Comunicaciones
De la Secretaría de cultura del GDF, con invitación a ceremonia
De la Secretaría de Gobernación, con tres asuntos
De la Secretaría de Hacienda, sobre participaciones a las entidades federativas
De la Cámara de Senadores, con calendario de sesiones
Del Coneval, con informe sobre mortalidad materna 2010
Protesta como diputada de la ciudadana María del Carmen López Segura
Iniciativas de diputadas y de diputados
Trinidad Secundino Morales Vargas, PRD
Omar Antonio Borboa Becerra, PAN
Mayra Karina Robles Aguirre, PRI
José Guillermo Anaya Llamas, PAN
Gerardo Villanueva Albarrán, PRD
Carla Alicia Padilla Ramos, PVEM
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
María del Carmen Martínez Santillán, PT
Luis Antonio González Roldán, Nueva Alianza
Bárbara Gabriela Romo Fonseca, PVEM
José Angelino Caamal Mena, Nueva Alianza
Turno a las iniciativas no presentadas en tribuna
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Sobre comparecencias de funcionarios de la administración pública federal
Con formato mediante el cual se desahogarán las comparecencias
Proposiciones de diputadas y de diputados
Juan Manuel Gastélum Buenrostro, PAN
Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:01horas) Y por lo tanto es que se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que éste está publicado en la Gaceta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a la consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
Se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante está sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica, con motivo del izamiento de bandera a media asta en honor a los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985, que tendrá lugar el 19 de septiembre a las 7:19 horas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para asistir a esta ceremonia, esta Presidencia designa a la vicepresidenta Aleida Alavez Ruiz.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De la Secretaría de Gobernación. Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remite:
1. Contestación a punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, durante la LXI Legislatura, relativo a los estados de Guerrero y Oaxaca, afectados por el sismo ocurrido el 20 de marzo de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: 2. Con el que envía el informe final de la evaluación de consistencia y resultados del programa F001 Promoción de México como Destino Turístico.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: 3. Solicitud del permiso constitucional necesario, para que ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas, e informa de los que han dejado de prestar servicios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados y de la Honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de agosto de 2012.
El Presidente Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la Cámara de Senadores, el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el informe final de la evaluación estratégica sobra mortalidad materna en México 2010: características sociodemográficas que obstaculizan a las mujeres embarazadas su acceso efectivo a instituciones de salud.
El Presidente Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento.
Se invita con toda atención y comedimiento, claro, no podría ser de otra manera, a los representantes de los medios de comunicación, a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa.
El Presidente Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable Asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María del Carmen López Segura, diputada federal electa en la primera circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los compañeros Lourdes Eulalia Quiñones Canales, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mayra Karina Robles Aguirre, María Elia Cabañas Aparicio, Aida Fabiola Valencia Ramírez, Loretta Ortiz Ahlf, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y siendo oriunda de Pénjamo, Guanajuato, también a Cony Navarrete Vital.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadana María Carmen López Segura, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María Carmen López Segura: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera que la nación se lo demande. Enhorabuena, diputada. Bienvenida.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado José Manzur. Sonido en la curul de don José Manzur. Si me hacen el favor de permitirle sonido a don José Manzur.
El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con fundamento en el numeral 1, del artículo 23, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que me sea concedido el uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la voz.
El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): Señor presidente, solicito atentamente se acuerde un minuto de silencio en memoria del diputado local por el distrito 25 de ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, nuestro compañero Jaime Serrano Cedillo, a cuya familia expresamos nuestras condolencias y nos manifestamos solidarios en estos momentos de profundo dolor que viven luego del brutal asesinato de nuestro compañero de partido, que a sólo 11 días de haber tomado posición en la LVIII legislatura local fue asesinado el medio día del pasado domingo 16 de septiembre en esa demarcación.
Elevamos nuestra demanda del esclarecimiento de este artero crimen y castigo severo al autor o autores de este hecho tan lamentable. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Manzur. Diputado Faustino Félix. Sonido en la curul de don Faustino Félix.
El diputado Faustino Félix Chávez (desde la curul): Presidente, con fundamento en el numeral 1 del artículo 23, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también solicito la voz.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Faustino Félix Chávez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Igualmente solicito el uso de la palabra para expresar en este recinto de esta soberanía, la indignación y condena de los habitantes del Valle de El Yaqui y del pueblo de Sonora por el asesinato de uno de sus representantes populares, el diputado local electo Eduardo Castro Luque, ocurrido el pasado viernes 13 de septiembre. Las balas de la intolerancia alcanzaron a un hombre íntegro, limpio y honesto comprometido con su comunidad.
Por lo mismo, quienes compartimos proyectos y anhelos con Eduardo Castro Luque y a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, expresamos nuestra más enérgica condena a este artero crimen y exigimos a las autoridades estatales correspondientes el puntual esclarecimiento de este atentado contra la democracia, la civilidad y la tranquilidad de los habitantes del municipio Cajeme.
Por lo mismo solicito, señor presidente, podamos guardar un minuto de silencio para honrar la memoria del diputado sonorense Eduardo Castro Luque. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La Mesa Directiva participa a la asamblea de los lamentables decesos del señor diputado local electo en el XVII distrito de Cajeme, estado de Sonora, don Enrique Castro Luque.
Asimismo, participa del artero asesinato del señor diputado local don Jaime Serrano Cedillo, quien fuera integrante de la legislatura del estado de México por el XXV distrito de Nezahualcóyotl.
La Honorable Cámara de Diputados condena los hechos de violencia y de inseguridad por los que pasa la sociedad mexicana. Hace un llamado a quienes lo fomentan para que se conduzcan por el camino de legalidad, la institucionalidad y el respeto a la convivencia armónica entre los mexicanos.
Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los diputados locales que hoy memoramos. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en la memoria de don Enrique Castro Luque y de don Jaime Serrano Cedillo.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Descansen en paz.
Esta Presidencia destaca la presencia en la asamblea de don Faustino Félix, quien atestigua estas honras fúnebres, quien ha sido invitado por el señor diputado Manlio Fabio Beltrones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Con su venia, compañero presidente. Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. En reconocimiento a las grandes luchas mineras, desde las precursoras de la Revolución mexicana como las de Cananea;la Caravana del Hambre de nueva Rosita en los años 50 del siglo pasado, las de ayer y las de hoy, desarrolladas por ambientalistas comprometidos y grandes luchadores sociales de la talla de Salvador Gaytán.
Las del ejido Huizopa, de Cebada de Dolores, Chihuahua; del cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; la de Caballo Blanco, en Veracruz. Las luchas de ejidatarios e indígenas contra el despojo de sus tierras, contra la contaminación que deja a sus hermosos paisajes en campos yermos e improductivos; contra la destrucción de sus centros culturales y ceremoniales como los de Wirikuta, en San Luis o como de Chicomuselo, en Chiapas.
En memoria y justicia de las decenas de mineros muertos, resultado de las pésimas condiciones laborales.
Ejemplo y constancia de ello son las tumbas de los panteones en la región carbonífera, desde Barroterán a Nueva Rosita; desde las minas de La Florida, Las Esperanzas hasta Pasta de Conchos y las más recientes muertes en el mismo estado de Coahuila.
En gratitud a las grandes gestas por democratizar las organizaciones sindicales de mineros, particularmente los mineros metalúrgicos de las secciones 147 y 288 de Monclova, también en el mismo estado de Coahuila en los años 70 y a principios de los 80. A su gran espíritu de solidaridad para con otras luchas sociales.
Presento ante esta soberanía la iniciativa de reforma, que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera.
Esta ley debe de ser reformada en un sentido profundamente social, tutelando en todo momento la vida, salud y seguridad de los mineros; el derecho de las comunidades a gozar de un medio ambiente que preserve la armonía entre sus miembros y sus valores culturales e históricos, contemplando el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.
La nación tiene derecho a que se le retribuya parte de la riqueza obtenida por los concesionarios al aplicarlo en bien de la comunidad afectada.
Estamos creando la procuraduría minera, como un organismo público descentralizado para la orientación, asesoría, enseñanza y demás actividades requeridas para el debido respeto a los derechos de los mineros.
También se crea un centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva cuyo objetivo será la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico.
Otra aportación es la regulación del sistema de atajo a cielo abierto, de manera tal que produzca menos daño a la ecología, a la salud y al patrimonio cultural e histórico de su entorno. Quedan prohibidas las sustancias químicas altamente contaminantes.
En un anhelo de mayor justicia para los mineros, esta iniciativa reconoce el interés jurídico de los trabajadores, de las comunidades, ejidos y poblaciones afectadas para que puedan defender con eficacia sus derechos laborales e incluso la muerte de algún trabajador a consecuencia de riesgos de trabajo.
Creamos la comisión reguladora encargada de emitir disposiciones en materia de seguridad e higiene y verifica el cumplimiento de mantenimiento, obras de fortificación ademes, sistemas de ventilación, alarma, comunicación y ubicación satelital del trabajador, salidas de emergencia y demás instalaciones necesarias indispensables en las minas.
Establecemos la responsabilidad social como una obligación de los titulares de una concesión y que realice obras de salud, educación, infraestructura, equilibrio ecológico y protección al ambiente.
El historial de cumplimiento en materia de responsabilidad social será requisito indispensable para el otorgamiento de una nueva concesión; su incumplimiento será causa de nulidad, aplicable también a quienes sean responsables de accidentes. Un historial negativo genera una prohibición.
Establecemos el concepto de interés superior del trabajador minero y de la ecología para que en cualquier circunstancia se priorice la vida y la salud. La responsabilidad social estará por encima de cualquier otro factor de producción. De producirse daños, éstos tendrán que repararse.
Los beneficiados de una concesión deberán pagar el cinco por ciento del valor potencial de la misma y cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena ésta tendrá el derecho de hacer una propuesta económica, adjudicándose el derecho al crédito para el fideicomiso de fomento minero.
La Secretaría de Economía regulará y promoverá la explotación, en estricto apego a la responsabilidad social. La participación comunitaria es indispensable. La Secretaría deberá informar de manera previa y fundada a las comunidades sobre el otorgamiento de una concesión. La oposición comunitaria acarreará siempre la suspensión de dicha explotación.
La ocupación temporal, servidumbres y expropiaciones para uso minero se llevarán a cabo previa opinión libre de los afectados, sin presión o engaño.
Compañeras y compañeros, no podemos permanecer indiferentes ante la tragedia humana que representa actualmente el trabajo minero. Con esta iniciativa aspiramos a dar el carácter social y ecológico que requiere la prevención, debe prevalecer por encima de una política estrictamente lucrativa, debemos asumirlo como un compromiso e impedir que sigan ocurriendo muertes previsibles a lo largo y ancho del país.
Es tiempo de decirles a nuestros conciudadanos, a los sectores desprotegidos que estamos con ellos, que en esto nos podemos poner de acuerdo, privilegiando su protección y no la de los empresarios.
Bajo esta visión, con estos ejes de actuación el Frente Legislativo Progresista garantiza que podemos caminar largo y encontrar los consensos suficientes para hacer que nuestros representados aspiren y adquieran cada vez más una vida digna y próspera.
Los invito a hacer suya esta iniciativa como un ejemplo, como un pequeño paso que significará un gran salto en el México que pretendemos engrandecer. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Morales Vargas. Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía, para sus efectos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 19 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la población mayor de 60 años es en la actualidad uno de los sectores de la población que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. La desventaja social y la discriminación ejercida hacia este grupo de población en nuestro país es un evento bastante reconocido y sancionado por la mayoría de los mexicanos.
Según el Censo de Población y Vivienda del Inegi 2010, en este año se registró 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años, quienes corren el riesgo constante de sufrir consecuencias negativas y preocupaciones prejuzgadas por las derivadas del desempleo, abandono y de negación de oportunidades fundamentales.
Por otro lado, la Encuesta de Discriminación de México 2010 revela que los principales problemas de los adultos mayores son la falta de oportunidades laborales y el tipo económico. El 91 por ciento de los adultos mayores refirieron serias dificultades para conseguir empleo y el 57 por ciento ingresos insuficientes para vivir de una manera adecuada.
Aunado a esto, los datos indican que el 27.9 por ciento de las personas mayores han sufrido alguna vez algún tipo de discriminación; el 40.3 por ciento señala como principal problema el económico; el 37.3 el acceso a la salud y medicamentos; el 25.9 por ciento la falta de trabajo.
Las evidencias encontradas por los investigadores en la materia nos revelan que sólo una minoría de adultos mayores en retiro de trabajo y la protección de las pensiones puede ser un evento posible, en tanto que la gran mayoría, ante la necesidad de los ingresos tendrán que seguir realizando alguna actividad económica hasta que las fuerzas y capacidades se lo permitan, lo cual es posible si cuenta con la suerte de encontrar una oportunidad laboral.
Ante este panorama se requiere hacer efectiva la ley y evitar la discriminación laboral por la edad, al mismo tiempo que debe fortalecer el marco legal para promover más oportunidades laborales para los adultos mayores e impulsar su mejor desarrollo.
Por ello, es indispensable que la ley otorgue la certeza jurídica al derecho del trabajo sobre las personas adultas mayores. En ese sentido vengo a presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos para Adultos Mayores, y que busca principalmente la igualdad de oportunidades al acceso del trabajo de las personas adultas mayores, con el objetivo de permitirles, además de un ingreso propio, una vida digna, recuperar la autoestima y respeto sin discriminación ni distinción alguna.
Particularmente se pretende que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también impulse programas para apoyar en este sector vulnerable los desarrollos y los recursos necesarios para que emprendan sus propios proyectos productivos, haciendo uso de los conocimientos adquiridos. Además, se propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social garantice el impulso de los convenios de colaboración con las dependencias, instituciones, organismos públicos, organismos privados, dependencias federales, dependencias estatales y locales para la integración laboral, dirigidas a las personas y adultos mayores sin más restricción que la limitación física o mental declarada por alguna autoridad judicial.
Por último, se busca conferirle al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores la atribución de impulsar que las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos, los municipios, las federaciones, empleadores y prestadores de servicios y el sector privado, provean oportunidades laborales y otras opciones que permitan a las personas adultas mayores un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva.
Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional promulgamos por un derecho de igualdad de oportunidades y el libre acceso del empleo a personas adultas, mujeres mayores de edad. No olvidemos que además del talento que puedan tener como atributos que han fortalecido a lo largo de su vida, como estabilidad y compromiso, actitud, servicio y lealtad a una empresa e institución.
Creo que esta iniciativa es generarle mayores oportunidades para la gente de la tercera edad, debido a que todos los que estamos aquí presentes vamos para allá. Cualquiera de nosotros hemos sufrido consecuencias de algún pariente, algún padre y en campaña, en los distritos, en todas las partes donde nos hemos parado hemos visto la preocupación de que ya no hay trabajo y mucho menos para las personas adultas mayores, y ellos son los que tienen más compromiso, porque es cuando se quiere casar el hijo o cuando la hija va a cumplir 15 años, cuando el padre de familia tiene más obligaciones, pagar una universidad o algo así.
Por eso les pido a ustedes, los que están en esta comisión, que la impulsen debido a que es una necesidad que tiene el país, de impulsar el trabajo y el desarrollo de nuestros viejitos, de nuestra gente de la tercera edad. Es cuanto, presidente. Con su permiso.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Borboa. Se turna la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Mayra Karina Robles Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita también por el diputado Jaime Chris López Alvarado y también algunos otros diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Mayra Karina Robles Aguirre: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subimos a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 y se adicionan los artículos 2-D y 5-D, un inciso c) a la fracción I del artículo 3o., y un último párrafo al artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios.
La industria mexicana vitivinícola, actualmente, ofrece 200 diferentes tipos de vino, los cuales han ganado más de 300 premios y reconocimientos internacionales en los últimos 15 años. Sin embargo, el consumo por persona de vino de mesa es aproximadamente 500 mililitros anuales y se estima que, del consumo total en nuestro país, un 66 por ciento corresponde a vinos importados y solamente el 33 por ciento en vinos mexicanos.
Por lo anterior, es importante apoyar la producción vitivinícola de Baja California, la que se desarrolla desde Mexicali hasta Ensenada, dentro de una zona conocida como la franja del vino con una buena influencia de los vientos marinos. El clima de esta región favorece cosechas de máxima calidad por sus inviernos húmedos y veranos secos y templados.
En este sentido, se hace destacar que la carga fiscal que tiene el vino de mesa mexicano es del 41 por ciento, al considerar el efecto conjunto de la tasa del 25 por ciento del IEPS y la tasa del 16 por ciento del IVA -11 por ciento en la región fronteriza-, considerando que el primero forma parte de la base gravable sobre el segundo, de tal forma que se causa un impuesto sobre otro, lo que se conoce como doble tributación. Esta doble tributación de impuestos al consumo afecta de manera significativa al vino mexicano, pues le resta competitividad frente a vinos extranjeros.
Por ello, se hace necesario fomentar de manera decidida el crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola mexicano, dado su potencial en la generación de empleos y en el desarrollo de otras industrias relacionadas, como es el caso de los sectores agrícolas y el turismo, estableciendo una tasa 0 por ciento en el IEPS para el vino de mesa.
Además, el crecimiento del sector traería aparejado un crecimiento significativo en la recaudación tributaria, por concepto del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, compensando de esta forma la disminución transitoria en la recaudación por la implementación de una tasa del 0 por ciento del IEPS.
Este trato diferenciado a favor de los vinos de mesa encontraría su justificación constitucional, ya que el fin extra fiscal relacionado con el fomento al crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola sería congruente con el principio de equidad tributaria exigida por la ley suprema, al reclasificar de nueva cuenta los vinos de mesa como bebidas con contenido alcohólico fermentadas, que son cualitativamente distintas de aquellas que se obtienen mediante destilación.
Por lo anterior expresado se propone adicionar un artículo 2D a la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, donde se establece que se aplicará la tasa del 0 por ciento en la enajenación y exportación del vino de mesa.
Además, se propone adicionar un artículo 5B a la misma ley, para establecer que los productores de vino de mesa puedan acreditar las cantidades que paguen por concepto de derechos en la adquisición de marbetes y precintos, contra el impuesto especial sobre producción y servicios a su cargo o contra el impuesto sobre la renta, por adeudo propio o retenido a terceros, así como contra el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto al valor agregado hasta agotarlas.
Por último, se propone adicionar un último párrafo al artículo 19 de la citada ley, para establecer que los pequeños productores de vinos de mesa son aquellos cuya producción anual de vinos de mesa no sea mayor a 100 mil litros, y quedarán relevados de cumplir las obligaciones referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores, reporte anual de equipos para producción, envasamiento y almacenaje, reporte de inicio y conclusión de procesos, aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto.
Es importante señalar, compañeras y compañeros, que esta iniciativa es la continuación de los esfuerzos realizados durante la pasada legislatura por el senador y hoy diputado Fernando Castro Trenti, junto con el senador Ricardo García Cervantes, los que incluso, tuvieron como consecuencia la creación de una bolsa de 50 millones de pesos para estímulo de la industria vitivinícola nacional, ya que sin dejar de reconocer el avance, es claro que los productores mexicanos están en desventaja respecto de los apoyos que otras naciones otorgan a sus connacionales.
Por esto es que les pedimos su apoyo en forma específica. La iniciativa que se presenta corresponde al impulso del hoy diputado Castro Trenti, cuando fue presidente de la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el segundo receso del ejercicio de la LX Legislatura. Le rogaría, señor presidente, que se plasme íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así se hará. Se inserta la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. El que suscribe presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XXVIII, del artículo 73; VIII, del artículo 117; IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.
Amigas y amigos, el endeudamiento es una forma de obtener financiamiento a la que acuden los gobiernos para realizar proyectos que por su alto costo serían irrealizables con los ingresos ordinarios. La contratación de empréstitos debe llevarse a cabo con mucha precaución y cautela, ya que deben preverse en los presupuestos de los estados y de los municipios, recursos para el pago de la amortización de lo principal y de los intereses correspondientes.
Nuestro sistema federal le permite a las entidades federativas contratar empréstitos cuando se destinen a inversiones productivas conforme a las bases y hasta por los montos que establezcan sus legislaturas locales, conforme a lo que dispone el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese contexto, sobre todo en los últimos años, la contratación de créditos por parte de las entidades federativas se ha incrementado notablemente. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde 1993, las entidades federativas y los municipios registraban obligaciones financieras por el orden de los 18 mil 278 millones de pesos; en el 2000 esa cantidad aumentó a 90 mil 731 millones de pesos, y para junio de 2012 se ubicó en 404 mil 409 millones de pesos.
Ahora bien, de diciembre de 2008 a junio de 2012 el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios se incrementó en casi un 200 por ciento. En algunos casos esta contratación de empréstitos no ha observado a cabalidad el principio de equilibrio presupuestal que debe prevalecer para mantener las finanzas sanas.
Por su parte, también el gasto federalizado de 2005, que considera las participaciones federales, las aportaciones federales y recursos por Convenio de Descentralización, fue por el orden de 631 mil 653 millones de pesos, de los cuales 278 mil 869 millones fueron de participaciones federales. Esto tuvo un incremento de 62.8 por ciento en 2011 al pasar a 1 billón 28 mil 542 millones de pesos, de los cuales 477 mil 167 millones fueron precisamente de participaciones federales.
De lo anterior, compañeras y compañeros diputados, se infiere que el total del gasto federalizado tuvo un aumento de 62.8 por ciento en tan solo siete años, mientras que las deudas estatales se incrementaron, como lo dije anteriormente, casi un 200 por ciento en tan solo tres años y medio.
El tema de la deuda pública estatal y municipal ha sido motivo de atención sobre todo en los últimos años por su notable incremento y comenzamos a escuchar voces de alerta, porque necesitamos urgentemente establecer medidas preventivas que eviten una crisis económica subnacional en nuestro país.
Destaca por supuesto el caso de mi estado Coahuila que registra un aumento considerable en su deuda, escandaloso, al pasar de 323 millones de pesos en el 2005, a 36 mil 499 millones de pesos a junio de 2012; lo que significa un aumento de más de 11 mil 293 por ciento en tan solo seis años y medio.
Para pagar este monto se ha comprometido en garantía el 90 por ciento de las participaciones federales para los siguientes 20 años. Hay casos también en los cuales el empréstito contratado se ha destinado a gasto corriente o para mantener una operación de gobierno o mantener una política de subsidios, circunstancias que a la larga serán una carga financiera insostenible.
De los registros hacendarios podemos decir que hay nueve entidades federativas, incluyendo la deuda municipal en este caso, que han comprometido ya más del 70 por ciento de ingresos de sus participaciones federales para garantizar el pago de sus empréstitos. La deuda de los estados y municipios representó a junio de 2012 el 12.7 del producto interno bruto estatal, alcanzando la cifra de 404 mil 409 millones de pesos; esto sin considerar los pasivos por pensiones que ambos niveles de gobierno deben afrontar para el futuro.
Amigas y amigos, aún estamos a tiempo de establecer mecanismos que obliguen a las entidades federativas y a los municipios para que manejen y administren la deuda local de forma responsable y prudente, para que incentiven la generación de ingresos propios y mejoren la eficiencia y la calidad del gasto público a nivel estatal y municipal.
En tal contexto –y con esto termino, presidente– presento la siguiente iniciativa con la finalidad de insertar nuevas reglas en materia de endeudamiento para estados y municipios considerando la experiencia que en esta materia han tenido otras naciones.
Primeramente se trata de que el texto constitucional señale los límites y requisitos para que los estados y los municipios puedan contratar deuda. Asimismo, son necesarios incentivos para el manejo responsable de la deuda. Derivado de lo anterior, los estados deberán adecuar su legislación local en un marco jurídico seguro y confiable.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 73; la VIII del 17; y la IV del 115.
Con esto termino. Le solicito, señor presidente –por cuestiones de tiempo que me he sobrepasado en dos minutos-, sea tan amable de turnar esta iniciativa y ordenar que el texto íntegro que se ha integrado a la Mesa Directiva de la misma, sea incorporado al Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Anaya Llamas. El texto íntegro de la iniciativa será insertado en el Diario de los Debates y publicado en la Gaceta Parlamentaria. La iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para sus efectos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo, que además está suscrita por el diputado Martí Batres Guadarrama, ellos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy vengo ante ustedes a presentar este proyecto de decreto que expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo, presentada por un servidor y suscrita también por el diputado Martí Batres Guadarrama.
México tiene un rezago muy fuerte en materia de creación de empleos. Los indicadores de desempleo, trabajo informal y empleos precarios, se dispararon. Durante el segundo trimestre de 2012, el desempleo entre personas de 14 y años y más fue de 4.84 por ciento de la población económicamente activa, lo que equivale a 12 millones 468 mil 162 personas, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi.
Según el documento del Inegi Guía de Conceptos, Uso e Interpretación de la Estadística sobre la Fuerza Laboral en México, el desempleo consiste en la carencia total de trabajo; de forma que si la persona trabajó por lo menos una hora en el periodo de referencia o bien desempeñó alguna actividad eventual o provisional, la persona se considera como ocupada.
Por ende esta condición no necesariamente implica ingresos constantes para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de una persona que labora una hora a la semana.
Así la manera en que el desempleo es medido en nuestro país, no refleja una correlación con la realidad.
Esta distinción es importante ya que no se consideran desempleadas a las personas que trabajan en la economía informal así como a aquellas que se autoemplean, categorías que ocupan una parte significativa y creciente de la población, lo que ayuda a eximir al gobierno de su responsabilidad de crear nuevos empleos formales.
Es por ello que a la tasa de desempleo del 4.84 por ciento registrada en el segundo trimestre del año, debe sumarse la cifra de personas disponibles para trabajar pero que se suman en la población no económicamente activa. Es decir, más de 6 millones 856 mil mexicanos y 4 millones 16 mil más que realizando algún trabajo no reciben remuneración. Por ello, dando un total de 12 millones 603 mil 678 desempleados formales.
La situación es aún más crítica si se suma a los miles de jóvenes que de manera anual, se incorporan a la población económicamente activa, la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en los Estados Unidos, así como otras variables.
Frente a este escenario y a la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal de generar los empleos suficientes para cubrir las expectativas, se deben tomar medidas sociales necesarias para ayudar a los más vulnerables y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del “seguro de desempleo”.
Basada en la experiencia del gobierno del Distrito Federal, la propuesta presente sugiere que el seguro de desempleo beneficie a aquellos que perdieron su empleo a partir de julio de 2008, momento en que se inicia el impacto de la crisis mundial en la economía mexicana y debería otorgar una prestación similar a la de la ciudad de México de un salario mínimo, independientemente del monto del último salario obtenido por el trabajador desempleado.
En el Presupuesto de 2009, el gobierno del Distrito Federal destinó 405 millones para atender a un poco más de 60 mil capitalinos; dos años después, en 2011, destinó 577 millones 475 mil pesos para una cobertura de más de 70 mil personas.
Debe agregarse que este grupo no es contributivo, ya que es financiado con los recursos fiscales del gobierno del Distrito Federal.
Si el mismo esquema que opera actualmente en el Distrito Federal se establece a nivel nacional, con una proyección de 800 mil beneficiarios anualmente, la carga al presupuesto ascendería a poco más de nueve mil 500 millones de pesos, atendiendo el salario mínimo de 2012. Ello representa 300 millones de pesos menos en comparación con el costo total del nuevo avión presidencial y estableciendo que un punto porcentual del producto interno bruto es equivalente a cerca de 140 millones de pesos, según señala el estudio Perspectivas progresistas. Razones para un seguro de desempleo. Un esquema a nivel nacional representaría poco menos del 0.07 por ciento del producto interno bruto.
Adoptar un seguro del desempleo en México tendría diversos beneficios para los trabajadores y sus familias. Permite a los trabajadores disminuir en alguna medida la pérdida de ingresos que se produce durante los períodos de desempleo, estabilizando la capacidad de consumo, al tiempo mismo que facilita, mediante esquemas vinculatorios y de capacitación, la búsqueda de una nueva fuente de ingresos.
Así, el seguro de desempleo se presenta como política pública que apunta a subsanar la incapacidad del gobierno frente a la generación de mayores fuentes de empleo.
Así pues, frente a la tendencia política que propone que nada cambie a pesar del enorme daño que han sufrido las familias trabajadoras desde hace más de 30 años, el seguro de desempleo representaría una medida urgente y necesaria. Su principal valor es, de acuerdo a lo anterior, la de demostrar, tal y como ha sucedido en la Ciudad de México, que ante parciales y al principio limitadas, las políticas públicas pueden y deben construirse como una alternativa y un punto de partida para diseñar el futuro mejor para todas las mexicanas y mexicanos.
Estamos viviendo en estos días momentos muy sorprendentes, o quizá algunos no se sorprendan tanto. Tenemos en discusión en esta Cámara de Diputados una iniciativa laboral que pretende ser derogatoria de derechos de los trabajadores. En este país debe de pesar la historia y la convicción de que las luchas del pueblo de México han sido para mejorar las condiciones de las mayorías y no para mantenerlos en la miseria, en la desigualdad y en el olvido.
Es con iniciativas de estas características, generando nuevos derechos, como podemos sacar adelante las condiciones de nuestros trabajadores. Recursos hay en nuestro país, recursos sobran en estos momentos en nuestro país. Es una vergüenza cómo los excedentes petroleros fueron dilapidados y malgastados durante esta administración. Se gasta en cualquier barbaridad, en cualquier cosa superflua, en cualquier cosa suntuosa, menos en lo que se debe de invertir el recurso público de nuestra nación, y en este caso la propuesta que yo estoy presentando de ninguna manera hace contradicción con la que está presentando el Frente Legislativo de izquierdas; al contrario, pretende retomar el ejemplo de la única entidad federativa, que es el Distrito Federal, que ha propiciado una política concreta con estas características.
El único lugar del país donde existe el seguro del desempleo es el Distrito Federal y es por eso que lo estamos presentando, con la base de ese ejemplo ante esta soberanía. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Ley Suprema del país establece los principios a los cuales deben apegarse todos los demás ordenamientos secundarios.
Uno de estos principios es la igualdad de derechos entre todas las personas reconocido en el artículo 1o. de Constitución. Otro es la igualdad entre géneros establecido en el artículo 4 de la misma Ley Suprema. Por último, las reglas democráticas son imperantes y están reconocidas en el artículo 41 del mismo ordenamiento.
En la actualidad, el artículo 219, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se contrapone a los principios constitucionales, pues limita de modo directo en ciertos supuestos, la llamada cuota de género, la cual tiene como objetivo el alcanzar la igualdad real en lo político electoral entre los hombres y las mujeres.
El artículo 219, numeral 2, es una clara muestra de incompatibilidad constitucional y de perjuicio a la igualdad de oportunidades entre géneros. Es evidente el matiz liberal ofrecido en nuestra Constitución Política; sin embargo, estimamos en muchas ocasiones la inexistencia de esto, pues continuamos hallando reminiscencias de las épocas en donde los hombres y las mujeres no se consideraban del mismo modo.
Este artículo 219 del Cofipe especifica que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores presentadas por los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
Sin embargo, el numeral 2 de este artículo especifica la excepción a la disposición; es decir, cuando las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de elección democrático conforme a los estatutos de cada partido.
Como notamos, el supuesto general consiste en obligar a los partidos políticos a presentar solicitudes de registro de diputados y senadores ante el Instituto Federal Electoral con al menos la proporción de 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
El segundo numeral del artículo explica la regla de exceptuar lo anterior sobre las candidaturas de mayoría que hayan sido resultado de un proceso interno de elección democrática. Esto último es un golpe duro a los principios de igualdad y equidad, pues este tipo de reglas fueron impuestas para propiciar, como lo dice el artículo en estudio, una paridad de oportunidades entre géneros, pretendiendo de este modo establecer en su momento igual intervención democrática de hombres y mujeres y coincidencias de porcentajes en los órganos legislativos.
Este temática ya ha sido expuesta por el órgano judicial electoral cuando dictó la jurisprudencia 162012, con el rubro cuota de género, las fórmulas de candidatos a diputados y senadores por ambos principios deben integrarse con personas del mismo género.
Por ende, el numeral 2 del artículo 219 es un contrasentido al numeral 1. Además atenta de forma directa con las directrices establecidas en los artículos 1, 4, 51, 57 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 20, numerales 3 y 4; 218, numeral 3, y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahora bien, toda la argumentación planteada es complementaria a la resolución provista por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecida en su juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sub JDC 126242011. El objetivo del referido juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano fue anular el punto 13 del Consejo General, del acuerdo del Consejo General, 3272011.
En concreto, el Tribunal explicó que el Consejo General del Instituto Federal Electoral realizó una atribución que no tenía, pues se extralimitó al querer definir lo que debía entenderse por proceso democrático al interior de los partidos políticos.
En este contexto y en pro de la igualdad de géneros y por igual número de representantes de hombres y mujeres en los órganos legislativos, y para que nunca más pueda tergiversarse la ley como se intentó en el pasado proceso electoral 2011-2012, y en pro de la igualdad plena en los derechos políticos del hombre y la mujer, es que pretendo se suprima el numeral 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esperando contar con su apoyo para la existencia de un México pleno democráticamente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Padilla Ramos. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación para sus efectos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, a nombre de las diputadas de mi bancada: Martha, Zuleyma y Merilyn, Aída, Nelly, voy a presentar esta propuesta, que tiene la misma naturaleza o similar naturaleza a la que acaba de presentar la diputada Ramos, y es que en los últimos años... Que por cierto, presidente, en las primeras sesiones todos estaban bien portados, estas sesiones ya algunos están parados, conversando por su lado, es la evolución del Congreso, después va a ser un mercado, tendremos que dirigirnos al honorable Canal del Congreso. Ojalá y todos pusieran atención. Es difícil.
Pero esta iniciativa sobre todo va orientada a una lucha que las mujeres han venido desarrollando en las últimas décadas: la equidad de género. En efecto, en el turno anterior, planteaban la modificación de un artículo del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, para que no hubiera trampa en la asignación de candidaturas y se respetara el principio de equidad y género.
Pero lo que vengo a plantear todavía es más grave. Lo que vengo a plantear es, que se modifique la Ley Orgánica del Congreso que nos rige a diputados y a senadores, para que haya igualdad, para que haya el respeto al principio de equidad y género.
Que por cierto felicito a las mujeres que emprendieron esa lucha, porque gracias a ellas ahora el Congreso en la Cámara de Diputados tiene el 37 por ciento de su composición. Es la primera vez. Ahora tiene más mujeres, pero no debe quedar ahí la lucha de las mujeres.
Por eso creo que el Congreso tiene que poner la muestra, porque el viejo adagio de en casa de herrero azadón de palo. Y aquí es donde debemos comenzar. Por eso lo que planteo es la modificación a un artículo de la Ley Orgánica, el 43, que diría: para la integración de las comisiones y de los órganos de dirección de las Cámaras, se tendrá o se tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones.
Es decir, esta Cámara debe garantizar que las comisiones también sean presididas por mujeres, en el 37 por ciento, cuando menos. Cuando menos debe de haber el 40 por ciento de presidentas de comisión en esta Cámara, porque de lo contrario sólo estaríamos simulando este principio con el cual todos estamos de acuerdo, pero pocos observamos. Que por cierto, se me olvidó referirme a la diputada Alcalde, pero las seis diputadas me pidieron que hablara a nombre de ellas sobre este tema, sobre esta iniciativa que hemos formulado en el Movimiento Ciudadano y que estamos a tiempo, diputadas, de que no nos engañen.
Hagan un frente común contra todos los coordinadores. Miren ustedes, en la Junta de Coordinación Política sólo hay una mujer. En los partidos políticos nacionales no hay ninguna mujer dirigiendo un partido. Sería muy malo, sería un discurso sólo hacia afuera, seguir manejando la equidad de género y la igualdad si no hay una consecuencia política y jurídica en la Cámara de Diputados.
Que suba una mujer, me parece muy bien. Que suba una mujer y que hagan un frente común, para que haya equidad y género y cuando menos 40 por ciento de las comisiones sean presididas por mujeres. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Monreal. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por 5 minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia del presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Compañeras y compañeros diputados, México ha sufrido grandes transformaciones en su devenir histórico, oscilando constantemente de la pasividad a la actividad en los asuntos de la vida política del país.
Hoy se encuentra, nuevamente, en un despertar político en el que reclama una mayor y mejor participación en la toma de decisiones del poder público, no como una petición sino como un derecho. Ello en razón de que es el pueblo el depositario de la soberanía nacional, tal y como lo mandata nuestra Constitución Política.
Es por ello que los Poderes de la Unión y en específico el Legislativo, no puede ser indiferente ante el reclamo del pueblo, que exige con más precisión ser parte integrante de las medidas, resoluciones que se toman en aquellos temas de importancia nacional, que tengan una injerencia directa o indirecta en la vida social, política, jurídica y económica del país.
En virtud de lo anterior, el proceso legislativo no debe estar exento de escuchar a los diversos actores políticos, sociales, educativos, pero no de una manera aislada y sin peso alguno. Por el contrario, todas las opiniones vertidas sobre algún tema en específico deben ser vinculantes e incluyentes dentro del proceso de creación de la norma jurídica. Ello con la finalidad de que los destinatarios de la futura ley puedan obedecerla, no por el simple hecho del carácter coercitivo del derecho, sino porque goza de una legitimación adquirida desde su génesis.
Ante dichos temas han surgido y se han empleado en diversas legislaciones los mecanismos de participación ciudadana, entendidos como las acciones o formas mediante las cuales se integra a la sociedad, ciudadanos, asociaciones e instituciones educativas, entre otras, en las que el quehacer político y la toma de decisiones consensadas adquieren un carácter legitimador y dan alimento a una democracia participativa.
En este sentido, un mecanismo de participación ciudadana lo constituyen las audiencias públicas, entendiéndose a éstas como la reunión formal que crea obligaciones y genera responsabilidades, es decir, un encuentro dentro de un procedimiento de toma de decisiones públicas.
Por ende, las audiencias públicas son uno de los instrumentos principales de los regímenes democráticos participativos, convirtiéndose en un excelente espacio de encuentro entre ciudadanos, organizaciones civiles especializadas en distintas temáticas, tanto en el sector privado, en las instituciones técnicas y las autoridades gubernamentales. De hecho, las audiencias públicas pueden configurar la oportunidad institucional más importante para garantizar el máximo flujo informativo posible entre actores de la sociedad y sus propias autoridades en relación a una decisión acotada.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las propuestas que sometemos a consideración plantea la visión de un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que sea implementadas e instrumentadas las audiencias públicas dentro de las comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión, con el objeto de que las autoridades responsables de tomar las decisiones legislativas tengan acceso a diversas opiniones de forma simultánea y a través del contacto directo con los interesados.
Como parte de los beneficios de esta forma de participación se busca colaborar con el mejoramiento del marco legislativo y regulador, mediante el apoyo a las iniciativas que contribuyan al proceso de reforma de Estado a criterio de los propios legisladores, otros actores parlamentarios y de la sociedad, por lo que la inclusión del mecanismo de participación ciudadana en comento pueda contribuir a la modernización de la gestión legislativa.
Su finalidad es la de llegar a una decisión consensuada de todos los sectores de la sociedad, por tanto en las audiencias públicas se observan los mecanismos en los que todo asunto de interés general o particular para ciertos sectores se garantice que la ciudadanía sea escuchada y que dicha opinión sea tomada en cuenta al momento de dictaminar algún proyecto de iniciativa de ley por las Cámaras, pero al mismo tiempo las diversas opiniones tengan un efecto vinculante y sean agregadas a los proyectos que realicen las diversas comisiones, ello para efecto de que en las sesiones del pleno de la Cámara se pueda tomar una decisión a favor o en contra con mayor claridad y certidumbre.
A este sentido las audiencias públicas en las comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión pasa a ser un excelente espacio de encuentro entre asociaciones, organizaciones civiles especializadas, universidades y sociedad en general, en las distintas temáticas de preocupación social, económico, sociológicas, jurídicas, cultural y política en el sector privado y público.
En este espacio, donde pueden presentarse con absoluta libertad las perspectivas tanto individuales como grupales o colectivas sobre el futuro del país, máxime que no puede dar la oportunidad de manifestar las interpretaciones colectivas y particulares sobre las soluciones y decisiones que se plantean a un problema determinado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Martínez Santillán. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Previo al tema, le tomamos la palabra diputado Monreal, en los hechos se denota, la única coordinadora del grupo parlamentario es la coordinadora de Nueva Alianza. Exijamos la equidad, pero también exijamos la pluralidad en la integración de las comisiones.
En cuanto al tema, compañeras y compañeros diputados, la democracia es un privilegio que nos ha costado mucho construir, las condiciones de igualdad, libertad y civilidad han avanzado paulatinamente dentro de una vorágine de intereses particulares, la historia de México se puede resumir en lucha por estos valores democráticos.
Se ha potencializado el voto como legítima expresión de la renovación pacífica de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, se han ensanchado la expresión pública, se ha generado espacios de participación vecinal o comunitaria, ahora es momento de acrecentar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como forma de participación ciudadana que coadyuve bidireccionalmente de manera corresponsable en el ejercicio de la función pública.
En 2002 fue aprobada por esta soberanía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta norma estableció como principio que la información del Estado debe ser pública, siempre y cuando no ponga en riesgo su soberanía.
A pesar de este importante avance las condiciones no fueron generales ni equitativas en todos los estados del país; de ello se motivó una nueva reforma constitucional en el 2007 que estableció principios básicos, pues si bien en todas las entidades de la República ya se contaba con una Ley de Transparencia, se presentó una marcada heterogeneidad en sus contenidos. Estas diferencias significaron un desfase en cuanto al cumplimiento del derecho fundamental expresado en el artículo 6o. constitucional ya que daba la impresión de que la información era patrimonio de los servidores públicos.
En este sentido es importante resaltar que un gobierno democrático rinde cuentas debido a que expresa sus actividades ante los ciudadanos y es transparente cuando muestra la información que los servidores públicos generan. Sin embargo, la ciudadanía no ejerce su derecho de acceso a la misma; se entiende, porque aún persisten restricciones importantes en la materia.
En Nueva Alianza asumimos que la información debe ser un instrumento de empoderamiento para los ciudadanos, dado que estos pueden someter a escrutinio las labores de las instituciones públicas.
En la actualidad la transparencia y el acceso a la información pública representan un elemento primordial para paliar el flagelo de la corrupción, evaluar el desempeño gubernamental, mejorar el manejo de datos y mantener un contacto recíproco entre servidores públicos y ciudadanos.
Lo anterior sólo es posible sobre la base del esclarecimiento de las actividades realizadas, el proceso de toma de decisiones, el uso de los recursos y los resultados obtenidos.
Compañeras y compañeros legisladores, es inaplazable abrir la caja negra que hasta ahora ha sido la información pública gubernamental y hacer de ella una caja de cristal en la que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de las instituciones del Estado. En este sentido, la iniciativa tiene el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ello consideramos fundamental otorgarle autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, con la finalidad de garantizar plenamente su funcionamiento y la independencia de sus decisiones como órgano colegiado, de manera que el IFAI no estará sujeto a eventuales presiones o amenazas por las instancias de la administración pública.
Se presenta ante nosotros la oportunidad de dar un paso histórico en el proceso de consolidación democrática. El otorgar plena autonomía constitucional a un órgano del Estado que garantice el pleno acceso a la información pública gubernamental, es sin duda un derecho que debe ejercer la ciudadanía para participar autónomamente en la gestión pública.
Compañeras y compañeros legisladores, se trata de abonar a un verdadero ejercicio de participación ciudadana, constructora de una nueva visión de la democracia que se convierta en un componente indispensable de legalidad y legitimidad. Es cuanto.
Señor presidente, solicitaría la inserción íntegra en el Diario de los Debates de la iniciativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Así se hará, diputado González Roldán. La iniciativa queda inserta íntegra en el Diario de los Debates y se publicará en la Gaceta Parlamentaria. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por 5 minutos, el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Javier López Zavala: Con la venia de la Presidencia; con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. Durante la campaña del presidente electo se propuso una serie de medidas para avanzar en materia de desarrollo social. Por tal motivo es necesario que desde el Poder Legislativo comencemos a construir un andamiaje institucional que permita transitar a mejores condiciones de vida a las personas que menos tienen.
En los últimos dos sexenios las acciones implementadas no han sido suficientes. Por el contrario el número de personas en pobreza patrimonial aumentó de 48 millones en 2005, a 57 millones en el 2010 y la proyección del Coneval dice que en el 2012 serán 60 millones de pobres.
El Decreto de Declaración e Zonas de Atención Prioritaria emitido en el 2012, determina que existen zonas de atención prioritaria rurales en 849 municipios de los cuales 441 son de muy alta marginación y 408 de alta marginación. Además de las zonas de atención prioritaria urbanas, en 2 mil 105 localidades de mil 259 municipios que se encuentran en 22 entidades federativas, entre las que destacan: Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerreo y Chiapas, con una población de 11 millones de habitantes.
Requerimos acciones legislativas que contribuyan a abatir los indicadores de pobreza y marginación que golpean a nuestro país.
Por ello presento esta iniciativa de reforma a los artículos 19, 29, 30 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social a fin de crear una nueva figura institucional denominada “zona de atención prioritaria emergente”.
Es decir, esos municipios están emergiendo y convirtiéndose en otra cosa diferente a las zonas de atención prioritaria, por lo que requieren que les brinden un tratamiento diferente.
La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 29 define a las zonas de atención prioritaria y los mecanismos para determinarlas.
El capítulo cuarto da los pormenores de qué acciones deben realizarse para abatir la pobreza y el rezago en que viven las personas que menos tienen.
Sin embargo por la experiencia adquirida en el rubro de desarrollo social a nivel estatal, el conocimiento vertido por los compañeros que integran el Conasol y el análisis realizado a los Resultados de Políticas Públicas dirigidas a las zonas de atención prioritaria de este sexenio, considero necesario generar otra figura adicional a las ya existentes que impulsen el desarrollo a nivel municipal.
Actualmente el decreto de Declaración de Zonas de Atención Prioritaria para el 2012, determina que existen zonas de atención prioritarias rurales en 849 municipios que se encuentran en 22 entidades y si lo contrastamos con los del año anterior, podremos darnos cuenta de que son los mismos municipios con más de un 90 por ciento; sólo cambian de lugar en el orden de prelación y los que salieron en un año podremos volverlos a ver en los próximos años.
Hemos notado que algunos municipios realizan una ejecución adecuada de los programas, pero otros desafortunadamente no. El Coneval, de acuerdo a su medición 2010, evaluó las coberturas en los municipios, obteniendo resultados que permiten la creación de un programa intermedio que pueda darle continuidad a aquellos municipios que abatieron rezagos y que ya no calificarían en el Programa de Atención de Zonas Prioritarias.
Los objetivos de estas reformas son, entre otros, crear una figura que le permita al Poder Ejecutivo implementar programas diferentes, con base en las necesidades de infraestructura, bienes y servicios propios de un municipio que va mejorando sus indicadores de pobreza, dotándolos de mayor cantidad de recurso; incentivar a los municipios a convertirse en zonas de atención prioritarias emergentes, es decir, a zonas que por su condición de eficacia en el uso de recursos y por los indicadores, han avanzado en el abatimiento de su pobreza y marginación respecto de años anteriores para acceder a programas y mayor cantidad de recursos.
Penosamente debo decir que actualmente las políticas públicas subsidian la pobreza y benefician la ineficacia. Necesitamos pues dar mayores beneficios a quienes se esfuerzan por abatir la pobreza, a quienes se esfuerzan por hacer bien las cosas.
Muchos municipios ya tienen piso firme, letrinas, electrificación, agua potable, pero necesitan empleos, caminos, vivienda; sin embargo, al dejar de estar dentro de este decreto de atención de municipios prioritarios, ya no pueden acceder a otros programas, ante la falta de recursos. Por ello, vuelven a caer en el rezago social.
Necesitamos cambiar el enfoque, la forma de operar a nivel municipal y la forma de distribuir los recursos en materia de desarrollo social. Necesitamos pues premiar a quien actúa de manera responsable y con apego a la ley.
Es momento de acabar con los pretextos y dar paso a la gran oportunidad de impulsar las transformaciones que México necesita para cambiar el rostro de desesperanza y de frustración de los mexicanos.
De aprobarse esta reforma estaríamos procurando un avance a nivel municipal de manera escalonada, sacando de estos estados de alta marginación a los municipios, a fin de que en un futuro cercano puedan convertirse en pequeños polos de desarrollo.
Los beneficios de eta reforma redundarán en y reconocerán la transparencia y el eficaz uso de los recursos públicos a nivel municipal, fomentando su desarrollo y abatiendo los índices de marginación y pobreza con mayor celeridad. Se generarán, por parte del Ejecutivo, programas específicos para los municipios que entren en estas características.
Compañeras y compañeros diputados: es necesario aprobar nuevas leyes y reformas que incidan gradualmente en la anhelada igualdad social que tanta falta le hace a nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado López Zavala. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que además está suscrita por otros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, señor presidente.
Compañeros diputados, los suscritos, Bárbara Romo Fonseca, Judit Guerrero López y Tomás Torres Mercado, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, bajo la siguiente:
Exposición de motivos
Impulsar al turismo de manera cada vez más amplia es contribuir a final de cuentas al imperativo crecimiento de las fuentes de empleo y a la indispensable mejor distribución de la riqueza que demanda la sociedad mexicana.
México es un país rico en lugares que por su belleza excepcional, riqueza cultural y natural, por lo que han sido considerados como patrimonio de la humanidad en su conjunto.
Actualmente, la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluye un total de 962 sitios reconocidos como Patrimonio Mundial, de ellos 745 son culturales, 188 naturales y 29 mixtos, distribuidos en 157 países. Nuestro país ocupa el quinto lugar mundial en número de sitios considerados patrimonio y el primero en América.
El patrimonio universal de México incluye 10 ciudades. Estas ciudades son: Centro histórico de México y Xochimilco; Centro histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán; Centro histórico de Puebla; Villa histórica de Guanajuato y Minas adyacentes; Centro histórico de Morelia; Centro histórico de Zacatecas; Zona de monumentos históricos de Querétaro; Zona de monumentos históricos de Tlacoltlapan; Ciudad histórica fortificada de Campeche; Villa protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.
Nuestras ciudades patrimonio expresan en cada una de sus calles, monumentos, parques y tradiciones, una visión particular del mundo y su riqueza cultural les ha llevado a convertirse en referentes obligados para turistas nacionales y extranjeros, impulsado así su desarrollo y el de las regiones a las que pertenecen.
El problema es que a la par de su crecimiento han aparecido nuevos retos. Hoy las 10 ciudades mexicanas consideradas patrimonio mundial de la humanidad enfrentan una problemática compleja, basada en aspectos como el deterioro de monumentos y estructuras emblemáticas, contaminación ambiental, carencia de servicios, deficiente movilidad urbana, deterioro de vivienda, falta de mobiliario urbano y deficiente disposición de residuos, entre otros.
No cabe duda, los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano para el rescate y conservación de las ciudades patrimonio han tenido un efecto positivo y han logrado contener y revertir parte de su deterioro. Pero lo cierto es también que aún falta mucho para garantizar el rescate y preservación de las ciudades mexicanas que son herencia de la humanidad, sobre todo el poder asegurar la calidad de vida de sus habitantes.
Es importante recordar que desde agosto de 1996 existe la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, la cual ha desarrollado diversas acciones para obtener recursos en beneficio de las mismas.
De forma paralela, senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios han promovido en los últimos años diversos acuerdos para que se asignen recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente a través del programa Hábitat Vertiente Centro Histórico, de la Secretaría de Desarrollo Social.
El año pasado, por ejemplo, se asignaron a través del Fondo de Ciudades Patrimonio, cerca de 155 millones de pesos, recursos que se han visto fortalecidos con otras aportaciones estatales y municipales. Sin embargo, lamentablemente como puede apreciarse, los recursos asignados por la Federación para beneficio de las ciudades materia de la presente iniciativa dependen en gran medida de las gestiones y negociaciones que realizan año con año diversos actores durante el proceso de análisis y aprobación del PEF.
En este contexto, proponemos incorporar a la legislación nacional el compromiso de apoyar permanentemente a nuestras ciudades patrimonio de la humanidad. Nuestra propuesta consiste en adicionar el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para establecer que en el Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por la Cámara de Diputados se destinen recursos específicos para garantizar el rescate, restauración, conservación, promoción y mejora de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio de la humanidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Romo Fonseca. Se turna la iniciativa a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y también de Cultura, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, suscrita también por los demás integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, la democracia actual está sometida a presiones políticas, económicas, sociales y culturales, que obligan a los estados a crear los mecanismos jurídicos y de políticas públicas para enfrentarlos.
Los temas que ejercen mayor presión, sobre todo en los países en vías de desarrollo, son los vinculados a la desigualdad y la exclusión social. El aumento de las brechas sociales y la marginación de bastos sectores de la sociedad atenta contra el propósito de lograr su propia cohesión, base de un régimen democrático.
Ante esta situación, surge el modelo de Estado con visión social para garantizar y salvaguardar los derechos sociales de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea permanente o transitoria.
El empleo es uno de los derechos más vulnerados y que más afecta a la sociedad, ya que constituye un medio para obtener un ingreso digno que permite a las personas obtener los satisfactores mínimos indispensables para su bienestar.
Además de ser una fuente de ingreso primaria, el empleo refleja la libertad de una persona o grupo para poder alcanzar una vida digna. Este aspecto es tan importante, que es una obligación del Estado velar por aquellas personas que por algún motivo o razón están desempleadas.
Ante este escenario de precariedad e inestabilidad laboral, provocado por la falta de crecimiento económico, el Estado mexicano debe asumir con mayor compromiso su apoyo hacia la sociedad mexicana.
Es una realidad que el mercado laboral, en nuestro país, impide que miles de personas obtengan un trabajo bien remunerado. La tasa de desocupación al mes de julio fue de 5 por ciento de la población económicamente activa, lo más preocupante es el número de subocupados que alcanzó una tasa del 8.9 por ciento y la población en el sector informal fue de 28 por ciento.
La incapacidad de absorber a los miles de mexicanos y mexicanas que cada año se incorporan al mercado laboral y la calidad de empleos actuales, se han convertido en los principales retos para los tres niveles de gobierno.
En el Congreso de la Unión no podemos estar ajenos a esta situación que aqueja a millones de familias mexicanas. Nuestra responsabilidad es atender, desde nuestra esfera de acción, la demanda de hombres, mujeres, jóvenes y personas de tercera edad, ante la incapacidad gubernamental de generar los incentivos para ampliar el mercado laboral.
Hoy, ante la discusión de la propuesta de reforma laboral presentada con carácter de preferente, por parte del Ejecutivo federal, no podemos dejar de lado el tema del seguro de desempleo, como una forma de fortalecer el sistema de seguridad social de los trabajadores.
Sí es verdad que urge la reforma. Sí es verdad que urge incentivar la inversión, la productividad, la competitividad en este escenario de la globalización que vivimos, pero -que quede claro- es inadmisible pretender cargar el costo de la flexibilización laboral únicamente hacia los trabajadores, sin establecer medidas para fortalecer sus derechos sociales.
Es importante señalar que nuestro país es el único perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no cuenta, hasta ahora, con un seguro de desempleo y fomento a la creación de empleos, medida que ha sido recomendada para incentivar una mejor estructura de los mercados laborales y fortalecer la red de protección social, principalmente a favor de la población en condiciones de vulnerabilidad.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que la iniciativa que hoy presentamos contribuye a expandir los derechos sociales para lograr una sociedad con equidad, así como otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados, incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados de la economía que hayan perdido su empleo. Y al mismo tiempo, creando condiciones para su incorporación al mercado del trabajo y al goce del derecho constitucional del empleo.
En este orden de ideas, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza propone implementar el seguro de desempleo a favor de quienes han sido desplazados del mercado laboral, con la aplicación de este modelo económico que ha demostrado su ineficiencia y fracaso en aras de lograr un estado de bienestar social. A continuación describo las principales características de esta iniciativa.
Primero. Involucrar a los estados, considerando la aplicación de la ley, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, así como a las secretarías homólogas en las entidades federativas.
Segundo. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del seguro a un empleo en el sector formal de la economía de nuestro país.
Tercero. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de las nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo.
Cuarto. Crear un consejo consultivo para el otorgamiento del seguro de desempleo y fomento a la creación de empleos, que incentive la inversión, convoque a organismos empresariales, evalúe las políticas en esta materia, entre otros.
Quinto. Ser responsables de las finanzas públicas, otorgando a los beneficiarios acceso al seguro, durante un plazo no mayor a seis meses en un tiempo establecido de cada dos años.
Es cuanto, señor presidente y ratificamos, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de lograr un México con mayor nivel de desarrollo y en un escenario de equidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos del artículo 102 del Reglamento, las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas a las que se pida en este momento a la Secretaría se registren para la próxima sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día tenemos dos proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Voy a pedir a la Secretaría que pueda dar lectura solamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban comparecencias de funcionarios de la administración pública federal.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se aprueban comparecencias de funcionarios de la administración pública federal para el análisis.
Primero. Como parte del análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República se aprueban las comparecencias de los siguientes servidores públicos: secretario de Gobernación, secretario de Economía, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Segundo. Las comparecencias aprobadas se desahogarán ante las comisiones competentes, una vez que éstas queden debidamente integradas e instaladas.
Tercero. Las Mesas Directivas de las comisiones competentes establecerán las fechas en que se desahogarán las comparecencias, las llevarán a cabo conforme al formato aprobado por la Junta de Coordinación Política y citarán a los comparecientes por el conducto de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a afecto de que se notifique a los funcionarios correspondientes.
Quinto. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión. Al no haber quien solicite la palabra voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política es el que justamente establece el formato mediante el cual se desahogarán las comparecencias, por lo cual voy a pedirle a la Secretaría que sea tan amable de dar lectura solamente a sus puntos resolutivos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de coordinación Política.
Primero. Se acuerda el formato para desahogar las comparecencias de los funcionarios de la administración pública federal, a efecto de realizar el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República ante el pleno o en comisiones. Será el siguiente.
1. Intervención por parte del funcionario compareciente hasta por 10 minutos.
2. Posicionamiento de cada grupo parlamentario en orden creciente hasta por cinco minutos.
3. Dos rondas de pregunta, respuesta, réplica, en las que intervendrá cada grupo parlamentario en orden creciente de la siguiente forma: pregunta de cada grupo parlamentario hasta por tres minutos, respuesta del funcionario hasta por tres minutos, réplica del grupo parlamentario hasta por tres minutos.
4. Al concluir la segunda ronda de pregunta, respuesta, réplica, intervención del funcionario público hasta por 10 minutos.
Segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los funcionarios correspondientes.
Tercero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación ante el pleno.
Cuarto. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Voy a pedir que se abra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿En qué sentido, diputado Mejía?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sobre el acuerdo.
El Presidente diputado José González Morfín: Una, me la está solicitando el diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para referirse al acuerdo que está a discusión.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifiesta su aprobación a estas cuatro comparecencias. Sin embargo, como lo planteamos en la Junta de Coordinación Política, nosotros insistimos en la necesidad de que comparezcan no solo ante comisiones, sino ante este pleno: el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; la procuradora General de la República; el secretario de la Defensa Nacional, y el secretario de Marina para que expliquen el fracaso de la política de combate al crimen organizado y los más de 90 mil muertos y desaparecidos que hay en el país.
Eso es lo que queremos también que en su oportunidad se acuerde y que sea ante este pleno, porque sin duda si algo ha marcado la agenda del país en los últimos seis años es este océano de sangre en que se ha convertido la República. Por eso no queremos dejar pasar esta oportunidad para dar nuestro aval a este acuerdo, que asista el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía y el secretario de Agricultura. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, necesitamos que vengan los responsables de esta política de seguridad pública y de combate al crimen organizado que ha sido un fracaso.
Queremos que aquí comparezcan ante esta soberanía popular y por eso reiteramos ante este pleno nuestra solicitud. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, su intervención formará parte del Diario de los Debates, pero estamos discutiendo el formato de las comparecencias.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Gutiérrez de la Garza, por favor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, yo respetuosamente le solicitaría para ilustrar a la asamblea, qué es lo que estamos en este momento sometiendo a consideración, porque lo que se está sometiendo no es quiénes van a comparecer, sino el método a desarrollar con las comparecencias.
Lamentablemente, yo creo que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra estaba distraído y se acaba de votar precisamente lo de las comparecencias. Sería muy conveniente que se precisaré y se ilustrara a la asamblea qué es lo que estamos votando en este momento para evitar confusiones.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, tiene usted razón. Yo también lo decía, el pleno de esta soberanía ha aprobado la comparecencia de cuatro secretarios de Estado, y lo que en este momento voy a pedir a la Secretaría, tome la votación de solamente el formato de esas comparecencias ante comisiones.
Por tal motivo, ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que contiene el formato para las comparecencias.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputada secretaria. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, solicito la palabra para razonar mi voto antes de la votación.
El Presidente diputado José González Morfín: Ya estamos en el proceso de votación, diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): No se ha votado. Está usted poniendo a consideración, pero no se ha votado.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Es sobre el formato de las comparecencias?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Por supuesto que es sobre el formato.
El Presidente diputado José González Morfín: Sobre este acuerdo, tiene el uso de la tribuna por tres minutos el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: En efecto, presidente; ciudadanos, hay dos puntos de acuerdo. Uno que ya fue votado sobre el nombre de los comparecientes o sobre los comparecientes; y éste que está en proceso de discusión y de aprobación, en su caso –o rechazo–, que es relativo a la mecánica o al procedimiento por el cual van a comparecer.
Por eso me he inscrito y no es que el diputado estuviese distraído –el diputado Mejía-, sino que fue tan rápido el procedimiento, pero que finalmente uno y otro están concatenados. Yo voy a hablar particularmente sobre este punto del procedimiento.
Históricamente, cuando vienen los comparecientes, vienen a nuestra casa. Nunca cierran en sus intervenciones.
Lo que nos están sometiendo a la consideración del pleno es una mecánica de fijación de posición o de fijación de la posición del gobierno de 10 minutos del funcionario; luego una posición del partido representado en esta Cámara; luego una pregunta de tres minutos, la réplica de tres minutos; y luego dos rondas y al final, el que cierra, es el funcionario. El que cierra siempre en estas comparecencias es el funcionario. Eso no ocurría anteriormente. Porque viene al parlamento. Es la única ocasión que tenemos la posibilidad de cuestionar a los funcionarios sobre el ejercicio de su función. Por eso no sólo aquí, sino en la Junta de Coordinación Política sostuve que históricamente, atendiendo la costumbre del derecho parlamentario o la costumbre como fuente del derecho parlamentario, los diputados son los que cierran en la réplica o en la contrarréplica, no los funcionarios.
Es como ahora que se está convirtiendo en costumbre ir a las oficinas lujosas de los funcionarios, cuando ellos deben de venir.
Hay una tragedia en Oaxaca por el derrame del petróleo y el director de Pemex invita a sus oficinas cómodas a todos los diputados y ahí van los diputados, cuando deberíamos exigirle que venga a responder por la tragedia que está pasando en materia ecológica en Salina Cruz, Oaxaca. ¿Por qué tenemos que ir a sus oficinas? Ese es el tema del procedimiento.
Por eso creo, se los digo con toda honestidad, que el diputado... Allá están haciendo algunas señas.
El Presidente diputado José González Morfín: Está pidiendo la palabra, entiendo, pero le ruego a usted también pueda concluir con su intervención.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Pensé que quería hacerme una pregunta, por eso estaba muy insistente. Entonces lo que les digo... Ah, sí, sí me la quiere hacer, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Gutiérrez de la Garza.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: No estaba equivocado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, para ver si le pregunta al orador si acepta una pregunta, mejor conocida como interpelación.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente si el diputado Monreal acepta.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Encantado.
El Presidente diputado José González Morfín: Puede formular su pregunta, diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Muy sencilla, diputado Monreal. El acuerdo que está en este momento a votación ¿fue firmado por usted? Esa es la única pregunta.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Correcto.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Claro. Y eso qué tiene que ver.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego pueda concluir con su intervención, su tiempo se ha agotado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Mire, diputado –estoy respondiendo la pregunta–, primero, una de las cosas que me caracterizan es la congruencia, y le voy a decir, cuando solicité el uso de la palabra dije, para razonar mi voto, aunque voy a votar a favor. Ayer lo razoné y ustedes que constituyen mayoría, deberían de reflexionarlo con mayor seriedad, porque lo que está pasando en el Congreso es denigrarlo, es subestimarlo, es que cierren los funcionarios cuando ellos tienen la posibilidad, la posibilidad de todo el año, de generar condiciones y equilibrios en su propia secretaría o dirección.
Yo lo que afirmo y ayer lo sostuve y hoy lo ratifico, que los diputados federales y las diputadas, en este formato, deberían acudir a las fuentes del derecho parlamentarios, entre otros la costumbre, en donde los diputados y diputadas cierran con réplica o contrarréplica la intervención del secretario o del funcionario público que comparece.
¿Qué le ofende a usted? ¿Qué es lo que le ofende, que usted cierre en su casa, si eso es lo natural? Me parece absurdo que usted esté litigando el que cierre un funcionario del gobierno las intervenciones, cuando debería estar luchando porque el Poder Legislativo tuviese su dignidad y su señorío.
O usted aplaude –estoy contestando la pregunta– o usted aplaude –no, no, todavía no se la termino de responder, para qué me anda preguntando, déjeme contestarle diputado– usted aplaude ir a las oficinas lujosas de los funcionarios a que le expliquen lo que tienen la obligación de venir a explicar a la Cámara de Diputados. Yo, de mi parte no renuncio a mi deber y a mi obligación de diputado. Estoy contestando, presidente, para qué me pregunta.
Concluyo. Es muy importante, diputados, se los digo con toda honradez. No permitamos que nos minimicen. Rescatemos la dignidad del Congreso. ¿Es mucho pedirles que actuemos como representantes populares? ¿Es mucho pedirle al director de Pemex que venga él aquí a explicar la tragedia ecológica y el descuido y la irresponsabilidad de Salina Cruz? ¿Eso es mucho? Por qué tienes que ir a sus oficinas si él tiene la obligación de venir aquí.
Por qué se ofenden. Cuál es el problema. Les va a pasar lo que a todos nos sucede: que nadie nos respeta. Cuando tú vas al aeropuerto –termino, presidente, con esta anécdota que me acaba de suceder– vas al aeropuerto, sacas tu credencial muy orgulloso y dices a la señorita que está sellando los boletos, entregándote tu pase de abordar; saco mi credencial, la provisional que me dieron, soy diputado federal. La señorita la ve y dice: oiga y no traerá una credencial para votar¸ una credencial del IFE.
¿Que no se dan cuenta de nuestra posición, de veras? ¿No creen que es necesario rescatar la credibilidad, el prestigio y el señorío del Congreso? ¿No creen eso? Ni modo, sigan igual. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul del diputado Catalino Duarte. Dígame, diputado Duarte.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Señor, solamente para razonar mi voto. Yo voté a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: No se ha votado todavía, lo vamos a someter a votación en un momento más.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Por eso, deme la oportunidad de razonar.
El Presidente diputado José González Morfín: Esa figura no existe en el Reglamento. Se la podría dar a favor o en contra.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Es la misma situación del compañero Monreal.
El Presidente diputado José González Morfín: No, pidió para hablar a favor. No puedo negarle el uso de la tribuna al diputado Catalino Duarte. Tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos.
Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, por favor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente. Seguimos en un debate sin sentido. Aquí se trata de si se va o no a honrar la palabra. Si se van a honrar o no los acuerdos. Porque esto es muy significativo aquí y en la vida. El Grupo Parlamentario del PRI honra sus acuerdos, ayer firmamos a favor, hoy votaremos a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, tiene usted toda la razón, y de hecho no puede ni siquiera el pleno autorizar una nueva comparecencia si no viene propuesta por la Junta de Coordinación Política, eso es clarísimo.
Es cuanto termine la intervención del diputado Duarte voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido, para inmediatamente después someterlo a votación. Tiene la palabra el diputado Duarte.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Gracias, señor presidente. Finalmente el compañero del Partido Revolucionario Institucional debe mantener ecuanimidad en el tema. No es cualquier asunto, es la seguridad nacional de este país. ¿Por qué oponernos a que venga aquí quien se encarga de procurar los ilícitos? ¿Cuántos y cuántos asuntos no se han dado de manera insólita? Ahí está el de Tres Marías, por sólo citar un ejemplo.
Y me parece importante que también puedan comparecer los demás secretarios que aquí ya se señaló. Es la única oportunidad histórica para que estos funcionarios frente a este pleno puedan dar respuesta a tantas preguntas que el pueblo mexicano quiere saber.
Por eso me parece interesante que comparezcan. A qué tener miedo, si hay buenos resultados. A qué tener miedo, si están convencidos que el pueblo de México está contento con su desempeño. No hay que temer que vengan, es lo correcto. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Como ya lo había anunciado...
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Escajeda, por favor.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Insistir mucho en la importancia de privilegiar el respeto a los acuerdos. Yo creo que si existe un órgano que se llama Junta de Coordinación Política donde están representados todos los partidos, y que por cierto todos firmaron de acuerdo; estas posturas no refleja más que –diría yo– primero protagonismo o, segundo, una manifestación clara del divisionismo y de esa incongruencia que dice no tener porque entonces no demuestra más que, entonces, una división interna de una fracción que en la Junta de Coordinación Política firmó el acuerdo.
Nadie nos oponemos a que vengan otros funcionarios, pero es un tema, pues, de respeto a los órganos de gobierno de esta Cámara.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se está desviando el debate y yo ya anuncié, y voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea en los términos del Reglamento, si el asunto se considera suficientemente discutido.
Me están pidiendo la palabra muchos compañeros diputados. Si la asamblea dice que el asunto no está suficientemente discutido, abriremos una ronda de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido.
Estamos en un proceso de votación que ya había sido anunciado por la Presidencia. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Suficientemente discutido. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo. Estamos en votación. Ruego a la Secretaría continuar con el trámite.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que realice un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa denominado Sistema de Supervisión y Control Vehicular, Siave, en la franja de la frontera norte del país.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Con su venia, señor presidente. Agradeciendo anticipadamente sus instrucciones para que se inserte íntegramente en el Diario de Debates el punto a tratar.
Muy buenas tardes, señores legisladores, señoras legisladoras. Las fronteras del país han tenido un crecimiento considerable en el número de cruces fronterizos y tienen una importancia significativa para la economía nacional, principalmente para aquellos estados que colindan con Estados Unidos de América.
Para estos efectos, el gobierno federal gastó un total de 14 mil millones de pesos aplicados en toda la franja fronteriza como parte del plan de modernización de las aduanas 2007-2012, y creó el Sistema de Supervisión y Control Vehicular, conocido popularmente como Siave, mismo que consiste en provocar el alto total del vehículo en la garita para ser pesado, para determinar sus características y detectar la posible introducción de bienes perniciosos a nuestro país.
Sin embargo, para los ciudadanos de la franja fronteriza del norte del país este gasto no corresponde a los resultados de la aplicación de este programa, mismo que ha dejado mucho qué desear y nos afecta de manera directa.
Atento a la falta de información, se ha sostenido que la aplicación del Siave ha tenido mayormente afectaciones frente a los resultados que ha brindado, ya que en los tres años que tiene de operación los resultados han arrojado un total de 19 armas de fuego decomisadas y la detención de tan sólo 10 personas, lo que significa que en promedio se han detectado 6 armas y se ha detenido a tres personas por año, todo esto en la garita Tijuana-San Ysidro.
Históricamente la garita de Tijuana-San Ysidro se ha considerado la frontera más transitada de todo el mundo, sin embargo, en las últimas fechas se ha previsto que han decaído hasta en 22.4 por ciento los cruces por esta frontera e incluso el sector empresarial ha declarado la pérdida de más de 70 mil empleos en los últimos tres años -lapso de tiempo que este sistema ha venido funcionando- y debido al tránsito lento, se ha calculado la demora de más de 4.5 millones de horas laborales tan sólo en la región de California, en Estados Unidos, y Baja California, en México.
En materia turística también los efectos negativos se han manifestado al mantener la aplicación de este programa y se han visto reflejados en la disminución de la afluencia turística.
Por ello, consideramos que el Siave es ineficiente e ineficaz, y el gobierno federal debe tomar en consideración la suspensión a la brevedad posible, hasta tener demostrada la eficiencia y eficacia de su operación.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que realice a través de las dependencias correspondientes, un análisis sobre la eficiencia y eficacia de este programa y los resultados que ha tenido la aplicación del mismo.
Segundo. Se suspenda a la brevedad posible la operación del programa de Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) en las garitas internacionales dentro de la franja fronteriza del norte del país, hasta en tanto no se obtenga el resultado del análisis en comento. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del 100 del Reglamento, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix, de Nueva Alianza.
Esta Presidencia informa que se han inscrito, para hablar sobre el tema, María del Carmen Martínez Santillán, del PT; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Verde; Rosendo Serrano Toledo, del PRD; Carlos Fernando Angulo Parra, del PAN; y don Fernando Castro Trenti, del PRI.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera urgente que se analice de manera independiente el funcionamiento del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, mejor conocido como el Siave, que ha implementado el gobierno mexicano, pues consideramos que las evidencias demuestran que del 2009 a la fecha los resultados son deplorables.
A pesar de que el Ejecutivo federal ha invertido más de 14 mil millones de pesos en este programa, cientos de armas siguen ingresando ilegalmente por las aduanas terrestres cada año. La realidad es que en la última década México pasó del lugar vigésimo segundo al quinto en tráfico de armas, en el ámbito mundial. Y se calcula que cada día ingresan al país unas 2 mil armas para abastecer a los cárteles de la droga.
El Siave es ineficaz, porque no cumple con su cometido principal, que es detener el tráfico de armas por nuestra frontera terrestre. Por ejemplo, en este año sólo se han incautado cinco armas en el estado de Baja California, quién va a pensar o creer eso.
Es ineficiente porque no opera las 24 horas del día ni ha cumplido con los tiempos promedio de revisión por unidad. Tampoco cuenta con la tecnología requerida para realizar inspecciones rápidamente, lo que lleva a revisiones aleatorias y con ello a fomentar actos de corrupción.
En Nueva Alianza sabemos que es menester exigir al Ejecutivo federal que cumpla con el deber constitucional del Estado mexicano y disponga, eficientemente, de los recursos públicos para implementar las medidas necesarias para disminuir la violencia ocasionada por el tráfico ilegal de armas.
Nos preocupa que la inversión pública del gobierno en este tipo de programas sea tan onerosa como ineficiente. Rechazamos la demagogia de las acciones de relumbrón mientras la violencia siga cobrando vidas de mexicanas y mexicanos en esta fallida lucha contra el crimen organizado.
Por ello, compañeros diputados y diputadas, votaremos a favor del presente punto de acuerdo en atención a la solicitud del proponente. Exhortemos al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que atienda el reclamo de esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María del Carmen Martínez Santillán, del PT, tiene el uso de la voz, hasta por 5 minutos.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, se somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal analice la eficiencia del Siave, que es un sistema implementado en la franja fronteriza norte, con el propósito de detectar el tráfico ilegal de mercancías y armamento provenientes de Estados Unidos.
En ese sentido, el proponente señala que los resultados de la aplicación del Siave no han sido los esperados, en especial si consideramos que la inversión para dicho sistema fue de poco más de 14 mil millones de pesos.
De hecho, más que garantizar mayor seguridad en la franja fronteriza lo que ha ocasionado es que los tiempos de espera en el cruce fronterizo se han incrementado, lo que ha inhibido la llegada de nuevas empresas y una disminución del turismo en esa zona del territorio nacional.
La presente administración ha buscado fortalecer la seguridad en la frontera norte, en particular en el marco de la lucha contra el crimen organizado. La opinión pública dio a conocer que las autoridades estadounidenses llevaron a cabo operativos como: Rápido y Furioso, y Arma Blanca, donde se evidenció los nuevos controles de la aduana mexicana para el tráfico ilegal de armas. De esta manera podemos corroborar que los esfuerzos que ha hecho la administración de Felipe Calderón para contener la introducción ilegal de armas a México han sido infructuosos.
En los tres años que llevamos operando el Siave sólo se han detectado 19 armas, detenido a 10 personas, resultados mínimos, y consideramos que sólo en el estado de Baja California hay seis cruces fronterizos activados.
Simplemente en la garita de Tijuana, San Ysidro se ha estimado que los cruces han disminuido en 22.4 por ciento. Las organizaciones empresariales calculan que en los tres años de operación del Siave se han perdido 70 mil empleos en esa zona fronteriza.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, reconocemos la necesidad de tener controles eficientes en materia de contrabando de mercancías, tráfico ilegal de personas, de armas y de estupefacientes, pero no a costa de sacrificar la competitividad de las industrias, los comercios y las personas en la frontera norte del país.
Los distintos sectores que están asentados en la frontera norte están preocupados porque se persista en la implementación del Siave, derivado de que no ha sido un programa que haya mostrado un nivel de resultados que lo justifique. Por el contrario, ha generado más cuestiones negativas que positivas.
Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo compartimos la preocupación y el llamado que han hecho para que sea suspendido el programa Siave. Por las consideraciones antes expuestas estamos a favor del punto de acuerdo en comento. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, tiene la uso de la voz hasta por cinco minutos.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con motivo de la guerra contra el narcotráfico el gobierno federal se ha empeñado en destinar cantidades exorbitantes de dinero en una serie de programas, medidas o estrategias que en muchos de los casos no han reportado beneficios significativos en materia de seguridad y que, por el contrario, se han convertido en una furente más de corrupción y de desvío de recursos.
El caso del Sistema de Supervisión y Control Vehicular ha costado 14 mil millones de pesos, como parte del Plan de Modernización de Aduanas, con el fin de analizar en el tránsito vehicular a través de las garitas transfronterizas, tipo de vehículo, su número de matrícula y peso en siete segundos e inicialmente con la intención de detectar el tráfico ilegal de mercancías y armamentos procedentes de Estados Unidos de América hacia el territorio nacional.
Oficialmente el sistema de supervisión y control vehicular es un proyecto integral del Plan de Modernización de Aduanas, que permite la revisión de vehículos que ingresan a la frontera mexicana con Estados Unidos de América en un tiempo promedio de ocho segundos, pretendiendo con ello agilizar el tránsito de mercancía de los exportadores e importadores y deteniendo el tráfico ilegal de mercancías, armas, sustancias y personas; en el caso de las armas ha fallado brutalmente.
El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) fue instalado en las aduanas del norte del país en el 2009, desde entonces poco ha sido el éxito del proyecto y sus beneficios operativos son escasos y altamente onerosos. El Siave no ha arrojado los resultados esperados, ya que no opera las 24 horas del día, ni ha cumplido con los tiempos promedio de revisión por unidad, lo que ha generado una gran polémica debido a la cantidad de cruces que hay en la frontera, ya que ocasiona una grave congestión vial y demoran el cruce fronterizo.
El sector empresarial no cuenta con datos sobre contrabando detectado por el Siave, además de considerarlo un obstáculo para generar mayor derrama económica en la ciudad. Las problemáticas de la frontera siguen sin ser escuchadas por el Ejecutivo, no hubo posibilidad alguna de que el sector empresarial planteara los inconvenientes que ha generado el programa Siave para implementar otro esquema de vigilancia, ya que se considera que el existente se ha convertido en un ícono inhibidor de turismo y sigue siendo de gran afectación. No se ha logrado alcanzar los objetivos deseados para la detección de contrabando, drogas y armas, por lo que no se cuenta con argumentos válidos ni sólidos para continuar el programa Siave; siendo éste un fracaso más sin dar resultados positivos para la inversión y la generación de empleos, así como para la derrama económica en el sector turístico. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Don David Pérez Tejada Padilla, del Verde.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de dar a conocer la postura como fracción del Partido Verde, acerca de esta iniciativa que propone como urgente nuestro compañero diputado de Baja California de la fracción del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Gastélum.
Si bien es cierto el Siave se compone de dispositivos que toman el peso, dimensiones y placas del vehículo, esto es realmente intimidatorio para cualquier persona que decida cruzar a nuestra frontera. Este mecanismo es un inhibidor del crecimiento económico y del desarrollo turístico, ya que amedrenta tanto a nacionales como a extranjeros que visitan nuestro país.
Se ha manejado como un sistema innovador para la medición del riesgo, sin embargo lejos de que la gente se sienta segura, se siente amedrentada y viola el derecho al libre tránsito de vehículos.
Este sistema tiene su antecedente en la tan famosa Iniciativa Mérida que hasta hace poco nos enteramos del objetivo y que para nada es alentador, ya que nos coloca como un país sometido al vecino país del norte.
Existe un estudio que fue publicado por el Consejo Coordinador Empresarial a partir de la implementación del mecanismo de revisión vehicular (Siave) en las 21 aduanas fronterizas terrestres. Dicho Consejo Empresarial presenta este análisis sobre las deficiencias del sistema, donde se afirma que el tiempo oficial de revisión es de ocho segundos. Sin embargo el tiempo oficial del mecanismo Siave, demostró que son 14 segundos. Es decir, casi el doble de lo previsto.
Esto no únicamente afecta a las personas que vienen como turistas a nuestro país. El impacto de dicho programa tendrá no sólo efecto en la actividad económica, sino también en los estudiantes, trabajadores, visitantes, familiares y miles de personas que diariamente cruzan la frontera.
Mi pregunta es la siguiente. ¿El gobierno sabe que el verdadero contrabando no ingresa por las garitas sino en contendedores? Los vehículos de carga son el mejor instrumento para ingresar armas o contrabando y no así los vehículos de pasajeros.
¿Cómo se está implementado el Siave si aún no hay una modificación de la legislación al respecto? Para poder implementar un sistema de revisión de esta índole primero hay que ajustar la ley. De lo contrario ¿bajo qué marco legal se regula?
Por último, apoyando la propuesta de mi compañero Juan Manuel Gastélum, nos queda muy claro que la seguridad nacional es sólo un buen deseo porque al contrario con estas medidas nos sentimos inseguros y asediados por nuestro propio gobierno. Es cuánto, muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias y es mucho. Don Rosendo Serrano Toledo, del PRD tiene el uso de la voz.
El diputado Rosendo Serrano Toledo: Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, 14 mil millones de pesos costó este sistema, un organismo que por voz de mis compañeros y el de la propuesta del compañero del PAN, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, han obtenido una miseria de resultados; 14 armas. Cada arma viene costando 2 mil 300 millones de pesos, para este gobierno y por supuesto, para el pueblo.
En qué países o en qué país se hacen organismo inoperantes, en qué país se hacen organismos que lejos de funcionar, luego son puntos de corrupción. Lamentablemente eso pasa en México.
Estamos a favor, pero me acuerdo que cuando este sistema se implementó, hicieron bombos, platillo, ruido y dijeron que era lo mejor para detener el tráfico de armas y de mucha mercancía ilegal.
Hoy los compañeros del PAN, el compañero Juan Manuel nos dice que esto ya no sirve y además estoy totalmente de acuerdo y nuestra fracción va a votar a favor, pero hay un considerando que si... Lo voy a volver a leer, si le ponemos atención, verán que ahí está el meollo del asunto para ya no poder en lo futuro, hacer este tipo de aberraciones, de nombrar este tipo de organismos.
Dice el considerando 5: Se coincide en la necesidad de contar con un programa que contenga mecanismos de revisión y de reducción del ingreso de mercancías y armas al territorio nacional. Sin embargo estos programas deben de entrar en función cuando se tenga la certeza de su eficiencia y operación sin complicaciones significativas.
Es decir, este sistema, este organismo, no debió implantarse nunca, jamás. Y miren, compañeros, hoy estamos de acuerdo en votar este punto de acuerdo porque, bueno, falta poco para que esta administración termine y miren, hay que darle como coloquialmente se dice, palo a este asunto, ya.
Pero por favor, espero que en lo futuro o vengamos a proponer puntos de acuerdo en este sentido de algo que desde inicio no debió operar. Desgraciadamente se nos implementa desde el Ejecutivo federal como algo bueno y termina siendo de lo peor.
Estamos de acuerdo compañero del PAN Gastélum. Vamos a votar en contra, perdón a favor. Yo pensaba que lo íbamos a aprobar, pero no, está bien. Vamos a votar a favor. No tenga cuidado, nuestra fracción parlamentaria va a votar a favor. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. Don Fernando Angulo Parra, del PAN. Don Carlos Fernando.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Con la venia de la presidencia. Quiero manifestar nada más algunos aspectos importantes en relación con este sistema que ya se ha comentado para que se entienda la trascendencia de lo que está ocasionando en las fronteras.
El Siade es un sistema que consiste en una plumita en donde llega un automóvil y la plumita, como la de los estacionamientos que todos conocemos, está bloqueando el acceso del automóvil. Uno se queda ahí como tonto hasta 15 segundos –se decía que eran siete segundos– pero se queda uno hasta 15 segundos esperando y se prende la luz del semáforo fiscal, ya sea verde o roja. Si se prende la luz roja suena una alarma y lo pasan a uno a revisión; si se prende la luz verde, uno cruza la garita sin pararse.
El problema es la barrera que lo hace a uno esperar. Antes de que se estableciera este problema no existía esa barrera; simple y sencillamente uno pasaba y si se prendía la luz roja sonaba la alarma y uno pasaba a revisión.
Por qué se hace esta demora de siete a 15 segundos. Supuestamente es para pesar el vehículo. Ustedes se han subido a una pesa en cualquier lado, ustedes han pesado cualquier objeto. Bueno, cuando se pesa algo no se tarda entre cinco y siete segundos en ver el resultado, es inmediato, es instantáneo. Por qué se diseña un sistema tan mal estructurado. Ésa es la pregunta.
Esto, en las fronteras grandes como las de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y en algunos lugares más pequeños genera un efecto prácticamente catastrófico, compañeros legisladores y compañeras legisladoras.
Las revisiones injustificadas y a veces vejatorias que se dan en el lado de Estados Unidos ahora se están duplicando, digamos, se están emulando del lado mexicano. Esto es totalmente inaceptable.
Compañeros y compañeras, la vida en la frontera se basa principalmente en la interacción de las actividades fronterizas, que son el alma económica del desarrollo de la región. El constante y eficiente cruce de la frontera es el corazón que hace fluir la sangre que vitaliza las operaciones de bienes y servicios necesarios para que nuestro país siga generando las divisas que necesita para hacer crecer nuestra economía, generar empleos y desarrollar el bienestar.
No podemos en México poner barreras logísticas totalmente inútiles que se les ocurren a los burócratas de la ciudad de México que se encuentran a miles y miles de kilómetros de distancia donde suceden las cosas. No podemos permitirlo. Lo único que ocasiona esto es hacer más complicadas y caras las transferencias fronterizas que minan la competitividad del país.
Esto, claro, sin menoscabo de seguir insistiendo por la vía diplomática y de presión política internacional en que las vejaciones e inspecciones inútiles de las autoridades estadounidenses también de inmediato se cambien y sean fluidas y sean dignas para los que cruzamos las fronteras de una manera cotidiana.
Yo les suplico a mis compañeros que me han precedido y a mi buen amigo don Fernando Castro Trenti, que formemos una comisión de empuje de esta iniciativa, de este punto de acuerdo para que tengamos efectividad en su realización y no la dejemos suelta como muchas veces, a veces sucede.
Entonces les ruego que consideren mis compañeros hacer esto. Yo con todo gusto utilizo las buenas relaciones que puedan tener con las autoridades hacendarias y el SAT, para poder impulsar esto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz su eminencia don Fernando Castro Trenti. Esta Presidencia toma en cuenta la petición de don Carlos Fernando, de generar un grupo de trabajo, que no comisión, misma que se evaluará en sus términos.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.
El asunto no es nuevo ni es menor, déjenme explicarles por qué. Pareciera que esta nueva integración del Congreso de la Unión va a tomar conocimiento por primera ocasión de un asunto trascendente para la vida de las zonas fronterizas de la República. No, no es la primera vez que en esta tribuna se toca este mismo tema, y esto nos debe llevar a hacer una serie de reflexiones.
Quiero sólo desde el punto de vista de referencia mencionarles que el 29 de julio del año 2009, en el Senado de la República se aprobaron resolutivos similares en las que exhortaba a la revisión, suspensión y modificación de este sistema de revisión vehicular.
Posteriormente, el mismo 19 de agosto del año 2009, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en términos similares, sólo que se planteaba la necesidad de generar una investigación de la adquisición de un sistema anacrónico y obsoleto cuando en el mercado existían sistemas que podían contar con los elementos técnicos suficientes para generar el control vehicular sin llevar a cabo esa lentitud que traía como consecuencia la afectación de la economía de las regiones fronterizas.
El 14 de octubre del año 2010 el pleno del Senado volvió a aprobar resolutivos similares. El 14 de abril del año 2011 en los mismos términos, sólo se adicionaba la necesaria comparecencia del titular del ramo.
En la Cámara de Diputados también el 1 de diciembre del año 2009, por el diputado Francisco Saracho Navarro, el 8 de diciembre del año 2009 por el diputado Miguel Ernesto Pompa, el 22 de diciembre del año 2009 por la diputada Laura Elena Ledesma Romo; el 22 de abril del año 2010, del diputado Eduardo Ledesma Romo. Es decir, tenemos que entender todos nosotros que, o hacemos valer la representación que tenemos en esta soberanía o volveremos a escuchar puntos de acuerdo que pretenden obtener un objetivo que favorezca a la sociedad, pero que el vínculo de comunicación entre el gobierno federal y el Congreso no satisface las necesidades de la sociedad.
Por esa razón hacemos propia la solicitud de la creación de un grupo de trabajo, pero no sólo eso, sino que creemos una política pública que no pretenda arrasar con la misma visión central y plana, sino con una idea trasversal de las políticas de desarrollo regional de las entidades federativas. No pueden tratarse igual a ciudadanos que viven en forma diferente, en regiones diferentes, con políticas públicas dictadas desde el centro de la República.
Concluyo diciendo que reconozco el esfuerzo de mi paisano, el diputado Gastélum, recogemos el Grupo Parlamentario del PRI su inquietud que corresponde a las que muchas veces hemos oído ya, que la posición del diputado Angulo nos parece favorecedora en razón de establecer un método de trabajo que no concluye hasta que el asunto termine, y de aquí en adelante los mexicanos podemos ser capaces de estar unidos, si reconocemos en las diferencias las necesidades de consolidar un país que reconozca el valor que tiene cada región.
En aquella vieja y buena época el desarrollo regional traía como consecuencia proyectos productivos que incorporaban a la sociedad a partir de sus necesidades. Hagamos pues de este encuentro una solución, una política que permita que en todas las latitudes de la república los mexicanos dejemos de sentirnos agobiados por el centro, porque en cada ocasión volteamos a la Constitución y decimos; ¿hasta cuándo vamos a revisar la construcción del pacto federal, si la Federación sigue sin entender que en las entidades federativas existe mayoría de edad en los ciudadanos y ciudadanas, que nos permitan darnos políticas que nos incorporen al desarrollo y que nos lleven dinero al bolsillo de los ciudadanos. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Se encuentran en este recinto y les damos la bienvenida con una enorme calidez, a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, invitados nada menos y nada más por el señor diputado Alejandro Montano Guzmán, del distrito Xalapa Rural. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con los numerales reglamentarios, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo de integración plural al interior de la Comisión de Energía, que tenga por objeto específico transparentar todos los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos de 1993 a la fecha. Viene don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz, ya lo extrañábamos en la tribuna.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Dígame qué va a hacer después de las dos de la tarde si nos pagan para trabajar, así es de que no se preocupe.
Es un tema muy delicado el que voy a tratar. La corrupción en México se ha institucionalizado y lamentablemente es protegida, auspiciada y promovida por el gobierno. A lo largo de la historia Pemex ha sido quizá el sector más saqueado del país y además hay una impunidad impresionante.
Lo que voy a tratar ahora y que en principio agradezco, el que los grupos parlamentarios hayan aceptado la consideración de obvia y urgente resolución. Reconozco la voluntad del PRI, del PAN, del PRD, de Nueva Alianza, del Verde y del PT, para elevar a obvia y urgente resolución este punto de acuerdo.
De qué se trata. 1992, se realizó una coinversión de Pemex con una empresa privada Mexicana de Lubricantes. Desde 1992 que se firmó este contrato de coinversión, esta empresa ha tenido pérdidas, la mayoría de acciones está en el sector privado como un inicio de la privatización de Pemex, ocurrido en 1992.
Un año antes de esta coinversión, Pemex Refinación, en esta área, obtuvo 235 millones de dólares de utilidad un año antes. Un año después empezó a tener pérdidas. Pero no sólo eso, a partir de esa fecha esta empresa con la que ha coinvertido Pemex no informa, no tiene los libros de contabilidad y se maneja con una total impunidad.
Pemex ha formulado 60 demandas, desde una denuncia penal por comisión fraudulenta, por asuntos fraudulentos, por administración fraudulenta, hasta demandas fiscales por evasión, elusión, por evasión fiscal, por fraude. Asciende, nosotros estimamos, a una cantidad de 40 mil millones de pesos lo que esta empresa ha generado de irregularidades y de fraude en contra de Pemex.
Sin embargo, déjenme decirles lo más escandaloso, el presidente o gerente de la empresa, con su director, con su secretaria, Salvador Martínez Garza, que es una empresa jalisciense, estado de huevos, recibe al mes 10 millones de pesos de sueldo. Diez millones de pesos por mes. Y entonces, lo más grave es que a pesar de tener todas estas anomalías y de haberse establecido sesenta juicios en contra de Mexicana de Lubricantes, en los que se exigía desde la entrega de estados financieros de los años que habían transcurrido y después de verificar Función Pública y Pemex que existían irregularidades en la administración de esta empresa de coinversión, Pemex mágicamente, el 22 de agosto, es decir, hace quince días, decide volver a suscribir convenios de coinversión con esta empresa, Mexicana de Lubricantes, de esta empresa jalisciense.
Es decir, a pesar de lo que hay, antes de la conclusión de sexenio, hace 15 días Pemex firma y dice, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva y empieza de nuevo un proceso de coinversión con esta empresa que ha defraudado el patrimonio nacional en casi 40 mil millones de pesos y que sus funcionarios ganan 10 millones de pesos mensuales, a costa del robo y del fraude a una empresa del Estado mexicano.
Es muy grave, quizá muchos estén en la ingenuidad o hasta en la frivolidad, de los funcionarios públicos de Pemex, pero esto que está ocurriendo no puede pasar desapercibido en el Congreso. En cualquier otro país del mundo –termino, presidente, sé que es tolerante– esto sería un escándalo.
¿Qué es lo que estoy planteando? Estoy planteando un grupo plural. No adelanto juicios, no adelanto ni prejuzgo. Un grupo plural que investigue por qué razón el director de de Pemex ha reanudado relaciones de coinversión con una empresa que ha defraudado al país, al Fisco y a los mexicanos. ¿Vamos a permitir que sigan cobrando los funcionarios de esta empresa privada 10 millones de pesos mensuales? –Les pregunto. Ésa es mi petición.
Y termino reconociendo la actitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios para iniciar este proceso de investigación a la brevedad posible. Ojalá y pronto tengamos los representantes de cada grupo para investigar. No lo merece el país, no lo merece nuestra nación. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. En términos del 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, hasta por tres minutos, como una llamada de teléfono.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Algunas mujeres hablamos más de tres minutos por teléfono, presidente, pero le agradezco la advertencia. Con su venia, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar no solamente el apoyo del Partido del Trabajo a este punto de acuerdo que se presenta hoy como de obvia y urgente resolución, sino a razonar también el por qué lo hacemos.
Este punto de acuerdo se refiere no solamente a investigar la flagrante violación a la Constitución que la paraestatal ha incurrido en celebrar diversos contratos económicos privados con diversas empresas financieras y otras de explotación, algunos ya por supuesto aprobados por la Suprema Corte de este país.
El PT, como ya lo dije, no puede más que unirse a dicha petición, pero para hacerlo vale hacer un poco de historia, compañeros diputados. Hace ya más de tres años hubo una iniciativa similar en esta Cámara, que pretendía investigar todos los contratos comerciales que Pemex había hecho hasta le fecha. En aquella ocasión la mayor motivación de la creación de esta comisión era investigar la participación de Juan Camilo Mouriño, finado, en los mismos.
Desgraciadamente, como sucede en algunas ocasiones en esta Cámara de Diputados, con una negociación obscura, por no decir en la opacidad de las cúpulas de esta Cámara, a pesar de que los promoventes habían levantado la firma ya de más de un tercio de los diputados de distintos grupos parlamentarios de este Congreso, la iniciativa fue negada.
La corrupción y la opacidad –como ya lo dijo el diputado Monreal– de Pemex y sus relaciones comerciales es un secreto a voces, o diría yo: un secreto a voces y periodicazos. Lo más claro es obviamente y la punta del iceberg es esta relación de la que ya habló el diputado Monreal y de la que no ampliaré más, que en resumir que Mexlub tiene 60 juicios en su contra por la falta de presentación de estados financieros de 2001 a 2005 y el 7 de julio de 2006 le ha sido iniciado un procedimiento a raíz de denuncia por hechos, por administración fraudulenta de la cual no sabemos nada.
Y finalmente, y trataré de concluir rápidamente, señor presidente, la más escandalosa el 16 de agosto del año pasado con la venia de la Suprema Corte de Justicia se asignaron a la británica Petrofac y a la Mexicana Administradora de Proyectos de Campo, los primeros contratos privados para operar campos petroleros maduros desde 1938 que fue cuando se nacionalizó la industria.
Es pues éste un punto de acuerdo necesario, que como el diputado Monreal ha comentado en esta tribuna, debe de hablar de nuestra responsabilidad y no de nuestra frivolidad como legisladores, porque al no aprobarlo y al negar la importancia de esta comisión es casi como hacernos cómplices de la opacidad y la falta de interés, de enderezar la paraestatal en su operación y mejorarla para que sea la gran empresa que puede ser. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
Don Tomás Torres Mercado. Perdóneme. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Para reiterar nuestra propuesta de punto de acuerdo, para que se constituya este grupo de trabajo plural al seno de la Comisión de Energía, a efecto de que se investigue no solamente el manejo sospechoso, este manejo corrupto, este manejo donde claramente se ven tráfico de influencias, sino también para hacer una revisión puntual de la situación financiera y de las actividades comerciales que se han llevado a cabo por Petróleos Mexicanos desde 1993.
No es un tema menor el que se está planteando y debemos reconocer la apertura de los grupos parlamentarios para tratar este tema. Sin lugar a dudas la gran demanda ciudadana de hoy es la transparencia y el combate a la corrupción. Hoy se habla de constituir comisiones anticorrupción, de darle mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y se anuncia con bombo y platillo.
Nosotros creemos que la mejor manera de transparentar y demostrar a la ciudadanía que efectivamente vamos a un combate a fondo a la corrupción, es con decisiones como la que estamos planteando.
Un grupo de trabajo que examine las finanzas de la principal empresa de México que es Petróleos Mexicanos, porque no cabe duda que los últimos ejercicios de dirección y de los directores generales de esta empresa estratégica y prioritaria de la nación, han estado marcados por la opacidad, por el tráfico de influencias, por el contubernio y por los negocios al amparo del poder.
Es tiempo de poner un alto a esta situación y hacer de Petróleos Mexicanos una empresa de todos, que le sirva a la nación y no solamente un resumidero de corrupción y de negocios para unos cuantos.
Por eso agradecemos que los grupos parlamentarios estén a favor de este punto de acuerdo. Será un primer paso para un combate a fondo a la corrupción y ganar en materia de transparencia en el país. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Tomás Torres Mercado tiene el uso de la voz.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano presidente. Nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, participará en propuestas como ésta y las que haya que discutir que establezcan principios de transparencia y de rendición de cuentas en el manejo de los recursos de la nación, entidades o dependencias del gobierno nacional.
Acompañaremos igualmente todas aquellas que tengan que ver con la fortaleza y con las facultades de investigación y de control del Congreso mexicano en un plano de equilibrio y de colaboración con los otros poderes de la unión.
Vemos sin embargo necesario en una cuestión de procedimiento, decir, estimadas diputadas y diputados, en una cuestión de procedimiento, de que el Partido Verde se pronuncia por la fortaleza, la salvaguarda del órgano colegiado que califica o no de urgente y obvia resolución un punto de acuerdo.
Este espacio de entendimiento, este espacio de convergencia política para poder llevar adelante los trabajos de esta Cámara, fue la que determinó cuáles puntos serían tratados como de urgente u obvia resolución.
Vamos con él. Pero también planteamos congruencia con lo dicho al seno de ese órgano colegiado, porque luego allá se dice una cosa y acá puede decirse otra.
Las firmas en la Junta de Coordinación Política no necesariamente precipitan o anticipan el sentido de la votación de los grupos parlamentarios. Estamos de acuerdo; iremos a favor.
Esta cuestión de procedimiento tiene que ver con que un grupo plural de trabajo dependerá de una comisión, la de Energía, se dice. ¿Le acompaña la urgente y obvia resolución? O la subordinamos a la instalación de la Comisión de Energía, porque el privilegio en el trámite de esta propuesta, es el mismo privilegio de las propuestas que tenemos para crear comisiones especiales o grupos plurales de trabajo.
En aras de la congruencia y del acuerdo político, votaremos a favor como lo haremos en aquellos asuntos en los que repito, revelen utilidad política, utilidad social y sobre todo, pongan adelante el acuerdo político de los propios grupos parlamentarios. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, tiene el uso de la voz.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Con su venia, ciudadano Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, respaldamos y valoramos plenamente la propuesta que aquí se ha hecho por parte del Partido Movimiento Ciudadano.
Consideramos que tenemos que partir de una premisa fundamental: Pemex no es patrimonio del gobierno, Pemex es patrimonio de todos los mexicanos y por lo tanto debemos transparentar su manejo, su actuación en beneficio precisamente de la tranquilidad de todos los mexicanos.
En los últimos años mucho se ha hablado y se ha escrito en torno a oscuros manejos financieros de Pemex. Se habla de que Pemex tiene recursos, cuantiosos recursos en paraísos fiscales. Se habla de que Pemex tiene coinversiones en refinerías en distintas partes del mundo.
Incluso hace algunos meses se suscitó en España un escándalo de trascendencia nacional en aquel país en torno a la participación, a la importante participación de Pemex dentro del Consejo de Administración de la petrolera española Repsol. Paradójicamente, lo que fue un motivo de debate en la sociedad española, en México si acaso fue mención únicamente mediática, cuando debió haber sido un tema importante y que se debió haber informado a esta soberanía, tratándose de una empresa que es patrimonio de los mexicanos, como ya he dicho, y que por lo tanto su actuación, incluso al interior de otras empresas y de otras transacciones financieras internacionales, tendría que transparentarse frente a esta Cámara.
Por eso aplaudimos esta propuesta. Nos parece que puede ser la punta de un iceberg, como por ejemplo también la sistemática preferencia hacia empresas extranjeras que hoy en el sureste del país desplazan a la mano de obra mexicana y contratan de manera voluminosa mano de obra extranjera, principalmente venezolana, colombiana y canadiense, en detrimento de los mexicanos.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática decimos con toda claridad que votaremos para que se conforme este grupo plural de trabajo para transparentar los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos de 1993 a la fecha.
Que sea por el bien de Pemex, por la transparencia de Pemex, por el bien de México y también por la emancipación de esta Cámara para que asuma plenamente sus facultades constitucionales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del PAN, de Celaya.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores: para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional un mecanismo efectivo contra la corrupción es que toda la información sea pública y accesible a los ciudadanos que la requieran, lo que obliga a que todo acto de gobierno se transparente al grado tal que cualquier ciudadano tenga pleno control sobre los programas y sus resultados, tanto de la administración pública federal como estatal y municipal.
Es por esto que para Acción Nacional es importante continuar promoviendo mecanismos de acceso a la información oportunos y eficaces de la gestión de gobierno, a grado tal que cada peso que se ejerza en el presupuesto se refleje verdaderamente en mayor bienestar para los mexicanos.
De igual forma, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son un derecho absoluto de la sociedad mexicana, requisito fundamental para una verdadera democracia y una obligación de gobierno en todos sus órdenes.
En este tenor de ideas, la situación delicada que enfrentan Pemex, Lubricantes de México y la empresa privada e impulsora jalisciense, desde inicios de la década de los años 90, a partir de una manejo poco transparente en los concursos de licitación junto con una actitud de plena falta de presentación de información financiera y operativa, únicamente ha arrojado que la opinión pública exija a las autoridades la aclaración definitiva del asunto y se tomen las determinaciones que correspondan conforme a la ley.
Adicionalmente, a inicios del presente año la Auditoría Superior de la Federación también informó del posible ocultamiento de información financiera entre estas empresas, por lo que para mi bancada esta situación nos obliga, desde este Congreso, a retomar con rigor y seriedad el asunto con el firme propósito de que se aclare y se transparente toda la información a la sociedad mexicana.
Compañeras y compañeros, a la ciudadanía le consta que ha sido a partir de los gobiernos de Acción Nacional cuando se inició verdaderamente la modernización y el fortalecimiento del entramado legal e institucional que hoy sustenta nuestro sistema de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno federal.
Además es en este gobierno que el Ejecutivo federal presenta al Congreso la iniciativa de Ley Anticorrupción, la cual ya se aprobó y le da al Ejecutivo herramientas para poder actuar en contra de actos de corrupción, de fraude de empresas que intentan dañar el erario federal, es una prueba contundente de la firmeza de los gobiernos de Acción Nacional a favor de la plena transparencia y rendición de cuentas. De igual forma, la iniciativa que retoma la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de propiciar y proteger la denuncia de actos de corrupción, entre otros.
Finalmente, la iniciativa que el presidente de la República le hizo llegar al Congreso federal a inicios del presente mes, y que está siendo analizada en el Senado de la República para homologar la legislación de contabilidad gubernamental en los estados, también promueve la homologación del sistema de transparencia y rendición de cuentas en las órdenes de gobierno.
Compañeras y compañeros, Acción Nacional está a favor de que se combata y se elimine a la corrupción. Acción Nacional nunca ha dudado que la mejor forma de eliminar este flagelo es mediante la actitud firme y decidida de la población al exigirle al gobierno que utilice de manera eficaz y transparente sus impuestos, y que la mejor forma de corroborar esta obligación es mediante la entrega de más y mejores bienes y servicios públicos.
De esta forma es como se puede evaluar mejor el funcionamiento y la efectividad del gobierno federal. Si esto no sucede, la labor del gobierno indudablemente no es la óptima, situación que nos obliga como Poder revisor del ejercicio del gasto, a una mayor promoción de transparencia y rendición de cuentas, pero con el acompañamiento decidido de la voz de los ciudadanos, quienes son finalmente los que deben calificar la labor del gobierno.
Es por eso que mi bancada está a favor de aprobar la formación de un grupo de trabajo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don José Rangel Espinosa finaliza la ronda.
El diputado José Rangel Espinosa: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted lo tiene.
El diputado José Rangel Espinosa: En primer término felicito a las diputadas y a los diputados por el alto honor de llegar y de estar, por ocupar un lugar en el más importante recinto para la vida republicana de nuestro querido país, de nuestro querido México.
Con este sentimiento y con la responsabilidad adquirida frente a los ciudadanos, desde siempre pero sobre todo por las manifestaciones públicas que realizamos los priístas en los pasados meses de abril, mayo y junio, los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos de acuerdo con la propuesta, porque es consecuente con los compromisos del presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, para que las dependencias, organismos, fideicomisos públicos, poderes, partidos políticos y otras asociaciones, incluyendo los movimientos, transparenten sus operaciones y se prevenga, y en su caso se combata la corrupción que se pudiese presentar.
Reconozco una gran calidad en los legisladores de todos los partidos, por lo que les exhorto para que moderen sus actitudes, evitando las expresiones demagógicas o que agredan a las instituciones de interés público, por supuesto a las personas.
Encontré una expresión grosera, vulgar, en la exposición de motivos de la propuesta en comento, por lo que me voy a permitir citar algunas disposiciones al respecto, contenidas en las normas de la Cámara de Diputados, se refiere a las obligaciones.
Artículo 8, fracción IV, del Reglamento. Son obligaciones de los diputados, dirigirse con respeto y cortesía a sus compañeros y compañeras de instituciones.
Fracción V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo dentro y fuera del recinto, con el decoro y la dignidad que corresponden a su investidura.
Fracción VII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeña.
Es por ello que hago el exhorto y seguramente todos los diputados, estoy seguro que están de acuerdo con un servidor, o casi todos, es decir, 499 para ser preciso. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos que se someten a la consideración.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Proposiciones.
Se recibió del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el estudio y atención de la problemática de los ninis en México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió del diputado José Alejandro Llanas Alba, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Movilidad Sustentable.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Michoacán y a las autoridades competentes, a esclarecer la desaparición de tres jóvenes en Paracho, Michoacán.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió del diputado Salomón Juan Marcos Issa y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, proposición conpunto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Industria Automotriz.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Igual trámite.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de promover acciones contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió del diputado Amilcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la conservación de la Selva Lacandona y las cañadas que la integran.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la lucha contra la trata de personas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial de coordinación legislativa de la Cámara de Diputados con los congresos locales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (14:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 20 de septiembre de 2012 a las 11 horas en punto. Y se les informa que las listas de registro de asistencia estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo principal del salón de sesiones.
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