Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con dictámenes negativos de puntos de acuerdo
Retiro de iniciativas de diputadas y de diputados
De la Secretaría de Gobernación, con solicitud de permiso para desempeñar cargo de cónsul
Protesta como diputado del ciudadano Juan Isidro del Bosque Márquez
De la Cámara de Senadores, con minuta
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de dos dictámenes
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y en lo particular de la fracción III del artículo 530
Propuesta de modificación del orden del día
Votación en lo general y lo particular
De la Comisión de Puntos Constitucionales
Votación en lo general y lo particular
Que adiciona la fracción XXXIX/R al artículo 73 de la Constitución, fundamentación
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y lo particular
Declaratoria de publicidad de dos dictámenes
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdo de la Junta, relativo al Cendi “Antonia Nava de Catalán”
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 254 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:10 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, procesa la Secretaria a someter a la consideración del pleno el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron oficios: del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y deroga los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada el 27 de septiembre de 2012.
De la diputada Cristina Olvera Barrios por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Ley General de Desarrollo Social presentada el 4 de diciembre de 2012.
De la diputada Luis María Alcalde Luján por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Leu del Seguro Social, presentada el 18 de diciembre de 2012.
Del diputado Erick Marte Rivera Villanueva por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo, tercero, cuarto y sexto transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada el 11 de diciembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para el ciudadano Martín Enrique Torres Lara, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Estonia, en la ciudad de Tampico, con circunscripción consular en el estado de Tamaulipas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano don Juan Isidro del Bosque Márquez, diputado federal electo en el décimo quinto distrito electoral del estado de Veracruz.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a nuestros muy apreciables compañeros diputados Willi Ochoa, a la diputada Sanjuanita, al señor diputado... Perdón, es a doña Patricia Guadalupe Peña Recio, a María del Rocío García Olmedo, a Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, a doña Lorena Méndez Denis, y a doña Cristina Olvera Barrios. Por favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y Adán Ruiz, también que vaya.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadano Juan Isidro del Bosque Márquez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Juan Isidro del Bosque Márquez: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, diputado, bienvenido.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612; se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo.
No hay nadie registrado para fundamentar el dictamen, luego entonces tiene el uso de la voz don José Angelino Caamal Mena, para presentar postura de Nueva Alianza.
Perdón, diputado Belaunzarán, le ruego me disculpe no lo había visto, pero ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí, presidente, pasó muy rápido la discusión sobre el orden del día, pero el día de ayer hubo un acontecimiento con repercusión nacional.
Como usted sabe, se dieron a conocer ciertas grabaciones de funcionarios públicos queriendo utilizar programas sociales federales en las elecciones de Veracruz, tanto funcionarios estatales como federales, nacionales. Un tema grave que incluso –entiendo– ya les costó la remoción a varios funcionarios públicos por esto, así lo anunció la secretaria de Desarrollo Social.
Entonces la pregunta es, si está considerado este asunto en el orden del día, en virtud de su importancia, y si no yo creo que este pleno tendría que ver si no amerita, porque no es cualquier cosa lo que se está discutiendo.
Y yo quería ver, si es que no está considerado, si todavía daría lugar, si es que hay esa flexibilidad, para que el pleno pudiera definir si discute o no este asunto que me parece primordial. Yo creo que no deberíamos dejar pasar un acontecimiento de esta naturaleza, por sus implicaciones, presidente. Ésa es la petición.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No está considerado en el orden del día, pero usted tiene la posibilidad y el derecho de inscribirlo en la Junta de Coordinación Política, por medio de su coordinador, de tal suerte de que venga al pleno cuando así se considere prudente.
Don José Angelino Caamal, tiene usted el uso de la voz.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen que el día de hoy se somete a discusión en esta más alta tribuna de la nación, debido a que tiene por objetivo brindar certeza jurídica y mayor prontitud a los litigios laborales mediante convenios que tendrán la misma validez que si fueran firmados ante una Junta de Conciliación y Arbitraje.
Con esta reforma estaremos agilizando una gran cantidad de casos que pueden ser desahogados por medio de la conciliación en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y en lugar de durar dos, tres años o más en juntas locales o federales para la emisión de un laudo, con esta modificación al artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, respectivo de la funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, en el que se adiciona la celebración de convenios entre las partes, con la misma validez que ante una junta.
Estamos beneficiando la conciliación y la mediación de los conflictos laborales. En consecuencia, no se está perjudicando a ningún agente económico ni al trabajador ni a los patrones.
Si bien, la Procuraduría ya realiza tareas de conciliación, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, los acuerdos a los que logren llegar los involucrados tendrán la misma validez jurídica que una resolución de una junta de conciliación y arbitraje. Es importante destacar que con este nuevo mecanismo se da certeza jurídica a los patrones y trabajadores que suscriban dichos convenios.
Hay que destacar que no de los objetivos de la reforma laboral que votamos el pasado 28 de septiembre de 2012 fue promover la conciliación y la prontitud en la solución de los conflictos laborales.
El dictamen que hoy está a discusión, sin duda aportará otro elemento para que estos procesos sean más expeditos.
Es necesario resaltar que la reforma que propone este dictamen, de ninguna manera afecta a los trabajadores, puesto que ya está previsto en el artículo 32 del Reglamento de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo que los convenios que se realicen se podrán efectuar, siempre y cuando el trabajador no renuncie a sus salarios devengados y a las indemnizaciones y a las demás prestaciones que resulten de los servicios que ha prestado.
Compañeras y compañeros diputados, coincidimos en los motivos de esta iniciativa, así como en el mismo contenido plasmado en el presente dictamen, que habrá de establecer una importante reforma en la Ley Federal del Trabajo.
Por tanto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor porque forma parte de nuestra agenda legislativa el fortalecimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don José Angelino. Ahora viene doña Zuleyma Huidobro González, por cierto iniciante de este proceso parlamentario. Tiene usted el uso de la voz. Esta Presidencia les recuerda que estamos discutiendo en lo general y en o particular en un solo acto.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Debo informar a eta pleno que no hubo fundamentación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque la presidenta se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales que está sesionando.
Agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Trabajo por dictaminar a favor este dictamen. Y, por supuesto, agradezco a esta Mesa Directiva la importancia que la dio para que se presentara el dictamen.
La importancia del tema de los conflictos de trabajo es evidente, si se considera el carácter opuesto de los intereses de los actores del proceso productivo. Es una verdad indiscutible que se ha avanzado enormemente en el renglón del dialogo entre trabajadores y patrones, han ido cambiando paulatinamente aquellas formas violentas de solucionar las diferencias que segaban vidas obreras y reducían a cenizas las fábricas por mecanismos civilizados.
Hoy día el campo de batalla es una mesa de negociaciones. No obstante, los significativos logros que trabajadores y patrones han conseguido en sus relaciones, con base a una madurez y una creciente voluntad concertadora, sus intereses como clase social son y continuarán siendo encontrados.
El derecho como instrumento al servicio de la mejor convivencia entre los hombres y las mujeres tiene una importante misión que cumplir en este terreno, los conflictos laborales por pequeños que sean constituyen fisuras en el funcionamiento de las sociedades, son otras discordancias que rompen con el estado de convivencia y armonía que deben permanecer en los conglomerados sociales.
Un pilar fundamental de todo sistema jurídico es el establecimiento de mecanismos eficaces para dirimir las controversias, que garantice que lo resuelto se cumplirá, inclusive en contra de la voluntad de aquél a quien se le impone una obligación.
Si bien es deseable contar con un sistema judicial confiable y eficaz, resulta más sano el activar con la menor frecuencia posible la maquinaria jurisdiccional. Es muy apropiado que existan variados mecanismos o vías de solución de los conflictos; habiendo múltiples causas las soluciones necesariamente llegarán.
Los trabajadores y los patrones en sus controversias laborales tienen la opción de acudir ante la Procuraduría del Trabajo; elegir esta opción puede significar evitar la posibilidad de instar a la autoridad del trabajo en el inicio de un procedimiento y con ello aumentar la inmensa carga de trabajo, que de por sí ya tienen los servidores que prestan sus servicios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Como sabemos, en la actualidad la norma otorga la oportunidad de recibir asesoría y representación gratuitas por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, como autoridad del trabajo que depende del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Su función es asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos ante cualquier instancia en asuntos que se encuentren relacionados con la aplicación de las normas de trabajo; toda la atención que brinda es gratuita, basta con que se presenten a solicitar el servicio los trabajadores o sus organizaciones sindicales; el derecho del trabajo es protector de los trabajadores.
Por esa razón produce preocupación que existan procuradores generales y procuradores auxiliares que no cuentan con las habilidades y conocimientos suficientes para dirimir un conflicto laboral vía convenio, generando como consecuencia una mayor carga de trabajo a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Es necesario evitar desviaciones para que los trabajadores puedan acercarse con confianza a las procuradurías en la búsqueda de solución a sus conflictos, sabiendo que recibirán un servicio acorde con sus necesidades y bajo la protección de sus intereses.
Este sistema de procuración es una realidad jurídica que puede darse tan fácilmente ahora, que ayuda a aminorar el alto costo de la vida y las crecidas cifras de desempleados y de personas que se ven afectadas por un conflicto de naturaleza laboral.
Sin embargo, debe prevalecer el hecho de que aunque la inmensa mayoría de procuradores auxiliares desempeñan su papel con seriedad, con profesionalismo y con honestidad, algunos de ellos actúan al margen de la ley al orientar y a asistir a los patrones cometiendo con ello un grave error y sembrando desconfianza entre los trabajadores.
Por esa razón debemos poner atención en este problema y atenderlo puntualmente, ya que resulta indispensable que los trabajadores y los sindicatos acudan ante estas autoridades a sabiendas de que van a ser tratados profesionalmente entendiendo sus problemas, orientándolos y aún representándolos en el litigio, dado que esta reforma a la ley los proveerá de las figuras y las instancias en que podrán resolver sus conflictos.
Resulta innegable la concurrida práctica de los procuradores del Trabajo de avalar e instrumentar la celebración de convenios ante su presencia por medio de los cuales, tanto el trabajador como el patrón dirimen una controversia y plantean sus requerimientos en forma escrita, por lo cual se considera oportuno que se conceda dentro de la Ley Federal del Trabajo la facultad expresa para que ante dicha instancia se celebren instrumentos como si ya se hubiese realizado ante la autoridad jurisdiccional; en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, toda vez que de facto lo hacen.
Cabe señalar que la iniciativa fue presentada por una servidora con la principal finalidad de que en virtud de la carga importante y el número de juicios derivados de las controversias laborales, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo pueda celebrar convenios entre las partes que serán consideradas como afirmadas ante la Junta.
Recordemos que actualmente la Profedet sólo tiene facultad de proponer soluciones amistosas para arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas, la cuales nunca se cumplen porque en la mayoría de los casos las controversias terminan en conflicto ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
En México durante 2012 diariamente 84 personas en promedio fueron despedidas de manera injustificada, lo que hizo un total de 29 mil 729 demandas individuales interpuestas ante las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, los representantes laborales lograron conciliar con las empresas en 24 mil 148 casos mediante la firma de convenios fuera de juicio, mientras en cinco mil 582 procesos se determinó continuar con el trámite. De esta manera se evitó incrementar el número de expedientes rezagados que suman 79 mil 334.
Como es evidente, los acuerdos a que llegan trabajadores y patrones y que ponen fin a los conflictos, pueden hacer lo mismo en una negociación amigable que de un convenio o de una transacción dolorosa.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconoce el esfuerzo de las y los legisladores integrantes de la Comisión por conceder dentro la Ley Federal del Trabajo la facultad expresa para que ante dicha instancia se celebren instrumentos conciliatorios como si ello se hubiese analizado ante la autoridad laboral.
Derivado de lo anterior, invitamos a todos los legisladores a votar a favor del presente dictamen ya que seguramente con la nueva disposición se obtendrán grandes beneficios. Se trata de dotar al ordenamiento laboral de mayor precisión y certeza en beneficio de las partes, trabajador y patrón. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues muchas gracias y muchas felicidades. Don José Arturo López Cándido, del PT, se le respeta su espacio.
El diputado José Arturo López Cándido: Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados y diputadas. La iniciativa de ley por la que se faculta a la Procuraduría del Trabajo para que sus convenios celebrados entre trabajadores y los patrones tengan validez plena, esto se refiere a un gran salto en distintos esfuerzos para la solución de conflictos laborales en México, ya que la Junta Federal y locales no se dan abasto.
Tenemos que recordar que la Procuraduría del Trabajo fue creada como un organismo para la ayuda del trabajador, por lo que al llegar a tener un conflicto laboral, se tenía a la procuraduría para que se asesorara, ayudara a los trabajadores que son los que por su situación económica y la utilizaban, ya que al llegar a un juicio no tenían para pagar un abogado y era muy difícil y muy caro demandar los servicios jurídicos.
Recordando que la palabra de “procuraduría” significa procurar, como ejemplo, justicia. La Procuraduría General de Justicia tiene y es la encargada de procurar justicia en los ámbitos penales, también encargada de procurar que los derechos de las mujeres y hombres no se vean violados en los juicios familiares y funjan como representantes de los menores de edad e incapacitados y en los juicios deberá la Procuraduría del Trabajo procurar que el derecho de los trabajadores y patrones sean de igual a igual y en las mismas circunstancias.
Tenemos que observar que la Procuraduría del Trabajo tendrá que contar con su personal de lo más capacitado que las mismas juntas, ya que los procuradores auxiliares tendrán que resumir lo que es un juicio laboral, en lo que es un procedimiento y todo esto para llegar a un convenio.
Con esta iniciativa observamos que puede entrar en la gran mayoría de conflictos que existen entre trabajadores y sindicatos con los patrones, dejándole a la Junta de Conciliación y Arbitraje los conflictos de los cuales no se tenga una primera solución favorable para ambas partes o que por naturaleza del conflicto, requiera de una aportación y pruebas mayores.
Esta iniciativa también sirve para acabar con la corrupción que existe en las juntas de Conciliación y Arbitraje o con los golpeadores que se encuentran a las afueras de estos recintos.
Por tal motivo, los beneficios serán de carácter general para trabajadores, patrones y personal de labor de las mencionadas oficinas.
Por eso el Partido del Trabajo se adhiere a esta iniciativa y creemos que va a tener bastante beneficio para trabajadores y patrones. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Don Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Verde, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: los conflictos laborales son inherentes a las relaciones obrero-patronales. Siempre vamos a encontrar alguna relación jurídica que ventilar entre patrones y trabajadores derivada ya sea de un despido injustificado, de alguna situación que haga necesario acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para poder garantizar los derechos de los trabajadores.
Actualmente, nuestro sistema jurídico laboral genera grandes dilaciones en los procesos jurídicos que se llevan ante ellas, ya sean para procesales, ya sean conflictos individuales, conflictos colectivos de trabajo, todos siguen la misma suerte: tiempo, tiempo y tiempo para ser resueltos.
Actualmente, los trabajadores la primera instancia que tienen para poder hacer frente a sus derechos, para poder exigir sus derechos, es llegar ante el procurador de la defensa del trabajo. Es este funcionario quien los asesora y los ayuda y muchas veces instaura una demanda en contra del patrón.
El proceso laboral inicia con una demanda de conciliación, contestación de la demanda y pruebas. Generalmente, la conciliación laboral se da en este momento en audiencias que son programadas seis meses, ocho meses, incluso hasta un año después de que la demanda es planteada, generando con ello salarios caídos, que los trabajadores no tengan un ingreso rápido o no tengan en su mano lo que puede ser el recurso para su subsistencia. Y obviamente que los patrones tengan que contratar abogados, que tengan que defender a la empresa de un conflicto laboral que, por el mismo paso del tiempo, aunque ya aprobamos un tope para los salarios caídos en la última reforma laboral, es gravoso y costoso para las empresas.
La reforma que hoy se propone permite que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tenga fe pública para poder realizar los convenios y que éstos sean considerados como si los hubieran realizado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Es decir, que la Procuraduría del Trabajo se vuelve una autoridad en la que las partes pueden solucionar sus problemas, en la que las partes pueden llegar a un acuerdo y que va a tener característica de cosa juzgada, que es lo mismo que sucedería si se llevara ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
¿Con qué beneficio? El beneficio es el tiempo en el cual se van a poder solucionar estos conflictos laborales, obviamente el costo económico para las empresas, y que el trabajador pueda acceder a los derechos que por ley tiene en menos tiempo.
Por eso el Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor de la reforma, la vemos como un gran avance en materia jurídico-laboral y apoyaremos con todo la reforma en mérito. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Ramón Montalvo Hernández, del PRD, tiene el uso de la voz.
El diputado Ramón Hernández Montalvo: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de todos ustedes, compañeras diputadas y diputados. Sin duda alguna la reciente reforma laboral aprobada en los meses pasados ha sido un tema polémico que ha puesto a pensar a la clase trabajadora de cómo y cuánto pudieran ser afectados ellos en sus derechos laborales.
Sin duda alguna esta polarización que se vive hoy en día en el país, nos obliga al Congreso de la Unión a tener que tener los cuidados suficientes de cómo legislar, modificar y precisar las reformas que se vayan a realizar en este ámbito del campo laboral.
Por ello, compañeras y compañeros, quiero subrayar que la justicia en la medida en que se concretiza no sólo abre el camino para el bienestar y el desarrollo, sino mantiene a raya los abusos.
El procedimiento laboral es parte consustancial al logro de la justicia en bien de los trabajadores. Por más que la parte sustantiva de la Ley Federal del Trabajo establezca en su favor un cúmulo del derecho; esto, créanme compañeros, será poco significativo si su parte procesal da facilidades para que la impunidad penetre todos sus tejidos, y en la práctica se anulen tales derechos, incluidos los derechos colectivos.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha propuesto la supresión de las juntas de Conciliación y Arbitraje para entregar las atribuciones de éstas a jueces laborales integrados al Poder Judicial federal o local, según sea el caso. Ésas son las coincidencias que tienen que ver con este apartado y esta reforma.
Compañeros, esto permitiría por un lado impulsar la democratización del mundo del trabajo, un beneficio en general y un beneficio del propio país. El hacer a un lado uno de los pilares del corporativismo sindical, como son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, permitiría abrir el camino hacia una justicia imparcial, expedita y profesional necesarias para las y los trabajadores del país. Es decir, un verdadero equilibrio entre los factores de la producción, del concepto de la justicia distributiva.
El análisis que damos como Partido de la Revolución Democrática, es que desde el momento en que se propone que los convenios conciliatorios que se han celebrados por los factores de la producción ante el procurador federal del Trabajo, tengan el reconocimiento como si se hubieran celebrado ante las Juntas de Conciliación, esto sin duda alguna beneficiaría a los compañeros trabajadores, simplificaría los tiempos, ayudaría a resolver tantos problemas y resoluciones que están pendientes en el país.
Hacemos una recomendación a esta modificación, eta reforma, para alcanzar a plenitud este objetivo, compañeros, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo deberá tomar las medidas administrativas necesarias para elevar la capacitación de su personal en la celebración de estos convenios; fortalecer sus controles para que tales convenios se celebren en el marco de la legalidad, tutelando los derechos humanos laborales de los trabajadores.
Nuestro acuerdo partiendo de lo antes dicho, y aunque el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoyaremos en lo general este dictamen, nos permitimos presentar una modificación a este dictamen en voz de nuestra compañera diputada Socorro Ceseñas, con el objeto de que como elemento sustancial éstos deberán contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven, y no contener renuncia alguna de los derechos de los trabajadores, de lo contrario consideramos que se estaría concediendo el abuso contra el trabajador que la Ley Federal del Trabajo no debe permitir. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Doña Esther Angélica Martínez Cárdenas, del PRI.
La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, los derechos de los trabajadores deben estar siempre en constante expansión, esto por su situación de vulnerabilidad frente a los empleadores que se encuentran en condiciones más favorables económicamente. Dentro de estos derechos que han de crecer y fortalecerse, está el relativo al acceso a la justicia. De ahí que se salude el dictamen que hoy nos ocupa.
La importancia del proyecto que se somete a discusión es que se multiplican las posibilidades de celebrar convenios para subsanar conflictos laborales, observando siempre el principio de que tales acuerdos de voluntades no pueden ser leoninos para la clase trabajadora.
Los convenios, a los cuales nos referimos, serán los elaborados en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y tendrán la misma validez que los firmados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, de esta forma la Procuraduría, como autoridad laboral, será la encargada de asesorar a los trabajadores ante cualquier autoridad. En las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas laborales y la atención que brindará no tendrá ningún costo, pues bastará con que los trabajadores se presenten a solicitar el servicio por sí mismos o a través de sus organizaciones sindicales.
En este sentido, también se estaría favoreciendo a la celeridad de los procesos laborales y al desahogo de la carga de trabajo de los tribunales en materia de trabajo, pues al facultar a los procuradores de la instancia referida, habría una nueva ventanilla a la cual acudir de forma optativa, lo que aminoraría sensiblemente los asuntos de esta naturaleza que se tramitan ante las juntas.
Resulta innegable la muy socorrida práctica de los procuradores en materia laboral, de avalar e instrumentar la celebración de convenios ante su presencia, por medio de los cuales el trabajador puede acudir y dirimir una controversia y así externar sus pretensiones y acuerdos en forma escrita, por lo cual se concuerda con el dictamen al considerar oportuno que se dote en el texto de la Ley Federal del Trabajo la facultad expresa para que ante dicha autoridad se lleven a cabo estos convenios como si se hubieran efectuado en el seno de un juzgado especializado en la materia, en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, toda vez que es una práctica que en los hechos se lleva a cabo y dicha atribución no les ha sido expresada ni concedida en el texto normativa.
La utilidad generada por el presente dictamen radica en que los convenios conciliatorios que sean celebrados ante la Procuraduría del Trabajo, tendrán reconocimiento en y ante la ley, con facultades para ello, otorgadas al propio procurador en texto normativo. Se trata de dotar, en el ordenamiento del trabajo, de una mayor precisión y certeza en beneficio de las partes trabajador y patrón.
En el PRI coincidimos con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, la facilitación de los procesos jurisdiccionales y el acceso ejecutivo a la justicia, aminorando la carga de las autoridades para su mejor desempeño y favoreciendo a la certeza jurídica, en razón por lo cual votaremos en sentido aprobatorio el presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Honorable asamblea hemos terminado con la ronda de fijación de posiciones y esta Presidencia le otorga el uso de la voz a doña Socorro Ceseñas Chapa, para hablar en contra, inmediatamente después si nos deja alguna propuesta la someteremos a la conciliación del pleno y abriremos el sistema electrónico para recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Es para una modificación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ah, es para una modificación. Bueno, pues le doy el uso de la voz para presentar su modificación. ¿Le descuento el tiempo? Bueno, está bien. Tiene usted el uso de la voz.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Para aclararle al compañero diputado presidente, no es una posición en contra, es una propuesta de agregado a la redacción, de modificación de la redacción en una de las fracciones del 530. Presidente, ¿escuchó?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Perdóneme? Que es una propuesta. Sí, adelante, doña Socorro, la escuchamos.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Que me descontara el tiempo para hacer la aclaración.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya se lo descontamos, con mucho gusto. Bueno, se lo reponemos. Pónganle, por favor, sus tres minutos, por favor.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Aclarada la posición de su servidora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, procedo a hacer la propuesta correspondiente, no sin antes reconocer la iniciativa presentada por la diputada Zuleyma, así como también la posición que han tenido las y los diputados de los diferentes grupos parlamentarios para manifestarse a favor de esa propuesta, que su espíritu fundamental reside, radica en darle mayores funciones a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador o la Defensa Laboral.
Y tan es así que nuestra posición es a favor y reconocemos cómo han expresado y argumentado las diversas posiciones los diferentes grupos parlamentarios, solicitarles que la propuesta de modificación, de agregado en la redacción de la fracción III tiende, fundamentalmente, a que esas funciones que estaríamos dotando con la reforma al 530, tal cual está expresado, estaríamos fortaleciéndolo con lo siguiente:
¿Por qué el agregado en esa redacción? En un principio decirles que ya fue manifestado por nuestro compañero diputado del PRD que fijó posición, que inicialmente en la discusión, en el debate de la reforma laboral recientemente aprobada, veíamos el asunto del apartado de la defensa de los derechos de los trabajadores y de sus instancias, la desaparición de las juntas.
Fortalecer en sus funciones a la Procuraduría, viendo, obviamente, a ir abonándole a lo que hemos estado atendiendo diferentes diputadas y diputados, con relación de que haya una defensa irrestricta, tanto de los derechos de los trabajadores y en muchos de los casos, o en algunos de los casos, de quienes están en la figura de patrón o contratador.
Entonces, la propuesta que se hace y que esperamos que los grupos parlamentarios tengan a bien apoyar, sería de agregar, en donde concluye la propuesta de iniciativa a la fracción III, el agregado sería después de la palabra, junta, siempre que contengan una redacción circunstanciada de los hechos que lo motiven y que no contengan renuncia de los derechos de las y los trabajadores. Ése es el agregado en la fracción III, que no ha habido ninguna voz en discrepancia del espíritu y de la intención de esta reforma en el 530 de la Ley Federal del Trabajo, recientemente aprobada.
Y reconocer, tanto a la diputada y a otros diputados de los diferentes grupos parlamentarios, no en particular de este articulado, sino de otros, que han tenido a bien a presentar para fortalecer, para reformar, para hacer mejor la iniciativa de la reforma laboral recientemente aprobada, siempre fundada en tener en primer término la defensa irrestricta de los derechos laborales de los trabajadores.
La procuraduría siempre ha tenido esas funciones a desarrollar, pero está sin dientes, está obviamente acotada, sus actividades. ¿De qué se trata? De atenuar o acortar conflictos que en su momento a veces duran por años y que pudieran bien atenderse con prontitud dándole obviamente una certeza, dándole obviamente funciones que tengan a bien la tendencia a conciliar sobre los distintos conflictos.
Solicitamos el apoyo a este agregado en la redacción de la fracción III del 53. Es cuanto, y muchas gracias por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada doña Socorro Ceseñas Chapa.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia...
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, permítame un segundo. ¿Sí? ¿Con qué objeto, diputado Zamora?
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente, para manifestar que este dictamen es muy positivo para el desahogo de las controversias laborales, porque sin lugar a dudas que va a agilizar los juicios en las juntas, va a desahogar, va a descargar el trabajo que hoy existe.
Me parece que es fundamental que hoy las procuradurías puedan efectivamente tener esa capacidad jurídica, de que los convenios que se puedan celebrar ahí tengan carácter de cosa juzgada. Por ello Acción Nacional va a aprobar, junto con este dictamen, precisamente porque beneficia; beneficia indudablemente la administración de la justicia laboral. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Zamora. Siempre el consenso es de celebrarse. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse, que pase formar parte del dictamen para votarlo en esas condiciones.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación para que entre al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En estas condiciones ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de la fracción III, del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo con la modificación de la diputada Socorro Ceseñas, que ha sido aprobada por la asamblea.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda con un enorme afecto a los alumnos de la escuela de derecho de la Universidad de Guanajuato que vienen encabezados por don Jesús Meza, gran abogado laboralista, guanajuatense, y si me permiten la digresión personal, un maestro muy querido por los que fuimos sus alumnos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, ¿podría expresar su voto de viva voz, por favor?
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se registraron 438 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción III, del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día...
El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, ¿con qué objeto? Don Víctor Serralde, de Huatusco, Veracruz.
El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Es para hacer una solicitud a esta Mesa Directiva. Quiero hacer referencia a los hechos que en la prensa hoy generan la atención de los mexicanos. Fue presentada una denuncia y pruebas contundentes en contra de funcionarios públicos del gobierno federal y del gobierno del estado de Veracruz. Esta Cámara de Diputados no pueden permanecer inerte ante hechos tan deleznables que ponen en entredicho la credibilidad de la actuación del gobierno federal.
Quiero decirle, presidente, que la secretaria Rosario Robles, hoy por la mañana ordenó la separación del cargo del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, Ranulfo Márquez.
Solicitamos también que haga lo propio con el coordinador regional del Programa Oportunidades, Alejandro Baquedano, principal indiciado en los hechos que se denunciaron.
Y le solicito a esta Mesa Directiva, que en la próxima sesión se agende este tema para ser discutido en el pleno de esta Legislatura. Estos hechos no pueden quedar impunes y el peso de la ley debe recaer sobre todos los funcionarios corruptos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La asamblea se ha impuesto de su discurso. Haga su propuesta por la vía de la Junta de Coordinación Política. Don Alejandro Montano, ¿con qué objeto?
El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Gracias, señor presidente. Creo que debemos de tener seriedad en el Congreso. Ayer votamos la conformación de una comisión especial que se encargará de darle seguimiento a las 14 elecciones que habrá este año en los diversos estados del país.
Creo que no debemos de ser sensacionalistas y prejuzgar anticipadamente hechos que aún no han sido investigados ni detallados. En consecuencia, solicito que se le dé el peso a la comisión que se conformó ayer y que ésa sea la encargada de llevar a cabo este seguimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El peso lo tiene, diputado. Doña Guadalupe.
La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (desde la curul): Buenos días. Me sumo a la petición del diputado Serralde. Se me hace un cinismo lo que sucedió el día de ayer en Veracruz, sobre todo haciendo mención de lo que acaba de nombrar el diputado Montano, porque necesito que se investigue a profundidad y que se llame a juicio político a la secretaria de Desarrollo Social, así como al gobernador Javier Duarte por malversación de recursos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea. Honorable asamblea, les ruego su atención y su consideración. No vamos a abrir en este momento el asunto a discusión, en virtud de que tenemos varios dictámenes.
Hemos quedado en que vamos a hacer la solicitud por las vías correspondientes y que en el orden del día de la próxima sesión tendrá que aparecer el asunto. Les ruego su consideración en función de respetar el orden del día y que tenemos el día de hoy seis dictámenes. Doña Socorro Ceseñas, ¿con qué objeto?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Dos objetos, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): El segundo yo creo que ya adivinaron lo que iba a decir, porque ya el ingeniero de sonido como que rectificó porque curiosamente cuando hay alguna voz disidente de lo que usted está planteando o con lo que usted a veces no está de acuerdo, manipula el ingeniero de sonido los sonidos de las diferentes curules.
La otra es recordarle, señor presidente, que esta soberanía es la que tiene que tomar la decisión de si se discute o no en este momento. No es un asunto menor.
Si bien es cierto ya ha habido alguna respuesta, hasta cierto punto inmediata o expedita de la secretaria de Desarrollo Social, pero estamos hablando de un tema no menor, sino un tema mucho muy grave que atraviesa por actos que no deben de ser vistos en los diferentes órdenes de gobierno, dado que hubo ya inclusive un exhorto que fue votado de manera unánime en esta Cámara, donde se hacía el llamado a los gobiernos de los diferentes niveles de gobierno de las 14 entidades, de sacar mano de los procesos electorales de 2013.
No es un asunto menor y le recuerdo que este pleno tiene la soberanía para decidir si es de discutirse en este momento o no, indistintamente –o sométalo a votación– que el orden del día se haya votado al inicio, al arranque de esta sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le recuerdo, diputada que pasó el orden del día y no tuve yo la comunicación de su parte en el momento procesal y oportuno. Don Juan Bueno Torio ¿con qué objeto?
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Señor presidente, solicitarle y sea considerado ante esta soberanía desde hoy mismo. Entendemos que la aprobación del orden del día se da al inicio de la asamblea, pero queremos solicitarle, señor presidente, que agende este asunto como agenda política para el próximo martes.
Es un asunto de vital importancia, es un asunto que requerimos los diputados analizar y discutir, pues no sólo afecta al estado de Veracruz.
Es evidente, lo hemos visto y lo hemos escuchado en los videos que se han difundido, cómo los funcionarios están planteando hacer uso de los programas sociales, escatimando las despensas y utilizando la fuerza de esos programas para coaccionar el voto en el estado de Veracruz.
Finalmente ya logramos verlo y a ver si así las autoridades de allá de Veracruz actúan y también las autoridades federales.
Por eso, presidente, le solicito de la manera más atenta, a usted como Presidente de la Mesa Directiva, que dada la importancia de las 14 elecciones en el país, se agende este tema como agenda política para debatirlo el próximo martes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo haremos. Fernando Charleston.
El diputado Fernando Charles Hernández (desde la curul): Gracias. No, nosotros no creemos que haya mala intención en el uso del sonido, señor presidente. Solamente ya usted comunicó varias veces y lo comunicó el presidente que tenía hace un momento la conducción de la asamblea, el procedimiento para poner a consideración este punto de acuerdo.
Hay algunos diputados a los que se les tiene que explicar muchas veces, hay otros a los que no, como bien ya vimos con el diputado Juan Bueno Torio. Solamente le pediríamos continuar con el orden del día que ya fue aprobado, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado ¿con qué objeto?
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Sí, muchas gracias, diputado presidente. Quiero apelar al carácter soberano de esta asamblea para que en este momento podamos decidir la modificación al orden del día, agregando en la agenda política este tema que el día de hoy se hace público.
El problema de Veracruz no es únicamente local, porque está interviniendo una autoridad federal.
Les quiero pedir a los diputados del PAN, y al diputado Bueno Torio en particular, que acompañen mi petición que en este momento estoy formalizando de manera directa a la Mesa Directiva a través de su presidente, para que se incorpore en este momento este tema.
Tenemos que empezar a discutir los temas que son de importancia y de trascendencia nacional.
Este tema en particular lastima a la democracia, lastima a la ciudadanía veracruzana y pone en serias dudas la capacidad de este parlamento de ser contrapeso y de ser voz de la ciudadanía afectada. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. El artículo 64 obliga a esta Presidencia a escuchar a la Junta de Coordinación Política para poder incluir un punto en el orden del día. Le ruego por favor tenga usted a bien ver con su coordinador y con los coordinadores, de tal suerte que la Junta de Coordinación Política me lo solicite y yo le pida al pleno su voto al respecto.
Les rogaría de la manera más atenta nos permitieran pasar a dictámenes porque tenemos seis: tres de asuntos de cambio constitucional. Diputado, con qué objeto.
El diputado Roberto López González (desde la curul): Con el objeto de expresarme.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo escucho.
El diputado Roberto López González (desde la curul): Muchísimas gracias, Presidente. Me parece que la interpretación que usted hace de la lectura de ese artículo no debe de limitar la soberanía que tenemos en este Congreso.
Está bien, si a esa Presidencia el Reglamento y la ley orgánica le dicen que lo escuche, escúchelos, pero esta soberanía tiene la capacidad de decidir y no necesitamos que nos estén repitiendo el Reglamento ni la ley orgánica; lo único que necesitamos es no tener pastores. Estos 500 diputados que conformamos esta soberanía somos capaces de decidir por nosotros mismos. No necesitamos, y menos en estos momentos, que haya una Junta de Coordinación Política que nos diga qué podemos o qué o qué no podemos hacer.
Me parece que hoy los diputados debemos alzar la voz. Yo no estoy de acuerdo en que se discuta esto para el martes; es una salida fácil a un asunto y lo vamos a despresurizar. Vamos acordando el día de hoy discutirlo. A qué le tememos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Fernando Rodríguez Doval.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente unirme a las peticiones para que podamos discutir este tema, que es un tema muy delicado.
Además, déjeme decirle, Presidente, que los que somos del Distrito Federal conocemos muy bien a la secretaria de Desarrollo Social y sabemos que esta señora es la campeona del clientelismo electoral. Ya la padecimos aquí. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes para que esto no ocurra a nivel federal.
Este año hay 14 elecciones y esta Cámara de Diputados tiene que vigilar que esta señora no haga de las suyas, como ya lo hizo en el Distrito Federal, y ahora lo haga a nivel federal. Por eso mismo me sumo a las peticiones de que se pueda discutir este tema. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, hemos escuchado. Con qué objeto, diputada, la escucho.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente, usted no estuvo el día de ayer, desafortunadamente para nosotros, porque el día de ayer discutimos este tema y obviamente la Presidenta que quedó en su lugar actuó todo el tiempo de manera facciosa.
Yo lo exhorto a escucharnos y a tomar este asunto con la seriedad con la que usted sabe tomar las cosas. Nos urge debatir este tema y ojalá y sea el día de hoy porque verdaderamente esto no puede estar sucediendo. Estamos avalando el uso faccioso de recursos públicos en campañas, a través de una persona que, como bien dice mi compañero Fer Doval, hemos padecido en los últimos años y no podemos dejar que esto siga sucediendo.
Le pido que tome el punto el día de hoy. Acabo de comentarlo con mi coordinador Silvano, se suma a esta posición el Grupo Parlamentario, pide la palabra y le pido, por favor, que no dejemos ya pasar minutos ni horas.
Los dictámenes son muy importantes, pero esto es trascendental. Y aquí nos quedamos a morir. El Grupo Parlamentario del PRD se queda a morir el día de hoy para debatir el tema.
El diputado Humberto Alonso Morelli (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Morelli.
El diputado Humberto Alonso Morelli (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para sumarme a la petición de los demás compañeros, señor presidente. Creo que este acontecimiento que ha ocurrido en Veracruz es realmente deplorable. No podemos permitir que se utilicen recursos de los mexicanos, de los veracruzanos, de todos los contribuyentes, para financiar campañas políticas y operar para un partido político. Muchas gracias.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Silvano Aureoles.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Gracias, presidente. Breve. Hemos escuchado solicitudes, casi generalizado en este pleno, de que se pueda incluir en el orden del día el asunto grave, delicado, de Veracruz que hemos conocido.
Yo soy integrante de la Junta, y me sumo a esa solicitud, de que se incluya; se abra un espacio, se desahogue el tema por la gravedad del asunto, presidente. Le suplico, como integrante de la Junta de Coordinación Política que atienda nuestra solicitud. Muchas gracias.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Aída Fabiola.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Gracias presidente. Lo que está sucediendo en Veracruz, sucede en Oaxaca, sucede en Chiapas, pero quiero concretamente ponerles, comentarles qué pasó hace seis años.
Hace seis años grabamos al candidato del PRI ofreciendo despensas, el presidente municipal ofreciendo despensas, los grabamos. Incluso, hice la traducción porque fue en zapoteco, se subió a la red. Lo único que ocurrió hace seis años, presidente, fue que detuvieron dos días al culpable. Eso fue todo, no hubo castigo.
Es grave que en este país se siga condicionando el voto y se sigan condicionando los apoyos. Eso es grave porque la pobreza en este país parece ser negocio bastante jugoso para los que están en el poder. Por eso exijo que se tomen en cuenta los comentarios que se han vertido en este pleno, presidente.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Villarreal.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. Lo que sucede en Veracruz no es un asunto sencillo ni se puede tomar a la ligera, porque sucede en otros estados de la República, porque es un hecho grave, porque es un hecho que nos debe de indignar a todos quienes hacemos de la política una actividad para servir a la sociedad, para fortalecer sus derechos y para fortalecer sus libertades.
Lo que se denunció ayer del estado de Veracruz rompe con todo lo admisible en este país. Si los medios de comunicación no le dieron la potencia debida al tema, se lo tiene que dar esta Cámara de Diputados que representa al pueblo de México, se tiene que hacer, sí, y se tiene que hacer hoy.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada María de las Nieves. Diputado Beltrones.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): Gracias, presidente. Presidente, respetando enormemente la idea de todos y cada uno de los que han estado participando insistiendo en modificar el orden del día previamente acordado en Junta de Coordinación Política, como lo hemos hecho por muchas sesiones anteriores queriendo privilegiar sobre todo lo que hemos hecho durante mucho tiempo, el agotar estos dictámenes que han costado tanto trabajo en comisiones, y entendiendo que nos encontramos también en sesiones pero involucrados en elecciones en muchas entidades de la república, en donde las estrategias político-electorales tienen que ver en la materia, sabiendo que el día de ayer han presentado diversas denuncias sobre supuestos eventos llevados a cabo que están sujetos a investigación, supuestos eventos que han estado denunciados y que están sujetos a investigación, es que nosotros insistimos en que el orden del día sea respetado.
Fue votado al inicio, sea respetado y continúe esta sesión. Al final de la jornada ya han sido escuchadas muchas voces que han logrado el propósito de debatir lo que no estamos nosotros poniendo a discusión si se debe de debatir, sobre la verdad jurídica y política de ciertos hechos en cualquier entidad de la república. Y nosotros aceptamos y en buena lid, la sugerencia que ha hecho el diputado Juan Bueno, de llevarlo a agenda política ordenadamente el próximo martes, y privilegiemos hoy el trabajo legislativo.
Sé que la voz de hoy que repite la izquierda después de haberla puesto de moda la derecha, está haciendo ver con insistencia un contubernio, no obstante se conserva la originalidad de la derecha sobre esa expresión a la que se suma la izquierda, pero lo que queremos es orden en la Cámara de Diputados, de tal suerte que continuemos con el trabajo legislativo y comprometiéndonos con todos y cada uno de ustedes a discutir también responsablemente, esto que todavía apenas está en una denuncia que está sujeta a investigación, y que será materia política el próximo martes.
Por lo cual rogamos que la sesión continúe y agotemos los temas que hemos puesto en el orden del día.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Silvano Aureoles.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente, entendiendo que es correcta la apreciación de que hay un orden del día aprobado por la Junta, pero hay que precisar que la máxima instancia de decisión es el pleno de la Cámara. No es la Junta el órgano pleno de decisión, es una instancia de deliberación y de definición, pero la instancia de toma de decisiones es el pleno de la Cámara.
En consecuencia, le propongo una salida. Abra usted el tablero electrónico y sometámoslo a votación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputados. Diputado Villarreal.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente, sin demérito bajo ninguna circunstancia, de las facultades y de la fuerza que tiene la Junta de Coordinación Política y desde luego sin entrar en controversia con mi compañero el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, es procedente hacer esta propuesta porque se trata de un hecho superviniente.
Es decir, ayer cuando la Junta de Coordinación sesionamos, este hecho no era conocido en ese momento, al surgir este tema es que hoy distintos diputados, de distintos grupos parlamentarios, le solicitamos a usted, de manera formal y respetuosa, que con fundamento en el artículo 64, numeral 1, se someta a votación el cambio de orden del día y se ponga éste que ha sido referido.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Beltrones.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): He escuchado con mucha atención y respeto cada una de las propuestas de los distintos coordinadores parlamentarios y de las diputadas y los diputados, que valemos lo mismo, de tal suerte que todos nos ajustamos a lo que señala la ley y el reglamento.
Considero que todos los días suceden hechos supervinientes, algunos les acomodan más a unos que a otros, de tal suerte que se vuelven estrategias de carácter político. Admitiendo lo anterior y sujetándome a que el orden del día, por cierto, por esta soberanía ya ha sido votado y hay insistencia en modificar el orden del día, cuestión que se puede volver común y corriente en el futuro y habremos de sujetarnos a esta experiencia, es que nosotros no nos oponemos a que esta soberanía pase a registrar su voto, para ver si contempla como prioridad nuestra responsabilidad de seguir agotando el trabajo de comisiones que tanto ejercicio ha procurado, de voluntad política entre todos los aquí asistentes, o vamos a la discusión inmediata de un tema que todavía ni tan siquiera ha sido juzgado, sino que se encuentra en el prejuicio y en el perjuicio de la Cámara de Diputados. Adelante, con la votación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema... Don Arturo Escobar, lo escucho.
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Presidente, gracias. Yo quisiera simplemente verter de los enormes riesgos que se tiene modificar el orden del día, por hechos supervinientes declarados por el coordinador del PAN.
Es como si para nosotros fuera un hecho superviniente la liberación del general Ángeles Dauahare el día de ayer y subirlo a agenda política para únicamente golpetear. Respetar a los órganos internos de la Cámara de Diputados es nuestra obligación, señor presidente.
Ya el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Beltrones, invitó a que pudiéramos registrar en agenda política el próximo martes este tema. Yo le pido, señor presidente, que nos ajustemos al reglamento y a la Ley Orgánica del Congreso Mexicano y no vengamos con ocurrencias para afectar el orden del día que ya fue votada por este pleno. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, permítanme un segundo. El artículo 64 y 65 de nuestro Reglamento, me dicen que para incluir un punto en el orden del día tendría yo que tener la solicitud formal de la Junta de Coordinación Política.
Aquí se han expresado los coordinadores. Tengo dos opciones, ustedes que me han propuesto salidas, yo más bien les propongo entradas. Miren, una de ellas es pedirle a los coordinadores que me formalicen la petición y aceptarlo. La otra es abrir el tablero electrónico de votación en este momento.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por 5 minutos, en el entendido de que el voto por el sí es incluir el día de hoy en la agenda política el tema que nos ocupa. El no es por continuar nuestra sesión e inscribirlo para la sesión del próximo martes.
Repito, el sí es para incluirlo el día de hoy como tema de agenda política y el no es para inscribirlo el próximo martes.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego a la Secretaría tomar la votación del diputado que acaba de entrar en funciones y que no tiene registro.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Les recuerdo a los diputados que no se aceptará ningún voto cerrado el sistema electrónico.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, a favor 223, 0 abstención, en contra 234.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas protegidas marinas. Tiene el uso de la voz doña Cristina Olvera Barrios para fundamentar el dictamen.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el pasado 3 de abril del presente año, aprobamos el dictamen por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas protegidas.
Como es sabido, uno de los temas claves para lograr la conservación y el uso de diversidad biológica es atender la problemática de especies invasoras. En la actualidad se considera en las invasiones biológicas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad, superada solamente por la reducción y deterioro de los hábitats.
Asimismo, la introducción de las especies ha sido identificada como uno de los problemas ambientales más críticos a los que se enfrentan los hábitats acuáticos, sus especies y la biodiversidad en general.
El impacto de las especies invasoras sobre los ecosistemas marinos es inmenso; sin embargo, su repercusión va más allá de los daños directos que ocasionan a la biodiversidad, pues también implican pérdidas económicas y problemas sanitarios severos, lo que la transforman en una amenaza directa para el bienestar humano.
Es tiempo de atender los problemas que ocasionan las especies invasoras en el medio marino, que sin duda será la mejor herramienta para proporcionar el control y su erradicación, y con ello evitar estragos más graves en términos ambientales.
Fortalecer el régimen jurídico de las áreas naturales protegidas, ANP, que construye el instrumento toral en la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos, representa la posibilidad de reconciliarla integridad de los ecosistemas que se establecen en las zonas marinas mexicanas.
Para ello, a través del dictamen que abordamos el día de hoy, se establecen reglas mínimas que deben ser adoptadas por las categorías de las Áreas Nacionales Protegidas, respecto de los problemas que se suscitan en el medio ambiente marino.
Recordemos nuestra dependencia de los extensos recursos que obtendremos de los océanos y de las zonas costeras, tales como los alimentos y servicios ambientales, además de la recreación.
Pero hoy con pena podemos observar las dimensiones que han alcanzado los niveles de contaminación en el medio marino en virtud de que el hombre lo ha considerado como un crisol receptor de toda clase de desperdicios.
Sin duda un gran número de actividades productivas, agrícolas, turísticas, industriales y extractivas, entre otras, lo dañan de manera importante, poniendo en riesgo la sustentabilidad de éstas.
Dichos impactos devienen de la descarga directa a los mares o a los ríos que desembocan en ellas, las sustancias químicas, tóxicas, materias orgánicas que incrementan la demanda bioquímica de oxígeno, exceso de nutrientes, desechos orgánicos o energía entre otros. Todo ello muestra el carácter intersectorial que deben tener los esfuerzos para prevenir y controlar la contaminación del ambiente marino.
Bajo esta óptica los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, observamos con optimismo esta propuesta del dictamen, por el que se promueve una reforma normativa en el que convergen objetivos ambientales, económicos y sociales, y es por ello que solicitamos su voto a favor. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Cristina.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Luisa María Alcalde Luján tiene el uso de la voz para posicionar en este dictamen. No va a venir. No quiere posicionarse. Doña Milkdret Marina Verde Avendaño, del PRD; doña Patricia Lugo Barriga. Esta Presidencia le da el uso de la voz a doña Concepción Navarrete Vital.
El diputado Roberto López González (desde la curul): Presidente, le solicito la verificación del quórum, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El quórum se verifica conforme al Reglamento. Esta Presidencia lo decidirá en su momento.
La diputada María Concepción Navarrete Vital: Con el permiso de la Presidencia. El día de hoy tratamos un tema de suma importancia, de suma relevancia para el futuro nuestro como nación, pues somos poseedores de una gran riqueza natural y de gran extensión constituida por nuestros ecosistemas mexicanos.
Nuestra sociedad ha tenido a lo largo del tiempo una relación enorme con el mar, que se basa en la idea de los océanos que son una inagotable e inexplorada fuente de recursos naturales. Sin embargo, a pesar de que los ecosistemas marinos por siglos han servido como un espacio que suministra constantemente alimentos para la especie humana o rutas a la navegación, lo cierto es que las aguas de los océanos ahora son un sumidero infinito de residuos provenientes de las actividades que generan el desarrollo, lo que ha traído como consecuencias graves daños a los ecosistemas y la extinción de las especies.
En todo el planeta los ecosistemas marinos se encuentran en una situación de deterioro, los daños causados por el abuso de la pesca y la contaminación, entre otros factores, han traído como consecuencia que el medio marino y sus recursos se encuentren en una situación comprometido de sobreexplotación y degradación sin precedentes.
Es por ello, que los gobiernos se han dado a la tarea de crear áreas marinas protegidas, como método para revertir esta situación y preservar el desarrollo de estos ecosistemas. Con la votación a favor del dictamen que hoy se somete a la consideración de esta asamblea, estamos garantizando por ley la restauración y preservación de nuestros ecosistemas marinos, así como de sus funciones integrales que así lo requieran.
De igual forma, estaremos protegiendo nuestros litorales de una de las mayores amenazas para la biodiversidad, que es la introducción intencional o accidental de especies exóticas invasoras que desplazan a especies nativas y causan graves daños a nuestros litorales.
De igual forma se limitará el tráfico de embarcaciones para el caso de zonas núcleo que se ubiquen en zonas marinas y que tienen como principal objetivo la preservación de los ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo. Asimismo se regularán los aprovechamientos no extractivos de vida silvestre que deberán ser de bajo impacto y de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que para tal efecto emitan las autoridades competentes.
Compañeras y compañeros. México se ha distinguido ante el mundo por la riqueza de sus ecosistemas y sus recursos naturales, pero ahora deberá hacerlo como referente para el tránsito hacia mejores prácticas de cuidado y conservación de este patrimonio natural, lo que representa un gran reto que trae aparejada la supervivencia de nuestra sociedad.
En este orden de ideas, es impostergable asumir nuestro compromiso en aras de avanzar hacia el desarrollo sustentable de nuestro patrimonio ecológico. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Coni. Esta Presidencia, con el objeto de dar oportunidad a los compañeros que en este momento no están en el salón de sesiones de manifestar el sentido de su voluntad en este dictamen, declara un receso (12:48 horas) de 20 minutos.
(Receso)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (13:18 horas): Se reanuda la sesión. Ábrase el sistema electrónico de votación para recabar votación nominal del dictamen. Vamos a hacerlo por 15 minutos a efecto de dar oportunidad... Vamos a esperar cinco minutos más.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): Le ruego a la Presidencia si puede prorrogar este receso 20 minutos más, ya que estamos a punto de celebrar una reunión diversos coordinadores parlamentarios a fin de acordar lo conducente para reanudar la sesión y cumplir con responsabilidad votando cada uno de los dictámenes que tanto trabajo han costado crear en cada una de las comisiones. Pido de la Presidencia y de la Mesa el que nos puedan conceder que el receso se prolongue 20 minutos más.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (13:19 horas): Ante tan impecables razonamientos esta Presidencia amplía el receso.
(Ampliación del receso)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (14:13 horas): Se reanuda la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación a efecto de recabar la correspondiente al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Protegidas Marinas. Ábrase por diez minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación.
(Votación)
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): (A favor).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Damos la bienvenida a los alumnos y directivos de la preparatoria particular de Cuautitlán, estado de México, invitados por el señor diputado don Francisco Javier Fernández Clamont.
También a los invitados del diputado Hugo Sandoval Martínez, de la secundaria 224, Huetzalin, secundaria 33, Cuauhtémoc, y secundaria 28, Francisco Goitia García. Sean ustedes bienvenidos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, son 438 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 448 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Protegidas Áridas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene el uso de la voz don Julio César Moreno Rivera para fundamentar el dictamen.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales someto a consideración de esta honorable asamblea el dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III y IV, y suprime el último párrafo del apartado C, del artículo 37 constitucional en materia de Condecoraciones.
La presente reforma tiene como finalidad modificar el trámite que deben realizar los ciudadanos mexicanos para no perder tal carácter. En ese sentido, los ciudadanos que presten voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, acepten o usen condecoraciones extranjeras, o bien admitan del gobierno de otro país funciones o títulos que no sean literarios, científicos o humanitarios, deberán solicitar permiso al Ejecutivo federal y no al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, como actualmente dispone nuestra Ley Suprema.
Asimismo, tratándose del presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán aceptar y usar condecoraciones extranjeras.
Lo anterior es así, ya que hoy en día resulta injustificable poner en funcionamiento a la maquinaría del Poder Legislativo con el solo propósito de emitir una autorización con alcances tan particulares y específicos.
Al respecto, es preciso señalar algunos datos estadísticos:
En la LX Legislatura se autorizaron 135 permisos para aceptar y usar condecoraciones, 107 para prestar servicios y 33 por nombramientos de cónsules.
En la LXI Legislatura, se otorgaron 105 permisos para aceptar y usar condecoraciones, 86 para prestar servicios y 15 por nombramientos de cónsules honorarios.
Por lo anterior, estas estadísticas nos ilustran que todo este trabajo legislativo realizado por algunas comisiones y la soberanía de este pleno se pueden aprovechar de una manera más sustantiva para elaborar dictámenes que se traduzcan en reformas de ley para los temas prioritarios de nuestra nación, y no como sucede actualmente en trámites que parecieran más administrativos que legislativos.
Asimismo, con esta reforma se da certeza y agilidad al trámite que realizan los ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros, así como usar condecoraciones.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del dictamen para terminar con un trámite que en la actualidad se encuentra superado, y que sin embargo mantiene ocupadas tanto a comisiones como al pleno de esta Cámara, órganos que en la época que vivimos deben conjuntar esfuerzos en la satisfacción de las principales exigencias de la sociedad de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado Julio César. Está a la consideración.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Solamente le vamos a dar la palabra a doña Loretta Ortíz Ahlf, que tiene una propuesta de modificación, el diputado Ricardo Monreal, que tiene una propuesta de modificación y que está muy gustoso de venir a la tribuna, y luego en contra a Marcos Rosendo Medina Filigrana. Entonces tiene el uso de la voz doña Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro rechazo y en consecuencia nuestro voto en contra, del dictamen que reforma el artículo 37 apartado C, fracciones II, III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que se regula en este precepto constitucional es lo relativo a las causales de pérdida de la ciudadanía mexicana por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente en la fracción III, y en la fracción IV por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal o de su Comisión Permanente.
Como se puede apreciar, en el esquema actual son las Cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en los recesos de aquéllas, quienes autorizan a cualquier ciudadano mexicano el aceptar y usar condecoraciones o títulos que otorguen otros países.
Tal y como se contiene en el dictamen, se propone que el Congreso de la Unión abdique de esta facultad de otorgar autorizaciones y la función del Congreso pase al Ejecutivo federal, quien será el encargado de otorgar dichas autorizaciones. Además se establece un régimen en el segundo párrafo, fracción III, de mexicanos de primera y mexicanos de segunda, porque se prevé que el presidente de la república, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras.
Compañeras y compañeros legisladores, debemos recordar que en días recientes esta soberanía aprobó reformas al Título Cuarto constitucional en materia de responsabilidades de los servidores públicos, para eliminar el fuero de los altos servidores públicos de la nación, quedando exceptuado el presidente de la república. En aquella ocasión en particular los legisladores del PRI y del PAN decían que todos deberíamos de ser iguales ante la ley y que no debían existir mexicanos de primera y de segunda, siendo de primera aquellos servidores públicos en contra de los cuales no se podía seguir un proceso penal sin que previamente la Cámara de Diputados aprobara, vía la declaración de procedencia, retirar el fuero constitucional al servidor público protegido por esta inmunidad procesal. En tanto que como mexicanos de segunda, cualquier otra persona que no actúe con la inmunidad constitucional podrá ser procesada sin mayor trámite.
Ahora, en el presente dictamen pretenden imponer la diferenciación de mexicanos de primera y de segunda, donde la clase privilegiada no requiere permiso y el resto de los mexicanos sí lo necesita.
En vista de lo anterior, es indudable que existen dos posiciones de los principales partidos políticos en esta soberanía, cuestión que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo rechaza tajantemente.
En todo caso son precisamente los servidores públicos; presidente de la república; diputados y senadores al Congreso; ministros a la Corte, quienes por las tareas que desempeñan están en posibilidades de poder comprometer al Estado mexicano, subrayo, poder comprometer al Estado mexicano mediante sus actos u omisiones que favorezcan a otro país que les haya otorgado alguna condecoración, título o reconocimiento.
Somos nosotros quienes en todo caso sí debemos pedir la autorización y no el resto de la ciudadanía. Por estas consideraciones votaremos en contra del dictamen y presentaremos, precisamente, una reserva para el efecto de que se mantenga el texto actual del Apartado C del artículo 37 constitucional, en sus fracciones II, III y IV. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta de doña Loretta Ortiz Ahlf.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a asamblea si se acepta la modificación al artículo...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si se acepta a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: A discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en términos del dictamen. Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente y ciudadanos legisladores. Advierto, presidente, que no es el procedimiento usual, dado que es una reforma constitucional usted debió haber preguntado quién fijaba posición, quién se inscribía en contra y no pasar de manera directa a las reservas. Sin embargo, frente a la crisis temporal que vivió esta Cámara, voy a hacer un intento de explicarles por qué razón nosotros estamos en contra de esta reforma propuesta.
Primero, nos causa mucha sorpresa. Nos parece lamentable cómo pueden llegar minutas a esta Cámara con tal nivel de retrocesos, pero sobre todo, desconocimiento de la historia, la teoría del Estado y el sistema jurídico de nuestro país. Es igualmente lamentable que se privilegie la dictaminación de este tipo de minutas, cuando quedan otras pendientes en la comisión, de carácter mucho más relevante.
Revisando una y otra vez el propósito de la reforma en estudio, no puedo encontrar una justificación de peso, un problema o un reclamo social que requiera atención urgente, una laguna importante que deba ser cubierta, una adición que renueve el diseño orgánico institucional de la dimensión gubernamental del Estado para garantizar algún derecho social. No. Tal parece que el único sentido que persigue la reforma en estudio, es inscribirse en la línea de la desmantelación de las facultades, competencias y atribuciones del Congreso, para retornar a la figura presidencial plenipotenciaria, añorada por la cúpula en el poder, aunque de paso se están trastocando fundamentos básicos de los principios de justificación y del quehacer del Congreso. Se está comprometiendo el principio de separación y equilibrio entre poderes. Se está posibilitando la institucionalización y legalización del intervencionismo e injerencismo. Y finalmente, se está abriendo la puerta para desfigurar aun más el proyecto nacional vislumbrado por el Constituyente del 17.
La Comisión de Puntos Constitucionales elaboró otro dictamen chatarra, que constituye una mera tautología de lo expuesto en la minuta, por lo cual se desaprovecha la oportunidad de plantear cuestiones de fondo que se han dejado de lado.
La reforma en estudio no solo gira en torno a las distinciones que se otorgan a los mexicanos, ya sea a nombre propio o en representación de una colectividad que permita el reconocimiento de su labor en el extranjero mediante el otorgamiento de condecoraciones, lo cual puede implicar o no la sumisión o compromisos del otorgante.
Lo que se está ocultando, lo que se encubre o no se menciona mediante esta reforma diacrónica, sistemática, incongruente, es que nuestro país ha lidiado históricamente y sigue lidiando con perennes políticas colonialistas, imperialistas e injerencistas, propias de las potencias extranjeras.
Entrando en materia, hoy en día el Estado mexicano no solo ha dejado de lado responsabilidades que son intrínsecas al mismo Estado, sino que además ha subordinado sus intereses a los intereses del vecino del norte.
Hace no mucho tiempo se dieron a conocer los primeros cables publicados por WikiLeaks, los cuales pusieron al descubierto algo que desde hace mucho tiempo se instituía y se intuía porque sabíamos que había ocurrido pero no podíamos demostrarlo.
Los altos niveles de injerencia por parte de los diplomáticos estadounidenses en los asuntos internos de nuestro país. WikiLeaks confirmó lo que reiteradamente se había venido denunciando por los diferentes sectores de la sociedad y del personal político, no solo en asuntos que tienen que ver con la cooperación asimétrica en materia de combate al crimen organizado, sino que se demostró, además, la injerencia que tienen nuestros procesos de designación política interna, lo cual resulta inadmisible.
Hoy mismo estamos en crisis frente a la justicia. La justicia no existe en nuestro país, la justicia está podrida. Hoy mismo, cuando liberan a Ángeles o a Noé Mandujano no podemos sino sentirnos avergonzados porque se utilizó el poder. O bien, los jueces de consigna sometieron a proceso penal a personas que no tenían ninguna vinculación o tenían presuntos nexos con el narcotráfico.
Éste es un asunto de la mayor importancia. La justicia está en entredicho. Quiénes fueron los jueces de consigna. De quién recibieron las consignas. Y por esa razón nosotros nos oponemos a ese tipo de reformas. Pero lo que más me causa tristeza de esta Cámara es que no se dan cuenta los diputados y las diputadas que están autocercenando sus facultades. Es que no se dan cuenta que están renunciando a facultades que desde 1857 tiene la Cámara de Diputados.
Ahora se alega que nos hace perder tiempo analizar las condecoraciones. Y lo que más tristeza me causa es que sea la izquierda la que venga a proponer. Un sector de la izquierda el que venga a justificar este planteamiento de modificación del artículo 37 constitucional. No puede ser que esta Cámara esté autocercenando sus propias facultades. Esta disposición contenida en el artículo 37, que ahora pretende suprimirse, proviene desde 1857 y ahora se le quiere dar imple y sencillamente un fast track para desaparecerla. Estos niveles de injerencia que hoy, de manera vergonzosa y casi insultante son cotidianos, van a desaparecer.
He considerado siempre que cuando el Congreso legisla para autolimitarse es un error, así sucedió en el fuero, así fue la supresión del informe presidencial de rendir informes ante esta Cámara, ante este Congreso, así han sido muchas facultades que ahora de manera incluso de complicidad los diputados no afirman ni dicen nada. Es impresionante el nivel de ignorancia que existe cuando se aprueban este tipo de medidas.
Peyorativamente se dice, son los corcholatazos, pero no es así. Este Congreso tiene la facultad de decidir si un nacional merece la condecoración de un gobierno extranjero, este Congreso necesita tener ese principio fundamental que le da origen al principio de división de poderes.
Montesquieu, cuando diseña la teoría de la división de poderes, que éste copia de Bentham y a su vez de Locke, era sabio el pensamiento en establecer resortes que pudieran equilibrarse en el sentido de equilibrar los tres poderes. Sólo hay un poder, el Poder Ejecutivo.
Por eso me da mucha tristeza que sea un sector del PRD quien venga a justificar la desaparición de una facultad tan importante, contenida en el 37 constitucional. Lo aceptaría de la derecha, lo aceptaría incluso del gobierno, porque les incomoda, les resulta incómodo que tengan que venir a pedir permiso al Congreso para recibir una condecoración por el gobierno extranjero. Y hoy, ustedes, quieren suprimirla, quieren autorizar sólo al Ejecutivo federal para que sea quien resuelva si merece o no la condecoración.
Cosa más torpe en materia legislativa no había visto, cosa más incongruente de la izquierda podría admitirlo. Y estoy dispuesto a discutir –desde 1857–, a debatir con sentido de seriedad y de responsabilidad por qué debe mantenerse inalterable esta disposición en el artículo 37 constitucional.
No se puede alegar, señores diputados, que nos quieta tiempo en las comisiones. ¿Cuáles comisiones?, si ni trabajan. ¿Qué trabajo les quita si le dedican cuatro horas, ocho horas a la semana al Congreso? ¿Cuál es la prisa por suprimir facultades que desde 1857 se mantienen en la Carta Magna?
Me resisto a creer que haya diputados y diputadas que se autocastren, que se autolimiten, que se autoflagelen y ahora le hagan el trabajo al Ejecutivo federal para no incomodarlo. Me parece muy grave el retroceso en el que estamos atravesando.
Miren ustedes, incluso si atiendes el derecho comparado, en la mayor parte de países mantienen esta facultad; pero si quieren ir más allá, en países europeos los gobiernos nacionales prohíben usar y recibir cualquier tipo de condecoración de gobiernos extranjeros; prohíben a los ciudadanos, prohíben a los funcionarios, porque finalmente es el deber de esos funcionarios hacer buenos gobiernos, actuar con honradez y actuar con honestidad.
Por eso en Movimiento Ciudadano somos congruentes. No admitimos, rechazamos tajantemente esta intención de la propuesta de modificación al artículo 37 constitucional. Hay muchas materias en las que deberíamos incursionar. Por qué meterse a estos temas que autoflagelan, que autodenigran, que autolimitan al Congreso mexicano. Van a ver las consecuencias del fuero. Van a ver ahora que están intentando restituir el Informe Presidencial. Van a ver figuras como el arraigo y los testigos protegidos y ahora quieren suprimir, los que aprobaron la reforma para instalar estas figuras ominosas, como el arraigo y los testigos protegidos. Por esa razón me resisto a creer.
Tengo amigos senadores, amigas senadoras que fueron conmigo, participaron en discusiones históricas. Me resisto a creer que ellos vayan a votar en favor. Me resisto a pensar que ustedes no sean capaces de decirle: No, no voy a esa reforma por congruencia. Gracias, presidente. Le pediría, presidente que plasme integro un documento que preparé ayer por la noche, en el Diario de Debates, porque este debate es histórico, lamentablemente la subordinación es evidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El documento por supuesto se insertará íntegramente en el Diario de los Debates. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación planteada por el diputado Monreal.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Queda en sus términos. Ahora para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la voz, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.
Si me permiten, aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y maestros de la escuela secundaria general Jaime Torres Bodet, de la ciudad de Iguala. Invitados por el diputado Marino Miranda Salgado. Bienvenidos a la sesión.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. Quisiera en primer término dejar claro, que vengo a esta tribuna a razonar mi voto en contra del dictamen, mi voto personal, eso no obsta para que reconozca el trabajo que se realiza al interior de las comisiones de este Congreso y en particular el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y de su presidente.
Hoy, lo que estoy haciendo es hacer uso de mi legítimo derecho como diputado a disentir y a votar en contra de un dictamen que me parece que va en contra evolución histórica.
Mi primera pregunta sería ¿por qué renunciamos? Este Congreso de la Unión, ¿por qué renuncia a sus facultades y las transmite gratuitamente al Poder Ejecutivo federal?
Lo que hoy estamos discutiendo, el artículo 37 de Nuestra Constitución, en la prohibición expresa de aceptar condecoraciones extranjeras tiene su antecedente más remoto hasta la propia Constitución de Cádiz de 1812. Decía la Constitución de Cádiz de 1812 en su artículo 24, fracción II que se perdía la calidad de ciudadano por admitir empleo de otro gobierno.
Después, en el México independiente, paradójicamente entre las innovaciones que tuvieron las Siete Leyes Constitucionalistas nos encontramos que clarifica cómo se pierde la nacionalidad en su artículo 12, y señala en la fracción III que es por alistarse en banderas extranjeras y, en su fracción IV, por aceptar empleos de otro gobierno.
Pero dice el artículo 13 de aquellas Siete Leyes Constitucionales que se pierde la cualidad de mexicano, pero que puede obtener rehabilitación por el Congreso en los casos y con los requisitos que establezcan las leyes. Es la primera vez que en nuestra historia constitucional se habla de la participación del Congreso en el caso de la ciudadanía.
Posteriormente en las bases orgánicas de 1846, el artículo 16 también señala la pérdida de nacionalidad en su fracción III por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del Congreso –dicen aquellas bases orgánicas de 1846.
Y al igual que lo hacía su antecesora centralista, las Siete Leyes Constitucionales, en el artículo 17 vuelve a establecer la facultad del congreso para rehabilitar la calidad de ciudadano.
Posteriormente –como aquí lo ha dicho de manera muy clara el diputado Monreal- en la Constitución de 1857 se establece este artículo 37 que hoy estamos debatiendo. Decía aquél artículo 37 en su fracción II: Por servir oficialmente al gobierno de otro país o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal, exceptuándose los títulos literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente.
Como ven ustedes, estamos frente a la reforma de un artículo que tiene una génesis en nuestra historia constitucional. Aquí se viene a argumentar de manera frívola con cifras, porque dicen que es demasiada la carga de trabajo de las comisiones. Si vamos a empezar a caer en esas frivolidades en ese Congreso, a la mejor mañana desaparecemos la glosa del informe porque es mucho el papel que se gasta haciendo los documentos.
Decir con las cifras que de 400 solicitudes que se presentaron en las Legislaturas anteriores sólo una fue rechazada, es no decir la verdad, porque una de esas condecoraciones, de esos permisos para portar condecoraciones, que se negó, fue al titular del Poder Ejecutivo federal.
Tal vez por eso la prisa de hacer esta reforma, una reforma caprichosa que va en contra de nuestros antecedentes históricos.
Si la Constitución de 1837 preveía la rehabilitación de la ciudadanía por el Congreso, era el reconocimiento a que era la soberanía popular en este Congreso la que tenía que definir sobre un tema tan importante.
Y la evolución que vimos en 1857 era una medida preventiva para no perder la ciudadanía que fuera el propio Congreso federal el que se pronunciara por permitir que se usara una condecoración o que se sirviera a un gobierno extranjero.
Es una pena que estemos aprobando una reforma que limita las facultades de este Congreso, que las transfiere, sin argumentación mayor al Poder Ejecutivo y que permite la subordinación de ciudadanos mexicanos de manera literal, a potencias, a naciones extranjeras por el uso de condecoraciones o títulos sin haber pasado por este Congreso que es depositario de la representación popular y que indirectamente a través de nosotros eran las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos quienes otorgaban su venia y su beneplácito para el uso de estas condecoraciones. Qué lamentable. Por eso mi voto va a ser en contra. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero dar la más cordial bienvenida y saludar a los integrantes de la Asociación Civil de Defensores del Canal de Sales que están hoy aquí invitados por la diputada Joaquina Navarrete Contreras. Bienvenidos a la sesión.
Y también con mucho gusto saludamos a un grupo de estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de contaduría, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a la sesión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor Presidente, a favor 347 votos, 10 abstenciones, 94 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sí se da la mayoría calificada referida. En consecuencia aprobado en lo general y en lo particular por 347 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXXIX/R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz el presidente de la comisión, el diputado Julio César Moreno Rivera.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: a nombre de los que integramos la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el presente dictamen, y digo a nombre de todos los integrantes de esta comisión.
Asimismo, esta fundamentación la hago en mi calidad de presidente, a nombre de todos, no a título particular ni como posición de mi grupo parlamentario o grupo parlamentario alguno; es de manera institucional a nombre de la comisión.
Compañeras y compañeros diputados: el dictamen que hoy se va a discutir y en su caso aprobar tiene como propósito adicionar la fracción XXXIX/R al artículo 73 de nuestra Carta Magna para dar atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas.
Estarán de acuerdo, compañeras y compañeros diputados, en que la realidad que vive nuestro país es severa. La problemática derivada de la violencia es el tema que acapara toda nuestra atención. Es por ello que tenemos la necesidad de tomar las acciones que nos lleven al camino de la justicia y del derecho, y que abatan la intranquilidad de nuestros connacionales, por no tener los resultados que ayuden a superar esta violencia.
En este sentido, el trabajo legislativo se ha ido encauzando para dar resultados en dos vertientes: por una parte es la de abatir la violencia y por otra, la protección de los derechos humanos. Esto se vio materializado con la reforma constitucional del año 2011 mediante la cual se plasmó en nuestro orden jurídico nacional la protección de los mismos con la determinación de fortalecer en nuestra sociedad una cultura de respeto y de protección de los derechos de todos, en especial de aquellos grupos vulnerables, en este caso específico es lo relacionado a la afectación de daños sufridos tanto en lo físico como en lo material. En esa tesitura, conjuntamente con la reforma de derechos humanos se plasmó la importancia que debe de tener en nuestro orden jurídico los tratados internacionales.
La pretensión de éstos recae en el hecho de que a través de estos instrumentos vayamos perfeccionando nuestro sistema jurídico. Sin embargo, es necesario consolidar la función del Congreso en este tema. Es por ello que la pretensión general de esta reforma es otorgar las facultades concurrentes al Congreso, lo que implicaría que las entidades federativas, incluso, el Distrito Federal, los municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia.
Por ello, diputadas y diputados, coincidirán seguramente con esta postura. El otorgamiento de estas facultades no es solamente con la concurrencia, sino tiene un trasfondo que incide en lo prioritario, que es el tema de la atención y protección de los derechos de las víctimas para el Congreso de la Unión.
Por ello es significativo que cada uno de nosotros como legisladores, cuente con facultades específicas para poder tener capacidad de acción en esta materia, que es tan preocupante en la sociedad.
Como es sabido por ustedes, el 9 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se publica la Ley General de Víctimas, ley que generó mucha especulación, dada la problemática que generó. Fueron no días, sino meses que dicha norma estuvo congelada, lo que generó gran especulación por parte del gobernado en lo que se iba a obtener con dicha ley.
Con la expedición de esta norma se cumplen los aspectos importantes como lo son: la protección de los derechos humanos, en especial de las víctimas, y la materialización de los tratados en materia de víctimas; sin embargo, compañeras y compañeros diputados, no es posible que leyes que protegen todo tipo de derechos sean obstruidas por no obtener los sustentos jurídicos constitucionales, claros y congruentes.
Es por ello, y por lo anteriormente expuesto que al otorgarse al Congreso de la Unión esta facultad, se va a contar con los elementos necesarios para legislar congruentemente en la forma y en los términos que lleven el perfeccionamiento del orden jurídico nacional con el afán de expedir las leyes que puedan fincar un pleno respeto de los derechos de las víctimas en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado presidente. Esta Presidencia comparte con ustedes el gusto de tener presente en esta sesión, al señor diputado don René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y presidente del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, Propel.
Don René Núñez Téllez ha hecho una cruzada por demás importante para impulsar las legislaciones anticorrupción, la transparencia y las mejores prácticas de gobierno. Sea usted bienvenido, don René.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz la diputada Magdalena Núñez Monreal.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para apoyar la adición de una fracción XXIX-R, al artículo 73 de nuestra Norma Fundamental, el propósito de esta adición de dotar al Congreso de la Unión para legislar en materia de los derechos de las víctimas.
Este tema de los derechos de las víctimas ha sido motivo de una gran polémica en nuestro país, en virtud de que en la pasada Legislatura se aprobó la Ley General de Víctimas, mismas que fue motivo de observaciones por el Ejecutivo federal y al inicio de la presente administración se retiraron dichas observaciones, por lo que el Presidente de la Cámara de Diputados ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez publicada la ley y ya en vigor, en el Senado de la República se propusieron una serie de modificaciones turnándose la minuta a esta soberanía, y en la sesión del pasado martes 16 de abril se aprobó el dictamen correspondiente.
Lo anterior nos muestras las visiones encontradas que sobre la garantía del derecho de las víctimas se tuvo desde la Presidencia de la República en la pasada administración y de la que se ha tenido en la presente y pasada legislatura en el Poder Legislativo.
No sobra decir que en el artículo 20, apartado C, de nuestra Constitución se establecen los derechos de la víctima o del ofendido, mismos principios que se desarrollan de manera puntual en la Ley de la materia.
El Poder Legislativo en México, en la pasada y presente legislatura ha sido sumamente sensible al tema de la adopción de los tratados internacionales como fuente de derecho interno, no obstante que así ya lo preveía el artículo 133 constitucional.
Debemos recordar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos establece expresamente el principio pro persona, al indicar en el artículo 1o, párrafo segundo, que: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En el cuerpo del dictamen se establecen como ejes básicos de los derechos de la víctima el acceso a la justicia; trato justo; resarcimiento; indemnización; asistencia a las víctimas del abuso del poder, entre otros derechos. Éste es el mínimo indispensable que en la Ley correspondiente se debe atender.
El mérito del dictamen que aprobaremos es establecer la facultad concurrente de los niveles de gobierno federal, de los estados, Distrito Federal y municipios, en el ámbito del derecho de las víctimas
A lo largo y ancho del país, infinidad de personas recienten en su perjuicio la comisión de diferentes delitos, sin que la autoridad correspondiente haga nada para brindar justicia a los afectados.
Esta situación ha llevado a la conclusión, de que en México reina una absoluta impunidad a favor de la delincuencia, porque el Ministerio Público no investiga, en consecuencia no consigna y los jueces no pueden dictar sentencias. O bien, cuando éstas se llegan a dar son absolutorias y las víctimas del delito nunca encontraron respuesta oportuna por parte del Estado.
En consecuencia, esta reforma constitucional pretende que los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal expidan leyes para adecuar su legislación a lo que se prevé en la Ley General de Víctimas.
Es de destacar que en la ley que recién aprobamos, en los artículos 118 y 119 se establecen las obligaciones de las entidades federativas y los municipios en el marco de la protección a las víctimas de los delitos.
Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de esta reforma constitucional y también con lo que hemos hecho en la Ley General de Víctimas, mandamos una señal positiva a la sociedad, de que los legisladores somos sensibles a sus justas demandas y a la preocupación que se tiene por el combate a la impunidad, procuramos proveer un adecuado acceso a la justicia y eliminar de una vez y para siempre el concepto de que justicia tardía no es justicia.
Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde Luján.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. El día de hoy a tan sólo dos días de haber aprobado la Ley General de Víctimas, nos corresponde votar un dictamen de reforma constitucional en materia de atención y protección a los derechos de las víctimas.
La finalidad de la reforma es la de otorgar a este Congreso de la Unión facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia de las disposiciones legales en la materia; busca armonizar y permitir al Congreso de la Unión concertar el orden legal en materia de atención y protección a víctimas. Y resulta curioso que justo ahora votemos este dictamen sobre concurrencia jurídica, habiendo sido recién aprobada la Ley de Víctimas, un tema que ha resultado ser el gran tema de la concurrencia en México.
Con respecto a la protección y atención de las víctimas, han concurrido los partidos políticos, las organizaciones sociales, las propias víctimas, los medios, el gobierno y la ciudadanía en general, todos hemos llegado a la misma conclusión, todos hemos coincidido en que este tema no podía abandonarse un segundo más, no podía dejar de legislarse, debía atenderse de inmediato.
Sin embargo, espero que coincidamos en una cosa más. Estas medidas tomadas hasta ahora, la aprobación de la ley y esperemos la de este dictamen, responde a una deuda que se tiene con las decenas de miles de víctimas de la inseguridad; inseguridad que el Estado ha fallado en controlar.
Coincidamos en que la atención a las víctimas no va a generar menos víctimas; coincidamos en que si no atendemos de manera paralela las causas sociales del delito, la cifra de víctimas jamás dejará de crecer, por más manipuladas que estén las cifras. De nada servirá legislar a favor de las víctimas y, por el otro lado, legislar a favor del sistema que las genera.
Para que dejen de existir víctimas tendremos que coincidir en muchos más temas y no ha sido así; tendríamos que coincidir en el tema laboral, en el de telecomunicaciones, en el educativo, en el energético o el fiscal, desde una perspectiva social.
Es incongruente flexibilizar los despidos y limitar los salarios caídos a un año, pero por otro lado legislar por las víctimas; es incongruente acotar el amparo agrario, pero legislar por las víctimas; es incongruente avalar el cobro de cuotas escolares, pero legislar por las víctimas. Lo mismo con no garantizar participación a radios comunitarias, o con utilizar programas sociales con fines electorales.
Es incongruente pretender privatizar la renta petrolera o aumentar el IVA a alimentos y medicinas, pero legislar por las víctimas; es incongruente legislar desde las cúpulas de los partidos, a través de un pacto que deja sin sentido al Legislativo y excluye de la participación a todos los sectores sociales, o dejar vivo el arraigo.
Diputadas y diputados, indudablemente votaremos a favor de este dictamen, es algo que debe hacerse por justicia. Pero si queremos que en este país deje de haber víctimas, debemos de legislar para que no haya victimarios, que el narcotráfico deje de representar la única oportunidad de aparente superación de los jóvenes, que dejen de haber salarios de hambre, que no sea imposible atenderse en un hospital si estás enfermo, que no te ahoguen los intereses y seas brutalmente expulsado de tu casa del Infonavit. Sin justicia social, pretender hacer justicia a las víctimas es sólo eso: pretender.
Nosotros votaremos a favor de este dictamen por congruencia y por representar un beneficio a nuestro país, y seguiremos actuando de esa manera, no nos vamos a cansar. Muchas gracias.
El Vicepresidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente. Vengo a nombre del Partido de la Revolución Democrática a fijar el posicionamiento al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de víctimas.
En el transcurso de esta semana dimos curso a las reformas que resultaban indispensables para la operatividad de la Ley General de Víctimas, y que fueron consensadas con la sociedad civil.
En esta ocasión nos encontramos discutiendo una reforma constitucional, que otorga al Congreso las facultades indispensables para que esta ley pase a formar parte indiscutible de nuestro marco jurídico.
Queremos recordar que nuestro país ha sido objeto de múltiples recomendaciones y sentencias de los órganos para la protección de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano. En esta materia las obligaciones sobre derechos humanos que hemos contraído son producto del nuevo bloque de constitucionalidad que integran a las disposiciones de la Carta Magna, con las que contienen los tratados internacionales.
Es por ello que, la responsabilidad hacia esos derechos básicos compete a todo el Estado mexicano, tanto municipios como entidades federativas, y desde luego a los poderes a nivel federal.
La facultad para legislar en materia de víctimas se encuentra en diversos ordenamientos y disposiciones sobre derechos humanos, comenzando por: el principio pro persona; por el transitorio de la reforma constitucional, que ordena una ley de reparación integral del daño; y también por el artículo 17 de la Constitución, que permite mecanismos de solución alternativa de controversias y reparaciones del daño en el ámbito penal. Asimismo, la fracción XXX del artículo 73 permite que el Congreso apruebe las leyes necesarias para hacer efectivas sus facultades.
En nuestro sistema federal una ley general establece obligaciones para los tres niveles de gobierno, cuya soberanía, libertad e independencia podrían afectarse si el Congreso de la Unión hace uso de una facultad que no está claramente detallada, y es necesario operar la sesión de las facultades que competen a estados y municipios para llevar a cabo.
Una reforma como la que hoy esperamos aprobar respeta el espíritu federalista de nuestra Constitución y fortalece el sustento de todas las disposiciones contenidas en la Ley de Víctimas.
Con estos actos la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión atienden la grave problemática que un sexenio de confrontación, arrebatamiento y falta de políticas públicas, encaminadas a solventar la vulneración y violación de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos y ciudadanas, han derivado en una grave crisis humanitaria de dimensiones inconmensurables.
Asimismo establecemos un mecanismo constitucional para la aplicación directa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de reparación del daño, y muchos otros que protegen y garantizan la libertad ciudadana de todas las personas.
Al mismo tiempo genera la posibilidad de que –conforme a lo mandatado en la reforma del 10 de julio de 2011, que elevó a los derechos humanos a rango constitucional– se pueda proteger en específico a las víctimas por medio de las leyes en la materia que este Congreso expida y reforme al dar un mandato claro a nivel federal y de las entidades federativas.
De esta manera podremos ajustar la legislación, para hacer más operativo el Sistema Nacional de Víctimas, para consolidar el Registro Nacional de Víctimas, para atender los problemas administrativos que enfrentan familiares de personas desaparecidas, entre otros aspectos.
Es así como termina de saldarse la controversia que suscitó la Ley de Víctimas, en especial se anulan todos los posibles obstáculos que Felipe Calderón interpuso a su puesta en marcha, en su intento por evitar que una ley evidenciara los graves resultados de su administración y se diera a las víctimas un nombre, una historia y una posibilidad de luchar por la justicia. Nunca más podrán negarnos la facultad de atender los daños colaterales, ni a una supuesta mayoría de delincuentes.
Este Congreso hoy asume la obligación de atender a todas las personas que sean víctimas de la acción o de la omisión del Estado. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora para hablar a favor del dictamen tiene el uso de la voz, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. No quiero hacer más tardada esta sesión. Hemos tenido algunos acontecimientos que alargaron la sesión, voy a ser muy breve.
Solamente decir que con esto cerramos el círculo, acabamos de aprobar la Ley de Víctimas hace pocos días, es un asunto de justicia, ya lo habíamos mencionado y algunas personas habían dicho que esta falta de reforma constitucional pudiera hacer endeble la ley que acabamos de aprobar y con esto realmente cerramos ese flanco posible para desvirtuar la otra ley o para declararla inconstitucional, etcétera.
Aprovechar simplemente, hacer un reconocimiento a quien está ahorita presidiendo la Mesa, a José González Morfín, por esta iniciativa que hizo desde que estaba en el Senado, muy importante. Se ve la preocupación por las víctimas, por saldar este asunto.
Y recordar además, la valentía que tuvo, yo diría, más que nada convicción institucional y democrática, cuando a pesar de que estaban las observaciones, él representando al Congreso de la Unión, siendo presidente de la Comisión Permanente, mandó publicar la Ley de Víctimas a pesar de que las observaciones eran de un presidente que era de su partido, pero actuó con gran institucionalidad, con sentido del Congreso, no con sentido de partido.
Y yo se lo quería reconocer, porque me parece que a veces tenemos que actuar representando a un órgano plural, a una institución fundamental del Estado mexicano y no al partido al cual pertenecemos, y así actuó el diputado José González Morfín en esa ocasión, además de que estamos votando una minuta que él promovió desde el Senado y con esto se ve claramente su compromiso y su responsabilidad con este grave problema que estamos sufriendo los mexicanos y que dio origen a la Ley de Víctimas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Posos: De viva voz, diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, su voto por favor.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): A favor. Gracias.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta presidencia agradece la visita de un grupo de jóvenes del Instituto de la Juventud del ayuntamiento de Huehuetoca, estado de México, que están aquí invitados por el diputado José Luis Oliveros.
También de un grupo de alumnos de las escuelas secundarias Víctor Puebla y Rey Itzcóatl del municipio de Texcoco, estado de México, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña.
También a un grupo de ciudadanos del estado de Querétaro que vienen aquí hoy invitados por el diputado Marcos Aguilar.
También a un grupo de ciudadanos del municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, que invitó la diputada Aurora Aguilar.
También a los alumnos de la Universidad Iberoamericana de Derecho, que están hoy aquí invitados por el diputado Jorge Sotomayor.
Bienvenidos todos a esta sesión. Agradecemos mucho su presencia.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 439 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Sí hay mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular por 439 votos el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz el diputado Julio César Moreno Rivera.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el presente dictamen.
El dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de candidaturas independientes que ahora se propone discutir y en su caso aprobar por este pleno, pretende resolver una antinomia que actualmente presenta dicha disposición constitucional, con la fracción II del artículo 35 de la ley fundamental.
En ese sentido la fracción II del artículo 35 constitucional en vigor, establece que: “el derecho para solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral, corresponde tanto a los partidos políticos como a las ciudadanas y ciudadanos que lo soliciten en forma independiente”.
Por su parte el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional establece que: “las constituciones y las leyes de las entidades federativas deberán garantizar que en materia electoral los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales u objeto social diferente y que tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”.
El dictamen cuyos fundamentos ahora se exponen, precisamente pretende modificar el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la ley fundamental en la porción normativa que indica: “asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”; para eliminar la palabra “exclusivo”.
Ello con la finalidad de hacer acorde la reforma de la fracción II del artículo 35 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2012 y así resolver el conflicto normativo que actualmente prevalece entre el referido precepto legal y el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución, al mantener este último precepto legal una redacción que permita a los partidos políticos continuar con el monopolio de las candidaturas y del registro.
Lo anterior resuelve la antinomia que actualmente presentan los artículos 35, fracción II; y 116, fracción IV de la Constitución, al mantener éste último precepto legal una redacción que permite a los partidos políticos continuar con el monopolio de las candidaturas y del registro.
Ahora bien, la adición del inciso o) a la fracción IV del artículo 116 constitucional, es con el objeto de que la normativa en materia electoral de los estados, fije las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos independientes para ser votados en los cargos de elección popular correspondientes.
Esto es, que exista una norma explícita que establezca adecuar la normativa electoral estatal.
Si bien las ciudadanas y ciudadanos mexicanos cuentan ya con el derecho a las candidaturas independientes en el ámbito federal, la reforma propuesta en el dictamen, en caso de ser aprobada, hará posible que en los estados este derecho se haga extensivo a quienes decidan obtener su registro sin la intervención de un partido político.
Finalmente, con la reforma y adición propuestas las candidaturas independientes constituyen una forma de acceso a ciudadanos sin partido para competir en todos los procesos comiciales locales, abriendo con ello las puertas a la participación ciudadana en las contiendas electorales, con los procedimientos y requisitos que aseguren representatividad y autenticidad.
Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que llamo a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz el diputado Víctor Hugo Roblero Gordillo. No está.
En consecuencia, tiene el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Alfonso Durazo Montaño: Diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados: no es lo mismo que el poder emane del pueblo, que resida en el pueblo y sobre todo que lo ejerza el pueblo.
Este dictamen nos acerca un poco a ese ideal y ésa es la lógica política que guía las acciones de Movimiento Ciudadano, en cuyo nombre lleva implícitos sus objetivos políticos.
La participación social es una de las más dignas expresiones republicanas, tan ajenas siempre a las mal disimuladas formas lacayunas que se expresan en esta Cámara, en la que la institucionalidad resulta con frecuencia servil a los dictados del Ejecutivo. Por ello hoy en Movimiento Ciudadano estimamos que se da un pequeño paso en nuestra maltrecha democracia.
La aprobación de las candidaturas independientes ha sido una asignatura pendiente gracias –hay que decirlo con claridad– a la actitud timorata de los mayores partidos políticos, que han frustrado por muchos años todo intento por darnos una reforma política integral.
Aun cuando todavía no la logramos, reconocemos este dictamen que aprueba las candidaturas independientes, pues sabemos que mientras más se estrecharon los márgenes para la participación política independiente, más se dio la participación social, al margen de las vías institucionales.
Por décadas no hubo nada más efectivo para las candidaturas que el corset de los partidos políticos. Pero afortunadamente ya no es el caso. Con el tiempo hemos aprendido –también afortunadamente– que no hay nada más divisivo que la imposición y la marginación de los ciudadanos activos políticamente, pero no militantes.
En Movimiento Ciudadano estimamos que las candidaturas independientes vendrán a refrescar la vida parlamentaria y a impulsar un escrutinio más amplio del quehacer gubernamental.
Estoy seguro que las y los eventuales representantes populares que lleguen por la vía independiente, no se plegaran a las viejas formas de la política; ello refrescará también los excesivos rituales y el apego excesivo a los viejos rituales, particularmente priistas.
Vendrán además a representar auténticamente los intereses sociales y a actuar al margen de los poderes económicos que controlan y construyen mayorías a su antojo en esta Cámara.
El subsistema de partidos ha estancado las posibilidades de transitar a una democracia sustancial en las que los tomadores de decisiones sean auténticos representantes del sentir social, por eso es frecuente que las propuestas y el perfil de los candidatos de los partidos políticos no representen invariablemente al electorado.
Resulta pues, necesario, que la ciudadanía pueda optar por candidatos independientes salidos auténticamente de su seno y sin vinculaciones que limiten o condicionen la calidad de su representación con los entendibles intereses de los partidos políticos.
No existe una razón de peso ni teórica ni práctica que sostenga la exclusividad de los partidos políticos para acaparar todas y cada una de las candidaturas que han de registrarse ante el Instituto Electoral.
Es deber y obligación de los políticos aceptar la voluntad del pueblo y reconocer el derecho que tiene cualquier ciudadano a votar y ser votado sin la necesidad de pertenecer a un partido político.
Al negarse o limitarse injustificadamente dichos derechos, se limitan las posibilidades de nuestro régimen democrático, al que aún le falta tanto para consolidarse, pero que millones de mexicanos estamos empeñados en construir, así sea paso a paso como el que hoy estamos dando.
Por todo lo anterior, no sobra decir que se consigue un gran logro al considerar las candidaturas ciudadanas, logro que viene a fortalecer las garantías para disfrutar plenamente del derecho de votar y ser votado, fortaleciendo de paso nuestro sistema democrático, así sea marginalmente.
Abriendo las puertas a los ciudadanos de cualquier sector y condición para que compitan por un cargo de elección popular, aunado a la necesaria transparencia y rendición de cuentas a cargo de los partidos políticos, podremos transitar por la vía correcta para superar la democracia minimalista y simulada en la que nos hemos encasillado.
Las candidaturas ciudadanas independientes, por otro lado, obligarán a los partidos políticos a tener mayor contacto con el electorado, y a poner mayor interés en sus expectativas y necesidades.
Por todo lo anterior, en Movimiento Ciudadano, damos la bienvenida a los términos de este dictamen y adelantamos a ustedes que lo apoyaremos entusiastamente por unanimidad. Muchas gracias a todos.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Ya está aquí el diputado Roblero Gordillo, se le concede el uso de la voz para fijar la posición del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para expresar su apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116 constitucional, en materia de candidaturas independientes.
En los últimos años se ha dado una demanda de la sociedad mexicana para, de manera complementaria a la postulación por parte de los partidos políticos de sus militantes o ciudadanos a distintos cargos de elección popular, permitir también el registro de ciudadanos que no son propuestos por ningún partido político como candidatos independientes.
En el actual sistema constitucional de partidos políticos estos tienen el monopolio para postular y registrar candidatos, ya sean propios candidatos o simpatizantes, así como de personas que sin militar en dichos partidos, pero que poseen un liderazgo social importante, aceptan la postulación por algún partido a los cargos de elección popular.
El mérito de este dictamen para efecto de las Constituciones y leyes de los estados, es romper dicho monopolio y establecer la obligatoriedad de las Constituciones y leyes de los estados para establecer las candidaturas ciudadanas, así como los requisitos que éstas deben cumplir.
En la pasada legislatura se aprobó en las Cámaras del Congreso de la Unión como parte de la Constituyente Permanente la denominada reforma política, que entre otras cosas reformó el artículo 35 constitucional para establecer en la fracción II como derecho de los ciudadanos, el de poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley.
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en dicho medio de difusión, sin embargo, en aquella ocasión no se quiso avanzar en la reforma al artículo 116, fracción IV para establecer candidaturas ciudadanas, puesto que quedaba a la potestad de las legislaturas locales aceptar o no dichas candidaturas.
El mérito del dictamen que discutimos es que como se contiene en la propuesta, no es optativo para las legislaturas locales establecer o no las candidaturas independientes. Como se propone en el dictamen, la adición del inciso o) a la fracción IV del artículo 116 deriva en la obligatoriedad de las entidades federativas para establecer en sus Constituciones y leyes estas candidaturas independientes.
Compañeros y compañeras legisladoras, durante mucho tiempo se ha discutido respecto de que si el actual régimen de partidos corresponde o no a las expectativas de la sociedad. En el Partido del Trabajo hemos sido firmes impulsores de distintos instrumentos de democracia participativa que complementen la democracia representativa, a este proceso lo hemos denominado democratizar la democracia, que se traduce en alentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas fundamentales.
En el Partido del Trabajo estamos firmemente convencidos de que como lo establece el artículo 39 constitucional, el pueblo es el titular de la soberanía, es el que finalmente, a través del ejercicio del sufragio, da o quita.
Por ello y como no le tememos al pueblo, estamos convencidos que las candidaturas independientes, con los controles que en las leyes secundarias se deberán establecer respecto de financiamiento y acceso a medios, dinamizarán el sistema democrático.
Esta coincidencia en los procesos electorales entre candidatos postulados por partidos y candidatos independientes, se debe traducir en alentar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Hacer que las elecciones sean legales, pero también legítimas, con la amplia participación del electorado en estos procesos comiciales.
Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos de la escuela preparatoria oficial 89, de Huixquilucan, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Juan Pablo Adame Alemán, bienvenidos.
Y también saludamos a un grupo de ciudadanos del municipio de San Luis de la Paz, que están aquí invitados por la diputada Petra Barrera. Bienvenidos todos a la sesión.
Tiene el uso de la voz para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Silvano Aureoles Conejo.
El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, uno de los temas más debatidos dentro del ya extenso ciclo de reformas electorales que hemos vivido en los últimos 25 años, tiene que ver justamente con las modalidades de participación política, en buena medida tales reformas han servido para dar cauce a la expresión de fuerzas políticas que antes no tenían manera de integrarse a la vida pública nacional.
Desde ese entonces la izquierda ha sido receptiva y consecuente por la demanda de la apertura de espacios en puestos de elección a candidatos o candidatas que no tienen militancia partidaria.
En el caso del PRD, nuestros propios estatutos establecen que se debe de permitir la participación de candidatos o candidatas ciudadanas y por supuesto abrir con ello la participación a perfiles adecuados para cargos de elección popular de ciudadanas, de ciudadanos sin militancia, pero que sin duda gozan y tienen perfiles adecuados para ello y que sea expresado a través de las llamas candidaturas externas.
Son muchas y muchos los alcaldes o legisladoras y legisladores que han llegado a ocupar cargos de responsabilidad y que las han desarrollado con honestidad, dignidad y eficacia y que en su momento fueron candidatas o candidatos nuestros. Sin ser militantes de nuestro partido, el PRD ha sido precursor en otorgar la posibilidad a muchas y a muchos ciudadanos de competir electoralmente y para desempeñar cargos públicos.
Hoy, compañeras y compañeros, tenemos la gran oportunidad de que nuestra democracia transite con pasos firmes para consolidar las aspiraciones de todas y de todos los mexicanos.
El dictamen que hoy se discute sin duda tiene la finalidad de hacer acorde la reforma a la fracción II del artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho del ciudadano de solicitar su registro como candidato ante la autoridad electoral por un partido político o hacerlo de manera independiente.
Para este propósito se propone la adición del inciso o) a la fracción IV del artículo 116, que mandata a los estados de la Unión, para que en sus marcos jurídicos, en lo que se refiere a materia electoral se fijen las bases y los requisitos para que en las elecciones los y las ciudadanas puedan solicitar su registro como candidatos y candidatas independientes para cargos de elección popular.
Este es el espíritu de esta reforma constitucional, que aunque llega con demora es un esfuerzo necesario de la mayor importancia, que permite consolidar la participación ciudadana en los espacios donde tendremos la oportunidad de elegir candidatos con amplios perfiles, capacidades y prestigios.
Esta reforma no constituye de modo alguno una cortesía o una dádiva política a la ciudadanía; es y representa una añeja aspiración y una exigencia, que proviene del derecho de la gente para participar, defender y representar sus propios intereses; es cumplir con nuestro deber de escuchar y de atender nuestra responsabilidad de ser auténticos representantes populares y traducir en hechos este mandato.
En síntesis, esta reforma representa un acto de justicia y de mayor desarrollo democrático, ya que por primera vez nuestro derecho constitucional reconocerá plenamente el derecho de las y los ciudadanos para participar en los procesos electorales de manera independiente, en relación a los partidos políticos, que como bien se ha dicho aquí, hoy ostentan el monopolio de la participación electoral y contarán con condiciones de equidad para participar en las contiendas electorales locales.
Esta propuesta representa mayores oportunidades para las ciudadanas y los ciudadanos, mayor pluralidad para la sociedad, mayor oxigenación para la política, y hoy incorpora una realidad evidente que con sus votos habrá de fortalecer el régimen constitucional y democrático de México.
Termino, presidente. Y, en honor a la justicia, decir que además nuestro querido compañero José González Morfín fue promotor de esta reforma que hoy discutimos en este pleno. Y además felicitar a nuestros compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuyo presidente es el diputado Julio César aquí presente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Y gracias por sus comentarios. Están anotados en la discusión el diputado Fernando Belaunzarán, que presentará una propuesta de modificación; y posteriormente el diputado Ricardo Mejía, para hablar en pro. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, con su venia, diputado presidente. Es simplemente del artículo 116 constitucional que estamos discutiendo, de la fracción IV, inciso o).
Para hacerlo más claro les leería cómo diría –la verdad es que compartimos el espíritu, pero creo que la claridad nos puede ayudar muy bien–, dice: que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos –porque no lo decía– para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular.
Y otra adición que en este cabildeo hizo un diputado, que me parece muy importante retomar, que es en los términos del artículo 35 de esta Constitución, de tal manera que los requisitos que se piden a nivel federal también sean recogidos en las entidades.
Y de esta manera creo que habrá mucha más claridad para que no sean incondicionados los registros, sino que tengan que cumplir con los requisitos que están ya en el artículo 35, y quede muy claro que lo que se está pidiendo es el requisito para inscribirse como candidatos. Lo leo una vez más, nada más para que quede claro.
o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Belaunzarán.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta para que forme parte del dictamen.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, sí se acepta la propuesta. En consecuencia el dictamen en su momento será votado con la modificación aceptada por la asamblea. Tiene la palabra para hablar a favor, el diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. En primer término felicitar a quien está en estos momentos fungiendo como Presidente de la Mesa Directiva, al diputado José González Morfín, porque fue promovente de esta iniciativa y es justo hacerle un reconocimiento. Por otra parte, señalar que esta reforma al artículo 116, en la fracción IV, que añade un inciso o), es congruente con el artículo 35, fracción II.
A nosotros nos parece, en Movimiento Ciudadano, que instituir las candidaturas independientes a cargos de elección popular es un paso en la democratización del país; lo es porque hace plenamente vigente los derechos político-electorales del ciudadano, pero además porque introduce una sana presión en el sistema de partidos del país y en los estados de la República.
Esto es una válvula también para que aquellos ciudadanos que sufren atropellos en sus derechos políticos o que sufren las exclusiones antidemocráticas de las cúpulas tengan una salida institucional y democrática consagrada en la Constitución.
Por eso en su esencia y por las consecuencias democráticas que trae consigo, nosotros apoyamos este dictamen. Nos parece, además, también sano que junto a esta reforma que fortalece los derechos humanos en su vertiente político-electoral, se avance también en un tema que ha quedado en el tintero en las reformas que ensanchan la democracia participativa. Se ha avanzado en el referéndum, se ha avanzado en la iniciativa popular, está avanzando en las candidaturas independientes, pero sigue todavía pendiente una reforma que algunos hemos presentado, que tiene que ver con la revocación del mandato. Aquellos funcionarios incompetentes, negligentes o corruptos que no cumplen con su encargo deben irse a través de una figura instituida en la legislación.
Por eso hacemos un exhorto a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que con la misma celeridad que se le dan trámite a otras iniciativas, se pueda ya resolver de una vez por todas el tema de la revocación del mandato. Si le vamos a apostar a fondo a la democratización del país tenemos que ir a la revocación del mandato. Tenemos que hacerlo en este contexto de insurgencia ciudadana por más democracia y por buenos gobiernos. Por eso también queremos señalar que en los procesos electorales en curso se tiene que avanzar en esta materia.
Qué bueno que ya se dictaminó y se aprobó el día de ayer un punto de acuerdo para fortalecer la vigilancia y el blindaje electoral en los 14 estados; pero aunque está agendado para el martes, no se puede dejar pasar lo que aconteció en Veracruz y nos sumamos a la exigencia de varios legisladores y ciudadanos, porque por su propia voluntad y no por ser despedida, renuncie la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para que no sea secretaria de desarrollo electoral, y también su operador y coordinador de delegaciones Pedro de León Mojarro. Que quede constancia de una vez, hoy que hablamos de democratización en este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Habiéndose agotado la lista de oradores ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con la modificación aceptada y propuesta por el diputado Belaunzarán.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, el sentido de su voto.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos universitarios de Toluca, estado de México, que están hoy aquí invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval. Bienvenidos todos a esta sesión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.
El diputado Gabriel Gómez Michel (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Diputado presidente, a favor 420, 1 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: Tengo en mis manos un oficio firmado por todos los coordinadores parlamentarios, con el que me solicitan una modificación al orden del día. Para incluir también el dictamen de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri”, pero antes de eso informo a la asamblea que se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya se encuentra disponible en las pantallas de sus curules, por lo que para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.
También se recibió de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, proyecto de decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, al ciudadano Jacobo Zabludovsky Kraveski.
El dictamen está publicado en las pantallas, está disponible en la Gaceta Parlamentaria, por lo que también para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Cumplido este requisito voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se autoriza que se someta a discusión de inmediato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, al ciudadano Jacobo Zavludovsky.
Está a discusión en lo general. Al no haber alguna intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De viva voz.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 352 votos a favor, 27 abstenciones y 16 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 352 votos el proyecto de decreto por el que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” al ciudadano Jacobo Zabludovsky Kravesky. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último de los asuntos, devuélvase al Senado para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría dar lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se somete a la consideración del pleno un acuerdo que propone la creación de un grupo de trabajo responsable de la evaluación de la gestión y operación del Centro de Desarrollo Infantil, Cendi, “Antonia Nava de Catalán”. Se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en sus pantallas.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (16:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 23 de abril, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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