Comunicaciones
De la secretaría de cultura del GDF, con invitación a ceremonia cívica
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con diversos asuntos
Del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con informe
De la Procuraduría General de la República, por la que informa sobre designaciones
De la Secretaria de Educación Pública, relativa a la educación media superior
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
Del Congreso del Estado de Baja California, con iniciativa
Iniciativas de diputadas y de diputados
Martha Leticia Sosa Govea, PAN
María Esther Garza Moreno, PRI
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano
Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Nueva Alianza
Abel Octavio Salgado Peña, PRI
José Ángel González Serna, PAN
Carla Alicia Padilla Ramos, PVEM
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
María Sanjuana Cerda Franco, Nueva Alianza
Omar Antonio Borboa Becerra, PAN
Proposiciones de diputadas y de diputados
María Rebeca Terán Guevara, PRI, relativa a los pueblos indígenas
Roxana Luna Porquillo, PRD, relativa a la educación media superior
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano, relativa al Día Mundial de la salud mental
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
Efeméride
Con motivo del XXXVIII Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores diputados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 377 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:08 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría... Vamos a someter a discusión el acta. Voy a pedir a la Secretaría someta a discusión publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Huerta, por favor.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Es solamente para pedir, en el párrafo que está señalando lo del tema de obvia o urgente resolución, que se trató de Rápido y Furioso.
Desde mi punto de vista no refleja el agregado que propuse, y que la diputada Aleida aceptó, al punto de acuerdo original. Entonces para pedir que se rectifique en el acta sobre el tema.
El Presidente diputado José González Morfín: No, es que me dicen que no se aceptó y no se votó. No llegó a la Mesa una indicación de los promoventes de que se aceptaba esa adición. Nunca tuvimos en la Mesa y no se votó y no se adicionó así. A ver, es el mismo tema. Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Graciela Saldaña.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Es con el objeto de un documento que entregué ayer, una carta, para solicitar la intervención con respecto a un asunto en Quintana Roo, con un exhorto al gobernador Roberto Borge Angulo, por varios sucesos que han sucedido en el municipio de Benito Juárez. Quisiera que se suscriba en el Diario de los Debates y también la respuesta a esta petición.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedará en el Diario de los Debates. El asunto no fue considerado así por la Junta de Coordinación Política, en el acuerdo que turno a la Mesa Directiva, pero ya su posición ha quedado debidamente registrada, diputada.
A ver, sonido nuevamente en la curul en que se encuentra el diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): No, señor presidente, lamento mucho, pero está la versión estenográfica y la diputada Aleida se subió a tribuna y aquí mismo se subió, se puso a votación y se aprobó la adición del punto de acuerdo y está la propia diputada Aleida Alavez, que inclusive está en la versión estenográfica. Yo pido que se revise la versión estenográfica.
El Presidente diputado José González Morfín: No. Pero de verdad, diputado, nunca estuvo en manos de la Mesa una propuesta por escrito que pudiera ser sometida a votación y no se sometió a votación. Revise usted la versión estenográfica, la minuta de la sesión y verá que no se sometió a votación y en ese contexto no se podía adicionar.
Lo lamentó, pero si hay algún documento que haya recibido la Mesa donde conste esto, con mucho gusto lo revisamos, diputado, pero no tenemos eso en la Mesa. No llegó a la Mesa Directiva ese documento. Lo lamento, de verdad. Voy a pedir a la Secretaría continúe con el trámite.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada el acta. Le he dado dos veces el uso de la palabra y le he pedido que si tiene algún documento que haga constar que la Mesa recibió esa propuesta de adición. Con mucho gusto lo recibimos y lo tramitamos.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): No interprete lo que quiero decir.
El Presidente diputado José González Morfín: No vi que usted estaba pidiendo la palabra, diputado. No me informaron. Ya se lo dije que no me informaron. Yo creí que se trataba del diputado Huerta nuevamente. Bueno, no puedo hacerlo si no me lo hacen de mi conocimiento. Lo lamento. Ábrase el micrófono en donde se encuentra el diputado Muñoz.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Creo que debe tener sensibilidad para abordar el problema que está planteando el diputado. Si hay alguna duda sobre el contenido del acta y él lo está solicitando, me parece que lo que debería hacerse es modificar este punto del orden del día, revisar la versión estenográfica y votarlo en la próxima sesión. Eso es lo que debería hacer en con sensibilidad para resolver este punto.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que tome nota y si hay que revisar cualquier procedimiento, lo revisaremos con mucho gusto, diputado.
Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Informo a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integran las comisiones.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la resistencia y dignidad de los pueblos, que tendrá lugar el 12 de octubre a las 10 horas.
El Presidente diputado José González Morfín: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a la diputada Josefina García Hernández, a la diputada Margarita Saldaña y a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los siguientes asuntos:
1. Oficio por el que informa que rindieron la protesta de ley los jefes delegacionales electos del Distrito Federal, para el periodo 2012-2015.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta asamblea se da por enterado.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: 2. Acuerdo aprobado, por el que se exhorta a los diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión a que de manera expresa y/o por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Salud para su atención.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió oficio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que remite el informe de labores del 2011.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de la Función Pública para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió oficio de la Procuraduría General de la República, por el que informa la designación del director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional; del director de Vinculación con el Congreso de la Unión, y los enlaces con las Cámaras de Senadores y Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Remítase a la Mesa Directiva y a la Comisión de Justicia para su conocimiento.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con el oficio de la Secretaría de Educación Pública.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibió oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que remite el documento titulado “Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la educación media superior en la demanda futura por servicios educativos presupuestales”, de conformidad con el acuerdo R.30a.15, derivado de la trigésima reunión plenaria ordinaria del CONAEDU.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su atención.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas e informa de los que han dejado de prestarlos en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América.
El Presidente diputado José González Morfín: La solicitud de permiso se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Y por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios comuníquese a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, contestación a punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, relativo a la creación de un Fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A-H7N3.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase al promovente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibió del Congreso del Estado de Baja California, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Honorable Legislatura, me permito presentar propuesta de reforma al artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente exposición de motivos:
México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprenden 1 millón 567 mil 300 hectáreas de superficies distribuidas en 166 municipios de 17 estados costeros. De la superficie total de la zona federal casi el 70 por ciento corresponde a las vertientes del Océano Pacífico, mientras que poco más del 30 por ciento corresponde a zonas costeras del Golfo de México y mar Caribe.
La Ley Federal de Derechos en su artículo 232 establece la obligación de pago por el uso, goce y aprovechamiento de las playas, terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marinas; de igual forma los puertos terminales, instalaciones portuarias, la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), los diques, los cauces, los vasos, las zonas de corriente, los depósitos de propiedad nacional y otros muebles de dominio público tienen que pagar un derecho de acuerdo al tipo de uso, ya sea general, para protección u ornato, y de uso agropecuario.
Antes del año 1992 las fracciones I y II del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, contemplaban el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado, a una tasa del 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante, más el 1 por ciento del valor del inmueble en ella construido. Este sistema era poco práctico pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo el concesionario pagaba más.
Sin embargo, en diciembre de 1997 se modificó este artículo creando un inciso c) y clasificando a los municipios costeros del país en 10 zonas tarifarias –de la 1 a la 10-, en donde la primera es la más económica y la última la más cara, de tal suerte que la cantidad a pagar por concepto de derechos es el resultado de multiplicar los metros cuadrados del área concesionada por el costo establecido, de acuerdo a la zona de clasificación que corresponda.
Es de hacer notar que el criterio establecido en la ley en cuanto a la clasificación de estas zonas fiscales, se basa en el nivel socioeconómico de los municipios costeros. Así, hasta el año 2010 se consideraron en el artículo 232-D 10 zonas fiscales en las cuales se incluyen desde los municipios más pobres económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, especialmente desde el punto de vista turístico.
En ese sentido, con la primera clasificación el estado de Colima ocupó dos zonas tarifarias. Los municipios de Armería y Tecomán fueron ubicados en la zona III, mientras que Manzanillo se ubicó en la zona VIII, con lo cual se marca una gran diferencia entre municipios del mismo estado aun reconociendo que el potencial turístico de Manzanillo es mayor al de los otros dos municipios.
Esta clasificación tarifaria, compañeros diputados, se ha considerado lesiva para Manzanillo porque lo igualan en desarrollo turístico con otros de mayor infraestructura y potencial económico como Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas; Puerto Peñasco, en Sonora; Isla Mujeres en Quintana Roo; Mazatlán, en Sinaloa; y Veracruz y Boca del Río, en Veracruz; por lo que diversos concesionarios a través de asociaciones han planteado esa discrepancia y solicitado ante diversas instancias la reclasificación de Manzanillo de esta zona tarifaria 8, a la 7, una menor de la que actualmente está.
Sustentan la demanda en el hecho de que Manzanillo sólo cuenta con un total de 3 mil 534 cuartos de hotel, con una tasa de crecimiento prácticamente estática, en su reducido número de vuelos y de líneas aéreas, falta de consolidación y permanencia de los cruceros turísticos que arriban al puerto y que son muy variables; también por la deficiente infraestructura urbana y la falta de inversión en infraestructura turística. Es de hacer notar que Manzanillo hasta el momento no cuenta con un centro de convenciones, además de que el mayor interés económico recae en la actividad portuaria. A lo anterior habría que agregar que Manzanillo es turístico solamente en temporadas.
Es por ello que resumo en obvio de tiempo y pidiendo que se inserte íntegra esta exposición en el Diario de los Debates, que se considere el análisis para que Manzanillo sea reclasificado en la zona tarifaria VII, dentro del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con su anuencia, señor Presidente; compañeros legisladores y compañeras legisladoras, en base a las disposiciones que establece la condición de presentar iniciativas, me permito hacer la exposición de motivos en relación con la presente iniciativa.
El derecho de los jóvenes a una educación de calidad es un aspecto elemental para el crecimiento y el desarrollo de cada país. En ese sentido, la educación superior constituye sin duda uno de los temas de mayor trascendencia para el presente y el futuro de los estudiantes de México.
La realidad de fuertes disparidades y exclusión social de nuestro país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación, con brechas importantes en todos los niveles, pero sobre todo a nivel superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no acceden, y muchos de los que ingresan no pueden concluir. También existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas en zonas rurales y urbanas.
En el informe Panorama Educativo 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el bachillerato con 47 por ciento y en gasto por alumno penúltimo sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20 por ciento. Alcanza el tercer lugar en cuanto al mayor número de ninis y el undécimo en lo que se refiere a la tasa de desempleados con educación universitaria.
Al presentar el panorama de la educación 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que hasta el año 2010, sólo 22 por ciento de la población en el rango de edad entre los 25 y 34 años tenían estudios universitarios, lo que provocó que nuestro país se situara en el grupo de naciones que acumulan retraso en ese nivel educativo.
La cobertura en educación superior en México es del 30 por ciento, lo cual es insuficiente. Aún estamos muy rezagados frente a países como Finlandia, que tiene 94 por ciento; Estados Unidos de América, en donde se acerca al 83 por ciento; Uruguay, 65 por ciento; y Chile, 55 por ciento, España tiene también coberturas altas y Argentina tiene más del 60 por ciento.
Estas brechas son un desafío para los objetivos de la equidad en el ámbito educativo. Los rezagos más importantes en el sistema educativo nacional son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de tecnología e información, así como superar la desvinculación entre la educación media superior y superior y el sistema productivo.
En México, muchas instituciones de educación superior trabajan por debajo de su capacidad, ya que la demanda educativa está muy concentrada. Por otra parte, el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes se incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo. Ello habla de manera elocuente del problema de la falta de vinculación entre la educación superior y el mercado laboral.
México necesita desarrollar una estrategia educativa a largo plazo, para garantizar un nivel general de habilidades y conocimiento más alto, lo que facilitaría el crecimiento económico y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
Es por todos estos motivos que la educación superior en México requiere, sin lugar a dudas, tener obligatoriedad; asegurará las bases de una sociedad del conocimiento en el país de profesionistas, técnicos y científicos que nuestro país demanda.
En ese menester de ideas y mandatos y para lograr los objetivos planteados en esta iniciativa, resulta necesario fortalecer el orden jurídico nacional e institucional de nuestro sistema educativo nacional, para que la educación superior tenga obligatoriedad en México.
Por lo expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3º y 8 de la Ley General de Educación que de manera resumida establecen la obligatoriedad del gobierno, de los padres de familia, de trabajar para que en el caso de la educación superior, sea obligatoria en este país. Muchísimas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.
La diputada María Esther Garza Moreno: Con su permiso, señor presidente. Con las potestades que la ley me otorga, con su venia.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, el motivo de mi intervención es presentar a esta soberanía iniciativa de ley sobre un tema que me preocupa y me ocupa. Hemos tenido la experiencia de construir un centro de rehabilitación para adictos y a la vez trabajar con ellos directamente. Aquí nos hemos dado cuenta que varias de las adicciones inician fumando. Como dicen ellos, echando humo.
Ese humo gris, como la vida de los niños que pierden a sus padres por cáncer de pulmón, cáncer de laringe; ese humo gris, como la vida de los adictos; esa vida gris, como de las familias que llevan a cuestas este problema.
Los jóvenes se están enganchando con esta adicción cada vez más pequeños, y ahora como buenos mexicanos juegan con la vida. Cuando van a cualquier tienda a comprar los cigarros piden uno de rata, uno de pulmón ahumado o uno de pie negro.
Hay muchas formas de inhibir el consumo del tabaco, aumentar los impuestos es una de ellas, pero no es la única. Aumentar el precio fomenta el comercio ilegal y el contrabando.
La mercadotecnia ha hecho que se fume más. Hagamos, con esta misma herramienta, que se desinhiba el consumo del tabaco. Países avanzados como Australia, Canadá y Gran Bretaña, establecen en su legislación que los empaquetados y etiquetados sean del mismo color.
En Australia es verde olivo. Nosotros estamos proponiendo que sea color blanco y negro, el objetivo es reducir el atractivo de compra para los más jóvenes, para los que inician.
Este empaque único que no tenga ningún diferente color ni atractivo, para que no les llame la atención y para que no los compren. Si aprobamos y aplicamos estas medidas, reduciremos notablemente el consumo del tabaco y nos garantizará una población más saludable y un menor gasto de servicios de salud.
La Organización Mundial de la Salud estima que al año mueren 6 millones de personas por enfermedades relacionadas con el consumo y exposición al humo del tabaco. Y en México, 60 mil personas mueren por la misma causa. Nuestro país gasta al año en tratamiento para enfermedades relacionadas con el tabaquismo cerca de 45 mil millones de pesos.
Hay un millón de razones para dejar de fumar y ninguna para fumar. Avancemos en nuestra legislación protegiendo a nuestra juventud y anteponiendo siempre la salud de todos nosotros. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es una iniciativa que presento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Estimados compañeros diputados, yo creo que todos ustedes coinciden conmigo en que a nivel local el proceso de democratización no ha sido tan profundo y vigoroso como, a pesar de todas las dificultades, sí lo ha sido a nivel federal.
La llegada de la democracia a nivel federal, de hecho capturó la atención de la ciudadanía, de los medios de comunicación, también de la comunidad internacional y por eso mismo, la construcción de instituciones democráticas fuertes, como el propio Instituto Federal Electoral, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue posible, y hoy en día, a pesar de todo lo que falta por hacer, podemos decir que son dos pilares de la democracia mexicana.
Sin embargo, desafortunadamente la democratización a nivel local no ha seguido el mismo ímpetu y no ha estado sujeta al escrutinio público y esto ha permitido que se conserven diversos rasgos autoritarios en varias entidades federativas.
Hoy vemos a gobernadores comportándose, en sus estados, como auténticos caciques, sin contrapesos federales, apoyando a sus delfines con dinero público y con todo el peso del aparato gubernamental.
Vemos también a políticos violentando la autonomía que la Constitución Política en su artículo 116 otorga a las autoridades electorales locales.
Vemos hoy en día titulares de organismos electorales nombrados a modo, amiguismo, uso faccioso y manipulación de los órganos electorales y todo esto, sin duda, pone en riesgo su razón de existir.
Y además, también tenemos, aunado a lo anterior, un problema de diseño institucional, ya que cada estado señala en su propia constitución cómo se han de elegir a las autoridades electorales locales, así como la duración de su encargo y los requisitos para acceder al cargo.
Y a falta, precisamente, de una legislación homologada, la autonomía de las autoridades electorales en varios estados, se encuentra permanentemente en entredicho y con ello la validez de las elecciones.
Mantener la autonomía, imparcialidad, institucionalidad y el carácter técnico y ciudadano de las autoridades electorales y locales requiere de un nuevo diseño institucional, homologado en todo el país.
Por eso resulta de fundamental importancia establecer, como se pretende con esta iniciativa, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las pautas generales que garanticen la imparcialidad en el ejercicio del deber de los titulares de los órganos electorales a nivel estatal.
Es necesario determinar, desde nuestra Carta Magna, los criterios básicos de integración y funcionamiento, tanto de los institutos y consejos como de los tribunales electorales en cada una de las 32 entidades de nuestro país.
Fijar desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los lineamientos básicos de la duración del encargo, del método de selección y del perfil técnico de consejeros y magistrados electorales, refuerza y dificulta el proceso para realizar modificaciones que atenten contra la independencia de estos pilares de la democracia.
Para ello se propone una reforma al artículo 116 de la Constitución, para expresar en forma clara que las autoridades electorales administrativas y judiciales de los estados se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
También garantizar la autonomía e independencia de las autoridades electorales de los Poderes Ejecutivos locales, definiendo expresamente que en la integración de dichas autoridades participarán las Legislaturas de cada estado, los partidos políticos y los ciudadanos, previa convocatoria pública, certera y transparente, a fin de acotar un indebido ejercicio de la facultad de nombramiento con la que hoy en día cuentan los Ejecutivos locales en diversos estados, así como los respectivos grupos parlamentarios en los órganos legislativos locales, para nombrar a los consejeros electorales locales, y esto afecta la equidad e imparcialidad en la contienda electoral.
En ese sentido pretendemos establecer expresamente a nivel constitucional que para la integración y organización de los institutos electorales estatales es necesario lo siguiente:
Primero, que la integración y organización de las autoridades electorales estatales se sujete a lo dispuesto por los artículos 41, base V, y 99 de esta Constitución, para las autoridades electorales federales. Es decir, homologar el procedimiento por el cual se elige hoy en día al IFE con el procedimiento con el que se deberán elegir los institutos electorales en los estados.
Segundo, que los consejeros electorales que integren las mencionadas autoridades administrativas, electorales locales, duren en su encargo nueve años y sean renovados en forma escalonada y además que no puedan ser reelectos ni ocupar cargos públicos en cuya elección hayan participado y dentro de los tres años siguientes a la fecha de su retiro.
Estoy por terminar, presidente. Solicito que se amplíe a 10 minutos, tratándose de reforma constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: No puedo, diputado. El Reglamento es muy claro, sólo para leyes generales. Son cinco minutos los que tiene. Le pediría que pudiera concluir.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: ¿Para reforma constitucional son cinco minutos?
El Presidente diputado José González Morfín: Así es, diputado. Está en el Reglamento.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Pero le pregunto si la reforma constitucional...
El Presidente diputado José González Morfín: Así es, diputado.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Esto es reforma constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, lo sé. Pero sólo para leyes generales. Las iniciativas de reforma constitucional también tienen cinco minutos, y así lo hemos hecho en todas las sesiones.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Concluyo ya. Tercero, que además de los requisitos señalados por la ley deberán poseer al día de la designación un título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral.
Es decir, de esta manera estamos buscando homologar en cada uno de los estados un sistema electoral que garantice autonomía e independencia, algo que hoy en día ciertamente no hemos podido apreciar en muchos estados donde vemos cómo los gobernadores intervienen impunemente y esto finalmente afecta precisamente la calidad de nuestra democracia. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Martí Batres Guadarrama: Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Martí Batres Guadarrama: Recientemente por mayoría de este pleno de la Cámara de Diputados, se decidió establecer en la Ley Federal del Trabajo el contrato por hora, así como nuevas modalidades de contratación para elevar la productividad, según se dijo.
Por ejemplo, los contratos a prueba. Si estas medidas tan fuertes, tan duras se consideran por la mayoría de este pleno como buenas para los trabajadores, es justo que la Legislatura se las aplique a sí misma y predique con el ejemplo.
Con el propósito de facilitar dicho objetivo, sometemos a consideración de este pleno dos propuestas análogas al pago por hora y al contrato a prueba para que sean aplicadas al conjunto de legisladores y legisladoras.
Dichas propuestas por lo demás son congruentes con las iniciativas legislativas que para la austeridad republicana y la democracia participativa ha presentado la izquierda parlamentaria ya en otras ocasiones, y con los propósitos de hacer eficiente el trabajo legislativo y avanzar hacia una nueva reforma política.
Propongo entonces se apliquen a los legisladores y legisladoras las figuras de pago por hora y contrato a prueba. El pago por hora sería a través de la modalidad de pagar a legisladores y legisladoras por las sesiones a las que se asista, invirtiendo el principio establecido de descontar por ausencia para introducir el principio de pagar por asistencia.
En este caso tenemos ya la experiencia de los Consejos Ciudadanos del Distrito Federal, que funcionaron entre 1995 y 1997 y establecían ese mecanismo de pago por sesión a los consejeros ciudadanos. De igual manera, existe ya en algunas regiones de España esta discusión de que en un marco de austeridad se debe pagar a los legisladores por su asistencia a las sesiones.
Asimismo, propongo establecer una especie de contrato a prueba a través de la figura de revocación del mandato, de tal forma que la ciudadanía pueda revocar el mandato a legisladoras y legisladores en cualquier momento.
Tomando en cuenta que el Congreso mexicano es, después del británico el más caro del mundo, por encima del Congreso de Estados Unidos, de Canadá, España y Australia y el que mayor porcentaje del producto interno bruto de su país representa, así como la necesidad de mejorar la eficacia de su trabajo y ampliar los márgenes de participación ciudadana, me parece que no habrá inconveniente en que esta iniciativa sea aprobada por la mayoría que le acaba de recetar contratos a prueba y contratos por hora a los trabajadores y trabajadoras. A final de cuentas, el patrón de esta Legislatura es la ciudadanía y es la que debe decidir a quién contrata, quién se queda en el puesto, con qué costo y a quién despide y en qué momento.
Asimismo, esta reforma se traduciría en los textos siguientes:
En los artículos de la Constitución, 64, que diría: Los diputados y senadores cobrarán su dieta con base en el monto máximo mensual señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será dividido entre las sesiones, tanto de pleno general como de comisiones a las que pertenezca cada legislador, el cual sólo recibirá el monto correspondiente a las sesiones a las que asista y permanezca.
Propongo en el artículo 73, fracción XXIX-Q, decir lo siguiente: Para expedir las leyes que establezcan a nivel federal instrumentos de democracia participativa y deliberativa, entre los que deberá incluirse la revocación del mandato de quienes ocupen cargos de elección popular, como una nueva facultad del Congreso de la Unión.
Termino mi intervención simplemente haciendo referencia al punto que el periódico Reforma destaca hoy sobre el desaseo parlamentario en el dictamen de reforma laboral y la minuta que fue enviada al Senado que tiene no sólo errores, sino una falsificación, lo cual simplemente confirma el apresuramiento por sacar a toda prisa una reforma laboral a modo de los patrocinadores.
Firman esta iniciativa también –la suscriben- el diputado Ricardo Monreal, el diputado Gerardo Villanueva, la diputada Yazmin de los Ángeles Copete, el diputado Domitilo Posadas y la diputada Luisa María Alcalde. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Nada más, señor presidente, para sumarme a la iniciativa que también suscribo y que quede registrado en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Así ha quedado ya, diputado; muchas gracias. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Para el mismo objeto, diputado Medina?
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana Desde la curul): Sí, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedirle a la Secretaría que deje abierta la iniciativa que presentó el diputado Martí Batres, para que quienes deseen suscribirla puedan pasar a hacerlo a la Secretaría.
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Camarena, por favor.
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul). Quisiera pedirle, con todo respeto, señor presidente, que se le proponga al diputado Martí Batres, que se pudiera adicionar a esa iniciativa el que también cuando hay una asamblea como lo fue la pasada para poder determinar la ley Federal del Trabajo a la que se ha referido, también cuando ellos hacen el mal uso de la tribuna, la toman e impiden que todos los diputados estemos trabajando, que también ahí haya una sanción económica para quienes hacen uso de la tribuna de esta manera.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado; eso ameritaría una nueva iniciativa de ley. Bien, ha sido turnada ya la iniciativa, que por supuesto que no está a discusión.
El diputado Martí Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul donde se encuentra el diputado Martí Batres, para alusiones personales.
El diputado Martí Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado presidente, solamente para señalar que la iniciativa no está a discusión en este momento...
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, ya lo había dicho.
El diputado Martí Batres Guadarrama (desde la curul): ... usted ha permitido que se haga una expresión al respecto, pero si quiere la discutimos por obvia y urgente resolución. Estoy seguro que los diputados del PAN votarán a favor igual que los diputados del PRI. Estamos listos. Adelante.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No está a discusión la iniciativa y vamos a continuar con el desarrollo de la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Señor diputado Presidente, diputadas y diputados. El Poder Legislativo y el gobierno federal han hecho diversos esfuerzos para generar certeza jurídica y facilitar a los sectores productivos y a la sociedad en general, el acceso a información pública gubernamental que permita registrar sus actividades, cumplir con obligaciones y acceder a servicios, ya sea identificando y simplificando trámites o reformando o admitiendo leyes.
Algunos de estos esfuerzos son: la publicación en 1994 de la Nueva Ley de Procedimiento Administrativo la cual aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal, de manera supletoria, las diversas leyes administrativos; la reforma en el año 2000 a dicha ley que elevó a obligatorio el contar y actualizar con el Registro Federal de Trámites y Servicios y el que no se puedan exigir más requisitos a los particulares que los previstos en dicho registro.
Además se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Este registro actualmente cuenta con dos mil 900 trámites registrados, es de fácil acceso y se puede consultar a través de Internet. Son trámites que van desde cómo obtener el registro de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta cómo obtener apoyos crediticios, cualquiera que sea su tamaño de empresa, otorgados por la Secretaría de Economía.
Debemos reconocer que México ha tenido avances importantes en materia de mejora regulatoria, competitividad y acceso a la información pública gubernamental. Así lo señala la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en su informe 2011 documento que por obligación legal fue entregado a esta LXII Legislatura.
En él se hace referencia a un reporte denominado Haciendo negocios 2012, del Banco Mundial, en el cual se señala que México se encuentra en el lugar 53 de 183 economías evaluadas, con facilidad de hacer negocios a nivel mundial.
Sin embargo, también debemos señalar que aún estamos competitivamente por debajo de países como Chile, Perú y Colombia y todavía hoy en algunos estados de nuestro país para abrir una empresa se requieren entre seis y 53 días hábiles, dependiendo de la entidad federativa
Compañeras y compañeros: a través de esta iniciativa que someto a su consideración se pretende fortalecer la labor de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del propio sector público, ampliando obligaciones y facultades con el fin de facilitar el avance de la competitividad de nuestro país.
Ejemplo de esto es modificar el plazo de elaboración de los programas de mejora regulatoria del sector público para que éstos se elaboren cada año y no cada dos años, como actualmente se encuentra estipulado en la ley y que éstos a su vez sean dictaminados y autorizados por la Cofemer.
Precisar como obligación de la Cofemer la revisión anual al marco jurídico de la administración pública federal, así como al propio registro; facultar a las dependencias del gobierno federal para que emitan acuerdos para la reducción de plazos de respuesta y adopten el mecanismo de respuesta afirmativa en beneficio de los particulares, siempre y cuando ello no afecte el interés público y social; facultar a la Cofemer para que haga recomendaciones a la administración pública federal para que registren trámites que a su juicio no se encuentren inscritos o que se modifiquen existentes.
Asimismo y con el fin de aprovechar de manera más eficiente los recursos humanos y presupuestales destinados a la mejora de la gestión pública, se propone, dentro de esta iniciativa, establecer como obligación de la Cofemer identificar trámites que por su importancia o relevancia se deben de incluir anualmente en los programas de auditoría y mejora de la gestión pública que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública y la obligatoriedad de que esta última acate dicha recomendación.
Establecer el mecanismo de denuncia que debe seguir el particular en caso de que se le exijan requisitos que no se encuentren previstos en dicho registro; fortalecer el apartado de sanciones a servidores públicos tomando en cuenta las nuevas obligaciones que tiene la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública.
Por otra parte, esta iniciativa también pretende dar mayor certeza jurídica al particular en cuanto al tiempo de respuesta que debe aplicar a sus peticiones o trámites, así como a la caducidad de los mismos, cuando esto no se encuentre previsto en las leyes y disposiciones de carácter general aplicables.
Sobre ello se propone: modificar el tiempo de respuesta y caducidad de tres meses a 90 días que señala actualmente la ley, y especificar que este plazo también aplica a los organismos desconcentrados. Y adicionar el artículo 17-C, con el fin de prever un plazo de respuesta cuando interviene más de una autoridad para resolver un trámite.
El resultado de adoptar este artículo es que no existe un abuso en los tiempos de respuesta al particular, ya que al intervenir varias autoridades, el plazo de tres meses se extiende en ocasiones a más de un año.
Con esta propuesta los legisladores del Partido Verde Ecologista de México hacemos patente nuestro compromiso de seguir trabajando por hacer de México un país más competitivo, así como mejorar el acceso a la información pública gubernamental y facilitar a los sectores productivos y a la sociedad en general, el que puedan obtener de manera cada vez más rápida y eficiente, beneficios o servicios del sector público. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Francisco Coronato, del Movimiento Ciudadano para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores.
Me permito someter a la soberanía de esta Cámara de representantes populares, la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 29, 34, 40, 42, 46, 47, 69, y 70 de la Ley General de Educación.
La presente iniciativa tiene la finalidad que la educación que imparta el Estado sea congruente con la premisa que establece el artículo 3o. de la Carta Magna, que tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano fomentando en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
Consciente de que la premisa de generar técnicos en mano de obra barata para las empresas tanto nacionales como trasnacionales, observamos que se sustituyó la necesidad nacional de generar ciudadanos íntegros a partir de las bases de un pensamiento humanista y crítico que permita el desarrollo tanto personal de cada uno de ellos, como colectivo para el beneficio y desarrollo nacional.
Para ello, debemos dejar de ver a los educandos como baldes vacíos, que se deben llenar de conocimientos, que únicamente le sirven para que memoricen nociones y conceptos, lo cual dista mucho de generar una conciencia reflexiva, con bases críticas e incapaces de entender al mundo y a quienes hay que obligar a ser una persona de bien, en lugar de guiar y enseñar para que así sea.
Tengamos presente que los seres humanos somos mucho más que acumulación de conocimientos y fuerza de trabajo. Hablar de educación integral abarca múltiples campos del quehacer humano, por tanto resulta impertinente separar los campos de la sociedad al arte, la ciencia, la vida política; reconocimiento por supuesto que la familia tiene un vínculo estrecho.
Conscientes de que todo ello pertenece a una sociedad con capitales simbólicos, inscrita en una cultura común, si bien cada una de éstas tiene sus especificidades, tratarlas como ajenas y excluyentes entre sí contribuye a mermar la integralidad del ser humano y por ende a la patria misma.
Recordemos que la necesidad de garantizar una educación pública de carácter integral, que procure el amor a la patria y el desarrollo pleno y armónico del ser humano, es una obligación del Estado mexicano consignada no sólo en nuestra Carta Magna, sino en el derecho internacional de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos 26 y 12, respectivamente.
Por ende, contribuir a través del servicio público de la educación a la conformación de una cultura por el respeto irrestricto a la dignidad del ser humano no sólo es una obligación del Estado mexicano, sino un derecho fundamental. Por ello es de la mayor importancia y relevancia que la presente reforma, con su participación genere la adecuación de la Ley General de Educación a la premisa que establece precisamente el artículo 3º de la Carta Magna, y por ende se revisen y actualicen los planes y programas de estudio de todo nuestro sistema educativo nacional, propiciando esa reforma educativa que necesitamos sin duda, y merecemos.
Es el lograr que el sistema educativo nacional imparta de manera integral sus conocimientos, tendientes a lograr que los individuos sirvan a la sociedad como una persona con plenitud de valores, tanto en lo intelectual como en su formación humanista.
Igualmente, cabe destacar que como parte fundamental de esta reforma se propone fomentar en el sistema educativo nacional la participación social, integrada con los padres de familia; sus asociaciones; maestros y directivos, y por supuesto de los educandos.
Concluyo mi intervención con esta frase acuñada por el licenciado Benito Pablo Juárez García, quien dijo: La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el esclarecimiento de los pueblos.
Es cuanto, señor presidente, y le solicito respetuosamente sea incorporada esta exposición en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, doña María Talamante Lemas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
En tanto, esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a Carlos Retureta, a Hernando Sangabriel y a Javier Candanedo, presidentes municipales de Actopan, Coacoatzintla y de Misantla, Veracruz, invitados por don Alejandro Montano Guzmán. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la educación financiera pone al alcance de las personas información que les permite acceder a conocimientos básicos de cómo funciona la economía y las finanzas, y que éstas se encuentran íntimamente relacionadas con su vida diaria.
La educación financiera inscrita en el contexto de la educación para la vida, es una llave de entrada al siglo XXI y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente, provee a las personas los medios necesarios para alcanzar una vida mejor, tanto personal como social, al proponer las herramientas para alcanzar sus metas personales.
En un contexto de dinamismo económico, la educación financiera presenta la oportunidad de blindar a la ciudadanía con herramientas que les permita tomar decisiones económicas mediante inversiones de mediano y largo plazo en bienes y servicios duraderos.
La Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios en las Instituciones Financieras (Condusef) dio a conocer mediante un sondeo de opinión, que el 48 por ciento de los encuestados asegura que nadie le enseñó administrar su dinero; el 52 restante, 49 afirma que fueron sus padres, además 21 de los participantes no lleva un registro puntual de sus ingresos y gastos, mientras que el 32 lo hace ocasionalmente.
Lo anterior, nos confirma que uno de los aspectos que más se ha descuidado en el país, es precisamente la educación económica y financiera. La mayor parte de la población en México desconoce qué tipo de consideraciones se debe tener en cuenta en materia de gastos básicos, administración de deuda y prácticas de consumo.
Una educación financiera permitirá contar con una herramienta adecuada, para que los deudores responsables se conviertan en ahorradores consistentes y manejen las diversas alternativas del mercado financiero a su favor.
Es evidente que se requiere información clara que nos permita tomar las mejores decisiones como usuarios de los servicios financieros.
Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que sometemos a consideración no es menor. Cuántos casos existen en que las personas acceden a créditos que resultan impagables por su poca capacidad de pago, o las personas que por falta de información y práctica de consumo adquieren productos y servicios a través de tarjetas de crédito, a meses sin intereses y cuando menos se dan cuenta sus gastos superan con mucho sus propios ingresos.
Ante esta situación el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos indispensable que uno de los fines de la educación sea la de proporcionar educación financiera desde el nivel básico acorde a los planes de estudio.
Que lo que proponemos y ponemos a su consideración, adicionar una fracción XXIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, ya que estamos convencidos que si queremos transformar a México tenemos la obligación de despertar a los niños, adolescentes, adultos, el interés de los temas de educación financiera.
Con dicha propuesta estaremos generando ciudadanos informados y responsables para la toma de decisión respecto a los servicios que presentan las diferentes instituciones bancarias para la formación de un patrimonio.
Generar la cultura del ahorro, adquirir una vivienda o aceptar un crédito a largo plazo. No perdamos la oportunidad de dar el siguiente paso que nos permite colocarnos en la senda del desarrollo a través del uso y manejo de productos financieros de manera transparente y responsable. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abel Octavio Salgado Peña, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la sucesión es el acto jurídico por el cual se transmiten los bienes, derechos y obligaciones que constituye la herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte de una persona.
En el derecho agrario esta figura opera conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, en el que de su lectura se desprende que para hacer efectiva la sucesión de los derechos citados se requiere que el ejidatario enliste a aquellas personas sobre las cuales recaiga la adjudicación de los derechos de la parcela una vez que haya fallecido.
Además de la redacción del artículo 17 citado se desprende la elaboración de una lista, que es para designar a un número indeterminado de sucesores, de acuerdo a la voluntad del ejidatario, en el que cada uno ejerce una vigencia de derechos de manera individual, es decir, la lista de sucesión es con carácter individual para que el siguiente en el orden de la lista ejerza los derechos que considere pertinentes sobre el ejido en cuestión.
Ampliando el anterior párrafo esta iniciativa que presento lo que pretende es dejar la posibilidad al ejidatario de testar el ejido, motivo de la aplicación del artículo 17 multicitado, a favor de los dependientes económicos del ejidatario, que a manera de beneficiarios éste designe y por partes iguales, entero desea cuidar al ejido cuando éste opere con la figura de patrimonio familiar.
Los beneficios que generaría la implementación de este testamento agrario son proteger el patrimonio del campesino y su familia, mediante el testamento se define con precisión quién o quiénes heredarán los derechos, lo que evitará posibles conflictos, gastos económicos, pérdida de tiempo y alteraciones de la tranquilidad familiar e incluso de la paz en muchas comunidades. La asesoría para la elaboración del testamento puede ser gratuita, su formalización se lleva a cabo ante notario público y su depósito es en el Registro Agrario Nacional.
Fomenta la continuidad en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, ayuda a mantener actualizado el padrón de ejidatarios o comuneros, lo que permite identificar quiénes pueden participar en las asambleas del núcleo y por tanto contribuye a la paz social en el campo, evita los conflictos evitando que sólo una persona ocupe la lista de sucesores y sustituyéndolo por la figura de testamento para proteger el patrimonio.
Para el caso de la herencia el documento que hace efectivos los derechos es conocido como testamento, en el que se constituye la voluntad del testador a favor de las personas de su elección. Sabemos que dentro de las formalidades el testamento es un acto personalísimo, es un acto unilateral, es solemne, siendo la expresión de la última voluntad con carácter de irrevocable.
El Registro Agrario Nacional expide los certificados parcelarios, los certificados de derecho sobre tierras de uso común y los títulos de solares urbanos. Estos documentos se emiten de forma gratuita, derivados del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, mejor conocidos como Procede, en el cual concluyen los esfuerzos de todas las instituciones que integran el sector agrario.
Los bienes que la ley prevé y pueden ser objeto de herencia mediante testamento agrario son las parcelas de que sea titular el testador, sobre las cuales se hayan expedido certificados al ejidatario, comunero o posesionario.
No es posible incluir en un testamento agrario otros bienes inmuebles, como es el caso de los solares, propiedad del autor de la sucesión y que han sido titulados debido a que ya no se encuentran sujetos al régimen ejidal, sino a las disposiciones que marque el Código Civil de la entidad correspondiente.
Tampoco pueden ser parte de un testamento agrario disposiciones de herederos, que versen sobre cualquier otro bien de carácter patrimonial, como fincas urbanas o rústicas de propiedad particular, tractores, mobiliario, ganado, herramienta, aperos de labranza, antigüedad, etcétera.
Las listas de sucesión comenzaron a formalizarse a partir del año 1915 y dejaron de levantarse el 26 de febrero de 1992. A partir de marzo de ese año y hasta la fecha se han estado levantando a manera de testamentos agrarios, que en esencia son las mismas listas de sucesión, pero fortalecidas por la Ley Agraria con derechos inherentes.
En otras palabras, compañeras y compañeros diputados, mientras la sesión de derechos es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, en el testamento se dispone que los bienes de una persona, ya sea total o parcialmente, lo cual hace después de su muerte con las formalidades de ley y dentro de los límites que ésta señala.
En suma, lo que en esta iniciativa estamos proponiendo, compañeras y compañeros diputados, es darle el derecho a cualquier poseedor de una parcela en un ejido o comunidad agraria de poder heredarla a sus familiares sin la necesidad de que exista una lista de prelación con derechos exclusivos a una sola persona. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Abel Octavio Salgado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz, el señor diputado don José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio.
El diputado José Ángel González Serna: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, las acciones emprendidas en nuestro país durante la última década en materia de buenas prácticas en la administración pública se han enfocado en gran parte a la simplificación de trámites, y ahora el gran reto al que nos enfrentamos es el de lograr eliminar los trámites y cargas adicionales innecesarias para los particulares que participan en algún acto mercantil.
Claro está sin dejar de lado la certidumbre jurídica de quienes intervienen en los mismos, de ahí que se considera de especial importancia realizar un análisis y actualización de nuestro marco jurídico que permita dar celeridad a la celebración de actos mercantiles.
Debemos reconocer que este procedimiento ya ha comenzado, tal y como lo podemos observar en la aprobación de diversas reformas al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles del 2 de junio de 2009, mediante las cuales los actos trascendentales de las sociedades mercantiles, tales como la Constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación deben ser inscritos en el Registro Público del Comercio, eliminando la inscripción de otros actos que no producen efectos ante terceros, logrando así una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto a la publicidad de los actos previstos en ambos ordenamientos.
En este sentido, la iniciativa que hoy someto a su consideración tiene como propósito reformar la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles para permitir que la representación en el otorgamiento o la suscripción de títulos de crédito, puedan realizarse mediante poder otorgado en escritura pública sin que dicho poder, para efectos de su validez, tenga que inscribirse en el Registro Público del Comercio.
Debe destacar que esta propuesta coadyuva a la consideración efectuada por el Poder Judicial de la federación respecto de los requisitos legales del otorgamiento de poderes, que ha sido enunciada en diversas tesis jurisprudenciales.
Es así que nuestra propuesta se encuentra encaminada a que el otorgamiento de poderes para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito, se lleve a cabo en escritura pública ante fedatario público, pero sin que exista una condición de inscripción en el Registro Público del Comercio de dicho instrumento.
En este orden de ideas, y a fin de hacer congruente dicha reforma, se propone derogar la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio que actualmente señala que existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán, para efectos del comercio y consulta electrónicas –opcionalmente-, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones.
De esta forma se eliminará el requisito de anotar en el Registro Público del Comercio los poderes y nombramientos de los funcionarios de una sociedad, ya que el poder otorgado ante fedatario contiene los elementos necesarios para brindar seguridad y certeza jurídica, tanto a los poderdantes, los apoderados y quienes intervienen en actos jurídicos.
De igual manera permitirá eliminar trámites y cargas innecesarias para los particulares, pues al considerarse actualmente de manera optativa su inscripción, ésta deja de ser eficaz cuando sólo algunos poderes y nombramientos son inscritos y otros no.
Por las razones expuestas someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Primero. Se reforma la fracción I del artículo 9o, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para establecer que la representación para otorgar o suscribir títulos de crédito, se confieren mediante poder otorgado en escritura pública.
Segundo. Se deroga la fracción VII del artículo vigésimo primero del Código de Comercio.
Por encontrarse publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se integre el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado iniciante. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz la diputada Eva Diego Cruz, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 322 y 323 y adiciona el artículo 323 Bis de la Ley General de Salud.
La diputada Eva Diego Cruz: Con su permiso, señor Presiente; compañeras y compañeros diputados, las enfermedades infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los habitantes. Ahora se padecen enfermedades crónicas, la mayoría degenerativas que frecuentemente producen a corto plazo la pérdida de la función de órganos vitales, trayendo consigo la muerte a quienes han enfermado a edades muy por debajo del promedio de vida.
Sin embargo los avances en las ciencias médicas permiten que los órganos deficientes puedan sur sustituidos exitosamente por órganos sanos obtenidos o bien de un cadáver o de individuos vivos sanos.
En México el 9 de diciembre del 2011 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General de Salud en Materia de Transplantes de Órganos.
Es de reconocerse los avances que se han logrado, así como la importancia de contar con un marco jurídico adecuado que facilite la donación y que privilegie la voluntad del donador o disponente y es precisamente el ánimo de esta iniciativa.
La libertad es una característica fundamental del ser humano en cuanto se configura como derecho esencial y natural de todo hombre. Todo ser humano es un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones porque goza de autonomía personal, es decir, está habilitado para tomar decisiones.
La libertad individual como manifestación de la dignidad humana le da legitimidad al derecho y a toda la formación social. Es el individuo con su autonomía y libertad el que se considera anterior a lo social y le otorga fundamento a la formación social legitimando al derecho en la medida en que se fundamenta en el libre consentimiento. De ahí la importancia de privilegiar la voluntad del donador o disponente.
Es frecuente encontrar casos en donde existe el antecedente de que el individuo proporcionó su consentimiento para que su cuerpo o cualquiera de sus componentes sean utilizados para trasplantes y sin embargo, por oposición de familiares, el deseo no se materializa. Es claro que no ha sido suficiente que el legislador haya dejado de forma implícita el respeto a la voluntad del disponente. Es necesario que sea establecido de forma expresa.
La oposición a la donación de órganos por parte de familiares en ocasiones obedece a que su conciencia así se lo indica; sin embargo, la mayoría de las veces se debe a consideraciones de tipo religioso respecto de la muerte. Por eso la importancia de incluir, dentro de la legislación, la figura del consentimiento informado.
El consentimiento informado constituye uno de los principios básicos en bioética, fundamentado en la autonomía de la voluntad, la cual es primordial en todo tratamiento médico. Lo esencial es que en la donación de órganos, bien sea en vida o post mortem, exista libertad o el libre consentimiento informado, bien sea de la persona en vida o, a falta de éste, que la ley le otorgue oportunidad a los parientes y familiares más cercanos para que puedan manifestar su voluntad antes de que entre a operar el consentimiento presunto, la presunción legal de donación.
El tema del consentimiento informado se encuentra íntimamente relacionado con el tema del derecho a la información, pues el derecho a ser informado de manera clara, objetiva, idónea y oportuna sobre todos los aspectos que encierra la donación de órganos —es el caso post mortem— es un requisito necesario que garantiza que la persona en vida o los familiares, cuando no existe manifestación de voluntad expresa al respecto por parte de aquélla, puedan otorgar un consentimiento libre u oponerse a la extracción de los órganos del cadáver del ser querido.
No hay duda que la voluntad expresada por un individuo competente sobre el destino de sus órganos después de su muerte debe ser respetada; sin embargo, también es cierto que para que el consentimiento sea válido debe ser otorgado libremente y sin ninguna coacción o fraude sobre el proceso de decisión del donador o disponente.
Por eso sugiero agregar en el artículo 323 de la Ley General de Salud que el consentimiento sea libre.
Como representantes populares tenemos la obligación, como se ha mencionado en otras ocasiones en esta tribuna, de aceptar y trabajar para que la donación expresa de órganos y tejidos para trasplante se convierta en una práctica cada vez más generalizada, tomando en cuenta que respeta la autonomía del individuo y beneficia a la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Artículo único. Se reforman los artículos 322 y 323 y se adiciona el artículo 323 Bis de la Ley General de Salud para quedar de la manera siguiente.
Artículo 322, segundo párrafo. La voluntad del donador o disponente prevalecerá sin importar la forma como se haya manifestado.
Artículo 323. El consentimiento debe ser expreso, libre, informado y constar por escrito.
Artículo 323 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes establecerán los mecanismos para informar, de manera clara y objetiva, sobre el procedimiento de donación de órganos al aspirante a ser donador o disponente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz doña Carla Alicia Padilla Ramos, del Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley de Salud.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados, el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre desde 1992 con una campaña que busca concentrar la atención de la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta.
La participación de la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud, fueron instancias definitivas para que por primera ocasión se celebrase este día.
El gran objetivo de dicha conmemoración es promover y difundir el debate y la reflexión sobre los diferentes trastornos mentales y lo que se ha realizado en términos de servicios de prevención y atención a la población.
La enfermedad mental es un desorden o trastorno del cerebro que impide a la persona que la padece el interactuar normalmente con el medio en el que vive. Es una alteración de los procesos cognitivos y efectivos del desarrollo considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia de cual proviene el individuo. Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de vida.
Los trastornos mentales han sido definidos mediante una gran variedad de conceptos tales como malestar, descontrol, limitación, incapacidad, inflexibilidad, irracionalidad, entre otros. Sin embargo, cada uno es un indicador útil para un tipo de trastorno mental, pero en ningún caso equivale al concepto y cada caso requiere una definición distinta.
Las enfermedades mentales se dividen en agudas y crónicas. Las agudas son aquellos padecimientos que persisten durante poco tiempo y las crónicas se definen como aquellas que progresan o persisten durante lapsos de tiempo prolongado. Esto es, ciertos trastornos psiquiátricos graves que dificultan o impiden el desarrollo de las capacidades funcionales de quienes las padecen en relación con aspectos de su vida diaria, y que además dificultan el desarrollo o mantenimiento de su autosuficiencia económica.
No hay una edad determinada en la cual se produzca la enfermedad mental, ésta puede aparecer en cualquier momento del desarrollo evolutivo de la persona. Algunas enfermedades mentales tienen curación y otras necesitan de un control periódico para que las personas puedan lograr una mejora en su calidad de vida.
El tratamiento normalmente es una combinación entre psicoterapia y medicación. La enfermedad mental puede producir discapacidad psicosocial y la provocan distintos factores tanto genéticos como bioquímicos. Generalmente se presentan los primeros síntomas en la adolescencia y no tienen que ver con la capacidad intelectual.
Afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. La enfermedad mental es un trastorno cerebral que a veces disminuye la capacidad que tienen las personas para afrontar las demandas ordinarias de la vida.
Una encuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre trastornos mentales, realizada a más de 60 mil personas de 14 naciones, reveló una elevada frecuencia de estos males en el mundo y un alto porcentaje de afectados sin atención. México está contenido en el estudio entre los pueblos subdesarrollados, junto con Colombia, Líbano, Nigeria y Ucrania. Al respecto, en nuestro país sólo una de cada 10 personas con perturbaciones mentales recibe tratamiento especializado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, en México 11 por ciento de las mujeres y 7 por ciento de los hombres han sufrido algún trastorno mental. Sin duda, los pacientes que sufren enfermedades mentales graves y crónicas tienen el derecho de recibir una rehabilitación que complemente el tratamiento para el trastorno mental que padecen, y se puedan reincorporar a sus actividades diarias.
El objetivo de la rehabilitación psiquiátrica es ayudar a las personas discapacitadas a desarrollar las habilidades emocionales, sociales e intelectuales necesarias para poder vivir, aprender y trabajar en la comunidad con la menor cantidad posible de apoyo por parte de los profesionales de las distintas áreas.
El desarrollo de la rehabilitación psiquiátrica ha alcanzado un punto en el que debería ser fácilmente accesible para cualquier persona discapacitada.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Al respecto, considero que tanto enfermos mentales agudos como crónicos deben tener la atención y rehabilitación psiquiátrica que merecen, puesto que no podemos prohibir a cualquier ciudadano que así lo requiera, pueda contar con una rehabilitación para superar la enfermedad mental que padezca.
Por todo lo anterior, esta iniciativa va encaminada a incluir la palabra agudo en la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud, ya que en este artículo sólo está contemplada la rehabilitación psiquiátrica para enfermos mentales crónicos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted por su participación. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, vengo a presentar una iniciativa que seguramente ustedes, en sus distritos o en su cotidiano quehacer, han escuchado y les han planteado. Estos dos artículos, el 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, tienen que ver con los burós de crédito, con las carteras vencidas.
Seguramente ustedes saben, que desde 1965 al 95 el Banco de México era quien se encargaba de registrar todas las actividades relacionadas con créditos y relacionadas con el comercio en instituciones bancarias.
A partir del 95, con el gran problema económico que se presentó en México, el error de diciembre de aquel año, cambió la modalidad porque creció el número de morosos o de personas con incapacidad de pago en distintas actividades, pero también en créditos hipotecarios, créditos mercantiles, créditos a la vivienda, créditos en instituciones bancarias mediante las tarjetas de crédito.
Pues bien, se establecieron dos empresas sociedades anónimas para registrar a todas las personas en el buró de crédito, y fue en el 2005 que se estableció una tercera sociedad anónima autorizada por Hacienda, denominada el Círculo de Crédito, S. A.
Como ustedes también saben, quienes regulan el buró de crédito son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros conocida como Condusef.
Este buró de crédito opera desde el momento que una persona física o moral solicita un crédito automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito, o contrata algún servicio con televisión, con telefonía u otros servicios que se establecen en el mercado interno, en el mercado nacional o internacional.
Tan sólo en el 2010-2011 señalaron estadísticas e informes oficiales que había 160 millones de créditos en el mercado nacional. De éstos, el 96 por ciento, 94 por ciento eran ciudadanos individuales y el 7 por ciento de personas morales.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria, la cartera vencida del sistema bancario comercial que opera en México ascendió a más de 61 mil millones de pesos el primer trimestre de este año, lo que significa un incremento del 25 por ciento sobre el crédito o sobre los montos de los créditos en moratoria, registrados en el 2011.
La situación económica, la falta de empleos, la escasez de oportunidades y el clima de inseguridad en nuestro país, limita día con día el salir adelante, repercutiendo de manera directa en aquellos ciudadanos que recurrieron a un préstamo financiero para ayudarse, los cuales ahora han visto complicado el pago de su préstamo o intereses.
Pero va más allá la injusticia de estos dos artículos, hay un índice de morosidad, hay una cartera de créditos de nómina bancaria vencidos y en créditos de tarjetas de crédito.
Derivado del oportuno o mal manejo del crédito y del cumplimiento en el pago de las obligaciones se genera el historial con un carácter positivo o negativo. Y la ley actualmente contempla que las personas, independientemente de la manera como manejan su crédito deben permanecer en los registros del buró de crédito, 72 meses, es decir, 6 años.
Si ustedes, o algún empresario, o algún ciudadano deja de pagar 300 pesos en telefonía o en televisión, el buró de crédito los señala en su aspecto negativo y no tienen posibilidad de acceder a ningún crédito y los castigan 7 años, 6 años o 72 meses, por lo que me parece injusto, porque reprime o deprime el mercado, pero además, desacelera la inversión y genera un problema de injusticia para muchos ciudadanos en el país.
Por lo que yo planteo que se elimine este castigo de 72 meses y pueda reducirse, concluyo presidente, a 12 meses. Que una vez que la gente cubra su obligación crediticia o su pendiente con alguna institución o con un servicio de telefonía, de televisión o de una casa comercial en la compra de muebles, una vez que liquide se limpie su historial crediticio a los 12 meses y pueda acceder a más créditos.
Es en detrimento del país, es en detrimento de la economía pero es una injusticia para los ciudadanos. Recuerden, son 160 millones de créditos y hay una cantidad impresionante de personas que están padeciendo este castigo injusto, de castigarlos por 72 meses sin acceder al crédito. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, donde Ricardo Monreal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora viene doña María Sanjuana Cerda Franco para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Esta Presidencia saluda con un enorme gusto a los alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, preparatorianos, invitados por el señor diputado don Homero Niño de Rivera. Sean ustedes bienvenidos, que les resulte grata su estancia en esta honorable Cámara de Diputados.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, la salud de las personas en una sociedad condiciona de manera profunda e inevitable su desarrollo intelectual, económico, productivo y social, por lo que el Estado está obligado a garantizar un servicio de salud de calidad para sus habitantes, tanto en la prevención, atención y tratamiento de sus enfermedades y padecimientos.
El campo de la medicina ofrece muchas alternativas, no podemos olvidar que las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestas: un empirismo primitivo y de carácter pragmático, aplicado fundamentalmente al uso de hiervas o remedios obtenidos de la naturaleza; y, por otro lado, una medicina mágico-religiosa que recurrió a deidades para intentar comprender lo inexplicable.
La medicina tradicional alternativa y complementaria es tan antigua como el hombre, es parte de la cultura de los pueblos y ha sido transmitida de una generación a otra, pero durante mucho tiempo ha sido considerada una práctica no científica, de menor calidad o empírica.
En las últimas dos décadas la Organización Mundial de la Salud ha impulsado estrategias que tienen como finalidad apoyar a la medicina convencional con tratamientos tradicionales o alternativos, protegiendo de esa manera a la población de una mala utilización o del uso de prácticas que podrían poner en riesgo su salud.
Actualmente en México el uso de la medicina alternativa o tradicional se ha convertido en una constante, derivado en ocasiones del desabasto de medicamentos o por la facilidad para acceder a ese tipo de tratamientos que representa un gasto menor que medicina convencional.
La Ley General de Salud considera el fomento a la medicina tradicional indígena, pero no toda la medicina alternativa proviene de cultura indígena, por lo que consideramos importante reformar la ley ampliando el espectro de la denominada medicina alternativa.
Es necesario que reconozcamos que además de la medicina convencional las familias mexicanas recurren a tratamientos médicos alternativos. En el 2010, por ejemplo, el gasto en este rubro aumentó en 14.8 por ciento respecto al que realizaron en el 2008. No podemos entonces mantenernos ajenos a los usos y costumbres que nos caracterizan como país.
Es nuestra responsabilidad, como legisladores y representantes de la sociedad conocer y atender todas estas actividades para así poder regularlas, darles un enfoque innovador y principalmente satisfacer las necesidades de salud que tiene la población mexicana.
La mayoría de la gente recurre a tratamientos alternativos cuando ha agotado todos los métodos convencionales, en muchas ocasiones se utilizan como la última opción, misma que si no está regulada o recetada por un profesional podría tener reacciones secundarias y complicar el padecimiento inicial.
La historia se ha encargado de colocar a la medicina convencional como la mejor y más óptima forma para solucionar las enfermedades que aquejan a los seres humanos. Sin embargo, no podemos ignorar que la naturaleza ha cumplido su función curativa y en la actualidad la medicina alternativa o tradicional es prioritaria en muchos pueblos y comunidades de nuestro país.
Por consiguiente es imperativo legislar para que la medicina alternativa pueda ser objeto de la regulación adecuada, a fin de promover la investigación necesaria para comprobar su eficacia y su utilización como medio complementario de lo convencional.
Por ello en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos comprometidos en mejorar la calidad de los servicios de salud, por lo que esperamos contar con su apoyo en esa iniciativa para adicionar la fracción VI Bis, del artículo 6o. de la Ley General de Salud con la finalidad de regular y fomentar la utilización de la medicina tradicional, garantizando su práctica como un complemento benéfico para las y los mexicanos. Por su atención muchas gracias, y es todo señores legisladores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Leticia Calderón Ramírez, del PRI. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.
La diputada Leticia Calderón Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, he venido a esta tribuna a expresar la preocupación de muchos mexicanos que creemos que nuestro país no merece vivir en un clima desbordado de violencia; violencia que no agrede solamente a los que están al margen de la ley, sino que ha afectado a la sociedad en su conjunto, generando un clima de temor y una gran inseguridad.
La violencia se vuelto cotidiana, ante estos lamentables hechos hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Ahora pareciera que es normal observar en los medios de comunicación el horror de las muertes con un tinte genocida y pareciera que es común el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la venta de drogas, el acoso escolar y el consumo excesivo del alcohol en jóvenes y niños. Esto forma parte de una realidad socialmente aceptada. Hemos perdido nuestra capacidad de crítica y tal vez se nos ha olvidado que todos somos corresponsables.
La degeneración del tejido social no es un fenómeno aislado, es el resultado de no haber tomado las medidas adecuadas en el momento que se percibió que las consecuencias iban a ser funestas. No atender éste gravísimo problema es asumir una actitud contemplativa, porque al callar y dejar de hacer nos convierte en cómplices pasivos.
México no merece vivir así. Somos un pueblo con una gran trayectoria pacifista. Somos un país de gente trabajadora. Estamos orgullosos de nuestras tradiciones y somos una nación que apreciamos profundamente nuestras raíces.
Ante los retos de este presente cargado de violencia, debemos unir nuestros esfuerzos y promover un gran acuerdo nacional para fomentar y aplicar en todos los contextos con la vivencia de los valores y no con discursos persuasivos, sino con la práctica integral en nuestra vida cotidiana.
La pérdida de valores en la convivencia social es un problema que se debe enfrentar urgentemente. Los esfuerzos aislados resultarían vanos y los recursos técnicos, humanos y económicos habrían de ser insuficientes.
El gran acuerdo nacional al que me refiero debe involucrar a todos los sectores de la sociedad. A los partidos políticos, a las asociaciones religiosas, a los Poderes de la Unión, a las organizaciones no gubernamentales, a empresarios, a sindicatos, a medios de comunicación y a la sociedad civil en general.
Este esfuerzo seguramente rendirá frutos en el corto, mediano y largo plazo. Su evaluación será permanente al constatar que los niños y jóvenes recobren y desarrollen actitudes que favorezcan la sana convivencia social, basada en los principios éticos universales que permitan el desarrollo integral e sus facultades.
La violencia no se ataca con más violencia, señores, es necesario tomar medidas preventivas como segura estoy, lo hará el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, impulsando los valores como eje rector de la generación de un ambiente de reconciliación nacional.
En la actualidad, recordemos, que México forma parte de los 62 países que firmaron el acuerdo en la UNESCO para participar en el programa denominado Valores para vivir.
Compañeras y compañeros diputados, por las razones planteadas y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito poner a su amable consideración la iniciativa que adiciona la fracción XVII al artículo 7o., de la Ley General de Educación, que se describe a continuación.
Fracción XVII: “Fomentar en la educación básica la práctica de: amor, honestidad, responsabilidad, amistad, solidaridad, tolerancia, igualdad, pluralidad, democracia y equidad; valores sociales fundamentales como principio de la convivencia armónica entre las personas”.
Solicito que el texto íntegro sea incluido en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente; muchas gracias por su atención, señoras y señores diputados
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Leticia. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente para terminar con este capítulo de iniciativas, hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra don Omar Antonio Borboa Becerra, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Con su permiso, Presidente. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 35 por ciento de la deuda estatal recae en 10 municipios.
En primer lugar es el municipio de Guadalajara, Jalisco, que tiene una deuda de más de 2 mil 680 millones de pesos. Representa el 5.9 por ciento de la deuda del país.
En estos 10 municipios más endeudados del país encontramos en el cuarto lugar al ayuntamiento de Zapopan o el municipio de Zapopan, Jalisco también, con una deuda de mil 477 millones.
En décimo lugar tenemos a Tlaquepaque, también de Jalisco, con 845 millones de pesos. Quiere decir esto que en la zona metropolitana de Jalisco se encuentran tres de los diez municipios más endeudados de este país.
En los estados, ni se diga. Por ejemplo, el estado de Veracruz del 200 al 2011, elevó su deuda por casi más de mil 229 veces. ¿Qué quiere decir esto’ Que de 17.8 millones de pesos la aumentó a 21 mil 874 millones.
Si no tomamos medidas necesarias en los estados y en los municipios, nos encontraremos cada vez con esta problemática; cada vez estados más endeudados, los municipios más endeudados.
Hace unos días tomaron protesta los nuevos alcaldes de la zona metropolitana de Jalisco y de ahí nace esta iniciativa y la inquietud porque, aunque siendo del mismo partido, se quejaron de que los municipios se los habían entregado endeudados.
Hay municipios que están pensando cómo van a poder pagar la siguiente nómina de los empleados y los trabajadores debido al endeudamiento tan grave y tan grande que se ha manejado en el estado de Jalisco, del cual represento un distrito.
Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados, debemos impulsar medidas que contribuyan a que en las entidades federativas y en los municipios mantengan finanzas públicas y niveles de endeudamiento sanos. Por ello vengo a proponer modificaciones a los artículos 115 y 117 de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución.
Principalmente tenemos que fortalecer disposiciones en materia pública local, estableciendo que los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos que rebasen su capacidad de pago. Tuvimos un caso en Zapopan que en la última sesión del ayuntamiento el alcalde pidió 300 millones de pesos un día antes de salir. ¿Será que le quiere dejar las finanzas grandes al siguiente, que también es de su partido político? No sabemos cuál sea la referencia en este tipo de casos, pero lo que sí queremos es que no puedan endeudar al país, que no se puedan endeudar los municipios ni los estados, a menos que el alcalde que pida el préstamo tenga la capacidad de poderlo pagar durante su administración. No podemos seguir dejando que endeuden a nuestros municipios y a nuestros estados.
Por otro lado, una modificación para los plazos de interés y condiciones de los pasivos existentes, así como refinanciamiento, es decir, contratación y financiamiento para amortizar pasivos previamente contratados.
La iniciativa que hoy presento busca también que los estados y los municipios consideren que por lo menos el 30 por ciento de la contratación de deuda pública se pueda respaldar con sus contribuciones, que puedan ser autosuficientes por lo menos en ese 30 por ciento para poder pagar su deuda y no que estén esperando que los financien con recursos de la federación.
En Acción Nacional pugnamos porque la transparencia, el marco jurídico y las leyes nos permitan la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, tanto federales como locales, y contribuyamos a eliminar la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos, especialmente de los municipios.
Compañeras y compañeros: les solicito que esta iniciativa pase lo antes posible debido a que existe un endeudamiento grave en el país, sobre todo en los municipios. Tenemos que pensar en el futuro y no pensar en el porcentaje que puede ganar el alcalde al momento de pedir algún tipo de empréstito.
Necesitamos el apoyo de todos para poder hacer más sanas nuestras finanzas en nuestros municipios y en nuestros estados. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, don Omar. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con qué objeto, diputado.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Solamente para solicitarle a nuestro compañero que me permita adherirme a su propuesta porque Acapulco padece del mismo problema del endeudamiento de más de mil 295 millones de pesos, más lo que se acumule, que se está revisando y que se encuentra en quiebra y no hay con qué pagar la nómina.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Tiene inconveniente el iniciante?
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra (desde la curul): No, adelante.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No. Usted suscribe, también.
Honorable asamblea...
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sonido en la curul del diputado.
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Diputado presidente, por su conducto si le pregunta al diputado que presentó esta iniciativa, para poderme adherir a ella, ¿si sabe cuántos millones de pesos debe el estado de Jalisco y si sabe exactamente el ex presidente de Acción Nacional, Juan Sánchez Aldana, cuántos millones de pesos no ha podido comprobar a los zapopanos, por favor?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Arellano ya su dicho quedó inserto en el Diario de los Debates. Desgraciadamente no le puedo preguntar porque no está a discusión la iniciativa, pero su inquietud ha quedado manifiesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Rebeca Terán Guevara, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se entregue a las entidades federativas la totalidad de los recursos pactados inicialmente en proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
Esta Presidencia les recuerda con todo afecto y con toda atención, que por disposición reglamentaria, alguna modificación que se tenga que hacer a este planteamiento tiene que venir del propio grupo parlamentario y firmado por su coordinador.
En tanto, le damos la más cordial bienvenida a los integrantes del Comisariado Ejidal de San Francisco Tepojaco, de Cuautitlán, Izcalli, del estado de México, invitados por la diputada doña Paulina Alejandra del Moral Vela. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada María Rebeca Terán Guevara: Diputado presidente, honorable asamblea. El VI Informe de gobierno que presentó el ejecutivo federal al Congreso de la Unión señala como uno de sus objetivos prioritarios incorporar plenamente a los pueblos y las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país; sin embargo, las acciones y las omisiones reflejan otra realidad.
Tal es el caso del Programa de Infraestructura Básica para la atención de pueblos indígenas que sufrió a lo largo del 2012, severos recortes por parte del Ejecutivo federal a pesar de haber firmado el acuerdo de coordinación en su modalidad de proyectos estratégicos, el Ejecutivo modificó los lineamientos y realizó más de 800 recortes presupuestales a nivel nacional, con lo que violentó el principio de la supremacía de la norma jurídica.
Para ejemplificar la magnitud de dicha resolución presupuestal les expongo el caso de San Luis Potosí. Para la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas se pactó una aportación tripartita inicial de 460 millones, 396 mil 615 pesos, el Ejecutivo tomó la determinación de aplicar una reducción presupuestaria de recursos federales, por 87 millones, 188 mil 643 pesos, afectando esto a 19 obras.
Dos meses después, el 14 de septiembre de este año, nuevamente el Ejecutivo determinó aplicar una nueva reducción presupuestaria del recurso federal, por 90 millones, 972 mil 188 pesos, afectando con ello 38 obras, es decir, el 84.44 por ciento.
Estas obras llevan un 55 por ciento de avance, sin embargo, al recortar el 40 por ciento de los recursos quedarán inconclusas y la entidad enfrentará diversos problemas. Al haberse licitado las obras y estando contratadas en términos legales, el estado y los municipios ejecutores deberán enfrentar litigios y sanciones que obligan al pago de indemnizaciones o a sus equivalentes.
2. La no conclusión de obras provocará la pérdida de recursos utilizados en los inicios de las mismas, contraviniendo los principios de eficacia y eficiencia presupuestal.
3. Con estos recortes se les ha eliminado a nuestros hermanos indígenas la posibilidad de nuevas oportunidades, una mejor calidad de vida y desarrollo.
Los pueblos indígenas han sido históricamente discriminados por la etnia a la que pertenecen, por su pobreza y ahora son triplemente discriminados desde el ámbito institucional, tratándolos como ciudadanos de segunda.
Compañeras y compañeros diputados, el punto de acuerdo que someto a su consideración busca reducir la brecha de exclusión y marginación de quienes más lo necesitan, exhortando al Ejecutivo federal para que cumpla los acuerdos presupuestarios pactados en todos y cada uno de los estados del país, y se respeten las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Desde esta tribuna, es preciso dejar en claro que la democracia no es excluyente ni selectiva. La democracia auténtica se funda en el reconocimiento genuino de todas y todos los ciudadanos.
México no puede ser concebido sin sus pueblos y comunidades indígenas y un gobierno eficiente, tampoco puede ser concebido si no atiende sus necesidades legítimas más demandadas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría, en términos del artículo 100 reglamentario, si se considera de urgente u obvia resolución.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces, tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, por tres minutos, como una llamada de teléfono.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en México la mayoría de los habitantes de nuestras comunidades indígenas viven una situación de pobreza extrema y de significativa desventaja por carecer de los servicios básicos que les permitan acceder a condiciones de vida satisfactoria y digna, así como de aquellas necesarias para aspirar al desarrollo.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas, por lo que apoyamos todas las acciones que contribuyan a resarcir el rezago en materia de infraestructura básica. Acciones que requieren recursos públicos para construir caminos rurales, puentes vehiculares, dotar de servicios básicos como la electricidad, agua potable, drenaje y saneamiento, con la finalidad de que la población indígena cuente con los satisfactores básicos de bienestar y desarrollo.
En lo que no estamos de acuerdo es que por una decisión burocrática y unilateral, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas haya decidido ejercer un recorte presupuestal a obras y proyectos de infraestructura básica, contemplados en acuerdos firmados por las entidades federativas y el Ejecutivo federal.
El impacto de dicho recorte, en San Luis Potosí, no es menor, ya que representa el 84 por ciento de las obras comprometidas tal como lo señala el punto de acuerdo que se presenta ante esta soberanía.
Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera inaceptable y reprobable que el Ejecutivo federal realice este tipo de recortes debido a su alto costo social y financiero.
Social porque impide cumplir con el mandato constitucional de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas. Y financiero, porque compromete los recursos de estados y municipios para cumplir con los compromisos de pago por los trabajos convenidos.
Las diputadas y diputadas del Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de este punto de punto de acuerdo, para que el gobierno federal cumpla su obligación con los pueblos indígenas. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Sonia. Don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, tiene usted el uso de la voz, hasta por 3 minutos.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con la propuesta que se ha presentado ante el pleno de esta soberanía, relativa a exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que se respete el acuerdo signado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Adicionalmente, como chiapaneco no omito decir que la población de mi estado integra un 40 por ciento de habitantes de los pueblos originarios, por lo que doblemente apoyo el exhorto en comento.
Dicho acuerdo, con vigencia desde el 18 de enero de este año, consideró la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas del estado de San Luis Potosí por un total de 460 millones 395 mil 615 pesos.
Sin embargo, en julio y septiembre de 2012, sin causa justificada, las oficinas centrales de la Comisión aludida determinaron unilateralmente que había que hacer sendos recortes presupuestales por 87 millones, 188 mil 644 pesos y por 90 millones, 962 mil 118 pesos, respectivamente.
Dichos recortes representan el 38.5 por ciento del total presupuestado, para ajustar el proyecto en la cifra de 283 millones de pesos en números redondos.
El ajuste ordenado desde un escritorio de la Ciudad de México sin conocimiento de la realidad en que viven las comunidades, que supuestamente serían beneficiadas, representa que el 38 de las 42 obras previstas se encuentran en la indefinición.
Quienes emitieron las medidas ordenadas no consideraron que se cumplieron con los protocolos marcados para estos casos, según la normatividad existente, por lo que es inaceptable que se hagan recortes al presupuesto cuando además existen recursos etiquetados para tal fin.
Con la determinación acordada se trastoca el contenido de dos primeros párrafos del apartado B y de la fracción I, del artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho ordenamiento señala en su parte central que los tres niveles de gobierno promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas.
Adicionalmente se hace caso omiso de la parte conducente del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, relativo al diagnóstico que concluyó en que los pueblos y comunidades indígenas carecen de una situación social y económica, propicia para el desarrollo humano, que además se caracteriza por que sus habitantes viven en condiciones de pobreza extrema.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con el exhorto que las compañeras diputadas y los compañeros diputados efectúan al Ejecutivo federal para que de inmediato se entreguen las partidas faltantes para cumplir con los objetivos del acuerdo firmado. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, diputado orador. Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muy buenas tardes a todos. Con su venia, señor presidente. Los auténticos indígenas, al tener la oportunidad de estar hoy aquí en esta máxima tribuna, alzaremos la voz porque México no puede ser visto como un solo país.
La nación pluricultural que describe nuestra Carta Magna es aún una utopía, falta todavía iniciar acciones y mostrar resultados que promuevan el respeto a la diversidad de las comunidades indígenas y seamos reconocidos realmente como parte integrante de la población mexicana actual, sin estigma alguno.
Es obvio que el racismo aún se percibe en millones de mexicanos, ya que existen quienes se identifican tan sólo con aquellos que hablan español, con los que conviven en el mundo moderno o, bien, con aquellos a los que tienen acceso a servicios básicos.
México no tan sólo es ese México, es un México en donde convergen otras historias, otros idiomas y otras maneras de ver la vida. Y en un intento para integrar a ese sector al desarrollo las instituciones han generado políticas públicas, sin embargo éstas han sido insuficientes para sacarlos del subdesarrollo.
El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai) tiene como misión promover y realizar acciones que contribuyan en la lucha del rezago en materia de infraestructura básica con la finalidad de que éstas mejoras sirvan para incrementar el nivel de la vida del indígena, quien al día de hoy carece de servicios básicos tales como la vivienda digna, drenaje, electricidad y salud y que por las condiciones deplorables en que sus caminos se encuentran es doblemente difícil su desarrollo.
Tan solo en Oaxaca las principales vías de comunicación de 300 cabeceras municipales siguen siendo de terracería. Resulta indignante y ruin que se considere siquiera recortar el presupuesto destinado a ayudarlos y más indignante aun que sean los mismos encargados de los programas quienes condicionan el otorgamiento de estos con fines electorales, como sucedió el pasado proceso electoral.
También resulta indignante que éstas mismas autoridades impongan a los beneficiarios por su condición de indígenas y que en la mayoría de los municipios de usos y costumbres la gente que gobierna a lo mejor no tiene un nivel de estudios superiores; que los condicionan para que los recursos sean ejecutados por constructoras que los mismos están condicionando, como sucede en las delegaciones federales, tan solo Oaxaca es un ejemplo, en donde aun cuando ya han sido aprobados sus proyectos los recursos no les son otorgados por una supuesta insuficiencia presupuestaria o porque el beneficiario no cumple con la condición de contar a la empresa recomendada. –Ya termino, señor presidente.
Cómo es posible que ante este panorama que se vive en las regiones indígenas de nuestro país el gobierno de San Luis Potosí y la Unidad de Coordinación y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas decidan reducir 38 de las 42 obras que podrían otorgarle un nivel de vida mínimamente digno a este grupo.
De qué sirve que a partir de 1992 México se proclama como una nación puricultural y que desde el 2001 se haya dado la aceptación de los derechos indígenas cuando siguen sucediendo estos atropellos. Por ende, no podemos permitir que ni en este estado, ni en ninguno otro se reduzca el presupuesto destinado a las minorías cuando representa la única esperanza de rompimiento del círculo vicioso que los encadena.
Exigimos que se realicen las obras de manera íntegra como se aprobaron en un inicio. Ante la urgencia y gravedad del tema debemos crear los candados que garanticen la prevención de este tipo de recortes. Es nuestro deber dar voz a los más desvalidos y luchar por sus derechos. Basta ya de tantas injusticias.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tiene ahora, doña Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Gracias. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros legisladores. Quiero aprovechar esta máxima tribuna para, desde aquí, ofrecer una disculpa pública a todos nuestros pueblos indígenas por el olvido y la marginación a los que han sido sometidos durante décadas.
México tiene una enorme riqueza cultural y nos ubicamos dentro de los primeros 10 países en este rubro. Esto se debe a la enorme diversidad poblacional dentro de la cual los grupos indígenas tienen un papel fundamental en el aporte a la cultura nacional.
Basta señalar que señalar que casi el 10 por ciento de nuestra población pertenece a estos grupos. Desafortunadamente han sido considerados como vulnerables debido a la situación de marginación en que se encuentran dentro de los índices de desarrollo humano.
Entidades como Chiapas, Durango, Nayarit, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, donde se distribuye la mayor cantidad de población indígena, presentan los niveles más bajos de desarrollo humano.
Programas como el de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, han sido fundamentales para que se encuentren orientados a la inversión de sus comunidades, a fin de detonar el desarrollo y dotarlos de una mejor calidad de vida.
Por tal motivo, la administración de estos recursos a las entidades federativas resulta fundamental para dar continuidad a las acciones emprendidas y no perder la oportunidad de acceder a estos procesos de desarrollo.
Sin embargo, como en muchas de las problemáticas expuestas en esta tribuna, la liberación de los recursos presupuestales aprobados para ciertos programas, siempre implican burocracia. De nada sirve que esta Cámara se esfuerce para dotar de recursos a programas como el antes mencionado, si el Poder Ejecutivo insiste en ponerle trabas a la liberación de los mismos recursos.
Señor presidente de la República, los grupos indígenas del país requieren de esta inversión. Desde esta tribuna respetuosamente le exhortamos a que se liberen de manera inmediata los recursos que tanto ayudarán a nuestras comunidades indígenas. No permita que se frene el desarrollo de nuestros hermanos indígenas. Las entidades federativas que los albergan lo requieren con suma urgencia.
Para nosotros resulta vergonzoso discutir este tema en tribuna, pero más vergonzoso es tener a estas comunidades sin el recurso para realizar obras tan básicas como construcción de escuelas o centros de salud.
En Chiapas, por ejemplo, tenemos 122 municipios, 90 de los cuales tienen presencia indígena, es decir, el 63.8 por ciento de su territorio es indígena y para atender el rezago social se han realizado acciones de infraestructura social básicas como caminos, agua potable, drenaje y electricidad.
Para continuar esta tarea es muy importante que se respeten los compromisos contraídos con los tres órdenes de gobierno y evitar así un problema de gobernabilidad, toda vez que la CDI ha oficializado un recorte a su aportación, a lo que afectaría enormemente la continuidad de estas obras estratégicas en las zonas indígenas de nuestro país.
Compañeros legisladores, apoyemos estas propuestas y exhortemos al Ejecutivo federal a liberar estos recursos tan importantes y contribuyamos así a evitar que se siga condenando a los grupos indígenas de nuestro país a una marginación y rezago.
Por tal motivo el Partido Verde Ecologista de México asegura que las minorías étnicas y culturales no sean avasalladas e ignoradas.
Es fundamental garantizar la convivencia y cohesión social de nuestros pueblos indígenas. Por ello manifestaremos nuestro voto a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Martha Edith. Ahora tiene el uso de la voz don Carlos De Jesús Alejandro, del PRD, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos De Jesús Alejandro: Con su permiso, señor Presidente. El presupuesto transversal que ha sido establecido en el anexo 7 denominado “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas para el ejercicio fiscal 2012”, corresponde al monto de 68 mil millones de pesos.
De ese presupuesto se desprende lo correspondiente o asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que apenas asciende a 10 mil millones de pesos.
Desde la CDI se instrumenta el “Programa de Infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas”, mejor conocido como el PIBAI, con un presupuesto autorizado de 5 mil 908 millones de pesos.
Sin duda el actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va contra lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
No es posible que el día 29 de junio del año en curso, la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haya emitido un oficio circular donde se especificaron las disposiciones para el cierre del ejercicio fiscal con fechas límite.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recortado el presupuesto asignado a este programa PIBAI por la cantidad de 385 millones de pesos, de los cuales 284 millones de pesos fueron retirados el 16 de agosto y 103 millones de pesos el día 3 de octubre.
Estos recursos estaban plenamente convenidos con los estados principalmente de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro para los meses de agosto, septiembre y octubre. Para Guerrero, por cierto, corresponden 40 millones de pesos de estos recursos retirados. De ahí la alta gravedad en la actuación de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque son recursos para obras que ya están contratadas e incluso son obras, muchas de ellas, ya en proceso de ejecución.
No informan y no hay rendición de cuentas por parte de las autoridades hacendarias ni de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. No obstante, hay un 40.5 por ciento de pobreza en las regiones indígenas de acuerdo al Coneval y aunado a esto el 90 por ciento de la población de los pueblos indígenas vive en pobreza extrema.
Aún peor, de los 100 municipios que se reconocen como de menor índice de desarrollo humano, el 80 por ciento corresponde a municipios indígenas. Es pernicioso a indignante que la CDI permita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recorte este presupuesto asignado al rubro de infraestructura básica para los pueblos indígenas, siendo hoy en día las comunicaciones un piso mínimo para el desarrollo de nuestros pueblos.
Termino, señor presidente. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRD suscribimos este punto de acuerdo, pero además proponemos que creemos, mostrando de verdad disposición y voluntad política, una comisión plural de diputados para hacer una revisión y puntual seguimiento y evaluación de estos recursos que fueron asignados para pueblos indígenas y de manera específica para el PIBAI.
Ojalá coincidamos también en el futuro no sólo en los discursos, sino con la disposición política para hacer las reformas necesarias constitucionales e institucionales que permitan el pleno desarrollo de nuestros pueblos indígenas y no sigamos siendo mero discurso de folklor. Es cuanto, señor presidente. Tlashtlahui, tlazocemati miak weyitlakatl.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra doña Eufrosina Cruz Mendoza, del PAN, hasta por tres minutos.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: cuando se nace indígena duele reconocerse como parte de una minoría sin voz ni rostro.
Más de 500 años han transcurrido desde que inició el proceso de transculturación de nuestra nación indígena y aún seguimos siendo la nación segregada que vive oculta entre las sombras dentro del territorio nacional.
Para muchos mexicanos resulta imposible imaginar y concebir la belleza y la diversidad de una lengua que no sea el español, mucho menos saben y conocen algunas de las más de 60 lenguas originarias que aún sobreviven entre el arrullo de los sabinos y las aves.
Para quienes juramos en la Constitución la responsabilidad de representar los intereses de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, resulta extraño pensar en esos pueblos y mucho menos concebir el dolor, las carencias de quienes nacen en medio del bosque, la selva o en la soledad de la montaña.
Muchos mexicanos piensan que este país tiene una historia única y desconocen las otras historias que se han transcurrido, construido, a lo largo de siglos en cada rincón del territorio en donde habitan los pueblos indígenas.
Muchas historias de pobreza son comunes. El aislamiento, la reducción del territorio, el arrasamiento de los recursos naturales, la sustracción de los bienes originarios, el aniquilamiento de la prácticas tradicionales de trabajo, la falta de oportunidades de empleo, la discriminación y la carencia de servicios básicos.
Por ello, el Partido Acción Nacional no puede oponerse al reconocimiento de un hecho que está a la vista de todos. Es preciso apoyar de manera más decidida a los pueblos originarios de México.
A nombre de mi fracción parlamentaria vengo a expresar nuestro respaldo al punto de acuerdo que merece esta responsabilidad extraordinaria de recibir el apoyo de las instituciones para mejorar sus condiciones de vida.
Pero no olvidemos que esta responsabilidad también es de los tres órdenes de gobierno. Quiero pensar que este punto de acuerdo tiene un objetivo humano, honesto y que no persigue fines políticos ni mucho menos personales.
Los pueblos indígenas de México no deben de ser ya más botín político ni bandera de proselitismo electoral.
Pido a mis a compañeras y a mis compañeros legisladores que refrendemos nuestro compromiso de actuar a favor de las causas sociales de México, sin afanes protagónicos ni de coyuntura.
Los 62 pueblos indígenas de México son nuestra esperanza para un mejor futuro. Sin duda, la visión de nuestros pueblos indígenas puede dar solución a los desafíos del presente y pueden aportarnos una lección muy importante sobre la importancia de la paz, el trabajo en común y el respeto a la democracia.
Por lo expuesto, las diputadas y los diputados del PAN nos pronunciamos en favor de este punto de acuerdo, pero ratificamos la urgente y necesaria colaboración de los gobiernos estatales y municipales en la atención de los rezagos de los pueblos indígenas, y nos pronunciamos en contra de que se le siga utilizando como botín político, y desde el ámbito local se siga ignorando esta problemática para perpetuar su miseria, y espero que no solamente como lo dijo ya mi compañero Alejandro, quien en puntos posteriores todos nos sumamos a las propuestas, a las leyes de mejora para nuestros pueblos y comunidades. Xchistodo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Eufrosina. Finalmente doña Alma Jeanny Arroyo Ruiz, de Papantla. Tiene usted el uso de la voz.
La diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional manifiesta su apoyo a la proposición con punto de acuerdo, presentado por la diputada María Teresa Terán Guevara, ya que tenemos claros los compromisos adquirido, los cuales por mandato de ley se deben desarrollar y cumplir. Por ello, lo que hoy se viene a plantear es que se entreguen los recursos acordados por los proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
El PIBAI fue creado para impulsar la atención a las carencias y rezagos en materia de servicios básicos, promoviendo y apoyando las tareas de las demás dependencias federales y los demás órdenes de gobierno. No podemos dejar pasar que los acuerdos publicados el 30 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, aprobados por la Dirección General de la CDI, por lo que emitieron la autorización y el dictamen en las reglas de operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, sean violentados por aplicar reducciones presupuestarias, afectando la culminación de 38 obras de un total de 42, así como los empleos en ellos generados, afectando las acciones que promueven el desarrollo integral de las comunidades y familias, así como el desarrollo local y regional de dichos pueblos.
Los servidores públicos deben manifestar en sus acciones el compromiso con los pueblos originarios. La historia y tradición de las culturas de México no pueden ser tratadas con indiferencia, con promesas incumplidas y apoyos limitados, cuando éstos son publicitados y señalados oficialmente.
¿Qué pueden esperar de una comisión, que en lugar de apoyarlos los limita y deja a mitad del camino? La realidad, compañeras y compañeros diputados, que hoy viven los pueblos originarios de San Luis Potosí no es muy diferente a la que se vive en otros estados de la república, esto es sólo una muestra y por ello debemos verificar la situación en cada uno de nuestros estados, para conocer la magnitud del incumplimiento por reducción presupuestal a nuestros pueblos originarios.
Nuestras comunidades indígenas históricamente se han mantenido al margen de los apoyos y cuando se les contempla en los acuerdos, programas y presupuestos se les regatea o se les ponen trabas que impiden el acceso a los recursos, lo que genera a su vez grandes subejercicios en las dependencias gubernamentales.
Por ello, apoyamos los exhortos al Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para respetar lo establecido.
No podemos permitir que por ser fin de sexenio se dé un fin de compromisos, que afectará a la administración entrante. Debemos comprometernos a trabajar desde la Cámara de Diputados, desde la próxima conformación de la Comisión de Asuntos Indígenas, para que cuando se hable de indígenas en México no sea sinónimo de pobreza ni de marginación, sino por el contrario sea sinónimo de orgullo, de identidad y de grandeza. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Jeanny. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos. Pero en tanto, saludamos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial, invitados por doña Erika Funes Velázquez. Sean ustedes bienvenidos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, tiene hasta por cinco minutos el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en los programas y planes de desarrollo educativo los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior.
Esta Presidencia, con todo respeto, recuerda a la asamblea, que cualquier propuesta de modificación a los resolutivos que plantee la diputada Roxana Luna Porquillo, tendrá que venir del coordinador de su grupo parlamentario.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Buenos días. Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Buenas tardes.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Tardes. La suscrita Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III, VI, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguiente.
Exposición de motivos
Con fecha 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma introduce la educación media superior como el nivel de estudio que el Estado promoverá y atenderá, por lo que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Ésta y la media superior serán obligatorias.
En el transitorio segundo de este mismo decreto se señala que se realizará de manera gradual y creciente, a partir de este decreto, en el ciclo escolar 2012 y 2013, y hasta lograr una cobertura total en sus diversas modalidades en el país, a más tardar del ciclo escolar 2021-2022.
Esto obliga a la federación y a las entidades federativas a que se establezcan los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para la infraestructura de la educación media superior, en los términos establecidos en los instrumentos del sistema nacional y los sistemas estatales de planeación democrática del desarrollo. Así, el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 debe contemplar este ordenamiento.
El Plan Nacional de Educación Superior se propuso, hasta 1980, crear nuevos centros de educación profesional, pos secundaria y carreras cortas, pos bachillerato y de ahí surgieron los Conalep, los Colegios de Bachilleres y la implementación de 27 centros de educación profesional, pos secundarias y carreras cortas, pos bachillerato en el área metropolitana del Distrito Federal y en las 47 entidades federativas. Se impulsó la salida terminal como la única alternativa después del bachillerato y a mantener como expectativa sólo la posibilidad de llegar a la mano de obra calificada.
Esto provocó inquietudes en la carta de los jóvenes que buscan nuevas alternativas. En la actualidad existen tres tipos de enseñanza: la propedéutica, la bivalente y la terminal.
El Informe nacional sobre la educación superior en México, de la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura, nos dice que la modalidad propedéutica permite acceder a la educación superior. Se puede cursar el bachillerato propedéutico en los bachilleres de las universidades autónomas, los Colegios de Bachilleres, tanto federales como estatales, los bachilleratos estatales, las preparatorias federales, entre otros.
La modalidad bivalente desarrolla una formación profesional tecnológica de carácter propedéutico. La modalidad terminal entonces tiene como objeto capacitar al estudiante para el trabajo, suponiendo que no puede continuar con más estudios.
Así tenemos que para el año 2000 existen escuelas preparatorias autónomas de 3 años y 2 años. Para el 2010, según los datos de la SEP, existen universidades con cerca de 100 preparatorias autónomas y en otros casos varían considerablemente. Para el año 2012, para algunas universidades la matrícula en las preparatorias representa más del 40 y 50 por ciento de la matrícula.
Por todo ello, debemos tomar en cuenta los diferentes regímenes legales e institucionales y en especial, el referente a las universidades autónomas, a las cuales, por tener este rango constitucional se requiere una incorporación, que participen activamente.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea lo siguiente
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal, a los gobiernos municipales, que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la evaluación de la calidad educativa para el cumplimiento del mandato constitucional.
Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la voz don José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, uno de los retos actuales de nuestro país es elevar la oferta, calidad y pertinencia de la educación, ya que eso nos permitirá responder en mejores condiciones a los desafíos de la sociedad del conocimiento, retos que nos obligan a asentar bases sólidas para el desarrollo integral de la sociedad.
La educación media superior es una etapa estratégica en la formación de las personas para brindar a los estudiantes las oportunidades de aprendizaje actualizado con calidad y equidad. Resulta complicado cumplir con este anhelo al no existir condiciones de infraestructura para cubrir la demanda que año con año se incrementa.
¿Cómo explicarles a los jóvenes que sus deseos y derechos de seguir estudiando no podrán cumplirse debido a que no hay espacio para ellos en el bachillerato? El Estado mexicano tiene la obligación de cumplirle a la sociedad y a sus jóvenes no sólo por un mandato constitucional, sino como un principio de equidad y justicia social.
Atendiendo a estos principios, en Nueva Alianza, sabemos la importancia de que ningún joven queda fuera de este nivel educativo. Por ello, en la LX Legislatura, presentamos la iniciativa para hacer obligatoria educación media superior, la cual fue retomada para que hoy sea una realidad plasmada en nuestra Carta Magna.
Por lo anterior, el apoyo de nuestra fracción parlamentaria es a favor de que los miles de estudiantes que son excluidos cada año de la educación media superior y superior sean incorporados a las distintas modalidades de este nivel de estudios.
Es obvio que esta realidad configura una urgente exigencia para que la federación, los estados, municipios y el Distrito Federal asuman su responsabilidad de canalizar los recursos públicos necesarios destinados a la infraestructura y calidad de los distintos tipos y modalidades de educación media superior tendientes a ampliar la matrícula para que el Estado mexicano implemente políticas que permitan ampliar la cobertura con equidad, mejorar la oferta educativa y avanzar hacia el establecimiento de un sistema educativo pertinente.
En consecuencia las diputadas y diputados de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña María del Carmen Martínez Santillán, del PT, tiene usted el uso de la voz por tres minutos.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos enfatizado a lo largo de las distintas legislaturas, la importancia de fortalecer nuestro sistema de enseñanza en todos sus niveles.
No obstante cuestiones como la capacitación de los docentes, así como la actualización de los distintos planes de estudio y la educación de las asignaturas y de los contenidos educativos ofrecidos en las escuelas y universidades, según las características de los espacios de trabajo que ofrece el mercado laboral son un tema de mayor importancia que aún no se logra abarcar en su totalidad, pues la propia demanda de la población y autoridades hacia el Estado para que se garantice el acceso a un espacio educativo en instituciones públicas así lo demuestran.
Para lograrlo es necesario que todos los esfuerzos se centren en los mecanismos de actualización y mejora educativa en la planta docente, así como de garantizar un máximo de recursos para este criterio.
En este sentido, el punto de acuerdo que hoy se somete a discusión no está fuera de contexto y se suma a una lista indeterminable de exigencias que deben ser atendidas a la brevedad.
Considerar en los programas y planes de desarrollo educativo los elementos necesarios para la identificación de la matrícula en el nivel de educación media superior no es un asunto nuevo, pero sin lugar a dudas sigue existiendo el reclamo por parte de la sociedad para que todos los jóvenes en edad de cursar su educación preparatoria sean atendidos.
Nuestro compromiso como legisladores tiene que ver hoy con dar respuesta pronta y efectiva a tan imperantes solicitud, pero además no permitir que temas se queden en el tintero.
Compañeras y compañeros legisladores, es preciso recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, recomienda una inversión de 8 por ciento del producto interno bruto en educación; sin embargo la realidad es que solo se destina apenas 5.5 por ciento, lo que representa un gasto por alumno de unos 6 dólares por cada uno de ellos, cifra muy por debajo de lo recomendado por dicho organismo quien según calcula una inversión sugerida de los 25 mil dólares.
Por una parte se calcula invertir entre 6 y 7 millones de pesos anuales paulatinamente hasta el 2020 aproximadamente, para cubrir toda la demanda; pero no todo queda ahí en cuanto a incrementar la oferta educativa.
Si a todo ello le agregamos las observaciones que se nos presentan a través de la Auditoría Superior de la Federación, quien reveló en su informe de la Cuenta Pública para el 2010 que será hasta el 2043 cuando se alcanzara la cobertura universal de la enseñanza media superior, estaremos hablando de la gravidez total de una política educativa que lejos de tener buenas intenciones, está quedando rebasada por la descoordinación interinstitucional y la falta de atención presupuestal.
Con la debida dedicación que amerita el tema, nuestro grupo parlamentario votará a favor del punto de acuerdo en comento. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Es obligación del Estado garantizar la educación media superior. Así lo reza el transitorio segundo del decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, en inciso c) de la Fracción II y la fracción V del artículo 30; y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 9 de febrero de 2012 y se establece que
Se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades del país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022; suficiente tiempo.
Es decir, como vacatio legis se concede a la dimensión gubernamental del Estado, un plazo bastante considerable si tomamos en cuenta no la materia presupuestal o contable, sino las condiciones de alarma social que están envolviendo a nuestros jóvenes.
Debe recordarse que tal reforma a los artículos 30 y 31 constitucional tiene como trasfondo el tema de millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que derivado de un contexto social y familiar y que lamentablemente por falta de oportunidades y un creciente enrolamiento en las bandas del crimen organizado, requieren con urgencia espacios para ser incorporados en el Sistema de Educación Media y Educación Superior.
Por ejemplo en la zona metropolitana del valle de México se habla de 150 mil jóvenes rechazados que no tuvieron un lugar en universidades públicas como la UNAM, la UAM y Politécnico, por la complicidad e irresponsabilidad de la Secretaría de Ecuación Pública, por lo que los jóvenes en esta situación se ven obligados a optar por estas absurdas alternativas de universidades que no son legales, llamadas las “universidades patito”.
México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público, lo ubica como la nación con mayor tasa de inversión en este rubro, el 21.7 por ciento del gasto público total, frente al 13.3 por ciento, promedio en el conjunto de países que forman parte de la OCDE.
No obstante lo anterior el gasto per cápita por alumno permanece muy bajo en todos los niveles escolares, puesto que más del 90 por ciento del presupuesto para la educación, se destina a gasto corriente, lo que ha provocado importantes descuidos en infraestructura, tecnología y acondicionamiento.
Prueba de ello ha sido el fracaso de los proyectos de Enciclomedia y Habilidades digitales para todos, negocios ilícitos, lo cual ha sido un pillaje y un rateriaje.
Y debo decirles que hoy en este recinto están senadas personas que han sido cómplices de todo este rateriaje que se ha dado en la educación pública.
Por lo que el grupo Movimiento Ciudadano, concluyo, señor Presidente, nos sumamos a la exhortación y a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que consideren urgente y prioritario para contemplar planes, proyectos y programas de desarrollo educativo integral para ampliar la matrícula, fomentar el fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad de la educación media superior y superior.
Concluyo con la siguiente frase: “Donde hay educación no hay distinción de clases”. Confucio, filósofo chino. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores: en México nuestra Carta Magna reconoce que todos los niños y jóvenes deben tener las mismas oportunidades de calidad y acceso a los servicios educativos.
El derecho a la educación es un derecho fundamental inherente a cualquier persona que hoy más que nunca está en el debate público. Su importancia es innegable en nuestro país y de ahí su importancia y la implementación gradual que está llevando a cabo el gobierno federal.
Así por ejemplo recordemos que en noviembre de 2002 se publicó una reforma al artículo 3 constitucional para incorporar a la educación preescolar como parte de la educación básica y por lo tanto el Estado está obligado a proveerla.
Desde hace poco más de tres año el gobierno federal ha intentado instrumentar el derecho para incorporar la educación básica como parte de la educación en nuestro país. Sin embargo, después de muchos esfuerzos dados los requisitos que se impusieron, sigue enfrentando problemática para su implementación. Éste es un reto que sigue vigente para nosotros y para el Estado mexicano.
Por ello, para conseguir ampliar la matrícula de alumnos en nivel de educación media superior primero se requiere fortalecer nuestras instituciones educativas, generar una mejora en la infraestructura, así como establecer una correcta preparación del personal académico y de los alumnos.
La realidad en México es que la educación media superior hoy no se encuentra en condiciones de atender a todos los jóvenes que desean ingresar a esta etapa del sistema educativo.
Al respecto, hace unos días el secretario de Educación, José Ángel Córdova Villalobos expresó que para atender este reto se necesitan más de 14 millones de pesos, más recursos adicionales por casi 24 millones de pesos. Por ello la importancia de este llamado al Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno para que cumplan con sus responsabilidades en la materia.
Que nos quede claro: la inversión en la educación es la mejor inversión que podemos hacer para combatir el problema del crimen organizado. Por ello, para el Partido Verde el reconocimiento del derecho fundamental y su cobertura hasta nivel de educación media superior está hecho.
Ahora lo que tenemos enfrente es el desafío de volver realidad este precepto constitucional para que todos nuestros jóvenes tengan acceso real a una educación media superior digna.
Por ello votaremos a favor de que se exhorte a las autoridades en todos sus niveles para que se den las condiciones objetivas necesarias para el cumplimiento expedito y eficiente de la obligación del Estado de proveer la educación a todas las personas, en particular a nivel medio superior. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Toda la educación del Estado, que imparta el Estado, será gratuita.
El decreto que reforma el artículo 3o. responde en parte a poner la educación en este país como una prioridad; digo en parte porque el plazo para garantizar lo expresado es largo, aunque algunas y algunos dirán que es a mediano plazo, pero eso significa no ver la realidad que vivimos en nuestro país, en nuestro querido México, en todo lo que representa la palabra realidad.
La realidad es que la situación de la descomposición del tejido social es consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales implementadas en los últimos 25 años, que a todas luces han cumplido con su cometido que es alcanzar los objetivos de un sistema social y una construcción moral y cultural que económicamente es empobrecedora, que socialmente es excluyente, que políticamente es autoritario y que moralmente es anti-solidario.
La realidad es que se ha aplicado una política errática para abatir la inseguridad, lo cual no le ha garantizado a la ciudadanía ni a la nación, la seguridad que tanto demanda, pero sí ha permitido que muchos jóvenes, hombres y mujeres, sean carne de cañón para los grandes delincuentes en este país.
La realidad es que pretenden continuar con el mismo modelo de política económica social que tiene a nuestro México en los estándares muy por debajo de muchos otros países en diversos aspectos como educación, seguridad, crecimiento económico, cultura e investigación. Y dicen ser la panacea y que ahora sí las cosas van a cambiar.
La realidad es que la educación es una prioridad y que el Estado es mandatado por nuestra Carta Magna a garantizar esa educación en sus términos expresados en el artículo 3o.
La realidad es que las normas jurídicas son bilaterales, son imperativo-atributivas, atribuyen derechos y generan obligaciones. La realidad es que está ausente el debate parlamentario y que reduce a discusión y posicionamiento de los argumentos que permita convencer a los representantes, a las representantes populares responder como tales.
El PRD resalta que la educación es un derecho, y es el Estado quien está obligado a impartir la educación de manera laica, científica, democrática, libre y gratuita. Creemos en la rectoría económica del Estado y en el compromiso social que tenemos de cara a la nación, y la responsabilidad histórica con el pueblo de México.
Por lo que solicitamos a las y los diputados de esta LXII Legislatura, aprobar la proposición presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática como de obvia y urgente resolución, misma que conlleva a materializar el espíritu de la norma, de que todo individuo tiene el derecho y el Estado es el obligado, y traducirla en el presupuesto suficiente que permita crear las condiciones y atender de forma integral y continua la cobertura de una educación media superior de calidad; presupuesto suficiente para no dejar en letra muerta lo establecido en el decreto del pasado 9 de febrero del presente año, que atiende la demanda de que la educación, vuelvo a repetir –termino presidente– es prioridad nacional para el crecimiento y desarrollo integral de un país, y no una mercancía como han pretendido hacerla pasar.
Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que muchas veces la realidad es peor.
Por México, por una educación de calidad, obligatoria y gratuita para todos los niños y las niñas; para todas y todos los jóvenes, sin exclusión, sin discriminación, la educación es primero. Esta legislatura puede y debe demostrar que somos representantes populares, por el bien de México y de las y los jóvenes. Gracias, señor presidente. Y a ustedes por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quisiera pedirle que en los términos del artículo 8o. del Reglamento, retirara el material que utilizó durante su intervención. Muchas gracias, diputada.
Tiene ahora la palabra el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, para Acción Nacional es requisito fundamental y condición básica para resolver el problema de la educación e México, el establecer en la Constitución los principios estructurales de un verdadero sistema educativo. Coherente con ello, el Grupo Parlamentario del PAN y el Ejecutivo federal, en un esfuerzo conjunto con los demás actores políticos, impulsamos la aprobación del decreto por el que se reformaron los artículos 3º y 31 de nuestra Constitución Política, para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior.
Es preciso decir que en la conformación de tal reforma fuimos cuidadosos, sobre todo en establecer que tal obligatoriedad del Estado implicara su deber de ofrecer un lugar para cursar este nivel educativo a todos los jóvenes, debiendo realizarse ello de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar que está en curso, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas.
Por ello, y previo a la publicación de esta reforma, el Ejecutivo federal, consciente de los grandes desafíos que enfrenta el sistema educativo nacional para brindar una educación suficiente y de calidad a nuestra juventud, ha llevado a cabo una serie de acciones que han sentado las bases para que hoy el Estado pueda cumplir cabalmente con lo que hoy en día ya es una obligación de la Federación y las entidades federativas.
Así, entre otras acciones, el Ejecutivo federal desde 2007 ha emprendido la reforma integral de la educación media superior a fin de resolver importantes desafíos y promover mejores oportunidades para que los jóvenes salgan adelante.
Sobresale la alineación de los planes y programas que se imparten en 7 mil 310 planteles al marco curricular común, que establece la reforma integral de ese nivel educativo y que impulsa la educación por competencia.
Se destaca que en estos planteles estudia alrededor del 76 por ciento de todos los alumnos del nivel bachillerato, es decir poco más de 3.3 millones de jóvenes. Asimismo, se han hecho los ajustes necesarios para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tenga atribuciones para evaluar también la educación media superior, tanto pública como privada, y en 2012 inició la modernización del servicio de preparatoria abierta y a distancia.
Son claros los logros en el afianzamiento de la vinculación del bachillerato con el sector productivo que hoy se tiene. Por ejemplo, un importante papel en la definición de carreras técnicas en Conalep y en los bachilleratos tecnológicos. Asimismo, destaca la incorporación del bachillerato a la prueba Enlace desde 2008, lo que contribuye a mejorar la calidad en la educación que reciben nuestros jóvenes. Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor del punto de acuerdo que se discute y refrendamos nuestro compromiso con la educación media superior.
Compañeras y compañeros diputados, es un hecho que nuestro país, la sociedad y los gobiernos, estamos obligados constitucionalmente a que todos los ciudadanos cuenten con la educación media superior.
Somos representantes de los ciudadanos en el Congreso. Seamos consecuentes con ello e impulsemos las acciones necesarias que hagan posible un mejor desarrollo educativo para nuestro futuro: los jóvenes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Dorador. Tiene ahora el uso de la tribuna el señor diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado J. Pilar Moreno Montoya: Con su permiso, señor presidente. Conforme a los datos de población que nos indican que estamos en la cresta más alta en la juventud de entre 15 y 18 años y aquello obliga que tengamos la infraestructura suficiente para que les brindemos la oportunidad de prepararse y alcanzar el nivel bachillerato, es necesario que no sólo lo revisemos como datos estadísticos de infraestructura existente, número de aulas por demanda, ya que muchas de ellas son de carácter privado y la gran mayoría de los aspirantes a cursar este nivel no cuenta con los recursos suficientes para pagar su bachillerato.
Tenemos que considerar las diversas modalidades desde el acuerdo 286, para aquellos que por diversas circunstancias en su momento no pudieron realizar sus estudios y que a través de un examen pueden alcanzar el bachillerato hasta la educación a distancia, que facilita obtener el nivel correspondiente.
No olvidemos que en la legislatura pasada se aprobó la obligatoriedad del bachillerato, por consecuencia hoy estamos obligados a buscar los medios que permitan que tal obligatoriedad se cumpla.
Si a la fecha sólo estamos atendiendo el 60.4 por ciento de la población, que son más o menos 5 millones 292 mil 111 jóvenes de un universo de 8 millones 761 en números redondos en edad de estudiar, quiere decir que tenemos que aplicarnos para atender por lo menos el 90 por ciento, lo que hace que tengamos la obligación y necesidad de crear espacios para 2 millones 365 mil jóvenes. Ello nos indica el tamaño del compromiso que debemos asumir.
Pero lo importante no radica sólo en inscribir una gran mayoría, ya que del 60 por ciento que atendemos tenemos una deserción de alrededor del 40 por ciento, lo que implica que 2 millones 116 mil jóvenes abandonan la preparatoria por múltiples motivos, como son: mala elección de la escuela, falta de recursos, bajos niveles o una mala educación. Ello nos agrava el problema e incrementa el bajo nivel académico de los ciudadanos. Por ello debemos revisar los planes y programas.
A partir del 2005 en que se realizó la reestructuración de la SEP, y en particular la SEIT, en Subsecretaría de Educación Media Superior y en donde se buscó a partir del 2007 la reforma educativa al nivel, se han hecho muchos intentos de compactar los diferentes programas, ya que existían, para que se den una idea de la dificultad del nivel, 287 planes y programas de estudio en diferentes subsistemas, con caprichos, todavía, de algunos directores, solamente por sacar números, sin ver la calidad de sus egresados.
Ello complicaba y continúa sin resolverse de fondo, el tránsito del alumno de un plantel a otro, incluso en el mismo subsistema. No hablemos de otros donde no existía secuencia en tiempos y mucho menos en contenidos.
Ante ello, la federación, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior debe seguir impulsando las comisiones de educación a las entidades federativas y a los municipios, con el fin de que así podamos estar buscando bachilleratos bilingües, con inglés, pero también que se preparen maestros para lenguas en las regiones, se motive a los jóvenes con actividades extracurriculares, como deportes, arte y cultura que les brinden una formación integral y los motiven con los temas de su interés.
Se tiene que generar una inserción en los diferentes subsistemas, incluidos los particulares, para bajar los altos costos que implica el contar con suficientes talleres y laboratorios, así como espacios físicos y canchas. Ello significa, en algunos casos, saturación de algunos planteles y abandono de otros.
Por eso tenemos que trabajar para producir los planes y programas, haciéndolos más universales. Tenemos que cuidar, precisamente, el perfil profesional, pero que además exista un tronco común.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, apoya el punto de acuerdo presentado por la compañera diputada del PRD, Roxana Luna Parquillo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que evalúe los programas que han sido insuficientes en respuesta a las enfermedades mentales. Adelante, diputado.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; y con el permiso de mis compañeras legisladoras y mis compañeros legisladores.
Someto a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental a celebrarse el día de mañana 10 de octubre, por medio del cual se le hace una exhortación al secretario de Salud del gobierno federal, a afecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, y a través del Consejo Nacional de Salud Mental, evalúe los programas hasta ahora implementados que a todas luces resultan ser insuficientes a efecto de implementar el necesario, que permita dar una respuesta cabal a las personas que padecen una enfermedad mental.
Es menester precisar que el derecho a la salud implica no solamente la salud física, sino que además la salud mental. Congruentemente la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, por lo que no solamente es la ausencia de afectaciones o de enfermedades, relacionándola con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento, y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.
Particularmente, por lo que se refiere a las enfermedades mentales, la Organización Mundial de la Salud ha establecido los siguientes datos: 450 millones de personas experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo, de los cuales 350 millones les afecta la depresión.
Estos desórdenes constituyen cinco de las 10 principales causas de discapacidad. La depresión clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo para el 2020, y en países en desarrollo se estima será la primera causa.
Las personas con trastornos mentales sufren de discriminación y estigmas, y por ende violación sistemática a sus derechos fundamentales. De los gobiernos que informaron que contaban con un presupuesto para la salud mental el 36.3 por ciento invertía menos del 1 por ciento de su presupuesto toral para la salud.
Congruente con lo anterior, la Organización Mundial de la Salud estableció en 1992 el Día Mundial de la Salud Mental con una campaña que busca anualmente concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta específico, siendo para el 2012 el destinado a la depresión considerándola como crisis mundial.
Quiero dejar constancia de que hay instituciones, incluso educativas a nivel superior, como particularmente la Universidad La Salle, de Cuernavaca, a través de la Escuela de Psicología, que el día de mañana estará conformando un foro en esta materia para coadyuvar en la concientización que se requiere para salvaguardar este derecho fundamental a la salud.
Por todo lo anterior, y considerando que el derecho a la salud mental de las y los mexicanos se encuentra en un estado de vulneración por las diferentes enfermedades mentales, considerándose ya un problema de salud pública, incluso a nivel mundial, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados como punto de acuerdo de urgente u obvia resolución la solicitud dirigida al secretario de Salud, para que en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud y a través del Consejo Nacional de Salud Mental se proceda a la evaluación de los programas hasta ahora implementados, que –repito– a todas luces resultan ser insuficientes a efecto de que se implemente el necesario que permita verdaderamente salvaguardar nuestro derecho fundamental a la salud y particularmente se asigne un presupuesto específico para el próximo ejercicio que permita en forma ex profeso salvaguardar este derecho fundamental. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se considera de urgente resolución y está a discusión...
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Paloma Villaseñor.
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Señor presidente, deseo comentar a la asamblea que quiero suscribir el punto de acuerdo del diputado Coronato, porque la salud mental en México pues está muy lejos de ser la deseable; no hay detección temprana, ni suficientes centros de atención, ni médicos, ni terapeutas.
No hay respuesta gubernamental suficiente, en especial para las personas con autismo u otros trastornos generalizados del desarrollo. Se requieren políticas, presupuesto, así como que estas personas gocen de todos los derechos en materia de salud. Es por ello, presidente, que no nada más quiero votar a favor, sino deseo suscribir este punto de acuerdo.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, su intervención formará parte del Diario de los Debates; el punto ya ha sido autorizado de urgente resolución y, en consecuencia, tiene el uso de la tribuna por tres minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. En los años recientes se ha presentado una situación donde las enfermedades de carácter mental se han incrementado en nuestro país. Las nuevas modalidades de trabajo y las presiones del mundo moderno han generado trastornos de carácter emocional que no eran tan comunes hace algunas décadas.
Ejemplo de ello, debemos decir que una de cada 10 personas que acude a los servicios médicos de atención primaria padece de depresión, sin embargo esta enfermedad es una de las que no se ha podido detectar a tiempo en quienes la padecen.
Se estima que del año 2001 a la fecha se han incrementado los casos de suicidio hasta en un 62 por ciento. Los trastornos de tipo neuropsiquiátrico ya están en el quinto lugar dentro de las 10 causas de morbilidad entre los mexicanos.
Por su parte, la depresión afecta entre 12 y 20 por ciento de las personas adultas; es decir, entre quienes tienen 18 y 65 años de edad. La situación se agrava cuando vemos que los padecimientos de tipo emocional y mental no son diagnosticados a tiempo y no reciben tratamiento médico oportuno.
En este sentido, debemos recordar que en nuestro país hay 24 hospitales psiquiátricos y sólo cuatro tienen el equipamiento necesario para internar a pacientes para recibir un tratamiento. Es indispensable fortalecer las políticas de gobierno en el tema de prevención y atención de las enfermedades y trastornos mentales y emocionales.
En la LXI Legislatura nuestro grupo parlamentario propuso una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, con el propósito de incorporar el manejo de tratamiento de las enfermedades mentales desde la atención primaria.
Con esta modificación se contribuye a la detección oportuna de estos padecimientos con lo que los pacientes pueden recibir la ayuda correspondiente antes de que se agrave el cuadro clínico.
La proposición que se está discutiendo ahora, busca que se haga una evaluación de los programas implementados por la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional de la Salud Mental, con el objeto de poder detectar qué áreas deben ser fortalecidas e incrementar los recursos para mejorar la atención a los pacientes.
La proposición en comento es de la mayor relevancia, sobre todo si consideramos que este tipo de padecimientos se irán incrementando durante las décadas por venir y de seguir desatendiendo dicha problemática, estaremos permitiendo su recrudecimiento y una cura más difícil.
Con tales consideraciones nos parece positivo que esta soberanía se pronuncie al respecto y pueda tomar las medidas de tipo legal y presupuestario correspondientes siempre con el interés de ayudar a los mexicanos que padecen algún trastorno mental.
En consecuencia nuestro grupo parlamentario apoya la proposición que se nos presenta, refrendando nuestro compromiso de que en la próxima discusión presupuestal tendremos que destinar mayor gasto al sector social, en particular el educativo de salud y de abatimiento de la pobreza extrema, en virtud de que 58 millones de pobres requieren de políticas públicas que los saquen de la postración en la que viven y no de políticas asistenciales que sólo administran electoralmente la pobreza. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor Presidente. El derecho a la salud física y mental en México es un tema que debe tratarse y ser atendido de manera inmediata.
Las actividades diarias de todos los seres humanos requieren de un óptimo rendimiento tanto físico como mental. No obstante en nuestros días somos testigos de un mundo marcado cada vez más por procesos de grave deterioro de salud mental.
Las causas de este hecho son diversas y complejas; factores hereditarios, psicológicos y comunitarios han desembocado en estructuras vivenciales anómalas donde lo específico es el desarrollo de crecientes estados de estrés.
En este sentido resulta evidente comenzar a establecer mecanismos institucionales de prevención y tratamiento adecuado.
La Organización Mundial de la Salud celebra el 10 de octubre de cada año el Día Mundial de la Salud Mental. Este año destinado a resaltar el tema: Depresión, crisis mundial.
En este terreno no debemos olvidar un dato estrujante: el 90 por ciento de los suicidios en el mundo están asociados con la depresión.
Estudios recientes señalan que en nuestro país el 2.6 por ciento de los hombres y el 6.8 por ciento de las mujeres, han experimentado por lo menos una crisis depresiva en su vida, es decir, más de 5 millones de mexicanos han sufrido algún tipo de colapso leve o severo, siendo el grupo más vulnerable el conformado por los adolescentes y adultos jóvenes ente 18 y 35 años de edad.
La juventud es uno de los sectores donde se vuelve más patente este problema. Información reciente revela que la tasa de suicidios en el país ha crecido 31 por ciento en el último año. Es decir, cada 24 horas fallecen alrededor de 16 jóvenes.
No soslayemos que a este sector precisamente pertenecen el mayor número de habitantes en el país.
Debemos señalar con desánimo que nuestra nación sigue sin cobrar la debida importancia a los programas para combatir y prevenir las enfermedades mentales, razón por la cual continúa creciendo el número de personas con problemas de esta índole.
En México, del total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2 por ciento es orientado a la salud mental y de este monto únicamente se destina el 80 por ciento a la operación de los hospitales, por lo que las condiciones de trabajo y salvaguarda en estos centros de salud resultan a todas luces insuficientes.
La atención de la salud mental en nuestro país es de tercer nivel. Existen 46 hospitales de cuidado mental, 13 unidades de internamiento en hospitales generales y ocho establecimientos residenciales, por lo cual el acceso del grueso de la población se ve limitado y ello fundamentalmente por nuestro tradicional centralismo institucional y operativo. Se podría decir sin exagerar que los servicios regionales en este rubro son casi inexistentes.
Si queremos evitar el crecimiento de los problemas asociados a la salud mental en nuestra población resulta por demás apremiante atender de forma pronta, eficaz y con pleno respeto a los derechos humanos esta disfuncionalidad institucional que nos agobia.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental nuestros compañeros legisladores del partido Movimiento Ciudadano presentan un punto de acuerdo exhortando la evaluación de los programas hasta ahora implementados en materia de salud mental, mismos que no han sido suficientes, y al mismo tiempo solicitan implementar programas eficaces para responder con tratamientos óptimos a las personas que sufren de trastornos mentales.
Lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de salud pública para prevenir, tratar y rehabilitar.
En México las enfermedades mentales afectan a una de cada cuatro familias y según la Organización Mundial de la Salud al menos dos de cada 10 adolescentes tienen alguna alteración de este tipo.
Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la salud, un derecho que se encuentra consagrado en las constituciones de países de todo el mundo, así como en tratados internacionales.
El derecho a la salud es un derecho fundamental al que todo individuo debe tener acceso sin distinción de raza, ideología o condición socioeconómica.
En la agenda de mi partido, el Partido Verde Ecologista de México, y como parte de sus propuestas siempre ha estado presente la importancia de este derecho fundamental consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución.
Constantemente hemos impulsado propuestas para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestro país en materia de salud. Algunas de ellas son lograr una mayor asignación de inversión pública federal, estatal y municipal en materia de salud que pueda reflejarse en el crecimiento de infraestructura, así como en el aumento de los recursos humanos del ramo. Implementar gabinetes sicopedagógicos y nutricionales a nivel primaria y secundaria.
Además, hoy hemos presentado una iniciativa que va encaminada a reformar el artículo 74, fracción I de la Ley General de Salud para hacer extensiva la atención y rehabilitación siquiátrica de los enfermos mentales agudos, puesto que este artículo sólo ampara a los que tienen una enfermedad mental crónica.
Por todo lo anterior es que puntos de acuerdo que contribuyan a propiciar la atención de salud oportuna y apropiada mi partido, el Partido Verde, con gusto los apoya puesto que es un derecho fundamental de todo ser humano tener una salud que le permita trabajar de forma productiva y fructífera para así poder contribuir y relacionarse con su comunidad.
Asimismo, quisiéramos proponer un pequeño cambio a la redacción del petitorio, ya que el punto de acuerdo solicita se proporcione respuesta cabal a las enfermedades mentales y en realidad lo que se necesita es implementar programas necesarios para dar respuesta a los tratamientos de las enfermedades de este tipo.
Por lo cual la redacción que proponemos es la siguiente:
Único. Se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal, a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud Mental, al cual le corresponde, entre otros, la de apoyar la promoción de las acciones de los sectores público, social y privado del país en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social del individuo en lo relacionado con problemas de salud mental, así como proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos en la materia y la difusión e implementación de modelos innovadores de atención en salud mental; evalúe los programas hasta ahora implementados que a todas luces resultan ser insuficientes a efecto de implementar el necesario que permita dar una respuesta cabal al tratamiento de las enfermedades mentales, destinando el presupuesto específico en 2013 para tan trascendente objetivo en el marco del Día Mundial de la Salud Mental a celebrarse este 10 de octubre.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia se permite recordar a todos los diputados y diputadas que cualquier propuesta de modificación al presente punto de acuerdo debe de provenir del mismo grupo parlamentario que lo propuso y firmada por el coordinador de dicho grupo parlamentario, de otra manera no podríamos darle ningún trámite.
Tiene la palabra la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
La diputada Juana Bonilla Jaime: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento en la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente.
Nuestro país tiene 2.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y destina el 0.85 por ciento de su presupuesto nacional para atender la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que este porcentaje sea del 10 por ciento.
La discapacidad psiquiátrica en nuestro país, como tal, simplemente no existe a pesar de que cuando la OMS nos indica que las enfermedades mentales representan el 13 por ciento dentro de las discapacidades.
México se encuentra rezagado en la atención que brinda al a salud mental, puesto que si bien se estima que alrededor del 15 por ciento de la población del país padece algún trastorno mental, sólo 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, en la población mexicana existen 7 por ciento de personas con depresión; 1.6 por ciento con trastorno bipolar; 1 por ciento de personas con esquizofrenia; más del 1 por ciento con trastorno obsesivo-compulsivo; 7 por ciento trastornos de angustia y pánico. Más aún resultan las cifras de la OMS, según las cuales el suicido, el cual se relaciona estrechamente con enfermedades mentales, ocupa el quinto lugar en la población joven a nivel mundial y en México, el INEGI lo reporta en segundo lugar o en tercer lugar, dependiendo la entidad federativa.
Por estos motivos, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se suma a la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, exhortando al Ejecutivo federal, en especial al titular de la Secretaría de Salud, para que en la propuesta de Presupuesto que en breve habrá de hacer llegar a esta soberanía, se incorporen mayores recursos para la atención y prevención de los temas de salud mental, así como en el plazo inmediato se ponga mayor atención en los servicios que actualmente se brindan en el rubro, garantizado de esta manera el derecho constitucional a la salud de los mexicanos que enfrentan esta enfermedad. Con su permiso y muchísimas gracias, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Margarita Saldaña Hernández: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales. En última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
En el año 2009, la Secretaría de Salud reportó que en nuestro país el 8 por ciento de las enfermedades mentales corresponden al área neuropsiquiátrica. 4 millones de personas padecen depresión; 6 millones más tienen problemas relacionados con el consumo de alcohol; 10 por ciento de los adultos mayores de 65 años en adelante sufren cuadros demenciales, mientras que el 15 por ciento de la población entre 3 y 12 años de edad padece algún tipo de trastorno mental o de conducta.
El impacto es aún más importante porque hay muchas personas que desarrollan esos trastornos a edades tempranas y no reciben ninguna ayuda efectiva, del tipo que fuere, a lo largo de toda su vida.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la OMS dispuso que el tema de este año fuese La depresión, una crisis mundial. De acuerdo con ese organismo, a nivel mundial la depresión afecta a más de 350 millones de personas de todas las edades y en todas las comunidades, y contribuye de modo significativo a la carga de morbilidad.
Se dispone de tratamientos eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos es problemático en la mayoría de los países y en algunos sólo lo reciben menos del 10 por ciento de las personas que lo necesitan.
Los indicadores de salud mental en México, exponen una problemática social que sin duda requiere de una atención efectiva en aras de mejorar no sólo la prevención, sino la atención de los trastornos mentales.
El estrés, la depresión, los suicidios, las adicciones, los trastornos de humor y afectivos, así como la ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos alimenticios y de la conducta, entre otros, son cada vez más comunes en nuestra sociedad. Resulta evidente que la modernidad conlleva diversos fenómenos que agudizan la manifestación de este tipo de enfermedades.
Por ello y ante el firme compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con respeto a la dignidad de la persona humana y con la defensa de los derechos humanos, apoyaremos en lo general esta proposición con punto de acuerdo que exhorta al secretario de Salud del gobierno federal, a que evalúe los programas hasta ahora implementados, a efecto de instrumentar una respuesta cabal a las enfermedades mentales, ello en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, a celebrarse el día de mañana.
Asimismo, nos sumamos a la invitación que los grupos parlamentarios ya han hecho y que se integra a esta Cámara de Diputados, para que en la próxima definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, le demos la importancia y el soporte financiero necesario para que nuestro Sistema Nacional de Salud cuente con los recursos idóneos para enfrentar los problemas de salud mental que padece la población nacional. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente tiene la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Con su permiso, señor presidente. Saludo con respeto a todos mis compañeros y compañeras que aún están en esta sesión, y de la misma forma saludo a nuestros amigos de la ciudad de Guadalajara, particularmente del Distrito 8.
Hoy quisiera más que sumarnos a este punto de acuerdo, quisiera reflexionar junto con ustedes y pedirles un momento de su atención, no vaya a ser que este punto de acuerdo después nos sea necesario a todos.
Hoy no tenemos nada que festinar, nada que alabar ni nada que festejar en el Día Mundial de la Salud Mental. 450 millones de seres humanos en el mundo no es un problema menor y si hablamos de México, 20 millones de mexicanos hoy están sumidos en problemas de salud mental y solamente el 2.5 por ciento son atendidos.
Señoras y señores, compañeros, las afectaciones mentales no distinguen niveles sociales, credos, religión o en nuestro caso, grupos parlamentarios. Afectan por igual a hombres, mujeres y niños y no distinguen a los ricos de los pobres, pero por desgracia sí afectan más a los grupos socialmente más desprotegidos.
Grupos y asociaciones como Voz pro salud mental, insisten que los gobiernos no deben verlo como un lujo sino como una necesidad. Ya se habló, lamentable, sí, sólo 544 establecimientos de salud mental en el país, 48 hospitales psiquiátricos, sólo 13 unidades de internamiento, sólo 7 estados de nuestro país tienen unidades de especialidad psiquiátrica en algún hospital general.
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud refiere que el suicidio en jóvenes es el quinto lugar y en nuestro país el Inegi habla que estamos en segundo o tercer lugar. Cómo mejoraremos si tenemos 2.5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes.
Se destina, como ya se mencionó, el 0.8 por ciento del presupuesto para salud, cuando la Organización Mundial de la Salud requiere y solicita el 10 por ciento.
Quiero reflexionar en razón de cuáles son los grupos vulnerables. ¿Nos gustan los adultos mayores? Ellos, nuestros viejitos ya se partieron el alma por nosotros y hoy no tienen la más mínima posibilidad de apoyo en nada.
¿Les gusta el que hablemos del adulto mayor joven? Aquel que tiene 36 años y que no tiene trabajo y que por ende no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse cuando sus posibilidades son mayores al insertarse en una responsabilidad familiar.
¿O qué hablar, de tanto que hemos dicho, en razón a las mujeres, con toda la carga social de ser esposas, amas de casa, trabajadoras, mamás, entre otras tantas responsabilidades cotidianas? ¿Cómo le podremos exigir que esté emocionalmente en óptimas condiciones físicas o sobre todos mentales?
Y por último, ¿qué decir de los niños o jóvenes? De los niños, es una de las principales 10 causas de atención en consultas externas y urgencias. Y en los jóvenes, hoy el 38 por ciento de los casi 100 mil muertos y desaparecidos son jóvenes entre 14 y 16 años que no tuvieron ninguna posibilidad.
La tarea, finalmente, no es fácil y hoy este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución sobre enfermedades mentales que presenta el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, en donde se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal, a efecto de que en el ámbito de su competencia implemente lo necesario y se haga una evaluación de los programas hasta ahora implementados y que a todas luces resultan insuficientes, a efecto de implementar el que se permita dar una respuesta cabal a las enfermedades mentales no solamente como diputado y en representación de mi fracción parlamentaria respaldaremos y daremos seguimiento a las políticas nacionales en materia de salud, en particular a la que nos ocupa. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: En términos del artículo 100 del Reglamento las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del XXXVIII Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se han inscrito para hacer uso de la tribuna en este punto la diputada Graciela Saldaña Fraire, del PRD, la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del PAN, y el diputado Raymundo King de la Rosa, del PRI.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, quisiera hacer uso de la palabra en este punto también.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputado Durazo, lo anoto inmediatamente, ya le di la palabra a la diputada. Lo anoto con mucho gusto.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Con permiso, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados. Amigos todos, los peninsulares del sur nos llamamos como signo de identidad, a nombre de don Andrés Quintana Roo, poeta y forjador de la Independencia de nuestro país, y portamos en la piel y en la sangre el carácter indomable pueblo maya, quien en defensa de su libertad y su dignidad cultural se apertrecho y configuró la resistencia.
En la franja más oriental de la península, territorio de dignidad que hoy se conoce como estado libre y soberano de Quintana Roo somos pues los herederos de la insurrección en contra de la esclavitud y el exterminio maya, y de la concentración absoluta y abusiva del poder, que a nombre de una casta criolla ejercieron los caciques de Campeche y Yucatán.
Conformamos desde entonces una forma propia de gobierno en resistencia, a través de la cabecera maya Chan Santa Cruz. Somos parte integrante de la federación desde el 24 de noviembre de 1902, una reforma constitucional nos otorgó el carácter de territorio federal. esto permitió comenzar a asentar las bases de nuestro desarrollo económico, pero también la explotación de nuestros recursos naturales.
Hasta hace 38 años el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas de los artículos 43, 73 y 89 constitucionales, que nos reconoce como estado libre y soberano e integrantes del pacto federal, suceso histórico que hoy recordamos y llamamos a conmemoración.
Los quintanarroenses somos también migrantes, poseedores de una fuerza de trabajo especializada y que gracias a ella la esplendorosa belleza de nuestro paisaje natural puede ser ofrecida como uno de los más reconocidos centros de atracción turística en el mundo.
Debemos cuidar y honrar nuestra herencia natural, cultural y política. No podemos permitir que las condiciones de violencia, inseguridad, que privan en algunas regiones del país, generen una percepción arbitraria que afecte el flujo de turistas en nuestra entidad. Tampoco podemos permitir en nuestro estado la reproducción de prácticas propias de los feudos decimonónicos de las castas de antaño, donde un cacique decidía y subyugaba la voluntad y la organización de las comunidades.
Desde esta tribuna llamamos a respetar las atribuciones y competencias de los distintos órdenes de gobierno, particularmente correspondiendo a ejercer a sus nueve ayuntamientos. Hoy Quintana Roo es un estado con una enorme diversidad cultural social y una vital pluralidad política. La mejor forma de conmemorar el 38 aniversario de su reconocimiento como estado libre y soberano es honrándola y fortaleciéndola.
Recordemos que hacer de Quintana Roo un estado próspero y seguro es compromiso de todos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes de entrar en materia saludo desde esta tribuna a los estudiantes de la Universidad de Sonora, que nos acompañan en este recinto en un viaje de estudios.
Ante los ojos de todos nosotros aparecen en el muro frontal de este recinto los nombres de quien a lo largo de nuestra historia política han hecho posible a la nación. Solemos olvidar, sin embargo, los calificativos que previo al juicio de la historia se les otorgaron o se les señalaron en su momento.
El juicio de la historia fue -lo sabemos hoy- muy distinto. Ahí está Miguel Hidalgo, llamado en su tiempo seductor protervo, sedicioso, hipócrita, traidor a la patria, blasfemo y enemigo implacable del Estado.
Ahí está Emiliano Zapata, a quien el poder nombró Atila del sur, conductor de hordas salvajes; bandolero y enemigo de la civilización.
Ahí está Francisco I. Madero, considerado por los beneficiarios del viejo orden que contribuyó a desmontar, como un loco ambicioso, enemigo del progreso y soñador descarriado.
Ahí está también Andrés Quintana Roo, en cuyo honor lleva hoy su nombre el estado y cuya Constitución hoy conmemoramos.
Hay en la historia de México quienes han vivido tiempos de oscuridad con la luz como horizonte. De esa estirpe fue Andrés Quintana Roo. Su nombre nos acompaña en los muros de esta Cámara porque en tiempos de cinismo y turbiedad, en tiempos de genuflexión ante el poder constituido por los hechos, adoptó el camino de la dignidad y la defensa de la moralidad política.
Es un honor mencionar, junto a don Andrés Quintana Roo, a don Javier Rojo Gómez, gobernador impulsor de la infraestructura para que se pudiera aspirar al cambio de administración constitucional. Un ícono del priismo de sus mejores tiempos. Pero eso es historia
Hoy, el estado de Quintana Roo, es la segunda entidad más endeudada del país después de Coahuila. Una práctica que caracteriza a la mayoría de los gobernantes es la discrecionalidad en el manejo de las arcas públicas; no rinden cuentas.
Es inconcebible que Quintana Roo siendo uno de los estados más jóvenes del país tenga, a 38 años de su fundación, los vicios de un estado en decadencia. De ahí que esa entidad ocupe hoy uno de los primeros lugares en pederastia, en corrupción, tráfico de personas, prostitución, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes.
Es responsabilidad elemental de todo servidor público, preservar toda documentación relacionada con los acontecimientos que dan forma a nuestra historia.
La transparencia pretende combatir particularmente, el fraude y la corrupción en el sector público.
Y hablando de fraude, qué contradictorio que una de las áreas históricamente más vulnerables y susceptibles al fraude, haya sido precisamente la electoral, cuyos testimonios el IFE pretende ahora destruir y a los cuales la elección presidencial en Quintana Roo no fue ajena.
No entraré aquí en la argumentación política y ética sobre la limpieza o no de esos comicios. Al margen de esa discusión parece evidente que la decisión del IFE carece de perspectiva y sentido histórico, pues se trata de un material con un inestimable valor para encontrar la verdad sobre uno de los acontecimientos más decisivos en la historia de nuestro país.
Quiero decirles, recordar que con el arribo del PAN al poder, se ampliaron las opciones para interpretar la historia oficial que por décadas no pocos aceptamos acríticamente.
Gracias a ese hecho tenemos ahora versiones contrastantes sobre acontecimientos históricos que fueron utilizados políticamente. Podría ser el caso de las elecciones de 2006 y 2012.
Y ahora regreso al estado de Quintana Roo, no se preocupen. Vendrán historiadores independientes, desligados de influencia e intereses políticos e insatisfechos con la versión escrita por los vencedores interesados en arrojar luz sobre esta etapa política tan intensa de la vida nacional.
Si no se hubiese preservado la información sobre los gobiernos de Quintana Roo, no sabríamos hoy que ese estado más que un paraíso turístico es un invernadero de la corrupción.
Por esa razón debemos preservar también esos, termino, señor Presidente, esos elementos que nos van a permitir conocer uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de nuestro país. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que además de los inscritos han pedido y se les concederá el uso de la tribuna, también participar en este tema, la diputada Gabriela Medrano, del Partido Verde y la diputada Araceli Torres, del Partido del Trabajo.
En consecuencia tiene el uso de la tribuna la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Me ocuparé, señor presidente, de la efemérides; lo otro no sólo se aparta del tiempo sino son divagaciones y falsedades y podremos debatir, sólo que ahora me ocupo de esto.
Honorable asamblea: el 18 de noviembre de 1937, durante el ejercicio de la XXXVII Legislatura y bajo la presidencia del ciudadano Alfonso Francisco Ramírez y con la presencia de 88 diputados, se presentó ante el pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre del ilustre patricio licenciado don Andrés Eliseo Quintana Roo.
Don Andrés Quintana Roo fue un destacado abogado, político y poeta de la época independentista, cuyo mayor logro fue haber luchado por la libertad de este país. Y por qué hacemos referencia a este distinguido miembro del Congreso de Chilpancingo, presidente de la Asamblea Constituyente, diputado, senador, magistrado de la Suprema Corte y miembro del gobierno tripartita. Pues porque en su honor se dio el nombre al estado que hoy me enorgullezco en representar y me refiero al bello Quintana Roo.
Mi estado, junto a Baja California Sur, es una de las entidades más jóvenes en integrarse a esta federación. Precisamente el día de ayer, 8 de octubre, se cumplieron 38 años desde la declaración de Quintana Roo como un estado libre y soberano.
Hoy en día hablar de Quintana Roo es referirnos a un estado en crecimiento, de gente trabajadora, donde se abren ventanas de oportunidad para muchos mexicanos de otros estados, donde los inversionistas no temen llevar su capital.
Me llena de orgullo el señalar que aunque mi estado sólo cuenta con 10 municipios –no nueve, diputada Graciela– tenemos más de 865 kilómetros de litorales, 19 áreas insulares, se practica la agricultura, la ganadería, la pesca. Existen tres parques industriales y somos grandes productores de caña de azúcar.
Centros turísticos como Cancún, la Riviera Maya, Chetumal, Isla Mujeres o Cozumel, entre muchos otros, tan sólo en 2011 captaron el 37.2 por ciento del total de divisas que ingresaron al país por concepto de turismo.
La afluencia de turistas que han llegado al estado de enero a junio del presente año ascienden a cuatro millones 328 mil 690 personas. Asimismo, es importante destacar que nuestro gobernador Roberto Borge Angulo, presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ha trabajado de la mano de los 10 municipios del estado, preocupado por los quintanarroenses, atento a las necesidades de la ciudadanía, sin distingos de colores partidistas, siempre abierto al diálogo positivo.
Un claro ejemplo de esto es el Plan Quintana Roo 2011-2016 con el cual el gobierno estableció los lineamientos para dar congruencia, orden y rumbo a todas las acciones de la administración con un gobierno incluyente, con un Quintana Roo solidario, competitivo, fuerte y verde.
Lograremos seguir impulsando el progreso de nuestro querido estado manteniendo nuestro liderazgo turístico en Latinoamérica con profundas raíces mayas, siendo Quintana Roo la puerta al Caribe mexicano.
Por estas razones, desde esta tribuna quiero convocar a mantener a nuestra entidad como un referente nacional en la generación de empleos y en la afluencia al turismo. En México, Quintana Roo debe continuar como un faro de creciente gestión en infraestructura, de generación incesante de oportunidades, de crecimiento en beneficio de todos los sectores. En suma, de democracia, estabilidad y de desarrollo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Les voy a pedir que...
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, señor presidente. Por alusiones personales, quiero decirle, con todo respeto a la compañera que yo no subí a la tribuna a rendir tributo a un gobernador que no lo merece. A un gobernador que ha agravado la situación del Estado con niveles de corrupción africanos y con un rezago social de los más altos en país fuera de las playas de Cancún.
Yo subí a la tribuna a rendir homenaje a un hombre, al hombre que dio nombre al estado de Quintana Roo, a don Andrés Quintana Roo, por ser un hombre que aportó a la historia de nuestro país, que se condujo con transparencia y que luchó desde su trinchera contra la corrupción, vinculado a la necesidad de conducirnos en la administración pública con transparencia; es que aproveché mi espacio en tribuna para pedir al IFE que reconsidere la decisión de destruir las boletas, porque es gracias a la preservación de testimonios históricos que podemos tener...
El Presidente diputado José González Morfín: Señor diputado. Permítame decirle que no hay un asunto a discusión...
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): ... nombres como el de Andrés Quintana Roo en las...
El Presidente diputado José González Morfín: Ni es tema a discusión. Estamos en una efeméride...
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): ... en este recinto...
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Voy a pedir que...
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Tomás Torres Mercado. Y quiero decirle a la asamblea que en términos del Reglamento, en este tema no proceden las mociones sobre alusiones personales en razón de que no hay ningún tema a discusión; se trata de una efeméride donde los grupos parlamentarios tienen el derecho de expresar lo que a su interés convenga. Sonido en la curul del diputado Tomás Torres Mercado.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): En efecto, ciudadano presidente. Primero no hay una alusión personal, y por otra parte no estamos en un tema a discusión, es solamente efemérides. Puede decir lo que quiera decir; sin embargo, si en la oportunidad de nuevamente retomar su participación. Gracias presidente por la conducción diligente de su parte.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputado.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Saldaña, en el entendido de que vamos a regresar al tema que nos ocupa, que es una efeméride y cada quien tiene derecho a expresar aquí lo que su interés convenga. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Con el objeto que fui aludida por la diputada Medrano.
El Presidente diputado José González Morfín: No proceden las alusiones personales, diputada. Lo lamento mucho.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Entonces complemento la información, si me permite.
Yo hice una efeméride, hice una efeméride a un estado de donde provengo y de un municipio que también ha habido intromisión, y en ese sentido fue como la dije. En ningún momento hablé mal del gobernador y respeto mucho la diferencia política de cada uno de los municipios, como de mi municipio, Benito Juárez, que es del PRD. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Araceli Torres Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Araceli Torres Flores: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para participar en esta sesión, en la que conmemoramos el XXXVIII aniversario de la creación como entidad federativa, del estado de Quintana Roo.
El 18 de octubre de 1974 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversos artículos de nuestra norma fundamental, para efecto de nuestro tema, a los artículos 43, 73 y 89 constitucionales.
En el artículo 43 constitucional se incluye como parte integrante de la Federación al nuevo estado de Quintana Roo. En el texto original de la Constitución de 1917 fue creado como territorio federal el territorio de Quintana Roo. En el caso del entonces territorio de Quintana Roo, por disposición de la reforma constitucional publicada el 19 de diciembre de 1931, desaparece el territorio de Quintana Roo y se dispuso a la distribución de su territorio entre los estados de Yucatán, Campeche, con la descripción de los nuevos límites y ambas entidades.
En virtud de una nueva reforma constitucional publicada el 16 de enero de 1935, se erige nuevamente el territorio de Quintana Roo, en el caso de los territorios federales, las reformas de 1974 también afectan a la fracción XI del artículo 73 constitucional, en la que se establece la facultad del Congreso de la Unión para originar los territorios en estados cuando tuvieran una población de 80 mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer a sus existencias políticas.
Asimismo, se reforma la fracción XI del artículo 89 constitucional, que da al presidente de la república la facultad de nombrar a los gobernadores de los territorios.
Con la reforma constitucional, hace 38 años forman parte de la Federación dos nuevas entidades federativas que desde entonces, con el esfuerzo de sus habitantes se han ocupado del desarrollo económico.
El estado tiene polos de desarrollo turísticos de primer orden, posee una inmensa riqueza natural. Cancún es conocido en todo el mundo, Playa del Carmen, Xcaret, Tulum y Bacalar, entre otros, han dado fama mundial, el estado y el país en conjunto. Sin lugar a dudas, Quintana Roo cuenta en la actualidad con los elementos humanos y económicos que permita su total viabilidad como entidad federativa.
Compañeras y compañeros legisladores, en esta sesión celebramos la transferencia de los dos últimos territorios federales en estados, con plenos derechos. Sin lugar a duda, en un tiempo cercano veremos también al actualmente Distrito Federal convertido en estado de la república.
Felicitamos a los habitantes del estado de Quintana Roo por estos primeros 38 años como estado de la República Mexicana y estamos seguros que seguirán contribuyendo al engrandecimiento de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Alicia Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Ricardo Monreal, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, sólo una moción. Mire, usted no ordenó el que se le cortara el sonido a la intervención del diputado Durazo. Aquí los del sonido son muy obsequiosos. Mientras usted no indique una orden de cortar el sonido, no pueden hacerlo de manera obsequiosa ni gratuita.
Puede que tenga usted razón en su resolución, no la cuestiono, pero me parece una grosería de parte del servicio técnico, del sonido, que ojalá y no vuelva a ocurrir. Cuando es una resolución suya la podemos combatir, pero imagínese, enfrentarnos con los del sonido, me parece muy grave.
El Presidente diputado José González Morfín: Tomo en cuenta lo que usted ha dicho, diputado Monreal. Tiene la palabra la diputada Ricalde.
La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña: Gracias, señor presidente. Estimadas legisladoras y legisladores. Hoy estamos aquí para recordar que hace 38 años se emitió el decreto de creación del estado libre y soberano de Quintana Roo, mediante el cual se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el entonces territorio federal de Quintana Roo fue reconocido como estado integrante de la federación.
El Congreso Constituyente estuvo integrado por siete diputados, todos ellos miembros del PRI, este hecho marcaría la ruta del régimen político por venir. Un régimen político local intolerante, dominado por caciques locales como es hasta el día de hoy.
De 13 legislaturas que han trabajado en Quintana Roo, durante tres de ellas el PRI no permitió el ingreso de oposición alguna. Tuvieron que pasar 10 años desde el Congreso Constituyente para que se aceptaran a dos candidatos de oposición real, uno de ellos de Acción Nacional por la vía plurinominal y de ahí hasta el año de 1996, el autoritarismo priista cambió abiertamente.
Basta recordar los resultados electorales del año de 1993, en donde ganó la gubernatura estatal el priísta Mario Villanueva, con un abstencionismo de más del 50 por ciento. Villanueva obtuvo el 91.98 por ciento de los votos emitidos. Éste es sólo un ejemplo de cómo se ha ejercido una política autoritaria por ese régimen.
La administración de esta entidad federativa ha estado marcada por la corrupción de malas administraciones debido a la ineficacia de sus gobernadores. Los gobiernos municipales, diputados y regidores de oposición son acosados, amenazados y en varios casos, destituidos, como acaba de pasar con la presidenta municipal de Tulum.
Recordemos que al primer gobernador constitucional de esta entidad federativa, Jesús Martínez Ross se le recuerda por traición a la patria, como lo calificó Manuel Buendía, por haberle regalado, entre comillas, a la Universidad de las Américas, un millón de metros cuadrados con un kilómetro de playa en Puerto Morelos, terreno que esta universidad tuvo que regresar por la presión social, retornándole las escrituras al gobernador Pedro Joaquín Coldwell y exigiéndole que le regresara lo que le dieron a Martínez Ross en dólares.
Mario Villanueva desgobernó de 1993 a 1999. Quien fuera secretario de gobierno del ex gobernador Coldwell y ha sido conocido como el narco gobernador fue acusado de narcotráfico al finalizar su sexenio. No se presentó a entregar el cargo a su sucesor y permaneció prófugo de la justicia desde ese momento hasta ser capturado posteriormente en Cancún y encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano.
Recordemos que con Villanueva se hizo exageradamente evidente la penetración de la delincuencia organizada en el gobierno de Quintana Roo. Actualmente, este personaje se encuentra extraditado en Estados Unidos y ha argumentado a su favor que no fue en su gobierno cuando llegó el narcotráfico a Quintana Roo, que ya había antecedentes de esto en los gobiernos anteriores.
Por su parte, el hoy senador Félix González Canto carga, entre otras cosas, haber aumentado la deuda pública en cerca de 14 mil millones de pesos, sin que existan obras que lo justifiquen, dejando a nuestro estado en el segundo lugar de los estados más endeudados del país.
Finalmente, durante la presente administración Quintana Roo, pese a ser el primer lugar en competitividad turística se desplomó al último sitio en eficiencia gubernamental. Lo que quiere decir que el estado ocupa el último sitio en transparencia, en combate a la corrupción, buen gobierno y recaudación de impuestos como el IVA.
Por su parte, el Congreso local no se queda atrás. Basta decir que de acuerdo con datos revelados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicados en agosto del año pasado, el Congreso de Quintana Roo no cumple con los requisitos mínimos de transparencia.
La mejor manera de conmemorar la creación del estado de Quintana Roo es impulsando la democratización...
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego respeto al orador. Es una efeméride, está hablando de Quintana Roo. A todos les he dado un minuto de tolerancia, no proceden mociones, les ruego permitan que concluya la oradora para poder concluir con este tema. Después vendrá la intervención del Grupo Parlamentario del PRI. Necesitamos aprender a escucharnos unos a los otros, no hay de otra. Concluya, por favor, con su intervención, diputada.
La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña: Gracias, señor presidente. Nuestro partido tiene el objetivo, y la intención de encabezar las causas y bandera de los ciudadanos para consolidar la existencia del Estado de derecho, a efecto de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
La mejor manera de conmemorar la creación del estado de Quintana Roo es impulsando la democratización de la vida política, estableciendo un régimen político de libertades plenas, ampliando la lucha en contra de la delincuencia organizada en cada uno de los municipios y en todo el estado, y garantizando seguridad en sus vidas y en sus propiedades a todas y cada una de las familias de esa entidad federativa.
Y como lo expresa la letra de nuestro himno: la tenacidad como virtud. Eso es Quintana Roo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Williams Ochoa.
El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Lo único que estamos pidiendo por mi conducto, la fracción parlamentaria del PRI, es que –como usted bien sabe– este tema no se puede someter a discusión, pero sí podemos apegarnos a una moción de apego al tema como lo marca el artículo 114 de nuestro Reglamento.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. A juicio de la Presidencia, con todo respeto, sí se refirió al estado de Quintana Roo quien hizo uso de la tribuna.
Tiene finalmente, para concluir este tema, el uso de la tribuna por cinco minutos el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Raymundo King de la Rosa: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, primero comentarle aquí al diputado Durazo, respeto el Reglamento, y a la diputada Gabriela Medrano.
Por otro lado, informarle aquí a la diputada Graciela Saldaña que en Quintana Roo no somos nueve municipios, sino 10. Y finalmente, aquí con la diputada Alicia Ricalde pues a ver si es del PRD o es de Acción Nacional; ya que su hermano, Julián Ricalde, es el presidente municipal y hermano de ella.
Valdría la pena la congruencia ideológica...
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes el mismo respeto que pedí para los otros oradores, les pido que oigamos con respeto a quien hace en este momento uso de la tribuna.
El diputado Raymundo King de la Rosa: El día de ayer, 8 de octubre –gracias, señor presidente–, se cumplieron 38 años que por mandato constituyente el estado de Quintana Roo obtiene vida constitucional propia como integrante de la federación, ello como resultado de la movilización cívica y ciudadana de los habitantes del entonces territorio federal.
Quintana Roo, como consecuencia de sus propios éxitos, tiene hoy grandes retos inmediatos, su acelerado crecimiento poblacional derivado de su atractivo turístico y laboral requiere, a su vez, más recursos para continuar respondiéndole al país con la velocidad necesaria, en virtud del limitado presupuesto que año con año recibe nuestra entidad y el cual no se toman en cuenta factores como el crecimiento de la población flotante y el hecho cierto e innegable que nuestro estado contribuye con más del 30 por ciento de las divisas que hay en nuestro país.
A mayor abundamiento, el mismo Presidente Felipe Calderón acostumbra vacacionar, junto con su familia, en la bella isla de Cozumel; sin embargo durante su administración fueron cancelados trascendentales proyectos turísticos como la construcción del Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya, así como de tres muelles de cruceros, sin que a la fecha se hayan justificado plenamente las razones que fundamentaron tan lamentables decisiones.
Es por ello que desde esta tribuna convoco a mis compañeros y compañeros quintanarroenses a sumarnos a la intensa labor que sin distingos partidistas de ninguna índole ha emprendido nuestro gobernador Roberto Borge Angulo, que en todos los municipios de nuestro estado ha venido trabajando, al ser reconocida de forma abierta, de forma clara por todos los sectores de nuestra sociedad.
Pero conminando especialmente a aquellos actores políticos que sin conocimiento del estado, y mucho menos sin idiosincrasia y sin identidad, han reaccionado contrariamente al beneficio social de forma irresponsable con argumentos legaloides y politiquería partidista; para que se sumen a la buena voluntad y al accionar de nuestro gobernador dentro de sus facultades constitucionales en beneficio de la sociedad.
En Quintana Roo hay crecimiento sostenido y lo vemos en todo momento va a duplicar su población en los próximos años derivado de una migración constante, principalmente de aquellos estados como Guerrero, donde no hay condiciones ni crecimiento, como Michoacán donde hay una deuda muy grande con la sociedad, en Oaxaca donde lo único que existe es la intolerancia. Ahí en Quintana Roo se les han abierto los brazos con mayores empleos y ahí está la constancia de un estado en pleno crecimiento.
Con ello el gobernador de Quintana Roo ha intervenido...
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes permitan que el orador concluya con su intervención.
El diputado Raymundo King de la Rosa: ... de manera clara y contundente al rescate del municipio de Benito Juárez ante las desastrosas administraciones de Gregorio Sánchez y de Julián Ricalde, evitando con ello el embargo de participaciones federales por más de 118 millones de pesos, como el Fonhapo.
Es lamentable lanzar acusaciones infundadas y con un claro tinte electorero, con aseveraciones graves que tendrán que probar. No se vale que interpongan sus oscuros intereses -por el bienestar de la sociedad- aludiendo, con el afán de desestabilizar y generar una cortina mediática, que en nada beneficia a los quintanarroenses.
En Quintana Roo hay estabilidad, hay desarrollo, hay un gobierno incluyente que sabe escuchar y que prefiere el diálogo a la confrontación. Un gobierno cercano a la gente y que da resultados.
En este XXXVIII aniversario de Quintana Roo, hay un rumbo claro y hay un liderazgo firme. Que viva Quintana Roo. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Me están solicitando la palabra para alusiones personales. No procede; en los términos del 114 del Reglamento, no se las puedo dar.
El Presidente diputado José González Morfín: (15:43 horas): Como se han agotado los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de octubre de 2012 a las 11 horas. Se les informa que el registro electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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