Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con dictámenes de proposiciones en sentido negativo
Retiro de iniciativa de diputado
De diversas dependencias, con respuestas a puntos de acuerdo
Acuerdo de la Junta, por el que se crean los grupos de amistad
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de un dictamen
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y en lo particular los artículos no reservados
Votación de los artículos 15 y 77, en términos del dictamen
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y en lo particular
Dictámenes a discusión de punto de acuerdo
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre la atención a los adultos mayores
De la Junta, con propuesta de modificación del orden del día
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 277 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:12 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que esténtor la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
Doña Lucía Mícher.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Recordar con mucho gusto que en esta ciudad, hace seis años, el 24 de abril de 2007 precisamente, se aprobaron las reformas en el Código Penal y en la Ley de Salud para interrumpir legalmente el embarazo en la Ciudad de México, por una maternidad libre y voluntaria. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho ha quedado registrado. Doña Luis María Alcalde, con qué objeto.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Muchas gracias, Presidente. Con una preocupación. Hace aproximadamente un mes aprobamos en la Comisión de Seguridad Social tres dictámenes que ya pasaron para ser planteados aquí en el pleno y veo que se está yo no sé si eligiendo qué dictámenes votar o cuáles no, y no se ha hecho por una cuestión temporal.
Pregunto qué ha sucedido con estos dictámenes porque me parece que son fundamentales y que deberíamos estarlos votando ya en estos días, yo no sé si hoy o mañana. No sé si usted tiene información sobre estos tres dictámenes y por qué no se han subido al pleno para ser votados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada. Se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a que informe a esta Presidencia al respecto.
Sí, don Fernando Zárate.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sólo un tema de conducción. Ayer, en la sección política de discusión, fue muy restringido el debate. Entiendo que el Reglamento de la Cámara de Diputados sea acotado por situaciones diversas de la realidad que han ocurrido en otras legislaturas.
Sin embargo, por un lado hacer un llamado a la propia Comisión de Prácticas Parlamentarias y Reglamentos para que pudiera modificar y, por otro lado en el uso de sus atribuciones, usted como presidente y encargado de la conducción de la sesión, le pediría mucha flexibilidad porque hay muchos temas que se necesitan discutir con apertura con, por supuesto, que apegados a la legalidad, pero con muchísima mayor, sobre todo flexibilidad para poder entrarle a los temas de fondo que al momento no lo estamos pudiendo hacer.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tomo nota, don Fernando, con mucho gusto.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Socorro Ceseñas.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Buenos días, señor presidente, son varios asuntos.
Primero, la orden del día para la sesión de este pleno. No se ha publicado, mucho menos distribuido. Segundo...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Distribúyase.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Ah, agradezco la inmediatez de la respuesta a mi solicitud, señor presidente. Y lo digo con respeto, no con mofa como usted a veces hace algunos comentarios cuando le hacemos señalamientos de la falta de al respeto al Reglamento de esta Cámara de Diputados.
Segundo, que se tenga, obviamente, no es nada más que usted diga: se distribuye y que ya, para que pueda ponerse a consideración del pleno y votarse.
Y, refleja la asistencia 320, pero no estamos los 320. Para que se considere también que la votación sea por las y los diputados presentes. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Buenos días. Para informarle, presidente, que aquí en la Cámara no le hacen caso. Acabo de oír que usted ordena que distribuyan el orden del día, pero no ocurre tal cosa. Solicito que les exija a sus colaboradores que le hagan caso, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Les exijo a mis colaboradores que me hagan caso y que distribuyan, por favor, el orden del día. Créanme que estoy en el entendido de que ya lo tienen en sus pantallas, pero que lo distribuyan por escrito.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como totalmente concluidos.
El Secretario Xavier Azuara Zúñiga: Del diputado Javier Filiberto Guevara González, por el que solicita se retire de la Comisión de Justicia la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 140 del Código Penal Federal, presentada el 15 de noviembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron dos contestaciones de diversas autoridades a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, Luis Wertman Zaslav, con el que remite el primer informe anual de resultados del estudio e investigación para el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Comunicaciones, y Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, para su conocimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Está publicado, solamente el encabezado y consultar si es de aprobarse. Es el relativo a los grupos de amistad.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los grupos de amistad que funcionarán durante la LXII Legislatura. Se encuentra publicado en la Gaceta y en sus pantallas.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Vivienda, que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen, don Carlos Fernando Angulo Parra.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, me toca ahora el honor de presentar ante ustedes este proyecto de reforma de ley, derivada de la reforma constitucional de 2011, respecto de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y quiero centrarme un poquito en el tema haciendo un poquito de remembranza. Debemos de tomar en cuenta que México dio un salto cuántico respecto de su estructura como Estado mexicano, a raíz de la reforma del artículo 1o. constitucional en el año de 2011.
¿En qué consistió ese salto cuántico? Consistió en que México asume, independientemente de posturas soberanas, la postura esencial que debe de tomar el Estado mexicano para la conducción de todo su quehacer cotidiano, el respeto de los derechos humanos en todos los niveles, no nada más los consagrados en la Constitución, sino los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en donde México es parte, inclusive, derechos humanos que aún se encuentran en desarrollo de identificación. Es una situación extraordinaria en la que México ha entrado.
Ahora bien, México hizo una reforma, una reforma constitucional, con su Constituyente Permanente, poniendo los tratados internacionales en esta materia al mismo nivel que la propia Constitución, por lo que se le da una relevancia especial a los derechos humanos.
Ahora bien, los derechos humanos ahora deben constituir la base para toda la actividad del Estado, pues son el fundamento de toda democracia y de una vida social civilizada. Como México va hacia delante en este aspecto, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados ha puesto a su consideración el dictamen para reformar la ley que regula a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que le otorga una facultad que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era cuando había una violación grave de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la facultad de investigar esta violación.
Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos adquiere esta facultad. La iniciativa bajo estudio pretende reglamentar esta nueva facultad, relativa a esta investigación, así como el proceso relativo a la comparecencia ante la Cámara de Senadores de los funcionarios que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones de la propia CNDH.
Esta última facultad permite que las recomendaciones hechas por el ombudsman nacional se conviertan en un recurso con capacidad instrumental para hacer efectiva la tutela de los derechos humanos, fortaleciendo así la actuación de la comisión.
Como se puede observar, compañeras diputadas y compañeros diputados, dicha iniciativa responde a la necesidad de armonizar la ley secundaria con el texto de nuestra Constitución, después de estas reformas de junio de 2011.
Como órgano representante de la voluntad popular y en un ejercicio de coherencia con la reforma constitucional antes referida, se afirma que corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre las normas secundarias que posibiliten garantizar el pleno reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos humanos tutelados en nuestra Constitución. Éste es un primer paso de un largo camino que nosotros como legisladores vamos a continuar para fortalecer ese compromiso del Estado mexicano y ese compromiso que todos los mexicanos tenemos del respeto de los derechos humanos.
Comprometidos con reconocer y garantizar de manera plena los derechos humanos, todo individuo debe asumir ese compromiso en México ante la comunidad internacional, por lo que la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados los insta a votar a favor del presente dictamen.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional va a presentar una pequeña reserva, relacionada con un balance entre el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el órgano consultivo de la misma, que lo presentaremos más tarde a su consideración. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Señora presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted diputado. Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el uso de la voz para fijar la posición de su grupo el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeras diputadas y compañeros diputados, salvaguardar los derechos humanos es una obligación ineludible del Estado mexicano. Para que lo logre nuestro trabajo es asegurarnos de que todas las reglamentaciones se encuentren en armonía con las reformas constitucionales que emanan desde el Poder Legislativo.
En este sentido, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, porque las reformas propuestas otorgan mayor certidumbre jurídica en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para velar por el respeto de los derechos de las mexicanas y de los mexicanos.
En ese tenor, y con la firme convicción de que los derechos humanos deben consolidarse como un pilar fundamental en todos los ámbitos de nuestra república, sabemos que al aprobarse el presente dictamen estaremos consolidando el cauce legal a lo establecido en la reforma constitucional de 2011 en esta materia.
Además de su profundo sentido legal y humano el presente dictamen resulta indispensable para no incurrir más en una omisión legislativa, como quedó establecido en el octavo transitorio de la reforma de junio de 2011, en la que se fijó el plazo de un año para la reglamentación y armonización correspondiente.
Coincidimos plenamente con las posiciones que destacan la importancia de otorgar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la atribución de investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Asimismo coincidimos que esta facultad representa una condición necesaria, más no suficiente para garantizar el carácter vinculante de una ley.
Por ello, en el pleno de la Comisión de Derechos Humanos discutimos y aprobamos también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda asumir la potestad para presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las Legislaturas de los estados, derivada de las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación.
De lo anterior, y con plena conciencia de que el proceso vinculante de las leyes radica no sólo en otorgar facultades para la investigación de las causas y el señalamiento de los responsables de una violación, sostenemos que se requiere también de una consecuencia jurídica y una sanción.
En otras palabras, la fuerza vinculante de las leyes radica en que todos los elementos de existencia, validez y sanción estén establecidos en la misma y sean aplicables, de ahí la trascendencia del dictamen a discusión que establece el juicio político, toda vez que estaríamos garantizando que derivado de una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la cual se compruebe una violación grave a los derechos humanos, exista una consecuencia jurídica y una sanción efectiva.
De la misma manera, las y los integrantes de esta comisión aprobamos a través de este dictamen que la comparecencia de los servidores públicos sea de manera personal, a fin de esclarecer los hechos que originaron alguna investigación, dotándole con esto la oportunidad de responder a todos los cuestionamientos que le sean realizados y no por escrito, como en un principio se planteaba.
En virtud de lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor, porque estamos seguros que con esta reforma daremos un paso sin precedentes en el objetivo de garantizar y salvaguardar de manera efectiva los derechos humanos.
Compañeras y compañeros legisladores, dar certidumbre a los mexicanos debe ser la prioridad ineludible de nuestra labor.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos seguros, de que solo la construcción democrática que transforme las instituciones del país; podremos recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Con nuestro voto a favor respondemos a una de las exigencias de la sociedad civil y de la ciudadanía, para la protección de los derechos humanos en nuestro país, para que esta protección sea de manera efectiva y se logre alcanzar el sentido de justicia que fortalezca la cuestión social. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz, la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores. El Partido del Trabajo aprueba y acepta las reformas a la Ley de la Comisión Nacional, que regula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esta ley deriva, como ya señalaron mis compañeros, de la reforma precisamente constitucional de 2011. Es un avance importante el que se está dando con esta reforma por cuanto se le dota de más herramientas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar las violaciones graves y, en el caso de emitir recomendaciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tendrán que comparecer cuando no acepten las recomendaciones los funcionarios responsables.
Sin embargo es mucho todavía el camino que falta por recorrer. Hay una exigencia de los organismos no gubernamentales y de la misma sociedad civil de modificar todo el Estatuto de la Comisión Nacional de los Derechos Humaos y las funciones del mismo Ombudsman nacional.
Los reclamos vienen y sería necesario no solamente reformar la ley sino la propia Constitución, de que no pueden ser precisamente revisadas a la luz de la óptica de los derechos humanos las sentencias judiciales. Nada que esté en el ámbito judicial puede ser en su momento revisado por limitación constitucional. Queda fuera del ámbito competencial del Ombudsman revisar las sentencias o cualquier resolución del Poder Judicial federal o local.
Muchas de las violaciones a los derechos humanos precisamente tienen lugar en este ámbito. Violaciones no solamente de los que pueden ser procesados, o los que son iniciados en un proceso de los sentenciados y de las mismas víctimas del delito. Y con esa trabazón, ese amarre tan impresionante que existe en la Constitución no se les puede atender en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Hago un llamado desde esta alta tribuna para que precisamente en esta corriente de ajustarnos a los instrumentos internacionales y a raíz de la reforma al 1o. constitucional en 2011, y para estar en total armonía con los mismos instrumentos internacionales, a que reformemos la Constitución y nuevamente la ley para que las resoluciones, decisiones y sentencias judiciales puedan ser objeto de revisión o en su momento recomendación -ni siquiera son obligatorias, son recomendaciones- por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta; compañeras y compañeros diputados. Los derechos humanos se han convertido en los últimos años en referente permanente de la opinión pública nacional y de la actividad de la sociedad civil organizada y ha encontrado en la causa de la defensa y promoción de los mismos un espacio incluyente y plural para la expresión y canalización de las demandas sociales, derivado de la generación de una cultura por su respeto, importancia y trascendencia que tiene en la vida de todo ser humano.
La incorporación de México a la dinámica internacional de los derechos humanos, se dio desde la implementación del sistema de tutela no jurisdiccional de los derechos fundamentales con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990, que tiene su origen precisamente en la figura del ombudsman sueco del año de 1809.
Hacer una descripción pormenorizada de todos los ámbitos en los que son cotidianamente violados los derechos humanos en México, nos llevaría muchísimas páginas.
Creemos, sin embargo, que debemos ser especialmente acuciosos en el ámbito de la realidad, la cual ya tiene encendidas todas las alarmas por la gravedad de las violaciones y su persistencia.
Así la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, por sus importantes alcances en beneficio de quienes habitamos este país, constituye sin duda la reestructura más relevante que se haya realizado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en éste nuestro México contemporáneo.
De ésta destacan grandes aciertos como la eliminación de la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos, como competencia de la Suprema Corte, facultad reconocida por el constituyente de 1917 y la nueva facultad que se le otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de solicitar la comparecencia ante el Senado de la República a los servidores públicos que se nieguen a aceptar sus recomendaciones o bien que se nieguen a su cumplimiento.
Sin duda alguna se trata de una reforma que abarca diversos y distintos temas y aspectos relativos a la concepción y la tutela de los derechos humanos en México.
Sin embargo sin las modificaciones a la ley secundaria en esta materia, tal y como las que se proponen en la presente iniciativa, esta importante reforma constitucional se encontraría inacabada.
El presente dictamen busca regular las nuevas atribuciones de la comisión nacional, realizando las modificaciones necesarias a la ley secundaria a través del fortalecimiento de la propia comisión en su papel de autoridad máxima para la tutela y defensa de los derechos inherentes al ser humano, relativos a la investigación de violaciones graves a éstos, así como también el proceso relativo a la comparecencia ante la Cámara de Senadores o en su caso ante la Comisión Permanente de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones.
Por ello, la necesidad de la reglamentación legal de estas nuevas facultades también se justifica en el hecho de que ambas prerrogativas fueron ejercidas por esta comisión.
Los integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor del dictamen de esta iniciativa que hoy se discute, tal y como siempre lo haremos cuando, a través de las medidas propuestas, se busque la protección, la defensa de la población en general.
Sin embargo, debemos mencionar que erradicar las profundas deficiencias que el Estado mexicano presenta en la tutela de los derechos forma parte de una tarea que corresponde hacer tanto a los jueces, legisladores, integrantes de los poderes ejecutivos, por supuesto comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil en su conjunto.
En suma, compañeras y compañeros, reitero que este dictamen pretende armonizar la ley secundaria con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en atención a la reforma constitucional vigente desde el mes de junio del 2011.
Por ello, en conciencia y en congruencia, reitero que la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en el uso de la voz la diputada Martha Edith Vital Vera.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Gracias. Con su venia, señora Presidenta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución noble, así lo precisa el objeto de protección que tutela en pocas palabras: la comisión resguarda la dignidad del ser humano. Es el único competente en nuestro orden jurídico mexicano para detener el abuso o injusticias provenientes del Estado en contra de los ciudadanos.
Por lo anterior, cualquier proyecto tendiente a fortalecer el mejor cumplimiento de las labores constitucionales y legales de la comisión es siempre bienvenido. No obstante, el análisis correspondiente debe ser muy agudo para no crear procesos o competencias huecos que en lugar de procurar los derechos fundamentales los minimice, desalentando a los titulares de los derechos subjetivos por apreciar que la queja entablada no haya sido útil o bien duerma el sueño de los justos.
Por lo anterior agradan las ideas plasmadas en el dictamen que tenemos en discusión, el cual primordialmente respeta la tradición del ombudsman y/o defensores del pueblo, es decir, una institución proveniente de modo indirecto del Estado, con carácter autónomo, con fortaleza moral y sin facultades coercitivas o vinculatorias para hacer cumplir sus determinaciones.
En este contexto, la eficacia de las instituciones no proviene de una coercitividad como sí acontece con los órganos del Poder Judicial, sino del respaldo de la opinión pública, gastada la razón de la autoridad moral.
Por lo cual, debe tenerse en consideración que el dictamen lo que propone no es la coercitividad radical pura y dura, sino un medio competencial asignado a la comisión, para que quien viole el régimen humano, que debe ser una autoridad pública, acuda en ánimo de la rendición de cuentas ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Atendiendo la representación federal constituida en esta colegisladora, se puede someter a exámenes las razones de la alteración de los derechos humanos o derechos fundamentales. El fin es que sin ánimo coercitivo, la comisión no solamente devele la violación e, incluso, emita su resolución no vinculatoria, sino requerirle al Senado o a la Comisión Permanente si es que el procedimiento se lleva a cabo fuera de los periodos ordinarios de sesiones, o en la legislatura de las entidades federativas o a la asamblea legislativa del Distrito Federal, citar al funcionario para que éste explique las razones por la cuales se niega a cumplir la recomendación de la comisión.
Como se aprecia, el trámite, la comisión no vulnera su tradición de no coercitividad, simplemente se le asigna una competencia más a través de la cual su presión genera la intervención de la cámara correspondiente para obligar al sujeto activo a la no violación.
Creemos que la realidad propia de la administración pública mexicana e, incluso, la operatividad de otras instituciones de otros poderes, hace necesaria una medida como la de este tipo, pues hasta este momento las autoridades bien pueden hacer caso omiso a las recomendaciones.
Ahora, con esta reforma propuesta se esperará que los cumplimientos respectivos a las comisiones aumenten, proporcionando así un respeto mayor, y por qué no, a lo mejor absoluto a los derechos humanos.
Por estas razones, y para que el sistema del derecho sea más completo y eficaz, y se vele siempre por la protección de las personas, es que la bancada del Partido Verde Ecologista de México dará su voto a favor en el presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Miriam Cárdenas Cantú.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva.
Señoras diputadas y señores diputados: hoy acudo ante ustedes para dar cuenta del dictamen que la Comisión de Derechos Humanos ha tenido a bien aprobar y que recae a la iniciativa que la suscrita dirigió a esta soberanía con el propósito de desarrollar en la ley secundaria uno de los mandatos constitucionales que la reforma del 10 de junio de 2011, instruyó.
El Grupo Parlamentario al que pertenezco, el Revolucionario Institucional, está convencido de que debe existir el ánimo de contribuir, desde el ámbito legislativo, al fortalecimiento del organismo defensor de los derechos humanos en el país.
Nuestro sistema jurídico nacional, a partir de la reforma constitucional de 2011, coloca el respeto a la dignidad de la persona como eje y centro del que parten y al que deben confluir todas las decisiones del Estado. Define además un marco jurídico interpretativo para la protección y defensa de los derechos humanos.
Entre las importantes reformas realizadas se encuentran aquellas por las cuales se otorgó a la CNDH la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, así como las medidas tendientes al fortalecimiento de las recomendaciones que emita. En este contexto, la renovación del marco constitucional de la Comisión hizo necesaria la adecuación de las normas secundarias que regulan su actuación, a fin de determinar las bases a partir de las cuales podrá operar sus nuevas atribuciones.
Respecto de la facultad de investigación, ésta estaba atribuida desde el texto original de la Constitución de 1917 al más alto tribunal del país, y al decir del maestro Jorge Carpizo, la supresión de la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar las violaciones graves a las garantías individuales, se decidió trasladar a otro organismo y el legislador en ese momento no encontró otro mejor que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es conveniente señalar que si bien esa facultad debe ejercerse por regla general en los casos en que se inste por los órganos legitimados, existe un margen de decisión que corresponde al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien deberá motivar, en su caso, las razones por las cuales determina procedente o improcedente el ejercicio de dicha facultad.
Ahora bien, por lo que se refiere a la regulación del procedimiento que debe regir la atribución de investigación, se reafirma en el dictamen que se aplicarán las reglas generales que en la ley en vigor y en el reglamento de la CNDH se prevén actualmente.
En lo que respecta a cuestiones específicas, éstas son reguladas en el decreto que se presenta a consideración de esta asamblea y se precisa la obligación que las autoridades tendrán de enviar toda la información que la comisión les requiera durante una investigación, aún la que tenga el carácter de reservada o confidencial. En contrapartida, se prevé la obligación de los servidores de la Comisión Nacional, de tratarla bajo la más estricta confidencialidad.
Todo lo anterior se contempla al adicionar a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un nuevo título, el cual, de acuerdo con la estructura de la ley en vigor, le correspondería ser el número séptimo.
También dentro del cuerpo del decreto se prevé la facultad del presidente de la comisión para citar a cualquier servidor público, cuya presencia sea necesaria para esclarecer los hechos que originaron la investigación.
Asimismo, se establece que uno de los resultados de la facultad de investigación podrá ser la solicitud del incoamiento de juicio político contra el servidor público responsable, porque la demostración de una violación grave a los derechos humanos exige que se finquen responsabilidades políticas.
Respecto al segundo rubro que toca esta iniciativa y que tiene que ver con regular lo referente a la comparecencia de funcionarios ante el Senado cuando no acepten o no cumplan las recomendaciones o resulten responsables de violaciones graves, el decreto propuesto plantea definir las reglas a que se sujetará dicha comparecencia, así como las sanciones administrativas que podrán resultar en caso de que la negativa de aceptar la recomendación sea reiterativa.
Esta propuesta viene a desarrollar una reciente reforma a la ley secundaria, en la que se prevé precisamente el procedimiento ante la omisión reiterada de las recomendaciones de la CNDH por parte de una autoridad.
Si bien, las recomendaciones no son vinculatorias per se, queda claro que el proceso previsto en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución federal, no puede tomarse a la ligera. Éstos son, señoras y señores legisladores, los puntos torales contenidos en el dictamen que hoy se presenta a su consideración y mi grupo parlamentario avala, porque hoy tenemos la oportunidad de dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de un renovado marco jurídico que propicie mayor efectividad a sus tareas. Es cuanto. Gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión los siguientes artículos: artículo 15 y artículo 77, por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, de la fracción parlamentaria del PAN.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El diputado Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (desde la curul): A favor.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): A favor.
El diputado Alberto Díaz Trujillo (desde la curul): A favor.
La diputada Claudia Delgadillo González (desde la curul): A favor.
La diputada Juana Bonilla Jaime (desde la curul): A favor.
La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): A favor.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
El diputado José Ignacio Duarte Murillo (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 389 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 389 votos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, para referirse a los artículos 15 y 77 reservados.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidenta. El motivo de la reserva es muy sencillo, compañeras diputadas y compañeros diputados, antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano colegiado, poder de la Unión, tenía la facultad de investigación de las violaciones graves a las garantías individuales, ahora derechos humanos.
Esta facultad ahora se pasa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero s una facultad que ejerce exclusivamente su presidente. Es una carga muy fuerte para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer ejercida sin ningún tipo de balance o un tipo de socialización previa, previo análisis de un órgano que ya existe dentro de la estructura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo es un órgano deliberativo de la comisión que está fungiendo como una especie de conciencia, de alma; una especie de asesoría constante de balance de las actuaciones del presidente y de la comisión como tal.
Se propone modificar el segundo párrafo y adicionar el párrafo del artículo 77 de esta iniciativa para agregarle dos párrafos; primero para eliminarle un párrafo que dice: La determinación será informada al Consejo Consultivo y de inmediato al ente legitimado que haya instalado su ejercicio. En lugar de hacer ese informe se sustituye con esto: Cuando se ejerza la facultad para tal efecto el presidente deberá convocar a sesión del Consejo Consultivo para notificar a los integrantes del mismo que tendrán 30 días naturales siguientes a la notificación para emitir la opinión correspondiente a que diera lugar.
En el caso del ejercicio de la facultad de investigación por parte del Consejo Consultivo a solicitud de alguno de sus integrantes, se pondrá a consideración en sesión del Consejo convocada para tal efecto y se tomará la determinación en el mismo término señalado previamente. Es decir, es la forma en que se procesaría esta facultad que quedaría inmersa en la fracción XIII del artículo 15, que al respecto diría: Ejercer la facultad –la facultad del presidente de la comisión– ejercer la facultad de investigación por hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos previa opinión no vinculante del Consejo Consultivo emitida por la mayoría de sus integrantes en los términos señalados en el capítulo correspondiente de la presente ley.
Con esto, compañeras y compañeros, tendríamos ese balance necesario para esta facultad ejercida por una sola persona. Creo yo que sería muy prudente que adoptáramos esta reforma propuesta, esta enmienda propuesta al dictamen y de esa manera tendríamos un balance necesario, viéndonos como Cámara de Diputados ejerciendo de una manera muy responsable la facultad que nos compete como Cámara de balancear estas estructuras de poder en México. Les agradezco mucho su atención. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones a los artículos presentados por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se desecha.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en sus términos de los artículos 15 y 77, reservados previamente.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 15 y 77 en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 406 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados los artículos por 406 votos en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, por cinco minutos.
El diputado Juan Carlos Uribe Padilla: Compañeras y compañeros diputados. Hago uso de esta tribuna para posicionar el dictamen de la Comisión de Economía a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio.
Como sabemos, el 27 de agosto de 2009 se creó el Registro Único de Garantías Mobiliarias, mejor conocido como RUG, el cual es una sección del Registro Público de Comercio que opera en línea y cuyo propósito es que las personas inscriban todo tipo de garantías mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito que se otorga.
Esta herramienta ha contribuido a detonar más y mejores financiamientos para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ya que se ha convertido en un instrumento que brinda certeza jurídica en el sector financiero y el cual ha facilitado los trámites entre las empresas que requieren créditos y las instituciones públicas y privadas que los ofrecen.
Inicialmente la propuesta adicionaba el artículo 1414 Bis-7, sin embargo los integrantes de la Comisión de Economía consideramos que para que la reforma tenga mayores efectos en todos los procedimientos a que se refiere el título tercero de este ordenamiento y no solamente en el procedimiento de ejecución de prendas sin desplazamiento de posición; o en el fideicomiso de garantía, es decir, que vaya al procedimiento ejecutivo mercantil –que se regule éste y otros más- derivado de un derecho personal consignado en un título de crédito, por lo que el texto propuesto se traslada al artículo 1395 del mismo ordenamiento.
El párrafo que se adiciona versa de la siguiente manera: En caso de bienes muebles el actor deberá demostrar fehacientemente que realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma.
Lo anterior a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso el juez deberá realizar las notificaciones correspondientes.
Con esta reforma, además de que se fortalecerá aún más la figura del Registro Único de Garantías, como elemento de seguridad jurídica, reducirá el riesgo de los individuos en ser perjudicados en los procedimientos de ejecución de garantías mobiliarias y de la probable violación al derecho de audiencia de un tercero interesado que también tenga, obviamente, el derecho sobre el bien de que se trata, evitando así el inicio de nuevos juicios.
En estos términos se plasmarían las características y funciones del Registro Único de Garantías, como la disposición de información, identificación de los bienes muebles, logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica.
Por lo anteriormente expuesto y a nombre de los integrantes de la comisión, me permito solicitar al pleno de esta soberanía, su apoyo para la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar posturas por los grupos parlamentarios, tiene en prime lugar la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, diputada presidenta; señoras y señores diputados. En Nueva Alianza mantenemos un firme compromiso con las y los mexicanos.
Nuestra participación legislativa no sólo ha estado enfocada a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos o al establecimiento de una economía en equilibrio con el medio ambiente y de carácter sostenible. También se ha enfocado a promover la expansión económica y la generación de empleos.
Y este compromiso es el que refrendamos hoy al otorgar nuestro voto a favor de la inclusión al Código de Comercio que estamos discutiendo.
El sistema legislativo mexicano en materia mercantil, ha estado experimentando una serie de cambios importantes en los años recientes con el propósito de homologar sus normas con los estándares comerciales internacionales y fortalecer la posición de México como una de las economías más atractivas para la inversión nacional y extranjera.
En ese sentido se ha regulado para que los empresarios mexicanos puedan acceder a fondos de financiamiento que impulsen el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, generando las condiciones para que se puedan registrar en garantía, alguna parte de sus bienes con el fin de avalar el pago del préstamo en mejores condiciones, estimulando la inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad de la economía.
Tal es el caso del Registro Único de Garantías Mobiliarias, a cargo de la Secretaría de Economía e instaurado a partir de la reforma al Código de Comercio realizada el 27 de agosto de 2009.
Dicha labor legislativa ha generado una serie de mecanismos, instrumentos y procedimientos que agilizan y mejoran el nivel de certeza en los procesos para acceder a los fondos de los mercados de capital, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad ante los acreedores.
Con el establecimiento del registro único los acreedores obtuvieron un mayor nivel de confianza y seguridad respecto a los bienes que les son dados en garantía al poder consultar si éstos se encuentran libres de gravamen o cualquier otra garantía, incluso registrarlos para salvaguardar sus derechos, como es el de la prioridad y el de acreedores.
Sin embargo, dicha reforma se encontraba incompleta pues si bien estableció la existencia de un registro público, no contenía un componente de consulta obligatoria necesaria y complementaria que salvaguardara a terceros sus derechos oponibles o de audiencia.
Peor aún, subsistía en sus términos la posibilidad de exigir a juzgadores, ante la ejecución de sentencias dictadas en una eventual demanda, el pago de daños y perjuicios por la omisión de derechos en el proceso.
Considerando tales circunstancias y legislando de manera preventiva, el dictamen que hoy la Comisión de Economía propone a esta soberanía fortalece el uso multicitado del registro, haciendo obligatoria su consulta tanto a los gobernados como a las autoridades jurisdiccionales, así como la inclusión de sus resultados en los escritos iniciales de la demanda que se promuevan en el marco de los procedimientos ejecutivos mercantiles.
Además, con esta disposición se garantiza el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado pues, en caso de actualizarse este supuesto, el juzgador deberá realizar la notificación correspondiente, evitando en lo posible futuros juicios de amparo por la omisión de derechos de terceros.
Honorables diputadas y diputados: el grupo parlamentario Nueva Alianza, al emitir su voto a favor lo hace bajo la consideración de que esta mejora legislativa fortalece la certeza que debe brindársele a cualquier persona física o moral de que sus derechos y bienes se encuentran garantizados, que se legisla evitando posibles daños a terceros y que se hace a favor de mejores condiciones económicas que deriven en una mejor calidad de vida para los mexicanos. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras, compañeros legisladores: la economía en México presenta condiciones que merecen la implementación de medidas urgentes. Alrededor de 54 millones de personas viven en pobreza, es decir, el 48 por ciento de los habitantes del país. Asimismo, de 1992 a 2010, la pobreza alimentaria sólo se ha podido reducir en un 2.6 por ciento, al pasar de 21.6 por ciento del total de los mexicanos a 18.8 por ciento.
El crecimiento esperado del producto interno bruto para este año es del 3.5 por ciento, muy por debajo de la demanda de empleos que los ciudadanos exigen.
Como consecuencia, el comercio informal se traduce como la única opción de sustento para miles de mexicanos, por lo que genera 2 millones 800 mil empleos.
Del mismo modo se han gastado entre 1970 y 2012, 900 mil millones de pesos para atender la situación de pobreza y superar el rezago social. Sin embargo el fenómeno no ha disminuido, al contrario, se ha expandido con lo que queda claro que los programas clientelares basados en efectos y no en casusas, significan y han significado un rotundo fracaso.
Es por lo expuesto que resulta de suma importancia el fortalecimiento de aquellos mecanismos que funcionan en nuestro país como fuentes de empleo, tal es el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 99 por ciento de las compañías mexicanas.
La lucha de las Mipymes contra las grandes empresas no es tarea sencilla, siendo uno de los principales obstáculos que enfrentan dentro de la competencia la participación en el mercado crediticio.
Resulta lamentable que tan solo el 1.6 de dichos negocios se ha visto favorecido con un financiamiento, así en el 2011 se otorgó crédito únicamente a 77 mil de los 4.9 millones de Mipymes que existen en México.
Es por lo previamente argumentado que consideramos de suma importancia el Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG, el cual surge en el 2009 con la finalidad de potenciar el uso de bienes-muebles como garantías para las micro, pequeñas y medianas empresas, y puedan obtener el financiamiento en mejores condiciones.
Con base en lo anterior estamos de acuerdo con el propósito del dictamen, ya que busca fortalecer el RUG estableciendo de forma obligatoria el registro de una garantía-mueble por parte de los acreedores con el afán de que la información esté disponible para otros solicitantes, al determinar que los actores deberán demostrar fehacientemente la realización de una consulta, estableciendo en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Se permitirá garantizar con ello el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado, otorgando mayor certeza jurídica a los registros de bienes-muebles.
Si bien consideramos que la modificación resulta buena para impulsar el crecimiento de las Mipymes, consideramos aún así que no es suficiente, si en realidad se desea que las empresas obtengan un financiamiento en mejores condiciones que permita el estímulo a la inversión, el crecimiento y la competitividad en el sector económico, es necesario en la eliminación de los monopolios.
Mientras en México tres bancos acaparan el 61.4 del mercado; las audiencias televisivas tengan una concentración del 68 por ciento; la telefonía fija del 81.4 por ciento; la telefonía móvil del 74 por ciento; el comercio al menudeo del 54 por ciento; la producción del cemento de 49 por ciento; la industria cervecera del 62 por ciento y la de harina de maíz industrializada del 93 por ciento, ninguna medida tendrá un verdadero impacto en la prosperidad del país y en el beneficio de consumidores. ¿Cuánto tiempo más esperaremos para hacer frente a los causantes del enorme rezago que permea en el país?
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estoy aquí posicionando el punto de vista del Partido Verde Ecologista de México a la reforma de mérito.
El poder incluir en el artículo 1395 del Código de Comercio la necesidad de inscribir las garantías mobiliarias y de su consulta previa, en una demanda de juicio ejecutivo mercantil, que dígase de paso también suple a otros procedimientos especiales que el Código de Comercio determina, como es la ejecución de la prenda sin desplazamiento de posesión y el fideicomiso de garantía, es una acertada reforma. Esto tiene que ver no sólo con la aplicación de los créditos y el movimiento económico que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas; tiene que ver con la garantía de legalidad jurídica, con la seguridad jurídica de las personas.
Los que alguna vez hemos litigado, sabemos que cuando se trata de garantías inmobiliarias recurrimos al Registro Público de la Propiedad, hacemos una búsqueda de bienes y ahí sabemos en qué calidad el actor está presentando su demanda. Es decir, si se encuentra en un primero, segundo o tercer grado a comparación de otros acreedores.
Pero qué sucede cuando nos presentamos o cuando se presenta una demanda y la garantía es inmobiliaria, al final del día vienen apareciendo tercerías excluyentes de dominio o tercerías excluyentes de preferencia, que hacen que los juicios se vuelvan largos, tediosos, tardados y que la aplicación de la justicia no se dé de manera expedita.
La reforma de mérito permite que al inscribir las micro, pequeñas, medianas empresas, aquellas que otorguen créditos pequeños sobre garantías de carácter mueble, como puede ser maquinaria, como puede ser equipo de construcción, como puede ser un sinnúmero de diversos bienes, agilizar el crédito y dar una garantía de seguridad a quien va a acreditar a una persona.
Con esto, al presentar la demanda, va en pleno conocimiento del grado de prelación que tiene en la aplicación del crédito y con ello nos evitamos dilaciones procesales, nos evitamos tercerías, nos evitamos juicios de amparo, que en lugar de darle agilidad a la justicia, hacen que ésta se retrase.
Por eso el Partido Verde Ecologista de México el día de hoy está a favor de la reforma que se presenta y votaremos favor de la misma. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la finalidad del Registro Único de Garantías, RUG, creado en el año de 2009, es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía.
La propuesta que hoy en día se presenta, es reforzar esas atribuciones al establecer la obligación del actor de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, al respecto, con el objeto de avanzar en un esquema simplificado de los procedimientos y de reducción de trámites y costos para los particulares, se estima pertinente impulsar la mejora regulatoria en el ámbito comercial y con ésta, facilitar las actividades legales para los particulares.
Al asentar el resultado de la misma, en su escrito inicial, la demanda, a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado, se fortalece aún más el RUG, el Registro Único de Garantías, al brindar a los acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantías y la prioridad entre acreedores, con la incorporación de hacer obligatorio que el juez realice la notificación correspondiente, se abona así a la transparencia de las transacciones, evitando asimetrías de información.
Y con la implementación de las características señaladas anteriormente, el registro se desvincula de uno de los problemas que presentan cuando no existe un dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo, tanto para los gobernados como las autoridades jurisdiccionales, subsanando el conflicto en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago del crédito y se desconoce la existencia de los derechos de terceros.
Es así que el Grupo Parlamentario del PRD saludamos que se incorporen los preceptos anteriores, porque conocemos la existencia de la necesidad del fortalecimiento del Registro Único de Garantías. Y con lo anterior se evitarían posibles daños a terceros.
En estos términos se plasmarían las características y funciones del Registro Único de Garantías, como la disposición de información, identificación de los bienes muebles, logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Sotomayor, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con su venia, presidenta. Para mí, me llena de felicidad el poder ver que hemos logrado consensuar a las diversas fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, para votar a favor este dictamen que amablemente nos presenta la Comisión de Economía.
Quiero dar gracias a la Presidencia y a todos los integrantes de la misma por el dictamen a favor que hoy estamos votando.
Este dictamen tiene por objeto poner un requisito adicional, el cual va a ser muy sencillo de cumplir, el cual no va a traer ningún gasto adicional de la persona que presente la demanda, amén de que un tercero perjudicado, un probable tercero interesado tenga el número uno, un probable derecho de audiencia. O número dos, nos evitemos de juicios posteriores, que ya no haya esta acción pauliana, este juicio en el que tenga que demostrar alguien que el bien con el cual se querían cobrar respecto de la demanda perdida, ahora, ya desde un inicio nos estemos ahorrando este segundo juicio.
Inicialmente, la iniciativa se presentó para modificar el artículo 1414 Bis 7. Fue la comisión quien a petición de algunos diputados solicitó que se hiciera de manera más amplia esta obligación, pasándose del 1414 Bis 7 al 1395 del Código de Comercio. Cambio que yo aplaudo, cambio con el que estamos de acuerdo en Acción Nacional, porque estamos garantizando no solamente a las garantías prendarias sino a todas las personas que tienen este tipo de inmuebles registrados en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, este beneficio que se está dando en el dictamen que hoy se presenta.
Es por eso que yo les pido su voto a favor de esta iniciativa, en nombre de un servidor y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último tiene la palabra el diputado Fernando Zamora Morales, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. –Hay un cambio, es el diputado Salvador Romero Valencia, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Salvador Romero Valencia: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el comercio es la locomotora fundamental de la actividad económica de México. Sin una actividad comercial fortalecida no es posible tener un sector primario y un sector industrial pujante. En México la actividad comercial ha demostrado ser una gran generadora de empleos.
Por ello, como condición indispensable para potenciar el desarrollo económico del país, necesitamos dotar a los actores económicos del andamiaje jurídico indispensable para tener certeza jurídica en los actos de comercio para que las transacciones comerciales estén reguladas y protegidas por la ley.
Eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, implica necesariamente liberar a la norma jurídica de lagunas y de vacíos que precisamente son las que propician la falta de certeza jurídica y prácticas fraudulentas que tanto daño le hacen a la economía del país.
El Grupo Parlamentario del PRI otorga su posición a favor del presente dictamen, toda vez que perfecciona la norma jurídica y les da la seguridad a todos los actores de que realicen actos de comercio en un marco óptimo y adecuado.
No olvidemos que la actividad comercial constituye la materia principal del derecho mercantil mexicano. Como legisladores estamos obligados a proveer a los actores económicos de un marco jurídico suficiente y eficaz para que regule las operaciones de aquellos que hacen del comercio su actividad de subsistencia.
De esta manera, al aprobar la norma que aquí nos ocupa, se contribuirá a modernizar el juicio ejecutivo mercantil, adecuándolo a las necesidades y a la realidad actual de México.
El dictamen, al reformar el Código de Comercio, busca obligar al actor a que acredite que consultó la existencia de gravámenes en el Registro Único de Garantías Mobiliarias y asiente el resultado de dicha búsqueda en el escrito inicial de la demanda, con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado.
Dicha reforma procesal cobra especial importancia, pues le da continuidad y le da utilidad al Registro Único de Garantías Mobiliarias, gracias al cual hoy es posible inscribir éstas y acceder a crédito. Millones de micro, pequeños y medianos empresarios no cuentan con garantías inmobiliarias para acceder a un crédito. La importancia de esta reforma es que le da certeza jurídica a las partes para que los micro, pequeños y medianos empresarios puedan obtener un crédito con el cual incrementen su actividad comercial y generen fuentes de trabajo que tanto demandan los mexicanos.
Al aprobar esta reforma habrá una identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y se establecerá adecuadamente la prelación de los acreedores para evitar los fraudes que tanto dañan a los actores en el proceso comercial. Se va a poder determinar fácilmente, si existe de esta manera un derecho preferente de un tercero perjudicado.
Compañeras y compañeros legisladores, tenemos la obligación de proporcionar al juzgador, al Poder Judicial, las herramientas necesarias que le permitan resolver las controversias en actos de comercio de manera ágil, eficiente y expedita, y de esta manera impulsaremos el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes y profesores de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Invitados por la diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul). A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Presidenta, a favor 423 votos, 8 abstenciones, 0 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos el proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.
Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, por las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputado; permítame un momento por favor. ¿Con qué objeto, diputado Sotomayor?
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Presidenta, quiero hacer un exhorto muy respetuoso a los jóvenes que se encuentran en estos momentos en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México para que permitan el libre acceso de las autoridades de esta universidad, amén de que los trabajos de la misma se puedan llevar con la cotidianeidad que todos queremos.
Pidiéndoles de manera respetuosa que al finalizar esto, puedan reunirse con el rector José Narro, como él ya lo ha solicitado, pero una vez que hayan dejado que los trabajos naturales de la universidad se puedan llevar a cabo.
Y solicitar lo mismo para los estudiantes que están ahora tomando las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Está registrada su solicitud. Perdón, diputado, adelante con la exposición del dictamen.
El diputado Raúl Santos Galván Villanueva: Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; así como la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.
La importancia del servicio de pilotaje o practicaje radica en que es un servicio de interés público que incide en la seguridad nacional por el valor estratégico que tienen las instalaciones portuarias y las vías navegables para la economía nacional.
Es por eso que el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que para desempeñar los servicios de practicaje se requiere ser mexicano por nacimiento.
La legislación prevé que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con las vías generales de comunicación por agua y puertos, así como los servicios portuarios para su eficiente operación y funcionamiento.
Por tanto, resulta de interés público y responsabilidad del Estado que en dichos espacios se cumpla con las condiciones de seguridad protegiendo el bienestar de las personas, el medio ambiente, las embarcaciones y la infraestructura portuaria.
Tal interés público y responsabilidad la cumple el Estado mediante la intervención de las dependencias que integran su organización pública o mediante el auxilio de particulares permisionados para tal efecto, como lo es el piloto o práctico de puerto, quien satisface la citada necesidad de seguridad.
Hoy en día el pilotaje es una actividad que realiza un marino mercante profesional con certificado de competencia otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con experiencia en el puerto donde realiza sus actividades.
La ley de Puerto que hace referencia a conceptos mercantiles, permite la prestación de servicios portuarios a embarcaciones por conducto de sociedades mercantiles denominadas Administraciones Portuarias Integrales.
Dicha ley equipara al pilotaje como uno más de los servicios portuarios y la Ley de Navegación y Comercio Marítimo considera a dicha actividad como lo que realmente es, un servicio portuario de interés público.
Las reformas que se proponen tienen por objeto enriquecer con precisiones que fortalezcan la naturaleza pública del servicio de pilotaje y su ámbito de competencia.
Las comisiones dictaminadoras consideramos conveniente proponer una redacción que dé mayor claridad al espíritu de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, para dar uniformidad a toda la ley y sobre todo se armoniza con lo que establece el artículo 32 constitucional que prevé los servicios de practicaje.
Consistentes con una sana técnica legislativa, las comisiones dictaminadoras adicionan el concepto de “zona de pilotaje”, debido a que esta expresión se encuentra contenida en diversos artículos de la Ley de Navegación, por lo que se estimó necesario y válido, incluir el área geográfica de responsabilidad, en la cual se desarrolla la actividad de pilotaje, para seguridad de la navegación, así como los espacios donde este servicio es obligatorio.
Las reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puerto que se proponen ante este honorable pleno, se encuentran enfocadas a describir con más precisión aspectos concernientes a la figura del piloto de puerto, considerada como una de las instituciones más antiguas del derecho marítimo y que actualmente se constituye como un servicio público de seguridad a la navegación en las jurisdicciones portuarias.
Aunado a lo anterior el servicio que prestan los pilotos de puerto, que deben de ser mexicanos por nacimiento y marinos mercantes profesionales, debidamente certificados, incide en la seguridad nacional, pues un accidente provocado por una mala maniobra, podría bloquear el puerto por tiempo indefinido, con severas consecuencias para la economía nacional y el comercio internacional.
Es por ello que en el marco normativo que rige este servicio tan importante, debe de ser actualizado para que responda mejor al espíritu y a la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí la importancia de estas reformas que dan sustento jurídico a la actividad de pilotaje.
Aprovecho para hacer un reconocimiento muy merecido a la labor de mis compañeros legisladores de todos los partidos, integrantes de las Comisiones Unidas de Marina y Transportes, por su dedicación en el análisis, discusión y propuesta para dictaminar en sentido positivo el presente dictamen. Su trabajo y entusiasmo han sido un elemento fundamental para fortalecer la seguridad marítima del país.
En mérito de las razones expuestas, solicitamos su voto para que sea aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 55; primer párrafo del artículo 56; fracción III del 57; se adiciona la fracción XV del artículo 2; el párrafo sexto al artículo 57, todos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar postura por su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Soto Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Antes que nada quiero agradecer a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Transporte y de Marina por haber sacado este dictamen por unanimidad. Como presidente de la Comisión de Marina les agradezco profundamente el hecho.
En los últimos años los puertos mexicanos han destacado por su elevado crecimiento en el volumen de mercancías manejadas por la diversificación de las actividades y como áreas de oportunidad para nuevas inversiones y generación de empleo, ante la insoslayable condición por la que atraviesa el país.
La actividad portuaria genera un poco más de un tercio del total de las cargas comerciales del país, ya que la mayor parte del volumen de las exportaciones se centra en industrias como la química, petroquímica, energía eléctrica, metalúrgica, minera, cemento, pesca, turismo náutico y de cruceros, embalse, actividades logísticas y de almacenamiento, entre otras.
El sistema portuario nacional desempeña un papel fundamental para el crecimiento de la economía mexicana ya que, además de vincular los mercados mundiales, constituye una importante fuente de valor de ventajas competitivas en los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno y en general por el aparato productivo nacional.
A la fecha nuestro país cuenta con puertos que compiten, por su eficiencia, en la operación de contenedores con puertos líderes en el mundo, y muestra avances importantes en la operación de otros tipos de carga.
De acuerdo al informe, la situación actual del sistema portuario nacional emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al cierre del 2006, el impacto del subsector marítimo portuario en el PIB, el producto interno bruto de la economía mexicana fue de 13.7 mil millones de pesos, de los cuales 9.2 fueron originados por actividades portuarias y 4.5 por servicios de transporte por agua.
Cabe destacar que en este mismo año el número de empleos generados fue alrededor de 150 mil y de estos, 57 directos y 100 mil indirectos. Además de lo anterior mencionado, el fortalecimiento de este sector se debe a gran medida a la figura del pilotaje, practicaje que con esta reforma se fortalece. Esta figura se le considera como una de las instituciones más antiguas del derecho marino que ha permitido la constitución de un servicio de seguridad enfocado a la navegación en jurisdicciones portuarias.
Para la prestación de este servicio se requiere de una serie de requisitos para el desarrollo de dicha actividad, entre los que destacan: ser mexicano de nacimiento; contar con título sobre la materia, y acreditar un expediente ante las autoridades marítimas.
Si ajustamos el marco jurídico a la realidad dominante mediante la inclusión de conceptos de carácter general, estaríamos constituyendo al fortalecimiento y unificación del pilotaje o practicaje, así como la incorporación de los espacios para la realización de dicho servicio.
Pareciera que las reformas que se abordan en el presente dictamen sólo son de tipo tácticas. Sin embargo, no lo son, su trascendencia repercute de manera directa en el fortalecimiento y desarrollo de la actividad portuaria en nuestro país al priorizar aspectos relacionados con la vida humana y el medio ambiente.
Derivado de lo anterior, los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen, para dotar de herramientas al servicio público de pilotaje y practicaje, ya que es necesario que los pilotos de los puertos tengan certeza jurídica, especialmente porque al desempeñar sus labores garantizan la vida humana, la integridad de las embarcaciones y el ambiente marino. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a nombre de su grupo parlamentario, la diputada María de Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Verde Ecologista.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Con su venia diputada presidenta. En la historia del derecho marítimo, la figura del piloto es considerada como una de las más antiguas. El piloto o práctico de puerto tiene la responsabilidad de orientar al capitán en las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque de una embarcación en los puertos marítimos.
Los pilotos deben de tomar decisiones técnicas para que en el arribo al puerto de las embarcaciones, sean respetadas las normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y preservación de la vida humana en el mar, así como la prevención de la contaminación marina.
En virtud de que toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto está obligada a utilizar el servicio de pilotaje, éste es un servicio de carácter público, pues el Estado tiene la obligación de garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias. Así pues, el servicio que prestan los pilotos de puertos es una actividad fundamental en la preservación de la seguridad y la soberanía nacional, así ha sido considerado incluso desde la promulgación de nuestra Constitución Política con esa finalidad. Más adelante se determinó que para representar el cargo de capitán de puerto y prestar los servicios de pilotaje o practicaje es necesario ser mexicano por nacimiento.
El piloto de puerto sirve al interés público al guiar a las naves para garantizar que sus maniobras sean seguridad para preservar la vida de sus tripulantes y conservar limpias las aguas del mar. Lo hace en atención de lo que demanda la nación, por ello está obligado a desempeñar su labor con eficacia y profesionalismo.
El servicio de pilotaje, por ser un servicio público, sólo debe de ser autorizado a quien cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. La designación de nuevos pilotos de puerto requiere que exista un mecanismo transparente para seleccionar a quienes aspiren a ocupar dichos cargos.
Derivado de lo anterior, es evidente que las maniobras de pilotaje necesitan ser reguladas para brindar certeza jurídica a quienes requieren de la prestación del servicio y para garantizar que éste se realice de forma segura y eficiente.
En este sentido, el dictamen realiza las precisiones necesarias a la ley en referencia, al concepto de pilotos de puerto, dado que actualmente sólo se menciona a los pilotos, lo cual puede dar pie a confusiones, además se amplía el concepto de servicios de practicaje o de pilotaje con el fin de armonizarlo con lo dispuesto en el artículo 32 constitucional, en lo que se refiere a esta actividad.
Para garantizar la continuidad operativa del servicio de pilotaje, el dictamen establece que éste se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las 24 horas del día.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de realizar prácticas en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio, en aras de impulsar la certificación de la calidad del miso.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos positiva la aprobación del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y se reforma la fracción del artículo 44 de la Ley de Puertos, pues con ello se pretende crear un sistema portuario con transporte marítimo eficiente, oportuno y seguro, así estaríamos contribuyendo a dinamizar una actividad productiva de gran relevancia para el país, como es el caso de la actividad portuaria. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra el diputado Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Francisco Grajales Palacios: Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del dictamen que aquí nos ocupa, toda vez que como lo han señalado acertadamente los proponentes de la iniciativa, la figura de pilotaje o practicaje es una de las profesiones más antiguas del derecho marítimo y que actualmente constituye un servicio público de seguridad a la navegación, en las jurisdicciones portuarias.
La falta de una adecuada definición sobre esta actividad generaba que se encontrara en un estado de ambigüedad el término, por lo tanto, es adecuado y oportuno el conceptualizar esta figura, así como el establecer una adecuada definición de las zonas de pilotaje, con lo que se evitará que se tengan dudas sobre los diferentes lugares en los que se lleva a cabo la práctica de esa actividad.
El practicaje que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico piloto de puerto, consiste en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marítimo, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en la zona de pilotaje.
Mientras que las zonas de pilotaje serán los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables delimitadas y aquellas que se determinen como obligatorio el pilotaje.
Debido a la importancia que tiene el servicio de pilotaje o practicaje se establecen dos medidas fundamentales para la profesionalización de quienes desarrollen esta actividad. Una, que es dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la facultad de otorgar certificados de competencia. Y otra consiste en la obligación a cargo de los pilotos de puerto, de realizar prácticas en el puerto y zona de pilotaje donde aspira a prestar el servicio.
Creemos que al establecer en la Ley de Navegación las modalidades bajo las cuales se prestará el servicio público de pilotaje o practicaje, se habrá dado un paso importante en la descripción de las obligaciones que sobre este particular tienen las autoridades portuarias, por lo que se evitará la discrecionalidad por parte de los servidores públicos, afianzándose así los derechos de los usuarios de los puertos.
Finalmente, y toda vez que el pilotaje es un servicio público fundamental, que debe estar señalado en la Ley de Puertos, porque este servicio principalmente se da en dichas instalaciones, es que consideramos acertado que en el dictamen se confirme el argumento anterior de que el pilotaje está regulado, tanto por este ordenamiento como por la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
Compañeras y compañeros legisladores, la actividad del pilotaje o practicaje es una pieza importante en el ámbito marino, sin embargo, es poco conocida su práctica. Con las presentes reformas que se plantean en el presente dictamen reafirmamos no solo nuestro interés por valorar adecuadamente dicha actividad sino por mejorar aquellos ordenamientos que inciden favorablemente en el desarrollo económico, el progreso y la seguridad de nuestro país. De ahí pues, nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): A favor.
La diputada María Celia Urciel Castañeda (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 434 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la facción I del artículo 44 de la Ley de Puertos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Malú Mícher?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Quiero manifestar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, que si bien desde esta tribuna solicitamos una disculpa pública del señor Daniel Bisoño, por las expresiones que utilizó en contra de las empleadas del hogar, hay que reconocer que el señor lo ha hecho, ha pedido una disculpa pública, ha tomado su taller de capacitación o lo tomará con el Conapred, y por ello sí bien tuvimos que exigir una disculpa pública también hay que congratularnos por lo que ha hecho el señor y que ojalá no se vuelva a repetir por ninguna persona en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Queda registrado su comentario.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a pasar a dictámenes a discusión de proposiciones con punto de acuerdo. Ya que está publicado en la Gaceta Parlamentaría, que consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se autoriza.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus respectivas competencias se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto de acuerdo. Por la comisión tiene la palabra la diputada Elvia María Pérez Escalante, por tres minutos, para fundamentar el dictamen.
La diputada Elvia María Pérez Escalante: Buenas tardes, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados; honorable asamblea. Es un honor subir a tribuna para hablar en nombre de un sector de la población que ha permanecido olvidado y muchas veces abandonado del interés de la sociedad, de las autoridades y en ocasión de sus familiares, los adultos mayores.
Después de estudiar, valorar y analizar el punto de acuerdo presentado por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2012, y luego de proceder a su discusión fue votada en sentido positivo por considerar que es muy necesario, importante y trascendente que se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor, por el cual se aprobó la proposición.
Es necesario que al adulto mayor se le dignifique por la sociedad, pero sobre todo por las autoridades que tienen la responsabilidad de reconocerles no solamente sus garantías individuales, sus derechos humanos, sus prerrogativas y privilegios, sino la esencia de su dignidad, es decir, infundir en ellos el respeto y estima que deben de tenerse a sí mismos y el respeto que todos les debemos.
Tenemos la obligación de reconocer y tolerar las diferencias que existen en nuestros adultos mayores, ya que ellos los hacen valiosos confirmando en forma fehaciente su integración a la sociedad. Merecen recibir del Estado, la sociedad y sus familias, igualdad de trato de oportunidades y derechos.
En nuestro país hay casi 11 millones de adultos mayores; si tomamos en cuenta que la esperanza de vida de la población mexicana en el 2009 fue un promedio de 75.3 años, para el 2050 la esperanza de vida se estima que será de 81.3 años; entonces tenemos más adultos mayores que viven más años y demandan una intervención del Estado más decidida.
Por lo que es necesario establecer una serie de acciones para ampliar la cobertura de una protección, promoción y reconocimiento social, impulsando la elaboración de protocolos, políticas y estrategias afirmativas que privilegien el respaldo comunitario para que tengan atención especial. La geriatría, la gerontología, la gerontología psiquiátrica, deben ser ciencias al servicio del adulto mayor.
En este sentido, el Ejecutivo federal y los estatales son quienes deben fortalecer estos aspectos en la política pública, en los programas existentes y en otros programas que deberán ser diseñados.
Por ello, esta Cámara de Diputados fortaleció el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 por un monto de 23 mil 772 millones 297 mil 990 pesos, para brindarles mayores recursos con el programa Pensión para Adultos Mayores de 65 Años y Más.
Pero sobre todo para aquellos más desprotegidos que ahora estarán contemplados en el proyecto de gobierno de la República cumpliendo así un compromiso de campaña de nuestro presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, quien señaló entre sus primeras 13 decisiones para la reactivación del desarrollo económico y social del país que México es un país en deuda con sus adultos mayores. Lo que somos como nación se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron. Es tiempo de reconocer esa contribución.
Por eso, nosotros en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables votamos a favor de esta proposición. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para hablar por su grupo parlamentario tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del grupo de Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconoce la importancia que tiene el dictamen de este punto de acuerdo para la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, quienes además de ser un grupo vulnerable, su proporción con respecto a la población total va en aumento.
El INEGI reportó en 2007 que ocho de cada 100 habitantes de nuestro país contaban con 60 años o más; que entre 2005 y 2007 el número de adultos mayores pasó de 7.9 a 8.5 millones, por lo que su tasa de crecimiento anual en este periodo fue de 3.47, mientras que la población total del país creció en .88 por ciento.
Cabe destacar que en este momento contamos con un mayor porcentaje de población joven; sin embargo, para el 2050 el 30 por ciento de la población total contará con 60 años o más. Estas cifras son reveladoras de la importancia que desde hace años tomó esta población no sólo para el diseño de políticas públicas de corte social, sino también para la actualización de la legislación a la que se acogen y para el análisis de los recursos económicos que deberán destinarse para su atención.
Es de prioridad nacional establecer medidas que promuevan y privilegien la dignidad de nuestros adultos mayores. Ello no sólo es digno de civilidad y responsabilidad con nuestra labor, sino también es una señal de una nación de avanzada.
Garanticemos que las personas de la tercera edad tengan una vida digna; pongamos las medidas necesarias para evitar su explotación, maltrato físico o mental. Desde nuestras trincheras hagamos lo propio para que vivan tranquilos y en espacios adecuados a sus necesidades. Demos seguimiento a la salud, alimentación, vivienda, empleo digno, esparcimiento y atención de los adultos mayores.
Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus competencias se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor, porque estamos seguros que apoyará y promoverá el respeto, solidaridad y reconocimiento social hacia ellos, al mismo tiempo que su experiencia, talento y sabiduría, deben de ser plenamente aprovechados y valorados por la sociedad.
Desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, exhortamos a todas las fuerzas políticas aquí representadas a que unamos fuerzas y seamos sensibles ante este tema que es de vital importancia para todos y todas las mexicanas. Es cuanto, señora presidenta y gracias por su atención
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene el ahora la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. No se encuentra en el salón, entonces tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Quiero saludar a invitados del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Frente Juvenil revolucionario de Guanajuato, originarios de los municipios de Cueramaro, Huinamaro, Pénjamo, Celaya y Abasolo.
Y a dos grupos, alumnos de la escuela primaria, de tercero, colegio Agnés Concha, procedentes de San Luis Potosí, invitados por el diputado Enrique Flores Flores. Bienvenidos.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros diputados, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde, es para nosotros muy satisfactorio que este punto de acuerdo por fin haya llegado a esta tribuna, no solamente apoyamos las disposiciones que presentó la diputada Rocío Corona, a la cual felicitamos, sino que también estamos familiarizados con el tema del adulto mayor.
El día de hoy el adulto mayor necesita de seguridad social, es decir, necesitamos garantizar la economía de ellos, necesitamos garantizar el apoyo hacia su salud, pero lo más importante, necesitamos también garantizar el cuidado personal de cada adulto mayor que vive en nuestro país.
El día de hoy no solamente valdría la pena preguntarnos qué programas o qué políticas públicas tenemos a favor de ellos. Hoy necesitamos también pensar que no es suficiente con los centros recreativos que existen; hoy lo que se requiere es tener esa vinculación directa con ellos, necesitamos tomarlos en cuenta para que nos ayuden también en la prevención de la violencia, del delito, con las experiencias personales que han tenido ellos a lo largo de su vida y que podemos buscar una participación directa para ellos, mediante los apoyos que se pueden presentar en los municipios o en los estados y en la federación.
Este punto de acuerdo habla de que busquemos fortalecer no solamente los programas, sino esa vinculación que necesitamos entre los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores para rescatar los valores que en muchas comunidades, municipios y estados hemos ido perdiendo poco a poco.
El día de hoy estamos a favor de este punto para que podamos juntos hacernos una pregunta que yo haría aquí en esta asamblea: cuántos geriatras, por ejemplo, trabajan en la función pública y atienden directamente a nuestros adultos mayores.
Si tenemos hospitales del niño y la mujer, si tenemos hospitales que ayudan y apoyan a las personas con discapacidad, por qué no pensar, como lo marca este punto de acuerdo, en el protocolo de poder fortalecer el apoyo a la salud directa de ellos.
Hagamos que este acuerdo llegue hasta el último rincón de nuestro país, que llegue a cada municipio esta propuesta que se está presentando el día de hoy aquí; es momento de poder pensar en el pasado para que revirtamos los errores que se cometieron y que no nos extraviemos en el futuro.
En el Partido Verde estamos seguros y conscientes de una cosa, compañeros, que con el adulto mayor vamos a poder reconstruir a México dentro de sus valores, desde una familia hasta una nación entera. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Quiero saludar la presencia del grupo de jóvenes de Acción Juvenil de Guanajuato, invitados por la diputada Beatriz Yamamoto. Bienvenidos. También saludo la presencia de estudiantes de la preparatoria sur de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Lorena Méndez Denis: Muy buenas tardes, presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas, diputados, buenas tardes: el envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se enfrenta México.
Uno de los desafíos consiste en una adecuada atención a las personas adultas mayores y así mejorar considerablemente su vida.
Los adultos mayores forman parte de los grupos vulnerables debido a su situación de riesgo social derivado de factores propios de su ambiente doméstico y comunitario.
Se considera que los adultos mayores experimentan vulnerabilidad, dado que muchos de ellos se encuentran en estado de dependencia económica. No cuentan con una definición de roles y muchas veces son excluidos de la toma de decisiones en el ámbito familiar.
De acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del Inegi, en México existen 10 millones 55 mil 379 personas que cumplieron 60 años o más. Sin embargo, la proyección para el año 2050, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, es que la cifra se ubicará en 33.8 millones, es decir, pasará del 9.2 por ciento actual, al 27 por ciento del total de la población.
De la población mayor de 60 años, 4 millones 679 mil 538 son hombres y 5 millones 375 mil 841 mujeres, lo que indica también una feminización de la vejez.
Otro dato interesante lo representa el que en nuestro país 4 millones 50 mil 256 hogares están encabezados por un adulto mayor, mientras que 2 millones 196 mil 823 mujeres adultas mayores son jefas de familia. Las entidades con mayor número de personas adultas mayores son el Distrito Federal, con un millón 3 mil 648, y Veracruz, con 798 mil 557. En todo el país viven 18 mil 475 personas que han cumplido 100 años o más de edad.
Conforme a la Encuesta Nacional del Empleo y Seguridad Social levantada en el año 2009, sólo una cuarta parte de los adultos mayores se encuentra pensionado por sexo, este porcentaje es casi dos veces mayor en los varones que en las mujeres; más de la mitad de los pensionados son por jubilación, el 33.6 por ciento es por retiro o vejez y sólo el 5.7 por ciento es pensionado por accidente o enfermedad de trabajo.
En las mujeres, el 47.9 por ciento están pensionadas por viudez; 31 por ciento por jubilación y 14.1 por retiro o vejez. Desafortunadamente existe una violación latente a los derechos de las personas adultas mayores, pues el gobierno, a través de sus instancias correspondientes como la Secretaría de Desarrollo Social no ha tenido la iniciativa de crear políticas públicas enfocadas a este sector, e incluso vigilar que no se violen las garantías de esta población, lo cual es muy común.
Cabe señalar que del total de las personas de 60 años y más el 12 por ciento viven solas y el 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas, donde cerca del 60 por ciento de estas expresiones violentas provienen de sus familiares, principalmente de sus hijos o nietos, y finalmente, el 90 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país sufren discriminación por edad.
Ahora bien, el dictamen pretende exhortar al Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se promueva y vigile la dignificación del adulto mayor.
La obligación del Estado en relación con las personas adultas mayores debe ser la misma que se tiene con la niñez y la juventud, en el sentido de crear las condiciones para que alcancen su desarrollo integral y mejoren su calidad de vida, privilegiando su dignificación, de esta manera, uno de los objetivos primordiales para atender a la población en edad avanzada es la seguridad y el bienestar, que cuenten con el cuidado necesario cuidando que al menos se evite la violación de sus derechos en razón de la vejez.
Se debe apoyar a los adultos mayores de ahora, que fueron los jóvenes que ayer sacaron al país adelante. Ellos forjaron el México de hoy con sus avances y sus transformaciones, tuvieron en su momento la fuerza laboral y la etapa productiva en su periodo que refleja el impacto de la realidad de hoy.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto. Y para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Claudia Delgadillo González, por tres minutos. ¿Se encuentra la diputada? ¿Se encuentra la diputada Claudia Delgadillo González? Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. José Antonio Elena Rodríguez, adolescente de 16 años murió baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Su cuerpo quedó tirado en Nogales, Sonora, el 10 de octubre de 2012. La excusa de los agentes que le dispararon es que actuaron en defensa propia, para protegerse de ataques con piedras.
¿Acaso, si ése hubiese sido el caso, podríamos comparar una piedra con una bala? La realidad es que la fuerza fronteriza estadounidense contra mexicanos se ha vuelto constante y debe ser una realidad inaceptable.
A lo largo de la línea fronteriza se han presentado otros incidentes de la misma dimensión. El pasado 3 de septiembre sucedió el mismo atropello con el ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, en Nuevo Laredo. En la frontera Brownsville-Matamoros sucedió con Juan Pablo Pérez Santillán. Y en Ciudad Juárez, con Sergio Adrián Hernández Güereca.
No podemos dejar de lado el caso en discusión, además de presionar para poner un alto definitivo a este tipo de acontecimientos. Debemos alzar la voz ante este tipo de sucesos. El gobierno federal debe mostrar mayor interés y eficacia para exigir a las autoridades estadounidenses que se aplique todo el peso de la ley contra los agentes de la Patrulla Fronteriza que resulten responsables.
Desde aquí exigimos una investigación total, completa y justa para sancionar a los responsables. No podemos permitir que nuestra gente continúe perdiendo la vida por el abuso de la Patrulla Fronteriza.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano exigimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realicen las acciones y el seguimiento necesario para aclarar los hechos que lamentablemente se dieron el pasado 10 de octubre de 2012, donde José Antonio Elena Rodríguez perdió la vida.
De la misma manera, para que se garantice el apoyo de la familia de la víctima, tanto a nivel legal como económico, hasta encontrar a los responsables de esta tragedia. Muchas gracias a todos por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Cuauhtémoc Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señora presidenta. Honorable asamblea, me dirijo a todas y todos ustedes con el objetivo de generar conciencia de lo que sucede en la frontera de México con los Estados Unidos.
Un servidor fue quien presentó la solicitud de este punto de acuerdo para generar las acciones necesarias en donde se pudiese exhortar a las autoridades mexicanas para que realizaran los trámites conducentes y agilizaran todo el trámite legal, que se le diera todo el apoyo del joven menor de edad afectado y acaecido en la frontera de Nogales.
Como ya lo comentó el diputado Durazo, quien me antecedió, no es un caso aislado, no es el primero que se presenta en la frontera de Estados Unidos con México y no es el primero que se presenta en la frontera de Sonora con Arizona.
Es por ello que más allá de impulsar y de agradecer el apoyo de este punto de acuerdo el día de hoy, y de mencionar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con mucho sentido humano se solidariza con ésta y otras situaciones y las familias de connacionales que han sufrido, que han perdido la vida en manos de autoridades de los Estados Unidos, que es tiempo de que esta Cámara de Diputados y que el Congreso de la Unión en general haga una reflexión, y que replanteemos la necesidad de generar acuerdos internacionales, de formular la firma de tratados que puedan cubrir el vacío legal que se presenta ante este tipo de sucesos.
Que en el marco de la próxima visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama a nuestro país, pongamos en la agenda de discusión nacional, solicitemos que el Ejecutivo federal que incluya en esa agenda el atender el vacío legal que surge cuando autoridades del gobierno de los Estados Unidos, cuando autoridades de las patrullas fronterizas y del Departamento de Migración abusan del poder, hacen que los mexicanos caigan heridos o que pierdan la vida ante ellos y lamentablemente hasta el día de hoy no se puede ejercer la justicia como lo esperábamos.
Tan es así que hasta el día de hoy los familiares del joven adolescente, menor de edad, acaecido aún no han podido recibir justicia a pesar de que se le ha brindado la asistencia legal primaria, pero no se ha hecho la justicia que se esperaba, y hasta hoy ningún culpable ha sido detenido. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, por el Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidenta. Nogales, frontera, por donde el joven José Antonio Elena Rodríguez quisiera a su suelo volver, pero ya no podrá porque perdió su vida. Fueron 11 balazos y al menos ocho por la espalda, disparadas por agentes de la patrulla fronteriza de Arizona, según la autopsia realizada por especialistas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora, misma que fue realizada el 11 de octubre de 2012.
Las sonorenses y los sonorenses, así como las mexicanas y los mexicanos, no podemos permitir abusos contra nuestros connacionales. Nogales, Sonora, tiene historia y merece respuestas. Ya el 27 de agosto de 1918 las nogalenses y los nogalenses demostraron a Estados Unidos que no les permitirían pasar por encima de ellos.
Sabemos que hoy las cosas no pueden ser iguales, que debemos regirnos por el Estado de derecho. Esto obliga que las diferencias se resuelvan hablando, no a balazos; es decir, en los tribunales, pues nadie debe hacerse justicia por su propia mano.
El joven José Antonio Elena Rodríguez merecía un juicio justo, donde se le considerara inocente hasta que se le comprobara su culpa. Cualquier país del primer mundo lo sabe. Esperamos que el ataque en su contra no haya sido por causas raciales, pues es inadmisible que en pleno siglo XXI siga vigente esa discriminación.
La muerte de José Antonio se suma a muchas más, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene documentadas desde 2006 la muerte de 20 connacionales en las cuales estuvo involucrada la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, donde se utilizó el uso excesivo de la fuerza; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil atribuyen 20 muertes, tan solo en 2011 y 2012 a la Patrulla Fronteriza.
En el PRD no queremos que solo sea una muerte que se suma a las estadísticas, pues lo fundamental es que representa una vida que se resta en la población juvenil de nuestro país y no olvidemos como muchos otros jóvenes enfrentan historias de dolor en México.
Exigimos que se aplique la ley y se haga justicia como se merece, porque la sentencia fue muy superior al supuesto daño que estaba ocasionando, que desde luego no aceptamos que haya sido así, sin un juicio previo, sin el debido proceso y sin respetar el interés superior del menor.
Pretender justificar el uso de balas contra piedras, es legitimar el uso excesivo de la fuerza y la desproporción en la respuesta por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, lo cual es inaceptable.
Esperamos que este pleno se pronuncie a favor de este exhorto, sabremos que no podremos recuperar esas vidas, pero lo mínimo es lograr que se castigue a los culpables. Con ello coadyuvaremos para que nuestros connacionales y sus familias logren lo que los seres humanos llamamos justicia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene la palabra la diputada Flor Ayala, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Saludamos la presencia del presidente municipal Juan Carlos Zarco Cruz y el cabildo del municipio de Omitlán de Juárez. Invitados por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón. Bienvenidos.
La diputada Flor Ayala Robles Linares: Con su permiso, presidenta; compañeros y compañeras. El pasado 10 de octubre en Nogales, Sonora, la familia Elena Rodríguez vivió un día trágico, vivió un día de horror, al saber y al ver que su hijo José Antonio era asesinado a balazos afuera de las puertas de su domicilio.
José Antonio Elena, como muchos jóvenes, como muchos mexicanos, trata de poder pasar hacia Estados Unidos de América. En sus fallidos y múltiples intentos ese joven de 15 años sufrió una de las peores acciones que el cuerpo de Estados Unidos, que la famosa Patrulla Fronteriza ha hecho en nuestro estado a José Antonio Elena, al tirar piedras y burlarse -desde territorio mexicano y a unos cuantos pasos de su casa-; tira piedras hacia Estados Unidos como si fuera el bateador más experimentado que existe en la historia del país, creyendo la Patrulla Fronteriza que esas piedras afectan su seguridad nacional.
Por esas piedras José Antonio Elena fue muerto de ocho balazos. De ocho. No uno, no dos, no tratando de esquivar, no tratando de asustar. Son ocho balazos que recibió; fueron cinco en la espalda.
¿Cómo es posible que nosotros como mexicanos y mexicanas permitamos eso de nuestros jóvenes? ¿Qué pasaría si un joven estadounidense, haciendo lo mismo que hizo José Antonio, lo hiciera en nuestro país y le tirara piedras a la Patrulla Fronteriza de nuestro país al Grupo Beta? ¿Qué haríamos? ¿Respondemos a balazos y qué haría Estados Unidos si México responde a balazos?
No podemos seguir agachándonos. No podemos seguir desviando la mirada ante estos hechos recurrentes en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Coahuila. Es historia de todos los días las múltiples vejaciones que nuestros jóvenes y nuestros niños pasan en las fronteras.
El tema de José Antonio Elena no puede quedar impune y debemos, y exigimos a las autoridades mexicanas que exijan a Estados Unidos y que detengan esa masacre que nos están haciendo todos los días a los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Lea la Secretaría el siguiente punto de acuerdo a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Competitividad con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos estatales para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Este punto de acuerdo es parte de 40 puntos aproximadamente que se han venido rezagando de comisiones, por diferentes actividades legislativas en esta Cámara.
Este punto de acuerdo es relevante por lo siguiente: el día 13 de diciembre del año pasado, esta Cámara de Diputados votó una reforma constitucional que introduce el concepto de “competitividad” en el artículo 25 y 26 de nuestra Carta Magna.
Esta reforma fue planteada en su tiempo por el senador y ahora diputado Eloy Cantú Segovia y fue votada en esta Cámara.
Sin embargo lo que se pone de manifiesto en este punto de acuerdo, con todo y que fue aprobado por la comisión el día 6 de febrero, es el doble tratamiento que tienen ciertas iniciativas de reforma constitucional.
Esta reforma se aprobó el 13 de diciembre y lo que está diciendo este punto de acuerdo es que a febrero solamente siete legislaturas de los estados habían aprobado esta reforma constitucional.
Sin embargo la reforma educativa que fue aprobada el 19 de diciembre, recibió todo el impulso, toda la línea y fue aprobada fast track en el constituyente permanente.
Y todavía se viven los saldos de esa reforma porque por ejemplo en Guerrero la legislatura local, el congreso, producto de esa aprobación, ha tenido que estar a salto de mata, estar casi operando en la clandestinidad por el problema social que se detonó con el magisterio.
Y lo que aquí se denuncia es que esta reforma que fue antes, todavía no ha concluido su trámite constitucional.
Le preguntaría a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que informen cuál es el estatus de esta reforma, si ya recibió el número de legislaturas suficientes y qué restaría para concluir porque cuando nos dejamos o criticamos los privilegios legislativos, estos se dan en todos lados porque ésta es una iniciativa del diputado Cantú que no ha concluido su trámite constitucional.
Por eso nosotros estamos de acuerdo en hacer este punto de acuerdo, no obstante que ya pudieran haber más legislaturas de los estados que lo hayan aprobado, porque no se puede tener este doble rasero, este doble rasero producto del “Pacto contra México” que hemos denunciado desde esta tribuna y que nos parece que, en congruencia, quienes se duelen, quienes se quejan, quienes piden el cese inmediato de Rosario Robles, de los delegados, en congruencia deberían romper ya este pacto que le ha causado más daño que beneficio al país.
Por eso hacemos un llamado y pedimos que la secretaría de Servicios Parlamentarios y la Presidencia informen cuál es el estatus de esta reforma porque fue la primera reforma constitucional que se aprobó, antes que la educativa, y no ha merecido un trato equivalente y es un concepto importante para el desarrollo del país el tema de la competitividad. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. En unos momentos informaremos lo que nos comenten en Servicios Parlamentarios del estatus en los diferentes congresos. Tiene la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Quiero saludar la presencia, en el marco de la Semana Nacional de Seguridad Social, de distinguidos legisladores, legisladoras y ministros de América Latina y Europa, invitados por la Comisión de Seguridad Social.
Está presente el diputado José Saraiva, vicepresidente del Congreso de Brasil y exministro de Salud con el presidente Lula da Silva. El ministro Francisco Bernales Errazuriz , de la embajada de Chile, la diputada Elibeth Venegas Villalobos, de la República de Costa Rica, el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, del Centro Interamericano de Seguridad Social de Argentina, el doctor Ramón Huapaya Raygada, gerente de E-Salud de la República del Perú, el doctor Augusto Iglesias Palau, Subsecretario de Previsión Social de la República de Chile, el doctor Rubén Torres, de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, el doctor Alberto Lautman, de la Escuela Nacional Superior de Seguridad Social de París, Francia, a quienes agradecemos su participación en la Semana Nacional de la Seguridad Social. Mano con Mano por una Seguridad Social para Todos. Bienvenidos.
Adelante, diputado.
El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta: Gracias, diputada presidenta. No se fundamentó, pero de lo que se trata aquí es de exhortar precisamente a las entidades federativas, a los gobiernos de los estados de la república a que incluyan el término “competitividad” para poder hacer lo que el diputado Berdeja está esperando.
Aunque el término “competitividad” no tiene un significado aceptado universalmente –eso hay que reconocerlo– lo que siempre viene a la mente es la capacidad que tiene un ente para destacar entre sus semejantes en la consecución de sus objetivos. Eso es lo que se viene siempre a la mente.
Así, la competitividad puede referirse a empresas o a países e incluso a regiones o entidades geopolíticas. En el caso de las empresas, por lo regular se acepta que las más competitivas son aquellas que se desempeñan mejor en el ámbito de los mercados en los que participan, y casi siempre el desempeño se mide en función de su obtención, ya sea de ganancias o de cobertura de mercado.
Así, la competitividad de una empresa es determinada por una amplia gama de factores, entre los que predominan su tamaño, su productividad y sus costos de producción. Empresas de diferentes tamaños usan diferentes tecnologías y, por tanto, experimentan diferentes condiciones de productividad.
La experiencia económica nos dice que a mayor tamaño, se usan tecnologías con mayor intensidad en el uso de capital y menor empleo de trabajadores, lo que puede significar mayor productividad y menores costos unitarios de producción, en principio.
Pero la experiencia también nos dice que a mayor tamaño, mayor la tendencia de la empresa a desplazar a sus competidoras del mercado e instalarse como un monopolio que pudiera tener un mejor desempeño en los mercados internacionales, pero que sin duda, contribuirá a la generación de altos niveles de desempleo local y de ganancias incontroladas que no reconocen nacionalidad.
En cuanto a las entidades, la competitividad es un proceso de generación y difusión de competencias que depende en buena medida, de las capacidades que ofrece el territorio para facilitar las actividades económicas; es decir, se refiere a generar en el espacio un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para traer y desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza, de empleo y de bienestar social.
Esto implica que los actores económicos, sociales, gubernamentales y políticos del ámbito local actuando de manera asociada, pueden cumplir un papel importante para movilizar o atraer la inversión.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos por una economía que genere empleo productivo bien remunerado, en un entorno socioeconómico donde el mercado interno se fortalezca y en donde la competitividad se identifique, no solamente con la generación de ganancias extraordinarias y altas participaciones de algunas empresas en los mercados internacionales, sino que se generen las posibilidades en todo el territorio nacional para que esto pueda lograrse de manera natural y consistente.
En resumen, en el Grupo Parlamentario del PRD reconocemos la gran importancia que la competitividad representa para el desarrollo en general, por lo que votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias compañeras, compañeros diputados; compañera presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Antes quiero saludar la presencia de los “Grupos Juveniles PAN Puebla, provenientes de diferentes universidades de la ciudad de Puebla como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla; Universidad de las Américas Puebla; Universidad Iberoamericana y de la Universidad Irlandesa, invitados por el diputado federal Néstor Octavio Gordillo Castillo. Bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados: la minuta aprobada por esta LXII Legislatura el pasado 11 de diciembre, para reformar los artículos 25 en sus párrafos primero y último, así como el artículo 26 en su párrafo primero y tercero del apartado A, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuó su trámite para que los congresos estatales den su venia para realizar las modificaciones a la Constitución como lo solicita la ley.
El dictamen avalado de manera unánime busca establecer en nuestra Carta Magna el concepto de competitividad y la realización de las modificaciones que permitan a nuestro país instrumentar las políticas públicas necesarias para atender estos desafíos. En la realidad nacional esto se traduce en la generación de empleos con calidad y cantidad suficientes, que permitan avanzar en el bienestar social de los mexicanos.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos de la urgencia de millones de mexicanos para que, desde los diversos ámbitos de gobierno se trabaje en la solución de los problemas que los aquejan y que se traducen en incertidumbre en los múltiples aspectos de la vida.
La minuta enviada a los Congresos estatales persigue la definición de políticas de impulso y fomento a sectores y regiones, aprovechando de la mejor manera las ventajas y las oportunidades, las cuales sólo podrán ser alcanzadas si mantenemos los instrumentos jurídicos que lo hagan posible en el menor tiempo posible.
Estas reformas obligarán al gobierno federal a conformar una agenda de política pública que implemente las condiciones que permitan la competitividad y se traducirán en la conformación respectiva de un sistema recaudatorio, educativo, de comunicaciones, energético, laboral y de estado de derecho entre los principales que requiere nuestro país.
Estimados compañeras y compañeros, el avance nacional requiere de la constante adecuación de nuestras leyes y de la implementación de éstas a la realidad social, por lo que resulta indispensable que el esfuerzo que se ha realizado en el Congreso de la Unión se vea refrendado por los integrantes de la Federación.
La solicitud obedece a que luego de este proceso también debemos dar tiempo al gobierno y a sus dependencias para hacer efectiva la reforma en el menor tiempo posible, la cual esperamos sea implementada en el próximo año.
Es por eso que damos nuestro voto a favor de extender un exhorto en pleno respeto al principio de soberanía, a los Congresos de las entidades federativas señalados en el resolutivo del punto de acuerdo, para que en uso de sus atribuciones y en vista de la importancia del asunto para el desarrollo económico del país, se definan sobre el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidenta, por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Dé lectura al siguiente punto de acuerdo, por favor, secretaria.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto. Tiene la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el turismo para México, como lo sabemos muy bien, es de vital importancia en el mantenimiento de la economía nacional, puesto que es una de las principales fuerzas y fuentes de ingresos con los que cuenta México en cuestión de empleos.
Ya la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, estableció que en el año 2012 la industria gastronómica fue la segunda rama económica en la generación de empleos y la primera en autoempleo, aportando el 1.5 del producto interno bruto y el 13 por ciento del producto interno bruto turístico, lo que representó un ingreso por alrededor de 200 mil millones de pesos.
Por la dependencia que tenemos hacia este sector, debe ser intensamente promovido para su constante crecimiento y competitividad, y así fortalecer el factor del desarrollo continuo.
A través de los años recientes la industria ha experimentado sus fluctuosas altas y bajas, diversificándose y ajustándose a las circunstancias naturales de su entorno y de las demandas del mercado.
Hoy gracias a nuestra favorable situación geográfica podemos sentirnos orgullosos de que nuestra industria turística se traduce en una de las experiencias más ricas del mundo, en cuanto a gastronomía se refiere y del cual nos vemos favorecidos, debido a la gran actividad que consecuentemente conlleva.
El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la Unesco, durante su quinta reunión ordinaria que se llevó a cabo en la ciudad de Nairobi, en Kenia, del 15 al 19 de noviembre de 2010, inscribió a la cocina tradicional de México en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, reconocimiento que hasta este entonces únicamente detentaba la cocina francesa.
México debe ser un país líder en la actividad turística, sin embargo existe aún un vacío normativo en el sector, ya que no se ha publicado el Reglamento General de Turismo, el cual está en espera desde el sexenio anterior cuando se realizó el exhorto para emitir y publicar dicha ley. A la fecha eso no se ha realizado.
Para seguir protegiendo, fomentando y promocionando nuestra industria turística nacional, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen para establecer una fecha como día nacional de la gastronomía mexicana. En razón, además, de que se debe establecer una planeación estratégica y bien delimitada que abarque y potencialice los mercados turísticos a favor de nuestro México.
Felicito a la compañera de la Comisión de Turismo, la diputada Elizabeth Vargas, por haber sido tan insistente y tan luchona en este punto, en este dictamen que por fin el día de hoy llega aquí a esta alta tribuna. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último tiene la palabra el diputado Rodolfo Dorador, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, decirles a los grupos parlamentarios de todas las fuerzas políticas, que agradecemos mucho por la parte de nuestra compañera Elizabeth Vargas, que fue la proponente del punto de acuerdo, la posibilidad de hacerlo realidad el día de hoy.
A nombre de ella, y por supuesto, en el grupo parlamentario y de la Comisión de Turismo que presido, creemos que es importante hacer algunos comentarios al respecto.
La gastronomía mexicana se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo y en la actualidad es considerada como una de las variadas y originales del mundo. Esto gracias a la biodiversidad de su medio natural y a la creatividad de los pueblos que la han desarrollado.
En la última década del siglo XX se ha desarrollado un movimiento gastronómico conocido como alta cocina mexicana, que ha permitido que los chefs y sommeliers expresen su creatividad y destaquen a nivel internacional.
El acto de cocinar, en México es considerado una de las actividades más importantes, cumple funciones sociales y rituales porque es un motivo que une también a las familias mexicanas.
La gastronomía mexicana ha tomado tal importancia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, publicó un libro denominado Comida cultural y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas que destaca esta actividad en la cultura mexicana.
Surge además el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es una organización de la sociedad civil que propone como fin esencial la preservación, rescate, salvaguarda y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y sabores que constituyen un tronco común que define a la cocina tradicional mexicana, siendo un agente coadyuvante en la conservación del patrimonio gastronómico, así como la protección de la soberanía alimentaria de México, y está por demás decir que es parte también de la actividad turística que México ofrece al mundo.
No debemos dejar de lado la estadística que la industria restaurantera en México representa. Por mencionar algunos datos, y de acuerdo con cifras del Inegi, existen 428 mil establecimientos de alimentos y bebidas a nivel nacional, que son un soporte de la economía.
La cocina mexicana y los hábitos alimentarios se podrían definir como un sistema cultural que rebasa con mucho a los aspectos meramente nutricionales, alimenticios o gastronómicos.
La pronunciación de la gastronomía mexicana como patrimonio intangible de la humanidad, realizado por la Unesco en noviembre de 2010 fue el marco ideal que fortaleció la noción de que este segmento debe tener un mayor apoyo, difusión y promoción a lo largo y ancho del país.
Por todo ello se considera pertinente exhortar al Ejecutivo federal para que, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y por supuesto la Secretaría de Turismo, y con el consenso del sector social y privado relacionado con la industria gastronómica, se establezca una fecha como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, asimismo para que se encarguen de la organización, difusión y coordinación de los festejos y las actividades a nivel nacional e internacional que se deriven de la designación de esta fecha.
Por todo ello esperamos su voto a favor. Y agradezco mucho al diputado que me antecedió, José Luis Valle Magaña, por haber hecho expresión puntual de que es nuestra compañera Elizabeth Vargas quien propuso a la comisión este punto y que todos se sumaron a él. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidenta, por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Dé lectura al siguiente punto de acuerdo, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y la distribución ilícitos de gas LP en el país.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. Las tomas clandestinas en los ductos de Pemex son un problema que aqueja a todo el país, trayendo no sólo mermas económicas, sino graves accidentes que pueden desembocar incluso en pérdidas humanas.
De acuerdo con datos presentados por la paraestatal se comercializan alrededor de 2 mil 500 litros de gas LP diariamente por cada tanque ilegal, lo cual en el agregado resulta un volumen muy significativo.
Tan sólo en el centro del país, en Hidalgo, Morelos, Puebla, estado de México y Distrito Federal, 600 mil litros de gas LP se transportan y distribuyen de manera ilegal de forma mensual, ocasionando que el 5 por ciento de dicho energético sea de procedencia dudoso.
Aun cuando la Procuraduría General de la República ha presentado un informe, en el que se expone el desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con Pemex, para combatir el robo de combustibles, la realidad es que los operativos han sido insuficientes para resolver el problema.
Basándonos en cifras de la PGR de 2001 a 2012 se observa un incremento de mil 26 a mil 511 averiguaciones previas, así como un aumento de 293 a 613 detenidos; sin embargo los vicios de fondo siguen presentes, el mercado ilícito sigue operando.
Los esfuerzos de Pemex a través de la estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito también han sido insuficientes, reconociendo la propia paraestatal que el robo de hidrocarburos continúa presentándose en la red nacional de ductos.
Es con base en lo expuesto, que celebramos la aprobación al punto de acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, para terminar con un problema que aqueja de lo más profundo las finanzas de un sector estratégico para el pleno desarrollo del país.
Consideramos que la clave del éxito radicará en el fortalecimiento de las acciones de la actual estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito a través de la unión de esfuerzos interinstitucionales entre Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Solo trabajando de manera conjunta podremos hacer frente a un mal que tanto ha perjudicado a la economía de México.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, señora presidenta. El posicionamiento del PRD sobre este punto de acuerdo que nos ocupa en el siguiente sentido. Es difícil entender que se requiere un exhorto ante la falta de actuación adecuada, de vigilancia y regulación, del traslado, almacenamiento y venta al público de gas LP por parte de la Secretaría de Energía. Es importante recalcar que no solo es una violación a los ordenamientos relativos a la protección en la comercialización, sino que es un robo de los recursos del Estado.
Hay que recordar solamente el artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública en donde se establece que es la Secretaría de Energía, la encargada de supervisar el cumplimiento con prioridad en la seguridad energética, así como ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo e hidrocarburos.
La Secretaría de Energía ha implementado normas oficiales con los que los vehículos autorizados deben contar con un dispositivo electrónico, así es que se deben de incrementar los operativos y coordinarlos con diversas entidades a través de la Dirección General de Gas LP para el control de los vehículos distribuidores del hidrocarburo e inmovilizar a aquellos que no cuenten con el permiso correspondiente; sin embargo este tipo de acciones solo pone un control sobre los que están operando con toda legalidad, no así sobre aquellos que lo están haciendo de manera ilegal.
Es de mencionar así mismo que las fugas que se ocasionan por ordeña de ductos de gas también provocan que Pemex incurra en erogaciones de capital no presupuestado para la transformación y poder arreglarlas, lo que merma los recursos limitados y designados a rubros específicos.
La paraestatal ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de los convenios de colaboración vigentes con la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina para la vigilancia de las instalaciones y apoyo de los celajes de los ductos manteniendo colaboración con los gobiernos de los estados, así como la Policía Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria y Secretaría de Energía.
Entre enero y diciembre de 2012 se identificaron y clausuraron mil 620 tomas clandestinas, cifra 22 por ciento mayor a las mil 324 acumuladas durante 2011, evitándose con ello los riesgos que este tipo de ilícitos pueden llegar a ocasionar, tanto en el abasto nacional de petrolíferos como a las comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex, de llegarse a generar una fuga o un incendio.
Concluiría diciendo que la mayor preocupación no sólo es el robo de estos materiales propiedad del Estado, sino que las mismas han causado también ya accidentes que han costado vidas humanas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidenta, por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Juventud con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas revisen su legislación civil a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora presidenta. En nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quiero compartirles que hubo un debate al interior para ver nuestro posicionamiento respecto a este tema de incrementar la edad mínima de los jóvenes para contraer matrimonio, debido a que los que venimos de zonas rurales hemos visto con mucha tristeza cómo los padres están obligando a las niñas a casarse o las dan en venta.
Ése es un asunto muy delicado y está permitiendo, ahorita con la normativa que hay, que los jóvenes nada más con la anuencia del papá estén atándose a tan muy corta edad. Ése es un tema que considero yo que hay que reflexionarlo porque también estaríamos atentando contra los usos y costumbres, que es un tema también bastante polémico en los estados del sur-sureste.
Por esa razón, nosotros estamos valorando nuestra votación respecto a este tema. Mi muy particular punto de vista es que sí debemos legislar para que nuestros jóvenes no se estén casando a tan pronta edad.
Es un tema más de fondo; considero que hay que revisar más por qué es que los jóvenes están yéndose tan jóvenes al matrimonio y cuánto puede ayudar que modifiquemos la edad y cuánto puede retribuir o contribuir el tema en las comunidades indígenas.
Por esa razón nosotros vamos a dar un voto libre; van a haber compañeros que van a estar votando a favor, otros van a votar en contra. Sin embargo es más revisar las oportunidades que pueden tener las mujeres, las jovencitas, porque lamentablemente hemos visto casos en donde niñas de 14 años ya están embarazadas y las obligan a casarse.
Entonces quería compartir con ustedes que no es fácil tomar la decisión, sin embargo sí hago un llamado a la reflexión porque estamos perjudicando mucho a nuestras niñas, sobre todo, de las comunidades rurales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. No se encuentra. Tiene entonces la palabra el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Muy buenas tardes. Espero tener las palabras adecuadas para poder expresar y transmitir la importancia de este exhorto y poderlos convencer de él.
México hoy en día tiene el mayor número de jóvenes en su historia. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, nuestro país cuenta con un total de 36.2 millones de personas jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, que esto representa la tercera parte de la población de este país.
Como es del conocimiento de esta soberanía, la instancia encargada de atender a los jóvenes se llama: Instituto Mexicano de la Juventud, que fomenta condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad y no discriminación.
El instituto es el encargado de definir esta política nacional de juventud que permite incorporar a estos 36.2 millones de personas al desarrollo de este país. En pocas palabras, el instituto es la principal institución encargada de impulsar las acciones para mejorar la calidad de vida de los jóvenes de México. Sin embargo a más de 120 días de entrar en funciones la nueva administración federal, no ha designado aún al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.
El día de hoy, frente a la renuncia del ex director del Instituto Mexicano de la Juventud, dicha institución no cuenta con director general que encamine los trabajos y los esfuerzos del instituto. Asimismo cabe resaltar que en la agenda del Pacto por México no queda en claro la agenda de los jóvenes, por lo cual nos hace entender que para el presidente no son prioridad.
Además la controvertida Rosario Robles no ha prestado atención a los trámites de esta comisión para abrir un diálogo sobre la sectorización del Instituto de la Juventud a la secretaría a su cargo, al considerarlo erróneamente como un grupo vulnerable, que no vamos a permitir que los jóvenes en México sean relegados y desatendidos por el gobierno federal.
Cabe destacar sólo un par de cifras: uno de cada 10 jóvenes dice participar en una organización civil; el 33 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años han iniciado su vida sexual; el 48 por ciento de las mujeres entre 18 y 29 años han estado embarazadas; el 16 por ciento de los jóvenes fuman actualmente. Estas cifras son alarmantes.
Consciente de que las y los jóvenes son un factor esencial para la construcción del proyecto de nación, que va más allá de las ideologías, de los colores, de los partidos o de los intereses particulares y para el correcto funcionamiento del Instituto Mexicano de la Juventud, se requiere que a la brevedad se designe titular de esta dependencia y que además cubra el perfil preferentemente con el instituto y los fines que persigue, es decir, una joven o un joven mexicano que conozca los problemas a los que actualmente se enfrentan los jóvenes mexicanos.
Honorable asamblea: con base en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables al Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración el punto de acuerdo siguiente:
Único. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar a la brevedad al director del Instituto Mexicano de la Juventud, con base en lo anteriormente expuesto y preferentemente con el perfil citado, para beneficio de todos los jóvenes de México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Verónica Juárez, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: mi posicionamiento, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, es en relación al punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales para revisar su legislación civil a fin de aumentar la edad mínima de ambos interesados para contraer matrimonio.
Es bien sabido que el matrimonio infantil acarrea trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las mujeres y pone en peligro su salud física y mental, así como embarazos prematuros.
Datos de la ONU indican que en los países en desarrollo el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en ese rango de edad.
En México la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública, el embarazo adolescente.
Las niñas con bajos niveles de escolaridad, tienen más posibilidades de contraer matrimonio a una edad temprana y se ha demostrado que el matrimonio en la infancia prácticamente significa el fin de la educación de las niñas, ya que deben asumir otras responsabilidades como la del cuidado y manutención del hogar y de los hijos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2010, un total de 434 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran casados o en unión libre, de ellos más de 32 mil tendrían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de entre 15 a 17 años.
Esta situación va en contra de la Convención de los Derechos de los Niños aprobados por la ONU, por lo cual resulta urgente que los estados lleven a cabo reformas a sus códigos civiles o familiares para impedir uniones de este tipo.
Recocemos que en algunos estados han legislado sobre el tema, como es el Distrito Federal, que en su artículo 148 del Código Civil, establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y una dispensa para los menores de edad siempre que ambos hayan cumplido 16 años, para lo cual se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de 14 años.
En otros estados, como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, la edad establecida para contraer matrimonio es de 16 años para ambos cónyuges.
Ahora bien, con los cambios que se están dando en la sociedad, es imposible ignorar lo evidente, pues la sociedad exige que el derecho evolucione y se mantenga a la vanguardia de otras naciones y retome el ejemplo de las entidades federativas con mayor avance en nuestro país, y por ello, nosotros y nosotras como legisladores, no podemos pasar en alto estos cambios en beneficio del pueblo de México, particularmente de las niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, para exhortar a los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, lo tomaríamos como ejemplo para que en el ámbito de sus respectivas competencias revisen su legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima, para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Corona Nakamura, por el Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: desempleo, marginación, violencia, explotación, pocas opciones educativas, nula orientación en el cuidado de su salud, integridad, desarrollo y en el ejercicio pleno de sus derechos, limitada participación política, escasos espacios de expresión y alta vulnerabilidad a condiciones de riesgo, son algunas situaciones que enfrenta nuestra juventud y de las que parece que no hay ninguna salida.
Los jóvenes constituyen poco más de 20 millones del total de la población en México, y según datos estadísticos cerca del 40 por ciento del total de este rubro vive en situación de pobreza, alta marginación y elevada exclusión social. Reflejo de esto es el hecho de que un 25 por ciento de la población joven de entre 20 y 25 años son jefes o jefas de hogares y cerca del 15 por ciento de los partos en el país se da en mujeres adolescentes de entre 15 y 18 años de edad, o bien, cerca del 35 por ciento de estos acontecimientos a nivel nacional registrados, se dan en mujeres de entre 15 y 20 años de edad.
En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos claro que la población adolescente y joven del país es punto de incidencia de las peores y más desfavorables condiciones que inhiben un desarrollo incluyente y sostenido. Por esto apoyaremos todos los esfuerzos que busquen retirar la etiqueta a los jóvenes de minoría y sector vulnerable, para ofrecerles el alcance y disfrute de oportunidades reales de desarrollo que favorezcan su acceso pleno a educación, empleo, vivienda y seguridad social, tan sólo por mencionar algunas de las más representativas y elementales que deberían tener de manera permanente.
No olvidemos que es en la etapa de juventud cuando el individuo debe asumir y definir lo que desea hacer sobre su condición de vida. No sólo necesitan aprender en este proceso, sino también asumir la condición de éste.
No queremos más jóvenes que el día de mañana crezcan vencidos y no convencidos de su destino, y sobre todo con la posibilidad de lograr lo deseable y no conformarse con la obtención de lo posible. Por esto el PRI expresa su apoyo y voto a favor para que el dictamen que presenta a su consideración la Comisión de Juventud sea aprobado.
Coincidimos en la necesidad de exhortar a los Congresos locales a revisar y su legislación civil, a fin de aumentar a 18 años la edad mínima de ambos interesados para contraer matrimonio, de ponerle fin, como lo expresa el cuerpo del dictamen, al matrimonio infantil, por representar una difícil realidad en la que viven las niñas en México que contraen matrimonio siendo menores de edad, ya que puede acarrear separación de la familia y amigos; la interrupción de su educación; la reducción de oportunidades; trabajos forzados; esclavitud; prostitución; violencia contra las víctimas. Se pone en peligro su salud física y mental, además de propiciar embarazos prematuros.
Evitar el matrimonio en la infancia es útil para proteger los derechos de las niñas y ayuda a reducir los riesgos de violencia, embarazo precoz y trunque en la vida académica, profesional y personal de las niñas. Este esfuerzo legal requiere nuestro apoyo incondicional. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidenta, por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que...
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada secretaria, permítame.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que ha recibido de parte de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, de esta legislatura, debidamente fundado y requisitado, un dictamen que tiene que ver con reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Ante la eminencia del cierre de periodo, es que esta Presidencia pregunta a la asamblea...
El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Camarillo.
El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Presidente, antes de que usted siga, quiero hacer una moción suspensiva del propio trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ah, si quiere presentar moción suspensiva...
El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Es eso lo que quiero impugnar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quiere impugnar el trámite, quiere usted el uso de la palabra. Nada más que me permitiría, nada más para darle un poco de orden y saber todos de qué estamos hablando, primero permítame preguntar a la asamblea si me autoriza modificar el orden del día.
El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): En eso consiste la impugnación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Eso es lo que quiere impugnar? A ver, le doy el uso de la palabra.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Compañeras y compañeros, ya me da miedo a mí cada vez que regresa el presidente de la Mesa, cuando alguno de los vicepresidentes está presidiendo y de pronto regresa el presidente de la Mesa Directiva es porque algo traen entre manos y les voy a decir... Yo sé que no les gusta, compañeros, bueno, pues es que las mañas legislativas, que se les da muy bien, hay que denunciarlas aquí en tribuna, es lo que vengo a hacer. Ustedes están tratando de hacer su trabajo y yo estoy tratando de hacer el mío, tranquilos, no pasa nada. Déjenme decirles lo que les tengo que decir, no pasa nada.
Aquí lo que se está pretendiendo, una vez más, es pasar por encima de la legalidad aquí en la Cámara de Diputados, si ésa es la costumbre que se quiere implantar, pues simple y sencillamente yo le pediría al presidente de la Mesa Directiva cuando menos avisen que ahí va otra bola rápida.
Lo que se está pretendiendo otra vez es modificar el orden del día, modificar el orden del día para incluir una modificación sumamente complicada y grave sobre la Ley de Minería, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal.
Si a ustedes, compañeros y compañeras del PRI, les agrada esta situación, es porque ustedes justamente lo están secundando.
Nosotros que somos la oposición, por supuesto que no nos gusta que hagan esto. Y si a eso ustedes le suman que para poder hacer la modificación del orden del día se tiene que pasar, de acuerdo al 64, fracción I del Reglamento, por una petición que provenga de la Junta de Coordinación Política, trámite que se está obviando, presidente, me parece que es una falta adicional. Y lo que está aquí promoviendo, señor presidente de la Mesa Directiva, es que de aquí en adelante la ingobernabilidad en la Cámara se siga dando.
Yo les quiero comentar a mis compañeros de la izquierda. Yo estoy sorprendido, ustedes que han sido insistentes, una y otra vez en que se respete la legalidad de la Cámara, cómo es posible que de pronto ustedes accedan a firmar un dictamen, algunos, no todos, algunos, que primero no tuvo quórum, las comisiones. Pasaron 30 minutos, como dice el Reglamento, y no tenían quórum. Esperaron una hora y 15 minutos para traer de uno por uno a los diputados para que firmaran un dictamen tan serio como es esta modificación a la Ley Minera, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Coordinación Fiscal.
Esto, simple y sencillamente tiene un nombre, se llama ultraje legislativo y los responsables aquí están enfrente. Otra vez es el coordinador de los diputados del PRI.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Camarillo.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, don Ricardo Monreal, lo escucho.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Para pedirle el uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si le di el uso de la palabra al diputado Camarillo, se la doy a usted también.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, sí es un hecho grave la alteración del orden del día, sobre todo el ingresar este tipo de asuntos de manera precipitada, torpe, apresurada.
He sido muchas veces parlamentario junto con muchos de ustedes y en pocas ocasiones he visto tal falta de pulcritud. En pocas ocasiones he sido testigo de tal desaseo legislativo y parlamentario.
Esta Cámara de Diputados se ha rebajado a ser menos que una oficialía de partes, menos. Porque tenemos en el orden del día leyes qué discutir, dictámenes qué discutir como la del Seguro Social. Y estoy enterado que ahora al Congreso Mexicano lo ha sustituido este poder omnímodo, denominado Pacto por México, que no es otra cosa sino la restauración del viejo supremo poder conservador de 1836, que no era responsable sino ante Dios nada más. El Pacto por México es eso, está por encima de todos ustedes, está por encima de todo el Poder Legislativo.
Y hoy –les anuncio– el Pacto por México ha sacado el dictamen de la Ley del Seguro Social. Y aquí está en primera lectura leído. Por qué no discutimos en la propia Comisión de Seguridad Social que retire el dictamen. Háganlo con pulcritud. Si el Pacto por México ya decidió sacar el dictamen de la Ley del Seguro Social que está leído en primera lectura al menos háganlo con pulcritud. ¿Por qué es más poderoso el Pacto por México que todos nosotros?
Yo me resisto a ser parte de la comparta. No lo acepto. No lo admito. Lo rechazo. Y por eso me parece muy grave que todos consientan o un gran porcentaje consienta que nos vean como unos miserables, innecesarios, un poder subordinado, supeditado, ignorante.
Porque les pregunto a todos –en este momento nos están entregando hace un minuto un dictamen con casi 50 páginas que contienen disposiciones a modificar de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal– ¿quién lo ha leído? ¿Cómo o van a aprobar? ¿Cómo es que admitimos que esto esté sucintándose en la Cámara de Diputados?
Incluso, les hago un llamado a los propios legisladores del PRI...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señor diputado, le ruego concluir.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Concluyo, presidente, y gracias porque el tema que estamos discutiendo me gustaría que lo debatiéramos con seriedad, con responsabilidad. No quiero ser parte de esta avergonzarte Cámara legislativa, me resisto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ruego que concluya, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Por dignidad no puedo admitirlo. Y por eso les pido que rectifiquen, no sean esclavos de este grupo selecto del Pacto por México, no sean esclavos de intereses mezquinos que están hundiendo al país. Sigan chiflando, chiveros, sigan chiflando.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a preguntar –permítanme un segundo–. Si no se modifica el orden del día este debate no tendría sentido. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 22 de la Ley, del 143 del Reglamento, si autoriza a esta Presidencia modificar el orden del día.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se autoriza modificar el orden del día e incorporarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces esta Presidencia, no autoriza la modificación del orden del día. Sin embargo quiero comentarles que el dictamen está a la disposición tanto en la Gaceta como en los monitores y esta Presidencia solamente declara que en su momento con esto se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (15:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá verificativo el día de mañana a partir de las 11 horas.
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