Comunicaciones
De la Secretaría de Cultura, con invitación a ceremonia cívica
De la Secretaría de Gobernación, con informes y respuesta a punto de acuerdo
De la Cámara de Senadores, sobre la Comisión Bicamaral, en materia de seguridad nacional
Iniciativas de diputadas y de diputados
Vicario Portillo Martínez, PRD
Fernando Belaunzarán Méndez, PRD
Minuto de silencio por el fallecimiento de Alonso Lujambio Irazábal
Carlos Alberto García González, PAN
Gabriela Medrano Galindo, PVEM
Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano
Sonia Rincón Chanona, Nueva Alianza
María Carmen López Segura, PRI
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, PVEM
Dora María Talamante Lemas, Nueva Alianza
Francisco Alfonso Durazo Montaño, Movimiento Ciudadano
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Con integración complementaria del Comité de Administración
Para homenajear a los deportistas olímpicos y paralímpicos que obtuvieron medalla
Proposiciones de diputadas y de diputados
José Rubén Escajeda Jiménez, PRI, relativa a la comercialización de frijol
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
Efemérides
Relativa al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, 23 de septiembre
Con motivo del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, 26 de septiembre
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, en las listas de firma, 274 diputadas y diputados. Se invita a los diputados que no han registrado su asistencia en el sistema electrónico a que lo hagan. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (11:05 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: La Mesa Directiva informa a la asamblea que en estos momentos se está llevando a cabo la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en el artículo 71 constitucional en relación con la iniciativa que con carácter de preferente remitió el Ejecutivo federal.
En razón de lo importante y urgente del caso, tome nota la Secretaría para los efectos de justificar la asistencia.
También se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputados secretarios de la Honorable Cámara de Diputados, presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 191 aniversario de la consumación de la Independencia nacional el jueves 27 de septiembre a las 10:00 horas en la Columna de la Independencia, ubicada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa Honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia. Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, licenciada Nina A. Serratos Zavala, secretaria de Cultura del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa al diputado José Luis Muñoz Soria. Adelante.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos. Informe anual de las concesiones vigentes que a la fecha ha otorgado el gobierno federal, previa autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: El informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al derrame de petróleo en las costas del Istmo de Tehuantepec.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibió de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a integrar la Comisión Bicamaral en materia de seguridad nacional, y se dé cumplimiento a lo que ordena el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Junta de Coordinación Política para su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Vicario Portillo Martínez: Buenos días, compañeras y compañeros. Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vivimos momentos de profundas transformaciones en los sistemas tecnológicos y en los sistemas de comunicación, donde cada día se van instrumentando e incorporando nuevos paradigmas que hacen obligatorio su adaptación e instrumentación, en virtud de que no se pueden desconocer, sino que se deben afrontar de manera inteligente, de ahí que los representantes populares tenemos una gran responsabilidad de generar las iniciativas pertinentes para adecuarnos a las circunstancias de los nuevos tiempos y sus nuevas exigencias.
El artículo 3o Constitucional establece el papel del Estado en la impartición de la educción básica y media superior, que los reconoce como obligatorias en nuestro país, esto en consonancia con las necesidades de la juventud, asimismo acorde con otros sistemas educativos, donde la educación es la base para el desarrollo del país y de las personas.
Consecuentemente la educación media superior es obligatoria en nuestro país, pero contradictoriamente a ello en varias regiones del país no hay suficientes espacios para cubrir esta demanda, por lo que se hace necesario que dicha obligatoriedad constitucional se vea reflejada en la Ley General de Educación, para que ningún joven se quede sin estudiar el medio superior en el territorio nacional.
Aunado a ello es necesario que en regiones y municipios con población preponderantemente originaria, se impulse la educación bilingüe e intercultural para la mejor comprensión de los contenidos educativos de nuestros hermanos indígenas que habitan dichos lugares y con ello alcanzar el impulso de un mejor nivel educativo.
En esta tesitura la educación bilingüe-intercultural es reconocida dentro del ámbito constitucional en nuestro país, pero aun con este reconocimiento la vía de los hechos ha faltado su impulso y consolidación, con el propósito de lograr tal objetivo, se hace necesaria su regulación en la Ley General de Educación, particularmente en los artículos 3o., 4o, 9o., 12 y 38 para que de esta forma se garantice dicha enseñanza en nuestro país.
En tal sentido el artículo 2o., Apartado B, fracción II de nuestra Carta Magna señala: Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior...
La regulación de la educación bilingüe-intercultural en la Ley General de Educación en nuestro país, nos permitirá ampliar la oferta en zonas y regiones con casi poca atención en la actualidad, con ello cerrar las brechas de la desigualdad en el renglón educativo, acercando la oferta educativa a la población indígena de nuestro país, con ello se fortalece nuestras lenguas y culturas que lo constituyen, por lo que dicha enseñanza es una responsabilidad del Estado a través del sistema educativo nacional.
Con la presente iniciativa pretendemos dar una respuesta a las demandas cada vez más claras y visibles de los pueblos originarios del país y reconocer que sus demandas van mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, toda vez que las peticiones han sido insuficientes para los pueblos originarios que llevamos 520 años sumergidos en la discriminación y marginación.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD considera de la mayor importancia alcanzar los estándares mínimos requeridos en esta materia, así como regular la educación bilingüe e intercultural en las zonas y regiones con población indígena para que se implementen y ejecuten programas educativos.
Proponer que sea el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, que revisará, actualizará y autorizarán los contenidos de los libros de texto para el bachillerato en nuestro país, así como la definición de los lineamientos del material educativo del citado nivel educativo.
Lo anterior, para unificar la enseñanza de nivel medio superior unificando todos los esfuerzos para consolidar el bachillerato en nuestro país. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de reformas que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: La silla del águila no volverá a ser lo que fue. Lo lamento por los nostálgicos del viejo régimen, pero lo celebro por una sociedad plural, activa, cada vez más crítica y participativa que no acepta que, de nuevo, una sola voluntad suprema se imponga sobre todas las demás.
Si el camino del retorno está cerrado y además es un despropósito planteárselo, lo que queda es construir un régimen democrático funcional y de largo aliento que hoy, por desgracia, no tenemos. No minimizo los avances logrados, sobre todo los de fines del siglo pasado que abrieron el camino a la alternancia. Pero, ahora lo podemos decir sin sombra de duda, no fueron suficientes.
Se han dado reformas, es verdad, algunas de ellas de importancia sin duda, pero muy por debajo de lo que reclaman y merecen los ciudadanos. Además, es notorio que el cálculo electoral, más que las necesidades del país, determina en buena medida las políticas de los partidos y también, hay que decirlo, de los gobiernos, lo que hace que se privilegie el acuerdo coyuntural y la conformación de mayorías efímeras en un marco de profundas desconfianzas.
Es cierto que no todo es rediseñar instituciones y mejorar procedimientos, que es indispensable educar y generar cultura, pues una democracia sólo puede ser tal si hay demócratas que la echen a andar.
Por supuesto que resulta fundamental, entre otras cosas, reivindicar socialmente al diálogo, a la negociación, al acuerdo y por supuesto también a la crítica, al disentir, al derecho a cuestionar en voz alta. Pero es correcto que la estructura del régimen propicie y favorezca el predominio de las formas y prácticas democráticas para que dicha cultura cristalice y también para que se construya la gobernabilidad conforme a la realidad plural y diversa que para bien tenemos y que también para bien tendrán las próximas generaciones.
La iniciativa que les expondré contribuye decididamente a ello. Como saben por la Gaceta, la iniciativa consiste en incorporar la segunda vuelta electoral. Las minorías son esenciales en la democracia; deben ser tomadas en cuenta e incluidas, reconocerles derechos y respetarles sus derechos. Pero hay cosas que debe decidir la mayoría y una de ellas es quién va a ser presidente de la República, quién va a gobernar al país.
Tendremos nuevamente un gobierno de minoría. El candidato del tercio mayor será presidente de las otras dos terceras partes sin la obligación siquiera de construir mayoría en el Congreso; 58 por ciento de los diputados y el 60 por ciento de los senadores seremos de oposición, con el respaldo del 38 por ciento de los electores y sólo del 23 por ciento de los ciudadanos empadronados, sin control de las cámaras y con las facultades metaconstitucionales atrofiadas es un escenario poco prometedor, algo que de alguna manera vivieron los gobiernos de la alternancia y que explica sólo en parte su déficit de resultados.
Un presidente con mayoría absoluta de los votos tiene un mayor margen de maniobra, no sólo por este número de sufragios, sino también por las alianzas que necesita hacer para obtenerlos y que de alguna manera anuncian cogobierno y corresponsabilidad.
No es obligación, pero lo favorece, contribuye a la estabilidad y puede servir a romper la dinámica compleja de tercios que se frenan sin suprimir o rebajar la pluralidad. No basta, es cierto, la segunda vuelta, pero ayuda.
Antes de visualizarla en relación con otras reformas, también necesarias, permítanme exponer sus partes esenciales. Como pueden ver, la propuesta consiste en modificar cinco artículos constitucionales, el 41, el 81, el 82, el 84 y el 99. Las modificaciones al 41 consisten en garantizar acceso a radio y televisión en la segunda vuelta, establecer la campaña de un día después de calificada la primera elección hasta tres días antes de la segunda, que sería el último domingo de agosto y la obligación del IFE para organizarla.
En el 81 se propone establecer que será presidente de México quien obtenga la mayoría absoluta de los votos, es decir, el 50 por ciento más uno. Si eso se obtiene la primera vuelta, el caso está resuelto, pero en caso contrario el IFE emitiría la convocatoria para realizar la segunda vuelta en agosto, en la cual sólo podrán participar los dos candidatos más votados.
Ahí mismo se establece que tanto la primera como la segunda vuelta podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos y plazos que señale la ley, que por supuesto deberán ser revisados y modificados en el Cofipe.
En el 82 es ponerlo en consonancia con el anterior, pues habla de los requisitos para ser presidente. En el 84 se hace la modificación sobre la convocatoria que debe expedir el Congreso especificando que es a la primera vuelta y en el 99 ratificar la competencia de la Sala Superior del Tribunal, tanto en la primera como en la segunda vuelta, tanto para resolver impugnaciones como para realizar el cómputo final de ambas.
Se establece en un transitorio la obligación del Congreso mexicano para hacer las adecuaciones al Cofipe que correspondan, en el plazo de un año a partir de su publicación.
Ésta es una reforma que invita a la visión de Estado. El peor oficio para un político es el de profeta. Muchas cosas pueden ocurrir en seis años y por lo tanto no tiene dedicatoria, busca que quien llegue, sea del color que sea, lo haga en mejores condiciones para tener un gobierno exitoso con estabilidad y gobernabilidad democrática.
Es verdad que en una segunda vuelta se obliga a los participantes a acordar con otras fuerzas y a comprometerse con políticas, proyectos y programas de otras agendas distintas a las propias, sí, pero eso es parte esencial de la democracia, aquello que la hace viable, porque el voto, si bien es su elemento emblemático, lo que la hace caminar es el diálogo entre los diferentes.
Ahora bien, la segunda vuelta es necesaria pero insuficiente, es correcto que en un régimen presidencial quien encabece el Poder Ejecutivo tenga el respaldo de al menos la mitad mas uno de los electores, la mayoría de los que ejerzan su voto, pero eso también lo es en un régimen semipresidencialista, que es a donde pienso nos debemos dirigir como un tránsito que espero y hago votos que llegue finalmente al parlamentarismo.
Con independencia de que se comparta conmigo ese punto de llegada, es mi utopía democrática la que comparto con muchos otros, lo cierto es que no se puede negar que el presidencialismo mexicano está agotado. Los síntomas del desahucio están por todas partes y es necesario revitalizar al régimen con mecanismos parlamentarios, esto es darle más competencia y corresponsabilidad al Congreso con el rumbo del país.
La construcción de mayorías se incentiva con la segunda vuelta, pero si queremos darle una base más sólida y firme deberíamos pensar en la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, y cuando digo esto no estoy pensando en el sexenio que está por comenzar; estoy visualizando una democracia sustentable, funcional y de resultados para las próximas generaciones, que no esté a merced del vicio o a la virtud del presidente en turno, sino que haga de la construcción de un país mejor, una terea colectiva y entusiasta de miles y miles de ciudadanos.
Por su puesto que la segunda vuelta fortalecería al Poder Ejecutivo, pero no le regresaría sus atributos imperiales del pasado. México es mucha pluralidad para un solo hombre, así sea excepcional. La democracia se construye entre iguales.
Sostengo que volver al viejo régimen es tan imposible como indeseable. Quedarse como estamos sería igualmente nefasto, pero eso sí se puede hacer, basta con no hacer nada. La alternativa es construir un sistema con gobernabilidad democrática, hacer reformas que nos permitan recuperar la ruta extraviada de la transición. Ni retorno ni estancamiento. Les propongo cambio de régimen.
Disculpen, es que en el tiempo efectivamente dieron 5 minutos, pero por reglamento tengo 10 por ser reforma constitucional. Ya acabé, no se preocupen, pero quería aprovechar efectivamente, porque no he agotado los 10 minutos, simplemente decir que me hubiera gustado que ésta y otras iniciativas dialogarlas, discutirlas con alguien de la colegisladora, alguien a quien respeto mucho o respetaba mucho o respeto mucho a pesar de que haya fallecido lamentablemente en estas horas.
Me hubiera gustado mucho discutir esta iniciativa y otras, hacer causa común o debatir o discrepar, como se hace en la democracia, con Alonso Lujambio. La lucha que dio también por su vida en estos últimos años, creo que es un ejemplo para todos nosotros. Por supuesto, que es un humanista, un demócrata.
Cuento con que va ha haber un minuto de silencio, pero no quería desperdiciar la oportunidad de darle el pésame a sus familiares y amigos. Gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Y aprovecho la mención que usted hace para otorgarle la palabra al señor diputado, a efecto de tocar el tema.
El diputado Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente. Esta mañana falleció Alonso Lujambio Irazábal, senador de la república, amigo y ejemplo de todos los que lo conocimos. Alonso fue un destacado académico mexicano, licenciado en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en ciencia política por la Universidad de Yale.
Fue profesor de varias generaciones de estudiantes en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ITAM, además de ser maestro, fue director de la licenciatura en ciencia política.
Su tesis de licenciatura fue sobre el sistema de representación proporcional en el Congreso, a modo de defensa de la pluralidad en México y como reivindicación de la oposición.
Fue brillante como ensayista. Le dedicó varios años de vida a estudiar y documentar la historia del Partido Acción Nacional. Entre sus obras se puede destacar El porvenir posible, que es un estudio y una compilación sobre la obra y vida de Carlos Castillo Peraza. Mil novecientos treinta y nueve, en donde estudia y transcribe la historia y los debates de la fundación de Acción Nacional.
La democracia indispensable, compuesta por ensayos, sobre los principales personajes de la historia del Partido Acción Nacional.
Lujambio descubre y reivindica el diálogo y la negociación en Christlieb Ibarrola. El debate parlamentario en don Miguel Estrada. La preocupación social en Efraín González Morfín y la herramienta para la transición democrática en Carlos Castillo Peraza. Su legado está escrito con sus propias palabras y la mejor forma de conocerlo y recordarlo es a partir de su lectura.
Alonso Lujambio no solo pensó desde la Academia cómo resolver los problemas de México, fue un ciudadano que se caracterizó por fomentar e instaurar la democracia en nuestro país. Tenía el dominio de la técnica pero sabía ponerla en práctica a favor de sus semejantes. Un verdadero demócrata que ayudó a cristalizar el sueño de miles de mexicanos y de generaciones enteras. Decidir por sí mismos quién los gobernara.
Fue consejero electoral en las elecciones federales del 97, del 2000 y del 2003. En aquel primer Instituto Federal Electoral que tanto orgullo nos generó a todos los que lo vimos nacer y organizar elecciones limpias.
También fue presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, instaurado, por primera vez, la transparencia como práctica del Estado moderno para abatir la corrupción.
Fue secretario de Educación Pública y precandidato del PAN a la Presidencia de la República. Le sobreviven su esposa Teresa Toca y sus tres hijos: Iñigo, Tomás y Sebastián, a quienes a nombre propio y de mi partido dedico esta intervención.
Para concluir, repetiré en palabras de Alonso Lujambio el significado de nuestro Congreso: Aún en el marco del autoritarismo, la pluralidad de esta Cámara posibilitó el surgimiento de un ámbito institucional, para la discusión y el razonamiento. Aquí se han tejido, durante años y años, relaciones personales entre miembros de distintos partidos políticos. Se han hecho explícitas las diferencias. Se han creado vínculos entre quienes, desconociéndose, se ignoraron u odiaron.
Muchas amistades entre miembros de distintos partidos han nacido en la convivencia continua y difícil de la Cámara de los Diputados. Esa convivencia parlamentaria que a ojos de muchos, casi todos, ha parecido inútil. A la postre, ha resultado extraordinariamente positiva para México. Fin de la cita.
Veinticinco días fue senador de la república, un enamorado del parlamento que sabía que en el Congreso de construyen las relaciones necesarias para cambiar el país.
Hoy en la mañana un compañero de la bancada me decía: “Duele cuando se va un amigo, pero duele más cuando se va un hombre bueno”. Los hombres buenos trascienden, Alonso Lujambio trascendió. Descanse en paz.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. La Mesa Directiva lamenta el deceso del licenciado Alonso Lujambio Irazábal, quien fuera integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores. Nuestras más sentidas condolencias y se invita a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución General de la República.
La Vicepresidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Vengo a nombre de los grupos parlamentarios del PRD, PT, Movimiento Ciudadano, a presentar hoy esta iniciativa para dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República y sentar las bases constitucionales para la creación de la Fiscalía General de la Nación.
Sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71, 76, 78, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones.
En palabras del poeta Javier Sicilia, nuestro país vive un estado de emergencia nacional. Al referirse a la política de seguridad y combate a la delincuencia, el poeta también hace referencia a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia; particularmente las primeras, aquellas instancias que constitucionalmente son las representantes de la sociedad y que deben defender nuestros derechos se han convertido en nuestros peores adversarios. Las procuradurías de justicia de todo el país son un verdadero lastre nacional.
Desde luego esta carga no podría entenderse sin analizar el papel que ha jugado la Procuraduría General de la República en los últimos 15 años, al convertirse en un órgano de investigación y persecución del delito a una instancia incluso de persecución política.
Para mejorar la procuración de justicia y para definir los cambios necesarios es importante recordar la crisis generalizada de la justicia que estamos viviendo, esto aunado a muchas deficiencias que se han generado en los últimos años. Por ello esta reforma busca el espectro de la justicia, así como programas y acciones que permitan combatir con eficacia y prontitud el flagelo que atañe a los mexicanos y a las mexicanas, a todos, en sus diferentes edades.
El Ministerio Público, tal y como se encuentra constituido en la actualidad, ha sido rebasado por el fenómeno delincuencial, así como por los arraigados vicios que la aquejan, excesiva burocracia, lentitud de la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de grupos criminales, motivos estos para el descrédito de las instituciones en materia de procuración de justicia penal.
Es imperante la autonomía del Ministerio Público no sólo por los aspectos antes señalados, sino por las reformas en materia de justicia penal del 2008, que definió un proceso penal acusatorio, sino sobre todo por las reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, que establece una obligación superior a los órganos del Estado en la construcción de garantías y mecanismos que respeten y salvaguarden los derechos humanos de las personas.
Sin autonomía del Ministerio Público el sistema penal acusatorio no tiene posibilidades objetivas de ser un catalizador de las transformaciones en nuestro descompuesto sistema de justicia. El que los Ministerios Públicos dependan directamente de Ejecutivos estatales y, en el caso de la PGR, de la federal desde luego impide que dichas instancias se conviertan en verdaderos mecanismos de representación social, transformándolos en representantes y personeros del gobernador o del presidente en turno.
Con esta reforma se pretende que el presidente de la República o el gobernador en una entidad federativa no sean jefes del Ministerio Públicos, para que con ello no puedan sustituir con su voluntad política las decisiones que sólo incumben un órgano técnico que actúa en representación de la sociedad.
Aparejado con esta iniciativa que se presenta y que dota de dicha autonomía al Ministerio Público se debe integrar un paquete de iniciativas que reformen las competencias y atribuciones de la Procuraduría General de la República a nivel federal, que distribuya la investigación de los delitos y, sobre todo, que fortalezcan a esta figura constitucional.
La Fiscalía General de la Nación –o como decida nombrarse– debe tener facultades para investigar los delitos con recursos y patrimonio propio, debe ser realmente una instancia acusadora y persecutora, y no sólo una instancia que recibe información y engrosa expedientes, debe contar con una verdadera policía de investigación con verdaderos elementos técnicos y periciales, además debe contar con mecanismos de protección y seguridad para las víctimas.
Una nueva instancia de Ministerio Público implica un verdadero reto para todas las mexicanas y para todos los mexicanos, pero implica también una verdadera posibilidad para diseñar de raíz una institución que realmente investigue y sancione los delitos que se cometen.
En un país donde el 98 por ciento de los delitos quedan impunes no podemos quedarnos inmóviles. La procuración de justicia integral es una responsabilidad que excede las posibilidades de los organismos públicos, de los cuales la Constitución y las leyes la confinan.
Por tanto tiene que contarse con la participación consciente, decidida y honesta de todos los ciudadanos, ya sean gobernantes o gobernados.
Por ello se propone que esta nueva instancia sea encabezada por una persona elegida de entre la sociedad civil, con prestigio y trayectoria reconocida y que no dependa políticamente de ningún gobernante o partido político, con ello se garantizará también su imparcialidad y su compromiso con la ciudadanía y no con los políticos en turno.
Hay una frase que versa: Sin justicia no habrá paz. Y justo por eso tenemos que trabajar en esta ruta, para construir instituciones capaces y efectivas que nos garanticen el acceso a la justicia, esa justicia que se nos ha negado durante muchos años y que permita construir en un corto plazo las bases para la paz en este país enfrascado en una guerra intestina, sin rumbo ni dirección. Es cuanto, diputado presidente, y solicito la integración del texto al Diario de los Debates.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Cúmplase con lo solicitado y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia electrónica? Está abierto el sistema. Lo vamos a conciliar con el registro de asistencia en la entrada.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Concilie todos los casos, secretaria. Todos los casos concílielos con el registro.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se cierra el sistema electrónico y se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 405 diputadas y diputados. Para esta sesión también se conciliará el registro previo de firmas con el del sistema electrónico.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para evitar de esa manera que no tengan el registro adecuado. ¿Alguna otra cosa? Dígame. Sonido en la curul de la diputada Rosas Montero.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, presidente, desde hace más de una hora yo quise registrar asistencia y no me lo permite el sistema. El personal de resguardo me informaba que ya estaba cerrado el sistema, cuando apenas la diputada lo acaba de cerrar.
Si quisiera, por favor, que revisarán esa situación porque es el caso de varios diputados, y nos tomen por favor el registro de asistencia.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sí. También les suplicaría a los demás diputados que tengan el mismo problema, sean tan amables de registrarlo en la Secretaría, para que de inmediato se tomen las medidas adecuadas.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Salvador Ortiz García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Salvador Ortiz García: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6o, numeral uno; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral segundo con una fracción II al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión ordinaria de Agroindustria de la Cámara de Diputados al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en desarrollo y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a las poblaciones rurales. Según el Centro de Estudios para el desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en México el sector agropecuario no ha experimentado ofrecimiento económico en los últimos cinco años. El crecimiento promedio anual ha sido de 1.5 por ciento.
Señala también que al contrario del resto del mundo, el comercio agroalimentario no se ha reflejado en el crecimiento del sector agropecuario en nuestro país. De igual forma, el Banco mundial afirma que las actividades agrícolas conforman el 12 por ciento del PIB en América Latina, pero cuando se incluyen las agroindustrias el promedio se eleva al 21 por ciento. De ahí la importancia que tiene la agroindustria.
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha provocado que una parte del mercado alimentario sufra de privatización excluyente e inequitativa, privilegiando la concentración y la transnacionalización, afectando como consecuencia la seguridad alimentaria institucional de nuestro país.
Actualmente los consumidores han modificado sus preferencias alimentarias. Exigen productos procesados bajo estrictas normas de seguridad e higiene; tienden al consumo de productos bajos en grasas y sin conservadores artificiales; alimentos congelados, deshidratados y precocidos de rápida preparación y bebidas bajas en calorías y con pulpas naturales.
La agroindustria es la rama industrial que transforma los productos de la agricultura, ganadería, forestal y pesca en productos elaborados. Este sector nacional incluye la integración de los procesos de producción, transformación y comercialización de los productos primarios agropecuarios, añade valor, reduce las pérdidas postcosecha y permite transportar los alimentos a mayor distancia y tiempo.
Es por ello que resulta de vital importancia para nuestro país fortalecer las políticas públicas del campo que apoyen a productores mediante capacitación, infraestructura, tecnología, comercialización y organización. En otras palabras, es el momento para que la agroindustria crezca de manera sostenida y que el campo mexicano tenga los medios necesarios para competir nacional e internacionalmente.
El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva la integración vertical de la cadena productiva desde el campo hasta el consumidor final, pasando por el proceso de producción de alimentos y otros artículos de consumo basados en la agricultura. Esto significa que sus fases y planeación dependen de una autoridad con criterio industrial y que practique una política adecuada a las demandas del mercado.
Para impulsar esta actividad económica es imprescindible acompañar las políticas públicas con acciones en el ámbito legislativo que incidan en la actualización del marco jurídico, el control evaluatorio, las asignaciones presupuestales, el diálogo plural y el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que son consustanciales al Poder Legislativo.
La justificación para la creación de la comisión ordinaria de agroindustria se sustenta en los siguientes puntos:
Primero. Los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen las comisiones ordinarias y su competencia legislativa.
Segundo. El sector agroindustrial en nuestro país necesita que, desde el Congreso de la Unión, se haga una revisión puntual tanto del marco jurídico propio del sector, como de la facultad de control constitucional que tienen las cámaras para dar seguimiento exhaustivo a las políticas públicas, apoyos y programas que son otorgados a los productores.
Tercero. De ser aprobada la propuesta, la Comisión ordinaria de Agroindustria será la encargada de reformar y en su caso crear las leyes necesarias para que el sector agroindustrial de nuestro país se fortalezca con capacidades técnicas de dirección y comerciales de todos los actores que intervienen en la cadena alimentaria.
Cuarto. Con la creación de dicha comisión se busca dar, desde el Congreso, soporte político-jurídico que genere un incremento real en la productividad del campo para que se logren desarrollar cadenas productivas con ventajas y beneficios para productores, intermediarios, industriales y comerciantes.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito solicitar a esta honorable asamblea se revise y en su caso apruebe mi solicitud, que será para el bien del campo mexicano y de sus trabajadores. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Régimen para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto García González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el que suscribe, diputado Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6o., numeral 1, 77 y 78 del Reglamento esta Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 1o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
El Estado participaba en un modelo de intervención directa sobre la economía, cuya vertiente más sobresaliente se identificaba en la década de los ochentas mediante la apertura comercial, transitando así hacia un estado regulador.
Con base en la literatura económica y legal se puede identificar claramente que el proceso de apertura no vino acompañado cautelosamente de diseños institucionales más apropiados para las nuevas funciones de la autoridad. Las nuevas instituciones de facultades regulatoriaas se introdujeron en la figura de los órganos desconcentrados; sin embargo, se trata de entidades cuya lógica pertenece al auxilio de las Secretarías de Estado y no para desempeñar las nuevas tareas en la actividad económica.
Lo anterior trajo como consecuencia una imprecisión referente a sus funciones y atribuciones, sin mencionar que los órganos reguladores encuentran limitantes tanto en su diseño institucional como en la legislación.
Entre los inconvenientes que presentan los órganos reguladores es que se encuentran muy vulnerables a la interferencia política y también dan la percepción de una captura regulatoria.
La imprecisión de la figura del órgano desconcentrado permite que los titulares de las Secretarías de Estado tengan una vía para interferir en sus resoluciones del regulador, tanto vía nombramiento o remoción de sus mandos como por la vía de la presión presupuestaria.
Otro inconveniente, es la percepción de una captura regulatoria, que se entiende como la influencia de los regulados en las decisiones del órgano regulador por diferentes vías, lo cual representa otro riesgo que bien puede ser despejado mediante la transparencia, dado que las relaciones de regulador con el regulado, no necesariamente implican motivos perversos.
Calificar el apego a la ley o a la ética en las resoluciones es una tarea que corresponde al escrutinio público y representa una herramienta efectiva para la rendición de cuentas.
La transparencia en el desempeño de los órganos reguladores proponemos que se haga mediante dos ejes:
Una declaración patrimonial del mando del regulador para verificar las variaciones en su patrimonio.
Y una segunda con la publicación de las asistencias de los mandos de los reguladores al pleno donde se adopte una resolución relevante, incluyendo aquellas que sean justificadas o no lo sean.
Ésta obligación de transparencia permitiría conocer si un mando evita participar en una votación estratégicamente para favorecer a determinada persona o sector.
En cuanto lo que hace el servicio público, los funcionarios de los órganos reguladores, es evidente también su necesidad de especialización, puesto que atienden asuntos de la mayor trascendencia y en muchas ocasiones con impacto directo en toda la sociedad y el interés público, por lo cual merece de medias especiales de modo que con la presente propuesta se permitiría un diseño de servicio profesional acorde a las propias necesidades, incluso incrementar de ser necesario los sueldos de acuerdo al talento, evitando así la migración de los expertos a las firmas reguladas.
En suma, la presente iniciativa plantea el fortalecimiento de la política regulatoria del Estado mediante el robustecimiento de la transparencia, para disminuir riegos de conflicto de intereses tanto políticos como económicos y la flexibilidad en la especialización de los recursos humanos de los órganos reguladores, dado que tales funciones demandan mayor especialización que la burocracia tradicional.
En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1º de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y se adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que se inserte íntegramente la totalidad de la iniciativa propuesta en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Función Pública y acátese lo solicitado.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes la necesidad de cubrir una deuda histórica con los estados más pobres de México, y en consecuencia modificar nuestra Ley Orgánica para darle atención al problema de desarrollo regional sur-sureste, para que nuestro trabajo como legisladores esté a la altura del problema de la desigualdad en el desarrollo que afecta a 10 entidades y a más de 37 millones de mexicanos.
Esta Cámara debe estar a la altura de los grandes problemas nacionales y mirar uno de los más graves, el desequilibrio en el desarrollo regional. Existe una contradicción entre las leyes federales y la dura realidad de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Michoacán.
De acuerdo al artículo 25 de la Constitución, el desarrollo nacional debe ser integral y permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y la Ley de Planeación señala como finalidad lograr un desarrollo equilibrado del país, ¿pero eso se cumple?, definitivamente que no.
El modelo de desarrollo no está corrigiendo las desigualdades, de forma que aún permanecen asimetrías. Según las Naciones Unidas, el país está escindido, vivir en el Distrito Federal o Nuevo León permite gozar de una calidad de vida semejante a países europeos, como Polonia y la República Checa, pero al mismo tiempo vivir en Oaxaca, Guerrero y Chipas significa condiciones de vida inferiores a la de Argelia, en África.
Lo anterior no significa que no exista pobreza en otras partes del país, pero asumamos que en todas las mediciones nacionales e internacionales, los casos del sur-sureste son especialmente graves. Sus habitantes concentran los menores índices en calidad de vida, además de carencias en infraestructura pública. Son los pobres de los pobres.
Ahora bien, pareciera que corregir ese desequilibrio es únicamente responsabilidad del Ejecutivo, cuando desde el Legislativo se puede y se debe actuar con mayor energía y mayores recursos.
Para empezar, démosle atención y relevancia al problema del desarrollo regional, con un esfuerzo permanente que impulse la inversión en proyectos de gran impacto y así ir superando tendencias inerciales.
Aquí no se trata de un problema simplemente geográfico. Se trata de saber si los legisladores tenemos o no la voluntad de reclamar y exigir que se abran espacios para abordar el desarrollo con una perspectiva regional y que focalice las zonas de mayores carencias.
No es sólo un asunto de crear una u otra comisión, sino de tener sensibilidad y actuar para atender las grandes carencias del sur-sureste. Lo que vengo a proponer, compañeras y compañeros, es muy sencillo, pero es de gran relevancia, consiste en modificar el artículo 39 de nuestra Ley Orgánica, para que la actividad de la Comisión Sur-Sureste no esté limitada a un acuerdo parlamentario y sea fortalecida al convertirse en comisión ordinaria.
Ya tenemos casi 10 años en los que se conforma una comisión especial, pero el problema es que sus integrantes no tienen capacidad de dictamen y terminando siendo invitados a opinar en los trabajos legislativos de las comisiones ordinarias.
Ese nivel de atención corresponde al pasado. Fue una salida para encausar los reclamos de las entidades, pero con la experiencia acumulada se puede dar un paso más. Crear una comisión ordinaria enfocada al desarrollo regional sur-sureste, tendrá como ventaja que los legisladores que integren dicha comisión puedan dictaminar leyes o decretos, participar a cabalidad en la aprobación del Presupuesto de Egresos y seguir su evolución.
Compañeras y compañeros diputados, los invito a respaldar este proyecto que tiene el respaldo de legisladores de cinco fracciones parlamentarias. Por ello, reconozco y agradezco el respaldo y la solidaridad de las diputadas: Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano; a Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; a Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional; a María de las Nieves García Fernández, del PRI; a los diputados Samuel Gurrión Matías y Martín Vásquez Villanueva, del PRI; así como a Víctor Rafael González Manríquez, del PAN; a Juan Luis Martínez Martínez y José Soto Martínez, del Movimiento Ciudadano. De igual modo, a todas las diputadas y diputados del PRD, que respaldan la presente iniciativa.
Acudo a la sensibilidad social y política de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para que hagan suya la propuesta y ayuden a corregir el desequilibrio del desarrollo, lo que sin duda le agradecerán los habitantes de las entidades más pobres de México.
Reconozcamos que existe un desarrollo desequilibrado y que la región sur sureste concentra los casos extremos y empecemos nosotros mismos a darle relevancia a este tema. Al aprobar esta iniciativa estaremos demostrando que tenemos la decisión necesaria para resarcir la deuda histórica que tenemos con las comunidades del sur sureste. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, para proponer iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 162 de la Ley Agraria y 6o de la Ley General de Bienes Nacionales. Permítame un segundo, diputada. Adelante.
El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): Gracias. Señor presidente, Fernando Charleston, de Veracruz. Solamente para pedirle al diputado si me permite adherirme a la propuesta con punto de acuerdo. Conozco la comisión sur sureste desde hace varios años y pedirle su anuencia para adherirme al punto de acuerdo.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante. Continúe, diputada.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente, honorable asamblea. La privilegiada ubicación geográfica de nuestro país nos permite contar con costas en los dos océanos más grandes del planeta, incluso un mar propio, el Mar de Cortés.
Esta extensa zona del litoral mexicano nos permite tener, también, un número importante de tierras insulares. Las islas son parte importante del territorio nacional, incluso, tienen un papel estratégico en términos de soberanía.
Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos visto inmersos en conflictos por el reclamo y ocupación de algunos de estos territorios. Un claro ejemplo de ello fue nuestro conflicto con Francia por Clipperton, también conocida como Isla de la Pasión. O la desaparecida Isla Bermeja. Cabe mencionar, que en cuyos casos no hemos salido bien librados como nación.
Las islas no sólo representan un recurso estratégico por su posición geográfica sino también por los recursos naturales que albergan, ya sea por los yacimientos de hidrocarburos o por la diversidad de las especies que naturalmente se distribuyen en ellas. Basta señalar que la riqueza biológica de las islas mexicanas es impresionante.
Resulta preocupante que desde hace algunos años se ha expuesto en esta máxima tribuna la venta de islas mexicanas en el extranjero y para extranjeros. No obstante, se ha omitido tomar las medidas legales procedentes para salvaguardar estos territorios estratégicos.
Compañeros, si el día de hoy algún extranjero quisiera comprar una isla mexicana, podría escoger entre Isla Cerralvo en Baja California, la Isla Bonita en Nayarit o la Isla Platanito, cerca de Puerto Vallarta, sólo por citar algunas.
Estas islas son ofertadas por consorcios internacionales con sedes en Canadá, el Caribe o Europa. Promocionan nuestras islas como bien conservadas, con prácticamente nulos impactos por actividades humanas y un enorme potencial para el desarrollo turístico de lujo.
Lo cierto es que las islas son territorios de la nación que en teoría deberían ser inalienables e imprescriptibles. No obstante, esto no sucede en la práctica, ya que existen vacíos legales que mediante negociaciones y triangulación de trámites pueden hacer posible la desincorporación del territorio insular del régimen federal y su enajenación a particulares, quienes por medio de cesiones de derechos u otros trámites legales, pueden transferir su propiedad a capitales extranjeros.
Compañeros, no podemos dilapidar nuestros recursos ni permitir la pérdida de la soberanía con la venta de nuestro territorio insular mexicano. En términos de conservación, les puedo decir que entre 65 y 75 por ciento del total de las extinciones recientes de fauna han sido especies insulares.
Los números son aún más graves cuando se trata de aves y fauna, ya que 85 por ciento del total de las extinciones de aves ha ocurrido en islas. En la actualidad una de cada 3 especies de flora y 23 por ciento de las aves que están sujetas a alguna categoría de riesgo corresponden a especies insulares.
En México gran parte del territorio insular cuenta con un régimen de protección, debido a la riqueza biológica con que contamos. No debemos permitir la degradación en manos de extranjeros.
Las políticas nacionales no pueden ser contrarias ya que, mientras una dependencia como la Conanp hace esfuerzos por la conservación de las islas, otra, como la Reforma Agraria, las enajena para que un tercero tenga la posibilidad de apropiárselas. Esto, además de atender contra la conservación y soberanía nacional, representa un desperdicio de recursos económicos.
La comercialización internacional de nuestro territorio insular debe llamar la atención, ya que puede generar un riesgo para nuestra soberanía como nación. Por ello, la importancia de la reforma que hoy pongo a su consideración.
Las islas han sido consideradas dentro del régimen de los terrenos nacionales o baldíos, mismos que al amparo de la Ley Agraria pueden ser enajenados o desincorporados. No obstante, esto tiene como objetivo favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias, como la agricultura dentro de estas tierras.
Sin embargo, debemos recordar que esta regla opera de forma genérica, tanto para territorio insular, como para aquél que se localiza dentro de la plataforma continental; homologación que se considera incorrecta, ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma hablando en términos ambientales e incluso de soberanía nacional.
Por lo anterior, con el único objetivo de preservar los ecosistemas insulares, su biodiversidad y la soberanía nacional, planteo la presente reforma mediante la cual se excluyen del proceso de enajenación y desincorporación los terrenos nacionales y/baldíos ubicados dentro del territorio insular mexicano.
Por estas razones, me permito presentar ante esta asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de regular la venta de estos territorios insulares y así evitar una posible afectación a la soberanía de nuestro país.
Señores, que quede claro: nuestras islas no se venden y es obligación de este Congreso, en el ámbito de su competencia, defender la soberanía nacional y el territorio que integra nuestro México. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La propuesta que vamos a someter, en base con el derecho de iniciativa que norma el 71 constitucional, es una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cinco artículos, que nos parece se pueden adecuar para dar paso a una figura que nos parece que queda pendiente en materia democrática y de reforma del Estado en el país, me refiero al tema de la revocación del mandato.
Si bien hay en esta Cámara, en diferentes legislaturas, alrededor de 20 iniciativas que se han presentado por legisladores de diferentes partidos, y también cuando se modificó la Constitución para el tema de la iniciativa popular y de la consulta popular, se discutió el tema de la revocación del mandato e incluso hubo un proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo cierto –compañeros legisladores– es que ha faltado voluntad y decisión política para entrarle a fondo al tema de la revocación del mandato.
Dice el artículo 39 constitucional que la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo, que el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Nosotros estamos proponiendo que en este artículo 39 se adicione además que tienen los ciudadanos el derecho de revocar el mandato popular en los términos que establezca la propia ley.
Y estamos planteando adicionalmente en el artículo 35, que habla de los derechos del ciudadano, adicionar una fracción para establecer como uno de los derechos del ciudadano revocar el mandato popular a los cargos políticos representativos con las calidades y características que establezca la ley.
Nos parece que esto es fundamental, si el pueblo eligió el pueblo debe tener también el derecho a remover a quien no le cumpla por negligencia, corrupción, complicidad o alejamiento de la Constitución.
Por eso estamos planteando que en el artículo 41 constitucional se establezca un segundo párrafo, donde se señale con claridad que el pueblo en ejercicio de su soberanía puede remover el mandato popular.
Y estamos planteando que esta revocación de mandato pueda ser para el titular del Poder Ejecutivo federal a los tres años de su ejercicio constitucional, y esto en base a una consulta popular que debe estar normada por la legislación reglamentaria.
Estamos planteando también como una reforma al artículo 41 constitucional que se pueda revocar el mandato a los gobernadores, al Jefe de Gobierno, a los jefes delegacionales y a los presidentes municipales.
Nos parece que una reforma política y de Estado que no pase por un tema de revocación de mandato es una reforma incompleta y no estamos cumpliendo a cabalidad nuestro mandato constitucional.
Para tal efecto estamos planteando también, que en el artículo 73 constitucional, en la fracción XXIX-Q se adicione, que además de tener facultades para legislar el Congreso de la Unión en materia de iniciativa popular y consulta popular, lo tenga para revocación del mandato y de esta manera que tengan todas sus facultades para poder legislar en la materia.
Por último en el artículo 116 constitucional estamos planteando que en las legislaturas de los estados establezcan las características y los supuestos para la revocación del mandato.
Compañeras y compañeros legisladores, nos parece que ésta es una manera de poner un freno a la impunidad, de acabar con la negligencia y con la corrupción. El pueblo no tiene porqué sufrir seis años de malos gobiernos, el pueblo no tiene porqué pagar los platos rotos de gobiernos que no cumplen su función. Por eso estamos planteando la revocación del mandato y que a los tres años se le consulte al pueblo si debe seguir el presidente de la República, si debe seguir el gobernador del estado o en el caso de los ayuntamientos y de los jefes delegacionales a la mitad del periodo.
Pedimos que se trate ya este tema, que no siga siendo un tema que todo mundo le da la vuelta porque toca intereses creados y que nos vayamos a fondo en esta Legislatura a legislar en materia de revocación del mandato, que no duerman más iniciativas el sueño de los justos y que atendamos este mandato ciudadano. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Mejía. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Araceli Torres Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La diputada Araceli Torres Flores: Con la venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.
La diputada Araceli Torres Flores: Compañeras y compañeros diputados, nuestro país durante muchos años sustentó su modelo económico bajo una visión nacionalista del desarrollo, sin embargo a partir de las tres últimas décadas esta situación cambió y con ello los avances logrados comenzaron a sufrir un proceso de deterioro.
En el aspecto del desarrollo nacional más lastimado fue el campo mexicano, lo que ha provocado que se pierda la capacidad de generar granos básicos de manera suficiente para atender las demandas internas, llegando a grado tal que México sufre dependencia alimentaria teniendo que importarlos de otras naciones, principalmente de Estados Unidos de América.
A 18 años de puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector agrícola de nuestro país se encuentra en una crisis de producción, generada por la incapacidad de competir con agricultura de países que reciben numerosos apoyos y subsidios de sus respectivos gobiernos.
La falta de inversión y apoyo al campo mexicano, sumado a la actual crisis financiera y a la desprotección de este rubro desde hace varios años, han provocado que no cuente con la capacidad de producción de alimentos acorde al tamaño y al crecimiento de la población mexicana.
Así vemos cómo el déficit de los alimentos que generan un aumento considerable en las importaciones y los bienes necesarios para satisfacer las demandas internas a las cuales, bajo este esquema crecen año con año, lo cual, junto con los factores internos que establecen claras contradicciones en la distribución e ingreso, acentúan la fragilidad y la seguridad alimentaria.
En este contexto el flujo total de comercio agroalimentario de México registró un crecimiento mayor a 9.3 por ciento anual en el periodo comprendido en los años de 1991-2000. La producción insuficiente de alimentos se cubre con importaciones provenientes en su mayoría de Estados Unidos de América, lo que agrava la dependencia alimentaria de México.
Dicha dependencia es más aguda en la producción como el sorgo, el trigo, el maíz, el frijol, la cebada, el grano; en estos productos de importación ha aportado aumentos importantes en valor y en volumen.
Por poner un ejemplo, en el caso del maíz se importa casi el 30 por ciento del consumo interno anual, lo cual es un hecho preocupante y con el enorme riesgo de que sea maíz transgénico sin ninguna clase de etiquetado.
Otro ejemplo preocupante es el frijol, ya que también la mayor parte de la importación proviene de Estados Unidos bajo el régimen de libre mercado.
Un estudio llevado a cabo en la Cámara de Diputados en México en el 2009, reveló que de diciembre de 2005 a diciembre de 2008 el frijol tuvo un aumento en su precio del 44.2 por ciento. Es decir, que los precios del frijol se han venido incrementando de manera más acelerada que otros alimentos de la canasta básica, lo que ha provocado el consumo de alimentos de menor calidad nutricional en algunos estratos de bajo ingreso.
Es necesario recordar que en período de desgravación de 15 años para proteger el frijol y el maíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se observaron años en los cuales las importaciones superaron los cupos acordados; incluso de importó frijol de contrabando. Por ello, los productores mexicanos temen que ahora, ya que se pueda importar frijol libremente a precio del mercado estadounidense, se implemente una política de apoyo a los productores estadounidenses para apropiarse del mercado del frijol en México.
En este contexto se genera un escenario de extrema vulnerabilidad, dado que dependemos de la importación de artículos de primera necesidad como son los granos básicos, lo cual se ha visto reflejado en un aumento exponencial de los precios de los principales alimentos, provocando que la mayor parte de la población no pueda adquirir una canasta básica.
Sobre el problema antes referido de la inseguridad alimentaria, algunos datos revelan que las zonas rurales son las que se encuentran en el mayor porcentaje de inseguridad alimentaria, con un 80 por ciento de la población, lo que equivale a poco más de 20 millones de habitantes. Sin embargo, en las zonas urbanas la situación no es mejor, ya que el 40 por ciento de la población urbana padece inseguridad alimentaria.
Por otro lado, debemos destacar que las entidades donde la inseguridad alimentaria es muy grave son Oaxaca y Chiapas, donde más del 80 por ciento de su población no tiene los recursos para adquirir una canasta básica. En esta situación grave se encuentran Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Yucarán, San Luis Potosí, Durango y Campeche.
Así entonces, compañeras y compañeros legisladores, debemos ser enfáticos. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que el sector agropecuario debe considerar un área estratégica para el desarrollo del país y por ello estamos proponiendo modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incluir una serie de acciones que puedan disminuir la dependencia alimentaria a través de la transferencia tecnológica a los productores vinculados y proporcionándoles asistencia técnica y recursos. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Torres Flores. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 de la Ley del Seguro Social.
La Diputada Sonia Rincón Chanona: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, en los albores del siglo XXI la discriminación coarta la libertad de los individuos y genera condiciones de violencia en las sociedades. La discriminación es una conducta violatoria de los derechos humanos ya que daña el tejido social, atenta contra la cohesión y atenta contra la dignidad de las personas.
Nueva Alianza asume el compromiso de proveer y fomentar la equidad de género, lo que significa crear las condiciones de justicia para las mujeres, pero también para los hombres. Ambos tienen el derecho de que el Estado salvaguarde el acceso a los servicios públicos sin distinción de género.
En consecuencia y asumiendo el compromiso de trabajar por un estado democrático e incluyente, proponemos esta iniciativa de reforma que pretende modificar la Ley del Seguro Social a fin de que los trabajadores varones no sean objeto de discriminación.
El artículo 205 de la Ley del Seguro Social que se pretende reformar, establece que el servicio de guarderías será para las madres aseguradas, los viudos, divorciados y los que legalmente mantengan la custodia de los hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato.
Desde nuestra consideración, este artículo ocasiona una discriminación del servicio de guardería para el género masculino por motivo de su estado civil o relación conyugal.
Esta situación nos remite al quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional o de género”.
De igual forma, el artículo 4o. constitucional señala: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
Por lo anterior, queremos reafirmar la obligación del Estado, cualquier acto discriminatorio en el acceso a los derechos sociales y en caso de existir, aplicar las reformas necesarias para que prevalezcan las garantías individuales y los derechos humanos.
Desde el punto de vista del derechohabiente, resulta sumamente injusto aportar recursos a un esquema de seguridad social que le niega el servicio de guarderías a los hijos por motivos de un esquema familiar diferente o por la falta de un trámite burocrático-legal. Discriminación se hace exclusivamente en el caso de los derechohabientes hombres y con fundamento en una ley secundaria, que resulta inconstitucional.
Nuestra propuesta de adición al artículo 205 de la Ley del IMSS, es la siguiente:
Las madres y los padres asegurados tendrán derecho a los servicios de guardería durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.
Lo que se pretende evitar con esta iniciativa de reforma es la situación donde un padre asegurado no pueda dejar a sus hijos en una guardería cuando la madre, por razones laborales, no esté asegurada y no pueda cuidar a sus hijos.
Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de las diputadas y los diputados esta propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social, y esperamos contar con su apoyo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada María Carmen López Segura: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subimos a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La industria manufacturera y maquiladora de exportación, Immex, ha fortalecido la balanza comercial del país a través de una mayor aportación neta de divisas, contribuye a una mayor integración interindustrial y coadyuva a elevar la competitividad de empleo e impulsora del desarrollo y la transferencia de tecnología, convirtiéndose así en uno de los pilares más importantes en el crecimiento económico del país.
Como muestra de lo anterior, tenemos que durante el periodo de enero a marzo de 2012 se registraron 6 mil 210 establecimientos con actividad económica en el programa Immex; 5 mil 71 pertenecientes al sector manufacturero, esto es 81.7, mientras que mil 139 correspondieron a unidades del segmento no manufacturero, lo que representa el 18.3 del total.
De enero a marzo de 2012, el personal ocupado promedio en establecimientos con programa Immex fue de 2 millones 190 mil 730 personas, cifra 4.8 mayor respecto a la del mismo periodo de 2011. Asimismo, del total del personal ocupado, el 87.3 correspondió a establecimientos que se dedican a actividades manufactureras y el 12.7 restantes a no manufactureras.
Sin embargo, aún con lo alentador de los indicadores de la IMMEX, empresas del sector exportador han manifestado su preocupación por la incertidumbre jurídica que atañe al tema fiscal, en particular, al impuesto sobre la renta.
A partir del ejercicio 2012, mediante las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se señaló que los residentes en el extranjero no constituyen establecimiento permanente en el país por los activos que proporcionan a empresas nacionales que operan un programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, conocidas como shelters, por los servicios de manufactura que se contratan entre ambas partes.
Desafortunadamente, la propia redacción de las disposiciones no es del todo acertada y objetiva, ya que la exención de establecimiento permanente sólo se ha otorgado e interpretado únicamente por periodos determinados, siendo el último ejercicio de cobertura el 2013.
Ahora bien, la redacción de las disposiciones vigentes es confusa, ya que señalan que no genera establecimiento permanente la empresa maquiladora –en lugar de aludir al residente en el extranjero– que opera un programa de Albergue.
Aunado a esto, se estableció como condicionante para ese establecimiento permanente, que la empresa maquiladora cumpla con la obligación de informar en febrero de cada año con el importe de los ingresos acumulables y del impuesto pagado por su parte relacionada residente en el extranjero, lo cual no siempre es posible.
Asimismo, la Regla 1.3.19.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2012, define de manera incompleta lo que debe considerarse como empresa maquiladora bajo el programa de Albergue, ya que sólo incluye el caso en el que ésta contrata directamente con un tercero residente en el extranjero y deja fuera a quien contrata con un residente en el extranjero parte relacionada.
Es por ello que resulta necesario y urgente otorgar certidumbre jurídica desde la raíz a los extranjeros que proporcionan activos y que contraten los servicios de manufactura con empresas maquiladoras residentes en el país que operan un programa IMMEX de Albergue.
Para ello, debe confirmarse de manera definitiva mediante la reforma del octavo párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que no se constituirá establecimiento permanente cuando se contrate con una maquiladora que opere con un programa de Albergue, aprobado por la Secretaría de Economía.
Con este texto se lograría garantizar la continuidad de las empresas de albergue y por consiguiente la promoción de nuestro país en los mercados extranjeros; eliminar los plazos para la exención del establecimiento permanente que la autoridad ha venido otorgando; y aclarar que quien no tiene establecimiento permanente es el extranjero y no la maquiladora; señalar que los activos deben ser proporcionados por el extranjero y no necesariamente de su propiedad, ya que puede haber casos en donde los equipos son arrendados, cubrir los dos esquemas de albergue, tanto a los que contratan directamente con el cliente como los que lo hacen a través de una parte relacionada. Tener un doble artículo, en lugar de diversas disposiciones en ley y en regla. Muchas gracias.
Le rogaría, señor presidente, se plasme el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Por supuesto, aprovecho también estos minutos para recordar, al igual que ya lo han hecho otros compañeros en esta tribuna, al maestro Alonso Lujambio, con quien me unía una amistad personal y además fue mi maestro en la universidad.
Solicito se integre completa la exposición de motivos y la iniciativa en el Diario de los Debates.
El sistema de partidos en México, al igual que en otras partes del mundo, está determinado principalmente por tres factores: los requisitos para que una organización ciudadana obtenga el registro como partido político. La votación mínima necesaria para que un partido conserve su registro y el sistema electoral, si es que es de mayoría relativa o de representación proporcional.
En décadas recientes, el diseño institucional de nuestro país en estos tres aspectos ha probado ser flexible al ingreso de nuevas organizaciones políticas al juego democrático, permitiendo con ello la expresión en el Congreso de la pluralidad política y social y esto, sin duda, fue determinante en el proceso de transición que hemos vivido.
Sin embargo, también hay que decir que en perspectiva comparada México es uno de los países de América Latina y no solamente América Latina sino incluso, del mundo entero, que establece requisitos de votación más bajos para que los partidos políticos puedan conservar su registro. Sabemos que aquí es del 2 por ciento.
Entre las democracias de la región solamente dos países establecen umbrales más bajos que el vigente de nuestro país, para que un partido político conserve su registro y por tanto, pueda tener acceso a prerrogativas y a representación parlamentaria.
Con México tres países fijan este requisito en el 2 por ciento y otras ocho naciones establecen porcentajes más elevados para conservar el registro. Entre los países que establecen un porcentaje más alto se encuentran Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.
En cuanto al resto del mundo, la gran mayoría de los países que tienen un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación proporcional mantienen umbrales más altos que México para que un partido pueda acceder a ella.
Así, por ejemplo, el umbral de representación en Alemania es del 5 por ciento. En España, Japón, Italia, entre otros, es del 4 por ciento.
¿Y qué es lo que hemos podido apreciar en México con umbrales de representación tan baja? En México primero era del 1.5 por ciento y luego se subió al 2 por ciento. Lo que hemos visto es que un umbral tan bajo incentiva la creación de partidos políticos sin auténtica representación popular, además de que este umbral tan bajo resulta insuficiente como filtro de aquellas agrupaciones políticas que convertidas en partido son, al mismo tiempo, jugosos negocios familiares, instrumentos de chantaje político o entes públicos al servicio de una sola persona.
Si bien es cierto que un umbral tan bajo como el vigente en México puede llegar a tener la ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz para depurar a nuestro sistema político de partidos a todas luces rentistas, que buscan acceder a puestos y a recursos públicos sin representar a ningún sector de la población.
Del año 2000 a la fecha 16 partidos políticos ha participado en elecciones federales, de los cuales 7 han conservado su registro. Como se ve, este umbral de 2 por ciento ha sido útil para cancelar el registro a partidos que no aportan nada en términos de representatividad. Aun así, el sistema político ha permitido también la permanencia de muchos partidos que son financieramente rentables, a pesar de tener una escala contribución en términos de representatividad.
El doctor Javier Aparicio, reconocido académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, señala que una manera de dificultar el surgimiento de partidos rentistas, propensos a existir en un sistema mixto de representación proporcional y financiamiento público es elevando el porcentaje de votos necesarios para que un partido político conserve el registro.
De este modo se puede garantizar el carácter representativo que un partido político por definición debe tener. También, elevar el porcentaje de votos mínimo necesario evita la existencia de partidos políticos sumamente pequeños que fragmenten en extremo la representación.
Una fragmentación extrema diluye la responsabilidad ante actitudes no cooperativas en el Congreso, es decir, un sistema de pocos partidos políticos permite al partido del Ejecutivo federal asignar costos y culpas a aquellos partidos claramente identificables que a través de estrategias obstruccionistas generan parálisis legislativa.
Esto no puede ocurrir, en cambio, en aquellos sistemas que tienen una fragmentación extrema, donde los partidos más pequeños pueden asumir comportamientos no cooperativos y que, además, no enfrentan los costos de dicha actitud, precisamente por lo bajo que es el umbral para que puedan tener representación.
Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de esta LXII Legislatura retoma esta iniciativa de ampliar de 2 a 4 por ciento el umbral mínimo para que un partido pueda obtener representación parlamentaria y conservar su registro, que ya fue propuesta en diciembre de 2009 por el presidente Felipe Calderón, en su propuesta integral de reforma política a este Congreso.
Consideramos que esta reforma va a tener importantes mejoras a nuestro sistema de partidos políticos y nos va a permitir también tener una mejor rendición de cuentas del dinero que recibimos los partidos políticos, y una mejor calidad en la representación popular. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su permiso, ciudadano presidente de la Mesa Directiva. Diputados y diputadas de esta honorable legislatura, vengo hoy ante esta máxima tribuna de la nación a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El aumento de los costos de producción de energía eléctrica ha tenido un impacto directo en los montos que pagan las familias mexicanas por este servicio, esto primordialmente debido a que el sector energético del país mantiene una dependencia de su producción en torno a los hidrocarburos.
El problema se extiende aún más, las altas tarifas que fija la paraestatal a los ayuntamientos hace prácticamente imposible el pago por concepto de alumbrado público y agua potable, quedando los municipios prácticamente en un endeudamiento que a la fecha se hace impagable. Sólo por poner un ejemplo, los municipios del estado de Chiapas adeudan más de 300 millones de pesos a este organismo.
Esto genera una confrontación entre autoridades, ya que una busca la eficiencia y las contribuciones de su organismo y otra defiende los servicios que está obligado constitucionalmente a dar, como es el agua potable y es el alumbrado.
Si no tomamos con responsabilidad el problema que hoy se presenta en nuestro país llevará a una descomposición al tejido social y a una falta de respeto entre las instituciones públicas, que genera la falta de credibilidad en los ciudadanos y la desconfianza en las instituciones que se encuentran dentro del marco del Estado mexicano.
En virtud de que es uno de los temas abordados por el suscrito y diversos miembros del grupo parlamentario al que pertenezco se plantea la presente reforma, se considere la aportación de la producción que tiene cada una de las entidades federativas para que se fijen no tarifas preferenciales, como muchas veces se ha dicho, sino tarifas especiales porque no se trata de dejar afuera a algunos, especiales para aquellas entidades que aportan recursos naturales.
Por lo anteriormente expuesto y con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la reforma al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de la Secretaría de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas, su ajuste o su reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y la ampliación del servicio público y el racional consumo de energía eléctrica.
Asimismo y a través del procedimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima, una combinación de ambas por temporadas del año cuando las condiciones climáticas de las entidades federativas sean causa del aumento de la demanda. Asimismo se podrán fijar tarifas especiales en aquellas entidades que tengan la mayor aportación en generación de energía eléctrica.
Finalizo convocando a la unidad de las diferentes fracciones parlamentarias, que asumamos el compromiso que hicimos con la gente y le demos resultados, ¿porque si no somos nosotros, entonces quiénes? ¿Y si no es ahora, entonces cuándo? Muchas gracias, ciudadanos presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Dora María Talamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 de la Ley Banco de México y 18 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el otorgamiento del crédito significa para los ciudadanos una oportunidad de generar solvencia económica y adquirir diversos productos para la satisfacción de sus necesidades.
En México el acceso al crédito es un tema que a los ciudadanos les preocupa de manera importante, gracias a ello pueden allegarse de este servicio financiero para así satisfacer las necesidades prioritarias para ellos y sus familias.
La iniciativa que presentamos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ante esta soberanía tiene el objetivo de beneficiar a los usuarios de los servicios financieros para fomentar tasas de intereses preferenciales para las personas que cuentan con un historial de crédito positivo.
Históricamente el acceso al crédito era una operación altamente riesgosa debido al peligro que se suscitaba en las crisis económicas, ya que elevaban las tasas de intereses a niveles inesperados.
En la actualidad la regulación de nuestro sistema financiero refleja una mayor certidumbre para que las instituciones financieras ofrezcan al público servicios más seguros y confiables que les permitan utilizar estos servicios tan necesarios.
En fecha reciente el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley del Banco de México para que ese organismo público autónomo, regule las comisiones y tasas de intereses activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes.
Un elemento importante para las instituciones financieras, que otorguen los créditos a quienes lo soliciten, es el comportamiento que las personas físicas y morales en el manejo adecuado de su historial crediticio, esto derivado de la información que para este fin compilen las sociedades de información crediticia, en donde se refleja el cumplimiento de sus obligaciones financieras y también a quienes han presentado dificultades para cumplirlas.
Sin embargo, no siempre se puede acceder a un crédito sin el análisis previo que las instituciones crediticias realizan con la información de estas sociedades de información crediticia generan.
En muchas ocasiones esto trae como consecuencia que el crédito no se pueda obtener de manera inmediata y si lo logran conseguir, lo establecen con tasas de intereses elevadas que incrementan el costo final del crédito, sin tomar en consideración aquellas personas que han mantenido un comportamiento positivo y adecuado dentro de su historial crediticio.
Yo les pregunto a ustedes, compañeras y compañeros diputados, ¿cómo podemos incentivar el acceso al crédito de nuestro país? ¿Cómo podemos beneficiar a todas aquellas personas que cumplen puntualmente con el pago de sus créditos? ¿Cómo podemos disminuir el problema de la cartera vencida?
Una solución eficaz para resolver estos cuestionamientos que les planteo, la encontramos con la presentación de esta iniciativa.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos interesa el bienestar de todos los ciudadanos en la búsqueda de acceder a un crédito justo y costeable, que permita a quienes han generado un historial crediticio positivo, obtener tasas de intereses preferenciales en las operaciones de crédito, préstamos y financiamiento revolvente que celebran en las entidades financieras.
Esta iniciativa propone que el Banco de México, en el ejercicio de la facultad de regular las tasas de interés, promueva, en beneficio de los usuarios de servicios financieros que cuenten con un historial de crédito positivo en las sociedades de información crediticia, mecanismos que les permitan obtener tasas de intereses preferenciales conforme al riesgo de crédito.
Compañeras y compañeros diputados: al aprobar esta iniciativa podemos alcanzar el objetivo de incentivar a todas las personas que cumplen puntualmente con el pago de sus créditos reflejados en las sociedades de información crediticia, otorgándoles una tasa de interés preferencial, fortaleciendo con ello el poder acceder a un crédito, ya sea crédito de consumo, a la vivienda, automotriz, etcétera.
Las tasas de interés preferenciales beneficiarán a millones de usuarios de los servicios financieros al disminuir el costo final del crédito y que el ingreso de las personas sea más redituable.
La iniciativa también busca contrarrestar el incremento del saldo a la cartera vencida, ya que en estas propuestas las personas físicas y morales verán un beneficio para quienes cumplen en tiempo y en forma con la liquidación del crédito y por lo tanto las instituciones financieras serán igualmente beneficiadas al disminuir considerablemente los créditos insolventes.
En este orden de ideas, tanto el público ahorrador como las instituciones financieras obtendrán un beneficio importante con la aprobación de esta iniciativa, siendo esta propuesta de reforma un importante avance para el correcto funcionamiento del sistema financiero.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza entendemos que nosotros los diputados y las diputadas debemos generar normas eficientes y eficaces al servicio de todos, particularmente en uno de los aspectos que más interesa, que es cuidar a los ciudadanos en su bienestar económico. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidencia saluda con afecto a los médicos del Hospital General Tláhuac, invitados por la diputada Guadalupe Flores Salazar. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la voz don Salvador Romero Valencia, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana industria.
¿No está en el salón don Salvador Romero? Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Isaías Cortés Berumen, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta por cinco minutos. Los 10 minutos son sólo para cuando se está proponiendo un cuerpo legal completo, pero aún siendo reforma constitucional son hasta por cinco minutos. Tiene usted el uso de la voz.
El diputado Isaías Cortés Berumen: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados: la iniciativa que hoy someto a consideración tiene como objeto otorgar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información.
El verdadero ejercicio de un gobierno democrático no se entiende sin que la capacidad de los actores involucrados (gobernante-gobernado) se dé en condiciones de simetría, es decir que ambos tengan la misma posibilidad a acceder a la información que genera el gobernante y que esté en a total disponibilidad del gobernado.
Sin duda México tiene avances importantes e indiscutibles en la materia, pero estos avances siguen siendo asimétricos dependiendo la región del país donde se viva. Es por ello que el objetivo general de esta propuesta es hacer que sin ningún distingo, la norma establezca pisos mínimos a través de una Ley General, que garantice este derecho en todo el territorio nacional, dejando en las autonomías estatales la posibilidad de ir más allá de lo establecido en esta propuesta, que siempre será en beneficio de los habitantes de dichos estados.
Existe consenso en la necesidad de dotar de mayor facultad a este órgano para poder cumplir cabalmente con su función al establecer su naturaleza jurídica como órgano constitucional autónomo; es decir que no se encuentre acotada por ninguno de los poderes establecidos, de lo contrario siempre habrá algún grado de acotamiento en sus resoluciones, mismas que deben de ser tomadas en total libertad.
Por ello además de dotar al IFAI de esta autonomía se hace necesario que el proceso de nombramiento de los comisionados se dé con la obligada intervención de alguno de los poderes y con ello se obtenga la legalidad y legitimidad pertinentes.
Sin embargo no debe de ser el ejecutivo en potestad absoluta quien tenga esta atribución, debe de ser la representación popular quien sea la vía para que en un esquema de mérito se nombre a los mencionados.
El esquema es sencillo, además de tener que cumplir con los requisitos mínimos de experiencia, escolaridad y tener a salvo sus derechos, los aspirantes tendrán que acudir a la convocatoria de concurso nacional por oposición para ser comisionado del IFAI, para acreditar la capacidad académica suficiente a través de una evaluación elaborada y aplicada por un ente externo y que este mismo entregue en orden descendente de calificación a la Cámara para que esta valide y nombre a los comisionados que corresponda en cada convocatoria.
Esto garantiza que los nombramientos de los comisionados queden fuera de la lógica de cuotas de los actores formales del poder, el presidente de la república y las fracciones parlamentarias, dando total autonomía a los electos y teniendo claramente la legalidad y legitimad debida al ser nombrado por esta soberanía.
De igual manera es necesario que todos los órganos, en particular el de la discusión, tengan certeza de sus capacidades presupuestales y que estas no se encuentren supeditadas a los vaivenes políticos que por lo general causan gran incertidumbre. Por ello vale la pena que quede establecido en la legislación que un porcentaje del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno este asignado a las actividades del IFAI y que esta regla sea aplicable también en todos los estados de la Federación y el Distrito Federal.
A pesar de existir la vía jurisdiccional para que el ciudadano defienda su derecho a la información a través del recurso del amparo, también es cierto que no está obligado a tener los conocimientos jurídicos para interponerlo, por eso y enfatizando que este es un derecho humano, vale la pena dotar al IFAI de la capacidad de conocer asuntos en el que el ciudadano se sienta afectado por la resolución de un órgano local en materia de acceso a la información. Es decir que el IFAI se convierta en una segunda instancia y sus resoluciones en estos casos, como en cualquier otra resolución, sean definitivas e inatacables para el ente público, dejando además la instancia del amparo para el ciudadano que así lo decida por gusto o por capacidad de hacerlo.
No existe razón válida alguna para omitir en la ley general una propuesta que incluya a los partidos políticos, definidos como organismos de interés público por diferentes razones, la primera por recibir recursos público para todas sus actividades y por ser una vía para acceder al poder en este país. Es necesario terminar con la intermediación del IFE y asumir a los partidos políticos como sujetos obligados plenos.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, el que suscribe con el carácter de diputado federal someto a consideración del pleno el decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a efecto de otorgar autonomía constitucional al IFAI. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Función Pública, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibe la petición y obsequia el turno a don Salvador Romero Valencia, del PRI, que no estaba en el salón por estar ocupado en un trámite personalísimo e indelegable, y le otorga cinco minutos para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El diputado Salvador Romero Valencia: Con su permiso, señor presidente. Amigas diputadas y diputados, el desempleo corrompe el espíritu de quien ve en al incertidumbre y la falta de oportunidades su único futuro. El desempleo deshumaniza a las mujeres y a los hombres, porque no pueden desarrollar sus capacidades, porque ven frustrados sus sueños y llevan la desesperanza a cuestas como única herencia.
Michoacán, mi querido estado, no es la excepción. Quienes estamos aquí sabemos bien que la demanda más sentida de los ciudadanos que nos brindaron su voto es un empleo digno y bien remunerado.
La iniciativa que hoy presento en ésta, la más alta tribuna de la nación, es precisamente por los millones de padres de familia que no saben que llevarán mañana a sus hogares, por falta de un empleo; por los millones de jóvenes que tienen extraviada su esperanza en el futuro, por falta de oportunidades en el mercado laboral.
Por las millones de madres que son jefas de familia y no pueden sacar adelante a sus hijos, por la ausencia de fuentes de trabajo. Por los millones de adultos mayores que aún tienen la energía, el ímpetu y el corazón para salir adelante, pero que no encuentran un espacio, porque en este país, amigas y amigos diputados, a los 35 años ya se es viejo en el mercado laboral.
Por los millones que laboran en la informalidad, y que representan el 29.3 por ciento de la población ocupada, casi un tercio de los que trabajamos lo hacen en la informalidad. Por los millones de mujeres y hombres que depositaron en las urnas su voto y en nuestras manos su confianza.
Necesitamos una visión de Estado que impulse un desarrollo regional más equilibrado, a través de acciones legislativas y políticas públicas equitativas para atender los problemas estructurales que han limitado el desarrollo del país.
En suma, es urgente una política nacional que tenga su mejor asidero en la ley, para reencauzar el rumbo económico y social de México. Y ahí, la propuesta que hoy pongo a su consideración y que plantea reformar los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas, con el objeto específico de atender la demanda nacional de empleo, sobre todo en las regiones con mayor rezago.
Otorgar el impulso a las micros, pequeñas y medianas empresas, etiquetando un fondo especial y otorgando incentivos fiscales para quienes se instalen en municipios de alta y muy alta marginalidad, siempre y cuando se privilegie la contratación de la fuerza de trabajo local en todos los niveles y promovamos el desarrollo regional equilibrado.
Es momento de responderle a quienes creyeron en nuestra palabra empeñada, a quienes nos dieron con su voto su esperanza, a los mexicanos que aún creen en México y se levantan cada mañana a luchar a brazo partido en busca de su destino, a quienes han demostrado la determinación de construir los pilares de nuestro futuro.
Hagamos llegar a más mexicanos, en más lugares, los beneficios del crecimiento económico –termino, señor presidente–; asumamos con altura de miras este inmenso desafío; coloquemos por encima de nuestras diferencias, aunque éstas sean legítimas, nuestro espíritu a favor de México.
Los integrantes de la LXII Legislatura tenemos un llamado crucial de la patria. Tengamos todos la convicción íntima y profunda de que el prolongado y heroico destino de México es la grandeza. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, y vaya que es mucho, pues. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Francisco Alfonso Durazo Montaño, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o, 7o, 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeros diputados, desde Gutenberg no se sabe de un político que haya ganado una guerra a un gigante de la comunicación.
Tema pues, por demás espinoso, éste de proponer cambios en materia de medios. Sin embargo, se registran ya demasiadas señales que nos indican que el sistema de medios está muy lejos de ser mínimamente compatible con un modelo democrático de país.
En el marco de su nuevo protagonismo hemos conocido el desplazamiento de su condición de medios al rol cada vez más evidente de protagonistas en la lucha por el poder. Han terminado así, como un poder por encima del Estado.
Eso explica que gobiernos, candidatos y un largo etcétera marchemos al compás de los redobles del gran medio nacional. Es de tal dimensión el problema y ojalá tuviera su particular atención en este tema, es de tal dimensión el problema que la disputa por el poder de los grandes medios nos recuerda hoy a otra institución, la Iglesia, aquella de la gran década juarista cuyos límites tuvieron que ser acotados con claridad para zanjar el obstáculo que impedía a la República desarrollarse plenamente.
Gracias a las tecnologías de la libertad, como han sido llamadas merecidamente, particularmente Internet, la sociedad tiene hoy un contrapeso estructural ante esos grandes medios. Pero eso es insuficiente.
El común denominador de los problemas que hoy vivimos, sean la corrupción, la desconfianza social en las instituciones, el desprestigio de la política, los niveles de confrontación, la sumisión al poder de algunos medios de comunicación y sobre todo, la sumisión del poder a algunos medios en la falta de democracia.
Por ello, la verdadera reforma estructural que demanda el país es la de su régimen político. El Estado mexicano requiere de un aparato jurídico renovado, surgido de un nuevo pacto político, incluyente y de largo alcance que sustituya al obsoleto modelo político pactado en 1929.
Mientras eso sucede tenemos que pensar qué hacer con la concentración de medios y su asalto sobre la pluralidad y la libre competencia política en el país.
Los medios, particularmente los grandes conglomerados, tienen que dar un salto cualitativo a su democratización, pues son la verdadera piedra angular del proceso de cambio. De hecho, no podrá concluirse con certidumbre la transición hacia un México auténticamente democrático sin que los medios pasen por su propio proceso de cambio para promover y afirmar los valores y las actitudes sociales que hacen posible a la democracia.
Por ello, proponemos reformar los artículos 6, 7, 27 y 73 constitucionales. El objetivo es compatibilizar este ordenamiento con los instrumentos jurídicos internacionales ya ratificados por nuestro país, y que reconocen el carácter universal de los derechos a la libertad de expresión y a la información.
Hacer claro que los medios prestan un servicio público, por lo que deben ser promotores de los valores republicanos consagrados en nuestra Carta Magna, y reconocer la propiedad de la nación sobre el espectro radioeléctrico.
Dar base constitucional a la creación de un organismo ciudadano autónomo que regule los regímenes de concesiones y permisos, y asegure el derecho de réplica y el acceso a los medios en condiciones de igualdad para todos los sectores.
Innumerables intentos por democratizar la relación existente entre los medios de comunicación y el Estado han fracasado. No será fácil modificar una relación que ha estado enmarcada históricamente por un laberinto de códigos escritos y no escritos. Ese vacío es uno de los grandes pendientes históricos del Poder Legislativo; sin embargo, nunca como hoy ha estado tan necesitado nuestro país de un sistema democrático de medios.
Sería una irresponsabilidad histórica que esta Cámara atestiguara, en silenciosa contemplación, la subordinación del Estado y del gobierno a los grandes conglomerados de medios. Es apremiante tomar cartas en el asunto, pues de no impulsarlo por vías institucionales lo impondrá la calle, cuyo latido es cada vez más intenso y el subsuelo empieza ya a mostrar sus signos de ebullición. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias por la presentación en tiempo de su iniciativa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, tiene el uso de la palabra hasta por seis minutos don Damián Zepeda Vidales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por él y por doña Adriana González Carrillo, del PAN.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su venia, señor presidente, y solicito que se adicione también a la diputada Flor Pedraza, quien ha solicitado adherirse a la presente iniciativa. Con su permiso, presidente.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Todo individuo, por el sólo hecho de serlo, tiene derechos humanos universales a los que tiene derecho y que deben ser garantizados por el Estado. El respeto a la dignidad y el valor a la persona independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad son la base de dichos derechos y por tanto se aplican a todos los humanos en todas partes del mundo.
Parte fundamental de estos derechos son el derecho a formar una familia, elemento natural y base por supuesto de la sociedad, y por supuesto también el derecho que tiene todo individuo al trabajo.
Estos dos derechos deben interactuar en conjunto para lograr la mejor calidad de vida posible tanto del ciudadano como el de su familia. Y el Estado tiene por supuesto la obligación de generar marcos legales que los estimulen y los protejan, siempre en un marco de igualdad y equidad ante la ley.
Desgraciadamente esta no es la realidad para miles de mujeres hoy en México, hoy en nuestro país nuestro marco normativo discrimina abiertamente a miles de mujeres que por cuestiones de vida decidieron adoptar un niño o una niña en el afán de cumplir con su anhelo de formar una familia.
Las madres adoptivas en México simple y sencillamente no tienen acceso a los derechos laborales que por maternidad les brinda el derecho laboral en nuestro país a las madres biológicas; es decir, no son consideradas para todos los efectos legales en cuanto a prestaciones como madres.
El derecho mexicano vigente establece los derechos laborales generales desde nuestro Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del ISSSTE, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y muchos otros marcos normativos.
Y regulan en ellos cuestiones específicas de protección a la maternidad, que van en dos sentidos: por un lado proteger en términos fisiológicos a la madre y por otro lado proteger y promover el desarrollo integral de la familia.
Así tenemos derechos que van desde descansos preparto y postparto, tiempos para alimentar a sus hijos, apoyo para lactancia, guarderías, asistencia médica, y muchos otros más, lo cual por supuesto consideramos que son adecuados.
Sin embargo, en ninguna de estas leyes se considera los mismos derechos para las madres adoptivas en México, lo cual por supuesto resulta abiertamente discriminatorio e ilegal en nuestro marco normativo vigente.
Sobre el particular vale la pena reiterar que, con la obvia diferencia del aspecto fisiológico en los otros aspectos de la maternidad, la madre adoptiva y su relación con el hijo es exactamente igual que la relación que tiene la madre biológica con el mismo, por tanto la ley debería reconocer los mismos derechos para una que para otra.
Como cualquier otro niño, el niño que nace o que surge de la adopción requiere de esta atención, sobre todo en el primer espacio que tiene, el primer contacto que tiene con su familia.
Por lo cual bien haríamos como legislatura en otorgar estos derechos para que la madre pueda estar en contacto directo con su hijo y que puedan integrar de manera adecuada la familia. Es por estos motivos que para el Estado debería ser una prioridad el garantizar estos derechos y acabar de una vez por todas con la abierta discriminación que existe en la materia.
Es increíble y va contra todo sentido común, pero existen muchas –no una–, muchas iniciativas que se han presentado tanto en esta Cámara como en la de Senadores al respecto, e increíblemente no han logrado su aprobación. Es por esos motivos que hoy mis compañeras y un servidor, insistimos en este tema que consideramos muy importante para la vida y para la justicia de todos los mexicanos.
Quiero señalar que no nos es ajeno que en estos momentos estamos debatiendo la reforma laboral y consideramos que es en este momento cuando esta Legislatura debe de aprovechar para cambiar la principal ley laboral que existe en este país y que tiene el mayor impacto en miles y miles de trabajadoras que es la Ley Federal del Trabajo.
La presente iniciativa contempla una reforma integral a todo el marco normativo que regula los derechos laborales relacionados con la maternidad. Sin embargo, queremos reiterar que hemos presentado la solicitud específica para que en el marco de la reforma laboral y su análisis se incorpore la reforma que requiere la Ley Federal del Trabajo y aprovechemos esta ventana de oportunidad que tenemos en este momento para de una vez por todas hacer justicia social en México y acabar con la abierta discriminación que existe en nuestro país en contra de las madres adoptivas en México. Muchas gracias por su tiempo, señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que informa la integración complementaria del Comité de Administración.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputado Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la integración complementaria del Comité de Administración:
Que el diputado Guillermo Sánchez Torres será representante del Comité de Administración, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración. Atentamente, diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: También le ruego dar cuenta con otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación al homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se determina que la Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad Londres, Inglaterra.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra, durante una sesión del pleno.
Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) para que diseñe, difunda y refuerce las estrategias encaminadas al deporte paralímpico en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competencias internacionales por los atletas paralímpicos y para que realice las estrategias de difusión y transmisión de los eventos del deporte paralímpico en los medios televisivos, a efecto de generar el reconocimiento de los medallistas paralímpicos como atletas de elite.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Una vez que hemos dado cuenta de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política y, para unirse al gusto de la celebración, habrá una ronda de oradores hasta por tres minutos cada uno de ellos.
Tiene la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; luego Héctor Hugo Roblero Gordillo; luego Ana Fabiola Valencia; luego Enrique Aubry; luego Alliet Mariana Bautista; luego Tania Morgan y finalmente el medallista olímpico Felipe de Jesús Muñoz Kapamas.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso de la Presidencia; diputados y diputadas. Las olimpiadas en el mundo han contribuido a entender que nuestras similitudes están por encima de nuestras diferencias. En deporte nos recuerda todo lo que tenemos en común. Cuando estamos en competencia poco importan las clases sociales, los niveles culturales y la raza.
Desde 1900, nuestro país ha participado en 21 olimpiadas en las que se han obtenido 62 medallas de las cuales 13 de ellas son de oro. Pocas si las comparamos con el número de habitantes que tenemos en nuestro país.
De Ahí la relevancia de hacer un homenaje a todos aquéllos que han logrado subir al podio, lo que nos debe de llenar de orgullo y satisfacción por contar con semejantes deportistas, muchos de ellos forjados en el esfuerzo individual y con el apoyo de sus familias y de sus seres queridos.
Debemos reconocer que este homenaje es para ellos, sus familias y quienes los apoyaron para alcanzar estas metas. No pretendemos subirnos al triunfo de estos talentosos deportistas, porque estamos acostumbrados a que en la victoria todos quieren adjudicarse la paternidad, dejando huérfana a la derrota.
México parece ser el país de los garbanzos de libra en materia deportiva. Un día somos buenos para el box, otros para el golf o uno más para correr en maratones. Las historias de éxito en el deporte mexicano padecen en su mayoría una lucha dramática para salir adelante, sin importar las condiciones externas.
El homenaje a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos que participaron en Londres este año es más que merecido. Su esfuerzo, dedicación y perseverancia, sacrificio y dedicación deben de ser reconocidos por esta soberanía.
Pero como todo en la vida, hay otra cara de la moneda, una cara que muestra la falta de una política de Estado tendiente a la construcción de un estándar en el desempeño deportivo, la falta de inversión, de interés y de estrategia que han calcado los resultados de todos los días.
Las historias de los deportistas paralímpicos son maravillosas, muestra de lucha, entrega y optimismo, realidades por lo demás difíciles. Los atletas paralímpicos de alto rendimiento carecen de instalaciones deportivas y de apoyos económicos. Sus éxitos son resultado de superar constantemente adversidades en todos los ámbitos en su vida.
A pesar de los logros obtenidos por nuestros medallistas paralímpicos, los medios de comunicación no hicieron la misma cobertura que en los juegos olímpicos. Esto ocasiona que ningún deportista paralímpico tenga los patrocinios y crecimiento profesional que pudiera haber tenido un deportista no paralímpico.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vota a favor en esta honorable Cámara para que rinda homenaje y reconocimiento a los medallistas olímpicos y paralímpicos. Pero que ese reconocimiento no se limite a discursos, sino a demandar el papel del Estado en la vida del deporte.
Asimismo, compañeros y compañeros, exhortamos al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión del Deporte, Conade, diseñe, difunda y refuerce las estrategias encaminadas al deporte.
No podemos permitir que el deporte en México sea un asunto de élites. Necesitamos garantizar que el Estado se preocupe en promover los bienes públicos indispensables a su población y esto se refleje en un Estado que invierta mayores recursos en la infraestructura deportiva.
Partiendo de esta idea, estamos convencidos que México puede lograr todo aquello que se propone en los ámbitos reales que la gente necesita. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: la propuesta presentada ante esta soberanía relativa a rendir un homenaje y se entregue un reconocimiento a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los 30 juegos olímpicos y en los 14 juegos paralímpicos celebrados en Londres, Inglaterra, es saludada con beneplácito por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El esfuerzo de los atletas acreedores a tal merecimiento está fuera de discusión porque es la distinción a quienes han puesto su mejor ánimo y disposición para ser premiados con las medallas que obtuvieron.
Han destacado en las disciplinas a las que han dedicado gran parte de su vida y esto es loable. El reconocimiento debe ser otorgado sin diferencia de ningún tipo a los atletas galardonados. En esta virtud nuestro grupo parlamentario se solidariza con la propuesta que se nos ha presentado. Para los atletas nuestro apoyo y respeto a su empeño.
No obstante, debemos dejar testimonio de nuestra inconformidad con la ausencia de una verdadera política pública del deporte en la actual administración.
Presupuestalmente las asignaciones para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, no son nada despreciables. Para este año se etiquetaron 8 mil 848 millones de pesos de los que 7 mil 731 millones de pesos, el 87 por ciento fue destinado a servicios personales, es decir, a gasto corriente.
Hablamos de que la mayor parte el presupuesto se gasta en sueldos, prestaciones y otros conceptos similares. Sólo mil 117 millones de pesos, el 13 por ciento se destinaron a rubros ajenos al gasto corriente que queremos suponer, se invierten en tantos y tantos renglones del deporte que debieran ser objeto de mayor atención y presupuesto.
El deporte mexicano se opera con visión de los hombres de pantalón largo y no bajo el punto de vista de quienes se esfuerzan por destacar en sus respectivas disciplinas. Es un denominador común que las delegaciones mexicanas se integran con más funcionarios que deportistas y en esa circunstancia es innegable que en el deporte federativo hay mucho de turismo de los directivos.
Es ahí donde se evidencia que no existe una política pública del deporte, pues la aplicación a rubros básicos del concepto aludido brilla por su ausencia. En ese entorno, los niños y los jóvenes a quienes debieran de estar dirigidos los recursos para generar deportistas de primer nivel, no se realizan. Es muy reciente la incorporación del concepto de los deportistas de alto rendimiento, sobre todo, si atendemos a los problemas derivados de un consentimiento expreso que se ha dado en la historia del deporte en México.
En el sentido de tolerar y asfixiar un manejo nada escrupuloso de los recursos puestos en las manos de los funcionarios dedicados a promover, vigilar, estimular a los deportistas mexicanos.
Es noticia reiterada que el deporte –ya voy a concluir, diputada presidente- se administra no siempre atendiendo a los mejores parámetros para la selección de quienes habrán de representar al país en contiendas no sólo nacionales, sino internacionales.
Hay mucho de ligereza para la designación de los directivos del deporte mexicano, cuyas titularidades no siempre obedecen a escoger a los mejores para el desempeño de los puestos respectivos. De ahí que sea conocido que la guerra intestina por detentar los puestos directivos de los órganos destinados al deporte, es punto medular de dimes y diretes en las diferentes áreas del deporte.
En ese sentido, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su inconformidad con la ausencia de políticas públicas en el deporte nacional. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace unas semanas nos enteramos por algunos medios de comunicación de la clausura de los XIV Juegos Paralímpicos de Londres, 2012, con la participación de 81 deportistas mexicanos con discapacidad, que participaron en esta justa olímpica compitiendo con coraje, entrega y con las ganas de dar lo mejor en cada una de sus competencias para lograr la excelencia deportiva y poner en alto la bandera y el nombre de México.
En 1988 se conformó el Comité Paralímpico Internacional conjuntamente con el Comité Olímpico Internacional, y así se le dio la relevancia al deporte paralímpico de excelencia y élite en cada justa deportiva. De ahí surgen los Juegos Paralímpicos Internacionales, que se realizan en las mismas sedes de los juegos olímpicos cada cuatro años.
En 2012 los medallistas olímpicos ganaron 7 medallas, mientras que los paralímpicos obtuvieron 21 medallas, con lo que podemos notar las diferencias con otros países en donde el deporte tiene una gran relevancia. Debemos dar el apoyo necesario para que nuestros jóvenes y atletas paralímpicos tengan las mismas oportunidades en su desempeño y puedan dar una pelea justa y equitativa en las competencias, y no sólo sea la voluntad de ellos lo que los haga entrar en el medallero.
A pesar de no contar con desarrollo tecnológico, con implementos deportivos ni con los apoyos institucionales, los deportistas paralímpicos mexicanos no dejaron de cosechar medallas con su participación en los Juegos Paralímpicos. Hasta el día de hoy nuestros atletas paralímpicos han obtenido 274 medallas en Juegos Paralímpicos Internacionales.
A pesar del gran esfuerzo y los logros obtenidos por los medallistas paralímpicos de nuestro país, en cada una de estas justas deportivas las grandes televisoras y los medios de comunicación no le dan la relevancia a su esfuerzo, esto hace que no sean apreciados con el mismo interés y no se hacen visibles sus logros.
Los atletas paralímpicos que han obtenido medallas son dignos representantes del deporte. Es momento de expresarles a nuestros deportistas paralímpicos una enorme gratitud y el orgullo que nos causaron con su actuación en los más recientes Juegos Paralímpicos de Londres. Su triunfo fue el producto de un gran y sobresaliente esfuerzo individual.
Es por lo planteado que solicitamos se haga un reconocimiento público en una sesión del pleno de esta Cámara, pues los atletas mexicanos ponen el nombre de México en lo más alto de la cumbre deportiva internacional, y además ha sido una justa práctica parlamentaria que debemos conservar.
Asimismo, pedimos que la Comisión Nacional del Deporte tome las medidas y acciones necesarias para apoyar, difundir y reforzar el deporte paralímpico, porque los atletas merecen, tanto reconocimiento como todo lo demás, con la equidad que tanto hemos difundido en este recinto parlamentario. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la voz don Palomino Enrique Aubry de Castro, un atleta de la palabra, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Palomino Enrique Aubry de Castro: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea. Para los atletas paralímpicos, las capacidades diferentes no son un desafío, así lo demostraron en los pasados juegos de Londres 2012, donde México obtuvo la posición número 23 del medallero, logrando un total de 21 preseas.
Se consiguieron seis preseas de oro: dos en atletismo, una en levantamiento de pesas y tres en natación. De plata se consiguieron cuatro medallas, de las cuales dos fueron de atletismo y otras dos de natación. De bronce sumamos 11 preseas: 5 en atletismo y una en judo y una en levantamiento de pesas y cuatro en natación.
Esto da muestra que no hay obstáculos. Estos deportistas son ejemplo de lucha, por lo que el Partido Verde exhorta a este Congreso a que en la próxima discusión del paquete económico se aporte e inviertan más recursos en el centro de entrenamiento paralímpico. Hay que modernizar sus instalaciones, debemos de darles las mismas oportunidades que sus pares convencionales.
La Delegación Mexicana que nos representó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, se integró por 81 atletas y una cuarta parte de ellos obtuvo preseas para nuestro país. En el caso de los atletas olímpicos, nuestra delegación tuvo participación con 102 competidores, de los cuales se obtuvieron sólo siete medallas, siendo una clara muestra que quienes cuentan con capacidades diferentes llegan a obtener mejores resultados y con escasos recursos.
Hacemos un reconocimiento a su gran valor, lucha y dedicación. Sabemos que es necesario seguir apoyando y construir un mayor número de centros paralímpicos en este país.
Unamos esfuerzos y demos a estos deportistas las herramientas necesarias para triunfar en la vida. De igual manera, quiero hacer un exhorto respetuoso al gobernador constitucional del estado de Jalisco, el contador público Emilio González Márquez, y de igual manera al licenciado Carlos Andrade Garín, director del Code, que en su tiempo les hicieron una promesa a estos deportistas jaliscienses, de darles un apoyo económico. Hoy se queda en el olvido, hoy se queda en unas palabras, no en palabras. Ojalá y el gobernador del estado de Jalisco pueda recapacitar y pueda darles ese apoyo ya. Que por eso la gente, los jóvenes no creen en los políticos y en los servidores públicos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Aubry de Castro Palomino. Tiene el uso de la voz doña Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, es para mí un alto honor representar a mi grupo parlamentario en este acto de representación popular, pero más aún, siendo yo la proponente de este punto de acuerdo y que se bajó por ahí dos ocasiones, estando ya enlistado y hoy lo hace suyo la Junta de Coordinación Política.
En el que vengo a fundar la proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía rinda un homenaje y entregue un reconocimiento a los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en Londres, Inglaterra.
México participó, por primera ocasión, en la justa de París, en 1900, con el juego de polo. Sin embargo, fue hasta los Juegos Olímpicos de París, de 1924, que envió oficialmente una representación nacional olímpica y desde entonces hemos participado en 21 ediciones olímpicas, consecutivamente. Hasta hoy hemos conseguido un total de 62 medallas, de las cuales 13 son de oro, 21 de plata y 28 de bronce.
La mejor actuación de nuestras delegaciones se dio en la justa olímpica de México 68, con 9 medallas y en esa ocasión, aquí tenemos a uno de nuestros olímpicos medallistas, el compañero diputado Felipe “Tibio” Muñoz, a quien le doy un saludo.
Después de esta brillante participación destaca la actuación que se tuvo en la reciente justa olímpica en Londres 2012, con 7 preseas. Le siguen con 6 medallas Sidney 2000 y Los Ángeles en 1984.
Londres nos hizo vibrar de emoción y orgullo al verlos a ustedes, jóvenes futbolistas, ganar la medalla de oro en el futbol olímpico, reescribieron la historia olímpica nacional, ya que en 88 años es la primera medalla de oro que obtiene nuestro país en deportes de conjunto.
Por otra parte, se reafirma el extraordinario trabajo que vienen realizando nuestros atletas en la disciplina de los clavados al ganar 3 medallas en Londres, 2 de plata y 1 de bronce.
Nuestros medallistas en Londres 2012 fueron Germán Sánchez e Iván García, medalla de plata en clavados sincronizados, plataforma de 10 metros. Laura Sánchez, bronce en el trampolín de 3 metros. Paola Espinosa y Alejandra Orozco, plata en clavados sincronizados, en plataforma de 10 metros, en tiro con arco. Aída Román, plata y bronce de Mariana Avitia. Ellos obtuvieron el dos, tres para México y en taekwondo Rosario Espinosa le dio a México el bronce olímpico.
Los Paralímpicos datan de 1948, en el que el doctor Ludwig Guttman propuso una serie de competiciones para los heridos en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, se encontraban en sillas de ruedas. De esta idea nacieron los Juegos Paralímpicos, justa deportiva mundial en la que participan personas con discapacidad física, mental y sensorial.
Se les denominó Paralímpicos ya que el nombre incluye el prefijo griego para, que significa proximidad o similitud con los Juegos Olímpicos, aunque en su momento el nombre se puso por la presencia de participantes con parálisis o paraplejia.
Nuestro país en los Juegos Paralímpicos ha ganado hasta hoy 259 medallas. En Londres 2012 nuestros medallistas paralímpicos fueron: Arnulfo Casterona, plata en la prueba de 50 metros pecho, categoría SB2. Mauro Máximo de Jesús ganó dos medallas en estos Juegos Paralímpicos: plata y bronce en lanzamiento de bala.
Por ello, me da mucho gusto que esta Cámara de Diputados haga suyo, que la Junta de Coordinación Política exprese a estos medallistas y se les pueda dar un reconocimiento, ya que cada vez igual necesitamos también tener mejores apoyos para nuestro orgullo nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Tania Morgan Navarrete, tiene usted el uso de la voz hasta por tres minutos.
La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el deporte es una actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que tienen por objeto lograr el máximo rendimiento.
Dicha actividad ha cobrado gran importancia no solo en nuestro país sino en el ámbito internacional, debido a la gran aportación que genera su práctica de manera regular entre la población, ya que contribuye a mejorar su calidad de vida.
Al respecto, es importante destacar que la política del gobierno mexicano se ha enfocado al mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de la cultura física del deporte.
Hoy en día nuestro país cuenta con importantes deportistas, muchos de ellos de alto rendimiento, que han tenido una gran preparación que los ha llevado a tener buenos resultados en competencias nacionales e internacionales.
Respecto a las competencias internacionales, no podemos dejar de destacar el resultado que tuvieron nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvieron siete medallas, lo que significa un récord histórico, pues no se había obtenido desde 1968, cuando las competiciones se llevaron a cabo en nuestro país.
Por su parte, los atletas paralímpicos obtuvieron 6 medallas de oro, 4 de plata y 11 de bronce, que dejaron a México en el lugar 23 del medallero, y participaron 164 naciones.
Como mexicanos debe llenarnos de orgullo el gran esfuerzo de nuestros atletas por destacar y por obtener medallas en una competencia internacional tan importante, como fueron los juegos de Londres 2012.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se suma a la aprobación de esta proposición con punto de acuerdo que se pone a consideración de esta soberanía, ya que consideramos que estamos obligados a reconocer el esfuerzo, la tenacidad y el valor de nuestros atletas que pusieron el nombre de México tan en alto, y sin duda alguna son un gran ejemplo para nuestros jóvenes y niños.
Sabemos que todavía queda mucho por hacer en materia deportiva, por lo que aunado a este reconocimiento debemos comprometernos como representantes de la nación a fortalecer el marco jurídico en materia de cultura física y deporte, asignar mayores recursos públicos que nos permitan aportar mayor número de atletas de alto rendimiento.
Además debemos esforzarnos por garantizar las condiciones necesarias que permitan a toda la población ejercer plenamente el derecho a la cultura física y el deporte, lo que tendrá un gran impacto en nuestra niñez y en nuestra juventud, que en muchos casos son víctimas de delincuencia, de adicciones o de problemas de salud que se traducen en obesidad.
Reiteramos nuestro compromiso con la proposición que hoy se pone a consideración de este pleno, ya que consideramos necesario el reconocimiento social de quienes por su esfuerzo han destacado en el deporte, nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente don Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del PRI y medallista olímpico.
El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas compañeras legisladoras y distinguidos compañeros legisladores, en la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional estamos completamente a favor de esta propuesta.
Reconocer el esfuerzo de nuestros jóvenes deportistas en los recientes juegos olímpicos y paralímpicos de Londres 2012 es muy meritorio. Estoy seguro que todos estamos muy orgullosos de los resultados de nuestros muchachos y nuestras muchachas, mismos que lograron en estos juegos.
En los juegos olímpicos de Londres logramos el mejor resultado que hemos conseguido desde México 68, ya hace casi 44 años, siete medallas, una de oro, tres de plata y tres de bronce. Enviamos a 101 deportistas a Londres, de ellos 26 regresaron a México con sus medallas colgadas al pecho.
Por primera ocasión ganamos una medalla de futbol, siendo ésta la de oro, superando al favorito Brasil en una final angustiosa que fue seguida por miles de mexicanos. Recordamos con mucha satisfacción la actuación sobresaliente de dos mexicanas que lograron su segunda medalla olímpica en dos juegos consecutivos, Paola Espinosa, en clavados, y María del Rosario Espinoza, en Tae Kwon Do.
También sobresale la actuación del tiro con arco con Aida Román, quien logró plata, y Mariana Avitia, Bronce. En ese deporte nunca habíamos ganado medallas olímpicas.
Reconocemos también a la jovencita de solo 15 años, Alejandra Orozco en clavados sincronizados; los jóvenes Germán Sánchez e Iván García también en clavados sincronizados; así como Laura Sánchez, que después de muchos años de trabajo y varias derrotas nunca se dio por vencida y logró una medalla de bronce en clavados.
En los juegos paralímpicos logramos 21 medallas, jóvenes y señoritas que compensan y superan sus problemas físicos con una mentalidad de triunfadores sorprendente. El deporte paralímpico no se quedó atrás, por el contrario, logramos 21 medallas, una más que en Beijing 2008, 6 de oro, 4 de plata y 11 de broce, obteniendo el lugar 23 de 167 países que participaron.
Sobresalen varios deportistas, entre ellos Gustavo Sánchez Martínez, quien ganó cuatro medallas; otro joven que mostró de qué están hechos los triunfadores es Juan Ignacio Reyes González, quien logró oro en 100 metros dorso, pese a que Juan Ignacio solo cuenta con una pierna y medio brazo; sobresale también María de los Ángeles Ortiz, que después de ganar una medalla de plata en Beijing, ahora en Londres logra el oro y de paso rompe el récord del mundo. Menciono uno más y solo por respeto al tiempo que me otorgaron es Mauro Máximo de Jesús, quien ganara dos medallas en Londres después de haber ganado una en Beijing.
Todos estos deportistas son verdaderos ejemplos. Tengo el honor y la enorme satisfacción de conocer a varios de ellos desde hace ya algunos años. Jóvenes y señoritas que visualizaron su sueño y lo hicieron meta y objetivo y se dedicaron por varios años a lograrlo. Mexicanos que saben que lo que es imposible para muchos, para ellos era solamente temporal, a base de trabajo, entrega y dedicación lograron ser de los mejores del mundo.
Aquí también es menester reconocer a quienes les ayudaron a las federaciones deportivas, a sus entrenadores y sobre todo a sus familias. En el deporte sabemos muy bien que triunfar es trabajo de todos, ellas y ellos no llegaron solos.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRI no solo nos unimos al muy merecido reconocimiento propuesto, sino también nos comprometemos con nuestro trabajo legislativo. Contribuiremos a que más mexicanos y mexicanas tengan oportunidades y acceso al deporte competitivo.
Estimados compañeros legisladores, es muy importante reconocer el esfuerzo de nuestros campeones olímpicos y paralímpicos, pero también debemos reconocer que en nuestro país existe mucho talento deportivo en la juventud, que se pierde por no tener oportunidades para lograr sus sueños.
Es el momento para reflexionar y comprometernos todos nosotros con la nación, para hacer lo que esté de nuestra parte aquí en el Poder Legislativo y otorgar más oportunidades y facilidades a la juventud mexicana. En su momento presentaremos una propuesta que encauce lo anterior. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Felipe Muñoz. Solo como un breviario cultural, en menos tiempo del que usted utilizó en la tribuna, para ser exactos en 2 minutos 28 segundos, ganó usted la medalla olímpica; felicidades.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Dejo la conducción de la Mesa en manos de su titular, el señor diputado Murillo Karam.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara, tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura para que dé a conocer a los productores el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.
Hago uso de la palabra en ésta, la tribuna más alta de la nación, como representante popular y como productor agropecuario para hablar por los campesinos de México para exigir el pago justo y oportuno de sus cosechas, en especial por los productores frijoleros de este país -de los estados de Durango, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Nayarit.
Lo hago con la contundencia necesaria para expresar nuestra preocupación, la incertidumbre y la zozobra que nos aqueja, ya que a pocos días de iniciar la cosecha del frijol se desconoce el esquema de comercialización que la Sagarpa habrá de implementar para este ciclo agrícola.
Nos preocupa mucho que una vez más se repita la historia de siempre, el calvario y la impotencia de nuestros productores, de estar a la deriva de los vaivenes del mercado.
Venimos de sufrir una sequía atípica que no sucedía desde hace 80 años que provocó que en el ciclo agrícola pasado casi la mitad de la superficie cultivable no pudiese sembrarse, con las consecuencias de las pérdidas para nuestros productores, que no contaron con un esquema de aseguramiento efectivo que viniera a resarcir el daño, un daño que a decir de las cifras oficiales de Sagarpa, llegó hasta un 90 por ciento en pérdidas.
Y qué creen, compañeros legisladores, hoy que en estados como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato se avizora una producción aceptable, las maniobras recurrentes en la especulación de precios o las frecuentes prácticas reprobables como el coyotaje tienen a nuestros productores rurales muy preocupados por el precio que se le podría poner como precio piso, que siempre, lamentablemente, es a la baja.
La experiencia desastrosa de los esquemas de comercialización implementados en años pasados ha provocado desconfianza, alentado y motivado actos de corrupción que los mismos medios de comunicación han consignado.
Cuántas cosas han pasado y cuántas se han dejado de hacer. Es deprimente la realidad y el abandono de nuestro campo mexicano, es un hecho incuestionable. Es de justicia que en nuestra responsabilidad republicana de representar a los productores en esta Cámara de Diputados hagamos lo necesario para que sus productos tengan un pago justo y oportuno que les permita hacer rentable su actividad agrícola.
Es tiempo, compañeros diputados, de construir soluciones, es tiempo de proponer, es tiempo de acordar. El tema del campo nos necesita a todos. El tema del campo no tiene colores. La agricultura y en general las actividades agroalimentarias y su visión estratégica requieren de la participación conjunta de todos los actores de esta Cámara.
En mi carácter de coordinador de los diputados del sector agrario de la fracción parlamentaria del PRI, los invito a todos y a todas a la búsqueda permanente de acuerdos. Hagamos cosas extraordinarias que le den paso a una nueva etapa en la construcción de las políticas para el campo de este país, tema por el que he subido a esta tribuna.
Reitero, subrayo nuestra exigencia para que en forma urgente se dé a conocer el esquema de comercialización de frijol y saber por supuesto del aprovisionamiento de recursos del programa en mención. En virtud de las razones antes expuestas, me permito proponer el presente punto de acuerdo:
Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dé a conocer en forma urgente a los productores de los estados, productores de fríjol, el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.
Segundo. Con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente u obvia resolución.
Les solicito, estimados compañeros y compañeras diputadas, su voto a favor para que mi propuesta sea aprobada. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En atención a lo solicitado por el diputado, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tengo una lista de oradores inscritos. Empezaríamos por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, por tres minutos, diputado.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido por la legislación internacional que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo.
El derecho a la alimentación requiere, por tanto, que los estados proporcionen un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para su familia.
En Nueva Alianza estamos convencidos que la lucha contra la desnutrición es, además de una cuestión ética, una necesidad imperiosa para romper con el círculo de la pobreza. Una lucha que requiere de inteligencia y habilidad de los responsables de la política agroalimentaria en el país, impulsando un desarrollo rural orientado a alcanzar los logros de la sostenibilidad y la equidad.
Para que ninguna mexicano o mexicano vea vulnerado su derecho a la alimentación y por ende a un desarrollo humano integral. Este propósito central del Estado mexicano sólo podrá alcanzarse si aprovechamos como país, las nuevas tendencias de los mercados de productos agrícolas y consecuentemente de las políticas para el campo.
De igual forma, estas tendencias deben contribuir a mejorar las condiciones de competitividad de los productores nacionales. Es una oportunidad para incorporar en sus procesos de producción y postproducción nuevas estrategias que maximicen la rentabilidad de sus productos y manejen de manera más adecuada los efectos inestables del mercado.
Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza resulta indispensable evaluar los programas de comercialización que se han implementado en esta administración. En términos del presente punto de acuerdo, nuestro voto es a favor del mismo, a fin de informar a esta soberanía sobre el esquema de comercialización del frijol para el ciclo agrícola primavera-verano 2012. Lo anterior con la intención de promover un pago justo y oportuno a los productores de este producto básico y estratégico de nuestra sociedad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez. Por tres minutos, diputado.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, abordamos en este pleno un asunto que tiene que ver con el campo mexicano. Se busca que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación remita la información actualizada relativa a las previsiones presupuestales para atender el esquema de comercialización de frijol en el ciclo primavera-verano del año 2012.
Dentro del esquema de apoyos que se establecen en el Presupuesto de Egresos, en el marco del Programa Especial Concurrente, que hemos de señalar que es el programa que concentra la mayor cantidad de los recursos para el campo, en el que está incluido el presupuesto para el órgano administrativo desconcentrado denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, que para el año 2012 el monto para Aserca es de 334 millones de pesos, sin embargo, en la página electrónica de Aserca no se establece con claridad cuál es el monto de los apoyos para el esquema de la comercialización del frijol para el ciclo primavera-verano del año 2012.
El comunicado más reciente, que es relativo a los apoyos para el ciclo primavera-verano del año 2010, por lo que no existe información actualizada que permita conocer a los campesinos el procedimiento para ser beneficiados y mucho menos el monto que pueden solicitar.
Este tipo de situaciones ponen a los productores campesinos en una situación de indefensión y de incertidumbre, al no saber si serán apoyados para poder comercializar su cosecha de este producto básico tan importante como es el frijol. Como siempre los apoyos llegan tarde.
Es necesario destacar que los estados donde se concentra la mayor producción de este grano básico son Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, que en su conjunto suman un millón 67 mil 834 hectáreas de riego y 61 mil 658 hectáreas de temporal, que producen distintas variedades de frijol.
Compañeras y compañeros, no podemos olvidar, como lo mencionó el diputado anterior, que en los dos últimos años nuestro país ha enfrentado condiciones climáticas muy severas, pero eso no es el problema. El problema es que recordemos que la LXI Legislatura aprobó dos dictámenes, donde se destinaban recursos para atender este severo problema, pero se les olvidó. Es preocupante, no lo destinaron.
Compañeras y compañeros diputados, a menos de dos meses estaremos ya discutiendo el presupuesto y necesitamos información clara y contundente, para direccionar correctamente el presupuesto y más en un asunto de vital importancia, como es alcanzar nuestra soberanía alimentaria.
Por ello, nos sumamos a la proposición de este punto de acuerdo presentada por el PRI, que se informe correctamente y claramente y oportunamente las previsiones presupuestales para apoyar a la comercialización del frijol. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado Héctor Narcia Álvarez, en el turno.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores de la LXII Legislatura. Como integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México vengo a respaldar y a fortalecer el punto de acuerdo del Partido Revolucionario Institucional que se hizo llegar a través del diputado Rubén Escajeda, en donde se le exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, mejor conocido como la Sagarpa, así como su titular Francisco Mayorga Rodríguez, den a conocer los apoyos a la comercialización del producto frijol en todos los estados productores de esta leguminosa, segundo producto base de la alimentación de México, después del maíz, ya que se aproxima el levantamiento de la cosecha en estos días y por ende, la comercialización. Y hasta hoy se desconoce cuáles serán los apoyos, los programas, las reglas de operaciones y los montos.
Ya que con esta producción y comercialización se estima que habrá una producción de 3 millones de toneladas de frijol y una derrama económica que llegará a los bolsillos de los productores por un monto aproximado de 30 mil millones de pesos, con una superficie sembrada de un millón 129 mil 492 hectáreas.
La gran mayoría de estos productores son su único ingreso y su único apoyo a la comercialización. Por eso esperan el precio de sus productos y los apoyos a la comercialización en forma inmediata.
Invitamos a todos los compañeros diputados a que fortalezcamos y defendamos esta política de comercialización y los apoyos a los productores de los estados de Chihuahua, de Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, que en su conjunto suman un millón 67 mil 834 hectáreas de riego y 61 mil 658 hectáreas de temporal.
Asimismo, quiero aprovechar que los estados del centro y sureste del país, incluyendo al estado de Chiapas, inician la comercialización de maíz en los primeros días del mes de noviembre. A escasos 40 días y hasta hoy se desconoce la política que se implementará, así como la apertura de las ventanillas para celebrar los contratos y coberturas de precio de este producto.
Ya que existe inseguridad e incertidumbre, cuál es la institución indicada para atender la comercialización primavera-verano a los productores temporaleros, ya que Aserca venía fungiendo y quien era la responsable en el tema de la comercialización, hoy brilla por su ausencia, quedando estas actividades, entre comillas, en las manos de Fira y de la Financiera Rural.
Quienes presumen atender exclusivamente a los productores que obtuvieron financiamiento a través de estas instituciones y mi reclamo es, quién atenderá a los productores libres o productores que se han autofinanciado, cuando tenemos conocimiento que el 70 por ciento de la producción a comercializar en este ciclo primavera-verano 2012-2013 corresponde a estos productores y 30 por ciento a productores con financiamiento. Ya termino, señor presidente.
La comercialización se ha considerado como un último eslabón en la cadena productiva y año tras año nos hemos enfrentado con los productores del campo, con diversos obstáculos, convirtiendo a ésta en un cuello de botella para los hombres y mujeres del campo.
Por ello, también exhortamos nuevamente a la Sagarpa, a las instituciones como Fira, Financiera Rural y a las instituciones privadas nacionales y transnacionales dedicadas a la comercialización de maíz, a que construyamos y definamos en forma inmediata las políticas adecuadas para celebrar los contratos de compra-venta y cobertura de precios, ya que se espera una buena producción de maíz, récord en los últimos años, y no podemos dejar...
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: ... a los productores al libro albedrío, que serán presa fácil de las grandes empresas nacionales, internacionales y de los intermediarios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado José Soto Martínez en el turno.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hablar del campo es hablar de la pobreza de nuestros compañeros campesinos; porque siempre han estado olvidados y a ningún gobierno les han interesado.
Es sencillo, si así lo quisiera el gobierno, producir todo lo que podemos consumir los mexicanos y aun mandar a otros países. Tres cosas nada más requiere el campo: la primera, y le corresponde a los gobiernos, es que deben saber cuánto se va a sembrar de cada uno de los productos, la programación, para tener lo suficiente no solo de frijol sino de maíz y de todos los productos que necesitamos. De esa manera tener lo suficiente y aun tener una parte, un excedente para lo que está pasando con la sequía y a veces por mucha agua que también daña.
Lo segundo es el financiamiento. Financiamiento y no dádivas son importantes, sí, los apoyos; pero no llegan a tiempo y a veces se quedan en manos de los que no son campesinos. Queremos financiamiento y queremos la seguridad de comercializar, y de esa manera acabar con el coyotaje que hay.
Porque si un kilo de frijol se lo pagan al campesino en 3 pesos, en el mercado está a 10. Eso no es justo. Y no es justo porque a los gobiernos no les ha interesado que produzca el campo aun sabiendo que todo lo que comemos viene de ahí, aun sabiendo que lo que vestimos inclusive también viene del campo, y lo que calzamos.
Entonces, no ha habido el interés de que produzcamos, ¿por qué?, porque traer productos del extranjero les deja sus buenos dividendos a quienes los traen, a los secretarios. Hacen sus cupos de todo porque les conviene.
Teníamos en los cañeros un decreto, nos lo derogaron, que era la rama de producción, llegamos a ser autosuficientes y luego no sabíamos qué hacer con el azúcar que producíamos. Pues los gobiernos hicieron todo lo que pudieron para no producir. –Le pido por favor que me dé el mismo trato que le dio al del PRI.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Exactamente, señor diputado, es lo que quiero hacer en esta Presidencia.
El diputado José Soto Martínez: Entonces déjeme concluir.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Darles el mismo tiempo a todos, ése es mi trabajo.
El diputado José Soto Martínez: Déjeme concluir entonces, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Y en consecuencia lo voy a dejar concluir en unos segundos más.
El diputado José Soto Martínez: Déjeme concluir.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le voy a suplicar, señor diputado, que me ayude a que podamos respetar el orden.
El diputado José Soto Martínez: Si quieren que el campo produzca ésas son las tres cosas que deben hacer, esos que gobernaron y los que van a gobernar. Y con eso concluyo, señor presidente, para que esté contento. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez.
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: Gracias, señor presidente. Agradezco a mi compañera diputada Amalia García, con quien he trabajado este posicionamiento y el acuerdo de que un servidor pasara a esta tribuna.
Aquí mismo, amigas y amigos, compañeros diputados y compañeras diputadas, he oído a diputados y a diputadas expresarse, que las políticas que se han aplicado para el campo mexicano no han dado el resultado que se necesita en cuanto a producción de alimentos.
El texto que fundamenta este punto de acuerdo señala que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha traído consecuencias nocivas en cuanto a la producción del campo mexicano.
Hoy mismo en esta tribuna distintas participaciones han reconocido que el campo mexicano se encuentra en el abandono y en una total falta de capacidad para la producción de alimentos. Eso genera que México para cubrir sus necesidades internas de alimentación recurra invariablemente a la importación e indiscutiblemente nos lleva a la dependencia alimentaria.
El artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala que el frijol es uno de los 11 productos de la canasta básica en la alimentación de los mexicanos.
Sumado a esta situación, la sequía en el último año generó pérdidas considerables en la producción de los granos básicos. Sabemos también, que la falta de un producto aumenta invariablemente su costo, siendo que el frijol es uno de los productos básicos en la alimentación de los mexicanos, su aumento en automático afecta de manera directa indiscutiblemente la ya desgastada economía familiar; ése es uno de los problemas fundamentales que tenemos en este momento en cuanto a producción de alimentos en este país.
Frente a este panorama del campo mexicano y la producción de alimentos, no es suficiente amigos y compañeros, diputadas y diputados, no es suficiente con que en esta tribuna solo les solicitemos a la Sagarpa que informe cuál es el programa de comercialización para el frijol en este periodo de producción. No es suficiente.
Lo que necesitamos es que los productores tengan apoyos suficientes, que los productores reciban la infraestructura para dignificar el campo y se pueda producir de manera suficiente la alimentación que los mexicanos necesitamos, porque la no producción del campo mexicano nos lleva invariablemente a la dependencia alimentaria, nos lleva a poner en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria que estamos obligados como Estado mexicano a garantizarle a toda nuestra ciudadanía.
Por ello el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pronuncia por supuesto sí a favor de este punto de acuerdo, pero fundamentalmente nos pronunciamos en esta tribuna porque se lleven ya urgentemente los recursos que han sido aprobados por esta misma soberanía para este ciclo primavera-verano, que se lleven urgentemente a los productores del frijol en este país. Pero señores diputados, señoras diputadas, a los productores del maíz, del frijol, no a los coyotes, no a los que disfrazados de financieras o dispersores de créditos se quedan con la mayor parte del recurso y no está llegando a los productores de frijol.
Eso es lo que necesitamos en este campo. Eso es lo que necesita hacer este gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer desde esta soberanía para garantizar que México realmente pueda garantizar que somos soberanos y que podemos también tener la garantía de que hay alimento para todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés de la Rosa Anaya.
El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Con su permiso, presidente. Los diputados del PAN compartimos la preocupación de los productores de frijol, en torno a que se dé una integración de su producción y los procesos de comercialización de forma justa y, por supuesto, que se promueva el acceso del frijol a la población, al ser un producto básico y estratégico dando prioridad a la producción nacional.
Ésta también ha sido una preocupación del Ejecutivo federal al preveer en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, el apoyo a la comercialización y la promoción de la seguridad alimentaria mediante el ordenamiento y certidumbre de los mercados.
De acuerdo con la definición de la FAO, un país se encuentra en dependencia alimentaria cuanto destina más del 25 por ciento de sus ingresos por exportaciones totales a la compra de alimentos en el exterior. En el caso de México se ha mantenido alrededor del siete por ciento.
En nuestro país actualmente se satisface la disponibilidad de alimentos principalmente con producción nacional y ésta se ha incrementado 6.2 por ciento con respecto al sexenio anterior, a pesar de que se han presentado contingencias climáticas y problemas de mercado derivados de la volatilidad de los precios a nivel internacional.
Si de hablar de experiencias desastrosas se trata, debemos decir con toda puntualidad y con toda precisión, que en décadas pasadas la política de intervención del mercado interno promovida por los gobiernos del PRI, sin duda fue ineficiente y sumamente costosa, ya que las transferencias federales para apoyar los precios comprando toda la producción de granos y subsidiando el consumo general, absorbían casi medio punto porcentual del producto interno bruto de cada año, lo que además promovía la falta de productividad y competitividad del sector rural con el rezago que esto ha significado aún hoy en día.
En ese sentido, creemos que la política de la presente administración en esta materia es sumamente valiosa, ya que facilita la comercialización de las cosechas en épocas y regiones en que se presentan problemas de comercialización.
En el caso del frijol, al no contar con mecanismos de determinación de precio de referencia internacional, es de particular relevancia y requiere la definición de una estrategia que evite que los precios caigan por exceso de oferta.
Ahora bien, para lograr la eficacia de dicha política, estamos a favor además de promover una estrecha coordinación entre los agentes de la sociedad rural y organizaciones de productores de frijol y las dependencias y entidades públicas, en beneficio de los productores nacionales y a favor de la seguridad alimentaria.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor de esta proposición de punto de acuerdo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Abraham Montes Alvarado.
El diputado Abraham Montes Alvarado: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas, diputados: acudo ante esta soberanía para manifestar el apoyo absoluto a la proposición planteada por el diputado Rubén Escajeda.
Por qué la fracción parlamentaria del PRI se solidariza con la propuesta presentada. Primero que nada, porque el campo está en crisis. Esto es algo que nadie puede negar. Porque además en la zona temporalera donde se produce el frijol estamos padeciendo la peor de las sequías de los últimos 80 años.
Vean ustedes. En el período 2008-2011 en Chihuahua, Durango y Zacatecas se sembraron cada año en promedio 884 mil hectáreas. De éstas, sólo se pudo sacar cosecha cada año de 674 mil hectáreas. Es decir, se perdieron 210 mil hectáreas cada año por siniestros. Esto equivale al 23.7 por ciento de lo que se siembra cada año y significa que si sumamos menos de cinco años de pérdidas, acumulamos el total que se siembra en el país en un año y esa es la pérdida de los productores de frijol, que producen sin seguro agrícola y sin crédito y que solos corren todos los riesgos porque el gobierno está ausente.
Es ahí donde se quedan las remesas de dinero de los hijos de los frijoleros que se van a trabajar a Estados Unidos, reponiendo los procesos perdedores de la cadena productiva del frijol. Y el gobierno bien gracias, ausente.
Pero qué sucede con lo que sí se cosechó. En 2008-2010 la producción promedio en estos tres estados fue de 489 mil toneladas. Aserca cada año apoyó en promedio 264 mil toneladas. Significa que apoyó al 54 por ciento, solamente, de la cosecha.
El esquema que utilizó Aserca presentó dudas; se presentaron las denuncias correspondientes y lo único que logramos fue que los funcionarios señalados hoy estén ocupando mejores espacios laborales y los productores recibimos a cambio la suspensión del programa de apoyos a la comercialización de frijol. Buen negocio estamos haciendo. Denunciamos fallas, nos quitan los programas y premian a los funcionarios.
Es por esto que subimos a esta tribuna, porque en un escenario donde los productores de frijol corren solos los riesgos, sin crédito, sin seguro, sin tecnología, sin asistencia técnica, sin infraestructura productiva, con la amenaza de las importaciones, en manos de los intermediarios, lo menos que podemos hacer es otorgar en este momento el apoyo a la propuesta que acaba de hacer el diputado Rubén Escajeda. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, a usted, señor diputado. En razón de que no tengo más participantes registrados, el asunto se encuentra suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Antes de hacerlo, lea nuevamente el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Punto de acuerdo.
Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de a conocer en forma urgente a los productores el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.
Segundo. Es con fundamento al Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente u obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2012.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahora sí póngalo a votación, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba este acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, secretaria. Aprobado y comuníquese.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones –tenemos muchas– serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Y, en consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 23 de septiembre, conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Para este propósito tengo registrados a los siguientes oradores: la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, la diputada Loretta Ortiz, la diputada Nelly del Carmen Vargas, la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, la diputada Leticia López Landero y la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos.
Por cinco minutos tiene el uso de la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia, honorable asamblea, el 23 de septiembre de 1913 se promulgó por primera vez una norma contra la prostitución infantil en Argentina. Para conmemorarlo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas instituyó a partir de 1999 este día como el Día Internacional contra la Trata de Personas. Más que conmemorativo, este día debe servirnos como un recordatorio de que este delito ha destruido vidas de mujeres, adolescentes y niñas que han sido víctimas de la trata de personas.
A diferencia de otras fechas conmemorativas, el 23 de septiembre de cada año nos obliga a reflexionar sobre lo que hemos avanzado y lo que nos falta por hacer para contrarrestar un acto que vulnera a la sociedad. Establecer una fecha conmemorativa para hacer de ello solamente una compilación de datos y estadísticas es mostrarnos ciegos e insensibles a todas aquellas familias mexicanas víctimas de este lacerante problema.
Estas estadísticas y datos disponibles nos muestran la grave situación que viven a diario millones de personas que son arrancadas del seno familiar para explotarlas sexualmente o realizar trabajos denigrantes para cualquier ser humano. No hay peor drama para una madre o padre, una hermana o hermano, una hija o hijo, el hecho de desconocer el paradero de su familiar e imaginarse el dolor y el sufrimiento que podría padecer si es víctima de trata de personas.
Como sociedad tenemos la responsabilidad de alzar la voz y exigir que se cumpla con la obligación de combatir a los grupos dedicados a este delito, de utilizar todos los medios a nuestro alcance para que quienes participan sean llevados ante la justicia y reciban una pena ejemplar, y no escatimar los recursos necesarios para apoyar a las víctimas de este delito.
¿Cómo es posible que nuestro país ocupe el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el sitio número 28 a nivel mundial?, ¿que cada año 800 mil personas sean víctimas de tráfico de personas a través de nuestras fronteras? ¿Quién o quiénes son los responsables de que existan más de 30 mil menores de edad de entre 10 y 14 años sometidos por las redes de trata de personas?
Reconocemos que la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata es un paso importante, pero también hay que decirlo, es insuficiente porque se requiere algo más que una ley; se requiere un marco legal sólido y homogéneo que permita el acceso real e integral a la justicia por parte de las víctimas.
Lamentablemente menos de la mitad de las entidades de la república han realizado modificaciones a su marco jurídico con el objetivo de reducir este problema que hiere a la sociedad mexicana. Urge redoblar los esfuerzos para aprobar las modificaciones que permitan un combate frontal contra este flagelo.
Es urgente avanzar en la especialización de los Ministerios Públicos para investigar de manera adecuada a quienes cometan este ilícito. Más allá de una preparación técnica y jurídica, es de suma importancia que el representante social muestre sensibilidad y empatía hacia las víctimas de trata, considerando que es un delito que daña el interior de las personas, evitar a toda costa que tanto criminales como funcionarios públicos involucrados en el tráfico de personas queden sin castigo. Establecer medidas focalizadas para proteger a los grupos más vulnerables para los delincuentes, como son las mujeres; los niños; los indígenas; las personas con enfermedades mentales o con discapacidad física y los inmigrantes ilegales.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos impostergable legislar en la materia, para tipificar otras conductas que supongan un delito de trata, tales como la explotación laboral o en cualquier otra actividad que implique forzar a las personas a realizar actividades sin su consentimiento o bajo coacción.
No existe justificación alguna para que perviva esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Invitamos a todas las fuerzas políticas, a las organizaciones civiles y sociales dedicadas a combatir la trata de personas, a no claudicar en su lucha por erradicar este delito que lastima a todos.
Que esta conmemoración sirva para redoblar el esfuerzo colectivo por erradicar de una vez y para siempre este lacerante problema que aqueja a la sociedad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Les damos un saludo y la más cordial bienvenida a los invitados del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado José Luis Flores Gómez.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidenta. Compañeros legisladores. Desgraciadamente este día, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas no es un día para México ni para la sociedad mexicana que podemos vanagloriarnos.
Afortunadamente se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federal el 14 de junio de este año. Sin embargo, muy lejos estamos de dar seguridad y acceso a la justicia a todas estas personas, sobre todo niñas y niños y también mujeres, que son objeto de este crimen. No es un simple delito. Es un crimen internacional la trata de personas.
Lejos también de cumplir con el instrumento internacional que regula este crimen internacional, que es el Protocolo de Nueva York. ¿Por qué estamos lejos de cumplir y acatar precisamente este instrumento internacional? Porque no basta con buenos deseos, con una ley, quizá reglamentos y demás disposiciones, para poder controlar al crimen organizado que trafica con estas personas.
Para poder tener resultados óptimos en el combate de este tipo de acciones, lo que necesitamos es que las autoridades en todos los órdenes federal y local, realmente aplique de manera efectiva toda la normatividad, y sobre todo la Convención de Nueva York.
Mientras no se resuelva este problema, aplicar este Protocolo de Nueva York, van a seguir sufriendo este crimen, tanto niñas como niños, como mujeres, porque a lo que son destinados finalmente estas criaturas y mujeres es, o una, a la prostitución, o dos, a mano esclava, o tercero, el tercer caso, que sería la extracción de órganos y que es precisamente la causa o motivo por la cual el crimen organizado está entre comillas dedicado a este lucrativo negocio.
Quiero concluir, nada más, en señalizar que el caso de las muertas de Juárez, precisamente, y que luego se tradujo en el caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 500 muertas o más fueron, en buena medida, para tráfico de órganos y hay más de 60 mil niñas y niños desaparecidos.
Entonces, el crimen organizado más que el lavado de dinero, además de la trata de personas, también se dedica al tráfico de niños, por lo cual nosotros deberíamos, en este día, exigir a las autoridades que tomen especial atención a esta problemática. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Compañeras y compañeros, el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Después del tráfico de drogas y de armas la trata de personas constituye el negocio trasnacional que genera mayores dividendos. Para la delincuencia organizada representa el segundo delito que aporta más recursos al crimen organizado. Más de 42 mil millones de dólares anuales. Sin duda, es una cifra que supera la ganancia solamente producida por el narcotráfico.
Quienes caen en las redes de los tratantes pueden enfrentar la explotación sexual, distintas formas de trabajo esclavo, mendicidad forzada y abusos de todo tipo, perdiendo sus derechos más básicos como la libertad, la seguridad y el derecho a vivir sin ser objeto de violencia.
La lucha contra este flagelo demanda el compromiso de la sociedad en su totalidad, y una fecha como la de hoy sirve para sensibilizar con respecto a este tema y tomar medidas para erradicar este azote mundial que afecta a más de 3.5 millones de personas al año, especialmente, nuestras mujeres y nuestras niñas, según la Organización Internacional del Trabajo.
Somos el segundo país que más víctimas de trata provee a los Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia, según el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo de Asistencia Social.
Nuestras niñas son vendidas hasta en 30 mil y 50 mil dólares en Estados Unidos. Las cifras son aterradoras, entre 16 y 20 mil niños son víctimas de trata con fines de explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento tiene entre 10 y 14 años de edad.
De acuerdo con cifras del Inegi, en nuestro país hay 3.6 millones de niños trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuales 31 por ciento son menores de 14 años y trabajan en la agricultura, uno de los 3 sectores laborales más peligrosos y muchos de ellos en condiciones de explotación y trata. Sus focos rojos se han encendido en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Somos el segundo país de apertura de páginas de Internet de pornografía infantil en el mundo.
Definitivamente éste es uno de esos días que quisiéramos que desaparecieran de las conmemoraciones y es una buena oportunidad para recordar aquellas palabras de Gandhi que decían: “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”. Hasta ahora las víctimas han permanecido invisibles para la sociedad y las instituciones, colocándolas en un entorno de enorme vulnerabilidad.
Hoy se deben construir las condiciones para que, más temprano que tarde, se ponga fin a la impunidad de un sistema que no investiga, que olvida dar seguimiento puntual a los casos para aclarar la inocencia o culpabilidad de los acusados; que encubre las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia. En suma, de un sistema que carece de la confianza ciudadana.
La organización México Evalúa reportó que para el periodo de 1996 a 2000 la impunidad promedio en el país fue de 96 por ciento, mientras que para el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, A. C. en 2007 la impunidad fue de 98.76 por ciento para todos los delitos.
A nivel internacional México aparece entre las naciones donde la brecha entre los crímenes cometidos y los que reciben castigo es muy elevada. Movimiento Ciudadano, en congruencia con la ciudadanía, firmó el 20 de junio de 2012 una política de Estado con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Y tiene un compromiso firme también con los jóvenes por los derechos humanos en México, para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas y los que se relacionan especialmente con mujeres y niñas en México.
Tenemos que mejorar la legislación en la materia, hacer programas y políticas públicas basadas en buenas prácticas, en la legislación y procuración de justicia para perseguir y erradicar estos delitos.
En Movimiento Ciudadano no podemos dejar de mencionar nuestra exigencia en el sentido de que se cierren los circuitos de complicidad surgidos al amparo del fortalecimiento y expansión de este delito. Las enormes ganancias que esto recibe y cómo vulnera a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. No podemos permitir que nuestros niños y jovencitas en México sigan desapareciendo. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Decía Rosario Castellanos, “El mundo es tan grande como lo es el tamaño del miedo”. Y que para conocer la profundidad del océano solo había que interpretar la experiencia de un náufrago desde la voz de su trágica vivencia.
Aseguraba Jaime Sabines, me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Lo decía con sentido, con emoción y en pleno uso de su libertad para crear, para soñar e imaginar.
Hoy, 25 de septiembre, justo dos días después de que se celebró el Día Internacional de la Trata de Personas, es fundamental analizar el escenario que impacta en la realidad de este crimen que, según la Organización de las Naciones Unidas, representa el tercer crimen organizado más lucrativo del mundo.
Hoy, en México, hemos sido testigos sin duda de un avance trascendental en el que en ése sentido la anterior legislatura proveyó para beneficio de todos la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos, la cual se establece en pos del reconocimiento de la dignidad de las personas.
Sin embargo seamos críticos y propositivos a la vez, no dejando de lado que esta ley –tal como lo expresa en sus disposiciones 5 y 6– es de competencia eminentemente federal, con algunas obligaciones asignadas a los ámbitos de las entidades. Y si bien en este sentido el reconocimiento de protección es a nivel federal es un logro significativo más no suficiente, pues en la jurisdicción de la mayoría de las entidades continúa siendo un faltante.
Hagamos entonces un reconocimiento, porque aquí cabe perfectamente rescatar la aseveración de Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que plantea que para los grandes desafíos mundiales se requieren eminentes soluciones locales, ya que todas las acciones que se realizan a nivel local son cruciales para transformar la realidad de las entidades superiores que de manera directa impactan con el ambiente internacional.
En mi estado, Chiapas, el 3 de abril de 2009 publicó su propia ley local para combatir, prevenir, sancionar la trata de personas y a la fecha muestra un saldo con resultados favorables de 23 sentenciados y 99 personas en proceso.
Invitemos desde esta tribuna a todas las representaciones locales a legislar a fondo y de manera comprometida en beneficio y defensa del derecho de la libertad en el presente y en el futuro de los mexicanos de todos los rincones del país.
Por ello en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas esta asamblea reivindica una vez más el compromiso de todo el Congreso. Nunca más sobajamiento para persona alguna, nunca más niños o jóvenes al alcance de telones, nunca demérito para el género humano.
Desde el sur hasta el norte nuestra patria repudia a todos aquellos que quebrantan la dignidad con explotación del cuerpo, a quienes obligan a otros seres humanos a desarrollar una calidad de esclavos o siervos, a quien chantajea al inmigrante con denunciarle su ilegal estancia en el país para que pueda acceder a prácticas inmorales.
En conclusión, todos los que actualmente nos hallamos en este recinto tenemos la obligación de proveer más ideas pendientes a cubrir los supuestos de este tipo de ilícitos y, sobre todo, expresar nuestra indignación ante prácticas atroces que implica la trata de personas.
Nada vale más que la lucha de una mujer y un hombre por encontrarse así mismo a través de su libertad. Nada es más reprobable que el robo de la integridad y la libertad de un ser humano. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros diputados, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, del pasado 23 de septiembre vengo a expresar nuestra posición sobre un tema que peligrosamente se está convirtiendo en algo común en la sociedad. Hablamos de una forma más de violencia extrema contra las niñas, los niños y las mujeres; la trata de personas.
Quisiera reconocer a la diputada Malu Micher, quien elaboró el texto de la efeméride que aparece en la Gaceta y quien se ha distinguido por su lucha permanente a favor de los derechos de las mujeres.
Hace como 10 años, cuando teníamos ocho y nueve años mi papá nos vendió. Nacimos en una comunidad mixteca muy pobre en el estado de Oaxaca. Acabamos en la ciudad de Nueva York en un prostíbulo siendo explotadas sexualmente a nuestra corta edad; casi no nos daban de comer y si no queríamos ir con los señores nos golpeaban, nos castigaban, nos metían palos en la colita. Con señores de la embajada de México nos trajeron a México y el DIF nos mandó de regreso a nuestra casa; mi papá se enojó mucho y en menos de dos semanas nos volvió a vender por dos chivos y dos cartones de cerveza y nos dijo que no nos quería volver a ver jamás.
Tenemos muchos años de tener terapia psicológica y aun todavía cuando nos acordamos de los horrores que vivimos y de cómo nos despreciaba nuestro padre; sufrimos mucho. Todavía en las noches tenemos pesadillas y despertamos gritando, sudando mucho. Se nos ha hecho muy difícil superar esa experiencia de cuando niñas.
La trata y el tráfico de personas particularmente de niñas, niños y mujeres son delitos que se han incrementado alarmantemente en los últimos años debido al incremento de la pobreza, de las redes de la delincuencia organizada, de las difíciles condiciones de vida en los países poco desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema de seguridad para la sociedad, sino como episodios aislados.
La trata de personas consiste en utilizar en provecho propio y de un modo abusivo las cualidades de una persona; los medios para llevar a cabo esta acción son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción: el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de lucrar con una situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual, de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos.
La Organización para la Cooperación de Economía y el Desarrollo, como ya se ha mencionado aquí, calcula que las ganancias obtenidas por este ilícito ascienden a los 32 mil millones de dólares anuales.
La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada después del tráfico de drogas y el de armas. Si esta cifra es escandalosa, más escandalosos son los reportes que nos da el Inegi que revelan que cada año en nuestro país son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niñas y niños.
Miles de personas menores de 14 años de edad son explotados y obligados a realizar en diversos sectores trabajos peligrosos para su seguridad, su salud y la moral.
Más aún. La Organización Mundial de la Salud señala que en América Latina más de 20 mil niños y niñas de los países más pobres son vendidos a pedófilos en Estados Unidos, Canadá y Europa; y más de 10 mil menores entre los nu7eve y 16 años de edad son destinados a prostíbulos por un precio inferior al de un equipo de vídeo.
La respuesta mundial al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención Nacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en el 2000; y los Protocolos Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar a la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.
En el caso de México a partir del 14 de junio de 2012 contamos con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia de las víctimas en estos delitos, también impulsada por el grupo del PRD en la anterior legislatura, por lo que ahora debemos trabajar por homogeneizar a la federación con las respectivas legislaciones estatales y los articulados de los códigos penales locales para que se sancione y se combata enérgicamente este delito.
La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y se perpetra mediante el abuso, la tortura, la degradación de la condición humana con el fin de creer que una persona vale menos que una mercancía. Los daños que produce en las víctimas son generalmente de carácter irreversible.
México no podrá ser un país plenamente democrático y justo si persisten cotidianamente crímenes como la trata de personas bajo el silencio y la mirada cómplice de todas y todos. La protección de los derechos humanos y la irrenunciable defensa de la libertad y la dignidad humana requieren de la intervención decidida de las autoridades, de la sociedad civil y el trabajo de las y los legisladores hasta alcanzar una legislación nacional vigorosa que combata y extermine exitosamente este flagelo social para erradicar testimonios como el de María del Sol y María del Mar. Muchas gracias. Es cuanto, vicepresidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la tribuna la diputada Leticia López Landero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Leticia López Landero: Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados: el pasado 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, establecido por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Bangladesh en enero del 99, en reconocimiento a la promulgación de la Ley de Palacios, en Argentina, que fuera el primer intento legislativo para erradicar la prostitución de mujeres, niñas y niños, proteger a las víctimas de explotación sexual, combatir la trata de personas y penalizar a los responsables.
Hoy resulta necesario concientizar a los gobiernos y a la sociedad sobre las causas y consecuencias de la trata de personas, uno de los peores flagelos que hoy en día más lastima a nuestra sociedad y que es una amenaza latente para nuestros hijos e hijas.
Nuestra función parlamentaria, entre otras tareas implica asumir la protección de nuestro pueblo mediante la generación de marcos normativos que den solución a la existencia de delitos crueles que esclavizan y dañan la dignidad de las personas, así como el sano desarrollo de la sociedad.
La trata de personas es un fenómeno complejo en muchos sentidos que atenta contra los derechos humanos, que denigra totalmente la condición humana, que vulnera la dignidad, la vida, la libertad y la extrema violencia contra personas en estado vulnerable, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también el mercado que solicita a las víctimas y la sociedad que tolera y permite estos delitos.
La actividad ilícita más lucrativa es ella, después del tráfico de drogas. Millones de personas son explotadas anualmente como víctimas de este delito. En el mundo 80 personas de ellas son niñas y mujeres, ya sea para explotación sexual o laboral, servidumbre, tráfico de órganos o mendicidad.
Las víctimas de los delitos en materia de trata de personas se sienten atrapadas y sin una salida segura, trabajan en un sector informal generalmente ilícito o encubierto, residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas, tienen conocimiento limitado de sus derechos, sufren restricción a su libertad, han sido cambiadas de una ciudad a otra, o de un establecimiento a otro, han experimentado abuso sexual, físico y psicológico y amenazas en contra de ellas y sus familias. Es decir, están a la merced de la violencia por parte de sus empleados o tratantes.
Sin duda, observar la mirada de una víctima sobreviviente al ser rescatada es desgarrador, sus ojos reflejan los maltratos y vejaciones a las que han sido expuestas, pareciera que su vida ha sido arrebatada de su ser, y hoy les digo, compañeros y compañeras, ya basta.
Ya basta, no es un problema de otros, es un compromiso como ciudadanos mexicanos que no se limita a ideologías o partidos políticos y confío en que tal y como lo propuse en días pasados en la LXII Legislatura, podremos contar con una comisión especial para la lucha contra la trata de personas, pues hoy no podemos dar marcha atrás, debemos seguir luchando en contra de aquellos que se dedican a robar los sueños de nuestros niños y de nuestras niñas.
En México y en muchos otros países ése delito ha crecido porque se comete al amparo de la invisibilidad, de la impunidad y de la hipocresía social, de la protección de intereses creados y la corrupción de nuestro sistema de justicia.
Combatir el comercio de personas requiere un enfoque interdisciplinario y que se le enfrente con la colaboración de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.
Sin duda, nuestros niños, niñas y jóvenes exigen nuestro compromiso y trabajo como legisladores para combatir a este delito y no dar ni un solo paso atrás, por lo que les pido que en unidad nos enfrentemos contra todos aquellos que ven al ser humano como mercancías.
Juntos seamos la voz de quienes hoy no pueden defenderse. Estoy convencida de que juntos podemos luchar contra la trata de personas. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Una disculpa, su tiempo no se había agotado.
Tiene a continuación el uso de la palabra la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el pasado 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que desde hace 13 años se instauró por iniciativa de la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh en enero de 1999.
Para el Grupo Parlamentario del PRI, en esta Honorable Cámara de Diputados, es una fecha que no podemos dejar pasar desapercibida, porque se refiere a un problema cuya dimensión social y humana nos emplaza. Quizá como ningún otro, asumir nuestra responsabilidad política con un profundo sentido ético y de justicia.
La fecha recuerda un hecho notable y aleccionador, pues el 23 de septiembre de 1913 se promulgó en Argentina la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Casi un siglo ha transcurrido desde entonces, y desafortunadamente el flagelo de la trata de personas que afecta de manera especialmente cruel a mujeres y niños, haciéndolos objeto de trabajo forzado y de explotación sexual, no ha podido ser desterrado de la faz del planeta; por el contrario, parece que el mundo global de comercio prácticamente irrestricto, de bienes y servicios, de comunicaciones instantáneas y de consumo masivo que no conoce fronteras, el ser humano también es considerado como mercancía y es objeto del más vil de los comercios en pleno siglo XXI.
Hoy, sabemos que después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas en sus distintas facetas de explotación sexual, se trabajo esclavo, de mendicidad forzada, de servidumbre doméstica y abuso de todo tipo, es el negocio trasnacional más lucrativo y el más infame, porque se sustenta en la degradación del ser humano, en la pérdida de su libertad y de su dignidad mediante el uso de la coerción y la violencia.
En nuestro país los esfuerzos por combatir a fondo los delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual de menores son relativamente recientes, apenas el 14 de junio de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos, la cual sustituyó a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que había estado vigente desde noviembre de 2007.
Nuestro partido, el PRI, fue un activo promotor de ese marco normativo y estamos comprometidos con su cabal implementación. Hacen falta acciones ejecutivas de mayor envergadura y una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como una mejor canalización de recursos que vayan de la mano con la nueva distribución de responsabilidades, por ejemplo hacia los sistemas estatales del DIF.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas define un catálogo de responsabilidades exclusivas para los gobiernos estatales y municipales en materia de diseño de políticas públicas, disposiciones presupuestales, adecuaciones jurídicas, normativas y reglamentarias, así como la construcción de diagnósticos estales y municipales y sus consecuentes planes de acción en la materia, todo ello hace necesario contar con recursos no sólo presupuestales, sino técnicos y humanos para abordar el problema.
Se requiere contar con información lo más precisa y confiable posible, considerando la complejidad del delito y el subregistro de muchos casos, con el fin de que se normen adecuadamente los criterios de acción y se puedan establecer prioridades regionales, así como precisar programas eficaces de prevención y atención a víctimas.
En la actualidad, los datos disponibles provienen fundamentalmente de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, o del propio Departamento de Estado de Estados Unidos, que elabora un informe anual sobre ese fenómeno en el mundo.
Como ejemplo de la escasa información con que contamos en México, se puede citar el segundo informe, respeto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal; del Observatorio contra el Delito, en donde señala que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de diciembre de 2010 a noviembre de 2011, registró 49 consignaciones en materia por delito de trata de personas, 32 de éstas con detenidos y 17 sin detenidos. Asimismo, resolvió 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias.
La Comisión del Delito de la Trata de Personas está relacionada siempre con una extendida presencia de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, acompañadas de factores como la pobreza, la migración y la vida en comunidades segregadas.
Se requiere una verdadera cruzada que incluya la participación social, para atacar efectivamente el fenómeno de la trata de personas, que muchas veces se enmascara con prácticas que desafortunadamente florecen en medio de la permisividad social con el trabajo infantil de la calle.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos: Concluyo, presidenta. Por eso, es conveniente que a esta fecha tan señalada hagamos ejercicios de conciencia y convoquemos a todos, sin distingo de partido ni ideologías, a renovar nuestro compromiso personal y político frente a la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Y con esto concluimos el punto sobre la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Creo que una agenda muy importante la que acaban de enunciar cada uno de los grupos parlamentarios.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es, efeméride con motivo del 26 de septiembre, Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.
Se han registrado para referirse a los temas los siguientes diputados. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Partido Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señora presidenta. Estimadas diputadas y diputados, el Año Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, es una efeméride de gran relevancia para generar conciencia sobre un tema que nos concierne a todos y a todas.
Es una triste realidad que en nuestro país la cultura de la donación de órganos sea muy débil, debido a una difusión muy limitada entre toda la sociedad.
Lo cierto es que en cualquier momento alguno de nosotros o nuestros seres cercanos podría necesitarlo, puesto que nadie estamos exentos de sufrir un accidente desafortunado o una enfermedad que requiera la donación de algún órgano.
De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, actualmente en nuestro país hay 16 mil 672 solicitudes de trasplantes, entre ellos, los que se encuentran con mayor frecuencia son los trasplantes de corazón, riñón, cornea e hígado.
El proceso de trasplante es una dura prueba de vida, desde el diagnóstico médico para determinar el padecimiento, hasta cuando se ingresan los datos del paciente a la base de datos electrónica del Centro Nacional de Trasplantes.
Pero eso no es todo, ante la falta de una cultura de la donación, la demanda por los trasplantes supera por mucho la disponibilidad de los donantes, además de que existen varios criterios para la asignación de órganos, dándole prioridad a los casos más urgentes en los que exista el riesgo de perder la vida.
Debemos reconocer que esta prueba de vida es tanto para el paciente que está esperando el trasplante como para la familia, que ante el dolor que provoca la pérdida de un ser querido tiene que decidir lo antes posible la donación de sus órganos. Sin duda, una experiencia dolorosa.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que necesitamos concientizar y promover las acciones pertinentes para hacer de la donación una práctica común en la sociedad.
Que además de constituir un compromiso ético nos permitirá humanizarnos ante un hecho trágico de la vida, que puede servir para dar esperanzas de vida a quienes esperan un trasplante.
Y si eso no fuera lo único, también tenemos que impulsar una cultura de la donación que contribuya a prevenir el tráfico de órganos, que involucra, en muchos casos, otro tipo de delitos de impacto social, como la trata de personas.
Por todo lo anterior, celebramos que este año sea el Año Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, y nos sumamos a aquellas acciones que permitan formalizar o institucionalizar una cultura de donación de órganos. Por su atención y comprensión, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna hacemos eco al llamado de millones de personas que exigen a los representantes de la nación atender el grave problema de la falta de una política social completa en materia de donación y trasplante de órganos.
El fondo el problema no radica en solo difundir mensajes para fomentar una donación altruista, sino en sentar las bases para que el propio Estado, así como las universidades públicas y los centros de especialidad en la materia puedan conjugar los esfuerzos necesarios para fomentar la investigación y la creación de alternativas que coadyuven a dar solución a las necesidades de los pacientes en espera de un trasplante.
En ese sentido, debemos decir que el 26 de septiembre estaremos celebrando el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. Lamentablemente, en medio de un clima de falta de convicción de ayuda hacia nuestros semejantes, producto de una desgastada estrategia de estímulos a favor de la donación por parte del Estado. En los hechos esta preocupación sólo se ha reflejado en discursos y llamados a misa.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la demanda de órganos para trasplante va en ascenso y los resultados en cuanto a su atención son mínimos. Trasplantes de riñón, de córnea, hígado y corazón son de los casos más solicitados; pese a ello, aún es insuficiente su atención para la totalidad de la población que demanda un órgano para seguir viviendo.
En este contexto, a la fecha se estima que existe un total de 8 mil 844 casos de solicitudes de trasplante de riñón, 7 mil 383 casos de córnea, 381 de hígado y 30 de corazón, según lo documenta el Centro Nacional de Trasplantes, a cargo de la Secretaría de Salud.
Indiscutiblemente, dicha situación lacera económicamente a la población demandante; además, también representa un costo enorme para el erario del país, pues al año se calcula un gasto de 240 mil pesos por persona, solo para atender la primera etapa de una enfermedad renal, sin considerar la posibilidad de complicaciones o el costo del propio trasplante, si ése fuera el caso.
En ese sentido, compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que éste es el mejor momento en el que nuestra postura debe reflejar consensos y determinación para que dicho problema se reduzca.
Debemos decir que durante otras legislaturas nos hemos pronunciado a favor de la investigación y el desarrollo de técnicas que complementen las donaciones de órganos para su posterior trasplante, respetando siempre la idiosincrasia de las personas que difieren de este punto de vista; sin embargo, no cejamos en lograr que estos propósitos se cumplan a favor de los pacientes en espera de una donación.
Como legisladores, es necesario fortalecer presupuestalmente los esquemas de políticas públicas que se encuentren involucrados en el tema de la donación y el trasplante de órganos. Como ciudadanos, tenemos la necesidad de formarnos dentro de una cultura de donación altruista.
Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por su atención, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchísimas gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Márquez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado José Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, tu ba chunun, buenas tardes, ndu tiaca née¸ a todas y a todos. Ú cuchí ndeu condi ndiutuca née neen sensibilidad, cate iña humilde ngua ndeu vede.
Apelamos a la sensibilidad política de las legisladoras y de los legisladores, y prioricemos las legítimas demandas de los pueblos y comunidades indígenas. Los de abajo anhelamos y decimos: Nunca, nunca, jamás un México sin nosotros.
Compañeras y compañeros, reciban un fraternal saludo de mis hermanos los indígenas del pueblo cuicateco, del estado de Oaxaca. Y aprovecho esta máxima tribuna del país para decirles a mis hermanos los de abajo, los indígenas que el pueblo de México tiene una deuda histórica hacia con ellos, decirles también que apelo a su sensibilidad política y demos prioridad y atención a este importante sector que históricamente ha vivido en la marginación y en el olvido.
Decirles a mis hermanos de las 64 etnias indígenas en el país que como su representante popular voy a poner todo mi esfuerzo para dignificar la vida que tanto sufre y sin embargo somos los que aramos la tierra y formamos parte de este gran mosaico cultural que tiene México.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, mañana 26 de septiembre por decreto presidencial se celebra el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. Al día de hoy en nuestro país existen más de 16 mil casos que requieren de este proceso, entre los que destacan 8 mil 800 casos de riñón, 7 mil 300 de cornea, 380 de hígado y 39 de corazón principalmente.
Los órganos y tejidos para un trasplante pueden proceder de dos fuentes: de un donador vivo cuando se trata de riñón y pulmón o de uno fallecido en el caso de corneas, corazón, pulmones. La ley establece que las donaciones deben ser de preferencia provenientes de personas que han fallecido.
El Observatorio Global de Donación y Trasplantes posiciona en el último año a México, de entre 84 naciones, en el octavo país con más trasplantes de órganos sólo por debajo de Estados Unidos, China, India, Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra y Turquía. Esto se debe principalmente al Distrito Federal, en el caso de corneas el 40.5 por ciento de casos corresponden a esta entidad.
El estado de México tiene tan solo el 10 por ciento de intervenciones en el caso de riñones; de nuevo el Distrito Federal es el primer lugar con 27 por ciento, seguido por el estado de Jalisco con el 17 por ciento.
La donación en el Distrito Federal funciona de manera contraria al resto; en esta entidad la inscripción no es voluntaria, es directa y en caso de no desear ser donador se debe llenar ciertas formalidades. Es así que podemos darnos cuenta de la apatía en la sociedad mexicana, con respecto a este tema sigue siendo muy alto.
Creemos que la donación de órganos se traduce en valores como: la solidaridad, el altruismo y el amor a la vida; por lo que exhortamos a la sociedad civil, dadas las altísimas estadísticas de gente que está esperando la donación de un órgano, a unirse al registro voluntario de donadores a través de la tarjeta de donador voluntario o ahora también por medio de las redes sociales. Esta acción, compañeros y compañeras, pueden salvar muchas vidas.
La minimización de riesgos sanitarios para el receptor del órgano es de suma importancia, por lo que una vez que se toma una postura ante el caso es menester comunicar la decisión a la familia para estar al tanto de antecedentes médicos, presencia de tumores o infecciones.
La conmemoración de este día tiene como propósito concientizar a la población sobre la gran cantidad de personas que encuentran como única esperanza de vida este importante proceso. Reconocemos pues las valiosas actividades planeadas por el Centro Nacional de Trasplantes, entre las que se encuentran la difusión, conferencias, entrevistas en medios, ceremonias conmemorativas y marchas de parientes y familiares y autoridades de la salud.
Invitamos pues a los legisladores y a la ciudadanía en general a tomar una posición respecto al tema, con el respeto y responsabilidad que requiere, facilitando así las condiciones médicas administrativas y legales necesarias.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se posiciona a favor de la conmemoración del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias diputado, Juan Luis Martínez Martínez, nuevamente una disculpa.
Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras, en el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, es nuestra responsabilidad y obligación tener claro que mientras no destinemos el tiempo y los recursos suficientes para generar una verdadera cultura de la donación, no importa cuántas reformas a la Ley General de Salud se aprueben en la materia, seguirán muriendo las personas esperando recibir un trasplante.
La falta de información y de personal capacitado no sólo para atender al paciente, sino a la familia que se involucra en un proceso de donación, son los puntos torales que deben preocuparnos y ocuparnos en materia de trasplantes en México.
Las cifras hablan por sí mismas: 16 mil 600 personas en nuestro país están hoy esperando recibir un órgano, pero tan solo tres mil 700 trasplantes han sido reportados en lo que va del año.
Son 8 mil 800 personas que están esperando recibir un riñón, el trasplante más caro y necesario en México. La insuficiencia renal crónica ocupa el décimo lugar por causa de muerte en nuestro país y el primero por internación en los hospitales de nuestro país.
El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que para el 2018 la atención de pacientes con diálisis o hemodiálisis tendrá un costo de 16 mil millones de pesos. También la Secretaría de Salud estimó que para el 2025 serán cinco millones de mexicanos los que requieran de un riñón.
Si existiera una verdadera cultura de la donación en nuestro país, la atención de la insuficiencia renal con un trasplante permitiría un ahorro presupuestal del 40 por ciento, en comparación del costo que implican las diálisis o hemodiálisis de los pacientes. Además, un paciente trasplantado se reincorpora rápidamente a su vida social y productiva.
El Estado mexicano no será capaz de atender otras necesidades básicas de salud si no tenemos las acciones necesarias que requiere la cultura de la donación en México ahora. Debemos fomentar juntos, gobierno y sociedad, la adopción de medidas claras y concretas que contribuyan a generar políticas y programas sociales en materia de donación de órganos.
Para el Partido Verde Ecologista de México resulta prioritaria la implementación de medidas educativas que concienticen a nuestros jóvenes, madres y padres y a nosotros mismos, con la importancia de lo que significa alargar y compartir la vida. Lo tenemos que hacer dentro de un marco jurídico eficiente y claro, con apego a los principios de equidad y de justicia.
Los legisladores del Partido Verde reiteramos nuestro compromiso de traducir en acciones específicas el mérito y el altruismo del donador y de su familia, para avanzar hacia una verdadera cultura de la donación en México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Antonio Sansores Sastré: Con el permiso de la presidencia. Muy buenas tardes. “Calidad es lo que debemos darle al pueblo, es una obligación de cada uno de nosotros como seres humanos”. Ernesto Guevara de la Serna.
Señoras y señores legisladores: vengo en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a emitir el siguiente pronunciamiento en el marco del Día Nacional de Órganos y Tejidos. Me dirijo a ustedes en esta fecha próxima, fecha en la que debemos de hacer conciencia, como siervos de esta nación, y tomar cartas en este asunto que puede salvar miles de vidas mediante la cultura de la donación de órganos y tejidos.
Aunque no está muy arraigada esta cultura en nuestro país, las cifras de la Organización Mundial de la Salud nos ponen en el lugar número 30 entre 58 naciones. Para ponerles un ejemplo. Tenemos más de 324 hospitales que están en condiciones de poder hacer trasplantes.
A quienes gozamos de una buena salud nos es casi imposible percibir el dolor, la ansiedad, la depresión, la impotencia que padecen los enfermos a los que se les está yendo la vida. Existen en nuestro país alrededor de 24 mil accidentes por vehículos motorizados de personas en donde las edades fluctúan entre 18 y 35 años, en la etapa más productiva de todos nosotros. Estos son potencialmente nuestros bancos de órganos y de tejidos.
La falta de conciencia y de educación de nuestro pueblo nos está negando el derecho a la vida a muchos que en su momento pudiéramos ser nosotros. Donar o recibir un órgano parece una utopía, parece estar lejos de nuestro entorno, pero recordemos que la vida es finita y que la salud se nos va de la mano en un abrir y cerrar de ojos.
Mañana podemos adolecer de la misma, por lo que nos concierne a todos y de igual manera a las leyes darles la oportunidad a los nacidos en el territorio nacional o naturalizados mexicanos de poder recibir lo que se establece en el artículo 4 constitucional: salud para todos.
Podemos hablar de historia, de cuándo se hizo el primer trasplante e incluso un servidor formó parte de un equipo de trasplantólogos en 1991. Pero la historia no es lo que necesitamos, necesitamos el presente y poder nosotros estar de la mejor manera fraternamente unidos para poder preservar, en este tercer milenio, lo que es la cultura del trasplante de órganos y tejidos.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, en materia de salud nunca será suficiente el mayor de los esfuerzos para poder combatir las enfermedades. Por ello debemos de crear la cultura de la prevención, que es la que puede llevarnos a un mejor puerto.
No vengo a aquí a hablar de infraestructura, hoy nuestra responsabilidad me obliga a hablar por el mejoramiento de la salud de todas y de todos los mexicanos y a favor de la cultura de la donación de órganos.
Los números no mienten, lo números son exactos, y estas son las cifras de las personas que están en espera; 16 mil 680 personas que en nuestro país solamente alcanzamos a cubrir el 27 por ciento de los demandantes, este servicio tan necesario para la preservación de la salud.
Esta tarea de todos, es tarea de todos, porque debemos de vincularnos para poder cumplir a tantos solicitantes de servicio. México así lo requiere, y dispuestos estamos a que se haga una realidad la preservación de la vida, porque más allá de cualquier ideología, porque más allá de lo santo y lo profano, somos parte de la vida, simplemente somos seres humanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Leslie Pantoja Hernández: Muy buenas tardes, con su venia diputada presidenta. Agradezco a los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz sobre el apoyo que le dan al tema tan importante para muchos mexicanos.
La donación de órganos y tejidos representa la oportunidad de ofrecer, prolongar y mejorar la calidad de vida para miles de personas. Por ello los donadores tienen un papel fundamental y llevan a cabo una decisión trascendental para sí mismos y para la humanidad.
Convertirse en donadores es una acción que contribuye a que otros seres humanos disfruten de condiciones de salud, que coadyuven al desarrollo social en la medida que la prolongación de la vida de una persona le permita a ésta continuar impulsando la preservación de los valores más excelsos de su comunidad y de la sociedad.
Compete a la Secretaría de Salud establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células, para lo cual se debe apoyar en el Centro Nacional de Trasplantes y en el Centro Nacional de la Transfusión sanguínea.
En México se realizan trasplantes desde el año de 1963, a partir de ese año y a la fecha se han realizado trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón, sumando alrededor 40 mil procedimientos de este tipo.
El pasado 12 de diciembre de 2011 el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, en el Título XIV Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida.
En nuestro país, en un período de nueve meses la demanda de órganos para trasplantes se ha incrementado en un 4.5 por ciento. La demanda de trasplantes de riñón se incrementó en un 6 por ciento a partir de la incidencia de la enfermedad renal crónica, y a la alta prevalencia de las enfermedades no trasmisibles.
Es importante destacar que la enfermedad renal crónica es un grave problema de salud pública, ya que presenta una tasa de crecimiento anual del 8 al 11 por ciento. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud apuntan que la enfermedad renal es la tercera causa de muerte hospitalaria en México, ya que se encuentra asociada principalmente a patologías altamente frecuentes en nuestra población, como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad.
Esta situación genera un incremento sustancial en la demanda de trasplantes, ya que de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, de las 16 mil 550 personas que se encuentran en lista de espera para recibir un órgano, un total de mil 794 pacientes esperan un trasplante de riñón. Es decir, poco más del 50 por ciento.
Resulta indispensable que en los siguientes años nuestro sistema nacional de salud logre satisfacer en un corto plazo la demanda de órganos, reducir los tiempos de espera para la asignación de un órgano, elevar el presupuesto en salud a por lo menos un 9 por ciento del PIB y asignar una partida suficiente para fortalecer los rubros relacionados con la materia.
También resulta necesario generar medidas legislativas que permitan atender las enfermedades no trasmisibles, como es la enfermedad renal, con modelos integrales de atención que incluyan el acceso a tratamientos sustitutivos que permitan ofrecer calidad y expectativa de vida para los pacientes renales.
Dada la trascendencia de este problema de salud pública resulta necesario que el año 2013 ahora sí sea declarado el Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, a fin de que la sociedad mexicana tenga presente la importancia de este tema, así como generar los mecanismos que permitan que los ciudadanos mexicanos accedan a los beneficios de la donación y el trasplante de órganos.
Los legisladores integrantes de esta legislatura debemos dar muestra histórica de la solidaridad con la población mexicana, por ello los invito a que sumemos el compromiso de registrarnos como potenciales donadores, e invito a la Mesa Directiva a que nos apoye a realizar las acciones necesarias en el ámbito de sus facultades a fin de que se ejecuten las acciones administrativas conducentes.
También quiero mencionarles, compañeros, que nos hicieron el favor de ponerles ahí en sus lugares esta información básica para poder tomar una decisión de si queremos ser donadores de órganos o no. Yo los excito a que juntos podamos firmar esta tarjeta, en donde estamos diciéndole sí a la vida y sí a las más de 16 mil personas que están esperando una segunda oportunidad, que seguramente va a venir de parte de alguno de nosotros. Muchas gracias y es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada María de las Nieves García Fernández: Con su permiso, señora diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, cito: “La salud no es todo, pero sin ella lo demás no es nada”. Schopenhauer.
La salud es un factor indispensable para disfrutar de la vida y para el desarrollo óptimo de las potencialidades del ser humano, preservarla es el primer paso para alcanzar las metas que cada uno de nosotros se ha propuesto.
En albores del siglo XXI, la donación y el trasplante de órganos y tejidos constituyen una solución para enfermedades que antes resultaban incurables. Por tanto, es un asunto de salud pública, que requiere la participación del Estado como garante de la seguridad social, sociedad civil e iniciativa privada, quienes deberán sumar esfuerzos para abatir el rezago que en esta materia existe en nuestro país.
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en el Continente Americano, luego de los Estados Unidos de Norteamérica, en donación renal de personas vivas, esto gracias a la enorme solidaridad que existe en nuestras familias.
Sin embargo, el bajo índice de donación de personas fallecidas que existe en México en comparación con otras naciones, nos lleva a reflexionar profundamente sobre la complejidad del mismo.
En el año 2010, el número de donaciones de sujetos fallecidos en México fue de 9 por millón de habitantes, en comparación con Estados Unidos de América que tuvo 25 por millón de habitantes y en España 32 por millón de habitantes.
A esta reflexión se suman los datos estadísticos del Registro Nacional de Trasplantes hasta el día 25 de septiembre de 2012, 16 mil 681 personas requieren un trasplante en la República Mexicana, distribuidos de la siguiente manera:
8 mil 847 trasplantes de riñón; 7 mil 388 cornea; 382 hígado; 38 corazón; 11 trasplante riñón y páncreas; 6 solamente de páncreas; 5 trasplante de pulmón; una persona trasplante de hígado y riñón; y una más con trasplante de corazón y riñón.
Del 1 de enero al día de hoy, en el país se llevaron a cabo 3 mil 716 trasplantes. Tal como puede apreciarse, la diferencia entre lo necesario y lo obtenido es aún importante, y la tendencia, aunque si bien ha ido aumentando, todavía es insuficiente.
A pesar de estos datos, a la fecha en México no hay estadísticas disponibles que nos permitan conocer algunas cuestiones específicas relacionadas con los trasplantes, como es el caso, por ejemplo, del número de personas que fallecen y cuyos órganos o tejidos hubiesen sido susceptibles de donación.
Aunque si bien, el Centro Nacional de Trasplantes, como órgano rector lleva los registros nacionales de donación y trasplantes, todavía existe cierta insuficiencia de cifras y estadísticas confiables, lo que es un problema que afecta este aspecto de la salud en México y debe ser atendido para establecer políticas que correspondan a las necesidades de los mexicanos.
La poca información estadística nos dificulta un análisis cuantitativo, pero si nos vamos a los cualitativos, encontramos que las causas de tasas bajas de donación en México son multifactoriales: insuficiencia de infraestructura hospitalaria especializada, insuficiencia de recursos humanos y económicos, insuficiencia de apoyos en algunas entidades federativas, creencias religiosas y tabúes, desconfianza en el uso de los órganos, temores a la donación en vida, falta de organización que trabaje la donación, bajo nivel de conocimientos sobre ésta misma, temor a la cirugía, impacto en su salud, falta de consentimiento por la familia. Carencia cuantitativa y confusión cualitativa es un abono a una carente cultura para la donación en México.
Sin duda, la donación y el trasplante son temas de complejidad mayúscula que tienen facetas jurídicas, éticas y sociales y que requieren la participación plena de los poderes públicos pero también de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
El Grupo Parlamentario del PRI, sabedor del anhelo de los mexicanos y del compromiso del próximo presidente de México con la calidad de vida de sus conciudadanos impulsará la implementación de un sistema universal de salud que integre a la donación de órganos y tejidos como una alternativa de vida a padecimientos terminales y concientizar a los ciudadanos del bien que hacen con este acto de generosidad personal.
Termino citando: “el mayor descubrimiento de cualquier generación es lo que los seres humanos puedan cambiar su vida si cambian su actitud mental”. Albert Schweitzer. Muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (16:03 horas): Muchas gracias, diputada. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 27 de septiembre de 2012, a las 11 horas.
Se informa a diputadas y diputados que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas. Y se les recuerda, esto es muy importante, se les recuerda que ya no se instalará la mesa para el registro previo de firmas. Así es que por favor, les pedimos atender este llamado. Muchas gracias. Buenas tardes.
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