Comunicaciones
De la Secretaría de Hacienda, con informe sobre el SAE
De la Cámara de Senadores, con solicitudes de dictaminación
Del Congreso del Estado de Guanajuato, con iniciativas
Iniciativas de diputadas y de diputados
José Antonio León Mendívil, PRD
María Beatriz Zavala Peniche, PAN
Julio César Moreno Rivera, PRD
Jorge Francisco Sotomayor Chávez, PAN
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano
Minuto de silencio por el deceso de 30 trabajadores en una planta de Pemex
María Sanjuana Cerda Franco, Nueva Alianza
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
Lourdes Eulalia Quiñones Canales, PRI
Francisco Agustín Arroyo Vieyra, PRI
Turno a las iniciativas no presentadas en tribuna
Proposiciones de diputadas y de diputados
Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, PRI, relativa a las tarifas de la CFE en Chihuahua
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Siendo las 11:00 horas, en punto, se ruega a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados en la inteligencia de que por el día de hoy estamos utilizando tanto el registro de firmas como ya el registro electrónico.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:01 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
Esta Presidencia informa a la asamblea que todos los asuntos que se vayan a turnar a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo con Elenita Sánchez Algarín, en tanto se integran las comisiones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que se informa que en agosto de 2012, el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente dieron destino a mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con las siguientes solicitudes:
1. De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la minuta con el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Q, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su debida atención.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: 2. De los senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los sentimientos de la Nación; y se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario del Congreso de Anáhuac.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para su atención.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron del Congreso del Estado de Guanajuato las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 21 con un tercero y cuarto párrafos de la Ley General de Educación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para los efectos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: 2. Con proyecto de decreto que adiciona un subtítulo y un numeral 162 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo; y se reforma el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para dictámenes.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado...
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Para qué efectos, diputado? Sonido en la curul del señor diputado don Gerardo Villanueva.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): No se puede.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí se puede, nada más píquele. Sonido en la curul de don Gerardo Villanueva, para darle la atención que se merece. Oprima el botón, por favor. Don Gerardo Villanueva van a su curul de tal suerte de que con su huella el equipo de sonido funcione. A ver, un micrófono para don Gerardo Villanueva. Adelante, diputado Gerardo.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Agradezco mucho que me permita hacer esta recomendación.
El día martes 18 de septiembre realicé un foro con el tema de la energía eléctrica y existió una disposición que no sé de dónde partió, para evitar a los invitados a este foro el acceso a este recinto.
Les quiero rogar a los integrantes de la Mesa Directiva, y hacerlo a través de su conducto, para que se respete el acceso de la ciudadanía a este Palacio Legislativo en el que, al ser un espacio público, debe darse un trato de dignidad, no discriminatorio y abierto.
Es cuanto y muchas gracias, diputado presidente, solicitando su intervención para que los días de sesión los ciudadanos que vienen a ver a las diputadas y a los diputados, no sufran maltrato por el personal que atiende los accesos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Gerardo. Esta Presidencia toma nota y aplicará las medidas pertinentes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio León Mendívil para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas.
El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: comparezco ante la más alta tribuna del pueblo mexicano para someter a la consideración de esta soberanía una adición al artículo 4 de nuestra ley fundamental para consagrar el derecho constitucional al bienestar; un derecho indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Nuestra Carta Magna no consagra este derecho de manera explícita. Los derechos humanos, más que cultura deben ser hechos que incidan en la vida cotidiana hacia el desarrollo y felicidad de todos los mexicanos.
El bienestar de cada individuo constituye uno de los elementos sustantivos de las obligaciones primarias del Estado. Esta condición humana no se logra de manera automática o por el libre juego de las fuerzas del mercado. Es indispensable que la acción del Estado, mediante el ejercicio de políticas públicas, se oriente de manera sistemática y permanente al logro del bienestar de la población.
En las actuales circunstancias históricas del país los excesos de las políticas neoliberales han conducido a una situación de crisis que se expresa en desempleo creciente, disminución del poder adquisitivo del salario, incremento de la pobreza y de la pobreza extrema y en general en el deterioro de las condiciones generales de vida de la población, lo que se manifiesta en la violencia generalizada, la falta de atención a los grupos sociales y en mayor grado de vulnerabilidad y en general la insatisfacción social debido a la crisis social y económica recurrente por la que atraviesa el país.
Esta situación nos conduce a revalorar los fundamentos esenciales que el Estado mexicano debe tener como eje rector de la acción cotidiana. El papel del Estado en la consagración y tutela de los derechos humanos, destacadamente los de carácter social, como base para un real desarrollo, recuperación de la dignidad humana y paz social. Debe conformar elementos centrales del diseño de la política pública. Un Estado que no tiene como prioridad el respeto por la vida y la justicia social no tiene sustento.
Finalmente, el Estado ha sido construido justamente para garantizar el bienestar de la población. Es por lo tanto necesario fortalecer mediante el mandato constitucional las atribuciones del Estado mexicano para que el bienestar social e individual sean las premisas básicas de donde se desprenda el conjunto de las políticas diseñadas y ejecutadas por el Estado.
Entendemos el bienestar como la síntesis de todos los derechos humanos, donde se incluya la suma de los satisfactores esenciales para la vida, la alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo, así como todos los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y los de tipo solidario como el medio ambiente sano y acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, entre otros.
El derecho al bienestar que aún no está consagrado plenamente en nuestra Constitución, sí está consignado en diversos tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado, así como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedades, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.
Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales manifiesta: los Estados por parte del presente pacto reconocen que en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a las limitaciones determinadas por la ley y otros tratados que nuestro partido ha signado a nivel internacional, por ello considero importante en este momento comentarles que no es posible que nuestro entrante presidente electo se convierta en cabildero de una ley laboral que perjudica el bienestar de los mexicanos.
Me parece sustancial e importante que todos nosotros, y pido a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que aprobemos esta modificación al artículo 4o. constitucional que establece: Toda persona tiene derecho al bienestar, debiendo ser garantizado por el Estado con efectividad, con la participación directa de la familia y la sociedad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Julisa Mejía Guardado, del PRD, para presentar iniciativa de decreto que reforma los artículos 40, 41 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Quiero, a la vez de presentar la iniciativa en cuestión, inaugurar el día de hoy una serie de denuncias por la situación que guarda el estado de México, me propongo con esto fotografiar con datos oficiales de instituciones reconocidas, la realidad en mi entidad.
El número de homicidios registrados en nuestro país en 2011 fue de 27 mil 199, lo que supone 24 por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta de este sexenio, según los últimos datos del Inegi.
A decir del Instituto, la proporción de muertes por cada 100 mil habitantes supera las 23 registradas en 2010, las 18 en 2009 y las 13 de 2008, las 8 de 2007. Por entidades, el estado de México ocupa el deshonroso segundo lugar con 2 mil 613 muertes.
De enero de 2011 a lo que va de 2012, se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones sexuales y mil casos de feminicidios, según datos de la propia procuraduría estatal.
De existir la figura que ahora propongo, el 52 por ciento, que somos las mujeres en el estado, solicitaríamos la revocación del mandato del gobernador en turno, por su incapacidad para garantizar nuestro derecho humano a una vida digna y de respeto.
Todo poder público dimana del pueblo y todo público se instituye para beneficio de él. Ésa es la consigna y el espíritu plasmado en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, lo que significa que es imposible concebir la democracia sin entenderla como una consecuencia de la soberanía, esto mismo explica la aparición del estado. El pueblo decide unirse y adoptar determinada forma de gobierno, nombrando a sus propios gobernantes.
En las democracias actuales la voluntad de la nación se dicta, no sólo a través de la elección de sus gobernantes, se decreta también en el derecho de expresar la voluntad a través de un instrumento como el presupuesto participativo, la revocación de mandato, la afirmativa ficta, la auditoría social, la iniciativa ciudadana, gestión y autogestión social, el referéndum, el plebiscito, derecho de audiencia pública, consulta ciudadana, acción popular de inconstitucionalidad, entre otras, que son prácticas y figuras de la democracia directa y semidirecta participativa.
Así como la división de poderes es un obstáculo para el abuso del poder, los mecanismos de democracia participativa deben ser entendidos y utilizados como mecanismos de control del poder público estatal.
Con la iniciativa en consideración buscamos establecer la prioridad de seguir con las definiciones constitucionales de la democracia participativa y deliberativa, o democracia directa, que inició la Legislatura que nos antecedió e incorporar nuevas figuras a la forma de gobierno de nuestro Estado mexicano.
Reafirmo, la democracia directa es la participación inmediata del pueblo, sin intermediarios, en los asuntos públicos. Tal participación se considera como expresión de la voluntad popular y tal democracia se ejerce mediante diversos mecanismos que ya he expresado, y su ejercicio no debe ser impedido.
La revocación de mandato, tal como ya se maneja en muchos estados de la República, puede ser una muy buena herramienta a través de la cual la ciudadanía no tenga que esperar a que transcurra todo un periodo, una vez que se ha elegido el representante y que hasta la siguiente fecha electoral emita su voto de castigo o de descontento. Sino que antes puede expresarse a través de este ejercicio democrático, manifestando que se está o no se está de acuerdo con los planteamientos y el ejercicio llevado por el mandatario en turno al cual eligió.
Por lo que asimilándose a los sistemas parlamentarios, pero en este caso, vía la ciudadanía, se le cancele al mandatario su voto de confianza, emitiendo ahora un voto de censura, de revocación, haciendo sentir el ciudadano su propia decisión.
En la doctrina se han tratado los claroscuros de este tema, que señala que puede llegar a ser contraproducente y dar poca estabilidad y margen de acción al mandatario en turno.
Sin embargo, la notable situación de hartazgo de la población, que se considera ignorada siempre por la clase política, puede generar mayores consecuencias si no se crean mecanismos que la hagan sentir parte importante del acontecer diario nacional.
Por lo anterior expuesto propongo a esta soberanía proyecto de decreto que reforma el artículo 40, 41, y la fracción XXIX-O, del 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato y facultar a esta Cámara de Diputados la legislación correspondiente al tema. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra nuestro muy apreciado amigo, don José González Morfín, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entiendo que va a ser referencia también a otra iniciativa que tiene, respecto del artículo 116. Esta Presidencia, tratándose de dos iniciativas en una sola intervención, será por demás tolerante.
El diputado José González Morfín: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Seré respetuoso del tiempo que me corresponde, pero quiero aprovechar la oportunidad para presentar estas dos iniciativas.
La primera de ellas, la que suscribo como integrante de esta LXII Legislatura del Congreso, parte del Grupo Parlamentario del PAN, propone la reforma del párrafo primero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que sean las legislaturas de los estados, en las Constituciones locales, las que definan las modalidades para la elección de los ayuntamientos.
Hay que decirlo, no fue el Constituyente del 17 el que introdujo la prohibición de la elección consecutiva de ayuntamientos o de alcaldes, de regidores, de síndicos. Fue hasta 1933 en que se introdujo una redacción al artículo 115 constitucional para prohibir la reelección inmediata de las autoridades municipales.
Al extremo, hay que decirlo, en el ámbito municipal no sólo se prohíbe la reelección del presidente, sino que incluso los integrantes del ayuntamiento; regidores, por ejemplo, no pueden ser electos como presidentes municipales para el siguiente periodo constitucional para el que fueron electos como regidores.
Por eso proponemos reformar el artículo 115 constitucional, a fin de que los estados de la república sean los que señalen las modalidades y límites de la reelección con base en las condiciones de cada una de las entidades federativas.
Se plantea la posibilidad de conferir a los estados la potestad de decidir sobre la forma y términos en que deba efectuarse la elección de sus gobiernos municipales, así como la integración de los ayuntamientos y la posible continuidad o no de sus integrantes.
Para el Partido Acción Nacional es indispensable que México se encuentre al día en estos temas, razón por la cual incluyó en su plataforma, como uno de sus temas prioritarios, esta reforma. Nuestro Grupo Parlamentario del PAN también la hizo suya en nuestra agenda legislativa para este periodo de sesiones. Con ella se busca una verdadera transformación de las instituciones del México actual, por eso como partido y como grupo estamos decididos a impulsar las reformas constitucionales necesarias para permitir a los ciudadanos elegir consecutivamente por periodos determinados a las autoridades municipales.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dice: Las constituciones de los estados definirán las bases de la elección de los integrantes de los ayuntamientos.
El segundo transitorio de la reforma diría lo siguiente:
Segundo. Las Legislaturas estatales adecuarán sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su entrada en vigor. En tanto se realizan dichas adecuaciones se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.
Esta reforma, hay que decirlo, fue aprobada en la anterior Legislatura en la Cámara de Senadores, no así en la Cámara de Diputados, es por eso que el día de hoy la traemos a esta tribuna y pedimos se turne a comisiones. Al igual que la iniciativa por la que se reforma el artículo 116 constitucional, para quitar el candado a las candidaturas independientes.
En la última reforma política quedó aprobado en el artículo 35 constitucional como un derecho ciudadano el ser postulado como candidato independiente, no más, nunca más las candidaturas, monopolio exclusivo de los partidos políticos.
En el artículo 116 sigue vigente esta prohibición en el ámbito local. Esta reforma también había sido aprobada en dos ocasiones por la Cámara de Senadores y en dos ocasiones fue rechazada por la Cámara de Diputados, por eso la traemos aquí como Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que estos temas que fueron rasurados –por decir de algún modo– a la última reforma política y que ya habían sido consensuados en la colegisladora, sean también abordados, y por qué no decirlo, aprobados en esta Cámara de Diputados, en esta LXII Legislatura.
Los ciudadanos lo reclaman, no más las candidaturas, monopolio exclusivo de los partidos políticos. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don José González Morfin. Túrnense ambas a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Gloria Bautista Cuevas del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las mexicanas y los mexicanos vivimos una era de crisis desde la económica, social, moral, de seguridad, de valores y no digamos en el ámbito político. En medio del desastre nacional que hoy vivimos, ante el insulto recurrente de la actual política económica para generar millones de pobres en México y en el mundo.
Resulta inmoral e inhumano empobrecer a las familias y luego traficar con su pobreza en cada proceso electoral. Hoy podremos decir, después del insultante veredicto de un tribunal electoral venido a menos como una corte medieval, que la elección federal de 2012 y su producto televisivo pasará a la historia como la elección de la pobreza.
Y éste, como muchos temas que a millones sí nos preocupan y que no compartimos el traficar con la pobreza y marginación para hacernos de cargos públicos, generaron mi inquietud para presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión ordinaria de Alimentación.
Honorable asamblea, todos sabemos quiénes han sido los responsables de esta crisis alimentaria, así como la cesión de nuestra soberanía alimenticia en detrimento de todas las familias del campo, hombres y mujeres del maíz que provocaron una crisis no sólo de alimentos, sino humanitaria y de miles de desplazados de los campos a las grandes ciudades.
Y, más grave aún, provocando con ello el aumento de la inmigración a los Estados Unidos, en particular a sus campos agrícolas en muchos casos expuestos a los productos agroquímicos que les ocasionan daños irreversibles a su salud y sin garantías de seguridad social ni contratos de por medio.
Esta crisis alimentaria se ha acentuado considerablemente en los últimos tiempos, generando considerables aumentos de precios a la canasta básica, según ha sido avisado por organismos internacionales como la FAO, el Banco mundial, la CEPAL y algunos expertos y universidades públicas y privadas.
Esta Honorable Cámara de Diputados debe de estar a la altura de las circunstancias que el país necesita y debemos dar respuesta como parte del Estado mexicano, correspondencia al marco constitucional que otorga el reconocimiento al derecho a la alimentación, por lo que el Congreso debería de emitir una “ley de emergencia alimentaria” y la “ley general del derecho a la alimentación”, iniciando por reformar la Ley Orgánica del Congreso General para crear la “comisión ordinaria de la alimentación” como instancia garante de este derecho constitucional y encargada de implementar las reformas y adecuaciones al marco jurídico, así como las recomendaciones a las políticas públicas necesarias en la materia.
Existen razones importantes para crear esta comisión de la alimentación y existen datos alarmantes que obligan a dar celeridad en la atención al problema alimentario en nuestro país.
Permítanme comentarles sólo algunas consideraciones:
1. Que el pasado 13 de octubre de 2011 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 4o., donde se reconoce el derecho a la alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de la misma Constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para atender este propósito.
Éste fue un proceso legislativo de gestión, de cabildeo y de concertación que significaron 17 años de intenso trabajo hasta llegar a la aprobación por la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y 18 congresos locales, de la reforma constitucional del artículo 4o., de nuestra ley suprema.
Mientras que la adición a la fracción XX del artículo 27 establece: El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entres sus fines, que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
2. Que por su parte la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, autorizó un monto de 38 mil 830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del programa del Derecho a la Alimentación, de los cuales 33 mil 982.3 millones de pesos fueron asignados a la Sedesol y 4 mil 848.4 millones a la Sagarpa, identificados como programa 11 del PEC.
3. Que la reforma constitucional tiene como propósito atender la difícil situación de pobreza alimentaria en la que vive aproximadamente el 25 por ciento de la población del país, principalmente la población rural, por lo que esta reforma parte de las siguientes consideraciones:
Según el último reporte del Coneval, en México existen 58 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, 28 de ellos con la consideración de pobreza alimentaria, de los cuales 20 millones viven en el campo.
Señores diputados: pongo a su consideración que tomen en cuenta que es urgente hacer que la propuesta que hoy traemos para crear la comisión de alimentación la aprueben ustedes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, doña María Beatriz Zavala Peniche, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso de la Mesa Directiva, del presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, honorable asamblea: la iniciativa que voy a presentar es una iniciativa que comparte el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en materia de transparencia en el uso de los recursos y de los programas sociales.
La pobreza actualmente es uno de los graves problemas que aquejan a nuestro país. Ciertamente se ha atendido esta situación con programas sociales con el objeto de combatir las condiciones de la pobreza en que se encuentra un amplio sector de la población en nuestro país.
La transparencia en el manejo y operación de los programas sociales, así como en los recursos públicos destinados para tal afecto, hace necesaria la implementación de mecanismos y herramientas de control que posibiliten, tanto ponderar el desempeño de esos programas sociales, como también impedir su uso para cuestiones distintas para las que se crearon, es decir, por ejemplo con fines electorales.
En este sentido, a nivel federal se han implementado medidas y candados para proteger los programas sociales y acciones institucionales ante posibles conductas irregulares; sin embargo, todavía se conserva opacidad en el manejo de recursos para la aplicación de programas sociales en los estados de la república.
Por tal motivo, es necesario que, al igual que existen disposiciones normativas que controlan al gobierno federal al momento de operar los programas sociales, los gobiernos de las entidades federativas estén sujetos también a una regulación similar, impidiendo con esto una aplicación indebida en el otorgamiento de los recursos y de los programas sociales.
El gran número de programas que se operan a nivel estatal, municipal, además de aquellos en coparticipación entre los tres niveles de gobierno, plantean la necesidad de legislar sobre esta área, es decir, fortalecer la transparencia en el uso y operación de los programas sociales. Esta es una reforma a la Ley General de Desarrollo Social con el fin de que los beneficiarios y las instituciones encargadas del desarrollo social tengan un conocimiento transparente de los beneficiarios y de los programas sociales a nivel nacional, se requiere esta normatividad expresa. De ahí que sea necesaria la elaboración de un solo registro de beneficiarios y programas de desarrollo social que incluya a los federales, estatales y municipales.
Por eso la iniciativa que presentamos ante ustedes propone ampliar la definición de padrón vigente en la Ley General de Desarrollo Social para conceptualizarla como una relación oficial de beneficiarios que incluya a las personas atendidas por los programas federales, estatales y municipales de desarrollo social, padrón nacional de beneficiarios y base nacional de datos de desarrollo social y la cual contiene la información relativa a los programas federales, estatales y municipales. Es decir, presupuestos por programas, reglas de operación e indicadores de resultados y de desempeño de los programas sociales.
Adicionalmente se protege los datos personales contenidos en la base de datos nacional y de los padrones de beneficiarios, prohibiendo desde luego su utilización con fines político-electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto, sancionando el uso y manejo indebido de dicha información.
Es por eso que estamos presentando esta iniciativa a este honorable pleno que reforma y adiciona la Ley General de Desarrollo Social para la transparencia y el buen manejo de los recursos de apoyo al desarrollo social.
Me parece que estamos en un buen momento, próximamente tendremos cambio de gobierno y creo que podemos tener un consenso adecuado para que esta iniciativa se dictamine y tanto el gobierno federal próximo como los gobiernos de las entidades federativas conserven la transparencia donde ya la tenemos, en la aplicación de los programas sociales y se amplíe esta transparencia a los otros órdenes de gobierno, principalmente a las entidades federativas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para los efectos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por 5 minutos tiene el uso de la voz don Julio César Moreno, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Honorable Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros diputados, en la pasada elección federal es por todos conocida la inmensa cantidad de recursos de dudosa procedencia que empleó el entonces candidato a la Presidencia de la República, el señor Peña Nieto.
De entre el exceso de recursos que existieron, por ejemplo, se cuentan los cientos de spots en salas de cines que invitaban a votar por él, los cuales obviamente no se encuentran reflejados como gastos de campaña, porque actualmente la legislación electoral no fiscaliza este tipo de propaganda encubierta.
En este ánimo, es que someto a su consideración el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 4o., 5o., 49, 56, 228, 229, 341, 345, 350 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de subsanar estas lagunas de ley que dolosamente fueron aprovechadas para beneficio del entonces candidato.
Además de lo anterior, la reforma que someto a su consideración pretende que el tiempo en radio y televisión asignado a los partidos políticos preferentemente sea utilizado para promover las propuestas programáticas de los partidos y sus candidatos, con el objeto de darle mayor profundidad a los mensajes de las campañas electorales y mayores elementos a la población para que los electores efectivamente estén informados de las propuestas que hagan los partidos políticos y sus candidatos.
De aprobase la reforma que el día de hoy presento ante este pleno, se fiscalizará el gasto en su publicidad electoral contratada en todos los medios impresos, radio, televisión, salas de cine, por los candidatos, los partidos políticos o terceras personas, y de esta manera se evitará que haya propaganda encubierta, es decir propaganda insertada en los medios sin ningún tipo de control.
Por ello, para evitar que se haga uso indiscriminado de recursos que se deben fiscalizar en todo tipo de proselitismo, y así exceder los topes en gastos de campaña y por supuesto se harán acreedores a las sanciones que estipula la legislación electoral.
Al regular los contenidos electorales que pudieran hacerse en sitios públicos visualmente no se utilizaran para hacer proselitismo, como son, entre otros las salas de cine, estaremos otorgando a futuras elecciones mayores elementos para lograr una verdadera equidad entre los contendientes, más aún si tomamos en cuenta lo acontecido hace unos meses como se ha señalado en la elección federal, donde un candidato contó con la asesoría de los poderes fácticos, los medios técnicos y millonarios recursos de dudosa presidencia, que evidentemente lo catapultaron desde al gubernatura del estado de México a la Presidencia de la República.
En razón de los anteriores argumentos, nuestro grupo parlamentario, preocupado por las conductas y los hechos anteriormente comentados, propone realizar las presentes reformas justamente para lograr equidad al fiscalizar la propaganda política en cualquier medio que contraten candidatos y partidos políticos, para que en caso de exceder los topes de gastos de campaña sean sancionados los que incurran en estas prácticas desleales.
Es por lo anterior, compañeras, compañeros legisladores, que consideramos de la más alta importancia que esta soberanía aborde en las próximas semanas la discusión de esta reforma electoral y con ello se corrijan las lagunas de nuestra legislación electoral, con la finalidad de que las futuras contiendas electorales sean más equitativas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene hasta por cinco minutos el uso de la voz, el diputado Ossiel Omar Niaves López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, y suscrita también por el señor diputado Abel Octavio Salgado Peña, ambos del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Ossiel Omar Niaves López: Con su venia, señor presidente. Saludo desde aquí a los habitantes de Tototlán y a la cabecera distrital, distrito 15 con cabecera La Barca, Jalisco.
Subo a esta alta tribuna de la nación la iniciativa que el diputado Abel Salgado y su servidor presentamos, es la que tiene que ver con el derecho de los trabajadores nocturnos al servicio de las guarderías del Seguro Social.
Actualmente factores como el proceso de globalización, la intensa competencia, el desarrollo de las tecnologías de la información, las nuevas tendencias de la demanda por parte de los consumidores de bienes y servicios, ha originado la economía de 24 horas, aunado a que cada vez es mayor el número de trabajadores mujeres y hombres del hogar.
Si bien es cierto el tiempo de este tipo de jornadas es más corto por una hora, ello es así debido a que en ella se requiere mayor esfuerzo físico ya que los trabajadores enfrentan problemas de una o dos horas menos de sueño, alimentación nocturna inadecuada, descompensación de su reloj biológico, y en el caso de los trabajadores cuyos hijos están en primera infancia, implican una mortificación de tener acceso al servicio de guarderías durante la jornada de sus labores.
Por lo anterior, se plantea como objeto de la propuesta el instruir en la Ley del Seguro Social el servicio de guardería nocturno, para beneficio de los trabajadores con jornadas nocturnas. Este cambio en la ley cumpliría cabalmente con el principio de igualdad, ya que en la actualidad los únicos que verdaderamente tienen acceso al derecho como ciudadanos son los hijos, mientras que laboran los trabajos diurnos.
Este último hace inoperante el manto protector de seguridad social hacia los hijos y pupilos de los trabajadores nocturnos, al hacer prácticamente imposible de iure tener acceso al servicio durante su jornada laboral.
En el artículo que define el seguro de guarderías existentes existe una dicotomía, ya que de la interpretación literal se dispone, por un lado, que el seguro de guardería no cubriría ni podría tener ese apoyo a la gente que trabaja por las noches. Si bien es cierto que es mucho menor el número de trabajadoras y trabajadores nocturnos, que lo de diurnos, también es cierto que la iniciativa plantea la posibilidad de ajustar el servicio según las necesidades, es decir, presupuestalmente no se estará invirtiendo lo mismo en los tres horarios, sino que deberá ser conforme a los requerimientos de manera proporcional, sabiendo que la demanda del servicio en horario nocturno será provisionalmente mucho menor.
También es cierto que la misma Carta Magna y los instrumentos internacionales vinculan al Estado proporcionar todo lo necesario para hacer efectivo los derechos del niño, y un derecho es que tengan cuidados adecuados mientras sus padres y custodios laboran.
Se pretende que esta protección llegue a las mujeres y hombres que prestan algún servicio en horarios nocturnos, ya que son mujeres solas u hombres solos que necesitan llevar su sustento a sus hogares y debemos apoyarlos para que no gasten en un servicio que constitucionalmente les corresponde.
Por lo anteriormente, se propone reformar el tercer párrafo y se adiciona un cuarto en el artículo 201 y se reforma el tercer párrafo del 205 de la Ley del Seguro Social para quedar dicho párrafo como sigue:
Artículo 201. El servicio de guardería que se proporcionará en el turno matutino, vespertino, mixto y nocturno. Para el turno mixto y nocturno, el instituto preverá los recursos humanos y financieros, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Artículo 205. El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino, vespertino, mixto y nocturno.
Diputados y diputadas, se trata aquí de mejorar los derechos sociales. Se trata aquí de que defendamos los derechos de los niños. Se trata también de que legislemos para hacer prevalecer el interés superior del menor. Por una justicia social, por nuestros niños, no hay descanso.
Ayudemos a los niños y a las mujeres y a las familias que tienen derecho a pertenecer y tener las guarderías nocturnas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene hasta por 5 minutos la palabra el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con su venia, presidente. Honorable Cámara de Diputados, solicité hacer uso de la voz para exponer la presente iniciativa, dada la importancia de la misma.
Es exigencia de la ciudadanía que legislemos para acabar con el autoritarismo, la falta de transparencia, el desconocimiento de la ley por la falta de difusión y que les demos herramientas a los jueces para avanzar en la tan anhelada búsqueda de la justicia.
Por qué es que la ley ha logrado posicionarse por encima de las demás fuentes del derecho. Pues bien, lo ha hecho ya que se le ha dotado de ciertas ventajas que las demás fuentes no cuentan. Ventajas que según el propio Estado moderno son protectoras y siempre en beneficio de las personas.
Las ventajas o beneficios de la ley son verdaderos pilares de éstas, ya que en ellos se cimienta toda la concepción actual del Estado moderno y particularmente, el sistema positivo mexicano.
Hagamos énfasis en que los principales principios o pilares que han sido justificación para considerar a la ley como la fuente de fuentes y rectora de los sistemas de corte moderno son el principio de la legalidad y el principio de la seguridad jurídica.
Sin embargo, al día de hoy, estos principios son meras concepciones académicas, doctrinales, que no están reguladas, o mejor dicho, garantizadas en nuestra ley suprema, lo que hace que los pilares sobre los que se sostiene el sistema positivo mexicano sean endebles y por tanto, carezcan de legitimidad y certeza.
Por qué la importancia de plasmar el principio de la legalidad en nuestra Constitución. La legalidad garantiza que hubo un proceso legislativo previo para delimitar las facultades de los servidores públicos y con esto dotar al ciudadano de un freno contra el autoritarismo y el mal gobierno.
Tal y como se encuentra en la actualidad el texto constitucional, únicamente se reconoce el principio de legalidad en las materias de contribuciones, en la actuación policiaca, en la materia electoral, en el derecho penal y en las sanciones administrativas a los servidores públicos, así como en la administración pública, exclusivamente a nivel municipal. Es decir, en México, por regla general, no se garantiza el principio de legalidad.
Diputadas y diputados, en un verdadero estado de derecho el gobernado sabe por lo menos que la autoridad no podrá afectarlo en su persona más allá de lo que se estipuló en la ley, como lo establece el principio que versa: La autoridad únicamente puede hacer aquello que le está expresamente conferido.
Por otro lado, en nuestra Carta Magna no encontramos ninguna referencia constitucional al principio de seguridad jurídica, que es el binomio perfecto del principio de legalidad con el que se da certeza normativa y consecuentemente previsibilidad de su aplicación.
Ya lo dijo Luis Recasens Siches: Sin seguridad jurídica no hay derecho ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase. La seguridad jurídica da coherencia a todo el ordenamiento jurídico y es una de las aristas más importantes del mismo, ya que el gobernado tiene la posibilidad de conocer cuál es la ley vigente.
Diputadas y diputados, si aprobamos la reforma constitucional que hoy les presento estaremos reconociendo lo que ya han hecho en estados, como Guanajuato, así como en otras latitudes del mundo, Costa Rica, Chile, España, Ecuador o Argentina, entre otros.
Para que los ciudadanos puedan exigirles a las autoridades el cumplimiento de los principios de legalidad y de certeza jurídica también se está considerando en la presente reforma la inclusión del principio de la publicidad normativa.
¿Cuántas veces desconocemos el sin fin de acuerdos, circulares o inclusive reglamentos que emite determinada autoridad? Es sabido por todos que las Legislaturas locales y federales publican en sus páginas de Internet reformas legales que se aprueban, sin embargo también es cierto que se vuelve un verdadero calvario conocer toda la normatividad que se regula por una autoridad, sobre todo aquélla que es emitida por el Ejecutivo o inclusive por los órganos autónomos.
Reconociendo el principio de publicidad normativa se estaría cerrando el círculo de garantías que tienen las personas respecto de probables actos autoritarios del gobierno. De esta forma las personas podrán exigir que se divulgue por medios electrónicos e impresos el orden jurídico nacional, para que todos los mexicanos conozcan las estructuras y el funcionamiento de las instituciones, las obligaciones de los servidores públicos, sus derechos y sus obligaciones, tal como lo propone la reforma electoral de Acción Nacional 2012-2018.
Compañeras y compañeros, de aprobarse esta iniciativa el ciudadano tendrá la garantía de conocer y con esto garantizar que el servidor público no realice actos autoritario y, por otro lado, que la persona pueda prever las consecuencias jurídicas de su actuar o el de sus gobernantes.
Por tal motivo estamos solicitándole que se incluya un nuevo párrafo, primero, en el artículo 16 constitucional con el siguiente texto: Se garantizan los principios de legalidad, la seguridad jurídica y la publicidad normativa. El poder público únicamente podrá ser lo que la Constitución, los tratados internacionales y la ley le conceden, y las personas todo lo que éstas no le prohíben.
Con esta iniciativa se está dando un paso más en la construcción de la cultura de la legalidad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Esta presidencia saluda a presidentes municipales electos de Chiapas, invitados por el diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Del propio Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la voz el coordinador parlamentario, don Arturo Escobar y Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, suscrita por integrantes de su grupo.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas uno de los factores que posibilitó la estabilidad social y política de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX fue la construcción del andamiaje constitucional y legal en materia laboral que encauzó sin duda las demandas de la clase obrera y generó los equilibrios entre ésta y el sistema político mexicano.
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convirtió en testimonio de este pacto social al consagrar las garantías mínimas para los trabajadores y al abrir de forma permanente la puerta a derechos de carácter colectivo encaminados a atenuar las desigualdades sociales de nuestro país.
Entre las conquistas más importantes alcanzadas por la clase trabajadora se encuentran el reconocimiento de los sindicatos, la contratación colectiva y por supuesto el derecho a huelga. Hoy desafortunadamente muchas de esas conquistas parecen ser nulificadas por disposiciones anacrónicas y desequilibrios entre los factores de producción, las denuncias sobre violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores que son cosa de todos los días y constantes.
A pesar de los cambios democráticos que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas, en algunas organizaciones sindicales sigue imperando un modelo basado en la simulación que ha limitado la capacidad de movilización de los trabajadores para la defensa de sus derechos colectivos legítimos; persisten disposiciones que violan instrumentos internacionales como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y protección del derecho de los trabajadores ratificado por México desde 1950, y que además han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Éste es el caso denominado –y subrayo– de la cláusula de exclusión consagrada en los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, por la que los patrones pueden remover de su trabajo a la persona que renuncie, o sea expulsada por el sindicato contratante transgrediendo con ello los artículos 5o., 9o. y 123, apartado A, fracción XVI de la Carta Magna.
Ante este panorama nuestro mercado laboral se ha precarizado, basta señalar que de acuerdo con cálculos del Centro de Estudios Económicos del sector privado, más de 20 millones de personas que están en el rango de la población económicamente activa laboran en el mercado informal, en condiciones precarias, con salarios insuficientes, sin servicios de salud ni prestaciones sociales y con nulas posibilidades de movilidad social y mucho menos de un desarrollo económico. En el Congreso ha habido diversos intentos –498– para modificar la legislación laboral pero ninguno ha avanzado.
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2011 que fortalece el Título Primero de la Constitución al cambiar su denominación por el de los derechos humanos y sus garantías, constituyó un enorme paso decisivo en el compromiso formal a favor de la defensa de los derechos humanos, así como de la recepción de las normas jurídicas del derecho internacional, protectora de estos mismos derechos.
A partir de esta reforma queda claro que la protección y la defensa de los trabajadores es una exigencia y obligación del gobierno.
Por otra parte, la reforma constitucional en materia política aprobada en el Congreso de la Unión y publicada en nuestro Diario Oficial el 9 de agosto de 2012, inauguró nuevos mecanismos y modelos de comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Uno de ellos, la iniciativa preferente.
A partir de esta citada iniciativa preferente ya inaugurada en este mismo periodo de sesiones por el presidente de la República, nos encontramos ante la enorme oportunidad de darle a México la posibilidad de tener un nuevo marco normativo en materia laboral que sea moderno, que sea competitivo, que garantice los derechos y conquistas de los trabajadores; pero que de una vez por todas, le dé a México una nueva cara entre las relaciones laborales de los empresarios, los sindicatos y, por supuesto, los trabajadores.
Bajo este contexto, mi grupo parlamentario en su totalidad desea contribuir al debate a fin de generar esta nueva modernización en el marco laboral con esta iniciativa.
Entre nuestras propuestas se encuentra establecer en la ley las relaciones de trabajo que se regirán bajo el principio de recíproca solidaridad por el que los patrones atenderán siempre la aspiración y legítimo derecho de los trabajadores a alcanzar una vida digna, mientras que los trabajadores realicen el esfuerzo necesario para la conservación de su empleo bajo los regímenes de sustentabilidad y eficiencia.
De forma complementaria, consideramos necesario señalar con claridad que el trabajo es un derecho humano universal y un deber social.
Por otra parte, proponemos reformar para fortalecer la libertad de organización de los trabajadores y generar condiciones adecuadas para la existencia de representaciones sindicales democráticas obligadas a rendir cuentas, a los propios agremiados. Los sindicatos deben de rendir cuentas a sus agremiados, no a nadie más.
En materia de subcontratación, ponemos a consideración diversas reformas destinadas a impedir la simulación y elusión en el cumplimiento de los derechos para los trabajadores que prestan sus servicios bajo este régimen.
Finalmente entre nuestras propuestas se encuentra el establecimiento de un seguro de desempleo como ramo del aseguramiento.
En resumen la presente iniciativa tiene como objetivo primordial velar por los derechos de la sociedad, una materia tan trascendente como la regulación de las relaciones obrero patronales.
Concluyo, señora Presidenta. Desde nuestra perspectiva resulta necesario establecer mecanismos que permitan actualizar, sin duda, las conquistas laborales a la realidad actual productiva y mundial pero sin retroceder en los derechos que garantizar un mínimo nivel de vida digna a los trabajadores.
Quiero finalizar subrayando que para mi grupo parlamentario no hay discusión. La iniciativa presentada por el Presidente Calderón tiene carácter de preferente y se nos vence el primero de octubre. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores.
Me permito someter a la soberanía de esta Cámara de representantes populares, la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de respetar la participación ciudadana en la incidencia democrática de nuestro país y por ende, en el forjamiento de nuestras instituciones públicas a través del establecimiento de consejos ciudadanos en todas las instituciones públicas.
Como ustedes bien saben, todos los seres humanos tenemos una serie de prerrogativas inherentes a nuestra propia esencia que necesitamos para podernos desarrollar en base a las capacidades y virtudes de cada quien.
Para poderlo lograr recordemos que al Estado-nación le hemos asignado la más alta tarea como lo es que a través de los servicios públicos nos permitan alcanzar dicho fin.
Como consecuencia de lo anterior, estos derechos humanos han sido reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hoy derivado de la última reforma constitucional en forma expresa al igual que a los tratados internacionales.
Dentro de ello los artículos 25, 26 y 39, establecen que la soberanía popular radica en el pueblo, reconociendo que la participación ciudadana debe necesariamente incidir en la vida democrática de nuestro país y por lo tanto en el forjamiento y construcción de todas las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, lo cual significaría el que se respetara el binomio indisoluble que debería de existir entre el gobernado y el gobernante, entre el gobernante y gobernado, lo cual desafortunadamente debemos de señalar enfáticamente que no es así.
En las más de las veces, en lugar de contar con instituciones que generen respeto y credibilidad dentro de nuestra sociedad, derivado de la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público que brinden, tenemos por el contrario la ineficacia e ineficiencia en el actuar de las instituciones públicas, generando como consecuencia la violación sistemática de derechos humanos por parte de servidores públicos, en las más de las veces insensibles, incapaces, sin ningún compromiso social, mediante programas improvisados y, si me permiten, aderezados con la colonización de la administración en turno y con la afectación de los trienios y los sexenios.
En ese orden de ideas pregunto dónde está ese derecho respetado a la participación ciudadana, consagrado, como bien saben ustedes, en nuestra carta fundamental, así como en una serie de instrumentos internacionales, entre otros la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La respuesta es que a pesar de las diferentes formas de participación ciudadana reconocidas en nuestros ordenamientos legales, este derecho es una falacia. El reconocer este derecho fundamental en la implementación de los programas de cada institución, así como su supervisión y verificación del gasto público, sin duda alguna garantizaría el que los servicios públicos que brinda el Estado mexicano, a través de los tres órdenes de gobierno, fuesen los que verdaderamente requerimos los miembros de nuestra sociedad mexicana.
De tal importancia, compañeras y compañeros legisladores, es el que hoy que tenemos esta bendita oportunidad de cumplir con nuestra responsabilidad y función como representantes populares, hagamos lo necesario para que verdaderamente contribuyamos a que contemos con las instituciones públicas que sin duda merecen y necesitan los miembros de nuestra sociedad, respetando y reconociendo el derecho a la participación ciudadana a través de la reforma al segundo párrafo del artículo 25 y cuarto párrafo del artículo 26 de nuestra Carta Magna haciendo, como consecuencia, el binomio indisoluble entre gobernantes y gobernados, como debió haber sido desde siempre. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. También agradecer que se ajuste al tiempo, así como se hace el llamado a los demás participantes.
Quiero dar la más cordial bienvenida a estudiantes de la preparatoria Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán, de Cholula, Puebla, que hoy nos acompañan en este recinto a invitación del diputado Julio Lorenzini Rangel. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ha pedido la palabra el diputado Héctor García García. Denle sonido, por favor.
El diputado Héctor García García (desde la curul): Con su permiso, diputada presidenta. El día de ayer dimos cuenta de una tragedia que sucedió en una planta de Pemex en el estado de Tamaulipas, en ciudad Reynosa. Quisiera solicitar de la manera más atenta y respetuosa pudiésemos, a las compañeras y compañeros, solicitarles un minuto de silencio en memoria de los 30 trabajadores hasta hoy reportados como fallecidos, y mostrar así nuestra solidaridad con sus familias, y obviamente con todo México.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Claro que sí, diputado. Es lo mínimo que podemos hacer en este recinto, y pediría se puedan poner de pie todos para guardar un minuto de silencio por estos acontecimientos que referencia el diputado.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias a todas y a todos, esperamos el esclarecimiento de esta enorme tragedia.
La iniciativa presentada por el diputado José Francisco Coronato, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por 5 minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su anuencia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, presento a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México necesita volver a confiar en sus políticos. Los problemas sociales propios de una alternancia incompleta, además de los económicos en los últimos años, han creado una ruptura palpable entre la ciudadanía y sus representantes.
Según el latinobarómetro en México, sólo el 40 por ciento de los mexicanos considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, cuando en el 2005 ése porcentaje llegaba a un 59 por ciento de la población; algo anda mal. Nuestra democracia no ha funcionado y es momento de que cada quien asumamos nuestra responsabilidad en el asunto.
La Cámara de Diputados es el espacio para lograr la deliberación y comunicación de todas las expresiones ciudadanas y políticas donde se construyen los acuerdos políticos para resolver las demandas sociales, y en ese sentido es el espacio natural para que la democracia florezca.
Según una encuesta reciente, la imagen de los diputados y legisladores en México de 2008 a la fecha, la confianza de los ciudadanos en nosotros ha descendido de un 6.7 por ciento a un 5 por ciento de la población. Este porcentaje refleja el deterioro de nuestra relación con la ciudadanía.
Es inadmisible que cerremos los ojos ante esta realidad que se nos presenta, realidad que nos exige renovar nuestras instituciones y con ellas la confianza de los ciudadanos en la democracia.
Como parte de este proceso de transformación y de recuperación, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza busca la dignificación de la política, es por eso que hoy venimos a proponerles, compañeras y compañeros diputados, la derogación de la figura del fuero a nivel federal en caso de delitos graves, y recordemos que la implementación del fuero se remite a la Constitución de Cádiz de 1812, en los albores de la instauración del México independiente. En ella se establecía que los diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo ni caso ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ello. En las causas criminales que contra ellos se intentara no podrán ser juzgados, sino por el tribunal de las Cortes.
Esto está establecido desde 1812 y nos preguntaríamos entonces, compañeras y compañeros, ¿cómo podemos regularnos por una norma que se fundó en las condiciones de un Estado mexicano casi inexistente? La protección a la libertad de expresión de los diputados debe ser innegociable, estamos de acuerdo, sin embargo este derecho ha sido confundido por muchos como licencias para delinquir o bien para protegerse de un manto de impunidad. Ésa es la percepción al menos que tiene la ciudadanía, y si queremos recuperar la confianza de las mujeres y hombres de México en sus instituciones debemos de demostrar en los hechos que estamos dispuestos a ejercer la representación popular atendiendo las preocupaciones de la sociedad y atendiendo también el interés colectivo, y no protegiendo nuestros intereses particulares.
Con la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional lo que se busca es generar las condiciones de igualdad y justicia para todos los servidores públicos a los que se nos ha conferido una tarea de suma relevancia, de tal forma que respondamos ante la justicia como cualquier ciudadano en apego al espíritu de nuestra Carta Magna en su artículo 4º, donde se establece la igualdad de todos ante la ley.
Es por todas estas razones que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone en esta iniciativa de reforma constitucional que los servidores públicos, como los diputados; senadores; ministros de la Suprema Corte; magistrados; consejeros de la Judicatura; secretarios de Estado; consejeros electorales, así como el procurador general de la República, sean llevados ante la justicia mexicana para que respondan por los delitos que cometan durante el tiempo en el cual ejerzan el servicio público, tales como la comisión de delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos por medios violentos como arma y explosivos, en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, por lo que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza proponemos la adición del párrafo cuarto al artículo 111 constitucional, que diría: No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a los que se hace referencia en el párrafo primero de este artículo cometa cualquiera de los delitos previstos en el artículo 19, párrafo segundo, de este ordenamiento, sea flagrante o no. En estos casos, responderán de manera directa ante las autoridades competentes.
Necesitamos responder así positivamente a una ciudadanía que necesita que sus representantes actúen con responsabilidad para restaurar su confianza en las instituciones y construir hoy el país que las y los mexicanos demandan. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la tribuna, por 5 minutos, el diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
El diputado Jorge Terán Juárez: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea. El turismo para México significa una importante rama del desarrollo económico, pues le ha permitido posesionarse en el contexto internacional como destino preferido de los extranjeros.
México ocupa el décimo lugar dentro de los destinos turísticos más populares del mundo. Representa el 9 por ciento del producto interno bruto. Constituye la tercera fuente de divisas que genera 2.5 millones de empleos directos y 5 millones de empleos indirectos. Es el principal destino turístico de los Estados Unidos de América. Y en arribo de cruceros, el primero en el mundo con más de 6 millones de pasajeros.
De los primeros siete meses del presente año, la derrama económica de los viajeros internacionales en México sumaron 7 mil 722 millones 846 mil 460 dólares, lo que representó un incremento del 6.2 con respecto del mismo periodo al año pasado, según informes del Banco de México.
Sin embargo, siguen presentes para el sector turístico retos a corto, mediano y largo plazo, que se requiere solventar, lo que representa un desafío para el Estado mexicano. Lo anterior, nos obliga a mantener una mirada analítica y visionaria, así como repensar el sentido, la importancia que tiene el turismo para nuestro país.
La iniciativa que hoy presento, es producto de un profundo análisis acerca de la diversificación que el turismo ha experimentado en años recientes y la imperante necesidad de potencializarlo.
El objeto central es posibilitar, desde la ley, la reformulación de una política turística de largo alcance y con sentido federalista, que nos permita lograr los máximos niveles de competitividad e impulsar el desarrollo nacional, atendiendo a las demandas del mercado nacional e internacional y sobre todo atendiendo la oferta regional.
Se propone incorporar en la ley diferentes modalidades de turismo como son: ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo, turismo metropolitano o turismo de ciudad, turismo gastronómico, turismo de salud, turismo cultural histórico, y el turismo de negocios reconociendo e impulsando la diversidad turística nacional, todo ello bajo una visión prospectiva de hacer de la norma jurídica el instrumento adecuado para regular y promover dichas modalidades, a partir de una visión sustentable y vanguardista e impulsar así el desarrollo equilibrado, y además, equitativo, de los municipios, estados y regiones del país.
El planteamiento conlleva una visión que va desde lo local a lo global. Pensar globalmente y actuar localmente. Concepto que el sociólogo Ulrich Beck plantea como una posibilidad real en los tiempos de globalización y que para estos fines se requiere incorporar en la ley.
Cada rincón de México tiene importantes atractivos turísticos qué ofrecer. Por ello, resulta fundamental el impulso equitativo que debemos otorgarle al sector, con el objeto de potencializar las oportunidades de cada estado, de cada municipio y de cada región del país, aprovechando sus recursos de manera sustentable.
Compañeras y compañeros diputados, esta propuesta tiene como eje fundamental la reactivación de la economía a través de acciones concretas, dirigidas a avanzar en el ranking mundial del turismo para posicionar a México como un destino que ofrezca diversas alternativas turísticas, preservando en todo momento nuestros recursos naturales, culturales y humanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por 10 minutos, el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Incrementar la Competitividad Internacional de México.
El diputado Juan Bueno Torio: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Señora presidenta, le solicito se integre el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Los suscritos, su servidor, Juan Bueno Torio y Ricardo Anaya Cortés, presentamos ante esta soberanía la presente iniciativa.
A la luz actual del contexto económico nacional e internacional, la labor que desempeña Proméxico, adquiere particular relevancia al ser sus funciones parte fundamental de las acciones que han contribuido al fortalecimiento de nuestra economía y a incrementar, también, la competitividad internacional del país.
Las mejores prácticas internacionales confirman las virtudes de un modelo de promoción conjunta, así como los beneficios de separar las actividades de promoción de aquellas relacionadas con el financiamiento.
Por ende, se busca establecer estrategias nacionales para incrementar la competitividad de México a nivel global de una manera eficiente, buscando con ello contribuir directamente al impulso de las políticas de desarrollo del país.
En el caso de México, la inversión extranjera directa y las exportaciones se encuentran vinculadas estrechamente a través de varios canales, pues una proporción importante de las exportaciones de nuestro país provienen de empresas que en su momento fueron atraídas para venir a invertir en México, lo que implica que la atracción de inversión extranjera debe verse como una estrategia a largo plazo en la promoción de las exportaciones y el crecimiento económico de nuestro país.
Sin duda alguna los beneficios obtenidos por una adecuada promoción internacional tienen un mayor impacto en el desarrollo económico de México, si se implementan bajo una capacidad de gestión de largo plazo, por lo que la continuidad de programas y servicios promovidos por Pro-México son una pieza fundamental para consolidar la operación y potenciar sus resultados.
Para lograr lo anterior se requiere realizar acciones que perfeccionen la naturaleza jurídica de Pro-México transformándolo en un organismo descentralizado a través de una ley que le fortalezca, lo cual implica dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propios para responder con una mayor eficiencia a sus requerimientos de funcionalidad, ejercer sus atribuciones de forma más ágil y cumplir de manera expedita sus propósitos.
Al consolidad lo anterior, a través de un marco jurídico apropiado, la entidad contaría con mayor peso como instancia concentradora de los esfuerzos de promoción para la atracción de inversión extranjera directa, de promoción de las exportaciones y de internacionalización de las empresas mexicanas.
Con lo anterior permitiremos que se diseñen programas de colaboración más completos y acordes a las necesidades actuales del sector productivo, principalmente aquellos dirigidos a las empresas pequeñas y medianas, que por sus condiciones económicas y sus propias capacidades requieren de mayor orientación y apoyo a fin de incrementar su productividad, hacerlas más competitivas en el mercado interno, y en aquellos donde exporten sus productos, sus mercancías.
En la presente propuesta se plantean mecanismos necesarios adicionales para incrementar la competitividad internacional del país, pues de ejecutarse estos permitirán afrontar los desafíos que conlleva una economía globalizada y competida como la nuestra.
Quiero hacer énfasis en la gran oportunidad que tiene nuestro país para acelerar su desarrollo económico y convertirse en una de las principales potencias a nivel mundial. México requiere que le otorguemos los mecanismos que hagan más eficiente su gestión en la parte económica y en el desarrollo de las empresas de cara al mercado internacional, mecanismos que hagan y que le otorguen mayor fortaleza en sus propias facultades, que le den permanencia a largo plazo a las políticas que se implementan y que complementen la operación en coordinación con todas las estructuras del Estado mexicano.
Dicho de otra manera, robustecer esta entidad, robustecer a Pro-México, con los mecanismos necesarios contribuirá a que nuestro país alcance el liderazgo económico al que está destinado a ser en el entorno internacional.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, quienes suscribimos sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Incrementar la Competitividad Internacional de México. Por su apoyo a la presente iniciativa y por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado, y se solicita la integración de esta propuesta al Diario de los Debates de manera íntegra. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por 5 minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrito por el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias. Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras, vengo a presentar una propuesta de modificación al artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, como lo anunciamos la semana pasada.
¿En qué consiste esta propuesta de modificación? Actualmente la Cámara de Diputados en cada sesión solo puede tratar dos asuntos de obvia o urgente resolución, estos dos asuntos son acordados previamente por la Junta de Coordinación Política. Este día vamos a tratar tres asuntos, no obstante que el Reglamento dice que solamente dos asuntos.
En la práctica, ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas, la Junta de Coordinación Política se ha convertido en el órgano que sustituye al pleno; incluso hace unos días el presidente de la Cámara llegó a comentar que no podía modificar nada de lo que venía de la Junta de Coordinación Política al discutir un asunto de obvia o urgente resolución. Lo que yo he dicho que está equivocado el presidente y están equivocados todos los que piensan de esa manera, porque el pleno puede modificar cualquier asunto que provenga de la Junta de Coordinación Política, por eso es el pleno y por eso se somete a consideración del pleno que es la última autoridad y la máxima autoridad de la Cámara de Diputados.
Entonces estoy planteando que no haya restricciones en los asuntos de obvia o urgente resolución; aquí difiere esta situación de la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores sí se pueden presentar los asuntos de obvia o urgente resolución, cuantos temas como los senadores quieran y es la asamblea la que determina en una mayoría calificada cuáles asuntos deben de ser considerados como de obvia o urgente resolución.
Incluso en la misma sesión se plantea, o al inicio de la sesión se incluye en el orden del día un asunto que se considere de obvia o urgente resolución, porque la naturaleza de este planteamiento es esa, un día anterior no puedes saber lo que va a suceder en el momento en el país, como es lo que está pasando en estos momentos, que todos los días la dinámica te imprime un acontecimiento político segundo a segundo.
Ésa es la naturaleza de las Cámaras, de tener la naturaleza jurídica y política, de tener este apartado de asuntos de obvia o urgente resolución.
¿Qué estoy planteando? Estamos planteando en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que en cada sesión la Junta puede acordar inscripción de las proposiciones de puntos de acuerdo, todas las que se le planteen, pero que el pleno sea quien considera cuáles son de obvia o urgente resolución y cuáles no, porque eso incluso incluye el cabildeo, la negociación en corto con los grupos parlamentarios –repito- en asuntos cuya naturaleza deben de ser discutidos y aprobados de inmediato por la Cámara de Diputados.
Vamos a seguir presentando una serie de modificaciones porque nos parece que en la práctica la Cámara de Diputados ha perdido mucha libertad para el debate; la Cámara de Diputados ha perdido su esencia de debate. La Cámara de Diputados ahora tiene un marco normativo restrictivo que no te permite ir más allá que lo que la burocracia parlamentaria te está señalando.
Por eso creo que nosotros tenemos que flexibilizar nuestro debate y nuestra discusión, porque es la propia esencia de la Cámara. Sé que esto que planteamos a muchos no les gusta; o a un reducido sector. Y hay otros todavía más intolerantes que cuando presentaos puntos de acuerdo llamamos corruptos a los corruptos, dicen que somos groseros y que hay 499 que son decentes y hay uno grosero, porque nosotros no actuamos como lambiscones. Ese corifeo, a ese grupo de lambiscones y bufones del poder, les ofende que aquí señalemos con todas sus palabras lo que resulta.
Le quiero decir a ese grupo. Normalmente en las Cámaras se desarrollan dos Bronx, un Bronx más inteligente que lo que desea es participar y que la bancada o la burbuja no lo deja participar, y el otro Bronx que simplemente actúan como lambiscones. Los conozco muy bien.
Pero a todos esos que vienen a descalificar y no a debatir, les voy a contestar, pero no les voy a contestar a ellos, sino a sus jefes, a sus titiriteros, a sus maniobreros, a los que los tripulan, porque es muy importante decirles que iniciamos una legislatura y nosotros estamos intentando hacer nuestro trabajo con propuestas y con seriedad.
Pero a estos que les molesta, a estos titiriteros o a estos títeres, siempre vienen y descalifican y dicen. A esos no les vamos a contestar, sino a su jefe, al que quieren imponer, al presidente que quieren imponer en este país, cada vez que suban y cada vez que descalifiquen, nos vamos a dirigir a él como el “impuesto”, como el monex, como el Soriana Gate, porque eso es lo que quieren.
¿Ese debate quieren? Así se los vamos a dar, se los aseguro. Porque no crean que por hacer nuestro trabajo de iniciativa, se nos olvida el agravio y el atraco que ha sufrido esta nación. Es impuesto, hubo dinero ilegal, compraron la elección y esta Cámara no se las va a perdonar, al menos nuestro grupo parlamentario.
Así es que como vemos, damos. Que sepan muy bien que no va a quedar sin respuesta ninguna de sus agresiones. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. Quiero aclarar al pleno que hemos sido tolerantes con el tiempo de todos los diputados que han pasado para que expongan su iniciativa, a pesar de que excedan el tiempo y agradecí a quien se ajustó de manera puntual al mismo.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema. Está revisado lo de la diputada Corona, también ya lo tenemos registrado. Si nos lo permite, Presidenta, vamos a realizar con los diputados que tienen algún detalle, si me lo permiten, vamos a pasar a sus lugares con el registro de asistencia que tenemos a la entrada de la sesión; ya la cerramos y revisamos después el sistema electrónico, si me lo permiten.
Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 464 diputadas y diputados para esta sesión. Se conciliará en el registro previo de firmas con el sistema electrónico. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. En efecto, tanto en esta sesión como en la siguiente estaremos haciendo simultáneos los registros, tanto con el registro electrónico como con el que se pone a las puertas de este recinto, para que vayamos teniendo puntualidad en la revisión de los diputados que no puedan hacer su registro vía electrónica.
La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene la palabra, por 5 minutos, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: el sistema jurídico mexicano en materia de responsabilidades de los servidores públicos ha tenido en los últimos años importantes avances. Sin embargo, es justo decir que aún quedan vacíos, lagunas e interpretaciones que poco contribuyen a fortalecer el estado de derecho, al cual aspiramos los mexicanos.
En este sentido es que presento ante esta soberanía la presente iniciativa que tiene por objeto fortalecer el espíritu con que está investida la responsabilidad resarcitoria, mandatada en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus capítulos II y III del título quinto.
Como sabemos, la responsabilidad resarcitoria es exigible a los servidores públicos y a los particulares, personas físicas o morales que por actos u omisiones causen un daño o perjuicio o ambos, estimable en dinero, a la hacienda pública federal o en su caso al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales.
Cabe apuntar que el hecho mismo de que la Auditoría Superior de la Federación esté facultada para determinar y hacer efectiva esta responsabilidad mediante el ejercicio directo de sus facultades, sin tener que recurrir a la autorización adicional de ninguna otra jurisdicción, la convierte en autoridad fiscal o en instancia coadyuvante de una autoridad de naturaleza fiscal.
Esta alta encomienda conferida a la entidad superior de fiscalización, la cual de acuerdo a la ley es la entidad en la cual se apoya la Cámara de Diputados para que pueda ejercer su facultad exclusiva de vigilar y controlar el ejercicio de los recursos públicos, así como fortalecer la rendición de cuentas, ser objetiva en la posibilidad de exigir la responsabilidades en comento. De ahí, que resulte de primordial interés realizar las reformas necesarias a efecto no sólo de clarificar el mandato legal, sino de posibilitar que prevalezca el espíritu del mismo.
Como corolario de lo antes planteado, podemos señalar que la responsabilidad resarcitoria puede entenderse como la obligación a cargo de los servidores públicos y los particulares, de reparar a la hacienda pública los daños y perjuicios ocasionados, cuantificables monetariamente, como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla los ordenamientos jurídicos vigentes.
Sin embargo, actualmente, por la manera en que está planteada la indemnización resarcitoria, da lugar erróneamente a entender que constituye un filtro del análisis de la conducta ilícita de los servidores públicos o quienes se repuntan como tales. Es decir, en los hechos el procedimiento resarcitorio pareciera que exime del resto de las responsabilidades, y por tanto, de las sanciones conducentes.
En pocas palabras “devuelve el menoscabo y un tanto más” y “no pasa nada”. Entendimiento cínico, que por supuesto no hace sino perpetrar el círculo de corrupción que tanto ha lastimado al país y a sus instituciones.
Por ello, no es ajeno que existan funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones con sentencia firme en materia resarcitoria, que no han solventado sus obligaciones, y sin embargo siguen detentando la función pública. No es extraño saber y conocer que existen empresas que continúan ganando licitaciones mientras tienen un resarcitorio pendiente. Con una mano cobran recursos del erario público y con la otra fingen resarcir a cuenta gotas el daño causado al patrimonio público.
Por ello, es necesario evitar que tanto los servidores públicos como los particulares, ya sean personas físicas o morales, en tanto tienen un daño pendiente por resarcir, puedan ejercer cualquier tipo de empleo, cargo o comisión dentro de la Federación, de otra manera no tendría ningún sentido la exigencia de esta responsabilidad y los valores éticos estarían sujetos a una devolución económica.
En suma, esta reforma plantea dar solución a un problema existente: evitar que quienes dañen el erario público continúen en funciones como si nada pasara, así como evitar también que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que se deben enfrentar, ya sea administrativas, penales o políticas.
La sociedad mexicana reclama y merece mejores gobiernos y mejores funcionarios públicos, cuyas actividades estén dotadas de altos contenidos éticos, apunten al bien común y posibiliten la transparencia y la sana rendición de cuentas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Presidenta, con su permiso y con las potestades que la ley me otorga.
Se los digo con una enorme preocupación, lo digo con delicadeza, lo digo sin tratar de herir algún sentimiento por algunos funcionarios públicos que no han actuado con lealtad a nuestra planta productiva nacional.
Desde la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, doña Lorenza Martínez, han ido poco a poco regalando nuestro mercado sin pedir nada a cambio. Hemos ido bajando los aranceles y hemos permitido que entren sobre todo productos asiáticos a precios ínfimos, a costa del empleo de miles de mexicanos.
El día de hoy vengo a la tribuna a presentar una iniciativa que le da facultades al Servicio de Administración Tributaria y fundamentalmente a la Dirección de Aduanas, de tal suerte de volver a los precios de referencia.
Vengo a la tribuna muy comprometido con los zapateros de Guanajuato, del sector cuero y calzado, pero también vengo muy comprometido con los textileros, vengo comprometido, en fin, con una parte de la industria de manufactura nacional que ve cómo entran por las aduanas un sinnúmero de mercaderías a precios ínfimos.
Por la aduana de repente vemos que entran zapatos a dólar o a 50 centavos de dólar, cuando el precio de referencia podría ser 3 o 5 o 10 dólares. Hay ahí un fraude a la ley, hay un fraude al erario público, pero también hay un fraude a nuestros productores que ven cómo deslealmente llegan mercancías, fundamentalmente chinas, fundamentalmente vietnamitas, coreanas, etcétera, a desplazar a los productos nacionales.
Hemos de hacerles caso a nuestros productores, porque ellos finalmente tienen cargas tributarias, tienen cargas ambientales, tienen cargas de seguridad social que en los países asiáticos no existen, y lo único que podemos hacer por ellos es otorgar un arancel adecuado, el máximo que la Organización Mundial de Comercio nos permita.
Cuando deberíamos tener aranceles a 37 por ciento, los aranceles están al 20 y la Secretaría de Economía no entiende razones, y el señor secretario de Economía va a Guanajuato –y si la presidenta me lo permite y no me regaña– les dice a los zapateros que no pueden mamar y dar de topes. En un lenguaje técnico, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, va a León y ofende a los zapateros de mi estado y les dice que son chillones, y les dice que se preparen para ser importadores y que nuestra planta productiva nacional no le interesa.
Este audio salió en todos los medios y luego dijo que no había querido decir lo que dijo. Pero de que lo dijo, lo dijo. Y el señor Ferrari ha sido el gran desmantelador de la industria manufacturera nacional durante los últimos años.
Miles de trabajadores pueden decirle a Ferrari que los ha mandado a la calle, y yo sé que en esto darle potestades al Servicio de Administración Tributaria, para cuando exista un diferencial del más de 35 por ciento de subvaluación el SAT puede embargar, y van a ver ustedes como los importadores le van a pensar varias veces antes de ingresar a México productos subvaluados.
Esta iniciativa la hago –estoy seguro– a nombre de los diputados federales de Guanajuato, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, y evidentemente del Partido Revolucionario Institucional y de quienes me quieran acompañar en cortarle las alas a Ferrari, que ya se va, afortunadamente, para que vengan autoridades más sensibles, pero tengan herramientas, y que en aduanas volvamos a una política de precios estimados y no permitan el fraude a la ley y la burla a los trabajadores mexicanos. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En términos del artículo 102 del Reglamento, las iniciativas que no se presentaron en tribuna, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pidan en este momento a la Secretaría se registren para la próxima sesión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por diputados de los estados de Yucatán y Durango, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a las autoridades competentes llevar a cabo una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua y las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Con su autorización, señora presidenta y con la atenta súplica que se inserte íntegramente al Diario de los Debates el contenido total de la presente proposición con punto de acuerdo, y al tenor de las siguientes consideraciones me dirijo a todas y todos ustedes, señoras y señores diputados.
La difícil situación económica que padecen millones de familias mexicanas no resulta extraña a miles de familias chihuahuenses y en general a familias que habitan en zonas de todo el país que sufren condiciones climatológicas adversas.
Lo anterior es así, porque pagamos la energía eléctrica conforme a una tarifa que no nos corresponde, que no corresponde a nuestra realidad climática, que es desértica o semidesértica, que es tropical, como se observa en ciudades tales como Ciudad Juárez o Chihuahua, capital, o Mexicali o ciudades del norte de la República, y en general, en todas aquellas entidades que se caracterizan por tener un clima tropical o subtropical.
Las diversas dependencias competentes que intervienen en la fijación de las referidas tarifas utilizan un criterio homogéneo en la fijación de las mismas, y por ser homogéneo es, por tanto, fallido para tal finalidad, pues no reconocen que México es un amplio y vasto mosaico en muchos aspectos, incluida la climatología nacional.
Las tarifas de energía eléctrica se fijan considerando el promedio de las temperaturas registradas en cada zona. No está por demás decir que existen climas de temperatura templada, donde no se observan graves variaciones entre las temperaturas más altas o las más bajas, lo que arroja como resultado un promedio de temperatura que podemos calificar como real.
Esta característica no se presenta en Chihuahua y en todo el norte del país. Durante el verano el termómetro marca temperaturas superiores a los 40 grados centígrados durante el día y de menos de 10 grados durante la noche del mismo día.
Huelga decir que la aplicación de este criterio nos da un promedio de temperatura que no corresponde a lo que sufrimos en verano y en invierno los chihuahuenses, promedio equiparable al registrado en zonas de climas templados, como es la bella Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera.
En Chihuahua, en el norte de México, la vida es imposible durante el verano sin al menos un ventilador y durante el invierno miles de familias chihuahuenses deben recurrir a aparatos eléctricos para mitigar al menos un poco el agudo frío.
Y aunque resulte increíble, Chihuahua capital y otras ciudades con estas condiciones pagan su energía eléctrica con la misma tarifa que se aplica en Cuernavaca.
Por ello, solicitamos se modifiquen los criterios antes descritos y consideren elementos como son la humedad, la presión atmosférica, la lluvia, que es escasa en Chihuahua, los vientos, para que de esa forma se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales. Hablamos pues, de justicia tarifaria en este caso.
Y por tanto, que se aplique en Chihuahua y en las zonas que así lo requieran, la tarifa eléctrica 1F o 1C, según corresponda, y según se viva en la problemática planteada.
Por otra parte, es importante decir que la medición de las temperaturas antes comentadas se realiza por el Servicio Meteorológico Nacional con 112 estaciones meteorológicas automáticas que utilizan tecnología de punta. Sin embargo, ninguna de estas 112 estaciones meteorológicas se encuentra ubicada en Chihuahua, en el estado grande, en la entidad territorialmente más extensa del país.
Seguramente esta circunstancia incide y provoca la injusta asignación de tarifas eléctricas para Chihuahua. Por ello, respetuosamente solicitamos al Ejecutivo federal para que de conformidad a la ciencia y a las posibilidades de la economía se instalen en Chihuahua y en otras entidades que así lo requieran, tantas estaciones meteorológicas automáticas como sean necesarias, para establecer tarifas de energía eléctrica justas para cada región del país.
Finalmente, pedimos una reconsideración en la temporalidad del cobro de los consumos de energía eléctrica. Sabemos todos que en el cobro de la luz existe un número determinado de kilowatt-hora que son cobrados a una tarifa más baja, rebasado dicho número se incrementa considerablemente el costo de los mismos.
Resulta obvio que al hacer mediciones bimensuales o bimestrales en la gran mayoría de los hogares chihuahuenses y de otras entidades se consume un número más elevado de estos kilowatts subsidiados, traduciéndose ello en recibos de luz caros que lesiona la economía de miles de familias. Atendiendo lo anterior solicitamos que el cobro de la energía eléctrica en zonas desérticas, semidesérticas, tropicales o subtropicales se efectúe mensualmente.
Finalmente proponemos que se constituya un grupo de trabajo integrado por integrantes de esta soberanía, a efecto de establecer de manera pronta y expedita la coordinación necesaria con las autoridades de la administración pública federal, para lograr que estos acuerdos se hagan realidad de forma inmediata, lo más pronto posible.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el más grande de los respetos les solicitamos a todos ustedes que, sin distingo de origen partidista o posición ideológica, se sumen a esta proposición que sólo busca brindar justicia a Chihuahua, a sus familias, así como a los habitantes de estas zonas que comparten esta característica.
Si lo conseguimos, junto con el Poder Ejecutivo, daremos un paso enorme en restituir un poco el poder adquisitivo a miles de mexicanos, a miles de chihuahuenses que cada dos meses se ven en la desgarradora disyuntiva de comer o pagar la luz. Es cuanto, señora presidenta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Presidente, perdón.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No se preocupe. Hubo cambio de turno, no de género. De turno y de género, de ambas cosas. Mire usted, vamos a pedirle a la Secretaría que amparados en el artículo 100 pregunte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que varios diputados han expresado el interés de adherirse a esta proposición, como doña Aleida. El Registro Parlamentario nos hará favor de recabar los nombres, de tal suerte de ingresarlos.
Habiendo sido obsequiada la urgente resolución esta Presidencia informa que doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, doña Lilia Aguilar Gil, doña Martha Beatriz Córdova Bernal, doña Lourdes Adriana López Moreno, doña Teresa de Jesús Mojica Morga, don Juan Francisco Cáceres de la Fuente y don José Ignacio Duarte Murillo han solicitado el uso de la voz a nombre de sus grupos parlamentarios.
Luego entonces esta Presidencia anuncia que conforme a los términos reglamentarios no se aceptan preguntas, no se aceptarán intervenciones para hechos, y las modificaciones que eventualmente puedan venir a la proposición sólo pueden surgir del propio iniciante.
Tiene la palabra doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años el desarrollo tecnológico en la industria eléctrica ha sido importante, desde avances en los segmentos de la generación, transmisión y distribución propios de esta industria, hasta mejoras tecnológicas aplicables a la medición, facturación del consumo eléctrico.
El impacto de estos avances en términos de costos y seguridad del suministro aunados al incremento y volatilidad de los costos de los combustibles primario, petróleo y gas, así como la convergencia del sector con el de las telecomunicaciones son alguno de los factores que han dado gran relevancia a esta industria en el desarrollo de las economías.
Diversos países han reestructurado su industria eléctrica con el propósito de aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos para reducir los costos de la electricidad y mejorar la calidad del abastecimiento de la energía. Un común denominador de dichas reformas ha sido el permitir la participación privada en el abastecimiento de la energía como medio para atraer inversiones en las nuevas tecnologías e introducir competencia en el sector, aun en situaciones que en el sector público es predominante.
Ante este panorama el sector y la participación de México en la economía mundial se hace ineludible la preocupación por asegurar que Comisión Federal de Electricidad provea un servicio que impulse competitividad del país y favorezca el desarrollo de otros sectores. Los incrementos en los precios del gas natural y del combustolio en combinación con la estructura tecnológica adoptada en México para la generación de electricidad han significado para la Comisión Federal de Electricidad aumentos importantes en sus costos.
En Nueva Alianza estamos conscientes de los altos costos de la generación de electricidad. Sin embargo, rechazamos que este costo sea trasladado directamente al consumidor final, ya que esto puede generar impactos económicos, desiguales, en aquellos lugares donde el uso de la energía eléctrica es fundamental para las condiciones meteorológicas.
Para encontrar un equilibrio entre los costos de la generación y los subsidios de las tarifas eléctricas, nuestro grupo parlamentario buscará reforzar una política de largo plazo que genere la reducción de los costos de generación eléctrica considerando diversificando de tecnologías utilizadas; además del costo del capital, el nivel y la volatilidad de los precios del combustible y de los eventuales costos sociales y ambientales que implican las mismas a favor del consumidor mexicano.
Por lo anterior, votaremos a favor del punto de acuerdo en aras de contribuir a no afectar a la población por las más altas tarifas eléctricas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT hasta por tres minutos. Usted disculpará, pero así es.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Señor presidente, aún no me he pasado, pero iniciamos y nos vamos a tres minutos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la voz.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Ya se siente que está planchando el diablo. No me refiero a las iniciativas preferentes en el tema laboral y otras –donde también es el caso-, sino al dicho común que utilizamos en Chihuahua y en otros estados del norte para referirnos al muchas veces infernal calor que vivimos en la zona.
Nos da mucho gusto en el PT -y me da mucho gusto personalmente venir a decirlo a esta tribuna- unirnos a este punto de acuerdo para pedir a todas estas dependencias, entre ellas la CFE y la Secretaría de Economía, para que revisen y ajusten las tarifas eléctricas que se aplican al consumidor final no solamente en el estado de Chihuahua, sino de otras zonas de altas temperaturas consideradas áridas y semidesérticas.
Es cierto que con este punto de acuerdo solamente exhortamos a dichas dependencias, lo que desde Chihuahua –allá arriba, en el norte- hemos estado gritando por ya casi 14 años que se apliquen tarifas justas al consumo energético en estas zonas, antes tarifa 1-E, después del 2002 tarifa 1-E.
Miles de familias, por no decir todas –sin color partidista–, hemos exigido ya por más de una década a la federación el reconocimiento de lo obvio. La existencia de las extremas temperaturas en estas zonas del país.
Sabemos que la CFE ha hecho algunas excepciones para beneficiar zonas específicas sobre el mismo tema, por eso sabemos que se puede. Lamentablemente dichos ajustes han obedecido solamente a acuerdos políticoelectorales y probablemente a Chihuahua no nos ha tocado por la naturaleza priísta del gobernador y la naturaleza panista del presidente.
El PT está gustoso en unirse a este punto de acuerdo y decimos que el tema sea ha distraído en asuntos técnicos, pues la infraestructura de medición es ineficiente por no decir poco moderna.
Me explico. Todos ustedes saben que en Chihuahua se alcanzan temperaturas en el verano de hasta 47 grados centígrados y en el invierno de hasta menos 18 o menos 20, dicen algunos medios de comunicación.
Aun así se dice que no alcanzamos el promedio de 33 grados centígrados que se requiere para tener la tarifa 1-F.
Un comentario al respecto, además sobre este tema. El frío, compañeros diputados, también requiere electricidad.
Compañeras y compañeros diputados, para cerrar, señor presidente, en tiempo, los chihuahuenses no solamente hacemos votos porque dichas dependencias revisen y ajusten las tarifas ya mencionadas. Hacemos changuitos, prendemos veladoras y le rezamos a quien se pueda, para que estos funcionarios se iluminen y finalmente, como se dice por ahí, nos haga justicia la revolución.
Agradezco la solidaridad del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en este tema, porque no es menor para los chihuahuenses, porque no es menor para las zonas áridas y calurosas de este país, para hacer un frente común con sensibilidad social ante la CFE y la Conagua. Creo que muestra una gran madurez política el Partido del Trabajo al unirse a este punto de acuerdo.
Cerraría diciendo, señor presidente, que tengamos en mente a la hora de votar que si Jalisco es un estado de huevos, Chihuahua es un estado de gente con sangre caliente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados, ante ustedes expongo lo siguiente: ante el inminente cambio climático que experimenta el planeta, tenemos que cambiar las estrategias en el país.
Estamos percibiendo que se incrementan día a día los costos de energéticos porque el medio ambiente viene deteriorándose y eso desafortunadamente trae un efecto dominó en toda la República.
Todos los estados son afectados por el clima y por ende, por las tarifas eléctricas tan altas. Nuevos récords de temperatura se establecieron en Tabasco, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, que tuvieron el año más cálido en los últimos 41 años. Chihuahua, estado del cual provengo, Durango, Aguascalientes, Distrito Federal, Tlaxcala y Campeche fueron ubicados como los estados con el segundo registro más cálido.
Es importante mencionar que el factor que influye para que el consumo de energía eléctrica sea mayor en las localidades del estado es precisamente el clima extremo. Es de destacar que en el año 2003 se presentó una gran problemática social, tras el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y se redujo el subsidio a las tarifas domésticas.
Los altos costos de las tarifas eléctricas que en muchos de los casos son impagable –y eso es una triste realidad que vive la sociedad mexicana– se han convertido hoy en día en un reclamo constante, ya que no sólo lesionan la economía familiar, sino que también afectan a la industria nacional y a productores agrícolas, así como a toda la población en general.
La Confederación de Cámaras Industriales ha sido una de las organizaciones que se ha inconformado ante las alzas de las tarifas eléctricas para las empresas del sector industrial, solicitando a la Comisión Federal de Electricidad un ajuste tarifario, ya que estos aumentos impactan en sus costos de operación.
Es necesario implementar tarifas especiales en varios estados afectados a fin de respaldar a las familias y a las empresas mexicanas, ya que mientras en otras naciones se apoya a los trabajadores, en nuestro país se les aplican cobros excesivos por el uso del fluido eléctrico, situación que les impide cubrir sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad.
El impulso del sector doméstico, empresarial y productores agrícolas debe ser estratégico y prioritario. Se consideran diferentes regiones y estaciones en los costos del suministro de energía eléctrica con el objeto de reflejar el costo real del servicio. Pero esta regla no se aplica a cabalidad, ya que no han contemplado en ningún momento el cambio climático en dichas regiones, las cuales son afectadas por los cambios tan radicales en las temperaturas, por lo que se requiere privilegien criterios de equidad y transparencia en la regulación de tarifas, costos y subsidios en el estado de Chihuahua, así como en todas las zonas cálidas y semidesérticas del país, de modo que se atiendan las condiciones socioeconómicas de la población.
La Comisión Federal de Electricidad debe centrar su atención en algo muy importante: la corrupción en la que se ha visto envuelta, como en el caso de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, señalado por enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos, o la multa e inhabilitación a cinco ex directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su responsabilidad en asignaciones de contratos injustificadas y compra a precios excesivos o de equipos de cómputo que no fueron entregados causando un daño patrimonial estimado en cinco millones de dólares a la paraestatal.
En Movimiento Ciudadano estamos seguros que si se trabaja en la transparencia y la rendición de cuentas interna de tantos casos emblemáticos, en lugar de estar pensando cómo cobrar más a los usuarios domésticos, se lograría adecuar las tarifas para mejores subsidios.
Este reclamo nacional de la población debe ser escuchado y atendido con urgencia, no aplacemos más las denuncias que día a día se incrementan en torno a este tema. En este recinto muchas son las iniciativas que están pendientes en el tema, por lo que es indispensable hacer una serie de reformas para retirarle atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que actualmente establece el esquema tarifario.
Por lo anteriormente expuesto, Movimiento Ciudadano en apoyo a la ciudadanía votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes señoras y señores legisladores. Los mexicanos merecemos un mejor trato que el que nos da la Comisión Federal de Electricidad en los recibos que cada dos meses llegan a nuestros hogares. Yo no le apostaría a tarifas preferenciales, le apostaría a tarifas justas, que eso es lo que necesitamos en México.
Chiapas genera el 30 por ciento de la energía hidroeléctrica de nuestro país; sin embargo, así como hay muchos estados que son generadores de la energía eléctrica, la CFE vende más barata la energía eléctrica a Guatemala que a los propios mexicanos.
Hay muchos estados, como decía, que son generadores de la energía eléctrica. Por lo tanto, aunque definitivamente apoyamos el hecho de la necesidad de las tarifas justas, es importante que no solamente las consideremos para un estado de la república, sino que las consideremos para todo el país.
Es importante también que los legisladores hagamos la tarea. El tabulador de las tarifas es enviada a esta Cámara para que seamos nosotros los que la revisemos y las aprobemos. Así que nos toca hacer la tarea de realizar una revisión exhaustiva de carácter técnico a la hora de determinar cuáles van a ser esas tarifas de cobro.
Tenemos que ir más allá de la grilla política y entrarle a las tareas técnicas par que podamos ganarle el debate en este caso a la CFE.
Es importante también señalar que en este tabulador uno de los elementos técnicos para determinar la tarifa es justamente la temperatura ambiente, sin embargo, es importante considerar que el criterio a tratar tendría que ser la sensación técnica, porque la sensación térmica es la que realmente nos determina la cantidad de calor que se siente en un determinado lugar, y éste varía de 4.6 hasta 10 gados de acuerdo a lo que maneja el clima o la temperatura ambiente.
Otro problema también importante son los consumos estimados, donde muchas veces la Comisión Federal de Electricidad determina cobros hasta de más de 600 kilowatts en comunidades que con mucho trabajo llegan a tener un foco para alumbrarse en sus casas y a mí me gustaría que la CFE nos explicara de dónde se hace el consumo de esos 600 kilowatts.
Así que, señores legisladores, apoyamos definitivamente desde el Partido Verde Ecologista de México la necesidad de implementar tarifas justas el cobro de energía eléctrica, tarifas justas para los mexicanos, porque no es posible que muchas familias mexicanas sigan trabajando únicamente para tener el dinero que les permita pagar el consumo de su energía eléctrica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña María Teresa de Jesús Mojica Morga, del PRD.
La diputada María Teresa de Jesús Mojica Morga: Gracias. Con su venia, señor presidente.
Compañeras y compañeros diputados, el PRD va a votar a favor de este punto de acuerdo y proponemos una adición al mismo. La campaña electoral reciente que nos llevó a lo largo y ancho del país nos permitió conocer de viva voz la diversidad de problemas que aquejan a la sociedad mexicana, y que fueron expuestos por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales, gobernantes estatales y municipales.
De todos estos problemas sobresalen las quejas de muchas familias que habitan en zonas de alta marginación de la tierra caliente, de la montaña, de Acapulco y de las diferentes regiones del estado de Guerrero que por su condición social y económica no pueden hacer frente a los altos cobros que por concepto de consumo de energía eléctrica les aplica la Comisión Federal de Electricidad, lo que les genera un estado de angustia y preocupación permanente, y ruegan porque sus reclamos sean nuevamente escuchados y atendidos en esta tribuna, en donde se han presentado más de 20 proposiciones de punto de acuerdo y muchas más iniciativas de las tarifas eléctricas, las mismas que no han sido atendidas.
Hoy, en este 2012 vemos con amargura que hay un mayor número de mexicanos en pobreza y pobreza extrema que no encuentran en camino para realizar sus expectativas de vida y se enfrentan con serias dificultades para sobrevivir y cubrir sus gastos básicos, como el consumo de energía eléctrica, entre otras.
No basta la revisión y reclasificación de las tarifas. Debemos llevar al seno de la Junta de Gobierno de la CFE, en la que están representadas la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el mismo director de CFE, para que se revise la posibilidad de que las tarifas sean determinadas en función del ingreso, o en su defecto, que sean exentados en el pago de energía eléctrica los mismos grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que están contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zonas de alta marginación del país.
Por ejemplo, en Cochoapa el Grande, una familia indígena del municipio más pobre del país y del estado de Guerrero, paga la misma tarifa, la más cara, comparada con las de Monterrey, Guadalajara y el DF. Por eso pedimos que las tarifas sean asignadas en función del ingreso, o en su caso, exentadas, ya que hay regiones de Guerrero donde apenas ganan 2 dólares al día.
No podemos tratar igual a los desiguales, porque los estaremos condenando a la precariedad sin fin, por la falta de oportunidades y empleos bien remunerados. Por si fuera poco, en México ya sufrimos cambio climático y altas temperaturas que nos llevan a utilizar electrodomésticos para amortiguar el efecto de los golpes de calor, sobre todo, en el norte del país como en Chihuahua y en los estados de la costa del Pacífico como Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y la Península de Yucatán.
Se debe realizar una revisión exhaustiva a nivel nacional de las tarifas eléctricas, su cobro y su clasificación. Exentar del pago de la energía eléctrica a familias de zonas de alta marginación no significaría un gesto de filantropía, de caridad o de limosna, sino que ante todo sería un acto solidario del gobierno y de la sociedad, que con pleno respeto a la dignidad de estos grupos marginados, se reconoce y entiende que sin justicia distributiva no es posible garantizar que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo de políticas públicas con forme a sus necesidades.
Finalmente, debo destacar que promover la justicia social y la solidaridad nacional con los sectores más necesitados de la población mexicana, es uno de los principios irrenunciables de los representantes populares. La energía eléctrica es un derecho humano que debe garantizarse.
Por lo anterior, por lo anterior propongo a esta honorable Cámara de Diputados que en la proposición que se encuentra a discusión sea integrado un sexto acuerdo, que contendría la siguiente redacción:
Se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, para que en virtud de sus facultades considere que las tarifas por el consumo de energía eléctrica sean determinadas en función del ingreso del usuario o en su defecto, que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zona de alta marginación, sean exentados de dicho pago.
También propusimos como grupo parlamentario, al pleno de esta Cámara, la creación de una comisión especial de supervisión de los servicios, cobros y del patrimonio de la CFE, en aras de avanzar en el estudio y la generación de propuestas legislativas. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. No ha lugar la propuesta de modificación, en virtud de que me lo inhibe la fracción IV del artículo 113, que obliga a que sea el proponente quien pueda modificar su propia proposición. Luego entonces, le digo a la diputada, con todo respeto, que puede hacer la gestión con el iniciante. Tiene el uso de la voz don Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del PAN.
Sí, sí le permito, doña Malú Mícher, con un enorme gusto. Con qué objeto. Ah, Beatriz Mojica. Doña Teresa de Jesús. Sonido en la curul.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Estoy proponiendo una adición al punto de acuerdo. Si en este momento no se puede adicionar, entonces yo presentaría en la próxima sesión mi propio punto de acuerdo o lo consensuamos con el diputado proponente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues usted tiene la respuesta a su inquietud. Puede usted presentarlo o bien, pedirle al proponente que lo haga propio. Con un enorme gusto lo sometemos a la consideración del pleno.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Me gustaría que el proponente lo hiciera propio, sólo que desconozco dónde está. Diputado, me gustaría que hicieras propia esa propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Les ruego, por favor, porque están prohibidos los diálogos, les ruego, por favor, que fuera de asamblea se pongan de acuerdo y esta Presidencia está en espera de, qué les diré, de llegar al bien mayor del derecho parlamentario, y es que las partes se pongan de acuerdo.
Tiene don Juan Francisco Cáceres de la Fuente el uso de la voz.
El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Con el permiso de la Presidencia de esta soberanía. La bancada de Acción Nacional, en un acto de responsabilidad, por supuesto que va a votar a favor.
Sin embargo, me parece que tenemos que hacer una relatoría de los hechos de lo que ha venido pasando con este tema y tendremos que, también, hacer algunas reflexiones para seguir adelante y realmente resolver un problema, que es un problema común de todos los mexicanos y en todos los lugares de la República.
Celebro que los compañeros del PRI, del estado de Chihuahua hayan tocado este tema, porque como lo repito, nuevamente, es un problema de todos los mexicanos y de todas las regiones de este país.
Yo soy del estado de Tabasco y les puedo decir que el tema en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo, en todo el sur, en todo el norte de México es un tema que lacera la economía e inhibe el desarrollo económico de este país, que por subsecuentemente se refleja en faltas de empleos y falta de bienestar para los ciudadanos.
A nosotros, como bancada, nos parece que solamente ir como un punto de acuerdo es quedarnos demasiado cortos. Por supuesto que lo apoyamos, pero –señores– seamos realistas, el punto de acuerdo no es nada más que un llamado a misa. Seguirá el Poder Legislativo arrodillándose hacia el Ejecutivo en estos temas mientras no tomemos otro tipo de determinaciones y legislemos seriamente en este tema.
Oigo la exposición de nuestros compañeros diputados de Chihuahua, leo la exposición de motivos y encuentro que hay problemas en el norte de que hay cambios de temperatura, que un día hay temperatura de 50 grados y a veces de menos 22, y están rogando que se les acepte y se pongan más estaciones meteorológicas para solucionar esto.
No, señores, hay más problemas aún, en el sureste, específicamente en los estados de Chiapas y Tabasco, ni siquiera se nos ha permitido que el factor de humedad sea considerado dentro para tener la tarifa que merecemos.
De esta manera la bancada de Acción Nacional se adhiere y exige que en todas las zonas donde haya problemas y merezcamos otra tarifa se revise y vayamos por la tarifa F1 y C. Sin embargo, señores, si seguimos evadiendo nuestra responsabilidad y solamente nos vamos con puros puntos de acuerdo no vamos a llegar a nada.
Voy a parafrasear a mi compañero Ricardo Anaya, hagamos política, política de la buena, política que le sirva a la gente. Y para eso, señores, a partir de la próxima semana se instalarán las comisiones. Legislemos, vayamos adelante, exijámosle al Ejecutivo que cumpla sus promesas de campaña.
Les recuerdo a mis compañeros del PRI que todos los candidatos ofrecieron mejores tarifas, pero es responsabilidad del presidente electo, Enrique Peña Nieto, cumplir esa promesa de campaña. Y es nuestro compromiso, de Acción Nacional, hacer lo imposible para que la cumpla, señores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Ya parafraseó usted a un clásico. Finalmente don José Ignacio Duarte Murillo.
El diputado José Ignacio Duarte Murillo: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente, con un tema importante que ya han hecho los partidos de esta Cámara su participación y con un tema importante para la familia en el crecido económico del beneficio que podrán obtener de este punto de acuerdo que presenta la fracción parlamentaria del estado de Chihuahua. Y lo hago sólo para hacer un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política de nuestros compañeros diputados y nuestras compañeras diputadas en este recinto.
El calentamiento global nos ha afectado a todos en diversas partes del territorio nacional, ya se ven los efectos de esta problemática y va a seguir en todo el mundo. Esto nos afecta en el mayor consumo de energía eléctrica, tanto en las localidades de climas extremosos y de climas tropicales, en las partes desérticas del norte del país, lo que trae como consecuencia altos cobros en las tarifas por el consumo eléctrico.
Será en vano hablar, compañeros y compañeras, de los grandes problemas que enfrenta la economía nacional, si desatendemos las necesidades básicas de quienes representamos, si no les garantizamos el mínimo del bienestar que les permita la supervivencia en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.
Es por eso que invitamos a los compañeros diputados y a las compañeras diputadas, a suscribir este punto de acuerdo. Tal como lo han manifestado 12 estados, los estados de: Baja California, de Colima, de Chiapas, de Nuevo León, de Coahuila, de Sonora, de Sinaloa, de Veracruz, de Tamaulipas, de Tabasco, de Durango –se han acercado– y de Yucatán con la fracción del PRI de Chihuahua a sumarse en este punto de acuerdo.
En virtud de que en todos estos estados hay similitud de condiciones y excesos en los cobros de las tarifas eléctricas, en estos estados mexicanos, es hora de convertir que este discurso se vuelva realidad, de convertir las promesas y acciones que hemos concretado en estos seis puntos que el punto de acuerdo hace a petición de todos ustedes; de responder de frente a una demanda de bienestar y de mejorar la calidad de la vida de nuestros representados, los mexicanos que tanto lo necesitan. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Esta Presidencia le pregunta a don Pedro Ignacio Domínguez, si es que se llegó a algún acuerdo entre grupos, de tal suerte de adicionar un resolutivo sexto a la proposición. Sonido en la curul de don Pedro Ignacio Domínguez Zepeda.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): Con su venia, señor presidente. Primero que nada agradecer la solidaridad mostrada por los diversos grupos parlamentarios representados en esta soberanía en un punto tan importante, tanto a nivel de partidos políticos como en las entidades federativas que acaba de reseñar el diputado Ignacio Duarte.
Y desde luego, con fundamento en lo que establece la ley que rige la vida interna de esta soberanía, específicamente el artículo 113, numeral 1, fracción IV, no tenemos ningún inconveniente en que se adicione un resolutivo sexto a esta proposición con punto de acuerdo que acabamos de presentar; presentado o propuesto por la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, que consiste en lo siguiente:
Sexto. Se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que, en virtud de sus facultades considere que las tarifas por el consumo de energía eléctrica sean determinadas en función del ingreso del usuario o, en su defecto, que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, contemplados en la Ley de Desarrollo Social, ubicados en zonas de alta marginación sean exentados de dicho pago.
Esto lo aceptamos con todo gusto, en uso de las atribuciones que nos confiere la ley antes invocada y de esta manera solicitamos y agradecemos a todos los diputados su voto afirmativo por esta proposición presentada por el grupo de diputados del PRI del estado de Chihuahua. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Le ruego por favor nos haga llegar por escrito la proposición, de tal suerte de que doña María Elena Sánchez Algarín lo registre para efectos del proceso parlamentario.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aceptarse los términos de la adición del sexto. Vamos a hacerlo con corrección. Está leído el resolutivo por el diputado, creo que todos estamos de acuerdo en lo que vamos a someter a la consideración, pero vamos a ver qué dice la asamblea. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse los términos de la adición de un sexto resolutivo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se adiciona un sexto resolutivo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los seis resolutivos.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo con la adición de un sexto resolutivo aceptado por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos don Catalino Duarte Ortuño, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR para que investigue a fondo el ataque realizado en contra de agentes diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul). Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. ¿Con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Señor presidente, tenía una iniciativa inscrita. No me percaté en el momento en que las turnó a las comisiones, pero el artículo 102 me da la posibilidad, en su inciso 3, de pedir que se pudiera registrar, inscribir para la siguiente sesión. Pide el Reglamento que sea de viva voz y es lo que estoy haciendo en este momento y espero contar con su comprensión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y esta Presidencia obsequia su petición, diputado Belauzarán. Don Catalino, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Gracias, señor Presidente. Un tema importante el tema del costo de la energía eléctrica en este país, qué bueno que todas las fracciones parlamentarias han coincidido y creo que es importante legislar en la materia.
Ahora bien, el que suscribe, diputado Catalino Duarte Ortuño, diputado a la LXII Legislatura por el distrito uno del estado de Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el numeral 79, numeral 2, fracción III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo los hechos ocurridos en contra de agentes diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos bajo las siguientes consideraciones:
El pasado 24 de agosto en lo que en su momento fue calificado por la embajada norteamericana como una emboscada, agente de la Policía Federal dispararon a un vehículo con placas diplomáticas en el que viajaban dos personas de nacionalidad estadounidense y un oficial de la Marina Armada de México, de lo cual resultaron heridos algunos de sus ocupantes.
Debemos señalar que según lo establecido en la fracción VII del artículo 5o., de la Ley de Seguridad Nacional, este incidente constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y su tratamiento debe responder a la importancia de los acontecimientos.
Es por lo anterior que debemos llamar la atención de esta honorable Cámara para un mayor fortalecimiento estructural y presupuestal a la Procuraduría General de la República, que ha sido objeto de un desmantelamiento endémico, especialmente durante este último sexenio, situación que esta soberanía debe atender de manera urgente si queremos garantizar que los índices de impunidad que el día de hoy arrojan el 98 por ciento se vean realmente disminuidos y así hacer efectivo el derecho a la justicia para todas y todos los mexicanos.
En el incidente que nos ocupa llama poderosamente la atención la identidad de las personas de nacionalidad extranjera, identidad que no se ha develado claramente y que ha sido motivo de diversas especulaciones, como el hecho de que estaban armados y se trataba, por ende, de contratistas de empresas militares privadas que operan en territorio nacional para el entrenamiento de militares mexicanos.
Cito sólo un ejemplo: la Procuraduría General de la República solicitó hace unos días el arraigo de seis jóvenes de la región de la tierra caliente del estado de Guerrero, presuntamente por realizar actividades de narcotráfico, hecho que hasta este momento no ha podido comprobar; son jóvenes que estudian en la Facultad de Veterinaria de Ciudad Altamirano, jóvenes que han demostrado jurídicamente que son estudiantes y que se dedican a actividades lícitas.
Estas especulaciones resultan sumamente graves, dado que el informe del grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, ha señalado que estas compañías privadas operan bajo diversas irregularidades contractuales.
El grupo de trabajo ha hecho énfasis en una evaluación regional efectuada por dicho grupo sobre la tendencia a la privatización de la seguridad en América Latina, incluido el fenómeno observado en los últimos años de contratación de ciudadanos de los países de la región por empresas militares y de seguridad privada.
Dichas empresas son filiales de o han sido a su vez subcontratadas por empresas con sede en el extranjero que operan en situaciones de conflicto armado o posconflicto, como Afganistán e Irak.
Es importante hacer el señalamiento que nuestra ley federal de seguridad privada no hace ninguna distinción –ya termino, señor presidente– entre las empresas de seguridad que prestan sus servicios de vigilancia y resguardo de aquéllas que realizan entrenamiento militar y operan como verdaderos ejércitos.
Tenemos noticias que además de que estas empresas operan en nuestro país prestando servicios como por ejemplo, podemos citar que dan vigilancia en la empresa Halliburton a Pemex desde hace varios años.
Al día de hoy existen elementos que no han sido aclarados y se derivan en interrogantes, ¿cómo es posible que el gobierno federal permita el ingreso de agentes diplomáticos estadounidenses sin un debido control ni mucho menos el estar enterados del motivo de su visita al territorio nacional?
¿Qué hacían estos diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos? ¿Acaso el gobierno federal desatendió la visita de estos agentes y el propósito de estar en nuestro país?
¿Puede alguien ingresar a nuestro país si aún pueden personas con un cargo de tan alto nivel de que el gobierno federal ni siquiera pudo enterarse? ¿Está acaso permitido el espionaje deliberado en nuestro país?
Por todo lo anterior, es necesario acelerar la investigación. Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo, y hasta las últimas consecuencias, el ataque perpetrado por elementos de la Policía Federal en contra de diplomáticos estadounidenses que viajaban en un vehículo diplomático, el 24 de agosto pasado.
Segundo. La H. Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, a que en el momento oportuno ejercite acción penal y de reparación del daño en contra de los probables o las probables responsables por la comisión de algún delito en el asunto que nos ocupa.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de septiembre de 2012.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fue mucho. Se pasó más de tres minutos.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Una disculpa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda con un enorme afecto a los diputados locales del Congreso de Guanajuato, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sean ustedes bienvenidos.
En términos del 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la voz doña Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.
Esta Presidencia informa que han solicitado el uso de la voz doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; don Felipe Arturo Camarena García, del Verde Ecologista; don Javier Orihuela García, del PRD; don Luis Miguel Ramírez Romero, del PAN, y Cristina Ruiz Sandoval, del PRI.
Se les recuerda, con todo afecto, que por respeto al 103 de nuestro Reglamento no procederán preguntas o hechos, y las modificaciones que eventualmente se pudiesen sugerir a la proposición tendrán que ser originadas por el iniciante.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la impunidad es la negociación de la justicia; los delitos de alto impacto se producen y siguen presentando una serie, que pareciera no tener fin, a tal grado que pareciera que las instituciones ya se encuentran completamente rebasadas. Lo más delicado es que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades correspondientes no han presentado los resultados esperados por los mexicanos.
Además del temor que sufre la población en varios estados de la república mexicana, por los hechos de violencia, es inadmisible que la sociedad se encuentre en un estado de indefensión ante las agresiones de los criminales.
El informe del gobierno que se presentó en días pasados muestra cifras, resultados y acciones que no se traducen en un clima de seguridad; por el contrario, ante la incompetencia institucional se percibe un sentimiento de desamparo, desesperación y angustia, por la impunidad con la que actúan los delincuentes.
En Nueva Alianza consideramos urgente continuar con la lucha contra la delincuencia organizada, porque no hay más nada más importante que la seguridad de las personas, pero esto no significa aceptar o legitimar las actuaciones de las autoridades federales; exigimos mayor eficiencia, profesionalismo y resultados tangibles contra el crimen organizado; compartimos con la sociedad la demanda fundamental y la exigencia de acabar con la impunidad y lograr la justicia para las víctimas.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza comparte las exigencias contenidas en el punto de acuerdo. Más allá de las estipulaciones que surgen en relación de los hechos ocurridos en Tres Marías, hacemos un llamado enérgico al gobierno federal, pero muy especial a la Procuraduría General de la República, para que se aboque a realizar una investigación clara, imparcial y transparente que lleve al esclarecimiento del ataque del que fue objeto una camioneta con placas diplomáticas.
Estamos convencidos que el delito debe de ser combatido con energía y contundencia, no con discursos vacíos ni con deslindes institucionales. La autoridad debe atender con responsabilidad e investigar cada uno de los delitos con profesionalización y conseguir resultados positivos que lleven a los culpables a la justicia.
Por ello votaremos a favor del presente punto de acuerdo, en atención a la solicitud del proponente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del presidente, compañeras y compañeros legisladores. La proposición que se somete a nuestro conocimiento es de relevancia, no solamente porque involucra problemas con nuestro sistema de impartición de justicia, sino también porque está de por medio las relaciones con nuestro país vecino Estados Unidos de Norteamérica y una posible reclamación internacional.
Nos sumamos al hecho y coincidimos con que investigue a fondo la Procuraduría General de la República y deslindar las responsabilidades ejerciendo acción penal ante los tribunales correspondientes a quien se le acredite la responsabilidad de estos hechos. Esperamos que estas acciones sean efectivas y se traduzcan, no como en otras ocasiones en un olvido de los mismos.
Queremos enfatizar que llama en este caso la atención, como en otros recientes, que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estén involucrados en este tipo de acontecimientos, por recordar algunos, el montaje noticioso en el caso de Florence Cassez, la muerte de elementos precisamente de la Policía Federal en el aeropuerto internacional y ahora este último hecho.
En estas tres ocasiones, estas últimas tres ocasiones nada más sale una nota en la prensa y después al poco tiempo se tiende a olvidar, dando como resultado, como en ésta y en otras ocasiones, que tengamos que sufrir, en este caso no solamente los mexicanos, sino también autoridades extranjeras, funcionarios extranjeros, personas, la impunidad.
Esperamos, precisamente los diputados del PT, que en esta ocasión realmente haya acceso a la justicia y que si no estaremos vislumbrando una reclamación internacional por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por las razones antes expuestas, apoyamos en los términos en que está redactada la proposición que se nos presenta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Ricardo Mejía Berdeja, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras diputadas y diputados. Desde luego que apoyamos el punto de acuerdo aquí presentado por nuestro compañero Duarte. Sin embargo, nos parece insuficiente frente al desastre que ha habido en materia de seguridad pública y de procuración de justicia.
El caso de Tres Marías es apenas un botón de muestra en este desbarajuste y en este océano de sangre en que se ha convertido el país. Nos parece fundamental, no solamente exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República sino que nos parece fundamental que ya se apruebe nuestra demanda planteada ante la Junta de Coordinación Política para la comparecencia inmediata, ante este pleno, de los titulares del gabinete de seguridad nacional. Nos parece que es lo que domina la agenda cotidiana en nuestro país.
Recientemente, hace un par de días, nos enteramos también de lo que ha sido un colapso también en estos seis años. El sistema penitenciario, la fuga de 132 reos por la puerta grande, literalmente, y a plena luz del día en Piedras Negras, Coahuila, es otro ejemplo de impunidad y de corrupción. Y más allá de si el Cereso es de orden local o federal, es finalmente un fracaso de la política penitenciaria.
Y no es que Calderón, por Twitter, culpe al gobernador de aquella entidad, que también ha sido un fracaso el segundo Moreira, sino que también ahí hay reos federales.
Entonces, hablamos pues del caso Tres Marías, hablamos del colapso del sistema penitenciario, hablamos de los más de 90 mil muertos que hay en este país. Hablamos del manto de impunidad y de protección que hay en torno al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Es decir, está repleta la agenda del país de temas que tienen que ver con la seguridad pública. Por eso nos parece que sin restar relevancia al tema de Tres Marías, porque también tiene implicaciones de carácter internacional y también tiene que ser un tema de soberanía, nos parece que la agenda es mucho mayor.
Y ahí por eso también debe venir el secretario de la Marina, porque qué hacía un capitán de navío como auxiliar o chofer o ayudante de dos agentes diplomáticos, se ha dicho, de Estados Unidos. Es decir, hay muchos temas qué revisar y esos temas tienen que pasar por este Congreso.
En el mismo Morelos, apenas hace nueve días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado donde dice que el secretario de Seguridad Pública desatendió una recomendación en el caso de Cuernavaca. Y dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto es una falta de respeto a los derechos humanos que abona al clima de impunidad e inseguridad.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, vamos a apoyar este punto, pero reiteramos nuestra propuesta, nuestra exigencia de que se revise en forma integral la seguridad pública y la procuración de justicia de la República.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Mejía. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 3 minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, me permito de nueva cuenta hacer uso de esta tribuna ya que éste es un tema que nuestra bancada, el Partido Verde Ecologista, tuvo a bien plantear ante esta asamblea apenas el pasado 4 de septiembre.
Nuestra propuesta no fue tramitada como de urgente u obvia resolución, pero creemos que es importante que independientemente de quien exponga la situación se den respuestas a un tema tan importante.
Nuestro compañero del Partido de la Revolución Democrática señala algunas preguntas dentro de su propuesta que nos parecen de vital trascendencia. Por eso creemos firmemente que un asunto como este atentado no debe quedar en el olvido, las autoridades deben dar respuesta puntual y esclarecer todos los hechos.
Aquel 4 de septiembre en esta misma tribuna planteé los siguientes cuestionamientos: ¿Quiénes en realidad eran las personas embarcadas en la camioneta? ¿Qué estaban haciendo en territorio nacional? ¿Y a dónde se dirigían? Dieciséis días después seguimos sin tener respuesta alguna.
En aquella ocasión propusimos crear un grupo de trabajo para dilucidar varias interrogantes que la sociedad reclama clarificar. El tema no es algo sencillo, por el contrario, es bastante delicado y confuso. En este entorno apoyamos la propuesta de nuestro compañero diputado para exhortar a la Procuraduría General de la República a seguir llevando a cabo con diligencia y celeridad todas las investigaciones necesarias y que rinda detalladamente un informe sobre los hechos acontecidos en el paraje conocido como Tres Marías.
Además, por parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, continuamos solicitando que se realicen todas las gestiones para crear un grupo de trabajo con la finalidad de aclarar el modo de cómo acontecieron los hechos y por qué las autoridades involucradas actuaron de esa manera. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Camarena. Corresponde ahora el uso de la tribuna –también por tres minutos– al diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier Orihuela García: Muchas gracias. Pues, compañeros y compañeras, podemos hoy solicitar la comparecencia de la procuradora, del secretario de Seguridad Pública, pero qué nos van a decir. Qué nos va a decir Genaro García Luna y la procuradora si ellos han sido parte de esta política de seguridad pública corrupta que ha permitido la infiltración del narcotráfico y de los cárteles en las mismas corporaciones policiacas, qué nos van a decir.
Cierto, estoy de acuerdo y apoyamos la propuesta de nuestro amigo, de nuestro compañero Catalino, que vengan aquí a dar cuentas, pero después de seis años de seguridad pública, después de seis años de política en el país, y particularmente yo quiero referirme a Morelos.
Yo soy diputado federal por el II distrito, con cabecera en Jiutepec. El 21 de agosto 10 policías federales extorsionaron a una amiga, a una compañera propietaria de una ferretería, y están grabados, la extorsionaron pidiéndole 1 millón de pesos. Hace cinco días un familiar mío fue secuestrado; y hace un año fue secuestrado mi padre. ¿Quiénes fueron los que lo secuestraron? Policías. ¿Quién está ahorita? ¿Dónde está el secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, Cabeza de Vaca? En la cárcel. Compañeros, qué nos van a decir. Lo de Tres Marías es un caso gravísimo, compañeros.
Compañeros yo solamente vengo aquí a exhortar a ustedes para asentar el precedente de que este pleno no permita que la ocurrencia personal por legitimarse sea el camino de la seguridad pública.
Fíjense –iba a decir, Vicente Calderón– Felipe Calderón Hinojosa es el responsable de miles de vidas, porque pudo haberse planteado otra política de seguridad pública, compañeros. Pero hoy el afán de legitimarse, ahí está la sangre que han pagado muchos ciudadanos que no tiene velo en ese entierro.
En Morelos solo hay dos grupos antisecuestros, hay una nómina de 40 elementos para la política antisecuestros, para el grupo de antisecuestros y solamente hay dos grupos de seis elementos; yo conozco a esos elementos. Uno de ellos es mi familiar, Francisco Amaro, fue secuestrado y asesinado. ¿Por qué? Ganan 10 mil pesos al mes, no tienen equipo, no tienen armas, no tienen vehículos.
Me dicen: habla en la Cámara de Diputados, Javier. Es injusto que haya un presupuesto millonario y los pobres policías antisecuestros no tengan ni carros, sus carros son particulares y no tienen ni llantas, dicen. Muchos ya renunciaron. Y repito: acaban de asesinar a uno de los compañeros del grupo antisecuestros en Morelos y no se sabe nada. Pero son miles de millones de pesos que se han asignado a esta política de seguridad pública ¿y dónde está? Hay una gran corrupción. ¿Dónde está? ¿Quién ha comprado los carros, los vehículos, las armas? ¿Quiénes son los que se han beneficiado económicamente de esa política, compañeros?
Ya basta. Yo lo que quiero, apoyando a nuestro compañero, que este pleno no siga el ejemplo de los plenos anteriores, de permitir que un presidente con ocurrencias venga a definir la política de seguridad pública; que el pleno asuma esta responsabilidad, compañeros. Yo sé los dejo a todos ustedes, compañeros.
En Morelos ya se va Marco Adame Castillo, igual de resultados que a nivel nacional, compañeros. Muchas gracias, y ojalá que seamos conscientes de que hoy está en nuestras manos cambiar la política de seguridad pública, compañeros. No lo permitamos más, compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero: Con su permiso, señor presidente. Aprovecho antes para saludar y dar la bienvenida a regidores y alcaldes electos por Morelos que hoy nos visitan.
Concordamos en que se trata de un lamentable hecho y que es obligación del Estado mexicano proporcionar una profunda investigación sobre estos acontecimientos.
Asimismo, cabe recordar que el Presidente Felipe Calderón instruyó a la Procuraduría General de la República se llegara hasta el fondo de lo ocurrido en el ataque al vehículo en referencia, por el que ya fueron arraigados 12 policías federales y 39 más fueron citados para rendir su declaración y se deslinden las responsabilidades y se actúe en consecuencia. Si hubo culpables, que se castiguen; pero si no hubo tal responsabilidad, que se limpien los nombres de quienes ahí participaron.
Concordamos también en que se debe dar un mayor fortalecimiento estructural y presupuesto a la Procuraduría General de la República.
Se establece también en el punto de acuerdo que un oficial de la Marina-Armada, se encontraba presente al momento del ataque, por tanto su presencia evidencia que no se trataba de una visita desconocida o con propósitos de espionaje, afirmación que se realiza dentro del texto y que desacredita el papel de cooperación internacional y más aún si tomamos en consideración los importantes avances que se han realizado por ambos gobiernos en apego al respeto a la soberanía de ambos Estados de manera reciente.
Como mención de lo anterior, cabe recordar en días pasados la reunión entre la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa y la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton, de Estados Unidos y México, en donde refrendaron su relación estratégica y su interés por la continuidad en la institucionalización y la cooperación de seguridad establecido bajo la Iniciativa Mérida en la lucha contra la criminalidad.
En el punto de acuerdo se establece la especulación de que se trataba de contratistas de empresas militares privadas que operaban en territorio nacional para el entrenamiento de militares mexicanos, pero por otro lado existe información de que se trataba de agentes de la CIA que impartían un curso a elementos de la Secretaría de Marina, según reportes publicados por la prensa norteamericana.
Por tanto al no contar con información suficiente, resulta inapropiado, por decir lo menos, hacer mención de que se trataba de mercenarios como lo refiere el texto.
En el punto de acuerdo se afirma que los agentes estadounidenses ingresaron al territorio nacional sin un debido control, lo cual constituye una acusación muy grave al gobierno federal. Por ello la investigación cobra vigencia.
Solicitamos que se informe a esta soberanía los resultados de esta misma investigación que está en curso, para que de una vez por todas quede claro si fueron o no violentadas las leyes en esta materia y el contenido de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Ramírez Romero. Tiene finalmente en este punto de acuerdo el uso de la tribuna hasta por tres minutos, la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea, los mexicanos hemos visto con cierta distancia el presunto ataque de policías federales a un vehículo oficial diplomático estadounidense.
En el grupo parlamentario del PRI también lamentamos que no haya la suficiente información para poder conocer a fondo el sentido de esta situación que hoy nos tiene inmersos en un conflicto internacional y con pocos elementos que den certidumbre a la investigación.
Sabemos por lo que se nos ha referido en los medios, que un juez federal concedió una suspensión provisional en vía de amparo, a 12 policías federales presuntamente involucrados en la agresión de esta camioneta diplomática.
El juzgado segundo de distrito concedió dicha suspensión para que a los agentes federales se les autorice recibir visitas de sus abogados y/o personas de confianza como parte de sus garantías constitucionales y de adecuada defensa y debido proceso.
Sin duda este es un asunto de coyuntura que desafortunadamente pone en riesgo no sólo las relaciones entre ambas naciones, sino que nos genera dudas sobre la forma en cómo acciona la Secretaría de Seguridad en la actual administración.
Las investigaciones empezaron a tener mayor credibilidad ante el gobierno de Estados Unidos cuando la PGR inició la presentación y su correspondiente interrogatorio a miembros de la Policía Federal relacionados con el caso.
Hasta la fecha han rendido declaración 51 elementos de la corporación, por lo que la Procuraduría asumió el control total de la seguridad pública, suprimiendo a la Federal de Seguridad y a la Policía Federal de Caminos, que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para el Grupo Parlamentario del PRI es importante y prioritario que se den las investigaciones pertinentes a este asunto, que el cauce de la ley siga el rumbo natural que derivará en las responsabilidades consecuentes para la resolución legal y del conflicto y la sana y armónica relación de ambos países.
Para los legisladores priistas es fundamental que nuestro país se conduzca desde ya bajo los principios de legalidad, certeza, veracidad y que las investigaciones se den con la mayor de las transparencias para el cauce correcto de cualquier proceso judicial en cualquier ámbito de nuestro estado de derecho. Por eso los priistas nos sumamos a esta propuesta y nos mantendremos pendientes de la investigación de este trágico incidente.
Señoras y señores diputados: un país democrático es un país de leyes, pero más aún, el respeto a ellas es lo que nos devolverá la confianza tanto en el ámbito interno como en el concierto internacional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Habiendo hecho uso de la palabra los representantes de todos los Grupos Parlamentarios, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Para el siguiente punto del orden del día tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la difusión de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el análisis, debate y elaboración del dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo del titular del Poder Ejecutivo federal de trámite preferente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas: para obviar el tiempo quisiera entrar directamente a los antecedentes, en tanto ya está planteada en la Gaceta la propuesta de punto de acuerdo.
Esta Cámara, como de todos es sabido, recibió el pasado 1º de septiembre del titular del Poder Ejecutivo federal una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Más allá de las probables controversias constitucionales a que haya lugar y que se están debatiendo públicamente, sin duda la reforma de la Ley Federal del Trabajo es un tema relevante para el Congreso de la Unión y también para la sociedad mexicana, puesto que a través de ésta se proponen modificaciones sustantivas a las formas en que se regulan las relaciones entre trabajadores y patrones, así como los procedimientos para la solución de conflictos laborales.
Sin duda las reformas que se presentan, en caso de aprobarse, incidirán en los factores de producción de nuestro país. Desde nuestro punto de vista afectando a los trabajadores y a toda la población.
Para ello, conforme a lo dispuesto por la fracción I y el tercer párrafo del artículo 71 constitucional, la iniciativa de trámite preferente determina un plazo máximo de 30 días naturales para que esta Cámara, en su calidad de Cámara de Origen, discuta y someta a votación la reforma de ley y seguir el trámite parlamentario.
Por ello, el pleno de esta Cámara aprobó constituir e integrar la comisión de trabajo en días pasados relativo al respecto. Y por todos estos motivos nosotros consideramos que los trabajadores y trabajadoras mexicanos, así como los patrones, todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los trabajos de esta Cámara de Diputados en el análisis y dictamen de las reformas de Ley Federal del Trabajo que proponen establecer nuevas condiciones en las relaciones y la solución de conflictos laborales.
En un ejercicio democrático y en plena observación de los principios de transparencia y rendición de cuentas, es necesario que tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores realicen la mayor difusión posible de los trabajos de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reforma que pretende establecer nuevas formas en las relaciones laborales, modificar el proceso de solución de conflictos, y la forma de registro y publicidad de las asociaciones de trabajadores, entre otras.
Es por todo esto y además por las garantías contenidas en el artículo 6o. constitucional que en primera instancia, aprovechando que el Congreso de la Unión cuenta con un medio de difusión idóneo, como es el canal de televisión, y que tiene por objeto, según las leyes del propio Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso, reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a la responsabilidad de la Cámara del Congreso, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional, y además que se considera procedente que este pleno de la Cámara de Diputados, a través de este acuerdo legislativo garantizara todas las sesiones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se transmitan en forma directa a través del Congreso, autorizando con ello la alteración de la programación ordinaria de dicho medio de comunicación para garantizar la cobertura directa de las sesiones de trabajo de dicha comisión, debiendo quedar abierta la señal de transmisión para todo medio de comunicación público-privado que lo desee.
Por otra parte es necesario que a través del tiempo oficial en radio y televisión que le corresponde a la Cámara de Diputados se difundan cápsulas informativas de dichas sesiones de trabajo atendiendo en ello a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad en sus comentarios.
Por ello, conforme a todos los artículos, el 1, 2, 3, 4, 5, fracción IV; 6, el 9, el 10 y el 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es que aprovechando toda la posibilidad que tenemos en esta Cámara, inclusive desde otras áreas de los Poderes de la Unión, que proponemos un punto de acuerdo donde toda la discusión pública y abierta de la reforma de la ley que trasciende al interior de grupos o partidos en un pleno ejercicio de la democracia, se abra este debate porque es de suma importancia para todos los ciudadanos en nuestro país, puesto que en el sentido de la reforma se apuesta por un esquema de la relación de trabajadores y patrones que pretenden incidir en forma directa a la política económica del país y de las estructuras orgánicas de los trabajadores.
La discusión abierta de la reforma laboral presenta una oportunidad de vida democrática en el Poder Legislativo, que puede ser fomentada por la misma discusión que realice el Legislativo a través de los tiempos oficiales de radio y televisión, así como el análisis y difusión de los propios medios de comunicación concesionados realicen del trabajo legislativo.
Con todo lo anterior se propone un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ya que la opacidad en la administración pública y el gobierno se termina con la publicidad de estos actos.
Por eso, nosotros proponemos el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, y en la medida que algunos diputados de la fracción parlamentaria del PAN -y quiero terminar con esto- nos han solicitado para votarlo a favor retirar la cláusula tercera de nuestro acuerdo, proponemos que como punto de acuerdo, el primero.
El pleno de la Cámara de Diputados instruya a su Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política para que se garantice la más amplia y adecuada difusión de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y del debate que en su momento se presente en esta Cámara de Diputados, a través del Canal del Congreso y en los tiempos oficiales asignados, observando los principios de objetividad e imparcialidad en la información que se difunda por el Canal del Congreso.
Asimismo, atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas se garantice a todos los medios de comunicación el acceso a la señal de grabación de video y audio en tiempo real, de los trabajos de la Comisión.
Segundo. Se instruye a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, para que en el tiempo oficial que corresponde a la Cámara de Diputados en radio y televisión, se difundan las actividades de la Comisión y se informe de los diversos argumentos expuestos en el análisis y debate de la reforma laboral, garantizando los principios de pluralidad, objetividad e imparcialidad.
Yo concluyo diciendo que un diputado hace un rato hacía relación a que los puntos de acuerdo son llamados a misa, yo espero que éste no sea así, que todos asumamos el compromiso que hemos hecho, con el que yo estoy cumpliendo al retirar la fracción III y estaremos vigilando, que de aprobarse por todos los diputados en este pleno, este punto de acuerdo sea cumplido. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se consideran de urgente resolución los resolutivos primero y segundo, publicados en la Gaceta, en razón de que el tercero de los resolutivos ha sido retirado por los promoventes.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se consideran de urgente y obvia resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia y para dar cumplimiento al numeral 1, fracción I, del artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han inscrito para posicionar por los grupos parlamentarios, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde; la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del PAN; y el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
En consecuencia...
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Tomás Torres. Adelante, diputado.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Rogarle, ciudadano presidente, que en el lugar del turno de su servidor Tomás Torres, le otorgue el uso de la voz al diputado Antonio Cuéllar Steffan, sobre el mismo tema y con el orden que usted anunció.
El Presidente diputado José González Morfín: Con su mucho gusto, diputado Torres Mercado. En consecuencia tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la transparencia es un principio indisociable de la democracia, con mayor razón cuando se discuten en esta institución de representación popular temas que tienen amplias consecuencias en los distintos sectores de nuestro país y que además son claves para determinar el rumbo.
El debate sobre la reforma laboral es un asunto que involucra a los trabajadores, sindicatos, patrones, empresarios, legisladores, dirigentes, dirigentes partidistas y líderes sociales. La reforma laboral es un asunto, entonces, que interesa a toda la sociedad mexicana.
Por lo expuesto, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza estamos convencidos que el diálogo social y el alcance de las discusiones de las diversas fuerzas políticas aquí representadas construyan, debe ser transparente y en todo momento del conocimiento de la sociedad y nadie debe quejarse por falta de información del tema que se está discutiendo.
La fracción parlamentaria de Nueva Alianza considera pertinente el punto de acuerdo presentado para exhortar a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a que instruyan al Canal del Congreso para que garantice que todas las sesiones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se transmitan en vivo y de manera permanente, autorizando para ese fin la adecuación de su programación diaria.
Dicha transmisión, obviamente, debe ser objetiva, debe ser imparcial, cumpliendo con el propósito de poner a disposición de todos los mexicanos y mexicanas, la información que se genera en este ámbito legislativo.
Asimismo, valoramos adecuado que se haga uso de los tiempos oficiales destinados a esta Cámara, para que a través de ellos se difundan los resultados relacionados con las discusiones y debates de esta iniciativa.
Compañeras y compañeros, el trabajo legislativo que estamos realizando en esta soberanía debe ser del conocimiento de la sociedad por principio de obligación y porque además ello fomenta y fortalece la confianza y legitimidad hacia esta representación popular.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Rafael Huerta, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que con el carácter de preferente presentó el Ejecutivo federal el 1 de septiembre ante esta soberanía, debe ser materia de una amplia consulta a la sociedad y todas las deliberaciones que se den en la Comisión de Trabajo y en el pleno deben ser objeto de la más amplia difusión en todos los medios de comunicación.
Este tema no es menor, la iniciativa presentada por el encargado del Poder Ejecutivo pasa por alto la naturaleza propia del derecho laboral, que es un derecho de la clase obrera. Pasa por alto el origen del artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria de dicho precepto.
Olvidan o ignoran que el derecho del trabajo es una garantía social que se incorpora por primera vez a una Constitución, en nuestra Constitución de 1917, pasa por alto que el artículo 123 tiene su antecedente directo en las huelgas de Cananea y Río Blanco, olvidan que en la dictadura porfirista los trabajadores no tenían ningún derecho a la protesta y que las huelgas eran reprimidas asesinando a trabajadores.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somos defensores de los derechos de los trabajadores, no aceptaremos que se conculque ninguna conquista laboral. La flexibilización de la fuerza de trabajo que se busca con esta iniciativa no es sino condenar a los trabajadores a la sin esclavitud, sin obligaciones para la patronal inseguridad social.
Pretenden legalizar la figura de outsourcing, que ya opera de manera ilegal, tan es así que en esta propia Cámara de Diputados presta lo servicios de limpieza una compañía contratada por la Cámara para estos efectos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, pregunten a estos trabajadores en qué condiciones laboran, la percepción salarial que tienen y la seguridad social con la que cuentan.
Aunado a lo anterior los trabajadores que se llegaran a contratar bajo esta modalidad difícilmente podrán contar bajo el esquema actual de cuentas individualizadas para pensión y jubilación, con una pensión digna a sus necesidades.
Sobre este particular el Banco de México señala que 31.5 millones de mexicanos no gozan de una pensión digna, esto es el 61 por ciento de la población económicamente activa. Lo anterior fue puntualizado por el subgobernador del Banco de México en el Foro de Reflexión: A 15 años de la reforma del sistema de pensiones en México. Esto es una declaración que no admite controversia alguna.
Nuestro grupo parlamentario está dispuesto a dar la discusión política y técnica sobre la inviabilidad del proyecto de Calderón, pero también solicitamos que se de a este proceso las más amplia difusión de los trabajaos que la Cámara de Diputados realice sobre este tema.
También se deben difundir las actividades que se están realizando en estas instalaciones sobre foros y análisis de la reforma laboral, y las asambleas informativas. Bajo estas consideraciones apoyamos en sus términos la proposición que se nos presenta. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Cantú Garza. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano venimos a apoyar que el tema de la reforma laboral se discuta con la mayor apertura por todos los medios posibles, ya que no se ha discutido este tema. Se trata de propuestas nuevas, no es la iniciativa de Abascal, es una con dientes más filosos.
Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa de Calderón afirma que pretende impulsar mejores niveles de bienestar y favorecer principalmente a jóvenes y mujeres. Esto es falso si hacemos a un lado la propaganda y la exposición de motivos engañosa. Al entrar al análisis nos damos cuenta que el verdadero contenido de la propuesta no crea más empleos, es mentira que una ley va a generar más empleos; todos sabemos que la creación de empleos depende de cambiar la política económica, realmente de crear créditos a la pequeña y mediana y empresa y fortalecer el mercado interno.
Compañeros, escúchenme bien, porque de aprobar esta iniciativa nos vamos a arrepentir toda la vida. Los cuatro aspectos centrales de la iniciativa por más graves y lesivos a las y los trabajadores son los siguientes:
La subcontratación. Calderón propone convertir el trabajo en una mercancía y que las obligaciones de los patrones se diluyan a través del llamado Outsourcing; en cinco artículos rompe con los principios de la existencia de la relación laboral que reconoce al patrón como el beneficiario de un servicio subordinado. Esta dependencia material es clave para determinar responsabilidades.
La intención de la iniciativa es acabar con ella reconociendo un régimen de subcontratación que tenderá a utilizarse de forma generalizada. Se trata de una subcontratación salvaje, que a todos nos convierte en trabajadores de segunda.
El contrato por hora. Se propone suprimir toda la relación laboral en un contrato que se cumple simplemente pagando y que excluye todo tipo de prestaciones como la antigüedad, el séptimo día, el aguinaldo y la prima vacacional.
Basta imaginar lo que nos pagarían considerando un salario promedio, no mínimo, promedio; la hora nos la estarían pagando en ¿15 pesos?
Tercero. Limito los salarios caídos hasta por un año.
Con esta propuesta se pretende responder a la excesiva lentitud de los juicios laborales haciendo pagar a los trabajadores el costo de la tardanza, en lugar de diseñar un cambio en el sistema de justicia para que no exista tal lentitud. ¿Por qué no proponer mejor que los juicios terminen en unos cuantos meses? ¿Acaso son los trabajadores los culpables de que los juicios duren cinco o seis años? ¿No es responsabilidad del Estado que administra la justicia?
Tercero, el derecho colectivo. La iniciativa destruye el derecho de asociación y contratación colectiva, hace un planteamiento contradictorio e hipócrita, puesto que por un lado habla de voto secreto, de transparencia, de rendición de cuentas, pero por el otro obliga a los trabajadores a conformarse con el Sindicato de Protección Patronal que se le impone obstaculizando a toda costa la demanda de titularidad del contrato; única vía de cambio de sindicato.
Basta que leamos, compañeros, el artículo 899, en donde se obliga a los trabajadores a exhibir los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes, lo que equivale a una lista negra. Además se pide una certificación de la autoridad, una especie de carta de buena conducta que debe ser, ni más ni menos, por el patrón y el líder impuesto.
El diputado José González Morfín: Diputada, su tiempo ha transcurrido y además tengo una moción que están haciendo de apego al tema. Lo que se está discutiendo es la publicitación de la discusión, no el fondo de la iniciativa que ha sido presentada.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Sin duda estamos simplemente razonando por qué tiene que dársele esta amplitud a la discusión.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que concluya con su intervención porque su tiempo ha transcurrido.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Claro que sí. Claro que sí, señor presidente. Concluyo con una pregunta. ¿Habrá algo más violatorio a la Constitución y a los derechos humanos laborales?
Otorguémonos el derecho, de menos, a discutirlo abiertamente. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Señor presidente, muy buenas tardes. Compañeras diputadas y compañeros diputados. México tiene la desgracia de que tiene que enviar al extranjero la fuerza de trabajo con el valor que todos necesitamos. Además tiene también la desgracia de que está enviando al extranjero a los jóvenes que tienen licenciatura que no tienen cabida en las filas del empleo en nuestro país.
Desde luego que tenemos que analizar y tomar en consideración que esto sucede porque quizá el status quo, tratándose de nuestro esquema jurídico, no está permitiendo la apertura de nuevos empleos, no está permitiendo la inversión necesaria para que estos jóvenes y la gente que con tanto esfuerzo está teniendo que emigrar con el peligro a los Estados Unidos, encuentre trabajo en nuestro país.
Este debate, el debate en materia laboral, desde luego que amerita que la sociedad conozca cuáles son nuestros postulados, nuestros pensamientos y qué es lo que queremos para ella.
Me vienen a la mente dos artículos de la Constitución que no podemos soslayar. Por un lado la representatividad en el ejercicio del poder público que a nosotros como legisladores se nos ha encomendado, pero por otro lado la garantía de acceso a la información y la función social de los medios. Desde luego que nuestro debate es trascendente y le importa a toda la sociedad.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está trayendo a la mesa de discusión y de debate una propuesta para que la relación obrero patronal se siga a partir de principios de solidaridad. Nuestro país lo demanda.
El ex candidato a la Presidencia por la izquierda muy bien lo dijo en su momento en sus discursos de campaña. Si queremos acabar con la violencia en el país, tenemos que generar riqueza y tenemos que generar empleo.
Lo que se está proponiendo no es menor. La Corte ya ha reconocido la función social de los medios y por consiguiente tenemos que atender a ese llamado. ¿Para qué? Para que la sociedad conozca cuáles son nuestros planteamientos.
Se está proponiendo aquí que se exhorte a la propia Cámara y a su Mesa Directiva para que se transmita en el Canal del Congreso todos los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Estamos de acuerdo con el punto que se somete a la consideración de este pleno el diputado del Partido del Trabajo, toda vez que además es coincidente y ratifica el mismo acuerdo que en el mismo sentido ya había dictado la Mesa Directiva de la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social; ya se transmiten por televisión y se seguirán transmitiendo por la relevancia de los trabajos que se están haciendo en la comisión.
Se instruye a la mesa Directiva para que también se utilicen y se aprovechen los tiempos oficiales de la propia Cámara a fin de que a través de los canales de televisión abierta en las cápsulas que nos correspondan, conozca la nación esto, conozca la nación el alcance de nuestros acuerdos. Estamos absolutamente de acuerdo con ello.
Señores, tenemos una visión en el sentido de que tenemos que discutir las reformas a la Ley del Trabajo, no solamente tomando en consideración la perspectiva y los derechos de aquellos que ya están hoy en las filas del empleo. El pastel sigue siendo del mismo tamaño pero los invitados a la fiesta somos más.
Tenemos que pensar también en el derecho a la dignidad, en el derecho a la vida y a la salud de todos los mexicanos y esto solamente se va a lograr en la medida en la que incorporemos a la legalidad y al empleo, a los millones de mexicanos que hoy no trabajan o que tienen que vivir en la economía informal, a la sombra de lo que establece la ley para llevarse un pan a la boca. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Alfa Eliana, Presidente. Con su permiso. Compañeros diputados, compañeras diputadas, vengo a esta alta tribuna a pronunciarme a favor de la propuesta presentada por el Partido del Trabajo. Dada la importancia de la ley que se discutirá en materia laboral, no podemos escatimar en la transparencia y apertura a la difusión de todos los trabajos que de ella deriven.
El trámite preferente de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Ejecutivo federal, está previsto en el artículo 71 constitucional, pero no se encuentra desarrollado en la legislación segundaria. Por ello, su dictaminación debe ser ampliamente difundida a través del Canal del Congreso, como lo propone el Partido del Trabajo.
El mismo artículo señala que la ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en vigor no considera el trámite preferente, tampoco el reglamento de la Cámara de Diputados lo contiene.
Por su parte, el artículo transitorio segundo del decreto que reformó la Constitución política para introducir esa figura dispone que el Congreso deberá expedir la legislación respectiva a más tardar en un año, contado a partir de la entrada en vigor del mismo, situación que no ha sucedido.
Esta soberanía debe ser muy cuidadosa de las decisiones que tome para cubrir una laguna jurídica en el trámite preferente. El acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política pretende regular los trabajos de dictaminación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social pasando por encima de las facultades de la propia comisión establecidas en el artículo 176 del reglamento de la Cámara de Diputados.
El acuerdo de la Junta es violatorio del artículo 77 constitucional que invoca, pues éste señala que cada una de las cámaras podrá dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, y para ello se requiere la aprobación del pleno, como ha ocurrido en todos los antecedentes donde existen lagunas jurídicas o falta de un desarrollo secundario de los artículos constitucionales.
Por esta misma razón es de la mayor importancia la más amplia difusión de los debates, la realización de las audiencias públicas o reuniones en las que se consulte la opinión de especialistas en la materia, grupos interesados, funcionarios públicos de las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema. Que se discuta y retome la opinión de los ciudadanos, como lo dispone el reglamento de la Cámara de Diputados.
Debemos asimismo considerar un calendario de audiencias públicas en el proceso de dictamen de la iniciativa preferente; asimismo, debemos garantizar el derecho de presentar un voto particular en caso de disentir el dictamen que en su oportunidad se presente.
Por ello aprobaremos el punto del Partido del Trabajo y defenderemos con la ley en la mano un proceso legal, transparente, incluyente y democrático en el dictamen de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pilar de nuestros derechos sociales, que defenderemos por todos los medios a nuestro alcance.
Si el motivo, pregunto, de no querer dar difusión, como solicitamos, a esta discusión es que existe ya un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto para aprobar esta ley, en detrimento de los trabajadores, responsabilizaremos a Enrique Peña Nieto. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados.
Una de las características de los procesos democráticos es la difusión de las diversas propuestas políticas entre la sociedad para que ésta tenga elementos que le ayuden a construir y definir sus decisiones en la vida pública de nuestro país.
Es una verdad universal que una sociedad bien informada es parte fundamental de la democracia, desde su nacimiento y con mayor ahínco durante los últimos 12 años del nuevo régimen político de democracia plena, Acción Nacional y los gobiernos panistas han fomentado y promovido la construcción de ciudadanía.
Nuestro compromiso histórico con el país siempre ha contemplado la difusión de las ideas, información objetiva, veraz y confiable sobre la vida política de nuestro país.
Por todo esto estamos totalmente de acuerdo en que esta Cámara de Diputados garantice el acceso de la sociedad mexicana al proceso de reflexión, análisis y debate de la iniciativa presidencial en materia del trabajo.
Nos parece pertinente anotar que el debate en torno a las reformas estructurales siempre ha sido promovido de manera abierta y democrática por parte de nuestro partido, y podemos afirmar que en repetidas ocasiones han sido otros grupos parlamentarios quienes se han opuesto a la difusión de las propuestas legislativas e inclusive, han llegado a descartar nuestras propuestas y las iniciativas presidenciales sin siquiera haber leído las mismas.
En el caso específico de la iniciativa de reforma en materia laboral, hemos advertido que los legisladores de diversos partidos de la oposición hacen afirmaciones acusatorias en contra de la propuesta presidencial que rayan en la mentira o en la calumnia, ya que se hacen supuestas críticas a cuestiones inexistentes en el documento presentado el pasado 1o. de septiembre, y hacen señalamientos de supuestas ausencias en la propuesta, dando así la impresión de desconocer la propuesta del Poder Ejecutivo.
Nos parece necesario hacer un respetuoso exhorto a los legisladores de los diversos partidos políticos a que ellos sean los primeros en informarse de las propuestas que establece el documento presentado por la Presidencia de la República, ya que hemos observado que continuamente hacen afirmaciones sobre este tema, y que están totalmente alejadas del contenido de la iniciativa preferente, y tales acusaciones sin fundamento alguno, solamente redundan en crear confusión y desinformación entre la población.
Los trabajos realizados por la actual comisión legislativa para analizar la iniciativa preferente, se han caracterizado por su apertura, transparencia, tolerancia y difusión entre la sociedad. Las tres que hasta hoy se han realizado han sido transmitidas por el Canal del Congreso.
Acción Nacional considera que esta Cámara de Diputados debe garantizar la más amplia difusión de los trabajos de la comisión legislativa en materia de Trabajo y Previsión Social, y al mismo tiempo, garantizar que las condiciones mínimas de trabajo de dicha comisión, debemos garantizar que los legisladores trabajen en un clima que permita el diálogo, la reflexión, el intercambio de ideas y evite acciones de provocación o boicot de los trabajos.
Son ya muchos años de esfuerzo y proyectos legislativos truncados, por eso la pertinencia y oportunidad de presentar esta importante iniciativa preferente que nos obliga a asumir nuestra responsabilidad histórica con la nación, para aprobar éste, que es uno de los grandes pendientes de la agenda nacional. Discutámoslo con responsabilidad, con seriedad y rigurosidad técnica y jurídica, y entreguemos buenas cuentas a la sociedad mexicana tal y como nos lo exige de una manera totalmente legítima. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Torres Cofiño. Finalmente, para terminar la onda de posicionamientos, tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en principio señalar a nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, que coincidimos con el punto de acuerdo que está a discusión nuestra en este momento, y solamente dejar a ustedes el antecedente, dejar a ustedes anotado que a partir de que el pleno de esta Cámara decidió la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y ésta se instaló, por cierto en una sesión de carácter pública que fue debidamente publicitada en los medios de comunicación de nuestro país, se ha tenido el espíritu que ahora retoma este punto de acuerdo.
Es decir, que reconociendo efectivamente que la materia que se discute en la propia Comisión durante estos días, motivada por la presentación de esta iniciativa preferente, ha sido en ese rumbo; en el que impere la transparencia en las discusiones, en el que impere también la libre expresión de cada uno de nuestros compañeros, y déjenme decirles que incluso en esto coincidirán quienes hemos participado como integrantes en estas sesiones de la Comisión de Trabajo, que no necesariamente en los estándares de los tiempos reglamentarios, sino siempre más allá.
Por eso coincidimos en esta propuesta que hace el punto de acuerdo; la discusión debe ser publicitada y garantizada por la Mesa Directiva de la Cámara, para que la sociedad mexicana efectivamente sepa quién, cómo y cuáles de sus representantes van en un sentido o en otro, aprobando o desaprobando, intentando modificar la iniciativa preferente que pretende reformar la Ley Federal del Trabajo.
No quisiera, compañeras y compañeros, anticipar la posición de nuestro grupo en el debate de fondo de esta iniciativa. Solamente dejar a ustedes la idea, de que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tendrá como eje principal en este debate de fondo, el respeto a los derechos sociales, contenidos en el artículo 123 de nuestra Constitución.
En estos derechos no habrá un paso atrás por parte del Grupo Parlamentario de nuestro partido. Y en esa condición decir además, señor presidente, que sabemos qué responsabilidad toca a cada quien.
La responsabilidad de la presentación de esta iniciativa preferente es del titular actual del Poder Ejecutivo federal, y la responsabilidad de dictaminarla de cara a la nación, y cada quien con nuestras posiciones, estará en cada uno de nosotros, representantes de la sociedad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiendo ya hecho uso de la palabra todos los grupos parlamentarios, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dos primeros resolutivos del punto de acuerdo, en los términos en los que han sido puestos a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se les consulta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por su afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén en la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se han agotado todos los asuntos del orden del día, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín (15:13 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 25 de septiembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que las listas de registro de asistencia, por última vez, estarán disponibles en el vestíbulo desde las 9:30 horas, misma hora en la que quedará abierto el registro electrónico de asistencia. Se levanta la sesión.
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