Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno
De la Secretaría de Cultura del GDF, con invitación a ceremonia por natalicio de Morelos
De la Junta, con nombramientos del PRD ante el Comité de Administración y ante el IFE
De la Secretaría de Cultura del GDF, con invitación a ceremonia conmemorativa del 2 de octubre
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De la Secretaría de Salud, con informe
De la Cámara de Senadores, con minuta de iniciativa preferente
De la Junta, relativa a las comisiones ordinarias y especiales
Minuto de silencio en memoria de fallecidos en Celaya, Guanajuato hace 13 años
Iniciativas de diputadas y de diputados
Carlos Humberto Castaños Valenzuela, PAN
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
José Soto Martínez, Movimiento Ciudadano
María Sanjuana Cerda Franco, Nueva Alianza
Martha Leticia Sosa Govea, PAN
Juan Luis Martínez Martínez, Movimiento Ciudadano
Carlos Alberto García González, PAN
Enrique Alejandro Flores Flores, PAN
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica
Toma de protesta como diputado del ciudadano Carlos Octavio Castellanos Mijares
Proposiciones de diputadas y de diputados
Aída Fabiola Valencia Ramírez, Movimiento Ciudadano, relativa a la reasignación de presupuesto
Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, PRD, relativa a la caña de azúcar
Benjamín Castillo Valdez, PRI, relativa al costo de llamadas telefónicas
Acuerdo de la Junta, relativo a las preguntas parlamentarias
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados hasta este momento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 278 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (11:20 horas): Se abre la sesión. Y déjese abierta la lista de asistencia por 15 minutos más como excepción el día de hoy por ser la primera vez que utilizamos el procedimiento. Sírvase la Secretaría además recibir la información de los señores diputados y las señoras diputadas, a efecto de saber si funciona adecuadamente en cada una de las curules el sistema.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.
Como hemos hecho en cada sesión informamos a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo hasta en tanto se integran las comisiones.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de septiembre de 2012. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Indígenas, para opinión. México, Distrito Federal a 27 de septiembre de 2012, diputado presidente Jesús Murillo Karam.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Actualícense los registros parlamentarios de cambio de turno.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibió de los Congresos de los estados de Quintana Roo, Michoacán, Nayarit y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acuerdos aprobados relativos a la reforma laboral presentada como iniciativa preferente por el presidente de la República, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítanse a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia conmemorativa del 247 Aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10:00 horas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a la diputada Gisela Mota. Adelante.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política por las que se informa lo siguiente:
Se designa al diputado Fernando Zárate Salgado como representante suplente del Grupo Parlamentario del PRD, ante el Comité de Administración de la LXII Legislatura; y se designa al diputado Marcos Rosendo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática como consejero legislativo propietario ante el Instituto Federal Electoral.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica de Izamiento de Bandera a media asta, con motivo del día de duelo en el Distrito Federal por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir a esta ceremonia en representación de la Cámara, se designa al diputado José Luis Muñoz Soria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos:
1. Informe del fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Abraham Xacur, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Chipre en la Ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: De la Secretaría de Salud, Informe Final de la Evaluación de Procesos del Programa G004, Protección contra Riesgos Sanitarios, efectuado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Salud, Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite minuta con proyecto de decreto de reforma y adición a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para Transparentar y Armonizar la Información Financiera relativo a la aplicación de recursos públicos en distintos órganos de gobierno.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe con la siguiente. La Secretaria dé lectura, por favor, al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que nos fue remitido. Solamente al resolutivo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Único: Se aprueba el trámite establecido en la fracción I, del numeral dos, del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados para que sin dictamen de comisión se someta a discusión y votación del pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, a 26 de septiembre del 2012.
Diputado Luis Alberto Villarreal García, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para el efecto de esta comunicación tengo el registro del diputado Alfonso Durazo, a quien le cedo la palabra por tres minutos. Dígame, diputado Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para inscribirme en contra.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se registra como orador. Diputado Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados: las y los diputados pertenecientes al Frente Parlamentario Progresista en esta LXII Legislatura me han encomendado informar a ustedes el sentido de nuestro posicionamiento frente a la iniciativa que se acaba de presentar y que pretende crear en esta Cámara de Diputados un mayor número de comisiones.
A nadie escapa que los recursos no sobran en el gobierno, que en todo caso los recursos públicos debieran orientarse, ahora más que nunca, al gasto social, a apoyar el empleo y a apoyar la educación pública, a todo menos a gasto superfluo de cualquier dependencia o institución pública.
Cuando más debería hablarse de racionalizar y disminuir el gasto dispendioso y suntuario de la alta burocracia de los tres poderes y del sector público, que es por cierto una demanda reiterada de los partidos que integran el Frente Parlamentario Progresista, nos vienen a sorprender con esta iniciativa cuyos únicos beneficiarios serán los partidos gobernantes, el PRI y el PAN, que de este modo pretenden acomodar la estructura legal de esta Cámara a sus necesidades políticas, exclusivamente.
Y digo partidos gobernantes –aclaro– porque desde hace más de 23 años el PRI y el PAN han gobernado mancomunadamente, y ahora en este caso, como las comisiones existentes en esta Cámara no les dan para satisfacer a sus bancadas y pagar sus compromisos políticos, recurren al expediente de reformar la ley y crear nuevas comisiones.
Es un insulto para la gente que clama por el retorno a la austeridad republicana, y que en vez de esto no sólo esperaría que no se aprobara la iniciativa en cuestión, sino que además este Congreso fuera más allá y redujera sueldos y prestaciones excesivas de los altos funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión.
Así como la reforma juarista puso fin a los fueros y privilegios del Clero y el Ejército, así hoy es urgente limitar los privilegios de la alta burocracia y de quienes nos ostentamos como servidores públicos.
En esencia, se trata de un cambio de visión sobre lo que implica y ha implicado en México la política y el ser funcionario público, y toca a nosotros, a esta Legislatura, poner una parte de ése ejemplo.
Por eso nosotros proponemos que se optimice lo que ya tenemos, que se eficientice el trabajo y los resultados, y que sigamos trabajando sin necesidad de crear más comisiones que sólo significan más recursos, mayor burocracia y mayor gasto público sin mayor justificación.
Cómo aprobar mayor gasto en esta Cámara cuando al mismo tiempo se pretende colgar a los trabajadores con el cinturón de la llamada reforma estructural laboral.
No es casual, por último, señor presidente, no es casual que haya entrado esta iniciativa precisamente este día, en que una iniciativa como la laboral que tiene un gran rechazo social, podría ocultar las consecuencias de la decisión que hoy se pretende tomar, de modificar la estructura administrativa de esta Cámara sin ningún beneficio para el país ni para los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Esencialmente para manifestar nuestro rechazo categórico a este acuerdo que derivará en una reforma a la Ley Orgánica para incrementar en número de comisiones ordinarias, de 44 a 55. Nos parece que no es la época del derroche ni del gigantismo burocrático en el Poder Legislativo, sino que es la época de la eficiencia. Lo que requerimos es que las 44 comisiones funcionen bien y para ello se pueden constituir subcomisiones o grupos de trabajo que deliberen, dictaminen y hagan su trabajo legislativo a plenitud.
Como lo comentó nuestro compañero Durazo, nos parece que esta reforma es con dedicatoria para cubrir los equilibrios y las cuotas internas de los grupos parlamentarios más numerosos. Nosotros en todo caso lo que plantearíamos es que, así como se le está dando fast track y una celeridad sospechosa a esta iniciativa, que mejor retomásemos la iniciativa que planteó aquí el diputado Ricardo Monreal, de reformar la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 43, para ir hacia una efectiva igualdad de género en la integración de comisiones.
Si nosotros viéramos que estas 11 comisiones que se pretenden aumentar, operasen efectivamente para una igualdad de representatividad de los géneros, podríamos reconsiderar nuestra postura, que fueran mujeres las que fueran a presidirlas para generar estos equilibrios, pero no a las cuotas internas a costa de mayor gasto al Congreso. Lo que requerimos es que funcionen bien las 44 comisiones. Lo que requerimos es que haya igualdad de género en el trabajo legislativo.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo que nos presenta la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Queda aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Ubíquese entonces la iniciativa para discusión en el curso de la sesión.
Por lo pronto tiene la palabra el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, para presentar iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 6o. de la Constitución; 3o. y 5o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Alguien está pidiendo la palabra. Adelante, diputado. ¿Tiene sonido, diputado? Ya tiene. A ver, permítame un segundo, diputado. A ver, si alguien tiene un micrófono. Ahora sí, adelante.
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más pedirle y que se sume toda la asamblea, para conmemorar que el día de ayer 26 de septiembre se cumplen 13 años de unos acontecimientos muy lamentables para Celaya, del estado de Guanajuato, en donde perdieron la vida en unas explosiones 72 personas y 300 resultaron lesionadas. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Qué es lo que nos propone, diputado?
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida hace 13 años.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muy bien. Lo pongo a consideración de la asamblea. Quienes estén de acuerdo, pregunte la Secretaría, que lo manifiesten.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pregunta a las diputadas y los diputados si están a favor de este minuto de silencio (votación).
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, entonces.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela.
El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, anteponer los sagrados intereses de la patria será un deber de cualquier hombre honesto.
Después de haber presentado, hace unos días, la iniciativa que busca modificar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de esta Cámara de Diputados, dando garantía de la máxima publicidad en el ejercicio de los gastos, regreso a esta tribuna para continuar con un tema que ha despertado el interés de amplios sectores de la población.
Son muchas las voces que se han pronunciado a favor de los ejercicios de transparencia en los órganos legislativos, no es para menos. Pareciera que los lugares más opacos para el ejercicio de los recursos públicos son los sindicatos y los congresos.
La ciudadanía va delante de nosotros en las exigencias, va delante porque ve más allá de estas curules y sienten necesidades más apremiantes que la de nuestros propios intereses. Los ciudadanos exigen hoy lo que se ha negado en el pasado.
En voz del pensador liberal José Martí los ciudadanos toman los derechos porque se cansaron de pedirlos y los arrancan porque no están dispuestos a mendigarlos. Y en este sentido, en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, los mexicanos se cansaron de mendigar el derecho a la información.
Tampoco debe ser correcto abrir una letanía de culpas e iniciar una cruzada estéril para llenar de improperios a quienes no le habían dado lugar a la rendición de cuentas como supremo deber de los que gastan dinero público y derecho elemental de quien paga sus impuestos.
Y retomo de nuevo al ilustre republicano: Ya no miro y me detengo en lo hecho, sino en lo que queda por hacer. Y en ese sentido es que vengo ante ustedes, compañeras y compañeros, a compartir esta iniciativa cuyos beneficiarios absolutos son los ciudadanos mexicanos, son todos aquellos que han depositado la confianza en nosotros y con la gratitud que se obliga al hombre público debemos contestar.
Tenemos que transparentar los gastos públicos de los Congresos locales, esas entidades que tienen criterios muy dispares respecto a la transparencia. En México tenemos ejemplos de apertura aceptable en algunos Congresos, pero también tenemos casos penosos, detestables, que rayan incluso en la arrogancia pública. Los criterios de transparencia para las entidades públicas deben ser las mismas. Los cuerpos legislativos en los estados deben transparentar los gastos por total obligación.
Considero que la transparencia y el acceso a la información constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad y la política mexicana en los últimos años, son un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren una posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos. Por eso, transparencia y acceso a la información materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos.
Es necesario pues que establezcamos desde la ley la obligación del Poder Legislativo no sólo federal, sino en cada uno de los estados de la república de publicar de manera oficiosa todos los comprobantes de gasto de los recursos económicos ejercidos por sus órganos.
Lo dije en mi intervención anterior, estamos a prueba, nos están observando, los ciudadanos están más interesados de lo que muchos creen, allá afuera saben y están al pendiente del sentido de nuestras proposiciones y la congruencia de nuestras acciones.
Si hablamos de transparencia, seamos transparentes. Si buscamos democracia, en dicho seamos demócratas. Y en los hechos si decimos representar al pueblo de México, atendamos sin demora sus demandas y demos sin menosprecio paso al ejercicio pleno de sus derechos como mexicanos.
El tiempo avanza, la historia corre. Como legislatura la estamos escribiendo, seamos ejemplo de cambios, seamos recordados, compañeras y compañeros, sin buscar gloria y con humildad, solo como los que hicieron aquello que se tenía que hacer. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública para su dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado Marino Miranda Salgado presentará una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente; compañeras, compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes la necesidad de detener el saqueo histórico de que han sido objeto nuestros recursos mineros, y por tanto de modificar nuestra Ley Orgánica para crear la comisión ordinaria de Asuntos Mineros y dar así la debida atención a las diversas aristas normativas, políticas, económicas y fiscales que han posibilitado este saqueo y propiciar las condiciones que permitan poner en el centro de debate nacional a nuestro pujante sector minero, no solo como generador de riqueza de unos cuantos, sino como motor de desarrollo de todos los mexicanos.
La industria minera en México se encuentra hoy en pleno esplendor. En el 2010 inició su despunte, gracias al auge internacional del mercado de metales. Actualmente se ubica entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y encontrándose entre los 10 principales en la extracción de oro, bismuto y plomo.
Lo anterior se traduce en que en 2011, después del referido repunte que inició en el 2010, el valor de la producción minera fuera de 16 mil 761 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 46 por ciento respecto a 2010 de acuerdo a cifras oficiales.
En ese mismo año, conforme a la Cámara Minera de México, las exportaciones tuvieron un valor de 22 mil 526 millones de dólares, ubicándose como el cuarto generador de divisas netas al país.
Estas cifras adquieren aún más relevancia; si consideramos que la exploración en nuestro país alcanza apenas el 30 por ciento de los yacimientos, es decir, si atisbamos que existe un 70 por ciento que resulta apto para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación.
Por mencionar sólo un caso, en las montañas de Guerrero —región que vergonzosamente destaca por sus altos índice de pobreza y marginación y bajos niveles de desarrollo humano— se han descubierto depósitos que compañías mineras piensan que podrían convertirse en las minas de mayor concentración de la historia reciente.
La pujanza económica de este sector no encuentra, sin embargo, referente equiparable en el marco normativo que lo rige, ni en las condiciones laborales de quienes representan el inicio del eslabón de los cuantiosos dividendos que produce, ni en la derrama económica que deja para las comunidades en donde se instala, ni en la protección y el cuidado al medio ambiente y el patrimonio cultural.
Los procesos de apertura y liberalización de la economía que significaron la modificación sustancial del marco normativo con el objeto de crear entornos favorables y competitivos para la atracción de inversiones, lejos de promover la regulación, vigilancia y promoción del proyecto económico y social, contribuyen a aumentar la opacidad y el régimen de privilegios que privaba en el sector, pero que ahora bajo el auspicio del capital extranjero cuentan con el apoyo.
De esta forma, la Ley Minera y las prácticas administrativas gubernamentales favorecen la promoción de la inversión en el sector sobre la salvaguarda de los ecosistemas y la protección de diversos derechos consagrados en nuestra Carta Magna.
Por si fuera poco, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, el territorio nacional concesionado a empresas aumentó 35 por ciento en cinco años y medio del gobierno del Felipe Calderón, al pasar de 21 millones 248 mil hectáreas en 2007 a 32 millones 573 mil hectáreas hasta junio del presente año. Comparativamente tal cifra equivale al 16.6 por ciento del territorio nacional, superficie que supera los territorios de Chihuahua y Chiapas.
En contraste, el número de puestos de trabajo en este sector durante este gobierno, creció tan solo 12.7 por ciento. Los trabajadores laboran en medio de precarias condiciones de higiene y seguridad, violentando sus derechos laborales y propiciando diversas tragedias humanas, así como el lanzamiento a huelga en estados como Guerrero, Sonora y Zacatecas, varias de las cuales continúan sin resolverse en detrimento de las familias y comunidades enteras.
Conforme al informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, diversas irregularidades y anomalías se han presentado en lo que respecta al registro de las concesiones y el pago de derechos correspondientes.
Las cuotas se pagan por una concesión que por cierto, tiene una duración hasta 50 años con posibilidad de renovarse otro medio siglo. Son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla e infinitamente menores si se les compara con el valor de la producción. Esto es, a diferencia de lo que ocurre en otros países en los que las empresas entregan al fisco una regalía proporcional a la ganancia obtenida, en México pagan sólo un derecho de explotación que más que simbólico resulta ofensivo, si consideramos que los recursos minerales son propiedad de todos los mexicanos.
Compañeras y Compañeros, en el marco de estas discusiones y aprobación de las comisiones ordinarias en esta Cámara de Diputados, esta iniciativa busca someter a la consideración de esta soberanía, la inclusión de la comisión ordinaria de asuntos mineros a fin de que en su seno se atiendan, discutan, orienten, cuestionen y normen, todos los asuntos relacionados con el tema de la minería. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe Arturo Camarena García, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente; honorable asamblea, el sistema penitenciario mexicano no ha cumplido el fin para el cual fue creado, ya que éste se apartó del ideal del Constituyente, quien desde 1917 proclamó el trabajo como medio de regeneración en el artículo 18 constitucional.
El modelo de política criminal implementado demostró ser erróneo, pues se optó por la prisión y endurecimiento de las penas cuando debió de ser al contrario, buscar las razones del aumento de la criminalidad y combatirlas y desde luego, prevenirlas.
La educación y el trabajo constituyen la base fundamental del tratamiento penitenciario y con ello el principal instrumento para la consecución de la reinserción social. Por su relevancia el trabajo penitenciario se configura históricamente como un derecho y un deber del interno sin que pueda tener carácter aflictivo ni ser impuesto como sanción disciplinaria y se valora positivamente como un instrumento esencial con la finalidad de preparar a los internos para su futura inserción laboral positiva.
En México la asignación de los internos al trabajo debería realizarse tomando en cuenta sus deseos, vocación, aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de los internos, así como las posibilidades del reclusorio.
Además el trabajo en los mismos debiera organizarse previo al estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria.
La Constitución desde su promulgación ha sufrido diversas reformas pero en ninguna de ellas se redactó la obligatoriedad del trabajo en prisión, por el contrario, las disposiciones plasmadas actualmente en los artículos 5o. y 123, hacen que el trabajo sea optativo para quien se encuentre extinguiendo una pena corporal en prisión.
Esto impide el cumplimiento pleno del artículo 18 constitucional, pero además en la práctica se ha traducido, para mala fortuna, en que en la cárcel ni se readapta ni se socializa a los reclusos, quienes regresan a la sociedad más peligrosos y diestros para delinquir.
De igual modo apreciamos que el trabajo no se reconoce ni como pena ni como medida de readaptación, tendiendo en este concepto a la ociosidad como la reina dentro de los reclusorios y es precisamente por ello que nos enteramos en los medios de difusión constantemente, de las múltiples extorsiones llevadas a cabo por la población de estos centros.
Es tiempo, por el bien de la sociedad, procurar un cambio a la normatividad constitucional y posteriormente legal para, de este modo, concretizar la readaptación de las personas y asegurar en este sentido la no reincidencia.
Nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde está convencido de que el trabajo debe curar; esto proveerá beneficios sustanciales como eliminar la ociosidad, disminuir la anarquía en los centros de reclusión, de la cual somos testigos constantemente. Una prueba, la fuga acontecida en el Centro de Readaptación Social del estado de Coahuila.
También con el trabajo los propios reclusos podrían, entre otras cosas, sufragar de modo indirecto su estancia, teniendo el Estado un recurso indirecto para proveerles mejores condiciones.
De igual modo, la labor llevada a cabo por los condenados puede procurarles ingresos económicos, cuyos efectos positivos bien podrían recaer en sus familias. Y si duda, el mejor resultado de este contexto será instruir técnicamente a las personas para conseguir el pleno objetivo de la readaptación, pues si están capacitados será más sencillo insertarse en el mercado laboral y más complicado incidir con grupos delincuenciales.
En este sentido y con miras a la proposición de la obligatoriedad del trabajo en reclusión redactada en las leyes ordinarias federales, presentamos a esta soberanía dos sendas modificaciones constitucionales, en concreto sobre los artículos 5 y 18.
Pretendemos se continúe salvaguardando el derecho fundamental de la libertad al trabajo en el dispositivo 5, pero con el reconocimiento de una excepción más a las ya establecidas; la imposición en el texto correspondiente debe dar la libertad laboral cuando la determinación sea obsequiada por el juez competente.
Aunado a la anterior, estamos solicitando se conceda derecho a las competencias propias de la federación, los estados y el Distrito Federal, para celebrar los convenios necesarios con el sector privado para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia realicen los trabajos establecidos en su respectiva sentencia y la posibilidad de la federación, las entidades federativas y del Distrito Federal para lograr que el sector privado participe en la construcción de centros de reclusión y vincular de este modo a los reclusos con la empresa en cuestión para que puedan desarrollar el trabajo impuesto en sentencia definitiva.
En ambos casos se deberá prever la conclusión de beneficios económicos y fiscales para la iniciativa privada.
También con nuestra propuesta obtendremos sin duda beneficios significativos para la reintegración social de quienes hayan delinquido y también estaremos a tono con las exigencias de organismos internacionales, quienes sugirieron este cambio expresando en todo instante los pros de la conducta que hoy impulsamos.
Al respecto la Comisión Interamericana se pronunció en relación al tema de trabajo en reclusión estipulado en toda persona privada de la libertad, que tendrá derecho a trabajar y a tener oportunidades efectivas de trabajo y a recibir una remuneración adecuada y equitativa, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular la iniciativa social y de cultura del trabajo y sobre todo combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo.
En este orden de ideas se considera conveniente, de acuerdo a los tiempos presentes y a la Comisión Interamericana, imponerles a las personas privadas de su libertad labores que puedan desarrollar como consecuencia de la obligación de una pena impuesta por un juez; esto en pro de la verdadera rehabilitación y próspera reincorporación de los internos a la sociedad. Es cuanto, señor presidente. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la iniciativa de ley que reforma los artículos 17, 82, 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que propone proteger el cultivo de especies endémicas a favor de la diversidad biológica de nuestro país, y que hoy someto a su consideración, fue presentada la legislatura anterior por la diputada Guadalupe García Almanza, del Movimiento Ciudadano del estado de Oaxaca.
Por considerar que la iniciativa aborda un tema relevante, como la constituye la acuacultura de nuestro país, y convencido de las virtudes que contiene, es que luego de hacerle las modificaciones correspondientes a fin de actualizarla, se presenta ante esta soberanía.
México es un país rico en recursos pesqueros y con un gran potencial para el desarrollo de la acuacultura. Adicionalmente, cuenta con una diversidad de especies nativas sustentables de ser cultivadas como el camarón blanco del Pacífico, la ostra americana, abulón, almejas y muchas especies más.
De acuerdo con la Sagarpa, el consumo per cápita directo de pescados y mariscos ascendió en el 2009 a 13.06 kilogramos, de mantenerse esta tendencia y estimando una población de 121 millones de personas para el 2030, en México la oferta de productos del mar será insuficiente a menos que la acuacultura constituya la manera más importante para producir estos alimentos.
En el periodo transcurrido entre 1970 y 2004 alcanzó un volumen de 54.4 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual de 8.8. En nuestro país es de suma importancia impulsar el crecimiento de la acuacultura en términos de seguridad alimentaria.
La prospectiva hacia 2020 es que la acuacultura recobre mayor importancia y dinamismo sobre la captura de peces. Es por ello que en la presente iniciativa se propone darle el impulso necesario a dicha actividad en nuestro país.
Las autoridades mexicanas coinciden con la FAO en que cualquier incremento sustancial de producción de alimentos de origen acuático en México, como ocurre en el resto del mundo, tendrá que obtenerse de la acuacultura marina y continental, en la producción de pescado.
Esta iniciativa fue ya aprobada por la Comisión de Pesca y debido a que coincidió con el fin del periodo del término final, no fue turnada a este pleno y les pido que la pasen a comisiones en los términos que está presentada, para que sea aprobada por este pleno. Muchísimas gracias. Es todo, señor presidente, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca.
Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de que no está la diputada, continuamos dando la palabra. Turnamos la anterior a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le damos la palabra a María Sanjuana Cerda, que presentará proyecto de decreto que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, y este proyecto está suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su autorización, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que la educación es el medio más eficaz que conduce a construir un desarrollo sostenible en todos los aspectos de la sociedad y contribuye al crecimiento económico nacional.
Es por medio de la educación que la sociedad adquiere el conocimiento necesario para su desarrollo personal y profesional. Es nuestro deber implementar políticas públicas eficientes que cuiden de la tranquilidad y bienestar de todos por igual, en ese sentido, aplicar políticas educativas adecuadas es nuestro compromiso fundamental del grupo parlamentario, y la educación como medio que conduce a forjar un mejor destino para los seres humanos.
Para nuestro país, un elemento esencial que debemos atender y cuidar de manera importante son nuestras aulas, espacios educativos. En ellas se desarrolla la actividad prioritaria para el desarrollo y crecimiento profesional y humano de todas y todos los mexicanos.
Es en los centros educativos donde los millones de ciudadanos adquieren el conocimiento para allegarse de herramientas sólidas que les permitirán en el futuro desenvolverse dentro de una actividad laboral productiva.
Es ahí en los espacios educativos donde nuestras niñas, niños y jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo; donde aprenden a convivir, a interactuar, a socializar; donde practican deportes que le ayuden al sano crecimiento físico y mental; donde adquieren los conocimientos necesarios para desarrollar una actividad productiva y muchos otros aspectos que hacen indispensable conservar en buen estado los inmuebles educativos.
Recientemente, nuestro país ha experimentado un considerable incremento en los índices delictivos. Se ha registrado un preocupante aumento en los índices de robo en todas sus modalidades y con diversos agravantes, al grado que, junto con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, son los delitos que con mayor frecuencia se cometen.
El robo constituye un delito que causa un daño profundo en las personas, porque afecta de manera directa, y en ocasiones irreparable, el patrimonio que una persona ha podido construir con toda una vida de esfuerzo y trabajo honesto.
En este sentido, la delincuencia no se detiene sólo al robo tradicional, donde las víctimas suelen ser las personas y sus bienes. En la actualidad también alcanzan sectores importantes, entre ellos, el robo a escuelas y centros educativos.
Las escuelas actualmente han sido blanco fácil para que la delincuencia alcance su objetivo de apropiarse de bienes vitales para el sostenimiento de los espacios. Estos centros educativos se ven despojados de materiales indispensables para su correcto funcionamiento: mesas de trabajo, bancas, pupitres, escritorios, sillas, equipos de cómputo, pantallas, etcétera.
En este sentido, tenemos que cuestionarnos, compañeras y compañeros diputados, ¿qué medidas podemos implementar para que éste terrible mal del robo a escuelas no siga creciendo y perjudicando a toda la sociedad? ¿Hasta dónde puede llegar si no realizamos acciones inmediatas para frenar este delito?
Tenemos que acabar con este mal que aqueja a las escuelas y por tanto a la sociedad. El daño que se ocasiona a la comunidad escolar es de dimensiones invaluables, porque en este tipo de robo no se debe considerar sólo el daño material, sino el valor de uso o estimativo.
Para nosotros, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta de suma urgencia atender el grave problema del robo en las aulas educativas, puesto que al afectar un centro de educación es afectar a toda la sociedad.
Es por ello que presentamos a ustedes esta iniciativa que busca reformar el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, para que el delito de robo en su modalidad a escuelas e inmuebles educativos sea castigado con las mismas penas que se aplican para el robo en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación. Es decir, proponemos adicionar en el párrafo correspondiente que se aplicarán las sanciones mencionadas al que robe en escuelas o inmuebles destinados a actividades educativas.
Esta reforma será una medida eficaz contra el robo a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, para que disminuya de manera considerable esta terrible práctica del detrimento del patrimonio de las escuelas, actividad que nos afecta a todos, especialmente a niños y jóvenes, y la educación, por tanto, tendrá que ser tema prioritario y vamos a ejercer, como en este caso, las medidas necesarias para defenderla y fortalecerla.
Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Justicia para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, presidente. Honorable asamblea, el fenómeno del suicidio debe considerarse como un fenómeno biológico que puede desencadenar situaciones derivadas del medio ambiente.
El suicida potencial es una persona con sufrimiento intenso y dicho padecimiento es siempre grave para quien, por su desesperanza, las expectativas del futuro no le son alentadoras.
En este sentido, es importante destacar que el suicidio es una de las causas de muerte más frecuentes a nivel mundial en los últimos años, con especial incidencia entre la población infantil y adolescente.
Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, en los años 2001 y 2005, aproximadamente un millón de personas en el mundo se suicidan cada año y entre 10 y 20 millones lo intentan.
Aunado a lo anterior, la misma organización señaló que el suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años y se estima que para 2020 alcanzará 1.5 millones de muertes por año.
Este fenómeno del suicidio en infantes y adolescentes representa, pues, graves afectaciones emocionales, derivadas, en muchos casos, por problemas familiares y sociales, con algunos síntomas que desencadenan el suicidio como la baja estima, la timidez, el estado de ansiedad, estrés, estados depresivos, aislamiento, descuido personal, miedos, fobias, adicciones, trastornos de sueño, conductas compulsivas, agresividad y hasta alteraciones en la conducta alimentaria, los cuales son resultados de alteraciones de la salud mental.
Por otro lado, es de recordar que en la etapa de la adolescencia suelen desatarse, de ser el caso, aquellos episodios que en la infancia afectaron las emociones, tales como la violencia intrafamiliar, la violación sexual, la falta de aceptación en la escuela, la violencia escolar, las familias reconstruidas, entre otras, provocando algunos trastornos que repercuten en una baja autoestima, lo que nos lleva a enfermedades tales como la bulimia, la anorexia, la depresión, el trastorno bipolar y esquizofrénico, así como trastornos de la personalidad, de adicciones, por mencionar algunos.
Es por ello que consideramos indispensable reformar y adicionar, en primera instancia, la Ley General de Salud, reformando la fracción II del artículo 73 para fomentar la creación de programas de prevención del suicidio en la población en general.
También, consideramos reformar el artículo 77 para que padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en los menores, así como los responsables de su guarda y custodia, autoridades educativas y cualquier persona que estén en contacto con el menor o adolescente, presten atención especial a la manifestación de patologías como el aislamiento, la angustia, la tristeza, la baja o aumento de peso, entre otras, que pudieran conducir a los niños, niñas y adolescentes al intento del suicidio. Lo anterior con el objeto de detectar a tiempo esas posibles afectaciones y conducir a un mejor desarrollo las conductas.
En segunda instancia se estima conveniente reformar y adicionar también el inciso c), del artículo 11 de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, estipulando que es obligación de todos los padres, tutores o guardas de la patria potestad el prestar atención especial a cualquier conducta patológica que pudiera afectar la integridad y el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, también es importante adicionar un inciso k) en el artículo 28 para que se establezca la atención y combate al suicidio con programas de prevención y mecanismos que garanticen ambientes escolares sanos, que a su vez propicien la participación juvenil, una vida saludable sin discriminación y libre de violencia.
Por obvio del tiempo solicito a la Presidencia que se pueda incluir el texto íntegro en el Diario de los Debates. Agradezco la atención prestada, y espero que esta iniciativa pueda ser aprobada en comisiones. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Como lo solicita se insertará de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, y se turna a Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Luis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1401 del Código de Comercio.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, a través de la práctica y aplicación de las leyes mercantiles resalta sin duda la exagerada cantidad de juicios ejecutivos que actualmente se tramitan en los juzgados de nuestro país que implican enormes cantidades de dinero, las cuales muchas veces se encuentran estancadas por la discreción de los juzgadores para desahogar las etapas procesales sin que exista prontitud dentro de los procedimientos, especialmente en etapas como la de desahogo de pruebas.
El juicio ejecutivo mercantil se origina con el cada vez mayor incumplimiento de las obligaciones que se hacen constar generalmente en un titulo de crédito y que en conjunto representan cientos de millones de pesos que se pueden tornar improductivos, lo que como consecuencia contribuye a generar un retraso para la economía de nuestro país.
El juicio ejecutivo mercantil en su origen fue considerado como un procedimiento rápido y expedito, sin embargo en la actualidad este procedimiento en todo momento se ve retrasado y lento por los dispositivos legales que aún lo norman.
El derecho procesal mercantil nació en Europa en la Edad Media, en sus orígenes, fue un derecho clasista creado por los tribunales de mercaderes cuya jurisdicción se limitaba a los comerciantes matriculados en las corporaciones. En sus inicios se aplicó a todos los que litigaban sobre actos de comercio, independientemente de que fueran o no comerciantes.
Posteriormente fueron creados los tribunales mercantiles, llamados consulados, y que sirvieron de instrumento para transformar la costumbre de los comerciantes en el derecho mercantil, por lo que en su inicio fue una obra de situaciones prácticas y el proceso mercantil siempre se caracterizó por su brevedad.
En el siglo XIX, tras un milenio de existencia, los tribunales consulares desaparecen en la mayoría de los países, suprimiendo a los tribunales mercantiles una vez que habían cumplido su misión histórica.
Cuando se dicta el Código de Comercio Napoleónico, a principios del siglo XIX, el legislador recupera la tarea que le es propia, pero que había denegado durante siglos en los consulados, apareciendo así el derecho mercantil como un cuerpo legal codificado y ya no como un conjunto de costumbres conocidas únicamente por los comerciantes.
El comercio ya no es la actividad profesional de unos cuantos, sino una de las formas que reviste la conducta humana moderna en general, ya que todos suscriben cheques, pagarés, letras de cambio, todos compran y venden, todos reciben créditos bancarios, la nuestra es una sociedad de mercado y todos participamos en él.
A los antiguos tribunales mercantiles los mató el éxito del comercio. Los comerciantes crearon un cuerpo de derecho y se vieron obligados a entregarlo a los juristas; algunos países como Italia y Suiza llevaron las consecuencias de esta evolución un paso más adelante y dictaron códigos únicos en los que fusionaron el derecho mercantil y el derecho civil.
En nuestro país el Código de Comercio de 1884, que precedió al vigente, declaraba genéricamente aplicable el procedimiento civil a los juicios mercantiles.
Los mercantilistas mexicanos, en sus obras principalmente, se han ocupado de temas de naturaleza tan claramente procesal como son la acción ejecutiva mercantil, las excepciones oponibles a un título de crédito, el proceso de cancelación de títulos de crédito y el proceso de quiebra.
Al constituirse México como nación independiente en 1821, las relaciones comerciales se regían por las Ordenanzas de Bilbao, cuya aplicación competía a los consulados existentes en las ciudades de México, Veracruz, Guadalajara y Puebla. Conservaron su vigencia tales ordenanzas de Bilbao hasta 1884, con una breve interrupción de mayo de 1854 a noviembre de 1855, lapso durante el cual rigió un código de comercio especialmente elaborado para la República Mexicana, que se conoció con el nombre de Código Lares, en honor a don Teodosio Lares, ministro de Justicia que patrocinó su elaboración. Este Código Lares tuvo una breve vida, no por deficiencias técnicas, sino por cuestiones políticas.
En uso de las atribuciones que al efecto les concedía la Constitución de 1857, algunos de los estados federales de la República dictaron códigos de comercio de aplicación local, que en términos generales se limitaron a reproducir el mencionado Código Lares. No fue sino hasta el 20 de julio de 1884 cuando perdieron vigencia de modo definitivo las viejas Ordenanzas de Bilbao, para ser sustituidas por un Código de Comercio que no habría de tener sino breve duración.
El primero de enero de 1890 fue promulgado por el general Porfirio Díaz, Presidente de México, mismo ordenamiento que aún sobrevive y rige.
En la vida práctica nos hemos podido dar cuenta que los juicios que se tramitan en mayor número son los ejecutivos mercantiles. Estos juicios están comprendidos dentro de los sumarios que tienen por objeto, como su nombre lo indica, la tramitación rápida de un negocio toda vez que debe hacerse en un término breve dada la necesidad de pronunciar un fallo perentorio; también porque los documentos que con la demanda se exhiben hay una presunción legal muy poderosa a favor del actor para estimar que le asiste la verdad y el derecho.
El juicio ejecutivo mercantil es un procedimiento sumario de excepción porque únicamente tiene acceso a él aquél cuyo crédito consta en un título de tal fuerza que constituye vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido por las autoridades competentes.
Los juicios sumarios llevan implícita la idea de rapidez, esto a diferencia de los juicios ordinarios, cuyos plazos son amplios, sus formalidades varias y en dichos juicios se discuten cuestiones complejas, las que exigen que la controversia se plantee y discuta ampliamente y para tal efecto fija términos adecuados.
De lo aquí planteado, se puede concluir que el legislador ha querido que los juicios ejecutivos, sean civiles o mercantiles, se tramiten con la mayor rapidez posible siendo la celeridad la esencia de este tipo de juicios.
Los juicios ejecutivos mercantiles deben ser los más breves de todos los juicios, los que han de tramitarse con la mayor rapidez y sin embargo en la práctica es notorio que no sucede así pues actualmente nuestra legislación mercantil está muy atrasada, ya que ha permanecido por casi un siglo estancada.
El Presidente diputado José González Morfín: Señor diputado, hace casi tres minutos que concluyó su tiempo, le pido que concluya con su intervención.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Es decir, el periodo de prueba... –Ya culmino, señor presidente–. Es decir, el periodo de prueba señalado en la ley, se llega a extender innecesaria y ociosamente, máxime si las pruebas que ofrece la parte demandada ya se encuentran anunciadas y ofrecidas desde el escrito de contestación de demanda, para lo cual se propone precisar que los 15 días con que se cuenta deberán ser días naturales y el término no deberá prolongarse aun el caso de las pruebas supervenientes. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía, para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que suscriben la presente, Margarita Licea González, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Ramón Antonio Sampayo Ortiz y el proponente Carlos Alberto García González, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de nuestra Carta Magna, así como el artículo 6o., numeral uno, 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, presentamos a su consideración los fundamentos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, se adiciona la fracción IV, recorriéndose la actual a V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de acuerdo a lo siguiente:
Los que suscribimos la presente iniciativa estamos convencidos de que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre ha impulsado reformas legales para fortalecer la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Y hoy específicamente venimos a proponer que se apoye de manera especial a todas aquellas familias que tienen entre sus integrantes a personas con alguna discapacidad.
El pasado 30 de mayo de 2011, se publicó la Nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que establece que su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones para que el Estado promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
Sin duda la aprobación de esta Nueva Ley fue un gran avance en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, quienes hasta la fecha son propensas en todo momento a sufrir diferentes tipos de discriminación; sin embargo, uno de los obstáculos más fuertes para que estas personas mejoren sus condiciones de vida sigue siendo lo que tiene que ver con su nivel de ingreso económico.
Por consiguiente, compañeras y compañeros, es nuestra labor como legisladores adecuar un marco legal con apoyos específicamente dirigidos a las personas con discapacidad. Caso concreto en aquellas familias en condiciones de pobreza con un integrante en condiciones de capacidades diferentes y por supuesto con el propósito de contribuir en sus gastos, permitiendo así que cuenten con condiciones que ayuden a mejorar el nivel de vida que sin duda todos ellos merecen.
En México lamentablemente las personas con discapacidad se enfrentan no sólo a la discriminación, sino a la falta de oportunidades de empleo y educación. Cabe señalar que más de la mitad de estas personas no reciben ningún ingreso y que casi el 20 por ciento ganan menos de un salario mínimo.
Además, en muchas ocasiones al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a su vida laboral y social para cuidar a su ser querido, con todas las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva.
Si bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé que la Secretaría de Desarrollo Social tiene la responsabilidad de promover la mejora continua de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, ésta no deja claro cómo y con cuánto se deberá de apoyar a las personas con discapacidad, por lo que la modificación que estamos proponiendo estaría contribuyendo a la plena inclusión de las personas objeto en todos los ámbitos de la vida mediante un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, sin discriminación y con respeto a su dignidad y a sus derechos, tal como lo establece nuestra Carta Magna.
En mérito de lo expuesto es que el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea se adicione una fracción IV al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:
Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá... Fracción IV. Otorgar un apoyo económico bimestral equivalente a 30 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica donde habiten a las familias en situación de pobreza o marginación que tengan entre sus miembros alguna persona con discapacidad permanente que limite su autonomía.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por último, solicito atentamente a esta presidencia que mi participación, así como la mención de mis pares que también la suscriben se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Alejandro Flores Flores para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y deroga los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Con el permiso, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional me permito presentar esta iniciativa que propone legislar y concretar los acuerdos alcanzados en las legislaturas anteriores al establecer reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos, por lo que se plantea la creación de una ley en materia de remuneraciones a los servidores públicos que reglamentará el artículo 127 de la Constitución General de la República.
La sociedad mexicana a lo largo de su historia ha enfrentado el abuso de muchas autoridades soportando la oscuridad de las cuentas gubernamentales, de las acciones del gobierno y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Han sido muchos los excesos que las autoridades y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. La historia ha sido testigo de la opacidad en la que se manejaron varios recursos y los bienes de la nación durante muchos años. Sin embargo, México ha cambiado, ha transformando la opacidad en transparencia, el abuso en rendición de cuentas y el autoritarismo en democracia. Pero estos esfuerzos son apenas el cimiento que la sociedad mexicana demanda.
Necesitamos con celeridad concretar los avances legislativos obtenidos en legislaturas pasadas, particularmente uno de los temas más sensibles para la sociedad es el relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de los funcionarios públicos en comparación con los salarios de la familia promedio.
Éste ha sido un reclamo durante muchos años ignorado por las autoridades. Se trata de un asunto de justicia social, de transparencia y de equidad. Recordemos que el pasado 24 de agosto de 2009 se aprobó una modificación constitucional estableciendo por primera vez en la historia de México reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos. Esta reforma tuvo sus orígenes, como bien dije, en 2009.
Diversas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal también dieron paso a estas reformas. Así mandata a establecer los límites de las remuneraciones de los servidores públicos, y la existencia de las reglas claras para que existan con bases técnicas la determinación de las remuneraciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y funciones que realizan los servidores públicos. Y, finalmente, aplicar un esquema de sanciones en el ámbito administrativo y penal para aquellos que vulneren las disposiciones constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
Por lo anterior, es necesario que a través de una ley, el mandato constitucional se traduzca en mecanismos eficaces, confiables y accesibles para que la sociedad conozca de manera clara y oportuna, la información sobre el manejo y destino de los recursos públicos que se destinan al pago de las remuneraciones de los servidores públicos.
Cabe recordar que la reforma constitucional estableció en el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el ámbito de su competencia deberían expedir una legislación relativa en relación a sus remuneraciones, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, situación que como vemos, tiene dos años de retraso.
Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través del entonces diputado Francisco Ramírez Acuña presentó una iniciativa de remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, la cual proponía que las remuneraciones que se cubrieran a los servidores públicos invariablemente deberían otorgarse con base en criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria y deberían determinarse con base en un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente.
Sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada por las comisiones correspondientes, por lo que resulta de mayor relevancia para quienes integramos esta LXII Legislatura el impulsar de nueva cuenta un proyecto que nos permita al fin contar con un ordenamiento que atienda los criterios contenidos en la reforma constitucional de 2009.
Con esto, Acción Nacional reafirma su compromiso por sacar adelante las reformas que tanto urgen al país, particularmente aquellas en las que se requiere legislar para cumplir con los compromisos asumidos con el Congreso de la Unión y de cara a las demandas de la sociedad mexicana.
Es claro para todos que en nuestro país existen abusos arraigados en ciertas prácticas administrativas del país, pero es nuestra obligación establecer normas que eviten la desproporción, el exceso, y el abuso y la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos por el desempeño de sus funciones.
Por ello, debe contarse con criterios que permitan otorgar una remuneración que retribuya con justicia el trabajo que se realice y que simultáneamente sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias. No es cierto que a la Federación le sobra el dinero.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, comprometido con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y legalidad, a través de su presente iniciativa contribuirá a dar certidumbre y transparencia a los propios servidores públicos y por ende a los ciudadanos, con respecto a la determinación y el pago de sus remuneraciones.
Cabe destacar que todos los servidores públicos, sin importar su régimen laboral, estarán sujetos a esta ley, incluyendo a aquellos que se contraten de manera eventual. El personal contratado por honorarios no está sujeto a la ley, derivado que se trata de un régimen de contratación regulado por la legislación civil.
Así pues, estableciendo como principio rectores de las remuneraciones la anualidad, el reconocimiento al desempeño; la equidad; la fiscalización; la igualdad; la legalidad; la transparencia y la rendición de cuentas, respecto a la integración de remuneraciones se establece que éstas se integrarán por percepciones ordinarias y extraordinarias, estableciendo que éstas últimas sólo serán cubiertas cuando se cumplan diversas variables.
De la misma manera, el proyecto establece que el concepto de remuneración total anual, el cual ya está vigente en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, constituye el límite máximo de remuneraciones y desglosa todos los pagos que se realizan por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias.
De acuerdo con el texto constitucional, la remuneración total anual del presidente de la república es el referente para determinar las remuneraciones de todos los demás servidores públicos, así la remuneración anual del presidente se incluirá en un apartado específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se señalen las cantidades que para cada concepto corresponda en términos brutos y netos.
Por otro lado, con base en el límite aprobado en la remuneración total anual se continuarán presentando los tabuladores del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada grupo de servidores públicos.
Los tabuladores de la administración pública federal serían aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los demás poderes y órganos elaborarán sus tabuladores, sujetos al tope establecido en la remuneración total anual del presidente de la república.
La iniciativa también plantea la creación del manual de remuneraciones, mediante el cual los órganos públicos se encuentran obligados a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en Internet las reglas para el pago de remuneraciones, las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias, los tabuladores, las reglas para el otorgamiento en caso de las erogaciones que no formen parte de las remuneraciones.
Es de suma importancia, resaltar que la elaboración de los manuales y tabuladores de los servidores públicos, tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Expertos en remuneraciones, el cual será un órgano técnico de carácter ejecutivo para evaluar, emitir recomendaciones en lo general, coadyuvar en la determinación de remuneraciones de los servidores públicos.
Dicho comité estaría integrado por un representante del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial, uno del Ejecutivo, un representante común de los órganos constitucionales autónomos: Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Federal Electoral; además de cuatro expertos independientes, en donde los expertos independientes son designados por el Ejecutivo federal mediante convocatoria pública.
La única excepción permitida sería exclusivamente cuando la ley de carácter laboral así lo prevea, caso en el cual las remuneraciones tendrán que fijarse en un capítulo específico de las condiciones generales del trabajo y no podrán establecerse en el pago de remuneraciones por los mismos conceptos.
Finalmente, la nueva legislación que propone Acción Nacional, tiene el objeto de promover en nuestra sociedad, la conciencia de todos y cada uno de los servidores públicos, cualquiera que sea su nivel. El órgano de gobierno que presta el servicio o el que la remuneración que reciba sea en contraprestación por éstos, no sea sino el resultado de su desempeño honesto, transparente, sustentado en su vocación de servicio para la población y en su compromiso por el futuro de México.
Para Acción Nacional resulta de mayor importancia impulsar las reformas que sean necesarias para dotar al Estado mexicano de un marco jurídico acorde a las exigencias que la sociedad demanda.
Llamamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, a aprobar a la brevedad la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a efecto de cumplir con el mandato constitucional al que estamos obligados desde el año 2009 y que por falta de voluntad política no se ha concretado la misma.
Hoy es el momento de consolidar nuestras instituciones, de actualizar el Marco Jurídico Constitucional y dar respuesta a las exigencias que la sociedad demanda. Unidos, sin distinción de partidos y creencias políticas, invito a esta Legislatura a dar paso adelante en materia de transparencia. Vamos por esta reforma. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le solicito a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas que nos hizo llegar la Junta de Coordinación Política, para efecto de poner a discusión la iniciativa sobre la Ley Orgánica, la que aprobamos en el acuerdo anterior.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Los abajo firmantes, coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitan a la Presidencia la incorporación de una fe de erratas para quedar como sigue:
Fracción XV. Derechos de la niñez, recorriéndose las fracciones siguientes.
Es cuanto.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Ahora léanse los resolutivos del acuerdo para iniciar su discusión.
La Secretaria diputada María del Socorro Núñez Monreal: Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
I. Agricultura y Sistemas de Riego
II. Agua Potable y Saneamiento
III. Asuntos Frontera Norte
IV. Asuntos Frontera Sur Sureste
V. Asuntos Indígenas
VI. Asuntos Migratorios
VII. Atención a Grupos Vulnerables
VIII. Cambio Climático
IX. Ciencia y Tecnología
X. Competitividad
XI. Comunicaciones
XII. Cultura y Cinematografía
XIII. Defensa Nacional
XIV. Deporte
XV. Derechos de la Niñez
XVI. Derechos humanos
XVII. Desarrollo Metropolitano
XVIII. Desarrollo Rural
XIX. Desarrollo Social
XX. Economía
XXI. Educación Pública y Servicios Educativos
XXII. Energía
XXIII. Equidad y Género
XXIV. Fomento Cooperativo y Economía social
XXV. Fortalecimiento al federalismo
XXVI. Función pública
XXVII. Ganadería
XXVIII. Gobernación
XXIX. Hacienda y Crédito Público
XXX. Infraestructura
XXXI. Justicia
XXXII. Juventud
XXXIII. Marina
XXXIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales
XXXV. Participación Ciudadana
XXXVI. Pesca
XXXVII. Población
XXXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública
XXXIX. Protección Civil
XL. Puntos Constitucionales
XLI. Radio y Televisión
XLII. Recursos Hidráulicos
XLIII. Reforma Agraria
XLIV. Relaciones Exteriores
XLV. Salud
XLVI. Seguridad Pública
XLVII. Seguridad Social
XLVIII. Trabajo y Previsión Social
XLIX. Transportes
L. Turismo
LI. Vivienda
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las comisiones especiales de la Cámara de Diputados, constituidas durante la LXI Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, y que a través del presente decreto se formalizan como comisiones ordinarias, tendrán las facultades y atribuciones que anteriormente tenían asignadas.
Tercero. Por única ocasión las comisiones ordinarias deberán quedar constituidas a más tardar dentro de los siete días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Suscrita por los coordinadores parlamentarios.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En razón del acuerdo aprobado, que considero de urgente resolución, se pone a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con fe de erratas.
Esta Presidencia tiene registrados para fijación de posturas al diputado Ricardo Monreal Ávila, a la diputada Judith Magdalena Guerrero López y al diputado Agustín Miguel Alonso Raya.
El diputado Francisco Alonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado, dígame.
El diputado Francisco Alonso Durazo Montaño (desde la curul): Para registrarme, presidente, en contra.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Para incluirse?
El diputado Francisco Alonso Durazo Montaño (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Correcto.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sí. A ver si es posible ponerle sonido al micrófono del diputado. Durazo ya está. Acá.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (desde la curul): Señor presidente, registrarme en contra por favor.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Lo registro en contra?
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (desde la curul): Por favor, si es tan amable.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se registraron para fijar posiciones el diputado Ricardo Monreal Ávila, la diputada Judith Magdalena Guerrero López, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, el diputado Alfonso Durazo y –no me repite su nombre, diputado, por favor.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (desde la curul): José Francisco Coronato Rodríguez.
El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias. Tiene la palabra el diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladoras y ciudadanas legisladoras, me he inscrito en contra de este proyecto, de esta disposición, por lo apresurado.
Hemos sido congruentes, porque hace una hora aproximadamente se aprobó por mayoría un acuerdo que nosotros votamos en contra, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que señalaba que se aprobaba el trámite establecido en el artículo 82 del Reglamento para que se sometiera este dictamen de manera fast track, que se sometiera este dictamen de la comisión directamente.
No hay comisiones, correspondería a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la modificación de una Ley Orgánica, de una modificación a la reglamentación interna. Pero me parece que es inadecuado y no es oportuno el que se intente modificar una disposición de la Ley Orgánica para dotar a la Cámara de más comisiones, 11 para ser exacto. La argumentación ha sido hecha también por el diputado Durazo, por el diputado Mejía.
Creemos que no es conveniente aprobar este tipo de modificaciones; son lecturas equivocadas a la sociedad y riñen con los propósitos y principios que aquí en el discurso hablamos y pronunciamos cada vez que subimos a fijar una posición.
No se refleja la austeridad de esta Cámara, no se refleja la transparencia y tampoco el crear más y más comisiones vaya repercutir en mayor productividad legislativa. Por eso no estamos de acuerdo.
Pero déjenme decirles lo siguiente; muchos de los diputados y diputadas llegan por primera vez y ellos esperan discutir, deliberar y, en su caso, votar en conciencia. Hay muchos jóvenes que esperarían que esto se transparentara. Pues empezamos mal porque lo que estamos aprobando, o lo que van a aprobar con nuestro voto en contra es una modificación al artículo 39 de la Ley Orgánica que les aseguro que la mayoría de ustedes no ha leído completa la iniciativa y que además ante la ausencia de comisiones estamos optando por la vía rápida.
En la mañana, hace una hora, se presento el acuerdo. Ya tenemos dictamen, va a ser discutido y va a ser aprobado fast track por la mayoría que ya aprobó esta iniciativa y que la están presentando. Que por cierto, presidente, le pido corrija en la iniciativa donde aparece mi nombre y que yo voté en contra y firmé en contra de esta iniciativa propuesta por los grupos parlamentarios, se altera la naturaleza jurídica de las iniciativas, se apresura un trámite y es inoportuno porque en este momento la mayoría de esta Cámara pretende actuar contra la clase trabajadora privándole de sus derechos y en cambio la Cámara se apropia y se genera más privilegios. No es congruente, no es oportuno y no es pertinente una aprobación de esta naturaleza. Nosotros vamos a mantener en consecuencia nuestra posición. Me gustaría que lo reflexionáramos con mayor tiempo.
Estamos en contra del procedimiento. Si discutiéramos el rediseño de las comisiones estaríamos de acuerdo. Lo que nos parece atropellada es la manera en que quieren sacar las cosas en horas, cuando se requiere discusión mesurada y prudente para determinar qué es lo que le conviene al país en la constitución de estas comisiones que ahora estamos intentando plasmar en la Ley Orgánica.
Por esa razón, presidente, nosotros votaremos en contra. Lamento mucho que inicie así la Legislatura. Es la primera modificación a Ley Orgánica.
Yo presenté una iniciativa hace 15 días, ¿por qué no le otorgamos el mismo trámite? Lo entiendo muy bien. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Monreal. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, diputado presidente. La labor legislativa es fundamental para la existencia del Estado; así lo determina la doctrina que en la materia se ha expresado desde hace siglos. Es una labor original del Estado, sin embargo ésta es extremadamente compleja primordialmente por dos razones.
La primera, por lo complicado de acordar entre los grandes números de legisladores; y segundo, el complejo técnico exigido por las diversas áreas de la inquietud social y el conocimiento.
Por lo anterior, celebramos que hoy en día ya podamos contar con la conformación del trabajo legislativo. De este modo, todas y todos podremos enfocarnos a diversas áreas y abrazar infinidad de temas de modo planeado y bien estructurado, pues el método deberá prevalecer antes que los intereses o los deseos imposibles de concretizar.
En este sentido es evidente que no puede estipularse alguna comisión por encima de las demás; todas son valiosas y contribuyen al crecimiento del desarrollo nacional. Sin embargo, sin duda existen comisiones que no tutelan propiamente eficiencia, sino principios y valores. Por ello por ningún motivo podemos desadvertir éstas.
En este contexto, primero para manifestar lo positivo de la creación de todas las comisiones y posteriormente agradecer la sensibilización por la conformación de la Comisión de la Niñez, la cual es tuteladora de principios y con esto nos encontramos en el camino correcto para tratar en el pleno cumplimiento de abordar a los designios constitucionales representados en los artículos 4o. y 73 constitucionales, los cuales enaltecen el interés superior del niño.
De igual modo vamos en la dirección correcta para la cumplimentación de los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, los cuales fueron sugeridos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, su consejo consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México.
La comisión en comento, tengan por seguro, colaborará para garantizar a los infantes salud y nutrición, el acceso al agua potable, proveerles educación de primera calidad, abrirles espacios a los niños y adolescentes en la familia, informarles también sobre reproducción y sexualidad.
Por todo lo anterior es que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se congratula con la conformación de las comisiones y muy especialmente con la de la Niñez. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Alfonso Durazo Montaño.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros, regreso para continuar con el análisis de esta iniciativa, pues no es posible desahogarlo con unos cuantos comentarios.
Cómo aprobar una iniciativa de esta naturaleza que modifica de fondo la conformación estructural de esta Cámara de Diputados, sin un análisis mínimo sobre cuánto costaría, pero sobre todo sin analizar cómo funcionan las comisiones actuales.
Esta Legislatura tiene ya un cuarto del tiempo programado para este periodo de sesiones. Es decir, tenemos casi un mes sin que se hayan instalado las 44 comisiones ya establecidas en la Ley Orgánica de esta Cámara. Puedo asegurar a cada uno de ustedes que absolutamente nadie extraña su ausencia.
Pero hay otro problema, que las comisiones cuya creación se propone, derivan de un desdoblamiento de las existentes. Es decir, no se está desatendiendo ninguno de los temas cuya atención se propone encomendar a las comisiones de nueva creación.
Creo que debemos dejar atrás la vieja lógica de que problema político que se resuelve con dinero no es problema. No está el país actualmente en condiciones de darse el lujo de derrochar recursos con los que no cuenta, por poquitos que pudieran ser.
Por supuesto que hay países, otros Congresos, que cuentan con un número muchísimo mayor de comisiones que el que tiene esta Legislatura. Específicamente el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en donde la Cámara de Diputados tiene 200 comités, pero hay que ver cuál es la eficacia de esos comités, cuáles son sus atribuciones y de qué manera las cumplen.
En esta Cámara no ha sido posible que lográramos la mayoría necesaria para citar a un par de titulares de secretarías de Estado más que los que se aprobaron en la Junta de Coordinación Política. No ha sido posible que traigamos a este recinto al secretario de Seguridad Pública a rendir cuentas sobre la tragedia nacional que ha enlutado al país, producto de los desaciertos de su desempeño.
Para qué queremos más comisiones si las que hoy tenemos no cumplen aún debidamente con su función.
Estoy seguro que ninguno, particularmente de los nuevos legisladores, nos sentimos realmente satisfechos con el trabajo que hasta hoy hemos desempeñado. No registro absolutamente ninguna decisión relevante de esta Cámara que haya sido útil para el país y la prueba plena de que la existencia de comisiones, sobre todo de las nuevas comisiones, es del todo imprescindible, es el hecho de que hoy estamos aprobando o pretende aprobarse el marco jurídico bajo el cual funciona esta Cámara, sin siquiera pasar por una discusión mínima al interior de ninguna de las comisiones ya existentes.
Por supuesto que estoy de acuerdo en que busquemos mecanismos para optimizar la forma en la que traducimos en normas las ideas que aquí se presentan; sin embargo, no es por la vía de crecer la estructura burocrática de esta Cámara, sino por la vía de flexibilizar y liberalizar el debate, que es lo que nos permitiría acercarnos a mejores decisiones legislativas.
Sin embargo, la rigidez del debate está hoy sometida exclusivamente a las decisiones de la Junta de Coordinación Política, que nos impiden ejercer a plenitud los derechos de deliberación de cada uno de los diputados. Por eso estamos en contra.
En lugar de crear más comisiones y autorizar más gasto, iniciemos un programa de austeridad ya propuesto por el Movimiento Progresista, que podría representar al país un ahorro de 300 mil millones de pesos al año para dedicarlos a estimular, si ese fuera el objetivo de la ley laboral, una oportunidad a los millones de mexicanos que hoy carecen de un empleo digno. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra en contra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, también del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de la palabra para sumar mi voto en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por medio de la cual se pretende reformar el numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que permitiría incrementar 11 comisiones.
Quiero decirles a ustedes que lo hago todavía con la indignación que me generó el percibir la serie de expresiones que a todo el rededor de este inmueble, miembros de nuestra sociedad, se manifestaban precisamente, derivado de un atropello en el sentido de una iniciativa a una reforma a la Ley Laboral, donde se les está vedando el derecho de audiencia a quienes forman parte precisamente, de ése equilibrio en materia laboral como son los patrones-trabajadores, trabajadores y patrones.
Ahora, deseo manifestar esta molestia también, derivado del agravio que siento al habérsenos vedado bajo un resquicio que la ley establece en un Reglamento donde sin habernos respetado el derecho de audiencia, se pretende generar este acto por el que por demás se incrementan estas comisiones y vienen a representar un incremento de burocracia que sin duda nos sigue poniendo en tela de duda en el ámbito de la sociedad.
Aún, compañeras y compañeros, no hemos demostrado nosotros eficacia y eficiencia y empezamos con estas acciones que a todas luces, sin duda, generarán agravio en los miembros de nuestra sociedad.
Quiero decirles a ustedes, con humildad, que su servidor de profesión, soy licenciado y doctor en derecho, y esto me obliga a señalar que todo acto de autoridad requiere de dos requisitos fundamentales: la fundamentación y motivación. Y en este orden la motivación que vemos en este acuerdo de la Junta no corresponde a esa premisa que se establece al considerar como un acto de urgente u obvia resolución, lo cual significaría que adolecería, precisamente, de uno de los requisitos torales de todo acto de autoridad.
En ese orden de ideas yo quiero decirles a ustedes que sin duda se requiere hacer muchas cosas, pero queremos invitarles a hacer un esfuerzo para hacer una reforma integral a la Ley Orgánica y por supuesto adjetiva y sustantiva de esta Cámara, que permita hacer un trabajo en serio.
Yo quiero decirles a ustedes que solamente las 11 comisiones aproximadamente costarían al erario público y a las o los mexicanos, aproximadamente 400 mil pesos mensuales. Por 11 nos daría la cantidad de 4 millones 400 mil pesos, y eso si lo multiplicamos por 12 meses nos daría un total de 53 millones 800 mil pesos, multiplicado por los tres años que serían de esta Legislatura, nos daría un total de 158 millones 400 mil pesos.
Lo pongo a la consideración de ustedes para exhortarles que todavía es tiempo que hagamos ese esfuerzo para redignificar este quehacer. Para nosotros lo hacemos por una convicción y por supuesto nuestro voto es en contra. Es cuanto, presidente.
EL Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
En razón de que se trata de la primera votación nominal que se registrará en el sistema electrónico, habrá 10 minutos para emitir el voto y pediremos al personal técnico parlamentario que esté cerca de todas las curules para auxiliar a quien así lo requiera.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: ¿Algún diputado o diputada que falta de registrar su voto? ¿Algún diputado tiene algún problema con su sistema electrónico? Está abierto aún el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su voto?
Se cierra el sistema de votación electrónico. De viva voz, le pedimos al diputado Samuel Gurrión Matías que haga su voto.
El diputado Samuel Gurrión Matías (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se registraron 409 votos a favor, 0 abstenciones y 22 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Ruego a la Secretaría también tomar nota de nuestras compañeras y compañeros diputados que se encuentran en una sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que su ausencia en esta votación no les sea como contabilizada como una ausencia en esta sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Carlos Octavio Castellanos Mijares, diputado federal, electo en la tercera circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados y diputadas: la diputada Ana Isabel Allende, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, diputada Alfa Eliana González Magallanes, diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, y la diputada Sonia Rincón Chanona.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José González Morfín: Ciudadano Carlos Octavio Castellanos Mijares, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
El ciudadano Carlos Octavio Castellanos Mijares: Sí, protesto.
El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hiciera que la nación se lo demande. Felicidades, señor diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Hace dos años en una clínica de Miahuatlán de Porfirio Díaz, vi a una mujer recargada que vomitaba y cuando me le acerqué, me percaté que esa mujer también sangraba. Le pregunté qué tenía y cuando lo hice en español no me contestó. Por sus características me atreví a hablarle en mi lengua natal, el zapoteco. Fue cuando pudo ella compartirme y comentarme que llevaba muchas horas, desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche, que fue que me asomé al hospital, parada ahí, esperando atención médica.
Esta mujer, cuando yo la vi me conmovió, por supuesto, como mujer me solidaricé. De inmediato entré, muy a la fuerza, por supuesto, al consultorio del único médico que estaba en turno en ese momento. Me indignó tanto ver cómo ese médico estaba suturando la frente de un hombre alcoholizado, que por gusto, por cierto, fue a caerse y se rompió la frente.
Cuando yo le pedí que atendiera a la mujer fue muy grosero y me quiso sacar. Sin embargo, logramos que con la presión pudiera atender supuestamente a la señora.
Esta mujer tenía 16 años. Mujer originaria de la sierra sur. Cuando al otro día quise saber cómo le había ido, resulta que eran las once de la mañana y aún no la habían atendido. Esto fue todavía más doloroso, porque hasta las dos de la tarde del día siguiente, esa mujer fue atendida en cesárea. Esto es indignante que pase en este país, y seguirá pasando.
Sin embargo, todo lo que esta mujer vivió para poder llegar a ese hospital fue todavía más doloroso porque de su comunidad de origen caminó dos horas a la primera clínica donde el médico no la pudo atender simplemente porque no había medicamentos y no tenía la capacidad de hacerlo. De la clínica todavía caminó otras cuatro horas a la cabecera municipal.
Lo más feo de todo el caso es que llegando a la cabecera municipal no hubo la sensibilidad de la autoridad municipal, y la tuvieron que sacar sus familiares. No encontraron ambulancia porque según no había presupuesto. Estamos hablando entonces de una carencia de atención a la mujer por su condición.
Esto me hace hoy estar aquí, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, convencida de que todo Estado debe trazar como uno de los ejes básicos de su gobierno la equidad de género, buscando siempre un trato igualitario y oportunidades justas para las mujeres y hombres.
Someto a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal relativos al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, Fodeimm, asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.
Toda vez que los recursos que quedaron etiquetados para el año 2012 sólo se pudieron ejercer 130 de los 345.2 millones de pesos debido a la complejidad de las reglas de operación, las cuales están confeccionadas bajo características específicas apartadas de la realidad política, social, económica y de desarrollo de la gran mayoría de los municipios, situación que en nada contribuye a la participación y desarrollo de la mujer.
De ahí que, con la finalidad de que dicho recursos no pierdan su objetivo y con ello se disminuya la viabilidad de las políticas públicas para la igualdad, particularmente en las entidades federativas y municipios que muestran mayores brechas de desigualdad, apelo a su deber y responsabilidad para sostener que aquellos deben ser reasignados, contribuyendo así al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Y desde esta tribuna mando un saludo fraterno a todas las mujeres, pero en especial a mis hermanas indígenas, que por falta de conocimiento de sus derechos y por consiguiente de su exigencia, aunado a la falta de sensibilidad del Estado mexicano al no generar políticas con perspectivas de género siguen padeciendo injusticia.
Por respeto al tiempo que se me otorga no hago mención de las diputadas y de los diputados de las siete fracciones parlamentarias que se solidarizaron y sumaron al punto de acuerdo que hoy se presenta, lo que significa que en esta legislatura hay una gran sensibilidad con el principio de equidad de género, la cual reconozco y agradezco en virtud de que esta tarea no debe tener color ni preferencia partidista.
Por esto, señor presidente, voy a hacer entrega a esta Mesa Directiva de las listas para que sean incorporadas al Diario de los Debates, las compañeras y compañeros que apoyan esta propuesta.
Ojalá y la sensibilidad de todos nosotros se vea presente en la votación, porque sufrir discriminación en las ciudades, en las partes rurales es muy doloroso. Muchas gracias. Este recurso que a lo mejor no va a solucionar el problema, sin embargo va a contribuir para que se empiecen a hacer los diagnósticos necesarios de la situación real de las mujeres de este país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, hasta por tres minutos.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, hablar de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género para ser en este caso un país de igualdad, para que la democracia se refleje plenamente en un contexto de participación equitativa e igualitaria entre mujeres y hombres, en un verdadero desafío que no solo se alimente de voluntad política, sino de mucha sensibilidad.
Hacer visible y tomar en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres en todos los niveles, áreas y etapas de decisión, formulación, ejecución y evaluación de las políticas y acciones locales para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, requiere de unas asignaciones afirmativas puntuales como las que han sido el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y el Fondo de Fortalecimiento de las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (Fodeimm), el Instituto Nacional de las Mujeres, los cuales han sido punta de lanza para abrir muchas más posibilidades para las mujeres.
Tras muchos años de desigualdad de género todavía tuvieron que pasar más de 10 años para que nuestro país se hablara y pusiera en práctica los conceptos en comento, después de haber sido adoptados por la comunidad internacional. Esto no ha sido fácil tomando en cuenta que el problema es cultural e idiosincrásico. Pero entre otros obstáculos, los estereotipos y roles de género que han limitado a las mujeres por siglos, siguen perpetuándose en la sociedad y constituye un enorme reto el de ir contra la tradición muy enraizada de que las mujeres deban de seguir los mismos patrones del pasado.
La realidad de hoy es muy distinta y aunque muchas mujeres han decidido dar un salto al futuro -rompiendo los roles aportando más trabajo a la sociedad sobre todo en el ámbito público, demostrando su capacidad en cualquier oportunidad de desarrollo- aún falta mucho por hacer en favor de la mitad de la población de este país.
En apenas siete años, en los municipios tienen la posibilidad de diferenciar las políticas asistencialistas y crear un instituto municipal de la mujer que procure el adelanto de las mujeres, que eficientice el ejercicio pleno de los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo local.
Resulta indispensable exhortar al Instituto Nacional de la Mujer a que considere los candados establecidos en las reglas de operación 2012, así como de reconsiderar los logros obtenidos en estos últimos años cruciales para la lucha de la igualdad.
De nada sirve presumir la creación de mil 700 instancias si no tienen la posibilidad de continuar participando en la categoría del fondo y lograr año con año los objetivos establecidos por el mismo.
Para las diputadas y los diputados de Nueva Alianza es una prioridad el desarrollo local con enfoque de género, ya que del municipio se origina una parte del beneficio para la población del país. Establecer más políticas públicas como la planteada en este exhorto es mirar al futuro con un enfoque de igualdad.
Por todo ello, es indispensable que en esta honorable Cámara de Diputados y diputadas -histórica por la conformación por primera vez de casi el 40 por ciento de legisladoras- exista la suficiente sensibilización producto del contacto de la población con sus electores y electoras, quienes nos hicieron llegar a este recinto legislativo para tomar una decisión trascendental y se apruebe un punto de acuerdo en que la Secretaría de Hacienda reasigne los recursos no ejercidos por el Inmujeres, específicamente por el Fodeimm, de manera inmediata, para que en los municipios se ejecuten los proyectos. Las mujeres y el país nos lo agradecerán. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a duda uno de los temas más relevantes en materia presupuestal es el que tiene que ver con la transversalidad de la perspectiva de género.
En la proposición que se somete a nuestra consideración, se propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambos asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.
El Instituto Nacional de las Mujeres es una institución gubernamental cuy propósito se orienta a lograr una igualdad libre de violencia y de discriminación entre los géneros. Debe desarrollar políticas públicas que logren este propósito y que son llevadas a prácticas en los tres niveles de gobierno.
El Poder Legislativo federal ha apoyado el que se logre la igualdad entre los géneros. Entre los ordenamientos normativos se cuenta con la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros.
Y sin perder de vista la aplicación de tratados internacionales en materia de derecho de las mujeres y que conforme al nuevo contenido del artículo 1o. constitucional en relación con el 133 de la propia norma, cita: son ley suprema de toda la unión.
El problema es que los recursos presupuestales asignados al Instituto Nacional de las Mujeres para apoyar los programas que se comentan, son insuficientes.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la educación en la escuela y en el hogar, es el elemento fundamental para lograr la igualdad entre los géneros.
Es ahí, en el seno del hogar, en donde se debe de educar a los niños y niñas, en los principios de respeto, solidaridad y tolerancia. Sin embargo existen infinidad de arquetipos impuestos muchos de ellos desde los medios de comunicación, en donde a las mujeres se les considera sólo un estereotipo.
Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos, los municipios de la República mexicana constituyen el nivel de gobierno más directamente cercano a la población y desde ellos también se deben llevar a cabo políticas públicas a favor de la igualdad entre los géneros.
En consecuencia coincidimos con la propuesta planteada en el sentido de que los ahorros que se tienen en el presente ejercicio fiscal, sean reasignados al Instituto Nacional de las Mujeres.
Sabemos que hay muchísimas otras acciones que requieren recursos presupuestales adicionales, pero todo aquello que podamos hacer en el logro de la igualdad entre los géneros es también muy importante.
Por estas consideraciones, nuestro Grupo Parlamentario apoya la propuesta que se nos presenta. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Los avances que se han dado en materia de los derechos de las mujeres sin duda han sido el resultado de esfuerzos plurales de quienes han considerado que para alcanzar una sociedad más justa se requiere necesariamente generar condiciones de equidad.
El presupuesto de género ha crecido, pero en realidad apenas representa medio punto porcentual del total del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es un presupuesto insuficiente. Las mujeres somos más de la mitad de la población y además existen estudios y estadísticas que demuestran que la pobreza afecta de manera más severa a las mujeres.
La ejecución del gasto etiquetado en el Anexo 10 para la igualdad de género pasa por una serie de dificultades administrativas y burocráticas que en muchos casos no han permitido que se cumpla con los objetivos planteados y sirvan para disminuir las brechas de desigualdad en que viven muchas mujeres.
El día de hoy, mediante este exhorto, traemos aquí sólo un ejemplo para muestra de las trabas que han hecho que no se pueden ejercer cerca de 130 millones de pesos dirigidos a la implementación y fortalecimiento de mecanismos a nivel estatal y municipal encargados de impulsar políticas públicas transversales de género en esos órdenes de gobierno y por ende trabajar directamente con comunidades de mujeres que realmente lo necesiten.
Este recurso se ha quedado como subejercicio por la aberrante burocracia, a pesar de que hubo proyectos viales de acuerdo a las reglas de operación, lo que afecto especialmente a instancias de carácter rural e indígena que sin los escasos recursos que le otorga este fondo simplemente no tienen posibilidades de continuar sus trabajos en las comunidades de mujeres con las que trabajan.
Es importante destacar que tanto en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación como en las recientes reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos del anexo para la igualdad de género no pueden ser destinados para otro fin. Asimismo, la ley faculta a la Secretaría de Hacienda a hacer las asignaciones de recursos no ejercidos a programas que sean de carácter emergente y para el desarrollo social.
Exhortamos a la Secretaría de Hacienda que utilice las facultades que le competen e identifique los programas que dentro del gran abanico de partidas que el presupuesto tiene, esos recursos se entreguen realmente a las instancias que presentaron proyectos y por un requisito imposible de cumplir, no se ejercieron.
A nombre de Movimiento Ciudadano exijo al secretario de Hacienda que en este tema debe mostrar su voluntad política para hacer que estos recursos lleguen a sus destinatarias. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Con su venia, señor presidente. Estimados diputados y diputadas del Honorable Congreso de la Unión, por décadas, en México se ha dado una lucha intensa de las mujeres para que existan presupuestos etiquetados con perspectiva de género.
A partir del año 2000 esta Cámara de Diputados centró su atención en el gasto etiquetado para mujeres. En el 2008 se constituyó el Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para favorecer acciones y proyectos en ámbitos estatales y municipales.
El artículo 23, párrafo 10, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias versa: los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales.
En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.
De acuerdo con el último informe del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género que publica el Instituto Nacional de Mujeres, se desglosan los proyectos por entidad federativa y se observa, efectivamente, que no fueron entregados los recursos que se asignaron a los estados de Chiapas, de Guerrero, Michoacán y del Distrito Federal, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada, por ley, a subsanar el subejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional de las Mujeres, para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, y el Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad, Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En Chiapas se han desarrollado investigaciones, estudios y diagnósticos en esta materia. Se ha capacitado y se ha profesionalizado a los servidores públicos para atender a mujeres que viven en los 28 municipios de menor índice de desarrollo humano con temas como salud, educación, orientación psicológica y jurídica.
Asimismo, se crearon seis Casas de Tránsito, 20 Centros de Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, y tenemos 92 instancias municipales para fomentar y vigilar la equidad de género en todos los ámbitos y niveles de decisión de esta administración pública.
A través de la Fiscalía Especializada de Protección a los Derechos de la Mujer a cuatro años de su creación, más de 90 mil mujeres hicieron valer sus derechos y encontraron justicia, además un hecho que distingue a Chiapas es que todas sus fiscales son mujeres, y tres de estas mesas de la Fiscalía son especiales para atender a mujeres indígenas.
Sin embargo, al no recibir los recursos destinados se limita a favorecer las acciones y proyectos tendentes a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de la generación de microempresas para el fortalecimiento laboral y desarrollo económico.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde se suma a la solicitud de la diputada Aída Fabiola Valencia para que exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se nos informen las causas de estos subejercicios de los programas antes mencionados, y en caso de que no se hayan entregado los recursos a las entidades afectadas, se aclare el motivo por el cual no se ha efectuado tal pago, y sobre todo y más importante, solicitarle en el exhorto que si no lo han mandado a estos estados todavía, pueda etiquetarse para el ejercicio fiscal 2013. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna por tres minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros legisladores, como sabemos, el Presupuesto de Egresos de la Federación es una herramienta directa y poderosa de la que dispone el gobierno para expresar su programa económico, estableciendo en él asignaciones que muestran las prioridades que dan origen y que serán atendidas por la vía del plan de gastos.
En él se muestran cuáles son las prioridades sociales y económicas a las que se dará cumplimiento durante cada año, donde generalmente no se incluye la cobertura total de las demandas de las mujeres.
Desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha manifestado su compromiso histórico con las mujeres de México, reconociendo las necesidades específicas de ellas en todos sus espacios de acción y sus demandas sociales, para reducir las brechas de desigualdad que caracterizan a la sociedad existente.
Por lo anterior, para el Partido de la Revolución Democrática resulta fundamental impulsar y participar en la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, ya que de esta forma se asegura la visualización de las necesidades de los géneros que integran la sociedad, señalando que su aplicación puntual será la más clara muestra de la existencia de equidad y democracia.
Con los presupuestos con perspectiva se género se busca transformar las desigualdades existentes, distribuyendo y orientando de una forma más adecuada y equitativa los recursos. Su fin será detectar cómo el gasto público promueve u obstaculiza la equidad de género y a la vez determinar de qué forma los recursos presupuestales afectan o benefician a los hombres y a las mujeres que integran la sociedad.
Por ello, resulta preocupante el subejercicio de aproximadamente 130 millones de pesos que se incluían en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, titulado Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Cabe señalar que el logro de esta inclusión es el resultado de la persistencia y compromiso de las y los legisladores de las pasadas legislaturas, y particularmente de quienes han sido integrantes de la Comisión de Equidad y Género, con las niñas y mujeres del país.
Es alarmante el hecho de no ejercer recursos que beneficiarían a un sector de la población que es históricamente poco favorecido pese a su gran número y sus múltiples requerimientos de atención. El hecho de que se sospeche discriminación en la asignación a determinadas entidades federativas, como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal, de las que se informa que no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012, sobre todo cuando en ellas se concentra una fuerte necesidad de atención dada la concentración de población de pobreza y pobreza extrema y que se requiere entonces de una cobertura más amplia de atención para mejoras en sus condiciones de vida.
Por lo anterior y en respuesta al exhorto por el que se exige a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reasignen los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento de las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, el PRD, nuestro grupo parlamentario, se manifiesta positivamente y a la vez llama a pronunciarse en este sentido al resto de esta asamblea.
Sin mujeres no hay democracia. Vicente Lombardo Toledano. Muchas gracias, diputadas y diputados, por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del PAN siempre ha sido coherente con promover el respeto a la dignidad humana y con ello, el respeto al ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres.
Para nosotros, toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo debe ser rechazada, corregida y, en su caso, sancionada. Así, desde el Legislativo, hemos impulsado y apoyado con convicción el marco jurídico que hoy en día configura el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, baste decir que año con año las y los legisladores de Acción Nacional impulsamos más y mejores recursos para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.
Hemos sido artífices convencidos en lograr hoy la planeación nacional y el proceso presupuestal, tomen en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, y hemos impulsado leyes y mecanismos que promuevan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En Acción Nacional hemos siempre impulsado el desarrollo municipal, bajo la premisa de que el fortalecimiento de las políticas y acciones en beneficio de la sociedad debe partir desde lo local, y en ese sentido impulsamos que el mejoramiento y la implementación de políticas públicas a favor de la igualdad deba traducirse en acciones concretas, en este caso para el adelanto de las mujeres.
El Fodeimm es el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres, el cual es destinado para el fortalecimiento de dichas instancias. Corresponde hoy, a todas y todos los funcionarios públicos de las administraciones de los tres órdenes de gobierno, mejorar y dar cumplimiento a la aplicación eficiente de fondos como éste.
Poniendo en antesala lo anterior, hoy subo a esta tribuna para posicionar la opinión a favor del Grupo Parlamentario del PAN, del punto de acuerdo que hoy se discute, pronunciándonos por una reasignación eficiente y responsable de los subejercicios presupuestarios de los programas para la transversalización de la perspectiva de género en los estados y municipios.
Una reasignación en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome en cuenta la problemática de las disparidades en el acceso a los recursos para fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las diversas entidades federativas y municipios y las consecuencias reales ante las rigideces normativas a las que se enfrentan para acceder a ellos.
Compañeras y compañeros diputados, impulsemos en este ejercicio presupuestal, como una acción afirmativa que compense las rigideces de la normatividad para el acceso a estos recursos por parte de las entidades federativas y municipios, el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasigne los recursos subejercidos para la transversalización de la perspectiva de género a los órdenes de gobierno estatal y municipal que hayan resultado desfavorecidos, a fin de que atiendan y fortalezcan sus responsabilidades en la materia.
Tengamos presente que para lograr nuestra autonomía las mujeres necesitamos alcanzar la igualdad, no sólo en lo que respecta a las habilidades y oportunidades sino también en términos de la capacidad para hacer uso de ellas y ejercer nuestros derechos. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la tribuna, por 3 minutos, la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María del Rocío García Olmedo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el gobierno mexicano ha contraído una serie de obligaciones internacionales. Una de ellas es la IV Conferencia mundial de la mujer, que establece como una línea estratégica la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.
En la búsqueda de esa igualdad de oportunidades se han realizado reformas legislativas, programas de gobierno, políticas y presupuestos públicos, todo para alcanzar, en la transversalización de la perspectiva de género, ese desarrollo que requerimos nosotras las mujeres.
En México, a partir del 2008 se inicia la construcción de presupuestos etiquetados, sensibles al género. Con ello se empieza justamente a cumplir con lo establecido por la CEDAW, que dice, cito: “las decisiones del gobierno sobre sus políticas de ingresos y gastos no son neutrales en términos de género. Los presupuestos son declaraciones de política esenciales, que reflejan las prioridades sociopolíticas y económicas del gobierno. –Concluye la cita.
También pues, y a partir de ello se empiezan a aprobar reformas a la Ley de Planeación, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con una nueva etapa que se empieza a vivir en nuestro país y que tiene que ver con la figura de presupuestos etiquetados.
Es el caso que durante el 2012, este año que corre, se aprobaron una serie de recursos para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las entidades federativas y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Sin embargo no se han podido ejercer algunos de estos recursos, o porque las reglas de operación que se establecieron para su ejecución han sido incumplibles, o porque han existido tendencias a discriminar a determinadas entidades federativas, o porque también no fueron asignadas a las instancias municipales durante el periodo de vigencia estos recursos de los que se ha mencionado.
Por ello pues, y en virtud de que es necesario que se solicite la reasignación de todos estos recursos en términos de los propios ordenamientos de la materia y de que es prioridad en la agenda política del PRI avanzar en la igualdad sustantiva, el Grupo Parlamentario del PRI por mi conducto solicita a todas ustedes y a todos ustedes su voto a favor de esta proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por las razones expresadas pueda nuevamente reasignar los recursos a las entidades federativas que no recibieron el recurso de estos programas de manera homogénea, a los 32 estados de la república para el fortalecimiento y también a las instancias municipales de las mujeres, que también están ahí presentadas.
Por ello, compañeros y compañeras del PRI, acorde con nuestros compromisos en el PRI, consideramos que el compromiso por la igualdad se refleja en el presupuesto con una visión transversal. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Habiéndose agotado la lista de oradores voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot: Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros, diputadas y diputados, comparezco ante esta soberanía para someter a su consideración el problema urgente que aqueja a dos mil productores de caña en el estado de Veracruz.
En México más de 300 municipios producen caña de azúcar, esto en 15 estados del país; más de 165 mil productores y 2 y medio millones de mexicanos viven de forma directa o indirecta de la caña. Ésta aporta el 7.3 por ciento del producto interno bruto agropecuario y los cañeros aportan el 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional.
Estas cifras indican la importancia que tiene la caña de azúcar, razón por la que está considerada como producto básico y estratégico por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La crisis que argumentaban los empresarios, que además era recurrente, hoy ya no existe; el azúcar tiene precio, la caña también; por lo que incluso la producción de azúcar es pignorada antes del inicio de la zafra.
En esta zafra 2011-2012 en México se cosecharon 703 mil 761 hectáreas, se procesaron 46.2 millones de toneladas de azúcar y se produjeron más de 5 millones en 54 ingenios del país. Esto es tenemos azúcar suficiente.
La zafra 2011-2012 termino en mayo, a la fecha 52 de los 54 ingenios ya pagaron la liquidación final a sus productores, los 2 que faltan son de Veracruz, a saber el ingenio de San José de Abajo ubicado en la región de Córdoba y el ingenio Nuevo San Francisco ubicado en ciudad Lerdo de Tejada de la zona de donde proviene la de la voz.
El ingenio Nuevo San Francisco cosechó una superficie de 5 mil 800 hectáreas, molió 346 mil toneladas y produjo 28 mil 700 toneladas de azúcar, que si se multiplican por el precio oficial representan 304 millones de pesos suficientes para pagar los 60 millones de pesos que adeudan acerca de 2 mil cañeros en la región, mismos que a la fecha no han liquidado, no obstante que la zafra terminó desde el 28 de mayo, han transcurrido cuatro meses y el Grupo Azucarero Gargonz dueño del ingenio irresponsablemente violenta los derechos de los productores.
La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en su artículo 61 establece el sistema de pago. Ahí se define que los ingenios deberán pagar una preliquidación antes del término de la zafra y la liquidación final, 30 días después de haber finalizado la misma. El Ingenio Nuevo San Francisco terminó de zafrar el 28 de mayo. De acuerdo a la ley, la liquidación final se debió haber pagado el 28 de junio.
Sin embargo han transcurrido 120 días e irresponsablemente el Grupo Azucarero Gargonz no ha liquidado a los dos mil productores de caña. Esta omisión, compañeras y compañeros diputados, ha generado incertidumbre y desde luego movilizaciones sociales que desgastan a los productores. Incluso desde el pasado lunes decidieron apostarse a las afueras del ingenio en un plantón permanente hasta que les paguen sus liquidaciones.
Las disposiciones legales y el contrato establecen claramente que si una de las partes no paga en los términos contratados, tendrá que pagar además intereses moratorios –artículo 10, fracción II; y 50 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar-. Hay un adicional. Nos ha llovido sobre mojado en Veracruz y en aquellas zonas. Ha habido inundaciones y, aunado a esto, la falta de liquidez a los cañeros, la situación está complicada.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para que intervengan ante el Grupo Azucarero Gargonz –propietario del Ingenio Nuevo San Francisco-, para que pague inmediatamente la liquidación final de la zafra 2011-2012 y bueno, los productores afectados que no han recibido ese beneficio conforme a la ley, finalmente reciban el pago.
Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados.
Entrego el punto con las adecuaciones de estilo y demás, para su inserción, diputado presidente, en la Gaceta Oficial respectiva.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada, así se hará.
Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia y de conformidad con el artículo 113, numeral uno de la fracción I, del Reglamento, tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con el contenido del punto de acuerdo que la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presentó ante esta soberanía, relativo a exhortar al titular de la Sagarpa para que intervenga ante el Grupo Azucarero Gargonz, propietario del ingenio Nuevo San Francisco, ubicado en el estado de Veracruz, para que de inmediato se pague a los abastecedores de caña de esa central el importe de la liquidación final de la zafra 2011-2012.
La zafra aludida terminó el 28 de mayo del presente año y de acuerdo con el artículo 61, fracción II de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, debe pagarse a más tardar en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir del día de la terminación de la zafra.
Es decir, el plazo para pagar la liquidación final a los cañeros, terminó el 28 de junio del 2012, por lo que a la fecha han transcurrido casi cuatro meses de demora.
Es natural que los abastecedores de la gramínea a estas fechas enfrenten el problema de efectuar el pago correspondiente a los compromisos que contrajeron al inicio y durante la zafra y que calcularon pagar con el resultado del cobro de la liquidación en comento.
En ese sentido nos sumamos al exhorto de la compañera diputada para que mediante la intervención del titular de la Sagarpa se pague a los cañeros de inmediato el importe de la liquidación final comentada.
Por otra parte, es práctica usual en las relaciones comerciales e industriales, que cuando se incumple con los pagos programados se calculen y cubran asimismo, los intereses moratorios respectivos junto con el principal.
Más aún, el contrato uniforme de compra-venta y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar, señala en la cláusula octava, que “cuando el ingenio no cumpla en tiempo y forma con la entrega o entero de los importes que correspondan deberá cubrir al cañero intereses moratorios sobre el importe retenido no pagado”.
En el caso las condiciones supuestas se cumplen, por lo que es necesaria la intervención de las autoridades para la liquidación de la zafra y no se generen problemas a los abastecedores de caña. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su permiso, señor presidente. Señoras, señores legisladores: el cultivo de la caña de azúcar dio origen a un sistema agroindustrial que ocupa un lugar preponderante y trascendente en la actividad económica y social de México.
Esta actividad la iniciaron los conquistadores españoles y actualmente se ha creado toda una tradición productiva donde se cultiva y se procesa la caña en 61 ingenios ubicados en Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
La agroindustria cañera es de suma importancia para la economía mexicana. A pesar de la crisis presentada en los últimos años en nuestro país, la caña de azúcar ha sido una fuente importante de empleo directo e indirecto en las diferentes regiones cañeras del país.
Esta mano de obra es empleada para la ejecución de las labores de cosecha, transporte y siembra. Influye a su vez en las actividades propias del sector servicios, ya que proporciona ingresos a la población que toma parte en la economía de esas regiones agroindustriales durante los cinco meses en que se establece la zafra.
Aproximadamente 300 mil familias dependen directamente de dicha actividad. De éstas, 74 por ciento se ubican en el medio rural. Actualmente un número considerable de los trabajadores del agro nacional dependen del cultivo de la caña de azúcar; más de 136 mil productores de caña y más de 85 mil cortadores laboran en una superficie de cultivo de alrededor de 700 mil hectáreas, distribuidas en las 15 entidades federativas citadas, 90 mil jornales estacionales, 40 obreros de planta, cinco mil obreros eventuales y ocho mil empleados de confianza laboran en los 61 ingenios existentes en el país.
Los tres principales productores de azúcar en la república mexicana son Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, los cuales cubren 61 por ciento de la superficie industrializada de caña, 59.3 por ciento de la caña molida y 61.5 por ciento de la producción de azúcar.
Las regiones cañeras de Michoacán destacan por los altos rendimientos en campo, los cuales se estiman en 87 toneladas por hectárea y cerca del 12 por ciento en fábrica, mientras que el promedio en el ámbito nacional es de 72 toneladas por hectárea y 11 por ciento, respectivamente.
México se mantiene dentro de los 10 principales países productores de azúcar, de 15 en el mundo. La industria cañera veracruzana genera más de 100 mil empleos directos, lo que equivale a la tercera parte de los empleos directos de la industria cañera nacional.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que es una injusticia el que el grupo azucarero Gonza no cumpla con sus responsabilidades básicas dejando en la indefensión económica a los trabajadores de la caña.
Por lo anteriormente expuesto –concluyo, señor presidente- el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por tres minutos.
El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con su venia, señor presidente. Compañera diputada, comparto tu preocupación y mi grupo parlamentario también; lo comparto porque en Chiapas tenemos 6 mil productores que se dedican a la actividad azucarera, y a lo largo de los últimos años hemos luchado por la modernización del campo cañero chiapaneco.
Sin lugar a dudas, esta actividad repercute positivamente en la economía de los productores y representa una importante fuente de ingresos para las regiones azucareras del estado. Y si ellos se encontraran en un problema similar, ténganlo por seguro que en esta tribuna lo sabrían.
La industria azucarera es estratégica para el país, debido a los beneficios económicos que genera y la fuente de empleos que representa. Desgraciadamente, a lo largo de los años muchos han sido los esfuerzos de esta Cámara por destinar mayores recursos al fomento y rescate del campo mexicano. Gracias a estos esfuerzos algunos sectores han logrado desarrollarse por encima del promedio, como es el caso del azucarero.
Pero compañeros, de poco sirve que nos esforcemos tanto si los beneficios de todas estas políticas públicas y programas presupuestarios no llegan a nuestros productores. No se ven reflejados en los bolsillos de quienes trabajan en el campo, en la siembra y la cosecha, quienes aran la tierra y son dueños de ella.
Es indignante escuchar casos como el expuesto por nuestra compañera diputada. Indigna conocer casos de abuso a nuestros productores, pero para eso es esta tribuna, y por ello manifestamos el apoyo a la presente proposición con punto de acuerdo.
Los exhorto a revisar íntegramente la legislación aplicable ya que la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en temas como la junta permanente, evitan que los conflictos del sector puedan dirimirse sin llegar a judicializar el tema.
Sin embargo, las autoridades en la materia deben respaldar y hacer exigibles los derechos de los productores. En este caso, vulnerado por ello resulta procedente exhortar a la Sagarpa y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar su intervención a fin de generar las condiciones para que los productores reciban el justo pago por el trabajo que han realizado. Grupo Gargonz debe pagar los 60 millones que debe a estos productores más los intereses derivados de su omisión de pago.
Por lo tanto, que el gobierno federal por medio de Sagarpa sirva como mediador y vigile el respeto de los derechos de los productores que el Estado, mediante su facultad de administrador de justicia ante los tribunales competentes, obligue a Grupo Azucarero Gargonz, a cumplir con su obligación de pago, ya que la mejor forma de resolver los conflictos es por la vía del diálogo e impartición de justicia.
Reitero, mi grupo parlamentario votará a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra por tres minutos, la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Eva Diego Cruz: Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, la industria azucarera representa uno de los más valiosos activos para la economía veracruzana, en donde el 40 por ciento de la producción nacional de azúcar es elaborado en sus 22 ingenios cañeros, ingenios de los cuales depende la economía familiar de obreros, cañeros y cortadores así como de pobladores enteros que viven en torno a esta actividad.
Hoy existen más de dos mil afectados por la irresponsabilidad de los ingenios de Nuevo San Francisco y San José de Abajo, que no han realizado el pago de la liquidación correspondiente. Es cierto que nuestra industria cañera no cuenta con la infraestructura necesaria, como no lo cuenta el resto del campo mexicano, que como todos sabemos ha permanecido en el abandono por la falta de políticas públicas por parte del Ejecutivo federal.
Sin embargo, también es cierto que la producción de 28 mil 700 toneladas de azúcar produce un rendimiento de más de 304 millones de pesos, cantidad que resulta suficiente para realizar el pago de 60 millones a los cañeros en tiempo y forma. No es posible que nuestra gente, además de sufrir los embates a causa de los cambios climáticos, como la falta de lluvia, la lluvia a destiempo, la falta de fertilizante, la indiferencia de los gobiernos insensibles que hacen políticas de escritorio, desapegadas totalmente a la realidad social, tengan además que padecer la arbitrariedad e inconsciencia de los empresarios.
El Partido de la Revolución Democrática, fiel a su compromiso con las causas del pueblo, la nación y sus regiones, en la lucha incansable por construir una sociedad justicia, igualitaria, democrática, que tienda a suprimir todo tipo de discriminación y abuso hacia la clase más necesitada, le exigimos desde esta alta tribuna al Ejecutivo, al secretario de la Sagarpa y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, cumpla con su deber e intervenga para que el Grupo Azucarero Gonza, propietario del Ingenio Nuevo San Francisco, pague inmediatamente la liquidación final de la zafra 2011-2012 a los productores afectados, y congruentes con la responsabilidad que nos fue conferida por más de 15 millones de mexicanos deseosos de un cambio verdadero y la esperanza de un mejor futuro a las nuevas generaciones, manifestamos nuestro total rechazo a la reforma laboral.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego nos podamos apegar al tema, diputada.
La diputada Eva Diego Cruz: Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna por tres minutos, el diputado Víctor Serralde Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Serralde Martínez: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, nos encontramos ante un capítulo más de la historia de nunca acabar. Nada resulta más común en Veracruz que enterarse de empresarios de la industria azucarera que se ausentan del cumplimiento de las obligaciones contraídas con los productores que les suministran la materia prima de la cual obtienen sus ganancias.
El ingenio Nuevo San Francisco es una muestra ejemplar de las palabras que he referido. Ésta no es la primera vez que el Grupo Azucarero Gonza se ausenta del cumplimiento de sus obligaciones, y así entre ausencias y tardanzas y en solvencias y tecnicismos se continúa devaluando la cada día más precaria condición de vida de miles de productores que tributan su caña a ese ingenio.
La relación entre industriales y productores en este ámbito se encuentra regulada por un instrumento previsto en la ley aplicable en la materia denominada contrato uniforme. Las controversias que de él emanen, de acuerdo a la misma ley, deberán atenderse en la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
Debemos resaltar que una de las acciones del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, instrumentadas por el actual gobierno federal, ha consistido en promover la solución de controversias a través de una adecuada integración de dicha Junta, obteniendo resultados favorables para todas las partes en controversia.
Así pues, hablamos de una clara relación contractual entre particulares, industriales y cañeros, en la cual los esfuerzos que podamos hacer desde esta Cámara, se encuentran acotados a la exigencia del estricto cumplimiento de la ley y de los acuerdos que al amparo de ella hayan emanado.
Desde esta tribuna, hago saber que los diputados del PAN votaremos a favor del exhorto a las dependencias y entidades públicas competentes, para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la ley promuevan la resolución de la controversia en los ingenios Nuevo San Francisco y San José de Abajo.
Como hemos visto, la agroindustria de la caña constituye una actividad de alto impacto social y económico, sensible frecuentemente a circunstancias y coyunturas, como ésta que me trae a esta tribuna, en la cual es común que se dilate el periodo de liquidación, argumentando insolvencia, incapacidad o tecnicismo, pero cierto es que en esta cadena de producción, quien termina pagando los platos rotos es invariablemente el eslabón más débil, me refiero al productor cañero.
Por estos motivos, es necesario mantener una cercana observación del desarrollo y el desempeño de los actores dedicados a esta actividad, yendo más allá del exhorto que se discute quiero aprovechar la ocasión para reiterar la necesidad de crear la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar como lo solicitó, en el punto de acuerdo, el diputado José Soto Martínez, el pasado 25 de septiembre, a fin de que sea esa Comisión Especial quien conozca de estos menesteres y atienda con gran sentido social el ámbito en que se desarrolla.
Compañeros, no podemos permanecer indolentes ante el sentimiento de impotencia que viven en las casas miles de hombres y mujeres esperanzados en recibir lo que por derecho les corresponde.
Los legisladores de Acción Nacional no somos ajenos a esta realidad y nos solidarizamos en el justo reclamo de aquellos que habiendo trabajado la tierra hoy esperan la inmediata remuneración a que tienen derecho.
En una clara definición de nuestra postura exigimos la pronta resolución de las diferencias y la atención al pronto pago de las liquidaciones pendientes, tanto como de los intereses moratorios que se hayan generado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Serralde. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Con su venia, diputado presidente. Me permito subir a esta máxima tribuna para hacer una serie de precisiones en cuanto al tema que se tiene entre la empresa Gargonz y los trabajadores del ingenio Nuevo San Francisco.
Los diputados del PRI conocemos a fondo el tema y expresamos a los trabajadores de la caña nuestra solidaridad y apoyo irrestricto para la solución de este conflicto.
Sepan ustedes que no sólo el gobierno del estado de Veracruz está pendiente de esta problemática, los diputados del PRI, de Veracruz, también lo estamos y deseamos que este asunto se resuelva pronto y de manera pacífica.
Los trabajadores de la caña constituyen un eslabón muy importante en la cadena productiva de nuestro país.
Por tanto, es nuestro deber y obligación apoyarlos, por lo que en situación de conflicto o desacuerdos, como en este caso, nos solidarizamos con sus planteamientos. En Veracruz el apoyo al campo se palpa en varios aspectos, uno de ellos el apoyo a los trabajadores de caña.
Como prueba de ello es que se ha apoyado al dragado de 7 kilómetros del Río San Agustín, que afecta precisamente a la zona, con una inversión de más de 11 millones de pesos. Se han desazolvado más de 120 kilómetros de drenajes y zanjas que afectan escurrimientos naturales de los cauces.
Se desazolvó el canal abastecedor del ingenio que se vio obstruido y se han construido tinas y ollas para la captación de agua en la zona de abastecimiento de este ingenio.
Con todas estas acciones les digo a todos los cañeros veracruzanos que no están solos. El gobierno de Veracruz, los diputados del PRI y senadores estamos muy al pendiente de que sus reclamos sean atendidos con prontitud y certeza. Sabemos que es por vía pacífica el mejor resultado que se arroja.
Así pues, a todos los productores cañeros les exhorto para que busquemos juntos una solución a este conflicto y que el ingenio Nuevo San Francisco siga trabajando, siga produciendo caña de azúcar, que todos los que intervienen en esa cadena productiva se sigan beneficiando.
Además, considero que es necesario hacer reformas de fondo, creando sistemas que aseguren el financiamiento del campo cañero y la modernización de la industria.
Se deberá retomar la investigación para el mejoramiento, por ejemplo, de las variedades de caña, ya que en nuestro país existía el Instituto para el Mejoramiento de la Producción Azucarera, el IMPA, en donde se crearon varias –más resistentes a las plagas– especies, a las enfermedades, y sobre todo con una mayor reproducción de azúcar, los cuales fueron la base para las cuales variedades de Brasil y Australia. Desafortunadamente al desaparecer este instituto se perdió la investigación, por ello se hace necesario retomar muchas de estas acciones para vigorizar el campo cañero.
Se deberá también refundar el fideicomiso de maquinaria agrícola a la industria azucarera, que fue el que permitió mecanizar el campo cañero y crear el transporte actual para el acarreo de la caña, crédito que fue otorgado hace más de 20 años y que permitió la adquisición de camiones, de alzadoras y tractores que aún siguen funcionando en el campo. Vale hacer mención que los productores cañeros nunca quedaron a deber un solo pesos a este fideicomiso, para que no se hable de paternalismo.
Se debe revisar minuciosamente la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ya que la industria del piloncillo no está considerada dentro de ella, porque el campo mexicano es lo más importante para esta nación, porque nuestros ingenios constituyen una gran fortaleza para el desarrollo productivo de nuestro Estado, porque ustedes como nosotros seguiremos trabajando por el bien de nuestro país, porque amamos nuestra tierra y la que ella produce. Por todo esto y más nuestro apoyo y solidaridad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir que se abra el sonido del micrófono de la curul donde se encuentra el diputado Salvador Barajas del Toro, por favor.
El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle, por su conducto, a la diputada proponente un agregado en su acuerdo, en el cual podamos hacer un llamado a la Secretaría de Agricultura, a Sagarpa, para que invite a todos los ingenios azucareros del país, integrados en la Cámara de la Industria Azucarera, así como a los administrados por el gobierno federal, para que se apeguen a lo que marca la Ley Cañera, que en el término de los 30 días de que concluye la zafra sea pagado a los cañeros los dineros, resultado de su trabajo.
Esto debido a que si –como ella hace referencia– el ingenio que ella solicita no ha pagado los que sí han liquidado no lo han hecho en los tiempos que marca la ley. Por eso esta solicitud a través de usted, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en el micrófono de la curul donde se encuentra la diputada Yazmin Copete. –Ah, ¿no se encuentra la diputada? Ah, sí. Y le preguntaría si acepta la adición propuesta por el diputado Barajas del Toro.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Sí, diputado presidente, no tengo ningún inconveniente. Y haría la observación de que fue recurrente el nombre de Gonza, que es incorrecto, el grupo es Gargonz, para que se haga la corrección respectiva.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Haremos la corrección que corresponde en las comunicaciones oficiales. Con mucho gusto, diputada.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Gracias, diputado presidente.
El diputado José Soto Martínez (desde la curul): Presidente.
El Vicepresidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado José Soto.
El diputado José Soto Martínez (desde la curul): Nada más para pedirle a la diputada, que agregue también no solo a la Secretaría de Sagarpa, puesto que en el comité de la Agroindustria Azucarera que está compuesto por las organizaciones nacionales, está compuesta también por la Secretaría de Economía y de Sagarpa para que se le pague a estos señores y que no hagan lo que han hecho siempre. Ellos lo saben, que venden los ingenios, los expropian, los vuelven a vender, les prestan dinero, y ni pagan el dinero, no pagan ni el ingenio, ni pagan el dinero que les prestan y luego todavía se quedan con la producción de los cañeros y que tienen la obligación de dar crédito; no les dan crédito y luego todavía se quedan con su producción.
Le pido a la diputada que agregue, por favor, también que intervenga la Secretaría de Economía y que le agregue también esa historia que ha habido de la agroindustria azucarera durante todo lo que tiene, de que lo expropian, lo venden, los expropian, los venden y siempre los quiebran, el que sufre es el cañero que tuvo que quemar todas sus cañas en época de Roque Espinosa Foglia para lograra un decreto, después nos lo derogaron y ahora tuvimos que hacer una ley a sustituir al decreto, que afortunadamente se logró. Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Preguntaría a la diputada Yazmin Copete si acepta que se agregue también a la Secretaría de Economía en el texto de la redacción final.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Sí, diputado presidente. No tengo ningún inconveniente que se agreuge también el exhorto a la Secretaría de Economía del gobierno federal.
El Presidente diputado José González Morfín: Muy bien. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada con las adiciones...
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Salvador Arellano.
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Sí, diputado presidente, solicitarle que le pregunte a la diputada proponente de esta iniciativa, la posibilidad de formar un grupo plural de diputados para que sean recibidos por el secretario de Agricultura y que él mismo llame a los dueños de los ingenios para que puedan pagarle a los productores.
Yo estoy cierto que esta propuesta es buena para todo México, pero se necesita llevar esta propuesta a un puerto feliz y de esta manera sería en el cual los productores pudieran recibir su pago. De otra manera simplemente va a ser un simple exhorto que no va a tener a los productores de una u otra manera contentos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Considero que sí es ya competencia de la Junta de Coordinación Política el proponer, como creo que lo harán en la próxima semana, la integración de las comisiones que correspondan.
Creo que por lo que corresponde a esta propuesta, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta presentada, con los agregados que ya hizo suyos la promovente.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Benjamín Castillo Valdez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en relación con la homologación del costo de llamadas en el valle de Mexicali y en el estado de Tlaxcala.
El diputado Benjamín Castillo Valdez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El pasado 20 de julio de 2011 la Comisión Permanente aprobó el dictamen relativo a la necesidad de homologar los costos de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen clave 658, para que fueran consideradas como llamadas locales, mismo que fue presentado por el entonces senador y hoy diputado federal, nuestro amigo Fernando Castro Trenti.
Como se puede observar, el tema es de considerar las tarifas de larga distancia. En algunas partes del país ha estados siempre presente en la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional.
Debido a que sus características y necesidades únicas existen en zonas del país en las que es menester apoyar a la población con medidas de este tipo y que sin embargo no hemos encontrado respuestas satisfactorias por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Por esta razón es que el día de hoy se recuerda el punto de acuerdo que se presentó el año pasado sobre la homologación de las tarifas en las llamadas realizadas en las comunidades del valle de Mexicali, ya que se exhortó a las autoridades federales a fin de que tomaran medidas para aliviar esta situación de todos los habitantes de esa zona.
Por los resultados que obtuvimos por lo ocurrido el 4 de abril, el terremoto del 2010, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades exhortadas, no obstante que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Comisión Permanente, ya ha pasado más de un año desde que se hizo la petición.
La cuestión es que por ejemplo, para realizar una llamada telefónica desde la capital estatal al puerto de San Felipe, ésta se cobra como local, mientras que en la zona norte del valle de Mexicali que en kilómetros de distancia está más cerca de la ciudad, la llamada se realiza como larga distancia nacional.
Esta situación afecta doblemente a los bajacalifornianos, primeramente porque consideramos que el manejo de distintas tarifas telefónicas en una zona o en una misma zona resulta discriminatorio y en segunda instancia porque debido a este acto inequitativo se afecta la economía de los ciudadanos del lugar.
Pero éste no es el único caso en el que las llamadas telefónicas que debieran considerarse como locales se cobran como larga distancia y como ejemplo podemos mencionar el caso específico del estado de Tlaxcala, un estado muy pequeño territorialmente hablando, con poco más de 4 mil kilómetros cuadrados, que sin embargo cuenta con 52 claves de larga distancia distintas.
También otro estado que sufre las mismas consecuencias, es en el municipio de Cajeme, en Sonora, que también es un municipio pequeño el cual también está afectado, en donde son dos claves de larga distancia, siendo un municipio tan pequeño que puede hacer solamente llamadas locales.
Situaciones como las anteriormente expuestas han sido resueltas favorablemente para los usuarios de servicios telefónicos. Recordemos que hasta hace algunos años las llamadas que se realizaron desde el centro de la Ciudad de México hacia las delegaciones alejadas, como por ejemplo Milpa Alta y Tláhuac, o los municipios conurbanos del estado de México, tenían un costo de larga distancia y como fue creciendo y se ensanchó la mancha urbana, fueron cobradas como llamadas locales.
Si esta situación pudo resolverse en la capital del país, no vemos impedimento para que no pueda hacerse lo mismo a favor de los bajacalifornianos o de los ciudadanos de Tlaxcala o de Sonora.
Por esto se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión de Telecomunicaciones a que de manera inmediata cumplan con el acuerdo aprobado por el Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen clave 658 y éstas sean consideradas como llamadas locales.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que de manera inmediata efectúe los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en las llamadas telefónicas realizadas en aquellas comunidades del país que por su disposición geopolítica debieran ser consideradas como llamadas locales, en especial las comunidades del estado de Tlaxcala y del municipio de Cajeme, en Sonora.
Señor presidente, en atención a lo dispuesto en la fracción IV del númeral 1 del artículo 113 del reglamento de la Cámara de Diputados y como promovente, me permito presentar el resolutivo tercero.
Tercero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que conjuntamente con la Cámara de Diputados se cree un grupo de trabajo para darle puntual seguimiento a lo establecido en este acuerdo hasta su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto de considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión y para los efectos del artículo 113 tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el tema de la homologación de las tarifas del servicio telefónico es un asunto recurrente y poco atendido por las autoridades de diferentes instancias del servicio público.
El día de hoy se trata de reconocer una sola tarifa en el servicio de telefonía en Mexicali, así como en Tlaxcala. No obstante, el problema fundamental no radica en reconocer los problemas e irlos subsanando sobre la marcha, más bien se trata de adecuar estrategias que complementen la prestación de estos servicios a precios justos.
Es muy cierto decir que el presente punto de acuerdo busca resarcir el problema que genera inequidad y discriminación en el trato brindado a dichas poblaciones. Esta situación, así como muchas otras, pueden ser prevenidas desde la perspectiva de cuidar la economía y la condición social de los usuarios.
Para el caso que nos ocupa el cobro de distintas tarifas en apenas unos kilómetros de distancia de Mexicali, lacera de forma considerable la economía de cada persona que radica en esta ciudad.
Hemos de decir que por el simple hecho de hacer cobros dentro de una pequeña región con distintas tarifas, obliga a que las personas usuarias de este servicio tengan que desatender algunas necesidades básicas.
No es extraño, entonces, que veamos a jóvenes, amas de casa, trabajadores a ser orillados a reducir sus gastos en alimentos, pasaje, materiales para la escuela y algunos otros servicios públicos como consecuencia de tener que pagar un importe mayor en el cobro del servicio telefónico.
Y por si fuera poco resulta inaceptable que de manera irrisoria, habitantes de las regiones, incluso de estados como lo es el estado de Tlaxcala, se vean sometidos al designio de una empresa que hace su agosto al cobrar hasta 52 claves distintas de larga distancia dentro del estado más pequeño de la república.
Lo que es más vergonzoso, es que a pesar de que se han logrado acuerdos que buscan beneficiar de manera inmediata a los pobladores de estas zonas, no se consigue entrar en razón a los altos funcionarios de estas empresas.
A mediados del año pasado, la Comisión Permanente aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para homologar los costos de las tarifas telefónicas en Mexicali. Pero sin embargo, estas disposiciones se las pasaron por el arco del triunfo.
De igual manera, las condiciones del estado de Tlaxcala se han olvidado y no han sido atendidas. De manera urgente es necesario llevar a cabo un estudio que proponga no sólo las modificaciones tarifarias, sino que en el futuro prevenga semejantes situaciones en éstos y otros estados de la República.
Finalmente, compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos un enérgico reclamo a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por el caso omiso a dichos exhortos y conminamos que a la brevedad posible se implementen las medidas para regularizar esta penosa situación por la que pasan los habitantes de esas pequeñas regiones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, por tres minutos.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, como miembro de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, ante ustedes vengo a exponer el posicionamiento al punto de acuerdo en relación a la homologación del costo de llamada de las comunidades del Valle de Mexicali.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a que de manera inmediata cumplan con el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, del día 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del Valle de Mexicali que tienen la clave Lada 658, y éstas sean consideradas como llamadas locales.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a que de manera inmediata efectúen los estudios y acciones pertinentes destinados a eliminar la categoría de larga distancia en las llamadas telefónicas realizadas en aquellas comunidades del país, que por su disposición geopolítica deberían ser consideradas como llamadas locales, en especial en las comunidades del estado de Tlaxcala.
Durante años todos los mexicanos hemos sido víctimas de las altísimas tarifas en telefonía autorizadas por la Cofetel a Telmex, esta empresa ha tenido desde su creación poder en tres áreas principalmente; origen de llamadas, tránsito local, arrendamiento de enlaces dedicados y terminación de llamadas fijas.
Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el 5º lugar de países con telefonía más cara, es decir, nuestro país tiene tasas aún más elevadas que muchos países desarrollados donde el ingreso per cápita es abismalmente mayor.
El monopolio telefónico, a través de la fijación de precios artificiales, ha causado daños por 6 mil millones de dólares cada año a los habitantes que utilizan este servicio. En el caso de homologación de larga distancia se han tenido casos como el de 125 municipios en el estado de México, el del Valle de Orizaba, Fortín y Córdoba, o el que ahora se presenta del Valle de Mexicali. Resulta urgente la resolución de este tema que incurre en pérdidas económicas para los habitantes de la región.
En Movimiento Ciudadano pedimos ir más allá. Es necesario terminar de raíz con todos los atropellos que realizan por parte de Telmex de manera descarada a los consumidores. No podemos permitir que se sigan creando tarifas artificiales debido a la falta de competencia en el sector de telecomunicaciones.
Quienes vivimos en la frontera y conocemos las tarifas de otros países, del otro lado como Estados Unidos, sabemos que son homogéneas y que lo mismo te cuesta, en tarifa, hacer una llamada a una ciudad o estado del mismo país vecino, cosa que no sucede en nuestro país.
Ya basta de pagar cuotas monopólicas que no reflejan el costo real del servicio telefónico. Exigimos que se tomen medidas necesarias para poner punto final a este problema.
Concluyo, señor presidente. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra por tres minutos, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. La bancada del Partido Verde considera que la justicia es un valor supremo que siempre debe de estar vinculado con la igualdad, es decir, justicia para todos y sin distingos. En este tenor se honra a la república.
En este sentido, el Estado debe estar siempre presto a regular, entre otras circunstancias, el equilibrio en el mercado, eliminando abusos. Para consolidar precisamente ese fin, el Poder Ejecutivo tiene entre sus órganos de influencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quienes tienen dentro de su ámbito de influencia la competencia de evitar los abusos acontecidos, motivo de esta intervención.
El 20 de julio de 2011, la Comisión Permanente del Senado aprobó el dictamen relativo a la necesidad de homologar el costo de las llamadas de las comunidades del Valle de Mexicali que tienen la clave lada 658, para que fueran consideradas como llamadas locales.
La intención fue promover el fomento económico de las comunidades del Valle de Mexicali, procurando ahorro ante la presencia de un problema que aqueja a los pobladores de aquella zona del estado de Baja California.
El tema radicó en lo incrédulo del supuesto de realizar llamadas dentro del mismo municipio y cobrarlas, por las compañías telefónicas, como de larga distancia.
En su momento se planeaba que esta situación lesionaba la economía de muchos jóvenes estudiantes que se trasladan del valle de Mexicali a la capital del estado para realizar sus estudios y que al comunicarse con sus familiares están obligados a pagar llamadas de larga distancia.
Pero no únicamente afecta a los jóvenes estudiantes, también a sectores como el médico y al agroindustrial, ya que para el desarrollo de sus actividades tienen que hacer llamadas constantes, ya sean entrantes o salientes, ubicadas en esta zona excluida.
Actualmente son nueve de las catorce delegaciones municipales que comprenden el área territorial del municipio de Mexicali que se ven afectadas, algunas de ellas, parcialmente.
La población que se vería beneficiada por esta medida en el valle de Mexicali son aproximadamente 120 mil habitantes. Esta propuesta de urgente resolución también incluye a Tlaxcala, que tiene 52 claves de larga distancia. La misma situación se presenta en el municipio de Cajeme en Sonora y hace unos momentos, en pláticas con mi compañero diputado de bancada, Felipe Arturo Camarena y el diputado aquí presente, Fernando Bribiesca, me comentaban que en Celaya, Guanajuato se presenta la misma situación.
Situaciones como las antes descritas se han resuelto en el Distrito Federal y en el estado de Veracruz. Esto es, a todas luces, injusto y dista de los principios de un mercado en el ramo de las comunicaciones sin distorsiones.
Por ello, desde esta tribuna, la más alta de la nación y en pro de la gente de mi estado, el de los estados hermanos de Tlaxcala, Sonora y Guanajuato, es que en mi carácter de representante popular exigimos, sin dilación, la respuesta positiva al acuerdo previamente aprobado en la Comisión Permanente del Senado, para que se homologue el costo de las comunicaciones telefónicas en las comunidades rurales o de zonas conurbadas para que en consecuencia sean consideradas como locales y no de larga distancia.
La bancada del Partido Verde respalda la propuesta de mi diputado amigo, Benjamín Castillo Valdez, porque solamente así creeremos que se puede retomar el orden económico y de justicia social, vulnerado hasta este instante. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por 3 minutos.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, señor presidente. Legisladoras y legisladores, vengo en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a manifestar el sentido de nuestro voto respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali y de Tlaxcala, para que sean consideradas locales, a cargo del diputado Benjamín Castillo Valdez.
Consideramos necesario que cumpla con el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de estas comunidades de Mexicali, que tienen calve 658, y que sean consideradas como llamadas locales.
Asimismo que se efectúen los estudios y las acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la llamadas de estas comunidades ya mencionadas, asimismo para que se revisen los casos de Tlaxcala y del municipio de Cajeme, Sonora, así como todos los que se encuentren en esta misma situación.
¿Por qué lo consideramos necesario? Porque afecta a los pequeños y medianos empresarios fundamentalmente, es un tema también de productividad, asimismo a los demás rubros de la economía en esta localidad, lesiona también la economía de los bajacalifornianos en general, fundamentalmente a los jóvenes que tienen que moverse por razones de estudio o de empleo, da además esta situación un trato discriminatorio a estas localidades y resulta mayormente gravoso para la zona rural.
Contamos con antecedentes donde se han resuelto favorablemente a los usuarios este tipo de casos, como es –para citar algunos ejemplos– los de algunas delegaciones de la Ciudad de México. Sin duda el Partido de la Revolución Democrática comparte esta solicitud, donde se exhorta a la SCT y a la Cofetel a homologar estos costos y que se haga este estudio a fondo.
Creo que es necesario, creemos que es necesario que la estabilidad que tanto se presume a nivel macroeconómico llegue ya a los bolsillos de las familias y que permita ahorros en este sentido para que puedan tener mayores posibilidades de acceso a una vida digna, donde cada vez es más agobiante el tener pagos y pagos que realizar, que va siempre en detrimento de las clases que menos tienen.
Sabemos que en estos tiempos comunicarse no es una opción, es una necesidad. Es por ello que nos preocupa mucho que haya una nula atención, que haya habido una nula atención a este tema y nos preocupa aún más que estos exhortos que resultan de esta soberanía se vuelvan solamente ejercicios de oratoria en esta tribuna.
Es necesario que se retome con seriedad, con prontitud; y que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo haga caso de nuestros exhortos. No es posible que estemos planteando uno y otro tema, y no es en sólo este caso, que quedan rezagados, que quedan solamente como declaratorias en esta tribuna.
Es necesario que el Poder Ejecutivo pueda atender nuestros exhortos y que podamos resolver las problemáticas de las diversas comunidades de nuestro país. Por todo lo anteriormente expuesto expresamos nuestro voto a favor. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Genaro Carreño Muro: Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, señoras y señores legisladores, en nuestro grupo parlamentario estamos convencidos que las telecomunicaciones son trascendentales para nuestro país; hoy en día los ciudadanos requieren de los servicios de telefonía, telefonía para atender una infinidad de necesidades como lo son servicios públicos, educativos, de salud, financieros, bancarios, entre otros.
Esta interacción se presenta en zonas donde existe un constante movimiento entre los habitantes de municipios vecinos, como es el caso del estado de Tlaxcala o citado problema de Mexicali en Baja California. Es trascendental que la Comisión Federal de Telecomunicaciones considere a la consolidación de áreas de servicio local a fin de favorecer la economía de los usuarios que requieren comunicarse constantemente a través de los servicios telefónicos.
Acción Nacional también ha presentado propuestas en este sentido a través de la diputada Adriana Dávila en el 2006, presentado un punto de acuerdo para reducir las claves lada asignadas al estado de Tlaxcala, el cual se dictaminó favorablemente; sin embargo hasta la fecha no se ha podido favorecer a los habitantes de la entidad.
En nuestra plataforma política de nuestro partido tenemos como propuesta la imperiosa necesidad de atender y defender los derechos de los usuarios, de los servicios de telecomunicaciones por constantes abusos que existen en este sector por parte de los operadores.
Nuestro grupo parlamentario considera necesario una revisión para la consolidación de áreas de servicio local en regiones del país, con la finalidad de disminuir los pagos excesivos que ocasionan las llamadas telefónicas de larga distancia cuando por la ubicación geográfica entre regiones se desprende que existe cercanía y una alta interacción social económica y política.
Entendemos que la consolidación de las áreas de servicio local deberá coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, de los programas y planes que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que junto con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sobre todo, deberán promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país
Fomentar la sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de este sector, a fin de que los mismos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social. Hoy nuestros ciudadanos nos demandan más y mejores servicios, con bajas tarifas y sobre todo una mayor cobertura.
Entendemos que nuestro sector presenta complejidades con los diferentes operadores; pero, sin duda, debemos confiar en nuestras autoridades, las cuales deberán resolver la problemática que se genera en el sector.
Compañeros, legisladoras y legisladores, debemos ser respetuosos de las disposiciones oficiales en la materia. Nuestros órganos reguladores deben aplicar con estricto cumplimiento de las normas jurídicas que marcan las leyes en la materia.
Sabemos que la Comisión Federal de Telecomunicaciones está trabajando para derogar los lineamientos y para modificar las áreas de servicio local que son las zonas geográficas en las que se divide el país para la prestación de servicios de telefonía básica. En consecuencia emitirá nuevos lineamientos que permitan iniciar una nueva etapa de reducción de áreas de servicio local.
Con lo anteriormente señalado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, votará a favor de la propuesta considerando que es urgente la consolidación de áreas de servicio local en áreas del interés pública que se manifiesta, en los diversos municipios de la República mexicana a fin de beneficiar principalmente a las familias más necesitadas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene finalmente la palabra la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo: Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Como representantes populares debemos insistir en la necesidad de promover el comercio económico de las comunidades no sólo en mi estado, Baja California, sino en todas aquellas localidades del país que se encuentran en situaciones geopolíticas particulares, como los casos de Tlaxcala y Sonora.
El tema que se está tratando el día de hoy ante este pleno es la mayor importancia y es necesario que las autoridades exhortadas den solución pronta y eficaz a los reclamos de la sociedad que se ve afectada por esta situación.
Además de lo mencionado por mi compañero y amigo diputado Benjamín Castillo, es importante señalar que esta situación lesiona la economía, las relaciones sociales y familiares de todos los mexicanos, puesto que en el caso de los más vulnerables se ven en la necesidad de trasladarse de sus localidades a otras para estudiar o trabajar, al intentar comunicarse con sus familias están obligados a pagar llamadas de larga distancia, aun cuando su traslado sea dentro del mismo municipio o se encuentren muy cerca de sus hogares.
Los legisladores debemos procurar el respeto a los derechos de los ciudadanos, así como cuidar la economía de los consumidores y en este sentido debemos atender las quejas que se generan en situaciones específicas.
Asimismo con su apoyo avanzaremos en la promoción, impulso, fortalecimiento, así como en la consolidación de políticas concretas, específicas y viables que buscan fomentar la competitividad en el largo plazo y que ésta se traduce en una mejora de bienestar de la sociedad.
Estamos convencidos de que un paso importante en esta materia pase por asegurar la comunicación entre individuos y regiones, mediante la adecuación a la realidad, dinámica económica y social que se vive, adaptando las tarifas en telecomunicaciones a fin de asegurar el acceso de todo mexicano a sus derechos de comunicación y de integrar social, económica y familiar.
Por esto acudimos el día de hoy a la más alta tribuna del país para solicitar su apoyo en la aprobación de esta proposición con punto de acuerdo y su solidaridad con el pueblo de México, pues estoy segura de que muchos de ustedes, compañeros, conocen y han vivido dentro de sus propios estados, situaciones como ésta.
Además es importante la aprobación de este acuerdo pues no es la primera vez que un grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha planteado en el Congreso de la Unión, la problemática antes descrita.
Me parece, compañeros, que es momento de hacer efectiva nuestra representación popular, demostrando que sin importar colores o ideologías, podemos llegar a los acuerdos que permitan alcanzar el bien común. Muchas gracias y buenas tardes, con permiso.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con los dos resolutivos publicados en la Gaceta Parlamentaria, dado que el tercero de ellos, propuesto por el promovente, el diputado Benjamín Castillo, será turnado a la Junta de Coordinación Política. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese. El tercer resolutivo propuesto en adición, se turna a la Junta de Coordinación Política, para la atención respectiva.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Primero. La Cámara de Diputados formula 68 preguntas al Presidente de la República para que amplíe la información relativa al informe que sobre la situación que guarda la administración pública federal presentó al Congreso de la Unión el primero de septiembre de 2012.
Segundo. El total de preguntas parlamentarias a que se refiere el punto anterior se distribuirá entre los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados en la siguiente proporción: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 16 preguntas; Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 16 preguntas; Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 16 preguntas; Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ocho preguntas; Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, seis preguntas; Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, seis preguntas; Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, cuatro preguntas.
Tercero. Las preguntas que formulen los grupos parlamentarios cumplirán con lo siguiente:
1. Deben solicitar expresamente que se amplíe la información contenida en el Sexto Informe de Gobierno.
2. Cada pregunta deberá referenciarse con el área temática a la que corresponda y agruparse en torno a dicha área temática, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Cada pregunta podrá ser precedida por una introducción que sirva para generar un marco de referencia que permita que las respuesta sea concreta y puntual. Cada pregunta deberá ser redactada de manera institucional en forma clara y concisa para que pueda recibir una respuesta en los mismos términos. Cada pregunta deberá concretarse a un único asunto para que pueda ser contestada en términos precisos.
4. Los grupos parlamentarios remitirán a la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política, en medio impreso y electrónico, las preguntas parlamentarias que les correspondan conforme al punto segundo de este acuerdo, antes de las 19:00 horas del día 4 de octubre del 2012.
5. Concluido el plazo a que se refiere el punto anterior, la Junta de Coordinación Política calificará e integrará las preguntas propuestas por los grupos parlamentarios con el objetivo de remitirlas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de septiembre de 2012.
Diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada secretaria. Al no haber ninguna intervención solicitada, voy a pedir a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados: en términos del artículo 100 del reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que en este momento se pida a la secretaría que se registren para la próxima sesión.
Del mismo modo, ruego a mis compañeras y compañeros diputados que tenían intervenciones solicitadas en las efemérides inscritas en la agenda de hoy que nos las hagan llegar para que sean publicadas íntegramente en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente diputado José González Morfín (15:35 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 28 de septiembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.
---o0o---