Cámara de Diputados, versión estenográfica

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 326 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:13 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada el acta de la sesión anterior, pregunte la Secretaría si es de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta a los señores diputadas y diputados si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso constitucional necesario, para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas, e informa de los que han dejado de prestarlos, en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en su consulado general en Ciudad Juárez Chihuahua.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de los Congresos de los estados de Nuevo León y de Baja California, acuerdos aprobados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos rubros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con los que remite el Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de 2011, y el Tercer Informe Anual de Sustentabilidad 2011, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23, fracción IX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe con la declaratoria de publicidad.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la asamblea que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto de reforma y adición a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que ya se cumple con este requisito de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaría diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, está a discusión el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Esta Presidencia no ha recibido solicitud, de parte de la comisión, para fundamentar. En cambio, ha recibido la petición de fijación de postura por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Esta Presidencia pregunta al diputado Trinidad Secundino Morales Vargas si presentará, como lo ha anunciado, moción suspensiva. ¿Va a presentar moción suspensiva? No.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): No, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces, tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para fijar postura por el Partido Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, muy buenos días. La transparencia y rendición de cuentas de la gestión gubernamental constituye un componente indispensable en la democracia. Las acciones legislativas e institucionales, tendientes a fortalecer estas prácticas democráticas, merecen el apoyo incondicional de todos y cada uno de nosotros.

En Nueva Alianza nos pronunciamos una vez más por la consolidación de un Estado democrático, cuyos órganos operen en una caja de cristal a la vista de todos y con acceso garantizado para todos los ciudadanos que quieran observar cómo llevan a cabo su trabajo gobernantes y representantes.

Tenemos que avanzar hacia una etapa histórica donde la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia, la impunidad y la insensibilidad de los servidores públicos se combatan con decisión y sin consideraciones de ningún tipo.

Una democracia transparente, fiscalizada y verdaderamente representativa convertirá a México en un país más justo y moderno, por eso hoy damos nuestro voto a favor del dictamen en discusión.

Al consolidar el Sistema de Contabilidad Gubernamental –que permite reflejar la situación financiera, los resultados y los cambios de patrimonio de los entes públicos– y al hacer exigible la publicación de la información financiera antes, durante y después del ciclo presupuestario se le verán cerrando espacios a la corrupción y a la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Con estas reformas damos continuidad al proceso de empoderar al ciudadano para que establezca un vínculo menos desventajoso con los poderes públicos. Son relevantes algunas de las disposiciones en materia de endeudamiento público como es, que dado el problema que ya tenemos al respecto, donde estados y municipios del país han entrado en un espiral de endeudamiento, que puede volverse inmanejable.

Los entes públicos deberán informar sobre su deuda, montos totales, evolución, pago de intereses, los esquemas bursátiles utilizados y, además, deben informar en qué se gastaron los recursos que solicitaron; es decir, se cierra el paso a las maniobras que buscan disfrazar deudas y obligaciones.

Igualmente deberán informar sobre subejercicios, ingresos excedentes y adecuaciones presupuestarias precisando montos y plazos. Esto permitirá que ahora se puedan conocer oportunamente los montos y las razones de los subejercicios que tanto lastiman a los beneficiarios de los programas sociales.

Sin embargo, en Nueva Alianza estamos convencidos que ninguna ley es perfecta, acabada, que la realidad siempre es más compleja y que existen resistencias para cumplir los mandatos de mayor transparencia y rendición de cuentas; por eso planteamos algunas preocupaciones que quedarían en el rubro de pendiente. No se restableció la prohibición de realizar traspasos de recurso entre las cuentas bancarias de distintos fondos de aportaciones federales o programas, la iniciativa preferente sí la contemplaba, pero ésta se eliminó.

Es cierto que el ejercicio de los recursos requiere alguna flexibilidad, pero también es cierto que esta libertad de traspasar recursos de una cuenta a otra puede generar situaciones de descontrol y opacidad.

Es importante también vigilar que, entre otros temas en materia de endeudamiento público, ningún estado, municipio o el Distrito Federal aduzcan legislaciones o tratamientos especiales para practicar una política de deuda pública sin límites ni control.

En función de ello es muy importante que participen organismos como la Auditoría Superior de la Federación en el proceso de evaluación y aplicación de esta ley, porque las atribuciones y la óptica del ente de fiscalización superior de la Cámara de Diputados aportan elementos de confianza y control.

Propusimos que el auditor Superior de la Federación sea un invitado permanente en las reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable, con el fin de que vierta su opinión para mejorar la información financiera.

Finalmente, manifestamos nuestra preocupación de que las sanciones penales vayan a aplicarse a raja tabla; es decir, sin ponderar contextos. No es lo mismo el municipio de San Juan Copala en Oaxaca, que el de Guadalajara en Jalisco. Es decir, se debe evitar que se apliquen sanciones drásticas a servidores públicos que carezcan de los elementos técnicos, tecnológicos y presupuestarios para cumplir sus obligaciones. A la vez, se debe garantizar plenamente que estas sanciones no se utilizarán con fines políticos o de grupo.

Nueva Alianza, entonces, apoya el dictamen porque tiene la disposición de fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas como una forma de consolidar la democracia y otorgarles mayores herramientas de participación a los ciudadanos.

Con transparencia se le otorga certeza a la sociedad. Con rendición de cuentas se recupera la confianza de los ciudadanos en los entes políticos y representantes. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea; honorable asamblea. Esta Presidencia, a nombre de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, quiere compartir con ustedes que nos unimos a la pena de nuestro muy querido amigo y compañero, el muy apreciable don Miguel Alonso Raya, por la irreparable pérdida de su hijo Bolívar Alonso Sosa.

En esta Cámara estamos con él. Lo queremos mucho y le enviamos un abrazo fraterno. Que tenga la resignación que en la vida le sea posible tener. Un abrazo para Miguel Agustín Alonso Raya.

Les pedimos a todos ustedes, si me lo permiten, un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Cantú Garza, del PT.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, discutimos la minuta que envía el Senado de la República, que deriva de la segunda iniciativa preferente que envió en septiembre pasado el Ejecutivo federal.

Dicha iniciativa tiene como propósito incorporar una serie de disposiciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos que son transferidos a las entidades federativas y a los gobiernos estatales y municipales.

La motivación de este dictamen radica en que la sociedad mexicana tiene derecho a conocer el uso y destino de los recursos que aportan a través de los impuestos y contribuciones sin importar el nivel de gobierno que los ejerza. Además se pretende armonizar la información para que los órganos de fiscalización puedan desempeñar de mejor manera su tarea de revisión.

Se establece la obligación de que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales, hagan homogénea la información de los recursos que reciben con el propósito de que sea comprensible y de fácil acceso para los ciudadanos.

La ley prevé una instancia de coordinación que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. Nos queda claro que la motivación de dicho dictamen en este punto es que haya información precisa sobre los recursos que se transfieren en cada fondo.

Sin embargo hay municipios en donde los recursos son muy limitados y asignarles cargas administrativas como las que se plantean en la minuta, puede dificultar el objetivo que se persigue.

Por ello, dentro de las modificaciones que estamos realizando se prevé que los municipios contarán con recursos y asistencia técnica para poder cumplir con las normas de revelación de información y de transparencia que aprobaremos.

En esta realidad inobjetable en que en múltiples ocasiones la Secretaría de Hacienda no rinde cuentas de los recursos públicos, genera subejercicios artificiales, mueve recursos a fideicomisos poco transparentes, aprueba transferencias violando el mandato de la Cámara de Diputados, modifica de manera discrecional las reglas de operación de los programas sujetos a las mismas, todas estas conductas serán acotadas por las modificaciones que se están sometiendo a este pleno.

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estaremos muy atentos a los informes que se rindan en esta materia con la finalidad de que se corrijan y se sancionen todas aquellas conductas encaminadas a desviar los recursos públicos ejercidos por el gobierno federal, los gobiernos de los estados y por los municipios.

Reconocemos que esta minuta fortalece la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gasto público.

Por las consideraciones antes señaladas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado orador. Don Juan Ignacio Samperio Montaño, del Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. La transparencia gubernamental es un tema que resulta de suma importancia. La corrupción se ha convertido en un cáncer que permea todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares.

Es por esto que una de las mayores exigencias de los ciudadanos es acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado, e incluso, muchas veces premiado.

México ocupó en el año 2011 el segundo lugar tan solo superado por Haití en corrupción en todo Latinoamérica. Es así que el rezago económico del país no se debe a la falta de recursos, sino al destino de los mismos.

Durante sus informes el gobierno federal ha sido muy puntual en recalcar que los ejes que dirigen su administración son la responsabilidad y la austeridad. Esto sólo se puede presenciar en teoría, pues en sus acciones el Ejecutivo dista abismalmente de esta postura. Si algo puede caracterizar al gobierno saliente no es la austeridad.

Debido a este panorama, creemos que una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental no es deseable, sino es urgente. Este primer esfuerzo cuenta con elementos valiosos que gracias a las correcciones del Senado, tendrán un impacto positivo; sin embargo, no es suficiente.

Resulta relevante la imposición de candados a las entidades federativas y a los municipios en los gastos que realizan con lo obtenido a través de las aportaciones federales. Tan solo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales del 1.6 al 2.4 por ciento respecto al producto interno bruto y un aumento de 64.5 al 72 por ciento en relación con las participaciones federales.

Es así que en los últimos años las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles teniendo casos donde las deudas han aumentado desde un 200 hasta un 900 por ciento. La deficiencia en la reforma ocurre cuando no se sigue la misma lógica de fiscalización estricta con el Ejecutivo federal. Si bien se monitorea de manera eficiente a los estados, municipios y delegaciones, en el caso de este nivel de gobierno no se aplica la misma transparencia.

La distribución del Presupuesto por destino del gasto en este año se dividió en un 33.2 por ciento a organismos y empresas; 27.9 por ciento a la administración pública centralizada; el 27.9 por ciento a gastos federalizados; el 9 por ciento al costo financiero de la deuda y adeudos de ejercicios anteriores y el 2 por ciento a poderes y ramos autónomos.

Con base en lo anterior, podemos observar que se otorga aproximadamente el mismo monto de recursos provenientes del pueblo al gasto federalizado y a la administración pública centralizada, por lo tanto se debe de ser igual de estricto con la fiscalización impuesta a ambos.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados ha trabajado y ha hecho un gran esfuerzo, que se traduce en una mejor administración de los entes públicos. Es necesario que este primer paso no termine aquí y se que continúe ahora con la regulación a la información financiera en el ámbito del Ejecutivo federal. Sólo fomentando la transparencia y la publicación de la información integral podremos terminar con una situación que nos ha rebasado, nuestro deber es el constante mejoramiento de las leyes y lineamientos que nos rigen como sociedad.

Basta ya de privilegiar a algunos sectores, basta ya de la corrupción en todos los niveles gubernamentales, de tal manera, compañeros y compañeras diputadas, que nuestra bancada, entendiendo que este decreto todavía es insuficiente pero representa un gran avance, votaremos a favor, pero los invitamos a que con altura de miras y no solamente con coyunturales electorales, podamos ir por el gran pendiente que tiene la transición mexicana, que es la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Verde desea, en un marco de absoluto respeto y de solidaridad, reiterarle nuestro abrazo franco, sincero al diputado Miguel Alonso Raya, a su familia, por esta irreparable pérdida en este trance doloroso, terrible. Vaya con sinceridad nuestro saludo para él y para su familia.

Quiero, estimados diputados, diputadas, previo al posicionamiento del sentido de mi grupo parlamentario, expresar un reconocimiento en un ejercicio político que me parece es necesario señalarlo. Como es natural, esta Cámara reconoció, reconoce el tratamiento de iniciativa preferente en el marco de los plazos que la Constitución contempla, a esta minuta que tiene su origen en el Senado de la República en materia de contabilidad gubernamental, y digo debo hacer un reconocimiento a los representantes de los grupos parlamentarios al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público: de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, por supuesto; del Partido Verde, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Es el primer ejercicio político, en el trabajo de las comisiones, en donde las reservas que contiene el dictamen que discutimos fueron logradas de consenso. Y lo expreso también para el diputado Trejo Reyes en su calidad de presidente de la comisión, acompañado en un sentido armónico de la diputada Mayorga, porque ahora y en el futuro va a haber una relación necesaria con el tema de presupuesto. Y solamente les diré: han sido prolijos mis compañeros y los serán los que vienen a posicionar.

México cruza por una crisis no sólo de violencia. La peor de las crisis que este país vive es el de la falta de confianza. La ley que ahora, la minuta que ahora se discute, aborda a partir de una reforma constitucional, dos ejes fundamentales.

Uno, principios y reglas para la contabilidad gubernamental no sólo de los poderes federales y estatales, sino también a nivel municipal y de todos los entes públicos –insisto-, reglas relativas a la contabilidad; pero además, principios para darle un sentido homogéneo a la información del uso, del destino, del origen también de las finanzas públicas.

Y digo, que una de las crisis o parte de la crisis en la convivencia nacional tiene que ver con la confianza, porque en un lapso apenas superior a 10 años, el Presupuesto federal ha crecido en casi el 300 por ciento, pero la pobreza, la marginación y el anhelo de bienestar social no se logra, porque no se sabe adónde van los recursos.

Nosotros hemos dicho también que esto va a ser una herramienta, porque ya hay muchas, porque ya está demostrado que no necesariamente es el marco legal, porque hay contralorías municipales, porque hay contralorías estatales, porque hay órganos de fiscalización de los Congresos locales, porque hay Secretaría de la Función Pública, porque hay órgano de fiscalización de esta Cámara de Diputados y, sin embargo, no se palpa, no se percibe que haya eso que no da la ley, eso que no va a dar esta ley, que es el comportamiento ético, que la lealtad es la honestidad en el manejo de los recursos.

El Partido Verde, que además es capaz de discutir y de proponer, por supuesto es capaz de decir que votará a favor de este instrumento en ese camino del anhelo de fortalecer los medios de control a lo sque más daño hace. Dije, a la confianza de quienes gobiernan o de quienes formamos parte del gobierno. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Tomás Torres Mercado. Don Guillermo Sánchez Torres, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Guillermo Sánchez Torres: Con su venia, diputado. Compañeras y compañeros diputados, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental representa un avance muy importante, aunque todavía insuficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El gran reclamo que la sociedad mexicana hace a la clase política es el de terminar de una vez por todas con la corrupción, opacidad e ineficiencia gubernamental.

En el ejercicio del derecho a la información los ciudadanos exigen gobiernos totalmente transparentes, dispuestos a rendir cuentas y que sean administradores responsables de los recursos públicos.

El nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha crecido en forma alarmante durante este sexenio. Un informe reciente de la calificadora Fitch señala que la deuda de los estados en solo cuatro años se duplicó, al pasar de 203 mil millones de pesos en 2008 a 404 mil millones durante el presente año. Este monto representa casi el 3 por ciento del producto interno bruto nacional.

Este reporte igualmente señala que el 63 por ciento del incremento de las deudas estatales se concentra en siete estados: Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán.

La situación de los municipios es igual de grave. Datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que solo en la primera mitad del presente año la deuda municipal sumó casi 45 mil millones de pesos. Esta cifra es 17.5 por ciento superior a la registrada en junio del año pasado y representa el 10 por ciento de la deuda total que contabilizan los estados.

México se ha cansado de que la clase política entienda el poder como un negocio y vea en el ejercicio del Presupuesto público un botín. Esta forma de concebir la política es inaceptable desde cualquier punto de vista.

La reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental obedece al propósito de la transparencia y por esta razón, en el PRD vamos a votar a favor.

Sin embargo, enfatizamos que esta nueva legislación no es lo suficiente para detener la voracidad de malos servidores públicos. La autoridad federal requiere de mayores facultades para investigar y sancionar casos de endeudamiento estatal y municipal. En ese sentido pueden tomarse dos caminos: la creación de un organismo nacional con facultades investigativas y sancionadoras o el fortalecimiento de la vinculación y la coordinación entre los organismos de control y vigilancia federales y estatales.

En el PRD valoraremos la pertinencia de ambos caminos y nos manifestaremos en consecuencia, cuando llegue el momento.

En este sentido, tendremos que revisar en el futuro inmediato la pertinencia de organismos como la Secretaría de la Función Pública y el involucramiento en esta entidad en la vigilancia y control del uso de los recursos públicos en todos los niveles del gobierno.

Si bien es cierto que los niveles de endeudamiento de los estados y municipios pueden explicarse a partir de la irresponsabilidad de las autoridades locales, también es verdad que el gobierno federal es copartícipe del crecimiento de la deuda estatal.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la revisión de los procesos con los que la autoridad otorga y envía las aportaciones y transferencias que corresponde a los estados y municipios es un asunto fundamental y un auténtico cuello de botella.

Una parte indeterminada de endeudamiento público está relacionada con el burocratismo y el manejo discrecional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace de los recursos que, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, corresponden legítimamente a los estados y a los municipios.

Se trata de una manipulación perversa y de la peor especie, que en el PRD no vamos a aceptar. El estrangulamiento financiero de las entidades como estrategia política afecta a los ciudadanos, no a los gobiernos ni a los partidos.

Esta manipulación financiera sólo es tráfico de influencias de otra manera de ver el Presupuesto como un botín. Ante el cambio eminente en el gobierno federal en el PRD daremos atención inmediata y prioritaria a la valoración de los procedimientos anteriormente mencionados.

Por otra parte, futuros proyectos de reforma deberán ser más precisos sobre cómo intervendrán en los procesos de control y vigilancia de los recursos públicos organismos autónomos como la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información, las Contralorías, Institutos de Transparencia en los estados e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus contrapartes en los estados.

Hay que aclarar que esta norma no es tan innovadora como se presume, porque gran parte de su esencia ya existía. A pesar de sus avances sólo exhibe la profunda desigualdad en el reparto de la riqueza en los estados y municipios de todo el país, lo que nos obliga a modificar esta minuta para que estos puntos puedan cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que impone la ley. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado orador. Don Ricardo Villarreal García, tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Villarreal García: Con su permiso, señor presidente. Antes que nada me uno a mis compañeros y le doy el pésame a nuestro paisano Miguel Alonso Raya por la pérdida lamentable de su hijo.

La conquista democrática es uno de los mayores orgullos de los ciudadanos y de la política mexicana en la segunda mitad del siglo pasado. Fueron décadas de lucha para haber conformado un Instituto Federal Electoral que fuera autónomo al gobierno en turno, que tuviera raíz ciudadana y que pudiese garantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales en nuestro país.

El voto libre y secreto fue la primera victoria que apuntaló los derechos ciudadanos por encima de las clases gobernantes. A partir de ese momento empezaron grandes cambios en la vida de México. El IFE, la libertad de expresión y la apertura de los medios, marcaron una nueva época que fue la antesala, la primera transición democrática en la Presidencia de la República.

Después de décadas de lucha y persecución el primer compromiso evidente era establecer los medios necesarios para evitar regresiones antidemocráticas, y fueron los perseguidos quienes prohibieron la persecución. Y aquellos a quienes se les negó la posibilidad de cuestionar a sus opresores fueron los que instauraron la transparencia como una garantía indispensable.

El acceso a la información financiera del gobierno es hoy una realidad a nivel federal desde hace casi una década. Una de las principales obligaciones del demócrata es gobernar con transparencia y darle la cara a la sociedad.

Fuimos los panistas, desde el gobierno federal, quienes transparentamos la administración pública por primera vez mediante la creación y la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se publicó el 11 de junio de 2002. Dicha ley incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai). Acción Nacional ha gobernado así desde lo municipal y hasta la Presidencia de la República.

Hemos instaurado la transparencia y la rendición de cuentas como ejes de la política en México. Hoy en día, y cuando menos desde el 2003, se puede requerir cualquier tipo de información al gobierno federal, no solo a la financiera a partir del Instituto Federal al Acceso a la Información Pública.

La iniciativa preferente a discusión demuestra nuevamente nuestro compromiso con uno de los preceptos básicos de cualquier demócrata: la transparencia. Así como fue el PAN quien transparentó al gobierno federal, será el PAN a través de la presente reforma quien obligue a que exista finalmente la transparencia en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales.

Hay que reconocer que en nuestro país tenemos vastos ejemplos de lo que puede hacerse desde un gobierno cuando no se tiene la obligación de rendir cuentas. El ejemplo de Coahuila es quizá el más claro de lo que puede suceder cuando no hay transparencia en un estado, el manejo de recursos de forma irresponsable e incluso delictiva generó deudas estrepitosas e impagables para los ciudadanos.

La falta de transparencia no es exclusiva de un estado o de un municipio, es una práctica casi generalizada; ejemplos nos sobran. Ahí está Veracruz, Michoacán, el DF, el estado de México. También a nivel municipal están Guadalajara, Nuevo Laredo y Tijuana, entre muchos otros municipios.

El espíritu de la iniciativa es homogeneizar la forma de presentar la información financiera para que llegue tanto a los órganos de fiscalización y evaluación, como sobre todo a la sociedad en general.

Obliga a las autoridades, tanto de las entidades federativas y de los municipios, a dar cuentas claras y de forma pública armonizando toda la información financiera y obligando a difundirla, como ya lo ha venido haciendo hace años el gobierno federal.

Éstos son pasos necesarios para evitar el desvío de recursos y limitar una de las posibles formas de corrupción. No podemos seguir siendo testigos de la corrupción y del deterioro de las finanzas públicas en los estados y en los municipios. La política en México ya cambió; de un régimen de opacidad e intolerancia transitamos a una democracia que rinde cuentas a la sociedad. Dichos cambios son una realidad a nivel federal y es nuestra obligación hacerlos una realidad en los demás niveles de gobierno.

Me da gusto que hoy las demás fuerzas políticas se estén manifestando en favor de un principio fundamental de cualquier democracia: la transparencia y la rendición de cuentas. Qué lástima compañeros, que hace unas semanas aquí en la Cámara, muchos de ustedes fueran en contra de un principio al impedir transparentar y democratizar los sindicatos de nuestro país.

Compañeras y compañeros, la vida pocas veces nos da segundas oportunidades. Espero, como la inmensa mayoría de los mexicanos, que en unos pocos días –y no meses ni semanas– todas las fuerzas políticas aquí representadas voten como hoy; por fortalecer la vida democrática de nuestro país, voten como hoy por la transparencia y la rendición de cuentas y, sobre todo, voten por liberar al fin a los trabajadores de México acabando con los líderes sindicales dictadores y corruptos.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en congruencia con su historia. Votará como siempre para fortalecer nuestra democracia. Votará como siempre para transparentar y obligar a la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida nacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Ricardo Villarreal García y Domínguez. Tiene el uso de la voz doña Elsa Patricia Araujo de la Torre, para posicionar al Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputadas y diputados. A continuación expreso el posicionamiento a favor de la aprobación de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, votaremos a favor de la reforma que se propone a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es un acto de congruencia con la postura que como partido hemos mantenido a favor de la transparencia y el derecho ciudadano al acceso a la información pública.

Conviene recordar que en abril de 2007 fue aprobada la reforma constitucional al artículo 6o, que garantiza que toda información en poder de cualquier autoridad, entidad, organismos federales, estatales y municipales, sea pública; y que sólo puede ser reservada como excepción y de manera temporal por razones de interés nacional, aquella información que de ser divulgada pudiera afectar un bien valioso para la comunidad.

Los legisladores de nuestro partido no sólo votaron a favor de ese paso trascendente que elevó el derecho a la información a nivel constitucional, sino que participaron activamente en su construcción al lado de gobernadores y de muchos otros ciudadanos y militantes de todos los partidos políticos que venían pugnando por ese paso trascendental. Ha sido un proceso de avance continuo que ha ido caminando en el mismo sentido de modernización de nuestro régimen político y de fortalecimiento de nuestra democracia.

Tenemos que seguir avanzando porque es una exigencia ciudadana de más transparencia de los asuntos públicos y una efectiva rendición de cuentas por parte de autoridades, representantes populares y funcionarios públicos sin excepciones. Consideramos que las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se orientan por este camino.

Pensamos que las reformas que presentó el Ejecutivo por la vía de la iniciativa preferente y que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, cumple con dos objetivos básicos:

Que la sociedad tenga mayor información y se involucre en los procesos administrativos que implican el manejo de recursos y así puedan exigir a los gobiernos, mejores resultados.

Y combatir y prevenir de mejor manera la corrupción y el desvío de recursos públicos a fines distintos a los programados.

La armonización de los criterios y metodologías de contabilidad gubernamental entre dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal así como la regulación de la calidad de la información financiera que se abre al acceso público por medios electrónicos, contribuirá a lograr estos objetivos. Con ello también se dificultarán las rutas de desvío de recursos públicos hacia fines distintos a los que fueron programados.

Se fortalecerá la vigilancia de los recursos, pues se darán mejores instrumentos para la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y de las instancias de transparencia así como de la propia Cámara de Diputados.

La fiscalización de la transparencia federal en especial en materia de educación, salud, seguridad pública e infraestructura municipal, así como de las ayudas y subsidios a sectores sociales y económicos, eliminará las prácticas discrecionales, alentará el fortalecimiento de los ingresos propios de las entidades federativas y municipales conjunto aportará al crecimiento y desarrollo regional igual que al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Algo muy importante. En esta ley nuestro grupo parlamentario, preocupado por nuestros municipios, prevé apoyos técnicos y de recursos para que los gobiernos municipales puedan cumplir con todas sus disposiciones, y establece un período adecuado para su entrada en vigor.

Se trata de que el ciudadano tenga certeza, transparencia, que sepa en qué se gasta, cuánto, cómo se gasta cada uno de sus recursos y cuáles son los fines finales del gasto ejercido que proviene de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos.

Por eso nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta reforma. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Patricia Araujo de la Torre.

Honorable asamblea: una vez que se han posicionado los grupos parlamentarios, tenemos un solo orador en pro, don Silvano Blanco Deaquino, quien tiene la palabra hasta por cinco minutos. No hay otros oradores registrados. La mecánica será pasar a cantar las reservas e inmediatamente a votación en lo general. Hasta donde tenemos conocimiento, se están logrando los avenimientos necesarios para mejor proveer en los consensos y eventualmente, después de la votación en lo general, pasaríamos a una ronda de iniciativas, esperando que los arreglos hayan concluido, y regresaríamos a la presentación de las reservas. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso señor presidente. Nosotros, como partido, queremos hacer un reconocimiento a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, a su presidente, a todos los diputados y diputadas de la comisión porque hubo una discusión interna interesante y a final de cuentas hubo sensibilidad. Se llegó a acuerdos para procesar las reservas de todas las fracciones políticas.

Queremos decirles que en el caso de nuestro partido hicimos reservas muy puntuales que fueron recogidas precisamente en el dictamen y en ese sentido reconocer de manera muy amplia a todos y a todas las integrantes de dicha comisión por ese ánimo, gracias al cual todos llegamos a ser propositivos, llegamos a no generar problemas al interior de la comisión; al contrario, llegamos con un ánimo de estar planteando soluciones.

La transparencia en el uso de los recursos públicos ha sido una demanda histórica de la izquierda. Efectivamente, la ciudadanía tiene que saber con precisión en qué se gasta cada peso del recurso público y es muy común en los tres niveles de gobierno que haya opacidad, que el recurso público no se utilice de una manera adecuada.

Es bastante común en los municipios, a nivel estatal y a nivel federal el hecho de encontrar una lista muy larga de aviadores, de gente que son amigos o son compromisos políticos.

Esta ley, a final de cuentas va a permitir que la ciudadanía conozca con precisión qué recursos públicos llegan, cómo se aplican estos recursos de manera adecuada, quiénes son los trabajadores que están ahí, el monto de salario que tiene cada uno de éstos. Por eso nosotros vamos a votar a favor en ese sentido de esta reforma.

Decimos nosotros que además en esta reforma como tal no va a resolver toda la problemática de corrupción que tenemos a nivel nacional porque eso a veces hasta es parte de la genética de algunos funcionarios públicos. Esto tiene que ir de la mano con reformar el marco jurídico que tenga que ver con las otras leyes, precisamente como la ley de materia de deuda, la Ley de Responsabilidades que tiene ahí que sancionar de manera muy específica.

Es decir, sí el recurso público se utiliza de una forma incorrecta, bueno, que esa Ley de Responsabilidad nos precise ahí cómo sancionar adecuadamente a estos funcionarios, pero sobre todo ponerle límites, efectivamente, a las deudas de los tres niveles de gobierno. Es decir, tiene que ir de la mano esto; por sí solos decimos que no lo resuelve, pero sí es un avance significativo a nivel nacional.

Y por último, en el PRD vamos a seguir insistiendo en que en el Presupuesto de Egresos del próximo año hay una partida especial como la ha habido en los años anteriores, para aquellos municipios que tienen menos de 25 mil habitantes y que no tienen la capacidad técnica para poder tener adecuadamente sus aspectos contables y financieros.

En ese sentido el PRD no va a dejar solos a estos municipios, y yo estoy convencido de que todas las fuerzas políticas estamos en esa dinámica, efectivamente, porque más del 41 por ciento de esos municipios a nivel nacional están en esas condiciones.

Yo sé que votaremos a favor de apoyar a estos municipios para cumplan de una manera adecuada y que esto no sea algo solamente punitivo, que no afecte a quienes sostengan la capacidad técnica y financiera para presentar adecuadamente su situación contable. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea. Esta Presidencia informa que se han recibido las siguientes reservas: el artículo 8, por el señor diputado don Fernando Charleston Hernández, del PRI; el 69, el 73 y el cuarto transitorio por don Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Y la solicitud de adición de un párrafo al cuarto transitorio, por don Silvano Aureoles Conejo.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, don Silvano. Sonido en la curul de don Silvano Aureoles Conejo.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Gracias, presidente. La reserva a la que hace referencia está considerada no para el cuarto transitorio sino para el artículo 9o; el agregado de un párrafo al artículo 9o.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces retiramos el del cuarto transitorio de su parte, y la reserva sería al artículo 9, a la parte sustantiva del cuerpo normativo.

Luego entonces, están reservados el 8, el 9, el 69, el 73 y subsiste la reserva del 4o transitorio por parte de don Ricardo Monreal.

En ese entendido vamos a abrir el sistema electrónico de votación por cinco minutos. Lugo de cantar el resultado de la votación, si la comisión nos dice que ya se lograron los advenimientos necesarios, continuaremos en lo particular. Si, no. Vamos a una ronda de iniciativas.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Háganse los avisos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El sistema electrónico permanece abierto, de tal suerte de que los legisladores que faltan de emitir su voto lo hagan.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 447 votos en pro y 1 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y los no impugnados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, vamos a una ronda o dos rondas de iniciativas y regresaremos a desahogar las reservas en cuanto la comisión nos diga que se han logrado los advenimientos y consensos necesarios.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Si, con qué objeto?

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (desde la curul): Para votar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues hombre, ya se cerró el sistema y ya cantamos la votación. Dejo la conducción de la asamblea en las expertas manos de mi compañero vicepresidente José González Morfín.

El Presidente diputado José González Morfín: En el apartado de iniciativas tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Añorve Baños: Con el permiso de la Presidencia. Amigas y amigos legisladores, el concepto de gasto público ante las nuevas necesidades económicas y sociales, debe concebirse a partir del replanteamiento de los objetivos gubernamentales de un Estado en expansión y la ineludible rectoría del mismo.

Todos coincidimos que la política presupuestaria es la expresión más acabada en lo formal y material de la política económica y social del Estado. Afortunadamente, en México comenzamos a entender el presupuesto desde una perspectiva multianual, particularmente, a partir de la concreción de importantes reformas al andamiaje legal en la materia, cuyo énfasis se encuentra en la responsabilidad hacendaria, los criterios de equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización.

Como es de su conocimiento, desde mayo del 2008 incorporamos a la Constitución la facultad exclusiva de esta Cámara para autorizar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, con lo cual se garantizó la disponibilidad de recursos que trasciendan un ejercicio fiscal sin poner en riesgo su autorización anual, lo que se ha traducido en una mayor certidumbre del ejercicio de la inversión pública.

Bajo el anterior orden de ideas, los criterios para destinar el gasto público se han investido de un enfoque en donde la gestión por resultados y la evaluación al desempeño se vinculan directamente con el cumplimiento de objetivos de políticas públicas de mediano y largo plazo que contribuyan al desarrollo nacional y regional de manera significativa, estratégica y prioritaria.

Diversos expertos coinciden en que la perspectiva multianual del presupuesto permita establecer los límites del gasto, así como de las políticas macro, a partir de la situación económica y fiscal del país.

Materializar los proyectos gubernamentales, así como tener certeza de la incidencia de la programación presupuestal de la inversión pública con su correspondiente gasto de operación y mantenimiento para los ejercicios fiscales subsecuentes.

Continuando con esta tendencia, en donde la planeación resulta un pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico del país, es menester dar el siguiente paso, adecuando la ley fundamental a las demandas y necesidades de la sociedad.

Es oportuno recordar que la Anuies, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores y organismos internacionales como la OCDE, han señalado la necesidad de adecuar la ley suprema, como lo han hecho diferentes naciones en el mundo para incorporar erogaciones multianuales que permitan la continuidad de las políticas públicas.

De ahí que hoy pongo a su consideración la posibilidad de que las erogaciones plurianuales puedan ser proyectadas también en función de diversos programas, con el objeto de avanzar en la gestión por resultados, asignar mejor los recursos atendiendo las prioridades nacionales, regionales y sectoriales, así como focalizar eficazmente las políticas públicas y programas.

Compañeras y compañeros legisladores, facultar a la Cámara de Diputados para autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación erogaciones plurianuales, y quiero citar ejemplos para proyectos de inversión en infraestructura y programas de educación, salud, agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo nacional.

Sin duda posibilita la orientación del gasto desde una perspectiva social predecible y de crecimiento económico sostenido.

Amigas y amigos, esta reforma nos permitirá contar con un México más competitivo, que esté a la altura de los retos que la globalización plantea, traduciéndose en un beneficio concreto para el desarrollo del país la reducción significativa de la desigualdad y una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy en este día vengo a presentar una iniciativa, la cual creo que es de suma importancia e interés para todos nosotros.

Estoy proponiendo crear estancias breves para adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos todos que la cultura del mexicano no es llevar al papá, a la mamá, al abuelito a un asilo, pero también sabemos que como siempre nos hemos preocupado por los niños y hacer guarderías, hacer todo ese tipo de cosas, hoy en este día vengo a proponer estancias breves para adultos mayores.

En muchas ocasiones quienes tienen que cuidar al padre o a la madre en los hogares no pueden trabajar, y tienen que llevar sustento para sus familias. Y lo que propongo con esto es una creación de estancias breves para los adultos mayores, en las cuales al momento en que salgan a trabajar puedan dejar ahí a su persona mayor para que tengan un cuidado específico con algunas personas, que los cuiden, que los atiendan, que convivan con otra gente de su misma edad para que tengan un mejor desarrollo.

Porque en muchas ocasiones hemos visto que al papá, a la mamá o al abuelo lo tenemos sentado en una mecedora, lo sacan a la calle, lo vuelven a meter a la sala, y hay una persona que tiene que ser responsable; es todavía más problema que los niños, porque tienen que tomar sus medicinas a ciertas horas, tienen que tomar su siesta, se pueden caer, no se pueden levantar, son muchas opciones.

Por eso les pido a ustedes que me apoyen con esta iniciativa, debido a que no es una iniciativa mía, sino que es una iniciativa de la que fui recopilando durante toda la campaña en mi distrito 10 de Zapopan.

En Acción Nacional siempre hemos estado preocupados por los adultos mayores, por los niños, por los jóvenes, por la transparencia, como lo hemos visto ahorita, y por eso les solicito que sea de su grado votar a favor de esta iniciativa al momento de sus comisiones y cuando venga al pleno porque lo requerimos, porque es el momento de darle la atención inmediata a este tema.

Ya México ya avanzó, ya somos un país que tiene un gran número de adultos mayores, los asilos para ancianos son muy grandes, son muy caros, son muy costosos, y la gente que tiene más necesidades no tiene para pagar uno de esos centros y para dejar al adulto mayor ahí. Por tal motivo les pido a todos ustedes con el debido respeto que sean y hagan hincapié de esta iniciativa, porque creo que es lo que se requiere para nuestro país.

Por otro lado, les quiero comentar que en México estamos con el 62 por ciento de adultos mayores, la gente que llega a cubrir este tipo de necesidades no tiene en donde alojarse, no tiene qué hacer, es un costo para las familias. Necesitamos implementar medidas necesarias, urgentes para darle mejor bienestar, un mejor futuro y una mejor capacidad para todos nuestros adultos mayores.

Bueno, por su atención, amigos y compañeros diputados, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El diputado Pedro Porras Pérez: Con su permiso, señor presidente. En mi carácter de diputado con fundamento en la atribución que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Marco Jurídico de este Congreso, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En la reforma del primero de julio de 2008, se le facultó a las Salas Regionales del Tribunal Electoral de conocer en única instancia del juicio de revisión constitucional electoral, en el caso de las elecciones de las autoridades municipales, establecido en el numeral 2, del artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El resultado de esta facultad, después de cuatro años de su aplicación, es de diversas contradicciones de criterios entre las cinco salas regionales y la propia Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde el único perjudicado es la ciudadanía que ejerce su derecho al voto en las elecciones del ámbito correspondiente.

En el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que: El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que no existe ninguna otra instancia para resolver los conflictos post–electorales de las elecciones efectuadas, siendo la Sala Superior la última instancia determinadora en los asuntos de su competencia.

Sin embargo, en la actual disposición contenida en el numeral 2, del artículo 87 de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que: Las Salas regionales conocerán en única instancia de las elecciones de autoridades municipales.

La propuesta busca que sea la Sala Superior la que conozca como última instancia de los juicios de revisión electoral, en las elecciones municipales, en los casos de que se hubiera revocado la constancia de mayoría relativa otorgada como resultado del computo municipal realizado o que se hubiera declarado la nulidad de la elección en el municipio correspondiente; en este caso confirmada o determinada por la Sala Regional correspondiente.

La Sala Superior ante los diversos criterios de las Salas Regionales, en casos parecidos, debe tener la facultad de revisar y modificar las sentencias que revoquen la constancia de mayoría relativa obtenida del cómputo municipal o que anulen la elección realizada.

Un municipio es un orden de gobierno consagrado en el artículo 115 constitucional, el cual es la base de la división territorial y de la organización político-administrativa de las localidades que integra, así como de los estados y de la federación.

Por lo tanto, el municipio no puede ser tratado como una instancia de menor jerarquía e importancia por la legislación aplicable en medios de impugnación, puesto que es la base social y política con la que se conforma el estado y la federación. Los conflictos que se derivan de las resoluciones de las salas regionales afectan a la población que es la parte de un municipio.

Dotando a la sala superior como última instancia determinadora en los casos que hemos establecido, obligaremos a las salas regionales a unificar sus criterios jurídicos con los que ha establecido la propia sala superior, dando como resultado un menor número de conflictos postelectorales y mayor certidumbre jurídica en las resoluciones emitidas por las instancias jurisdiccionales.

Este proyecto de decreto plantea adicionar el inciso c) del artículo 61; reforma y adición de los incisos b) y c) del artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.

Con la presente iniciativa, señoras y señores diputados, la máxima instancia en materia electoral debe conocer como última instancia de los recursos de juicio de revisión constitucional electoral de las elecciones de las autoridades municipales, de donde se derive la revocación de la constancia de mayoría relativa otorgada en el cómputo realizado o anule la elección respectiva.

El municipio, reitero, es la base social y política que conforma el Estado y la Federación. Solicito, señor presidente se inserte íntegramente el texto en el Diario de los Debates y es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado, así se hará; la iniciativa quedará insertada íntegra en el Diario de los Debates y se turna Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Tomás Torres Mercado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado presidente González Morfín. Someto a la consideración de ustedes, colegas, una iniciativa de reforma constitucional. Lo hago a nombre de mi colega, de mi amigo, el diputado Carlos Castellanos, del estado de Chiapas y por supuesto de mi grupo parlamentario, el Partido Verde.

Miren, hemos estado al inicio de este periodo ordinario, en esta Legislatura tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, en una dinámica interesante, en un proceso bastante intenso precisamente por el ejercicio legítimo, por el ejercicio de una facultad constitucional que al ciudadano presidente de México le otorga el artículo 71 de la Constitución federal.

Esto que hemos repetido de las iniciativas de trámite preferente, insisto, contemplado el procedimiento en el artículo 71 de la norma máxima.

Es producto del Congreso y es producto de un acuerdo político, el haber señalado que al inicio del período ordinario de sesiones de la nueva Legislatura en la que se, en este caso se elija también al nuevo presidente de la república, puedan señalarse dos iniciativas de las que están turnadas a comisiones o se presenten dos nuevas iniciativas para trámite preferente.

Es ya del dominio público que esta reforma laboral, que la reforma en materia de contabilidad gubernamental han sido las dos iniciativas preferentes del ciudadano presidente de la república.

Y nos han metido en una dinámica interesante, también compleja, también necesaria. Se han dado debates de altura, se han prefigurado con claridad las posiciones de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, pero también las opiniones de académicos, de sectores patronales, de organizaciones sindicales, etcétera.

Sin embargo, a pesar de que ya hay productos legislativos en el marco de la iniciativa preferente, en el grupo parlamentario consideramos que la iniciativa preferente que ejerce el presidente de la república debe ser un elemento que anticipe su visión política sobre ciertos temas nacionales, pero también que refleje la capacidad negociadora del presidente de la república.

Sólo que, como pasa en la ley, resulta que la iniciativa laboral y la de contabilidad gubernamental, más esta última, será para que se aplique el año que viene y con el gobierno o gobiernos que vienen; no forma parte ya ni de las políticas ni de los programas del Ejecutivo federal todavía en funciones todavía por unos días.

La acción política tiene fundamento, sí. Pero es necesario replantear el artículo 71 para que el que debe revelar capacidad negociadora en lo político es el que llega, no el que se va. El que debe, a través de la iniciativa, establecer sus programas y sus acciones de gobierno es el que llega a gobernar, no el que deja de gobernar.

Qué planteamos. En el último año del ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo, como es el caso, y en la apertura del primer período ordinario de sesiones de la legislatura que coincide con la elección de presidente de la república, el Ejecutivo que se va no ejerce la iniciativa preferente.

Pero como hay un vacío de julio a diciembre, casi de medio año, quién podrá ejercer la iniciativa preferente: los grupos parlamentarios en el Senado o en la Cámara, del partido político mayor que tiene a un presidente electo.

De hecho, en la discusión de la reforma política se contemplaba la iniciativa preferente para los grupos parlamentarios. ¿Qué no sería pertinente que el que viene diga qué es lo que quiere hacer y no el que se va, que nos deje hacer lo que no pudo lograr? Gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad del Desarrollo del estado de Puebla, campus Quecholac, de la ciudad de Puebla, que están aquí invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

También a un grupo de alumnos de la escuela profesor Manuel Hinojosa Giles, primaria del municipio de Ecatepec, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos y maestros de las licenciaturas de Comercio Internacional y Administración de Empresas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que están aquí invitados por el diputado José Enrique Doger. Bienvenidos, todos.

Bienvenidos a la Cámara de Diputados los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28-Bis de la Ley General de Salud.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados federales, en México, las Instituciones que han formado a los médicos y homeópatas, llevan en su historia más de un siglo de lucha jurídica, política y social, cuyo objetivo ha sido poner al servicio de la población la homeopatía a través de profesionales capacitados y con alto sentido de responsabilidad social, forjando una tradición que se puede observar a través de la alta aceptación que tienen entre la sociedad.

En 1989 es cuando se funda la Escuela de Medicina Homeopática, con lo que se da inicio la educación formal en México. Es precisamente la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del Instituto Politécnico Nacional la que describe las características con que forman a los médicos cirujanos y homeópatas.

Es una profesión innovadora, ya que además de preparar al alumno como médico, con conocimiento de ciencias básicas, salud pública y clínicas, se le capacita en el manejo de la terapéutica homeopática, lo cual hace que tengan una ventaja sobre la medicina tradicional.

El plan de estudios tiene asignaturas que otras escuelas no tienen como: Medicina Genómica, Biomedicina Molecular, Prehospitalaria I, Prehospitalaria II, Reanimación Cardiopulmonar.

Estas últimas materias proporcionan la salida colateral de técnica en urgencias médicas. Todo esto permite que se egrese gente con formación más solida para atender las necesidades de salud pública de las poblaciones.

En la actualidad hay una omisión que se hizo en la LXI Legislatura y que hoy proponemos precisamente como una modificación a un artículo. Se debe interpretar como una adversidad más en la larga carrera contra el poder público y también contra los intereses económicos que están detrás de la medicina alópata, pero surgen como una oportunidad para unir a la comunidad y hacer frente común a fin de precisar en la Ley General de Salud que los únicos profesionales reconocidos por la SEP para brindar un servicio óptimo en el ramo de la homeopatía, son precisamente los médicos homeópatas, que aparte de tener la formación esencial de médico general son instruidos en exclusiva con los conocimientos de la terapéutica homeopática, de reconocida eficacia dentro del gremio y con alta demanda entre los mexicanos.

Por ello, es necesario que la Ley General de Salud deposite la responsabilidad de prescribir las recetas en los profesionales de la homeopatía, que son los médicos homeópatas, ya que con ello se garantiza que los usuarios de los servicios de salud en los ámbitos federal, estatal o municipal o en la concurrencia de los sectores público, privado y social, estén atendidos por recursos humanos que tienen formación profesional y que le asegura a la población la calidad necesaria en el sistema de salud mexicano, toda vez obligatoriedad constitucional que tiene el Estado mexicano.

Artículo 4º, de dar la protección de la salud de la población que requiere de un sistema de salud más apto, capaz y eficiente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar la Ley General de Salud.

Artículo único. Se reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos, son médicos; médicos homeópatas; cirujanos dentistas; médicos veterinarios en el área de su competencia y licenciados en enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud.

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros, podrán prescribir ajustándose a las especificadas que determine la Secretaría. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero dejar constancia que ha sido testigo de la presentación de esta iniciativa el doctor Crisóforo Ordoñez López, que es el director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, del Instituto Politécnico Nacional, a quien le damos la bienvenida junto con las personalidades que lo acompañan. La iniciativa se turna a la Comisión de Salud, para su dictamen.

También le doy la más cordial bienvenida a la Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México, que están aquí invitadas por la diputada Carmen López Segura, del estado de Baja California. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: La suscrita diputada federal María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el siguiente:

El estado de Michoacán ha sido pródigo en aporte de grandes personalidades, que con esfuerzos constantes han contribuido a crear y fortalecer a la nación mexicana. Basta sólo mencionar los nombres de Elvira Vargas Rivera, Josefina Cano de Silva, Gertrudis Bocanegra, Rafaela López Aguado de Rayón, José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, Francisco J. Múgica, Lázaro Cárdenas del Río y el insigne jurista Antonio Martínez Báez, entre otros.

Por supuesto que no podemos olvidar a uno de los michoacanos más ilustres como lo es don Melchor Ocampo, ideólogo de la Reforma y firme creyente de la independencia y progreso de México en la segunda mitad del siglo XIX.

Don Melchor Ocampo sintetizó en su persona un amplio bagaje de conocimientos en todas las disciplinas de su época. Pudo bien dedicarse a sus negocios y a la vida privada; sin embargo, las grandes desigualdades sociales de su época lo hicieron incursionar en la política, en la política en la más noble de sus acepciones como mecanismos para ayudar a los que menos tenían para salir de su pobreza material y erradicar creencias religiosas que esclavizaban aún más la mente de los ciudadanos.

Para lograr este propósito expidió disposiciones de vital importancia, como la Ley de Observaciones Parroquiales, que tuvo el propósito de reducir, y en algunos casos suprimir, las cuotas por los diferentes servicios eclesiásticos, al igual que la supresión de diezmos a la iglesia.

En dos ocasiones fue gobernador de Michoacán, secretario de despacho con Juan Álvarez y en el gabinete del presidente Juárez. De igual forma, se distinguió como diputado a los Congresos Constituyentes de 1842 y el de 1856, donde formó parte de la Comisión de la Constitución.

Don Melchor Ocampos fue víctima de las embestidas del clero y de Antonio López de Santa Anna, lo cual lo obligó a exiliarse en Nueva Orleans, donde trabó amistad con otros ilustres mexicanos, como Ponciano Arriaga y Benito, entre otros.

Al regresar a México, se suma a la revolución de Ayutla y ocupa los encargos públicos en el gabinete de Juan Álvarez que ya se comentaron. En congruencia con las ideas políticas, renuncia al cargo de secretario de despacho que ocupó.

Durante la Guerra de Reforma permanece al lado del presidente Juárez y al triunfar la República, en diciembre de 1860, don Melchor Ocampo regresa a sus actividades privadas.

El 31 de mayo de 1861 es aprehendido por una partida de conservadores, y muere asesinado el 3 de junio de 1861.

Pocos días después de su asesinato, el 17 de junio de 1861, el Congreso local del estado de Michoacán determinó que el nombre de nuestro estado sea Michoacán de Ocampo. Para efectos de nuestra constitución local, el nombre oficial de nuestra entidad federativa es Michoacán de Ocampo. Sin embargo, en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la redacción original al artículo 43, el nombre de nuestro estado es el de Michoacán.

En consecuencia, la presente iniciativa con proyecto de decreto propone la reforma del artículo 43 constitucional para el efecto de que en el listado de los estados integrantes de la federación mexicana, el nombre oficial de nuestro estado sea el de Michoacán de Ocampo.

Es pertinente recordar que para efectos del estado de Coahuila, en la pasada legislatura, se reformó el artículo 43 constitucional para retomar la denominación que en la constitución local de dicho estado se tiene, que es el de Coahuila de Zaragoza. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del 2011. Entrando en vigor el día siguiente al de su publicación.

En consecuencia, a partir de 14 de abril del 2011 el nombre oficial es el de Coahuila de Zaragoza, como justo homenaje al general Ignacio Zaragoza, que nació en Texas cuando este territorio pertenecía al estado de Coahuila.

Si hay un hombre en el que se sintetizan los ideales de la reforma y la transformación que la sociedad deba tener en beneficio de los que menos tienen, no con actitudes paternalistas sino de verdadera transformación social, ese hombre es don Melchor Ocampo.

Por tal razón, no existiría obstáculo jurídico ni de otra índole para que esta iniciativa sea dictaminada a favor y de inmediato.

Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que quede como sigue:

Artículo único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son las... el estado de Michoacán de Ocampo... Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, como todos ustedes saben, en el marco constitucional en materia de generación de energía eléctrica no permite la inversión privada en dicho sector, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe en sus artículos 25 y 28. Sin embargo, desde 1992 la modificación a la ley secundaria ha permitido la participación del sector privado en esta actividad.

El Honorable Congreso de la Unión reformó en 1965 la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y la Ley General de Deuda Pública, en sus artículos 30 y 18 respectivamente, con el objeto de asegurar la infraestructura necesaria para todas sus etapas con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, eliminando la posibilidad que los agentes económicos privados le financien infraestructura a Pemex, no así en el caso de la Comisión Federal de Electricidad.

La Comisión Reguladora de Energía reconoció la problemática de estos proyectos desde el 2002 en la propuesta de reforma estructural del sector eléctrico, en la que estableció las razones para corregir el esquema del financiamiento vía Pidiregas.

En el caso que nos ocupa mencionaré entre varias las que consideramos primordiales: Transferir el riesgo al Estado. Estos esquemas no representan una verdadera inversión de capital por parte de este sector, ya que el Estado es quien asume el riesgo de la inversión. El capital privado ha fluido gracias a las garantías gubernamentales.

Reducen la capacidad del endeudamiento del Estado. Aunque la mayor parte del monto de las Pidiregas se contabiliza como deuda contingente los mercados internacionales de capital lo consideran de alto riesgo, tal calificación se adhiere a la abultada deuda del gobierno federal, ambos factores inciden en la menor capacidad de endeudamiento federal.

En Nueva Alianza estamos conscientes que es imperativo que CFE modifique la estructura altamente descentralizada del sector eléctrico, y controle los requisitos normalizados, así como eliminar las licitaciones fraudulentas mediante la preparación de un conjunto común de datos e indicadores para facilitar la compatibilidad y la posibilidad de evaluarlas en el orden federal, en cooperación con la Comisión Federal de Competencia.

Con base a lo anterior hacemos un llamado urgente a este honorable cuerpo de legisladores, para que en vez de que CFE solicite recursos para generar sus proyectos vía Pidiregas y la Secretaría de Hacienda los autorice el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación los analice y les dé seguimiento sin tener que esperar hasta la revisión de las Cuentas Públicas, donde de manera tardía observamos que las licitaciones no se dieron conforme derecho, o que no fue la mejor opción desarrollar los proyectos mediante este esquema.

Por ello es que Nueva Alianza presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y adiciona un tercer párrafo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Primero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

Tratándose de obligaciones derivadas de financiamientos de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, referidos a actividades prioritarias y mediante los cuales las entidades adquieran bienes o servicios bajo cualquier modalidad, cuya fuente de pago sea el suficiente flujo de recursos que el mismo proyecto genere, y en los que se cuente con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sólo se considerará, para efectos de la presente ley, como pasivo directo, a los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente y el resto del financiamiento, se considerará como pasivo contingente hasta el pago total del mismo.

La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar en su cartera de necesidades de inversión los proyectos a desarrollar; en caso de que solicite los recursos por la vía proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, deberá estar a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Se adiciona un tercer párrafo, recorriendo los subsecuentes al artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar en su cartera de necesidades de inversión los proyectos a desarrollar; en caso de que solicite los recursos por la vía de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Deberá presentarlo al Congreso de la Unión para su aprobación y supervisión, y a la Auditoria Superior de la Federación su fiscalización externa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Túrnese la iniciativa a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Le doy la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados, a los presidentes municipales: Everardo Wences Santamaría, de Tlapehuala; Reynel Rodríguez Muñoz, de Pungarabato; Alejandro Contreras Velasco, de San Luis Acatlán, todos del estado de Guerrero, que están invitados aquí por los diputados Catalino Duarte Ortuño y Manuel Añorve Baños. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Iberoamericana del estado de Morelos, que están aquí invitados por la diputada Maricela Velázquez Sánchez. Gracias por acompañarnos.

También a un grupo de invitados especiales del diputado Ricardo Monreal Ávila, que están aquí presentes. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación.

El diputado José Enrique Doger Guerrero: Con el permiso de la Mesa Directiva, señor presidente. Señoras y señores diputados. A nombre propio y del Grupo Parlamentario de mi Partido, el Revolucionario Institucional, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que modifica la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

La educación en nuestro país es un derecho humano que el Estado garantiza a todos los individuos sin distinción alguna. De igual forma, determina la constitución, como interés supremo, el de la niñez, por lo que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el mismo, al tiempo de reconocer como derechos de las niñas y los niños la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

El interés superior del menor es reconocido también por la legislación internacional, la cual se constituye como la Ley Suprema en nuestro país por así disponerlo la propia Constitución; en el caso específico, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue firmada por nuestro país el 26 de enero de 1990 y ratificada el 21 de septiembre del mismo año, la cual protege a los niños de cualquier discriminación en su artículo 2 y dispone la obligación de reconocer que los niños con discapacidad mental o física deberán disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad y faciliten su participación activa en la sociedad.

Reconociendo su derecho de recibir cuidados especiales gratuitos y asegurando que tengan un acceso efectivo a la educación, según lo dispuesto en los artículos 23 y 28 respectivamente.

Por otra parte, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la cual también forma parte nuestro país al firmarla el 30 de marzo de 2001 y ratificarla en diciembre de ese año, establece como una obligación de todos los Estados tomar las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

De igual forma dispone el derecho a la educación con miras a que éste se haga efectivo sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, asegurando un sistema inclusivo, estableciendo la obligación de facilitar el aprendizaje Braille y de impartir la educación con los medios y modos más apropiados para que se les permita alcanzar su máximo desarrollo académico y social, lo que se desprende de la lectura de los artículos 7 y 24.

El orden jurídico local contiene ordenamientos reglamentarios de estas disposiciones, entre otros, la Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la propia Ley General de Educación, que determina la forma coincidente, el interés superior de los niños, el acceso a la educación y prohíben la discriminación, pugnando por el acceso efectivo de los menores a la educación que les permita ampliar sus capacidades y desarrollarse para lograr su inclusión sin obstáculos en nuestra sociedad.

No obstante el marco jurídico vigente ya referido en nuestro país, según las cifras del último Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por el INEGI, existen más de 79 mil niños que tienen una discapacidad visual y que no tienen en los hechos, el acceso a la educación que las normas citadas prevén.

Si bien es cierto que desde 66 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito extendió su oferta mediante la producción de libros en Braille, también lo es que el número de libros producidos no es suficiente.

Existen datos de la propia Secretaría de Educación Pública que refieren la producción de sólo 16 mil libros en sistema Braille, que sólo pueden beneficiar a 4 mil menores, lo que deja en el abandono a más de 75 mil niños.

Por otra parte la actualización del contenido de los libro Braille no es congruente con los planes de estudio para la educación primaria implementados a partir de 2011, lo que genera que exista discriminación para un grupo vulnerable al que la ley, según lo expuesto ordena se brinden las mínimas posibilidades de oportunidades que a los niños y niñas en general.

Por otra parte la Secretaría de Educación Pública no cuenta con información fidedigna del número de niños con discapacidad visual, ya que en la mayoría de los casos no son aceptados en las escuelas de educación básica y aquellos que lo son no son reportados como tales y en el mejor de los casos no se cuenta con instrumentos para su acceso a la educación.

Esta realidad ha sido incluso denunciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que se ha pronunciado mediante la recomendación correspondiente en el sentido de solicita al titular de la SEP que tome las medidas necesarias para editar libros en Braille.

En ese contexto la propuesta que someto a su consideración adiciona la Ley General de Educación, para garantizar el acceso a la educación de los menores con discapacidad visual y lograr que efectivamente la educación sea asequible a todos los niños y jóvenes, especialmente a los discapacitados, para de esta forma concretar los postulados que caracterizan a la educación en el país, tal y como lo establece la Constitución.

Concluyo, señor presidente. De igual forma busca que se incluya como material educativo que garantice a los niños y niñas discapacitadas el acceso a la educación y determinar de forma clara la obligación de producir y actualizar los libros de texto en Braille, así como la obligación de producir un número de ejemplares suficientes para niños discapacitados visuales, para lo cual se señala también como una obligación de los centros escolares, especificar en los censos el número de educandos con discapacidad para que la SEP pueda en su momento determinar las políticas para lograr su educación y generar facilidades para su acceso.

Compañeras y compañeros diputados: esta propuesta sin duda requiere la conjunción de esfuerzos, y para llegar al resultado deseado hay que dar el primer paso, por lo que propongo que sea este poder, el Poder Legislativo, el que abone para concretar las condiciones que la ley vigente prevé para nuestros niños y niñas del país. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Doger. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Juárez. Diputado Doger, creo que la diputada desea suscribir su iniciativa. ¿Tendría usted inconveniente? Ábrase el sonido en esa curul. Para quienes deseen suscribir la iniciativa, la vamos a dejar en la secretaría.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Además de sumarme, por supuesto, a la iniciativa, conforme al artículo 71 solicitarle a la presidencia que pueda ser turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, la cual preside su servidora. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente en que la iniciativa quede turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen y a la Comisión de Derechos de la Niñez para su opinión.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Enrique Reina Lizárraga: Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Para Acción Nacional los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia, son la expresión concreta de la dignidad humana, y su pleno reconocimiento y protección jurídica dependen de la existencia de un estado democrático de derecho.

Los derechos humanos son derechos inherentes, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, de tal suerte que los derechos humanos son universales y están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados del derecho consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional.

El ser humano es evolutivo y siempre está a la vanguardia del medio que lo rodea por los grandes cambios que se están produciendo en el ámbito mundial. El avance de las tecnologías está marcando un verdadero hito en la historia del hombre.

A inicios del siglo XXI el desarrollo de las tecnologías en información y comunicación vinculadas a la revolución de las telecomunicaciones ha planteado nuevos desafíos en diversas áreas, entre ellas el derecho.

Es tal la importancia del tema que el pasado 16 de mayo del 2011 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, emitió una declaración en la que predomina el establecimiento del derecho de todo ser humano al acceso de redes digitales de comunicación tales como el internet.

En el marco de la implementación de los mecanismos necesarios para la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito civil, político, económico, social y cultural.

En este sentido, para nuestro país la tecnología puede tender los puentes para que las sociedades sean más democráticas. He ahí la razón para la inclusión digital como derecho de todos lo que implica la reafirmación del ser humano en este medio, así como su derecho a vivir dignamente y participar de la vida activa de este país con el fin de que todos tengan el derecho a acceder al uso de tecnologías de información, de comunicación y de comunicación digital para su desarrollo personal, social y económico.

En tal sentido, a efecto de garantizar el debido ejercicio de este derecho, el Estado estará obligado a establecer políticas públicas y los mecanismos eficaces mediante los cuales, o cualquier persona puede tener acceso al mismo, como por ejemplo, deberá establecer la infraestructura tecnológica necesaria, e incluso, acercar equipos de cómputo a la sociedad en escuelas, bibliotecas públicas con el fin de abatir este brecha digital.

Por lo antes mencionado, en relación a los países desarrollados en México, la penetración de banda ancha es muy baja. Las capacidades son muy bajas y los precios son muy altos, así que los gobiernos federal, estatales y municipales tienen su papel fundamental en impulsar las tecnologías de información.

Por ello la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la coordinación del Sistema Nacional de México instrumenta una agenda de conectividad, la cual consiste en la puesta en marcha de políticas públicas que tienen como elemento central abatir esta brecha digital del sistema nacional en educación, en seguridad, en salud y en transparencia.

Los objetivos de la agenda de conectividad consisten en integrar un plan de acción ejecutable que conecten los próximos cuatro años a una red de banda ancha, al 80 por ciento del Sistema Nacional de Educación y al 100 por ciento al Sistema Nacional de Salud; desarrollar un mecanismo de integración efectivo que permitan agregar las demandas con estos servicios en los tres niveles de gobierno.

Con el fin de obtener beneficios por economías a escala y al máximo aprovechamiento en inversiones existentes.

Por lo anterior expuesto, el objetivo de esta iniciativa es promover el derecho de todos para la cobertura y la accesibilidad de la conectividad en redes digitales de información y comunicación y que ésta sea segura, eficiente y competitiva, mediante el fortalecimiento del marco jurídico eficiente y competitiva mediante el fortalecimiento y la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía, el desarrollo social equilibrado de este país, logrando así la integración de los mexicanos a la información y a este conocimiento.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es que someto a su consideración y le pediría, señor presidente, que se inserte este documento íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Así se hará, diputado Reina, la iniciativa quedará inserta íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, es por todos conocido que nuestro país es históricamente una de las naciones con mayor desigualdad en el mundo. Esta situación no ha cambiado al menos durante los 60 últimos años.

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, la concentración de la riqueza en nuestro país permanece prácticamente en los mismos niveles que cuando éramos una nación gobernada por un partido hegemónico y bajo un modelo económico basado en la sustitución de importaciones.

Hoy, en pleno siglo XXI, en el que la alternancia es una realidad de nuestra democracia y en la que las fronteras de prácticamente todos los sectores de nuestra economía se han abierto, no hemos logrado hacer llegar a los grupos más desfavorecidos los beneficios que estos avances supondrían.

Uno de estos sectores económicos favorecidos por la liberación económica, pero sobre todo por lo que me permito denominar como la liberalización fiscal, es la industria minera, la cual para diversas regiones de nuestro país constituye la principal actividad económica y la principal fuente de empleo de sus pobladores.

Compañeros, hago uso de esta tribuna para resaltar una vez más las terribles contradicciones que caracterizan al sector de la minería, y que dan cuenta de la desigualdad que como mencionaba, priva en nuestro país. Por un lado, constituye un sector que después de la crisis financiera y económica global que diera inicio en 2008 no ha detenido su avance en los países productores, en parte derivado de la alta especulación presente en los mercados financieros y del auge que como resultado han tenido los metales y minerales preciosos, como inversión de reserva y protección.

De este modo, tenemos que durante la última década el precio internacional del oro se incrementó un 428 por ciento; el del cobre un 406 por ciento; el del plomo un 344 por ciento; el de la plata un 522 por ciento. En este escenario, México se ubica entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y encontrándose entre los principales 15 en la extracción de oro, bismuto y plomo.

Asimismo, tan sólo el año pasado la inversión total en nuestro país aumentó 42.7 por ciento respecto al año previo. Lejos de esta boyante situación para quienes resultan beneficiados en este contexto, se encuentran los aún pendientes beneficios sociales para los trabajadores y sus familias, la derrama económica y social para las regiones y comunidades en donde se han instalado, y la protección de sus recursos naturales y medio ambiente.

Más aún, la satisfacción de las necesidades futuras del país e incluso su soberanía, han quedado relegados frente al interés particular y el beneficio económico de un puñado de empresas, las cuales, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, aumentaron el territorio nacional en su poder en un 53 por ciento, en cinco años y medio, del gobierno de Felipe Calderón, llegando a 32 millones 573 mil hectáreas, lo que equivale al 16.6 por ciento del territorio nacional.

A este respecto, me permito destacar ante ustedes que las concesiones otorgadas por el gobierno federal, las empresas tanto nacionales como extranjeras sólo están obligadas a pagar los derechos sobre minería que establece la Ley Federal de Derechos, los cuales al contrastarlos con el volumen y la expansión de la producción y la inversión, las utilidades reportadas y lo vasto de nuestro territorio destinado a este fin, resulta ínfimo.

Entre 5.7 pesos por hectárea durante el primero y segundo año de vigencia de las concesiones o asignaciones hasta 124.74 pesos a partir del décimo año. La diferencia de lo que ocurre en otros países, donde las empresas pagan una regalía proporcional a la producción o ganancia obtenida, en México sólo se paga un derecho de explotación, que más que simbólico resulta, como mencionaba, ínfimo, sobre todo si considera la desigualdad, la pobreza y la marginación que priva en nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, tenemos que recuperar de facto la soberanía y el territorio concesionado a las empresas privadas, lo que no significa inhibir su actividad. Por el contrario, es necesario continuar promoviendo la expansión de este más que rentable sector de nuestra economía, pero impulsándolo al mismo tiempo como motor de la equidad social y como eje de crecimiento económico incluyente.

Por eso, la iniciativa que presento hoy ante este pleno, busca modificar los montos que por concesión pagan las empresas privadas al gobierno, montos que a diferencia de lo que ocurre con la ley que se encuentra vigente, consideran no sólo la duración de la vigencia, sino la extensión de la superficie a concesionar.

Asimismo, busca imponer el pago de un derecho sobre la producción minera y no sólo sobre el otorgamiento de la concesión o asignación, con lo que las ganancias obtenidas por la venta de un recurso que pertenece a todos los mexicanos, resultaría más justa y eficiente desde el punto de vista social, toda vez que la iniciativa busca que parte de la recaudación que se obtenga se destine directamente, tanto a la entidad federativa como a los municipios mineros; recursos que bien pueden ser utilizados para la construcción de infraestructura social o para la realización de programas o proyectos para la protección y conservación ambiental, así como la promoción de la actividad económica en el Estado.

Compañeros, estamos ante la disyuntiva –termino, presidente– que exige nuestra alta mira, que nos dé la oportunidad de hacer a este sector, rentable para unos cuantos, un sector rentable para todos los mexicanos, y en particular, para aquellos que dedican su vida al desarrollo de esta actividad y que nos ubican entre los primeros lugares del mundo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas de esta honorable asamblea, vengo el día de hoy en representación de mi fracción parlamentaria a presentar iniciativa de ley sobre el tema salud mental en los niños.

Es muy difícil que los padres puedan identificar cuando un niño padece de alguna enfermedad mental. Cuidar su salud es responder a sus necesidades de desarrollo, pero también es vital saber entender que en el proceso de la infancia a la adolescencia los individuos presentan trastornos mentales, presentan problemas en su conducta, ya sea en el salón de clases, en el seno de su familia y por esta razón lo padres a veces no identifican a tiempo y buscan ayuda médica cuando creen que sus niños exhiben comportamientos de manera inusual.

Esto se debe al estigma que rodea a las enfermedades mentales. En el caso de las minorías también influye la pobreza, influye la falta del dominio del idioma. Al respecto, esta propuesta pretende incluir en el inciso k), dentro del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establezca el derecho a prevenir, detectar y ser tratados, en caso de padecer algún trastorno mental.

Las enfermedades o trastornos mentales son alteraciones de los procesos afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia, del cual proviene cada individuo.

Se puede tratar de alteraciones en el razonamiento, en el comportamiento y en la facultad de reconocer o de adaptarse a las condiciones de vida.

La Organización Mundial de la Salud asegura que gran parte de los problemas de la salud mental tienen su origen justamente al término de su infancia y al principio de la adolescencia.

En América Latina y el Caribe se calcula que más de 17 millones de adolescentes de 14 a 16 años sufren algún trastorno psiquiátrico que amerita atención. Al respecto la legislación internacional en derechos humanos considera la salud mental como parte integral del derecho a la salud.

De forma más específica, el derecho a la salud y la protección de la salud mental de las niñas, de los niños y de los adolescentes forman parte de un marco de protección, pero que aún en nuestro país están limitados en las instituciones públicas y en los programas; y el día de mañana esos adolescentes, esos niños se convierten en ciudadanos, y entonces nos encontramos ante graves problemas de inseguridad, nos encontramos ante mexicanos que no actúan con una conducta responsable y caen en condiciones de tipo delictivo.

Es por eso que nuestra fracción somete a consideración de los diferentes grupos parlamentarios, y de la discusión en la comisión a la que se va a turnar sea ésta una iniciativa que se discuta, que se razone y de ser posible se empuje a la brevedad posible, porque el origen de los problemas de la inseguridad vienen desde la formación de los pequeños mexicanos, que el día de mañana serán ellos quienes llevarán la generación y la conducción de nuestro país, sometemos a esta honorable asamblea el proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. La diputada Juárez Piña desea suscribir su iniciativa si usted no tiene inconveniente, y algunas otras diputadas y algunos otros diputados también. ¿No tiene inconveniente, diputado?

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: No, diputado presidente, no tengo inconveniente.

El Presidente diputado José González Morfín: Bueno, dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para quien quiera suscribirla. Y se turna a Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Protección Civil.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, primeramente –y ya relacionado con el tema de la protección civil– agradecer a todos los integrantes que me acompañaron el jueves de la semana pasada en la instalación de esta comisión que de inmediato inició con sus tareas.

Particularmente satisfecho me siento con la instalación de la comisión, por la disposición de los integrantes para avanzar de manera comprometida y eficaz en estas responsabilidades. Así es que gracias a los compañeros, diputados integrantes, diputadas integrantes de la comisión.

Vengo a esta tribuna a presentar en nombre propio y del diputado Ricardo Monreal Ávila, un proyecto de modificación a la Ley General de Protección Civil.

Estamos planteando la modificación al artículo 74 de la ley, para disminuir los tiempos con que cuenta en una primera instancia la autoridad para emitir la declaratoria de emergencia y desastre natural; y en un segundo párrafo para recortar también los tiempos para la transferencia de recursos por parte de la federación a los estados y a los municipios.

El escepticismo ciudadano con respecto al manejo gubernamental de estos temas tiene un sólido asidero, pues la percepción popular es que no se actúa con la prontitud debida. Es oportuno recordar, por ejemplo, lo acontecido en relación con fenómenos como las heladas que afectaron extensiones de cultivos en distintas zonas del país a principio del presente año generándose en los hechos una controversia entre Cámara de Diputados y el gobierno federal, que evitó la asignación oportuna de los recursos destinados a beneficiar a los productores agrícolas afectados.

Es inaceptable que la protección civil se conduzca por objetivos políticos o cálculos electorales, como ha ocurrido en no pocas ocasiones, como la que hoy menciono. Acciones como la declaratoria oportuna de desastre natural y la entrega en un plazo oportuno de los recursos presupuestales para su atención, no merece mezquindades, pues sus efectos nocivos pueden ser cuantificables, tanto en las pérdidas de vidas humanas, como en los daños patrimoniales.

Conforme a la actual legislación, una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural por parte de un municipio o entidad federativa, la autoridad cuenta con cinco días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y hasta 10 días naturales para la entrega de los recursos.

Como podemos ver se podría llegar al absurdo, de que una entidad en pleno desastre natural tenga que esperar una extenso plazo para recibir recursos y poder atender las necesidades que se generan por una emergencia de desastre natural. Debo reconocer, que en la práctica normalmente se atienden estos problemas con cierta rapidez y que rara vez se ocupan los plazos perentorios previstos en la ley; sin embargo, no deja de ser trascendental que se disminuyan estos tiempos para así garantizar legalmente el auxilio de las entidades federativas y municipios en los momentos más importantes de la emergencia.

La combinación de una disponibilidad presupuestal que pueda ser aplicada cuanto antes, vinculada a la declaratoria oportuna de desastre natural derivada de la magnitud de éste, sin dar lugar a interpretaciones, dará como resultado la ejecución oportuna de una política pública que por sus objetivos no debe ni puede dar lugar a su postergación.

Es por ello que promovemos en esta iniciativa disminuir de cinco días naturales a tres la obligación de la autoridad competente para publicar la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación; y de 10 días naturales a cinco, el plazo para que los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres, una vez publicados en el Diario Oficial correspondiente.

Por ello nos permitimos someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto para que se reforme al artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, agregando que se reformarían los párrafos dos y tres del citado artículo para quedar como sigue:

Esta ley, su reglamento, así como las disposiciones administrativas en la materia, regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres naturales, atendiendo al principio de inmediatez.

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, las autoridades tendrán un plazo de hasta tres días naturales para su emisión en términos de las disposiciones administrativas en la materia y hasta de cinco días naturales contados a partir del día en que se emita la declaratoria de desastre natural respectiva. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestra sesión, a un grupo de alumnos de primaria y secundaria del centro Escolar Acuautla, del municipio de Ixtapaluca, estado de México que están aquí invitados por el diputado Reynaldo Navarro de Alva. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio Guadalupe Victoria, de Salvatierra, Guanajuato, que se encuentran presentes en el recinto, invitados por el diputado Armando Contreras. Bienvenidos todos y todas a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados y diputados y solicitando a la presidencia se inserte el texto en sus términos en el Diario de los Debates para efecto de presentar una breve reflexión de la propuesta que hoy presento a esta asamblea y lo dejo en la Secretaría.

En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado mexicano se compromete a implementar medidas preventivas a través de la formulación, aplicación de políticas contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas y de evitar situaciones en las que se presente el conflicto de interés.

Esto ya en el artículo 108 constitucional, se establece que “los representantes de elección popular son servidores públicos responsables por los actos u omisiones en que incurran al desempeño de sus respectivas funciones”.

Y en la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de los Servidores Públicos, describe que “será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.

Dice el refrán. “no hagas cosas buenas que parezcan malas”. En esta casa legislativa existe la presunción no sólo en esta Legislatura, sino también en las anteriores, que se hacen cosas buenas que parecen malas.

Por ejemplo: en la integración de las comisiones que representa un rejuego que presume conflicto de intereses. En la integración de comisiones se encuentran perfiles de diputados y senadores que generan ruido en la opinión pública.

Ya nuestros coordinadores parlamentarios han sido emplazados por el hashtag 132 para que expliquen esta situación, y de ahí sale esta reflexión.

Por ejemplo, encontramos antecedentes de legisladores que trabajaron como personal directivo o de confianza, el caso de asesores jurídicos, o bien se dice que algunos son accionistas en las dos principales empresas televisoras de este país que integran o son secretarios e incluso han presidido la Comisión de Radio, Televisión, entre otras, generando duda de una actuación imparcial, situación similar que se puede encontrar en otras comisiones.

Es por ello, y con el objeto de eliminar el conflicto de intereses en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión y con la pretensión de garantizar una representación popular en la que se combata el denominado conflicto de intereses, que se propone:

Primero, modificar los requisitos que deben cumplir quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular para evitar conflictos de intereses, así como blindar las condiciones para la libre emisión del sufragio y la equidad en la competencia electoral, para lo cual se reforman las fracciones IV y V, párrafos primero y cuarto, del artículo 55 constitucional con la finalidad de homologar la renuncia con un año de anticipación al día de las elecciones de los servidores públicos que señala cada una de esas fracciones.

Establecer una sana distancia entre el ejercicio de poder y los intereses privados fortalece la autonomía de las instituciones y su actuación con base en principios de imparcialidad y legalidad para una efectiva rendición de cuentas y fiscalización de recursos en campañas políticas para impedir espacios de corrupción institucional y de impunidad, como sucedió en la reciente elección federal del 2012, en la que se hace un derroche de recursos públicos, sin ninguna responsabilidad, obviamente por el candidato presidencial que quieren imponer el próximo 1 de diciembre.

En el segundo, proponemos una adición a la fracción VI del mismo artículo 55 para establecer que no podrán ser diputados o senadores los miembros de los órganos de dirección de asociaciones de trabajadores o patronales con registro oficial o miembros de los órganos de dirección de asociaciones o partidos políticos nacionales, a menos que se separen de su encargo en forma definitiva un año antes de la elección.

Estoy seguro que esta propuesta contará con el aval hasta del PAN puesto que en sus estatutos ya prevé la renuncia de sus miembros de órgano de dirección cuando pretendan participar en procesos internos de selección de candidatos, un año antes de la elección constitucional.

En tercer lugar, con el afán de evitar conflictos de interés, también se propone la adición de la fracción VII al mismo precepto constitucional para establecer que no podrán ser diputados o senadores las personas físicas o quienes tengan la calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores o contratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas o concesión de bienes y servicios en los ámbitos federal o estatal, a menos que rescinda o renuncie al cargo o empleo que corresponda un año antes de la elección.

Debe destacarse que en las restricciones que se propone para acceder al cargo de diputados y senadoras se considera a las personas físicas o morales que cuentan con concesiones de bienes y servicios públicos, toda vez que la concesión pública es un acto administrativo por medio del cual la autoridad administrativa faculta a los particulares la utilización, explotación de bienes y servicios del Estado.

Resulta necesario establecer restricciones a las personas físicas o integrantes de personas morales que se benefician de estas concesiones de bienes y servicios públicos y que pretender acceder a cargos de elección popular, porque lo que se determina, que no podrá ser diputado o senador la persona física, socio o miembro de los órganos de dirección y administración de personas morales de los sectores privado o social que cuenten con concesiones del Estado para la explotación de bienes o prestación de servicios públicos, a menos que renuncie a éstas o deje de formar –en seguida culmino, presidente– parte de la sociedad, dirección o administración de la persona moral, según corresponda, un año antes de la elección.

Justamente, por lo que hablamos al principio de la mala fama de algunos diputados que conforman las comisiones y que parece que traen consigna a defender los intereses de las empresas que seguramente los promovieron aquí.

Las reformas y adiciones que se proponen tienen por objeto fortalecer los principios de igualdad y equidad en los procesos electorales, atendiendo a la distancia de las actividades o funciones en las que se puede hacer uso de recursos humanos o materiales por el ejercicio de un cargo público o disposición de bienes del Estado, que pueden producir inequidad en la competencia electoral, contribuyendo –y culmino– a la independencia y legalidad del Congreso de la Unión, además de evitar ruidos y descalificaciones en su quehacer institucional.

Lo hacemos por salud pública, por el Congreso de la Unión y por la patria, que muchos de lo que estén aquí no vengan con esa carga de que vienen a defender los intereses de sus empresas televisoras. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Honorable asamblea...

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto diputado Durazo Montaño?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, señor presidente. Consultarle al diputado Huerta si no tiene inconveniente en que suscriba su iniciativa.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Adelante.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No tiene inconveniente y usted la suscribe.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿También, diputado Villanueva?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: También, perfecto.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y Purificación Carpinteyro. Correcto, doña Purificación. A ver, que le abran el sonido a doña Purificación, la dejaron sin habla.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente, yo también quisiera suscribir la iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dice el proponente que es un honor. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de que tenemos minuta que se desprende de una iniciativa con plazo constitucional, es que pasamos ahora a la discusión en lo particular de la minuta que reforma y adicional la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Tiene el uso de la palabra don Fernando Charleston Hernández, del PRI, para presentar reserva del artículo 8.

Esta Presidencia recuerda que tenemos reservados el 8, el 9, el 69, el 73 y un cuarto transitorio. Tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Charleston Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo el día de hoy ante esta honorable asamblea, primero que nada a dejar constancia de que el Partido Revolucionario Institucional va a votar las reservas de la misma forma que votó en lo general la iniciativa que está en comento, y lo hará porque el Partido Revolucionario Institucional va a votar en éste y en otros temas, siempre a favor de la transparencia.

Sabemos que este documento que el día de hoy estamos discutiendo es importante para la vida de nuestro país. Sabemos que a través de entregarle a la sociedad civil documentos claros, homogéneos, que pueda comparar, le estamos dando precisamente a ellos la fuerza para saber qué pasa con el dinero público, el dinero que no es de ningún presidente de la república; el dinero que no es de ningún gobernador ni de ningún presidente municipal; es dinero precisamente de la sociedad civil y es por ello que el PRI vota a favor de la transparencia en éste y en cualquier otro tema.

La gente tiene el derecho, el total derecho de saber qué pasa con los recursos públicos en todas las etapas del proceso presupuestario, que va desde la programación, la presupuestación, el ejercicio, la evaluación y sobre todo la rendición de cuentas.

La propuesta que se plantea busca una mayor claridad en la redacción del artículo 8, segundo párrafo, de la ley en comento, para que de esta manera se cumpla a plenitud con lo que se señala en la consideración séptima del dictamen aprobado el día de ayer por la Comisión de Hacienda, en el sentido de que se consideró necesario precisar la redacción para establecer que en el caso de que el Consejo Nacional de Armonización Contable requiera de la participación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, se reserve el derecho de invitarlo con la frecuencia necesaria para contribuir a los trabajos de la CONAC, cumplir en forma más eficaz, eficiente su objeto y lo que dispone la ley, que es a final de cuentas el espíritu de la iniciativa.

El establecer en la redacción que se propone, procurando invitar al titular de la Auditoría Superior, permite que de acuerdo a la naturaleza de las funciones del servidor público antes mencionado y el propio CONAC puedan realizar las tareas propias de su función plenamente y solamente en los casos que sea necesaria la asistencia del titular de la Auditoría.

Ratifico, el PRI va a votar a favor siempre, de la transparencia en éste y otros asuntos. Cuando los temas sean otros, de corrupción, de malos manejos, hablaremos de ése y de otros temas, el día que hoy nos ocupa aquí es contar con un documento que podemos verlo de muchas formas, pero como lo podemos ver mejor es que vamos a contar con un documento rector, que le va a servir al funcionario público para tomar mejores decisiones, que redunden en mejor beneficio para la ciudadanía, pero nos servirá a todos aquí, amigas y amigos diputados, para decirle a la gente que todavía cree en nosotros, que los diputados estamos aprobando leyes en beneficio de ellos, de la sociedad, de las personas que nos dieron la confianza de su voto.

Enhorabuena para los integrantes dela Comisión de Hacienda, que el día de ayer tuvieron y tuvimos una larga jornada de trabajo, en la que como mencioné ayer, vi mucho profesionalismo de los amigos del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, del Verde y del PRI. Enhorabuena por esos acuerdos, porque esos acuerdos son los que quiere la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, don Fernando Charleston, le ruego, por favor, solamente para tener claridad, ¿tiene la reserva? Léala, por favor.

El diputado Fernando Charleston Hernández: Con todo gusto, señor presidente. El artículo 8 quedaría de la siguiente forma. Las sesiones del Consejo se desarrollarán procurando invitar al titular de la Auditoría Superior de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Es todo?

El diputado Fernando Charleston Hernández: Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse esta modificación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, el artículo 8 se reserva para su votación nominal ya con la modificación presentada y aceptada por la asamblea.

Para presentar reserva del artículo 9 tiene el uso de la palabra don Silvano Aureoles Conejo.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Antes de presentar la reserva quisiera, a nombre de mi grupo y como coordinador del mismo, agradecer la solidaridad mostrada con nuestro compañero y amigo Miguel Alonso Raya y que ya ha sido dicho por el presidente, pero quiero agradecerles ese gesto solidario en un momento tan difícil, presidente, muchas gracias.

Luego, en el tema que nos ocupa quiero expresar a esta honorable asamblea, que uno de los temas principales de nuestra agenda es el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción.

En la agenda legislativa que presentamos para el inicio de esta legislatura, el punto número uno tiene que ver justamente con la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso, para nosotros este tema, este proyecto de dictamen que hoy se discute, es de la mayor importancia para el desarrollo de mejores prácticas de gobierno y el mejor uso de los recursos públicos.

También quiero expresar que nuestras compañeras y compañeros diputados, diputadas hicieron un extraordinario esfuerzo en el marco de los trabajos de la Comisión, buscando en todo momento ser propositivos y trazar juntos el camino para la construcción de consensos y la construcción de acuerdos en este tema tan relevante.

Sin embargo, también quiero, o además, también quiero expresarles que tengo la convicción de que los municipios son la entidad de gobierno de mayor importancia. Que los municipios son el primer espacio de gobierno que es el contacto con los ciudadanos.

Sé que en esta Cámara hay por lo menos 90 diputadas y diputados que vienen, 101, me corrige aquí mi compañera amiga Magdalena, 101 diputadas y diputados que vienen de ser presidentas y presidentes municipales y saben las penurias en las que viven los gobiernos municipales por muchas razones, porque desde hace por lo menos 15 años se les dieron más obligaciones, también facultades, pero más obligaciones en la reforma al 115 constitucional, pero estas obligaciones no han ido acompañadas de los recursos suficientes para que los municipios puedan transitar de la etapa de precariedad en la que se encuentran prácticamente todos los rubros.

Quizá no me estoy refiriendo al municipio de Monterrey, no me estoy refiriendo al municipio de Guadalajara o algunas que son capitales de los estados, me estoy refiriendo a más del 40 por ciento de los municipios que tienen menos de 25 mil habitantes. Más del 40 por ciento de los municipios del país no llegan a los 25 mil habitantes. Hoy esos municipios están prácticamente en quiebra, que no tienen los recursos ni siquiera para pagar los servicios elementales que demanda la sociedad y que quienes hemos sido presidentes municipales sabemos que a veces es tan difícil dar respuesta a los ciudadanos, que muchas y muchos acaban siendo más terapeutas que gobernantes, porque hay que hacer un gran esfuerzo para que por lo menos los ciudadanos se vayan satisfechos con el trato que se les da.

Hoy la inmensa mayoría de los municipios, no solamente estos de escasa población, están prácticamente en quiebra y no podemos ignorar ese hecho, porque además, quienes no coinciden con el espíritu municipalista proponen o manejan que los municipios al no tener la capacidad para atender demandas básicas de la población, más bien debieran desaparecer o –peor aún– les exigen que cumplan con tareas como el combate a la inseguridad y a la delincuencia cuando a veces no tienen ni para pagarle el salario a los policías, esos salarios raquíticos que escasamente superan los 3 mil o 4 mil pesos mensuales.

Por eso la importancia de que en esta reforma que hoy estamos procesando tengamos consideración especial con los municipios de nuestro país como la primer entidad de gobierno en donde los ciudadanos acuden para solicitar servicios, para solicitar todo tipo de apoyo; porque no hay otra, no hay otra ventana más cercana para los ciudadanos que no sean los gobiernos municipales.

Por eso vengo a presentar una adición, un párrafo adicional a la fracción IX del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que hace unas horas la Comisión de Hacienda dictaminó, que por cierto reitero mi felicitación porque fue de manera unánime en el seno de la comisión y aquí en lo general se ha probado en el mismo sentido.

El artículo 9o., en su fracción IX, dice: Al analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que someta a consideración el secretario técnico, incluyendo a aquellos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales.

Agregamos: Asimismo para el cumplimiento de las obligaciones que refiere esta ley los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales para la capacitación y desarrollo técnico a partir del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo correspondiente.

Creo que hay una corrección. Le ruego me permita, presidente, porque creo que hay una corrección aquí.

Accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley destinados a capacitación y desarrollo técnico en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo.

Le ruego se corrija del Diario la referencia que hice anteriormente y sea este texto el que se incluya en el mismo. Por su atención y comprensión muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en virtud de que le acaba dar lectura y damos éste como bueno, si se admite a discusión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta que esta redacción pase a formar parte del dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta esta modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces vamos a votarlo nominalmente, junto con el resto de los reservados, ya con la modificación aceptada por la asamblea.

Doña Nelly del Carmen Vargas nos presentará la reserva que hizo en su momento don Ricardo Monreal, del artículo 69.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gracias, señor presidente. El gasto federalizado por definición es el dinero que el gobierno federal entrega a los estados y municipios buscando el desarrollo regional y la cobertura de necesidades de la sociedad.

Al provenir estos recursos del pueblo todos tenemos derecho a que se nos informe cuánto se gasta, en qué y para qué. Estamos cansados de los gastos excesivos que han caracterizado a este sexenio en todos los niveles de gobierno; en el nivel federal basta con mencionar la Estela de Luz, los millones empleados en la guerra contra el crimen organizado o los múltiples fraudes cometidos en las paraestatales.

A nivel estatal y municipal, hemos observado endeudamientos tan exorbitantes que han desembocado en la incapacidad de pago de; incluso la nómina. Es por esto que para acabar con el problema este proyecto resulta urgente.

En la iniciativa enviada por el Ejecutivo se incluía en el artículo 69, al hablar de las cuentas bancarias productivas, específicas de recursos federales transferidos, que a la letra dice: No podrán realizarse traspasos de recursos entre dichas cuentas, ni hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos.

En el Senado esta cláusula se eliminó permitiendo la libre transferencia entre las cuentas de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La lógica que se sigue es que existen gastos que no son programables por los que tal vez sea necesario destinar recursos de unas a otras.

Si bien esto es cierto, también es cierto que la eliminación de la cláusula genera incentivos perversos para que a través de la opacidad y corrupción se construyan cadenas que desvíen fondos de una a otra sin ningún problema.

Creemos que es importante encontrar el punto medio entre estas dos posturas; es decir, que se pueda prestar ayuda en caso de emergencia a quien lo requiera, pero sin que esto implique que se desarrollen incentivos que fomenten la corrupción. Es por esto que proponemos, que cuando se requiera un traspaso se especifique la razón por la que se está realizando y se publique, valiéndonos de la infraestructura de información financiera en Internet que esta ley fortalecerá el destino justificado del mismo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea las siguientes reservas.

Texto propuesto, artículo 69. Para la presentación de la información financiera y la Cuenta Pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de la radicación de los recursos.

Para efectos de la presentación de la información financiera y la Cuenta Pública, deberá existir una cuenta bancaria productiva, específica, por cada fondo de aportaciones federales; programa de subsidio y convenio de reasignación a través de las cuales se ministren recursos federales.

En caso de realizarse un traspaso entre dichas cuentas, será necesaria la publicación en las respectivas páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda, las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes de entidades federativas, así como las Tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal del propósito y destino del mismo.

Asimismo, se deberá comprobar el cumplimiento de dicho propósito. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. En virtud de que le acaba de dar lectura a la propuesta, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos del Icadet nacional, la escuela de cuadros del PRI, invitados por la doctora María de las Nieves. Sean ustedes bienvenidos.

Y esta Presidencia se complace en darle la más cordial bienvenida a un grupo de parlamentarios latinoamericanos que integran el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centro América y el Caribe Fopprel.

Esta delegación participa en la segunda reunión de la Comisión de Probidad y Transparencia de este foro y asiste a una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores en este alto cuerpo colegiado.

La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y hermandad entre nuestras naciones. Asimismo reconoce el papel fundamental y trascendente que don Ricardo García Cervantes, como impulsor del grupo, ha tenido en este foro. Sean ustedes bienvenidos.

Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz. Queda en los términos, ya dije. Doña María Elena me está aquí regañando. Está desechada la propuesta, ya dije, queda en sus términos. A ver, vengan a alegarle a doña María Elena; es muy difícil. Don Ricardo Monreal tiene el uso de la voz para presentar su reserva del 73.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente; ciudadanos legisladores y legisladoras, en realidad quiero expresarles mi preocupación porque esta discusión sobre esta ley debería de ser más profunda.

Yo procedo de un estado federalista igual que otros más como Michoacán y muchos estados que constituyeron la Federación, en 1824.

Y cuando veo este tipo de ordenamientos jurídicos, no dejo de analizar el contexto general y es que esa discusión contable y financiera, puede estar trastocando los cimientos sobre lo que está instaurado el Estado mexicano: el federalismo y la división de Poderes.

En efecto, no estamos abordando el tema central, que es el federalismo mexicano, porque este tipo de leyes, independientemente del propósito y de lo que intenta, tiende al centralismo. Les quitas facultades a los congresos locales y le quitas facultades al Congreso federal para otorgarlas a la autoridad administrativa.

Establecemos un falso dilema: centralismo o corrupción y creo que no estamos dando el debate de fondo sobre lo que queremos: seguir siendo un Estado federado o seguir reformando la Constitución y la ley para convertirnos, en los hechos, en un centralismo asfixiante. Somos un Estado federal de palabra, pero en los hechos todos los días aprobamos leyes que tienden a centralizar al país.

El municipio está sometido a cuando menos 10 tipos de control, desde el contralor municipal, síndico, contraloría estatal, auditoría superior y auditoría del estado, sin contar la función pública, el SAR, el Infonavit, el IMSS; cuando menos 10 esquemas de fiscalización y de control.

Me alegra que se hayan presentado modificaciones al artículo 9 porque estas leyes que están aprobando van a asfixiar al municipio y le van a restar facultades del origen del municipio.

Estamos acudiendo a crear normas centralistas, y no entro al análisis puntual sobre la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas de los municipios.

So pretexto de la enorme corrupción que nadie niega, estamos acudiendo a figuras centralistas que riñen con el principio federal que establece el constitucionalismo mexicano desde sus orígenes. Es un debate pendiente que no estamos abordando.

Sin embargo, ahora al menos hacemos propuestas para atenuar los efectos que pueden generarse con estas medidas centralistas, y éste es el propósito de la reserva que hice en el artículo 73 y el que presentó la compañera Nelly en el 69 y el 9, que presentó el compañero Silvano Aureoles.

Qué dice el 73. Fíjense qué simple es lo que estoy proponiendo. En el 73 lo único que estoy planteando, dice: que sin perjuicio de lo dispuesto, esta ley, las entidades deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos; es decir, que las entidades federativas deben de entregar a la Secretaría de Educación Pública de manera trimestral, a más tardar dentro de los 20 días, así como publicar las listas, el número total del personal comisionado y con licencia con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas.

Y yo lo que planteo es que diga: número total del personal comisionado, con licencia, con nombres, tipo de plaza y número de horas trabajadas, pero además también agrego que informen las inasistencias del personal que labora en escuelas y en el sistema educativo nacional.

Es enorme la cantidad de personal que sí establecen las horas, pueden decir: un maestro tiene 60 horas a la semana, pero no las trabajan. Trabaja sólo 8, 10 o 15 y las demás es extracurricularmente o extraplantel.

Y lo que planteo en esta iniciativa es que diga cuántas horas son trabajadas –termino, presidente- pero además cuántas inasistencias. ¿No les parece lógico? Es elemental. Agradezco que no chiflen.

Y cuando hablo de los chiveros no lo hago por ofenderlos, a los chiveros...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado Monreal. Lo voy a hacer correr el riesgo de que esto suceda. Nos presenta también su reserva del cuarto transitorio. Le ofrezco someterlos a la consideración del pleno en dos momentos. Si la quiere presentar de una vez sí, para que no vaya y venga.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ya ven. Agradezco la cortesía del presidente y debo de reconocer que ha cambiado mucho en estos últimos días.

Lo cortés no quita lo perredista ni lo petista, ni ser de izquierda tampoco. Voy a aprovechar la moción del presidente, que me plantea que en un solo turno desahogue un artículo que estaba planteando, de modificación al artículo cuarto transitorio, y lo voy a hacer, intentando continuar en la ilación de mi intervención sobre esta discusión, que de manera personal yo quiero decirles que estoy preocupado, el tema del federalismo.

En los últimos años hemos venido restringiendo al federalismo y las últimas leyes, so pretexto de combatir la corrupción, so pretexto de generar mejores condiciones de equilibrio político. Los estados del país han estado cediendo facultades y funciones; tal es el caso de la política tributaria.

La política tributaria originalmente le correspondía al estado cobrar y tener las fuentes originales de recaudación. Actualmente el 92 por ciento de la política tributaria o las fuentes tributarias las recauda la Federación en detrimento de los estados, y es a través de la Ley de Coordinación Fiscal, que es el instrumento más centralista que existe en el sistema jurídico mexicano.

Pues bien, yo lo que planteaba en el 4º transitorio, que en parte lo podemos resolver en la votación general con el 9o. que el diputado Silvano Aureoles planteaba. Lo que yo comentaba en el 4º transitorio era una redacción similar a la que plantea el compañero Silvano, en el sentido de que están obligados todos aquellos municipios a observar estas normas que ahora estamos aprobando, pero imagínense ustedes los municipios de menos de 20 mil habitantes o los municipios de usos y costumbres en Oaxaca, en Guerrero o en Chiapas, no van a poder cumplir con esta obligación que les estamos imponiendo, porque finalmente es una imposición centralista a los municipios que deberían de estar regidos por su Constitución local o por su Ley Orgánica Municipal.

Pues bien, yo planteo que en el caso de municipios de usos y costumbres que cuenten con menos de 25 mil habitantes, el plazo será obligatoriamente hasta el 31 de diciembre de 2015, pero además señalo que el presupuesto debe de contener una partida especial para que estos municipios puedan cumplir con las obligaciones de información, porque lo que estamos haciendo con estas normas es obligar a los municipios a que vayan a tener que contratar auditores para no incurrir en violaciones a la información.

Es un tema de verdad que es muy delicado, y yo le pediría, presidente, que en la redacción del artículo 9o. que plantea el diputado Silvano Aureoles está rescatado el propósito de esta proposición, y creo que técnicamente en materia de técnica legislativa está mejor ubicado, lo acepto.

Acepto que la redacción del diputado Silvano Aureoles está mejor ubicado, porque en técnica legislativa si lo metemos a un transitorio, los que aplican la ley van a decir; es transitorio, no está en el cuerpo normativo y por tanto no es obligatorio. Y por eso me parece más pertinente que esta misma disposición la podamos trasladar al artículo 9o., por lo que, presidente, solicito retire mi proposición y me permita allanarme a la proposición del diputado Silvano Aureoles, pero el fondo, señores legisladores, está pendiente. No estamos dando el debate sobre qué es lo queremos, un centralismo asfixiante disfrazado de federalismo o queremos rescatar los orígenes del Estado mexicano del federalismo.

Espero que al menos la primera la acepten. Me dijo el vicecoordinador del PAN, amablemente dijo: ¿no tienes objeción en que te votemos en contra esta propuesta? Le dije: no, ya estoy acostumbrado, tengo 14 años militando en la oposición y siempre la votan en contra. Y dijo: A lo mejor hoy hacemos la excepción. Ojalá. Ellos y los del PRI. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, esta última reserva del cuarto transitorio queda en sus términos en virtud de haber sido retirada. Sin embargo, no nos quedó claridad, cuando menos a mí, de la reserva del 73. Entonces, le voy a pedir a la Secretaría que la lea, para la ilustración de la asamblea, por favor. La reserva del 73.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en otros ordenamientos.

Fracción I, a). El número total del personal comisionado y con licencia con nombre, tipo de plaza, número de horas trabajadas, funciones específicas, inasistencias, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino. El resto queda igual.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se admite a discusión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, secretaria, no podemos dudar, le ruego repita la votación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Ábrase el sistema electrónico de votación por seis minutos, a efecto de recabar votación nominal de los artículos 8 con la modificación aceptada, 9o. con la modificación aceptada, 69 en sus términos, 73 en sus términos, y el cuarto transitorio en sus términos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y ábrase el sistema electrónico por seis minutos para proceder a la votación de los artículos mencionados.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Saludamos a los alumnos y maestros de la secundaria técnica ESTIC, número 111, ingeniero Guillermo González Camarena, del municipio de Valle de Chalco, estado de México, invitados por el señor diputado, profesor Arturo Cruz Ramírez y por la vicepresidenta, doña Aleida. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 427 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los artículos reservados. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti (desde la curul): Presidente, para la votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues fíjese que tardíamente me lo dice, su eminencia, tardíamente. Los anotamos en nuestro corazón, pero no en la lista porque ya está cerrado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (14:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 30 de octubre de 2012, a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.

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