo aludido se señala, que cito: el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. –Fin de la cita.

El ordenamiento constitucional es preciso con la reforma rural integral, debemos y tenemos que producir el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. El punto toral que apoyamos es el relativo a la soberanía alimentaria, que nuestro país nunca ha logrado tener por la insuficiencia de los programas agropecuarios que no han tenido la profundidad que se requiere.

México –cuesta trabajo decirlo– no produce ni siquiera lo que consume para su alimentación, y en esas condiciones se ha provocado que la importación de insumos cada día sea más creciente. A su vez la importación de alimentos genera salida de divisas que en otras condiciones no tendríamos que utilizar para el pago de lo que producimos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la propuesta que hemos aprobado este día. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Jorge Federico de la Vega Membrillo, del PRD, por tres minutos.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo: Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo que se ha presentado contiene sin lugar a dudas elementos que caracterizan la grave situación por la que atraviesa el campo mexicano.

Los riesgos que se derivan de la crisis alimentaria permanente atentan de manera sistemática contra la seguridad alimentaria y nutricional. Estamos de acuerdo con el texto de la proposición que ya se ha aprobado, donde se expresa que el problema alimentario constituye un componente esencial del concepto de seguridad nacional.

Al estar de acuerdo con lo anterior estaremos también de acuerdo que es un compromiso ineludible del Congreso de la Unión legislar con el propósito de definir las bases constitucionales y legales a partir de las que se tiene que diseñar y poner en marcha la política de Estado que revierta las condiciones actuales del campo mexicano.

Se trata de que la política de Estado que impulsa el desarrollo rural parta de un eje central, que no es otro más que la soberanía y seguridad alimentaria nutricional. La soberanía y seguridad alimentaria nutricional tiene como condición fundamental que los alimentos básicos y estratégicos se originen en el territorio nacional.

Actualmente las importaciones de alimentos básicos equivalen a más del 40 por ciento del consumo nacional, si seguimos por esta ruta la soberanía nacional sufrirá un mayor menoscabo. Los legisladores sensibles a esta problemática seguramente habremos de hacer aportaciones legislativas para coadyuvar en la solución de este factor restrictivo del desarrollo nacional, ello pasa por revisar a fondo en esta Legislatura el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, así como focalizar las políticas públicas y el presupuesto en atención de los pequeños y medianos productores del país, especialmente quienes habitan las regiones de mayor índice de marginación en el país.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ya ha presentado ante esta soberanía una iniciativa de proyecto de decreto que adiciona la fracción XX, del artículo 27 constitucional, justamente para el concepto de desarrollo rural sustentable que establezca que la alimentación sea a partir preferentemente de la producción nacional de básicos y estratégicos, creándose además un Sistema Nacional de Reservas Alimentarias Estratégicas.

Por otra parte —termino— debemos destacar que dentro de la agenda legislativa del PRD tiene carácter prioritario presentar ante este pleno, una iniciativa que reglamente el derecho constitucional a la alimentación. Estimamos que una ley de esta naturaleza debe de ser el objetivo donde debemos concentrar nuestro esfuerzo legislativo.

Finalmente, por las razones anteriores propongo que se agregue como eje a partir del cual se desarrolle el programa de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, la aportación de insumos para el diseño de la ley reglamentaria de derecho a la alimentación en la perspectiva de la planeación participativa y los presupuestos multianuales. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Miguel Sámano tiene el uso de la voz.

El diputado Miguel Sámano Peralta: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. Los problemas que enfrenta el sector rural en México son muy diversos y complejos. Comprenden desde una baja productividad y escasa tecnificación hasta condiciones de abandono y niveles de pobreza que resultan realmente inaceptables.

Es necesario reconocer que a pesar de los esfuerzos realizados estamos ante un reto de elevadas dimensiones. Actualmente 25 millones de mexicanos dependen de las actividades del campo. En promedio dos de cada tres personas que viven en las zonas rurales son pobres y México tiene que importar cerca del 50 por ciento de los alimentos que consumimos.

La situación se agrava si consideramos los efectos que la peor sequía de los últimos 70 años, las heladas e inundaciones, han tenido sobre la producción en diversas regiones del país.

Para este año la Sagarpa estima afectaciones a 2.5 millones de hectáreas de tierras agrícolas; la reducción de la producción de maíz en un 17 por ciento; de frijol en un 40 por ciento; y la pérdida de más de 2 millones de cabezas de ganado. Éste último según cifras de organizaciones agrarias.

Ante un problema de estas dimensiones, la elaboración de propuestas como la reforma rural estructural iniciada por la anterior legislatura, resultan de vital importancia para impulsar el desarrollo del sector, sin importar qué tan urbana o rural sea nuestra vida.

Nuestra soberanía alimentaria depende de la agricultura, de la pesca o la ganadería y por lo tanto todos tenemos que contribuir a fortalecer el agro nacional.

Por ello en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor del punto de acuerdo presentado porque creemos firmemente que cada día que pasa es una oportunidad que se pierde para reactivar el campo como generador de riqueza y bienestar.

Con responsabilidad los invito a retomar los trabajos de la reforma rural estructural, sabedores de que los productores esperan propuestas, pero sobre todo respuestas, respuestas de sus legisladores para integrar al sector agropecuario al desarrollo económico del país; respuestas que se reflejen en mejores condiciones de vida para todo México. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado. A ver, don José Luis Oliveros Usabiaga, mi paisano Chelis de Apateo.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Agradezco a los que se han quedado a escucharnos una vez ya votado este punto.

Está claro por el contenido social, por la aportación a la alimentación y por los recursos naturales que utilizan, que el sector rural es el sector para el desarrollo de México.

Es a partir de ese reconocimiento, del sector, de las condiciones necesarias para permitir el desarrollo rural sustentable y la participación ciudadana, como los gobiernos de Acción Nacional han dado una visión al sector rural.

La construcción de una sociedad libre, independiente, así como la armonización del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permiten el abasto accesible, sano y de calidad de alimentos a la población, es justamente el desafío que debemos afrontar.

Los diputados del PAN asumimos el compromiso y la responsabilidad de promover una legislación acorde con esta visión. Para muestra, la creación del marco jurídico y la ley vigente durante nuestros gobiernos.

Ahora bien, si se busca una organización seria de este complejo tejido normativo, no se puede partir del planteamiento mezquino que trata de permear en la población un enfoque fatalista acerca del campo, pues lejos de construir, sugiere la necesidad de regresar a modelos basados en el proteccionismo y en el paternalismo ya fallidos.

Se debe procurar fortalecer instrumentos de política pública como el Programa Especial Concurrente, con el cual no se contaba y hoy permite aglutinar distintos programas dirigidos al sector rural. Sin embargo, no se trata de incrementar los cuantiosos recursos públicos que se le destinan, sino asegurar la transparencia, pero sobre todo dar resultados.

Para que exista una reforma estructural real en el campo se debe formular un nuevo modelo de propiedad agraria que empodere al ejidatario como legítimo propietario de la tierra, facultándolo para disponer de ella y que pueda migrar de un modelo de producción anacrónico a un esquema moderno y eficaz que le permita dar resultados a favor de su calidad de vida.

Por lo expuesto, los diputados del PAN ya nos manifestamos a favor de promover un marco jurídico sólido para el desarrollo rural sustentable, con una sociedad libre y participativa, nunca clientelar ni corporativa, que por ningún motivo se someta al campo a una política unilateral y paternalista, como ocurría en el arcaico y viejo régimen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Oliveros, muy apreciado Chelis. Finalmente, doña Ana Isabel Allende Cano, poblana, del Partido Revolucionario Institucional, que prácticamente cierra el orden del día de esta sesión.

La diputada Ana Isabel Allende Cano: Nuestro campo está atravesando una de las crisis más fuertes de las últimas décadas. Grandes sectores de la población dependen de que el campo mexicano se reactive. Sin embargo, las mismas condiciones naturales han generado las sequías más fuertes en los últimos 50 años.

Quienes viven del campo mexicano, muchas veces en zonas marginadas, padecen una serie de desventajas económicas y sociales que reclaman atención. De ahí que sea urgente legislar para que los campesinos y pequeños productores sean incorporados al desarrollo del país. Esto requiere forzosamente cambios de fondo, transformaciones institucionales y estructurales que estén orientadas a mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales.

Los diputados debemos ser los más cercanos a la población, conocer sus necesidades y traducirlas en instrumentos que se conviertan en políticas públicas que resuelvan los problemas más apremiantes de la población.

Sin embargo, en México tenemos un gobierno federal despiadado que en los momentos de mayor urgencia de los campesinos de nuestro país responde con trabas y burocratismos. En un verdadero país democrático no es posible que los altos funcionarios del Poder Ejecutivo restrinjan la voluntad popular que se manifiesta a través de los instrumentos legislativos que discutimos y aprobamos en esta Cámara.

Nuestros mandatos reflejan la necesidad del pueblo. Es común que en México el gobierno federal reporte subejercicios de programas como los del campo, que al final de cuentas son recursos públicos que no llegan a la gente que necesita producir y mantener a sus familias.

La falta de claridad en cuanto a los programas para el campo y las funciones de las dependencias encargadas de ponerlos en marcha, la duplicidad de actividades entre las dependencias y la incongruencia entre los programas, generan distorsiones que alejan a la población de los recursos.

Nos encontramos con una serie de reglas de operación que burocratizan el mandato popular y alejan a los campesinos de los programas que pueden coadyuvar al sostenimiento de sus necesidades básicas, y que a su vez permitan el desarrollo integral del campo.

Compañeros diputados, el hambre y la pobreza no deben de ser toleradas. Somos la esperanza de productores y campesinos. Hoy damos un primer paso, pero ya es tiempo de darle la justa dimensión al campo mexicano. Es urgente que trabajemos de la mano para generar consensos y discutir seriamente la reforma estructural del campo. Es tanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, breve y bueno, doblemente bueno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (14:17 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de octubre de 2012 a las 11 horas en punto, y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.

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