Comunicaciones
Retiro de iniciativas de diputada
De la Cámara de Senadores, con acuerdo sobre niñez
De la Secretaría de Gobernación, con solicitudes de permiso, informes y respuestas
Del Intituto Nacional de Estadística y Geografía, con informe 2012
De la Secretaría de Hacienda, con informe sobre el SAT
Protesta como diputadas de Milkdret Marina Verde Avendaño y Damaris Osorno Malpica
De la Cámara de Senadores, con minutas
Minuto de silencio por el fallecimiento de Soraya Jiménez Mendívil
De los Congresos de Chihuahua y Michoacán, con iniciativas
Agenda política
Comentarios relativos al día Mundial de la Concientización sobre el Autismo
María Sanjuana Cerda Franco, NA
María del Carmen Martínez Santillán, PT
José Francisco Coronato Rodríguez, MC
Carla Alicia Padilla Ramos, PVEM
Elizabeth Vargas Martín del Campo, PAN
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de 14 dictámenes
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y en lo particular
Dictámenes de iniciativas en sentido negativo
Proposiciones de diputadas y de diputados
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
María Guadalupe Mondragón González, PAN
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, PVEM
José Alberto Benavides Castañeda, PT
Celia Isabel Gauna Ruíz de León, PRI
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno de proposiciones a las comisiones correspondientes
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 276 diputados y diputadas; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: (11:08) Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la diputada Gabriela Medrano Galindo oficio por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Equidad y Género, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 27 de noviembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo aprobado por el que propone trabajar en conjunto y de manera coordinada, con el objeto de crear una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, acorde con el marco constitucional mexicano.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos mexicanos puedan aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas, e informa de los que han dejado de prestar servicios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe anual de Petróleos Mexicanos correspondientes al ejercicio 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación oficios con los que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a los promoventes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite informe de actividades y resultados 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el se que informa que en el mes de febrero de 2013 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Solicitud de licencia de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a consideración del pleno los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, a la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Solicitud de licencia del diputado Juan Manuel Diez Francos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a consideración los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia al diputado Juan Manuel Diez Francos, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el décimo quinto distrito electoral del estado de Veracruz, del 5 de abril al 30 de julio de 2013.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le desea a la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, mucha suerte en todo lo que vaya a emprender. Y en cuanto a don Juan Manuel Diez Francos, queremos reconocerle su presencia en esta Cámara, su bonhomía, su buen compañerismo y también expresarle nuestros mejores deseos en las tareas que vaya a emprender.
Aprobados. Comuníquense, la licencia de este último.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se encuentran a las puertas de este recinto, las ciudadanas Milkdret Marina Verde Avendaño y Damaris Osorno Malpica, diputadas federales electas en el III y XII distritos electorales de los estados de Quintana Roo y de Veracruz, respectivamente.
Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la propuesta de ley para entrar en funciones a don Adán Ruiz Gutiérrez, a Mariana Dunyaska, a Conchita Ramírez Diez Gutiérrez, a Leonor Romero Sevilla, Aurora de la Luz Aguilar, Alliet Mariana Bautista, a Rosario de Fátima Pariente, a Claudia Elena Águila Torres, a Francisco Coronato y a doña Lucila Garfias para que las acompañen en el acto solemne de rendir su protesta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadanas Milkdret Marina Verde Avendaño y Damaris Osorno Malpica, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Las ciudadanas Milkdret Marina Verde Avendaño y Damaris Osorno Malpica: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Bienvenidas, diputadas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Gobernación y de Justicia para su dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Víctimas; y por el que el que se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, señor diputado? Don Gerardo Liceaga, mexiquense, deportista, cronista.
El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. Con el objeto de pedir un minuto de silencio por una atleta mexicana, destacada, campeona olímpica, orgullosamente la primera mujer que conquistó una medalla de oro para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Y sí, yo que la conocí, quiero decirle que fue una mujer que verdaderamente sufrió para conseguir esta medalla. Y si hay alguien a quien le podemos brindar respetuosamente un minuto de silencio sería a Soraya Jiménez Mendívil, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia obsequia la petición. Vamos a guardar un minuto de silencio por la destacada medallista mexicana, Soraya Jiménez, que en paz descanse.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron del Congreso del Estado de Michoacán las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:
1. Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
2. Que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ambas, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Tiene el uso de la palabra, doña María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia; señoras legisladoras, señores legisladores. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera un gran acierto que esta jornada mundial de la concientización sobre el autismo se haya programado en el apartado de Agenda política de esta sesión de la Cámara de Diputados, porque de esa manera se reconoce la trascendencia de este problema social que no puede, ni debe reducirse al ceremonial de una efeméride que cae en el olvido al otro día de su celebración.
En este recinto parlamentario debemos hacer propicia esta ocasión para establecer un amplio compromiso político, cuyos objetivos se propongan ofrecer una atención integral a la población de todas las edades que padecen autismo.
El autismo es un problema de salud que afecta alrededor de 37 mil niños en México, quienes carecen de atención suficiente debido a la ausencia de políticas públicas en la materia. La condición de los niños que padecen autismo es de una gran vulnerabilidad y afecta también a sus familias.
En ese sentido, resulta de una gran importancia que la Cámara de Diputados asuma el reto y el compromiso de analizar, debatir y procesar un problema que obliga a plantear respuestas urgentes.
Debe destacarse la labor de las organizaciones de la sociedad civil que han puesto de relieve un tema que se había mantenido a la zaga. Es un gran logro que en México se haga eco a la convocatoria mundial para desarrollar una campaña de concientización sobre el autismo y su dignificación social. No obstante esta noble tarea de la sociedad civil organizada, debe constituirse un acicate para que los poderes públicos desarrollen una política integral al respecto.
Como otros problemas de salud que generan discapacidades, el autismo debe ser visto bajo la óptica de los derechos humanos. El reto para la Cámara de Diputados es incluir este tema en las propuestas de reformas legislativas que se enfocan a plantear soluciones para las demandas totalmente justificadas de los grupos vulnerables.
Es importante que en México se desplieguen los esfuerzos necesarios para identificar y caracterizar el problema del autismo. Tenemos que afrontar este asunto con una mentalidad abierta, con la perspectiva de inclusión y respeto pleno a los derechos humanos y lejos de cualquier tipo de prejuicio, estigma o discriminación.
El autismo es un desorden del desarrollo del cerebro que se manifiesta en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora la comunicación e interacción social. Los niños autistas se caracterizan por comportamientos restringidos y repetitivos que se extienden a lo largo de toda la vida.
No hay un acuerdo científico sobre el origen del autismo y lo que sabemos es que puede tener múltiples causas, lo que obliga a poner énfasis en la detección temprana y en el desarrollo de estrategias para cubrir las necesidades de este sector de la población que comprende niños y niñas; en su mayoría niños.
El autismo tiene que ver con una distorsión general del proceso de desarrollo donde se ven implicados tanto los procesos de comunicación y socialización como del pensamiento cognitivo del niño. Este padecimiento es realmente preocupante porque implica una falta de respuesta ante los demás con un importante bloqueo y deterioro de su comunicación.
Un elemento crucial en la campaña de concientización en torno del autismo, debe ser el hecho de que el día de hoy los especialistas coinciden en que este padecimiento no tiene cura porque hay una afección cerebral.
La terapia es lo único con lo cual la persona puede restablecerse en gran medida, ya que la alteración de neurotransmisores, inhibe los estímulos emocionales.
Es común que este tipo de pacientes no tenga contacto visual y no reaccionen ante la demostración de afecto que tienen con ellos.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, es fundamental que en México se desarrollen las condiciones necesarias para detectar de forma temprana los síntomas del autismo en las niñas y en los niños.
La detección temprana contribuirá a mejorar los tratamientos y fortalecer las políticas públicas para combatir ese padecimiento.
Si realmente queremos sumarnos de manera efectiva a la campaña mundial de concientización sobre el autismo, la mejor manera de hacerlo es desarrollando más y mejores centros de atención, generando más especialistas y ofrecer una atención integral tanto a los pacientes como a los familiares.
Otro aspecto crucial para integrar un diagnóstico integral y fidedigno del autismo en México, tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo un censo nacional que nos permita establecer con precisión cuántas personas padecen alguna forma de autismo, cuáles son las edades más frecuentes, qué problemas de integración social enfrentan y cuáles son las carencias que tienen que sortear los pacientes y sus familias para encontrar la atención adecuada.
Debemos entender entonces que como problema de salud el autismo afecta a todos los aspectos de la vida, toda vez que los niños y jóvenes con este padecimiento quedan al margen de un desarrollo normal y todas sus necesidades fundamentales como la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, requieren del apoyo familiar e institucional.
En particular es un verdadero imperativo garantizar a las niñas, niños y adolescentes que padecen autismo, el ejercicio de su derecho a la educación.
Se tienen que redoblar esfuerzos para que estos mexicanos puedan ser integrados digna y eficazmente en el sistema educativo nacional y en la sociedad en general.
Para tener una apreciación adecuada del problema, quiero hacer referencia al aspecto educativo que la doctora Amalia Gómez Cotero, una investigadora del Instituto Politécnico, plantea que para atender adecuadamente a los menores autistas se requeriría de un maestro especializado por cada cinco niños con este padecimiento. A fin de cubrir la demanda nacional, se hace necesario entonces preparar a siete mil maestros capacitados para dar apoyo a niños que actualmente sufren una grave marginación y discriminación.
Por lo tanto, el Estado debe asumir la responsabilidad de formar profesionales en el campo de la educación y la salud con un amplio y sólido sustento teórico-práctico para la intervención psico-educacional y terapéutica de las personas con autismo y de sus familiares.
Sobre todo en el caso de los padres de niños autistas, es absolutamente necesario que reciban la atención y la asesoría adecuadas para atender la situación de sus hijos e hijas y convertirse en los primeros artífices para promover el mejor tratamiento y atención para la concientización en el entorno familiar. Hace falta, entonces, establecer escuelas para los padres de estos niños.
Ante este problema, un primer paso es plantear que el autismo requiere de una política nacional de atención, lo que incluye fomentar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población. A partir de este reconocimiento, deben generarse políticas públicas que abran oportunidades en salud, educación, desarrollo e integración social.
Ante la problemática del autismo es necesario también ampliar la investigación científica y social a fin no sólo de entender el fenómeno, sino de establecer medidas que permitan actuar adecuada y oportunamente propiciando una adecuada integración de los niños autistas en el medio familiar y en las estructuras escolares y sociales.
La marginación de estos niños es inaceptable y vergonzosa. Como sociedad, estamos obligados a actuar con todos los recursos al alcance. Es por ello necesario establecer un plan nacional para abordar la problemática del autismo y romper con la estigmatización siquiátrica para abrir la vía de la innovación terapéutica y la inclusión.
Debemos desplegar entonces una gran campaña de información y sensibilización a nivel nacional con mensajes específicos para cada grupo social, para cada región, para cada ámbito de convivencia e interacción social, para que todo mundo conozca la existencia y las características del autismo y para erradicar las actitudes de exclusión en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y hasta en la misma familia hacia las niñas, niños y jóvenes y adultos autistas.
Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza ratificamos nuestra convicción de promover de manera irrestricta el pleno reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, particularmente de quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad.
No debemos permitir que a la desventura de padecer alguna forma de autismo, tanto del paciente como de sus familiares, se sumen situación de exclusión, discriminación o prejuicios derivados de la falta de información en todo este fenómeno.
Ofrezcamos para ellos un abrazo solidario y la determinación de incorporar esta problemática entre las prioridades de la agenda nacional. Para ello no necesitamos ni pactos ni alianzas ni escenografías mediáticas; debería bastar con un poco de sensibilidad política y una mirada afectuosa a quienes sufren y padecen el autismo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, compañera diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz, hasta por diez minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Hoy se celebra el quinto aniversario de la declaración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, y con ello es pertinente decir que en México hay mucho por hacer.
Es de todos conocido que en nuestro país existen alrededor de 40 mil personas autistas; sin embargo, pese a los grandes avances médicos y psicológicos, el desorden cerebral o neurodiversidad que se conoce como autismo, aún es poco atendible en la población que padecen estos trastornos en nuestro país.
Es de reconocer los grandes esfuerzos que el sector salud, en combinación con instituciones de investigación, no han sido suficientes dado que los resultados en cuanto a la atención para estas personas, no arrojan los resultados deseados.
No es de extrañarse que para lograr los alcances tan anhelados se requiere un mayor impulso presupuestal, pero además es de tomar en cuenta que la calidad y la periodicidad en la atención de las personas autistas debe de ser más especializada desde la atención de las personas en edad temprana, incluyendo su realidad social y el contexto general en que vivan.
El autismo para muchos es una enfermedad, pero erróneamente ha sido un concepto mal aplicado por muchos por la presencia de un origen común del trastorno, además de tener un diagnóstico fiable y comprobable.
Pero para el caso que nos ocupa, esta neurodiversidad no cumple ningún tipo de estas condiciones debido a que se conoce como un origen de éstas, y por tales razones pronósticos confiables ni mucho menos tratamientos.
Compañeras y compañeros diputados, la mejor forma de solidarizarnos contra este problema de salud es redoblando esfuerzos para que el autismo sea mejor tratado y se garantice un mejor desarrollo humano y una mejor calidad de vida para quienes lo padecen.
Debemos estar conscientes de que este problema de salud no sólo afecta a quienes lo padecen, sino también hace vulnerables al seno familiar a los que pertenecen.
En el Grupo Parlamentario del Trabajo estamos convencidos que sumado a estas estrategias de salud por parte de las instituciones públicas, la temática educativa que puede aplicarse a los integrantes de la familia de las personas con autismo hará de la convivencia familiar un hábito común sin deteriorar el aspecto anímico del paciente.
Como bien se observa, el autismo es sin duda, un aspecto de mejora en la relación de sanidad y educación para toda la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, compañera.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, hasta por diez minutos, el diputado Francisco Coronato Rodríguez.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las palabras “tu hijo tiene autismo”, le cambian la vida. El autismo supera todas las barreras sociales, económicas y culturales. Existen madres y padres de niños con autismo en países de todo el mundo, y que abarcan cualquier clase social.
El 2 de abril fue declarado internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas, como Día de la Conciencia sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de actuar para mejorar y respetar las condiciones de vida de los niños, niñas y adultos que sufren este trastorno.
El autismo, un síndrome padecido por los niños, afecta en mayor medida más que el cáncer infantil o el sida, a decenas de millones de personas en el mundo entero. El sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los discapacitados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo.
En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todas y todos.
Según las últimas estadísticas del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, uno de cada 110 niños menores de ocho años padece de algún tipo de autismo alrededor del mundo. Las estadísticas son similares y aunque todavía se desconoce qué causa el autismo, está probado que la intervención temprana intensiva produce una gran mejoría en los síntomas.
En la actualidad, de acuerdo a datos relevados por la Clínica Mexicana de Autismo, bajo las siglas de CLIMA, existe una prevalencia de autismo en nuestro país de uno por cada 300 niñas y niños. Se cuenta con un pronóstico estimado de 115 mil niños con autismo en México y un potencial nacimiento de 6 mil 209 casos de acuerdo al último estudio epidemiológico realizado en nuestro país.
El autismo es un trastorno del desarrollo que presenta graves alteraciones de la sociabilidad, la comunicación y del padrón de comportamiento. El diagnóstico temprano es fundamental para el establecimiento del programa de intervención que puede mejorar el pronóstico de estos seres humanos. No hay marcadores biológicos para el autismo y eso dificulta el diagnóstico, que es basado en criterios descritos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta edición, de la Asociación Americana de Psiquiatría.
Autismo o síndrome de la niñez que se caracteriza por la falta de relaciones sociales, carencia de habilidades para la comunicación, rituales convulsivos persistentes y resistencia al cambio. Un niño con estas características no se relaciona con las personas de su alrededor y prefiere en cambio jugar de manera repetitiva con un objeto, con un juguete o con su propio cuerpo.
El lenguaje, si lo hay, sufre desajustes severos aún cuando el niño o niña está consciente de su medio, a tal grado que si se interfiere con el juego o ritual del niño o si los objetos conocidos o su alrededor cambian de lugar, él se molesta y hace lo que comúnmente se conoce como berrinches.
El inicio de este síndrome se presenta en la infancia y algunas veces desde el nacimiento, pero se hace evidente con certeza durante los primeros tres años de vida. Es un trastorno con el cual se nace y permanece a lo largo de toda la vida.
Los niños y niñas y adultos con autismo se enfrentan a inmensos obstáculos, que les coloca su condición en su andar cotidiano, pero a esto se le suma, por si fuera poco, a los graves problemas de la discriminación y a dificultades para acceder a la asistencia, tanto médica como educativa.
La discriminación, los malos tratos y el aislamiento afectan terriblemente a muchos de ellos y constituyen una violación de sus derechos humanos fundamentales. No olvidemos que todas y todos ellos son seres humanos dotados de igual manera, de capacidades y virtudes, quienes tienen el derecho de crecer y desarrollarse en una forma plena y armónica.
En ese orden, quiero destacar el que un grupo de científicos estadounidenses realizó un estudio en el cual pudieron comprobar que los síntomas que caracterizan el autismo detectado en edades tempranas suelen desaparecer por completo con el paso del tiempo, logrando en su juventud una vida totalmente normal. Hacer conciencia de ello, hoy es nuestra gran oportunidad que la vida nos da.
Concluyo mi intervención refiriéndome a lo expresado por el secretario general Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, dijo: El autismo no está restringido a una sola región ni a un solo país, es un reto de alcance mundial, ahora es el momento de obrar en pro de una sociedad más inclusiva, poner de relieve los talentos de las personas afectadas y velar porque haya oportunidades para que puedan desarrollar su gran potencial. Hagamos lo que nos corresponda, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz la diputada Carla Alicia Padilla Ramos.
Saludamos a integrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí, invitados por la diputada María Rebeca Terán Guevara. Bienvenidos.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señora presidenta. Qué bueno que el día de hoy, amparados en este día que se celebra el Día Mundial del Autismo, el Congreso de esta honorable Cámara estemos haciendo, puntualizando y poniendo puntual relevancia sobre un tema que a todos de alguna manera nos llega. Yo tengo una sobrina autista y sé lo importante que es la detección de esto a una edad temprana.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, destaca que los autistas son ciudadanos como los demás, que deben disfrutar todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
La palabra autismo significa encerrado en uno mismo. El autismo es un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro y que persiste a lo largo de toda la vida. Se manifiesta en los niños, regularmente entre los 18 y 3 años de edad y da lugar a diferentes grados de alteración del lenguaje y la comunicación de las competencias sociales y de la imaginación. No es una enfermedad sino un síndrome clínico.
Estadísticamente hablando se estima que el autismo afecta a 21 personas por cada 10 mil niños, siendo que por cada 4 del sexo masculino hay uno del sexo femenino.
Se encuentra en todo el mundo y en personas de todos los niveles sociales. Los principales síntomas del autismo son alteraciones en el comportamiento social, en la comunicación verbal y no verbal y en el margen de intereses de actividades del niño.
La alteración del lenguaje es una piedra angular para el diagnóstico. Todos los niños autistas tienen alteraciones graves del lenguaje que abarcan desde una ausencia total hasta una tartamudez leve.
La comunicación no verbal es igualmente defectuosa. El niño autista no se comunica adecuadamente con gestos o mímica, y no comprende las expresiones faciales o corporales.
Existen dos condiciones que se asocian al autismo con bastante frecuencia. La epilepsia y el trastorno por déficit de atención. Entre un 20 o un 30 por ciento de autistas pueden presentar epilepsia en algún momento de su vida.
Los niños y adultos con autismo enfrentan dificultades para darle sentido a la información que reciben a través de los sentidos, organizarse a sí mismos, efectivamente, comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y relacionarse socialmente con otras personas.
Esta situación hace muy difícil su desenvolvimiento en los diferentes ambientes y complica el progreso con los métodos de enseñanza tradicionales. Aun cuando el autismo afecta a cada niño en forma distinta, la mayoría de los menores con autismo no tienen los mecanismos para aprender igual que aquellos niños con desarrollo acorde a su edad. Es decir, observando e imitando lo que oyen y ven a otros hacer y decir. Por tanto, estos niños deben aprender a aprender, es decir, a comunicarse, comportarse y jugar.
En México existe un niño con el síndrome de autismo por cada mil. Por lo que del total de la población infantil, que asciende actualmente a 37 millones, hay alrededor de 37 mil niños con este síndrome.
La atención a infantes con esta limitante es insuficiente, tanto en centros de salud públicos como privados, por lo que es indispensable realizar un gran esfuerzo para cubrir las necesidades de este sector de la población que está en constante crecimiento, necesita de una atención especializada que les permita mejorar la calidad de vida de los que lo padecen y de sus familiares.
Una atención tardía de este padecimiento genera desajustes psicosociales y problemas de desintegración familiar, además de marginación social.
La intervención temprana, apropiada en intensiva mejora en gran medida el resultado final de la mayoría de los niños pequeños con autismo y contribuye en la evolución de las relaciones sociales, garantizando un mejor futuro para el individuo.
Muchos de los programas de atención a niños con autismo se basan en los intereses del mismo, en actividades constructivas, y el tratamiento tiene mucho más éxito cuando se tratan necesidades particulares de cada uno de los niños afectados. Es indispensable que estos tratamientos se dividan en farmacológicos y psicopedagógicos. Todos los tratamientos farmacológicos deben ser sintomáticos y la terapia psicopedagógica debe ser de lenguaje, de programas de socialización, estimulación sensorial múltiple, auditiva, visual, táctil, gustativa y olfativa, terapia recreativa, entre otros.
La importancia de realizar un diagnóstico temprano y por ende un tratamiento debe hacer que los médicos de primer contacto, médicos generales, familiares, pediatras conozcan esta enfermedad y, ante una sospecha clínica, deriven de inmediato al paciente a un especialista con la experiencia y conocimiento más amplio de dicha patología.
Es por lo anterior que nuestro partido, el Partido Verde Ecologista, se une a esta petición mundial de concientización, comprometiéndose a buscar apoyo para intensificar la investigación y para ampliar los servicios de salud, y además servicios necesarios, con el fin de obtener diagnósticos oportunos y eficientes que hacen la gran diferencia para la atención del autismo. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A solicitud de la fracción parlamentaria del PRD hubo un cambio con el orador, quedando en el uso de la voz la diputada Josefina Salinas Pérez.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y a nombre de mi grupo parlamentario, es para mí un honor disponer de estos minutos para dirigir unas palabras en el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, día en el que nuestro país debe brindar un reconocimiento especial a ese sector de la población.
En el mundo, como en México, necesitamos a personas con un alto, elevado, sentimiento humano, como Leo Kanner, que desde los años 40 exponía que niños se aislaban del mundo exterior por el desconocimiento del autismo. No permitió el abordaje temprano y tan necesario para este mal que ocurre en seres que tienen alteraciones de carácter mental por el aislamiento antes impuesto.
¿Qué es el autista? Es un ser humano predominante, niños que tienen una limitación funcional que le persiste durante toda la vida y que el día de hoy la ciencia no ha sido capaz de curar. Sólo se puede pelear con manejos pedagógicos de manera planificada, adaptándose a cada caso en lo individual.
En México hay registrados más de 40 mil niños y niñas con autismo, problema de salud cuyo origen se desconoce. Eso es un niño por cada mil, la incidencia de este padecimiento es cuatro veces mayor en varones que en las mujeres.
El autismo es un desorden de desarrollo del cerebro que comienza en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora su comunicación, interacción social cuya consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y respectivo que se prolonga a lo largo de la vida. Una atención tardía del padecimiento en los aspectos de salud y educación genera desajustes psicosociales y problemas de desintegración familiar, además de marginación social.
La problemática no se reduce a nivel salud, sino se extiende en todos los aspectos de la vida, pues quedan al margen de un desarrollo integral y afectan la satisfacción de necesidades fundamentales tales como la educación, alimentación, vivienda, empleo; es decir, la enfermedad conduce a la limitación de los derechos humanos, para atender adecuadamente a los menores autistas se requiere un maestro especializado por cada cinco niños con autismo.
Para cubrir la demanda nacional se deberían de preparar aproximadamente a 8 mil maestros para atender las necesidades de este sector de la población, hasta el día de hoy ninguna teoría —hasta ahora— ha demostrado la causa de la enfermedad y tampoco hay un estudio que haya encontrado la causa genética; sin embargo, este sector requiere de una atención especializada que permita mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Ese trastorno es difícil de analizar, porque aún se desconocen las causas profundas y últimas de su origen, por lo que se requiere de más investigaciones y de un mayor número de especialistas en México que se dediquen al estudio del autismo.
Para los familiares de estos niños es muy doloroso el curso de esta enfermedad y la preocupación acerca de qué va a pasar con ellos, está siempre latente por ello. Es imprescindible que la familia se prepare desde el comienzo para asumir tanto el impacto emocional de la instauración, el desarrollo de un cuadro tan severo desde la perspectiva de las relaciones humanas como para preparar a aquellos recursos de comunicación y convivencia que permiten el desarrollo de relaciones positivas para la persona con autismo y para todos los miembros de la familia.
También quisiera resaltar que, según la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, es un complejo trastorno neurobiológico que afecta a las personas durante toda su vida. Hace 20 años un niño de cada 10 mil era diagnosticado con autismo; hoy la prevalencia es de uno por cada 150, siendo más común que el cáncer infantil, diabetes y Sida.
Abordar el tema del autismo conlleva una inherente complejidad debido a que en nuestro país es un problema poco estudiado, poco medido y poco analizado, así quiero enfatizar que hoy existe un déficit en el entendimiento y atención del autismo, pero no solo es una situación teórica conceptual, sino tiene que ver con una indiferencia tanto social como gubernamental que se refleja en la mala calidad de vida de las personas que se encuentran en esta condición, así también como los integrantes de su núcleo familiar.
Son inciertos los orígenes del autismo y se han relacionado con distintos factores. Lo que es cierto es que quienes viven bajo esta condición son víctimas de rechazo social y en la mayoría de los casos no son atendidos de manera adecuada, lo que merma la calidad de vida de las personas autistas ya que no potencializan sus capacidades y talentos.
El autismo requiere de una atención especializada, un tratamiento integral, sin embargo en nuestro país son escasas las instituciones políticas y privadas que atiendan al problema, aunado a esto los altos costos económicos de dicho tratamiento para muchas familias que no pueden sostener.
Por eso, compañeros legisladores, es imprescindible romper con la indiferencia de este tenor. Concientizar significa entender y actuar, por lo que considero indispensable invertir en recursos precisos instrumentando los programas necesarios para erradicar la ignorancia en nuestro país sobre todo en este padecimiento, para que de manera pública exista la atención del problema, procurando de esa manera coadyuvar a potencializar sus capacidades redundando en el fortalecimiento de la sociedad mexicana.
Es por eso que nuestra fracción parlamentaria seguirá pugnando por políticas públicas para que este tema tan lesivo mayormente para los niños menores de tres años sea atendido.
Vamos a estar pugnando porque se haga un gran acuerdo con el sector salud y el sector educativo para que exista un padrón para poder identificar el alto índice de niños con esta enfermedad del autismo. Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo.
La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, bueno día. Hoy es tiempo de iluminarnos el corazón de azul para tomar conciencia del autismo, para recordar que al menos 45 mil niños mexicanos sufren este padecimiento, y para tener en mente que ese mal crece en porcentajes mayores al 12 por ciento en nuestro país cada año.
También es un buen día para motivarnos a encender esa luz a lo largo de todo el año para tener conciencia de la urgencia de mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este padecimiento, así como evitar la discriminación de la que son objeto las personas con ese trastorno.
Se sabe que nacen cuatro autistas por cada pequeño que presenta síndrome de Down; y que por cada cinco niños autistas, hay una niña.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor en mayo de 2008, es un instrumento sumamente valioso para corregir tales situaciones.
Su objetivo es promover la igualdad en el goce de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad. Hasta el momento más de 140 países han firmado la convención, entre ellos, México.
Es triste comprobar que a pesar de que en los mundos de la ciencia y de la medicina se presta mayor atención al tema, la opinión pública no es muy consciente de esta enfermedad.
De ahí que la celebración anual del Día Mundial de Conscientización sobre el Autismo, tenga hoy especial relevancia, ya que representa una oportunidad para fomentar la adopción de medidas, la prestación de asistencia y para que los medios de comunicación le otorguen la misma importancia que los actores sociales que hoy estamos presentes.
Los niños y los adultos con autismo, enfrentan graves problemas de estigma y la discriminación y tienen dificultades para acceder a la asistencia. Lo que impulsemos los legisladores y las autoridades gubernamentales, no debe limitarse a la detección temprana y al tratamiento. Debemos promover más y mejores políticas públicas enfocadas al tema del autismo, donde se incluyan terapias, planes educacionales y otras medidas que nos conduzcan a una labor sostenida durante toda la vida.
Trabajar en pro de las personas que padecen trastornos del espectro del autismo nos exige hoy en día un compromiso político y personal, especialmente en el intercambio de buenas prácticas y la gestión de recursos humanos, materiales y económicos, ya que es esencial que aumenten las inversiones en los sectores social, educacional y laboral, para ellos y para sus padres.
También es esencial crear puestos de trabajo para ellos, acordes a sus capacidades y mejorar, por supuesto, la enseñanza pública para responder más adecuadamente a las necesidades de los estudiantes con autismo.
Hoy en este recinto nos acompañarán varios niños con autismo y por supuesto, sus padres, que vienen desde la ciudad de León, Guanajuato, ante quienes quiero asegurar que esta soberanía no los olvida y para decirles que en la medida de nuestras posibilidades haremos los esfuerzos pertinentes para mejorar su calidad de vida.
Dejemos en nuestro interior encendida esa luz azul y recordemos siempre algunos de los versos del poema Vientos de metales que José Emilio Pacheco dedicó al autismo y que dicen así:
La niña autista es feliz o lo parece, desde mi extranjería
Fuera de lo que tiene no quiere nada
Sus cubitos de plástico, sus móviles
y la canción del viento en los metales
Doscientos treintaiocho vino ayer, me susurra
No encontró al 424 porque estaba,
estaba en la tierra de los miles
El cubito que habla se llama miércoles,
y te quiere decir que no te quiere
Poema del silencio su discurso
Discurso del silencio su poema
Qué traduzco,
qué traduzco si no tengo la clave.
Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la Fracción Parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Paloma Villaseñor Vargas.
La diputada Paloma Villaseñor Vargas: Con su venia, señora Presidenta. México debe destinar presupuesto para atender a las personas con autismo. En México no tenemos cifras oficiales, pero sospecho que son mucho más altas de lo que aquí se ha dicho. Por eso propuse que en el censo escolar que la Secretaría de Educación Pública realizará este año incluya a las discapacidades y entre ellas al autismo.
Tener un niño con autismo con nosotros nos puede pasar a cualquiera. Yo tengo también un hijo con autismo. La incidencia es más alta de lo que podemos creer. Últimamente, cuando hablo del tema en cualquier círculo, siempre brota un: tengo un amigo que tiene un hijo con autismo. Mi hermana tiene un hijo con autismo. Pero muy poco se habla del tema. Las últimas teorías hablan del factor ambiental, de lo que respiramos, de lo que comemos como posible factor de origen.
Suscribo en su totalidad las palabras de los diputados que me antecedieron y les agradezco que compartan mi preocupación. Plantearé algunas ideas para complementar nuestra visión.
En primer lugar, no les digamos autistas, digámosles personas con autismo; son eso, personas como nosotros. Por otro lado, tampoco utilicemos el término autismo para atacar o denostar, pues ello les ofende profundamente.
Sí, en primer lugar necesitamos generar la conciencia del autismo. Qué es. Lo que es necesario que sepan los padres, los médicos pediatras, los maestros de preescolar y de los primeros años de educación primaria. Si los padres supieran, les evitaríamos mucho sufrimiento innecesario.
Trabajar en la detección temprana. Cuáles son las características que nos dan una señal de alarma. Algunos nacen con la cabecita más grande, no hacen contacto visual, tienen problemas de sueño, tienen déficit de atención, no socializan con otros niños, tienen movimientos repetitivos como aletear, brincar, caminar en círculos; no señalan para pedir un juguete, sino le toman la mano al adulto y lo conducen a él; no juegan con los juguetes como juegan los otros niños, apilan o hacen hileras de objetos.
Hacen berrinche sin motivo; son muy selectivos en la comida; parece no escuchar cuando se les habla, pero se tapan los oídos con mucha frecuencia y se alteran con sonidos como el de la licuadora o el de la aspiradora, y los padres se desesperan al no saber qué tienen ni cómo ayudarlos, tienen memoria fotográfica, conocen los caminos a la perfección y nunca ven las películas completas.
Pero supongamos que logramos ese diagnóstico temprano. ¿A dónde y con quién los mandamos si la familia no tiene recursos? ¿Quiénes y dónde les van a dar las terapias correspondientes de lenguaje, de comportamiento, psicológicas de vida diaria?
Ese tema les compete a los gobiernos, al federal, a los locales. Es un tema de salud pública y los niños con autismo tienen el mismo derecho a la salud que los demás.
Pensemos que nuestro niño ya está diagnosticado y se encuentra en el camino terapéutico adecuado. La siguiente pregunta es: ¿por qué no me lo aceptan en la escuela? Es que las maestras no tienen la preparación; es que en esta escuela no se aceptan niños con discapacidad; es que no sabemos nada del autismo, este asunto compete a la Secretaría de Educación Pública.
En la legislación mexicana no está tipificado el autismo como una discapacidad diferente a las otras reconocidas por la ley. Legalmente no existe el autismo y por esa razón los servicios médicos, sociales y educativos están restringidos.
En los programas y contenidos curriculares de las escuelas normales se ofrece a los futuros maestros una precaria o nula información sobre la complejidad del autismo, lo que lleva a que en el ámbito escolar los niños y las niñas con esta alteración sean rechazados, y la inclusión que se les ofrece carece de sustento teórico y práctico en la mayor parte de las escuelas regulares.
Necesitamos una educación inclusiva con maestros capacitados, que no discrimine y que ofrezca servicios educativos adaptados que garanticen su permanencia en los sistemas d educación. Los niños con autismo tienen el mismo derecho a la educación que los demás.
Sí, se trata de un gran problema de salud pública y sin duda es un tema que nos debe de unir en torno a una causa que vale la pena. Necesitamos garantizar que las personas con autismo tengan acceso a las terapias, tratamientos y medicamentos de la misma manera que si fuera una enfermedad física.
Como ven, es un tema complejo que va desde el plano internacional al nacional, al local y baja hasta el nivel familiar en donde se sufre de verdad por la falta de apoyo. Un verdadero problema, pero también me parece que debemos verlo como toda una oportunidad.
Una oportunidad de generar empleos. Se requiere mucha gente que se capacite y trabaje en las instituciones de salud, en las escuelas que apoyen directamente a los padres; na oportunidad para que jóvenes empresas nacionales desarrollen sistemas tecnológicos, aplicaciones que por cierto son muy amigables y útiles para ello. Destinar energía, entusiasmo y recursos para el autismo; incorporar el estudio del autismo a las currículas académicas de los médicos.
Urge crear carreras quizá técnicas para preparar a personas que los acompañen en su vida diaria, sombras que los apoyen en el salón de clases en el marco de una educación inclusiva. Es necesario desarrollar programas de investigación de detección temprana, incrementar el conocimiento sobre el autismo y desarrollar nuevas estrategias de atención e intervención educativa; políticas públicas y protocolos generales a nivel nacional para la detección, tratamiento terapéutico y escolarización.
Debemos también ser solidarios y fraternos con las familias de personas con autismo, con otros trastornos del desarrollo y con el síndrome de Asperger. Su derecho a ser asegurados para que les cubran sus terapias y tratamientos también ha sido vulnerado.
Por otro lado, faltan lugares específicos donde atender a jóvenes y adultos con autismo e incorporarlos a la vida laboral, eje fundamental para su integración. Cada día crece el número de personas con discapacidad y no trabajan, eso tiene un gran costo para el país. Felicito a la Secretaría del Trabajo que hizo un exhorto a las empresas para que contraten personas con autismo en trabajos que ellos mismos puedan desarrollar.
A la larga, no invertir en atender esta condición saldrá más costoso para el país por la incidencia tan alta que se reporta. Los grupos vulnerables lo son en gran medida por su falta de autonomía económica, un niño con autismo que es diagnosticado a tiempo, con la atención necesaria y una política integral de inclusión laboral va a integrarse a la vida económica activa y gozará de independencia económica y personal. En cambio, miles de niños que han crecido sin atención y con discriminación por la ignorancia sobre su condición, va a ser complicado que puedan velar por sí mismos en el futuro y serán un problema económico para su familia y para el Estado en su conjunto.
Estamos en falta en el apoyo a las personas con autismo y otras condiciones en general con la salud mental, y eso arruina la vida de millones de personas. Ojalá ya pronto no tengamos que hablar de hacer consciencia, por supuesto que necesitamos presupuesto y mucha capacitación, pero sobre todo se requiere de imaginación, de voluntad; necesitamos el compromiso que el día de hoy estamos haciendo los diputados federales. Revisaremos las leyes, propondremos iniciativas, haremos propuestas y esperamos contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas.
Agradezco a la Junta de Coordinación Política su apoyo, gracias a la Secretaría General; a mis compañeros diputados y diputadas que hoy vinieron de azul o portan un moñito azul; gracias a las Comisiones de Grupos Vulnerables y de Asuntos de la Niñez, por su respaldo, porque hoy es un día histórico para el autismo en México. Que se habla durante 70 minutos en esta alta tribuna de la nación es algo grandioso que nos invita a la acción.
Y termino, presidenta. Esta tarde, a las 6, iluminaremos nuestra sede como señal de nuestro compromiso, están todos invitados. El Senado de la República también se iluminará por la conciencia sobre el autismo.
Sólo una nación que actúa junta puede superar los retos que enfrenta. Legisladores, gobiernos y sociedad en conjunto, podemos cambiarles la vida a las personas con autismo y garantizarles los derechos que tienen sólo por el hecho de ser personas. Compañeros diputados, yo los invito, tomemos el reto. Y gracias a todos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputada. Saludamos a invitados provenientes del estado de Guanajuato, invitados por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Tres de la Comisión de Economía
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.
Con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.
Con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.
Seis de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Cuatro de la Comisión de Transportes
Con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil.
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 76 y se adiciona el artículo 15 y un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil.
Con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción I al artículo 2 de la Ley Federal de de los Derechos del Contribuyente.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señora presidenta. Pongo a consideración del pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoce que no puede existir un Estado sin el cobro de contribuciones, pues constituye la fuente de ingresos que requiere todo gobierno para satisfacer las necesidades de los gobernados.
No obstante lo anterior, los integrantes de estas comisiones somos testigos de la complejidad con la que se maneja el sistema fiscal en México, ya que la excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, implicando altos costos y constituyéndose en un factor de desaliento en el cumplimiento.
De acuerdo con el Banco Mundial México se ubica en el lugar 107 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias.
En nuestro país se pagan seis tributaciones en promedio al año y el tiempo que requiere para presentar, preparar y pagar o retener el impuesto es aproximadamente de 337 horas, mientras que en Estados Unidos se pagan 9 tributaciones y se invierten solo 175 horas.
La simplificación viene a constituir un principio por el cual se pretende orientar la actividad administrativa al facilitar e imprimir dinamismo a los procesos de gobierno. Por lo que hace a la materia fiscal se debe procurar en todo momento que la ley sea explícita en la aplicación de los factores de cuantificación de las obligaciones fiscales.
La ley debe ser sencilla y directa al establecer el hecho imponible y los procesos de su determinación y la ley debe disponer o establecer, de forma precisa, al contribuyente.
Derivado de lo anterior, los grupos parlamentarios en estas comisiones, y en particular Nueva Alianza, coincidiendo con ellos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que da nacimiento al dictamen que hoy se pone a consideración del pleno y que tiene por objeto que los contribuyentes cuenten con el derecho a una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.
La iniciativa establece que existe una tendencia mundial de la que México forma parte por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales en detrimento de los contribuyentes.
En junio de 2005 se publicó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en la cual se hace énfasis en los derechos procedimentales, tales como informar al contribuyente sus derechos al inicio de cualquier actuación de las autoridades en materia de fiscalización. El derecho a corregirse y la indicación del medio de defensa procedente.
Ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos, y que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, entre otros.
Explica que contar con un sistema fiscal simplificado, eficiente y equitativo es una necesidad imperiosa del Estado mexicano para lograr una mayor recaudación tributaria; simple, en la medida en que facilite al contribuyente el pago de sus impuestos; eficiente, para que la autoridad competente tenga la capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema y potenciar sus atribuciones de fiscalización; y más equitativo, en la medida en que se elimine una serie de distorsiones existentes actualmente.
El dictamen que hoy se somete a discusión es un reflejo del espíritu con el que se creó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues ante el cambio democrático que vive el país es indispensable que el Estado mexicano fomente el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes con el afán de incorporar a un mayor número de contribuyentes al padrón federal y, por ende, alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Respetuosamente manifestamos que el tema de la simplificación fiscal es un tema de preocupación de todos los partidos y que se reflejó al interior de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Debo recalcar que la simplificación fiscal ha sido un tema que estas comisiones reconocieron desde el principio de la legislatura, ya que en el Programa Anual del Trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público plasmó en sus objetivos específicos promover que el sistema fiscal y la administración tributaria sean más eficaces y eficientes en atención al principio de simplificación fiscal y administrativa.
Por todo lo anterior concretamos que el dictamen establece proponer adicionar una fracción I al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para determinar –como derecho del contribuyente– contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política legislación y gestión tributaria.
Por lo que invito a las diferentes fracciones parlamentarias votar a favor del presente dictamen y a legislar en beneficio de México y de sus contribuyentes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la tribuna la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Y, si me permiten, quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de padres de familia de la Fundación Jesús de la Misericordia, procedentes de León, Guanajuato, que están hoy aquí, invitados por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el propósito de procurar la defensa del contribuyente, en un primer término a través del respeto al principio de simplificación fiscal, el grupo parlamentario del cual formo parte presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Lo anterior con la intención de que los contribuyentes cuenten con el derecho a una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.
Es evidente que ante el cambio democrático que se refleja en el país es indispensable que el Estado mexicano y, sobre todo, los legisladores incluyamos en nuestra agenda y fomentemos el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes para brindar seguridad jurídica a los mismos, de tal forma que a través de la simplificación fiscal se fomente la cultura del pago voluntario y se deje de ver al pago de contribuciones como una imposición arbitraria del Estado.
Con el análisis, discusión y consenso para la emisión de este dictamen, se demuestra una vez más que cuando se quiere legislar en beneficio de los contribuyentes se puede llegar a consensos y legislar responsablemente, tal es el caso de este dictamen.
Asimismo, es mi deber reconocer que la simplificación fiscal ha sido un tema central para la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Legislatura, ya que no es un tema de menor importancia que hoy por hoy la población nos demande que el legislador adopte fórmulas simples, claras y objetivas en la elaboración de las leyes y asimismo que se garantice la transparencia y rendición de cuentas.
Cabe destacar que derivado de la propuesta hecha por Nueva Alianza, se adicionó en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 en el artículo 22, una fracción IX que establece la obligación del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente trimestralmente el informe por el que se evalúe el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, los avances en materia de simplificación fiscal y administrativa con el propósito de armonizar el sistema jurídico mexicano.
Derivado de lo anterior, se propone adicionar una fracción I, al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para determinar como derecho del mismo contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.
Por lo que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen e invito a las diferentes fracciones parlamentarias a reconocer y respetar el principio de simplificación fiscal como un primer paso a la cultura del pago voluntario. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Para nadie es un secreto que el sistema fiscal mexicano presenta deficiencias, mientras naciones latinoamericanas como Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil han duplicado la recaudación tributaria total en las últimas décadas, llegando a niveles de hasta el 34 por ciento como proporción del PIB, nuestro país no ha podido superar el 9.6 por ciento.
Como consecuencia, México ocupa el último lugar en la suma de recaudaciones fiscales de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras Estados Unidos de América obtiene el 25.5 por ciento; Turquía el 31.3 por ciento y el promedio de otros países es el 36 por ciento. Ante estas cifras resulta claro que se deberían adoptar medidas que favorezcan el aumento de los ingresos tributarios.
La Ley Federal de Derechos del Contribuyente fue creada en el 2004 con el afán de fortalecer los derechos de los causantes para conseguir con esto la incorporación de un mayor número de habitantes en el pago de obligaciones fiscales.
Si bien agregar una fracción I al artículo 2o. de dicha ley con el propósito de otorgar a los mexicanos el derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria representa un primer paso loable, no soluciona de ninguna manera los problemas de fondo.
Que México ocupe el lugar 107 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias, no se debe a una alta complejidad en el proceso de gestión tributaria, se debe a los vicios estructurales que existen dentro del país y que no permiten obtener los ingresos necesarios para satisfacer las demandas mínimas de la ciudadanía.
Mientras no se adopte una visión integral que contemple todas las variables involucradas en el desarrollo económico seguiremos ante propuestas vacías que en teoría suenan excelentes, pero en la práctica se convierten en un fracaso rotundo.
La realidad financiera que el gobierno enfrenta se caracteriza por una base de contribuyentes reducida por costos de cobranza altos y por la evasión fiscal como una práctica cotidiana. Esto no puede sorprender a nadie cuando el 40 por ciento de los causantes en nuestro país es pobre.
Los trabajadores informales representan la mitad de la fuerza de trabajo y el 85 por ciento de los establecimientos productivos pertenecen a negocios muy pequeños. Aunado a esto, es necesario mencionar que el problema tributario en México no se reduce tan solo al factor recaudatorio; se debe en gran proporción al enorme sesgo que privilegia a los grandes empresarios y perjudica a la ciudadanía en común.
Mientras el país vive en un constante estrangulamiento financiero teniendo como consecuencia la falta de políticas públicas que permitan alentar el desarrollo, instrumentar mecanismos anticíclicos y terminan con el ahondamiento del déficit social, una cúpula de favorecidos puede gozar de maniobras que se traducen en pérdidas millonarias para los ingresos públicos.
Basta con observar el régimen de consolidación fiscal para darnos cuenta de la perpetración de estas prácticas. Desde que en el año de 2005 se permitiera de nuevo la consolidación de pérdidas y utilidades al 100 por ciento de la participación accionaria de las empresas controladas de otras sociedades, los grandes consorcios han podido obtener ganancias que cuestan entre 12 mil y 16 mil millones de pesos al año a nuestro país.
En Movimiento Ciudadano respaldamos el dictamen por mejorar la recaudación fiscal, pero seguiremos trabajando hasta conseguir verdaderas políticas que contemplen la eliminación de exenciones a multimillonarios, la lucha contra la desigualdad en la que vive la sociedad y la generación de empleos. Sólo así podremos lograr el impacto deseado. Sólo así dejaremos de adoptar reformas cortoplacistas que hasta el momento han permanecido simplemente como buenos deseos.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado David Pérez Tejeda Padilla: Honorable asamblea; con su venia, señor presidente. En los últimos años las finanzas públicas en nuestro país han tenido que fluctuar entre la prudencia macroeconómica y un bajo nivel de tributación que no permite contar con un gasto público que cubra las demandas de nuestra sociedad de mejores y mayores servicios públicos.
Un sistema tributario eficiente sienta las bases para un desarrollo sostenido en cualquier país del mundo; se traduce en una fuente de financiamiento para diversos programas sociales y económicos.
Sin embargo en nuestra nación falta mucho por hacer en relación a este tema, por lo cual la aprobación de este dictamen es un paso muy importante hacia delante.
En un mundo que se mueve cada vez más rápido y en el que todos los países están relacionados de una u otra manera, es necesario contar con políticas fiscales que sean simples, claras y eficientes, en las que el contribuyente cuente con herramientas que le permitan conocer el destino final de sus aportaciones y éstas se vean reflejadas en mejores servicios.
Una administración tributaria eficiente genera menos complicaciones tanto al gobierno como a los gobernados. Es por ello que se deben fomentar reformas para que la simplificación en materia hacendaria sea un detonante de crecimiento económico en nuestro país.
Según el reporte Dwin Business 2013, las economías deben promover regulaciones inteligentes. Es decir, regulaciones simplificadas, mesurables, adaptables, relevantes y transparentes, obteniendo resultados efectivos.
Los sistemas tributarios complejos generan alto riesgo de evasión, pues los costos tributarios se asocian a mayores sectores informales, más corrupción y menos inversión.
Al crear un sistema tributario eficiente, también lo concebimos justo, ya que según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el impuesto que mayormente se recauda es el ISR. Del total de ese impuesto 40 por ciento lo pagan las personas morales; el 48 por ciento proviene de los asalariados y poco menos del 2 por ciento lo pagan las personas físicas.
En comparación con otros países en México se grava más a las empresas que a las personas.
Por ejemplo en Alemania y Estados Unidos, las personas morales contribuyen aproximadamente con el 15 por ciento mientras que las personas físicas, de ellas proviene un 85 por ciento de la recaudación.
En México se recauda alrededor de 4.7 del ISR con respecto al PIB; 42.6 proviene de las personas físicas y el 57.4 de personas morales.
Derivado de todos estos datos creemos firmemente que es necesario asegurarse de dar pasos firmes hacia políticas fiscales sostenibles en el largo plazo, para transitar de un círculo vicioso a uno virtuoso y convertir a este país en el México que todos deseamos.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, porque sabemos y estamos conscientes de las necesidades que tiene nuestro país de contribuir a un sistema hacendario eficiente, claro y justo en el que todos nos veamos beneficiados.
Creo que uno de los grandes retos, si no lo va a ser para este periodo legislativo lo será en el segundo semestre, el tema de la reforma hacendaria, y con este artículo 2o. se pretende que el derecho a contar con una administración tributaria fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.
Ése es el derecho primogénito que se pide para que México transite a ser un país con mayor recaudación fiscal y que ello se vea reflejado en mejores servicios públicos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rosendo Serrano Toledo: Gracias, Presidente. La Fracción Parlamentaria del PRD va a ir a favor de este dictamen, sin lugar a dudas, diputada Sanjuana Cerda, no sin antes hacer una reflexión.
Si en este país las 300 empresas más grandes tan solo pagaran no el 33 por ciento del ISR, sino la mitad de ese 33 por ciento de ISR, aseguraríamos a este país, a esta nación que no habría necesidad de desfondar a Pemex para sostener al Estado, sin lugar a dudas.
Más aún, si se respetaran –como se debería hacer y lo que es plausible en esto que se propone en este dictamen– a aquellos contribuyentes que pagan puntualmente, se respetara que no fueran molestados, entonces generaríamos más confianza para que todos aquellos que no están pagando pagaran. Sin embargo, resulta que en este país a los que pagan es a los que más molestan y los que no pagan están bien, no pagan y no son molestados.
Hay algunos datos que creo que es importante dejar asentados antes de votar este dictamen. No voy a quitar mucho tiempo. Las cifras del Banco Mundial —ya lo dijo un compañero— nos ubican en el lugar 107 de 184 países en cuanto a la factibilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias, sosteniendo que en el país la conducta administrativa no es sana para incentivar la cultura contributiva.
Con estos datos, compañeras y compañeros, se detecta inmediatamente que en México el problema mayor en el sistema tributario es la falta precisamente de la simplificación y la poca protección que existe para el contribuyente en este país.
Se trata entonces –por eso vamos a favor– de algo que verdaderamente vale la pena, aunque no va al fondo del asunto, pero en algo va a contribuir. Por eso es importante que viene ya, entiendo, la reforma hacendaria, que vayamos a la profundidad del asunto. No porque no sean importantes estos dictámenes, estos puntos de acuerdo en estos dictámenes, no; sino que hay que ir al meollo del asunto a profundizar verdaderamente una reforma hacendaria para que verdaderamente le demos garantías y no hostigamientos a aquellos que verdaderamente están dispuestos a pagar.
Y de veras que es plausible ver a la gente de clase media, los pequeños empresarios, están puntualmente pagando sus impuestos, pero qué malo que luego son requeridos por la autoridad, porque la simplificación les pone los hechos de no estar simplificados, las formas, les pone una serie de trabas y que caen en equivocaciones.
Por eso la Prodecon, que surge en el 2011, fíjense, con una estructura totalmente pequeña, a estas alturas –y esto va a reforzar lo que aquí he dicho– hasta en este momento, con una estructura muy pequeña, ha atendido 11 mil 121 casos, defendiendo el derecho de los contribuyentes.
Queremos, compañeros y compañeras diputadas, de que en verdad aprovechemos la reforma hacendaria para ir al fondo del asunto, que paguen las grandes empresas para que no haya necesidad de estar saqueando a Pemex para poder financiar al Estado. Que verdaderamente los contribuyentes se sientan garantizados de que no van a estar molestándolo cuando cumplan fundamentalmente, puntualmente, sus pagos, sus contribuciones.
Vámonos. Espero que de esta misma manera, de manera conjunta, así como lo plantea la compañera diputada, más allá de posiciones políticas a una reforma hacendaria profunda que beneficie a este país.
Por mi parte es todo, vamos a favor de este dictamen. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputados. Finalmente tiene el uso de la tribuna el diputado Jorge Herrera Delgado, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
Le doy la más cordial bienvenida a esta sesión, a un grupo de dirigentes municipales de la Central Campesina Independiente de la zona Volcanes, en el estado de México, que están aquí, invitados por la diputada Maricruz Cruz Morales. Bienvenidos a esta sesión.
El diputado Jorge Herrera Delgado: Con su permiso, presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados aquí presentes.
La recaudación de México como proporción del producto interno bruto es la más baja entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, por sus siglas, pero también la más baja en relación con otras naciones en desarrollo similar al nuestro, como lo son Argentina y Brasil.
Sabemos que nuestro sistema tributario recauda poco, que es injusto y, además, ineficiente.
La debilidad fiscal de nuestro país, ya se dijo aquí, recae en una baja capacidad tributaria y en la alta dependencia de los ingresos petroleros. El Banco Mundial ubica a nuestro país en el lugar 107 de 183 países; ya lo comentaron también quienes me antecedieron en la palabra.
En el rubro, este lugar lo ocupa en el rubro de facilidad para el pago de impuestos, y ocupa el lugar número 155 en el tiempo requerido para cumplir con el pago, y en el 138 en cuanto a la tasa total de impuestos. Como pueden ver, lo anterior contribuye a la generación de un alto índice de evasión y elusión de impuestos.
Es pertinente y oportuno concebir acciones tendientes a generar la simplificación, la eficacia y la eficiencia en el pago de impuestos con la finalidad de que el contribuyente cumpla con la obligación fiscal, ofreciéndole para ello seguridad jurídica de que las gestiones serán sencillas y rápidas, lo que traerá aparejado que el Estado pueda mejorar su nivel en la recaudación fiscal y el resultado sea una administración tributaria fortalecida.
Si bien se le exige al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en consecuencia se le debe de facilitar el conocimiento de las obligaciones tributarias a las que está sujeto, así como reducir el tiempo y los recursos que se requieren para cumplir con su obligación. Es decir, que debe de haber reciprocidad otorgando derechos a los contribuyentes para mejorar las relaciones con las autoridades fiscales, y por ende impulsar el crecimiento económico en beneficio de los ingresos del país.
Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que adiciona la fracción I del artículo 2o de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, con la finalidad de establecer que es un derecho de los contribuyentes contar con una administración tributaria que facilite el principio de simplificación en la política, legislación y la gestión tributaria.
Es necesario eliminar la apreciación de que el pago de impuestos es un trámite complejo y tardío que se convierte en una carga para el contribuyente, así como también excluir la percepción de que el contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales.
Con la reforma a la ley referida lo que estamos buscando los legisladores es mejorar la relación entre las autoridades fiscales y los propios contribuyentes. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que es menester crear un sistema tributario que sea menos complejo y más eficiente, en beneficio siempre de los contribuyentes, en beneficio del sector productivo, en beneficio también de las finanzas públicas y de la economía nacional, y por ello es que otorgaremos nuestro voto a favor del dictamen que ahora ocupa nuestra atención. Señoras y señores legisladores, por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz, diputadas Milkdret Marina Verde Avendaño y Damaris Osorno Malpica.
La diputada Milkdret Marina Verde Avendaño (desde la curul): A favor.
El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, a favor 433, 2 abstenciones, 1 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 433 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción I al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último de los asuntos, devuélvase al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: A propuesta de los grupos parlamentarios vamos a continuar con los puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.
De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de estar en posibilidad de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I constitucional.
¿Sí se encuentra la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz? Ah, perdón. Adelante.
La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz: Con su permiso, señor presidente. Compañeros, muy buenas tardes.
Es para mí un honor subir nuevamente ante esta tribuna y hablar, no solo como representante popular sino como mujer y joven diputada. Por lo cual, agradezco su valioso tiempo y la atención que pongan al tema que expondré a continuación, mismo que considero de urgente resolución.
Nuestra sociedad requiere de una juventud fortalecida en valores cívicos, morales, laicos. Necesitamos crear adultos que tengan una vida plena, que sean formadores, a su vez, de nuevas generaciones llenas de valores.
Los jóvenes requieren atención y respaldo jurídico. Asimismo, espacios para su desarrollo físico, social, emocional. Requieren atención y por ende, ser atendidos y escuchados.
México necesita jóvenes que gocen de plenos derechos como ciudadanos y como parte importante de nuestra sociedad mexicana. Jóvenes que tengan la posibilidad de conformar su propia familia, que gocen de libertad de creencias, de religión, de asociación, de participación y sobre todo, de libertad de expresión, de justicia y de libertad.
México se encuentra en un proceso de transición demográfica, única en su historia, gracias a que los jóvenes entre 12 y 29 años representamos más de la tercera parte de la población mexicana.
Los jóvenes en formación representamos una gran parte del sector productivo. Promovemos la economía, la cultura y la política de este país.
Forjamos los usos y las costumbres de nuestro México contemporáneo. Somos el presente y somos la esperanza del futuro de la nación. Por todo ello, es prioritario el apoyo al desarrollo de los jóvenes por su participación en los grandes temas nacionales, incluyendo el desarrollo de este país.
A pesar de que los estudios y las políticas públicas implementadas en el tema de la juventud son relativamente recientes éstas han dado solamente algunos resultados. Aun así hace falta una gran cantidad de trabajo e impulso a los jóvenes desde los distintos órganos de gobierno, trabajo en el que se incluye concretar la Ley General de la Juventud durante esta Legislatura.
La importancia de los jóvenes en nuestra sociedad es reconocida por todos, y se ha visto reflejada en las decisiones de anteriores órganos de gobierno. Aun así hay demandas que los jóvenes mexicanos que aún siguen esperando. Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el tema de los jóvenes es prioritario.
Los jóvenes del país no son ni deberán ser un botín político, al contrario, el tema de los jóvenes requiere políticas públicas y acciones de gobierno reales, orientadas al desarrollo de cada uno de los mexicanos que se encuentran en esta etapa de vida, una etapa de transición, una etapa de formación hacia una vida adulta.
Es por ello que los diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión tenemos un enorme compromiso con la juventud mexicana, con este sector de nuestra sociedad que hoy constituye un importante porcentaje de la población de nuestro país. Ampliar los derechos de los jóvenes y las oportunidades es ampliar el futuro de nuestro México.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, dado lo anterior quiero llamar su atención sobre un tema de mayor trascendencia para la juventud mexicana y, por ende, para el futuro de nuestro país, reconocer y proteger los derechos fundamentales de los jóvenes a través de la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, acción que les brindará una mejor calidad de vida, en el cual prevalezca en respeto, la igualdad , mejores y mayores oportunidades y, sobre todo, libertad a cada uno de ellos.
México se adhirió y firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en octubre de 2005, hace ocho años, sin embargo, bueno, esta convención establece tres objetivos primordiales:
1. Promover en los países la generación de políticas públicas hacia la juventud, incluyendo el reconocimiento a sus derechos.
2. Investigar las diferentes realidades juveniles y capacitar funcionarios y representantes juveniles.
3. Promover proyectos de integración para jóvenes a nivel nacional, regional e internacional.
Este importante tratado reafirma el compromiso de los Estados para garantizar los derechos esenciales y propios de los jóvenes, tratado que ha sido firmado y ratificado por: España, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Honduras y Bolivia. Y se encuentra en proceso de ratificación por: Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.
En el caso de México, aunque nos adherimos hace ocho años, el tratado no ha sido ratificado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, imposibilitando con ello que el Senado de la República dé continuidad al proceso constitucional.
Por lo anteriormente expuesto se propone a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente,
Punto de acuerdo:
Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de estar en posibilidad de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente u obvia resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sí se considera de urgente u obvia resolución. Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios tiene, en primer lugar, el uso de la tribuna el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el punto de acuerdo en cuestión, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que envíe a la Cámara de Senadores el expediente respectivo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es sin duda un tema de primordial relevancia, sobre todo porque su ratificación se ha postergado por más de siete años.
Es evidente que el documento suscrito por distintas naciones en 2005 en Badajoz, España, representa un hito en la historia de lucha y conquista de los derechos de las y los jóvenes de Iberoamérica.
Resulta incuestionable, como destacan los resolutivos de dicha convención, que los acuerdos alcanzados significaron el final de una etapa, de una etapa de lucha por los derechos de la juventud y también el comienzo de un periodo aún muy extenso de importantes esfuerzos por establecer y garantizar de manera efectiva los derechos de las y los jóvenes de nuestra región.
En este sentido existe plena coincidencia con aquellas voces que legítimamente demandan la atención impostergable de los asuntos que preocupan a la juventud mexicana. En otras palabras, concuerdo con los posicionamientos que demandan mayor efectividad de políticas públicas, enfocadas a los problemas que aquejan a nuestra generación, particularmente suscribo aquellas ideas que exigen el ejercicio pleno de los derechos y las obligaciones de las y los jóvenes.
Sin embargo, debemos estar claros que con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el principio de exigibilidad y garantía de los mismos radica en la búsqueda y el establecimiento de mecanismos normativos vinculantes para que el Estado salvaguarde su aplicación, así como la sanción en aquellos casos en donde los derechos hayan sido violentados.
En otras palabras, el principio de exigibilidad se atribuye a la disposición de instrumentos, mecanismos y procedimientos de protección de los derechos de las y los jóvenes; de modo que cualquier violación de los mismos no quede impune o sin atención.
En este sentido es nuestra responsabilidad constitucional como legisladores, establecer y plasmar mediante leyes y normas jurídicas, aquellos ordenamientos que hagan exigibles las demandas de la juventud mexicana. Está claro que la voluntad, las buenas intenciones o aquellos discursos vociferantes son instrumentos necesarios pero no suficientes para atender de manera efectiva los problemas de pobreza, de salud, de seguridad, de educación y desarrollo que aquejan a muchos jóvenes de nuestra generación y en nuestro país.
Por ello, insisto, en la importancia de votar a favor del punto de acuerdo en comento, ya que representa una oportunidad para que en sincronía con la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos hagamos valer el principio de exigibilidad al Estado mexicano y que éste asuma el compromiso irrestricto de generar políticas públicas articuladas que contribuyan a contrarrestar la situación de vulnerabilidad en la se encuentran actualmente millones de jóvenes en nuestro país.
En congruencia con lo anteriormente expuesto, las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, votaremos a favor de esta proposición en virtud de que los temas que preocupan a nuestra generación requieren acciones y estrategias transversales desde todos los ámbitos del Estado mexicano.
Como lo he destacado en esta participación, como legisladores debemos asumir la responsabilidad de crear, modificar y cristalizar en las leyes todas las garantías que atiendan los derechos humanos de las y los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo. No se encuentra en este momento. En consecuencia tiene el uso de la tribuna la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros. Dentro del contexto internacional se han fomentado diversos instrumentos e iniciativas que vayan acorde con las necesidades que circunstancialmente tengan que adecuarse los jóvenes.
Sin embargo dentro de estas acciones destacan derechos irrefutables que son universales para todo ser humano, los cuales, en el caso de la juventud, se matizan de manera particular dentro del Programa Mundial para la Juventud de 1996.
De este tipo de programas, iniciativa de las Naciones Unidas, cabe mencionar que en el ámbito iberoamericano destaca la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes a la cual México se adhirió y firmó desde octubre de 2005. Dicha convención tiene como único objetivo el reconocimiento de todos los jóvenes como segmento de la población de derechos especiales. No puede ser posible que desde su firma en el 2005 hasta entrada en vigor, México no haya sido capaz de ratificar dicho tratado internacional.
Nos encontramos en uno de los momentos históricos donde existen más jóvenes no sólo en México, sino en todo el mundo. Lamentablemente en nuestro país no hay atención hacia este sector. Existen más de siete millones de nini y tal pareciera que a nadie nos interesa, ni siquiera a los que estamos ahorita sentados aquí en este pleno, por lo cual nos parece indispensable promover mayores y mejores oportunidades para este sector de la población.
Los jóvenes mexicanos atraviesan una crisis donde evidentemente los más afectados son los sectores más vulnerables. Existen malas condiciones para mujeres jóvenes, ya que sigue existiendo un gran número de feminicidios en varios estados del país. El desempleo, la falta de oportunidades, de educación, salud, entre otros derechos y no se han garantizado plenamente por nuestro sistema. Tal pareciera que a nadie le interesara esta situación de los jóvenes.
Quienes hemos tenido la oportunidad, como en mi caso, de ser maestra; platicar con los jóvenes, se encuentran muy sin esperanza en nuestro país, saliendo de las universidades con un titulo bajo el brazo y en donde ellos mismos nos mencionan: “no hay oportunidades de empleo en mi país”. Lo cual nos representa una gran pérdida de capital humano y de que todos nuestros jóvenes estén yendo a buscar en otros países estas oportunidades que se les están negando en nuestro propio país.
A nadie he escuchado con más fuerza, honestidad e inteligencia por la democratización de nuestro país, como lo han hecho en esta lucha los jóvenes.
A nadie le debemos más espacios que a los jóvenes; les debemos mucho. Los medios y el sistema político deben de enmendar su estrategia y dar más espacios a la juventud que se ha declarado contra la imposición aun en condiciones de persecución y descalificación.
Por lo antes expuesto, en Movimiento Ciudadano estamos a favor de que se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores el expediente referente a dicho convenio internacional para que el Senado ratifique de manera inmediata y se concrete su debido proceso de entrada en vigor.
No sólo exhortamos, exigimos que se ratifique el convenio. Es una deuda ineludible y una reivindicación a la justicia intergeneracional, a la incansable lucha de nuestra juventud que en 2012 dio una muestra de gran grandeza. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora sí el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeros legisladores. México todavía es un país en que sus habitantes son mayoritariamente jóvenes.
De acuerdo con el Censo de Población 2010, actualizado en diciembre del 2012., la población mexicana se integra con 116 millones 902 mil habitantes, de los que el 54.4 por ciento son jóvenes de 14 a 29 años de edad. Es decir, los jóvenes de México son 63 millones 600 mil personas.
El punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentado ante este pleno, refiere a que organismo multilaterales internacionales le han dado especial atención al sector de la juventud en el orbe. Y a este esfuerzo también se ha sumado de inicio, nada más de inicio, nuestro país.
El Instituto Mexicano de la Juventud en nuestro país ha dedicado esfuerzos para dar a los jóvenes mexicanos espacios en los que se orienten las políticas públicas de juventud, investigación de la realidad en este sector, incluyendo la capacitación de servidores públicos y representantes juveniles y en general promover proyectos en los que se integre a ese segmento de la población nacional.
En el ámbito internacional se ha firmado por varios Estados de la comunidad, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que dio paso al Acta de Badajoz. Este instrumento internacional es de una especial importancia porque reafirma el compromiso de los países que participaron en la negociación del instrumento para garantizar los derechos esenciales de los jóvenes en el mundo.
México participó en la negociación del instrumento internacional; sin embargo, a la fecha todavía no ha ratificado el instrumento. Se requiere, para dar este paso –y precisamente es el objeto del punto de acuerdo– que la Secretaría de Relaciones Exteriores turne el instrumento internacional para su aprobación por parte del Senado de la república y después se proceda, por parte del gobierno de México, a la ratificación internacional de esta convención. Eso es precisamente lo que está solicitando el punto de acuerdo.
Por la importancia del instrumento internacional y de que México se adhiera a este instrumento para que también el tratado internacional forme parte de nuestro sistema jurídico, con base en los artículos 1o y 133 constitucionales, los del Partido del Trabajo nos sumamos a este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros diputados: los poderes de la unión deben manejarse con total independencia y absoluto respeto. En este sentido, el Poder Legislativo no debe ser la excepción.
De acuerdo al artículo 76 de la Constitución, los asuntos relativos a la política exterior de nuestro país son facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. No obstante, esta Cámara de Diputados debe velar por los intereses del pueblo, tal como lo marca nuestra Carta Magna.
En este tenor, es necesario intervenir por el beneficio de la sociedad, en algo que consideramos perfectamente coherente al sistema legal. Un argumento importante es el de los jóvenes a los que debemos salvaguardar sus derechos, brindándoles un ambiente seguro y las condiciones necesarias para desarrollarse.
Es por eso que consideramos propicio impulsar la pronta ratificación del Acta de Badajoz en el orden jurídico mexicano, instrumento primordial para promover en los países la generación de políticas públicas de juventud, investigar las diferentes realidades juveniles, capacitando funcionarios y representantes, así como promover proyectos de integración para jóvenes a nivel nacional y regional.
Estamos conscientes de la responsabilidad que las instituciones públicas tienen para proveer a los jóvenes de mejores condiciones de vida y por supuesto de mayores oportunidades a quienes representan un segmento de gran importancia a nivel mundial y son ellos quienes nos develan los cambios que el día a día exige.
Actualmente el 18.5 por ciento de la población de entre 15 y 24 años se encuentra en las regiones menos desarrolladas. Esto es reflejo de cómo las oportunidades se encuentran mal distribuidas, siendo millones quienes no tendrán acceso a una educación de calidad o a sistemas de salud adecuados, por ejemplo.
Creemos que las inquietudes de los jóvenes nos pueden dar la pauta, no sólo para legislar a favor de ellos, sino para percibir un mundo diferente y tratar de adaptar nuestras ideas a un planeta cambiante y moderno.
En este sentido podemos contribuir para mejorar sus condiciones y respetar, sobre todo, sus derechos. Los jóvenes mexicanos tienen que ser un sector pujante en la construcción de una democracia libre y con metas muy bien definidas.
Un buen inicio sería ayudarnos con dicho documento para impulsar de modo directo el Plan Nacional de Desarrollo, las inquietudes de los jóvenes y no segregarlos; por el contrario, escuchar sus propuestas para proyectar, en consecuencia, políticas públicas en beneficio del crecimiento del país.
En el Partido Verde estamos a favor de este punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe a la brevedad el expediente respectivo para darle trámite legal en el Senado de la República. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo de urgente resolución que hoy discutimos se refiere a la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes como uno de los instrumentos internacionales más importantes que vinculan al Estado mexicano con su obligación de reconocer y garantizar la dignidad de las personas jóvenes. Se trata de uno de los pendientes más rezagados en la agenda del Congreso de la Unión.
La Convención Iberoamericana se firmó por nuestro país el 11 de octubre de 2005; tiene 44 artículos y su objetivo principal es el de proteger de manera integral los derechos humanos de las y los jóvenes bajo el principio de la no discriminación.
Cada uno de sus artículos se vincula con algún tipo de acción para hacerlos efectivos, como por ejemplo, se considera a la población como joven sujetos y titulares de derechos, exige a los estados que la ratifican a garantizar y respetar los derechos humanos de las y los jóvenes, compromete a los estados que formulen políticas y programas para que los jóvenes contribuyan en el respeto de los derechos humanos, plantea el fomento a la paz, la fraternidad y el derecho a una vida libre de violencia, establece la igualdad de oportunidades y del ejercicio de sus derechos entre hombres y mujeres.
Reconoce la importancia de las familias, de los padres y madres, sustitutos legales y jóvenes, y exhorta a los estados parte a reconocer los derechos expresados en la Convención Iberoamericana y a responsabilizarse de su promoción y respeto, así como la protección.
Así también, protege toda una serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que colocarían a nuestro país en una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial en cuanto a la defensa y protección de los derechos de las y los jóvenes, que en pleno siglo XXI seguimos padeciendo de la desigualdad y la discriminación, así como la falta de oportunidades.
Después de 7 años, así como de múltiples exhortos y puntos de acuerdo emanados, tanto de Cámara de Diputados como del Senado de la República, el Poder Ejecutivo federal no ha cubierto los requerimientos de información necesarios para proceder a su ratificación.
Es de reconocer que países latinoamericanos como Ecuador, Costa Rica, Honduras, Uruguay y Bolivia, entre otros, sí hayan ratificado esta Convención con la firme convicción de brindar a sus jóvenes las mejores condiciones y oportunidades de desarrollo. En estos países hermanos las y los jóvenes no son el futuro, ya son su presente y se están preocupando para prepararlos y ser mejores. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática nos sumamos a este punto de acuerdo de urgente resolución, pero más que ello nos pronunciamos por la construcción de una nueva relación con el mundo a través de una política exterior mucho más humana.
No es posible que nuestro país ejerza prácticas dilatorias en la ratificación de tratados y convenios internacionales que implican un mejoramiento radical de nuestro marco jurídico para la protección y garantía de nuestros derechos fundamentales. Las y los jóvenes somos uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo de nuestro país, somos los que representamos la verdadera posibilidad de cambio y de transformación.
Sabemos que los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana, pero es con pequeñas acciones y modificaciones a nuestras leyes como podemos hacer la diferencia entre la parálisis legislativa y la exigibilidad de nuestros derechos. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su venia, señor presidente. Debido a que los jóvenes de Iberoamérica no contaban con un documento jurídico que resguardara sus derechos, en particular para las necesidades y carencias propias de su edad, el 11 de octubre de 2005 la mayoría de los países de la región firmaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Cada uno de los Estados firmantes adopta el compromiso de incorporar, de manera progresiva, decisiones y medidas concretas que apuntan a considerar a los jóvenes como actores decisivos en el desarrollo de los países, en el marco de los desafíos que plantea el mundo de hoy.
México se adhirió y firmó la Convención en octubre de 2005, sin embargo no ha sido ratificado por el Senado de la República, es decir el proceso de ratificación de este ordenamiento se encuentra detenido. Esta situación impacta considerablemente en la vida y desarrollo de la población joven de nuestro país, las y los jóvenes de México viven hoy una etapa de grandes deseos pero también de gran incertidumbre.
Los jóvenes constituyen un puente hacia lo nuevo y tienen la fuerza para ser el motor de las innovaciones que requiere el país. En México no se cuenta con la Ley de Juventud, sin embargo, en el año de 1999, en el Diario Oficial de la Federación se crea la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Y es importante recalcar, que este 29 de marzo, también en el Diario Oficial de la Federación, resurge un nuevo tema sobre el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud.
Yo quiero preguntarle al señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto, sobre el tema qué va a pasar con los jóvenes. Ahorita, hasta el momento, no hay un titular del Instituto Mexicano de la Juventud y no podemos mandar a los jóvenes a una sola bolsa como grupo vulnerable, como lo están pretendiendo hacer y que sea subordinado de la Secretaría de Desarrollo Social.
Es penoso que hoy se quiera manejar a todo el ámbito juvenil como una sola bolsa vulnerable en un sistema controlador, que va en contra de un ambiente democrático y moderno.
Las políticas públicas de los jóvenes deben de ser directamente instruidas por los jóvenes, es por eso que pedimos de parte del Partido Acción Nacional, que sea un México más competitivo y que se voltee a ver a los jóvenes como fuentes de desarrollo para la libertad y para tener un México más moderno y transformador, que esté a la altura del siglo XXI.
Así también pedimos, que este nuevo encargo y este punto de acuerdo en la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos pueda ser remitida al Senado de la República para que sea aprobada y para que sea ratificada.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la voz la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Siendo evidente la importancia del grupo poblacional al que impacta el instrumento que se comenta en la presente proposición con punto de acuerdo, valga hacer algunas acotaciones para ilustrar su problemática específica en el contexto de la sociedad mexicana.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 29.7 millones somos jóvenes, lo que equivale a la cuarta parte de la población de nuestro país. Los temas que preocupan principalmente al grupo de los jóvenes, es precisamente la inseguridad y el desempleo.
El grado promedio de escolaridad de los jóvenes es hasta el primer año de medio superior. El 47 por ciento de los jóvenes trabajan, el 27 estudian, pero el 26 por ciento de este sector queda indefinido en cuanto a su actividad diaria.
Como es notorio, se perfilan claramente problemas específicos que afectan el ejercicio pleno de los derechos de los jóvenes mexicanos, derechos tan básicos como el acceso al empleo, en una vida saludable, la educación, a una vida libre de violencia, entre muchos otros. No son vigentes por una proposición significativa de la población juvenil. En ese sentido es que como legisladores estamos atentos a los instrumentos tanto nacionales como internacionales que permitan fortalecer el marco regulatorio para el desarrollo de este sector.
A este respecto, el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es un precedente importante e histórico la fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud, de cuya reunión celebrada en 2005, en España, derivó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, con los objetivos de promover la generación de políticas públicas de la juventud. Investigar las diferencias y las diferentes realidades juveniles que existen. Capacitar funcionarios y representantes juveniles y promover proyectos de integración para jóvenes a nivel superior, de manera nacional e internacional.
Como sabemos, la Convención recupera temas de vanguardia de los distintos problemas en discusión contemporáneos, sobre la problemática de los jóvenes. Incorpora elementos novedosos que vale la pena analizar, tales como el reconocimiento de los derechos a la protección contra la explotación económica del sector juvenil. A gozar de un marco legal laboral especial, a la protección social frente a todas aquellas instituciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. A la recreación, al tiempo libre y a muchas otras consideradas dentro de este sector que es la juventud.
Estimamos que no obstante, el instrumento debe abordarse y discutirse ampliamente. Ante la urgencia de reforzar las acciones para beneficio y protección grupo de los jóvenes.
En esa tesitura y la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, de acuerdo con el artículo 76 de nuestra Constitución, para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, estimamos adecuado subir, suscribir y hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al Congreso de la Unión el instrumento de referencia, a fin de concluir el proceso constitucional.
Con esta acción buscamos abonar al perfeccionamiento del marco regulatorio necesario para atender cabalmente a este grupo, que es puntal del desarrollo de nuestro país. Como diputados es necesario trabajar en pro para el desarrollo de este sector. Desarrollar su potencial y hacer esa fuerza un motor para el desarrollo de nuestro país, de México.
Esto no puede culminar ni cumplirse si no se aplican los mecanismos y las herramientas para el diseño de políticas que velen por este sector. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este punto de acuerdo, puesto que queremos una sociedad que encuentre en la juventud el propósito de sus más grandes esfuerzos.
Para nosotros la juventud es una condición de renovación generacional. Por ello, asumimos el compromiso de ampliar oportunidades para su desarrollo en todos los órdenes de la vida nacional. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Ahora, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que considere la integración de un legislador representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de esta soberanía en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como ustedes saben, con fecha 22 de enero de 2013 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, expidió el decreto por el cual establece el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que de siglas es Sinhambre, y nosotros consideramos que tiene que estar representado por un legislador en ese consejo de esta cruzada.
Con tal sistema se busca abastecer de alimentos, productos básicos y estratégicos a la población; promover el acceso a la alimentación en los grupos sociales más desfavorecidos; dar prioridad a la producción nacional, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria y asumir un enfoque integral que conjunte a los tres órdenes de gobierno iniciando con 400 municipios. Dicho sistema se conforma de la manera siguiente:
Una Comisión Intersecretarial compuesta por 19 organismos públicos, entre los que se encuentran: 16 secretarías de Estado, dos organismos públicos descentralizados no sectorizados y el Sistema Nacional DIF.
También están los acuerdos integrales promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social, está también un Consejo Nacional integrado por representantes de organizaciones de los sectores social y privado, de instituciones académicas, de organismos e instituciones internacionales y, por ende, la Secretaria de Desarrollo Social.
Están también los Comités Comunitarios, integrados por beneficiarios de programas sociales, están también los gobernadores de los estados de la república y el jefe de gobierno del Distrito Federal como invitados permanentes.
En la conformación del Consejo Nacional el suscrito diputado considera que es imprescindible que las legisladoras y los legisladores que integran el Congreso de la Unión, sobre todo los integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal de esta Cámara de Diputados participen a través de un representante en ese Consejo Nacional.
Se propone dicha participación con pleno respeto al ámbito competencial que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de contribuir al desarrollo coordinado y complementario de las acciones para fortalecer a los municipios.
La labor de los legisladores estaría enfocada principalmente en lo siguiente:
Ser un vínculo de las demandas del municipio y conocer las necesidades presupuestales de los 11 diferentes ramos que integran el sistema, establecer una comunicación directa entre los integrantes de los diferentes órdenes de gobierno y organismos que se integraran, con la Comisión referida, y dar cumplimiento a la agenda de trabajo de la Comisión de Desarrollo Municipal en referencia, creada en la presente Legislatura, principalmente en los siguientes aspectos:
Proveer de mayores recursos a los ayuntamientos, fortalecer el presupuesto de 2014 en materia municipal, sacar adelante los proyectos municipales, promover el desarrollo integral del municipio, proveer al ayuntamiento de instrumentos para fortalecer su autonomía, realizar una reforma integral municipalista, y potenciar la capacidad de progreso de los ayuntamientos en el desarrollo económico sustentable con equidad presupuestal, financiera, capacitación.
En ese orden de ideas es que se propone que la Comisión de Desarrollo Municipal participe en los esfuerzos del gobierno federal señalados en el decreto que mencionamos, lo que dejaría un precedente más en la concurrencia y cooperación de los Poderes de la Unión, ordenes de gobierno, y otras instancias, con el objeto de erradicar el hambre.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición de urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, considerar la integración de un legislador representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le ruego a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se considera de urgente resolución. Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios tiene, en primera instancia, el uso de la tribuna, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. A finales de enero del presente año, el titular del Ejecutivo federal dio a conocer la denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, que busca concretar la conjunción de políticas públicas, de la sociedad y de los diversos órdenes de gobierno, a fin de atender de inicio a 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema, los cuales carecen de alimentación suficiente, estable, de calidad nutritiva.
Esta problemática se concentra en por lo menos 400 de los 2 mil 400 municipios en los cuales un porcentaje importante de su población está sumida en la incertidumbre de poder llevar alimentos a sus familias. No cuentan con las condiciones de desarrollo necesario que les permitan salir de esta situación.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos conscientes de que la realidad social es compleja y que por atender a millones de mexicanas y mexicanos que sufren hambre en este país, se requiere de decisiones efectivas e integrales para superar esta situación.
Más resulta urgente establecer acciones prioritarias y focalizadas en 15 municipios, en los cuales 96 de cada 100 habitantes sufren de condiciones de pobreza endémica, jurisdicciones que se encuentran principalmente en el sur del país y concretamente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
La propuesta de la creación de políticas transversales con la participación de 16 secretarías de Estado y 3 organismos que representan a los sectores indígenas, las mujeres y la niñez, sin duda implicarán análisis minuciosos de las condiciones que provocan esta circunstancia y por tanto estas conclusiones serán las directrices de políticas a seguir en los próximos años.
Además de los diagnósticos de estos órganos de gobierno, las aportaciones de 31 entidades y el Distrito Federal serán de valor incalculable en la construcción de las estructuras las opciones de los sectores social, privado, académico y de organismos internacionales, por lo que en el Partido Nueva Alianza estaremos atentos a los avances que propicien estas acciones, siempre mirando por el bienestar de la sociedad.
Por tal motivo consideramos pertinente la propuesta del proponente para incluir a un representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados en el Consejo Nacional de la Cruzada Contra el Hambre, pues estamos convencidos que con esta inclusión abundarán los alcances de los organismos.
Compañeros y compañeras legisladores, la solución de los grandes problemas nacionales requieren decisiones inteligentes y efectivas, pero sobre todo los actores involucrados en esta cruzada contra el hambre, por eso el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se une a las consideraciones que dan origen al presente punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El programa decretado por el titular del Ejecutivo federal denominado Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre (Sinhambre), mejor conocido como Cruzada Contra el Hambre, ha sido integrado por una comisión intersecretarial, acuerdos integrales, un consejo nacional, comités comunitarios y gobernadores de las entidades y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Como se advierte en la conformación del Sinhambre, no figura ningún representante del Poder Legislativo, concretamente de la Comisión de Desarrollo Municipal, lo que a juicio del promovente es una ausencia que debe cubrirse por obvias razones.
En efecto, nuestro compañero Ernesto Núñez Aguilar, presentó al pleno de esta soberanía un punto de acuerdo de obvia resolución que consiste precisamente en cubrir el faltante referido en el párrafo anterior.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estima que habida cuenta que el programa aludido está dirigido en una primera etapa a 400 municipios de los más marginados del país –al margen de que cuando menos faltan otros 120-, ésta célula, la del municipio, debe formar parte de los organismos de dirección Sinhambre.
Más aún. Nuestro grupo parlamentario propone a esta representación nacional que no sólo sea un diputado de la Comisión de Desarrollo Municipal, sino un grupo plural de esta soberanía el que tome parte del Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.
Con ello se fortalece el federalismo, añeja posición del Partido del Trabajo, por lo que con la adición citada nuestro grupo parlamentario votará a favor del punto de acuerdo en comento.
Hago entrega por escrito de la adición ya firmada por el diputado promovente Ernesto Núñez Aguilar.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañera presidenta; compañeras y compañeros diputados. ¿Quién se puede oponer a un programa que combata a la pobreza? Definitivamente nadie; pero nos oponemos, eso sí, a su utilización electorera.
En Movimiento Ciudadano hemos trabajado para quitarle los PRIvilegios a los gobernantes, para eliminar las pensiones presidenciales de los ex presidentes, bajar el ofensivo salario de los ministros de la Corte, de los consejeros electorales del IFE y los muy elevados gastos en publicidad que realiza el gobierno federal y destinar todos esos ahorros al combate a la pobreza. Y en ese cometido no vamos a quitar el dedo del renglón.
Sin embargo no podemos dejar de señalar que este programa de la Cruzada contra el Hambre, en el cual a través del Sistema Nacional sin Hambre, está utilizando el noble propósito de combatir la hambruna y la pobreza, se está construyendo una estructura político electoral que tiene a su cargo la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social que se han nombrado en diferentes parte de la república.
La característica generalizada de estos nuevos delegados y delegadas, es que son gente con experiencia, pero experiencia electoral. Algunos botones de muestra:
En Tlaxcala la delegada de Sedesol, Anabel Ávalos, fue candidata a senadora, del PRI y fue secretaria general del Comité Directivo Estatal; en Veracruz, Arnulfo Márquez fue presidente del Comité Directivo Estatal y exdiputado federal; en Puebla, Juan Manuel Vega fue diputado local y diputado federal del PRI, presidente municipal de Izucar de Matamoros; en el caso de Hidalgo, Patricia González fue secretaria general del Comité Estatal. Y así podríamos seguir señalando uno a uno estos casos, y nos queda claro que Sedesol, su secretaria y el coordinador de delegaciones, Pedro de León Mojarro, con este batallón de delegados operadores político-electorales, van a ser un ejército no que combata el hambre ni la pobreza, sino que convierta dádivas, programas y apoyos en votos para el PRI.
Porque no es casual que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, haya anunciado con bombo y platillo que durante el mes de abril va a dedicarse a recorrer el país para acelerar la cruzada contra el hambre y su arranque.
Pero qué casualidad, cuando están por arrancar los procesos ya finales de proselitismo electoral en 14 estados de la república, casi la mitad del país.
Por eso nos parece también incongruente que se promueva la Cruzada Contra el Hambre y por otro lado se señale ya que se va a promover que se cobre el IVA en alimentos y medicinas, que la estrategia nacional energética elimine subsidios y vengan aumentos a las tarifas y sigan las cruentos gasolinazos. Nos parece que eso contradice el propósito de ir contra la pobreza y contra el hambre.
Por eso no es casual que el día de ayer el periódico Reforma, en una encuesta a los cuatro primeros meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto, lo haya evaluado como el presidente con la más baja aprobación de los últimos cuatro presidentes, con apenas el 50 por ciento de aprobación, muy por debajo de Fox, de Calderón y de Ernesto Zedillo.
Por otro lado –y concluyo con ello– lo haya reprobado en la evaluación en los temas de combate a la pobreza, creación de empleos, desarrollo económico, combate a la corrupción y sobre todo en el tema de la brutal inseguridad que se sigue padeciendo en el país.
Por todas estas razones no vamos a acompañar la propuesta que hace el diputado del Partido Verde, porque no estamos para andar de pedigüeños, que nos dé espacios el Ejecutivo. Revisemos los programas y que sea la Auditoría Superior de la Federación la que revise su cumplimiento a cabalidad. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la Fracción Parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado José Luis Esquivel Zalpa.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respecto al punto de acuerdo con exhorto al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a considerar la integración de un legislador en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre.
Al entrar en el análisis del sistema referido, se observa que aun y cuando el programa se desarrollará en todas las entidades del país, concentra sus acciones en seis estados: Oaxaca con 113 municipios; Chiapas con 55; Guerrero con 46; Veracruz con 33; el estado de México con 32; Puebla con 14 y en 87 municipios de la inclusión de esta lista de algunos municipios con alto desarrollo urbano, como San Juan del Río y la ciudad de Querétaro.
En este mismo estado, Guadalajara, Monterrey, cuatro delegaciones del Distrito Federal, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón, así como las capitales de 18 estados más, entre ellos el de mi estado, la ciudad de Morelia, en Michoacán.
Esa circunstancia muestra la gravedad de la carencia alimentaria en el país, pues afecta tanto a sus principales zonas urbanas como a las comunidades rurales más alejadas. Sin embargo, analizar con detalle los datos respecto a la pobreza alimentaria, en municipios urbanos como en el caso de Querétaro, se observa que éstos tienen bajos índices.
El municipio de Querétaro 9.1 y el de San Juan del Río, 13.5; estando en segundo y tercer lugar entre los que tienen menos índice de pobreza alimentaria, contrastan estos datos con el 55.4 del Pinal de Amoles y el 40.3 de Amealco de Bonfil, esa misma circunstancia se observa en el caso de Guerrero, en donde los municipios urbanos como Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, presentan los más bajos índices de pobreza alimentaria del estado, 22.9, 21.9 y 15.8, respectivamente.
En cambio, municipios con mayores índices que se quedaron fuera del programa, Pedro Ascencio con 64.0; Zitlala con 62.2; o Zirándaro con 52.0. Esta información sugiere una estrategia de aplicación del programa con fines político-electorales a fin de posicionar mediáticamente las acciones de gobierno federal en zonas urbanas que concentran altos porcentajes de población y de votantes, así como de entidades que habrán de desarrollar procesos electorales en este año.
Por ello, se debe de mantener una permanente observancia en el manejo de estos recursos para evitar que sean destinados para usarse en prácticas clientelares en las elecciones que se desarrollarán en este año en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo.
Precisamente los estados que concentran el mayor número de municipios al que se destinarán recursos a través de la cruzada.
El reto de esta cruzada es superar la visión asistencialista que dominan los programas incorporados en el programa, particularmente el de Oportunidades, que cuenta con los mayores recursos públicos, los cuales se han ido incrementando anualmente en la Cámara de Diputados a pesar de sus resultados negativos para contener el crecimiento de la pobreza en el país. Como lo demuestran los datos del Coneval, en un régimen democrático la vigilancia y la transparencia de las acciones de gobierno es un imperativo, por ello la participación de los legisladores posibilita la transparencia y oportunidad de fortalecimiento de la vida democrática del país.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor, pero considerando las modificaciones que presenta la redacción del Partido del Trabajo. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Enrique Alejandro Flores Flores.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy este punto de acuerdo nos pone en una encrucijada; si vamos a convalidar un programa social asistencialista que está maquillado para llevar fines electorales y rentabilidad política al PRI.
Yo considero que esta inclusión que proponen hace que los diputados de esta Cámara convaliden un programa que está encauzado visiblemente al temor que tiene el PRI de perder la elección de la gubernatura de Baja California, donde Quico Vega va a ser gobernador.
También estoy considerando que este programa, que grosso modo se ve que no está llegando a las ciudades que tienen mayor pobreza, está dando básicamente a las capitales de las ciudades grandes este beneficio, para que en la próxima elección intermedia el PRI intente recuperarse por ejemplo en Oaxaca, que ganamos con Gabino Cué.
Considero también que convalidar este tipo de acciones es lesivo para todo México, yo solicitaría que se activen los programas que ya se tienen y no incluyamos a un diputado más en ese Consejo, cuando ya tenemos una Comisión especial que revisa esos programas sociales. Es ocioso hacer esto y es maquillar y es convalidar a todas luces que lo pretende hacer el PRI en las elecciones que vienen.
Considero también que programas como el Pronasol en aquella época se aplicaron la misma forma. En el sexenio pasado los programas sociales fueron aplicados de forma correcta y forma subsidiaria, y por supuesto que trajeron beneficio a México y a las personas que menos tenían.
En este caso yo no sé por qué le vamos a dar a tres municipios grandes de Baja California, como Tijuana y Mexicali, que representan cerca del 96 por ciento de la votación total. ¿Será curiosidad o será el miedo que le tienen a Quico Vega para que gane la gubernatura del estado?
Considero también que Los Cabos no carece de programas sociales, Los Cabos es un municipio muy grande, también Querétaro, ¿por qué no se van a los municipios que realmente necesitan y donde la gente se muere de hambre? Vayamos por ellos.
La fracción parlamentaria de Acción Nacional, en congruencia y para evitar la convalidación de este acto, votará en contra de este punto de acuerdo y exhortamos a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a que realmente dé cuentas y no nos quiera tomar el pelo como lo pretendió hacer cuando vino a esta Cámara de Diputados.
Esperemos, esperemos realmente, diputados, que voten en conciencia. Y sabemos que vamos a ganar Baja California y en su momento también ganaremos Sonora y Sinaloa, por supuesto. Agradezco mucho la atención, diputada presidenta. Es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño.
La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la puesta en marcha de una estrategia enfocada a abatir el hambre con el objetivo de dar resultados en el corto plazo, fue una de las primeras acciones anunciadas por este gobierno al inicio de su administración.
Asimismo, en el Pacto por México, suscrito por todas las fuerzas políticas, se consideró incluir como una tarea de la más alta prioridad el garantizar el mínimo fundamental de la alimentación, para que ningún mexicano padezca hambre.
A través de la expedición del decreto en el que se crea el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y estableciendo éste, se dio concreción a dichos compromisos.
Para este Poder Legislativo el tema ha sido de la mayor importancia. Recordamos que fue en la legislatura precedente que se aprobó la reforma constitucional para incorporar en el artículo 4o. el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y establecer explícitamente la responsabilidad del Estado para garantizarlo.
Redoblar y perfeccionar los trabajos enfocados en este objetivo, son tareas que se inscriben en la atención de unos de los problemas estructurales más lacerantes para los mexicanos.
Como se señala en el decreto mencionado, es inaceptable que en pleno siglo XXI millones de personas padezcan hambre. Hablar de ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica es indicativo, pero no es suficiente para dimensionar de qué hablamos cuando nos referimos a la condición en que viven las personas que lo padecen.
Hablamos de temas tan preocupantes, como son la desnutrición y obesidad infantil. Hablamos de que 23 mexicanos al día mueren por deficiencias nutricionales. Hablamos de bajo rendimiento escolar, de mortalidad materna, de una condición general de marginalidad que impide el acceso a oportunidades de empleo, educación, cultura, deporte, etcétera. El problema es de la mayor envergadura porque atenta contra la vida misma, y como es evidente, hace nugatorio el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Acogiéndonos al talante transversal, incluyente, plural, participativo, federalista y democrático de esta estrategia, con pleno respeto a la competencia, que corresponde a cada ámbito de gobierno, los diputados del Partido Revolucionario Institucional suscribimos el planteamiento del diputado Núñez Aguilar, manifiesto en esta proposición con punto de acuerdo, para solicitar respetuosamente al titular del Ejecutivo, considerar la integración de un legislador en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
Conscientes de la magnitud del problema, optimistas del potencial de alcance que puede tener la estrategia y en total disposición para trabajar en conjunto, anteponemos, sobre todo, el interés para sacar al país adelante, atendiendo especialmente a los millones de mexicanos a la zaga del desarrollo y que hoy, más que nunca, requieren de la solidaridad, la creatividad que nace de la concurrencia y la colaboración, la fuerza que aporta la sinergia y los resultados que se obtienen en coordinación, concertación y con voluntad política. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz el diputado Eduardo Ramírez.
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el punto aquí a discutir es un tema importante para el desarrollo nacional de nuestro país. Hablar de la Cruzada Nacional contra el Hambre no puede verse como un efecto partidista. No puede verse como un efecto político electoral, toda vez que ha sido convocado desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde esta honorable Cámara de Diputados sumarnos a ese trabajo.
La propuesta del diputado Arturo Núñez, en el sentido de colaborar los municipios, de colaborar los diputados federales de cada fracción parlamentaria ante dicho Consejo no debe ser un tema aislado, ni mucho menos un tema que genere conflictos entre nosotros.
Debe generarse la unidad. El hambre no conoce colores, el hambre en las comunidades necesitan resolverse los problemas de fondo. Por eso es importante que cada fracción parlamentaria participe en este gran programa nacional.
Seguramente existen municipios que no están integrados. Seguramente están tomando en cuenta a municipios que tienen un desarrollo y que gozan de muchos programas dejando a un lado a municipios excesivamente pobres.
Para eso estamos aquí, para ser contralores sociales, velar por los intereses de los ciudadanos. Velar por esos intereses con propuestas. Y esas propuestas deben generarse al interior de esta honorable asamblea. Por eso, señora presidenta, diputadas y diputados, nosotros, como fracción parlamentaria...
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presienta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, diputado. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Sí, diputado, conforme al Reglamento, para preguntarle al orador si me acepta una pregunta.
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Sí, claro.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No da lugar a preguntas, están en posicionamiento de fracciones. Continúe el orador, por favor.
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Somos democráticos, y queríamos darle el uso, pero en atención al Reglamento vamos a acatar. La fracción parlamentaria del Partido Verde se suma para que cada fracción parlamentaria y para que los municipios participen en el diseño de esta gran Cruzada Nacional, porque el hambre –el hambre, señores diputados– no conoce ni militancia partidista, no respeta a nadie, el hambre se está sufriendo en todo México, y aquí debemos sumarnos por ese gran país, que es México. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Previa lectura consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Ricardo Cantú y aceptada por el grupo parlamentario proponente.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Único. Honorable Cámara de Diputados. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos considerar la integración de un grupo plural de diputados de esta soberanía que la represente, integrado por un diputado de cada una de las expresiones políticas que la integran en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Atentamente, diputado promovente Ernesto Núñez Aguilar.
En votación económica se consulta a la asamblea si es de aceptarse la propuesta de modificación del acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se acepta. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con modificación aceptada por la asamblea.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes del estado de Yucatán para que respete la autonomía y soberanía de su municipios de Tinum y de sus autoridades constitucional y popularmente electas.
La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh: Con su venia, diputada presidenta. El pasado 1o. de julio de 2012 resultó electa para ejercer el cargo de alcalde municipal, del municipio de Tinum, Yucatán, la ciudadana Natalia Mis Mex.
El cabildo que encabeza está integrado por siete regidores de Acción Nacional, tres del PRI y una del PRD. El ayuntamiento inició su periodo el primero de septiembre de 2012 y como todo ayuntamiento sometió a consideración de su cabildo su Ley de Ingresos siendo ésta votada con 10 votos a favor y uno en contra del PRI. De inmediato se envío al Congreso del estado dicha ley para darle sustento a sus actos de autoridad en materia de recaudación en todas las áreas. Por cierto, dicho Congreso del estado donde tiene mayoría el PRI, vota por unanimidad esta Ley de Ingresos de Tinum.
Cabe mencionar que dichos actos de autoridad están igual regidos por la Ley de Hacienda, misma cuya vigencia data de una administración priísta.
Segundo. El 24 de febrero, 100 manifestantes toman los edificios públicos del municipio de Tinum, Yucatán, alegando que habían sido clausurados de manera ilegal. Dichos lugares fueron sancionados por carecer de la licencia de funcionamiento y no pagar sus derechos en tiempo y forma que establece la Ley de Hacienda Municipal.
Con posterioridad a la ilícita ocupación, la alcaldesa trató de conciliar con los manifestantes que se habían apostado a las puertas del edificio público de la comisaría de Pisté, dándose cuenta la propia alcaldesa que los manifestantes no eran del municipio, ni de la comunidad de las comisarias, sino que estaban siendo encabezadas por el propietario de uno de los restaurantes.
Al día siguiente, en forma por demás diligente, se encontraba dispuesta a las puertas del inmueble municipal de Pisté, un fuerte operativo policiaco conformado por elementos de la policía estatal del gobierno del estado, donde lo administra el PRI. La policía estatal niega a petición de la alcaldesa entrar a ejercer sus funciones como autoridad municipal, violando de esta manera lo que establece el artículo 115 constitucional, y peor aún, la fuerza pública protege a los ciudadanos involucrados en la manifestación y cuyo derecho termina donde empieza el de la autoridad municipal.
Estos involucrados a calor de la policía estatal están cometiendo un ilícito, el cual se establece en el Código Penal del estado de Yucatán en su artículo 137, fracción VII, que a la letra dice: Impedir a las autoridades administrativas, legislativas, jurisdiccionales o municipales, el libre acceso a las instalaciones en que deban realizar sus funciones.
Ante esta circunstancia es evidente la invasión de la esfera municipal por parte del Ejecutivo del estado y peor aún en la protección en la comisión de un delito a particulares que obstaculizan las funciones propias de una autoridad municipal.
Tercero. Es de señalarse que en un ánimo de resolver el conflicto, el 25 de marzo la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Yucatán integra una comisión especial para atender el caso del municipio de Tinum. Esta comisión es presidida por el PRI, por un diputado del PAN, uno del PRD, uno del Verde y otro más del PRI.
Esta comisión se instala el 27 de marzo. Recordemos que el conflicto lleva 33 días y aún en ese momento no se había instalado la comisión. Esta comisión cita a la alcaldesa de Tinum para resolver el conflicto. Ya la tarde-noche del día 27 de marzo, la alcaldesa firma un convenio con el cual se compromete a realizar acciones en beneficio de solucionar el problema. Posteriormente la comisión especial se reúne con los empresarios, los cuales deciden libremente entregar la presidencia del municipio de Tinum.
Estas instalaciones de la cabecera municipal fueron entregadas a la comisión del Congreso, misma que el día de ayer, en un intento de entregar las instalaciones a la alcaldesa de este municipio, fueron agredidos por los manifestantes. Los manifestantes rocían con gasolina los vehículos municipales causando desmanes con golpes y palos ante las autoridades municipales y los diputados de la propia comisión.
Hasta el día de hoy no se ha resuelto el conflicto que aqueja al municipio de Tinum. La ciudadana Natalia Mis Mex, es una joven de 22 años, electa popularmente por el pueblo, por su municipio de Tinum, y es lamentable que el gobierno a través de la policía estatal no garantice esa autonomía municipal ni la gestión de la propia policía.
Yo les pregunto a todos los diputados y diputadas presentes, ¿no buscamos todas las fuerzas políticas mejores condiciones de equidad y más aún, de igualdad sustantiva? ¿No buscamos todas las fuerzas políticas mejores y mayores accesos a los jóvenes a todo tipo de oportunidades? ¿No está atentando el Ejecutivo del estado de Yucatán, cuando menos con sus omisiones, contra esos dos valores que tanto se promueven para defender por esta soberanía que son la mujer y la juventud?
Por ello proponemos el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Único. Se exhorta a los Poderes del estado de Yucatán a que respeten la autonomía y soberanía del municipio de Tinum, Yucatán, y sus autoridades constitucional y popularmente electas, así como garantizar la integridad física de las mismas y el libre ejercicio de sus funciones. Es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidenta, por la afirmativa. Por la negativa, corrijo.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Municipal para dictamen.
Saludamos a ciudadanos de la Colonia La Quebrada, de Cuautitlán Izcalli, estado de México, invitados por la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría con iniciativas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como servidores del Estado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 66, 70 y 71, de la Ley General de Educación.
La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, diputada presidenta; diputadas y diputados, hoy me dirijo en especial a los padres de familia y a los maestros, pues hoy sobre todo nuestras niñas, niños y adolescentes hay una amenaza en las escuelas. Una amenaza de la que no nos hemos dado en reflexionar y plantearnos como sociedad.
Cuando nos enteramos por las noticias de que en otros países se registran ataques que dejan numerosos muertos, pensamos que se trata de acontecimientos que nos son ajenos; creemos que somos extraños a esa realidad.
Al ver en las noticias la última masacre de una escuela en una pequeña comunidad llamada Newtown, que dejó 27 muertes, la mayoría niñas y niños, me fui percatando de un escenario ominoso.
Tristemente se están actualizando en México las condiciones para que se produzcan muertes colectivas en nuestras escuelas; pero estamos a tiempo para actuar y evitar que esto suceda. En nuestro país crece la probabilidad de una masacre en una escuela y esta iniciativa precisamente tiene la finalidad de prevenir ese ataque. En el contexto de la escalada de violencia que sufrimos, se presentan dos factores que son los siguientes:
México está inundado de armas de asalto de alto poder y se extiende en zonas de elevado índice delictivo la tendencia a reproducir violencia.
En los últimos seis años, el gobierno federal aseguró más de 142 mil armas, de las cuales 70 por ciento son rifles de asalto AR15 y AK47.
Uno de los primeros municipios en darse cuenta de este fenómeno fue el de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la organización civil Todos por Juárez presentó un estudio e informó en rueda de prensa lo siguiente: en las terapias de duelo que hemos aplicado en escuelas descubrimos que los niños viven una sed de venganza, y en unos meses algunos de ellos pueden ser quienes ejerzan la violencia.
De acuerdo a informes de la Secretaría de Educación Pública, para el año 2011 el programa Escuela Segura se aplica sólo en 710 municipios de los casi dos mil 500 que hay en el país. Este programa está diseñado únicamente para prevenir delitos de la delincuencia común.
En los Estados Unidos de América, a partir de la masacre de Columbine, cambió todo el esquema de seguridad en las escuelas. La Asociación Nacional de Servicios de Seguridad Escolar consideró que la mejor forma de prevenir un ataque radica en detectar a tiempo al agresor, que suele ser miembro de la comunidad escolar. En junio de 2007 un padre de familia disparó y privó de la vida a la maestra Karla María Jiménez Baños, subdirectora de preescolar de un colegio del Distrito Federal.
Por ello hoy vengo a proponer que a partir del derecho a la salud y en el marco de los preceptos de la Ley General de Educación que buscan brindar seguridad en el proceso educativo, se realicen evaluaciones sicológicas a las personas que integran una comunidad escolar.
La iniciativa, de aprobarse, permitirá no sólo prevenir masacres en las escuelas, sino ofrecer y brindar atención a personas afectadas por algún padecimiento mental que pudiese llevar a causar daño a sus compañeros.
Compañeras y compañeros diputados: la propuesta normativa a detalle se puede apreciar en la gaceta de hoy. Les pido la revisen, la enriquezcan y posteriormente la aprobemos con el propósito de elevar, mantener y consolidar el nivel de seguridad en nuestras escuelas.
Démosles a las niñas, niños, adolescentes y a sus maestros la seguridad de que no habrá una masacre más en sus escuelas. Señora diputada, solicito a usted inserte la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, señora diputada. Gracias. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles. No se encuentra la diputada. Pasaríamos a la siguiente.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Terán Juárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y suscrita por la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Terán Juárez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, como es de su conocimiento, el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4o constitucional mediante el cual se mandata que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible.
En razón de lo anterior, es menester realizar las reformas y adecuaciones conducentes en la ley secundaria a efecto de cumplimentar lo mandatado por la ley fundamental.
Bajo este orden de ideas, la iniciativa plantea en su primer lugar, incorporar a la legislación nuevos enfoques y criterios para sustentar la política hídrica nacional entre los que se destacan:
Reconocimiento del derecho humano al agua;
Sostenibilidad en la planeación, diseño, implementación de la política pública hídrica nacional desde una perspectiva dinámica y positiva que atienda la conciliación de los factores económico, social y ecológico;
Transversalidad para la instrumentación de políticas públicas con enfoque interdisciplinario;
Responsabilidad en el impulso y cumplimiento de las facultades y atribuciones señaladas en el marco normativo vigente nacional a internacional;
Profesionalización para promover la especialización y certificación permanente del personal directivo y técnico de los organismos operadores de agua;
Evaluación permanente para revisar y adecuar los criterios técnicos, sustentables, económicos y sociales para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas hídricas a corto, mediano y largo plazo;
Calidad que fortalezca las capacidades y las atribuciones de la Conagua y de las comisiones estatales a un enfoque multidimensional en la gestión del agua y en la política hídrica nacional;
Un segundo elemento de la presente propuesta, es la incorporación de la perspectiva de género en el cuerpo normativo previendo como parte de la política hídrica la equidad de género en el acceso, uso y aprovechamiento del agua.
Al ser un tema pendiente para el Estado mexicano y una deuda histórica con las mujeres, sabemos de sobra que, ante la crisis del líquido vital las más afectadas son las mujeres, ya que juegan un papel central en su obtención, manejo y distribución.
De tal suerte que la falta de acceso al agua y por ende, al ejercicio pleno de este derecho, provoca un círculo vicioso de discriminación y exclusión, que tiene como resultado la conculcación a los derechos humanos, tanto para las mujeres como para las niñas.
En este sentido se plantea dar un enfoque de género a la Ley, asumiendo plenamente la problemática que viven las mujeres para posibilitar su derecho al agua, particularmente las más vulnerables, por lo que se propone agregar qué la eficacia y eficiencia de los programas hídricos del país consideran a las mujeres como un sector que necesita específicamente con respecto al uso y gestión del líquido específico. En suma, la propuesta que hoy pongo a su consideración pretende reformar la Ley desde una perspectiva humanista entendiendo desde una dimensión amplia el valor y el significado del agua para las y los mexicanos. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal, y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, desde siempre la familia ha sido considerada la institución básica y más importante de la sociedad, cumple un rol primordial de socialización, apoyo y protección de los individuos, especialmente de aquellos que todavía carecen de herramientas necesarias para desenvolverse, como son los niños, las niñas y los adolescentes.
La familia es el ámbito donde los niños encuentran afecto, vínculo emocional y personas de referencia. Se desarrolla la identidad y la personalidad de cada individuo. Sin embargo, en la actualidad el divorcio es un fenómeno que lleva a una nueva concepción de la familia en la sociedad, ya que cada vez es mayor la cifra de niños que crecen en familias monoparentales.
En 2001 se registraron 91 mil 285 divorcios, es decir por cada 100 enlaces matrimoniales se dieron 16 divorcios, esta relación muestra una tendencia creciente en los últimos años, en la que su punto más bajo se registró en 1993, con 4.9 divorcios por cada 100 matrimonios.
A partir de este año se observa un aumento paulatino que se debe a un efecto doble entre el incremento de los divorcios y la disminución de los matrimonios. De 2000 a 2011 el monto de matrimonios se redujo de 19.3 y el de los divorcios aumentó en 74.3 por ciento.
Los divorcios se clasifican en administrativos, cuando son tramitados en el Registro Civil, y judiciales, cuando se tramitan en los juzgados. En los primeros la pareja no cuenta con hijos menores de 18 años. En los segundos puede o no haberlos.
En 2011 la mayoría de los divorcios fueron judiciales por lo menos el 85 por ciento de éstos, y tan sólo 3 de cada 10 no tienen hijos menores de 18 años, es decir, una tercera parte tiene un hijo y una cuarta parte tiene dos hijos. Sólo en uno de cada 10 casos tienen tres hijos o más. Pero la parte más sensible y más afectada en un divorcio son los hijos que se derivaron del matrimonio. El lugar que éstos ocupan en el conflicto entre sus padres los vuelve vulnerables y esta etapa será determinante en su evolución psicológica.
Cuando todos los intentos por resolver los problemas fallan, comienza a desarrollarse un grave conflicto en donde uno o ambos progenitores comienzan una lucha legal, argumentando cada uno sus razones para quedarse, si así se le puede llamar, con los hijos.
Las peleas y desacuerdos se vuelven permanentes, toma un lugar primordial la necesidad de ganar y denigrar al otro cónyuge y el bienestar de los hijos, en muchos casos pasa a un segundo plano.
Esta subversión de la parentalidad ha devenido en el llamado síndrome de alienación parental, que es aquel trastorno que se produce en los niños, niñas y adolescentes. Fundamentalmente en los casos de separación confrontada de sus progenitores y que consiste en un, por así llamarlo también, lavado de cerebro que se hace a los hijos para impedir que exista una relación comunicacional sana con alguno de los padres y que eventualmente cuenta con la complicidad del niño o niña alienado.
Principalmente se puede ver en juicios de guarda y custodia de los menores, en donde el menor es inducido, acepta o rechaza, incluso ante la autoridad jurisdiccional, a uno de los progenitores bajo la influencia del otro.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, debemos continuar con el proceso de adecuaciones legislativas que den elementos objetivos, al juzgador, armónicos, al principio del interés superior de la infancia, para que la guarda y custodia procure el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, que también la ejerce, y evitar que cada uno de los ascendientes lleve a cabo actos de manipulación o alienación parental, encaminado a producir, en la niña o el niño, rencor hacia el otro progenitor.
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos asumido siempre una postura propositiva sobre los problemas que actualmente aquejan a la familia. Diseñamos directrices que protejan no sólo los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, sino que repercutan en sus padres y en todos aquellos que puedan ejercer la guarda y custodia en determinado momento.
Uno de los derechos reconocidos por los tratados internacionales y el derecho positivo mexicano, es que el menor sea escuchado sobre su deseo de quién de sus padres a de ejercer la guarda y custodia.
Sin embargo, la legislación federal procesal y sustantiva, siguen dejando de manera subjetiva y discrecional, que el menor deberá quedar al cuidado de uno de los progenitores, salvo cuando ello le sea perjudicial.
Sin embargo, en muchas ocasiones la idoneidad de dicho padre o madre no se verifica de forma obligatoria por la autoridad, salvo que lo solicite una de las partes o incluso el Ministerio Público.
La presente iniciativa pretende constreñir al juzgador, para que se allegue de datos objetivos que le permitan determinar, con sustento en criterios técnicos, quién debe quedarse con la guarda y custodia de los menores, sin mermar su independencia en su valoración como elementos de convicción y evitar criterios subjetivos o parciales.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, los incito a que desde esta máxima tribuna demos un trato protector a los menores, con mecanismos legales para que la autoridad jurisdiccional, mediante la práctica de periciales en materia de trabajo familiar y psicología familiar, recabe todos los datos y pruebas necesarias para determinar, con independencia y prudente arbitrio jurisdiccional, quién debe quedarse con la guarda y custodia del menor, a fin de que los menores puedan ver materializado su derecho a una vida digna, libre de violencia y accedan a un pleno desarrollo psicosocial y afectivo.
Por ello, propongo a la estimación de esta soberanía el presente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 416 del Código Civil Federal y el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Solicito se inscriba la iniciativa de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto. Señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputada Malú? Sonido, por favor, a la curul de la diputada Mícher.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para solicitar que se turne a la Comisión de Equidad y Género para su opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con mucho gusto se obsequia, diputada. Túrnese también a la Comisión de Equidad y Género para su opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley de Vivienda.
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con el permiso de la Mesa Directiva. El artículo 4o constitucional, en su párrafo sexto establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
La ley establecerá los mecanismos y los instrumentos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo.
La vivienda es un espacio en el cual la población forma un hogar. En éste podrán alcanzar la estabilidad de sus vidas. Ahí es donde se desarrollan principios básicos para la convivencia dentro de las estructuras sociales.
Ante esto, hoy en día la demanda de tener una vivienda digna se ha incrementado. Y es importante garantizar que estas demandas se cumplan.
El Consejo Nacional de Población señala que identifica una población distribuida en pequeños asentamientos dispersos, con una baja relación entre el número de habitantes y la superficie que ocupan, así como actividades primarias, niveles bajos de bienestar y de condiciones de vida.
La mayoría de las viviendas cuentan con uno o dos cuartos de un tamaño aproximadamente de 25 metros cuadrados, causando un hacinamiento producto del crecimiento de la población y de la cantidad de los integrantes de la familia.
Son factores importantes para la construcción de viviendas el número de servicios básicos que tienen, tales como agua potable, electrificación, pavimentación, luz eléctrica, entre otras. Éstas prácticamente están nulas.
Hay que entender que la vivienda rural es un ente activo, y completamente ligado a su entorno natural, las distintas labores agrícolas, las relaciones de los integrantes de la vivienda, con los miembros de la comunidad, la diversidad cultural, la situación económica, la emigración tanto interna como externa y el contraste de las viviendas urbanas con las rurales, nos obligan a visualizar esta problemática desde distintos enfoques.
Hacerle un cambio de imagen o modificaciones a la vivienda, como un techo digno, como un piso firme, mayor control en la instalación de estos espacios, solamente se generan viviendas que van dándole una mejor calidad de vida, pero no resuelve los problemas de fondo.
Por eso vemos que en asentamientos humanos no se encuentran el agua, no se encuentra garantizado el alcantarillado, no se encuentra garantizada la energía eléctrica; y hace una vivienda que no tiene dignidad, una vivienda que no encuentra los decoros.
De acuerdo con la ley de la materia la vivienda digna es aquella que brinda a sus habitantes seguridad, mejoramiento en la construcción, habitabilidad, salubridad, y que ésta debe contar con servicios básicos.
Ahora bien, aún cuando el gobierno federal a establecido diferentes programas sociales para responder a la problemática de la vivienda rural, ninguno contempla la infraestructura básica. Estos programas están enfocados en acciones que ayuden únicamente en la imagen, en la estructura de esa vivienda o en la construcción de nuevas casas.
El Partido Verde siempre ha velado por las necesidades y los derechos de los menos favorecidos, es por eso que mediante la presente propuesta pretendemos agregar una fracción VI al artículo 13 de la Ley de Vivienda, en la cual se plantea la necesidad que dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Vivienda se establezca que se debe de garantizar el mejoramiento de la infraestructura básica, particularmente de las comunidades en situación de pobreza.
Como resultado de esto las familias rurales se verán beneficiadas y construirán un ambiente adecuado para el desarrollo de su vida diaria, al contar con una vivienda decorosa y una infraestructura adecuada. La dignidad de la vivienda es un derecho constitucional, y esto solo puede lograrse con una adición.
Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley de Vivienda.
Artículo Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley de Vivienda.
VI. Garantizar el mejoramiento de infraestructura básica, particularmente de las comunidades en situación de pobreza.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda para su dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta; ciudadanos legisladores. Vengo a presentar una iniciativa que reforma la fracción IV, del artículo 5o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
¿Por qué lo vengo a presentar? Porque el tema de la violencia hacia las mujeres, se posiciona en la agenda pública gracias al movimiento feminista, sin esta cruzada a favor del reconocimiento de prácticas políticas, sociales y culturales que reproducen la desigualdad de género, esta problemática no habría alcanzado reconocimiento como asunto de legítima preocupación.
Desde sus orígenes el movimiento feminista ha tenido como una de sus banderas la transformación del estado de cosas, así la denuncia ha estado acompañada de la acción, pese a lo cual sus aportaciones se incorporan de manera tardía a la academia, y no se diga al ámbito legislativo, en ambos campos el discurso patriarcal ha sido el dominante.
Aunque en la actualidad en los países occidentales, tanto las organizaciones de mujeres, como las instancias legislativas y los sectores académicos coinciden en el carácter sistémico de la subordinación de las mujeres y en la necesidad de explicar el papel que la violencia juega en esta constante, lo cierto es que la incorporación ha sido tardía. Esta incorporación de los conceptos feministas a la agenda pública ha derivado en problemas conceptuales que afectan los estudios cualitativos, el diseño de políticas públicas y el propio discurso jurídico.
Por eso estoy proponiendo una definición amplia acerca de la violencia. El objetivo de la presente iniciativa es avanzar hacia una definición socio-histórica de violencia hacia las mujeres, por esa razón retomo en la iniciativa los antecedentes más inmediatos de este tema. Esta iniciativa tiene por fundamento dejar con claridad en el caso de denuncias penales y en el caso del tipo penal cómo pueden abarcar la forma de protección de la mujer, no solo en los ámbitos económico y social, sino incluso en un ámbito que es el doméstico o intrafamiliar.
Yo le voy a pedir a la presidenta, plasme íntegra esta iniciativa, que me parece pertinente, sobre todo ahora que hemos estado hablando de las mujeres, aunque lamento mucho no haya sido aceptado el exhorto de una diputada del PAN, para con el gobierno de Yucatán, que una presidenta municipal de 22 años está siendo invadida en sus funciones, en su esfera de competencia y no somos capaces de debatir, de discutir, menos de exhortar al gobernador de Yucatán a que cese en su hostilidad contra esta presidenta municipal electa de manera popular y de manera legal.
Pero miren, más grave aún, hoy –de verdad es delicadísimo– antes de iniciar la sesión estaba leyendo algunas notas de algunos periodistas y notas de reporteros del mundo del espectáculo y me topé con un artículo que parecía increíble. Yo todavía en este momento me genero una preocupación y no doy crédito a lo que leí.
El día de hoy en una revista se publica un artículo de un periodista de espectáculos –muy leído y muy famoso– que intitula o que titula –este artículo, ¿saben cómo lo titula? – Malditas domésticas. Malditas domésticas, lo titula. ¿Saben, en su pequeño artículo entre otras cosas, qué comenta? Les dice a las trabajadoras del hogar: mocitas; malditas mal nacidas; malditas domésticas abusivas; personal encajoso, abusivo y ratero; trepadoras; malditas domésticas. Además las generaliza como ladronas, rateras, deshonestas y mentirosas.
No puede ser que estamos hablando todos los días en esta Cámara de cómo proteger a los sectores más vulnerables y a la luz del día sucedan este tipo de artículos que no son solamente contra un sector de la población. Es discriminación, es xenofobia, es racismo y es exclusión social. No puede permitirse de nadie. Los que escribimos en medios de comunicación no podemos permitir que esto esté ocurriendo en nuestro país y nadie diga nada.
El artículo utiliza estas expresiones ofensivas y oprobiosas, innecesarias, que hacen apartarse al lector hacia un asunto adicional para comprender cualquier idea –le pido, presidenta, un minuto nada más–, porque, de verdad, lo que estamos advirtiendo y viendo es que es una apología de odio contra un grupo que en nuestro país ha sido antaño discriminado.
¿Qué ganamos con la falsedad en el discurso? El domingo se festejó el Día de la Trabajadora Doméstica, o la Trabajadora del Hogar, y el lunes aparecen estos artículos oprobiosos, insensatos. Verdaderamente no puede la Cámara de Diputados permitir que esto esté sucediendo. Nada ganamos con estar aprobando leyes que nadie respeta.
Nosotros en el Grupo de Movimiento Ciudadano vamos a presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. No podemos quedarnos callados frente a este sector que no tiene seguridad social, al que no se le paga, al que se le maltrata y todavía tener que aceptar calladas este oprobioso lenguaje de estos tipos que me parece muy grave lo que está sucediendo. Presidenta, usted también debería firmar esta denuncia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, diputada ¿con qué objeto?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul). Señora presidenta, me parece que éste es precisamente el propósito de las reformas que propusimos a la Ley de Telecomunicaciones. No podemos permitir que se expresen de nosotras, seamos trabajadoras, empleadas domésticas o quienes seamos, desde los medios de comunicación, de esa manera.
Por eso solicito que retome la Mesa Directiva una solicitud que le hago desde aquí, como presidenta de la Comisión de Equidad y Género, como mujer, para que se le solicite una disculpa pública al señor Daniel Bisoño, quien colabora con TV Azteca, uno de los medios de comunicación más famosos en este país y que pida... Volumen, por favor; les pido por favor que me den volumen. Le pido por favor... de todas maneras ¿usted sí me escucha, señora presidenta?
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, le escucho perfectamente.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Le solicito, por favor, que esta Cámara de Diputados solicite al señor Daniel Bisoño, quien trabaja en TV Azteca, que dé una disculpa pública a las empleadas domésticas; gracias a ellas podemos salir, podemos trabajar fuera de nuestra casa, podemos comer y gracias a ellas estamos todas y todos aquí.
El señor Bisoño y TV Azteca deben de dar una disculpa pública a todas las empleadas domésticas de este país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se solicitará a la Mesa Directiva retome el asunto, diputada. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., y 3o., de la Ley sobe la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con la venia de la Presidencia. Debido a que los acuerdos celebrados entre México y otros Estados se rigen por el derecho internacional, es importante establecer regulaciones claras y pertinentes antes de llevar a cabo la celebración de los mismos.
Es por ello que se crea la Ley sobre la Celebración de Tratados, la cual fue publicada el 2 de enero de 1992.
En lo que respecta a tratados en materia económica, es importante señalar que este tipo de acuerdos implican una mayor rigidez técnica, además de que conviene establecer los objetivos primarios debido al impacto que éstos pueden tener ya sea en beneficio o perjuicio de la actividad económica de cualquier país.
Debido a esto en México se realizó un ordenamiento legal que regula los acuerdos internacionales de carácter económico, del cual resultó la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, publicada el 2 de septiembre de 2004.
La iniciativa que se presenta pretende reformar los artículos 1o y 3o de esta ley, con el fin de llevar a cabo una descripción correcta que defina el objeto de la ley en cuestión y, por otro lado, buscar la manera de beneficiar al sector productivo nacional.
Es necesario llevar a cabo una modificación que establezca que el objeto de esta ley es el de regular la negociación, aprobación y celebración de tratados internacionales en materia económica y no sobre las facultades de solicitar información, tal y como se establece actualmente en el cuerpo de la ley. Esto para que esté acorde con los fines para los cuales fue creada y por su importancia en los temas a los cuales se aboca.
Adicionalmente se plantea la adición de una fracción al artículo 3o en la cual se exponen los objetivos generales que se deben observar para llevar a cabo la aprobación de un tratado. La propuesta de adición establece la búsqueda del beneficio del sector productivo nacional como uno de estos objetivos generales, dada la importancia de buscar la mejora de las condiciones de las empresas establecidas en el territorio nacional, cuando se acuerde algún tratado internacional en materia económica.
Lo anterior es motivado por el incumplimiento de las expectativas sobre algunos tratados y del impacto negativo que han tenido sobre la economía mexicana.
El Banco Mundial ha asegurado que la apertura comercial emprendida por México en los años 90 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte han tenido efectos regresivos, afectando a los más pobres.
Es claro que vivimos en un mundo globalizado, interconectado de manera comercial. Existen argumentos a favor de la apertura a través de tratados económicos, pero éstos no pueden establecerse en detrimento del capital productivo nacional, sino a su favor. Sólo de esa manera veremos reflejados los beneficios a la sociedad a través de la generación de empleos y de incremento en los salarios reales.
Es necesario que los tratados que se aprueben sean buscando el beneficio de nuestro sector productivo. De no ser así, seguiremos viendo cortinas abajo y con ello menos oportunidades de empleo para nuestros trabajadores.
No es sostenible seguir permitiendo la entrada de productos del extranjero sin que exista real acceso a productos mexicanos en el exterior. Sigue persistiendo la competencia desigual, lo que ocasiona que se sustituyan productos nacionales por foráneos dentro de nuestro país, agotando las oportunidades de crecimiento para nuestras empresas.
Espero que apoyemos esta iniciativa, ya que de acuerdo al contexto mundial actual es importante ser precisos en lo que respecta a la celebración de los tratados que tengamos con otros países. Es cuando, diputada Presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Economía para dictamen.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Ley del Banco de México.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, señora Presidenta. Honorables compañeros diputadas y diputados: en Nueva Alianza estamos convencidos que un desarrollo económico y social sostenible se logra a partir de que el gobierno, en sus tres niveles, cuente con finanzas públicas sanas y ordenadas.
Sólo de esta forma estaremos en condiciones de otorgar las condiciones y oportunidades de crecimiento para las y los mexicanos. La iniciativa que presento ante esa soberanía está destinada a fortalecer los procesos de misión, amortización, reestructuración y manejo de deuda de las entidades federativas.
Se sustenta en el firme propósito de que como legisladores fomentemos las mejores condiciones presentes sin atentar con las condiciones de futuras generaciones de mexicanos.
Es una constante en nuestra actividad parlamentaria la demanda de los gobiernos estatales y municipales de incrementar los recursos federales para alcanzar la suficiencia financiera en sus tareas cotidianas de gobierno. Sin embargo, la obligación de mantener su hacienda pública saneada les imposibilita contar con más de lo que tienen permitido por las legislaturas locales.
En tal sentido, como grupo parlamentario sabemos de la importancia que cobra para las entidades federativas el poder realizar la gestión de sus endeudamientos utilizando mecanismos institucionales que se les permita tomar mejores decisiones y condiciones de deuda pública.
Como sabemos, las operaciones que involucran el endeudamiento de los estados y los municipios representan actos soberanos, que solamente competen a estos. Por lo que la deuda pública es considerada como deuda directa de las propias entidades federativas.
Asimismo, desde el ángulo de la política económica, el nivel de endeudamiento actual de las entidades federativas no representa un riesgo de carácter estructural para la estabilidad financiera del país.
No obstante, hemos sido testigo de situaciones que ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de algunos estados, en particular afectando las condiciones de desarrollo y competitividad de la población en esas entidades.
La cuenta pública de algunas entidades se ha observado que existen diferencias entre la deuda pública registrada y lo que es reportada. Las diferencias que se derivan básicamente de créditos a corto plazo o financiamientos que las entidades adquieren.
Se suman a los recursos que la Secretaría de Hacienda tiene registrado por la vía de transferencias y compensaciones federales. Esta situación tuvo una importante atención a nivel político financiero, al reformarse la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo que se genera un sistema contable claro y homologado que fomenta las transferencias de las finanzas públicas federales, estatales y municipales.
Sin embargo, sabemos que lo anterior no es suficiente. Hoy la sociedad mexicana es más demandante y requiere mayor información sobre el endeudamiento público y las condiciones en que éste se ha adquirido tanto a nivel nacional como estatal.
En este contexto de política económica, podemos ser omisos y permitir un problema de endeudamiento estatal excesivo debido a que la estructura de incentivos institucionales permite que los gobiernos estatales puedan pasar el costo de endeudamiento al gobierno federal.
Por este motivo, es de suma importancia de que como legisladores asumamos esta responsabilidad que el pueblo nos asignó, y establezcamos normativamente las medidas preventivas que fortalezcan los mecanismos institucionales con que cuentan los estados para la gestión y manejo de deuda pública.
Una de estas medidas, objeto de la reforma del artículo 3 de la Ley del Banco de México, consiste en que nuestro banco central, aprovechando su capacidad y experiencia técnica adquirida, fortalezca sus atribuciones a fin de que asesoren a las entidades federativas en la gestión de su deuda pública.
Con esta participación consideramos que se mejorará el proceso de gestión de deuda con miras de obtener la cantidad de fondos requeridos con niveles de riesgo y costos adecuados a las condiciones técnico-financieras de las entidades federativas.
Compañeras y compañeros diputados, para Nueva Alianza la adición que se propone contribuirá a mejorar las finanzas públicas de los estados, ya que serán ellos mismos quienes con mejores instrumentos institucionales e información de apoyo para la toma de decisiones, asuman las implicaciones de sus decisiones de endeudamiento, cuando las contraigan sea administrable de manera sostenible fomentando las condiciones económicas para las presentes y futuras generaciones de mexicanos.
De esta forma presento la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción V al artículo 3o de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:
El banco desempeñará las siguientes funciones: fungir como asesor de las entidades federativas en materia económica y particularmente financiera y de manejo de deuda, en los términos que convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas que así lo soliciten, contribuyendo con sus medios técnicos a facilitar los procesos de emisión, amortización, reestructuración y en general manejo de la deuda.
Es cuanto, señor presidente. Solicitando su muy amable autorización para que en estos términos y de manera integral, se inserte en el Diario de los Debates de esta honorable legislatura. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Así será, diputado, gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el decreto del 21 de febrero del año 2008 del Diario Oficial de la Federación, da paso al Programa Sectorial de Energía 2007-2012, en el que se establece la vinculación expresa de los objetivos, estrategias y acciones de las dependencias y organismos federales del sector energético para el uso y aprovechamiento de las energías renovables, en beneficio económico, ambiental y social.
Es innegable la importancia de las energías alternas o renovables para el medio ambiente, así como las bondades que éstas representan, pero también es importante señalar que los destinos más atractivos para la instalación de estas fuentes de energías son las comunidades marginadas. Por ello es necesario poner bajo estudio las ventajas y los cambios que éstas causan en el estilo de vida de esa población.
Es decir, debemos pugnar porque al momento de existir el proyecto para la instalación de algún proyecto de energía limpia sea sustentado con un estudio de impacto ambiental fidedigno y confiable, que regule la instalación y funcionamiento de éstos.
Como representantes de la población, debemos hacer que prevalezca la salud pública y la seguridad de las regiones y las comunidades vinculadas con la instalación de proyectos de energías limpias por encima de cualquier interés particular.
La implementación de cualquier proyecto que desarrolle cambios a un sitio específico siempre conlleva un riesgo, en este caso se presenta que de afectar los recursos naturales del lugar en el cual son implementados los proyectos, éstos pueden ir desde el deterioro simple del suelo hasta la afectación ecológica y física de la región.
Por citar un ejemplo, la conformación de los caminos que permiten el acceso a los sitios en donde se ubicarán los proyectos de generación de energía eléctrica, implícitamente lleva el acto de alterar el hábitat de las zonas aledañas y de la zona donde se ubique el proyecto.
Por ello, es que soy una firme impulsora de concientizar que existen alternativas para contrarrestar, mitigar o compensar los efectos negativos sobre el hábitat de las zonas, comunidades o regiones donde se ubiquen proyectos de generación eléctrica mediante energías renovables.
Considero que la línea a seguir es la integración de lo económico, lo social y lo ambiental, que en conjunto resuelvan la situación de vulnerabilidad económica y ambiental de generaciones y la herencia de una a otra, respetando los derechos de cada una en su tiempo y espacio.
Lo anterior lo podemos lograr dirigiendo la inversión específica de forma estratégica, de tal suerte que se apoyen en esas zonas y a los pobladores de las mismas.
Tenemos el deber, desde esta Cámara, de generar acciones en la implementación de proyectos que impacten positivamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en los impactos negativos que pudieran generar los proyectos de energías alternas.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y la fracción III, ambos del artículo 21 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Artículo 21. Los proyectos de generación de electricidad, a partir de energías renovables, con una capacidad mayor a 2.5 megawatts, deberán:
Fracción III. Promover que los generadores contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades en las que se ejecuten proyectos de energías renovables, para fortalecer el tránsito hacia el desarrollo sustentable conforme a las mejores prácticas internacionales y a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección al medio ambiente, derechos agrarios y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Celia Isabel Gauna Ruíz de León, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, y suscrita por el diputado Marco Antonio Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Con su permiso, señora presidenta. Saludo con afecto desde aquí, desde esta tribuna, a los ciudadanos y ciudadanas de mi distrito 12 en Jalisco, que está constituido por los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto.
La iniciativa que suscribimos conjuntamente el diputado Marco Antonio Barba Mariscal y su servidora, de la Fracción Parlamentaria del PRI y que hoy sometemos a la consideración del pleno, tiene como propósito reformar y adicionar diversos artículos e incorporar un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para la prevención del riesgo en este ámbito.
El tema que nos anima es de atención crítica y prioritaria, afecta a más de 22 millones de mexicanos que hoy día están expuestos, en mayor medida, a los fenómenos hidrometeorológicos tales como huracanes, ciclones, lluvias extremas e inundaciones. Un alto porcentaje de esta población en riesgo vive. Además, en condiciones de pobreza urbana de alta y muy alta marginación.
En igual sentido, los fenómenos geológicos tales como los sismos, las erupciones volcánicas y la inestabilidad de los suelos, que tienen todos como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre ponen en riesgo a millones de mexicanos y generan costos millonarios cada año.
Ante la eventualidad de un desastre natural, la vida en los asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales se ve seriamente trastocada por la secuencia de los efectos negativos en cadena.
Las condiciones de habitación, transporte, abasto, educación, salud y servicios públicos se dislocan y generan situaciones de adversidad y emergencia. Sin embargo, la vulnerabilidad de los asentamientos humanos no está determinada por la ocurrencia de los fenómenos peligrosos, depende del grado de fortaleza o fragilidad de varios de sus elementos, como es el caso de la infraestructura de transporte eléctrica, hidráulica, del manejo de los residuos y de la localización y característica de los equipamientos y de sus zonas habitacionales.
La vulnerabilidad social, por su parte, radica en gran medida en la forma en que la sociedad y el gobierno atienden y se preparan, se organizan para enfrentar dichas contingencias.
No obstante, si bien el desarrollo urbano y el de los asentamientos humanos, en general, es determinante para el bienestar social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de nuestro país y muchas ciudades no cuentan con un proyecto urbano definido. Y un importante número de asentamientos humanos carece de instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, como planes de desarrollo urbano, atlas de riesgo y esquemas normativos y eficaces para la protección de sus habitantes, sus bienes y sus servicios.
Sus instrumentos de planeación carecen de una sanción estricta que impida la organización en asentamientos humanos en áreas y zonas de riesgo. Incluso, aunque hay avances sustantivos en la materia, faltan aún lineamientos normativos de una política nacional para el ordenamiento del territorio, especialmente dirigidos a zonas y poblaciones más vulnerables.
De aquí la importancia de contar con normas jurídicas atingentes que regulen la existencia y características de ciertos elementos de los asentamientos humanos, previniendo impactos asociados con eventos catastróficos como los referidos.
Por ello se deben reforzar la organización y capacidad de respuesta gubernamental frente a estas amenazas antes, durante y después de las contingencias, capacidades que permitan prever, resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales.
Esta iniciativa se pronuncia por fortalecer los instrumentos de gestión, administración y ordenación del territorio que aborde la realidad en nuestros asentamientos humanos, orientados principalmente a salvaguardar a las personas y sus bienes. La seguridad de los mismos es y debe ser una prioridad y razón misma del quehacer gubernamental.
Se propone establecer un marco legislativo mínimo que sirva de referencia a los tres órdenes de gobierno en sus procesos de gestión o de autorización del crecimiento urbano, reduciendo los impactos socioeconómicos y ambientales de los fenómenos descritos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, mediante esta iniciativa es posible mejorar la protección futura y progresar en las medidas de reducción de riesgos de los asentamientos humanos. El asunto no es mínimo, los derechos al hábitat y a la seguridad de los mexicanos son de atención prioritaria. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su dictamen.
El diputado Kamel Athie Flores (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputado Kamel Athie?
El diputado Kamel Athie Flores (desde la curul): Gracias, presidenta. Sólo para preguntarle la diputada Isabel Gauna si los diputados de Chihuahua podemos adherirnos a ese punto de acuerdo.
La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Muchas gracias, diputado. Claro que sí.
El diputado Kamel Athie Flores (desde la curul): Gracias.
El diputado Arturo Cruz Ramírez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Arturo Cruz.
El diputado Arturo Cruz Ramírez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar a la diputada Celia Isabel por esta iniciativa tan importante y pedirle de la manera más atenta si me permite suscribir la misma.
La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Es un honor, diputado, muchas gracias.
El diputado Arturo Cruz Ramírez (desde la curul): Muchas gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputada Rosa Elba Pérez.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): Nada más para suscribir también y felicitar a la diputada. Hacemos también un exhorto para que Sedato y Sedesol cumplan prontamente la armonización de esta nueva Secretaría, y que estamos seguros de que la iniciativa de la diputada va a ser un éxito.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias. Aquí queda a disposición en la Secretaría para todo aquel diputado que quiera suscribir el apoyo a la iniciativa. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones del diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva, me permito enviar oficio suscrito por el diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual solicita que sea sometido a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos.
Solicitados por el coordinador general del Grupo Parlamentario del PRI
Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Baja, diputado Benjamín Castillo Valdés, secretario
Alta, diputado Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, secretario.
Comisión de Recursos Hidráulicos
Baja: diputado Benjamín Castillo Valdez, integrante
Alta: diputado Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, integrante.
Comisión de Transparencia y Anticorrupción
Baja: diputado Benjamín Castillo Valdez, integrante
Alta: diputado Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, integrante.
Comisión de Investigación para la Revisión y el Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Baja: diputado Gilberto Antonio Hirata Chico, integrante
Alta: diputada Lourdes Quiñones Canales, integrante.
Comisión de Asuntos de la Frontera Norte
Alta: diputado Alfio Vega de la Peña, secretario.
Movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comisión de Fortalecimiento al Federalismo
Baja: diputado Enrique Alejandro Flores Flores, integrante
Alta: diputado Enrique Alejandro Flores Flores, secretario.
Comisión Especial de Programas Sociales
Baja: diputada María Beatriz Zavala Peniche, integrante
Alta: diputada Leonor Romero Sevilla, integrante.
Movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Baja: diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, integrante.
Lo anterior para el trámite parlamentario que estime conducente.
En votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquense.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega (15:36 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 3 de abril a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
---o0o---