Cámara de Diputados, versión estenográfica

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:04 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter –que no a poner– a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto. Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión, se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo hasta en tanto no se integran e instalen las comisiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores con los que informa:

1. Su legal constitución para la LXII Legislatura y la elección de su mesa directiva para el primer año de ejercicio.

2. La elección de la senadora Martha Palafox Gutiérrez como secretaria de su Mesa Directiva para el primer año de ejercicio.

3. La integración del comité directivo del Instituto Belisario Domínguez para el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

4. La integración de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, así como la designación de sus coordinadores.

5. La constitución de la Junta de Coordinación Política que funcionará durante el ejercicio de la LXII Legislatura e informa que el senador Emilio Gamboa Patrón fungirá como presidente la misma durante el primer año de ejercicio.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores con los que remite: 1. El informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos correspondiente al segundo período del 2012.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: 2. El informe del programa para incrementar la eficiencia operativa de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios correspondiente al segundo trimestre del 2012, así como las observaciones de la Secretaría de Energía.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: 3. El informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al período de enero-junio de 2012.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Secretaría de Gobernación. Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos:

Solicitud del permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas e informa de los que ha dejando de prestar servicios.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Y por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Cuatro oficios con los que remite el sexto informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Seguridad Pública.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de julio de 2012.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Mesa Directiva participa a la asamblea del muy lamentable deceso de nuestra compañera diputada, María Elvia Amaya Araujo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, viniendo a esta Cámara representando al estado de Baja California.

A nombre de mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva nos permitimos enviar a su familia nuestras más sentidas condolencias.

Antes de otorgar el uso de la voz al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Manlio Fabio Beltrones, le ruego a todos los presentes ponerse de pie y en su memoria guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Se concede el uso de la tribuna al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, familiares de nuestra amiga María Elvia, señoras y señores, para el Grupo Parlamentario del PRI en esta LXII Legislatura, es motivo de gran pesar el fallecimiento de nuestra compañera diputada María Elvia Amaya de Hank, acaecido el 8 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California. Los diputados y diputados que integran nuestra bancada enviamos un mensaje de solidaridad y afecto para su esposo Jorge, para sus hijos, para sus padres y hermanos y los demás integrantes de su familia. Una gran familia a la que logró mantener unida y que hoy resienten su prematura partida.

María Elvia personificó la fortaleza que caracteriza a la mujer mexicana, pues tras su aparente fragilidad física se encontraba un espíritu y una voluntad de lucha a toda prueba, que fue capaz de superar obstáculos y construir, por su familia y por los demás, lo que ella sabía necesario.

Supo ganarse un gran aprecio y un profundo respeto, por su extraordinaria labor social y su ejemplo de entereza para enfrentar las adversidades. Mujer estudiosa y preparada, profesional de la psicología, quiso poner su profesión y sus conocimientos al servicio de sus semejantes, particularmente de los menos favorecidos.

Recuerdo una tarea que no sólo cumplió como presidenta del DIF, sino que prolongó hasta el día de su muerte a través de la fundación Por Ayudar, que ella dirigió con esmero, fue una mujer preocupada por las madres trabajadoras de la maquila en Tijuana, logró que se establecieran guarderías nocturnas, que son un ejemplo de innovación y una muestra de que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad y compromiso social.

Recordamos que impulsó también la construcción de centros de atención integral para más de 2 mil familias, lo que sin duda contribuyó a mejorar la convivencia social, la seguridad y la tranquilidad de las familias de su región.

Su incursión en la política se dio de la mano de su interés por aportar su experiencia en el trabajo social y comunitario. A pesar de su minada salud, con esa convicción asumió su nueva responsabilidad como diputada federal. Nunca perdió el entusiasmo ni se dio por vencida y sólo el agravamiento de su enfermedad y su fatal desenlace le impidieron participar más en esta Cámara.

Para nosotros como bancada su desaparición física es una gran pérdida, como lo es para su familia y para la gente de Baja California, a la que nunca falló, con su enorme capacidad de trabajo, su entusiasmo y su compromiso social.

Es por eso que en esta ocasión agradecemos se rinda este homenaje y se le brinde este minuto de silencio y de recuerdo como un modesto homenaje a la memoria de una mujer muy querida, una bajacaliforniana emprendedora y una mexicana comprometida con el futuro de su país. La vamos a extrañar, descanse en paz.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, iniciaremos a continuación el desahogo de nuestra obligación constitucional de analizar el VI Informe de Gobierno en materia de política interior y política social.

De conformidad con el punto tercero del acuerdo aprobado, en la sesión del 4 de septiembre, se procederá, en primer término, al análisis en materia de política interior. Los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda a los siguientes ciudadanos diputados: a don Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; a don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT; al señor diputado don Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Movimiento Ciudadano; el Partido Verde nos enviará el nombre; a don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD; a doña Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional y don Alberto Curi Naime.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados, don Luis Antonio González Roldán. Se recuerda a los oradores que tienen 10 minutos y que les rogamos el aprecio al tiempo, de tal suerte de desahogar esto en las mejores condiciones posibles.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas México aspira a construir una nación en la que impere el Estado de derecho, su aplicación y todos sus efectos, que hombres y mujeres sin importar edad, origen, ocupación o religión podamos convivir de manera pacífica, un Estado que proteja eficazmente los derechos humanos y promueva un desarrollo económico sustentable. Sin embargo, de manera alarmante, debemos reconocer que en los últimos años esta aspiración ha sido abruptamente interrumpida por una falta de visión de Estado.

Establecer como imperativo categórico, proteger a las mexicanas y a los mexicanos a través de la lucha contra el crimen organizado como un eje toral para el cumplimiento del Estado de derecho no tiene justificación cuando se deja al país en una situación de emergencia nacional, 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos, resultado que deviene en dudas razonables sobre la estrategia del gobierno federal, deudas que la ciudadanía y la historia juzgarán por encima de mosaicos megalómanos.

Máxime cuando esta estrategia sólo ha buscado combatir un fragmento del crimen organizado, dejando de lado varios sectores que laceran desmedidamente y cada vez con mayor obstinación al pueblo de México.

Tratan de justificar la estrategia contra el crimen organizado como un imperativo categórico. Señoras y señores, es una falacia. El titular del Ejecutivo federal pretende asaltar nuestra inteligencia con su mensaje del VI Informe de Gobierno.

Un imperativo categórico debe estar relacionado con un fin ético, como la felicidad traducida en un mayor bienestar para la mayoría. Pero de ninguna manera se puede considerar esta absurda lucha como un fin en sí mismo.

La manifiesta insatisfacción e impotencia que se observa en la sociedad mexicana es un hecho tangible y alarmante, esta forma obstinada de la lucha contra el crimen organizado, y recalcamos: únicamente contra un sector del crimen organizado basado en un modelo policíaco y un enfoque de violencia criminal versus violencia estatal ha provocado lo que se ha experimentado en varios estados de la República, donde se ha generado un estado de psicosis permanente y difícilmente reversible a la población.

Ante un compromiso tan fundamental con la nación mexicana no se puede eludir responsabilidades ni tratar de culpar a los gobiernos estatales y municipales de las fallidas y trágicas secuelas de una estrategia en la que no fueron considerados para su diseño e implementación y dicho sea de paso, respecto de la cual no se tiene o más bien no se quiere dar a conocer el documento que la sustenta.

Son los gobiernos estatales y municipales y su población quienes hoy resienten y padecen en carne propia las consecuencias de la violencia que ha traído esta fatídica estrategia y simplemente expreso que esto no es de la estatura de un jefe de Estado de la nación mexicana.

Formulo la siguiente pregunta: ¿De qué le sirve a las mexicanas y mexicanos saber que de 2006 a 2011 se sumaron 30 mil integrantes a la Policía Federal? No sirve de nada. Esta Policía Federal ha quedado muy lejos de demostrar ser eficaz. Pero también preguntémonos: ¿Cómo salen a las calles? ¿Con qué insumos? ¿Con qué estrategia? Tenemos que reconocer que por ahora solo el Ejército y la Marina pueden y han dado la cara por los mexicanos en el combate contra el crimen organizado.

Sin embargo a México le urge una policía de clase mundial, no olvidemos que se encuentra pendiente el planteamiento del mando único en los estados e incluso la posibilidad de desaparición de policías municipales; este tema en la agenda legislativa no se podrá omitirse.

Desde esta tribuna señalo que no es suficiente incrementar el número de policías, falta erradicar la corrupción al interior en estos cuerpos policíacos, capturar a los supuestos líderes de los grupos delictivos tampoco devuelve la seguridad y tranquilidad al pueblo de México, cuando es evidente que detrás de estos capturados hay decenas de criminales que se disputan esos espacios, y estas fracturas al interior de esas células delictivas generan la multiplicación de las mismas.

Más policías, más detenidos, más encarcelados, no es un síntoma de mayor seguridad. Por el contrario, muestra la fuerza y capacidad de acción y replicación del crimen organizado. El sistema penitenciario es un claro ejemplo de esta situación. Sólo basta recordar lo sucedido en febrero de este año en el penal de Apodaca, Nuevo León, donde además de revelarse el problema tan grave de corrupción, murieron 44 personas.

Uno de los argumentos de la actual administración federal para justificar su estrategia fallida contra la delincuencia organizada fue el grave problema de impunidad; sin embargo, reportes de organismos internacionales de protección a los derechos humanos señalan que las serias deficiencias en el sistema judicial en los mecanismos de supervisión y en los casos de violaciones a derechos humanos, la impunidad ha sido la norma.

Es vital aceptar que en el estado de derecho la justicia no puede perseguirse a cualquier costo, ni violando las normas del debido proceso legal. En los últimos 20 años se ha podido acreditar el incremento en los casos de tortura, trato inhumano o degradante, violaciones a los domicilios de las personas sin orden judicial, detención arbitraria, entre otras; y, paradójicamente, los verdaderos criminales pueden ser puestos en libertad por éstas mismas razones. Este sexenio sin duda ha repuntado en violaciones a los derechos humanos.

A un año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y del artículo 107 de la Constitución General de la República referente al amparo, hace falta la mayoría de las leyes reglamentarias, siendo la Ley de Amparo una de las carencias más importantes y apremiantes.

Compañeras y compañeros legisladores, hago un llamado a repuntar esfuerzos. Los exhorto a impulsar una protección efectiva de los derechos humanos.

Con la finalidad de lograr un verdadero Estado de derecho, no bastan las buenas intenciones ni el voluntarismo político, menos aún la demagogia.

Entendamos que los derechos son el sistema de valores de la comunidad y que el Estado es responsable de ellos.

Esa responsabilidad no es pasiva, incuestionablemente implica el ejercicio de acciones positivas por parte de las autoridades.

Sin duda la impunidad y la falta de certeza jurídica han llevado a una desconfianza generalizada. Las y los ciudadanos dudan de sus instituciones. Resulta más fácil confiar en lo que se publica en las redes sociales o en el rumor de los vecinos, a lo que la propia autoridad pueda afirmar o desmentir.

Esta desconfianza, tenemos que reconocerlo, no es espontánea, surge de una débil cultura de la legalidad; una cultura que no se construye a partir de foros o publicaciones, tampoco con programas impulsados por las entidades de la administración pública federal. Requiere más que un simple esfuerzo burocrático o con cifras para engrosar un informe de gobierno.

Una verdadera cultura de la legalidad surge de que se interioricen, gobernante y gobernados, el respeto a la ley.

En este proceso la sociedad mexicana debe regirse bajo un orden de libertad y participación activa y no mediante la imposición, por más que las normas se presenten como indispensables o legales; la imposición difícilmente tendrá valor alguno si las normas no son legítimas.

Sólo con normas legítimas alcanzaremos la verdadera cultura de la legalidad y el respeto irrestricto a la misma.

Es evidente que las mexicanas y los mexicanos convergen en un reclamo: en cada rincón del país se garantice su seguridad. No más violencia, no más sangre. Ese es el mandato que nos dio la ciudadanía en su participación en la pasada jornada electoral. Es tiempo de responderles oportuna, completa y efectivamente.

Señoras y señores legisladores, un estado de derecho es aquel que está facultado para hacer normas pero al mismo tiempo está sujeto a la norma que hace. Ese debe de ser nuestro gran compromiso. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado González Roldán.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, hasta por 10 minutos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con la presentación ante el Congreso de la Unión del último informe de gobierno de la administración de Felipe Calderón, prácticamente concluye ese gobierno.

Inició entrando por la puerta trasera de este honorable recinto y concluye igual que como inició.

El balance de los seis años de política interior, como en toda la administración, es negativo. Nos quedan a deber. La elección presidencial no fue limpiamente ganada, fue comprada aprovechándose de la necesidad de la gente. En democracia –y ésa es nuestra convicción– se gana o se pierde por un solo voto. El 1 de julio del 2012 ése no fue el caso.

Al interior del país enfrentamos una seria crisis derivada de la inseguridad. La colusión entre policías y delincuentes es simbiótica; no se sabe quién de ellos causa más daño a la ciudadanía, cuál de ellos es más corrupto.

En su afán de búsqueda de la legitimación que no encontró en las urnas y que nunca obtuvo en su administración, sin diagnóstico ni análisis, según sus propias palabras, Calderón desplegó una guerra a la delincuencia organizada que sólo ha traído luto y desolación a miles de hogares mexicanos a quienes con desdén les denomina víctimas colaterales.

En tanto, las altísimas utilidades de la delincuencia organizada son blanqueadas en las tuberías del sistema financiero mexicano, contando con la anuencia u omisión de las autoridades hacendarias.

Calderón ofreció crear y promulgar la Ley de Víctimas, cuyo propósito es resarcir en parte muy mínima los daños ocasionados, y la respuesta fue vetarla.

Sin contar con sustento jurídico ni consultar a nadie, Calderón sacó a las calles al Ejército y a la Armada, militarizó al país, sin que los resultados en sentido positivo de esta política del combate al crimen se noten hoy.

Hoy más que nunca los derechos humanos se vulneran. Ha existido negativa para dar cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos de Rosendo Radilla, de Campo Algodonero, de Valentina Rosendo, de Inés Fernández, de Teodoro Cabrera y de Rodolfo Montiel.

Tampoco se cumplió con eliminar el fuero militar. El artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar no ha sido modificado por el Poder Legislativo, no obstante que en la pasada Legislatura se presentaron varias iniciativas para derogar el fuero militar. Las dos fuerzas mayoritarias de la cámara, PRI y PAN en la Comisión de Justicia jamás abordaron este asunto, con lo que dieron un voto en contra de la derogación.

En materia religiosa se ha dado un retroceso o se pretende dar un retroceso a la separación entre el Estado y la Iglesia que se tiene desde el siglo XIX con las Leyes de Reforma. La reciente reforma al artículo 24 constitucional que está en proceso de ratificación en las legislaturas de los estados carga los dados hacia una expresión religiosa que no es única en el país.

Prueba de que las disposiciones legales no se cumplen por la Secretaría de Gobernación, es lo que acontece en el estado de Michoacán, donde la comunidad religiosa de Turicato, en los hechos, es un enclave religioso en el Estado mexicano, sin que se apliquen las disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Como resultado de la reciente publicación de la mal llamada reforma política, Felipe Calderón envió a esta soberanía, con el carácter de iniciativa preferente, una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, sobre esta ley debemos decir que pretenden conculcar los derechos de los trabajadores a la estabilidad en el empleo a un salario digno y remunerador, porque de ser aprobada dicha iniciativa el salario podrá pactarse en horas.

En apretada síntesis la iniciativa reciclada del PAN y el PRI, y ahora por Calderón, pretende además hacer una práctica usual, la contratación de personal fuera de los cauces usuales, la contratación por períodos de prueba y de capacitación inicial bajo condiciones inaceptables para que los trabajadores no acumulen antigüedad que den derecho a indemnizaciones, a la limitación del pago de salarios caídos por un año cuando un empleado gane un juicio laboral por despido injustificado.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta contundentemente que no cejará en su compromiso de defender los intereses de los trabajadores; no convalidaremos ninguna regresión laboral.

El autodenominado presidente del empleo en flagrante violación al texto constitucional ha condenado a millones de mexicanos a la falta de generación de plazas de trabajo, al desempleo y al subempleo, a la informalidad y a no contar con un salario que satisfaga las necesidades de los ciudadanos y sus familias.

Ha dicho en cuanto foro asiste que en este sexenio se crearon 2.2 millones de empleo. No compara esta cifra con la demanda sexenal de 7.5 millones de plazas integradas por un millón 250 personas que anualmente salen a la calle a buscar empleo, por lo que deja un deficiente de 5.3 millones de puestos de trabajo no creados que debe adicionarse a los rezagos de anteriores sexenios del PRI y del PAN.

Tampoco ha hecho mención de que en este sexenio sólo se ha cumplido el universo de derechohabientes en el Seguro Social con un millón 790 mil 643 ciudadanos, que resulta de comparar los afiliados en 2006 de 13 millones 965 mil 558 con los 15 millones 756 mil 206 de julio de 2012.

Comparando los 15 millones 756 mil 206 afiliados al Seguro Social con los 50 millones 900 mil personas que integran la población económicamente activa, resultan 35 millones 144 mil mexicanos que no tienen acceso a los beneficios de la institución.

Otros datos negativos lo constituyen los siguientes: la OCDE ha señalado que hay 7 millones 248 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, que los desempleados representan el 4.91 por ciento de la población económicamente activa; es decir, más de 2.5 millones de mexicanos que hay de 13.4 millones de empleos informales a los que hay que adicionar a los ciudadanos que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos por falta de oportunidades para trabajar en México.

Obviamente los datos citados desembocan en la pobreza que alcanzan números escalofriantes. Según el Coneval, en su último reporte sobre el tema, nos dice que en el país existen 4.3 millones en pobreza moderada, que hay 11.7 en pobreza extrema que hacen un total de 52 millones de pobres. Mexicanos con carencias sociales son 32.3 millones, y población vulnerable por ingresos son 6.5 millones. Sumadas a éstas últimas cantidades con los primeros hacen un gran total de 90.8 millones de pobres en el país. Los 21.8 millones restantes viven en el primer mundo.

En este tema, en los últimos cuatro años ha crecido en un 23 por ciento la población sin acceso a alimentos. El incremento de la inflación prevista de 3 por ciento para este año por Hacienda se elevó a un 4.57 por ciento, que llevamos agosto de 2012. La estrategia mediática que ha seguido Calderón hay sido la de etiquetar recursos para la superación de la pobreza, ampliando las cantidades asignadas supuestamente con aquel objetivo, sin percatarse que el problema no radica en presupuestar más, que siempre es bienvenido, sino en crear condiciones para un mejor entorno que permita producir más, crear empleos bien remunerados, abatir el desempleo y disminuir la pobreza.

En los últimos seis años, Calderón, el presidente del empleo, en vez de generar empleo se encargó con mucho éxito, por cierto, de crear más pobres y más desempleados. En los últimos cinco sexenios de priistas y panistas, incluyendo el actual, nos han dicho que la pobreza está controlada y terminada en el discurso, pero la triste realidad nos ubica con aumentos en la cantidad de pobres, que a la fecha llegan a 90.8 millones de mexicanos.

La salud de los mexicanos fue una asignatura pendiente debidamente por esta administración, que como es natural pone en peligro a la población del país. Con bombo y platillo se publica que hemos alcanzado la cobertura universal, lo que resulta una falacia. El padrón de afiliados al Seguro Popular no es público, lo que redunda en que no es posible saber si las familias que reciben subsidio de la Secretaría de Salud en efecto tienen acceso formal y efectivo a los servicios.

En nuestro país la educación, la ciencia, tecnología, innovación y la cultura son temas que las administraciones panistas les causa escozor. La gratuidad de la educación mandatada por la Carta Magna ha sido agraviada.

Para concluir, señor presidente. El Partido del Trabajo se pronuncia y lucha porque nuestro pueblo tenga mejores opciones de subsistencia, que coma mejor; que su educación sea más provechosa; que no sea tan pobre; que tenga más y mejores universidades; que tenga mayores accesos a la salud. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, escucharemos con atención y con el afecto que él sabe le profesamos, al señor diputado Alfonso Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el gobierno de Felipe Calderón todo ha conspirado para que se ignore la realidad, y el documento que hoy glosamos forma parte contradictoriamente de ese propósito de desinformación. Con una retórica de ocasión autocomplaciente y engañosa, el Ejecutivo remite un boletín sobre política interior, con una dosis de propaganda imposible de avalar.

Lo realmente relevante de esta glosa es que en términos políticos va más allá de la evaluación de un simple reporte de gobierno. Ha iniciado en realidad, aún sin pretenderlo, el juicio sobre el PAN en el poder y su responsabilidad en el fracaso de la alternancia, ésa extraordinaria oportunidad para llevar a cabo una transición pacífica del autoritarismo a la democracia, que fue sepultada en dos sexenios de gobiernos panistas, con un evidente desastre.

Esa proeza se sustentó en razones históricas, la de la alternancia. Pero también debemos reconocerlo, en un partido de oposición, el PAN, que tenía un mérito veterano en la lucha cívica.

Pero sin bien Acción Nacional puso fin a una etapa política del país, fue incapaz de sentar las bases de la siguiente. La democratización de la lucha por el poder, el combate a la corrupción y finalmente el empleo, sus banderas más importantes fracasaron, y detrás de ese fracaso se encuentra la esperanza de un pueblo traicionado. La penalidad por esa traición al pueblo de México será para Acción Nacional una auténtica travesía por el desierto en busca de su identidad perdida.

Lo que vivimos en realidad en estos 12 años del PAN en el poder no fue una transición a la democracia, sino un tobogán político hacia la descomposición nacional. Un México con la moral en trizas, una realidad sin paliativos y un gobierno a la defensiva, nos recuerdan que no hay en la historia civil de nuestro país ningún presidente que haya estado acompañado de tantas calamidades como lo ha estado Calderón.

Hay que reconocer, sin embargo, que la gran mayoría de tales calamidades las padece por méritos propios. No nos engañemos pues, no obstante, lo que hayan dicho en esta tribuna algunos compañeros legisladores de Acción Nacional. México no está hoy mejor que antes.

Pero más allá de juicios de valor, la realidad de la política interior del país se refleja en toda su crudeza en diversos indicadores internacionales, y a ellos quiero referirme un par de minutos.

Según la fundación Konrad Adenauer, de 2000 a 2011, la democracia mexicana obtuvo una calificación promedio de 5.9 sobre 10, 5.9 sobre 10. En derechos políticos y libertades cívicas, 4.2.

Según el reporte 2011 del latinobarómetro, el 73 por ciento de los mexicanos no estamos satisfechos con el sistema de gobierno. En el reporte de la Democracy Ranking Association, México bajó la calificación de su democracia de 2007 a 2010, para ubicarse actualmente en el lugar número 53 de 104 países evaluados.

Vean ustedes nada más dónde andamos, por debajo de El Salvador, Trinidad y Tobago, Perú, Jamaica, Mongolia, Islas Mauricio y otros países.

Y aquí viene, tal vez, el dato más relevante, que seguramente interesará a los legisladores del PRI, y por supuesto, a los legisladores de Acción Nacional.

Según Transparencia Internacional, México ha empeorado notablemente en materia de corrupción, especialmente de 2008 a 2010. Vean ustedes que el año 2000 el corruptísimo PRI dejó a nuestro país en el ranking número 53, en el lugar número 53 del ranking mundial, calificado por el Banco de México.

El honestísimo PAN tiene al país, 10 o 12 años después, en el lugar número 100 del ranking de corrupción internacional. El honestísimo PAN llevó al país a perder 43 lugares, 45 lugares en el ranking de corrupción internacional.

Compartimos esta desastrosa posición con Burkina Faso, que está un lugar antes que México, con el Egipto de Mubarak, que está también, el Egipto de Mubarak, que cayó en buena medida por los altos índices de corrupción, un lugar antes que México. Se encuentran también Benín, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi, Surinam y Tanzania. Llama, obviamente, la atención, que países como Suazilandia, Tonga, Albania, Zambia y Liberia tengan mejores calificaciones que México en este rubro.

Con semejantes datos, desde sociedades con patrones de transparencia y rendición de cuentas más arraigados, podrían pensar, no sin razón, que nuestro país ha sido gobernado estos años por una banda de cleptómanos.

El indicador de gobernabilidad del Banco de México, para México, se ha venido cayendo, hasta registrar para el periodo 2006-2010 el peor desempeño de la década. Destaca especialmente la dimensión relacionada con estabilidad política y ausencia de violencia que se encuentra en números rojos, ubicados muy cerca de los índices de países africanos en situación de guerra civil.

En cuanto a los grados de libertad y derechos civiles para Freedom House México es un país parcialmente libre, para Press Freedom se encuentra en una situación difícil, y para Democracy Index es una democracia defectuosa.

El gobierno de Calderón nos recuerda los costos de un triunfo político construido sobre un fraude electoral. Ese hecho convirtió tempranamente a Calderón en una maldición sexenal para nuestro país. Un gobierno acosado por la sospecha de ilegitimidad no puede ser democráticamente eficaz, ni construir unidad.

Calderón deja como saldo un Estado fragmentado, en el que cada grupo de poder político y económico se ha llevado su retazo; deja un país cercado por conflictos en la vanguardia y en la retaguardia, buena parte de ellos creados por su propia inhabilidad; deja un país en cuyo corazón late la desesperanza y cada día lamentablemente es más triste que la anterior.

Como buen representante de una derecha esquemática cree que la fuerza lo resuelve todo, pero no podemos sustentar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado en la ausencia de límites a la acción policiaca o militar.

Parece que lo único que ha logrado Calderón con su estrategia anticrimen ha sido desorganizar al crimen organizado, pues ahora el problema del crimen desorganizado es aún mayor que el crimen organizado.

Las bondades del régimen federal se convirtieron durante su gobierno en trincheras de un nuevo caciquismo, dominado por una actitud partidista que lo inhabilita para mediar los intereses políticos se ha convertido en el principal impulsor del sectarismo y de luchas facciosas, con sus recelos políticos históricos, particularmente contra la izquierda, no descansan. Ése es el balance del gobierno de Calderón, un lamentable fracaso.

No podemos pues salvar a su gobierno de la trastienda de la historia –termino ya señor presidente– por haber construido miles de kilómetros. Millones que hubiese construido no alcanzarían para saldar su responsabilidad.

Decía finalmente Juárez que, es dado al hombre algunas veces hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud. Ésa es hoy la coyuntura de México, el elevamiento del vicio y el desprestigio de la virtud. Ése es el resultado del proceso electoral en la elección presidencial del pasado julio.

Sobre esta paradoja instituciones, poderes fácticos y medios de comunicación han tendido un manto de legalidad, que es siempre forma, pero no han podido ni podrán darle legitimidad a su imposición atropellada.

Por último, por congruencia con nosotros mismos y con esos electores que hicieron posible que arribáramos a esta Cámara con su voto a favor del proyecto de cambio verdadero, que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Los diputados miembros de la fracción de Movimiento Ciudadano nos unimos a la decisión colectiva de desconocer políticamente el supuesto triunfo de Peña Nieto. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, doña Ximena Martel, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, asistimos al ejercicio del mandato constitucional que nos faculta para analizar el informe presidencial en una coyuntura propicia para una reflexión panorámica de la política interna en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los resultados entregados develan una deuda considerable del actual gobierno con la sociedad, esto no es necesariamente por falta de interés, tampoco por falta de recursos disponibles; pero sin duda sí es producto de una deficiente capacidad operativa para generar acuerdos, para acercarse con fuerzas políticas diversas y para delinear políticas públicas efectivas para satisfacer las necesidades de la sociedad.

El orden, la clasificación y la extensión de la información presentada, así como el énfasis que hizo el presidente en su mensaje deja la impresión de encontrarnos más ante una nueva apología de las decisiones en materia de combate a la delincuencia organizada, que con un informe de gobierno, subrayo, de final de sexenio.

Sin duda el tema de la seguridad pública es un componente fundamental cuando hablamos de la vigencia del estado de derecho y de las condiciones para la gobernabilidad democrática; sin embargo, no se trata solo de un yerro argumentativo, es la evidencia de un sesgo conceptual que permeó a lo largo de este gobierno con graves consecuencias sobre las cuales se ha discutido ampliamente.

La vigilancia estricta del cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente en lo relativo a las garantías individuales, a las relaciones con los otros dos Poderes y niveles de gobierno, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, junto a la primordial tarea de contribuir a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones democráticas. Podemos afirmar que son asignaturas pendientes, no solo en el informe sino también en los hechos; la realidad del país sigue dando mucho de qué hablar.

El informe incluye un capítulo extenso donde se intenta demostrar con un largo cuadro de nombres de personas detenidas, la eficacia de la política de seguridad pública; sin embargo a seis años de implementada la estrategia es claro que los pretendidos avances no se reflejan en la sociedad, la violencia no cesa y las familias mexicanas tampoco viven con tranquilidad.

Materia fundamental para el desarrollo de la nación es la transparencia en todos los órganos de gobierno. Según el último índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional en donde se evalúa a 183 países, con una escala de cero a 10, entendiéndose que cero equivale a sumamente corrupto, México comparte la posición número 100 junto con Benin, Burkina Faso, Gabón y otros seis países africanos, así como Indonesia y Argentina, con una calificación de tres puntos. Si se compara con los países que integran el G20, México se ubica en la posición 16 de los 19 países evaluados. Entre los países de la OCDE México ocupa el último lugar; posición 34 de 34 países evaluados.

¿Qué decir de las evaluaciones en la percepción de confianza ciudadana? En general –desde hace al menos cuatro años– la confianza en todas las instituciones evaluadas ha disminuido considerablemente.

En un artículo publicado en febrero del año pasado por la revista Nexos, se presentaron interesantes conclusiones de una investigación a cargo de Guido Lara y Manuel Rodríguez Woog, las cuales subrayan que entre los mexicanos predomina un profundo individualismo. No hay un sueño común o una visión solidaria que vincule los destinos individuales. Se perfila un ciudadano que desconfía profundamente del Estado, de sus instituciones y de sus élites dirigentes. Que mira al país con un acusado sentido crítico.

El 70 por ciento de los mexicanos cree que no le ha tocado nada de la riqueza del país y existe una predominante percepción de que el déficit más importante en términos del progreso de México y de los mexicanos es la falta de un buen gobierno.

La corrupción, que no sólo son las dádivas indebidas, son omisiones, ejercicio inadecuado de la función pública, negligencia y permisividad ante la ilegalidad, son conductas inaceptables que resultan onerosas para el país.

Según el Consejo Coordinador Empresarial, el costo anual de la corrupción en México representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado; y es superior a los dividendos que el país capta como producto de la extracción de petróleo crudo y gas cada año, representando el 10 por ciento del producto interno bruto.

En este sexenio muchas de las dependencias de primer nivel de la administración pública federal estuvieron mezcladas en algún escándalo de corrupción, basta mencionar el caso de la Estela de Luz. Pero más grave aún, la corrupción ha costado vidas humanas. Cómo no recordar los trágicos casos de la guardería ABC, del casino Royale y de Pasta de Conchos.

Si hablamos de corrupción y opacidad, lamentablemente pocas cosas nos pueden sorprender a los mexicanos. El secuestro de la moral pública ha sido el sello característico de este sexenio.

Como bien ha señalado Robert Dale, la mayoría de los problemas fundamentales de un país no pueden resolverse mediante el diseño constitucional. Se requiere también de un buen gobierno, de un gobierno efectivo y eficiente. Y añadiría lo que dijera Karl Popper “los problemas más importantes y más difíciles de la democracia son de orden moral”.

Este recuento, evidentemente, refiere una serie de asignaturas inacabadas. Sin embargo en este momento tenemos la oportunidad de contribuir a sentar las bases de una nueva etapa cuya impronta sean los atributos de un buen gobierno.

Por ello desde esta tribuna recibimos con beneplácito la decisión del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de proponer entre las prioridades de su gobierno la atención al problema de la corrupción, planteamiento que es congruente con una comprensión profunda de los grandes problemas de nuestro país, que revela sensibilidad y visión de Estado.

El próximo sexenio debe de caracterizarse por la transparencia y la rendición de cuentas. La sociedad lo clama y los legisladores no podemos ser omisos ante esta realidad.

Señores legisladores, a esta Legislatura corresponde la enorme responsabilidad de estar a la altura de la demanda social de asumir con decisión, visión y un claro compromiso con la ciudadanía, el desafío de afrontar y resolver este problema.

Nos toca a nosotros, como lo señaló un destacado político español, “pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades” y recuperar de una vez por todas, el papel rector que le corresponde al Estado.

Eficacia, legitimidad, estabilidad y transparencia en el ejercicio del poder político, son componentes básicos de la gobernabilidad.

Construir confianza, a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y de incentivos para el ejercicio público con honradez, así como programas que inhiban conductas que atenten contra el mismo, son tareas necesarias para la consolidación de un proyecto común, solidario y colaborativo.

Todo ello resulta indispensable para el pleno ejercicio democrático, el buen gobierno y el desarrollo.

Ese es el tamaño de nuestro reto. Los invito a trabajar unidos, a conjuntar esfuerzos, a no repetir la historia de la repartición de culpas, a construir una historia de éxito como corresponsables en la edificación del país que todos anhelamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz nuestra apreciable compañera diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente. Me permito presentar ante ustedes la portada del Sexto Informe de Gobierno del gobierno federal, de Felipe Calderón. Esto es humillante.

En este informe se muestra en esta portada una fotografía en la que aparecen elementos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército mexicano, lo que seguramente pretende representar que el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad es uno de los mayores logros de esta administración.

Como refiere el propio informe “ha sido una decisión legal y ética cuyo objetivo es recobrar la tranquilidad de los mexicanos”. Así lo dice, Y no es un error gramatical, es literal. No incluye a las mexicanas.

El informe relata la estrategia nacional de seguridad y una serie de acciones, reformas, decretos y cuentas alegres, que proyectan un panorama que desde la perspectiva de la izquierda no compartimos por una sencilla razón, porque al ser contrastadas con la terrible realidad que vive el país resultan ser falacias y discriminatorias y, peor aún, con ceguera de género.

A casi seis años del inicio de la lucha contra el narcotráfico parece ser que no hay resultados con los que este gobierno pueda realmente presumir. En esta administración se han gastado sumas multimillonarias nunca antes vista en seguridad, gasto desmedido que inició con su antecesor el ex presidente y ex panista Vicente Fox.

Así, en los dos gobiernos de falsa alternancia, la seguridad se incrementó de 20 mil millones de pesos en el 2000 a 192 mil millones de pesos en el 2012, lo cual es muy superior a los presupuestos de salud y de desarrollo social juntos.

En este informe resalta que el 96 por ciento de este gasto millonario está destinado a combatir sólo el 6 por ciento de los delitos, que son los del fuero federal. O sea que para combatir el 94 por ciento, los correspondientes al fuero común, queda sólo el 4 por ciento.

La inversión millonaria que se ha hecho en este sexenio en materia de seguridad está muy lejos de contribuir a la paz y a la tranquilidad de las y los mexicanos, y en su agonizante gestión deja un legado en promedio de 70 mil vidas de seres humanos que el gobierno desafortunadamente le ha llamado daños colaterales.

Lo anterior no es para extrañarse porque éste es el sello de esta administración: creciente asignación de recursos a una guerra que ha sido incapaz e ineficiente.

Pero voy a decir también que una muestra de esto es la negativa del Ejecutivo federal de publicar una Ley General de Víctimas impulsada desde la sociedad civil y aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión.

Redactado en un lenguaje excluyente y discriminatorio y con cifras un poco dudosas, en el apartado de estado de derecho y de seguridad, las mujeres hemos sido invisibilizadas. No hay una sola mención de las más de tres mil 200 desaparecidas en sólo nueve estados, ni da cuenta del 42.1 por ciento de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, ni las aproximadamente cuatro mil 919 mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en este sexenio.

La violencia feminicida ha aumentado ante la exclusión y discriminación que viven las mujeres mexicanas, agravada por la presencia de grupos armados oficiales y no oficiales.

En la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia no se ha autorizado ni investigado lo que marca la ley de las tres solicitudes de alerta por violencia de género que expertas del movimiento de mujeres han solicitado y que además están previstas en la ley.

Pero tampoco se cuenta con el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y es incompleto el funcionamiento del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres que en esta Cámara aprobamos por unanimidad todos los partidos para que se llevara a cabo.

Son pocos los temas que este informe refiere en cuanto a la protección de la vida, de la integridad, de la seguridad, de la dignidad de las mujeres y son abordados de manera muy superficial, sin aportar datos que permitan identificar avances concretos en materia de prevención y atención de las violencias y no se refleja una política pública integral e interinstitucional tendiente a erradicar la violencia de género.

Se limita a mencionar la Fevimtra, sin esclarecer qué tipo de atención se ha brindado a 16 mil niñas y niños víctimas de trata ni las acciones emprendidas para transformar las condiciones de impunidad y corrupción que han permitido que cerca de 12 millones de personas -según cifras del Inegi- sean víctimas de este grave delito.

Pero además, el contexto de la guerra contra el tráfico, la prostitución y la explotación sexual comercial se han incrementado. El crimen organizado ha encontrado en la venta y renta de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, una manera de diversificar y aumentar sus ganancias.

Ante esto el gobierno mexicano no ha representado ninguna garantía de seguridad para las mujeres, sino por el contrario, la actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha representado un mayor peligro, pues de acuerdo a la documentación de las organizaciones de la sociedad civil, en las zonas donde se han desplegado los operativos conjuntos de seguridad, la trata de personas, la oferta de prostitución y las violaciones sexuales se han incrementado exponencialmente.

Por eso, es urgente investigar las nuevas formas de trata de mujeres a las niñas que se han detectado en mismas, que no se reflejan en este informe.

Los grupos del crimen organizado levantan, enganchan, engañan para usar a las mujeres como halconas, como sicarias, como mulas o como esclavas sexuales de los jefes de plaza. Y cuando las mujeres dejan de serles útiles a estos grupos, son simplemente privadas de la vida y sus rostros son desfigurados para hacer más difícil su identificación.

Por eso en relación a las mujeres migrantes que transitan y se encuentran en nuestro país, el gobierno no se dio a la tarea siquiera de desagregar por sexo la información, la poca información.

Y señala muy superficialmente el número de personas migrantes a las que se ha brindado algún tipo de apoyo. Esto se ha agravado, baste escuchar los relatos de una mujer joven, pobre, indígena, sin saber el idioma y además sin tener los documentos y que viva violencia en la frontera con Estados Unidos.

Es lamentable que estos hechos denigrantes no le merezcan al titular del Ejecutivo ni una sola línea en las 786 páginas del informe. Pero eso no es nada, ante Naciones Unidas México tuvo que haber ido desde el 2006 a dar el informe ante el Comité de la CEDAW y ahí este Comité que había emitido 20 recomendaciones ahora hace aproximadamente mes y medio, emitió 52 recomendaciones al Estado mexicano.

No se debe olvidar estas recomendaciones porque debemos ampliar una estrategia que incluya el acceso efectivo al ejercicio de los derechos.

Pero bueno, este país ha sido testigo de una oleada de reformas a las constituciones locales de varios estados para proteger la vida desde el momento de la concepción, y esa fue una recomendación que recibió el Estado para armonizar, no para criminalizar a las mujeres en este país que hubiesen decidido su maternidad libre y voluntaria, gozosa y deseosa como lo marca el artículo cuarto constitucional, y dan muestra de ello las mujeres que están siendo encarceladas en todo el país.

Por eso esto agravia nuestros derechos, porque por los mismos derechos que son universales somos tratadas de manera distinta, dependiendo del estado donde hagamos la denuncia o del estado donde hayamos nacido.

Pero no deja, no da muestra ni de Campo Algodonero ni de Inés Fernández ni de los casos de Valentina Rosendo, que por su recomendación son obligatorias, siendo un reflejo de la política de simulación en materia de derechos humanos de las mujeres.

Por eso esta estrategia de respeto irrestricto de los derechos humanos es una falsedad, porque da cuenta del profundo agravio a la libertad de expresión. 30 periodistas se les ha privado de la vida, de los cuales 13 son mujeres y por lo menos 100 han denunciado alguna agresión relacionada con su labor profesional. Pero no; ésta es peccata minuta y ahora México ha considerado... perdón, se ha considerado a México el quinto lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo de acuerdo a Naciones Unidas.

Tenemos muchos datos, pero hay que hablar también de las defensoras de los derechos humanos. Tenemos registrados 11 asesinatos de mujeres defensoras y ninguno de estos casos ha sido esclarecido. Están en manos de la PGR, como son los asesinatos de la defensora Bety Cariño y la activista de origen finlandés Jiry Jaakkola.

Voy a dar fin a mi intervención, simplemente diciendo que, retomando esta portada del informe, con la cual el gobierno pretende presentar su administración, desde esta tribuna debemos decirle al gobierno que ha fallado, que las acciones realizadas durante esta administración en materia de seguridad pública son un absoluto fracaso. La seguridad no es nada más la policía; la seguridad tiene que ver con nuestra vida, con nuestra seguridad, con la calle, con la casa. La seguridad tiene que ver con las mujeres también. Por ello, si bien hay acciones en materia policial, si bien hay acciones en materia penitenciaria, éstas fueran impulsadas por el Congreso, no por el Ejecutivo.

Termino, señor presidente. La obligación del Estado para garantizar las libertades y los derechos fundamentales no puede ser representada por una imagen que en la realidad sólo ha representado más violencia, más inseguridad y más impunidad. En este país no habrá seguridad, justicia y estado de derecho, mientras más de la mitad de la población esté en riesgo de ser desaparecida, asesinada y violentada por los grupos de crimen organizado y por aquellos que posan para la foto y mismos que promueven desde el Estado el que vivamos todas y todos una cultura del miedo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Malú Mícher.

Esta Presidencia recibe con un enorme afecto a don Fernando Cruz Pérez, presidente municipal de Chilón, Chiapas y demás representantes de diversas comunidades, invitados por su diputada doña Lourdes López Moreno. Sean ustedes bienvenidos a esta casa de la representación nacional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la tribuna doña Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su venia, presidente. Diputadas y diputados, el análisis que hoy realizamos no podría llevarse a cabo sin antes reconocer el enorme esfuerzo que la actual administración ha hecho para combatir de manera frontal, sin titubeos y con miras muy claras el grave problema de inseguridad que ha azotado al país en los últimos años.

Desde el primer día de gobierno del presidente Calderón, identificó el profundo rezago en materia de seguridad pública en el país, que había minado la calidad de vida de los mexicanos y que tenía un impacto directo en el desarrollo nacional.

Mucho se ha comentado sobre la falta de un diagnóstico serio para combatir al crimen organizado. Nada más falso que eso. La situación actual es el resultado de una serie de factores acumulado a lo largo de décadas, fue justamente bajo el largo dominio del PRI que la corrupción y la tolerancia, las actividades de los narcotraficantes incubó la serie de desafíos en materia de seguridad, que hoy enfrentamos con decisión y con valor.

La debilidad de las instituciones de seguridad y justicia, especialmente en el ámbito local, aunado a leyes obsoletas y tomando en cuenta la existencia de muchos cuerpos policiales mal pagados y mal equipados, sin esquemas de coordinación entre sí, y muchas de estas corporaciones amedrentadas o cooptadas por los delincuentes.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada por el gobierno federal, consta de tres elementos: contención y debilitamiento de las organizaciones criminales, transformación legal e institucional de las autoridades enmarcadas de la procuración de justicia y la seguridad, y sobre todo, lo más importante, la reconstrucción del tejido social.

En pocas palabras, era un asunto que nadie quería enfrentar. Había que poner un hasta aquí. Poner un límite a las bandas del crimen. Las instituciones son para el servicio de los mexicanos, no para el servicio de los criminales.

La capacitación, profesionalización y dignificación de cada miembro de la policía, ha sido altamente impulsada por el gobierno federal. Esta administración dejará corporaciones federales con personal evaluado y confiable.

Nunca antes como ahora se había consolidado una fuerza civil de seguridad, que cuenta con más de 36 mil elementos de la policía federal, y permanece el reto de reproducir logros similares en las corporaciones policiales locales.

El desarrollo de acciones integrales para la reconstrucción del tejido social ha permitido, en lo que va de la administración, recuperar más de 5 mil espacios públicos, parques, plazas y otros puntos que estaban en manos de la delincuencia.

Como ejemplo de lo anterior, dentro de la estrategia Todos somos Juárez se implementó el mayor apoyo en programas sociales y de infraestructura que ha tenido Juárez en su historia.

Se llevaron a cabo obras como centros comunitarios, estancias infantiles, infraestructura de obras, el centro deportivo Villas de Salvarcar, lo cual fue posible gracias a la intensa participación de la ciudadanía.

Actualmente se han reducido en un 77 por ciento los homicidios en esta ciudad fronteriza, pero sólo será a través de la reconstrucción del tejido social y de tener corporaciones honestas, que podremos recuperar los espacios de paz en México.

Mucho se ha dicho que el presidente Calderón se olvidó de la prevención del delito. Esto es falso. Claramente se ha puesto énfasis en la prevención del delito como un punto clave para fortalecer el tejido social con acciones específicas como el programa de Escuela segura, la recuperación de espacios públicos y la instalación de centros Nueva vida para la detección temprana de adicciones.

También hay que recordar que toda la política en materia de desarrollo social es política de prevención. En ese sentido los logros son muchos: la cobertura del Seguro Popular, la cobertura al 100 por ciento en educación primaria, el programa de becas más ambicioso de toda la historia de nuestro país, el programa Estancias infantiles, sólo por citar algunos.

El gobierno de la República ha orientado sus esfuerzos a la cultura cívica y el apego a la legalidad, fomentando la cohesión social.

El compromiso del gobierno federal con las autoridades locales explica la transferencia de recursos para acciones de prevención del delito, procuración de justicia y seguridad pública a través de diversos programas como el Subsemun y otros, por cerca de 17 mil millones de pesos, sólo en 2012.

Por otro lado, en Acción Nacional hacemos un reconocimiento a la labor que han llevado a cabo nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso insoslayable por defender, con su vida, la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Es indudable que tenemos logros importantísimos en este sexenio, sobre todo en aquellas acciones para alcanzar un Estado de derecho, como ejemplo, la reforma penal, la reforma en materia de derechos humanos, las víctimas del delito se ven hoy visibilizadas con la creación de la procuración social de atención a víctimas del delito.

La Ley Federal de Extinción de Dominio. Nuestros hijos se ven favorecidos con leyes como ésta, como la Ley de Trata de Personas, la Ley de Secuestro, así como el avance importantísimo que constituye la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Señoras y señores legisladores, al comenzar el nuevo siglo México sufría la reproducción del crimen común en delincuencia organizada, por eso era necesario tomar decisiones firmes y valientes.

Sin duda, nuestro presidente, Felipe Calderón, actuó como un hombre de Estado para dar la cara por México ante el poderío de los criminales.

En muchas situaciones hemos tenido que ser nosotros los que hemos asumido la responsabilidad con México. Ha sido lamentable la forma en que otros le han regateado al país las reformas que requiere para su desarrollo. Le regatearon tanto a México, tanto le han regateado al país que hoy carecen de autoridad moral para quererlo transformar.

Vamos a tener que ser de nueva cuenta, también nosotros, quienes sigamos impulsando los cambios que la nación demanda. Debemos aprobar leyes y reformas pendientes en el Congreso, como la del mando único policial, la Ley contra el Lavado de Dinero, la de Procedimientos Penales, y muchas otras.

Promoveremos reformas que permitan mayor rendición de cuentas y transparencia. No es posible que tengamos entidades federativas con subejercicios en recursos de seguridad y además reporten un alarmante endeudamiento público. Seguiremos avanzando para que las necesidades ciudadanas sean congruentes con la actuación gubernamental.

No olvidaremos los casos que llenaron de indignación a la sociedad de políticos vinculados directamente con el narco. Ahí están expedientes de ex gobernadores, la mayoría emanados del PRI, que por falta de una legislación adecuada siguen en la impunidad. Sólo casos tan evidentes como el de Yarrington concluyeron con órdenes de aprehensión, pero hay muchos otros que llenan de vergüenza y desalientan a la sociedad.

Señoras legisladoras y señores legisladores, son muchas las acciones que se han llevado a cabo, seguiremos impulsando una estrategia de seguridad vinculada a la recomposición del tejido social, una estrategia de seguridad que no pacte con criminales.

Se ha dicho en esta tribuna: seremos inflexibles a la lucha contra el crimen. Basta de regateo y mezquindades, es el momento de concretar los acuerdos políticos sin sesgos partidistas ni visiones arrogantes y totalitarias.

En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso por dotar al Estado de los instrumentos que permitan a la sociedad gozar de tranquilidad en cada hogar. El país con el que soñamos y por el cual trabajamos requiere compromisos de todos y cada uno de nosotros, queremos un país en el cual no pueda ni deba negociarse con criminales.

Seguiremos trabajando para alcanzar la paz, el respeto a la dignidad humana, la garantía en el ejercicio de los derechos y libertades, y la justicia que todos queremos. El país con el que soñamos y por el cual trabajamos requiere compromiso y responsabilidad de todos en lo que a cada uno corresponde, se requiere el compromiso de todos los actores políticos y sociales, de la participación conjunta –sociedad y gobierno– y –lo más importante– del compromiso de quienes sustentamos el cargo de legisladores.

En una alta responsabilidad como ésta, quien no hace lo que debe aun a pesar de sí mismo, es un auténtico simulador de la patria. Será la historia quien coloque a cada quien en su lugar. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Curi Naime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alberto Curi Naime: Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputado.

El diputado Alberto Curi Naime: Compañeras, compañeros diputados, la rendición de cuentas es un ejercicio plenamente democrático y una obligación de quienes somos portadores de la representación ciudadana.

En el Partido Revolucionario Institucional sabemos que el diálogo y la colaboración entre Poderes vigorizan nuestra democracia y generan adecuadas sinergias institucionales. Con esa convicción en el marco de respeto a nuestro orden constitucional participamos en este análisis del VI Informe de gobierno presentado por el Ejecutivo federal.

En el ámbito de la política interior quiero señalar en primer término, que aun cuando en diversos rubros se expresan logros y avances, estos pierden su peso relativo frente al estancamiento, los retrocesos y las omisiones que la actual realidad de México refleja, el estado que guarda la nación no es satisfactorio.

En los últimos años se han agravado diversos problemas nacionales y han surgido otros más, la vida cotidiana de millones de mexicanos transcurre hoy entre el temor, el desaliento y la incertidumbre, hecho que no puede atribuirse solo a la fatalidad, sino principalmente a una gestión poco eficiente y transparente de las instituciones públicas.

Si bien el gobierno consiguió evitar que los efectos de la crisis económica se profundizaran más, no pudo lograr que el conjunto de la sociedad llegara, como dice su eslogan, a vivir mejor. Efectivamente había que cuidar la estabilidad macroeconómica, pero también se requería sentar las bases para un crecimiento justo, sostenido y verdaderamente generador de, bienestar para todos.

El acceso a la salud, a la educación o a la alimentación, aun cuando fue insuficiente, quizá mitigó parcialmente el deterioro de la calidad de vida, pero no contuvo la pérdida de la capacidad adquisitiva de los mexicanos, ni impidió la desigualdad social y que ésta se incrementara, la lucha contra la pobreza se perdió en el sexenio que termina.

Por otro lado, la debilidad del Estado mexicano frente al embate del crimen en todas sus expresiones fue manifiesta: la inseguridad, la deficiente procuración de justicia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad se erigieron cono los problemas más graves del país poniendo en riesgo, incluso, nuestra propia gobernabilidad.

En éstos seis años no tuvimos un gobierno funcional y moderno que diera respuesta efectiva a las necesidades ciudadanas, pues carente de una visión estratégica, renunció a erigirse como generador y articulador de políticas públicas eficaces, configurándose –más bien- como un gobierno obeso, sin rumbo y con escasos resultados.

La sobrerregulación, la burocracia excesiva y la corrupción, disminuyeron sustancialmente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Casi la mitad de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción; 60 por ciento piensa que no se combatió con efectividad.

En este periodo México no pudo tampoco consolidar un sistema política que respondiera a las exigencias de la sociedad del siglo XXI, debido en buena medida a la falta de capacidad del Ejecutivo federal para lograr los consensos necesarios a fin de concretar las reformas constitucionales y legales más importantes para el país. Tenemos hoy ciertamente democracia electoral, pero todavía no tenemos ni hemos accedido a una democracia de resultados.

Pero más allá de los consensos, México necesitaba –y necesita aún- hacer realidad el cumplimiento de la ley. Éste es uno de los temas más delicados que ha limitado el desarrollo y la competitividad del país, ya que los ciudadanos requieren tener la certeza de que el gobierno actúa apegado a la ley y combate la impunidad.

Sin embargo, la realidad que actualmente enfrentamos ha erosionado enormemente la credibilidad en nuestro estado de derecho. Hoy en día una gran cantidad de delitos no se castigan. México aparece, según la Academia Mexicana de Ciencias Penales, entre las naciones con mayor impunidad. Y de acuerdo al último reporte sobre estado de derecho, del Banco Mundial, México disminuyó su calificación de 42 puntos en el 2000 a sólo 30 en el 2008.

Pero indudablemente el mayor reclamo de la sociedad sigue siendo la seguridad. El país ha vivido los últimos años sobresaltado por una violencia exacerbada. La inseguridad ha afectado la vida cotidiana de los mexicanos, nuestra economía e incluso nuestra cohesión social. Miles de vidas perdidas forman parte ya de una dolorosa estadística nacional.

Hoy no están en duda los motivos ni la voluntad del Ejecutivo federal para hacer frente a la inseguridad. Lo que se discute son las estrategias implementadas y sobre todo los insuficientes resultados alcanzados.

El crimen no puede enfrentarse sólo ampliando a la policía, incorporando a las Fuerzas Armadas, eficientando el sistema de justicia o construyendo más cárceles; era primordial atender las desigualdades, las causas de la pobreza y los detonadores sociales de la violencia; era indispensable garantizar condiciones mínimas para una mejor convivencia social, como lo hemos expresado: alimentación, salud, educación, servicios públicos y empleos suficientes, entre muchas otras.

Combatir la inseguridad sin ampliar la acción social como componente preventivo ha conducido sólo a más violencia, pues la seguridad no se mide por el número de personas en prisión ni por la presencia de más policías o soldados en las calles o el número de armas decomisadas, como se señala en el Informe y que difunden los medios de comunicación, sino por las condiciones objetivas de bienestar de la población y la confianza de ésta en sus instituciones.

La estrategia centrada principalmente en el uso de la fuerza, no ha representado, en nuestra opinión, un combate integral y mucho menos una acción eficaz. Los resultados aquí lo muestran:

Entre 2007 y 2010, los homicidios dolosos aumentaron 175 por ciento y los secuestros, 178 por ciento.

La extorsión y el robo se han incrementado significativamente. En el sexenio han sido detenidos alrededor de 27 mil menores de edad por diversos delitos y al menos 12 mil enfrentan juicios por homicidio doloso, según cifras de la Procuraduría General de la República. Su aumento sin duda es preocupante.

La tasa de desocupación juvenil se ha duplicado. De 4.8 por ciento en 2001, a 10 por ciento en 2010, lo que representa más de 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan.

Los derechos humanos se han vulnerado en un número creciente. Más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza.

Han resultado absolutamente insuficientes las políticas y los programas para reconstruir el tejido social y para involucrar adecuadamente a la ciudadanía en las acciones preventivas.

Reitero, si bien el Ejecutivo federal en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales enfrentó este flagelo, lamentablemente mantuvo hasta el final una estrategia cuyos resultados son francamente inaceptables por los enormes costos políticos, económicos y sobre todo humanos que ha implicado.

Compañeras y compañeros diputados, decía Adolfo López Mateos que “los mexicanos no entendemos la vida sin libertad y no entendemos la libertad sin justicia”. Esta frase resume la que tal vez ha sido la mayor paradoja de la administración que termina, ya que los mexicanos estamos hoy inmersos sin quererlo, sin llegar incluso a comprenderlo, en un escenario en el cual el Ejecutivo federal, buscando fortalecer la seguridad y la justicia, fue incapaz de garantizar un entorno adecuado para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades ciudadanas.

En síntesis, la inconformidad de millones de mexicanos contrasta profundamente con los avances reportados en materia de política interior. Su desencanto se manifiesta además por la ausencia de un diálogo provechoso con los otros poderes de la unión y por la escasa coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para promover el desarrollo armónico de nuestro país.

Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, emerge hoy la exigencia ciudadana de entendimiento y de diálogo, que se ha traducido precisamente en la integración de un Congreso plural como el que hoy conformamos. Nuestro primer deber, por tanto, será interpretar con acierto esa exigencia de los mexicanos. Escribamos pues, juntos, una página nueva en la historia de nuestra democracia basada en la concordia y en el diálogo, en un diálogo rico que propicie la paz, la unidad y la fortaleza de México como objetivo común, en un diálogo respetuoso, franco y abierto que nos permita alcanzar los consensos que el país requiere.

Los legisladores priistas estamos dispuestos a hacerlo y estoy seguro que conjuntamente con las diputadas y diputados de todos los partidos aquí representados trabajaremos vigorosamente para lograrlo, pues más allá de ideologías e intereses de grupo, sin duda todos compartimos el anhelo de que a México y a los mexicanos nos vaya mejor. Trabajemos pues unidos por el interés superior de la nación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. Con ello terminamos la primera ronda de intervenciones para el tema de política interior y política social.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a iniciar la segunda ronda dando dándole la palabra a la diputada Cristina Olvera Barrios, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: A 12 años de la alternancia de la democracia seguimos esperando que se cumplan las expectativas que este acontecimiento histórico despertó en muchos mexicanos.

Hoy nuestra forma de gobierno levanta ciertas dudas por su falta de efectividad para resolver los grandes problemas de nuestra nación. Debemos reconocer que el acceso al poder es un marco de pluralidad que está sentado en procesos electorales institucionales, pero aún cuestionados por los actores políticos mexicanos.

Hemos sentado las bases en la agenda democrática nacional, pero también tenemos muchos pendientes y asuntos que resolver. Lo que falta en la ecuación es gobernar de manera democrática; gobernar de manera democrática no se traduce a un simple apartado de un informe paradójico, se titula democracia efectiva.

Gobernar democráticamente significa construir con efectividad los acuerdos entre los actores políticos y sociales para incrementar los niveles de vida en general. Su importancia radica en la forma que el gobierno logra hacer efectivos sus acuerdos. La administración actual se dedicó a firmar acuerdos, pero poco hace por cumplir esos acuerdos para mejorar la vida de todos los mexicanos.

Para el gobierno federal, gobernar democráticamente significa diálogo, conciliación y negociación en los actores políticos y sociales que conforman la pluralidad nacional. No obstante percibimos poca voluntad política para retomar la agenda ciudadana establecida en el Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.

La pérdida de vidas y los miles de desaparecidos no fueron suficientes para que el Poder Ejecutivo publicara la Ley de Víctimas, propuesta por el Movimiento Nacional con Justicia y Dignidad, demostrando la falta de sensibilidad promovida por la Ley General de Atención y Protección a Víctimas, ley que a los ojos de las y los ciudadanos no responde a las víctimas sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad.

Uno de los problemas que sin duda alguna han lacerado el tejido social es referente a lo de la seguridad social. A pesar de la insistente publicidad en la mal llamada “Cruzada de Seguridad”, es una mentira que ésta haya permitido a la ciudadanía despojarse de ése clima de inseguridad y de zozobra.

Es ineludible destacar la eficiencia en los compromisos adquiridos entre el gobierno federal y los estados en materia de aplicación, de confianza, de exámenes a los policías. Han pasado cuatro años desde la firma del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad y los resultados son ambiguos.

Por un lado, el Ejecutivo pretende destacar que los 37 mil efectivos de la policía han cumplido con dichos exámenes. Sin embargo, son de todos conocidos los casos en que algunos efectivos de la policía federal están coludidos con grupos criminales, baste recordar el reciente caso de Tres Marías o el vergonzoso episodio de las ejecuciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por afirmar esto.

Por su parte más de la mitad de los estados han cubierto los requisitos mínimos para la implementación de dichos exámenes. Una muestra evidente del nulo interés en transformar a las instituciones responsables de la seguridad pública en órganos de la más alta integridad.

Es el ámbito de la profesionalización en el sistema nacional de seguridad pública que sufrió un 50 por ciento de su presupuesto asignado para este año. Uno de los principales problemas es la coordinación de los miles de cuerpos policiacos que existen en nuestro país, para esto el gobierno presente en turno ha pedido el apoyo del Ejército y la Marina en las labores de seguridad.

En el Partido Nueva Alianza proponemos desaparecer las estructuras de seguridad pública municipal e integrar a los mejores elementos a un mando único estatal, otorgando claridad y certidumbre respecto a sus nuevas responsabilidades.

Los países que han logrado disminuir sus índices de inseguridad y aumentar la confianza en sus policías han enfrentado el esquema único estatal, delegando a los policías municipales la tarea de tránsito.

La democracia requiere de la participación ciudadana y ésta requiere de la confianza en las instituciones, confianza que ha sido minada por el flagelo de la corrupción que sigue estando presente en muchas áreas de la vida pública.

A pesar de la aprobación de la Ley Anticorrupción, en contrataciones públicas la mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones y privilegian las adjudicaciones directas o a los invitados restringidos, como es el caso de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, por mentar algunos.

Para ilustrar la extensión de la corrupción en el sexenio de Calderón tenemos el caso de Néstor Félix Moreno Díaz, el ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que recibía sobornos por la multinacional CISA ADV para obtener contratos de energía.

Para este gobierno, enfrentar el problema de combate a la corrupción, ya que tan sólo en los últimos tres años el presupuesto destinado a este rubro sufrió una reducción de más del 40 por ciento, con base en la información que dio el Ejecutivo federal en días pasados.

Cabe destacar que el índice de percepciones de la corrupción ubicada en México está en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3 puntos en una escala de cero. Es la mayor percepción de la corrupción y 10 puntos menor a la corrupción.

Si el ejercicio comparativo se hace con base a los países que integran la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, nuestro país se encuentra entre los países con índice de corrupción más alta.

El malestar social no es para menos, el caso de HSBC México es un ejemplo ominoso de la corrupción, impunidad y falta de vigilancia del comité del Ejecutivo federal. Cómo es posible que la Comisión Bancaria no pudiera destacar transferencias por alrededor de 92 mil millones de pesos de dudosa procedencia, ¿complicidad o ineficacia?

Todos estos reportes fueron publicados en nuestro vecino del norte. Es lamentable que ni en el debate público ni en las acciones gubernamentales se haya visto una reacción contundente para evitar que se repitan estos ilícitos.

Al contrario. En el Informe vemos una festividad con los resultados de corrupción que rayan francamente en el cinismo. La policía requiere la habilidad para concentrar intereses divergentes en acuerdos mínimos posibles.

Muy poco de esto vimos en la gestión del presidente Calderón, omisiones, errores o franca irresponsabilidad en lo que caracteriza a la política interior de la administración actual, pero esto no es casual. El que mal empieza mal acaba, éste parece ser el epitafio del gobierno actual.

Nunca como antes los encargados de los asuntos del Estado estuvieron en manos de improvisados. Nunca a la altura de los retos. Compañeras y compañeros legisladores, al revisar la gestión del Ejecutivo en estos últimos seis años, pudimos concluir que la política interior ha dejado mucho que desear.

Es momento de trascender las posturas partidistas que nos han dividido, y de construir juntos la gobernabilidad democrática que todos los mexicanos necesitan y han puesto la confianza en nosotros. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El ejercicio de la glosa nos da la oportunidad para comentar grosso modo la evaluación de sus acciones en política interior a lo largo de casi seis años de gobierno, aunque -hay que decirlo- el germen se haya incubado cuando menos desde hace 24 a 30 años.

Si bien no cuenta con representantes de su gabinete que vengan a explicarnos lo que ha querido decir entre líneas, o más bien, lo que no nos haya querido informar este gobierno fallido, en algunas exposiciones que han antecedido se ha visto que cuenta con algunos voceros en la defensa de las políticas públicas, implementada en el sexenio de Calderón Hinojosa.

Sin afanes provocadores pero sí con el ánimo de reflexionar sobre el estado de las cosas que deja la administración pública federal actual, en esta breve exposición invito a esta honorable asamblea las siguientes reflexiones.

Por cuanto hace a la política interior, en el anexo de la Secretaría de Gobernación cito: se desglosan las diversas acciones que se han realizado, con el objetivo de que los mexicanos puedan vivir en condiciones de certeza y tranquilidad, fortaleciendo nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, con mayores recursos y mejores capacidades humanas y técnicas.

Pretensiones demasiado elevadas si tomamos en cuenta las acciones que se informan. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, en casi tres páginas se presentan las acciones realizadas por el Cisen, como el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, encargado de producir inteligencia y contrainsurgencia para la toma de decisiones. Dentro de sus atribuciones se encuentra la de proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, que pretendan vulnerar la soberanía, el territorio, las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho de nuestra nación.

De las actividades del Cisen se rinde cuenta en términos generales, de seis acciones en mejora de desempeño institucional, tres del sistema de integración, información y análisis de seguridad nacional y nueve acciones de cooperación internacional.

No existe información básica que permita concluir el alcance de sus objetivos institucionales y su contribución a la atención de conflictos, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional o contribución a la gobernabilidad democrática.

Así, cada uno de los siete apartados del tomo de la Secretaría de Gobernación incumplen con los principios básicos de la información pública gubernamental, transparencia y rendición de cuentas.

La presentación de acciones con información general y datos inconexos impide conocer el cumplimiento de las atribuciones y la eficiencia y eficacia de los mismos. Cada uno de los apartados es un islote de datos que no se relacionan con los otros que presenta la misma secretaría.

No existe una información relacionada entre dependencias del Poder Ejecutivo que exponga la racionalidad del presupuesto público y la funcionalidad de estructuras democráticas que justifiquen gastos e inversiones.

La información que se presenta no refleja la situación real de la administración pública y de los efectos de la implementación de las políticas públicas, del uso de la organización de sus estructuras de gobierno y las relaciones que se generan en el ámbito del poder público en la administración de conflictos.

Por referirme a uno de los temas de política interior que más preocupan a la población de acuerdo con las encuestas sobre evaluación de gobierno y percepción de inseguridad en México como el elaborado por Flacso sobre gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina, el de Consulta Mitofsky, encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, o en México, evaluación de gobierno, o bien, de las encuestas que realiza el propio Inegi, la percepción ciudadana sobre inseguridad, desempleo y pobreza no es coincidente con las metas alcanzadas que el Ejecutivo federal presenta en su VI Informe de Gobierno.

De los sondeos de opinión, un 70 por ciento de personas afirman haber vivido la cercanía familiar de un delito. Se percibe un aumento de los delitos graves, tráfico de drogas, homicidios, secuestros y extorsión.

En el combate a la delincuencia organizada, la información estadística que proporciona cada dependencia del Ejecutivo federal, de los resultados de operativos realizados en el año que informan, atiende a parámetros diferenciados.

Veamos el caso de la detención de presuntos delincuentes detenidos en el periodo de septiembre del 11 a julio del 12. En el tomo principal del informe se señala la detención de 29 mil 51 presuntos delincuentes, cifra que no es acorde con los 27 mil 949 detenidos de organizaciones delincuenciales y los 28 mil 816 por operaciones de narcomenudeo que señala la PGR o los 39 mil 263 que reporta la PFP o bien los 10 mil 808 de la Secretaría de Defensa y los mil 214 de la Secretaría de Marina, que cada una de las entidades menciona en su tomo especifico.

Por otra parte, el sistema penitenciario nacional a junio de 2012 contó con 419 centros de reclusión con capacidad de 188 mil 167 internos y una población de 237 mil 566 personas. Esto es una sobrepoblación de cerca de 50 mil ciudadanos. En el periodo de enero-junio del 11 y 12 se informa que la población penitenciaria pasó de 225 mil 697 a 237 mil 566. Esto representa un incremento de cerca de 12 mil personas.

¿Cuántos de los detenidos en el periodo que reportan las dependencias de seguridad de septiembre del 11 a junio del 12 se encuentran sujetos a proceso en las cárceles? ¿Y cuántos se encuentran fuera por no acreditar su responsabilidad o por estar sujetos a procesos de libertad bajo caución?

¿Es creíble la detención de aproximadamente 30 mil personas implicadas en delitos graves y que las cifras de personas recluidas en las cárceles no reflejen cifras similares en el mismo periodo? La incongruencia de cifras tanto en número de personas detenidas como vehículos asegurados, así como el número de personas detenidas en los centros de readaptación social son apenas un botón de muestra del nivel, funcionalidad y eficacia de la coordinación real de las dependencias que aplican acciones de fuerza en la seguridad nacional.

Los informes dan cuenta formal de operativos y estrategias implementadas en el marco de atribuciones de cada entidad administrativa a seguridad, sin embargo no expresa las relaciones de poder que se ejercen en la ejecución de las mismas, relaciones en las que se crean espacios de discreción en la observación de la ley y en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es en esta parte donde se gestan los puntos ciegos, en los que los poderes fácticos crean reglas paralelas y al margen de la ley. Es en este espacio en el que se incuba la impunidad y consecuentemente la corrupción.

Éstas son las relaciones en las que se manifiesta el Estado fallido, en donde prevalece la transa, el bisne, que no sólo contamina la administración pública, sino que también se manifiestan los negocios de los sectores privados y sociales. Se dice que se tolera la corrupción porque conviene o beneficia a la mayoría.

En esta cultura política, la que permite y fomenta la compra del voto, y la compra de conciencias, no sólo la cooptación del ciudadano, sino también a altos funcionarios y magistrados que asumen como legal concesiones indebidas para la explotación de minas, depredando el medio ambiente y abusando en la explotación de los habitantes de la región, o bien simulan legalidad ante actos fraudulentos en la prestación de servicios que encubren lavado de dinero o uso de fondos ilegales, véase el caso del HSBC o de Monex, en la indebida asignación de obra pública, en Pemex sobre todo. Qué se pretende al presentar una información con datos estadísticos incompletos, con variables que ocultan información real de la situación que se vive en el país.

El formato de contenidos del informe presidencial solo cumple con un trámite, pero no atiende un compromiso democrático de rendición de cuentas y en ello el Congreso de la Unión tiene responsabilidad. Si bien es cierto que el Poder Legislativo modificó el formato; tendremos que revisarlo para que no se convierta en una glosa entre legisladores con monólogos alternados.

No es creíble que en el VI Informe de Gobierno no se haga referencia a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, si bien se da cuenta de capturas, desarticulación de bandas, no se explica las dimensiones del costo humano de esta guerra, menos aun se perfila la responsabilidad de sus ejecutores, se omiten también a las víctimas del tráfico humano, el número de ilegales secuestrados, extorsionados o asesinados en nuestro país, no se da cuenta de las comunidades o municipios que son inaccesibles para las fuerzas de seguridad, espacios geográficos en los que no existe el Estado mexicano.

Compañeros diputados, existe en este informe de gobierno, en esta revisión, la posibilidad de implementar nuevas formas y métodos de evaluación de las acciones y resultados en la presentación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como revisión de cuentas anuales del gasto público.

Para ello, actualmente existen los procedimientos contenidos en las leyes de planeación y presupuesto público y aún más esta asamblea puede establecer mejores procedimientos de control y evaluación con miras a fortalecer una gobernabilidad democrática que permita la exigibilidad de los derechos de los ciudadanos.

No es solo suficiente hacer buenas leyes; es necesario vigilar el cumplimiento de éstas aquí, así como exigir la rendición de cuentas y transparencia de la función pública. El diseño institucional del Estado mexicano puede ser funcional en el papel, sin embargo en la interacción de los Poderes fácticos en donde se juegan los intereses económicos y políticos, se atrofia la funcionalidad y se violentan los principios democráticos que deben observarse, tal es el caso de instituciones autónomas como el IFE, el Trife, que se contaminan y toman facción en los procesos de integración sus miembros, ya por no decir en el reciente caso de la Presidencia de la República.

Culmino, diputados, hace 18 años subí a esta tribuna porque era diputado de la LV Legislatura, en su parte sustantiva el país sigue siendo como lo diseñó desde entonces Salinas, sigue sin consensos y solo mantienen el control político con la coerción, con la fuerza del Estado.

Espero que como lo han venido diciendo los diputados del PRI y los del PAN sigan esa lógica, se haga un esfuerzo para cambiarlo atendiendo a las necesidades del pueblo...

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado, concluya, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es lo que vamos a intentar los diputados del Frente Progresista, en particular del PT, y seguro de que tarde que temprano si no lo hacemos, el pueblo mexicano logrará el cambio verdadero. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente turno es el del diputado Ricardo Mejía Berdeja, por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañera presidenta. A seis años de la llegada de Calderón, nos encontramos tarde –demasiado tarde– evaluando o, mejor dicho, lamentando lo que ha significado su gestión al frente del Ejecutivo federal.

Es importante recordar aquí que la principal razón del ser del Estado, la que le da origen y sentido es garantizar la seguridad de los habitantes, de los ciudadanos. En esta materia Felipe Calderón no ha cumplido.

En el México de hoy campea la impunidad y nadie tiene la vida asegurada. Son excepcionales los lugares del territorio nacional donde no existe la violencia y la delincuencia organizada. El que dijo en campaña que llegaba con las manos limpias, termina su sexenio en un océano de sangre, con la sangre de más de 90 mil muertos, producto de la errática, terca, imprudente e ineficaz guerra que inició hace seis años sin estrategia y sin planeación contra el crimen organizado.

Según cifras de la Procuraduría General de la República, desde diciembre de 2006 y hasta septiembre del año pasado, 47 mil 515 personas murieron en hechos vinculados con el crimen organizado. Ésta cifra no ha sido actualizada, pues se omitió en este Informe. Pero organizaciones civiles y medios de comunicación estiman que son más de 90 mil muertos a los que se suman 30 mil desaparecidos.

Cifras que hay que contrastarlas con los supuestos logros de esta estrategia, en la que como resultado se tiene que han muerto o han sido capturados 22 de los 37 criminales identificados como los más buscados.

Esta guerra es cuestionada incluso por los miembros de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales purgan ahora procesos penales y que son personajes que hasta hace poco eran reputados como gente de una gran calidad moral y de un gran prestigio en la milicia.

Hoy con este escenario Calderón hereda un avispero alborotado, por decirlo coloquialmente. Y se tienen que tomar decisiones urgentes en materia de seguridad. Cambiar la estrategia de fondo porque no puede ser posible, como se afirma en el VI Informe, y lo cito textualmente, que han disminuido los índices delictivos y que el fenómeno de la violencia está concentrado en algunos municipios y no es un común denominador en todo el país.

Falso. ¿En qué mundo vive? La violencia se ha generalizado en prácticamente todos los rincones del país. Parece normal despertar con noticias de balaceras, descabezados, descuartizados, narcobloqueos, gasolinazos, y no la elevación del precio de la gasolina, sino explosiones en las gasolineras, de ajustes de cuentas en diferentes regiones del país. Ese es el nuevo lenguaje del México sangriento.

Sigamos repasando los compromisos no cumplidos. Calderón prometió en campaña ser el presidente del empleo, con la creación de 1 millón de trabajos al año. En realidad de 2007 a la fecha se informa sobre la creación de 2 millones 240 mil empleos. Apenas una tercera parte de lo prometido.

Pero el tema no es la cantidad, sino también la calidad de los empleos que se han generado. Los ciudadanos ven que lejos de cumplirse las expectativas, las oportunidades laborales que encontraron durante este sexenio, fueron pocas, mal pagadas y con pocas prestaciones de seguridad social.

Las relaciones con sindicatos, actores políticos y sociales están severamente lastimadas. No satisfecho con ello el gobierno de Calderón negocia ya con el próximo gobierno impuesto, una iniciativa de reforma laboral que presentó de última hora.

Desde ahora advertimos, como Movimiento Ciudadano y como parte del frente legislativo progresista, que la reforma laboral no la vamos a aprobar sobre las rodillas. Es evidente que el Ejecutivo pretende un albazo legislativo.

Un tema de esta naturaleza, de esta relevancia requiere de un amplio e informado debate y de la concertación con las fuerzas políticas, pero sobre todo con los sectores productivos, con los trabajadores, que son la fuerza del país.

El trámite preferente no es irresponsabilidad ni salvoconductos legislativos; tampoco la aprobación de cualquier ocurrencia de fin de sexenio. Se requieren foros de discusión y de debate sobre la reforma laboral. Una amplia discusión donde especialistas y representantes de los distintos sectores den su opinión para construir un marco jurídico aboral que concilie los derechos de los trabajadores con una justicia expedita.

En el ocaso de una administración cuestionada desde su origen no vamos a darle un cheque en blanco para que se afecte a los trabajadores de México y le haga el trabajo sucio a la próxima administración, producto del robo electoral.

Y ya que estamos en ello, revisemos lo que este sexenio nos ha dejado en materia de democracia y gobernabilidad. Origen es destino. Evidentemente que no se podía esperar en un sexenio que deriva del fraude electoral amplitudes democráticas. A seis años venimos ahora nuevamente de un proceso electoral que lejos de garantizar equidad, imparcialidad y certidumbre ha profundizado la desconfianza, el repudio y un nuevo conflicto electoral. Se pretende arraigar una democracia prostituida en la que lo que vale es el dinero y la corrupción.

No estamos de acuerdo con el fallo fallido del Tribunal Electoral y no vamos a claudicar en nuestra lucha por la transformación democrática del país. Los magistrados y consejeros electorales, así como el titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, deben renunciar para recomponer el desastre que provocaron.

Desde luego que eso es mucho pedir para quienes convalidaron todas las irregularidades, particularmente los magistrados, que se convirtieron en matraqueros del candidato del PRI. Por eso reiteramos que en los próximos días vamos a promover un juicio político en su contra por el grave daño a la democracia y por haber mancillado nuestra Constitución al convertirse en cómplices de este atraco.

En materia de democracia vamos para atrás, como los cangrejos. Se reformaron leyes para que el presidente sólo envíe su informe anual, mientras que en los países democráticos el Ejecutivo y los secretarios del gabinete dan la cara y responden a los cuestionamientos de los legisladores.

Por eso esta glosa más parece un foro de complacencias y reclamos que un ejercicio de rendición de cuentas.

En síntesis, en materia de política interior el saldo es un rotundo fracaso. Todo lo aquí dicho: inseguridad, antidemocracia, desempleo, encuadran en un estado fallido. Este es el saldo de Felipe Calderón, un estado fallido en un esquema de restauración autoritaria.

Este sexenio al fin llegó a su fin. Sin embargo, se avecinan seis años peores si este Congreso no se asume como uno de los Poderes de la Unión y hace un auténtico contrapeso al Ejecutivo.

Por eso, Movimiento Ciudadano propone la revocación del mandato para no tener que esperar seis años para ver si sobrevive el país. Es muy sencillo, el que no cumpla se va. Es devolverle al ciudadano el poder de decidir quién le gobierna, de exigirle cuentas y de cambiarle si éste no responde.

Es nuestra posición, compañeros legisladores, respecto a la política interior, un fracaso; este es el saldo de Felipe Calderón. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruíz: Gracias diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruíz: El siguiente turno es el del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Orozco Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea. Para hacer un análisis del VI Informe de Gobierno en lo referente a la materia de política interior, es necesario que tengamos presente, en primer término, cuál es el alcance, significado, pero que debemos de entender por este eje de política interior.

Si somos rigurosos debemos tener presente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación le compete conducir la política interior que le corresponde al Ejecutivo federal y no se atribuye expresamente a otra dependencia.

Es así que la mayoría de las tareas de política y gobierno interior son competencia de esta Secretaría. Sin embargo, pueden participar de esta materia otras dependencias que buscan cumplir con uno o varios de los objetivos de la política interna.

En ese sentido, los rubros que integran esta política interna deben de ser el estado de derecho, la procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción, crimen organizado, derechos humanos, seguridad nacional y seguridad pública.

Es así que las acciones de la política interior desarrolladas por el Ejecutivo federal y sus auxiliares deberían de crear condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad en un entorno favorable y garantista.

Por lo tanto, el análisis de la política interna incluye las siguientes dependencias: Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Función Pública, Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica.

Desde otro ámbito, la política interior de una nación de manera directa o indirecta debe consistir en salvaguardar y fortalecer la paz social. En el país hay una gran diferencia entre la agenda del presidente en funciones y la gravedad de los problemas que estamos enfrentando; pobreza, inseguridad y desempleo por citar algunos de ellos.

La sociedad se siente aislada, no encuentra canales de participación por las vías legales, y por desgracia se empiezan a generar movimientos, formas de presión o bien a establecer cacicazgos o cotos de poder en ciertas regiones del país. Este tipo de poderes son los que están dominando las regiones, no de manera concertada sino por la vía violenta e ilegal, y es cuando nos preguntamos ¿a dónde está el gobierno, de qué manera podemos contar con estabilidad y una gobernabilidad democrática?

Pasando al análisis brevemente de los puntos que comprende la política interior de este VI Informe de Gobierno, tenemos que en el rubro de estado de derecho se enfatizan las cualidades de la llamada estrategia nacional de seguridad, la cual, según se dice, tiene por objetivo la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales; el fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia, así como en la reconstrucción del tejido social y prevención del delito.

Dentro del informe de las acciones de esta estrategia se señalan una gran cantidad de cifras que sustentan las acciones que ha realizado este gobierno, además de un intercambio de información, profesionalización del servicio policial; el aumento de sus elementos; acciones de las fuerzas armadas y demás datos, más no se presentan resultados tangibles.

Hay que reconocer que existen buenas intenciones respecto al desarrollo de una estrategia para combatir la delincuencia, pero éstas no bastan para una acción de gobierno, se requiere más que una buena voluntad.

De qué sirve que, como lo señala el propio informe de gobierno, esta administración ha destinado recursos sin precedentes a las funciones de procuración e impartición de justicia, seguridad pública y nacional, con un incremento del 59 por ciento, si de acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial el estado de derecho en México tiene el peor desempeño al ocupar el lugar 134 de 142 países.

En materia de procuración e impartición de justicia se señala que se dan datos numéricos y estadísticos que pretenden dar a notar un sistema penal que avanza y funciona. En el más reciente informe, por ejemplo del índice de bienestar de la OCDE, México se coloca en el país con mayor inseguridad, igualmente se señala que la tasa de homicidios ha aumentado de 7 por ciento en 2002, al 19 por ciento al 2012. Somos, junto con Brasil, el país con mayor número de homicidios.

En materia de seguridad nacional, en este tema el informe presidencial señala que el gobierno, por encima de cualquier interés tiene el de garantizar la seguridad nacional, para lo cual señala, se apoya de las fuerzas armadas, cuya plantilla es de 263 mil 930 elementos, de los cuales el 79 por ciento son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el 20 por ciento de la Secretaría de Marina Armada de México.

Sus actividades son principalmente realizar patrullajes y establecer puestos militares de seguridad, participar en la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión y cateo de apoyo, con las autoridades ministeriales, así como auxiliar a la población civil en situaciones de flagrancia o en casos de denuncia.

Todo lo anterior, como ya lo he dicho en otras ocasiones, se debería de reflejar en la seguridad que todos sentimos al visitar la república, o simplemente al salir a la calle. Sin embargo, esos gastos exorbitantes no dan los resultados que los mexicanos merecemos y necesitamos para los días por venir.

Para la fracción del Partido Verde Ecologista de México es muy importante que uno de los objetivos de la política interna mexicana, deba de equipara la agenda nacional a la gravedad de los problemas que estamos enfrentando, tales como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, la educación, la salud, la vivienda, entre otros, a través de los instrumentos políticos legales, administrativos y de coordinación, que con base en situaciones ciertas generen expectativas reales y de bienestar.

El nuevo gobierno que ha de entrar en funciones en próximas fechas, debe de ser apoyado por todos los actores que conformamos el escenario nacional. Tenemos que hacernos responsables de nuestro presente y proyectar un mejor futuro, lo cual podremos hacer siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias, ya no se trata de partidos políticos o de preferencias electorales. Se trata de rescatar nuestro país de un estatus de miedo, de desigualdad y de falta de oportunidades.

Ello, lo lograremos a través del impulso de legislación asertiva y eficiente, de una dirección de una política económica eficaz e integral, y de una dirección de los cuerpos de fuerza de seguridad fundamentada y motivada en un plan preciso y de cara a los retos, que en toda la república se nos presentan.

No se trata solamente de criticar al gobierno saliente, pues aunque obtuvo logros durante su gestión, éstos por desgracia se vieron opacados por una esfera de miedo e incertidumbre, en la que muchos mexicanos viven.

Generemos juntos, con los otros dos Poderes de la Unión, mejores mecanismos para lograr nuevos y mejores resultados. Algunos de los principales retos de la política interior de México son recuperar la confianza en las instituciones y en los servidores públicos, acabar con la subcultura de la corrupción y de la impunidad, desarrollar sistemas de inteligencia, implementar mecanismos más eficaces y eficientes de protección a los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia, también en específico para los periodistas.

Procurar estrategias que den resultados día a día de las personas, a través de la reducción de la violencia, crímenes y el mejoramiento del nivel y calidad de vida, no solamente la generación de estadísticas y el desgaste de nuestras fuerzas armadas. Incentivar y generar el diálogo entre los Poderes de la Unión, a fin de obtener logros coordinados.

El diseño de la política interior de un país, debe cumplir con el propósito fundamental de propiciar un entorno favorable, no sólo para el desarrollo político –que nos quede claro–, sino también para el crecimiento económico con calidad y para el desarrollo social y humano de nuestra población. Y lo más importante, que toda política interior debe contener acciones que creen las condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad.

En síntesis. Una política interna incluyente, que además de obtener la aceptación social de su población, sea palpable en el desarrollo de su vida, en el entorno de la estabilidad y paz social que requiere este país. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Ciudadano presidente de la Mesa Directiva, señoras y señores diputados, ciudadanas y ciudadanos, asistimos hoy a la glosa del último informe de gobierno y por ende a la oportunidad de evaluar y analizar los imperceptibles alcances del sexenio que concluye.

En materia de política interior el saldo es sumamente negativo. Finaliza un régimen que se caracterizó por la falta de una estrategia planificada que hizo gala de improvisación y que pretendió subsanarla con el uso discrecional de la fuerza coactiva del Estado, incursionando, en repetidas ocasiones, en el autoritarismo y en la violación a los derechos humanos.

La propia carátula del informe que se ha hecho llegar a esta Cámara asemeja más la propaganda de un régimen militar y no la imagen de un país en paz, gobernado por civiles y en camino hacia una democracia plena.

Pese a su obsesión de pretender mostrarse implacable y férreo, el gobierno evidenció su vulnerabilidad al realizar cinco relevos de titular de la Secretaría de Gobernación. Algunos relevos fueron consecuencia del desgaste político del servidor público, pero otros más se debieron a lamentables accidentes, los cuales nunca fueron debidamente aclarados, ahondando en el imaginario popular, la percepción de que estaban frente a un gobierno federal incapaz de garantizar la más elemental seguridad a sus funcionarios de primer nivel, mucho menos a la ciudadanía.

Como parte de su informe, el Ejecutivo federal señala tres ejes de su estrategia nacional de seguridad. El primer eje se refiere a la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales. Las cifras proporcionadas sólo denotan una parte reducida del problema, la cifra negra duplica y, en algunos casos, triplica la comisión de delitos que no se consideran en los datos oficiales. Tampoco se reconoce que varias zonas o regiones del país se encuentran no solamente con la presencia del crimen organizado sino que está inmerso en su vida cotidiana.

Más aún, como prueba del fallo en este rubro, por autoridades extranjeras nos hemos enterado de la vinculación del sistema financiero nacional con operaciones de procedencia ilícita, mientras que las autoridades mexicanas evitan hacer alusión e investigar un tema tan grave y delicado.

Otro eje se refiere al fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad, el cual ha sido incumplido cuando observamos a una Procuraduría General de la República castigada presupuestalmente. La existencia de cuerpos policíacos autoritarios y las dificultades que tienen estados y municipios para acceder a los recursos destinados al mejoramiento de los cuerpos policíacos.

Asimismo, se evita informar las redes, complicidades que quedarán intactas. El número indeterminado de desertores de las fuerzas armadas que trabajan para la delincuencia, así como de policías que tienen doble lealtades y que se niegan a someterse a las pruebas de confianza.

En contraparte, su afán en mencionar el aumento de la policía federal al pasar de poco más de 6 mil elementos en 2006 a más de 36 mil en 2012. Sin embargo, a pesar de los millonarios recursos invertidos en su profesionalización, la PFP recientemente protagonizó dos graves hechos que menoscaban e impactan directamente en su credibilidad y confianza.

El último eje se refiere a la reconstrucción del tejido social y prevención del delito, haciéndose hincapié en la rehabilitación de diversos espacios públicos. Desde la perspectiva de nuestra fracción parlamentaria se trata de acciones aisladas e insuficientes en un país en donde la pobreza es la situación cotidiana de millones de mexicanos y donde sólo podremos hablar de reconstrucción del tejido social cuando todas y todos gocemos de condiciones de equidad, cuando el Estado garantice el desarrollo integran de la juventud y responda ante las exigencias de una vida libre de violencia, especialmente para las mujeres.

Reiteramos, las verdaderas causas de la delincuencia se encuentran en la pobreza y en la marginación, en la desesperación de tantos millones de mexicanos que no tienen ninguna expectativa de desarrollo, que no tienen empleo y que carecen de lo más elemental para vivir dignamente. Es allí donde está el verdadero caldo de cultivo y un ejército de reservas inagotables.

Si no se combate la desigualdad y las injusticias con políticas públicas, que generen cohesión social y prevención del delito, de nada servirán las acciones represivas que lejos de contener el delito lo están exponenciando.

El gobierno federal omite aludir a las más de 50 mil víctimas generadas en su improvisada y mal planificada lucha, y por ende reconocer que ha actuado con torpeza en la salvaguarda de la seguridad pública debilitando al Estado de derecho, la convivencia social, nuestra calidad de vida y el ejercicio de nuestras libertades. En ese contexto evite explicar las razones para no acatar el mandato constitucional de publicar la Ley General de Víctimas aprobada el pasado 30 de abril del presente año.

En contraparte, el pasado 30 de agosto ha enviado al Senado la iniciativa por la cual se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas en un claro y lamentable afán de echar por la borda el esfuerzo legislativo de las mujeres y hombres que nos antecedieron en esta representación nacional.

En el mismo ámbito de la política interior otro déficit tiene que ver con la muerte y desaparición de periodistas en varias entidades del país, cuya cifra ya es comparada con la que sufren varios países del mundo que padecen guerras civiles o invasiones. Lo peor de todo es que la impunidad prevalece en todos estos casos, propiciando la desaparición del periodismo local ante la imposibilidad de realizar su labor informativa.

Como parte de su raquítico legado político debe sumarse la fallida política laboral del mal llamado presidente del empleo, que inició con una derechista reforma laboral que fue frustrada y habrá de terminar de la misma manera.

En materia laboral, el gobierno del señor Calderón pasará a la historia como el verdugo de los sindicatos disidentes, pero al mismo tiempo será recordado como un protector de los excesos y las corruptelas de los sindicatos magisterial y petrolero.

Esa misma política interior ambigua y facciosa se hizo presente en materias de medios de comunicación, la reciente confrontación por la banda de 2.5 que llegó a convertirse en un enfrentamiento personal, ha evidenciado la estrecha relación del gobierno con los gobiernos fácticos al mostrarse débil y vulnerable ante las grandes cadenas que componen el duopolio televisivo, al tiempo que resultó ferozmente implacable con las cadenas emergentes.

La mayoría de los mexicanos sabemos que Felipe Calderón arribó al poder como consecuencia de un proceso electoral fraudulento y desaseado. Esa sombra lo persiguió todo el sexenio, le impidió convocar a la izquierda para entronizar acuerdos nacionales y le ha imposibilitado regresar a esta Cámara de Diputados. Ese mismo hecho lo llevó a frenar una verdadera reforma del Estado y a emprender la transformación a fondo de nuestras instituciones públicas.

Su proyecto de reforma política en realidad se trata de una miscelánea de reformas constitucionales que sobrecarga de requisitos el ejercicio de los instrumentos de democracia participativa y realiza un diseño de candidatura independiente cuya implementación es prácticamente imposible.

Congruente con su legitimidad, Calderón actuó con omisión, negligencia y complicidad en el reciente proceso electoral federal. En la práctica la PGR y la Fepade nunca actuaron contundentemente para coadyuvar en las investigaciones sobre las denuncias hechas por el lavado de dinero, tampoco nunca dieron respuesta satisfactoria a los requerimientos de información que se hicieron, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al SAT sobre la triangulación de recursos del financiamiento paralelo de la campaña de Peña Nieto, en particular sobre Monex, Soriana y otras empresas privadas que se prestaron al fraude electoral.

Hoy confirmamos la degradación de las instituciones públicas y la actuación oficialista y violatoria de la Constitución, tanto del IFE como del Tribunal Electoral que, lejos de defender los principios de la justicia electoral, solaparon las arteras violaciones al sufragio efectivo y a los principios rectores en la materia.

Señoras y señores diputados, Felipe Calderón culmina su sexenio con una evaluación ciudadana negativa, ya que menos del 30 por ciento de la población aprueba su gestión en lo general.

El Ejecutivo federal faltó al compromiso de avanzar con determinación en la transformación de la vida nacional, elevar la calidad de vida de los mexicanos y modernizar nuestras instituciones.

Hoy México se encuentra muy lejos de ser un país de leyes donde las familias puedan vivir en paz y tranquilidad; y mucho más lejos de ser un país donde haya un verdadero acceso a la justicia.

Días aciagos esperan al país frente a la prolongación de gobiernos surgidos del fraude electoral y de la impunidad que abriga a quienes a todas luces subastan, comercian y se burlan de la voluntad popular.

Apremia retomar el camino de la transición democrática. Regresar el Ejército a sus cuarteles, consolidar verdaderas instituciones policiales y de procuración de justicia; dejar a un lado la simulación y combatir realmente la impunidad; avanzar a una profunda rendición de cuentas, democratizar los medios de comunicación y perder el miedo e innovar en busca del perfeccionamiento de las instituciones públicas.

Ésta simulación democrática que vivimos se desapareció el día del presidente y se construyó un rebasado mecanismo de glosa que en nada contribuye a la rendición de cuentas y al derecho del pueblo mexicano a estar debidamente informado.

A nombre de la fracción parlamentaria, reitero la invitación a que revisemos el formato del Informe Presidencial.

Concluyo, señor presidente. Es prioritario que el titular del Poder Ejecutivo cumpla con su obligación ética y política de asistir personalmente a este recinto para informar del estado que guarda la nación. Que lo hagamos en un marco de pluralidad y transparencia donde las diversas fuerzas políticas puedan expresar su sentir frente al Ejecutivo y de cara a la nación. Que permitamos que las mexicanas y los mexicanos sepan cuál es la realidad nacional y cuáles los diversos planteamientos políticos que en torno a ella...

El Presidente diputado José González Morfín: Señor diputado, su tiempo ha concluido hace más de dos minutos.

El diputado Marco Rosendo Medina Filigrana: ...generan, pero sobre todo que cumplamos nuestra responsabilidad de construir instituciones verdaderamente democráticas como un legado para las futuras generaciones y como una forma de reivindicación ante los fraudes electorales seriales y frente al juicio de la historia.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 10 minutos el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Por ahí me sorprende mucho el doble discurso que algunos partidos utilizan en el tema de la seguridad pública, por ejemplo, el PRD.

Habla la diputada Martha Lucía Micher, de que los operativos conjuntos del gobierno federal son un peligro en las localidades en donde se llevan a cabo.

La pregunta es por qué si son un peligro estos operativos conjuntos, sus propios gobernadores los solicitan insistentemente al gobierno federal.

Todavía el día de ayer el gobernador perredista de Guerrero solicitó al gobierno federal la intervención de las Fuerzas Armadas ante la matanza de Coyuca de Catalán.

No olvidemos también que el primer operativo que se llevó a cabo en este sexenio, fue en Michoacán a solicitud expresa del entonces gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel.

Así es de que por favor, hay que conocer estos datos antes de venir aquí a decir cosas que son falsas.

Por ejemplo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, se queja también de la presencia de las fuerzas federales y del Ejército en labores de seguridad pública, pero nos encontramos con que el día de hoy, y aquí tengo el orden del día, una diputada del PRD en una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, exige y pide la presencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales en el municipio de Netzahualcóyotl. Entonces hay que terminar con esos dobles discursos, por favor, señores del PRD.

Pero para dobles discursos, sin duda, los del PRI. Aquí también hemos escuchado al diputado Alberto Curi, criticar la estrategia del gobierno federal, por supuesto, sin proponer ninguna.

Pero nos encontramos también con que sus propios gobernadores han solicitado insistentemente operativos conjuntos, al gobierno federal. Así ha pasado por ejemplo en Veracruz, así pasó en Nuevo León, así pasó en Tamaulipas; estados donde los gobernadores definitivamente no pudieron con el crimen organizado y tuvo que intervenir entonces el gobierno federal.

Y no solamente esto, sino que el propio Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, el día 22 de abril dijo textualmente en Nuevo León: la presencia del Ejército se justifica plenamente en aquellos lugares donde las instituciones están debilitadas. Y ese día prometió, también en Nuevo León, que iba a enviar más fuerzas federales.

Pero no solamente Enrique Peña Nieto, sino que además el asesor estrella del PRI y de Peña Nieto, el general colombiano Óscar Naranjo Trujillo, dijo el 26 de julio que lo realizado en el actual sexenio en materia de seguridad pública será un activo importante para la administración entrante debido a sus importantes resultados. Este general, por cierto, se deshizo en elogios hacia el gobierno de Felipe Calderón, lo cual nos hace suponer que no es tan mala esa estrategia cuando el principal asesor en esta materia del próximo presidente de la república la ha elogiado. Así que es tiempo ya de que en este tema, al igual que en muchos otros, se termine con esos dobles discursos que nada aportan a la resolución de este problema.

Mejor hablemos de cuál ha sido el desempeño de los estados y municipios a la hora de implementar las líneas de acción derivadas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad. Hablemos, por ejemplo, de porqué más de la mitad de los estados, casi todos por cierto gobernados por el PRI, están muy atrasados en las pruebas de control de confianza que se tenían que implementar a sus cuerpos policiacos.

Hablemos por ejemplo de porqué en algunos estados o en la mayoría de los estados gobernador por el PRI vamos muy retrasados en la implementación de la reforma en materia penal. Hablemos, por ejemplo, de porqué en la mayoría de los estados gobernados por el PRI vamos muy atrasados en la adecuación de las instituciones, de acuerdo a la nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Ésa es responsabilidad también de los estados y de los municipios y no únicamente del gobierno federal.

Por lo tanto, respecto a este tema hay que dejar muy claro que el gobierno federal ha hecho la parte que le correspondía y la violencia no existe porque haya intervenido el gobierno federal; al contrario, la intervención del gobierno federal se dio porque existía una violencia que ya se tornaba inadmisible y este camino que ha emprendido el presidente Felipe Calderón es sin duda el más difícil, es el que no quisieron tomar los gobiernos priistas, pero es el que nos va a llevar a un mejor lugar. De eso no tengamos ninguna duda.

Entrando el tema de gobernabilidad democrática, también vamos a decir que en estos 12 años de gobiernos panistas sin ninguna duda cambió la realidad política en México. Hoy tenemos un presidente de la república que ejerce su responsabilidad con apego a la ley, acotado por un régimen verdadero de separación de poderes, con pesos y contrapesos, con organismos públicos autónomos y con un vigoroso federalismo.

Y hoy más que nunca, se diga lo que se diga, en México se respeta la libertad de expresión y las garantías individuales. Ninguno de los dos presidentes emanados de Acción Nacional ejerció nunca el poder desde una perspectiva autoritaria; por el contrario, y muy particularmente ahora lo vimos con Felipe Calderón; siempre este presidente se comportó como un auténtico jefe de Estado que nunca antepuso sus intereses o los de su partido a los intereses de México. Y eso es algo que todos tenemos que reconocer.

Por ejemplo, cuándo hubiéramos pensado en el pasado a un presidente que se sentaba con diversos actores de la sociedad civil a dialogar sobre los diferentes temas de la agenda nacional. En este sexenio, al menos en el último año, se llevaron a cabo 17 diálogos, entre ellos aquél célebre diálogo con el poeta Javier Sicilia. ¿Qué presidente priista hizo eso? Para ellos más bien era la lógica del “ni los veo ni los oigo”. En cambio, este presidente ha tenido toda la disposición a dialogar con todo aquél que ha querido y solamente no han dialogado aquellos que de antemano se han autoexcluido.

Además, fue también este gobierno de Felipe Calderón el que impulsó una importante reforma política dirigida a ampliar y profundizar las libertades de los ciudadanos y a tener también una democracia de mejor calidad.

Y esa reforma política quedó trunca, precisamente, porque no se le quisieron entrar a temas tan importantes como la reelección consecutiva de los legisladores, la reducción de las cámaras federales o la segunda vuelta. Son temas que el Partido Acción Nacional va a volver a insistir en esta Legislatura.

Y también, hay que señalar aquellos avances que se lograron en esta reforma política precisamente a partir del impulso que hizo el gobierno de Felipe Calderón. Por ejemplo, la iniciativa ciudadana, una nueva modalidad que abre las posibilidades para que la democracia mexicana dé una nueva dimensión a la participación directa de los ciudadanos. Esa fue una propuesta de la reforma política de Felipe Calderón.

Hablemos también de las candidaturas independientes que van a tener un impacto positivo en el sistema de partidos, que van a hacer que los propios partidos políticos tengamos que ser mucho más competitivos y postular a mejores candidatos y de esa manera vamos a tener una democracia de mucha mayor calidad. También, por supuesto, la iniciativa con carácter preferente.

Sin duda, un gran avance para evitar lo que viene siendo o lo que vino siendo costumbre en anteriores congresos mexicanos de la congeladora legislativa. Por tanto, estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado en materia política en estos 12 años del PAN. Por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, hay muchos temas en los cuales tenemos que insistir.

Y también queremos dejar muy claro que los diputados de Acción Nacional vamos a estar muy al pendiente para que el cambio, el próximo cambio en el Poder Ejecutivo no se traduzca en una ninguna regresión de tipo autoritario como las que vemos en varios estados. Por supuesto eso no lo vamos a permitir.

Y quiero terminar diciendo que Acción Nacional es el partido que civilizó la política en México y como tal, vamos a seguir trabajando por tener una democracia más ciudadana y de mejor calidad. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Gracias diputado Rodríguez Doval.

El Presidente diputado José González Morfín: Para concluir esta segunda ronda del análisis de política interior del VI Informe de Gobierno, tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores.

El dolor, la angustia y el luto que agobian a miles de familias y que ensombrecen el panorama nacional, nos obligan a efectuar un examen objetivo y sereno de la seguridad pública, a la luz del VI Informe de Gobierno y el mensaje presidencial emitido con ese motivo.

Nadie cuestiona la valentía de quien como comandante supremo de las fuerzas armadas, jefe de gobierno y de Estado, encabeza el combate contra el crimen organizado y menos el patriotismo y la entrega de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, los aparatos de justicia civil y sobre todo el Ejército y la Armada de México, sin embargo, el análisis que nos ocupa requiere apartar por un momento estas valoraciones, así como la retórica tramposa que escuchamos durante estos años del “¿qué hubiera pasado de no haberlo hecho? Nunca dije que era una guerra. Nadie plantea una estrategia”.

Procedamos a un balance objetivo que permita definir dónde estamos en materia de seguridad pública y qué fue de los cuantiosos recursos invertidos en este campo, a partir de ello, el próximo gobierno federal deberá asegurar la capacidad de hacer una contribución sustantiva a la tranquilidad de los mexicanos.

Se dice en el texto del informe que la estrategia de seguridad pública ha establecido “los cimientos necesarios en la materia y se ha contenido y debilitado a las organizaciones criminales”.

No obstante, una pregunta esencial que inquieta a los mexicanos es, ¿dónde está la justicia? Preocupa que la prensa internacional, el diario Le Monde en concreto, haga un llamado a la comunidad mundial ante la barbarie de 120 mil homicidios en México, que se habla de una crisis humanitaria ante la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes procedentes de Centroamérica, y que el Estado mexicano tiene una larga serie de casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo explicar el saqueo sistemático de los hidrocarburos y el control territorial del crimen organizado en un número significativo de los penales del país? ¿Cómo desmentir una crisis institucional ante la inoperancia del sistema nacional de seguridad pública, y cómo explicar a las víctimas de la violencia que la ley respectiva se encuentra en una controversia constitucional?

No se trata de un asunto de percepciones, sino de realidades cotidianas muy dolorosas y penosas, que embargan a los mexicanos y detienen el crecimiento y el desarrollo del país. La controversia sobre el número de víctimas, que si 60 mil, que si 72 mil, que 120 mil, es sintomática, no conocemos la dimensión exacta de la violencia y los instrumentos de medición son limitados, como consigna el informe.

Las cifras no son comparables porque sus criterios son heterogéneos, y más grave aún, últimamente se han ocultado las estadísticas. La PGR cerró el conteo en septiembre de 2011 con 47 mil 515 ejecutados, y de ahora en adelante la información está reservada y es confidencial.

Y no mencionemos a los 160 mil desplazados, que en el 2011 reportó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados; 12 mil niños huérfanos por la violencia, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua; 95 periodistas asesinados y 40 ataques a medios de comunicación.

No han faltado recursos económicos o instrumentos jurídicos que justifiquen la trágica situación que azuela al país. Como señala el informe, los recursos públicos invertidos en el área de seguridad crecieron 60 por ciento entre el 2007 y el 2012 y han sido aprobadas múltiples iniciativas legislativas provenientes del Ejecutivo y el Congreso de la Unión, a pesar de la controversia sobre el alcance de alguno de ellas, como es el caso de los testigos protegidos.

Ha faltado, sin duda, coordinación y unidad de criterios entre las dependencias del Ejecutivo federal, entre los distintos niveles de gobierno. Cómo justificar que sólo la mitad de los cuerpos policiales, que rondan las calles y los cuarteles, hayan aprobado los exámenes de control de confianza y el resto siga ahí a pesar del riesgo para la seguridad de los habitantes.

Cómo explicar que cuatro años después de la reforma del sistema de impartición de justicia, su instrumentación está lejos de ser una realidad en el territorio nacional.

Cómo justificar que a pesar de una legislación que sienta las bases de la coordinación entre las fuerzas de seguridad pública, la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, advirtamos de manera recurrente incidentes en los cuales se contradicen las versiones entre las distintas instituciones de seguridad pública federal, por una evidente división en el Gabinete de seguridad.

Por lo demás, la iniciativa de mando único sigue en proceso legislativo “por razones ideológicas y de cálculo político”, acusa el texto del informe. La repartición de culpas a diestra y siniestra en todos los niveles de gobierno y entre pueblos vecinos, es lo que ha predominado a lo largo de esta administración.

Yo le quisiera comentar al diputado que me precedió en el habla, que el diputado Alberto Curi mencionó que faltaron estrategias complementarias, además de la de seguridad. Faltaron estrategias de atender lo que es la pobreza, lo que son los servicios, el empleo, para poder aminorar ese flagelo que ha lastimado evidentemente a la sociedad mexicana.

Además, los delirios de grandeza no han estado ausentes. Cito, como en ningún otro momento en la historia –parafrasea el juicio del Informe sobre la estrategia de seguridad– los errores y omisiones son términos que se desconocen en el informe sobre seguridad pública, ¿pedir perdón?, cómo, por qué, a quién, dice el gobierno humanista, por algo los mexicanos reprobaron con su voto el saldo de violencia y dolor que deja esta administración federal a México.

La historia, como lo dijeron aquí, ya los puso en su lugar, por eso el voto favoreció al PRI.

Corresponderá al gobierno emanado de las filas de nuestro partido, el PRI, hacer el balance objetivo del estado de seguridad pública en el país. Recopilar la información que sea consistente, evaluar la situación de las corporaciones de seguridad policial y las instituciones armadas para replantear una estrategia que de manera ostensible omitió el diagnóstico sobre la inseguridad y la violencia. Sobreestimó los recursos públicos disponibles pero subestimó la capacidad del crimen organizado. Erró en la táctica y la planeación estratégica y fracasó.

Desde luego, nadie se opone a la continuidad y al reforzamiento del combate contra el crimen organizado trasnacional, ni a la presencia transitoria del Ejército mexicano y la Armada de México en esta lucha.

Todos, sin duda, reiteramos nuestro reconocimiento del patriotismo, el esfuerzo y el sacrificio de los miles de integrantes de los cuerpos de seguridad policial, del Ejército mexicano y la Armada de México. En honor a ellos, con responsabilidad institucional y respeto elemental a las víctimas del delito y a las miles de familias que viven en el dolor o que han perdido su patrimonio físico y también a quienes viven en el exilio, el próximo gobierno habrá de replantear el combate al crimen organizado, integrar una nueva fuerza policial eficaz y establecer la paz, la seguridad y la concordia entre los mexicanos.

Éste es nuestro compromiso y aquí estaremos para llevarlo adelante. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con esta intervención concluye la segunda ronda respecto del análisis con el tema de política interior.

El Presidente diputado José González Morfín: Continuamos con el análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política social.

Para la primera ronda, informo a la asamblea que se han inscrito, por sus grupos parlamentarios, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT; el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; el diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Mesa, señoras y señores legisladores, en la perspectiva del fin de un sexenio y el inicio de una nueva etapa política para nuestro país, el tema de la política social está entre los de mayor interés y trascendencia por su relación directa con el bienestar de la población, sus necesidades más apremiantes y sus expectativas más concretas a nivel individual, familiar y como parte de una nación que exige resultados tangibles.

La política social es la expresión más avanzada del Estado moderno al identificarse con la conformación de una sociedad incluyente, capaz de mantener un sentido de solidaridad y hacer efectiva las libertades individuales.

Al mismo tiempo la política social es parte de un proyecto reformista y democrático, que tiene un valor fundamental para sociedades que –como la mexicana– están determinadas por comisiones de gran desigualdad, pobreza e injusticia.

La política social del Estado mexicano todavía no está a la altura de los enormes retos que enfrentamos en esta segunda década del siglo XXI, muchas de las políticas con las que hoy se cuenta carecen de profundidad, planeación, articulación y capacidad transformadora.

Por eso ha llegado el tiempo de establecer un nuevo paradigma de política social de mucha mayor trascendencia para alcanzar progresos efectivos en materia de equidad, inclusión, cohesión y movilidad social.

La población mexicana en situación de pobreza y marginación ha crecido en lugar de disminuir, el 60 por ciento de los trabajadores mexicanos ganan menos de tres salarios mínimos. Este ingreso es insuficiente si se trata de un jefe de familia, a menos que se hiciera realidad la fantasía de un secretario de Hacienda del sexenio, quien afirmó que con 6 mil pesos una familia mexicana podía pagar casa, coche, colegiatura y esparcimiento.

Tenemos que reconocer de manera contundente que el conjunto de políticas sociales que se han aplicado durante esta administración no han logrado modificar sustancialmente las condiciones de pobreza en las que viven más de la mitad de la población.

También es cierto que la vulnerabilidad de la población es muy alta ante las fluctuaciones económicas, como lo demuestra el repunte de los índices de pobreza alimentaria durante la crisis iniciada en 2008. Los mexicanos que no son tan pobres carecen de una red de protección social que les impida caer en la pobreza ante las eminentes adversidades.

Tenemos entonces que concentrarnos en el perfeccionamiento de la política social con una visión integral y avanzada, que considere un régimen laboral capaz de propiciar la creación de empleos y la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores, la apertura de áreas económicas para la inversión nacional e internacional, la regulación de los monopolios, la racionalización de los subsidios, en particular la eliminación gradual de los subsidios a la gasolina que ha propuesto Nueva Alianza, un sistema fiscal que influya positivamente en la distribución del ingreso y en la elevación sustancial de la calidad educativa.

Contrario a esto, la administración saliente asumió una visión reduccionista de la política social, basada en enfoques asistencialistas, transferencias monetarias directas y subsidios focalizados, dirigidos a los sectores de la población que padecen los estragos de la pobreza, sin atacar realmente las causas estructurales.

Ese enfoque de política social no ha resuelto lo suficientemente de manera efectiva para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto explica que los avances en política social han sido sumamente lentos y a costos muy elevados. Con todo y el mejoramiento de los índices de cobertura en educación, salud y vivienda el problema de la pobreza y el atraso no están resueltos.

El estancamiento social proviene de lo raquítico de los ingresos y de la realidad que corresponde a uno de los países con los índices de desigualdad más altos del mundo. La política social centrada en esquemas asistenciales ha llegado a un límite, y sólo podrá progresar si se articula adecuadamente con la política económica.

Lo anterior se refleja en claras insuficiencias como, por ejemplo, el Programa Oportunidades, que no cuenta con evaluaciones de impacto confiables sobre los efectos de mediano y largo plazo en las familias beneficiarias. Debido a esto se generan casos como, por ejemplo, el de los tarahumaras de la sierra de Chihuahua que padecieron una crisis alimentaria porque numerosas familias fueron desplazadas del programa, a partir de decisiones basadas en criterios políticos de funcionarios irresponsables. Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y debemos empezar a construir una nueva relación entre ellos, el Estado y la sociedad.

En materia de educación, el VI Informe intenta presentar un balance positivo de lo que se llamó Transformación educativa; estrategia basada en generar condiciones de equidad y elevar la calidad educativa.

En función de ello, este informe presume que en el sexenio se rehabilitaron espacios en 57 mil escuelas de educación básica y que el total de becas otorgadas benefició a una tercera parte de la matrícula pública de todos los niveles educativos. Pero estas acciones no bastan, con 18 mil millones de pesos no alcanza para dignificar las 255 mil escuelas; entonces es evidente que el gobierno o funcionarios del mismo, nunca se enteraron de que la mitad de los planteles de preescolar, primaria y secundaria carecen de agua, o de drenaje, o energía eléctrica.

Por su parte, las becas no solucionan la penosa situación de que una cuarta parte de los niños mexicanos padecen pobreza alimentaria y así queremos que compitan en aprovechamiento escolar con los niños de Francia o los de Corea del Sur. La realidad es que no existe una política pública articulada para superar las desigualdades estructurales del acceso y permanencia al sistema educativo nacional.

Especial mención merece el menosprecio hacia la educación de los pueblos indígenas, durante la presente administración se redujo irresponsablemente el presupuesto para atender este rubro. Tan solo de 2011 a 2012 el presupuesto disminuyó un 30 por ciento; mientras que el porcentaje de la población nacional en pobreza es del 42.2 por ciento, entre los pueblos indígenas este porcentaje de pobreza asciende al 79 por ciento.

Entonces para elevar la calidad educativa el informe destaca también de manera muy considerable la alianza por la calidad de la educación y la implementación del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. Y en este punto es necesario que reconozcamos que sin la disposición, voluntad y compromiso de las maestras y los maestros apoyados por los padres de familia estas acciones difícilmente se realizarían.

La transformación educativa que propuso el gobierno federal quedó por debajo de las expectativas, en esta administración no se asumió plenamente que la educación es una prioridad nacional; año con año el Ejecutivo federal propuso presupuestos decrecientes para los rubros educativos y esta Cámara de Diputados ha debido corregir esa pretensión para que el presupuesto educativo no disminuyera. Por eso México solo invierte 2 mil 700 dólares por alumno, mientras que los países integrantes de la OCDE asigna en promedio 8 mil 800 dólares, es decir, cuatro veces más.

Tal parece que la transformación educativa en realidad buscaba menoscabar la educación pública para ponerla en situación vulnerable frente a diversos actores que quisieran que el Estado les deje el campo libre para satisfacer su apetito económico, privatizando la educación.

El gobierno federal desdeñó la continuidad y no estableció metas estratégicas pues no fue capaz de presentar un proyecto educativo a la altura de las necesidades actuales. Para Nueva Alianza la educación es la más eficaz palanca para detonar el desarrollo nacional. Ratificamos por ello nuestro compromiso con la defensa irreductible de la educación pública.

Más que una transformación, debemos impulsar una verdadera revolución educativa, para que la educación cumpla su función de canal de movilidad social y formadora de capital humano, de identidad y de ciudadanía democrática.

Para lograrlo es necesario que el Estado reconozca la deuda histórica que tiene en la materia. No cesaremos en exigir una inversión mínima del 8 por ciento del producto interno bruto para educación.

En materia de salud, el VI Informe establece que se ha alcanzado la cobertura universal. Se afirma que 107 millones de mexicanos tienen acceso a los servicios públicos de salud y que el Seguro Popular contribuye considerablemente con 52 millones de personas afiliadas. Son de reconocerse estas acciones, pero es evidente que la cobertura universal de salud no ha sido acompañada con niveles de calidad aceptables para la mayoría de los mexicanos.

Se mencionan diversas investigaciones y testimonios donde se establece que los servicios han sido insuficientes. El desabasto ha sido cotidiano, las enfermedades crónicodegenerativas no han sido debidamente atendidas.

Se menciona también que en el ISSSTE se ha logrado el surtimiento completo de recetas y un alto grado de satisfacción, sin embargo hay que recordar que el desabasto en medicamentos fue notorio en buena parte de la administración y la corrupción y la impunidad imperaron significativamente, dejando desprotegida a la derechohabiencia.

Señoras y señores legisladores, la consolidación de la democracia que entre todos queremos construir estaría en riesgo si no garantizamos que todos los mexicanos puedan ejercer plenamente los derechos sociales consagrados en la Constitución.

No podemos perder de vista que todas las fuerzas políticas son responsables de encontrar soluciones al enorme problema de la pobreza y a las limitaciones de la política social.

Desde este Congreso podemos sentar las bases para construir la política social que México necesita. La responsabilidad nos llama a cumplir. Transformemos la tristeza y la incertidumbre en confianza y esperanza hacia el futuro. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por 10 minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Con el permiso del pleno. Compañeros diputados, el día de hoy deberíamos de hacer la glosa de la política social del VI Informe de Gobierno del presidente Calderón, y en ese contexto es importante definir lo que significa “glosa”.

Para muchos de ustedes esto sonará familiar y para otros sorpresivo, pero definitivamente no ajeno. La glosa, según la Real Academia de la Lengua Española, es la explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender. Permítanme repetir esto, es la explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender.

Sin embargo lo que hemos hecho aquí, este ejercicio, va más allá de la definición. Hemos hecho simplemente el juego de la banalidad, donde un orador del PAN viene a presentar los libros de este libro azul y su interpretación, que aparentemente es como salvadores de la nación, según dijo el diputado Rodríguez, y otros de otro distinto partido nos presentan una interpretación diferente.

Lo que hacemos en esta glosa es lo que Hannah Arendt interpreta en el nazismo como la banalidad del mal, donde los nazis eran expertos para defender las cosas que se les decía que deberían de defender; pero nunca jamás la realidad.

Éste no debe de ser el juego de la defensa de un presidente saliente y un presidente entrante y sus respectivos partidos.

Nosotros en el PT, por nuestro lado, renunciamos a dar un posicionamiento ideológico para traer hasta esta alta tribuna, el sentimiento de millones de mexicanos que viven y padecen la equivocada política social de casi 82 años de paternalismo.

Haciendo un análisis serio, preguntémonos si este libro azul que por definición es oscuro y difícil de entender muestra realmente un país mejor del que teníamos hace seis años.

En qué ha mejorado, según las cifras oficiales de un gobierno que pareciera ajeno a la ciudadanía. Y posteriormente, compañeros diputados, tratemos de empatarlo con la aplastante realidad que se vive en las calles.

Un sexenio que presume haber hecho frente a la crisis que llegó de fuera pero que ha sido incapaz de prever el impacto de dicha crisis en lo que realmente resienten los mexicanos, como la afectación al precio de la tortilla y el huevo que ya no nos deja hacer ni tacos ni desayunos.

Un gobierno que a través de este libro azul, que por definición es oscuro y difícil de entender, convierte a cada mexicano en un número, pero olvida que todos somos una historia, una vida, no solamente, compañeros del PAN, un voto.

Lo que propongo, pues, es que hagamos una comparación de la realidad de los mexicanos y la realidad que quiere dibujar este libro azul y posteriormente un análisis de lo que nosotros, como legisladores, podemos hacer para cambiarla estos próximos tres años.

Para ello les pido su generosidad para analizar un fragmento pequeño del discurso del presidente Calderón que dio el 3 de septiembre, y cito: Juntos hemos podido sortear la adversidad que puso en riesgo a nuestro país y a pesar de la crisis alimentaria y a pesar de la crisis económica disminuyó la desigualdad y creció el número de personas que tienen satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, de electricidad, de agua.

Permítanme retar tan optimistas palabras del presidente simplemente enfrentándolas con la ya tan mencionada realidad. En el tema de pobreza y alimentación, según el Coneval, en el período de 2008 a 2010 se incrementó el número de mexicanos en pobreza a razón de 3.2 millones de personas, lo que significa cuatro mil 383 personas al día, es decir, que si de algo tiene capacidad este país es de producir pobres en razón de 182.6 por hora.

Adicionalmente a tan honrosa contribución a la línea de pobreza, este gobierno ha logrado incrementar en 38 mil personas los mexicanos en pobreza extrema y este dato, compañeros diputados que están distraídos en los pasillos y en la parte de atrás, merece cuando menos su más mínima atención.

Cada día 52 mexicanos se suman a las filas de aquellos que se ven en la necesidad de subsistir con menos de un dólar, con menos de 12.99 pesos diarios. Estos mexicanos en muchas ocasiones son el único sostén económico de su familia. Pregúntense, compañeros diputados, cómo se vive con 12.99 pesos diarios, cómo mantienes tu dignidad y tu libertad cuando no puedes alimentarte ni alimentar a tu familia, con 13 pesos diarios que apenas nos comprarían en muchos estados un kilo de tortilla y en otros como el mío ni siquiera eso.

Cómo puede este ciudadano creer en las cifras y en este libro azul y en el discurso de este gobierno. Cómo puede analizar glosas o pedir cuentas al presidente o a los diputados si ni siquiera tiene recursos para llevarse un taco a la boca.

El presidente del empleo, según datos oficiales de la Secretaría del Trabajo, se quedó sólo en un mal eslogan de campaña, como se ha dicho muchas veces en esta tribuna. La tasa de desocupación ha aumentado en un 79 por ciento en el período de 2007 a 2012. Esto implica –y otra vez pongamos atención a este dato– que 2.5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo solamente en el período de abril a junio de este año, 2.5 millones de mexicanos. La única actividad que representó una opción real de empleo fue el crimen organizado, que sedujo 65 mil jóvenes a sus filas de los cuales la mayoría ya casi han muerto.

En el tema educativo seré breve y lo resumiré de la siguiente manera: del total de los ciudadanos mexicanos 32.9 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas o analfabetas funcionales, lo cual los pone en completa desventaja no solamente en este país sino frente al mundo.

Según el padre del existencialismo Jean-Paul Sartre, la violencia se da como un resultado de la contraviolencia; es decir, por una réplica a la violencia del otro. En este caso la violencia que ha aplicado el gobierno a la ciudadanía.

Está comprobado que la mala política social de los últimos 12 años y la falta de proyecto de nación tienen un claro efecto en la ciudadanía, que para muchos de nosotros en los estados fronterizos se ha vuelto el pan nuestro de cada día, la violencia.

Datos del Inegi de los que se pueden consultar, porque no todos se pueden consultar, muestran que del año 2006 al año 2010 los homicidios violentos se incrementaron en un 219 por ciento, lo que significaba que amanecíamos todos los días con 104 muertos diarios.

Los últimos datos, desgraciadamente no los conocemos a ciencia cierta, pues el gobierno en este tema se ha convertido en el propio verdugo de la sociedad. Pareciera que en este tema la administración tiene miedo de sus acciones, pues como diría también el padre del existencialismo, a los verdugos se les reconoce siempre, tienen la cara de miedo y la opacidad no es nada más que un ejemplo del miedo.

Entonces reflexionemos en las palabras de Calderón: ¿realmente hemos podido sortear la adversidad que puso en riesgo a nuestro país? ¿Hemos disminuido la desigualdad y satisfecho las necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud y de seguridad de los mexicanos? Pareciera que ni los datos de este libro azul ni la realidad apoyan el discurso del presidente.

He escuchado con atención los discursos de mis compañeros diputados en esta tribuna. Muchos culpan por supuesto, al PAN; otras culpan por supuesto, al PRI y el diputado Rodríguez ha culpado ya a la izquierda. Y por supuesto otros, como lo hizo Ernesto Cordero, en la Universidad de Harvard, culpan a los estados y a sus gobernadores.

Pero yo les pregunto, compañeros diputados, ¿realmente creen en lo que vienen a decir a esta tribuna y en lo que vienen a defender? ¿O están haciendo ustedes mismos su propio juego de la banalidad del mal?

Es válido decir que este país está roto sólo por la responsabilidad de uno u otro. ¿Dónde queda la responsabilidad del resto de nosotros, inclusive en esta sesión y en este Poder Legislativo?

En resumen, en la realidad tenemos el círculo vicioso de la pobreza que se mantiene por programas sociales que solamente paternalizan a la sociedad. El no reconocimiento ni exigibilidad ni justiciabilidad de los derechos sociales. Y una de las grandes paradojas de este gobierno, el gran programa de desarrollo social, que es la joya de la corona de la administración Oportunidades, ni siquiera fue creado ni por este gobierno ni por este presidente.

Permítanme cerrar haciendo una analogía poética citando a Octavio Paz, digamos –decía el poeta- que en un lugar de la fregada, del cual no quiero acordarme, en un mesiánico evento un presidente alejado de la realidad nos demuestra que la teoría de la otredad es cierta, lo otro no existe. Tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana que dice que la identidad es igual a la realidad, como si a fin de cuentas todo hubiese de ser uno y lo mismo, pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste, es el hueso duro de roer en la que la razón deja los dientes.

En este país –y concluyo con esto señor presidente– los mexicanos somos lo otro y sí, sí existimos, persistimos, subsistimos, somos el hueso duro de roer, el pueblo estoico que aguanta pero que también se levanta y que va más allá de un discurso apologético para defender lo indefendible. Seis años perdidos en este país y maquillados con una violenta y sanguinaria lucha contra el narcotráfico, que ha puesto de luto a la nación entera. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Corresponde ahora el uso de la tribuna hasta por 10 minutos, al diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. Señores y señoras diputados, estamos convencidos de que el desarrollo económico y social es condición básica para el mantenimiento de la estabilidad y la democracia del país. Las aspiraciones de justicia y bienestar demandan cancelar rezagos y contrarrestar la marginación.

Hoy analizamos el VI Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón y queda claro que México es un país que tiene las posibilidades de que sus habitantes tengan una vida más digna, pero ha sido la corrupción y la iniquidad lo que ha incrementado las múltiples causas de la pobreza. Es por estas circunstancias que nuestro país, más que pobre es injusto, y confirma que el combate a la pobreza ha sido un ejercicio tendencioso y arbitrario; ha sido una moneda de cambio electoral.

Urge despolitizar la medición y manipulación de la pobreza. Desnudarla de la maniobra ideológica e impedir que esté supeditada al servicio de la maquinaria estadística del presidente en turno.

Con la estrategia de vivir mejor, el gobierno federal articuló los esfuerzos de todas las dependencias orientadas a elevar el bienestar de la población a través de sus tres ejes de acción; el desarrollo de capacidades básicas, la construcción de una red de protección social y la vinculación entre la política social y la económica. Así se marcó el espíritu del programa, pero no queríamos un gobierno que administrara la pobreza, queríamos un gobierno que la combatiera, que asumiera su responsabilidad frente a las personas más necesitadas.

La ciudadanía demanda un gobierno sensible a las demandas ciudadanas, un gobierno que en su práctica diaria fuera solidario con las causas justas, sólo así podría corresponder lo que la ciudadanía le reclama. Pero el tema de la política social quedará marcado como la agenda pendiente del sexenio calderonista.

No es válido echar mano del maquillaje de las estadísticas, cambiar cifras, alterar el número de beneficiados, cuando la migración del campo sigue en aumento, las parcelas se abandonan y la miseria palpable en cualquier semáforo o calle refuten día tras día los números oficiales.

La distribución de la riqueza en México dista de ser homogénea, Vivir Mejor sí ha sido un programa exitoso del gobierno federal, hoy tenemos 11 de los hombres más ricos del mundo en nuestro país.

De acuerdo con la lista del multimillonario de la revista Forbes, los 11 mexicanos que aparecen en el ranquin de la publicación, atesoran una fortuna cercana a 112 mil 300 millones de dólares, esto fue en el año 2011, es decir, alrededor del 10 por ciento del producto interno bruto de nuestro país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE , afirmó que la desigualdad social en México es la segunda más alta de las economías que integran al organismo, sólo detrás de la observada en Chile.

Para el periodo que se analiza, el presupuesto aprobado de los programas y acciones para superar la pobreza, sumó en 2012 un total de 317 mil 76 millones de pesos, mayor en un 8.8 por ciento en términos reales, a los 281 mil 249 millones de pesos erogados en el 2011.

En política social. En el primer semestre del 2012, el 58.6 por ciento de este gasto se canalizó a las funciones de desarrollo social, lo anterior ascendió a 842 mil 504.8 millones de pesos, lo que significó un incremento del 7.9 por ciento en términos reales respecto al gasto ejercido en el mismo periodo en el 2011.

Según el VI Informe, las actividades que presentaron crecimientos reales fueron: educación, salud y protección social, que registraron incrementos reales del 11.7, 11.3 y 7.5 por ciento respectivamente con relación a lo erogado en el primer semestre del año anterior. Pero todo esto no debe circunscribirse a un asunto exclusivo de cifras. El modelo democrático más que por votos, debe medirse por el bienestar alcanzado en las familias.

El informe de evaluación de la política de desarrollo social de 2011, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, informó que las condiciones de México no podrán mejorarse si no se realizan cambios económicos profundos, que propicien el incremento de la productividad, la inversión, la generación de más empleos formales y de mejor calidad, así como el aumento del salario real de manera sostenida.

La política social del gobierno federal no ha sido efectiva para la generación de empleos permanentes. Según José de la Cruz, catedrático del Tec de Monterrey, sí ha habido creación de empleos, pero en condiciones precarias, sin acceso a seguridad, a sistemas de salud, y eso implica que aún cuando hay gentes que tienen ocupación no les genere suficiente ingreso para salir de la pobreza.

Según el estudio de 2012, los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a casi 14 millones de ellos.

Cuatro punto cuatro millones perciben, cuando mucho, un salario mínimo. Y otros 10.8 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos.

En materia de salud, si bien es cierto, uno de los programas que se consideran exitosos, de esta administración, ha sido el Seguro Popular. Pero es importante señalar que para que el Seguro Popular funcione cabalmente debe, ante todo, apoyarse en un sistema hospitalario bien equipado, capacitado y moderno. Quedó pendiente el acceso efectivo y hacer más eficiente y transparente el presupuesto anual destinado a las entidades federativas.

En el rubro de la educación, pese a que esta asignatura recibe cerca del 7 por ciento del PIB nacional, la calidad de la misma deja mucho qué desear. Basta recordar los lugares que ocupamos dentro de los estándares de la OCDE.

El sello más distintivo de este sexenio, en materia educativa, fue querer reformar el sistema educativo mexicano a través de programas de evaluación de alumnos, docentes y centros educativos. A citar, la prueba de ENLACE, por las participaciones de México en PISA, por los exámenes para ingresar al servicio docente, las reformas a los programas de estímulo de la carrera docente y la evaluación universal, el saldo es deficitario. Aún persiste el bajo nivel académico de los egresados y se acentúa la desigualdad en la distribución del aprendizaje.

De acuerdo a Eduardo Backhoff Escudero, de la Universidad Autónoma de California, la mayoría de los logros publicitados por el gobierno tienen qué ver con el logro de metas cuantitativas, pero no se avanzó en lo verdaderamente importante, que es mejorar los procesos educativos necesarios para alcanzar mejores niveles de aprendizaje y disminuir las brechas educativas entre ricos y pobres.

En la opinión del Observatorio Ciudadano de la Educación, la presente administración no se distinguió por su impulso a la educación y su retroceso mayor fue la alianza que el gobierno, celebró con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Cultura y esparcimiento. En cultura, arte, recreación y deporte el informe que nos ocupa señala que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y locales, así como el sector privado, han unido esfuerzos para ofrecer, a lo largo de esta administración, una política integral que equilibre la formación cultural y deportiva para un desarrollo sano de la sociedad. Pero en el mismo existe omisión de resultados alcanzados. Basta referirnos a premiaciones y competencias de talla internacional, en las cuales México es avasallado por países con número poblacional muy inferior al nuestro.

Las recientes Olimpiadas de London, Inglaterra demostraron que nuestros atletas han obtenido la representatividad a base de recursos propios o de financiamientos privados.

Hoy en día, las áreas deportivas siguen siendo una cancha de terracería para practicar futbol, una cancha para practicar basquetbol y un área de juegos infantiles, todos sin sustento técnico ni soporte profesional que identifique, oriente y encauce a los verdaderos talentos en materia deportiva.

Consideramos necesario cambiar esos miles de espacios que están sin enfoque específico, por centros deportivos de alto rendimiento en donde se inspire y se motive la práctica deportiva con un tono eminentemente profesional.

Señoras y señores diputados, no es posible hablar de democracia, desarrollo y justicia en tanto más de la mitad de la población continúe marginada de las oportunidades. El gobierno tiene un compromiso inherente de no fracasar al proteger a personas indefensas y reducir las brechas de las desigualdades. Se deben duplicar esfuerzos y reafirmar el compromiso gubernamental de erradicar estos problemas a fin de mejorar el bienestar humano, promover una sociedad más inclusiva y participativa, y por supuesto erradicar la pobreza y garantizar la defensa estricta de los derechos humanos.

La política social calderonista se quedará con estándares muy bajos, se han acentuado las desigualdades entre la población, hay adeudos en la educación, en la distribución del ingreso, y aunque los programas de ataque a la pobreza han aumentado presupuestalmente año con año los pobres lo han hecho de la misma forma, sin duda una política con visión asistencialista.

Sólo me resta reflexionar: A la política la juzga la historia, que la historia y el pueblo juzgue a este gobierno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Miguel Sámano Peralta: Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva. Apreciables compañeras diputadas y apreciables compañeros diputados, acudo a la máxima tribuna del país para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sobre un tema de la mayor relevancia para la glosa del VI Informe del Ejecutivo federal, como lo es la política social.

Reconocemos la oportunidad con que fue remitido el informe anual de la administración pública federal al honorable Congreso de la Unión, porque ello demuestra la voluntad democrática del presidente de la República para rendir cuentas a los mexicanos sobre el estado que guardan los asuntos bajo su encargo.

Hoy, como nunca, la sociedad demanda información transparente del actuar de los funcionarios públicos y ejerce una mayor vigilancia sobre nuestro desempeño. Tocará a ella hacer la mejor evaluación sobre los logros, aciertos y pendientes de la gestión que concluye, como lo harán en su momento con la actuación de esta legislatura.

Pero también corresponde a esta representación realizar un análisis objetivo, serio y puntual sobre los resultados consignados en el VI Informe de Gobierno y emitir nuestras opiniones en completa libertad, con respeto a la institución presidencial y al principio republicano de la división de poderes.

De acuerdo con la información remitida la política social de la administración federal tuvo como principal objetivo erradicar la pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de la desigualdad.

Como mexicanos reconocemos los esfuerzos y las acciones impulsadas desde la federación, destinadas a combatir el círculo vicioso de la pobreza y la marginación; pero también sabemos que priva entre la sociedad una sensación de impotencia, insatisfacción y desesperanza, porque la justicia social para los mexicanos sigue siendo un anhelo por alcanzar.

A diario millones de personas aún padecen las limitaciones de la infraestructura y la insuficiencia de los programas sociales, si algo ha definido a la política social de México en los últimos años es precisamente la distancia entre la magnitud de los desafíos y el impacto marginal de las acciones destinadas para su atención. Prueba de ello es que actualmente más de 52 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y carecen de las herramientas básicas que les permiten salir adelante.

A pesar de los recursos destinados para lograr la cobertura universal en salud, mediante el Seguro Popular aún persisten importantes rezagos en cuanto a unidades hospitalarias, médicos, enfermeras y calidad en la atención. Según el INEGI, el 30.9 por ciento de las localidades menores de 2 mil 500 habitantes en el país carecen de algún establecimiento médico, y en promedio 3 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud.

No obstante, los avances registrados en la cobertura de educación básica preocupa que cada año 50 mil alumnos de primaria abandonan sus estudios porque tienen que trabajar, según datos de la propia Secretaría de Educación Pública.

Hoy en día se estima que existen más de 7 millones de jóvenes a los que el Estado no les ha dado la posibilidad ni de estudiar y mucho menos de trabajar.

Por ello es necesario seguir fortaleciendo los servicios educativos, especialmente en los niveles medio superior y superior para que cada día más y más jóvenes cuenten con las herramientas que les permitan destacar en la era del conocimiento.

En México nacer en el campo, ser indígena, ser mujer o tener alguna discapacidad representa una serie de desventajas para el ejercicio pleno de los derechos básicos. La deuda histórica con estos sectores está vigente, porque no se han generado las condiciones que nos permitan superar las desigualdades y acabar con la exclusión.

Ciertamente, no se desconocen los logros del gobierno federal en materia social, pero reiteramos que los buenos propósitos no sirven de mucho si no se reflejan finalmente en los bolsillos de los mexicanos y en el mejoramiento de su calidad de vida.

Compañeras diputadas, compañeros diputados. Éstos son en efecto, datos impactantes, pero no basta con citarlos, porque como bien se ha dicho, el desafío de la pobreza no es contarla, sino abatirla.

Tampoco se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones conjuntas, porque nunca seremos una democracia consolidad ni un país desarrollado mientras existan niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores atrapados en las redes de la pobreza.

Es hora de enfrentar este gran rezago social con propuestas, con eficacia y en unidad. Como nación, tenemos el enorme desafío de conformar una política social integral y de gran visión, que aumente la calidad educativa, que promueva la seguridad social universal y que combata desde sus raíces las causas reales de la pobreza.

Por ello saludamos el compromiso asumido por el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente electo de México, para hacer de la lucha contra la pobreza, la tarea central de su gobierno.

Como diputados de la nación, nos corresponde asumir nuestra responsabilidad con los sectores más vulnerables para construir y país más equitativo y justo, por encima de los intereses legítimos de partido.

Sigamos unidos en el objetivo común de hacer que el bienestar de México sea el bienestar de todos los mexicanos. Hagámoslo, sabedores de que los verdaderos enemigos de México son la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Hagámoslo, sabedores de que en el trabajo parlamentario la patria, la patria, siempre será primero. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyera: Bueno y es mucho.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyera: Tiene el uso de la voz doña Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta alta tribuna de la nación para fijar la posición del grupo parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, en el capítulo correspondiente a la política social contenida en el Sexto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, presentado a esta soberanía el pasado primero de septiembre.

Tomando en cuanta que el concepto de política social es el conjunto de directrices y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad y conforme a lo enunciado en el apartado denominado e igualdad de oportunidades.

El objetivo de la política social de esta administración fue la erradicación de la pobreza en el país, cerrar la brecha de desigualdad.

Sin embargo el saldo que se presenta ha sido un rotundo fracaso. La política social asistencialista del presente gobierno ha mostrado su ineficiencia aumentado en 6.5 millones de pobres en el periodo de 2007-2012, al pasar de 45.5 a 52 millones en este periodo.

De esto 11.5 millones están en condiciones de pobreza extrema. Este crecimiento en la pobreza es convalido en las categorías alimentarias, patrimonial y de capacidades, utilizadas por el Coneval, en el informe de evaluación de la política de desarrollo social.

Respecto a la pobreza alimentaria en el periodo ya citado, se presentó un incremento de 8 millones de personas en esta condición al pasar de 20 a 28 millones, según cifras del Coneval, siendo los casos más frecuentes en las zonas rurales.

Esta circunstancia muestra el abandono que ha tenido este sector, situación que ha llevado al país a una dependencia alimentaria y que ha ocasionado el incremento a las importaciones de alimentos, pasando de 16 millones de pesos al inicio de la administración, a 26 millones en el 2011, con un incremento del 63 por ciento.

Esta ineficiencia en los resultados para abatir la pobreza en México, se presenta a pesar del elevado incremento de recursos otorgados por la Cámara de Diputados al gobierno federal, recursos que pasaron de 150 mil millones de pesos en el 2007, a 317 mil millones en el 2012, es decir, un incremento de 199 por ciento.

Más grave aún, la ineficiencia del gobierno federal si se considera que a pesar de las importantes asignaciones que se han destinado al programa Zonas de Atención Prioritaria, durante el período 2008-2010 aumentó el número de pobres en estas regiones, pasando del 31 al 40.5 por ciento, y en lo relativo a las zonas indígenas, del 38.5 al 40.4 por ciento, siendo precisamente este último sector de los pueblos indígenas el que ha sufrido con mayor énfasis las consecuencias de la política social errática del gobierno federal, viendo deteriorarse sus ya de por sí precarias condiciones de vida. Muestra de ello fue la emergencia alimentaria que en el transcurso de este año vivió la comunidad tarahumara en la sierra del estado de Chihuahua.

Es lamentable señalar que alrededor del 72 por ciento de la población indígena no es derechohabiente de alguna institución federal. Su derecho se dificulta o imposibilita, entre otras situaciones, por la lejanía de estas comunidades, lo costoso que resulta acudir a dichos centros y a la baja calidad de servicios.

En el ámbito laboral, también se encuentran desigualdades que menoscaban la condición y las expectativas de vida de la población indígena. El 45.9 por ciento de los hombres y el 18.2 de las mujeres trabajan en el sector agrícola. La falta de instrucción y de capacitación en otras actividades refleja la falta de oportunidades para ascender a empleos de alta productividad y mejores condiciones laborales.

Las mujeres son las que sufren una mayor desventaja en su vida productiva, ya que una proporción significativa de ellas es trabajadora familiar sin pago. El 38.5 por ciento de los niños indígenas padecen desnutrición infantil crónica, cifra tres veces mayor a la registrada en niños no indígenas.

Las enfermedades respiratorias afectan a 39.2 por ciento de los niños indígenas y al 32.6 por ciento de los no indígenas. Todo esto marca una desigualdad de oportunidades que se traduce en desigualdad en la vida adulta, como se observa en estos datos.

Los esfuerzos a la población del gobierno federal no han sido suficientes para recortar las brechas en el acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo humano. En este sentido no sólo hace falta más intervención pública, sino que dicha intervención sea implementada y redireccionada con criterios de eficiencia en la asignación de recursos y equidad distributiva.

Por lo tanto, han sido en vano los esfuerzos de esta Cámara de Diputados para ampliar al Ejecutivo federal los recursos destinados al desarrollo de los pueblos indígenas en estos seis años de gestión pues se incrementaron en un 235 por ciento al pasar de 28 mil millones de pesos en el 2007 a 68 mil en el 2012.

El Ejecutivo federal pretende demostrar a esta soberanía que se ha logrado una verdadera transformación educativa; sin embargo, el eje central de su argumento se basa en las becas otorgadas a los estudiantes de educación media superior y superior, lo cual es evidentemente insuficiente para que ésta se considere como educación de verdadera calidad. Incluso, a inicio de este período escolar 2012-2013 han surgido grupos de jóvenes inconformes al no haber alcanzado un lugar en instituciones públicas de educación superior y media superior.

La realidad de las cosas es que el presente sexenio deja como una de sus principales deudas la materia educativa. ¿Qué futuro puede tener nuestro país con 5.4 millones de analfabetas? Alrededor de 10 millones sin cumplir la primaria, 16 millones que tampoco terminaron la secundaria, con una educación media superior con apenas cobertura de 60 por ciento, y con 7 de cada 10 jóvenes sin oportunidad de ingresar a la educación superior y que además de acuerdo al movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, el presente ciclo escolar dejó a 200 mil jóvenes fuera de las instituciones de educación superior.

Ahora bien, en materia de salud se debe hacer realidad el acceso equitativo al derecho humano a la salud. Ésta y la anterior administración federal han tenido en su seguro popular su programa emblemático que ha sido usado más con fines políticos que con resultados profundos para el bienestar de la población.

Lo que exigiría una real cobertura de servicios de salud de calidad a cargo del Estado, como le exige la Organización Mundial de la Salud, o aún mejor, la incorporación de estos cuantiosos recursos a las instituciones públicas de seguridad social.

Algunos especialistas señalan que la cobertura aún no es universal. ¿De qué sirve una filiación de papel si no hay disponibilidad de servicios médicos, medicamentos y, sobre todo, de calidad?

El balance en materia de política social ha sido un verdadero fracaso si se toma en cuenta el incremento de la desigualdad social del país durante los últimos gobiernos, lo que ha provocado el aumento del índice de la delincuencia, además de los miles de los ciudadanos que se ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades.

Esta situación es además agravada por el constante incremento a los combustibles y a los cobros excesivos e indebidos a la energía eléctrica, lo cual ha sido un detonante en el costo de los productos de la canasta básica, afectando en mayor medida a las regiones más pobres del país.

Como si este panorama no fuera suficiente, ahora el señor Felipe Calderón –termino- pretende imponer una reforma integral laboral, la cual es totalmente inaceptable porque afecta principalmente a la clase trabajadora.

En suma, la política social no se debe concebir como asistencialismo sino como derecho de las personas. Ésta constituye uno de los principios esenciales del Partido de la Revolución Democrática, por lo que a lado de las mujeres y hombres de nuestro pueblo lucharemos por su ampliación en la realidad de nuestro país, en bien de su libertad y dignificación, indispensables para una democracia verdadera. Es cuanto, diputados y diputadas, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional. Esta Presidencia les recuerda, para alimentar nuestro optimismo, que falta una ronda de oradores todavía.

La diputada Leslie Pantoja Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional han actuado con responsabilidad y compromiso, mostrando decisiones acertadas que han permitido ofrecer estabilidad económica para el país frente a un escenario internacional marcado por la crisis financiera y el incremento en los precios de los alimentos.

En esta coyuntura mundial, el actual modelo de política de desarrollo social ha permitido salvaguardar el patrimonio y el bienestar de las familias que se encuentran en una clara situación de desventaja y vulnerabilidad social.

En los últimos 12 años hemos superado la visión paternalista y clientelar que usaba a la pobreza como una forma mezquina de hacer política social, los beneficiarios de esta nueva cultura de desarrollo social se convirtieron en personas comprometidas con su bienestar y el progreso de sus familias y comunidades.

Las administraciones encabezadas por Acción Nacional han implementado políticas públicas en materia de desarrollo social enfocadas a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, con el firme compromiso de generar mecanismos para incrementar el índice de desarrollo humano. Hemos construido un importante legado en política social que es imperativo reforzar, mantener y robustecer.

Tenemos la obligación de pensar en le futuro de nuestro país, no debemos permitir que las carencias sociales sean de nueva cuenta una moneda de cambio como se acostumbraba en el pasado. Hoy tenemos una política social que transparenta el uso de los recursos y rinde cuentas ante los órganos competentes. Tenemos una política social que contribuye a la paz y a la estabilidad, pero sobre todo fortalece el tejido social permitiendo la construcción de mejores espacios y oportunidades de vida para todos los mexicanos.

Como todos sabemos, en este sexenio los mexicanos enfrentamos una crisis financiera internacional que todavía afecta y tiene en jaque a varias economías del mundo. Esta situación impactó severamente a las familias más pobres de nuestro país, sin embargo, gracias a la aplicación de un eficaz modelo de desarrollo social, con un claro enfoque humanista, se pudo contener el efecto y retroceso que hoy impacta a otras latitudes.

Para responder ante esta situación de manera oportuna y responsable, se ampliaron como nunca antes los programas sociales con la convicción de proteger a las familias más vulnerables.

La información con la que cuenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, nos permite afirmar que el gobierno actuó a tiempo y de manera responsable ante el escenario internacional, contrario a lo observado en el régimen anterior, cuando entre 1994 y 96 la caída de los ingresos de los hogares más pobres fue 3.5 veces más elevada que la observada en el periodo 2008-2010. Además, la pérdida de empleos en el año de 1995 fue 10 veces mayor que la presentada en 2009.

De la misma forma, durante la crisis de 94-96 se generaron 17 millones de pobres, es decir cinco veces más que el periodo 2008 -2010.

De acuerdo con datos del INEGI, entre el año 2000 y 2010, con todo y la fuerte crisis financiera y de seguridad alimentaria, la pobreza extrema en México no sólo no aumentó, sino que se redujo en 23 por ciento.

Es importante resaltar que los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, ha construido y desarrollado políticas públicas sociales que fortalecen a las familias más pobres, que apoyan a las mujeres, a los niños, a los jóvenes y a nuestros adultos mayores.

Hemos transitado de un esquema de política social clientelar que abusaba de la pobreza, a un verdadero modelo de política social de Estado. Con el programa Oportunidades se está rompiendo el círculo vicioso de la pobreza, con educación, salud y alimentación.

Oportunidades, nos permite formar capacidades y es la mejor inversión que podemos hacer en capital humano, para que la pobreza de los que hoy son padres el día de mañana no continúe siendo la pobreza de los hijos.

Hoy, con los programas de Oportunidades y Apoyo Alimentario se atiende a un total de 6.5 millones de familias, es decir, 34 millones de mexicanos, prácticamente 3 de cada 10 mexicanos son beneficiados de este programa.

Hace 15 años las familias beneficiadas eran menos de la décima parte, gracias a los apoyos en alimentación, salud y educación más niñas y niños terminan la primaria y la secundaria y se pueden inscribir a la preparatoria.

Con Oportunidades, las mujeres reciben atención médica antes, durante y después del parto. Con Oportunidades, hay menos niños enfermos o desnutridos y hay mejores alimentos en los hogares.

Con el programa 70 y Más, creado durante los gobiernos panistas, estamos apoyando a uno de los sectores más desamparados de la sociedad, quienes viven en la pobreza, marginación y en el olvido por su edad.

Hoy, 2.8 millones de adultos mayores disponen de una ayuda económica para complementar su gasto y vivir con la dignidad que merecen, después de haber entregado sus mejores años a este gran país.

En los últimos cinco años el gobierno humanista de Acción Nacional, preocupado por el bienestar de nuestros niños y las madres trabajadoras, logró la apertura de 9 mil estancias infantiles. Esta acción representa más estancias infantiles que todas las guarderías y espacios infantiles que se abrieron en México en todo el siglo XX.

Con el programa Estancias Infantiles estamos permitiendo que cerca de un millón de madres de familia puedan acceder o buscar un trabajo, de otra manera esto hubiera sido imposible.

Con Acción Nacional se crearon nuevos programas, además de los que hemos mencionado, 70 y Más y Estancias Infantiles, destaca también la puesta en marcha del programa Rescate de Espacios Públicos para atender el abandono e inseguridad de las ciudades y con ello propiciar la sana convivencia.

Gracias a este programa se han rescatado 5 mil 200 espacios públicos, que antes representaban un peligro para las comunidades frente al flagelo de la delincuencia.

En este sexenio se ha cambiado el piso de tierra por piso de concreto en más de 2 millones y medio de hogares rurales y urbanos. Con ello, se logró mejorar las condiciones de salud e higiene de todos los integrantes de la familia, especialmente de los niños y de nuestros adultos mayores. Además de que se fortalece el patrimonio y a quienes más lo necesitan.

En materia de salud se está alcanzando la cobertura universal. En el año 2000 menos de la mitad de los mexicanos contaban con algún seguro médico público. Para el 2005 ya eran 62 millones. Hoy son más de 107 millones de mexicanos los que tienen acceso a la salud.

En tan sólo seis años se ha dado acceso a servicios médicos a más gente que en todo el siglo XX, y se construyó la mayor obra de infraestructura hospitalaria de nuestra historia.

En este sexenio se han construido mil 264 hospitales o clínicas nuevas y se han remodelado 2 mil 470 en todo el país. Así, el total de las acciones de obras concluidas, en lo que va de esta administración, asciende a un total de 3 mil 734. Esto equivale casi a dos obras entregadas al día por el presidente Felipe Calderón.

El Seguro Popular, creado en 2003, ha hecho posible que a julio de este año, un total de 52 millones 738 mil 355 mexicanos tengan cobertura de servicio de salud. Es decir, 20 millones 544 mil 362 familias. Esto es que en tan solo 7 años se ha logrado afiliar a un número similar durante 70 años de gobiernos priistas.

Sin lugar a dudas, este avance permitirá contar con servicio y atención médica, medicamentos, cuidado en hospitales y tratamientos para elevar la calidad y expectativa de vida de los mexicanos y las mexicanas que lo necesiten. Como se ha mencionado, es un logro histórico que pocos países de América Latina han podido alcanzar.

Es importante resaltar que la administración del presidente Felipe Calderón creó, entre otros programas, el seguro médico para una nueva generación. Estrategia de embarazo saludable, además del convenio Atención a la emergencia obstétrica, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud de los niños y de las madres.

En materia educativa se alcanzó la cobertura universal a educación primaria y prácticamente estamos por lograr la cobertura de la educación secundaria. Por primera vez en la historia de México, todos los niños tienen la oportunidad de ir a la escuela para alcanzar una formación básica.

Entre el año 2000 y 2012 el índice de analfabetismo en la población mayor de 15 años se redujo en 34 por ciento, al pasar de 0.4 a 6.2 por ciento. En el año 2010 el grado promedio de escolaridad se incrementó a 9.7 años, en comparación con los 7.5 años del 2000.

En este sexenio se ha entregado el mayor número de becas educativas en la historia. En 6 años 38 millones de niños y jóvenes, desde la primaria hasta la universidad, han recibido una beca del gobierno federal, para que no tengan que abandonar los estudios por motivos económicos.

En la educación media y superior, en los últimos 6 años, se ha incrementado la cobertura como nunca se había hecho, con la construcción de mil nuevos bachilleratos y más de 140 nuevas universidades.

En el año 2000 menos de la mitad de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato iban a la escuela. Hoy, dos de cada tres jóvenes mexicanos estudian en ese nivel educativo y el porcentaje de quienes cursan estudios superiores se incrementó del 21 por ciento en el año 2000 al 32.8 por ciento en el ciclo escolar 2011-2012. Una cifra histórica en la educación superior de nuestro país.

La visión de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional ha permitido que los mexicanos tengan acceso a financiamientos para vivienda, logrando la entrega de casi 11 millones de créditos y subsidios en los últimos 2 sexenios. Es decir, representa la operación de vivienda más grande de la historia del México moderno.

Además, las condiciones de la vivienda en México mejoraron significativamente, ya que la proporción de viviendas sin energía eléctrica ni drenaje y con piso de tierra se redujo en más del 50 por ciento.

Más allá de las cifras, el modelo integral de política de desarrollo social que han encabezado los gobiernos del Partido Acción Nacional refleja los avances que han permitido... –Ya termino, presidente–. Han permitido el bienestar del desarrollo de los humanos en este país.

Compañeros legisladores, es imperativo analizar y reconocer los avances en materia de desarrollo social en los últimos años. Estamos convencidos que todavía queda mucho por hacer. Pongamos todos nuestro mejor esfuerzo por alcanzar los acuerdos políticos necesarios, para que desde el Congreso impulsemos las medidas legislativas que permitan mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Y aprovecho esta tribuna para hacer un llamado a las mexicanas y a los mexicanos que habitamos en este maravilloso país. No permitamos un retroceso, no permitamos que nos priven de todos estos logros que no todos quieren reconocer, logros que nos han costado dolor y sufrimiento, pero no son sólo logros del presidente Felipe Calderón y del Partido Acción Nacional, son logros tuyos, que juntos vamos a defender. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Javier López Zavala, tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos.

Aprovechamos este momento de la sesión para hacer una conmemoración cálida y fraterna a don Ernesto de la Peña, el gran humanista, filósofo y políglota, este letrado universal, este ser luminoso que falleció el lunes pasado.

Don Ernesto de la Peña es sin lugar a dudas el letrado mexicano, el políglota, el académico de la lengua, el experto en opera, el comentarista y el gran viejo –en el mejor de los sentidos de la palabra– con una visión y una sabiduría enciclopédica.

Don Ernesto de la Peña fue laureado con el Premio Xavier Villaurrutia y recientemente con premios internacionales tan destacados como el que le otorgó la Universidad Menéndez Pelayo. Descanse en paz, don Ernesto de la Peña, que de luz goce. Un abrazo fraterno a su familia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, don Javier.

El diputado Javier López Zavala: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Vengo a esta tribuna, la más alta de la nación, en el marco de la glosa del VI Informe del presidente Calderón, a fijar el posicionamiento de mi partido, Partido Revolucionario Institucional, en materia de política social, pero sin dejar de lado una evaluación general de este sexenio.

Al escuchar al presidente de la República dar su VI Informe en el Palacio Nacional no puede dejar de pensar que vivimos en el país de las maravillas. Al escuchar sus cifras y logros creo que deberíamos pedirle que no se fuera y que se quedara para siempre. Sin embargo, al revisar las cifras con detenimiento y contrastarlas con la realidad, encontramos que han confundido los fracasos con los resultados.

La política social debe ser revisada con absoluta objetividad. En este tema es donde menos se justifica la simple numeración de cifras alegres y datos parciales como los que nos ofrece este VI Informe de Gobierno, que sólo terminan por encubrir el incremento de la pobreza y la desigualdad de nuestro país.

La inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades para los que menos tienen continua siendo uno de los principales males que aquejan a la sociedad mexicana. Al comenzar este sexenio el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) reportaba 45 millones de personas en pobreza multidimensional; en el 2008 aumentó a 48.8 millones y en el 2010 ascendió a 57 millones de personas en situación de pobreza, cifra superior al 51 por ciento del total de los mexicanos, según el último censo de la población realizado por el INEGI, y la proyección es que para el 2012 el sexenio cerrará con 60 millones de personas en pobreza multidimensional.

El gobierno de Calderón, en suma, generó 15 millones de pobres. Ésa es la herencia que deja al nuevo gobierno, 15 millones de pobres, qué pena. Es decir, de cada 38 mexicanos, 20 se encuentran en situación de pobreza y con el incremento de los precios de manera desbordada en los bienes y los servicios, 10 se encuentran en riesgo de pobreza. La pobreza ha crecido a pesar de que los resultados destinados a programas y acciones para combatir ha aumentado de manera muy importante año con año.

En estos 12 años el Presupuesto de Egresos de la Federación ha crecido de 1 billón 195 mil millones a 3 billones 707 mil millones de pesos, las y los compañeros legisladores priístas que nos antecedieron en ningún momento se comportaron de manera mezquina con el Ejecutivo federal en estos 12 años; por el contrario, su conducta fue responsable y siempre asignaron más presupuesto al solicitado, año con año dando prioridad al país y a la política social.

Las y los diputados priístas estaremos, esperamos también que todos los integrantes de esta Legislatura nos comportemos con esa misma responsabilidad, sin mezquindades, ni buscando que le vaya mal a un proyecto a costa del país.

Abundando: el presupuesto asignado solo para el Ramo 20, de desarrollo social. En este sexenio creció de 35 mil 108 millones de pesos y en el 2007 a 84 mil 860 millones de pesos. En el 2012 tuvo un incremento en casi 50 mil millones de pesos. Otro ejemplo es el último presupuesto aprobado, el propio informe indica que en el 2012 todos los recursos destinados a combatir la pobreza sumaron 317 mil 76 millones de pesos, 8 por ciento más que en el 2011, esto es un 2.1 por ciento del PIB y el 11 por ciento del gasto programable del gobierno federal.

La Cámara de Diputados ha autorizado presupuestos crecientes al rubro social, pero la política seguida no ha dado resultados, por lo menos los esperados. Paradójicamente aumenta el presupuesto para combatir la pobreza, pero lo que más aumenta es el número de pobres en este país.

Según el estudio Panorama Social de América Latina 2011, presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza entre 2009 y 2010, entre ellos Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia; mientras que otros como Honduras y México fueron los únicos países con incrementos relevantes en sus porcentajes de pobreza del 1.7 y 1.5 porcentuales, respectivamente.

En noviembre de 2011 la región de América Latina cerró el año con 174 millones de habitantes en situación de pobreza, de los que México vergonzosamente aportó más de 57 millones de pobres.

Las políticas públicas del actual gobierno no atienden las causas, sino los síntomas. El Programa Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario, funcionan en la práctica con una lógica clientelar y asistencial.

El gasto social del gobierno federal no ha sido bien encauzado, pues según el Coneval, la parte de las erogaciones son destinadas en mayor proporción al gasto corriente, además de contar con una planeación deficiente, pues los programas y políticas públicas no alcanzan a llegar a los hogares de los que menos tienen.

En materia de salud se dice que se ha alcanzado la cobertura universal, pero dicha cobertura no es efectiva. Según los últimos datos estadísticos de la Coneval, aproximadamente 36 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud, lo que constituye casi el 32 por ciento de la población mexicana. Asimismo, 68 millones de personas –más del 60 por ciento de la población- manifiestan no tener acceso a seguridad social. Las cifras contrastan con el casi 94 por ciento de la cobertura que plantea el gobierno federal en éste VI Informe de Gobierno.

Lo que quiere decir y hacer pasar como un logro en materia de salud, es en la práctica una falacia porque la afiliación de toda la población al Seguro Popular, no garantiza una cobertura universal. El factor calidad es fundamental.

Por ejemplo, en el 2011 sólo se habían acreditado a 9 mil 542 de las 12 mil 743 unidades médicas. Es decir, sólo el 75 por ciento contaba con estándares mínimos de calidad. Los resultados de la Encuesta de Satisfacción del Seguro Social, han reflejado que el 39 por ciento de las personas encuestadas no recibió las medicinas prescritas.

Qué lástima que no solamente en los rubros de marginación y pobreza estemos peor que antes, sino en el campo hay un abandono total.

Qué lástima que no pudimos invertir más recursos para desterrar la pobreza alimentaria; qué lástima que dejemos para los próximos años esta renovación de las leyes, estas reformas que nos permitan incentivar la producción del campo y asegurar la calidad alimentaria. Eso es lo que tenemos que hacer, dar a la política un viraje, debe de ser un punto de partida la universalización de los derechos sociales y ser completada por subsidios bien focalizados para combatir la pobreza extrema, deben de ser direccionados con precisión para favorecer realmente a la población que más lo necesita.

Los logros del último gobierno son insuficientes. Un poco más de 267 mil madres beneficiadas con un número importante en términos absolutos, pero mínimo frente a las necesidades de las mujeres mexicanas, entre ellas las violaciones constantes a los derechos humanos y a los derechos de la mujer en el país.

En materia educativa no basta la construcción de nuevos planteles que beneficiaron únicamente a 146 mil alumnos de los más de 20 millones de mexicanos con rezago educativo.

La política educativa debe de contribuir a mitigar la desigualdad y democratizar el acceso al conocimiento, a la información, que incluya el acceso a nuevas tecnologías.

En lo concerniente a la educación, la cobertura preescolar, sí es cierto, sólo alcanza el 80 por ciento de la población y si bien la primaria ha alcanzado una cobertura muy cercana al 100 por ciento, estos números descienden en la educación secundaria a menos del 96 por ciento; en preparatoria al 66 por ciento y una estrepitosa caída al 28 por ciento en el caso de la educación superior.

En esas condiciones la juventud corre el riesgo de ser presa fácil de actividades ilícitas y de adicciones.

Es una pena que en nuestro país sólo de cada 10 mexicanos tiene la oportunidad de terminar la universidad.

El 60 por ciento de las personas que se emplearon en este sexenio, lo hicieron desde la vía de la informalidad.

Señoras y señores, compañeros de partido, en el PRI consideramos que es indispensable corregir el rumbo y las estrategias de combate a la pobreza para lograr superar el atraso en el que nos encontramos.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, es tiempo de unir esfuerzos sin distingos de partidos para construir un México con empleos, con seguridad pública y que combata la pobreza, construir un México justo; es tiempo de combatir la marginación y la pobreza. En el gobierno de Enrique Peña Nieto vamos por tiempos mejores para México. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la tribuna don René Ricardo Fujiwara, pero, si me permite un momento, René.

Esta Mesa Directiva, por acuerdo también de la Junta de Coordinación Política, acordaron enviarles el día de hoy un abrazo afectuoso y una felicitación a nuestros atletas paralímpicos en los XIV Juegos Paralímpicos de Londres.

México en esta justa logró, con una profunda lección de vida que nos dieron a todos, obtener 21 preseas, 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce. Nuestros deportistas paralímpicos son un ejemplo de vida, son un ejemplo de disciplina, pero fundamentalmente son el ejemplo para todos de la fortaleza moral y física que nos anima a seguir por la vida.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión les agradece la profunda lección de superación que han dado a nuestra patria y más aún el noble propósito de colocar a nuestro país entre los mejores. Felicidades y enhorabuena. Ahora sí, René, tiene el uso de la voz.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: como representantes de uno de los poderes de la unión estamos obligados jurídica y políticamente a revisar cada una de las acciones de nuestro gobierno. Nuestro compromiso es con los mexicanos y no con los agentes gubernamentales.

Es nuestro deber darle voz a los sin voz, que las demandas de los jóvenes, mujeres, niños, personas de la tercera edad e indígenas tengan la representación que se merecen. Ésta es la esencia de la soberanía popular en una democracia representativa.

Con esta convicción y a partir del sexto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, puedo afirmar, así como millones de mexicanos, que la política social del gobierno federal ha sido ineficiente, ineficaz y asistencialista.

Una nación que no garantiza los niveles de bienestar de sus conciudadanos no puede aspirar a la prosperidad en cuestión social y, peor aún, una nación que no vela por el desarrollo integral de las futuras generaciones se está condenando así misma al fracaso.

Contrario a la lógica que impera, mi propósito no es venir a recitarles cifras y datos contenidos en el informe. Vengo a señalar lo que no se dice en ese documento de 786 páginas, pero que la terca realidad nos muestra diario en cada rincón del país: pobreza, marginación, exclusión y falta de oportunidades.

Me preocupa sobre todo la desesperanza que ha invadido a mi generación, el coraje y frustración que sienten miles de jóvenes que cada año se quedan fuera de las universidades o instituciones de educación superior. La desesperación de los miles y miles de jóvenes que no tienen una oportunidad de empleo por falta de experiencia o preparación, o jóvenes que concluyeron sus estudios universitarios y que lamentablemente, ante la falta de una vinculación con el mercado laboral, hoy están en el desempleo o la informalidad.

Con toda firmeza les puedo afirmar que este sexenio no fue el sexenio de la juventud. A este gobierno le debemos el surgimiento del término nini, que se refiere a los jóvenes que no estudian ni trabajan y aunque esta cifra se oculta en el informe de gobierno México hoy ocupa el tercer lugar con 7 millones de jóvenes en esta situación.

A finales del siglo pasado, se hablaba con orgullo de expectativa del bono demográfico, de la gran oportunidad que representaba la tendencia poblacional en la cual millones de jóvenes en edad productiva serían el motor del desarrollo nacional, y gracias a la actual política gubernamental, ése bono bien podría revertirse en un pagaré demográfico ya que los millones de jóvenes que están afuera del sistema educativo o del mercado laboral envejecerán y se convertirán en el pasivo para seguridad social del Estado.

De la revisión del informe concluimos que los jóvenes nunca fuimos considerados como un sector estratégico para el desarrollo nacional. El enfoque de las políticas públicas trata a los jóvenes como un riesgo social y se contenta exclusivamente en el fomento de acceso a servicios sin considerar la promoción de la ciudadanía y la participación juvenil.

Esta errónea concepción de los jóvenes quedó plasmada en el mensaje del Ejecutivo federal con motivo del Sexto Informe de Gobierno. Éste señaló como uno de los ejes de su estrategia contra el crimen organizado al de propiciar más y mejores oportunidades de empleo, educación, recreación para las y los jóvenes, con la finalidad de evitar de que fuesen presas de la criminalidad.

Pero eso no es todo, en más de un ocasión el gobierno ha atribuido la violencia a una lucha entre pandilleros o gente involucrada en el narcotráfico y así sucedió en el lamentable acontecimiento de Villas de Salvárcar, en el que un grupo de jóvenes fueron masacrados por desconocidos y el gobierno relacionó los hechos con ajustes de cuentas entre bandas rivales de criminales. Esto provocó y con justa razón, la indignación de los familiares de las víctimas, quienes insistían en que todos eran estudiantes.

Como legisladores federales, no podemos seguir permitiendo que continúen criminalizando a la juventud. Aún cuando se ubica a los jóvenes como un grupo prioritario en la acción de gobierno sólo se dedican 7; sí, 7 de las 786 páginas de todo el informe.

La molestia surge cuando en esas páginas no existe una acción, dato o estadística o que muestre la realidad, una realidad lacerante y difícil para millones de jóvenes mexicanos. Mientras que sólo el 14.5 por ciento de los jóvenes emprendedores logran tener éxito en sus proyectos. Uno de los resultados del Programa de Empresas Juveniles del gobierno federal, es haber asesorado a 110 jóvenes para poner su empresa. O que la tarjeta de descuento Poder Joven cambió su diseño.

Mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 9.6 por ciento, el Programa de Fortalecimiento al Trabajo Juvenil nos presume que distribuyeron 80 mil ejemplares de los derechos y obligaciones laborales de las y los jóvenes.

Basta ya de tanta simulación respecto a mi generación. Basta ya de tanta simulación. Por atender lo urgente con una visión cortoplacista, miope y sin visión de estado, hemos dejado a un lado lo importante, que es el desarrollo integral de los jóvenes mexicanos.

Es necesario diseñar e implementar políticas públicas eficaces y eficientes que atiendan de manera prioritaria a aquellos jóvenes que están fuera del sistema y procurar que los que están en los espacios educativos y laborales, no caigan en la desesperanza ante un horizonte de incertidumbre y zozobra.

Un reclamo generalizado de los jóvenes no es que nos den, esperando con la mano extendida la consideración gubernamental. Exigimos, eso sí, de forma clara y contundente que se nos reconozca como actores estratégicos del desarrollo nacional.

Un reconocimiento real, no en el discurso vacío o en la frialdad de los informes gubernamentales un reconocimiento que se concrete en programas innovadores para generar las oportunidades en educación, empleo, emprendimiento, participación social, política, salud, vivienda y deporte. Rechazamos categóricamente ser una estadística más, un dato más, una cifra más de una estrategia fallida.

Existe un clamor generalizado para cambiar de manera radical la visión de la política hacia los jóvenes, de dar un golpe de timón que nos lleve a construir una verdadera política de Estado. En Nueva Alianza proponemos anclar la política juvenil a la estrategia de crecimiento y competitividad, a generar los acuerdos necesarios para que las y los jóvenes asumamos la corresponsabilidad en la conducción de nuestro país.

Estamos conscientes de que la exigencia trae consigo responsabilidades y obligaciones, pero hoy más que nunca estamos convencidos de que los jóvenes mexicanos asumiremos ese reto.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es impostergable construir un acuerdo multipartidista, interinstitucional e intergubernamental para sacar adelante una agenda estructural que atienda de manera urgente este tema. Es urgente porque el futuro del país lo estamos construyendo hoy.

Compañeras y compañeros diputados, somos pocos los jóvenes en esta legislatura y en nosotros, los pocos jóvenes que estamos aquí, recae la tarea de que se escuche la voz de una generación. Juntos podemos crear un nuevo paradigma del quehacer político que conteste la llamada de nuestros tiempos para transformar a este país. Los invito a mis compañeros jóvenes y a todos a que vayamos más allá de nuestros partidos políticos, de nuestras ideologías, nuestras filias y fobias, y sin protagonismos ni mezquindades seamos los representantes que la circunstancia y los jóvenes de México exigen.

Sin olvidar nuestros orígenes busquemos cambiar el rostro de la política juvenil, y que ésta, la LXII Legislatura, sea recordada como la legislatura que dignificó y dio respuesta a los reclamos de una juventud indignada. Muchas gracias, compañeros diputados. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene el uso de la palabra José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, mucho ya se ha dicho de las cantidades y estoy seguro que no solamente en las campañas, sino también en los resultados hay cuentas alegres. Por eso mismo estamos comprometidos a lograr un nuevo desarrollo social en nuestro país.

Esta administración federal, en complicidad con la hegemonía económica, en cuestión de política social ha entregado muy malas cuentas. Está reprobado y nadie puede decir que no, salvo los que se pongan una tela delante de los ojos.

Rezagos hay en todo, en vivienda, tenemos rezagos también en salud, en educación, y el campo está verdaderamente destrozado. Olvidamos al campo, así como también durante mucho tiempo se olvidaron a los jóvenes.

En el tema de desempleo, como les decía, una campaña ya multicitada por muchos compañeros como una promesa de campaña de Calderón, quedó olvidada. Le apostó al proyecto neoliberal apoyando a las grandes empresas trasnacionales y dándoles privilegios. Eso fue lo que pasó y olvidó a las microempresas, a las pequeñas y a las medianas, que son las que generan el empleo.

El 90 por ciento del empleo, de la ocupación se genera ahí y no hubo una política clara para desarrollarlas. Al contario. Una contrapolítica en contra de ella. Los bancos han perdido su funcionalidad, han perdido su vocación para ser el desarrollo empresarial, simplemente los intereses son muy altos.

En el comercio tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque el comercio internacional que a algunas empresas ha beneficiado, a las microempresas desgraciadamente con el contrabando, a muchas de ellas las ha quebrado. Tenemos que cambiar esa política en un proyecto más nacionalista, ver más hacia los mexicanos.

El asunto de la delincuencia, porque también para tener desarrollo social tenemos que tener verdaderamente seguridad y ahí también, aunque no lo quieran reconocer, metieron y alborotaron el avispero y ése se les vino encima, y ahora ya no saben cómo arreglarlo y muchos inocentes han pagado por ello.

Y han pagado por ello, porque en materia de muertes que van más de 70 mil, o ya no sabemos claramente porque hay muchas cifras también. Sucede que los muertos, el 99.99 lo hemos puesto los pobres, porque son los que se enlistan en el Ejército y los mandan a la guerra, o no sé cómo se llama eso, y también como no hay oportunidades, pues los que se enlistan y son carne de cañón de la delincuencia son los pobres, entonces los pobres son los que han muerto. Pero no tan sólo la tragedia queda ahí, las consecuencias de esta guerra, los huérfanos, las viudas y todas las secuelas, hasta psicológicas, van a trascender.

Es por ello, que nosotros también estamos por un cambio en materia social, política y económica. Un cambio verdadero que es el que necesitamos para que veamos resultados dentro de seis años.

En el campo, sucede que nadie quiere trabajar el campo porque no es rentable. Tenemos que tener un modelo de trabajar en microrregiones, tener centrales productivas, donde verdaderamente los apoyos llegan a tiempo. Donde verdaderamente las organizaciones puedan aprovecharse para comprar mejores insumos. Porque sucede que solamente en el campo ganan los acaparadores, ganan los que trafican con la necesidad de los campesinos.

Si no logramos realmente tener centrales con maquinaria, con asesoría técnica, con semillas mejoradas, difícilmente vamos a tener la soberanía alimentaria.

Las cifras son alarmantes, cada vez tenemos que importar más alimentos y en eso está en riesgo nuestra soberanía. Treinta y un millones de toneladas de maíz es la cantidad que consumimos los mexicanos y solo producimos 24. Lo que nos falta lo tenemos que importar. Y no nada más en maíz y frijol sino también en picante, en chile, también ya lo importamos.

Para brincar al tema también de los indígenas, que es un tema muy lastimoso, donde verdaderamente han sido olvidados y ahí están los tarahumaras, que se estaban muriendo de hambre y que supuestamente les mandaron algunos beneficios, pero que en la generalidad, la parte indígena la ven como mexicanos de segunda clase y ese tipo de gobierno no queremos. Los indígenas son los herederos de nuestros ancestros, son los verdaderos mexicanos y los tratamos muy mal.

Nosotros como Partido del Trabajo no solamente queremos ser constatatarios, no solamente queremos contestar y no proponer. También nosotros sabemos que en materia de salud las cuentas son alegres. Realmente, el Seguro Popular ha dejado mucho qué desear, porque cuando se llega a las clínicas realmente no hay servicio, realmente no hay medicamentos o la enfermedad no está calificada para que nos den el servicio.

Tenemos nosotros que lograr que en materia de salud verdaderamente la salud preventiva sea fundamental y en eso tenemos que trabajar muy duro para que en este sexenio que viene se privilegie, sobre todo en aspectos de salud, la alimentación y la cultura de salud en las áreas escolares, en las áreas de trabajo y en general en toda la sociedad.

Por ello mismo, compañeros, yo propongo que hagamos un pacto de civilidad para lograr un nuevo proyecto, donde los jóvenes, donde las mujeres, donde los campesinos, donde verdaderamente el pueblo mexicano tenga opciones.

Esas opciones que tanto necesita nuestro pueblo y cómo va a ser. También con menos corrupción, también con más acuerdos aquí en el Congreso, pero que veamos detenidamente hacia qué camino vamos, eso es lo que nosotros debemos precisar.

Por eso para nadie es oscuro, para nadie es oculto que ahora el nuevo presidente traiga políticas como la reforma laboral, que es una continuidad y un acuerdo con los del PAN y que no debemos permitir esa infamia, porque cómo le vamos a dar la cara a los jóvenes, a los trabajadores que ya no tienen derecho.

Por eso nosotros estamos pidiendo a todos que lo consideremos y que no aprobemos esa infamia, porque no queremos cargar con ese costo histórico que nos va a demandar el pueblo mexicano. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta. Con el permiso de todas mis compañeras legisladoras y todos mis compañeros legisladores, y por supuesto del público en general.

Quiero manifestar a nuestras compañeras legisladores y nuestros compañeros legisladores, del Partido Revolucionario Institucional, nuestra solidaridad por la pérdida de la vida de su compañera que sin duda fue un ser humano extraordinario.

Manifestar mí profunda emoción y convicción que me genera el hacer uso de la palabra por primera vez en ésta la máxima tribuna popular de nuestro querido país, México. Decirles que lo hago con absoluta responsabilidad, consciente de que los 628 representantes populares que conformamos el Congreso de la Unión tenemos la sagrada obligación de velar por la tutela y protección de más de 112 millones de seres humanos que sufren, sueñan, se esfuerzan, trabajan y sobre todo les mantiene latente en sus corazones los sentimientos de fe y esperanza por un mañana mejor.

El luchar por ello no debe tener color ni preferencia ideológica o política. Recordemos que el origen, naturaleza, función y justificación de todo Estado o nación es la de precisamente facilitar a través de los servicios públicos el desarrollo integral y pleno de los miembros de nuestra sociedad bajo el ejercicio serio y responsable de cada quien de sus derechos humanos.

Recordemos la obra de El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, en donde señaló que la única función del Estado es la de preservar la vida humana. Bajo esta premisa me permitiré participar en este ejercicio de rendición de cuentas que el Ejecutivo federal realiza a través de este informe gubernamental en el ámbito de la política social.

No obstante que se anuncian con bombo y platillo supuestos logros sin precedentes de los programas que se han implementado por parte de la administración saliente, que tan solo han cobrado efectividad de manera parcial pues aún persisten situaciones que a todas luces denotan la ineficacia y la ineficiencia de las instituciones públicas que más que tutelar y defender los derechos humanos de los miembros de nuestra sociedad, los vulneran y trasgreden en muchas de las ocasiones bajo lo que se conoce como la doble victimización, ya que las víctimas en lato sensu no son solo en el ámbito penal.

Todo análisis en torno al eje de la política social se inscribe estructuralmente en los procesos de marginación y violencia. Esto se hará visible mediante la inducción del problema, pues de inicio no debe dejar de mencionarse que los recursos que han sido erogados a lo largo del periodo 2011-2012 para la atención a los grupos vulnerables, para su libre autodeterminación económica, y sobre todo política jurídica, han sido totalmente insuficientes.

Aunado a que, a pesar de haber sido creada la Ley Federal de Inclusión de Personas con Discapacidad, aún se tiene pendiente el armonizar la legislación secundaria que permita garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, entre otras hace falta reformar el Código Penal y Civil, entre otros.

Por lo que respecta uno de los derechos humanos más elementales, como es el de la salud, el informe presenta como un gran logro la supuesta cobertura universal del Programa Seguro Popular, que a diferencia de lo que dice en el informe, de modo alguno significa la cobertura universal del derecho a la salud de los mexicanos. La realidad es que este seguro no incorpora todas las enfermedades que puede padecer una persona, como si uno pudiera escoger la enfermedad que vaya a tener.

Por otra parte, sobre este mismo derecho, debemos de señalar que derivado de la incapacidad de cumplir cabalmente con su responsabilidad, instituciones como el IMSS y el ISSSTE se pretende subrogar sus funciones complementarias, como es la entrega de sus medicamentos, lo cual debemos revisar en el presupuesto de estas instituciones.

En lo relativo al derecho humano a la educación, en el informe se menciona que durante la presente administración se habrán construido nuevos planteles. No obstante, tan solo en la UNAM en el ciclo 2010-2011 las solicitudes para ingresar al nivel licenciatura ascendieron a 170 mil 558, mientras que la demanda atendida fue de menos del 10 por ciento.

En este sentido debemos señalar que si bien es cierto que hoy se pretende incorporar al nivel básico, el sistema de bachillerato como educación obligatoria, esto significaría bajo nuestra perspectiva en que estaríamos elevando la educación en cantidad y no en calidad. Toda vez que consideramos la necesidad de la implementación de una reforma a la Ley Federal de Educación, que incorpore la premisa que establece en la Carta Magna el artículo 3o. al señalar: que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, dando como consecuencia la revisión de los planes y programas de estudio que conlleven a la incorporación de los valores intrínsecos que nos corresponden a los seres humanos para coadyuvar en la formación de conciencias y personas que dignifiquen al género humano para lo cual, en breve, estaremos presentando una iniciativa a la Ley Federal de Educación que nos permita provocar una reforma al sistema educativo nacional, para dotarlo de la esencia que con toda atingencia concibieron nuestros Constituyentes.

En cuanto al derecho fundamental a la seguridad pública, a todas luces podemos afirmar que la estrategia nacional de seguridad no permitió lograr avances significativos en la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales ni el fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones de seguridad pública.

En mucho, creemos que es debido a la falta de la integralidad de las políticas públicas, observándose acciones de instituciones totalmente desasociadas y, en ocasiones, en donde se realizan duplicidad o triplicidad de funciones.

Recordemos que la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial será una realidad para el año 2016 en todo lo ancho y largo de nuestro país; y aun en los estados en donde ya se implementó dicho sistema, persiste la deuda del Estado mexicano con las víctimas de la comisión de un ilícito y, por ende, con su derecho sagrado a la justicia.

En suma, los esfuerzos realizados en este 2012 por el gobierno federal sin duda resultan ser insuficientes para proteger, tutelar y garantizar los derechos fundamentales de los miembros de nuestra sociedad mexicana en gran medida a causa del abismo que ha existido entre los gobernados y gobernantes de los tres órdenes de gobierno, siendo nugatorio el derecho a la participación ciudadana que nos permita verdaderamente incidir en el desarrollo democrático de nuestro país y, por consiguiente, en el forjamiento de las instituciones públicas, comprometiéndonos, de igual manera, a presentar en breve una iniciativa de reforma constitucional que garantice que este derecho sea una realidad y se reconozca la coadyuvancia de nuestra sociedad para la determinación de los programas públicos su evaluación, así como su supervisión del gasto público a través de los consejos ciudadanos, a efecto de propiciar la eficacia y eficiencia de toda institución pública.

Como pudieron haber constatado, hoy Movimiento Ciudadano responde a su compromiso con la ciudadanía mexicana, debiendo ser éste el inicio de a implementación de una cruzada nacional por la cultura, del respeto a la dignidad del ser humano en donde todas y todos debemos formar parte. Ustedes tienen la palabra, compañeras y compañeros. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la tribuna la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados, la política social es el instrumento y la herramienta del Estado mexicano y del gobierno, para combatir la marginación y la pobreza, para generar desarrollo humano y sin la cual no puede haber gobernabilidad democrática plena.

Los liberales mexicanos del siglo XIX postularon con visión progresista y estratégica de Estado, que una política social sólida y eficiente, bien se puede constituir en el mejor antídoto en contra de la violencia social.

Habrá que recuperar hoy en día esa enseñanza histórica que cobra relevancia por el escenario de criminalidad que afecta y padece la sociedad mexicana en su conjunto.

En la actualidad en esta coyuntura menester es redefinir la misión ética del Estado en esta materia y plantear una política social no residual, clientelar ni asistencialista y poner en el centro, como una prioridad, la promoción del bienestar y del desarrollo humano, una política social que potencie el bienestar colectivo y el crecimiento económico con una visión de sustentabilidad y un enfoque ambientalista, defensor de la conservación de los recursos naturales y de la riqueza de la nación.

Pero necesitamos reorientar en ese sentido la acción de un modelo económico con sentido de justicia social que ponga el acento en dos principios básicos: el desarrollo con sentido humanista y el cuidado del principio esencial de la sustentabilidad que preserve el equilibrio y la defensa de los recursos naturales y no los destruya irresponsablemente. Ese es el signo de la política social que planteamos.

Ahora bien, si la política social implementada en los últimos años por el gobierno federal la analizamos e interpretamos a la luz de las cifras e indicadores objetivos, tendremos que aceptar que falta mucho por avanzar, incluso, que ha fracasado.

El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas del Desarrollo Social, el Coneval, con cifras actualizadas, documenta, ilustra y expone el rostro de la pobreza que afecta a más de 50 millones de mexicanos, sin contabilizar la población vulnerable por ingresos, en precaria condición alimentaria y en situación de rezago educativo.

El rezago educativo afecta, según los datos y cifras oficiales, a casi 30 millones de mexicanos de 15 años o más, lo que habla de la presencia y la acción de un sistema educativo nacional no solamente excluyente e inequitativo, sino también altamente ineficiente.

Tenemos que reconocer que sin una educación pública de calidad difícil será concebir en el corto, mediano y largo plazo una nación soberana y una nación con adecuados niveles de desarrollo humano con justicia y democracia.

Quienes formamos parte de esta legislatura federal debemos hacer posible, como parte de nuestro compromiso moral, la construcción plural y racional de un gran pacto político en contra de la pobreza que contribuya a reducir los niveles de marginación y vulnerabilidad social y para eso, desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, habrá que impulsar y consensar iniciativas legislativas que privilegien políticas sociales que coloquen en el centro la promoción del desarrollo humano.

En el informe que fue entregado por el Ejecutivo federal el pasado 1º de septiembre a este Congreso de la Unión debemos ver que la mayor parte de sus datos estadísticos registra un aumento del gasto público, una mayor cantidad de población beneficiada, más obras nuevas, más obras rehabilitadas y un mayor presupuesto a programas tan importantes como Oportunidades.

Sin embargo, no siempre gastar más es sinónimo de gastar mejor ni mucho menos que ese gasto sea efectivo. Por tal motivo, no basta con ver los números y datos estadísticos presentados fríamente en el documento del sexto informe presidencial.

En esta tribuna se ha planteado en reiteradas ocasiones el incumplimiento del gobierno del empleo con esa promesa de campaña. Las políticas implementadas han dilapidado la capacidad de fuerza laboral con que cuenta el país, ya que el 66.8 por ciento de la población se encuentra en edad laboral, lo que en números representa 73.8 millones de mexicanos y mexicanas sin tener todos la misma oportunidad de empleo.

De nada sirve aprobar cada año más recursos a programas sociales que buscan abatir la pobreza en rubros como el alimentario, cuando en términos económicos, durante este sexenio el valor de la canasta básica aumentó casi el doble, ya que de 492 pesos en el mes de enero del 2005, para la zona rural pasó a 798.54 pesos en julio del 2012 y las zonas urbanas no han sido la excepción, ya que la misma canasta pasó de 712 pesos en enero de 2005 a mil 120 en julio de 2012. Resulta triste ver que este valor de la canasta es mayor en las zonas urbanas, que además han aumentado su densidad de población por fenómenos de migración interna.

Como expuse, no basta con aumentar los recursos y gastarlos, sino privilegiar el ejercicio de los presupuestos de calidad y en aplicar y dirigir correctamente ese gasto.

Para muestra un botón. Dentro de este informe, el Ejecutivo federal menciona el destino de recursos presupuestales especiales para los 125 municipios con mayores índices de pobreza y marginación. Qué importante es esto, pero las políticas sociales tendrán que trascender la visión tradicionalista de asistencialismo y clientelismo. Hoy debemos construir, más allá de las políticas sociales residuales, un nuevo modelo federalista que promueva un trato justo a los municipios de México, que contemple una distribución equitativa de la recaudación federal participable.

Si bien es cierto que el gasto público ha crecido en el combate a la pobreza, esto no se ha visto reflejado en la ciudadanía ni en el desarrollo social. Las propias cifras oficiales en la materia así lo revelan y lo demuestran.

Las evaluaciones nacionales recomiendan revisar y readecuar el ejercicio y ejecución de las políticas sociales para que cumplan su objetivo superior de propiciar bienestar colectivo con justicia y equidad.

Pero cómo nos encontramos en el contexto de las mediciones y evaluaciones de las políticas sociales del resto del mundo. En el rubro de salud la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos ubica entre los coleros, ya que a pesar del referido informe presidencial, se reporta un número exponencial de gasto en este sector con respecto a los países integrantes de la OCDE, nos encontramos en el penúltimo lugar sólo por encima de Turquía.

En la prestación de servicios de salud nos colocamos muy por debajo de la media de esta organización en casi todos los rubros. Por ejemplo, en tasa de la mortalidad infantil nos encontramos en promedio 3 a 1 por debajo de la media y nuestro país se localiza por esta razón en penúltimo lugar.

En relación al tema educativo es reconocido por todos que el avance no ha sido significativo cuando revisamos los indicadores de cobertura, aprovechamiento y eficiencia del sistema educativo nacional. Como muestra mencionemos sólo dos datos contundentes de muchos que existen y que documentan los atrasos en este ámbito.

La cobertura en educación superior solamente atiende el 32 por ciento de la población en edad de cursar una licenciatura. Por ese motivo, miles de jóvenes mexicanos son excluidos de una oportunidad digna de cursar el nivel de enseñanza terciaria y se les lanza al horizonte la desesperanza. Muchos de ellos han quedado en profunda vulnerabilidad y en situación de sicarización por los riesgos y peligros representados por la presencia del crimen organizado.

El rezago educativo, por otra parte, es igualmente impresionante. En total, 30 millones de jóvenes de 15 años o más se encuentran en estatus de rezago debido a que no han culminado su educación básica o bien se encuentran en condición de analfabetismo tradicional. Las estadísticas de la misma OCDE nos ubican en los últimos lugares de aprovechamiento educativo respecto a los países pertenecientes a dicha organización.

Se estima que aproximadamente 52 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años que acuden a una escuela, cifra muy por debajo del 75 por ciento en Brasil y el 73 por ciento en Chile, y aún más baja si consideramos que el promedio de los países que pertenecen a la organización para la cooperación y el desarrollo, es del 82 por ciento.

¿Cómo formular la construcción de un México moderno con justicia y bienestar sin educación de calidad? Eso es verdad improbable e imposible. Estamos proponiendo entonces, desde nuestra perspectiva, políticas públicas modernas con la acción de un estado en ética, justo y eficiente que ponga énfasis, además, en un desarrollo regional sustentable en el país.

Debo insistir que el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza de la nación, así como la renovación del histórico pacto federal depende en mucho del ejercicio y aplicación de un nuevo paradigma de desarrollo económico con profundo espíritu de sentido humano y de sustentabilidad que atienda a las circunstancias y las características propias de cada entidad en la república.

En particular, una servidora como representante en esta Legislatura del estado de Zacatecas, he demandado y hoy puntualizo un modelo económico que concilie las dimensiones de la justicia social con la sustentabilidad y la preservación de la naturaleza.

En el caso concreto de Zacatecas, entidad que cuenta en la actualidad con las empresas mineras productores de plata y oro más importantes de México y el mundo, ha hecho que la industria extractiva se constituya sí, en una gran oportunidad para la generación de empleo y el crecimiento económico, pero también en un gran reto para el desarrollo humano y de sustentabilidad que se debe regular con la discusión y aprobación en esta honorable Cámara de Diputados, de leyes más justas y modernas en la materia.

Tendremos que propiciar que la explotación de los recursos naturales de la nación se hagan con racionalidad y sustentabilidad, que genere riqueza, pero que ésta sea adecuadamente utilizada para promover el desarrollo con justicia de la sociedad.

Ésta será siempre nuestra demanda, que las políticas públicas del Estado mexicano en materia social y económica atiendan también estas grandes prioridades sociales. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruíz: Muchas gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruíz: A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, presentado a esta soberanía el pasado 1 de septiembre, destaca por su triunfalismo, por su falta de autocrítica y balance sobre política social. Se reportan en él programas de gobierno dirigidos a las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, cuyo monto presupuestal ascendió a 16 mil 752.9 millones de pesos.

El gobierno buscó incluir la perspectiva de género en la administración pública federal, pero se requiere de un profundo proceso de reeducación cultural y de una gran voluntad política para realmente repercutir en la igualdad entre mujeres y hombres.

Los ámbitos cruciales en la vida de las mujeres, como la educación, el mercado laboral, las decisiones de reproducción y de su cuerpo; la participación política y la salud e integración familiar, entre otros, presentan datos preocupantes.

Por mencionar algunos. En 2010 el 6.9 por ciento de la población de 15 años y más no sabía leer y escribir. De éstos, 6 de cada 10 eran mujeres. El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.6, éste es mayor en los varones que en las mujeres. Así también, se encuentra una menor presencia de mujeres del medio rural en el campo educativo.

En el mundo del trabajo, 78 de cada 100 hombres y 41 de cada 100 mujeres participan con remuneración salarial. Ésta sigue siendo diferenciada entre los géneros y las actuales condiciones laborales para las mujeres han rebasado los planteamientos de la Ley Federal del Trabajo, permitiendo que existan vacíos legales que traen consigo la violación a sus derechos humanos y laborales.

Esto da paso a una marcada discriminación laboral, que incluye para ellas requisitos distintos a los establecidos para los hombres, aunque se encuentren postulando para puestos iguales o equivalentes. Como ejemplo está el requisito de certificado de ingravidez o no embarazo.

Para el PRD la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo atenta contra los derechos de las y los trabajadores, pues pretende flexibilizar la contratación y el despido con los contratos a prueba. Anula la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores acumulen derechos y prestaciones. Agrega causales de despido sin responsabilidad para el patrón. Exime de la responsabilidad de notificar personalmente de la recisión a quien sea cesado, y limita la obligación de pagar salarios caídos hasta un máximo de 12 meses.

Es cierto que la iniciativa propone medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras para combatir el acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo, pero son propuestas limitadas, porque la situación de las trabajadoras requiere de medidas que les permitan laborar en condiciones de equidad, regulando las responsabilidades familiares y los derechos reproductivos.

En lo referente al trabajo en el hogar, sólo se establecen descansos diarios y semanales. Otros aspectos como la incorporación a la seguridad social, el contrato por escrito, el reconocimiento de prestaciones básicas y medidas protectoras contra la violencia y la discriminación a ese sector, no merecieron la atención del Ejecutivo.

La propuesta del PRD incluye un verdadero enfoque de género que prohíbe, entre otros puntos, la discriminación de las trabajadoras, la eliminación de la violencia laboral y sexual contra ellas, la igualdad en la remuneración y su derecho a la justicia laboral.

Por ello, durante el proceso de dictaminación de la iniciativa del Ejecutivo en materia laboral, defenderemos nuestra propuesta y nos opondremos a toda modificación regresiva en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores que atente contra su calidad de vida y sus condiciones de trabajo.

Con relación a la infancia, hablar sobre la infancia, sobre la niñez en México, hace imperioso el reconocimiento de nuestra Constitución, que en su artículo 4o. establece la protección de niñas, niños y adolescentes, toda vez que dispone el prever mecanismos, planes y programas que diseñan y ayuden a construir las mejores condiciones de desarrollo para ellas y ellos.

Pese a lo anterior, sus derechos son reiteradamente vulnerados. Así, la obligación jurídicamente instituida debe acatarse y destinar los recursos necesarios para garantizar su pleno desarrollo.

Los infantes y adolescentes se encuentran expuestos a actos de violencia, maltrato, explotación y discriminación, ya que son quienes se encuentran más vulnerables y desfavorecidos y, por tanto, susceptibles a sufrir agresiones y falta de cuidado.

En nuestro país existen 10 millones de personas con algún problema de discapacidad, de éstos, el 2.3 por ciento tiene una discapacidad severa. También se calcula que existen 750 mil 198 hogares con presencia de personas con discapacidad motriz. Asimismo, del 1.8 millones de estas personas, 52.6 por ciento son hombres y 47.4 por ciento son mujeres.

Del total de la población con discapacidad, el 35 por ciento no ha recibido ningún tipo de tratamiento, por no contar con Seguro Social, por la falta de recursos económicos o porque no existe tratamiento disponible o factible para su discapacidad. Éste es un problema que sin duda queda pendiente del gobierno que va saliendo.

El envejecimiento de las poblaciones es un fenómeno mundial, cuyas características se impactan directamente a las personas, las familias, las comunidades y prácticamente a todos los sectores del gobierno y la sociedad.

Se han implementado acciones y programas, pero no son suficientes. El Instituto Nacional de Geriatría, estancias de día para las personas de edad avanzada no es suficiente. Se requiere de mayores acciones compensatorias, ya que mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en un 3.6 por ciento y se calcula que esta proporción llegará a 15.8 por ciento en el año 2005.

En materia de cultura, arte, recreación y deporte, es de destacar que el tema no es prioritario en el informe del Ejecutivo federal. En nuestro país la cultura está relegada a una actividad complementaria. Esto significa que el grueso de la población no tiene acceso a la misma. Aunado a ello, la Secretaría de Educación Pública no fomenta de manera suficiente el amor y el cuidado por la literatura y las bellas artes.

Con lo anterior quedan de lado aspectos fundamentales, como son la construcción de la identidad nacional, la reivindicación de nuestros modos y expresiones culturales contemporáneos y el conocimiento de la gran diversidad cultural que tenemos en el país.

El presupuesto asignado a los temas culturales, artísticos y deportivos es meramente simbólico, lo que obstaculiza un desarrollo óptimo de las actividades deportivas y el mantenimiento regular y constante del deporte de alto rendimiento, dejando la responsabilidad de la formación de las y los atletas a las familias y sus esfuerzos particulares para concretizar los sueños de muchas mexicanas y mexicanos.

No voy a repetir aquí el tema de jóvenes, que ha sido citado por varias diputadas y diputados, simplemente decir que para el Partido de la Revolución Democrática es una vergüenza que el gobierno anterior haya permitido que existan 7 millones y medio de jóvenes sin oportunidades de trabajo y sin oportunidades de estudio.

Se nos argumenta que han sido los efectos de la crisis lo que ha imposibilitado contener el crecimiento de la pobreza en el país. Nada más falso, eso obedece a la lógica clientelar y asistencialista, lo que ha marcado de facto la aplicación de una política social que ha dañado severamente a sectores importantes de la sociedad mexicana.

El país requiere de una urgente reorientación de la política social que no mire al pasado, donde el uso de los programas sociales no sea la moneda de cambio para la compra de voluntades y sí una política social que genere y fortalezca capacidades de las personas y los sectores que pagan los costos de una política económica que ha favorecido a unos cuantos.

En este esfuerzo estaremos comprometidos las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en esta Legislatura. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente turno es el de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con su permiso, ciudadana presidenta. A mí me da mucho gusto que en esta tribuna reconozcan que las comunidades y los pueblos originarios somos dueños de México. Entonces, ahí les encargo que ya no nos traigan ahí en los bloqueos de Reforma.

Más allá de juicios sumarios o afanes tremendistas, de criterios políticos o banderas ideológicas, es preciso recordar que en ésta, como en muchas otras tareas, el compromiso es de todos, de la sociedad y el gobierno. Y como gobierno no solo le compete al Poder Ejecutivo federal, sino que también al estatal y a los municipales.

Qué grave e irresponsable es juzgar una gestión pública sólo por aquello que ha quedado pendiente por realizar y no por aquello, por lo mucho que se ha logrado y que a final de cuentas es fruto del esfuerzo de todos los mexicanos. La política social no puede ser una política pública de corto plazo sino que debe pensarse, planificarse y ejecutarse con una visión de largo aliento.

México hoy cuenta con una política social de Estado, los dos sexenios de gobiernos panistas han colocado los cimientos de una cultura política de transparencia y rendición de cuentas que nunca existió en el pasado, se dio paso a una alternativa subsidiaria que impulsa acciones corresponsables en los procesos permanentes de desarrollo y se impulsaron las de capacidades y oportunidades de las personas, las familias y sus comunidades.

Los avances son innegables, en estos seis años el presidente de la República promovió una política social promotora del bien común en el respeto a la dignidad de la persona. Diputadas y diputados de este Congreso, tenemos mucho que hacer y mucho que aportar para asegurar que los frutos de este trabajo sigan beneficiando a un mayor número de familias mexicanas.

Es preciso garantizar la continuidad de los programas sociales, como Oportunidades, que han demostrado su eficacia en todos los rincones del territorio y en todos los ámbitos de la acción social, así como la atención médica para todos en un esquema de portabilidad entre las instituciones de seguridad social.

Hoy contamos con una política social que rinde cuentas con reglas de operación y padrones de beneficiarios públicos abiertos al escrutinio ciudadano, con mecanismos de contraloría social, con procesos de evaluación realizados por un órgano ajeno a la entidad o la dependencia pública que los opera.

Otro de los grandes avances institucionales de la política social fue la creación del Coneval en 2006, cuya labor garantiza la transparencia de las acciones, indicadores técnicos, precisos acerca de la pobreza y con objetividad sobre los resultados de las políticas públicas. Y hace 12 años eso no existía.

Actualmente 12 por ciento de los programas sociales federales son evaluados y se avanza para alcanzar al 100 por ciento. Sin embargo, los resultados en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales dejan mucho que desear, ya que a nivel local apenas la mitad de los programas sociales son evaluados.

No olvidemos que 9 de cada 10 pesos de los recursos que invierten en el combate a la pobreza son ejercidos por los gobiernos estatales y municipales, por ello deberían ser corresponsables de las estadísticas.

Y curiosamente quienes más critican son quienes más afán han demostrado en ocultar las cifras de su manejo discrecional y arbitrario del presupuesto, pero además han sido señalados como responsables de graves quebrantos al erario público y de heredar deudas millonarias a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos, el caso Cuahuilazo que no se nos olvide.

Primero son las fugas del dinero público y después las fugas de los políticos con dinero que no aparecen para rendir cuentas a las autoridades. Por ello, antes de voltear la mirada a la casa ajena, compañeras y compañeros: el buen juez empieza por su casa, así como venimos a esta tribuna a exigir cuentas al presidente de la República hagámoslo también con los gobernadores de los estados.

En este sexenio, aunque muchos no quieren reconocerlo, se fortaleció como nunca la infraestructura escolar, a pesar de los obstáculos impuestos por gobiernos cómplices del sindicalismo magisterial.

La salud es primordial para las familias y por eso también ha sido primordial para los gobiernos emanados de Acción Nacional.

Hoy este Congreso tiene dos iniciativas enviadas por el presidente de la República, resurge la esperanza de generar mayores oportunidades, mejorar las condiciones de vida de millones de familias. Esta Legislatura tiene la responsabilidad histórica de dictaminar o, en su caso, aprobar una de las reformas estructurales de mayor jerarquía y visión de desarrollo en la historia reciente del país, la reforma laboral, que se ha convertido en una de las principales deudas de este Congreso hacia los mexicanos.

Millones de jóvenes esperan que se generen condiciones propicias para incorporarse a la actividad productiva; más de 20 millones de mujeres claman para erradicar la discriminación, el hostigamiento, el acoso; miles más aguardan que se dignifique el trabajo domestico; y las personas con discapacidad; nuestros jornaleros migrantes indígenas exigen un marco legal que facilite su incorporación a la vida productiva; millones de trabajadores, literalmente secuestrados por los intereses gremiales esperan para ejercer a cabalidad y con libertad sus derechos.

Más allá de los cálculos y miras políticas de corto plazo, esta Legislatura tiene que superar los perjuicios que impidieron a otros aprobar la reforma laboral que México necesita. Eventualmente también discutiremos y aprobaremos la Ley de Contabilidad Gubernamental; basta ya de ver el presupuesto como una caja negra en favor de unos cuantos y empecemos a mirarlo como una caja de cristal, en vista y al escrutinio de todos los mexicanos.

El combate a la pobreza no es un camino más hacia el desarrollo con justicia y dignidad de los mexicanos, sino que es el único camino por el que se puede transitar. Estamos convencidos de que todavía queda mucho por hacer. Pongamos todos nuestro mayor esfuerzo por alcanzar los acuerdos políticos necesarios: por nuestras mujeres, por nuestras comunidades, por nuestros jóvenes, por nuestros discapacitados, que ya no queden simplemente en discursos.

La pobreza no entiende de alternancias, ni de ideologías políticas o de retornos autoritarios. Y cito las palabras de Castillo Peraza: La libertad sin justicia es privación de aquella por los miserables y monopolio de bienestar para los acomodados. Que quede claro. Si uno falla, fallamos todos. Y si todos fallamos, que sea la historia la que nos juzgue. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último, tiene el turno la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su permiso, diputada presidenta; diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Cuando se afirma y se difunde en ocasión de un informe y un mensaje a la nación que México ha cumplido a cabalidad con la cobertura universal de salud, uno no acierta a saber si se haya uno en otro país o se trata de un caso de miopía.

No es lo mismo lograr la afiliación universal de salud que la atención universal en ella. Y lo que en todo caso se logró mediante la afiliación de 37 millones 66 mil personas en el periodo 2007-2012 –como aseveró el Ejecutivo federal-, fue el registro de esta población sin poder garantizar una cobertura suficiente y de calidad, como corresponde al derecho constitucional de todos los mexicanos.

El Seguro Popular, compañeros, debería representar una responsabilidad del gobierno con la población más necesitada y más vulnerable y no un programa electorero, como ha operado hasta el día de hoy.

Durante el primer sexenio de la administración panista, el presupuesto asignado al Seguro Popular fue destinado básicamente para levantar el padrón de beneficiarios y se dejó a un lado la cobertura de los servicios médicos a los que todos tenemos derecho.

Desde su inicio el abanderamiento del programa sólo fue de carácter electoral y es al concluir esta administración en que se insiste en revertirlo de una cobertura universal en salud.

La dramática realidad es que tenemos un sistema de salud inequitativo en términos de acceso a los servicios de financiamiento y de sus resultados.

Existen grandes disparidades en cuanto a cobertura, gasto público y condiciones sanitarias entre los estados del norte y los del sur.

Esta última región, tiene una disponibilidad muy baja en médicos, enfermeras y camas de hospital, en comparación con los estados del norte y los demás mientras de la OCDE.

Lo que tenemos con el Seguro Popular, son ostensibles brechas en materia de calidad en la atención médica y la seguridad social de los pacientes.

El Seguro Popular sólo atiende mil 585 diagnósticos, mientras que el Seguro Social y el ISSSTE dan cobertura a 12 mil 467 diagnósticos de 21 apartados de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aun cuando sus presupuestos, de estas instituciones, han sido reducidos gradualmente.

Lo que sí hemos visto desde la llegada de los gobiernos panistas es que se han desatendido de las instituciones, de las instituciones que son pilares de la salud pública de nuestro país, como son el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud.

En este Informe también se destacó que en materia de infraestructura de salud se concluyeron mil 264 hospitales o clínicas nuevas y se remodelaron 2 mil 470; la mitad de ellas en los 10 estados con mayores índices de pobreza, puntualizando que el siguiente paso es la prevención de las enfermedades. O sea que todo está resuelto.

Sin embargo la realidad es que no basta con infraestructura y más promoción, requerimos de abasto de medicamentos, no hay medicinas en los hospitales; material de trabajo y personal hospitalario capacitado, para poder brindar una atención adecuada.

Los indicadores que se difunden sobre el número de cirugías practicadas, consultas, especialistas y camas de hospital ocupadas, no son suficientes para demostrar la calidad y cobertura de un servicio. No se sabe si expresan una significativa subutilización o si la productividad es muy alta.

Pero lo que sí es cierto, compañeras y compañeros, es que en la realidad que vive la mayoría de los mexicanos, el Seguro Popular no proporciona medicamentos suficientes para poder atender a la población que se presenta a las unidades de salud y los recursos humanos tampoco son suficientes. En pocas palabras, no hay camas, no hay doctores, no hay medicamentos.

Compañeras y compañeros legisladores, al escuchar al titular del Poder Ejecutivo mi percepción fue que hablaba de otro país, pero volví a la realidad al recordar que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y que estamos a punto de arrebatarle a Estados Unidos el primer lugar también en la población adulta.

Cómo hablar de eficiencia si diariamente mueren en nuestro país 176 mexicanos a causa del cáncer. Cómo decir que todo va bien si esta enfermedad es la segunda causa de muerte infantil. Cómo hablar de eficacia si cada dos horas muere una mujer mexicana a causa del cáncer y la falta de atención materna. Cómo no decir que existen datos alarmantes respecto a diversas enfermedades cardiovasculares, diabetes, VIH, entre otras.

También es cierto que al concluir esta administración tenemos que el gasto público per cápita en salud en México es de 172 dólares, en contraste con Brasil que equivale a 208 dólares y un promedio de mil 300 dólares en los países más avanzados. Entre los países de la OECD México se encuentra en el penúltimo lugar con un monto de 3.5 veces menos que el promedio de los países de la OCDE, ya que sólo estamos por encima de Turquía.

Con lo anterior queda muy clara la diferencia abismal –entiéndase bien, compañeros– la diferencia abismal entre afiliación universal de salud y atención universal de salud, completamente diferente.

Lamentablemente los 53 millones de afiliados que cuentan con los beneficios del Seguro Popular están muy lejos de tener garantizada una cobertura universal de salud. Afirmar, contra toda evidencia, lo contrario sólo revela una miopía que tal vez deriva de una enfermedad más profunda, que es la soberbia.

El Grupo Parlamentario del PRI sostiene que no podemos ser omisos ante la exigencia social que reclama eficiencia de sus instituciones y de los servidores públicos que las constituyen. Es menester fortalecer las estrategias que permitan abatir el enorme rezago existente en materia de salud y de igual forma debemos fomentar la cultura de la prevención para reducir los altos costos de tratamientos y hacer uso eficiente de los recursos públicos y trabajar para construir un verdadero sistema universal de salud en lugar de una filiación universal voluntaria.

Para ello nuestro presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, promoverá la seguridad universal a través del acceso efectivo a la atención médica, mediante una real reestructuración de los servicios del sector salud, a través de una pensión universal para adultos mayores, ampliando de forma gradual el programa de 70 y Más y disminuyendo la edad mínima a 65 años a través del seguro de invalidez por discapacidad o accidente a la población que tenga entre 14 y 65 años de edad, porque es necesario tener un seguro de desempleo para todas aquellas personas que pierden su trabajo, con el requisito de haber trabajado de manera consecutiva y de participar en programas de capacitación y de ferias de empleo durante el tiempo que perciban el seguro.

Éste es el compromiso que adquirió el actual presidente electo de México y hacia este objetivo habremos de dedicarnos en nuestro trabajo legislativo para construir consensos y lograr la aprobación de la reforma que instrumente el sistema de seguridad social universal del siglo XXI. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Compañeros diputados, quisiera poner a su consideración la aprobación de que me permitan continuar con esta sesión por lo menos hasta la presentación de iniciativas. Lo haríamos por cinco minutos la presentación de cada una de ellas, en razón de que han pasado las cinco horas que el Reglamento admite. Debo de ponerlo a su consideración.

Por tanto, le ruego a la Secretaría ponga a consideración de los señores diputados si nos autorizan la ampliación de esta sesión para que puedan ser presentadas las iniciativas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza continuar la sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se autoriza. En consecuencia, les plantearía que para poder ser ágiles en el manejo de este tiempo, los que van a presentar iniciativas usaran el menor tiempo posible, alrededor de 5 minutos.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Y a petición del diputado Trinidad Secundino Morales, se pospone la del Grupo Parlamentario del PRD, con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones de la Ley Minera. Es simple posposición.

El caso, también, de la del diputado José Antonio León Mendívil, que también se pospone y que es relativa a la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cambio, la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD va a presentarnos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No quiere subir, es sólo turno. En consecuencia túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Y ahora sí le damos la palabra por cinco minutos a la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que está suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Le suplicaría, diputada, y a todos los demás que van a hacer uso de la palabra, se circunscriban al plazo de cinco minutos para que podamos desahogar todos los que quieran presentar su iniciativa. Adelante.

La diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado presidente. A todas y todos, muy buenas tardes. La democracia mexicana es hoy más competitiva, no obstante lo cual la percepción que los ciudadanos tienen del Congreso sigue siendo afectada ante la exigencia ciudadana de resultados y menores costos de la democracia.

La sociedad mexicana tiene un anhelo; ser escuchada, confirmar en sus representantes, lograr un Estado eficaz que garantice, o dicho en palabras del presidente electo Enrique Peña Nieto durante su campaña política, una democracia de resultados.

La democracia es un concepto en constante cambio y expansión, no es una idea estática e inamovible que tiene que responder a las circunstancias de la sociedad donde se desenvuelve, para garantizar un adecuado desarrollo de los proyectos políticos, económicos, sociales y culturales de una nación, y en el caso de la democracia mexicana no es una excepción.

Es momento de tomar acciones responsables y congruentes con los tiempos que se viven. El pluralismo ya es un hecho, el sistema democrático está consolidado, es eficiente, independiente y apartidista.

Es momento de racionalizar el Congreso. ¿Qué implica racionalizar el Congreso? En primer lugar es necesario redefinir el pluralismo, existen varias aproximaciones sobre la representación plurinominal, hay quienes defienden la necesidad de que todos los escaños sean repartidos por este principio, lo que constituye un ejercicio que puede resultar ajeno a la responsabilidad del representante ante sus electores.

Un Congreso totalmente plurinominal aleja a los representantes de sus distritos, dado que inclusive sin conocerlos ni hacer campaña en los distritos, pudieran ocupar posiciones parlamentarias.

Existen también quienes defienden la eliminación total y absoluta de la representación plurinominal en aras de transitar a un sistema totalmente mayoritario. Esto constituye otro extremo equivocado, pues los sistemas mayoritarios garantizan gobernabilidad y son adecuados en condiciones de bipartidismo, pero en casos de pluripartidismo, como el mexicano, pudiera darse la situación hipotética y alejada de que algún partido ganara, con menos del 30 por ciento de los votos, la mayoría. Y estamos hablando del 70 por ciento o más de un Congreso.

La representación proporcional es necesaria para garantizar la participación de las minorías como debe ser un entorno democrático, sin embargo, a últimas fechas en México ha servido como herramienta de veto para grupos que no representan a sectores mayoritarios de la sociedad y que paralizan acciones en el cambio del status quo, en detrimento de la ciudadanía.

Racionalizar el Congreso es también retomar los principios bajo los cuales fue creada la Cámara de Senadores, como un foro de confluencia y representación paritaria de las entidades federativas. La representación plurinominal ha ocasionado una ruptura y un desequilibrio en su interior.

Los estados y el Distrito Federal han perdido el balance, pues existen representaciones con más de cuatro legisladores en sus filas. ¿Dónde está la paridad, dónde la representación igualitaria? ¿Dónde ha quedado el equilibrio? ¿O es acaso que existen entidades más valiosas que otras? Por supuesto que no.

Hay que respetar lo dispuesto en el artículo 40 constitucional, por ello la iniciativa que proponemos los legisladores del PRI incorpora en concreto lo siguiente:

Se reforma el artículo 52 constitucional para integrar la Cámara de Diputados por 300 representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y otros 100 que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones.

Se armoniza el artículo 53 en concordancia al 52, respecto a la distribución de las demarcaciones territoriales correspondientes.

Se armoniza el artículo 54 a la nueva cifra de curules plurinominales en la Cámara de Diputados y se establece en el artículo 56 la nueva configuración de la Cámara de Senadores, eliminando la representación proporcional reduciéndola a 96 escaños, 64 para fórmula ganadora de mayoría relativa y las 32 restantes para la primera minoría.

Es momento de construir el Congreso que México necesita. Un Congreso moderno, un Congreso de resultados. Le ruego integre en sus términos al Diario de los Debates, señor presidente de la Cámara, la iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario del PRI que represento, para reducir el Congreso en 100 diputados y en 32 los senadores, ambos de representación proporcional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Trabajo, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios. Le haría la misma recomendación que hice anteriormente, diputado. Ojalá y sea lo más breve.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, presidente. Honorable asamblea, diputadas, diputados. El día de hoy los suscritos diputados y diputadas de los grupos parlamentarios que conformamos el frente legislativo de izquierda, sometemos a consideración de esta soberanía un paquete integral de iniciativas en materia laboral.

Con esta propuesta ponemos a consideración reformas constitucionales y legales, para la transformación integral del marco jurídico laboral y la creación de un seguro de desempleo.

Esta propuesta se ubica en el ámbito de la reforma del Estado y constituye una propuesta integral para configurar un modelo laboral que haga posible la inserción de nuestro sistema productivo en este mundo globalizado y así como la generación de empleos estables y bien remunerados.

Con este proyecto se pretende dar forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo, bajo el amparo del pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales.

Nuestras iniciativas se proponen acabar con la impunidad de quienes violan el orden jurídico laboral, propiciar el incremento de la productividad y la competitividad a través de la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica, y asegurar las condiciones para el reparto justo de los resultados, abriendo el cauce para la participación de las y los trabajadores en sus y sus legítimos representantes en el desarrollo nacional.

En su conjunto, la propuesta incluye un verdadero enfoque de género, que prohíbe la discriminación contra las trabajadoras, el derecho de igualdad en la remuneración frente a un trabajo de igual valor, eliminando la violencia laboral y sexual hace efectivo así el derecho a la justicia laboral y el reparto igualitario de las responsabilidades en el ámbito doméstico.

La nuestra es una propuesta que recoge la experiencia histórica de la lucha de la clase trabajadora por demostrar y democratizar el mundo del trabajo con plena conservación de derechos y de cara a los retos productivos de nuestro tiempo.

Es un conjunto de iniciativas que acorde con el espíritu de nuestra Carta Magna y con los convenios y normas internacionales que, avaladas por el Estado mexicano, son parte de nuestra ley fundamental.

Quienes suscribimos estas iniciativas partimos de la base de la discusión en marcha de la reforma laboral, enviada a esta Cámara de Diputados el 1 de septiembre. Y no debiendo sustraerse de otras visiones y otras alternativas y que en todo caso, asumimos que la iniciativa presidencial es preferente pero no puede ser excluyente.

Por eso demandamos, desde esta tribuna, que en el proceso de dictaminación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sean tomadas en cuenta nuestras propuestas con la seriedad y con el rigor con el que han sido planteadas a esta soberanía.

Como frente legislativo de izquierda pugnamos porque los incrementos salariales sean mayores a la inflación, por la ampliación de los derechos de las trabajadoras y en especial, de las trabajadoras del hogar, por la democracia, autonomía y libertad sindical, por la defensa irrestricta al derecho de huelga, por garantizar la contratación colectiva auténtica y profesionalizar las instituciones de justicia laboral.

Nuestra posición en el proceso de dictaminación de la reforma laboral será defender nuestra propuesta y oponernos a cualquier modificación regresiva y en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores, que atente contra su calidad de vida y sus condiciones de trabajo, como ha sido ampliamente mencionado el caso del outsourcing, la contratación a prueba, la capacitación inicial o por temporada, el pago por horas y todas estas medidas que sólo facilitan el despido y la limitación en el pago de salarios caídos en el caso de los derechos de huelga.

Honorable asamblea, con estas iniciativas el frente legislativo de izquierda honra a los votantes que depositaron su confianza en nosotros y en nuestros grupos parlamentarios. Reivindica sus principios de defender y ampliar los derechos de las y los trabajadores, de sus organizaciones y la democratización del mundo del trabajo y actualiza sus propuestas con una visión progresista e incluyente, con un enfoque de género y acorde con el derecho internacional.

Esperamos pues, de las y los integrantes de esta asamblea, un compromiso similar, a la altura de nuestros tiempos y de nuestros retos, que sin duda, hoy enfrentamos.

Muchísimas gracias por su atención. Señor presidente, le voy a hacer entrega del paquete de iniciativas al cual he hecho referencia en mi intervención. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Y tiene la palabra, por 5 minutos, la diputada Martha Edith Vital Vera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 3 y 4 de la Ley General de Educación.

La diputada Martha Edith Vital Vera: Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y estimados diputados de este honorable Congreso de la Unión, antes que nada deseo expresar mi reconocimiento al Gobierno del Estado de Chiapas, pero principalmente a cada una de las maestras y cada uno de los maestros chiapanecos por su entrega, por su dedicación al quehacer docente.

En todas las mediciones realizadas a nivel nacional Chiapas tristemente siempre ocupaba el último lugar. Hoy, de acuerdo a los resultados de la prueba Enlace en primarias y secundarias, en tan sólo cinco años se ha logrado posicionar al estado de Chiapas en el cuarto lugar a nivel nacional.

Aunado a esto se han construido 12 mil aulas y 22 campus universitarios, lo que demuestra que la suma de esfuerzo, magisterio, sociedad y gobierno en unidad da muy buenos resultados. Y dan buenos resultados en la tarea más noble que existe, avanzar en la mejora de la calidad de la enseñanza. Vaya para ello mi reconocimiento.

Durante la LXI Legislatura se realizaron cambios significativos en el marco del orden jurídico mexicano, prueba de ello es la modificación acontecida sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero del presente año, sobre el artículo 3o constitucional.

En aquella ocasión se instauró, gracias al Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas estatales, la obligación del Estado de propiciar todos los elementos necesarios para generalizar educación media superior, de este modo todos los mexicanos tendrán la obligación de cursar los sistemas educativos que van desde la enseñanza preescolar hasta el equivalente al bachillerato.

Sin embargo se reconoció un periodo para implementar dicha transformación legal, la cual está redactada en el artículo segundo transitorio del decreto aludido. Y propicia un tiempo de 10 años para efectuar la totalidad de la reforma constitucional de mérito. En este marco es necesario y conveniente actualizar todo el orden normativo vinculado con la exigencia constitucional para proveer educación hasta el nivel medio superior.

Por lo anterior creo oportuno iniciar un proceso legislativo para modernizar la Ley General de Educación intentando colaborar con la noble intención de proveer mayor y mejor educación a los mexicanos, es innegable que las disposiciones generales que se han adaptado a las exigencias reclamadas por la sociedad.

En este entorno es propicio reconocer los retos de todos nosotros como legisladores para continuar generando los elementos necesarios para asegurar la optimización del país. Por ello se deben generar las transformaciones sociales a través de ideas novedosas para mitigar las necesidades impuestas por los tiempos presentes. En este sentido es ineludible el deber de adecuar el marco normativo que pasa desapercibido en muchas ocasiones.

En la actualidad los artículos 3o y 4o de la Ley General de Educación no encajan sistemáticamente en la Constitución federal. La redacción de los artículos 3o y 4o de la Ley General de Educación continúan reconociendo como obligatoria solamente hasta el nivel medio básico.

En ese sentido se concluye que la actual regulación legal federal no es compatible con la nueva redacción del dispositivo 3o. constitucional, por las razones ya precisadas.

Es menester de todos nosotros como legisladores generar una reforma actualizadora que sistematice lo legal a lo constitucional. La reforma pretendida debe declararse procedente por los siguientes beneficios como son: primero, coherencia normativa; segundo, posibilidad de la reglamentación en la materia; y tercero, asignación de recursos presupuestales para iniciar el camino al cumplimiento universal de la educación bachiller en nuestro país.

Por lo anterior México se encontraría a la vanguardia: instruir educación media superior, incluso por encima de países europeos como España. Este avance debe ser el trampolín de la oportunidad a un futuro mejor en todos los aspectos de la vida nacional; Chiapas, hoy lo está demostrando. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Sonia Rincón Chanona, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Población; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres: del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley General de Turismo; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Lucila Garfias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Si ya no nos lee el título nos ahorramos como cuatro minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su anuencia, diputado presidente; señoras legisladoras, señores legisladores, en un Estado democrático el respeto de los derechos humanos es un imperativo para lograr el reconocimiento pleno de las y los mexicanos.

La reforma constitucional que cambia el término de garantías individuales por derechos humanos, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, constituye un avance sustantivo en la garantía de los derechos fundamentales.

La preferencia sexual es una libertad inalienable de las personas en la que nada ni nadie debe intervenir y menos aun ser excluido, señalado o discriminado por su elección. En los albores del siglo XXI no podemos ni debemos permitir coartar esa libertad, debemos reconocer que en México existe un grave problema de discriminación hacia las personas con preferencias sexuales distintas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, el 59 por ciento de los mexicanos considera que ser homosexual es un factor de riesgo y 4 de cada 10 consideran la preferencia sexual como un factor que divide a la sociedad. Esta discriminación se da en todos los ámbitos y espacios de convivencia, desde la familia, hasta en el trabajo, lesionando la dignidad de las personas que eligieron una preferencia sexual distinta.

En el caso de la familia, el 36 por ciento de los encuestados se sienten discriminados en el hogar y de los cuales el 59 por ciento aseguraron haber recibido agresiones verbales. El 23 por ciento indiferencia ante su orientación sexual; el 13 por ciento fue corrido de su casa; mientras que el seis por ciento llegó a recibir agresiones físicas.

En el ámbito laboral, que es el segundo espacio de mayor discriminación, el 35 por ciento de los encuestados fue objeto de discriminación por su preferencia sexual; incluso despedidos a causa de ello.

Como legisladores no podemos ser omisos ante la grave situación que vive este grupo social y debemos profundizar la reforma constitucional armonizando las diversas leyes que garantizan este derecho, tales como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal; Ley del Trabajo; Ley General de Turismo; Ley General de las Personas con Discapacidad; Ley General para la Cultura Física y Deporte; y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por ello esta iniciativa impulsa el reconocimiento de la preferencia sexual para no ser objeto de discriminación y abre la posibilidad de continuar fortaleciendo el marco jurídico que de ello se derive.

Con esta iniciativa Nueva Alianza refrenda su compromiso con las libertades y su ejercicio pleno a través del reconocimiento de los derechos fundamentales. Asimismo, rechazamos categóricamente cualquier forma de discriminación contra grupo social alguno.

Compañeras y compañeros legisladores, legislar a favor de las personas con preferencias sexuales distintas, no sólo es una cuestión legal. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad para evitar la discriminación y evitar con ello conductas violentas que rompen con las convivencias sociales.

Con la reciente reforma a nuestra Constitución, la denominación del capítulo primero, del título primero, cambia dejando atrás concepto de garantías individuales. Ahora se designa de los derechos humanos y sus garantías.

Por ello la Constitución aceptó plenamente la corriente que privilegia la designación de los derechos humanos. En ella se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Esta Presidencia tiene que hacer una corrección en cuanto al turno del análisis de las iniciativas presentadas por el diputado Silvano Aureoles. Encontramos que hay una que se refiere a reformas a la Ley Federal del Trabajo y esa se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Hay otra que habla de modificaciones a la Constitución, ésta se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Y la tercera que habla de la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo, a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo, para dictamen. Con esto queda corregido el turno.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos, para culminar con la ampliación que nos autorizó esta asamblea, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 83, 84, 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, señor presidente. La presente iniciativa que a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano planteamos ante esta tribuna, tiene que ver con un tema que lastima nuestra democracia, con un tema que agravió a millones de mexicanos en este proceso electoral que acaba de pasar.

Estamos planteando una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que el artículo 77 Bis incorpore como causa de nulidad expresa de la elección presidencial, el rebase de los topes de gastos de campaña que se realizan.

Estamos planteando también que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se modifiquen tres artículos que tienen que ver con esta disposición.

Estamos planteando que los plazos que tienen los partidos políticos para presentar los informes de gastos de campaña federal, se reduzcan a 30 días después de la jornada electoral y que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral tenga un período de 25 días para poder dictaminar lo conducente sobre si se violaron o no los topes de gastos de campaña.

El IFE, durante todas las discusiones, hizo caso omiso a las quejas que la coalición Movimiento Progresista presentó en tres ocasiones por el rebase de los topes de gastos de campaña del candidato presidencial del PRI y del Verde, Enrique Peña Nieto.

Nosotros pedimos que el Tribunal Federal Electoral, antes de resolver sobre la validez de la elección presidencial, pudiera primero determinarse la procedencia de nuestras quejas. Pero con argumentos legaloides, haciendo caso omiso del artículo 41 constitucional que establece que la renovación del poder público debe ser a través de elecciones libres y auténticas, simplemente se escudaron los consejeros del IFE y el titular de la unidad, basándose en plazos, cuando podían haber tomado medidas apegados a la Constitución y entonces, compañeras y compañeros diputados, queremos que no se repita más esta historia.

Por eso estamos planteando que los plazos se recorten y que sea un requisito antes de que el Tribunal Electoral, con base en el artículo 99 de la Constitución, determine la declaratoria de validez de la elección, que antes se le informe de los topes de gasto de campaña y si algún candidato, particularmente el que en el cómputo haya obtenido más votos, rebasa los topes de gasto sea motivo de nulidad de la elección presidencial

En la Ciudad de México, en la ley electoral procesal, en el artículo 88 se establece como causa de nulidad de la elección, incluso la de jefe de gobierno, cuando se rebasen los topes de gastos de campaña.

No podemos seguir construyendo una democracia en la que lo que vale es el dinero, la simulación y la subasta. Por eso vamos a insistir en esta iniciativa.

Sabemos que una reforma electoral implica otros temas, pero nos parece que la herida del 1º de julio está abierta y una primera manera de que este atraco, este delito no quede impune es establecer como causa de nulidad de la elección el rebase de los topes de campaña.

No queremos tampoco que los magistrados del Tribunal Electoral, con un criterio minúsculo, letrista, haciendo a un lado su calidad de jueces constitucionales, digan, como nos lo dijeron en varios alegatos de oídas, que ellos únicamente iban a basarse en las pruebas que tuvieran a la mano, sin hacer caso de la facultad de dictar medidas para mejor proveer y tampoco haciendo caso al espíritu de la Constitución.

Vamos a cerrarles el paso a esos magistrados de barandilla para que tengan todos los elementos para anular elecciones cuando haya estas violaciones. No más impunidad, no más Monex, no más Soriana Gate, no más presidencias compradas. Es cuanto.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación para dictamen.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida en este momento a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

En razón de que se agotó la ampliación de tiempo que nos dio la asamblea, continúe la Secretaría y señáleme si hay algo más.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame. Adelante, señor diputado. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano presidente, sólo hacerle del conocimiento que dentro del orden del día está un punto de obvia y urgente resolución que ha sido consensuado con la mayor parte de los grupos parlamentarios y que a efecto de no leerlo o no presentarlo por el suscrito, habíamos decidido que la Presidencia lo expresara, es el relativo al conflicto que viene padeciendo injustamente el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y es un punto de acuerdo que contiene solamente tres resolutivos.

Le rogaría que antes de que levante la sesión pueda someterlo a la consideración del pleno, dado que es un asunto de obvia y urgente resolución.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sí, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si me autorizan otra ampliación para este efecto. Pregunte la Secretaría a la asamblea.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se solicita a la asamblea si se autoriza que se amplíe la sesión para incluir este punto de obvia y urgente resolución. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sírvase la Secretaría repetir la votación y contar, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Sí, porque está dudoso el resultado de la votación.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Nuevamente los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie (votación). Los que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahora sí está claro. Muy bien. Gracias, secretaria. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto resolutivo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Punto de acuerdo.

Primero. Que esta Honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a las autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de 2011.

Segundo. Asimismo, para que esta soberana Cámara de Diputados tome cartas en el asunto de la figura de comodato que permita normalizar y regularizar, en términos de la Constitución y la ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Tercero. Así como la integración de una comisión plural de diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, que recupere los principios constitucionales y de origen de la Comisión Federal de Electricidad, en beneficio del pueblo y la economía nacional.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para los efectos del artículo 100, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados... Por favor, sonido.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Estaba en el orden del día para registro de oradores, estaba registrado como orador, declino para efecto de que se proceda de inmediato a la votación.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Declina. Gracias, diputado. En consecuencia y no habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría si se aprueba. En votación económica, desde luego.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se han agotado los asuntos, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (17:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 13 de septiembre de 2012 a las 11 horas, y se les informa que las listas de registro de asistencia estarán disponibles desde las 9:30 en el vestíbulo principal de este salón de sesiones.

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