Comunicaciones
De la Secretaría de Cultura del GDF, con invitación a ceremonia cívica
De la Secretaría de Gobernación, con respuestas a puntos de acuerdo e informe
De los Congresos de los estados de Guanajuato y de Coahuila, relativas al PEF
Agenda política
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
María Concepción Navarrete Vital, PRI
Merilyn Gómez Pozos, Movimiento Ciudadano
María del Carmen Martínez Santillán, PT
Lucila Garfias Gutiérrez, Nueva Alianza
Juan Francisco Cáceres de la Fuente, PAN
Fernando Belaunzarán Méndez, PRD
Nelly del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudadano
Adriana González Carrillo, PAN
Acuerdo de la Junta, relativo a las afectaciones del huracán Sandy
Proposiciones de diputadas y de diputados
Abraham Montes Alvarado, PRI, relativa a las concesiones de aguas subterráneas
Lilia Aguilar Gil, PT, relativa al asesinato de dirigentes de El Barzón en Chihuahua
Acuerdo de la Junta, relativo a cambios en comisiones
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
Convocatoria a la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (11:08 horas) Se abre la sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame la Secretaría. Tengo una antes, se las voy pasando. Primero el diputado Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solicitarle muy amablemente someter a consideración del pleno la posibilidad de incluir un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, o bien en la agenda política, mediante el cual todos los integrantes de la Comisión de Protección Civil proponemos que esta Cámara exprese su solidaridad con los migrantes mexicanos afectados por el huracán Sandy, así como solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores redoble sus esfuerzos para atender a nuestros compatriotas.
La petición deriva, señor presidente, del hecho de que la agenda de esta sesión fue definida el lunes pasado, el día de antier, en un momento en que era imposible prever la necesidad de este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado, esta Presidencia le solicitaría un favor. Yo creo, como usted, que el pleno puede tomar ese tipo de decisiones, pero también creo que necesitamos regular nuestras sesiones de la mejor manera posible.
Quiero hacerle una sugerencia que nos podría resolver el problema. Vamos a seguir el trámite normal, solicíteselo a la Junta y que en el curso de esta sesión nos lo proponga, para que lo pueda hacer yo en los términos normales. ¿Le parece bien?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Por supuesto que sí, con mucho gusto haremos ese planteamiento. Gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Entonces le encargo que lo haga y después me pase el resultado. Ahora, diputado, a sus órdenes.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo quiero solicitarle a usted lo siguiente. Esta Cámara de Diputados ha dado cuenta en innumerables ocasiones de hechos lamentables, eventos luctuosos o circunstancias penosas para la vida de la república, razón por la cual se han, en repetidas ocasiones, planteado minutos de silencio.
En esta ocasión la propuesta que quiero plantearle a usted para que ponga a consideración del pleno es diferente y va en el siguiente sentido. El día de ayer todos fuimos informados que en la Ciudad de México, la ciudad capital de todas y todos los mexicanos, se ha puesto en marcha la línea 12 del Metro. Es una obra que a nivel de Latinoamérica es de las más importantes en el hemisferio y esta obra fue hecha realidad con el concurso y la competencia, tanto de este Poder Ejecutivo que es el que determina el presupuesto, como en su momento el Poder Legislativo que es quien dotó de recursos para esta importantísima obra.
En tal virtud, la política y los políticos deben de servir a los ciudadanos y por eso yo quiero que hagamos un reconocimiento al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México, a esta Cámara de Diputados, que gracias a una sinergia común se posibilitó esta obra, la obra más importante en Latinoamérica. Y desde luego señalar que así gobierna la izquierda. Esta obra es para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado, ya lo hizo usted. Su intervención queda registrada en el Diario de los Debates, así que ya logró usted su propósito, creo que no hay necesidad de más. Infórmeme...
La diputada Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Tiene que ver con la aprobación del orden del día?
La diputada Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): No.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Entonces permítame, porque lo dejé a medias. Terminemos el trámite, entonces.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Está aprobado el orden del día.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Si me permiten voy a poner a consideración el acta de la sesión anterior y después le doy la palabra a la diputada. Adelante, por favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Está aprobada el acta. Ahora sí, diputada, tiene usted el uso.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente, buenos días.
A reserva de recibir, probablemente, la llamada de atención de su parte, quiero manifestar con muchísima preocupación las declaraciones que ha hecho el señor diputado de Aguascalientes, del Partido de Acción Nacional, el diputado José Luis Novales Arellano, quien sin conocimiento del tema ha declarado que es una tontería tipificar el feminicidio, porque lo mismo vale la vida de un hombre que de una mujer.
Lo cual nos parece un acto de absoluta discriminación, ignorancia y falta de visión para defender los derechos humanos de las mujeres.
Por tanto, me parece que no estamos hablando de cuánto vale una vida sino lo que origina la muerte de las mujeres y lo que esto repercute en la vida nacional.
Por eso, manifiesto, a reserva, por supuesto, de recabar las firmas para exhortar al diputado que retire sus palabras, que se ponga a estudiar y que legisle a favor de las mujeres, le pido por favor que tome nota y que quede asentado este extrañamiento, este exhorto y esta invitación para que el diputado sea tan amable de no decir tantas cosas que nos ofenden.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Todo lo que se dice queda asentado en el acta, en consecuencia, está logrado su propósito con mi muy personal solidaridad.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Comunicaciones oficiales. Con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo retira iniciativa que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, turnada el 25 de octubre de 2012. Retírese de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva retira la iniciativa que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, turnado el 25 de octubre de 2012. Retírese de la Comisión de Seguridad Pública.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, Sonora, que tendrá lugar el 7 de noviembre a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara se designan a los siguientes diputados: José Enrique Reina Lizárraga y a la diputada Verónica García Reyes para este propósito.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (desde la curul): Sí, obviamente para comentar de lo que acabo de escuchar ahorita respecto a la iniciativa que presenté el día de ayer, para comentar que desconozco el asunto y que no he metido ningún oficio para retirar la iniciativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame, diputado, por lo menos no le oigo. No sé si los demás sí. ¿No quiere usted hablarnos un poquito más despacio?, el sonido está muy mal.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (desde la curul): Sí, me están aclarando que la iniciativa que se retiró no fue la que presenté ayer. Pediría que se hiciera la modificación y que se hiciera la aclaración, porque la iniciativa que presenté ayer tengo entendido que fue apoyada por todo el recinto.
Lo que estoy pidiendo es nada más que se haga la aclaración, porque no retiré la iniciativa del artículo 122. Solamente para que quede aclarado, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A ver, que tome nota la Secretaría y que quede firme la que usted acuerde con ellos. Póngase de acuerdo con ellos, por favor.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (desde la curul): Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Claro, para servirle. Adelante la Secretaría.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibió de la Secretaría de Gobernación dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2012.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibió de los Congresos de los estados de Guanajuato y Coahuila, acuerdos aprobados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen e incrementen recursos a diversos rubros.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto son los comentarios relativos a la caravana de madres de inmigrantes desaparecidos procedente de Centroamérica. Tiene la palabra la diputada Amalia Dolores García Medina.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La Comisión de Asuntos Migratorios en pleno, ha decidido que hagamos esta intervención el día de hoy y a mí me parece de la mayor importancia que no solamente hagamos un posicionamiento político, sino además que fijemos criterios sobre cómo concebimos a los migrantes y cómo deben ser atendidos.
Los trabajadores migrantes son personas que son forzados por las circunstancias a dejar su lugar de origen. No dejan su hogar por gusto y es pertinente señalar que en ningún caso, una situación migratoria irregular representará un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos.
Pero hay que decir, que además de dejar su hogar forzados por la circunstancia, los migrantes sufren discriminación, son perseguidos, son víctimas de acoso. En nuestro país especialmente tenemos que tomar medidas y tenemos que tomar una posición para tener autoridad a la hora que ante Estados Unidos reclamamos el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos.
En México los migrantes que llegan de Centroamérica son víctimas del crimen organizado. También esos migrantes en muchas ocasiones son víctimas del racismo y de campañas de odio. Son víctimas, en otras ocasiones, de la acción de agentes del Estado mexicano, de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
Precisamente buscando a sus familiares, buscando rastros de desaparecidos, se encuentra en nuestro país desde hace semanas, una caravana de madres de: Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua.
No es un asunto menor porque según datos oficiales, hay alrededor de 20 mil personas en fosas comunes sin identificación. ¿Quiénes son esos 20 mil que se encuentran en la fosa común?
En el caso de los migrantes centroamericanos, lo que hemos visto es el horror; ahí están los datos. Por ejemplo, de aquellos migrantes que fueron ejecutados en 2011 en San Fernando, en Tamaulipas. Y tenemos los testimonios de lo que sucede con los migrantes centroamericanos en esto que se conoce como la Bestia, en el tren cruzando por nuestro territorio.
También tenemos en el caso de los migrantes, apenas antier, la información de que la Marina rescató a 14 migrantes centroamericanos que se encontraban secuestrados.
No se trata, de ninguna manera, solamente de señalar al crimen organizado. Necesitamos tomar medidas para saber qué es lo que se tiene que hacer.
¿Qué piden las madres que vienen de Centroamérica? En primer lugar, quieren encontrar a sus seres queridos vivos; pero también demandan que se haga un registro de ADN porque incluso si han fallecido, quieren saber en dónde están, quieren saber el destino de hijos, de hermanos, de esposos.
¿Qué pedimos? ¿Qué debemos pedir en esta Cámara de Diputados? Debemos pedir, demandar, trabajar, en primer lugar, por el respeto a sus vidas, por el respeto a su integridad física, por la reparación del daño a las víctimas de delitos, que son migrantes centroamericanos; debemos trabajar para que haya una visa que les permita el tránsito por nuestro país en condiciones de seguridad, debemos demandar que cesen los operativos policíacos y que no se les criminalice.
Todas las personas, sin importar su calidad migratoria, son y deben ser sujetos de derechos. Debemos respaldar a los albergues y a los defensores de los derechos de los migrantes. Requerimos difundir sus derechos y cambiar al Instituto Nacional de Migración por otra institución que tenga un compromiso con el respeto a los derechos humanos.
Resulta doloroso y creo que fundamental decir que no queremos que México sea un país en donde desaparezcan los migrantes, en donde se violen sus derechos. Si ésta ha sido una nación generosa, abierta a recibir a perseguidos de todo el mundo, una nación solidaria, esa historia terrible y brutal de hace más de 35 años, cuando madres mexicanas encabezadas por Rosario Ibarra de Piedra decían: vivos se los llevaron, vivos los queremos, es la misma historia que no queremos que se repita con los migrantes centroamericanos.
Esas madres que hoy cruzan por nuestro país tienen derecho de encontrar a sus hijos y tienen derecho los migrantes centroamericanos de contar con el respaldo de la sociedad mexicana, de los tres órdenes de gobierno y de las instituciones.
El pronunciamiento que hoy yo pido, señor presidente –y con esto termino– es el de una acción solidaria de esta Legislatura y de esta Cámara de Diputados y hacernos eco del reclamo de esta caravana de madres centroamericanas que han cruzado el país con la foto de sus seres queridos colgando del pecho para ver si los pueden encontrar. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias a usted, diputada. En el uso de la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: con la excepción de nuestros pueblos indígenas, el México moderno surge con base a la conquista y la migración.
La Conquista, a la vez que implicó muerte, sufrimiento y la destrucción de gran parte de nuestra cultura prehispánica, también implicó la migración y asentamiento de miles de europeos en nuestro país, europeos que en conjunción con nuestros pueblos originales migrantes de otros países, han dado forma a lo que hoy es el México moderno.
Al observar los tableros a los costados de este recinto durante cualquier votación, queda claro que muchos de nosotros mismos somos el producto de estas migraciones. En algún momento alguno de nuestros ancestros tuvo un sueño, sueño que después se convirtió en viaje y que finalmente se transformó en un profundo amor por esta tierra, hoy nuestro hogar.
Desde el nacimiento de nuestra nación, la migración ha tenido siempre un alto grado de importancia. Sin embargo, a pesar de que no se trata de algo nuevo, hoy la migración se vive en un nuevo contexto, forma parte de un fenómeno mucho más amplio, el de la globalización, una globalización asimétrica que ha acentuado las disparidades económicas que existen entre los pueblos del mundo.
En este nuevo contexto nos queda claro que en la gran mayoría de los casos, el migrar no es algo que se hace por placer, al revés, surge con base en la necesidad, con base en la pobreza y la desesperación, surge ante la incertidumbre económica y la falta de oportunidades que hoy encontramos en muchas poblaciones.
Ése es el caso de las decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que cada año entran en nuestro país como migrantes irregulares. La gran mayoría de ellos proviniendo de Centroamérica se dirigen a la frontera de Estados Unidos con la esperanza de fundar una vida lejos de la pobreza. Al atravesar nuestro país estos migrantes llevan a cabo uno de los viajes más peligrosos de todo el mundo. En su trayecto muchos de ellos caen víctimas del secuestro.
En noviembre de 2008, por ejemplo, 36 migrantes fueron secuestrados en un tren de carga en Veracruz y llevados a un rancho en Reynosa, Tamaulipas. Ahí, por medio de agresiones y amenazas fueron obligados a revelar el teléfono de sus familiares para poder pedir un rescate.
De igual forma, son cientos los migrantes irregulares que desaparecen o son asesinados cada año en su viaje hacia el norte, y muchos otros sufren de abusos y extorsiones, ya sea por parte de bandas delictivas o por parte de las propias autoridades.
Especialmente vulnerables son las mujeres, las niñas y los niños. Ante la carencia de datos oficiales, algunas organizaciones estiman que seis de cada 10 mujeres y niñas sufren de agresiones sexuales durante el viaje. Esta práctica de agresiones sexuales se ha vuelto tan generalizada que ya muchos lo consideran parte del peaje que estas mujeres deben pagar para atravesar nuestra nación.
Desde esta tribuna querremos expresarles a cada una de las madres integrantes de la caravana Liberando la Esperanza, y a todas aquellas víctimas de estos delitos, que las y los diputados de la presente Legislatura entendemos su dolor y coraje y en consecuencia actuaremos con responsabilidad y trabajaremos arduamente para garantizar la protección, seguridad, integridad y certidumbre jurídica de todos los migrantes que transiten o se establezcan en territorio nacional.
México ha sido un destacado promotor de los acuerdos internacionales para proteger los derechos de los migrantes y también ha dirigido importantes críticas al gobierno estadounidense, por su política hacia nuestros conciudadanos en ese país. Sin embargo, no podemos exigir hacia afuera algo que no podemos garantizar hacia adentro.
Gandhi decía que ganamos justica más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria, y la forma más rápida de obtener justicia hacia nuestros conciudadanos en el extranjero es haciendo justicia a los migrantes que tenemos en nuestro país.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no queremos que este tema se limite al día de hoy, no queremos que termine siendo tan sólo una razón más para hablar desde esta hermosa tribuna; tenemos ganas de coadyuvar en la lucha por los derechos humanos de los migrantes y tenemos la esperanza de que muchas de nuestras propuestas se hagan realidad.
Al final, esta lucha es una lucha por la dignidad del hombre. Recordemos que a pesar de nuestras diferentes nacionalidades existen cosas que nos unen como humanidad. Todos queremos respirar aire más limpio y beber agua más clara; todos queremos un mejor futuro para nuestras familias y todos, absolutamente todos aspiramos a la felicidad.
Muchas gracias, compañeros diputados; muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en muchos aspectos como sociedad y como Estado vemos en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Específicamente nos referimos el trato que en México malos servidores públicos, y algunos ciudadanos mexicanos, otorgan a los migrantes centroamericanos o de otros países que tienen que cruzar territorio nacional con el ansia de lograr el sueño americano.
Las rutas por las que llegan a los distintos puntos de la frontera norte se han convertido en verdaderas zonas de riesgo. Desde tener que subir a la tristemente célebre Bestia, en la que muchos por desgracia han caído bajo las ruedas del tren enfrentando la muerte o quedando discapacitados, hasta hechos tan brutales, sanguinarios y contrarios a la naturaleza humana, como el asesinato de muchos de ellos en San Fernando, Tamaulipas.
A lo largo de todas las rutas son extorsionados, robados y en ocasiones asesinados, sin que las autoridades públicas integrantes del Estado mexicano hagan algo por evitarlo. Sus familias, en sus países de origen, han perdido contacto con ellos, no saben si lograron cruzar hacia los Estados Unidos o se encuentran en México vivos o, en algunos casos, muertos.
Ante esta situación, un grupo de madres y esposas de migrantes centroamericanos desaparecidos han realizado en territorio nacional la caravana en búsqueda de sus parientes. Se calcula que aproximadamente 70 mil migrantes son los desaparecidos, pero así fuera sólo uno, a los mexicanos nos debe llenar de vergüenza esta situación.
Resulta increíble que en nuestro país las madres de los migrantes desaparecidos no tengan acceso a una dependencia del gobierno federal, que los asista en búsqueda de sus familiares.
El no garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, conlleva a la violación de garantías individuales, reguladas en nuestra Constitución Política, insertos también en tratados internacionales signados por México, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Además, vulnera el estándar mínimo de derechos que toda nación miembro de la comunidad internacional debe garantizar a los extranjeros. Dicho estándar obliga a asegurar a todo extranjero, entre otros derechos, el derecho a la vida, a la libertad, acceso a la justicia y respeto de los derechos adquiridos.
Ante el incumplimiento de las autoridades federales de sus obligaciones internacionales y de continuar con esta situación, aconsejamos a las madres soliciten a sus gobiernos presenten reclamación internacional por violación de los derechos del estándar mínimo que todo nacional de un Estado debe gozar. O bien, presentar, a nombre propio, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos de sus hijos o esposos.
En incongruente que nosotros reclamemos los derechos de los connacionales que se encuentran en el extranjero y que nos beneficiemos de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la OC-16 y 18, para reclamar los derechos a favor de mexicanos ubicados en Estados Unidos. O bien, que acudamos ante la Corte Internacional de Justicia por violación del derecho de notificación consular, como en el caso Avena y otros nacionales mexicanos.
Exigimos al Instituto Nacional de Migración inicie la búsqueda de los migrantes desaparecidos, además de iniciar las acciones necesarias para crear una oficina de atención para estos asuntos, y crear una base de datos de los desaparecidos que facilite la búsqueda y localización, además de iniciar todas las acciones que se requieran para garantizar todos los derechos humanos de los migrantes.
Nos solidarizamos con las madres de los migrantes desaparecidos, haciendo votos para que nuestro gobierno garantice de manera efectiva los derechos humanos que toda persona en territorio nacional debe gozar. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, este tema debería causarnos a todos los mexicanos y mexicanas vergüenza, da pena ajena, porque la violación sistemática de los derechos humanos, de estos derechos elementales de los migrantes que atraviesan el territorio nacional desde Centroamérica no tienen parangón. Bueno sí, sí tienen, con los países con gobiernos genocidas más atroces de la historia de la humanidad.
Los inmigrantes masacrados en el corredor Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, no solo son objeto de tratos inhumanos en las estaciones migratorias, no solo por la condición de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de asistencia legal o de acceso a abogados a que tienen derecho sino también porque son presa fácil de otros hechos atroces, como la leva, que con frecuencia realizan los “zetas” o miembros de otros cárteles del crimen organizado, de los inmigrantes ilegales, indocumentados.
Desde su ingreso por Chiapas hasta su internación por Veracruz o su paso por el temible filtro de San Fernando, Tamaulipas, son verdaderas pesadillas las que padecen.
Asimismo, existen quejas sobre la participación de cuerpos paramilitares, incluso de policías privados que intervienen en la detención de indocumentados, lo cual nos habla de una red organizada de violencia y corrupción.
Uno de los hechos funestos en contra de los migrantes y que causó conmoción a nivel internacional fue, en efecto, el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes, la mayoría vecinos del sur, el 24 de agosto del 2010, los cuales fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas, en San Fernando.
Sin embargo, también cabe resaltar que las vejaciones y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes no se han detenido desde entonces. En 2011 y 2012 se han documentado múltiples operativos de la policía donde se liberan a inmigrantes indocumentados.
El 25 de abril de 2011, el 29 de abril del mismo año, el 7 de febrero de 2012, hace unos días, todos los días, todas las semanas nos encontramos con este triste panorama de noticias lamentables en contra de ciudadanos de otros países, pero finalmente portadores de derechos humanos.
Recientemente Elizabeth Enríquez, representante de la Mesa Nacional para Migraciones de Guatemala, indicó que se han documentado 350 salvadoreños, 600 hondureños, y más de 300 guatemaltecos, sólo en los últimos meses, que han desaparecido y que no saben dónde están.
Pero además, un investigador, Bustamante, del Colegio de la Frontera Norte, nos dice una frase demoledora para el gobierno: México es el campeón mundial de violaciones a derechos humanos; México es el primer lugar en este campeonato contra las agresiones, contra abusos y secuestros, contra asesinatos, en contra también de centroamericanos.
Me parece que esta realidad que está padeciendo nuestro país y sobre todo padecen los países del sur, ha devenido, entre otras cosas, en la organización de esta caravana librando la esperanza, integrada por madres de inmigrantes desaparecidos en México, lo cual está exigiendo a los gobiernos –incluyendo al nuestro– encontrar a sus hijos y proteger sus derechos, exigencia a la que nos sumamos los diputados de Movimiento Ciudadano.
México ha perdido su respeto en el mundo, de ser vecino respetuoso y respetable. Hoy hay muchas bolitas en los corredores y pocos atienden lo que estamos hablando. Creo, presidente, que incluso ya no deberíamos invitar a ningún grupo porque da pena ajena que nadie atiende al orador. Es impresionante, no tienen respeto.
El otro día vino una magistrada y me dijo: Oye, ¿no les da pena? –Pues sí, pero es la realidad. Ojalá hicieran un llamado de atención, presidente, para que atendieran lo que uno habla, lo que uno expresa, porque son problemas de carácter nacional.
Tenemos lamentablemente un gobierno omiso en materia de protección de derechos humanos. Termino, para no endilgarles. Es omiso en materia de derechos humanos contra las personas que se trasladan de nuestro país.
Pero sobre todo el resultado de lo que estamos discutiendo es por tolerar las conductas antijurídicas de delincuentes con placa y nombramiento que integran las oficinas del gobierno, Instituto Nacional de Migración, verdaderos delincuentes los que persiguen a los inmigrantes, Policía Federal, policías estatales, policías locales, y una política exterior débil, timorata, gris, subordinada. Eso es el resultado.
Ciudadano presidente, a usted por su tolerancia, muchas gracias. Y a los que no fueron tolerantes, también muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, y respaldo la petición de que podamos guardar orden en el recinto y escuchar con atención a quien hace uso de la tribuna. Corresponde ahora el uso de la voz a la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la migración es uno de los más grandes complejos temas de la actualidad. Estamos ante un fenómeno que es la esencia misma de la humanidad.
Alrededor del mundo cientos de personas intentan rebasar las líneas fronterizas con la esperanza de alcanzar un sueño en un país ajeno y desconocido. Buena parte de la población ha decidido migrar en la búsqueda de una vida mejor, enfrentándose a grandes dificultades y poniendo muchas veces en peligro su vida y la de su familia.
La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México en su intento por llegar a Estados Unidos de América, se hace cada vez más preocupante; se ha convertido en uno de los cruces más difíciles y azarosos en la actualidad. La situación se deteriora cada vez más y de forma muy preocupante imperando muerte, desapariciones, secuestros, torturas, violaciones, tráfico y trata de personas, entre otros.
Los migrantes representan la fuerza laboral más barata, fácil de manipular con un alto grado de vulnerabilidad, siendo importados y deportados a los intereses de la economía dominante, violando así los derechos y libertades fundamentales de esta población.
Los patrones de migración están directamente relacionados con el contexto social, económico y político actual; es decir, la escasez de empleo, la caída de ingreso real, la población en general, los sistemas de migración permanentemente se apoyan en la falta de oportunidades económicas y la atracción de oportunidades de trabajo en su país de origen.
En la LXI Legislatura se reformó la Ley de Población y Migración, donde se dejó de criminalizar la condición de migrante dejando de ser un ilegal. Con esta reforma se obliga a las autoridades a respetar los derechos humanos y su condición de persona. Se establece también que solo las autoridades migratorias podrán requerir los documentos para acreditar la estancia en nuestro país.
En suma, el marco legal reconoce hoy tratamiento más humanitario; sin embargo, como ocurre con otras leyes, la realidad en su aplicación es otra, compañeros. Ante esta situación el gobierno del estado de Chiapas, el cual me digno representar, en materia de atención a migrantes decidió reconocer y atender este fenómeno con el andamiaje institucional de una secretaría de Estado, la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, con el objetivo de coordinar y proponer estrategias y proyectos que fomenten la cultura del respeto y la protección a los derechos humanos de todos los migrantes y trasmigrantes de la entidad, en especial énfasis a los grupos vulnerabilizados como son los menores de edad y las mujeres migrantes.
Se implementaron mecanismos de diálogo con los cónsules de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y El Ecuador. Se creó la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes para la Atención a Víctimas del Delito, misma que debe ser replicada en otros estados de la República porque es única en su género.
Sin embargo siguen siendo miles de personas las que día a día emprenden el largo viaje tras el famoso sueño americano. Hoy, 57 mujeres se encuentran en nuestro país formando la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos. Mujeres que buscan a un hijo que hace días, meses, años, no saben nada de ellos.
Hoy, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y los gobiernos de los estados, tienen el deber elemental de darle a la caravana de madres migrantes de desaparecidos una atención de respeto, dignidad e integridad.
El mismo respeto que reclamamos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para nuestros connacionales, en una política de reciprocidad.
A falta de un censo oficial y real, yo insto a las madres, hermanas y familiares de los desaparecidos que denuncien ante las autoridades correspondientes para que se realice un registro verdadero y confiable. A todas ellas y a todos ellos, mi solidaridad y mi apoyo total.
Queda un gran pendiente, compañeros, que el Estado mexicano defina cuál será su política nacional de población y migración.
El Partido Verde Ecologista de México rechaza tajantemente cualquier tipo de violencia contra cualquier hermano migrante centroamericano. Ratificamos nuestro apoyo solidario en este tipo de acciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna al diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Roberto López Rosado: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros, un saludo de la tierra de Benito Juárez a esta caravana de madres que afanosamente buscan a sus hijos desaparecidos.
Hoy llegan a esa franja de nuestro territorio nacional, al Istmo de Tehuantepec y allá nuestra gente les ofrecerá una cálida bienvenida y una recepción como cotidianamente ciudadanos y amigos de esta parte de nuestro territorio cumplen con un deber moral, con una solidaridad necesaria que el Estado mexicano tiene indudablemente la obligación de expresar esta solidaridad y de mantener una actitud de observancia absoluta a las instituciones que tenemos y a las leyes que debemos de observar todos; pero indudablemente la obligación es del Estado mexicano.
Y desde esta tribuna reclamo al Estado mexicano y al titular del Poder Ejecutivo, que seamos congruentes, que con la misma firmeza con que exigimos en el escenario nacional por nuestra conducta de política de relaciones exteriores, suscrita en nuestros principios y nuestros valores, cumplamos con nuestra parte de solidaridad, de exigencia irrestricta de vigilar que los derechos humanos se respeten en nuestro territorio.
En el Istmo de Tehuantepec vemos con suma tristeza, como todos los mexicanos por los medios informativos, cómo miles y miles de migrantes se trasladan, recorren nuestro territorio nacional y particularmente en el cruce de la frontera sur de nuestro país se encuentran efectivamente con toda una pesadilla por lo que aquí ya se ha señalado por distintos legisladores y legisladoras.
Esa travesía dolorosa es la que debiéramos denunciar, debiéramos de asumir esta soberanía como una necesidad urgente de cambiar esa visión de no sólo exigir al norte sino también ser congruentes y cumplir con el sur.
En la medida en que construyamos una cultura de solidaridad y de respeto a los derechos humanos, en esa medida estaremos transformando la realidad que hoy viven los migrantes en esa parte de nuestro territorio nacional.
Propongo a esta soberanía una comisión de legisladores amplia y plural para que busque el acercamiento con las madres de los desaparecidos que hoy llegan a la región del Istmo de Tehuantepec. Que también pudiéramos estar permanentemente pendientes para vigilar la aplicación de las leyes, para vigilar la aplicación irrestricta de nuestros principios y nuestros valores como mexicanos en materia de política exterior. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Cinthya Noemí Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh: Con su venia, señor presidente. Las caravanas de búsqueda de madres centroamericanas llevan ya ocho años de venir formalmente a México en busca de sus hijos, hermanos y familiares desparecidos en su tránsito por nuestro país.
Aunque las búsquedas individuales o en pequeños grupos datan de años atrás, iniciaron de manera muy precaria, cubriendo sólo el sureste mexicano. Y a partir de la intervención del movimiento migrante mesoamericano como anfitriones en México, se ha logrado ampliar su geografía, impacto, trayectoria y difusión.
La caravana que en esta ocasión recorrió el país, estuvo integrada por 60 mujeres madres, padres, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, así como por esposas de algunos migrantes centroamericanos desaparecidos durante 19 días.
Recorrerán estados como Tabasco, Veracruz, Oaxaca, estado de México, Nuevo León y Tamaulipas.
Durante lo que resta del viaje por el territorio nacional, la caravana tendrá actividades en ciudades que se ubican dentro de la ruta del migrante como Lechería, Huehuetoca en el estado de México, la ciudad de México, Ixtepec, Oaxaca; Coatzacoalcos, Veracruz, Tapachula, Chiapas, finalizando en ciudad de Hidalgo el día 3 de noviembre.
Las actividades de esta segunda caravana consisten en paradas en las plazas públicas buscando, recorriendo las calles y lugares de congregación de migrantes con fotografías en mano, preguntando si alguien ha visto a algunos de los desaparecidos.
De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobierno del estado de México, actualmente cerca de mil 700 migrantes han desaparecido entre el trayecto en la entidad y el norte del país.
Para atender esta problemática el gobierno federal ha dispuesto de varios mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional.
En el 2011 el gobierno de México celebró la adopción del memorándum de entendimiento suscrito por los gobiernos del El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Para el establecimiento de una red de protección consular y asistencia humanitaria en el país, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores centroamericanos en tránsito tal y como lo hace la red consular mexicana en el extranjero.
Durante esta expedición, los integrantes de la caravana demandaron responsabilidad del gobierno para buscar a sus familiares, así como brindar más apoyo a las familias afectadas, exigencias que consideramos justas y que requieren de una solución de manera urgente.
Cabe mencionar que México no ha hecho oídos sordos a esas exigencias que no son nuevas. El gobierno federal ha implementado medidas pertinentes en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, como prueba de ella se publicó el Reglamento de la Ley de Migración que permite ser frente a la realidad y necesidades a las que se enfrentan los migrantes, ya que en él están plasmadas las normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender de manera formalizada, especializada e integral este fenómeno, además de proteger, fortalecer los instrumentos en materia de defensa y protección de los derechos humanos.
Además, se contempla la participación de las instancias de la administración pública federal, como lo son la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, creando una política integral en donde se refuercen los trabajos de las instituciones nacionales e internacionales, en un marco de responsabilidad compartida.
En el tema de justicia, los extranjeros víctimas de delitos graves tendrán derecho a que se les brinde protección a su integridad y pleno respeto a sus derechos humanos.
A lo largo del octavo recorrido de la caravana se recordaba constantemente que México firmó tratados internacionales y no puede impedir el libre paso de sus hermanos centroamericanos. En el Reglamento de la Ley Nacional de Migración se regula la migración sin documentos, toda vez que ya no es considerada ilegal, por lo que dejó de ser un delito entrar sin papeles a nuestro país.
Por lo tanto, gracias a esta política interna México ha realizado el armónico legal que permite favorecer un trato digno y de respeto a los migrantes en territorio nacional.
El Partido Acción Nacional, comprometido con salvaguardar la integridad de la persona, así como velar por el respeto de los derechos humanos en México, reprueba de manera tajante los abusos en contra de los migrantes que atraviesan nuestro territorio, y fija el siguiente posicionamiento en torno a esta problemática.
Primero. El asesinato, secuestro y violaciones a los derechos humanos de los migrantes constituyen una afrenta para la sociedad mexicana, por lo tanto es necesario continuar con los esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes en México.
Segundo. Reforzar y actualizar los mecanismos que permitan disminuir el factor de vulnerabilidad de los migrantes en el territorio nacional.
Tercero. Impulsar acciones para la defensa y protección de los migrantes y sus familiares en nuestro país, y
Cuarto. Exhortar a los gobiernos locales a sumar esfuerzos y recursos disponibles para localizar a los migrantes desaparecidos, dentro de sus competencias.
Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Norma Ponce Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Norma Ponce Orozco: Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Norma Ponce Orozco: Compañeros legisladores, no podemos sino expresar solidaridad con esas mujeres madres de familia, esposas, hijas, familiares que han venido en caravana a nuestro país en busca de sus familiares.
Solidaridad, pero también indignación por los casos de abuso y crueles condiciones que padecen nuestros hermanos migrantes centroamericanos que cruzan el país en busca del sueño americano. No podemos admitir que aquí se den violaciones a sus derechos más elementales, como tampoco lo admitimos y protestamos por los abusos de que son víctimas nuestros compatriotas en Estados Unidos.
Esas mujeres que con muchos esfuerzos y penurias han realizado esta caravana en busca de sus seres queridos, tienen todo nuestro apoyo. Las madres migrantes, las madres de migrantes, además originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, viven desafortunadamente un drama que muchas mujeres mexicanas también viven aquí en el país por familiares que emigran al norte, por sus hijos que buscan también una oportunidad.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha participado activamente en las reformas que elevaron a rango constitucional a los derechos humanos. También, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha participado en las reformas que buscan la protección de los derechos de los migrantes en nuestro territorio.
Por esta razón, nosotros nos solidarizamos y votaremos a favor de este punto de acuerdo que presenta la compañera diputada Amalia García. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, informo a la asamblea que se recibió del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o., 8o., y deroga el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
También se recibió del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada María Concepción Navarrete Vital: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. El uso de maquinaria en el caso agropecuario no es un problema menor, tiene un impacto económico considerable del productor, ya sea propietario de la misma o que la rente, dicho impacto representa un costo superior al 30 por ciento de los gastos que se realizan para el establecimiento de cualquier cultivo.
En el mismo sentido, el mantenimiento y las refacciones tienen un costo muy elevado e impacta de manera desfavorable la economía de los productores, provocando con ello que sean menos competitivos y cargándole al consumidor final un mayor costo de producción de los productos.
Soy representante por un distrito donde las actividades principales son agropecuarias. Por esto y para dar congruencia a los postulados de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y crear condiciones productivas que requiere nuestro campo, es necesario señalar lo que establece el artículo 87, que señala: para impulsar la productividad rural los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas, a fin de realizar inversiones para la tecnificación de riego y reparación y adquisición de equipos e implementos.
Hasta el día de hoy, el artículo 2-A de la Ley del IVA ha gravado con tasa cero, entre otras, la enajenación de tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga. Así como llantas para dichos tractores y motocultores para superficies reducidas.
Por su parte algunos países, como España, consideran que son tractores agrícolas todos aquellos vehículos especiales autopropulsados, de dos o más ejes. Concebido y construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas, incluidos los de ruedas u oruga, siempre que estén especialmente concebidos para arrastrar, empujar, transportar, accionar determinados equipos intercambiables destinados a usos agrícolas o forestales o arrastrar remolques agrícolas o forestales, pudiendo estar accionados para transportar cargas en faenas agrícolas o forestales y estar equipados con asientos de acompañantes.
Para México los tractores agrícolas son únicamente los de ruedas, pero importante tomar conciencia, es importante esto, que no solo estos son parte de la mecanización y modernización del campo, debido a que en la vida cotidiana se presentan múltiples necesidades que son imposibles de resolver únicamente con un tractor de ruedas, como el desazolve de presas, conservación y apertura de caminos rurales y caminos saca-cosecha.
Si se analizan de manera consistente los alcances de esta propuesta de iniciativa se podrá observar una mejora en nuestro sector agropecuario, realzando con ello el gran amor y respeto que debe existir por la tierra y nuestros campesinos, para así, nuestros trabajadores del campo tengan la oportunidad de crear las fuentes de empleo que nuestras comunidades requieren.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos conveniente y justo modificar el artículo 2-A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, para que los tractores, incluyendo a los de oruga, motocultores, arados, rastras para desterronar la tierra rala, cultivadoras para esparcir y desyerbar, cosechadoras, aspersores, espolvoreadoras para rociar y esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola. Sembradores, enfiladoras, cortadoras, empacadoras de forraje, desgranadoras, abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo. Aviones fumigadores, motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones de pesca comercial, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que señala el reglamento a la enajenación de la maquinaria y equipo a que se refiere esta propuesta, así como sus refacciones, se les aplicara la tasa señalada solo cuando se acredite que serán utilizados con una vocación totalmente agrícola.
Someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de decreto.
Primero. Se reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue, concretamente en su inciso e): Tractores para accionar implementos agrícolas, incluyendo los de oruga, así como refacciones para dichos tractores, motocultores, arados, rastras para desterronar la tierra arada, cultivadoras para esparcir y desyerbar, cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola, sembradoras, ensiladoras, cortadoras, empacadoras de forraje, desgranadoras, abonadoras, fertilizadoras de terrenos de cultivo, aviones fumigadores, motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial.
A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, así como de sus refacciones, se les aplicará la tasa señalada –que es tasa 0– en este artículo, sólo cuando se acredite que serán utilizados con una vocación totalmente agrícola.
Esto está a su consideración. Muchísimas gracias. Qué tengan buen día.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en materia de Derecho de Réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores, en una sociedad –como la mexicana–, en donde la información fluye de manera directa, instantánea y masiva a través de los diferentes medios de comunicación y difusión, no se debe dejar de lado la necesidad de establecer un marco regulatorio que defienda a las personas de aquellas informaciones que les causen agravio, pues la libertad de información tiene límites precisamente los derechos de terceros.
Es así como el derecho de réplica es la facultad de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, y cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada o imagen.
Este derecho tuvo su primera aparición en México en 1917 a través de la Ley sobre Delitos de Imprenta, cuyo artículo 27 establece a cargo de los periódicos la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quisieran dar a las alusiones que se le hubieran hecho. Este artículo establecía, sin embargo, de manera muy limitada y poco garantista las características de la réplica, así como las penas por la infracción a esta obligación.
Un instrumento internacional que, suscrito por México, vino a garantizar el derecho de réplica como un derecho humano fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José.
Sin embargo, como se puede apreciar a nivel nacional el derecho de réplica solamente estaba precariamente regulado por la Ley sobre Delitos de Imprenta e iba dirigido únicamente hacia las informaciones difundidas en periódicos, no existía disposición alguna respecto a la réplica en otros medios de comunicación como lo son la radio y la televisión.
Fue hasta el 10 de octubre de 2002, cuando a través del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión se intentó regular lo referente al derecho de réplica en estos medios masivos de comunicación.
Sin embargo el gran impulso al derecho de réplica se dio con la reforma electoral de 2007, pues se introdujo en el artículo sexto constitucional su reconocimiento. Sin embargo la incorporación de la réplica como un derecho reconocido por la Constitución no ha sido reglamentado por el legislador, pues claramente establece nuestra Carta Magna que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, ley que a la fecha no ha sido publicada.
Por lo tanto queremos poner a consideración de esta Cámara de Diputados esta Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional en materia de Derecho de Réplica que estará integrada por cuatro capítulos en los que se encuentran de manera general los siguientes aspectos:
Capítulo I, Disposiciones generales
Se establece el objeto de la ley, así como que toda persona física o moral podrá ejercer el derecho de réplica por la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación y que considere le cause un agravio.
Igualmente se reconoce el derecho de réplica a favor de los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.
Capítulo II, Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados
En este capítulo se establece la posibilidad de que la réplica se haga en la misma transmisión en la que se dio la información agraviante, y se señala que cuando ello no sea posible, se hará valer el derecho de réplica mediante un documento escrito en un plazo no mayor a cinco días después de que se publicó o transmitió la información que se desea rectificar o responder.
Una vez recibido el escrito de réplica, el sujeto obligado tendrá tres días para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica. Si ésta procede, se publicará o transmitirá al día hábil siguiente o en la siguiente transmisión.
Asimismo se establecen también las causales por las cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, imponiéndole la obligación de justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante.
Capítulo III, Del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica
En este capítulo se reconocen a las autoridades federales como las únicas competentes para la aplicación, observancia e interpretación de esta ley, y a los tribunales de la federación como los únicos competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.
El interesado podrá iniciar el procedimiento judicial cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se negó, no se transmitió o publicó la réplica, o no se otorgó como lo solicitó. Y una vez, admitida la solicitud, el juez de distrito de inmediato tendrá la posibilidad de emplazar al sujeto obligado, para que en las cuarenta y ocho horas siguientes conteste por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes.
El procedimiento implica la comparecencia de las partes a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a la cual citará el juez dentro de las 48 horas siguientes a que se presente la contestación de la demanda o, en su caso, concluido el término legal. En dicha audiencia el juez podrá dictar sentencia y si no lo hace, lo tendrá que hacer dentro de las 24 horas siguientes.
Un capítulo cuarto que versaría sobre las sanciones en el cual se establece precisamente un catálogo de las mismas, que implican una multa que va desde los 500 a los 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dependiendo de la gravedad de violación de los sujetos obligados.
Por último, en esta misma iniciativa que hoy presentamos ante esta Cámara de Diputados se propone la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de facultar a los jueces de distrito civiles federales para conocer de los litigios que surjan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.
Para el Partido Acción Nacional es un mandato constitucional la debida reglamentación del derecho de réplica por ser un derecho fundamental, pero antes que nada es un derecho cuyo ejercicio debe garantizarse a todas y todos los mexicanos.
Por ello retomamos los trabajos realizados en Legislaturas anteriores por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Dora Alicia Martínez Valero, Héctor Larios Córdova, José Antonio Díaz García, Rocío del Carmen Morgan Franco y Rogelio Carbajal Tejada durante la LX Legislatura, convencidos que es un tema que abona en gran media a la consecución de dicho fin.
También reconocemos el trabajo del senador Javier Corral que ya presentó una iniciativa similar, aunque distinta en algunos aspectos esenciales, en la actual Legislatura.
Asimismo, también retomamos como base los lineamientos expedidos por la Comisión de Gobernación del Senado de la República en la LXI Legislatura que se utilizan también como sustento para fundamentar la presente iniciativa.
Los diputados federales de Acción Nacional estamos seguros que con la aprobación de esta Ley Reglamentaria del artículo 6o. constitucional se fortalecerá el sistema garantista y de derechos humanos en nuestro país y, además, también se fortalecerá el derecho a la libre expresión de las ideas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Ángel Ávila Pérez: Diputado presidente; señoras diputadas, señores diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 y diversas disposiciones correlativas de nuestra Constitución Política.
Esta iniciativa es presentada por el suscrito y por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Solicito a la Presidencia que esta iniciativa sea incluida íntegramente en el Diario de los Debates y que sea incluido el diputado Alberto Anaya Gutiérrez como uno de los que suscriben la misma, ya que su nombre fue omitido en la publicación que se hizo en la Gaceta Parlamentaria.
La finalidad de esta iniciativa es volver a insistir sobre la necesidad de reconocer los derechos de los habitantes y dotar de autonomía a la ciudad de México.
Convencidos de que es impostergable terminar con la jurisdicción dual actualmente existente, que se traduce en sujeción nociva de los habitantes de la ciudad de México.
Luego de un periodo de importantes avances que inicio con las reformas constitucionales de 1986, no fue sino hasta el 96 y gracias al consenso alcanzado por todos los partidos políticos nacionales, que se pudo llegar a la reforma al artículo 122 constitucional que da cuerpo a la configuración políticoadministrativa que actualmente tiene el Distrito Federal.
A pesar de los avances de la reforma política del 96, ésta quedó inconclusa. Los poderes federales se reservaron para sí facultades que habían venido ejerciendo y se conservó el carácter de distrito sujeto a la Federación, lo que ha impedido que la ciudad de México pueda ejercer planamente autonomía respecto de su régimen interior.
E objetivo de la reforma constitucional que se propone en la presente iniciativa recupera el conjunto de avances y consensos que a lo largo de los últimos 15 años han alcanzado el acuerdo de todas las fuerzas políticas que convergen en la ciudad de México.
En esta iniciativa se recuperan los acuerdos plasmados en la minuta que aprobó el pleno de esta Cámara de Diputados en diciembre de 2001, que fue ratificada en sus términos por esta misma Cámara en el 2003, luego de que fue rechazada y devuelta por la Cámara de Senadores con el falso argumento de que dotar de autonomía al régimen interior de la ciudad de México podría concluir con el eventual sometimiento de los poderes federales. Qué barbaridad.
También se recupera el acuerdo para la reforma política del Distrito Federal presentado en agosto del 2010, que fue resultado de las mesas de trabajo entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal.
Como resultado, quedó lista una propuesta para reformar el 122 constitucional, que fue retomada por diversos senadores y presentada al pleno de la Cámara de Senadores en el 2010 sin que hasta la fecha haya sido dictaminada.
Con esta iniciativa proponemos trascender el estatus actual del Distrito Federal para hacer de la Ciudad de México una entidad con jurisdicción propia, derivada de la soberanía de sus habitantes, con derechos iguales a los del resto de las entidades del país.
Se propone que la Ciudad de México se confirme como la capital de la república y la sede de los poderes federales. Se le confiere la autonomía para su régimen interior y se le reconoce la potestad de sus habitantes de otorgarse su propia constitución del orden local, constituyendo así los poderes locales y procurando las garantías para el funcionamiento de los poderes federales.
Las bases bajo las que se plantea el régimen descrito contemplan lo relacionado al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Se propone revertir la fórmula actual para que los poderes locales de la Ciudad de México tengan todas las facultades que no estén expresamente conferidas por la Constitución a los poderes federales, tal como sucede con las demás entidades federativas de la república.
Las diversas reglas contenidas en la propuesta tienen como consecuencia generar una Ciudad de México capital de todos los mexicanos que respete y reconozca los derechos de todos sus habitantes y que tenga y brinde las garantías necesarias para el funcionamiento de los poderes federales.
Cualquier otra solución o soluciones que planteen —termino presidente— que no sea compatible con el sistema federal mexicano es un error. El federalismo precisamente impone la posibilidad de que sobre un mismo territorio coexistan órdenes de gobierno diferentes. La ley, la Constitución determina las bases para que esto suceda. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, nuestro artículo 49 constitucional consagra la división de poderes. Según Sartori, la división de poderes es la preservación de la libertad individual y va relacionado, precisamente, con este principio. Principio de Montesquieu que establecía que si el fin último del Estado es la justicia, sólo podía llevarse a cabo a través de una división de poderes.
“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en una sola persona salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”.
Es éste, este segundo párrafo del artículo 49 el que hoy me sube a esta tribuna a presentar la iniciativa de mérito.
Nuestros manuales legislativos coinciden en que el producto del proceso legislativo debe ser claro, debe ser conciso. El texto actual del segundo párrafo del artículo 49 contiene dos salvedades, lo cual consiste o genera una imprecisión gramatical. Contiene poca elegancia y demuestra pobreza en su redacción.
La preposición “salvo” utilizada dos veces, genera dos ideas de negación y con ello genera o puede generar una mala interpretación de lo que el precepto se refiere. Es por ello que hoy me preciso presentar la iniciativa de mérito, la cual solicito que quede íntegramente plasmada en el Diario de los Debates y que tiene como redacción la siguiente:
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en los casos de las facultades extraordinarias del presidente de la república establecidos en los artículos 29 y 131 respecto de la suspensión de derechos fundamentales y para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso.
Con esto daremos una claridad especificando claramente cuáles son los casos de excepción en los cuales puede haber la congregación de dos o más poderes en una sola persona, casos específicos: la suspensión de garantías constitucionales o las cuotas de importación. Con ello tenemos una clara ley y busco que todos ustedes puedan apoyar este proyecto de iniciativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. La iniciativa se inserta íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano... Ah, perdón, va a ser la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano que presentará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.
La diputada Merilyn Gómez Pozos: Diputadas y diputados, violentar a una mujer es poner en riesgo el futuro de nuestros hijos, la prosperidad del país y el provenir de la humanidad.
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, es un problema social que nos involucra a todos porque todos en alguna medida no hemos hecho lo suficiente para erradicarla.
No hay refugio seguro para las víctimas, las mujeres padecen la violencia principalmente en la familia, pero también en el trabajo, la escuela y la calle. Lo más grave es que los abusos son tolerados y en muchas ocasiones perpetrados por el mismo Estado.
Todo acto violento tiene como finalidad causar un daño determinado. A través de la intimidación o el uso de la fuerza, el agresor pretende mantener una posición de poder y control sobre la víctima. En el caso de las agresiones contra mujeres no se trata de incidentes sin conexión, sino del resultado de las relaciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres a lo largo de los años, que se han sistematizado en nuestra vida diaria.
Desde finales de la década de los 70 se entendió la gravedad del asunto y se comenzaron a tomar medidas para mitigarlo. Durante las primeras reuniones del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, organizadas en México en 1975, Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985, se estudiaron los diferentes canales y manifestaciones por las que suceden las agresiones.
En 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer homologó la definición de violencia como aquella que se realiza por el simple hecho de ser mujer, o que la afecta de manera desproporcionada. Esto incluye los aspectos físicos, mental y sexual, la amenaza de cometer cualquiera de éstos y la privación de la libertad.
En México se han hecho varios esfuerzos, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y desde la última década el INEGI realiza la encuesta sobre violencia intrafamiliar y la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares.
Las cifras recaudadas en 2011 son alarmantes, 67 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia, esto quiere decir que más de la mitad de la población femenina en nuestro país vive como parte de su rutina acosos, golpes y humillaciones.
La pareja, lejos de ser un refugio es el mayor propiciador de las agresiones; cuatro de cada 10 mujeres han sido agredidas por novios o maridos y 48.7 por ciento de las que han estado casadas han sido víctimas de maltrato, en tanto, 39.7 han experimentado abusos por parte de desconocidos y el 30 por ciento en el trabajo.
La mayoría de personas no es consciente de que existen múltiples tipos de violencia y que todos ellos representan violaciones a los derechos humanos, por lo que el tratamiento del problema se vuelve más complejo y resulta más difícil comprobar el maltrato cuando no hay golpes que lo verifiquen.
Más de la mitad de las mujeres que han sufrido agresiones, el 58.6 por ciento, se ha encontrado en situaciones que directamente ponen en riesgo su vida. El estado de México presenta la prevalencia más alta de este tipo de atropellos, seguido por Tabasco; Puebla; Jalisco; Guerrero, en estados como Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, que también se exhiben tasas por encima del resto del país en violencia grave.
En 1009 las muertes de mujeres por violencia representaron el 4.4 por ciento de las defunciones totales, el estado con la tasa más alta de violencia que termina en muerte es Chihuahua, con una proporción que aumentó de 3.6 a 13 por ciento en tan sólo cinco años.
La indiferencia sobre la gravedad del maltrato contras las mujeres se refleja en las razones que dan los agresores para cometer estas injusticias; que no les obedece, no se les pide permiso, no se les dedica el tiempo suficiente o no se muestra interés o deseo por tener relaciones sexuales. Esta situación pone a las mujeres en situaciones límites. Cinco de cada 100 mujeres que han experimentado violencia han pensado en quitarse la vida y 7 lo han intentando.
En Movimiento Ciudadano creemos que ya es hora de apoyar a las mujeres con una mejor legislación, en una lucha en la que no deben estar solas. Es necesario observar el problema y atacarlo de una manera integral.
Por lo anterior, el diputado Ricardo Monreal Ávila y la de la voz, ponemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b), de la fracción II, del artículo 4, de la Ley de Asistencia Social, con intención de que sean sujetos de asistencia social preferente las mujeres en situación de violencia emocional, psicológica, económica, física, sexual o abandono.
Pido a la Presidencia se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, a ver, sonido en la curul de la diputada Malú Mícher Camarena.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor diputado presidente. Le agradecería que también se turnara esta iniciativa a la Comisión de Equidad y Género, si es tan amable.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Esta Presidencia no tiene inconveniente que quede también turnada a la Comisión de Equidad y Género.
La diputada Verónica Beatríz Juárez Piña (desde la curul): Presidente, deseo adherirme a la iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: La diputada Juárez desea adherirse a la iniciativa y no creo que la diputada Merilyn tenga inconveniente. Entonces, dejamos la iniciativa aquí en la Secretaría para que pueda pasar a suscribirse la misma.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, desde la consolidación del neoliberalismo en el salinismo hasta la actualidad y probablemente en el sexenio peñista, el país ha tenido y tendrá grandes problemas económicos, políticos y sociales, incluyendo el aspecto de la inseguridad, el cual se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los tres niveles de gobierno y de los ciudadanos.
No obstante, que el gasto para la función de seguridad pública ha aumentado cada año en el Presupuesto de Egresos de la federación, los resultados han sido poco palpables, dado a los altos índices delictivos que impera en todo el país, lo que combina con la ausencia de los servicios de seguridad pública en diversas zonas.
Conforme a las recomendaciones de las Organizaciones de las Naciones Unidas, debe haber un promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes, ello con la finalidad de garantizar una mejor calidad de atención.
Sin embargo, en México apenas existe el 0.4 y el 0.5 por ciento de policías por cada habitante, lo que nos lleva a afirmar que los rubros de cantidad y calidad han sido descuidados por los gobiernos.
En el país existen alrededor de 350 mil elementos de policías agrupados en mil 661 corporaciones de los tres órdenes de gobierno. El 89.3 por ciento de los cuerpos policiales preventivos, a nivel nacional, pertenecen a los estados, municipios y que son los que tienen mayor contacto con los ciudadanos. En tanto, la policía de investigación representa apenas el 10.7 con 37mil 493 efectivos a nivel nacional.
Lo anterior ha originado que en diversas zonas del país no se cuente con el servicio de seguridad pública, provocando que la criminalidad sea un constante. Ante ello, la indiferencia e incapacidad de las autoridades municipales, estatales y federales.
Tal es el caso de la meseta purépecha en el estado de Michoacán, en el que diversas comunidades como Urio, en el 2008, Cherán en el 2011, Santa Fe de la Laguna, Turicato, Comachuen, Arantepecua, Cuitzeo, Sevina y Uripicho, en el 2012 y considerando también una parte importante, como es en la región oriente, donde están los mazahuas, otomíes.
Se han organizado en grupos de autodefensa ciudadanos, con el objeto de vigilar, patrullar y defender sus comunidades o ejidos. Por lo que en ese sentido la creación de los grupos de autodefensa son los resultados del reclamo social ante la falta de seguridad pública universal y de calidad.
Así como el hartazgo de ciertos sectores de la sociedad, los cuales al no tener otra opción han tenido que recurrir a la autoprotección de sus habitantes, familias, tierras y sus propios recursos naturales, que se han visto lesionados por los grupos criminales que imperan en sus regiones.
En ese contexto, el objeto de la presente iniciativa de decreto radica en formar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que sean creados, regulados y supervisados los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal, los cuales podrán ser constituidos por los núcleos de población, ejidales o comunales, con la finalidad de brindar sus propios servicios de seguridad, protección y vigilancia. Ello en coordinación con los diversos cuerpos policiacos.
Asimismo, en el decreto de iniciativa que presento se contempla que los elementos que conformen los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal cumplan con los requisitos de control, confianza y supervisión a que hace referencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la mayoría de los requisitos de ingresos que contempla el cuerpo legal en esta cita, aumentando dos requisitos más, como lo son que acrediten su calidad de ejidatario, comunero o avecindado del núcleo de la población solicitante y que tengan 25 años cumplidos al día de su registro.
En ese sentido, también se propone que los cuerpos de vigilancia ejidales o comunales estén al mando del comisariado ejidal o de la autoridad comunal correspondiente, pero bajo la supervisión, capacitación y adiestramiento de la policía municipal del lugar, en aquel que se encuentre en el núcleo de la población.
Ello, atendiendo a que estos estén en coordinación con las autoridades municipales que lo solicitaran ante la Secretaría de la Defensa Nacional, los correspondientes permisos de portación de armas conforme lo establece la ley correspondiente, las cuales únicamente podrán usarse para los fines establecidos en la presente iniciativa.
La regulación de los cuerpos de autoprotección, que han surgido en varias regiones del país, traerá como consecuencia su introducción dentro del marco de legalidad, evitando de esa manera que los mismos se conviertan en grupos facciosos que operen en la clandestinidad e ilegalidad.
Por último, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara que la presente intervención sea insertada en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal. Esta iniciativa viene suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye hoy –por las implicaciones que tiene la lucha por hacer efectivos y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez– uno de los principios constitucionales de mayor relevancia para la nación, y la responsabilidad es de todos. La familia, la sociedad y el Estado tenemos que unir esfuerzos y crear las condiciones necesarias para su desarrollo pleno.
En este sentido, uno de los ámbit6os que mayor atención exigen es el de la transformación, desarrollo y crecimiento acelerado de las telecomunicaciones y las redes sociales.
En los últimos años se han constituido en una nueva forma de intercambio de datos, videos, fotografías y audio, ampliando las posibilidades que todos tenemos de transmitir y recibir información en diversas modalidades. Sin duda esto potencializa el desarrollo del país y las capacidades de cada uno de nosotros.
Sin embargo, de manera simultánea se han constituido en un espacio de riesgo para las niñas, niños y adolescentes, ya que son utilizadas por la delincuencia para obtener datos sobre sus víctimas potenciales en delitos como el secuestro, la extorsión, la pornografía infantil y la trata de personas, entre otros más.
Hoy vemos con preocupación que son las redes sociales el espacio donde se originan muchos de estos delitos de alto impacto social; y que son las niñas, niños y adolescentes quienes a través de engaños sufren sus efectos con graves consecuencias para su integridad, salud, y en muchas ocasiones la pérdida de su vida.
Ese evidente que no se puede evitar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a las tecnologías y redes sociales, por ello en nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es la prevención a través de la educación en su uso y aprovechamiento como podemos proteger y garantizar mejores condiciones para su seguridad.
Sin embargo, además de prevenir y de educar a nuestras niñas y nuestros niños sobre los riesgos que los amenazan en las redes sociales consideramos que es de fundamental importancia penalizar de manera severa a quienes se valgan de las redes sociales para vulnerar los derechos y la seguridad de nuestras niñas y de nuestros niños.
Con este fin se somete a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 211 Bis 8. Al que revele, divulgue, utilice, publique, circule, o haga circular cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones o imágenes obtenidas de la red pública o privada o de las redes sociales de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, respecto de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para discernir por tener el carácter de inimputables, y por ello se atente contra la dignidad, el prestigio y el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, se les impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa.
Si la información a que se refiere el párrafo anterior es utilizada para cometer los delitos siguientes: violación previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; secuestro, contemplado en los artículos 365 Bis y 366; robo, previsto en los artículos 381 y 381 Bis; extorsión, consignado en el artículo 390; y fraude, previsto en los artículos 386 y 387; y los contemplados en el título octavo, todos del presente ordenamiento, la pena de prisión será de 4 a 6 años y la multa de 200 a 500 días, independientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos.
Para nuestro grupo parlamentario es prioridad que nuestro marco jurídico se constituya como una herramienta efectiva que garantice la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ése es el propósito de la presente propuesta que ponemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Sí, presidente, gracias. Solicitarle turno para la Comisión de los Derechos de la Niñez, en virtud de que a quien va dirigida es precisamente a las niñas y a los niños; conforme al artículo 71, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: La voy a turnar para opinión, porque es un asunto del Código Penal y creo que debe ser dictaminado por la Comisión de Justicia. Pero la turnamos con mucho gusto para opinión a la Comisión de Derechos de la Niñez. Muchas gracias.
Queda así, turnada a la Comisión de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación.
El diputado Samuel Gurrión Matías: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Samuel Gurrión Matías: Compañeros diputados y diputadas: Cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educarlo; Jesús Reyes Heroles. No podemos entender al México moderno sin considerar a la educación como un factor irrenunciable e inquebrantable en la construcción del futuro y de una sociedad fincada en nuestros valores más preciados: la equidad, la justicia, la libertad y la democracia.
La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, elevó a rango constitucional el derecho de todo ciudadano a recibir educación laica, obligatoria y gratuita.
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre del año de 1921 se dio la creación de la Secretaría de Educación Pública que tuvo como su primer titular al licenciado José Vasconcelos.
Posteriormente, por decreto oficial de la SEP, se creó en el año de 1925 la Escuela Secundaria como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia.
Entre los años de 1936 y 1940 se crearon internados, comedores y becas. Se impulsó la creación de las escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la educación técnica.
Es hasta 1970 cuando empezó a reconocerse la necesidad de apoyar a la investigación científica y tecnológica como un factor fundamental del desarrollo integral de la nación.
El primer reporte mundial sobre la ciencia publicado por la UNESCO en febrero del año de 1994, mencionó que la evolución de la ciencia en el mundo ha tomado un nuevo curso con el surgimiento de los países recientemente industrializados como son: Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong y Malasia, que han utilizado las nuevas ciencias y técnicas para incluirlas en sus sistemas productivos, respondiendo así a las demandas del mercado internacional.
¿Cuál ha sido la clave? La unión entre la ciencia y la educación. Está documentado que en esos países desde la educación básica hasta la superior, la ciencia siempre se encuentra presente y fortalece el desarrollo tecnológico.
Con ese perfil integral esas naciones han logrado sostener ritmos de crecimiento impresionantes durante más de una década.
En México en el año 2005 se realizó una reforma de ley a la Ley General de Educación en el artículo 25, primer párrafo, para establecer que “el monto anual que el Estado destine en gasto de educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto al menos el 1 por ciento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación pública superior”. Sin embargo sólo se ha destinado el 0.4 por ciento a ciencia y tecnología.
Es momento de cambiar de paradigma. Entrar al México del siglo XXI implica el rediseño de nuestras políticas públicas de educación y de desarrollo científico.
Por ello esta iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal con el objeto de modificar la denominación y las atribuciones de la hoy secretaría encargada de la educación y la ciencia en nuestro país, como “secretaría de educación y desarrollo científico”.
Asimismo se adiciona un nuevo apartado con un artículo 11 Bis que define los criterios que deberán regir la nueva política pública de educación y desarrollo científico.
Ahí se establecen las bases mínimas de formación de los programas educativos, de fomento a la ciencia y de coordinación con los ámbitos locales de gobierno y de concertación con el sector público y social.
Esta iniciativa busca convertir a la secretaría en el órgano rector en materia de ciencia y tecnología, así como convertir la organización, administración y promoción de la ciencia y tecnología en parte integral del sistema educativo nacional, considerando los siguientes criterios:
Fijar los lineamientos generales relativos a la política pública de educación y desarrollo científico, como los elementos rectores de todos sus programas, convenios y acciones institucionales.
Incorporar en los planes y programas de estudio en el nivel básico, medio superior y superior, el conocimiento, la experimentación y la aplicación de los principios de la investigación científica y tecnológica.
Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en coordinación con los estados y los municipios.
Compañeros diputados: tenemos un compromiso con las generaciones venideras. Insertemos a México en el universo del capital humano y su formación, que son ejes centrales para consolidar sociedades justas y competitivas. Detonemos el desarrollo científico y tecnológico del país y con ello su esperanza de futuro. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Con el permiso de la presidencia y de esta soberanía. Diputado presidente, le pido se integre el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
Cabe mencionar que en las últimas dos semanas el robo de combustible ha sido un tema recurrente en esta Cámara de Diputados, a través de diferentes puntos de acuerdo. La semana pasada, el día 23 de octubre, el diputado Carlos Lorenzini Rangel, de la fracción parlamentaria de PAN, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución donde se exhorta a la PGR, a la Secretaría de Energía, a Secretaría la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y la de Seguridad Pública y en particular a Pemex que incrementen la vigilancia sobre los ductos para evitar este robo de combustible, que además pone en riesgo la vida de los ciudadanos.
Ayer mismo la diputado Claudia Bojórquez, del Partido Revolucionario Institucional, hacía un exhorto para que viniera el director de Pemex para tratar este tema.
En consecuencia, la bancada de Acción Nacional considera que hay que hacer diferentes modificaciones a la ley y presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos.
Uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años es el relativo al robo de combustibles, particularmente al robo de los ductos de Petróleos Mexicanos. Este año, al mes de junio, el robo que en el portal de Pemex se informa, es de un millón 841 mil barriles.
Lo alarmante de esto es que, en comparación con el año pasado, que fue de aproximadamente un millón 500 mil barriles, tiene un incremento de un 18 por ciento. Más preocupante aún, es que si vemos la última cifra que ya existe en el portal, en la cual cierra al mes de septiembre, el robo que se reporta es de 3 millones de barriles con un incremento de más del 25 por ciento en comparación al robo reportado hace un año que era de 2 millones 400 mil barriles.
Compañeros diputados, tenemos que tomar medidas en este asunto, si dejamos que siga creciendo va a ser realmente incontrolable.
Exponiendo más motivos por el cual es que estamos proponiendo estas modificaciones, se han detectado mil 184 tomas a nivel nacional donde se toma o se roba combustible. Ante esta cifras, señores, es impostergable la aprobación de las reformas legislativas que redunden en mayores elementos de prevención y combate al crimen organizado, y particularmente en aquellas actividades ilícitas que en algunas ocasiones, con la complicidad de servidores públicos extraen de manera flagrante, dolosa y con toda impunidad, hidrocarburos que más tarde son vendidos a los expendedores de diesel y gasolina.
Acción Nacional refrenda su compromiso con la legalidad, con el combate al delito y con la desarticulación a las bandas criminales. Reafirmamos nuestra convicción que sólo con un marco jurídico actualizado en la realidad que vive nuestra sociedad, es como podremos combatir de manera eficiente los delitos que tanto daño causan a nuestra sociedad.
Es por ello que presento estas modificaciones ante esta soberanía. Hago un llamado, de verdad, a todos los grupos parlamentarios. Hoy es un problema que sólo significa el 0.7 del total del combustible que produce Pemex. Si no lo frenamos se puede convertir en una bola de nieve incontrolable.
Yo creo que no debemos de perder de vista algo, Pemex es de todos los mexicanos, ha sido motivo de debate la identidad nacional de Pemex, y debemos de tomar las medidas que sean necesarias para evitar que este dinero que es de los mexicanos se siga fugando de esta manera. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se inserta íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. El Poder Legislativo podrá transformar a México sólo si es capaz de transformarse a sí mismo.
La transición democrática abrió felizmente el Congreso a la pluralidad política del país, pero esa riqueza intelectual, ideológica e, incluso, cultural, está lejos de rendir los frutos que podría, en virtud de su enorme potencial.
Todos coincidimos en que tenemos un problema estructural de gobernabilidad en nuestro régimen político que pasa por la ausencia de mayorías estables que trasciendan la coyuntura y mantengan una visión de largo plazo.
Por eso, un asunto pendiente y de primera importancia para esta Legislatura, es el de la reforma del Estado. Estoy seguro y convencido de que la abordaremos con absoluta seriedad.
El rediseño institucional que necesitamos es muy ambicioso, pero podemos empezar con cambios modestos pero de fuerte incidencia e innegable importancia. Vengo a hacerles una propuesta que revolucionaría para bien el trabajo legislativo del Congreso. Estamos obligados a dar más y mejores resultados, y esta iniciativa pretende precisamente, que esa aspiración se haga realidad.
Esta iniciativa consiste en que cada grupo parlamentario tenga la posibilidad de presentar hasta una iniciativa preferente por periodo ordinario de sesiones. Me parece correcto que el Ejecutivo tenga la facultad de presentar iniciativas, las ha tenido siempre, y que algunas de ellas sean tratadas con el carácter de preferente, pero dicha facultad no debe ser exclusiva. Y no lo digo por un prurito teórico o exceso de celo republicano, que, confieso sí padezco, sino por las ventajas que eso generaría en el trabajo legislativo, por una parte, y porque contribuiría a consolidar nuestra democracia.
Me explico. Es verdad que por reglamento desaparecimos o desapareció de esta Cámara de Diputados la llamada congeladora, pero sigue quedando una enorme cantidad de iniciativas sin dictaminar, que terminan simplemente desechadas. Poner plazos fatales expeditos para que se dictaminen ciertas iniciativas dinamizaría, sin lugar a dudas, el trabajo en las Cámaras, pero la propuesta trasciende por mucho la productividad cuantitativa.
El punto fundamental, su corazón, tiene un contenido político de enorme importancia; la construcción de la agenda nacional desde la pluralidad. Lo reitero; la construcción de la agenda nacional desde la pluralidad que aquí está representada.
Frente a la discriminación de las ideas por la frialdad contundente del número, recuperemos el principio madre de la democracia, que es la igualdad de derechos, que sean los méritos y la capacidad política lo que determine el éxito de las iniciativas.
Una iniciativa preferente no es garantía de ser aprobada, pero obliga a todas las fuerzas políticas a definirse frente a ella y concentraría atención pública para que ésta sea valorada también por la sociedad. De esta manera se desincentivan los afanes testimonialistas, pues todas las fuerzas representadas en la Cámara, incluso las minoritarias, tendrían la posibilidad palpable de incidir en las decisiones trascendentes del país.
Además se generaría un círculo virtuoso, pues para ser aprobadas las iniciativas preferentes, mismas que expresarían las prioridades programáticas de los distintos partidos políticos, se requiere forzosamente de construir acuerdos con las demás fuerzas políticas, lo que significaría un estímulo notorio a la conformación de mayorías.
La colaboración tendría un claro incentivo, pues lograr la aprobación de la iniciativa preferente propia sería reconocida como un éxito por la opinión pública, por la sociedad, por los ciudadanos.
En cada iniciativa preferente los grupos parlamentarios tendrían que mostrar visión de Estado, porque estas iniciativas expresarían de alguna manera lo que consideran más apremiante y urgente para la nación, para el país.
Los legisladores tenemos el derecho a iniciar leyes, pero carecemos del derecho a que nuestras iniciativas sean analizadas, discutidas y dictaminadas, ya sea a favor o en contra, no hay obligación para eso. Por eso propongo ampliar nuestro derecho a iniciar leyes y poner plazos determinados para que las iniciativas preferentes de estos grupos parlamentarios sean dictaminadas en un plazo determinado, 30 días, igual que las del Ejecutivo.
Es verdad que tenemos pendiente reglamentar la iniciativa preferente, pero se ha avanzado en ello. Ayer mismo el diputado Francisco Arroyo Vieyra presentó una iniciativa al respecto que, de entrada considero valiosa. La pluralidad tiene voz y voto en este recinto, lo que sigue es que potenciemos su incidencia y contribuyamos a construir una dinámica que fomente la cooperación recíproca de las diversas fuerzas políticas, lo que sin duda es el reto fundamental de nuestra gobernabilidad democrática. A ello contribuirá decididamente esta iniciativa. Aspiro a convencerlos de ello. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado Belaunzarán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara.
El diputado Tomás Torres Mercado: Señor presidente, en uso del tiempo que me corresponde para la presentación de esta iniciativa y virtud a que ya concluyó el diputado Fernando Belaunzarán, quiero, por su conducto, que le pregunte si autoriza que el que hace uso de la voz desea suscribir su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es un honor para él.
El diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias y lo haré en seguida. La iniciativa que traigo a la consideración de ustedes, es en el contexto también de que el procedimiento parlamentario, el procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, para llevar a efecto modificaciones, sea derogando, eventualmente abrogando el Reglamento que rige la vida interna de esta Cámara, tenga para los fines de las modificaciones un marco legal.
Traigo a la consideración de ustedes una iniciativa que propone la modificación de tres artículos de la Ley Orgánica del Congreso General, y cuatro del propio Reglamento de la Cámara de Diputados, y es con el propósito de ir afinando, de ir perfeccionando, de ir técnicamente avanzando en esta parte que tiene que ver con hacer eficiente la estructura, pero también la funcionalidad en los trabajos legislativos.
Quiero pedirle, señor presidente, que se inserte íntegro el texto de la iniciativa que estoy poniendo a su consideración. Insisto, es en ese contexto, el mismo día de ayer quien funge ahora como presidente estaba presentando una iniciativa para establecer, a nivel de Reglamento, la forma, los términos, plazos, procedimientos, para la sustanciación, para el desahogo en el proceso legislativo de la iniciativa preferente.
Nosotros consideramos en su momento también que era pertinente hacer modificaciones con relación a qué momentos y quién puede hacer uso de esta facultad para los propósitos, como se ha dicho en la interesante iniciativa del diputado Belaunzarán, simplemente el derecho supremo del iniciante a saber si la asamblea rechaza o niega su planteamiento, porque hay iniciativas con una bondad incuestionable, con un sentido político trascendente, con una utilidad para modificar una realidad. Y sin embargo, y eso también hay que consentirlo, la correlación de las fuerzas políticas no dan oportunidad a que el asunto sea discutido más todavía, con las limitantes solamente, de poder presentar y en cinco minutos procurar explicitar y hacer conciencia del propio contenido de las iniciativas.
No digo más, estimados compañeros diputados y diputadas. Y le ruego el turno que corresponda. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados federales, en nuestro país una de las mayores conquistas históricas ha sido el derecho a la educación. El artículo 3o de nuestra Carta Magna se reformó en diversas ocasiones a lo largo del siglo XX buscando un doble sentido en la educación. Por un lado, una garantía individual que impulsara la realización personal y por otro, un derecho social inherente al pueblo de México para abatir la ignorancia, los fanatismos y los demás resultados del atraso secular de nuestra población.
Con el arribo del nuevo siglo han llegado nuevos retos que merecen nuestra atención. Actualmente los niños y jóvenes que participan en los niveles educativos suman 34.9 millones de alumnos, es decir, en promedio un tercio de la población.
La demanda de educación superior presenta un incremento sin precedentes y dada la población joven de nuestro país que estudia, no parece que disminuirá pronto.
Resulta evidente para todos, en México que, ante lo difícil que es conseguir un trabajo que permita vivir dignamente, un título universitario ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una necesidad.
Solo el 13 por ciento ingresa a la licenciatura y 2 por ciento a algún posgrado. En México no se concluye ni siquiera la secundaria. El problema no radica tan solo en la voluntad y necesidad de los estudiantes, la cobertura de la educación en nuestro país presenta grandes deficiencias en infraestructura. Solo el 27 por ciento se ofrece para universidades por lo que únicamente entre 2 y 3 aspirantes tienen cabida en el sistema universitario.
No es hasta un título de licenciatura que se da un incremento considerable en el salario, a 13 mil 807 pesos. En cuanto a las personas que terminan un posgrado, el ingreso promedio es de 51 mil 891 pesos.
Con base en esta información resulta evidente que si una persona tiene deseos de progresar es necesaria su entrada a la universidad y la conclusión de la misma. El problema radica en que la educación superior se encuentra en una crisis permanente, que no parece tener solución.
Durante años se ha olvidado la misión integral de la educación para centrarse en el aspecto técnico. El sistema capitalista y neoliberal en el que nos desarrollamos ha hecho que, lejos de educar estudiantes que aprendan a cuestionar y razonar, se produzcan autómatas que realicen funciones en el menor tiempo y al menor costo posible, memorizar y obedecer.
En el momento que un joven termina la escuela media superior se encuentra en una disyuntiva entre seguir estudiando o comenzar a trabajar o ingresar al crimen organizado.
Si se desea debilitar el engrosamiento al narcotráfico y del sector informal es necesario ofrecer a la juventud alternativas reales de superación. Es en esta situación donde la oferta educativa universitaria se ha quedado muy corta.
Las estadísticas revelan que México sólo tiene capacidad para cuatro de cada 10 estudiantes que quieren estudiar a nivel profesional, lo que obliga a seis jóvenes a suspender sus aspiraciones universitarias. Esto ha generado el fenómeno de los ninis, personas que ni estudian ni trabajan ni sueñan, el cual alcanza ya los 8 millones.
No podemos cerrar los ojos y pretender que en México la educación es gratuita y con libre entrada para todos cuando resulta claro que la pobreza es una forma inherente de discriminación en el acceso al sistema educativo.
El acceso a los planteles privados y públicos resulta, para la mayoría, una aspiración inalcanzable. A pesar de contar con una amplia diversificación de opciones, debido a su autonomía, ninguna de las instituciones se encuentra en la obligación de anular pagos por colegiatura o cuotas si se desea imponerlos.
Si se logra garantizar la provisión de recursos suficientes a las universidades éstas no se verán en la necesidad de cobrar cuotas por otros conceptos a los estudiantes, consiguiendo así una educación libre de costos.
Debemos de terminar con la reducción sistemática de financiamiento público hacia las universidades, lo cual ha derivado en una lucha de 20 años en la que no se ha alcanzado la propuesta de otorgar el 1.5 por ciento del producto interno bruto a dicho sector.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone el siguiente decreto, que a la letra dice:
Único. Se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3o. (...)
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía deben recibir recursos públicos, nunca inferiores al año previo para garantizar el derecho a recibir la educación superior de forma gratuita, y tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.
Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo –concluyo, señor presidente–, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado, don Salvador Arellano Guzmán, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley Agraria.
El diputado Salvador Arellano Guzmán: Con su anuencia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, con las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta Honorable Cámara de Diputados, presento ante ustedes el siguiente proyecto de decreto que reforma, adiciona la Ley Agraria en materia de Comisariado Ejidal.
El derecho se ha creado en México y en el mundo para regular la conducta de los seres humanos, sin embargo, la dinámica social es un reto para todos aquellos que pretenden dar a la sociedad un mejor sistema racional de normas sociales de conducta.
Teniendo como base que una importante porción de tierra se encuentra en manos de ejidatarios es de vital importancia otorgar el apoyo normativo, mismo que se entiende como la facultad para defender los derechos reconocidos por el estado de manera optima. En el entendido que frente a un derecho se encuentra una obligación, es este caso, la obligación del comisariado ejidal frente al derecho del núcleo de población ejidal.
En materia agraria la falta de regulación ha dado como consecuencia poderes facticos, mismos que solo deberían de existir en la medida en que busquen algún beneficio para la sociedad y no en perjuicio de la misma.
En la realidad se presenta el hecho que los comisariados del ejido no representan adecuadamente los intereses del núcleo de población ejidal en algún procedimiento jurisdiccional, y no es por falta de conocimiento jurídico especializado o por desconocimiento de las leyes, sino por una falta de regulación; en consecuencia el ejido queda en un estado de indefensión.
De igual forma ocurre, que la figura del comisariado ejidal comienza la protección de los derechos ejidales, pero no continúa con el impulso procesal necesario para hacer efectivos los derechos, argumentando la falta de recursos para hacer frente a sus obligaciones; sin embargo, nos encontramos en el entendido que el comisariado, al defender los derechos del ejido defiende los suyos, de modo que es necesario contar con una disposición de carácter general, el cual lo obligue de manera expresa a dar continuidad en algún procedimiento hasta la satisfacción de los intereses del núcleo ejidal, interponiendo todas las acciones necesarias para la eficaz protección de los derechos de los ejidatarios.
En la adición que se propone a esta Ley Agraria, se estipula la prohibición del cobro de honorarios a los miembros del núcleo de población ejidal por los trabajos concernientes a la actividad del comisariado ejidal.
Sin embargo, debe de entenderse que la institución del comisariado ejidal actúa no por obligación impuesta del ejido sino por voluntad propia, pues es por voluntad de la persona que se ocupa este cargo de comisariado ejidal.
Como símil a los razonamientos planteados, podemos hablar del derecho con que cuenta una persona para promover una demanda por cuenta propia o realizar un trámite de cualquier índole, la persona no tiene derecho a cobrar honorarios pues se entiende que los actos realizados son en beneficio propio.
De igual forma, la figura del comisariado ejidal actúa por los intereses del ejido del cual forma parte.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley Agraria, quedado como sigue
Artículo 33 Bis. Son obligaciones del presidente del comisariado ejidal dar seguimiento y continuidad a los casos en que así se requiera, debiendo prestar ante el núcleo de población ejidal un informe acerca de la situación que guardan aquellos asuntos en los cuales deba de intervenir según los intereses del ejido y conforme al reglamento interno del mismo.
Segundo. El presidente del comisariado ejidal está obligado a ejercer las acciones necesarias para la defensa y el cumplimiento de los derechos del núcleo de población ejidal.
Tercero. Presentar el informe a que se refiere la fracción IV del artículo 33, cada seis meses a petición de la asamblea y deberá de presentarlo en forma obligatoria cada año.
El informe a que se refiere la fracción I de este artículo, deberá de presentarse cuando así se requiera en las asambleas o con mayor frecuencia, cuando así lo determine el reglamento de cada uno de los ejidos.
Cuarto. Queda prohibido el cobro de honorarios a los ejidatarios en lo individual. Los honorarios que deba de recibir para la defensa de los derechos del núcleo de población, deberán contar con la autorización previa de la asamblea ejidal. Es cuanto, presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Salvador. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos tiene el uso de la voz doña Adriana González Carrillo, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, y suscrita también por el diputado Jorge Francisco Soto Mayor Chávez.
La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente y amigo. Quiero decir también que a esta iniciativa se suma la diputada federal Margarita Saldaña y el diputado federal Fernando Rodríguez Doval.
Los monumentos nacionales son parte del patrimonio cultural de los países donde se establecen.
Están destinados a permanecer en espacios públicos y más allá de su valor histórico y artístico, tienen un carácter conmemorativo que simbólicamente los vincula de manera estrecha, con los valores, principios y aspiraciones de la nación en su conjunto. De ahí la importancia que reviste todo lo relativo a su erección.
En este universo de monumentos nacionales los monumentos no artísticos ni arqueológicos, entre ellos las estatuas de carácter conmemorativo, tienen el objetivo de perpetuar la memoria y homenajear un suceso histórico en particular, un personaje real o ficticio, un grupo humano, un país, una ciudad o alguna institución.
En la historia de la arquitectura y en el diseño urbano de las grandes ciudades, destaca la construcción de monumentos dedicados a personalidades y líderes extranjeros, a la costumbre de erigir estatuas sobre personajes nacionales cuya memoria y legado se juzga importante preservar.
El proceso de globalización en marcha ha favorecido la práctica de dedicar espacios públicos al legado de grandes figuras de carácter universal.
Personajes clave de la historia moderna y contemporánea adornan bulevares, glorietas y avenidas en ciudades de prácticamente todo el mundo.
En la ciudad de México y en la zona de Reforma se encuentra, por ejemplo, las estatuas de Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Luis Pasteur, Simón Bolivar, José de San Martín, Cristóbal Colón, Tomas Masarik y Abraham Lincon, entre muchos otros. Y adornan espacios públicos de especial importancia y belleza.
En otras ciudades del país esta práctica aún de manera infrecuente se mantiene y lo mismo aplica para toda clase de placas conmemorativas, la denominación de plazas, campos y calles.
Recientemente, sin embargo, se ha suscitado una importante controversia en nuestro país sobre el particular a partir de la firma de un convenio marco entre el gobierno del Distrito Federal y la embajada de Azerbaiján en México para la construcción de un parque de la amistad Ciudad de México-Azerbaiján. Se dispuso establecer una escultura del denominado padre de la patria de ese país, Heydar Aliyev, a cargo de uno de los escultores más importantes de ese país.
A pesar del proceso deliberativo que antecedió bajo la legislación local del Distrito Federal a la decisión de edificar esta obra, no hay evidencia de que haya evaluado la pertinencia de construir esta escultura en honor de un personaje cuya biografía no presenta los mejores méritos en relación con los valores que los mexicanos hemos venido haciendo propios. Nos referimos a los valores de la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la protección de las minorías.
Sin menoscabo de la importancia que tiene preservar la buena marcha de las relaciones bilaterales actuales entre México y Azerbaiján, es fácil simpatizar con la pléyade de críticas que se han vertido sobre el proceso de construcción de este monumento y lo que ahora supone, independientemente de la conclusión a la que arribe la comisión ad-hoc integrada para tal efecto; sin duda se trata de un delicado asunto a nivel diplomático.
Se trata de un asunto que exhibe al mismo tiempo la importancia que para todo país entrañan los monumentos que se erigen en el Distrito Federal y la necesidad de establecer en nuestro marco normativo a nivel federal disposiciones legales que impidan que esto vuelva a ocurrir.
En definitiva la erección de estatuas y monumentos de dignatarios, líderes y personajes extranjeros, así como tentativamente otros que evocan sucesos, grupos humanos o instituciones a la historia y actualidad internacional compromete, en alguna medida, a la nación en su conjunto y por tanto es un ámbito de acción cuya competencia debiera recaer en la federación y no como hasta ahora en la jurisdicción local, especialmente como en este caso que se esté basando solamente en un acuerdo interinstitucional que al día de hoy no acota ni temas ni compromisos nacionales.
La presente iniciativa propone que, para esos acuerdos interinstitucionales o iniciativas nacionales estatales o municipales que supongan la construcción o establecimiento de un monumento cultural con la finalidad de honrar personajes, instituciones, grupos humanos, sucesos o emblemas extranjeros de toda índole, el procedimiento debiera ser distinto en función de sus contenidos simbólicos relevantes para la nación en su conjunto, así como por su incorporación al patrimonio cultural de nuestra nación.
Repasando algunas iniciativas de otras naciones al respecto, particularmente en las sudamericanas, hemos visto que la mejor forma es adicionar a esta Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas un capítulo que esté dedicado a los monumentos culturales derivados de las relaciones internacionales, mismos cuya construcción o establecimiento en territorio nacional dependerá en lo sucesivo de un dictamen de un consejo técnico que emitirá en cada caso un reporte que revise sobre todo la historia, el personaje, los antecedentes y pueda emitir una opinión.
Una sugerencia que hemos venido realizando es que esté conformada por académicos conocedores de la historia, conocedores de la diplomacia, pero también de derechos humanos y que quienes lo integren, lo hagan de manera honorífica para que esto no represente un costo mayor al erario de la nación.
Sigamos el ejemplo de Canadá, en donde con dignidad decidieron retirar una estatua similar a la que hoy existe en nuestra gran, bien bonita y linda avenida Reforma.
Busquemos que nuestros valores los representen también los monumentos que decidamos tener en territorio nacional.
Muchas gracias por su tolerancia, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues gracias a usted.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Zuleyma, ¿con qué objeto?
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Gracias, presidente. Para que le consulte usted a la diputada si puedo suscribir también esta iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Doña Adriana González Carrillo, acepta usted a la diputada Zuleyma Huidobro?
La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que sí.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Verónica Juárez, ¿con qué objeto? Si quiere hábleme a señas.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias presidente. Una pregunta a la proponente, ¿a qué monumento o estatua se está refiriendo, es a la Estela de Luz?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese que no procede. Primero ya se bajó la proponente, y en el capítulo de iniciativas no proceden las preguntas, pero la intención de la suya ya quedó de manifiesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia de mis compañeros legisladores, legisladoras.
Comentarles que esta iniciativa de reforma a la Ley Agraria y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se basa principalmente en lo siguiente:
Hay que recordar que casi el 80 por ciento del territorio nacional corresponde a ejidos, a bienes comunales, a comunidades agrícolas. De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución General de la República, a lo que establece la Ley Agraria, el ejido tiene personalidad jurídica, se le reconoce su patrimonio propio, su capacidad de organización, que igual se reconoce en su reglamento interno.
La máxima autoridad en el ejido es la asamblea, quien ejecuta las decisiones de la asamblea son precisamente el comisariado ejidal, representado por su presidente, su secretario y su tesorero.
Ahora bien, en la vía de los hechos dese mi punto de vista el ejido no es tomado en cuenta al momento de elaborar el programa o el proyecto de desarrollo municipal, estatal y federal. Por eso insisto, proponemos que se modifique, que se reformen los artículos 4º, párrafo primero; segundo, y 23, y se adicione la fracción I Bis al artículo 23 de la Ley Agraria. Además, se reformen los artículos 1º, 3º, párrafo cuarto; 5º, fracción I; 6, segundo párrafo; 29, primero, segundo y tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Qué se busca con esta reforma. Que en la vía de los hechos se consulte a los ejidos, se les pregunte cuál es su problemática, cómo consideran ellos que se puede resolver, pero además deben poner a consideración del gobierno en qué realmente producen, en qué son competitivos y que a través de la política federal pública, a través del estado, de los municipios puedan ser considerados y se les pueda ayudar, para que los ejidos sean productivos, trabajen.
Por ello, amigos, amigas legisladoras, legisladores, yo espero que al momento de que se analice esta iniciativa por parte de la Comisión pertinente, competitiva, valore esta decisión.
Decirles que se establece también la facultad de que los diputados federales de este país puedan emitir su opinión, y en su defecto se puedan asignar recursos para proyectos determinados en los ejidos de este país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que ha llegado hasta esta Mesa Directiva.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el que la Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo norteamericano afectado por el huracán Sandy; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la embajada y consulados mexicanos establecidos en las zonas afectadas, redoblen las acciones de apoyo a la comunidad de mexicanos que radican en la zona afectada.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno lo siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo norteamericano afectado por el huracán Sandy en la costa este de los Estados Unidos y Canadá, y exhorta al Ejecutivo federal a ofrecer a nuestros amigos de América del Norte toda la cooperación posible en ayuda humanitaria internacional de la que se disponga.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la embajada y consulados mexicanos establecidos en la zona afectada por el huracán Sandy en los Estados Unidos de América y Canadá, redoblen las acciones de apoyo en la comunidad de mexicanos que radican en la zona afectada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y de todos los coordinadores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Los grupos parlamentarios han expresado su deseo de perorar respecto a este agradable rosario de solidaridades.
Luego entonces, tiene el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, el uso de la voz hasta por tres minutos.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Imposible es no subir a esta tribuna, no acudir en este momento a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde todo el apoyo, establezca todos los canales y vías de comunicación con todos aquellos compatriotas nuestros que se encuentran en estos momentos lastimados por un fenómeno de la naturaleza. Nuestra solidaridad como Grupo Parlamentario Nueva Alianza a todos nuestros compatriotas.
La furia de la naturaleza ha golpeado a nuestro vecino del norte. En México, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento humano. Más allá de que las víctimas viven en un país desarrollado y con recursos, es un imperativo moral solidarizarse con ellos y con su gobierno.
Debemos reconocer que en el año de 1985, cuando una tragedia, un fenómeno natural laceró la entraña de esta ciudad capital, tuvimos la solidaridad de diversas naciones y los estadounidenses estuvieron presentes en coadyuvancia ante el gravísimo sufrimiento que los mexicanos teníamos en ese momento.
El alcalde de Nueva York expresó una sencilla frase que resume estas circunstancias: “la naturaleza es mucho más poderosa que nosotros”. Es cierto, los desastres naturales no hacen excepciones.
El pasado lunes por la noche, en los Estados Unidos de América entró el huracán Sandy, llevándose consigo 50 vidas e innumerables pérdidas materiales. Vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con lluvia constante, hicieron que se cortara el suministro de electricidad de más de 8.2 millones de personas en 17 estados, desde las Carolinas hasta Ohio.
En la ciudad de Nueva York se desplazaron 375 mil personas y se suspendió el transporte público. Se cerró Wall Street y la mitad de la ciudad se quedó sin energía eléctrica.
Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza expresa su más sentido pésame a las familias afectadas. Reiteramos nuestra vocación de solidaridad profunda a una nación que alberga ciudadanos de todo el orbe.
Así como la naturaleza no hace excepciones, los mexicanos no debemos escatimar en nuestros parabienes hacia las naciones afectadas por ella. Así, el demostrar la vocación humanitaria del Estado mexicano abonaremos asertivamente a la creación de un orden mundial mucho más justo.
Aprovecharía y concluyo, señor presidente, estos momentos, para solidarizarnos con aquellas regiones del Caribe que están sufriendo y sufrieron este fenómeno meteorológico. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, solicitamos al promovente que se incluya, además de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá, que se le otorgue la ayuda humanitaria que se está solicitando también y la protección de los consulados mexicanos, a los mexicanos que se encuentran en estos países. Además, a los países de Centroamérica o del Caribe y en especial a Cuba.
La República y el pueblo mexicano se han caracterizado por ser profundamente solidarios con países hermanos de cualquier parte del mundo. A los que la naturaleza les afecta por algún fenómeno como el reciente huracán Sandy. Tal es el caso de los países que ahora tuvieron que afrontar este hecho de la naturaleza.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos seguros que el gobierno y el pueblo de México sabrán ser solidarios, por ello solicitamos que el gobierno pueda dar toda la ayuda material que éste pueda brindar para paliar en lo posible las grandes necesidades.
En relación a los consulados que México tiene en Estados Unidos –que son aproximadamente han de ser ahorita unos 33, 36– y en Canadá, y al igual que en los países del Caribe y en Cuba, se les pueda dar las instrucciones a los cónsules de que brinden toda la ayuda necesaria –no solamente económica, sino humanitaria– y, en caso de ser necesario, que se les facilite si es oportuno su ingreso a territorio nacional, facilitando también la ayuda económica que requieran, mientras se reinstala la normalidad en los países en donde estén ubicados.
Por las razones expuestas nos sumamos al punto de proposición de urgente y obvia resolución. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Continuamos con el siguiente orador, el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Y para aclarar que las adiciones o modificaciones tienen que pasar por acuerdo de la Junta, ya que éste es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y el trámite tiene que ser ése.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Distinguidísima presidenta, es un honor tenerla en la conducción de esta sesión de la Cámara. Compañeras diputadas y compañeros diputados, deseo expresar en primer lugar el agradecimiento de los integrantes de la Comisión de Protección Civil por la flexibilidad que han mostrado no sólo para recoger nuestra propuesta e incluirla en la agenda de la sesión del día, sino para hacerla suya y ampliar la solidaridad con otros pueblos hermanos que han sufrido también las consecuencias del huracán Sandy.
Destaco particularmente el apoyo de la Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil, integrada por el diputado Cuauhtémoc Galindo y Raudel López, del PAN, por el diputado Reinaldo Navarro y la diputada Angélica Martínez, del PRI, y la diputada Lorena Méndez y el diputado Arturo Cruz, del PRD, por su apoyo para impulsar esta iniciativa.
Se estima que el paso del huracán Sandy por la costa este de Estados Unidos afectó a 60 millones de personas que radican en la zona. Se informa que ha cobrado vidas y daños por miles de millones de dólares a pesar de las medidas de prevención y protección civil implementadas por los gobiernos de los estados afectados.
Los primeros reportes señalan que ya hay al menos 2 millones de personas damnificadas que han perdido la totalidad de sus bienes, así como otros considerables daños a comercios e infraestructuras.
A pesar de que las medidas de protección civil son de carácter general dirigidas a toda la población, poco se sabe de las condiciones en las que se encuentran los migrantes mexicanos que radican en esos lugares de manera irregular y que no cuentan con seguridad y que seguramente están en riesgo sin considerar las repercusiones inmediatas como es la pérdida de trabajo, ingresos y vivienda.
Se sabe que esa zona de Estados Unidos es receptora de migrantes latinos para las fuentes de empleo que representa y que especialmente en Nueva York hay una importante comunidad de mexicanos provenientes de diferentes estados de nuestro país, quienes han ido en busca de ingresos para sus familias.
Por ello pareció obligado a la Comisión de Protección Civil, solidarizarnos con los compatriotas que se encuentran en la zona de afectación del huracán Sandy, tanto en Estados Unidos como en Canadá y otros países que han sido afectados por este huracán.
Por eso también hacemos un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, particularmente las radicadas en las zonas afectadas, puedan redoblar sus esfuerzos para la atención de los connacionales afectados por este desastre natural.
Convocamos, obviamente a todas las fuerzas políticas, a expresar su apoyo a esta iniciativa, y muchas gracias por su atención y particularmente a la presidenta de esta sesión. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene el uso de la palabra, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Con su venia, señora presidenta; compañeros diputados y compañeras diputadas. Sí, el huracán Sandy es el decimoctavo ciclón tropical de la temporada de huracanes 2012 y este fenómeno ha afectado a muchos países de El Caribe, pero principalmente a Estados Unidos; sobre esto es sobre lo que quiero hacer una propuesta y escuchen, por favor
Entre el pasado lunes y martes, Sandy golpeó la costa este de Estados Unidos de América, dejando a más de 3 millones de personas sin electricidad en 11 estados y daños incalculables, pero con pérdidas diarias de al menos 10 mil millones de dólares para la economía.
Les pido que tomemos seriamente el impacto a mediano y corto plazo que va a representar esto para México. Buena parte de ciudades y pueblos costeros sufrieron inundaciones al igual que carreteras y vías de ferrocarril. En Nueva York se informó de automóviles sumergidos y se reportaban olas de más de 4 metros de altura dentro de la ciudad. Como lo vieron en televisión, túneles y subterráneos del metro de esa ciudad están inundados.
Muchas de las fuentes de trabajo para nuestros connacionales en Estados Unidos de América que suelen ser informales y que tienen que ver con la limpieza de todas estas ciudades nos impactan de una manera que es grande.
La tormenta provocó el cierre de aeropuertos, escuelas, oficinas de empresas privadas y de gobierno, así como la suspensión de servicios de transporte urbano e interurbano; la cancelación de 13 mil vuelos domésticos. De hecho estoy segura que muchos de nosotros en este pleno, aquí en el Congreso, se vieron afectados de una u otra manera con visitantes o de las mismas visitas que teníamos que hacer allá.
Los mercados de valores de New York cerraron por primera vez desde los atentados de 2001; de hecho nunca habían suspendido actividades dos días seguidos desde 1888. Las pérdidas se calculan en miles de millones de dólares y por el impacto financiero –insisto– en el resto del mundo.
Invito nuevamente –de verdad- a tomar en serio el cálculo del impacto a corto y mediano plazo que representa para nosotros la interrupción de las actividades en esta parte del territorio americano.
Las tiendas de autoservicio estuvieron cerca del agotamiento de productos alimenticios obviamente derivado del temor de que las tiendas estuvieran cerradas.
Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esta tormenta es histórica por la combinación de vientos intensos, lluvia torrencial, fuertes marejadas e incluso caída de nieve.
Aquí quiero hacer un pequeño comentario sobre –y para– la Comisión de Cambio Climático. Quien no lo haya tomado en serio, ya fuera en la opinión pública o algunos de los presentes, el cambio climático es un hecho y es dinero.
Quisiéramos expresar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, condolencias y solidaridad para con los países que están pasando severos daños, que están atravesando severos daños con la tormenta, el huracán Sandy.
Nuestro país sabe y ha vivido tragedias naturales y como el compañero que estuvo aquí ante lo mencionó, el temblor de 1985 fue un ejemplo de la actividad y actividades de solidaridad.
Pero a diferencia del resto de mis compañeros, señor presidente, ya acabamos, a diferencia del resto de mis compañeros quiero también sumar a una invitación a que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe cuando lo juzgue conveniente a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, sobre las acciones que llevó a cabo para apoyar a nuestros paisanos, especialmente, como sabemos, a aquellos que trabajan sin documentos.
Creo que es el momento que la Comisión de Relaciones Exteriores pida cuentas claras, con números claros, acciones concretas que realizan en Estados Unidos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, presidenta, compañera. El grupo parlamentario del PRD se pronuncia a favor de este punto de acuerdo.
Planteamos, como lo han venido manifestando los compañeros diputados y diputadas que me antecedieron, la importancia que la relación bilateral entre México y Estados Unidos en todos los ámbitos refleja.
Derivado de ello subrayamos la parte que tiene que ver con el punto de acuerdo de conminar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la embajada y los consulados redoblen las acciones en apoyo a la comunidad mexicana en esta zona.
Si tomamos en cuenta que más de medio millón de mexicanos viven solamente en la ciudad de Nueva York y su área metropolitana, es de suma importancia que nuestra chancillería tome las medidas necesarias para garantizar el bienestar de nuestros connacionales más allá de la frontera.
Y solidarizarnos también con el pueblo norteamericano, ya se ha dicho aquí, se ha manifestado, queremos reiterarlo, cuando al pueblo de México, cuando a nuestra nación se han presentado este tipo de desastres naturales, normalmente el pueblo norteamericano ha sido solidario con nuestro pueblo.
Por lo tanto reiteramos la solidaridad que se ha venido aquí manifestando, reiteramos el llamado a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que se esté muy pendiente de nuestros connacionales más allá de la frontera y reiterar el llamado que se ha venido haciendo. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Pelayo Covarrubias: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas, los recientes fenómenos climatológicos ocurridos en el norte de los Estados Unidos y parte de Canadá al paso del huracán Sandy han cobrado vidas y daños por miles de dólares, a pesar de las medidas de previsión y contingencia implementadas por el gobierno de Estados Unidos, al cual le expresamos nuestra solidaridad y preocupación por las pérdidas humanas y cuantiosas pérdidas millonarias por los daños materiales.
Los perjuicios al patrimonio de las familias estadounidense y a nuestros connacionales que tan solo en la ciudad de Nueva York suman más de medio millón de mexicanos hermanos en desgracia, en la ciudad de Filadelfia, de Washington, D. C., Boston han ocasionado restricciones al movimiento de personas y la suspensión del servicio de transporte público y suministro eléctrico de la zonas, lo cual ha impedido la comunicación en aquellas zonas, por lo que es necesario que de manera urgente se tomen medidas de asistencia y protección consular para los mexicanos que se encuentren en esas zonas afectadas.
El pueblo estadounidense vive hoy una situación de emergencia a la cual esta soberanía no puede estar ajena, ya que México no puede dar la espalda a quien ha sufrido las inclemencias de la naturaleza.
Por ello, solicitamos de manera respetuosa al Ejecutivo federal envíe la ayuda humanitaria internacional disponible. Sabemos y reconocemos el trabajo de los cuerpos del ejército mexicano y la fuerza aérea, de lo cual estamos por cierto muy orgullosos. Reconocemos su labor y valentía en los casos donde la población necesita de este auxilio, por lo que pedimos se active el Plan DN-III-E a fin de que se implementen las medidas protocolarias de auxilio y se envíe una brigada encargada de salvaguardar y proteger a la población civil de los Estados Unidos y por supuesto a la de nuestros hermanos y hermanas mexicanos en desgracia.
Los mexicanos somos un pueblo solidario, seguro de que su gobierno pone en alto precisamente este valor, extendiendo su mano amiga a cualquier pueblo o nación que se encuentre en desgracia y que así lo requiera. Por ello formulamos aquí en la Cámara de Diputados un respetable exhorto al gobierno mexicano a no olvidar su naturaleza solidaria y a brindar cuanto antes el apoyo que esté en sus manos para que nuestro vecino país y nuestros hermanos mexicanos cuenten con apoyo y con todo el respaldo de nuestro país y pronto así se recuperen de tan destructivos eventos.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su firme apoyo y solidaridad con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y manifiesta su alta preocupación tanto por las víctimas como por los daños materiales que este fenómeno natural ha llevado a esos países y hacemos votos para que esta situación sea superada lo más pronto posible. Es cuanto, diputada presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación y por último tiene la palabra el diputado Javier Treviño Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y quiero dar un saludo a los universitarios que hoy nos visitan, de la Universidad del Valle de Cuernavaca, y a los invitados especiales de San Luis Potosí, del diputado Xavier Azuara Zúñiga. Bienvenidos.
El diputado Javier Treviño Cantú: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Las imágenes de la tragedia son conmovedoras, pero todavía no podemos apreciar la verdadera magnitud del daño causado por la tormenta Sandy en los Estados Unidos.
Toda una potente región de ése país se encuentra afectada severamente, paralizada económicamente ante los estragos de la tormenta.
El Grupo Parlamentario del PRI expresó desde ayer, ante los medios de comunicación, clara y contundentemente nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos ante la tragedia ocasionada por la tormenta Sandy en esa región noreste de los Estados Unidos.
Más que vecinos, somos amigos, socios y aliados y es el momento de reforzar nuestra corresponsabilidad. El grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este punto de acuerdo.
En segundo lugar, y más allá de los discursos, debemos ponernos en acción. Sin duda los mexicanos siempre acudimos al llamado de quienes sufren una tragedia en cualquier parte del mundo. Debemos estar preparados para enviar ayuda y expertos, según lo soliciten las autoridades estadounidenses.
En tercer lugar, y más importante aún en esta tragedia, son cientos de miles de mexicanos y ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que viven en la región noreste de los Estados Unidos los que han sido afectados por el impacto devastador de la megatormenta Sandy.
Ante esto hacemos un llamado y un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de inmediato ponga en acción a la embajada de México en Washington y a los consulados en la región noreste de los Estados Unidos en Raleigh, Filadelfia, Nueva York y Boston, para atender a nuestros paisanos que están sufriendo por la tragedia en este momento, y que sufrirán aún más durante la recuperación en los días posteriores.
La reconstrucción y la reactivación de los servicios y de las actividades económicas tomarán muchos días, sino es que semanas y pondrán a miles de compatriotas en una situación delicada.
En el momento de las tragedias causadas por fenómenos naturales es cuando se debe mostrar toda la fuerza del estado, y la nación mexicana se extiende más allá de nuestras fronteras.
La comunidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos merecen y exigen la atención inmediata de las autoridades mexicanas. A pesar de todas las medidas de precaución que tomaron los Estados Unidos antes de la tragedia y a pesar de las evacuaciones masivas, hay reportes de severos daños, hay reportes de daños económicos, reportes de daños a las vías de comunicación, pero sobre todo, reporte de daños a la economía de los Estados Unidos.
El Grupo Legislativo del PRI reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno estadounidense y hace un urgente llamado. Nuestros compatriotas que viven en esos estados requieren la atención inmediata del gobierno mexicano. La embajada de México en Washington y los consulados mexicanos en el noreste de Estados Unidos tienen una gran responsabilidad hoy ante los estragos que causó la tormenta Sandy. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Abraham Montes Alvarado, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que otorgue facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas subterráneas que realicen actividades de carácter agropecuario, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Abraham Montes Alvarado: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, en las últimas sesiones he visto la muy justificada preocupación de todos nosotros, por el robo de hidrocarburos mediante la ordeña de los ductos de Pemex. Permítanme comentarles sobre otra ordeña también de un bien propiedad de la nación, y me refiero al agua, la que se utiliza en todo el país mediante concesiones otorgadas por el gobierno federal, concretamente a través de la Comisión Nacional del Agua.
En México hay 653 acuíferos, 120 mil millones de metros cúbicos es el volumen de agua concesionada y de éstas, el 30 por ciento de las concesiones están vencidas.
Yo vengo del estado de Chihuahua, que se caracteriza por ser un desierto exportador de agua. Les comento que exportamos el 63.3 por ciento de todos los escurrimientos que caen en el estado, recibimos a cambio solamente el 2.3 por ciento, esto nos genera una gran dependencia de las aguas subterráneas. Dependemos en más del 62 por ciento para poder cultivar 350 mil hectáreas de riego por bombeo.
Para la extracción de agua a través de bombeo en pozos profundos necesariamente se requiere una concesión, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Aguas Nacionales. En Chihuahua se han emitido 12 mil 400 títulos de concesión, 18 por ciento están vencidos, otros vigentes, pero los beneficiarios no han renovado o tramitado la renovación oportunamente conforme lo establece el artículo 24 de la Ley Nacional de Agua, que señala que las concesiones serán objeto de prórroga, siempre y cuando el beneficiario lo solicite dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. También observa la ley que quien no lo solicitare dentro de los plazos mencionados, se considera como renuncia al derecho de la prorroga.
En el 2002, el Ejecutivo federal expidió un decreto para otorgar facilidades para regularizar las concesiones. No logró resolverse el problema. Actualmente hay escasez de agua, dependencia del agua subterránea, pérdida de agua por contaminación, falta de agua por sequía, existen concesiones apócrifas, pozos clandestinos, solicitudes de regularización sin respuesta de parte de la Conagua, extracción de agua sin orden y sin medición que han llevado a los productores a escenarios de enfrentamiento sin que las autoridades responsables hagan lo necesario por resolver el problema.
Ante la lamentable actuación de la Conagua en el país y particularmente en el estado de Chihuahua, tenemos que plantear la urgencia de que la administración del agua se realice con la óptica de manejar el insumo más importante para la vida y para la producción agropecuaria.
La administración del agua debe dejar de ser un espacio de corrupción que nos perjudica a todos. La Conagua debe dejar de repartir culpas, debe de empezar a asumir su responsabilidad en el otorgamiento de las concesiones.
Hay que iniciar el proceso de identificar y de informar a la sociedad sobre concesiones vigentes, vencidas, apócrifas y sobre las sí legales, así como sobre todo a aquellos pozos que hoy operan de manera clandestina.
Por eso, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución.
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en términos similares al decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2002, se otorguen las mismas facilidades a los productores agropecuarios que tienen sus concesiones vencidas y las que se encuentran dentro del límite de seis meses o menos, antes de su fecha de caducidad.
Segundo. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que la prórroga que se refiere al primer punto de esta proposición tenga un plazo de 180 días naturales, para que dicho beneficio administrativo sea atendido por parte de las autoridades del agua y los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que de manera inmediata atienda y resuelva, en el marco de la legalidad, las demandas de los ciudadanos productores agropecuarios y ejidatarios del estado de Chihuahua.
Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, si no queremos que se reproduzca la violencia, la guerra que vemos en otras partes del mundo por el petróleo, que no se reproduzca por el agua, entonces es hora de que asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo que nos corresponde y hacer lo necesario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. En términos del 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Francisco González Vargas (desde la curul): Quiero suscribir el punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues mire, si lo vota a favor lo está usted suscribiendo, pero, bueno, si no tiene inconveniente el proponente, que anda acá. ¿No tiene inconveniente en que se sume el diputado?
El diputado Abraham Montes Alvarado (desde la curul): Ninguno.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que ningún inconveniente. A ver, pregunte la Secretaría a la asamblea.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que esta Presidencia no tiene registrados oradores... Sí tiene registrados oradores. Tiene el uso de la voz don Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor de apoyar a los productores agropecuarios, debido a que es importante que las actividades productivas del campo sirvan como palanca del desarrollo nacional.
En 1992 el gobierno mexicano tomó la decisión de cambiar la política agropecuaria. Con dicha medida, el Estado poco a poco se retiró de las actividades de apoyo y fomento al desarrollo humano, modificando el marco legal y creando nuevos esquemas de asociación y de apertura de espacios al capital privado.
De ese modo, los productores agropecuarios no han podido incorporarse del todo al desarrollo nacional ante la falta de proyectos rentables.
En ese orden de ideas notamos que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece dentro de la misión de la administración pública federal se considere el desarrollo humano como eje rector de su acción.
En teoría el marco jurídico cambió para mejorar la regulación del uso, explotación y aprovechamiento de las aguas, que bajo criterios de interés social permitiera su distribución, control y la preservación de su cantidad y calidad, a fin de logar el desarrollo integral y sustentable del recurso hidráulico.
Pero diversas situaciones, muchas de ellas omisiones de parte del Ejecutivo federal, tienen al estado de Chihuahua en una grave crisis.
En días recientes el estado de Chihuahua ha sufrido protestas recurrentes porque los productores manifiestan se incumplió un acuerdo firmado apenas el pasado mes de septiembre por el secretario de Gobernación, Alejandro Poire, quien supuestamente se comprometió a enviar personal, recursos y vehículos para clausurar los pozos y aprovechamiento de agua, explotados ilegalmente por agricultores menonitas en la cuenca del río del Carmen y el acuífero de Santa Clara, lo que afecta a siete municipios de la región.
En Nueva Alianza tenemos presente al desarrollo sustentable como herramienta que coadyuva al pleno desarrollo de México. Es por ello que entendemos las necesidades de los productores chihuahuenses, quienes piden facilidades administrativas para renovar sus concesiones vencidas o que encuentran en el límite su fecha de caducidad y, más que nada, exigen justicia.
Con el eventual otorgamiento de las facilidades administrativas por parte del Ejecutivo los productores se podrán acoger a los beneficios que otorgue el decreto respectivo. En otras palabras, las personas físicas o morales que no cuentan con título de concesión, expedido por el gobierno federal, y que han venido explotando, usando o aprovechando en fechas recientes aguas nacionales para actividades agrícolas en las diversas zonas del estado, se verán enormemente beneficiadas al contar con certeza y seguridad jurídica en su regularización.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el agua es un recurso que a pesar de ser vital es escaso, por lo que debe ser administrada con eficiencia y sobre la base de un conocimiento real de los volúmenes de disponibilidad de aquellos que se encuentran en explotación.
No esperemos a que llegue una nueva sequía y ponga en peligro –concluyo, presidente– la seguridad alimentaria del estado de Chihuahua. Debemos solidarizarnos con los productores, quienes llevan varios años pidiendo facilidades administrativas y el gobierno federal no ha atendido sus demandas.
Por lo anterior, nuestro voto es a favor del presente punto de acuerdo en los términos del proponente. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT, tiene el uso de la voz.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Como llamada telefónica, señor presidente. Con la venia del pleno. Como todos ustedes saben, la agricultura en el estado de Chihuahua posee la mayor participación económica a nivel nacional.
La generación del cultivo de productos como la cebolla, el maíz, la manzana, el algodón, la papa, el alfalfa y la nuez, entre otros, son algunos de los principales productos que ofrece el estado al mercado nacional e internacional, y que representa una de las actividades económicas principales de los ciudadanos chihuahuenses y, como consecuencia, el sostenimiento de miles de familias de este estado.
Para la producción de estos productos, y como parte de la cadena de la ganadería, se debe hacer más eficiente y sustentable la explotación de mantos acuíferos subterráneos. Esto también es menester para garantizar el consumo de los habitantes de esta entidad, así como de otras de la República Mexicana, y su abasto depende en gran parte de la extracción del agua de estos pozos.
Es necesario decir que para la producción agrícola Chihuahua ya está en condiciones de déficit de abasto, de los 61 mantos acuíferos del estado, 20 de ellos ya se encuentran sobreexplotados y se calcula que dicho déficit de agua, proveniente del subsuelo, asciende a los 900 millones de metros cúbicos cada año.
Existe una necesidad de generar condiciones técnicas óptimas, que garanticen la obtención sustentable del agua, como ya lo mencioné anteriormente, para el consumo humano y para el uso agropecuario. Pero las normas legales muchas veces imposibilitan su explotación por el desconocimiento que tiene de éstas la mayoría de la población.
No saben que el gobierno federal tiene la obligación de dar la orientación y regularizar las concesiones para la explotación de pozos y sistemas de riego alimentados con esta agua.
Compañeros y compañeras diputadas, en este sentido debemos de hacer énfasis, de que la demanda de los dueños de las concesiones exige el apoyo y orientación por parte del gobierno y de las autoridades administrativas del estado para regularizar las concesiones del líquido vital.
Lo anterior serviría para lograr dar un patrón confiable y evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos que inclusive –como veremos más adelante– ha cobrado vidas humanas; garantizando el abasto del agua y la sustentabilidad del ecosistema, y para nosotros de nuestra comunidad.
Aunado a lo anterior es necesario que las autoridades implementen una estrategia mediática para informar a los programas de actualización y regularización de concesiones, para productores agropecuarios y consumidores comunes. Con ello la población usuaria puede obtener un nuevo término para el aprovechamiento mismo que hasta la fecha se otorga por un periodo no menor de 5 años, ni mayor a los 50, bajo el nuevo esquema de regularización.
Es por esto que para los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PT, es de suma importancia que el gobierno del estado de Chihuahua y Conagua resuelvan los problemas administrativos e inicien la regularización de las concesiones de pozos de agua; lo anterior daría solución a la demanda de miles de personas quienes dependen de tan importante fuente de abastecimiento para seguir con sus actividades asociadas al campo y la ganadería.
Por las razones antes expuestas votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados, el posicionamiento de Movimiento Ciudadano es a favor de esta propuesta.
Cabe resaltar que la problemática que se presenta en Chihuahua tiene gran responsabilidad Conagua debido a que su capacidad administrativa para atender la problemática no fue suficiente, por lo que ahora no se puede decir que Conagua se lava las manos ante el conflicto que se está presentando; es responsable de lo que ocurre en Chihuahua y de lo que pueda seguir ocurriendo.
Por lo tanto, Movimiento Ciudadano se une a este punto de acuerdo y tomar con mucha seriedad la propuesta que hace el compañero diputado Montes Alvarado.
De acuerdo con el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de no cambiarse las políticas de manejo y cobro del agua, México va a enfrentar niveles de escasez de medios a severos en las próximas cuatro décadas.
En la parte norte del país en la actualidad la falta de lluvias han afectado a mil 200 municipios en los estados como Jalisco, Michoacán, Coahuila y Chihuahua, donde los pequeños ejidatarios, quienes dependen de la siembra de temporal, se han visto afectados por el estiaje que ha sido catalogado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el más seco en 71 años.
Según datos de la FAO, esta actividad utiliza hoy el 70 por ciento del agua –la actividad agropecuaria- que se extrae, comparado con el 20 por ciento de la industria y 10 por ciento que es utilizado para usos domésticos.
Por ello, y debido a la utilización fundamental de este recurso, los productores agrícolas de todo el país se ven afectados por una falta de comprensión de los distintos trámites administrativos que proporciona la Comisión del Agua en cuestión de títulos de concesión, asignación, vencidos de los recursos hidráulicos.
Cabe señalar que el presidente de la República firmó el decreto de prórroga publicado el 27 de febrero de 2008 que otorga facilidades administrativas para que los beneficiarios de los 41 mil 814 títulos vencidos en el periodo 2004-2007y los 51 mil 265 adicionales cuyo vencimiento se previó durante 2008, para que se llevara su actualización respectiva.
Estos rezagos demuestran la falta de capacidad de Conagua para llevar adecuadamente sus procedimientos de información, atención y promoción de regularización de los pozos de agua.
En Movimiento Ciudadano creemos que en realidad el problema va más allá del asunto entre particulares y la tramitología de la dependencia, pues implica el uso de un bien de indiscutible importancia social y fundamental para la sustentabilidad de la región y del país, por lo que se debe de implementar un programa emergente que coadyuve a solucionar la problemática que enfrentan los titulares de las concesiones de pozos de uso agrícola en Chihuahua y en todo el país, de pozos de uso agrícola y para el consumo humano, pero cuidando siempre la atención a la problemática de escasez del agua para que se utilice con responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto nuestro grupo parlamentario vota a favor del punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo, tiene el uso de la palabra.
El diputado Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Si bien el agua representa un factor fundamental para las actividades agropecuarias, ésta debe de ser tratada de manera eficiente, permitiendo su distribución, control y preservación de su cantidad y calidad para seguir aportando productividad al sector primario.
Es por eso que en 1995 se emitió un decreto mediante el cual se determinó que “la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, únicamente podría realizarse mediante el otorgamiento de concesiones o asignaciones por parte del Ejecutivo federal”.
Se dieron facilidades para quienes hicieran uso del recurso, obtuvieran su título de concesión respectivo regularizándose asimismo el número de usuarios.
Sin embargo no todos los que hicieron uso del recurso obtuvieron dicho título, por lo que en febrero del 2002 mediante decreto se otorgaron facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realizaran actividades de carácter agrícola.
Es por ello y aunado a una necesidad constante de los productores agropecuarios de este vital líquido para llevar a cabo sus actividades, ya que este hecho representa un desafío para el sector.
Nos sumamos al exhorto al Poder Ejecutivo para que en términos similares al decreto del 4 de febrero de 2002, se otorguen facilidades a los productores agropecuarios que tienen concesiones vencidas y los que se encuentran dentro del límite de seis meses o menos antes de su fecha de vigencia.
Asimismo se solicita al Ejecutivo federal para que la prórroga a la que hace referencia el anterior punto tenga un plazo de 180 días naturales para que el beneficio sea atendido por las autoridades del agua y los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios.
Por último, nos sumamos al exhorto a la Comisión Nacional del Agua a efecto de que de manera inmediata atienda y resuelva, en el marco de la legalidad, las demandas de los ciudadanos productores agropecuarios ejidatarios, no sólo del estado de Chiapas, sino de todas nuestras entidades federativas que aportan de manera significativa producción de cultivos a todo el país, a pesar de tener dificultades para incentivar el sector. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Amilcar. Don Antonio García Conejo, del PRD, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Antonio García Conejo: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores: hablar del agua no es un tema sencillo. Estamos hablando de lo más elemental de la humanidad.
El acuerdo que se propone a esta asamblea puede repercutir en la disponibilidad futura del agua en una amplia región del país, lo que nos obliga a expresar una proposición razonada y además ofrecer una alternativa sensata a la problemática del agua en el estado de Chihuahua.
En primer lugar, debemos considerar que en el norte del país existe un sobre concesionamiento de los distintos usos del agua, lo que se ha convertido en un factor de sobre explotación de este vital recurso.
En segundo lugar no debemos olvidar que la Ley de Aguas Nacionales obliga al Ejecutivo federal a publicar estudios de disponibilidad de las aguas subterráneas acuífero por acuífero, región por región, al menos cada tres años, para poder ampliar, prorrogar o restringir el régimen de concesiones. Lamentablemente el Ejecutivo federal ha sido omiso en el cumplimiento de esta obligación, agravando los conflictos por el agua en nuestro país.
Lo anterior implica que sin estudios de disponibilidad estaríamos concesionando a ciegas un recurso que se presume escaso y ha generado problemas, agravando los conflictos violentos entre ejidatarios y usuarios de riego.
En tercer lugar debemos revisar el artículo 107 de la Ley Nacional de Aguas que regula la terminación de una concesión ya sea por vencimiento del plazo establecido o por resolución judicial, por revocación del incumplimiento en una serie de casos que prevé la ley. Dicho punto de acuerdo, en su petitorio primero, no especifica en qué caso concreto se otorgaría esa facilidad administrativa o flexibilidad en la ley.
No debemos disfrazar una buena causa y propiciar legalizar lo ilegal. Ante la falta de precisión jurídica podríamos cometer un error intentando beneficiar al sector agropecuario, pero ocasionando un serio problema de inequidad para el acceso a este vital recurso.
Un cuarto argumento, es que lo que se observa en algunas zonas del estado del Chihuahua, mismas que han permanecido de manera inexplicable como zonas de libre alumbramiento y esta falta de regulación ha generado mayores conflictos por el agua.
Consideramos necesario y urgente e inaplazable el que el Ejecutivo federal establezca zonas reglamentadas y zonas de veda como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Aguas Nacionales.
Los compañeros promoventes aluden al decreto de prórroga del 2002; sin embargo, no han mencionado que en el 2007 esta misma soberanía estableció un artículo transitorio para determinar una prórroga para regularizar título de concesión.
Compañeras, compañeros diputados, una proposición de nobleza incuestionable podría convertirse en un factor que multiplique los conflictos por el agua en el estado de Chihuahua.
De ningún modo nos oponemos en forma alguna a establecer medidas y políticas que beneficien a nuestros agricultores, pero de ningún modo podemos fomentar de manera irresponsable la sobreexplotación de este recurso.
Si los promoventes –termino, señor presidente– si los promoventes están de acuerdo, podríamos reformular el exhorto a la Comisión Nacional del Agua a efecto de que publique a la brevedad los estudios de disponibilidad del acuífero, las zonas de veda que ya están establecidas como zonas reglamentadas para el aprovechamiento y explotación de las aguas en el estado de Chihuahua.
De este modo y bajo esta propuesta estaremos propiciando, además, algo muy importante y que hace falta en Chihuahua y en todo el país, la equidad en el acceso a este vital líquido que es el agua.
Por su atención, muchísimas gracias, señor presidente. Y yo preguntaría, le rogaría que preguntara al promovente si está de acuerdo. Creo que sería algo muy importante.
La fracción de Partido de la Revolución Democrática estaría a favor siempre y cuando estableciera esta parte que nosotros estamos proponiendo. Muchas gracias, señor presidente, por su tolerancia.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Más bien le vamos a rogar, con toda atención y cortesía, nos haga favor usted de hacer el trámite con ellos, y me lo regresa firmado por el enlace del PRI, que es el partido promovente y con mucho gusto consultamos a la asamblea. Doña María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, del PAN, tiene el uso de la voz.
La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. La relevancia del recurso del hídrico nos conduce a la sociedad, a los sectores económicos y a los órdenes de gobierno a que seamos responsables en su protección y aprovechamiento sostenible. En el tema referente a la regularización y actualización de concesiones de aguas nacionales es fundamental tomar en cuenta lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, así como lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control se den en un marco de desarrollo integral sustentable.
A razón de lo anterior es que el Ejecutivo federal, por medio de la Comisión de Agua, otorga concesiones que tienen por objeto que el uso de las aguas nacionales, superficiales o de subsuelo, se realice de manera adecuada.
La Ley de Aguas Nacionales en su artículo 24 da lugar a que las concesiones o asignaciones sean objeto de prórrogas, y si bien durante el periodo enero-diciembre de 2011 este tipo de movimientos fue significativo, con un número de prórrogas reportadas como inscritas de 22 mil 440, ha sido motivo de dificultad estar al corriente en esta materia.
En este sentido, es fundamental fomentar en los usuarios la importancia de dar seguimiento a lo que mandata la ley en materia de títulos de concesión, asignación, permisos de aguas nacionales y prórrogas, lo anterior además representaría un beneficio para los productores, si tomamos en cuenta que la disposición de títulos vigentes les permite acceder a diversos apoyos gubernamentales a través del cumplimiento de requisitos de programas presupuestarios, tales como Procampo, tarifa eléctrica preferencial y otros.
Por lo antes expuesto, los diputados de Acción Nacional estamos a favor de que los usuarios de aguas nacionales de todo el país que realicen actividades de carácter agropecuario, regularicen y actualicen concesiones a fin de que obtengan de esta manera certeza jurídica en el derecho público, a usar y a explotar y aprovechar los recursos hídricos de la nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Concepción. Doña Rosalba de la Cruz Requena, del PRI, tiene el uso de la voz, y esta Presidencia le recuerda al diputado García Conejo que esperaremos la propuesta firmada por el enlace del PRI, de tal suerte que la haga propia, para estar en condiciones de preguntar a la asamblea.
La diputada Rosalba de la Cruz Requena: Con la anuencia del señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la proposición presentada por el diputado Abraham Montes Alvarado resulta en estos momentos de la mayor importancia, no sólo para el estado de Chihuahua, sino para las diferentes entidades federativas, entre ellas mi estado de Tamaulipas.
Los efectos devastadores de los fenómenos climatológicos, particularmente la sequía que enfrentamos por segundo año consecutivo, hace indispensable tomar una serie de medidas en apoyo a los productores del sector agropecuario, quienes requieren de la extracción de agua subterránea para atender la demanda total hídrica necesaria para el establecimiento y desarrollo de sus cultivos anuales.
Es preciso dejar en claro que las acciones que se realicen a favor del sector, impactan en las economías familiar, regional y nacional, de ahí la importancia del punto de acuerdo que hoy nos ocupa.
En razón de lo anterior, resulta oportuno que esta soberanía, desde el ámbito de su competencia, instrumente las gestiones necesarias, a efecto de que se otorgue una prórroga de 180 días naturales a los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios, cuyas concesiones estén vencidas o por vencer, a efecto de que se regularicen a la brevedad, sin que ello implique un perjuicio para sus actividades.
La posición favorable al punto de acuerdo a discusión contempla, no sólo la pertinencia de decretar la prórroga señalada, sino, desde luego, la necesidad de atender integralmente las demandas del sector y posibilitar que hagan efectivo sus derechos y cumplan con sus obligaciones en el marco de la legalidad y la transparencia.
El país, señoras y señores legisladores, presenta graves problemas, entre los que destaca la violencia en sus diferentes modalidades. Por ello, es menester que desde las instituciones del Estado se haga lo conducente, a efecto de atender las necesidades y legítimas demandas ciudadanas en el marco de la legalidad y la transparencia, a efecto de dotarlos de certeza jurídica, así como de seguridad para legitimar las acciones de las autoridades que abonen a la gobernabilidad democrática. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Rosalba.
Pregunte la Secretaría a la asamblea, en virtud de que no nos trajeron la comunicación, pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo, porque aquí andamos corriendo. El Reglamento es muy claro. Cuando hay una modificación a la proposición original, tiene que venir de parte del grupo parlamentario promovente y éste no viene, porque lo está presentando don Antonio García Conejo. Me lo tiene que presentar el PRI porque es el grupo parlamentario proponente. No es un capricho ni es una burocracia... A ver, don Abraham Montes, sonido.
El diputado Abraham Montes Alvarado (desde la curul): Presidente, en la propuesta que hizo el diputado, la comentamos, es en el mismo sentido, amplía la propuesta, la mejora y estamos totalmente de acuerdo, solo permítanos hacer la redacción correspondiente aquí en la fracción para poder entregarle el documento, pero está acordado que se acepta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues nada más que el tiempo corre, inexorablemente. A ver, denle lectura, por favor, al documento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Que la Comisión Nacional del Agua publique a la brevedad los estudios de disponibilidad de los acuíferos subterráneos.
Que el Ejecutivo federal, segundo. Que el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional establezca zonas reglamentadas y zonas de veda para el aprovechamiento y explotación de las aguas en el país, de conformidad a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Aguas Nacionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ustedes entenderán que no podemos continuar con el proceso parlamentario de esta naturaleza. Si el PRI hace propia esta propuesta la sometemos a la consideración de la asamblea, si no, permítanme... A ver, diputado, con qué objeto.
El diputado Abraham Montes Alvarado (desde la curul): Señor presidente, como una adición a la propuesta, sí. No que sustituya la propuesta que nosotros presentamos, solo como una adición.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, ustedes entenderán que estoy obligado a pedirle a la Secretaría que someta a la consideración del pleno la propuesta original del partido proponente.
Vamos a pasar a una siguiente proposición con punto de acuerdo e inmediatamente, cuando ustedes me avisen y tenga yo una propuesta firmada por el enlace acreditado del PRI, lo sometemos a la consideración.
Honorable asamblea, esta Presidencia informa a la asamblea que el día de hoy se vence el término para que los legisladores informemos a la autoridad competente de nuestra situación patrimonial. Esta Presidencia les recuerda, de tal suerte de no vernos expuestos a alguna infracción de carácter administrativo por omisión de cumplir con este importante compromiso de transparencia. De conformidad con los artículos reglamentarios correspondientes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se le concede el uso de la palabra a don David Pérez Tejada para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que constituya el Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General de Cambio Climático antes del 6 de diciembre.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, es de todos conocido que el cambio climático representa una de las amenazas más fuertes e intensas de la humanidad.
De acuerdo a información del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, celebrado en el 2001 por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, la temperatura media en la superficie de la tierra ha aumentado en 0.6 grados centígrados desde 1860, aspecto que puede ser 10 veces más rápido en este siglo.
Asimismo se postula que existe evidencia que identifica que el factor más importante en el incremento de la temperatura a nivel global en estos últimos 50 años es a consecuencia de la actividad humana.
Es por esto que, si no se revierte esta situación mediante la aplicación de mecanismos eficaces que garanticen una nueva concepción de desarrollo, el futuro que nos espera como humanidad será desastroso, toda vez que habrá modificaciones irreversibles dentro de los ecosistemas, extinguiendo especies endémicas y todo ser viviente que no sea capaz de afrontar los efectos negativos ocasionados por el desarrollo humano y económico indiscriminado.
Sin mencionar que la misma existencia del ser humano se verá amenazada toda vez que los ciclos hidrológicos serán modificados, poniendo en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, las cosechas y la producción de ganado y de bienes para la supervivencia del ser humano.
Los países frente al cambio climático deben modificar sus operaciones y estructuras económicas para desarrollarse en armonía con el medio ambiente. La implementación de mecanismos capaces de hacer frente al cambio son diversos y deben de ser en su carácter integrales, con el fin de establecer mecanismos de desarrollo alternos que incluyan aspectos de desarrollo económico, científico, educativo, así como estrategias que sean coordinadas y operadas con un carácter global e inclusivo y sustentable, al inmiscuir dentro del desarrollo de estas acciones a la sociedad el gobierno, empresas e instituciones científicas.
Para enfrentar los efectos del cambio climático existen hoy por hoy mecanismos como los Fondos para el Cambio Climático, que acumulan recursos provenientes de sectores tanto públicos como privado, que permiten su canalización en diversas acciones que incidan en la calidad de vida de nuestro país.
Acciones concretas, como el desarrollo de fondos que permitan la concentración y aplicación de recursos en diversas estrategias son una de las herramientas que se tienen para hacer frente a este problema. Por su tipología, los fondos para atender el cambio climático y sus efectos, se pueden clasificar en privados, públicos, nacionales y multinacionales.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cuenta con una guía de diseño y establecimiento de fondos nacionales para alcanzar los objetivos previstos. Se han establecido en esta materia para conocer la forma en que los fondos pueden incidir en contra del cambio climático, según lo establecido dentro de este programa, algunos ejemplos como: el Fondo Fiduciario de Indonesia para el Cambio Climático, el Fondo de Bangladesh para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, el Fondo de China, el Fondo Fiduciario de Ecuador, el Fondo Nacional de Cambio Climático, en Brasil.
Entre alguno de los objetivos que pudieran tener estos fondos, están el de la recaudación de recursos provenientes de diversas fuentes, tanto público, como privadas, su aplicación en tareas de diversa índole, mezclar las diversas fuentes de financiamiento existentes y coordinar actividades contra el cambio climático.
Es por ello que en razón de lo aquí expresado, en nombre de mi coordinador Arturo Escobar y Vega, y los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante esta Honorable Cámara de Diputados hacemos esta proposición de urgente u obvia resolución en la que exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que constituya el Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General de Cambio Climático antes de su fecha límite que es el próximo 6 de diciembre de 2012. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte en términos del 100, la Secretaría, si se considera de urgente u obvia resolución.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En ese caso, tiene el uso de la voz, don Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, para hablar sobre el tema.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la constitución del Fondo para el Cambio Climático, porque entendemos la importancia de atender de manera urgente y eficaz el problema del cambio climático en nuestro país.
Es innegable la necesidad de crear un fondo que responda a dicha problemática, puesto que con éste se podrán realizar diversas acciones de mitigación, combate al fenómeno del cambio climático.
Entre las acciones más importantes que atenderá el fideicomiso que invitamos a formalizar se encuentran los proyectos orientados a revertir la deforestación, a propiciar la recarga de los mantos acuíferos, a impulsar la eficiencia energética, así implementar programas de educación, sensibilización y concientización en materia de sustentabilidad.
Es necesario resaltar que ante los efectos climáticos y sus consecuencias, hoy más que nunca debemos asumir la responsabilidad de encontrar soluciones viables. Lo anterior, con el fin de reparar urgentemente los daños que se le han infringido al medio ambiente.
Conscientes de que la creación de esta ley no basta para contribuir a la solución del problema, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exhortamos a su implementación, en particular en este caso, observar prontamente a la constitución del fideicomiso previsto en la Ley General de Cambio Climático.
Cabe mencionar que los fondos de esta naturaleza se han creado a nivel mundial como parte de las acciones que están llevando a cabo los países en desarrollo, los cuales buscan cumplir con su obligación de reducir los daños climáticos derivado de las actividades diarias del ser humano.
Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza nuestro compromiso es con la sustentabilidad, por lo que trabajamos en beneficio del medio ambiente y buscamos acuerdos necesarios para mitigar los efectos del cambio climático. Prueba de ello es nuestra agenda legislativa que en materia de medio ambiente contempla diversas iniciativas en pro del desarrollo sustentable para México.
Finalmente, no olvidemos que somos un país privilegiado por una gran biodiversidad derivada de nuestra posición geográfica. Por ello exhortamos a que se constituya el fondo para el cambio climático en el menor tiempo posible y en los términos que establece el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Fernando. Don José Humberto Vega Vázquez, del PT, tiene el uso de la voz.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hasta que no suceden fenómenos atípicos meteorológicos como Sandy, es como nos damos cuenta de que la naturaleza está respondiendo a las actividades y a los abusos del ser humano.
Es importante por ello también decir que la culpa, los que mayor culpa tienen en este aspecto, son los países altamente desarrollados por su modelo económico que implementó el alto consumo y por ello mismo debemos también incidir en esa parte.
Varios países para afrontar este problema han elaborado, celebrado, seminarios y demás elementos para concienciar a la población y sobre todo al modelo de desarrollo.
Los esfuerzos de Kyoto en 1997, de Copenhague en el 2009, donde está el acuerdo que en el 2020 se reducirán las emisiones en un 20 o 30 por ciento si se llegaba al acuerdo internacional.
Por otro lado el G-8 que están los países más importantes y que son los verdaderos culpables de este problema tan importante que tenemos a nivel global, Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, Alemania, Italia, Francia y la Gran Bretaña, han reconocido, por fin, su gravedad y su participación.
En esos países también se han comprometido a reducir en un 80 por ciento para el año 50; pero para el año 50 ya sería muy tarde.
Por eso es muy importante que se hagan evaluaciones cotidianas o periódicas y que de cara al 2020, verdaderamente se hagan ya compromisos para reducir estas emisiones.
En México, como sede la Reunión del Cambio Climático en el 2010, ofreció que en el 2012, de acuerdo con su política interna, se disminuirían las emisiones en 50 millones de toneladas para el año 2020 y habría una reducción del 30 por ciento.
Fue así que en el 2010 se instaló en esta soberanía una comisión especial con fin de dar seguimiento a la evolución de este problema.
Todas las actividades emprendidas dieron origen a que en junio del 2012 se aprobara en esta soberanía la Ley General del Cambio Climático, que en su parte conducente mandata en su capítulo ocho, “se deberá crear el fondo para captar y canalizar los recursos para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático”.
Es fundamental canalizar recursos a la educación para que se cree conciencia sobre todo en los países desarrollados y en los de en vías de desarrollo que también siguen ese modelo depredador.
También canalizar recursos a la cultura para cambiar hábitos y sobre todo, canalizar recursos al desarrollo científico y tecnológico para que se canalicen proyectos para las energías alternativas.
Por ello –concluyo, señor presidente– el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Zuleyma Huidobro González, del Movimiento Ciudadano, luego doña Yesenia Nolasco, luego don Ramón Sampayo y luego doña Adriana Abreu.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. El punto de acuerdo que discutimos el día de hoy exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la constitución de un fideicomiso que aborde el tema del cambio climático.
Si bien creemos que este intento tiene elementos rescatables, consideramos que se debió haber contemplado un requerimiento de carácter integral a las autoridades administrativas.
Esto se debe a que el fondo tiene por objeto captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, por lo que queda claro que la creación y operación del fondo constituye un eje central de la estrategia nacional de cambio climático.
No sólo se debió poner énfasis en la creación del fondo para el cambio climático a que se refiere el artículo 80 de la Ley General de Cambio Climático, sino en la urgencia de adoptar una serie de medidas, acciones o políticas para procurar cuanto antes instrumentos ciertos que verifiquen y atiendan los procesos de cambio climático, así como aquéllos que mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para lograr esto es necesario acompañar a esta acción con medidas no menos importantes como la extinción del Fondo Mexicano del Carbón por parte del Banco Mexicano de Comercio Exterior, con el afán de transferir sus funciones y sus recursos al Fondo para el Cambio Climático.
Estamos a favor de la construcción del fideicomiso porque sabemos que el tema sobre el calentamiento global es relevante; sin embargo, en un país como México, donde se tienen 52 millones de pobres, el gobierno enfrentará a corto plazo condiciones estructurales poco favorables.
El crecimiento estimado del producto interno bruto para el 2013 es aproximadamente de 3.5 por ciento, lo cual permitirá crear, en el mejor de los escenarios, 600 mil empleos, número muy por debajo de la demanda nacional.
Asimismo, podemos esperar, según declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un incremento en los precios de los alimentos como consecuencia de una economía mundial inestable con posibles recesiones.
No debemos olvidar que las naciones que discuten este tipo de temas con carácter de prioritario lo hacen porque han resuelto los problemas estructurales que aquejan a su sociedad. Exhortemos a fideicomisos de este tipo siempre y cuando no se descuiden las problemáticas urgentes de la ciudadanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Yesenia tiene el uso de la voz hasta por tres minutos.
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con su venia, señor presidente. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cambio climático ha dejado de ser una curiosidad científica. Se ha convertido en el principal problema de nuestro tiempo y en el mayor desafío para la sociedad.
Es indispensable ver ése asunto como una prioridad y actuar de manera contundente en beneficio de las generaciones futuras.
En tal sentido, es importante constituir el Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General de Cambio Climático cuyo artículo noveno transitorio establece lo siguiente:
El Fondo para el Cambio Climático deberá ser constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus reglas de operación aprobadas por su comité técnico dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación.
De lo anterior se desprende que tenemos hasta el 6 de diciembre para constituir el fondo referido, fecha que también es importante que se respete para que no sólo se cumpla el mandato legal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también para que obviamente esta Cámara de Diputados esté en actitud de asignarles suficientes recursos presupuestales para su operación a través del decreto del Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.
En dicho sentido, el Grupo Parlamentario del PRD asume el compromiso de impulsar una propuesta razonable, además para el mes de diciembre no sólo se tiene que constituir el Fondo para el Climático, sino que también debemos constituir la transferencia del antiguo Instituto Nacional de Ecología al nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que un año después, posiblemente conforme al calendario de los correspondientes los artículos transitorios de esta ley, a finales del 2013 se tenga integrada la coordinación de evaluación y constituir el Consejo de Cambio Climático.
De la misma forma hay que señalar de manera especial que el Fondo para el Cambio Climático tiene por objeto, entre otros asuntos, fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, coordinación y concertación política nacional de cambio climático entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Conforme al artículo 40 de la ley, el sistema nacional de cambio climático estará integrada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, los gobiernos de las entidades federativas, un representante de cada una de las asociaciones nacionales, así como de autoridades municipales legalmente reconocidas y representantes de este honorable Congreso de la Unión.
La ley es clara. Dice que las reuniones del Sistema Nacional del Cambio Climático y su seguimiento serán coordinados por el titular del Ejecutivo federal quien podrá delegar esta responsabilidad y función al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además el coordinador del Sistema Nacional de Cambio Climático deberá convocar a sus integrantes por lo menos a dos reuniones al año y en forma extraordinaria cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija. Termino, señor presidente.
Por ello, se esperaría entonces una primera convocatoria del coordinador del sistema en el primer semestre del próximo año, para hacer cumplir este mandato legal. En conclusión, el Sistema Nacional de Cambio Climático es la columna vertebral para hacer concreta esta Ley General de Cambio Climático y es urgente promoverlo para que trabajen. De hecho, esta Cámara de Diputados tiene la gran responsabilidad, ya que tiene representación en la misma.
Entonces se trata de constituir el Fondo para el Cambio Climático, pero si no se encuentra claramente articulado a los demás componentes de la Ley General de Cambio Climático, en especial al Sistema Nacional de Cambio Climático, se corre el serio riesgo de convertirlo en un instrumento de política pública centralista y discrecional, y por lo tanto de poca utilidad para atender los graves problemas de mitigación y adaptación al cambio climático de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ramón Antonio Sampayo Ortiz, hasta por tres minutos.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide plenamente con la importancia y trascendencia de la constitución del Fondo para el Cambio Climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático antes de su fecha límite, que es el 6 de diciembre del presente año.
Al respecto, es importante precisar que dentro del artículo 9º transitorio de la Ley, se menciona de manera clara que este fondo deberá ser constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación.
Esta nueva ley también establece en el artículo 26, los principios que se deben de observar en la formulación de la política nacional de cambio climático, contemplando desde la sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas, la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general en la realización de acciones para la mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
Habla también de la precaución cuando haya amenazas de años graves o irreversibles, manifiesta la adopción de patrones de producción para transitar a una economía baja en emisiones de carbono.
Habla también de la integralidad y transversalidad entre los niveles de gobierno; de participación ciudadana; de responsabilidad ambiental; de transparencia y conservación de ecosistemas y de biodiversidad, pero también deja muy en claro como principio, el uso de instrumentos económicos para la mitigación y adaptación y a reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático, incentivando la protección, preservación y restauración del medio ambiente, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, además de generar beneficios económicos a quienes lo implementen.
Sin duda alguna que uno de los elementos clave y uno de los principios de la política nacional de cambio climático es la prevención, ya que es el medio más eficaz para evitar los daños del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático.
Este fondo de ninguna manera se constituirá para remendar los errores en la planeación y el crecimiento desordenado de los estados o los municipios. Por eso, es importante dejar en claro, como se establece en esta Ley de Cambio Climático, que los tres niveles de gobierno deben formular su atlas de riesgo, así como el Plan de Ordenamiento Ecológico, en donde se establezcan las zonas vulnerables, así como las medidas de prevención o remediación antes de que los fenómenos climáticos afecten dichas zonas.
Es importante señalar, que en este fondo debe de contener en gran medida recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales, ya que con medidas de prevención y adaptación eficaces se puede disminuir la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, así como también se pueden prever los desastres que afectan las vidas humanas.
Como un dato adicional, tan sólo en el 2010 se gastaron cerca de 21 mil millones de pesos en el Fonden, eso es debido en gran parte a la mala planeación del crecimiento de los municipios.
Por lo antes expuesto, la fracción del Partido Acción Nacional nos manifestamos a favor de este punto de acuerdo por considerarlo necesario y de cumplimiento a lo establecido a la nueva Ley de Cambio Climático. Es cuanto, señor presidente, y no es mucho.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, sí es mucho su esfuerzo y su consideración. Tiene el uso de la voz doña Rocío Adriana Abreu Artiñano, del PRI, hasta por tres minutos. Tiene usted el uso de la voz doña Adriana, que no viene precisamente con mucha prisa.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, aprovecho este momento para expresar nuestra solidaridad con los pueblos de Cuba, Haití, República Dominicana y en los pueblos Jamaica, Bahamas y naciones del Caribe, donde el huracán Sandy dejó numerosas víctimas, miles de damnificados y considerables daños materiales. Desde luego, nuestro mensaje de fraternidad también al pueblo norteamericano en estos momentos.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos sido consistentes en el compromiso de atender los desafíos que plantea el cambio climático. Como bien señalaron especialistas en la materia y los diputados de la LXI Legislatura durante la discusión de la ley de referencia, los retos que plantea el cambio climático son un problema de seguridad nacional.
En nuestro país millones de personas viven en zonas de riesgo, la población marginada es doblemente vulnerable, muchas familias viven en habitaciones precarias o en zonas irregulares, carentes de servicio y condiciones que potencian su fragilidad.
El año pasado quedó demostrado que el potencial de afectación sobre algunas áreas económicas, especialmente graves, comprometen aspectos críticos para el bienestar de la población, como es el abasto de alimentos y materias primas para el consumo de los mexicanos. Sequías en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Heladas en el Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Así como inundaciones en Campeche, Colima y Tabasco.
Como en su momento señaló la Comisión Intersecretarial para esta materia, no existe un sector de la economía o de la población de ninguna región del país que quede al margen de los impactos negativos del cambio climático, por lo que se advierten riesgos en materia de salud, de producción de alimentos, de disponibilidad de agua, de protección a los ecosistemas de seguridad en los asentamientos humanos y de infraestructura básica, de generación y suministro de energía, incluso, en la industria turística.
Por ello es que estamos de acuerdo en fortalecer los esfuerzos de mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad del país ante fenómenos meteorológicos extremos. Suscribimos la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Pérez Tejada, para que a la brevedad posible se constituya el fondo para el cambio climático, misma que al contar con la herramienta normativa que dispone su adecuada administración dará sustento para acciones efectivas a este respecto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese. Se ruega a la Secretaría dar cuenta de un tercer resolutivo que teníamos pendiente, que estaban sesudamente redactándolo, de tal suerte de que la asamblea valore si se acepta a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Punto de acuerdo. Primero...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El tercero. Solamente el tercero, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que de manera inmediata publique los estudios de disponibilidad de los acuíferos subterráneos y establezca las zonas reglamentarias y de veda para el aprovechamiento y explotación de las aguas en el estado de Chihuahua, de conformidad a lo establecido por los artículos 18 y 19 de la Ley de Aguas Nacionales, para con ello atender y resolver, en el marco de la legalidad las demandas de los productores agropecuarios y ejidatarios en el estado de Chihuahua.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que hay consenso pregunte la Secretaría si se acepta que este resolutivo pase a ser parte del cuerpo de la proposición de conto de acuerdo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se está de acuerdo en la adición de este tercer párrafo al punto de acuerdo presentado por el diputado Abraham Montes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora pregunte si los tres resolutivos son de aprobarse.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que este soberanía expresa su más enérgica condena por el asesinato de los activistas de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido en 23 de octubre de 2012.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Es una pena, señor presidente, que este punto haya quedado hasta el final, pero sin embargo estamos aquí firmes con este punto de acuerdo.
(La diputada reproduce en su teléfono celular sonido de balazos)
Esto, compañeros –para los que no saben lo que es–, es un sonido muy familiar que al menos en los estados fronterizos, donde la seguridad ha menguado, se ha vuelto el pan nuestro de cada día.
Y esto también fue el sonido, el último sonido que escucharon el pasado 22 de octubre Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, que fueron muertos en la carretera Cuauhtémoc Rubio, frente al campo menonita ocho y medio, en el estado de Chihuahua.
Ismael y Manuela cumplían al pie de la latera aquel dicho de Séneca, que decía que el trabajo y la lucha social siempre llamaba a los mejores, pues tenían hasta el día de su muerte una larga trayectoria en movimientos sociales y estaban trabajando al momento en la lucha contra la sobreexplotación del agua en la zona de veda del ejido de Benito Juárez y en la instalación de la mina El Cascabel, en el municipio de Buenaventura en la misma comunidad.
Los hechos que Ismael y Manuela denunciaban estaban relacionados con una serie de conductas irregulares que afectaban a los productores agrícolas de Chihuahua, de los que ya hemos hablado en esta tribuna; en específico la perforación de pozos profundos para sobreexplotar las reservas de agua ubicadas en el subsuelo y la cuenca hidrológica del río de El Carmen que tiene una veda declarada desde los años cincuenta.
Escuchen bien, compañeros diputados, –hablando de agua– 400 pozos a 400 metros de profundidad por abajo del nivel freático prohibido por la normatividad ambiental. Eso era lo que peleaban Ismael y Manuela. Igualmente encabezaban a un grupo de chihuahuenses contra la instalación de la mina el Cascabel que trabaja de forma ilegal en el municipio de Buenaventura desde hace seis años y que ésta es subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver que tiene ya varias minas en el norte de este país.
Ismael, hace seis años había denunciado la compra ilegal de 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez que ha traído como resultado la actividad ilegal de esta mina, pero además también la violencia en la zona.
Como dicen por ahí: la violencia es el recurso del cobarde. Mucho se tergiversó la información sobre este conflicto. Lamentablemente, la muy absurda estrategia contra el crimen organizado de Calderón ha permitido que hoy día cualquier persona goce de impunidad, hostigue, violente y asesine a otro sin que suceda nada, sin que se le castigue.
Ismael Solorio Urrutia ya había advertido lo que se veía venir. Antes de su asesinato, el 13 de octubre Ismael y su hijo fueron golpeados por un grupo de personas, presuntamente vinculados con la gente de la mina el Cascabel.
Es cierto, la ola de violencia en nuestro país no tiene fin, los hechos violentos se convierten en algo rutinario; sin embargo lo que no podemos permitir es que estas muertes sigan quedando impunes.
Compañeras y compañeros diputados, la situación que se vive en el estado de Chihuahua con el conflicto por la perforación de pozos profundos y con la instalación de la mina el Cascabel es ya grave y ha cobrado vidas inocentes. Es por ello que es de la mayor urgencia y pedimos su voto, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan ambos conflictos.
Permítanme terminar, estimada asamblea y estimado presidente, repitiendo el grito de desesperación que familiares y amigos de Ismael y Manuela hicieron a las autoridades después de loa asesinatos: Uno más, cabrones, y ustedes no hacen nada. No permitamos que este grito llegue hasta esta Cámara de Diputados.
Es por lo anteriormente expuesto, compañeros, que los diputados de Chihuahua de todas las fracciones parlamentarias, solicitamos el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su condena por el asesinato de los líderes del Movimiento Barzonista Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 22 de octubre en el estado de Chihuahua.
Asimismo, exigimos se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades y se castigue a los culpables de dicho crimen.
Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la sobreexplotación de los pozos en el estado de Chihuahua, con la intervención de la Comisión Nacional del Agua, para que se determine si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables.
Termino, presidente, con el tercer resolutivo.
Tercero. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la instalación ilegal y puesta en marcha de la Mina El Cascabel, con la intervención de la Profepa para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables.
Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 100, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así las cosas tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza deplora enérgicamente el asesinato de los líderes del Movimiento Barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras.
Es inaceptable que las movilizaciones sociales que buscan defender intereses comunitarios legítimos, sean confrontadas con la violencia.
En México ya se ha derramado mucha sangre en la lucha por los derechos de los diversos grupos sociales, frente a intereses poderosos que buscan apropiarse de recursos, territorios, bienes o espacios que tradicionalmente han sido usufructuados por las comunidades.
En el caso del lamentable asesinato de los líderes barzonistas existe el trasfondo de conflictos por el acceso al agua, la sobreexplotación de pozos para privilegiar la instalación y explotación de minas que causan un gran daño ecológico a los mantos acuíferos.
Este conflicto se desarrolla en el marco de una de las sequías más severas que se han dado en el país en las últimas décadas que ha afectado gravemente a la economía social y familiar de los habitantes del norte del país.
Es reprobable que en este marco las autoridades competentes hayan observado una actuación omisa, insensible, frente a los riesgos de estallido social que se pueden gestar en torno al problema del abasto y la conservación del agua.
Nadie hizo caso al escalamiento de las tensiones ni se tomaron medidas cautelares ante las amenazas presuntamente que recibieron los líderes asesinados.
No es posible que la Comisión Nacional del Agua no tenga una agenda de riesgos que haga previsibles este tipo de conflictos, para buscar soluciones negociadas en donde todos los demandantes queden conformes.
Sin duda alguna es nuestro deber como legisladores apoyar el presente punto de acuerdo y de este modo ser voceros de aquellas movilizaciones sociales que han sido víctimas de la violencia por el hecho de defender sus derechos, como lo es este caso en particular.
Debemos exigir que las autoridades competentes investiguen a fondo el artero crimen de los líderes barzonistas y se aplique la ley a los responsables. Si no se castiga con todo el peso de la ley este crimen, se estará enviando un mensaje de impunidad a los responsables y una condena de indefensión para los luchadores sociales.
Termino, señor presidente. En nuestro grupo parlamentario vamos por la plena vigencia del estado de derecho, por la supremacía de los derechos humanos que deben protegerse por encima de todo. Estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Reprobamos absolutamente el método de la violencia para dirimir conflictos o imponer intereses particulares. Es cuanto, diputado presidente y muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la presidencia. Los asesinados se destacaron por su defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992. Al parecer en este asesinato no son ajenos los intereses de empresas que tienen presencia en Chihuahua, como aquí se ha dicho.
Esto es importante decirlo porque aquí hay que recordar la historia. Siempre hemos estado diciéndolo aquí que tenemos 30 años en que una mafia se ha apoderado del poder en el país, mantiene el control político producto de fraudes electorales. Carlos Salinas de Gortari se ha impuesto aquí como el titiritero y no vemos diferencia en los gobiernos del PRI y del PAN.
No vemos más que similitudes entre Carlos Salinas y Fox, similitudes entre Calderoncito y Peñita, ambos peleles de la mafia en el poder. Les duele pero lo lamento, es la realidad y hay que decirlo porque desde 1992 y desde el 91 evidentemente se dieron reformas constitucionales, en particular la ley minera, que en 1992 fue hecha para otorgar grandes concesiones, no se encuentra debidamente regulada y, como diría el diputado Trinidad, en más de 18 años se han extraído más recursos minerales en este país que los extraídos durante la época de la Colonia, generando obviamente grandes ganancias para los dueños y socios de las compañías mineras.
Hace unos días incluso hasta un ex dirigente nacional del PRI, en casi una tragedia griega, ha denunciado lo que en muchos lados empieza a brotar. Los conflictos de tantos años de explotación ilegal de los recursos naturales y de cómo la delincuencia organizada ha penetrado este sector.
Nosotros pensamos que por todo lo que públicamente se ha conocido, no nada más por la perforación de los 400 pozos, sino por las violaciones a la norma 120 de la Semarnat, la norma oficial, las actividades que carecen de estudio de vulnerabilidad del acuífero, las violaciones a la legislación agraria que a todas luz, ojos, es evidente, nosotros vemos una acción política que nos preocupa por el Estado mexicano a través de los gobiernos federal y estatal, de la empresa trasnacional, de la comunidad agresora involucrada en este asunto que se ha traducido en tergiversar el problema evitando que se trate de un conflicto de intereses entre particulares, de una simulación de negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental del barzón en el sentido que son violaciones de derechos humanos ambientales y de leyes mexicanas, campañas de desprestigio impulsadas por el gobierno de Chihuahua en contra del barzón y de sus líderes sociales, y en campañas de linchamiento mediático al barzón y en particular a los compañeros asesinados.
Es por todo este motivo, tranquilos, vamos a acabar, no se aceleren. Estamos concluyendo. Sabemos que les duele que les digamos las verdades de este amasiato del PRI y del PAN, pero tenemos que decir las cosas como son.
¿Por qué? Porque voy a concluir con el permiso de la Presidencia, y le pido que ordene a la asamblea para poder concluir.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le pedimos a la asamblea respeto al orador, pero al orador le pedimos que respete el tiempo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es por eso que exigimos que al compañero Ismael Solorio Urrutia y a su esposa Manuela, el gobierno del estado de Chihuahua, una investigación rápida y el castigo a los responsables como se maneja en el conjunto del planteamiento del Partido del Trabajo y no queremos que por ser una investigación tan rápida, nos vaya ir, si bien nos va, con la presentación sólo de autores materiales o de chivos expiatorios –culmino- como está ocurriendo en casos muy recientes dichos por los propios priistas, en el caso de Coahuila, ahora recientemente en el caso de Veracruz.
Queremos que se investigue a profundidad las cosas y no nada más nos den autores materiales, sino autores intelectuales, porque insistimos, todo esto que ocurre en el país es producto de la imposición de la mafia de Carlos Salinas de Gortari. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Martha Beatriz Córdova Bernal, del Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. México se ha convertido en un país en donde el miedo se acrecentó en los últimos años, el cual revela un Estado débil, donde la seguridad y el aparato protector encargado de ella y de la ciudadanía, colapsó.
Según el ingeniero Manuel Aguirre Botello, con datos del INEGI, la OMF y el Sinaí , los homicidios son la quinta causa de decesos en México, lo citado anteriormente viene a tema por los hechos ocurridos el lunes 22 de octubre, en los cuales fue asesinado Ismael Solorio Urrutia, líder del movimiento barzonista, junto con su esposa, Manuela Martha Solís Contreras. El dirigente del barzón se oponía razonablemente a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mac Silver, en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua. Además de ser una fuerte oposición del establecimiento de la mina, venía de meses atrás denunciando los aprovechamientos y la explotación de los pozos en la cuenca del río del Carmen.
Los acontecimientos en contra de activistas han sido una constante en nuestro país, cuenta de ello es el acontecimiento suscitado el 23 de octubre de 2010 en el sur de la capital oaxaqueña, en donde fue asesinado el maestro Heriberto Pasos Ortiz, dirigente y fundador del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui, al cual se suma el atentado del día 21 de agosto del año en curso, en contra de Juan Domingo Pérez Castillo, líder del movimiento en la misma ciudad de Oaxaca.
Asimismo, el presidente de la Federación de Organizaciones Transportistas del estado de Guerrero, Víctor Manuel Cadena Macari, y el atentado donde tristemente y dentro de su domicilio, fue asesinado José Guadalupe Medina Acosta, líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Atoyac de Álvarez, en Guerrero.
¿Hasta cuándo permitiremos este tipo de agravios y que sigan ocurriendo? 70 mil muertos de una guerra absurda y un gobierno omiso. ¿Qué acaso pretende que los asesinatos se vuelvan parte cotidiana de la vida de los mexicanos?
Compañeras y compañeros, no podemos permitir tan penosa y desagradable situación, no sólo se trata de activistas; este problema involucra a todos los grupos del país, sobre todo a los más vulnerables e indefensos, que son los niños. Hasta el mes de octubre del año pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México contabilizaba mil 400 menores asesinados.
Según el capitalino Luis González Placencia, la guerra contra el crimen ha dejado un saldo de 4 mil menores muertos. Lamentablemente en el estado de Chihuahua fue encontrado el cuerpo calcinado de un menor de seis años, en el municipio de Creel -concluyo, señor presidente-, agregando el acontecido el pasado mes de julio, cuando un niño de cinco años perdió la vida en Camargo, al ser atacado con armas de fuego.
La guerra irracional de este sexenio ha trastocado cada una de las esferas sociales, dejándonos desprotegidos a todos.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano exigimos el esclarecimiento de los cobardes asesinatos en contra de activistas y periodistas que se han dado en todo el país, y que se castigue con todo el peso de la ley a los culpables.
Asimismo, comulgamos con la necesidad de conminar con la labor del movimiento y resolver los conflictos derivados de la sobreexplotación de los pozos y la instalación de la mina El Cascabel.
Éste es el acuerdo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por lo cual votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno. Don Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Señor diputado presidente. Diputadas y diputados, antes de manifestar nuestra posición, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, expresamos nuestras condolencias a las familias de los señores Ignacio Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, quienes lamentablemente, como ya se ha señalado, fueron asesinados el pasado 22 de octubre. Nos sumamos a las manifestaciones de dolor, indignación y reclamo de justicia que han expresado compañeros, familiares y amigos de los difuntos.
El señor Solorio Urrutia se distinguió por encabezar, a través de su organización el Barzón, la defensa de causas sociales. El caso más reciente y que hizo público antes de su muerte, es la denuncia a las autoridades estatales y federales por el aparente uso, explotación y sobreexplotación irregular de mantos acuíferos y del subsuelo por parte de una empresa minera, hechos que afectan considerablemente la vida productiva de agricultores y fruticultores, ubicados en el ejido Benito Juárez, del estado de Chihuahua.
El Barzón ha señalado, incluso, que ya los daños ecológicos se pueden percibir desde hace ya algunos meses. No vemos a las autoridades competentes ejerciendo una reacción oportuna sobre las denuncias que se presentan y mucho menos una acción proactiva para identificar problemáticas y resolverlas, ejemplo de ello es la burda justificación que hace el titular de la Comisión Nacional del Agua hace unos días, señalando que se han visto impedidos a actuar para clausurar pozos clandestinos porque no han tenido el apoyo de las autoridades estatales. Sin embargo, no clarifica si también ha solicitado el apoyo de las autoridades federales, si ha presentado las denuncias correspondientes y cuáles son los resultados de ello.
Asimismo, vemos a todo un aparato burocrático: Secretaría de la Función Pública, Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Federal del Medio Ambiente, sin llevar a cabo o sin hacer públicas acciones y resultados tendientes a identificar actos de corrupción por el posible otorgamiento irregular de permisos, sin intervenir el tiempo de la clausura de proyectos mineros como el que se denuncia, y mucho menos, sin hacer públicos resultados derivados de visitas de inspección.
Las armas ecológicas no son nuevas para el gobierno federal, un ejemplo de ello es que el Partido Verde advirtió el día de ayer a la Secretaría del Medio Ambiente sobre el peligro que representa para los ecosistemas de la explotación de minas a cielo abierto, como es el proyecto de la biósfera de la Sierra de la Laguna, ubicado en Baja California Sur, y pidió a dicha Secretaría no otorgar la autorización correspondiente, a fin de salvaguardar el medio ambiente y la salud de los habitantes de la región. Éste solo es un ejemplo por el que está pasando Chihuahua.
En el Partido Verde Ecologista de México apoyamos este punto de acuerdo y exigimos de las autoridades competentes que se haga justicia y se esclarezca el asesinato de los señores Ignacio Solorio y Manuela Martha Solís. Que su muerte no sea parte más de la estadística.
Asimismo, estamos de acuerdo en que se exhorte a las autoridades competentes para que se haga una revisión a fondo de los posibles daños ecológicos que se están ocasionando actualmente, sus consecuencias futuras, y sobre todo, determinar aquellos que pueden afectar, de manera grave, la vida productiva real de la zona. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Roberto López Suárez, del PRD, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos.
El diputado Roberto López Suárez: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, buenas tardes. Acabo de sostener una plática telefónica con el dirigente del Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, y me comentaba que desgraciadamente, en la reunión que acaba de terminar con la Secretaría de Gobernación, no hay avances en la investigación.
Que además, la Secretaría de Gobernación no quiere tomar cuenta del caso, es decir, está delegando estrictamente a la Procuraduría estatal el tema y creo que nosotros tendríamos que tomar cartas en el asunto.
No es suficiente un punto de acuerdo con los diversos extrañamientos que se han hecho en la opinión pública sobre la investigación de estos asesinatos.
El 22 de octubre fue asesinado un dirigente social junto con su esposa, que además era defensora de los derechos humanos en el estado y en el país.
Desde hace seis años Solorio Urrutia se opuso abiertamente a que la empresa canadiense Mag Silver pudiera adquirir derechos en 40 ejidos que se localizan en el municipio de Buenaventura.
La empresa falsificó, hasta donde tenemos conocimiento y se sigue investigando, certificados de terreno de uso común y que los registró, además, a nivel legal.
Es pertinente mencionar que esta empresa, Mag Silver, extrae materia prima a cielo abierto. Algo a lo que se ha opuesto el movimiento ecologista a nivel nacional y a nivel internacional. Solorio Urrutia era uno de estos defensores a nivel ecologista.
De igual forma, Solorio Urrutia denunció que en el Río del Carmen, por parte de grupos de productores menonitas se estaba afectando de manera grave a estos cinco municipios.
Estos ejidatarios afectados, junto con Solorio Urrutia, con la explotación de mantos acuíferos, desde 1957 obtuvieron los permisos y obtuvieron la tutela de estas aguas superficiales y subterráneas de la presa Las Lajas. Sin embargo, estas perforaciones que se han hecho de forma ilegal por parte de grupos menonitas y la empresa Mag Silver han provocado que se dé un movimiento social que no ha sido escuchado por parte de la Secretaría de Gobernación y tampoco por el gobierno estatal.
Como consecuencia tuvimos un asesinato de dos dirigentes sociales. No podemos estar al margen de esto, menos cuando se afecta bienes comunes de la nación. Solorio Urrutia y Martha Solís Contreras no pueden ser víctimas de la desatención de la Secretaría de Gobernación y tampoco del estado de Chihuahua.
El Grupo Parlamentario del PRD condena los asesinatos, y por supuesto apoya este punto de acuerdo, pero pedimos dos cosas fundamentalmente en este sentido. Uno, que no se deje de lado en las investigaciones a la empresa Mag Silver, es una línea de investigación por la probable responsabilidad de los asesinatos de estos dirigentes sociales. –Termino, presidente.
Y, dos, el problema entre los ejidatarios y dirigentes barzonistas con los menonitas es un tema que se tiene que atender. Si no se atiende da pauta para que en adelante se puedan cometer más asesinatos, que la violencia impere en el estado y en ese territorio.
Por tanto, pedimos que más adelante eta Cámara de Diputados pueda seguir discutiendo el tema y se tomen cartas en el asunto, como ya se hizo hace un rato en un punto de acuerdo que se propuso. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Rocío Esmeralda Reza Gallegos, rogándole respeto a los tres minutos de tiempo, por favor.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con el permiso de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el tema que nos convoca no es un tema grato, es un tema que no debería existir en la agenda política, social o cultural.
La violencia de todo tipo –y más aún la violencia política, y particularmente la violencia en contra de las organizaciones ciudadanas y de oposición– debe desaparecer. El asesinato de Ismael Solorio y de su esposa Martha Solís es una medida equivocada para acallar los conflictos sociales en el estado de Chihuahua.
De esto no cabe la menor duda, es un crimen ejecutado por sicarios, de esos que pululan con impunidad por el estado. Pero este crimen tiene autores intelectuales, y la justicia debe hacerse y alcanzar tanto a los operadores del crimen como a aquellos que lo planearon.
El lunes 22 de octubre, como se ha comentado, a las 2:30 de la tarde el dirigente de El Barzón, Ismael Solorio y su esposa iban en la camioneta de ambos en la carretera de Cuauhtémoc a Rubio y en el kilómetro 26 y medio, ocurre este lamentable hecho.
Es públicamente conocido para quienes somos de aquella región del estado de Chihuahua, que por este corredor comercial de Cuauhtémoc a Rubio, opera de manera cotidiana y con complacencia y con complicidad de autoridades locales un comando de la delincuencia organizada. Este dato no debe de perderse de vista en las líneas de investigación de los asesinatos y lo más probable es que estos sicarios actuaron libremente en este caso.
¿Quiénes son los autores intelectuales? Indudablemente aquellos intereses afectados por las críticas de Solorio y Solís.
Quiero comentar de manera breve por el tiempo, que la verdad es que ha habido una serie de cuestiones que hay que dejar aquí muy claro. Hubo un acuerdo entre el gobierno federal, estatal y municipal, entre los municipales de aquella región, en donde se define de manera muy clara, a esto se le llama el marco por la sustentabilidad hídrica -donde se comprometieron-, por ejemplo el gobierno del estado dice se compromete a apoyar al gobierno federal con la seguridad pública durante los operativos que efectúen las autoridades federales y la Conagua se compromete a algunos aspectos y cada quien se compromete; y en estos acuerdos por parte del gobierno estatal ha incumplido.
Hay que precisar, porque lamentablemente el gobierno del estado maneja doble discurso en Chihuahua. Dice por un lado que la Conagua cancele los pozos que se tienen ahí de forma ilegal, y por otro lado, no se presenta cuando los funcionarios de esta área del gobierno federal acuden a hacer la parte que les toca.
Únicamente quiero decir –también con este lamentable hecho– que estuvo Ismael en gobierno del estado solicitando protección y no se le brindó, y hoy estamos todos aquí lamentando esta muerte de un gran líder social.
Por último, presidente, quiero preguntar ¿qué va a hacer el gobernador Duarte o muchos gobernadores del PRI en 30 días? ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a echar la culpa ahora de lo que no han sido capaces de resolver, de que no han sido capaces de dar la cara? Eso es lo que quiero saber, ¿a quién le van a echar la culpa?
Lamentamos, desde luego, esta gran pérdida y nos sumamos para que se esclarezcan los hechos en Chihuahua. Ya es tiempo que el gobernador del estado asuma la responsabilidad que le toca. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Kamel Athie Flores, tiene el uso de la voz. Por tres minutos, Kamel.
El diputado Kamel Athie Flores: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.
El Grupo Parlamentario del PRI expresa su convicción favorable en torno al punto de acuerdo presentado por la diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar, porque hay plena coincidencia de que el líder del Barzón, Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, era luchadores sociales entregados a las mejores causas de su ejido Benito Juárez y de la región del noroeste del estado de Chihuahua.
Decidí subir a esta tribuna porque Ismael era mi amigo personal y contribuyó activamente en mi campaña, en virtud de que el ejido Juárez se ubica en el distrito electoral del cual provengo.
Yo quisiera aclarar que las mejores causas que defendía Ismael Solorio y otro grupo de compañeros que también no tuvieron una suerte mejor, como Armando Villarreal Martha, se referían precisamente a la corrupción que priva en toda la zona noroeste del estado de Chihuahua promovido por Conagua y por todos sus funcionarios. Eso sí quiero dejarlo muy claro, la lucha de Ismaél estaba centrada en la corrupción que vez con vez está propiciando hasta hoy día la Comisión Nacional del Agua y por eso nos unimos al punto que pide la diputada Lilia Aguilar, en el sentido de que se investigue la actuación de dicha Comisión Nacional del Agua en toda la región del noroeste, en Ascención, en Nuevo Casas Grandes, en Casas Grandes, en Ignacio Zaragoza, que es donde hay quejas de menonitas y también de ejidatarios.
Esta confrontación entre mexicanos, ejidatarios y menonitas, ha sido provocada, sin ninguna duda, por la Comisión Nacional del Agua.
Quiero decir que muchos pueblos del país están en problemas como el de Benito Juárez por la falta de apoyos del gobierno federal al sector agropecuario.
Por eso invito a todos los diputados del sector campesino que en esta Legislatura atengamos la precaución de dotar de recursos suficientes a todos los programas tendientes a reactivar el campo mexicano, a generar empleos.
Los empleos que se pueden generar más pronto y a bajo costo y de una manera digna, están en el campo mexicano. Luchemos por ellos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias y es mucho. Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de estar publicados algunos cambios de comisiones, pregunte la Secretaría a la asamblea si el oficio que viene de la Junta de Coordinación Política y que las contiene, es de aprobarse.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que la Comisión de Trabajo y Previsión Social hace formal convocatoria para su sesión ordinaria de dictamen, el próximo lunes a partir de las 12 horas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (16:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 6 de noviembre de 2012 a las once horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las nueve treinta.
--o0o--