Comunicaciones
Retiro de iniciativa y de proposición
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Secretaría de Gobernación, con informe de Semarnat
De la Cámara de Senadores, con iniciativas y minutas
Minuta relativa a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras disposiciones
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de siete dictámenes
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y en lo particular
Propuesta de moción suspensiva y discusión en lo general
Votación en lo general y lo particular los artículos no reservados
Votación del artículo 27, fracción VI, en sus términos, y la adición de tres transitorios
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Propuesta de moción suspensiva y discusión en lo general
Votación en lo general y lo particular los artículos no reservados
Votación en lo general y en lo particular los artículos no reservados
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Informe la Secretaría a la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 308 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:13 horas): Y, por tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse...
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, don Ricardo Anaya?
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer un comentario sobre el acta de la sesión anterior, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No está a discusión todavía, pero lo escucho.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Gracias, presidente. En el orden del día de la sesión del día de ayer no se contemplaba la declaratoria de publicidad del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Incorrectamente, presidente, en el acta que ha sido circulada se establece que ya se dio publicidad a este dictamen, lo cual jamás ha ocurrido. Veo que esto ya fue corregido en el orden del día y que hoy se está agendando la declaratoria de publicidad, sin embargo el error subsiste en el acta de la sesión anterior.
Le pido atentamente, presidente, que se corrija y quede claro que no ha habido declaratoria de publicidad a este dictamen relativo a la reforma de Ley de Minas y de Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Mire, diputado Anaya, los pleitos no son buenos ni ganados. Esta Presidencia acepta su reclamo e instruye corregir el acta.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura... Don Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, para que aclare a esta asamblea, me preocupa el comentario en este momento porque ayer lo que se rechaza es la dispensa de todos los trámites que fue casi para concluir sesión; eso implica que hay publicidad, indiscutiblemente. Independientemente de las correcciones que pudiesen realizarse al acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, con el respeto, la consideración y el afecto que nos une, le digo que esta Presidencia ha dictado un trámite que sostiene. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Marcos Aguilar ¿con qué objeto?
El diputado Marcos Aguilar Vega (desde la curul): Gracias, presidente. Para comunicarle que he presentado una moción suspensiva respecto al dictamen de la Comisión de Economía y de Hacienda y Crédito Público, sobre las leyes de Minería y de Coordinación Fiscal, solicito respetuosamente me permita hacer uso de la tribuna para exponer su contenido.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En el momento en que sometamos a la consideración de la asamblea este asunto, con un enorme gusto, porque es su derecho, le daremos la oportunidad de presenta su moción suspensiva y su trámite correspondiente. Don Alfonso Durazo ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Revisando el orden del día que nos ha sido remitido, veo que está caracterizado en buena medida por una agenda de carácter burocrático, mientras el país se incendia.
Los acontecimientos y la violencia reactiva –hay que decirlo– reactiva de Guerrero, de Michoacán y de Oaxaca creo que deben ocuparnos. La violencia en esos estados es la más evidente, pero no es la única. Tenemos la protesta laboral, tenemos la protesta estudiantil y por supuesto la violencia criminal.
No debemos asumir la simplificación con la que los voceros oficiales están tendiendo a que asimilemos las razones del problema; reducir sus razones a la intransigencia y la solución al uso de fuerza, presidente, no va a ser sino generar una espiral de violencia.
Tenemos que diseñar soluciones escuchando a todos los sectores y no sólo a los firmantes del pacto. Por ello, Presidente, dada la gravedad del problema, propongo que lo abordemos en esta Cámara y solicito a usted pudiera someter al pleno la posibilidad de incorporar en agenda política el tema de la violencia en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, principalmente, asociados a decisiones equivocadas y vinculadas a la reforma educativa que esta Cámara aprobó lamentablemente en los términos que lo hizo. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Alfonso Durazo. Su dicho ha quedado consignado. No lo someto a la consideración de la asamblea porque tendría que preguntarle a la Junta y la Junta me tendría que sugerir a mí, y verá usted que no me ha ido muy bien con los cambios del orden del día en estas últimas fechas. Diputado Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Es verdad que están sucediendo cosas en el país que nos deben de preocupar y que obviamente tienen que ser motivo de discusión en esta soberanía y que son urgentes.
Pero, a reserva de que las discutamos, veamos causas, razones, etcétera, procede una condena clara y unánime a los métodos. No puede ser la violencia, no puede ser la agresión, no puede ser la destrucción, no puede ser la barbarie, un método aceptable.
Tenemos que reivindicar la política, llamar al diálogo, establecer los mecanismos, pero definitivamente tiene que haber una condena clara, inequívoca, contundente a la violencia irracional, al salvajismo, a la destrucción. Eso es la negación de la política, esa es la negación de la solución a los conflictos. Eso sólo los hace más profundos y me parece que nadie debe, en esta Cámara, escamotear las agresiones que han sufrido.
Además, porque ha sufrido también el Poder Legislativo del estado de Guerrero, presiones inauditas. Y yo espero, que aquellos que han defendido que los diputados tomamos decisiones, también condenen que haya presiones de fuerza, de chantaje, de agresión contra diputados y legislaturas. Ese no puede ser el camino y tiene que haber una condena clara a la violencia.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho fue escuchado. Continúe la Secretaría.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Jorge Sotomayor.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Gracias, presidente. Realmente para nosotros, en Acción Nacional, es preocupante que tenemos 145 días de hechos vandálicos: el primero de diciembre, la toma del CCH, la toma de la UNAM, la toma de la UAM, los conflictos en Guerrero, en Chilpancingo.
Realmente es preocupante para todo el país que estas personas, utilizando máscaras, capuchas, con uso de bombas molotov, haciendo actos incendiarios, tengan a la población en un estado de temor. Ya basta de que esto sucediendo.
Respetuosamente hacemos un llamado a las personas que están alborotando a los buenos maestros, a las personas que están alborotando a los buenos alumnos, a que tomen cordura, a que dejen de realizar estos hechos y que realmente el diálogo sea el que gane en todo este tipo de actos.
Realmente rechazamos el vandalismo y exhortamos a estas personas a que hablen directamente con las autoridades, en el caso de la UNAM, a que se dejen las instalaciones, en el caso de Chilpancingo...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo dijo tres veces diputado Sotomayor, y créame, lo entendemos.
Honorable asamblea, estamos en este momento abordando el tema del acta... ¿Con qué objeto? Si es para lo mismo no le voy a conceder la palabra. Lo escucho. El pleno merece respeto, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, no restrinja la palabra. Ayer abruptamente levantó la sesión cuando no estaba ni el tiempo reglamentario transcurrido.
Le quiero comentar que someta a votación del pleno, como ya se ha hecho en otras ocasiones, la propuesta del diputado Durazo para que en agenda política se trate el tema de los hechos suscitados el día de ayer en Chilpancingo, Guerrero, y en otros estados, que es consecuencia de ese Pacto derechista por México que está exaltando los ánimos en varios estados del país.
Nosotros no presentamos denuncia penal por...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado. No me puede usted exigirme a mí violar el Reglamento, hágalo por los conductos adecuados que usted conoce. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron los siguientes oficios
Del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, por el que solicita se retire de la Comisión de Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el 20 de diciembre de 2012.
De la diputada Rocío Corona Nakamura, por el que solicita se retire de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat inicie las gestiones necesarias a fin de que la zona natural conocida como Barranca de Huentitán de Oblatos, ubicada en el estado de Jalisco, sea declarada patrimonio natural por la Unesco, presentada el 12 de marzo de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron oficios de los diputados Víctor Emanuel Díaz Palacios y Blas Ramón Rubio Lara, por los que comunican la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquense.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de diversas autoridades contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al primer trimestre de 2013.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:
Que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley General de Turismo, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite las siguientes minutas con proyecto de decreto:
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis-2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Que reforma el artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Que adiciona el artículo 310 Bis y reforma los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Que reforma el artículo 5 de la la Ley general para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta relativa a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, presentes.
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales. Atentamente, firma el vicepresidente José Rosas Aispuro Torres.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que la modificación realizada por el Senado de la República versa únicamente sobre el artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y ésta deviene de una fe de erratas, dado que en la fracción II del artículo 19 nos faltó la frase: “cuando la responsable sea una persona moral”, se pide a la Secretaría que consulte a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se le dispensan todos los trámites. Está a la consideración. Para ilustrar a la asamblea se ruega a la Secretaría que dé lectura al artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, modificada por la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículo 19. II. De mil a 600 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que es un ajuste a la fracción II del artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental proceda la Secretaría para recoger la votación en lo general y en lo particular en un segundo acto. Ábrase el sistema electrónico de votación.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de la fracción II del artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz, diputados, por favor.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): A favor.
El diputado Blas Ramón Rubio Lara (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 425 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada la fracción II, del artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental modificada por la Cámara de Senadores; por 425 votos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General de Vida Silvestre; de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley de Aguas Nacionales; del Código Penal Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a proseguir con declaratorias de publicidad.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Derechos Humanos
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o. 37, 65 y 66; y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnología en el sistema educativo nacional.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva.
De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Económica, Social y Solidaria reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
De la Comisión de Energía
Con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) de la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de Transición Energética.
De Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones de Derechos Humanos; de Fomento Cooperativo y Economía Social; y de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza a que se pongan a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se pongan a discusión y a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y del Código Penal Federal.
Tiene el uso de la voz doña Margarita Tapia Fonllem, para fundamentar el dictamen.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenos días, diputada, diputados. Con su permiso, señor presidente. Vengo a presentar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, a nombre de la comisión.
Presentamos a consideración del pleno este dictamen que se suma a la serie de esfuerzos del Poder Legislativo para enfrentar la grave situación de riesgo que vive y que existe en el ejercicio del periodismo en México.
Las y los periodistas enfrentan una gran inseguridad con motivo de su profesión. Los graves eventos de secuestro, desaparición, amenazas, asesinatos y agresiones a sus instalaciones, permanecen en gran parte en la impunidad.
Las investigaciones penales permanecen estancadas y hay un déficit de sanciones a los responsables. Lo han señalado las organizaciones nacionales e internacionales: la libertad de expresión en México está en peligro.
Porque en los últimos años nos hemos convertido en uno de los países del mundo con más asesinatos de periodistas. Desde tiempo atrás el periodismo independiente y veraz ha sido limitado por la acción de poderes fácticos, caciques y elites locales.
Hoy son los grupos del crimen organizado y mafias compenetradas con las instituciones las que ejercen un cerco sobre los medios de comunicación, que en ocasiones han optado por la autocensura con tal de poner a salvo su vida y la subsistencia de su actividad.
Las modificaciones legales que hoy presentamos han sido objeto de la atención de un sinnúmero de actores del gremio y de activistas desde hace al menos una década. El fundamento constitucional de esta reforma se encuentra en el decreto publicado el 25 de junio de 2012, por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, el cual faculta a las autoridades federales para atraer los delitos del fuero común que afecten la integridad de los periodistas y medios de comunicación.
Con este proyecto el Congreso reglamenta la norma constitucional y detalla comprensivamente los casos en que la Federación puede ejercer la facultad de atracción, incluyendo la presencia de circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta y también en caso de que la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo.
Se modifican los tipos penales aplicables a los ataques contra periodistas o instalaciones para los que se aumenta la pena hasta en un tercio cuando se presuma el dolo de acuerdo a los supuestos normativos y se acrecienta la pena en presencia de violencia de género, de acuerdo con el marco legal establecido.
Destacamos que la propuesta atiende un problema de la distribución de competencias, ya que la regulación de estos delitos continúa en los códigos penales locales, pero el Congreso asume la facultad de reglamentar la atracción de estos casos considerados de naturaleza dolosa y que cuentan con el agravante de vulnerar el derecho de información y las libertades de expresión o imprenta.
Asimismo, los tribunales federales tendrán competencia para conocer de este tipo de delitos del fuero común cuando la procuraduría los investigue y presente los elementos correspondientes.
Resalta que en esta ley se obliga a la autoridad federal a dar respuesta en 48 horas a la solicitud de atracción y se otorga a la víctima un recurso de reconsideración si la autoridad investigadora niega la solicitud.
Se dispone la permanencia de la Unidad Administrativa Especializada dentro del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dicha unidad tendrá pleno acceso a datos, registros y actuaciones y las investigaciones, con lo que comienza el proceso de fortalecimiento institucional, de acuerdo a las principales recomendaciones internacionales a las que debemos dar pleno cumplimiento con una fiscalía capaz y fortalecida para un mejor desempeño de sus nuevas atribuciones.
Finalmente, queremos hacer un reconocimiento al trabajo legislativo en conjunto con las organizaciones Freedom House, Artículo 19, el Comité para la Protección de los periodistas, el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, la oficina del abogado general de la UNAM y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con el compromiso de trabajar por una implementación plena de la ley para la protección de personas defensoras y periodistas. Solicitamos al pleno considere votar a favor de esta propuesta y así cumplir con nuestro deber de proteger y defender la actividad periodística. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general. Para la fijación de posturas, tiene el uso de la voz en primer lugar el diputado René Ricardo Fujiwara, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. También tengo inscritos al diputado Ricardo Mejía, a la diputada Ruth Zavaleta, al diputado Vicario Portillo, al diputado Pedro Ignacio Domínguez y a la diputado Esther Quintana.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea: el derecho humano a la libertad de opinión y expresión consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos representan sin duda el pilar primordial que todo Estado democrático debe salvaguardar y garantizar, simbolizando una herramienta esencial para que la ciudadanía ejerza la defensa de los otros derechos fundamentales. Todo esto como un elemento central de la democracia y basado en el acceso a la información.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que una sociedad informada representa la clave esencial para la protección de múltiples derechos individuales y también colectivos, que caracterizan a los sistemas democráticos.
Asimismo, este derecho fundamental guarda una estrecha relación con la promoción del desarrollo económico y la gobernabilidad. La libertad de expresión permite formarse un criterio propio y, como consecuencia, la posibilidad de expresar sus ideas y voluntad con mayores elementos de juicio.
En este sentido, entre la libertad de expresión y el acceso a la información, se encuentran actores esenciales que permiten enlazar estos derechos fundamentales. Me refiero a los periodistas, reporteros, camarógrafos y editores, quienes han sido amedrentados por su labor en muchas partes del país, ya sea por grupos ligados al crimen organizado, o lo más lamentable, por instancias relacionadas con el poder político.
Se ha llegado a niveles tan evidentes de intimidación, que incluso se ha atentado en contra de sus instalaciones de trabajo. Recordemos el caso del periódico Mural en Guadalajara, que fue blanco de ataque recientemente.
Los periodistas constituyen un eslabón imprescindible para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades políticas, por lo que como legisladores tenemos la responsabilidad y la obligación de salvaguardar su integridad a partir de herramientas jurídicas que desarrollen su profesión en un clima de libertad y de paz.
Por ello, enviamos nuestra solidaridad a todos aquellos que a diario hacen frente a los intentos de censura, poniendo en peligro su integridad física y arriesgando su propia vida.
En los últimos años nuestro país ha experimentado múltiples situaciones negativas a causa de una estrategia de seguridad que a todas luces fue equivocada. Debido a ésta, grupos fácticos han pretendido prostituir la gobernabilidad del Estado y han intentado intimidar al ciudadano en su diario vivir.
Todos los que trabajan en los medios de comunicación, son también víctimas de estos grupos. Tan solo de enero de 2005 a noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad y seguridad personal.
Lamentablemente la CNDH tiene registrados 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores del año 2005 al 2012. La violencia contra quienes informan a la sociedad de la realidad tiene un efecto disuasivo para libre flujo de las ideas, de la información. Y, por tanto, representan ataques no sólo contra ellos, sino que afectan la libertad de expresión en sí mismas y al derecho de todas las personas a procurar, obtener y recibir información.
Esto es también un agravio severo a la libertad de todas las y todos los mexicanos. A esto, se suma la situación generalizada de impunidad, ya que muchos de éstos no son juzgados, lo cual dota de confianza estos grupos fácticos e incrementa significativamente la incidencia de estos delitos, de la censura o de la tristísima autocensura a la que son orillados algunos periodistas.
Organizaciones como el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, además de los organismos protectores de los derechos humanos, han manifestado su preocupación por la prensa mexicana, misma que está siendo violentada de manera alarmante y ha ido perdiendo rápidamente su libertad de ejercer la manifestación libre de las ideas.
En mi fracción parlamentaria votaremos a favor de este dictamen, porque estamos plenamente convencidos de la importancia de expedir la normatividad que permita dar operatividad plena a estas disposiciones constitucionales y con ello, garantizar el ejercicio libre de la expresión y el desarrollo de las actividades periodísticas al establecer un marco que garantice el libre ejercicio de este derecho humano.
Las diputadas y diputados de Nueva Alianza reconocemos con total admiración la labor periodística, no sólo por sus actos de heroísmo ante lo peligroso, sino también por la importancia del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad.
El derecho humano a la libertad de expresión es una libertad esencial para la democracia, para el desarrollo del conocimiento y por tanto para el avance de nuestra sociedad. El agravio a quienes nos informan es un agravio para todos nosotros, es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que los invito a votar a favor de este presente dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está a favor de este dictamen porque es fundamental seguir avanzando en la protección y en la salvaguarda del ejercicio periodístico y de la libertad de prensa e nuestro país.
Hoy en día en nuestro país, ejercer el periodismo es una profesión de altísimo riesgo por las condiciones actuales. No solamente están sujetos a las acechanzas del crimen organizado, sino también a sátrapas gobernantes inescrupulosos que no les gusta que haya libertad de prensa o crítica a sus acciones y a su actuación. Sin embargo, en los últimos años esta actividad ha sufrido ataques cada vez más constantes y es ya una preocupación que reflejan organismos internacionales de derechos humanos y asociaciones internacionales del gremio periodístico.
Es conocido porque es relativamente reciente, el caso de la periodista Regina Martínez, del semanario Proceso, y también las continuas agresiones que recibe el periódico El Siglo de Torreón El, al que le han levantado trabajadores no sólo periodistas, sino del área administrativa, como una manera de intimidar y de estar ejerciendo presión sobre este medio de comunicación. Son reiterados los ataques al Siglo de Torreón y sigue la impunidad.
Ayer mismo en Saltillo, un reportero gráfico del periódico Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez Basaldúa, de sólo 22 años, fue encontrado descuartizado. Urge poner un freno a estas constantes agresiones al ejercicio de la libertad de expresión, por eso saludamos esta iniciativa y aplaudimos ahora sí la celeridad de los trámites parlamentarios.
Ni un minuto más de impunidad, ni un minuto más de censura o autocensura a la actividad periodística provocada por estas asechanzas inmediatas y cruentas que viven.
Por eso exhortamos también a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Justicia, que sigan avanzando en todos los temas que tienen que ver con la materia de derechos humanos.
Necesitamos vivir en un país de libertades, no en un país de represión, no en un país autoritario, porque se ejerce violencia contra los periodistas, pero también contra los movimientos sociales, también contra el disidente y muchas veces enmarcado en el paraguas del crimen organizado se hacen imputaciones que no corresponden.
Por eso vamos a votar a favor de este dictamen, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a los gobiernos, a que respeten el ejercicio de la libertad de expresión, a que no estén haciendo amenazas veladas o abiertas a través de personeros a periodistas, comunicadores o reporteros gráficos. Es cuanto. Y vamos a votar a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Con su venia, presidente. Como único punto que estamos discutiendo en este momento, es exhortar, respetuosamente, a los Congresos locales de las entidades federativas, en donde se tipifica la difamación y otros delitos contra el honor, los deroguen e implementen las medidas legislativas para armonizar los ordenamientos locales con las prevenciones internacionales y nacionales en la materia.
He escuchado con mucha atención a los compañeros diputados que me antecedieron en la palabra, porque sin lugar a dudas el tema de los derechos humanos es uno de los temas, pocos temas que nos unen, tanto a los grupos de los partidos emergentes como a los grupos mayoritarios en esta Cámara de Diputados, sin condicionamientos, y en este caso el único medio con los que cuenta cualquier nación para conocer lo que acontece, en cualquier ámbito, es el de la comunicación.
Por eso el tema resulta tan sensible, mismo que desde años atrás han sido agredidos por transmitir, de manera oportuna, eficiente y eficaz, los acontecimientos ocurridos en cualquier parte del mundo y que incluso les ha costado, a muchos de ellos, la vida.
Para nadie es un secreto que los periodistas mexicanos se han visto seriamente afectados por la creciente ola de violencia acontecida actualmente en nuestro país. Las cifras que actualmente se manejan de periodistas muertos, y que por supuesto son extraoficiales, oscilan entre 70 y 80.
Lo anterior nos habla de periodistas asesinados sin contar las agresiones que sufren solamente por el crimen organizado, solo por hacer su trabajo, es decir, en algunos casos denunciando la impunidad con la que operan algunas instituciones o gobernantes de esas instituciones.
Como legisladores nos ocupa este tema, porque para elaborar más y mejores leyes debemos estar bien informados y esa información fluye a través de aquellos periodistas capaces y valientes que se han atrevido a otorgarnos la noticia en el momento en que suceden las cosas y a nosotros nos corresponde denunciarlas y reglamentar aquello que la ciudadanía nos demanda con el objetivo de elevar y mantener una sociedad con una mejor calidad de vida, bien informada, pero sobre todo, garantizada en sus derechos.
Es por ello que estamos muy complacidos y el Grupo Parlamentario de la Fracción del Verde Ecologista votará a favor de este dictamen, muy complacidos de aprobarlo en sus términos, porque brinda certeza jurídica a un decreto promulgado por el Ejecutivo federal en junio de 2012.
Las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal le brindan a nuestros periodistas y medios de comunicación la tranquilidad de estar amparados ante cualquier agresión, derivada del cumplimiento de su trabajo y no sean vulnerados sus derechos y su integridad. Es cuanto, presidente. Gracias por su atención estimados diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados aquí presentes, los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México deben detenerse. Es necesario romper el ciclo de impunidad en México, que se ha estado convirtiendo en un lugar cada vez más violento para aquellos que ejercen la labor de periodismo.
Así, tal y como lo señala nuestra Constitución mexicana, las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
Con estas nuevas facultades de la PGR esperamos que las autoridades federales no tengan ningún obstáculo para atender la violencia contra el gremio periodístico. Esta reforma da un criterio legal y obligatorio a las acciones del Estado, a fin de evitar simulaciones ante este problema, como se han dado en ciertos estados con altos niveles de riesgo para los periodistas.
Debemos fortalecer la labor de los órganos parra combatir la impunidad que reduce la seguridad, la esperanza y la certeza de los periodistas y medios de comunicación agredidos. Hasta hoy la Fiscalía Especial ha logrado un número muy bajo de consignaciones y sentencias por estos casos. Sabemos de muchos periodistas que han tenido que cambiar de domicilio o de actividad, o bien, obligados a renunciar o guardar silencio.
El fenómeno de autocensura en algunos medios es una consecuencia de la inseguridad y la impunidad; y debería ser revertido, pues pone en riesgo la misma democracia y Estado de derecho.
Por eso sabemos que aún queda pendiente otorgar autonomía y mayores recursos para la Fiscalía Especial, que investiga estos casos, como han recomendado explícitamente en sus informes distintos órganos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Grupo Parlamentario del PRD hace voto a favor de este dictamen, y al mismo tiempo hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República, a fin de que trabajemos conjuntamente en un esquema que fortalezca a la Fiscalía Especial en el proceso de restructuración administrativa, a fin de cumplir con las recomendaciones internacionales y lograr la mayor eficacia en la labor de investigación, Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Esther Quintana Salinas: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, desde 1948, con la expedición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoció de manera expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho implica que ningún individuo puede ser molestado por sus opiniones, que podrá investigar y recibir información, y que puede difundirlas sin más límites que el derecho de los terceros.
Por tanto, es nuestro deber exigir la reforma de las disposiciones normativas que permitan dar plena vigencia al derecho fundamental de la libre expresión, reconocido en el artículo 6o. de la parte dogmática de nuestra Carta Magna.
Con la aprobación del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y del Código Penal Federal, el cual fue apoyado y aprobado por Acción Nacional desde su propuesta en la Cámara de Senadores, estamos ciertos de que se fortalecerá el marco jurídico nacional de una manera armónica, integral y sistemática, garantizando la seguridad y los derechos de todos los periodistas y de todos los ciudadanos.
Apenas el día de ayer —y esto lo digo con profunda pena— en mi estado, en el estado de Coahuila, un joven, fotógrafo del periódico local Vanguardia, fue encontrado muerto, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, tenía apenas 22 años; hacía un mes que había empezado a trabajar en el diario como fotógrafo en el área de sociales, y ayer su cuerpo fue encontrado en la madrugada mutilado.
Es doloroso, lamentable, reprobable y reprochable que se estén dando en nuestro país este tipo de hechos, lo cual no solamente vulnera, no solamente vulnera el derecho fundamental de los mismos, sino el de todos los mexicanos, porque el papel social que desempeñan los periodistas es esencial, pues la libertad de expresión es también un derecho colectivo de la sociedad.
Es una verdadera vergüenza para nuestro país que el Instituto Internacional de la Prensa nos equipare a países tradicionalmente peligrosos para los periodistas, entre otros Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras y Brasil. Es momento de poner el ejemplo contrario mediante las modificaciones normativas que resulten necesarias para convertirnos en un país que no solamente reconozca el derecho humano a la libertad de expresión y de prensa, sino que también garantice plenamente su ejercicio libre y pacífico, sin el riesgo que implica atentar contra la integridad física, libertad, seguridad y vida de los periodistas que se ven amenazados y que son asesinados como ocurrió con este joven de 22 años que trabajaba para el periódico Vanguardia.
Las reformas propuestas se consideran de suma importancia, dado el grave contexto de inseguridad e impunidad que prevalece en el país, especialmente respecto a la banca en investigaciones penales por agresiones a periodistas, así como la falta de sanciones a los responsables de las mismas y la serie de recomendaciones a nivel internacional que debemos cumplir.
La última reforma al artículo 73 constitucional instauró la facultad de atracción del Ministerio Público de la federación sobre delitos del orden común que agravian a periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta.
El tercero transitorio de dicha reforma menciona que la autoridad federal podrá ejercer la referida facultad de atracción después de la entrada en vigor de las reforma a la ley secundaria, lo cual constituye el fundamento de la presente propuesta.
Como en muchos otros casos se presenta la necesidad de armonizar las leyes secundarias con las reformas constitucionales en la materia, así como con las necesidades sociales que han surgido debido a las constantes agresiones que aquejan a los periodistas y a toda la sociedad en su conjunto, debilitando las estructuras garantistas que deben mantenerse en todo estado de derecho.
Como partido humanístico y democrático, comprometido con reconocer y garantizar de manera plena y eficaz los derechos humanos de todo individuo y de asumir dicho compromiso con todos los mexicanos, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen; y también quiero expresar nuestro más sentido pésame a los familiares de este infortunado joven, fotógrafo de Vanguardia, por la muerte tan vil que le dieron.
Exhortamos respetuosamente a las autoridades correspondientes para que ejerzan la ley y se castigue con todo el peso de ésta a los infames y perversos que cometieron este tipo de crimen. Muchísimas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda.
Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas y de Administración Pública de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado José Antonio Rojo García. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También a los estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado José Valle Magaña. Bienvenidos todos.
Adelante, diputado.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Con su venia, señor presidente y con la autorización, un saludo a todas las compañeras diputadas y compañeros diputados que estamos presentes en esta sesión.
Acudo en nombre y representación de mi grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario del PRI, Partido Revolucionario Institucional, para manifestar que votaremos a favor del dictamen que recae sobre la minuta que envía el Senado de la República y que modifica y reforma diversas disposiciones legislativas, todas ellas que tienen que ver con la protección a los periodistas y a los medios de comunicación. Lo hacemos porque la realidad así lo impone.
De los últimos reportes emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que en los últimos 12 años han sido aproximadamente 626 las agresiones que se han dirigido contra periodistas o medios de comunicación.
También lamentablemente son más de 50 amigos, compañeros, miembros, periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión, y más de 11 tienen calidad de desaparecidos.
Recientemente vemos la agresión que sufrió el periódico Mural en la ciudad de Guadalajara y otras más que se han sucedido a lo largo y ancho de la República.
No podemos permitir estando inertes, inactuantes ante esta circunstancia como legisladores y que no hagamos lo que en nuestra competencia corresponde para evitar este fenómeno.
Lo hacemos con convicción porque estas reformas que se proponen y a las cuales nos sumamos, fundamentalmente buscan proteger los derechos fundamentales, los derechos más elementales de los seres humanos como es la libertad de expresión, la libertad de opinión y también –por qué no decirlo- como es el derecho que tenemos como miembros de una sociedad de recibir información oportuna, objetiva, veraz.
Estos derechos se ven seriamente violentados con estas agresiones y afectan, sí, a los medios de comunicación. Afectan, sí, a quienes valientemente se empeñan a la labor periodística, pero también nos afectan como sociedad, nos afectan como Estado democrático, porque un Estado en el cual no pueden expresarse libremente las ideas, las opiniones, donde no puede desarrollarse con plenitud el periodismo, es un Estado que adolece, a plenitud, de ese valor fundamental que es la democracia.
Por eso nosotros nos sumamos a este decreto y felicitamos a la Comisión de Derechos Humanos por dar este paso adelante.
Pero también aprovecho la ocasión, hago propia la misma para hacer una atenta solicitud a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. El día 23 de octubre del año 2012, un servidor solicitó la constitución de una comisión especial de esta Cámara de Diputados para dar seguimiento a estas agresiones contra periodistas y medios de comunicación, y a la fecha no se ha resuelto por parte de la Junta de Coordinación Política.
Creo que como Cámara de Diputados no podemos quedarnos únicamente en la aprobación de esta minuta, sino que también debemos asumir una actitud proactiva, asumir nuestra responsabilidad y constituir esta comisión especial que coadyuve y que fortalezca a los otros órganos del poder público del Estado para erradicar de una vez por todas este fenómeno nocivo para la sociedad mexicana que se traduce en la agresión a los seres humanos que desempeñan la labor del periodismo y a los medios de comunicación. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la voz para hablar a favor del dictamen, la diputada Aurora Aguilar.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez: Muchas gracias, presidente, con su venia. Agradezco profundamente la oportunidad de la asamblea de manifestar a favor nuestra postura, como ya lo hizo mi compañera Esther Quintana, sobre este dictamen.
Éste es un dictamen que hoy todos los mexicanos, todas las mexicanas, todos los diputados y diputadas, tenemos que celebrar. Este dictamen debe celebrarse porque los ciudadanos nos exigen allá afuera libertad, nos exigen mayor participación en la vida pública, nos exigen estar mejor informados.
La semana pasada un periodista en mi estado, en Tlaxcala, fue encarcelado; fue encarcelado porque el oficial mayor de gobierno se sintió agraviado en una columna; fue encarcelado por difamación. Pero este periodista además tiene otras tres denuncias similares y todas hechas por funcionarios públicos de primer nivel.
No se trata aquí de traer los temas locales a la tribuna, pero sí se trata aquí de que esta asamblea vele por los derechos y por la libertad de todos y cada uno de los mexicanos.
Ese 7 de abril aciago en Tlaxcala, cuando se encarceló a un periodista por sus dichos, también se amordazó a la sociedad tlaxcalteca. Primero es un periodista y después será cualquier ciudadano que exprese lo que no está de acuerdo del régimen que le gobierna.
Es muy gratificante para nosotros este dictamen y quiero felicitar profundamente a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y particularmente celebrar que todas las posturas de todos los grupos políticos han sido a favor. Celebro profundamente la postura de la izquierda mexicana, celebro profundamente la postura del Partido Acción Nacional, que es mi partido, pero por supuesto celebro mucho la postura recién escuchada del PRI. Me da mucho gusto que el PRI vaya a votar a favor, me da mucho gusto que el PRI promueva la libertad de todos los mexicanos.
Estoy cierta que después de este dictamen este caso, como el de muchos otros en el país, podrá ser atraído por la autoridad federal y podremos darle certeza a los mexicanos de que en México se vale expresarse, se vale no estar de acuerdo y, mientras más podamos dialogar y a partir del diálogo resolver nuestras diferencias, en ese momento estaremos construyendo esa patria generosa, ordenada, libre que nuestros hijos nos exigen y que nuestros ciudadanos allá afuera nos están pidiendo a gritos.
Banderas de libertad son las banderas que debemos respetar, banderas de libertad son las banderas de Acción Nacional, banderas de libertad son las banderas de los ciudadanos. Muchas gracias
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, también para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: por más que se intente sustraer uno de los temas más importantes que se están presentando en el país, no podemos hacerlo.
Hoy es uno de los días en que uno se alegra de que haya consenso en modificaciones a la legislación penal en una materia sumamente sensible: la protección y la libertad de los derechos de expresión.
Hoy los periodistas de México viven sometidos no sólo por los gobiernos, sino también por el crimen organizado. Hoy, quienes se dedican a informar en el país, no sólo viven con bajos salarios, no sólo viven amenazados por el poder, sino se ha sumado la delincuencia organizada. Su labor y su trabajo lo realizan bajo circunstancias muy delicadas, en ambientes hostiles.
La función del periodismo en México es más peligrosa que donde hay guerras regulares. La profesión de periodismo en México es más vulnerable que la que se vivió en Irak o en dictaduras que lastiman de manera cotidiana los derechos humanos.
Quiero reconocer también a los gremios de periodistas, no sólo a los integrantes de esta Cámara –que lo hago- igual que a la Comisión de Derechos Humanos, pero gracias a la presión de los gremios hoy se está llevando a cabo este acto legislativo que nos debe de honrar.
Están presentes, incluso, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Hay representantes que estarán pendientes, de amnistía internacional o de organismos internacionales, de la defensa de los derechos humanos.
Este es un buen ejemplo que contrasta enormemente con los discursos diazordacistas que escuchamos al inicio de la sesión. Éstos que piden castigos ejemplares para los maestros por inconformarse; éstos que piden encarcelamiento inmediato para aquellos que no supieron escuchar a los maestros de Guerrero.
Es contrastante, esta ley y este acto del Poder Legislativo con este espíritu exaltado de algunos legisladores. Deberían leer la historia, no es bueno exaltarse. Hay que actuar con prudencia en momentos difíciles.
Las asambleas legislativas sirven para ser interlocutores frente a los graves problemas del país. No sirven para incendiar la pradera. Me quedo con las voces sensatas y prudentes que piden diálogo, lejos del encarcelamiento de los maestros.
Y el gobernador de Guerrero, en lugar de pedir más policías, debería pedir más recursos para atender el abandono y la miseria en la que vive Guerrero. Eso lo honraría; no pedir más policías para reprimirlos. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que no hay artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, por cinco minutos.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, aprobar la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos y maestros de la licenciatura de derecho, de la Universidad Mesoamericana Campus Tehuacán, obviamente de la ciudad de Tehuacán, Puebla, que están aquí invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena. Bienvenidos a esta sesión.
También a un grupo de alumnos de la escuela preparatoria oficial número 97, del municipio de Tlalnepantla, estado de México, que nos acompañan hoy aquí en la sesión invitados por la diputada Norma Ponce. Bienvenidas y bienvenidos todos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Mesoamericana de Puebla, invitados por María del Carmen García de la Cadena Romero, de Tehuacán, claro, no podía ser de otra manera; a laos de la preparatoria oficial número 97, invitados por Norma Ponce Orozco, a un grupo de la Delegación Tláhuac, por doña Guadalupe Socorro Flores Salazar y personas del sistema de agua potable y alcantarillado del estado de Morelos, invitados por Maricela Velázquez Sánchez. Sean ustedes bienvenidos.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: De viva voz, la diputada Tanya.
La diputada Tanya Rellstab Carreto (desde la curul): A favor.
La diputada Mónica García de la Fuente (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Se emitieron 451 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.
Tiene el uso de la voz don Jorge Herrera Delgado, para fundamentar el dictamen. Está considerada la moción suspensiva de don Alfredo Rivadeneyra, pero como él debe de saber como estudioso del derecho parlamentario, que me consta lo es, la moción suspensiva viene cuando se abra a discusión el asunto.
El diputado Jorge Herrera Delgado: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, ninguna disposición debe favorecer a un sector social en detrimento de otro.
No existe argumento que justifique una inconsistencia en el marco jurídico que reporte injustamente ventajas para un eslabón de la cadena productiva, mientras se menoscaba el núcleo más vulnerable en esta relación que es la clase trabajadora.
Es una cuestión de responsabilidad parlamentaria subsanar aquellas disparidades en la legislación, que generen incentivos perversos y más aún cuando tales distorsiones resuenan en el desarrollo de sus representados.
La iniciativa que hoy se presenta para la discusión, y en su caso, aprobación de este honorable pleno de la Cámara de Diputados, propone reformar el artículo 27 y derogar el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.
Esta iniciativa tiene como propósito fundamental la homologación y armonización de los conceptos que determinan el salario base de cotización de la Ley del Seguro Social con los de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Su espíritu es simplificar, fiscalizar y recaudar. Y hay que decirlo, que es en ese orden. Con esta reforma se pretende corregir distorsiones del sistema legal vigente, que han permitido a algunos patrones subestimar los salarios de sus trabajadores para pagar menos cuotas al Seguro Social. Y por la otra parte, sobreestimar los mismos salarios al SAT para poder obtener una mayor deducción del impuesto sobre la renta.
Es en este sentido que se considera perjudicial que se eludan las obligaciones con el erario por una laguna o una inconsistencia, dejando por un lado, de contribuir a la hacienda pública y por el otro, a las prestaciones sociales de una clase vulnerable.
Persistir en este error, una vez que nos hemos dado cuenta, sería francamente irresponsable.
Diferir en torno a las orientaciones o motivaciones de una propuesta es justificado y propio de una sociedad democrática, pues a ésta la componen un conjunto de intereses legítimos, a veces confrontados, que buscan el consolidar su visión de la realidad, pero lo que no es ni legítimo ni justificable es insistir en la continuidad de una discrepancia sin fundamento que reporta consecuencias económicas y sociales de enorme trascendencia para nuestra sociedad.
Sin embargo, el aprobar esta reforma podrá evitar la simulación, la subestimación del salario de los trabajadores, la discrecionalidad y los dobles reportes. Estaremos beneficiando por igual al sector empresarial, al sector obrero y al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En efecto, compañeras y compañeros, con esta reforma el sector empresarial se verá beneficiado al obtener una mayor simplificación en el cálculo de las cuotas que deben enterar al IMSS y al tomar una sola referencia en la determinación de las exenciones.
Además, con estas modificaciones se beneficia a los empresarios cumplidos, que debo señalar, son mayoría, pues se les pone el piso parejo.
Por otra parte, esta reforma beneficia a la clase trabajadora, pues aquellos trabajadores que están siendo perjudicados por estas distorsiones obtendrán los recursos que legalmente les corresponden para su pensión y para su vivienda.
Esto es de suma importancia y es nuestro deber velar por los intereses de nuestra fuerza laboral. Hoy en día hay trabajadores que no están recibiendo los recursos que legamente les corresponden para su vivienda y para su pensión, como consecuencia de prácticas abusivas que hoy se vienen presentando. Que debemos decirlo, son prácticas que permite la ley vigente y que incluso las incentiva, por eso buscamos la corrección.
Finalmente quiero comentarles que esta reforma apoya al Instituto Mexicano del Seguro Social, institución de la más alta importancia para todos los mexicanos, una institución que –tenemos que decirlo– está en problemas y hay que revisar a fondo su operación.
Si bien ésta no es la reforma que subsanará todas sus deficiencias sí tenemos que decirlo, que es una reforma necesaria y que se hace en el camino correcto. Con esta iniciativa el IMSS obtendrá una sólida herramienta de fiscalización que le permitirá, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, detectar prácticas abusivas de los empleadores en detrimento de los trabajadores y de sus finanzas.
De esta forma, amigas legisladoras y amigos legisladores, la iniciativa que está a su consideración implica un escenario de ganar, ganar, para todos. Queremos apoyar a los empresarios, a los trabajadores y, por supuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Quiero agradecer la participación activa de los integrantes de la Comisión de Hacienda que elaboraron este dictamen, y con ello se refleja su compromiso con México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración. Tiene el uso de la voz, para presentar moción suspensiva, don Alfredo Rivadeneyra Hernández. Muy apreciable, por cierto.
El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Gracias, presidente. El asunto que no ocupa se ha venido discutiendo a lo largo de los últimos días, desde que se hizo pública la pretensión de aprobar en comisiones el dictamen que reforma la Ley del Seguro Social, y que esta pretensión buscaba hacerlo atropellando –así lo decimos, con todas sus letras, atropellando– la legalidad.
Hasta que en la sesión del pasado martes finalmente fue incluida en el orden del día para dar declaratoria de publicidad al dictamen de referencia este asunto sin duda alguna ha generado polémica.
En primer término, y a nombre del Partido Acción Nacional, de su grupo parlamentario, resulta fundamental dejar en claro una primera circunstancia: No estamos en contra del fondo de la discusión. No estamos en contra –como se ha pretendido hacer saber a la opinión pública– ni de los trabajadores ni de los eventuales beneficios que la aplicación de una ley de esta naturaleza, de una reforma de esta naturaleza, pudiera acarrear.
Pero de lo que sí estamos en contra es de la evidente falta de apego a la normatividad que rige los trabajos de esta Cámara y de la también evidente falta de respeto al clima de acuerdo, de diálogo y de civilidad política que también deben privar en la Cámara de Diputados.
En primer término –respecto de los argumentos jurídicos, no obstante desde la tribuna el día martes–, los diputados Rubén Camarillo y, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José Isabel Trejo dieron argumentos sólidos y consistentes, para acreditar que los supuestos bajo los cuales está expresamente facultada la posibilidad a los secretarios de la comisión para convocar a falta de la convocatoria del presidente, no están acreditados. No obstante, se ha hecho este señalamiento en reiteradas ocasiones, hoy la pretensión del atropello a la legalidad está llegando a un culmen que nos obliga a repetir la argumentación.
El artículo 45, numeral 6, inciso d) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 146, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados dan cuenta justamente de la obligatoriedad a la que están sujetas las comisiones de convocar y de reunirse cuando menos una vez al mes.
Sin embargo, la interpretación bajo la cual se pretende hace cuadrar la convocatoria ilegal que ha dado pie a este dictamen, tiene que ver con considerar que esta obligatoriedad mensual debe contabilizarse a partir del último día de la sesión. Es evidente que esta interpretación está hecha a modo para justamente dar justificación y cauce al dictamen. Si el mes no ha vencido, en consecuencia, la comisión no está en falta, evidentemente la convocatoria celebrada por los secretarios no encuentra causal y, por supuesto, el dictamen que emane de una sesión cuya convocatoria es cuestionable, evidentemente no es legal.
Nosotros hemos venido señalando reiteradamente el llamado al diálogo, para no poner en riesgo una reforma de este calado. Yo y nuestro grupo parlamentario, no entendemos cuál es la razón y la prisa por la cual hay esta reiterada pretensión de atropellar la norma. Pero no es solo eso, estimadas diputadas y diputados, también hay un atropello al clima de civilidad y diálogo que debe imperar en los debates que se desahogan al interior del Congreso.
También hemos señalado, que en el marco de actuación en que las fuerzas políticas hemos decidido darle cauce a las reformas, había un acuerdo claro de que todas las reformas que contuvieran justamente un componente recaudatorio, debieran ser tratadas en el segundo semestre del año.
Esto no es un producto de un capricho, ni de sujetarse irrestrictamente a una agenda que eventualmente nosotros podemos complementar y perfeccionar, sino para hacer un adecuado balance integral de la reforma hacendaria improrrogable para el país. No es pues caprichosa nuestra solicitud de respetar los acuerdos. Cuando nosotros exigimos el respeto a la legalidad, también exigimos respeto al interlocutor y al clima que debe imperar en la Cámara.
En la sesión del martes, tras la intervención de nuestro compañero diputado Rubén Camarillo, se señaló que los presidentes de las comisiones –termino, presidente– no eran dueños de las mismas; que no eran dueños de los temas que ahí se abordan. No podemos sino coincidir con esta afirmación, pero también señalamos que tampoco las mayorías son dueñas de la legalidad ni les está permitido atropellarlas.
Para todos es sabido que este tema es tan polémico, que incluso en el proyecto que se circuló el día de ayer a todos nosotros, el asunto no estaba en el orden del día; se incorporó. Porque se sabe que en lo jurídico y en lo político pone en riesgo la naturaleza del dictamen y el clima de diálogo con el que debeos seguirnos conduciendo. Por ello solicitamos se dé cauce a esta moción. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted, señor diputado don Alfredo Rivadeneyra. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración de inmediato a discusión la moción suspensiva.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez; En votación económica, se consulta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Con el permiso de la Presidencia. La seguridad social es un tema de suma importancia para México.
La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud de calidad, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento con los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
El dictamen a discusión tiene por objeto homologar la base de cotización del IMSS con la base gravable del impuesto sobre la renta. Se busca hacer más compatibles ambas bases gravables y lograr una mejoría en las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y las trabajadoras.
Al homologar las bases de ambas contribuciones, se pretende que éstas se calculen sobre los ingresos que efectivamente perciben los trabajadores por la prestación de servicios personales subordinados.
Es por ello que el grupo parlamentario que represento reconoce los beneficios que conlleva esta reforma, sobre todo al homologar la cuestión de salario y obtener recursos adicionales que permitan al Instituto Mexicano del Seguro Social enfrentar algunas de las dificultades financieras que hoy enfrenta.
No obstante, debemos señalar que esta reforma debe fortalecerse con la debida transparencia y fiscalización de todos los recursos del IMSS para dar certidumbre –así- jurídica a sus derechohabientes.
Nueva Alianza está consciente de que esta reforma representará un beneficio para los trabajadores y trabajadoras en la medida en que el incremento del salario base de cotización repercutirá a futuro en una pensión más sólida.
Pero debemos hacer el señalamiento respecto de si el tratamiento que se le pretende dar a la participación de los trabajadores en las utilidades es el adecuado, por lo que el grupo parlamentario que represento vigilará que esta medida no perjudique al trabajador.
Por otro lado, es importante resaltar que esta reforma no impacte en los ingresos federales, ya que se estima que en lo que se vaya a recaudar por parte del IMSS, el erario federal podría estar dejando de recaudar una cantidad aproximada de 800 millones de pesos.
Esto debe considerarse también que las cuotas que se pagan al Seguro Social, el patrón las tiene que hacer reducibles del impuesto sobre la renta en un 50 por ciento y eso es lo que impactaría al presupuesto de los gastos fiscales.
Asimismo consideramos que esta reforma hay que acompañarla con ciertas medidas que garanticen el sano desenvolvimiento del sistema presupuestario del instituto, pues si bien se obtendrán más recursos derivados de esa reforma, lo cierto es que existe un gran reclamo de transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Es decir, el IMSS debe de hacer un esfuerzo para abatir ineficacias, insuficiencias y focos de corrupción en su funcionamiento, de otro modo esta reforma quedaría en el nivel de una medida meramente recaudatoria, una acción para obtener más recursos a los contribuyentes.
Es decir, debe establecerse una estrecha vigilancia en el programa de adquisiciones de medicamento, de equipo médico; informar claramente si los ingresos adicionales del IMSS derivados de esta reforma van a ser designados para esos rubros y por otro lado, revisar cuidadosamente todos y cada uno de los sistemas de adquisiciones.
En otro sentido, es preciso mencionar que una dificultad de la que ha venido adoleciendo nuestro sistema de seguridad social, ha sido la falta de una planeación adecuada en cuanto a infraestructura, por lo que se debe proceder hacia una correcta planeación integral y eficaz, de los recursos destinados a infraestructura.
Reiteramos nuestro voto a favor del presente dictamen, en el sentido de que las propuestas reportarán beneficios a los trabajadores. Y si el instituto administra eficazmente los ingresos adicionales, se contribuirá al saneamiento de sus finanzas.
También hay que señalar que las reformas que contiene el dictamen a discusión, generarán condiciones para incrementar el combate a las prácticas de elusión fiscal que perjudican a la hacienda pública y en este caso concreto merman los beneficios que los trabajadores pueden obtener como producto de una vida larga de trabajo.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que debemos avanzar hacia una reforma integral de la seguridad social en el país, en la perspectiva del universalismo básico que se está abriendo paso en el mundo.
Además debemos acordar, de una vez por todas, la reforma fiscal integral que permita al Estado solventar sus obligaciones sociales sin hipotecar el futuro de la nación.
En este sentido hacemos votos porque este dictamen se inscriba en el marco de las grandes reformas por venir, de tal manera que la reforma que hoy votamos, abra el camino para lograr estos grandes acuerdos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Ricardo Cantú Garza, del PT, tiene el uso de la voz.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que discutiremos pretende modificar la Ley del Seguro Social con el objeto de homologar los salarios base de cotización para efectos de la seguridad social con los salarios reportados para efectos del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior implica resolver el problema que se presenta actualmente de que se están reportando salarios menores para las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contraste con lo que se tiene contratado para la retención del Impuesto sobre la Renta. Este hecho genera que se entere a las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social un monto menor de cuotas de seguridad social.
Esta reforma pretende contribuir a mejorar la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido es una reforma noble; sin embargo, como lo expresamos en la discusión en comisiones, llega tarde y es insuficiente.
Se habla de que el déficit de operación del IMSS es de 18 mil millones de pesos. Estimaciones del director del instituto señalan que los cambios que se aprobarán generarán recursos adicionales por tres mil millones de pesos. En ese sentido, esta reforma atenderá parcialmente los problemas financieros del IMSS.
El aspecto positivo de la reforma tiene que ver con que se limita la posibilidad de que los patrones, para fines de cuotas obrero-patronales, reporten que los trabajadores reciben un salario menor al real, que sí es reportado para deducir la nómina y pagar menos Impuesto sobre la Renta, que ha venido beneficiando a los patrones, en detrimento de los trabajadores y del interés común.
Esta reforma va a permitir que los trabajadores vean incrementados sus recursos para efectos de jubilación, de vivienda y los recursos para las prestaciones de salud.
Compañeras y compañeros diputados: consideramos que esta reforma es el primer paso para empezar a ordenar las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Debe recordarse que parte de las cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS se aplican a incrementar las desvalidas reservas matemáticas que sirven para garantizar el pago de las jubilaciones que no tienen fondeo.
En la discusión de la Comisión de Hacienda se plantearon algunas consideraciones que creemos que deben ser señaladas ante este pleno. Todas las fuerzas políticas que votamos a favor del dictamen coincidimos en la necesidad de fortalecer al Seguro Social.
Votamos a favor porque conocemos las carencias que hay en la atención médica, la falta de medicinas, la falta de equipamiento para que los derechohabientes no esperen meses y meses para ser operados y para realizarse estudios.
Queremos resaltar que otras bancadas hicieron propuestas relevantes, como por ejemplo que el Instituto Mexicano del Seguro Social rinda un informe del uso de los recursos adicionales que se recaudarán producto de esta reforma.
Se propuso también que los recursos sean destinados exclusivamente para inversión en infraestructura y atención médica, que son dos de los principales déficit que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los integrantes de la Comisión de Hacienda manifestaron con toda claridad la prohibición de que los recursos sean utilizados para gasto corriente.
Por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Tiene el uso de la voz doña Luisa María Alcalde Luján, a nombre de Movimiento Ciudadano, una entusiasta promotora. ¿No viene Luisa María? Viene Ricardo Monreal; adelante.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores: el Instituto Mexicano del Seguro Social presenta actualmente enormes deficiencias que se traducen en un endeudamiento constante en el desabasto de medicinas y en disfuncionalidades organizacionales, presupuestales y financieras.
Como consecuencia, se observa una considerable disminución dentro de sus capacidades para garantizar el acceso a la salud, a la seguridad, a la protección social y sus afiliados...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Revisen el sonido del diputado Monreal y que nos haga favor de subir un poco, para que se escuche mejor, por favor. Adelante, diputado, disculpe la interrupción.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Oiga, me compensa los 20 segundos, presidente. Y siempre ha sido generoso.
Les decía, que todo esto que padece el seguro social resulta de suma gravedad, ya que su misión radica en reducir la enorme desigualdad del país, abatir la pobreza a través de los servicios médicos, farmacias, pensiones, guarderías infantiles, centros de capacitación, entres otras prestaciones otorgadas a millones de mexicanos.
Si bien es cierto que actualmente la Ley del Seguro Social y la Ley del Impuesto Sobre la Renta dan tratamiento diferenciado a los componentes del salario, ocasionando distorsiones, puesto que ambos deberían reflejar de manera precisa el ingreso que efectivamente reciben los trabajadores, también es cierto que ésta no es la principal razón por la que el IMSS carece de recursos.
Las causas más importantes por las que se ha originado esta situación, responden al abultado y creciente gasto corriente, a la falta de profesionalización de su personal administrativo, a las prácticas evasivas, pero sobre todo, a la corrupción y a sus derivados.
Según el informe, de la situación financiera global 2010-2011, la totalidad de su pasivo absorbería el patrimonio del Instituto, y aún así, la cantidad obtenida no sería suficiente para cubrir los pasivos derivados de las obligaciones laborales asociadas al régimen de jubilaciones y pensiones.
Tan solo para este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 421 mil millones 656 millones de pesos; 167 mil 209 pesos para gastos programables del IMSS, de los cuales 127 mil millones de pesos serán destinados a pensiones. Es decir, el 30 por ciento de los recursos.
El dictamen que nos compete el día de hoy propone reformar todas las fracciones del artículo 27 de la Ley del Seguro Social para que los conceptos que se excluyen del salario base de cotización se homologuen a los montos por los que se encuentran exentos y no son gravados para el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La lista de instrumentos que se ven afectados contempla los bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades; las cuentas destinadas a la subcuenta del retiro; la cesantía en edad avanzada y vejez; las aportaciones de la subcuenta de vivienda; la alimentación y habitación que se encuentran en especie; los precios de asistencia y puntualidad; las cantidades aportadas por el patrón para constituir fondo alguno para pensiones o derivados; contratación colectiva y las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario laborado.
También se deroga, se propone derogar el artículo 32. Vale la pena decirles que el dictamen presenta deficiencias ya que se tata de modificar una serie de conceptos que se excluyen como integrantes del salario base de cotización en la Ley del Seguro Social, para supuestamente homologarlos con los considerados como base del ingreso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin embargo mantiene gravados rubros como los aguinaldos, las primas vacacionales, las primas dominicales, las cuales están exentas parcialmente para efectos tributarios en el Impuesto sobre la Renta.
Sin duda alguna las propuestas que ahora estamos discutiendo presentan claroscuros, como ventajas de los cambios cabe mencionar que disminuirían las prácticas de aquellos patrones que declaran salarios inferiores a los que perciben sus trabajadores, lo cual les permite pagar menos cuotas del IMSS.
Elimina también la distorsión anterior, con esta eliminación se lograría un incremento en las cuotas de retiro y de vivienda de los trabajadores. Actualmente los empleados pagan 2.6 pesos de cada 100 y se estima que por cada peso extra que aporten ganarían aproximadamente 6.7 pesos en las aportaciones a sus cuentas de ahorro, debido al salario base de cotizaciones y que serán determinados tomando en cuenta lo que efectivamente reciben.
Debo advertir, señores legisladores, que hemos decidido en el Grupo un voto libre. Hoy discutimos como todos los días y hemos decidido empezar a dar y otorgar libertad a los legisladores. En nuestro Grupo Parlamentario la mayoría opina que deberíamos votar a favor, pero hay las reservas y por tanto dejaremos en libertad.
Debo reconocer también que ayer afirmé que lamentablemente parecía ser que este dictamen sería retirado por presiones externas, porque la semana pasada vi sentados en las curules a los representantes de las altas cúpulas empresariales cabildeando con los grupos parlamentarios de esta Cámara. Me alegra -y es también conveniente reconocer cuando así sucede- que no fueron sometidos y que esta Presidencia también logró mantener el dictamen.
En todo caso los que estén en contra pueden rechazarlo o pueden regresarlo a Comisiones, pero lo importante era continuar el proceso formal que establece el derecho parlamentario y nuestros ordenamientos jurídicos vigentes. Por esa razón, presidente, me parece muy importante la discusión, y sobre todo, el que sea sometido a la consideración de esta asamblea un dictamen que había sido leído ya y se había dado publicidad a la misma.
Nosotros creemos que es un paso importante y votaremos en consecuencia. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Tomás Torres Mercado.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor presidente. A la distancia en los tiempos, quizá no atraiga mucho y además resulte hasta fuera de moda, de la moda política, a más de 100 años del inicio de uno de los movimientos sociales más importantes de este país, hubo un pacto político que hoy tiene vida y que tiene reivindicaciones, aunque choque el concepto, reivindicaciones de clase.
El derecho humano a la salud, el derecho a la seguridad social, entendida como cubrir el riesgo de trabajo, una percepción en el retiro, en la cesantía o en vejez, la guardería para las hijas o hijos de las madres trabajadoras y ahora también de los padres trabajadores, en algunas hipótesis, las prestaciones sociales, la enfermedad y la maternidad, son reivindicaciones que se plasmaron, señoras y señores legisladores, en dos preceptos de la Constitución Política de modo directo, en el artículo 4o. y en el artículo 123. Ése es el origen de la Ley del Seguro Social, que se materializaron en una ley en 1943, en 1975, y la otra que entró en vigor en 1995.
¿Qué ha pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social? En días anteriores, no sé si ustedes vivan y convivan con esa realidad, creo que la mayoría, fui al Hospital General de la capital de mi estado, en una situación por demás penosa, dolorosa, en el servicio de urgencias para darle una camilla a un paciente en estado de coma habría que esperar el alta en otra camilla, pero también hay que saber que el alta es por muerte. Ésas son las condiciones.
La consulta externa prácticamente desaparecida. Las consultas de especialidades aplazadas a meses. ¿Qué ha pasado con el Instituto Mexicano del Seguro Social? Concebido, dije, con una reivindicación de clase, de redistribución de la riqueza y de manifestación de una política auténtica de solidaridad con sentido social. Qué bella expresión. Solidaridad, que luego se las apropian y se desvirtúan.
¿Qué hacer con el Instituto Mexicano del Seguro Social? Que a 15 años o más de su última ley, cuando tenía 15 millones de asegurados tenía 250 mil trabajadores. Hoy con 16 millones de asegurados tiene 430 mil trabajadores. Se concatenan las cosas. Hay un déficit terrible en el gasto de operación.
No me parece correcto el argumento de que los patrones malos pagan mal, informan cosas diferentes en el marco de la Ley del IMSS y del Impuesto sobre la Renta. Ese argumento es falso. La Ley del IMSS tiene los conceptos que integran salario para efectos de la cuota del Seguro Social, y la del Impuesto sobre la Renta, los conceptos que la excluyen para el pago de ese impuesto.
Colegas, no le digamos mentiras a la gente. La Ley en este momento del IMSS y la Ley del Impuesto sobre la Renta autorizan a que el patrón pague como la ley le manda.
De manera que si la problemática del Instituto y del sistema pensionario más importante del país requiere un replanteamiento, vamos a ir a éste pero hay otros de fondo.
Me decía un colega de una entidad federativa, con un nivel de desarrollo económico destacado, dice: “mi delegación es superavitaria”. Y yo le he dicho, la nuestra no.
Le pido su tolerancia, ciudadano presidente, solo si usted me lo permite, y la asamblea, que por cierto, también con relación al procedimiento es la máxima autoridad a la que nos subordinamos todos.
Y le dije, mi estado no es superavitario en las cuotas que pagan los patrones y la prestación de los servicios y del aseguramiento, pero ése es el sentido de solidaridad que debe rescatar. Porque no podrá Guerrero, no va a poder Oaxaca, no va a poder Chiapas, Tlaxcala, Durango, Nayarit, Zacatecas. Este organismo no es una empresa financiera. Debato con usted.
Señor presidente, lo respeto a usted y respeto, por supuesto, a la asamblea. Sólo les digo, hay déficit en el IMSS, en la operación en el ramo de enfermedad y maternidad. Hay superávit en la operación, en riesgo de trabajo y en invalidez y vida.
Hay un pasivo laboral que requiere una atención urgente. La revisión de los sistemas de seguridad social no es solo revisar la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, es revisar la viabilidad de todos los sistemas de seguridad social en este país. Por su tolerancia, presidente, colegas, mi respeto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la voz el señor diputado don Jhonatan Jardines Fraire, del PRD.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire: Muchísimas gracias a mi grupo parlamentario, que me dio a oportunidad el día de hoy de subir a fijar posición por parte de nuestro grupo parlamentario, y en especial a todos mis compañeros e integrantes de la Comisión de Hacienda, que de ninguna manera fuimos a un acto ilegal. Fuimos porque está dentro del Reglamento, y fuimos con todo el apoyo y la convicción de que el PRD siempre va en las reformas que apoyamos a los trabajadores.
Y también siempre he creído que cuando uno llega a esta curul uno es un sujeto libre, y que nadie nos da la oportunidad de llegar aquí y de saber si un día podemos votar como se le antoja a alguien o como se nos antoja a nosotros. Creo que la libertad siempre la ejercemos todos y cada uno de los compañeros que estamos aquí.
El PRD fuimos en esta reforma, que parece insignificante, pero que por uno u otros actores se empezó a polarizar, porque es una reforma que estamos viendo que por dos simples artículos le da oxígeno y respiro a una de las instituciones sociales más importantes de nuestro país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Estamos convencidos, en el PRD, que no es la reforma de fondo, que necesitamos una verdadera reforma donde todas las fuerzas políticas antepongamos uno de los derechos más importantes que se consiguieron –como lo dijo alguno de mis antecesores– en una de las Constituciones más sociales del mundo, que fue la de 1917 de este país.
Necesitamos ir libres y con ese compromiso, sin presiones –como lo vimos semanas pasadas en las curules de este recinto. Fuimos también esta reforma porque consideramos que se puede hacer un nuevo tipo de legislación cuando se presenta, y el PRD fue por ciertos candados en específicos.
Hay que auditar plenamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y saber por qué en una década aumentaron cerca de 40 mil plazas. Necesitamos saberlo, compañeros. Y esos son los candados por los cuales mi partido votó, y votamos porque buscamos una transparencia de todos y cada uno de los recursos que se destinan aquí. El instituto no es una beneficencia, es un derecho, y eso es en lo que nosotros tenemos que estar conscientes, compañeros.
Sabemos que el Instituto del Seguro Social también nos permite estabilidad social, no es solamente una pequeña condescendencia de los poderosos, es una conquista social de los trabajadores en su momento. Y eso es lo que nosotros seguiremos y vamos a seguir apoyando en nuestro partido.
Esperemos que –como lo dice mi compañero presidente de la Comisión de Seguridad Social– en esta Legislatura se dé la trascendencia a esta institución que está en riesgo, que está en crisis, que está en números rojos, y que necesitamos que esta Legislatura vuelva a darle la viabilidad que se le ha venido quitando desde hace 18 años, con una política económica que lo ha dejado en la ruina. Es un llamado absolutamente a todas las fuerzas políticas que hoy estamos disputando la viabilidad de esta institución.
Les dije a mis compañeros y a todos ustedes que sería breve, porque en este recinto –señor presidente, si me lo permite– ni nos escuchamos, ni nos vemos. Ojalá pongamos más atención en todas y cada una de las cosas que discutimos y nos la tomemos con la seriedad que representa para nuestro país. Gracias, compañeros. El voto del Partido de la Revolución Democrática será a favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Muy reconocido, señor diputado Jardines Fraire. Don Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional tiene usted el uso de la voz para posicionar a su grupo parlamentario.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. México ha pasado a lo largo de su historia por grandes luchas que han desarrollado nuestros pueblos, grandes luchas que han generado sangre, mucha sangre; la Revolución Mexicana tuvo más de un millón de muertos en un país de solo 12 millones de habitantes. Eso es violencia, compañeras y compañeros.
La institucionalización del país ha sido un gran logro que los sistemas políticos de México han logrado. México país de instituciones, ésa debe de ser una de las máximas de la nación. Ahora bien, las instituciones del Estado mexicano se componen de tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Legislativo el Congreso de la Unión a través de dos Cámaras es el contrapeso de los excesos que puede haber por parte del Ejecutivo y el contrapeso de los excesos de la propia población, para darnos leyes e instituciones que finquen nuestro convivir humano.
Cómo es posible, compañeras y compañeros, que en la institución de la Cámara de Diputados que todos nos honramos en ser participantes, verdaderamente hagamos a un lado por una supuesta mayoría, las instituciones que nos hemos dado; y así lo mencionó nuestro compañero, esta asamblea es soberana y debemos de cumplir sus directrices.
Una de las directrices que han dictado estas asambleas es establecer nuestro Reglamento y nuestra Ley Orgánica y la hemos hecho simplemente a un lado con estas comisiones espurias que han formado y con estos dictámenes espurios que se han publicado ilegalmente por la Mesa Directiva de esta Cámara. No lo debemos permitir.
Ahora bien, estamos inmersos en un gran pacto político en el país, el Pacto por México. Y el Pacto por México debe de tener, antes que todo, un comportamiento político de las fuerzas que lo integran; ése comportamiento político debe de ser un comportamiento de civilidad, de compañerismo y sobre todo de respeto a las instituciones.
Por el otro lado, el Pacto por México debe tener una sincronía en este tremendo entramado de más de 90 puntos, una sincronía para que esto vaya transitando conforme vaya correspondiendo. Y hemos dicho, los integrantes del Pacto por México, hemos dicho que una parte importante de esa sincronía es la reforma fiscal total. La reforma financiera debe de estar a su tiempo, nunca antes.
El entramado fiscal y financiero de nuestro país no puede estar sujeto al botepronto de pequeños grupos en nuestra Cámara de Diputados, porque se les ocurrió que podía ser algo muy bonito.
Debemos de esperarnos, compañeras y compañeros, a que venga la reforma propuesta por el Ejecutivo -que así ya se nos dijo-, a fin de poder acomodar estas piezas tan complicadas. Y estas dos iniciativas, por lo pronto la del Seguro Social y la que viene de la Ley Minera, están totalmente fuera de sincronía.
Ahora bien. Debemos de tomar en cuenta que en materia económica cualquier cambio fiscal o cualquier cambio que impacte a las empresas o a los trabajadores, se tiene que hacer con mucha responsabilidad y cautela.
Un aspecto muy importante de nuestra economía exportadora es el costo total de hacer negocios en México. Esta reforma del Seguro Social definitivamente, aisladamente tomada, impacta al costo total de hacer negocios en México sin ninguna otra derivación de otra Ley Fiscal que pudiera compensar esta situación.
Es una irresponsabilidad que hagamos una reforma a la Ley del Seguro Social sin que estén sincronizada con la reforma fiscal, sincronizada con otras reformas financieras del país.
Ahora bien. Se habla de que el Seguro Social está muy pobre. Se habla de que el Seguro Social está quebrado. ¿Entonces por qué compra el Afore 21 haciendo una inversión de más de 10 mil millones de pesos? Todo esto debe de ser sincronizado.
Es necesario que sigamos este entramado delicado acorde con el Pacto por México y, sobre todo, acorde con lo que dictan nuestras instituciones que nosotros mismos nos hemos dado. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Doña Regina Vázquez Saut, del PRI, termina la ronda de posicionamientos.
La diputada Regina Vázquez Saut: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional aprueba la iniciativa que hoy discutimos en este honorable pleno de la Cámara de Diputados.
No existe ningún razonamiento sólido para que haya una base gravable distinta entre lo que se entera a la autoridad hacendaria y se deduce, y entre lo que se reporta al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esto, en un sentido u otro, es una contradicción injusta ya que no puede ser que los patrones dejen de pagar contribuciones al Fisco federal por aportaciones en especie y distintas al dinero a sus trabajadores, pues éstas son deducibles por ser parte del salario, pero que las mismas no sean consideradas al momento de integrar el monto que se deba aportar para la seguridad social.
El PRI votará a favor de este dictamen porque estamos convencidos que al hacerlo estaremos beneficiando al empresario, a los trabajadores, al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En efecto, el dictamen que hoy aprobaremos representa grandes beneficios para todos y cada uno de los mexicanos, para los trabajadores, porque terminará con la subdeclaración del salario base de cotización, que con la regulación actual afecta su ahorro para el retiro y la posibilidad de obtener más recursos para su vivienda.
Se verá reflejado en beneficios para el IMSS, porque mejora la posibilidad de fiscalizar el pago de cuotas obrero-patronales al instituto, al contar con una legislación más sencilla y transparente que le permitirá mejorar sus ingresos para brindar mejores servicios a la población.
El PRI busca iniciar un nuevo camino para el IMSS, institución que ha dado servicios por más de 70 años. El IMSS nos necesita, compañeras y compañeros legisladores. Y en el PRI seremos impulsores de su saneamiento y de su fortalecimiento.
Dará de igual manea beneficios a las empresas porque simplifica el pago de contribuciones y reduce los costos administrativos asociados al doble cálculo de éstas.
Y finalmente dará beneficios a las finanzas públicas, al fomentar que los patrones sean consistentes en sus cálculos.
Las autoridades contarán con más elementos para una fiscalización que implique menores costos y mayor eficiencia.
Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, estamos comprometidos con el desarrollo de México, porque nuestros intereses están por encima de cálculos políticos o intereses particulares.
Por ello es que saludamos el presente dictamen que reafirma y consolida a nuestro IMSS en su carácter solidario y redistribuidor del ingreso nacional, atendiendo diligentemente a las expectativas de sus derechohabientes y de la sociedad en general, garantizando que disponga de los recursos que le permitan proporcionar servicios de calidad, y de igual manera garantizar un retiro digno y expandir su cobertura a otros núcleos de la población.
En el Partido Revolucionario Institucional tenemos convicciones sólidas en cuanto al fortalecimiento de la seguridad social, garante del acceso a la salud, a la asistencia médica, a la subsistencia digna y a servicios sociales que generan bienestar.
El Estado mexicano tiene un compromiso insoslayable con los trabajadores y sus familias, situación donde la seguridad social ha sido un elemento fundamental para la redistribución de la riqueza, el abatimiento de la pobreza y la movilidad social.
Éste es un ejercicio obligado por parte del Poder Legislativo que así responde a la demanda de sus representados, en el sentido de mejorar a las instituciones de seguridad social, las cuales no está por demás decirlo, fueron abandonadas deliberadamente en las últimas administraciones federales.
Lo que toca ahora es demandar respetuosamente al Poder Ejecutivo que haga la parte que le corresponde en esta titánica tarea en donde en todos los estados de la república mexicana se ha tocado un tema y hoy en día nos toca discutir y aprobar en el pleno. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, Regina. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la carrera de administración pública, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y saluda a los alumnos con excelentes resultados en la Prueba Enlace 2012, de la Delegación Regional Noreste, cabecera San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por ésta mujer que es casi una misionera, doña Petrita Barrera Barrera. Sean ustedes bienvenidos. Órale, sí.
Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se han registrado en contra, don José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, y a favor doña Lilia Aguilar Gil y doña Luis María Alcalde Luján. Inmediatamente después de esto cantaremos las reservas; es una, la de la fracción VI del artículo 27, porque las otras tres sólo se inscriben y siendo adiciones no se hacen como reserva. Tiene el uso de la voz don José Arturo Salinas Garza.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, creo que ha quedado por demás evidenciado que en esta Cámara se ha cometido una violación al Reglamento y que el día de hoy la pretenden consumar los diputados del PRI.
Este acto es un claro desafío a la normatividad interna y sobre todo manda una clara señal de que el PRI tiene muy poco respeto por las instituciones y por este Congreso.
En Acción Nacional no podemos tolerar estas conductas arbitrarias y menos cuando tratan de defender lo indefendible en perjuicio de los trabajadores y de millones de familias de este país.
El impacto social de esta reforma es muy grande y es muy grave. Es una lástima que se hayan negado a debatir en las vías y en las formas adecuadas.
Los que voten a favor de esta reforma están votando en contra de los ciudadanos de México. Quiero saber cómo le van a explicar a un trabajador y a su familia que una vez que se apruebe esta reforma su salario llegará reducido, llegará semana a semana con un cheque reducido y esto afectará la calidad de vida de él y de sus familias.
Los que voten a favor de esta reforma están votando a favor de la elusión y la evasión; están votando en contra de la generación de empleos y están votando en contra del desarrollo de este país.
A los que voten a favor quiero preguntarles cómo pretenden explicar su voto. La respuesta es que no pueden explicarlo. Por eso se negaron a debatir, por eso el albazo, por eso la arbitrariedad.
Creo que cada diputado va a tener un momento muy complicado para explicarles a los trabajadores de este país por qué votaron a favor de que su salario se vea reducido. Cómo van a ver a la cara a los empresarios de este país cuando lo que están haciendo es hacerlos menos competitivos. En un marco de competencia global, lo que están haciendo es generar menos empleos y afectando el desarrollo del país.
Compañeros diputados: quiero pedir su voto en contra de este dictamen. Las razones son muy claras: violaciones al procedimiento, argumentos falaces de apoyo a los trabajadores, perjuicio a los patrones y a la generación de empleos, en fin, están votando en contra del desarrollo de este país.
Compañeros diputados: ojalá y en conciencia sean congruentes, como en Acción Nacional somos los diputados; que sean congruentes con los ciudadanos y con el desarrollo de México. Ojalá y sean congruentes, como en Acción Nacional, y voten en contra de este atropello, de esta afectación directa a los bolsillos de los trabajadores porque en Acción Nacional seguiremos siendo congruentes y por eso votaremos en contra de esta reforma y a favor de los mexicanos. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. No puedo dejar de hacer algunos comentarios sobre la intervención de quien me antecedió en la palabra.
Nosotros no nos negamos a debatir. Estuvimos en las comisiones, a diferencia de los miembros del Partido Acción Nacional, de todas las demás fracciones parlamentarias. Estuvimos en las comisiones debatiendo esta iniciativa y dando la cara y explicando por qué y para qué estamos subiendo y modificando el artículo 27.
No, no nos va a costar trabajo explicar esta iniciativa, porque nosotros no estamos mintiéndole a los mexicanos. Ésta sí es una iniciativa que finalmente traerá justicia social a los trabajadores, y no queramos engañar a los mexicanos con “el chupacabras” o con “ahí viene el cucú” y queriendo decir que se disminuirán los sueldos, y tampoco hagamos con irresponsabilidad –y lo digo con todas sus palabras- ésta, una guerra entre el empresariado y la Cámara de Diputados, porque no hay tal, señores. Esta no es una guerra entre el poder público y empresariado de este país.
No estamos elevando las cuotas a los empresarios. No estamos elevando los impuestos a los empresarios. Estamos homologando la base de cotización de los sueldos, para las cotizaciones al IMSS, con lo que se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y cerraría diciendo, para ya terminar con mi muy corta intervención, que tampoco se debería de utilizar como chantaje el Pacto por México para venir aquí a decir que estamos o no estamos en esta iniciativa. El PT, actuando responsablemente, estuvo en las comisiones...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputada...
La diputada Lilia Aguilar Gil: Voy a terminar mi intervención y aceptaré preguntas, señor presidente.
Finalmente yo les diría: ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Tenemos un IMSS y esto es lo que trae al PT a votar a favor de esta reforma. Tenemos un IMSS que está completamente devastado, enfermo, como dijo nuestro vicecoordinador en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tenemos un IMSS que no cumple con los mínimos servicios a sus derechohabientes, pero que atiende a la mitad de los trabajadores de este país. Tenemos un IMSS en quiebra que tiene al año un déficit de 18 mil millones de pesos.
¿Qué es lo que se está proponiendo? Legalizar, nada más, la base de cotización y hacer justicia a los trabajadores. No creemos que el empresariado de este país sea tan irresponsable como se ha dicho y se nos ha querido asustar por ahí en decir que esto inhibiría la contratación.
Nosotros creemos en el empresariado de este país, y creemos que los trabajadores y las trabajadoras de este país no solamente tendrán su justicia social, sino también que los empresarios cumplirán con el Estado de derecho que siempre han estado buscando en los diputados. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Para alusiones personales tiene usted el uso de la voz. Le damos la palabra cordial bienvenida a los alumnos de la escuela Nueva Creación, de Chalco, invitados nada más y nada menos que por don Luis Espinosa Cházaro.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Gracias, diputado presidente. Es muy lamentable que se trate de venir a esta tribuna con el argumento de que Acción Nacional no asistió. Por supuesto que no asistimos porque nadie nos convocó legalmente. Hay que leer el Reglamento, hay que estudiarlo y una vez que lean el Reglamento, que lo estudien se podrán dar cuenta que esa sesión no ocurrió, fue ilegal.
Lo que está pasando aquí es ilegal, es una arbitrariedad que lo único que pretende es confundir, lo que pretende es pasar por encima de esta institución, lo que pretende es dar un albazo porque no tienen argumentos para discutir.
No es tan fácil explicar, la matemática no miente, los trabajadores van a percibir cada vez que cobren su salario, menos recursos y eso a las familias de este país no habrá cómo se lo puedan explicar. El Instituto Mexicano del Seguro Social no hay quién quiera darle un peso más porque sabemos que esa no es la finalidad de esta iniciativa; el argumento falaz de que no quieren afectar a los empresarios, de que no quieren afectar a los trabajadores se queda en eso, en un argumento falaz.
Cualquiera que se meta a estudiar esa iniciativa, a correr los números, a hacer la tarea, se va a dar cuenta que el perjuicio que están haciéndole a los trabajadores, a sus familias, a los empresarios y al desarrollo de este país es mortal. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Luisa María Alcalde Calderón cierra la lista de oradores. Tiene usted el uso de la voz.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Presidente, cómo que Calderón.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdóneme usted. Alcalde. Le ruego me disculpe, aunque no es peyorativo.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias. Decimos sí a la reforma, porque limita la práctica patronal de registrar a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario menor al que realmente cubren, para reducir el costo de mano de obra.
Sí porque las nóminas reportadas al fisco son menores en 8 por ciento en promedio respecto de las informadas al IMSS. Ello sin tomar en cuenta factores de simulación cuando los patrones mienten a ambas instituciones, cuestión que es práctica común.
Sí porque hace más simple el sistema de cotización y evita controversias en materia de interpretación y aplicación de las normas. Sí porque apoya a los trabajadores en renglones esenciales de protección social, como la habitación y el retiro.
Fortalecer las pensiones es fundamental, considerando que con el sistema de cuentas individuales ésas serán mínimas. Es conveniente la reforma porque recupera en parte la reducción de las cuotas obrero-patronales provocada por la reforma a la Ley del IMSS de 1995. Gracias a esa disminución el Instituto vio sensiblemente reducidos sus ingresos en el renglón de enfermedades y maternidad. Pero más allá de las razones señaladas, es importante la reforma porque el IMSS se encuentra en una situación económica muy delicada y requiere de más recursos para cumplir con su labor. No debemos olvidar que esa institución protege a casi la mitad de los trabajadores mexicanos.
El sector privado, incluida la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial ha reaccionado ávidamente en contra de esta iniciativa que reforma el artículo 32 y deroga el 27 de la Ley del IMSS. Señalan los empresarios que se trata de tan sólo un paliativo considerado uno de los gigantescos problemas del instituto.
Es injustificada la resistencia empresarial y exagerada sus advertencias, en primer lugar, porque la reforma sólo toca un reducido sector de las empresas, se calcula en alrededor del 10 por ciento; en segundo, porque en la pequeña y mediana empresa no se otorgan las prestaciones adicionales al salario, vinculadas a nuevos conceptos de integración salarial, como es el caso de los bonos y el reparto de utilidades; en tercer lugar, porque los empresarios deben valorar los beneficios que les otorga esta institución, ya que gracias a su existencia se evitan una serie de responsabilidades de lo que son obligarios originarios, como el sector médico o las incapacidades para sus trabajadores.
La reforma sería, en efecto, un avance limitado pero necesario y en dirección correcta. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted.
Esta Presidencia informa que se ha reservado la fracción VI del artículo 27, por don David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a abrir el sistema electrónico de votación por cinco minutos, pero también informa que el diputado Carol Antonio Altamirano propondrá la adición de un artículo tercero, un cuarto y un quinto transitorio. Ábrase el sistema electrónico de votación para recabar la votación en lo general.
Esta Presidencia aclara que los invitados de don Luis Espinosa Cházaro eran de Iztacalco y no de Chalco, para evitar una guerra intestina en su bancada.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 336 votos a favor, 115 en contra y 13 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar reserva de la fracción VI del artículo 27.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señor presidente.
La prestación de previsión social de la despensa es una de las más arraigadas en la sociedad mexicana desde hace más de tres décadas. Actualmente esta prestación beneficia aproximadamente a más de 6 millones de trabajadores, y por ende, si calculamos aproximadamente 4 miembros por familia, serían 24 millones de mexicanos beneficiados.
Cabe señalar que más del 80 por ciento de esta prestación la destina a la adquisición de alimentos, de acuerdo con datos de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2010, arroja que las familias de menores ingresos, entre las que se encuentran los trabajadores que perciben tres o menos salarios mínimos, dedican la mayor parte de su ingreso a la alimentación. Si se le agrega el transporte, el aumento de su gasto puede alcanzar hasta el 60 por ciento.
Dado lo anterior, la intención de reformar el artículo 27, fracción VI del Seguro Social, sin duda perjudicará la prestación de la despensa hacia la familia del trabajador, toda vez que la pone a competir respecto a la del vale del restaurante, menos generalizado en nuestro país, y el transporte, que es una prestación que ya se contempla adecuadamente en la fracción I, como parte de los bienes que el patrón proporciona al trabajador para el desempeño de sus actividades.
En otro orden de ideas, es incongruente que se pretenda reducir una prestación que beneficia fundamentalmente a las familias de los trabajadores de menores ingresos, cuando nuestro país está interesado en combatir la pobreza de nuestros hogares, particularmente en el rubro de alimentación.
El texto, como se contempla en el dictamen, habla acerca de las despensas en especie o en vales. Originalmente, el artículo 27, fracción VI contempla las despensas en especie o en dinero.
El tema se contrapone ya y estamos de acuerdo con el dictamen, con lo que viene siendo el artículo 7º de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011.
Es por ello que estamos de acuerdo en ese inicio del texto, las despensas en especie o en vales, pero dejando de lado el tema de los vales para restaurante y para transporte hasta por el monto equivalente en su conjunto. Dicho entonces, el texto quedaría como sigue:
Artículo 27. VI. Las despensas en especie o en vales siempre y cuando su importe no rebase el 40 por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva del señor diputado.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Carol Antonio Altamirano, tiene usted el uso de la voz. Le ruego por favor que presente las tres propuestas, seremos evidentemente tolerantes con el tiempo.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en un ánimo propositivo en la Comisión de Hacienda se presentaron adiciones y precisiones que brindan certeza y mejoran la reforma a la Ley del Seguro Social. De manera que, las presentes reservas expresan un consenso parlamentario en el que agradezco el respaldo de los legisladores del PRI, del PRD, del Partido Verde, y de Nueva Alianza.
Coincidimos con la reforma porque ayuda a enfrentar las carencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en beneficio de los derechohabientes, y porque en su esencia refuerza a una institución pública en beneficio de la gente que de otra manera no tendría acceso a la salud, pensiones y servicios sociales.
Las propuestas que presentamos ha consideración del pleno consisten en agregar tres nuevos transitorios. Con la finalidad de evaluar la evolución de la gestión del IMSS desde la reforma de 95 proponemos un tercer transitorio, para establecer que la Auditoría Superior de la Federación deberá informar los resultados de la gestión del IMSS de los ejercicios de 1997 a 2002.
Para evitar que los recursos generados por la reforma se desperdicien o se destinen al gasto burocrático proponemos un artículo cuarto transitorio, para especificar que la recaudación adicional que se derive de las reformas deberá destinarse al desarrollo de infraestructura y servicios de salud del IMSS, de conformidad con la Ley del Seguro Social y de más normativa aplicable.
Para transparentar el uso de los recursos proponemos un quinto transitorio, para señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el informe a que se refiere el artículo 273 de la Ley del Seguro Social que corresponda al ejercicio fiscal 2014 deberá hacer referencia al impacto que derive del presente decreto.
Compañeras diputadas y diputados, vayamos con la reforma; no dejemos abandonado al IMSS. Es cierto que esta reforma no basta para terminar de una vez y para siempre con las carencias del instituto, pero aun así es un paso en la dirección correcta, siempre es mejor apoyar a una institución pública en vez de esperar una reforma integral que siendo necesaria todavía es incierta.
Por supuesto que es necesaria una reforma de mayores dimensiones, pero eso no debe frenarlo; aunque la reforma es una avance parcial, el PRD considera que es mejor respaldarlo y enriquecerlo con un trabajo propositivo. En eso hemos coincidido al interior de la Comisión de Hacienda y por esa razón presentamos con todo respeto estas reservas a la consideración del pleno.
Digamos sí a la reforma, mejoremos lo correspondiente al destino de los recursos, la rendición de cuentas y la fiscalización. Pero, sobre todo, sigamos adelante en el rescate de instituciones públicas que le brindan servicios directos y tangibles para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las tres propuestas de adición del señor diputado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta que pase a formar parte del dictamen.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite que forme parte del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal de la fracción VI, del 27, en sus términos; y la adición de los tres transitorios que la asamblea ha decidido que pasen a formar parte del dictamen.
Esta Presidencia saluda con tanto afecto a los jóvenes del estado de Guerrero, que hoy nos acompañan a invitación de doña Teresa de Jesús Mojica Morga.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Saludamos a los compañeros de la maestría en Administración Pública de la Universidad del Valle de Toluca campus Metepec, invitados por la diputada Tanya Rellstab Carreto.
La Secretaria Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, a favor 331 votos, 20 abstenciones, 91 votos en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 331 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Dejo la Presidencia en las expertas y doctas manos de don José González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Tiene la palabra por cinco minutos para fundamentar el dictamen, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, por la comisión.
La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En primer término, me permito informar a esta soberanía que por consenso de la junta directiva de la Comisión de Vivienda, se ha entregado a la Mesa Directiva una propuesta de modificación al texto del artículo 71 que adiciona la Ley del Infonavit materia del presente dictamen.
No es necesario recordar a esta honorable asamblea la importancia del Infonavit en el quehacer habitacional en nuestro país, particularmente para hacer realidad el derecho humano fundamental a una vivienda. Para todos los mexicanos debe de ser esto un derecho inalienable y muy, muy seguro que se consagra exclusivamente en la Constitución Política.
Es claro que conforme al artículo 123 constitucional los fondos de vivienda tienen como fuente de recurso el salario de los trabajadores para atender sus necesidades habitacionales bajo un esquema de operación social y solidaria.
En este sentido, el propio Infonavit reconoce en su tablero de acción estratégica la necesidad de crear alianzas con la sociedad y el gobierno para impulsar la calidad de vida, el desarrollo social y humano de manera sustentable.
Dicho instituto ha impulsado hasta ahora una cobranza social basada en el planteamiento para automatizar y controlar procesos administrativos y reorganización de roles en las áreas de cobranza e instalación de plataformas tecnológicas, situación que es positiva, pero que también debe de ser acompañada de mecanismos que reconozcan el sentido solidario y social del que hablamos anteriormente y justo en el cual se inspiró la creación del organismo.
Sobre el tema hemos escuchado y atestiguado que muchos derechohabientes que se encuentran con deudas en sus créditos, enfrentan demandas y mecanismos de cobro a través de despachos de abogados y pseudo-abogados, que al margen del derecho y de la ética,, hostigan y recriminan y más aún, criminalizan a los trabajadores por sus adeudos.
Estas prácticas y conductas deben declinar hasta ser erradicadas, para transitar a un modelo de gestión, de cobranzas, social, que reconozca las distintas situaciones de los trabajadores, en especial, cuando éstos pierden el empleo o disminuyen sus ingresos de manera involuntaria.
Por lo anterior creemos que con la aprobación de esta iniciativa se introducen elementos de equidad en la legislación del Infonavit, para cuidar y fortalecer el patrimonio de los trabajadores en un esquema de operación de responsabilidad y solidaridad. Por su atención muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Nos dejó una propuesta de modificación, aquí la tenemos. A ver. Hay una propuesta de modificación de las comisiones. Voy a pedir a la Secretaría que consulte si está a discusión el dictamen, pero consultar si la propuesta de modificación que trae el consenso de la comisión, primero si se admite a discusión y luego si se acepta que se integre al dictamen para ya discutirlo con la adición propuesta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la modificación. En consecuencia, el dictamen está a discusión con la modificación aceptada y para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado Rodrigo Chávez Contreras.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su permiso, diputado presidente, diputadas y diputados, la vivienda no es una mercancía, la vivienda es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., que a la letra dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”.
Según datos confirmados por la Secretaría de Desarrollo Social, en diversas notas periodísticas al presentar el estudio denominado Estado actual de la vivienda en México 2011, se informa que aumentaron a cinco millones las viviendas abandonadas en México, lo que implica que en todo el país, en promedio, 14.5 viviendas se encuentran desocupadas.
En este sentido, como legisladores debemos exigirnos el compromiso de resolver este problema y garantizar el derecho a la vivienda, revisando las causas que originan la desocupación: la calidad de los servicios básicos de la vivienda, la proximidad de las viviendas en los centros de trabajo, la situación crediticia de los beneficiarios y la administración institucional de los fondos de vivienda.
Considerando que una de las principales causas de abandono de las viviendas se debe a la imposibilidad de pago de los créditos otorgados que integran la cartera vencida, la propuesta de adicionar el artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores abre la posibilidad a los acreditados de conservar su patrimonio, ya que constituye la recuperación de los créditos otorgados bajo un esquema de cobranza social sensible a las dificultades que enfrentan los trabajadores ante la pérdida involuntaria de su empleo o la disminución de sus ingresos y se ven imposibilitados para cubrir la deuda hipotecaria y consecuentemente pierden sus hogares.
De aplicarse el concepto de cobranza social en nuestro país, se contrarrestaría la grave problemática del abandono de la vivienda, al mismo tiempo que se garantizaría el patrimonio de los trabajadores y sus familias, facilitando esquemas de pago acordes a su solvencia económica, buscando alcanzar las expectativas de millones de mexicanos de contar con una vivienda digna.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyaremos el presente dictamen, esperando que se haga valer de manera justa el derecho humano a la vivienda. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para darles la bienvenida a los alumnos con los mejores resultados en la prueba Enlace 2012, de la delegación regional noroeste, que tiene cabecera en San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por la diputada Petra Barrera. Bienvenidos.
También con mucho gusto saludamos a un grupo de mujeres regidoras del distrito IX con cabecera en Uruapan, Michoacán, invitados por la diputada Socorro de la Luz Quintana León. Bienvenidos también a la sesión.
Tiene ahora el uso de la voz, para presentar una propuesta de modificación, la diputada Lorenia Valles Samperio, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputado Lorenia Iveth Valles Samperio: Con su permiso, Presidente. La inclusión que estamos proponiendo tiene que ver con el artículo 71 en la parte que se acaba de modificar, la propuesta de modificación que presenta la comisión en donde ellos señalan que deberá brindar opciones.
Nosotros planteamos que la palabra que se debe incluir, o las palabras son “deberá buscar las soluciones”.
La problemática de vivienda en México, según diversos medios de comunicación y la propia Sedatu alcanza niveles alarmantes. Se dice que son alrededor de 4.5 millones de viviendas abandonadas en México que generan diversos conflictos sociales y económicos.
Sin duda los bajos salarios y la crisis recurrente de nuestro país son responsables de que muchas familias en México estén sin hogar, ya sea porque perdieron éstas por no tener capacidad de pago, o porque los créditos son impagables, o bien, porque han sido desplazados de su lugar de origen.
Esta situación ha causado ya, inclusive, afectaciones, a empresas financieras, es decir, nadie gana con que las casas estén abandonadas.
Para un sector de la población es inadmisible que la gente invada un terreno o una casa abandonada. Se apela constantemente al Estado de derecho que se tiene en la propiedad privada basado en la construcción de un patrimonio propio.
No decimos que esa interpretación sea errónea. Sin embargo, no lo podemos ver de manera individual, sino colectivamente, porque primero está la obligación del Estado, como lo marca la Constitución en su artículo 4o, de que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Asimismo, el Código Civil Federal, en su artículo 723, establece que es objeto del patrimonio de la familia la casa-habitación de la misma. Por eso tenemos la obligación ineludible de garantizar que las familias mexicanas tengan un hogar, eso no podemos soslayarlo.
La propuesta de adición que se presenta por parte de la Comisión de Vivienda, tiene como objetivo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores promueva soluciones que ayuden a los acreditados ante el Instituto a conservar su patrimonio, porque lo que se busca que se haga la recuperación de los créditos que hubiera otorgado, partiendo de un esquema de cobranza social, lo cual nos parece correcto que apruebe el Consejo de Administración.
Sin embargo, no compartimos que se use la palabra “brindará opciones” o en su momento “promoverá”, como lo habían planteado en primera instancia, dado que conocemos que con estas palabras las autoridades consideran que no están obligadas a hacer tal cosa. Se presta a interpretación y generalmente se omiten en muchas de los casos las implicaciones que tiene esta disposición.
Es por ello que consideramos necesario se pueda decir, la palabra que se incluya es “deberá”. Pues ésta no deja lugar a dudas de que se tiene la responsabilidad de encontrar las soluciones que impidan que una familia abandone su casa por falta de pago, porque se perdió el empleo o porque no se tiene el dinero para pagar la casa cuando se tiene primeramente que comer o atender las enfermedades de la familia.
Sin duda, si las autoridades buscan esas soluciones, nadie se verá afectado en su patrimonio. Las empresas constructoras no perderán su inversión. El Estado cumplirá con sus obligaciones de garantizar vivienda digna y las y los trabajadores conservarán sus créditos, es decir, sus hogares.
No es esto lo que queremos. Aprobemos, pues, esta reforma para no dejar espacio a la interpretación y garanticemos con todas sus letras la solución a este problema. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, se desecha. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con la modificación aceptada propuesta por la Comisión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
El diputado Germán Pacheco Díaz (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico.
Señor presidente, a favor 450, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
Para fundamentar el dictamen por la Comisión tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente iniciativa.
Según lo dispuesto por los artículos 72 y 73 de la fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el artículo 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45 numeral 6, esta Comisión dictaminadora, además de los elementos que ofrece la propia iniciativa materia del dictamen, considera que es de tomarse en consideración la intencionalidad de dar viabilidad administrativa y operativa al Instituto Nacional de Economía Social, expresado en iniciativas de reformas a la ley, presentadas en la actual legislatura.
De manera muy particular, la iniciativa que reforma los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo del Partido Acción Nacional, el 21 de diciembre de 2012, esta comisión dictaminadora consideró adecuado incluir en la iniciativa, materia del dictamen, el contar con mayor información relacionada con el comportamiento del sector social de la economía, en términos de cuántas unidades lo componen, a cuántas personas beneficia directamente como socios, cuántos beneficiarios resultan directamente de su obrar como trabajadores, aspectos indispensables para el diseño de políticas públicas que coadyuven al fortalecimiento e impulso del sector social de la economía.
Asimismo, las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos en el planteamiento que busca determinar un número mayor de deberes jurídicos a cargo del nuevo Instituto Nacional de Economía Social, consistentes en la elaboración de estudios, de investigaciones y consecuentemente tendrá información, obtenida de los mismos, con el propósito de conocer las variables internas y externas que influyen en su desarrollo; así como la promoción de la consolidación empresarial y el desarrollo organización de las diversas formas asociativas que integran el sector a nivel nacional e internacional, mediante la intervención de organismos de representación en que libremente se agrupen.
Así como el establecimiento del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, a través de la instrumentación de su propia metodología, podrá propiciar inexorablemente la configuración de una estructura que permita la generación de condiciones propicias para la expansión y consolidación de estos entes autónomos, cuya finalidad esencial consiste en la producción y distribución de los bienes y servicios socialmente necesarios en estricto apego y promoción de los principios, valores, fines y prácticas que rigen su actividad.
Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de eliminar el Consejo y el Congreso Nacional por la imposibilidad de poderlas poner en operación, con apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo relativo a medidas de austeridad que imponen la limitante de la contratación de personal, bajo cualquier régimen, la compra de infraestructura innecesaria y la adquisición de inmuebles para albergar a dicho personal.
Refrenda esta propuesta y todas las iniciativas que se han presentado en relativo a la Ley de Economía Social y Solidaria, resulta pues, que esto alivianará las finanzas públicas del instituto y redundando en esta economía podrán ser canalizadas a actividades sustanciales.
Además esta comisión, una vez que ha revisado todo este proceso legislativo de la reforma, dio vida jurídica a estas estructuras y no encontró elementos financieros que pudiesen determinar el costo por la implementación de dichas estructuras.
En el caso del Registro Nacional de Organismos del Sector, ésta comisión es coincidente con la exposición de motivos de la iniciativa que da origen al presente dictamen. Además de lo aportado, esta comisión en su análisis concluyó que la fracción VII del artículo 14, en relación con la función del Instituto, para llevarlo a cabo podrá tener otros razonamientos para poder determinar la derogación de un organismo constitucional, autónomo, como sería y podría ser útil la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por lo que se considera esencial y congruente con el proyecto de ley, la derogación del artículo 4º, del Título Segundo, que contiene los artículos 36 al 40, así como todas las referencias jurídicas que se encuentran en la norma.
Por tanto, de igual manera quiero resaltar esta iniciativa de reforma a la Ley de Economía Solidaria. Ha sido votada por unanimidad por toda la comisión y asimismo, por todos los grupos parlamentarios de este honorable Congreso. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Antes de dar la palabra a algunos compañeros, quisiera saludar a un grupo de estudiantes de sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro, que están hoy aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar, bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Y también a alumnos y maestros del Colegio Margarita Galindo de Ruiz, del pueblo de San Juan de Aragón, delegación Gustavo A. Madero, que nos acompañan hoy invitados aquí por la diputada Claudia Elena Aguila Torres. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión.
Tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia presidente. Compañeras y compañeros, para fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
La Ley de Economía Social y Solidaria reglamenta en México el párrafo VII del artículo 25 de nuestra Carta Magna, el cual establece que se deberá facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Como es claro, es un artículo fundamental de nuestra Constitución para preservar la justicia social al abordar la economía y el desarrollo productivo nacional desde la perspectiva del sector social.
Desde luego, la ley reglamentaria del artículo que en esta ocasión reformamos, al contemplar todos los mecanismos para que ello suceda, resulta también de toral importancia.
El dictamen que se somete al pleno y que regula al conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que de conformidad con los principios recogidos en el artículo 25 apremian el interés colectivo de sus integrantes.
El interés general, económico, social y que fue aprobado por unanimidad en la comisión, incorpora temas como el fomento al desarrollo, fortalecimiento y visibilidad en la actividad económica del sector social de la economía.
La participación en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas, así como el impulso al pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, adiciona como valores orientadores de los organismos del sector la confianza y la autogestión. Se abre con esto la posibilidad de que existan organismos integradores que ayuden al desarrollo y mejoramiento de las capacidades económicas de estos.
Y, como las anteriores, se proponen muchas adiciones más que representarán –en una época donde el sector social es cada vez más olvidado– una reivindicación legislativa que retoma la enorme importancia que tiene para la economía social. Debemos recordar que México es un país que se creó a partir de sus movimientos sociales, a partir de los trabajadores del campo, de los obreros, de las comunidades y de las organizaciones laborales.
La trascendencia que tienen estos sectores para el desarrollo nacional obliga aprobar esta ley que actualiza los conceptos legales hasta ahora existentes. Es una reforma de consenso que reconoce las dificultades que enfrentan las organizaciones que constituyen la economía social para fortalecer su posición, que constituyen la economía para combinar las capacidades de desarrollo de cada uno.
Es decir, pretende fortalecer a los individuos y a las comunidades, conjuntar los esfuerzos para que las empresas con participación mayoritaria de trabajadores integren figuras económicas que faciliten su pleno desarrollo.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen, esperando que todas las fracciones lo hagan de la mima manera. Sin embargo, como siempre, deseamos reiterar que estas modificaciones legislativas son un primer paso que debe ir invariablemente acompañado de la implementación ejecutiva de las mismas, es decir, del trabajo del gobierno.
De nada servirá que incorporemos hoy a la ley que se deberá impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país si en el Plan Nacional de Desarrollo y, sobre todo, en la práctica no se lleven a cabo dichas políticas y, sobre todo, si no se otorgan recursos para su implementación.
Los sectores sociales no pueden utilizarse como gancho publicitario del gobierno y como justificación de la utilización legítima de recursos públicos. Tampoco se favorecerán en nada las cadenas productivas de valores locales, regionales, nacionales y globales que sirvan en el escalamiento progresivo de los organismos del sector y el gobierno, bajo las reglas del libre mercado le siga otorgando a las trasnacionales toda la producción nacional.
Es una reforma oportuna y eficaz que resuelve algunos temas que no podían esperar más, pero es indispensable que se continúe el trabajo desde el gobierno para su implementación ajustar los conceptos y preceptos legales a la realidad social.
Esperamos que los principios de esta ley se cumplan, que se privilegie a las personas y a la sociedad sobre el capital y que se concrete la gestión autónoma y la sociedad sobre el capital, que se solidarice la sociedad para el desarrollo local y nacional, se generen empleos estables y de calidad, que se contemple satisfactoriamente en el Plan Nacional de Desarrollo todo lo necesario para cumplir con los objetivos de la ley y que se vea en todo por una sociedad más justa para la clase trabajadora.
Aprovecho esta tribuna para decir y hacer un llamado fraterno a los gobiernos estatales y federales, para que en los disensos que ahora se susciten en el estado de Guerrero se privilegie el diálogo. Y todo lo que está aconteciendo es un cúmulo por más de 80 años que los pueblos originarios y las comunidades indígenas han aguantado, han resistido por el olvido, la marginación y la pobreza lacerante que se vive en cada una de ellas. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Este proyecto de decreto sin duda hace ya falta poco explicarlo, porque la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social lo explicó perfectamente. Es un decreto que está lleno de virtudes, que fortalece el esquema de economía social y definitivamente va con toda la evolución que ha tenido este sistema.
El cooperativismo ha ido evolucionado desde formas incipientes, hasta conformar entidades no pertenecientes al sector público, que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad.
En este sentido es donde ha retomado la importancia a la creación y fomento de empresas cooperativas y autogestionarias que se han constituido como una excelente opción y actualmente motor para la generación de empleos y bienestar para la sociedad, no solo en tiempos difíciles, sino también en momentos de estabilidad económica, pues se ha demostrado que este tipo de entidades poseen una mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos de la economía. Además se caracterizan por su fuerte compromiso social al atender las necesidades básicas de sus comunidades, antes que ir en busca de determinado nivel de rentabilidad.
El verdadero espíritu de las cooperativas y asociaciones mutualistas es compartir el progreso social y económico para elevar el nivel de vida de los trabajadores o asociados y el de sus familias; al estar inspiradas en una visión humanista de la economía están basadas en valores como la ayuda mutua, la igualdad, la equidad, la solidaridad y la democracia, así como en la honestidad, transparencia, vocación de servicio y responsabilidad social.
Son los requisitos que reúne hoy este proyecto de decreto, por lo cual felicito a los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, y en particular al diputado Erick Rivera, por tener esta iniciativa y por aprobarla.
El Partido Verde Ecologista de México apoya este tipo de formas de trabajo y de organización, porque van más allá del peso específico que tiene en el producto interno bruto nacional, sino también contribuyen con una valiosa aportación en la generación de valores que impulsan la construcción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.
Además, las formas organizativas de la economía social forman parte de nuestra identidad, puesto que en nuestro país la aparición de este tipo de entidades data de finales del siglo XVIII y desde entonces han tenido una gran importancia económica, puesto que gracias a ellas sus socios han podido satisfacer sus necesidades y además éstas se han constituido como un factor de desarrollo económico y social del entorno en el que se establece.
La economía social y solidaria contiene una propuesta de cambio en la relación del hombre con sus semejantes y con su entorno productivo, por ello en el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que su impulso traerá aparejados importantes beneficios para la sociedad mexicana, tanto en términos objetivos como subjetivos.
Por todo lo expuesto, nuestra bancada se pronuncia a favor del presente decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputado presidente. La economía social coloca en primacía al ser humano por encima –obviamente- de lo que implica el capital.
Construye una cultura democrática de empresas con convicciones de gestión. Valora y hace posible que los miembros de este sector sean tomados en cuenta y que los intereses comunes sean plasmados al interior de los organismos que promueven una economía social. Solidaridad, responsabilidad, autonomía de gestión, recursos al servicio de un grupo que tiene los mismos intereses.
Por eso en la economía social y en esta ley hoy todos los diputados federales que aporten su voto a favor harán posible que el sector de la economía que ve no solamente con un fin de lucro, que no pone nada más las ganancias al beneficio personal o privado, sino que voltea a ver a sectores como los grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Los grupos de mujeres violentadas; grupos de campesinos, hombres y mujeres que producen en este país una visión diferente de hacer negocio, una visión en donde las ganancias son compartidas para el bien de ese grupo y su comunidad.
A nivel internacional -en la actualidad- las Leyes de Economía Social o Solidaria, solamente existen en Honduras en 1985; en Colombia en 1998; en España a partir de 2011; y en Ecuador en este mismo año. En tanto que en República Dominicana y en Brasil están en proceso de aprobación las Leyes de Economía Social.
Por eso este dictamen que sale a favor, que sale por unanimidad, que trabaja pensando en los mexicanos. Este dictamen en el cual contaremos con el respaldo de todos ustedes hace historia para México, para dejar en claro que los diputados y las diputadas de todo este Congreso de la LXII Legislatura piensan distinto y hacen acuerdos para salir adelante y para que México se transforme en mejores condiciones de vida para todos aquellos que se encuentran en este sector de la economía.
En el caso de México, disponemos de una ley reglamentaria del artículo 25 constitucional en lo referente al sector social de la economía. Esto representa una añeja demanda de importantes sectores del movimiento cooperativo.
Y la economía social de nuestro país que viene desde 1998 y se ha expresado en este pleno, en la Cámara de Diputados y de Senadores, ha tenido cinco distintas iniciativas de ley.
En efecto, aprobar modificaciones a la ley reglamentaria del artículo 25 constitucional, en el sector social de la economía, genera fortaleza para el Instituto Nacional de Economía Social que beneficia a más de 50 mil empresas en este país que están asociadas de manera solidaria.
Aglutinan a más de 9 millones de socios que son el 18 por ciento de la población económicamente activa de este país y contribuyen alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto nacional.
Es muy importante aprovechar el momento favorable a nivel internacional y los consensos logrados en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social donde cada una de las modificaciones que se presentan, fortalecen al sector.
Por medio de esta reforma reconocemos los aportes y la construcción del fortalecimiento de un tejido social, la creación y recreación de una cultura empresarial distinta.
Del mismo modo la identidad asociativa, la transparencia en la ejecución de los recursos del Inaes, la creación de un padrón que informe quiénes reciben los beneficios del mismo, un consejo consultivo que está tomado en cuenta en el sector. Por ello el Inaes se ve fortalecido.
Y otro elemento positivo que faculta a este instituto, es apoyar en materia de capacitación y fomento a las entidades del sector de la economía social y solidaria; como la facultad también del propio instituto, de convenios con instituciones de educación superior para la materia de economía social en los programas educativos de nuestras universidades.
Por eso a nombre del Partido Acción Nacional votaremos a favor este dictamen; pero también queremos aprovechar para agradecer a la Junta de Coordinación Política que ha apoyado la creación de la placa que fue instalada aquí.
Se apoyó también en el tema de la medalla, en la cual ustedes estuvieron presentes e hicieron cuyo el punto de acuerdo de incluir la economía social en el Plan Nacional de Desarrollo.
Porque estamos trabando en equipo, agradecemos a la Presidenta de la Comisión Alliet Mariana Bautista, por esos trabajos que se coordinan a favor de los mexicanos y las mexicanas, a favor de la economía social, del sector cooperativo y de todos aquellos que trabajan por un México distinto. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente el uso de la voz el diputado Luis Olvera, del Grupo Parlamentario del PRI.
Aprovecho para saludar a un grupo de jóvenes de la quinta generación de Incubadora Nacional de Legisladores, que nos acompañan hoy invitados por el diputado Juan Pablo Adame. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El diputado Luis Olvera Correa: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad el carácter mixto de nuestra economía al señalar que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
Aunado a lo anterior, nuestra ley fundamental establece que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
Acorde con el párrafo sexto de la Carta Magna, donde se establece que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
El legislador expidió la Ley de Economía Social y Solidaria, la cual si bien es cierto que ha tenido una enorme utilidad en la regulación del referido sector, también presentaba diversos vacíos legales que impedían establecer condiciones propicias para su fomento, impulso y expansión del sector social.
De esta forma y tomando en cuenta la opinión y experiencia de expertos en la materia y de cooperativistas que se han distinguido por su éxito, es que esta Cámara se dedicó a legislar con la finalidad de implementar alternativas reales para los organismos del sector, impulsando el fomento, la democratización de la productividad y el empleo mediante la transformación de la normativa vigente de una estructura rígida por una cuyo objeto fundamental sea el desarrollo en beneficio de las y los mexicanos.
El resultado de esta actividad es el dictamen que ahora se sujeta a nuestra consideración y respecto del cual el Grupo Parlamentario del PRI se manifiesta a favor, toda vez que ofrece alternativas que permitirán el fortalecimiento del multicitado sector.
Afirmamos lo anterior toda vez que se procura dar viabilidad administrativa y operativa al Instituto Nacional de la Economía Social, así como también porque se actualizan y derogan aquellas disposiciones que obstruyen el proceso de fomento al sector social de la economía, ya sea mediante la existencia de organismos burocráticos y onerosos, o bien, mediante disposiciones que establecen una injerencia del Estado en la vida interna de los organismos del sector social.
Asimismo, compartimos la idea de establecer que los organismos de representación puedan agruparse con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.
Asimismo, coincidimos con la intención expresada en el dictamen de incluir en la ley conceptos tales como generación de nuevas fuentes de trabajo, creatividad, innovación y productividad, ya que con tales adiciones se revalora el papel estratégico que pueden desempeñar los organismos del sector social, de la economía, en contextos de crisis económica y alta volatilidad de los mercados financieros, siendo semilleros de trabajo y generadores de cohesión social.
Aceptamos también la pretensión de otorgar certeza y seguridad a la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Economía Social, el cual será normado en términos del acuerdo que al respecto emita la Secretaría de Economía, a efecto de agilizar las acciones del fomento al sector social de la economía.
Una parte importante del dictamen que celebramos los diputados de nuestro partido, es la modificación planteada al artículo 46 de la ley a efecto de que el Instituto Nacional de Economía Social pueda elaborar programas que atiendan a sectores específicos y regiones concretas, tal es el caso de grupos vulnerables y/o zonas deprimidas o en condiciones de pobreza.
Con las modificaciones que ahora se aprueban, señala el dictamen, y lo reiteramos en nuestro momento –termino, señor presidente– habremos dado un paso importante a fin de repetir las prácticas de algunos de los países donde el sector social de la economía juega un papel estratégico en el crecimiento económico con inclusión social. Por todo su apoyo y su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Siendo esta la última intervención y no habiendo reservas, ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto, por cinco minutos.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de niños, estudiantes destacados de primaria y de secundaria de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, que están aquí hoy invitados por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez. Bienvenidos a la sesión.
También a un grupo de estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de Saltillo, Coahuila, invitados por el diputado José Luis Flores Méndez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
También, si me permiten, me pide la Comisión de Ciencia y Tecnología a través de su presidente, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, que les informe que se está realizando una encuesta ordenada por la Comisión de Ciencia Tecnología, en coordinación con el Infotec, que es el Centro de Investigación del Conacyt. Es una encuesta para elaborar un diagnóstico sobre tecnologías de la información aquí en la Cámara de Diputados.
Yo les pido a todos su colaboración para que, si se acercan los compañeros de Infotec, sepan que es una encuesta seria y que lo que trata es de tener un diagnóstico también serio de cómo estamos en tecnologías de la información para poder llevar a cabo las medidas necesarias.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.
La diputada Margarita Licea González (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 454 votos a favor, una abstención, cero en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 454 votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Tiene el uso de la voz don Adolfo Bonilla Gómez para fundamentar el dictamen.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Tengo el día de hoy la fortuna de fundamentar el presente dictamen, cuyo impacto y sentido de justicia es de gran relevancia, el cual contiene modificaciones que hicieron compañeros integrantes de la Comisión de Economía, de las bancadas del PRD y PT, las cuales por unanimidad votamos a favor y fueron integradas al cuerpo del dictamen.
México es sin duda una potencia minera a nivel mundial. El valor anual de la producción en 2011 fue de 20 mil 148 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía.
Aunque existe actividad en 24 estados del país, destacan Sonora, primer lugar en oro; Zacatecas, primer lugar en plata; Chihuahua, primer lugar en plomo; Coahuila, primer lugar en fierro y carbón; San Luis Potosí, primer lugar en fluorita; y Durango, primer lugar en bentonita y perlita.
Con la presente iniciativa buscamos un beneficio para más de 600 municipios del país, 612 para ser precisos, llegando a una población de casi 70 millones de mexicanos. El día de hoy debo reconocer que existen empresas mineras, en nuestro país, que muestran responsabilidad social y para con el medio ambiente, empresas que generan más de 330 mil empleos directos y más de un millón 500 mil empleos indirectos.
En la presente iniciativa se actualiza el pago de derechos por aprovechamiento, conforme se realiza en la industria minera mundial. México es de los pocos países en el mundo, junto con China, que no incluyen el pago de una regalía, la cual se sitúa en promedio entre el 3 y el 10 por ciento, dependiendo del país de que se trate.
El derecho especial de minería del 5 por ciento que establece el presente dictamen, es respecto de la utilidad neta. Por ello debemos hacer énfasis en que no se afecta a los trabajadores mineros en su reparto de utilidades.
También se reconocen los diversos márgenes de rentabilidad que existen dentro de la amplia gama de producción de minerales, incluyendo por supuesto, por tratarse de utilidad neta, a la rentabilidad de los pequeños y medianos mineros y al mismo tiempo se reconoce la volatilidad de los precios de los metales.
En la Ley de Coordinación Fiscal se establece el destino específico de la recaudación, con un sentido de claro beneficio social de los recursos captados. Se destina el 30 por ciento al Fondo General de Participaciones y el 70 por ciento a distribuir en partes iguales entre las entidades federativas y los municipios en donde se realizan las actividades de extracción minera, creándose el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
Se establece también un Comité de Desarrollo Regional para las zonas mineras, con representación del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los municipios y de las comunidades indígenas o agrarias, según sea el caso, así como una representación de las empresas mineras en la demarcación.
Los recursos serán empleados en centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, alumbrado público, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, mejora de la calidad del aire, rehabilitación de ríos y cuerpos de agua y obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana y transporte masivo. Debo hacer énfasis que por ningún motivo estos recursos podrán ser empleados en gasto corriente ni en gasto suntuario, sino en infraestructura física.
Agradezco a los 76 diputados que se sumaron a la iniciativa que hoy se dictamina, incluyendo a los 15 compañeros de Acción Nacional, los cuales lamento que el día de hoy no puedan votar a favor de este dictamen.
En el PRI estamos resueltos a discutir y aprobar una nueva Ley Minera, tal como lo han propuesto compañeros del PRD, del propio PRI y tal cual lo estipula el Pacto por México.
Hoy damos un paso en el sentido correcto, de compensar a las comunidades mineras del país, haciendo efectivo el anhelo ya planteado y hacer congruentes las riquezas del subsuelo con las carencias de la superficie. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la asamblea y es momento de otorgar el uso de la voz, nada menos que a don Marcos Aguilar Vega, para presentar moción suspensiva.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, vengo a esta tribuna a presentar una moción suspensiva con fundamento en los artículos 8º, numeral 1, fracción X, 114, numeral 1, fracción IX y 122, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de que no se presente a discusión el dictamen de las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público que se encuentra inscrito en el orden del día de esta sesión.
Lo anterior, tomando en consideración el siguiente hecho: la Comisión de Economía está presentando a la consideración de este pleno, con la anuencia de la Mesa Directiva, un dictamen cuyo origen es el acuerdo verbal de los secretarios de la junta directiva de la Comisión, con el argumento de la ausencia de convocatoria por parte del presidente de la comisión.
Al respecto quiero hacer las siguientes precisiones.
Por cuanto a las convocatorias. Las comisiones tienen la obligación de reunirse una vez al mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso d) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 146, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La redacción de los artículos antes señalados indica que las reuniones de las comisiones deben llevarse a cabo, por lo menos una vez al mes, esto es, durante el mes calendario.
Ello no implica que deba ser de momento a momento. Es decir que si en un mes el presidente convoca con fecha 15, el siguiente mes podría convocar en un día distinto y estaría cumpliendo formalmente con su obligación, de acuerdo a las normas internas del Congreso.
Por cuanto a la posibilidad de que los secretarios de la junta directiva sustituyan al presidente de la comisión para convocar a una reunión, cabe apuntar que en el Reglamento existen dos supuestos claros para ello. El primero, cuando el presidente de la junta directiva no convoque para instalar formalmente la comisión después de los 15 días hábiles posteriores al acuerdo que las conformó. Eso lo señalan los artículos 46, numeral 1 y 2.
Y segundo. Cuando el presidente de la junta directiva no convoque a una reunión una vez que se ha agotado el término legal para ello. Es decir, después de que ha transcurrido todo un mes calendario sin que el presidente haya emitido una convocatoria para citar a los integrantes de la comisión.
Ambos supuestos normativos no encuadran en el supuesto mencionado, que motivó ilegalmente esta actuación por los diputados de ambas comisiones.
Por cuanto a la presentación de los dictámenes. El artículo 177, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo siguiente: el presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote.
En tanto que el artículo 63 del Reglamento señala que: La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos los asuntos incorporados en el orden del día estén fundados, motivados y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación. La puesta consideración del dictamen es una facultad exclusiva del presidente y no de un otro miembro de la comisión.
Finalmente el artículo 85, numeral 1, fracción VII, dispone que: Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. Supuestos normativos que no fueron cumplidos ni por las comisiones ni por la Mesa Directiva del pleno.
Por cuanto al trabajo de las Comisiones Unidas, con relación al momento en que debe comenzar los trabajos de análisis del proyecto de dictamen la segunda comisión en turno de un asunto, los artículos 173 y 174 del Reglamento señalan el procedimiento específico para el trabajo en Comisiones Unidas.
En dichos preceptos se establece la obligación de la primera comisión para elaborar el proyecto de dictamen, pero al mismo tiempo expresa la posibilidad de que cada comisión trabaje por separado el tema.
Ello significa que la segunda comisión en turno puede comenzar en cualquier momento los trabajos de análisis, pero el proyecto de dictamen definitivo que será discutido y votado debe presentarse en una sola reunión, en la que se encuentren presentes la mayoría de los integrantes de ambas comisiones, de acuerdo al artículo 174, numeral 6. Para ello es preciso que el predictamen sea conocido por todos los integrantes cinco días hábiles previos a su discusión, conforme al artículo 177, numeral 3, del Reglamento.
Finalmente es importante señalar que en la sesión del día de ayer, miércoles 24 de abril, se puso a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la inclusión del orden del día el dictamen materia de esta moción suspensiva, misma a consideración que realizó el presidente de la Mesa Directiva sometiéndola a votación del pleno, mismo que decidió por mayoría de negar la inclusión en el orden del día correspondiente, hecho que se acredita fehacientemente con el acta de la sesión anterior y la versión estenográfica correspondiente, en la que consta –de conformidad con el artículo 87, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados– que no puede surtir efecto de declaratoria de publicidad como pretendió justificarlo ilegalmente el presidente de la Mesa Directiva.
Mi postura atiende a principios de derecho, al principio de legalidad que otorga certidumbre jurídica en materia legislativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los reglamentos y legislación secundaria.
El derecho parlamentario es de estricto cumplimiento, se aplica conforme a lo establecido en la expresión literal, lo que señala su texto, no interpretaciones que hoy nos han llevado a conducirnos fuera del marco jurídico bajo el terrible argumento de que primero atropellemos a las instituciones. No nos pidan, señoras diputadas y señores diputados, que apoyemos la ilegalidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la moción suspensiva en este momento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarse (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarse (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, para presentar la postura de su partido.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia; señoras, señores legisladores. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está consciente de la severa explotación que sufren las zonas mineras en detrimento de los ecosistemas de las regiones y su población, al mismo tiempo la forma de calcular y por lo tanto cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales existentes en el subsuelo, no es acorde ni corresponde a la generación de riqueza que genera dicho aprovechamiento a los titulares de una concesión minera.
La industria minera es muy importante para el país, por lo que debemos promover la utilización de los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo y que se cubra por dicho aprovechamiento una justa retribución a favor del erario público, principalmente a las zonas afectadas por la explotación minera.
Con este dictamen se fortalece la economía de las zonas mineras, al proponer 5 por ciento de contribución adicional acorde a la utilidad neta obtenida. Las ganancias de los concesionarios mineros son considerables. La Cámara minera de México reporta que en 2011 el valor total de la producción minero metalúrgica aumentó 50 por ciento respecto al año anterior; al alcanzar los 143 mil millones de pesos, lo que significa más de 47.8 mil millones de pesos que en 2010.
Así, para esa agrupación, nunca en la historia del país se había producido tanto oro y plata como en el 2010 y 2011. Estos volúmenes de producción permitieron al país recuperar también el primer lugar mundial en la producción de plata; sin embargo, no se ha hecho nada por retribuir a la población y a las zonas afectadas por el aprovechamiento de estos concesionarios.
Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza manifiesta su posición a favor del dictamen, porque estamos seguros de que generará un beneficio económico justo para la nación, derivado de la explotación de los recursos del subsuelo que son propiedad originaria de la misma y a su vez propiciará un adecuado desarrollo de las zonas productoras y de las comunidades mineras asentadas en ella.
Asimismo, a través de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, se logrará que las contribuciones recaudadas se distribuyan entre el gobierno federal, los estados y los municipios para financiar los presupuestos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los habitantes en cada uno de los órdenes de gobierno, conforme a las responsabilidades de cada uno de ellos y considerando el principio de compensación y solidaridad debido entre las distintas partes integrantes de la federación.
Nueva Alianza reconoce, que para concretar la presente reforma es necesario que se establezca un destino claro y específico para los recursos adicionales que se recauden. Se deben orientar a la realización de obras de beneficio social para las entidades y municipios en los que se realizan actividades de extracción de sustancias minerales.
Bajo las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoya el dictamen porque beneficiará la situación de los municipios donde se asientan las grandes explotaciones mineras y, con ello, se contribuye a establecer un piso mínimo de mecanismos para distribuir la riqueza que se genera en la nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Doña Lilia Aguilar Gil, tiene usted el uso de la voz. La escuchamos con toda atención.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, como siempre, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Esta iniciativa aunque no es estrictamente una reforma minera, en efecto, viene a traer justicia a un viejo reclamo de las poblaciones donde se encuentran asentadas las minas.
Como algunos de ustedes saben, yo soy de Chihuahua. En Chihuahua hay una gran actividad minera, pero también ha habido grandes conflictos mineros por los abusos que las empresas -no solamente las nacionales, sobre todo las extranjeras- han tenido con las poblaciones y los pueblos y los ciudadanos que viven en estos pueblos.
Las mineras, dicen en Chihuahua cuando se van, solamente dejan huecos. Dejan contaminación, dejan devastación, dejan enfermedades y obviamente dejan al pueblo con una gran falta de empleo y con grandes enfermedades no solamente de los mineros, sino de los hijos de los mineros y sus familias.
Finalmente hoy lo que estamos discutiendo es una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y una reforma a la Ley Minera, para crear un derecho del cinco por ciento para que las empresas mineras, es decir los dueños de las minas de este país y los extranjeros que en su mayoría son canadienses y australianos, paguen el cinco por ciento de derechos sobre el resultado de sus ganancias -menos algunas deducciones que están permitidas en la misma Ley de Coordinación Fiscal- para que se cree un fondo, compañeros diputados.
Un fondo que básicamente será manejado en el 70 por ciento por un grupo de personas de la región. Este fondo estará manejado por el gobernador del estado, el presidente municipal de la región y uno de los agregados que nosotros hicimos; es un miembro de la comunidad agrícola donde se pueda asentar y no tengamos problemas como el que tuvimos en Chihuahua en la comunidad de Huizopa, en las comunidades indígenas.
También estamos proponiendo que se incluya, así como está incluido un miembro de la minera, se incluya también a los trabajadores.
Creemos que la derrama que se va a dejar en estos pueblos no solamente debería de ser en infraestructura; y no solamente va a ayudar a desarrollar a estos pueblos que quedan devastados una vez que se van estas minas, sino también a los pueblos aledaños; al estado que finalmente se va a beneficiar de esta riqueza natural que tenemos los mexicanos, de las cuales no gozamos, aunque se dice que las riquezas naturales nos pertenecen a todos nosotros, finalmente son explotadas en su mayoría por extranjeros, se la llevan y nos dejan aquí con la pobreza, con la contaminación y con el hambre. Ese es el razonamiento que tiene el Partido del Trabajo para ir con esta iniciativa.
Creemos que esto no es un castigo a las empresas mineras, creemos que es finalmente darle respuesta a un viejo reclamo a estas comunidades y que ellos puedan determinar cómo aplicar en infraestructura de apoyo social a sus comunidades este dinero. Enhorabuena por la iniciativa.
El voto del Partido del Trabajo será a favor y presentaremos dos reservas precisamente para incluir a los trabajadores en este fondo para que la designación de cómo se distribuirá este fondo y para que también se den servicios educativos y de salud no solamente de infraestructura. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Monreal, para no extrañarlo, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Señor presidente, ciudadanos legisladores, si dirigimos nuestra atención a la composición del producto minero de México, veremos que de acuerdo a las estadísticas está constituido por 27 diferentes metales y 45 tipo de minerales no metálicos; que existen operaciones mineras en 22 de 32 entidades federativas del país y que ocupan más de 200 mil trabajadores, que son el 2 por ciento de la fuerza del trabajo nacional. Sin embargo representan el 30 por ciento del territorio nacional las concesiones otorgadas en casi 25 millones de hectáreas del país.
En 60 años México perdió su capacidad metalúrgica; heredó pueblos fantasmas, de lo que antes eran pueblos mineros; vio reducida su capacidad de planeación y posiblemente de progreso social, al perder fuentes de trabajo local que obligaron a la emigración masiva de sus habitantes a las grandes ciudades. En fin que ahora se contemple este impuesto, este recurso, me parece correcto. Y también podría decirles que al hablar de la minería mexicana, deberemos referirnos al aspecto legal.
El artículo 27 de la Constitución, promulgado desde el 17, trata sobre la posesión de las tierras, aguas y riquezas del subsuelo, definiendo que lo anterior es patrimonio puntual básico de la soberanía mexicana. No se puede definir su creación como una conquista solamente de la Revolución Mexicana, sino más bien sería el producto final de una tradición centenaria que se alimenta con los conceptos jurídicos propios desde los aztecas.
Tanto en la España monárquica como en el imperio azteca, recordamos, tuvieron como principios básicos el de la propiedad real de las riquezas del subsuelo. En ese momento, tanto el tlatoani como el rey de España eran, como representantes del Estado, los propietarios de las minas y sus productos.
Se puede concluir que la relación costo-beneficio, auspiciada por el actual sistema, dejó muy pocos dividendos para la nación mexicana, pero inmensas ganancias para unos cuantos grupos corporativos de la industria minera que al mejor estilo porfirista se han incrustado en las altas esferas del gobierno para asegurar la protección de sus intereses estrictamente oligárquicos; corporaciones que le dan un trato predador a nuestro país, que hacen patentes los múltiples señalamientos de politólogos, quienes critican al sistema neocolonial en materia minera, que implica la explotación desmedida y el ataque al medio ambiente de los recursos de nuestro país.
De 1521 a 1830, en 300 años, las minas de nuestro país produjeron 191 toneladas de oro y 33 mil de plata. Fíjense ustedes, en 300 años 191 toneladas de oro y 33 de plata. En 10 años, del 2000 al 2010, se han extraído 419 toneladas de oro y 56 mil 144 de plata; son datos de un investigador serio que ha escrito un artículo sobre este tema y que me parece muy importante rescatarlo.
Pero ¿sabes cuánto pagan las empresas mineras por hectárea? De cinco a 111 pesos por hectárea. Estas empresas, además de pagar estos ridículos precios por hectárea a los dueños originarios, piden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente créditos fiscales, tienen concesiones por 50 años renovables y pagan los salarios más bajos de Latinoamérica.
Esto se debe a las reformas a la ley minera de 1992, las cuales acabaron con el régimen de propiedad social de la tierra, y a lo anterior se adicionan los cambios a la Ley de Inversión Extranjera que equivocadamente han permitido la entrada del 100 por ciento del capital foráneo en estas empresas.
Como consecuencia, el 30 por ciento del país se encuentra concesionado, con la amenaza de que 800 proyectos a futuro puedan tener más hectáreas. La situación ha degenerado en casos en los que las transnacionales se valen de redes mexicanas de corrupción para operar de manera ilegal y con toda impunidad explotan despojan de tierras a los ejidos y comunidades.
Por eso vamos a votar a favor. Sin embargo, la desproporcionalidad del sistema recaudatorio mexicano que se propicia es inmensamente dispar. Voy a plantear, ciudadano Presidente, que plasme íntegro un documento que preparamos sobre este tema. Yo provengo de un municipio que muchos de ustedes conocen: Fresnillo. Fresnillo, Zacatecas, donde está el santuario donde se venera al Santo Niño de Atocha, ahí tiene 450 años explotándose la mina más importante de los últimos centenarios de años, es la mina Peñoles, de Fresnillo.
Es tan enorme la riqueza que se ha extraído y la pobreza que en mi pueblo existe, que un poeta zacatecano, Cabral del Hoyo –y con esto concluyo- Cabral del Hoyo decía: Fresnillo, si tu suerte no fuera tan ingrata, tus banquetas y calles serían de oro y plata. De ese tamaño es la injusticia de nuestro pueblo.
Por esa razón sé que muchos de ustedes también provienen de sectores mineros, y qué bueno que estamos aprobando; que es insuficiente, porque el 5 por ciento, realmente queda el 3.5, porque el 1.5 es por deducciones.
Y esta iniciativa, debo de decirlo, la presentamos en el Senado. El presidente ahora de la Cámara, presentó esta iniciativa y muchos la suscribimos, del 5 por ciento. En ese momento no pasó. Hoy espero que sí pase, porque la presión de las empresas mineras, de la oligarquía económica, es enorme contra esta decisión que la Cámara hoy está tomando. Por tal virtud, nosotros votaremos en favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro.
Doña Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidente. Para compartir totalmente los argumentos del diputado Monreal, mi paisano. Gracias a la gran riqueza arqueológica con la que contamos, la minería en nuestro país ha sido históricamente un sector de vital importancia para la economía nacional.
En la actualidad, la minería extractiva representa aproximadamente un 2 por ciento del producto interno bruto y genera más de 300 mil empleos directos, sin contar aquellos que se crean en otros sectores derivados de la necesidad de esta industria.
A nivel mundial, tal y como decía ya Fito Bonilla y Ricardo Monreal, ambos, todos nosotros procedentes de Zacatecas, México ocupa el primer lugar en la producción de plata, el quinto en plomo, el noveno en oro y el decimoprimero en cobre, además de ser considerado como el quinto país con mayor presencia minera dentro de una lista que incluye 72 países o regiones.
Lo anterior es una clara muestra del dinamismo que el sector minero nacional ha tenido en tiempos recientes y que de acuerdo a las proyecciones económicas a futuro, seguirá teniendo los próximos años.
Si bien es cierto, que debido a las fluctuaciones constantes de los precios de los metales en el mercado internacional, la boyante situación del sector minero podría transformarse en un panorama menos alentador, tampoco es que se pueda soslayar que durante los últimos años la industria minera ha sido una de las actividades de mayor rentabilidad en México, derivado sobre todo del ventajoso tratamiento fiscal a las que están sometidos actualmente los consorcios mineros.
La legislación minera vigente en nuestro país, así como las disposiciones relativas a la actividad, no producen beneficios a favor de la nación ni de los habitantes originarios de las tierras de donde se extraen los minerales, sino que favorecen únicamente a las grandes compañías.
Un ejemplo para ilustrar y redundar en el ejemplo que señalaba el diputado Monreal, Zacatecas, estado que también represento en esta legislatura, se localizan las más importantes empresas mineras productoras en el país de plata, plomo, oro y zinc. El valor de la producción minera en su conjunto en Zacatecas asciende en promedio anual a más de 40 mil millones de pesos, que representan aproximadamente el 6 por ciento del total del valor económico de la producción minera en el país.
Los impresionantes volúmenes de producción minera registrados de los más recientes años han posicionado a Zacatecas en los primeros lugares planetarios de la industria extractiva global. Más de 2 mil concesiones para la explotación minera operan en Zacatecas, que se distribuyen en casi el 60 por ciento del territorio de la entidad, sin embargo, debemos de decir que los beneficios económicos para Zacatecas y los zacatecanos son mínimos. La riqueza minera del estado no se ha traducido en el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población y esto se tiene que modificar en forma radical y por razones de justicia social.
Otra vez en el plano nacional, según informes oficiales los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales propiedad de la nación.
De acuerdo con datos de especialistas, tan sólo en el año 2010 el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera y los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron, en el mejor de los casos, a unos 20 millones de dólares, en cambio, este mismo año los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares, lo cual resultó una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos.
Hasta hoy, en nuestro país las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectáreas concesionadas. La fórmula está basada en la extensión de los lugares en los que se lleva a cabo la explotación y no en el volumen de las ganancias que obtienen por el usufructo de los recursos. Es por ello que las aportaciones derivadas de esta fórmula resultan más bien simbólicas y no reportan mayor beneficio para el estado.
Es igualmente imprescindible, además de razonable, garantizar que los recursos obtenidos por la reestructuración del régimen fiscal al que las empresas mineras están sometidas en nuestro país sean destinados a financiar el desarrollo de las comunidades en las que la labor extractiva se lleva a cabo, de manera tal que sus pobladores perciban de forma directa un beneficio productivo de la actividad minera.
Requerimos que la minería no solamente deje a la población salarios precarios, contaminación y enfermedades, es menester que la industria extractiva se convierta a favor de progreso y desarrollo humano de la población.
Por todo lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de establecer el pago de una contraprestación por parte de las empresas mineras por el aprovechamiento de la extracción de sustancias minerales, en beneficio de los estados y municipios en donde se realice la extracción minera. Gracias por su respaldo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD, tiene el uso de la voz.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de ustedes y con la venia del compañero presidente. Cada vez nos resulta más incomprensible el comportamiento que tenemos en este Congreso.
Simple constatar, compañero presidente, si le parece esto el desarrollo de alguna asamblea legislativa, más parecen, a veces, romerías de plaza pública, donde se recuerdan aquellos domingos, en aquellos pueblos tranquilos, donde cada quien tenía su plática y cada quien esparcía su tiempo como quería y obtenía su diversión.
Traigo esto a colación porque luego vienen reclamos de congruencia y de respeto a los reglamentos, pero se olvidan de actuaciones que van precisamente en el sentido contrario. Luego, se promueve, se acepta, se impulsa, se agiliza una ley preferente que no tiene reglamento y después reclaman congruencia y apego a los reglamentos cuando se trata del desarrollo de otra ley.
Pareciera entonces, más bien que romería de plaza pública, una Torre de Babel, donde no nos comprendemos no por el lenguaje o por el idioma, sino por los intereses que efectivamente tenemos que entender que representamos y que son distintos.
En esto deberíamos de basar la oposición a las reformas que hoy nos ocupan y no pensar y no atraer argumentos que sirven para una o para otra ocasión. Por qué no se dice que no se atienden a las comisiones con el fin de que no haya quórum, con el fin de eludir el debate de fondo, para después argumentar, de una manera infantil que primero se invoca al coco y después se asustan con él, de que se ha dado algún madruguete o se ha agilizado y no se quieren escuchar argumentos que se tienen.
Compañeros, compañeras, lo que hoy se impulsa es sólo una parte pequeña, pero completamente necesaria para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Todos los aquí presentes conocemos los pueblos mineros, los de la zona carbonífera de Coahuila, los mencionados de Zacatecas y muchos otros más en el país y basta pasar por sus calles polvorientas, basta pasar por cualquiera de los servicios sociales que deben de prestar y verán el deterioro o la ausencia.
Y cuando se trata de gravar para el beneficio de estas comunidades y de estos municipios, no se defienden los intereses de los pobladores, se defienden los intereses de los empresarios, y fracciones que ven que van a estar en minoría cuando se va a tomar una resolución de este tipo prefieren hacer el vacío.
Por eso, compañeras y compañeros, yo les llamo a que podamos votar a favor. No se puede seguir manteniendo en la situación de miseria, de atraso y olvido a nuestros pueblos y comunidades que han dado riqueza al mundo, que han dado riqueza a mexicanos, pero fundamentalmente a extranjeros.
Es completamente correcto y justo que podamos tener una ley que le regrese a sus municipios y a las comunidades algo de lo que se llevan, muy pequeño, por cierto, el 5 por ciento de la ganancia neta. Yo creo que la duda es mucho más allá.
Pero además, en las concesiones que se dan, por ejemplo el artículo 6 que hoy reformamos, de la Ley Minera, será un trato leonino. La actividad minera tiene preferencia sobre todas las demás actividades que se desarrollan ahí, sean económicas, sociales, culturales o ambientales.
Por eso, algunas de nuestras zonas arqueológicas hoy son invadidas, los centros ceremoniales de nuestros indígenas, porque la actividad minera tiene preferencia sin consultar a la comunidad, sin consultar al municipio, sin consultar con nadie. Hoy también eso reformamos. Y eso ayuda enormemente a que sea un pequeño paso.
¿Saben? Encontré en las comisiones una gran sensibilidad para discutir el tema y para poder ayudar a nuestros mineros en algo que tienen, cerca de 500 años de explotados y que no había habido una atención adecuada, una atención de calidad a nuestros pueblos.
Además, el compromiso de que éste es solo un paso, de que podremos dar lugar a una Ley Minera que permita, efectivamente hoy, mucho mejores condiciones de salud e higiene, de impactos ambientales, de respetos culturales y que permitan a nuestros pueblos, a final de cuentas, un mejor disfrute de la riqueza que yace en el subsuelo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Trinidad Secundino. Don Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy el Grupo Parlamentario del PAN se congratula en señalar que es un partido comprometido con México, con sus instituciones y con la gente.
En este sentido, todas aquellas medidas tendentes a la generación de empleo, mejora de las comunidades, creación de infraestructura y demás temas que puedan contribuir a un mejor país deben ser motivo de satisfacción y Acción Nacional se suma a este objetivo.
Quiero decir que la idea de esta iniciativa en general, que nos ocupa, no es mala. Sin embargo, el dictamen que hoy se presenta a esta soberanía tiene grandes deficiencias y problemas que no permitirán mejorar la legislación minera, de ninguna manera. Ello sin dejar de lado las graves irregularidades de procedimiento que han venido ocurriendo hasta la presentación del dictamen a este pleno.
Estas irregularidades y arbitrariedades cometidas por el PRI han creado un problema en el procedimiento legislativo, ya que de acuerdo al artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados el dictamen que así lo requiera –como sin duda es el caso– deberá contener una valoración del impacto presupuestario y regulatorio, máxime tratándose de modificaciones a conceptos de carácter fiscal.
Igualmente, en ningún momento se le solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados la elaboración de un análisis de esta iniciativa de contenido fiscal. Por si fuera poco, compañeros, se convocaron a reuniones de comisiones dictaminadoras a través de los secretarios, sin que se hubiera cumplido al término legal y reglamentario para ejercer esa facultad.
Lo que le hicieron a los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Economía, compañeros, no tengan duda, se lo harán a los demás grupos parlamentarios. Ésa es la cortesía parlamentaria que el PRI ha puesto en práctica.
El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados denuncia una violación flagrante al Pacto por México, documento avalado y firmado por diversos partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados. Las violaciones a este pacto que aquí se denuncian se sustentan principalmente en tres cuestiones de gran relevancia:
La primera. El dictamen que hoy se presenta representa única y exclusivamente una reforma al régimen de derechos, en este caso de los derechos mineros, los cuales deberían ser estudiados y analizados de acuerdo al calendario al Pacto por México en la reforma hacendaria en el siguiente semestre de este año.
Cabe señalar que de avalar la propuesta que hoy se presenta estaríamos estableciendo un derecho en una ley de carácter no fiscal, la cual sin dudar a equivocarme a través del juicio de amparo se vendrá abajo. No tengo duda de ello.
Siguiente. Acción Nacional no se opone de ninguna manera a la revisión de un derecho minero. Al contrario, estaríamos a favor del mismo, previo análisis y valoración de impacto presupuestal y regulatorio, tal y como o dispone –como lo dije– el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
A lo que se opone el PAN es a que se imponga de manera arbitraria un dictamen, como lo dije, sin un estudio previo de fondo que considere el punto de equilibrio entre la generación de empleo, atracción de inversión y el gravamen que se pretende establecer.
Es indispensable que la tasa de contribución tenga una justificación sólida que demuestre que la misma no afectará a la competitividad, la inversión y el empelo del sector minero. Situación que parece que legisladores de otros partidos no han querido analizar y cumplen únicamente con los mandatos de la cúpula del partido al que pertenecen, en detrimento no solo de los titulares de las concesiones, sino de los mismos trabajadores, de los pequeños mineros y del país en general, de su infraestructura y de su desarrollo tecnológico.
El Grupo Parlamentario del PAN se pronuncia por el estudio a consciencia de una contribución de esta naturaleza apegado a la realidad de la Industria Minera Mexicana tomando en consideración a las pequeñas y grandes empresas, las condiciones del mercado y las condiciones del país.
El PAN no quiere que la industria minera se vea afectada y se inhiba el crecimiento de la misma, no desea limitar la inversión y con ello que se pierdan oportunidades de empleo y desarrollo o la generación de otras contribuciones fiscales.
La tercera violación al Pacto por México, la cual consideramos la más preocupante, es la que se estaría dando en el punto 2.6 que habla sobre transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.
Es cierto que la propuesta que hoy vamos a analizar incluye –permite, concluir, presidente– es un tema importante y me parece relevante para todos los mexicanos, compañeros. Por tanto les pido su comprensión y respeto.
Reitero que es cierto, que esta propuesta que hoy vamos a analizar incluye conceptos para que los beneficios que la industria minera genera deban incluirse a los habitantes de las zonas donde éstas se establecen a que mitiguen los daños al medio ambiente, al respeto a las comunidades, lo cual suena bien. No obstante estos avances descritos en los acuerdos encaminados para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad del país, hoy nos los estaríamos, compañeros, llevando al carajo.
Compañeros, los legisladores tenemos la responsabilidad de buscar los mejores instrumentos para terminar con la pobreza, donde el empleo y el crecimiento económico sean los pilares para lograr este objetivo. Compañeros, tenemos que ser absolutamente responsables.
Con base en estas consideraciones antes expuestas, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades mineras, los trabajadores, la creación de empleos, la atracción de inversión, el desarrollo de infraestructura y obra social, todo en beneficio de México. Adelanto que mi grupo parlamentario votará en contra en lo general. Por su comprensión, gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Lourdes Eulalia Quiñones Canales, tiene usted el uso de la voz.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy se pone a nuestra consideración, reviste la mayor importancia para el desarrollo del país, toda vez que potencia al sector minero nacional, al tiempo que beneficia el desarrollo regional y fortalece a la economía popular.
Es decir, la propuesta plantea el impulso y consolidación del tan anhelado círculo vicioso entre explotación minera y beneficio social; vínculo indispensable en todo sistema moderno y democrático que privilegia como valor insustituible a la justicia social.
De ahí que el Grupo Parlamentario del PRI, se encuentra a favor del presente dictamen, ya que de ser aprobado estaremos ante la inminente posibilidad de avanzar en la justicia distributiva como condición necesaria para que las y los mexicanos accedan a mejores condiciones de vida y disfruten de los beneficios del desarrollo.
La propuesta que hoy se pone a nuestra consideración da respuesta a una sentida demanda social al establecer un destino específico para el monto de la recaudación fiscal derivado de las empresas mineras, el cual beneficia esencialmente a las entidades y municipios en donde se realizan las actividades de extracción mediante obras de claro beneficio social.
En síntesis, se pretende con esta reforma dar por terminada la terrible paradoja de tener empresas mineras boyantes y competitivas en regiones donde la pobreza y la desigualdad son las características de sus pobladores. ¿De qué sirve que un sector tan importante y estratégico de nuestro país como es la minería se desarrolle, si los beneficios no se traducen en bienestar y mejor calidad para la población?
Por ello estaremos a favor de establecer el pago de una compensación minera a las actividades de extracción de sustancias minerales, determinable a partir de un porcentaje propuesto del cinco por ciento respecto de los ingresos acumulables netos de las empresas mineras, así como establecimiento de un comité representativo de la federación, el estado, los municipios y empresas mineras por entidad federativa, a efecto de planificar las obras a realizar conforme a las prioridades de mayor beneficio social.
Es decir, el proyecto privilegia, además, la participación de las instituciones públicas, de la iniciativa privada y de los ciudadanos a efecto de atender la problemática social específica de las comunidades, dotando de certeza y transparencia el destino de los recursos.
En suma, nuestro voto a favor es un voto por el equilibrio social, por la justa distribución del ingreso y en beneficio de los grupos más vulnerables del país. Es un acto de congruencia en la lucha contra la erradicación de la pobreza y el desasosiego que ésta produce. Es ordenar desde la ley la reducción del contraste que produce la desigualdad.
Señoras y señores legisladores, la pobreza es intolerante en un territorio de abundancia. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Lourdes Eulalia. Tiene la palabra en contra don Rubén Camarillo. Inmediatamente después a favor don Víctor Manuel Jorrín; vamos a cantar las reservas y abriremos el sistema electrónico.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, presidente. Aquí se han venido a decir a la tribuna todos los argumentos que cada quien ha creído válidos para decir que hay que votar a favor de esta iniciativa.
Sin embargo, quiero también poner a su consideración algunos elementos del por qué no. Son tres razones fundamentales por las cuales el Partido Acción Nacional y su grupo parlamentario no pueden acompañar esta iniciativa a pesar, y lo quiero dejar muy claro, a pesar de que pudiéramos coincidir en el fondo de su contenido.
Primero: porque no podemos estar de acuerdo en aprobar leyes cuando éstas están plagadas de ilegalidades.
Segundo: porque es profundamente falaz el argumento de que esta iniciativa pretende favorecer a estados y municipios donde existe actividad minera, y
Tercero: porque existe una gravísima equivocación en el ordenamiento legal que en todo caso debería de reformarse. Y por favor, compañeros, no es la Ley Minera, es la Ley Federal de Derechos la que debió haber sido en todo caso modificada.
Me explico en cada uno de estos tres temas.
I: hubo suplantación de los presidentes de las comisiones de Hacienda y Economía.
II: las sesiones de comisiones unidas que fueron convocadas de manera ilegal por los secretarios, no tuvieron quórum, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento.
III: fue tal el tamaño de la pretensión de forzar su discusión que ayer mismo esta asamblea le llamó la atención al Presidente de la Mesa Directiva negándole el cambio en el orden del día.
Si eso no fuera suficiente, la pregunta aquí sería, a ver, si se tratara de beneficiar directamente a estados y municipios mineros, entonces la pregunta para todos mis compañeros del PRI: ¿Por qué no propusieron entonces modificar la ley para que los estados y municipios mineros fueran los que cobraran directamente estos impuestos? ¿Por qué pasar por la Federación?
Y tercero y finalmente, para que el presidente no me toque la campanita, finalmente no se entiende que se haya modificado la Ley Minera en lugar como debió haber sido la Ley Federal de Derechos.
Modifican la fracción II y se supone que dejan sin efecto la Ley Federal de Derechos. En la Ley Federal de Derechos hay un capítulo completo que habla de minería. ¿De dónde se sacaron ustedes esta iniciativa?
Conmino, si es que hay alguna explicación de por medio, a mi compañero el diputado Marco Bernal, que fue el iniciador de esta ley, que nos venga a decir. Compañero, usted bien lo sabe, hay un derecho similar que tiene que ver con los estados y municipios donde hay actividad petrolera. ¿De dónde se sacó esta ley, compañero? Por favor.
Al final desafortunadamente se van a quedar como el perro de las dos tortas, sin una y sin otra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Don Víctor Manuel Jorrín, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidente; compañeros diputados, en la reunión que se tuvo con las comisiones unidas, hice el comentario de que no estaba de acuerdo en que fuera solamente el 5 por ciento lo que se les cobre a las mineras, que debería de ser el 10 por ciento como mínimo lo que se les tiene que cobrar a las mineras porque explotan el patrimonio de una comunidad, de un municipio y de la nación.
Son miles de millones de pesos y de dólares que se llevan estas empresas y dejan en la pobreza; se llevan el recurso, dejan en la pobreza a ese municipio, contaminan y no regresan lo que se llevaron.
Por este motivo, hablar del 5 por ciento, aumentarles un punto, no es significativo. Si queremos ayudar a los municipios y buscar su autonomía, como lo ha mencionado el secretario de Hacienda, que los municipios cobren sus impuestos, entonces debemos decirle que ni siquiera de este 5 por ciento le debe de tocar a la federación el 30 por ciento, porque así lo reparte: de este 5 por ciento le va a dar el 70 por ciento a estados y municipios y de ese 70 por ciento, el 50 por ciento para el municipio y el 50 por ciento para el estado.
Con esta ley, la federación va a tener un beneficio, y sí sabe cobrar la federación los recursos que le corresponden al municipio, porque se va a quedar con el 30 por ciento; sin embargo, a los empresarios mineros no les va a cobrar lo que les corresponde.
Por lo tanto, la propuesta que hice en estas comisiones, que a final de cuentas, por la falta de tiempo no se pudo hacer la discusión con más tiempo, queda con el 5 por ciento, lo cual tenemos que votarlo a favor.
Sin embargo, la reflexión es que no corresponde lo que se llevan las mineras con lo que dejan de pobreza y enfermedad de los mineros.
Vinieron los mineros a platicar con nosotros diciendo que tenían muy pocos recursos para poder subsistir con estas mineras y que además corríamos el riesgo de que se perdiera la inversión. Es preferible perder la inversión que seguir perdiendo los recursos naturales y que sigan socavando el patrimonio nacional.
En este caso perder la inversión no significa que perdemos fuentes de empleo. Tenemos que buscar creatividad y generar nuestros propios empresarios mexicanos que hagan esta explotación.
Tenemos el caso de Mulegé, en Baja California Sur, en donde las mineras hacen cambio de propietarios y no le pagan tampoco el impuesto correspondiente al municipio por hacer cambios de propietarios. Hay muchas estructuras que tienen estas empresas mineras, que extraen el recurso natural y que no le regresan al municipio.
Ahora bien, se menciona que con este 5 por ciento van a poder ayudar a los municipios y les van a hacer el favor de hacerles alguna escuelita, algunas calles y darles algunos servicios. Sin embargo, los miles de millones se van a Europa o a Estados Unidos o a Canadá.
Aquí es donde tenemos que intervenir si queremos darle la autonomía al municipio, la autonomía económica, y la autonomía económica se puede lograr en estos municipios con el recurso minero que le pertenece al municipio. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Les voy a platicar de las reservas: 27 Bis, párrafo primero, el diputado Víctor Manuel Huerta Ladrón de Guevara en la ley minera. En la Ley de Coordinación Fiscal, el segundo párrafo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Segundo párrafo cuarto, diputado José Arturo López Cándido. En el 47 Bis diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo y en el proyecto de decreto en su conjunto, una modificación al artículo transitorio, firmado por don Tomás Torres Mercado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Habrá oportunidad en las reservas. No está usted registrada. Adelante.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Presidente, a favor 359; 19 abstenciones, 77 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y los artículos no reservados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que nos va a presentar sus reservas: el 27 Bis, párrafo primero de la Ley Minera, y el 2o, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Cada día, ustedes me van a ir dando más la razón. Al presidente le pido que les informe que voy a tener tiempo suficiente para hacer mis dos reservas.
Miren, alguien me preguntaba hoy del Pacto por México, por qué le llamo “pacto contra México”. Claro, porque es un fracaso; es un fracaso porque la mayoría del pueblo de México lo está sufriendo, nada más es cuestión de ver la televisión, por más que quieran manipular, ya empiezan a ver las respuestas sociales a sus...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, con todo respeto lo conmino a hablar sobre el tema de las reservas.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, claro que sí, es sobre el tema. Miren, y vemos sus contradicciones que aunque en temas importantes, son secundarios para los acuerdos estratégicos que toman, que no aparecen en las primeras planas de los periódicos políticos, sino aparecen en las planas de sociales, en la boda de Yucatán. Ahí están los que mandan en el país.
Y ahora sí les voy a explicar por qué. Ahí les va el tema. Miren, se dice que México tiene una tierra generosa y muy noble. De acuerdo a datos históricos del Inegi, en el transcurso de La Colonia se calcula la extracción de mil 700 toneladas de oro y más de 230 mil toneladas de plata.
Ante la riqueza minera, a principios del siglo XIX, el Barón Humboldt denominaba a México como el “cuerno de la abundancia”, tierra de abundancia, que de acuerdo a datos del mismo Inegi, del año 2001 al 1010 los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y cerca de 30 mil toneladas de plata en las minas mexicanas. El doble de oro y plata extraído en proporción de 1521 a 1821, y aún así se tiene el cinismo de pregonar que con el pago de un derecho especial a la minería atenta contra la libre empresa y la inversión de capitales nacionales y extranjeros, hay que tener vergüenza, compañeros legisladores y legisladoras, para seguir permitiendo y callar el robo que se hace al país.
Resume Francisco López Bárcenas, autor del libro El mineral o la vida, sobre la legislación minera en México, que la riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada en el despojo de los bienes de la nación
Este mismo autor refiere que en forma de miles de concesiones mineras, 50 años de vigencia renovables, se han entregado alrededor de 52 millones de hectáreas equivalentes a 26 por ciento del territorio nacional, en los últimos 30 años. He ahí uno de los motivos para desaparecer el amparo agrario de la nueva Ley de Amparo aprobada por el Congreso de la Unión, por ustedes.
Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, en octubre de 2012 declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El jefe de ustedes, Carlos Salinas de Gortari, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente al Grupo México, de Larrea, al grupo Peñones, de Bailléres, y Grupo Frisco, de Slim, controlando gran parte de la minera de este país.
Es increíble que se conviertan en voceros del capital minero nacional y extranjero para defender a ultranza las cuantiosas ganancias que extraen del suelo mexicano Carlos Slim, Alberto Bailléres González y Germán Larrea Mota Velasco. No son sólo los hombres más ricos del mundo, sino que los tres tienen negocios en el sector minero a través de sus empresas Minera Frisco, Peñoles y Grupo México, respectivamente.
Mientras que la riqueza de Slim creció 6 por ciento, la de Bailléres González, quien preside el Grupo Minero Peñoles incrementó su fortuna 10.3 por ciento, para acumular 18 mil 200 millones de dólares. Larrea Mota Velasco, ha amasado la tercera mayor riqueza del país, de más de 16 mil millones de dólares sólo al frente del Grupo México, también dedicado a la minera. Su fortuna creció en sólo un año casi 18 por ciento.
Hace unos días el Sindicato de Comunicaciones y Energía y Papel de Canadá, el Consejo Nacional de Recursos Humanos de la Industria Minera de Canadá, y la organización United Fil Worked denunciaron que empresas mineras canadienses están violando derechos laborales de trabajadores mexicanos en estados como Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Chiapas y Chihuahua, que ustedes representan. Señalan que las empresas mineras canadienses están teniendo un impacto negativo en los derechos laborales y humanos de los trabajadores y comunidades mexicanos.
No es posible que voceros extranjeros se preocupen y ocupen de nuestros mineros, mientras aquí sobren voceros de los depredadores de este país. Hablar de mineras en esta tribuna es hablar de explotación y vejaciones de los trabajadores mineros. Pasta de Conchos aún está pendiente.
Según información de la Camimex, el valor de la producción de 2010 llegó a 13 mil 900 millones de dólares para lo cual fue necesario una inversión de 3 mil 316 millones, equivale sólo al 25 por ciento del total de la producción minera nacional del año señalado.
Los efectos depredadores de la minería no sólo se presentan en las condiciones de trabajo inhumanas de los mineros, sino de la irresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salubridad –estoy culminando- en que desarrollan la actividad. Aunado a ello, la depredación del medio ambiente en el lugar de la mina y su entorno, la afectación del medio ambiente derivada de su extracción, transportación y beneficio de minerales difícilmente es reparado por la empresa minera.
Por ello, a todos los que piden tiempo, les proponemos aumentar el porcentaje del derecho especial que se propone del 5 al 8 por ciento, porcentaje que no cubre mínimamente el daño que ocasiona la actividad al medio ambiente y que del 70 por ciento de la recaudación total se le invierta y se le dé el 80 por ciento a los municipios y el 20 por ciento a los estados.
Sabemos, obviamente, que no van a aprobar estas iniciativas, que aunque en el fondo las compartan, porque ya lo he dicho, como dirían en el México prerrevolucionario: Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero hoy lo que decimos es: Pobre México tan lejos de Dios y ya llegó Carlos Salinas, el jefe de los 30, a ordenarles qué tienen que hacer para defender los nombres y los datos de las personas que he dicho en esta tribuna. Es una desgracia, por el pueblo de México...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Culmine, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ...cómo actúan los diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de admitirse a discusión las propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don José Arturo López Candido, del PT, tiene usted el uso de la palabra por tres minutos, para presentar reserva del artículo 2o., párrafo cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Está don Arturo López Candido? Ahí viene, viene despacito pero viene.
El diputado José Arturo López Candido: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. La iniciativa que yo presento es muy sencilla. En este planteamiento que hicieron o esta modificación o incorporación, lo que yo quiero plantear es que todos los sectores, la mayoría de los sectores han sido tomados en cuenta en estos comités de desarrollo regional para las zonas mineras, pero a los trabajadores no se les ha tomado en cuenta y a mí me parece que uno de los principales factores de desarrollo son los trabajadores.
Yo nada más quisiera que se incluyeran los trabajadores en este beneficio y me parece que es muy importante, porque de ellos depende mucho el proceso y el desarrollo de la minería en nuestro país. Eso es lo que yo quisiera que nos apoyaran y que no se nos olvidaran los trabajadores. Así como se incorporaron a la mayoría de los sectores, lo que no veo es a los trabajadores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la reserva.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. La siguiente, del 47 Bis ha sido retirada. Y la que tiene que ver con el primero transitorio la explico. Básicamente es que en lugar de que entre en vigor al día siguiente de su publicación entre a los 90 días. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión. Es la de don Tomás Torres Mercado, que dejó instrucciones para que así se hiciera.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte a la asamblea si autoriza a que el término de 90 días pase a formar parte del primero transitorio.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a que forme parte del artículo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así las cosas, ábrase el sistema electrónico de votación, a efecto de recabar la votación del 27 Bis, párrafo primero, el 2º, párrafo segundo, del 2º, párrafo cuarto, del 47 Bis y del primero transitorio.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Señor presidente, estamos tocando un tema realmente esencial. Tiene que ver con un asunto, porque el 30 por ciento del país está concesionado y estamos aquí haciendo un análisis de un impuesto que permitiría que por lo menos una pequeñísima de las ganancias enormes que tienen las empresas mineras pudiera ir a los estados, a los municipios y a las regiones que son depredadas y destrozadas por la acción de las mineras nacionales y extranjeras.
Pedí la palabra cuando se iba a pasar a la votación en lo general y usted me señaló que sería posteriormente, cuando hubiera el momento de las reservas.
Por eso es que ahorita estoy interviniendo, con la intención de dar a conocer mi opinión respecto de que esto que se está presentando es positivo, hay que votar a favor, siendo insuficiente, porque se tiene que ir a una reforma a la Ley Minera integral, que garantice que las mineras reinviertan por lo menos una parte de sus gigantescas ganancias en esas regiones depredadas. Y que el daño al medio ambiente, que es brutal, porque se deteriora el ambiente, la flora, la fauna, la tierra, el agua, el aire, que pudiera mínimamente ser reparado y los enromes recursos se reinviertan para el crecimiento de nuestro país. Era con ese objeto. Provengo de un estado minero y de un país minero, que ha sido saqueado.
Y, por tanto, considero que además la Ley de Coordinación Fiscal tendría que garantizar que todos los ingresos por derechos mineros fueran a los estados y las regiones donde están las empresas mineras. Para eso quería intervenir, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal de los artículos que he mencionado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 2o., 27 Bis, 47 Bis, en términos del dictamen; artículo primero transitorio, con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, a favor 341 votos, 16 abstenciones y 68 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.
En estos términos, de la fracción e) del artículo 72, es que se da esta discusión. Tiene el uso de la voz don Julio César Moreno para ilustrar a la asamblea respecto de este trámite.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el día de hoy se somete a discusión y, en su caso, aprobación la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que de ser aprobada sentará las bases para que nuestro país se encuentre a la vanguardia en el campo de las telecomunicaciones dentro del contexto de un mundo globalizado.
No cabe duda que, desde el primer momento en que se comenzó a discutir el tema de telecomunicaciones en el seno de esta soberanía, teníamos conocimiento de que en nuestras manos se encontraba una de las reformas más trascendentales de esta Legislatura, ya que los intereses que se trastocaron no son menores.
Y es por ello que, el trabajo legislativo que hasta hoy se ha realizado en ambas Cámaras ha tenido como única finalidad lograr una profunda transformación en esta materia en beneficio de todos.
Por ello, a lo largo de este proceso legislativo hemos tenido presente que las telecomunicaciones fortalecen todo Estado democrático, porque permiten el acceso a una dimensión inacabable de información, de conocimiento, de aprendizaje, de nuevas capacidades y a posibilidades inmensas de comunicación con otras personas e instituciones.
En este sentido, esta Cámara de Diputados creó una reforma completa que no dejó nada a la desatención, sino por el contrario, previo los elementos indispensables para fortalecer el derecho a la información y las tecnologías, a través de la creación de organismos especializados que con su función, lograrán que el sector de telecomunicaciones sea estable y robusto.
Por ello, celebramos que el Senado de la República se sume al espíritu de la reforma aprobada en esta Cámara, fruto del consenso y del trabajo de las comisiones y el pleno de ambas Cámaras al incluir lo siguiente:
Se específica que el organismo público de telecomunicaciones que preste el servicio de radiodifusión será un organismo descentralizado. Se incluye dentro del concepto de concesiones sociales a las comunitarias e indígenas. Se incorporan como contrapesos a los órganos de IFETEL y el de Comisión Federal de Competencia Económica, los que deberán presentar un informe de actividad trimestral. Se establece que por falta grave los comisionados de los órganos puedan ser removidos de su cargo.
Asimismo, se señala que cada órgano deberá contar con una contraloría interna. En los servicios de telecomunicaciones se precisa que los mismos se prestarán en condiciones de acceso libre y sin injerencias arbitrarias, sin confundir esta expresión con la gratuidad de los servicios. Se establece que el IFETEL fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, previa opinión de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días.
En materia de amparo, las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
Solamente en las resoluciones que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo. Por lo cual se daría una suspensión de hecho, ya que será hasta que el juicio de amparo culmine con una resolución que las sanciones puedan aplicarse.
Respecto de las resoluciones emanadas del procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrán impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.
Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que no debemos dejar de lado que nuestra nación se encuentre atrasada en lo referente a procesos transformadores, generando así el estancamiento y retraso de diversos sectores de nuestra sociedad, ya no podemos esperar ante un mundo cada día más globalizado y con una evolución tecnológica incesante en la que impera la innovación.
Los legisladores como representantes del pueblo debemos de estar conscientes del control que se debe ejerce sobre el servicio de televisión y telefonía, sectores que desde hace décadas se encuentran intactos sin ser objeto de reforma alguna, por lo que proponemos actualizarnos mediante una expansión del mercado que permita una participación más amplia de diversos grupos, lo que se reflejará directamente en la economía de cada mexicano, quien podrá elegir entre las diversas opciones que se le presenten teniendo acceso a tecnologías de punta y contenidos de calidad en las transmisiones.
De este modo, con reglas claras y abiertas, con una autoridad fortalecida, con límites a la concentración, con obligaciones bien establecidas en cuanto a calidad, costo y continuidad de los servicios, las telecomunicaciones cumplirán mejor su papel dinamizador de la economía y la participación social en el desarrollo nacional.
Señores legisladores, los invito a votar a favor del contenido de esta minuta, ya que en materia de telecomunicaciones no podemos darnos el lujo de permanecer en el estancamiento.
Tengamos presente que la pluralidad de opinión, así como la calidad de los servicios y contenidos, nos reflejará como una sociedad más competitiva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Luis Antonio González Roldán, ha declinado; doña Lilia Aguilar Gil –le pregunto–, tiene usted el uso de la voz. Declina también. Don Ricardo Mejía Berdeja declina. No. Pase usted.
Esta Presidencia saluda rápidamente a alumnos del cuarto semestre de la Universidad de Guadalajara, invitados por la diputada Celia Gauna.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, es lamentable ser testigo de la abdicación que se vive en esta Cámara. Mientras en el Senado se dieron la oportunidad de convocar a foros, discutir con especialistas, turnar esta reforma a diferentes comisiones, aquí se canceló el debate y se violaron procedimientos parlamentarios.
Los diputados y las diputadas de los grupos mayoritarios abdicaron a su función representativa y a su encomienda como Cámara del pueblo de México. Así lo hicieron con esta reforma de telecomunicaciones como con la reforma laboral y la reforma educativa. Y así lo harán seguramente con otras reformas entreguistas como la reforma energética.
Ayer, a propósito de un punto de acuerdo de la reforma a los artículos 25 y 26 constitucional, señalamos que sólo siete Legislaturas habían aprobado esta reforma que fue desde el 13 de diciembre. La Dirección de Proceso Legislativo nos informa que al día de hoy sólo van 13 Legislaturas.
Es decir, es una reforma constitucional que inició primero que todas y está ahí estancada durmiendo el sueño de los justos. No interesa porque quizá no hay facturas que pagar y por eso no hay la urgencia en los trámites parlamentarios.
Hemos criticado que esta Cámara se ha convertido en una oficialía de partes, pero desafortunadamente la están convirtiendo ya en una ventanilla de Trámites. El Senado de la República se ostenta ya como el único contrapeso en la República e incluso se da el lujo de proponer reformas en materia de deuda cuando no tiene facultades para ello, según el artículo 72 en su inciso h).
Pero esto es producto de la inacción de esta Cámara del pueblo de México. Y es que de manera centralista con el Pacto por México, se imponen leyes, se pisotean procedimientos parlamentarios e incluso se dicta línea para reprimir movimientos sociales, se manosea la Constitución sin recato y sin técnica parlamentaria ni legislativa.
El Pacto es un instrumento excluyente y entreguista, un supremo poder conservador y es la palanca de la restauración autoritaria del PRI de hoy.
Por eso nos llama la atención que hay quien se duele de los excesos de su socio en el Pacto, me refiero al PAN y al PRD, sin embargo ahí están. Por eso decíamos que se enojan en el día y se contentan en la noche.
Es como una relación sádico masoquista en el que uno golpea y el otro se regocija en el sufrimiento. Por eso decimos que es la hora de las definiciones políticas.
Su primer producto, la reforma educativa, ha generado más problemas que soluciones. No hay un nuevo modelo educativo en el país, lo que hay es el modelo Acteal de Emilio Chuayffet para reprimir a los maestros y atenazar a los gobernadores para que den línea en los congresos locales.
En Guerrero, como en Acteal, Chuayffet sabía lo que podía pasar y forzaba imponer una ley y siguió adelante.
Mientras a unos maestros se les criminaliza o se les lleva al borde de la desesperación social, otro maestro, Humberto Moreira es comisionado del SNTE y disfruta una beca en España, mientras saqueó por 40 mil millones de pesos al estado de Coahuila.
Esto es en el Pacto por México y la reforma que hoy discutimos, la de telecomunicaciones, no evade esta circunstancia.
Hemos dicho que no es más que un trueque entre Slim, que podrá invertir ahora en televisión y Azcárraga que podrá invertir ahora en telefonía. Y ¿dónde queda el pueblo de México? Los servicios son los peores y los más caros y ahí no se hizo nada para resolverlo.
Hemos dicho que el Senado abrió la discusión pero también tuvo retrocesos. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para ser comisionado de esa institución, se bajó a un año como requisito de no haber sido procurador general de la república, diputado federal, diputado local, jefe de gobierno o gobernador. Es decir ¿qué se va a construir un Pritel, como tenemos ya una Pridesol? ¿Habrá línea o ya hay dados cargados hacia algunos comisionados?
Sigue interviniendo el Banco de México y el INEGI en este consejo. En la inversión extranjera se sigue manteniendo al 100 por ciento y lo hemos señalado que esto es parte de la extranjerización de la vida nacional. Ya hoy hay críticas muy fuertes a la reforma al artículo 27. Ayer pasó un poco de noche, pero la gente ya se está dando cuenta de este crimen a los bienes nacionales.
Por todas estas razones, ratificamos nuestro voto en contra de la reforma constitucional. No se establecieron –concluyo, Presidente, eran 10 minutos por ser reforma constitucional– porcentajes para las radios comunitarias; simplemente se mencionó pero no hay porcentajes.
Por todas estas razones vamos a votar en contra e invitamos a los legisladores nacionalistas y progresistas del país a votar en contra de esta reforma. No es la gran reforma como se ha querido vender, no es la caída del muro de Berlín ni es algo que se le parezca. Es un parto de los montes para seguir beneficiando a grupos oligopólicos en México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Federico González Luna Bueno, tiene usted el uso de la voz. ¿No está don Federico? Declina. Doña Roxana Luna Porquillo.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Está culminando el proceso deliberativo en el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal establecía, en términos generales, aspectos medulares de la reforma desde un punto de vista institucional, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y el Organismo Público de Radiodifusión sin fines de lucro, los tribunales especializados y otros.
Sin embargo, la propuesta presidencial requería del aporte del Constituyente Permanente para incorporar diversas demandas sociales siempre postergadas por el poder político. Diversos diputados, diputadas y senadores del Partido de la Revolución Democrática hicimos énfasis en la importancia de incluir dichas demandas sociales en la reforma constitucional y no postergarlas a una eventual adición en la legislación secundaria.
Dentro de dichas demandas sociales que hoy están en la minuta para su aprobación en este dictamen, están las siguientes: primero, el que los medios de uso social incluyan expresamente a los medios comunitarios e indígenas. Esto debido a que al día de hoy los medios de comunicación comunitarios tales como radios comunitarias o no existían o estaban por desaparecer.
Por su parte, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener sus medios propios de comunicación había sido una ilusión constitucional por no existir una figura jurídica que les diera vida.
Esta reforma obligará a que al elaborar la ley secundaria se prevea un proceso simplificado para la existencia de los medios sociales para permitir la viabilidad financiera, y todo esto pueda contribuir a la pluralidad.
2o. El reconocimiento del derecho de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones.
Las audiencias en México hemos carecido de los derechos elementales como radioescuchas y televidentes. Las audiencias hemos estado a merced de los buenos o malos contenidos que los concesionarios y permisionarios difunden a través de las frecuencias del espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación.
Por otro parte, los usuarios de las telecomunicaciones hemos tenido derecho como cualquier consumidor, sin importar la experiencia comparada desde que diversos derechos se adicionan, y los específicos para los usuarios de telecomunicaciones.
Por lo cual, esta reforma constitucional, además del reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios en telecomunicaciones, busca materializarlos y hacerlos realidad al ordenar al Congreso de la Unión a legislar lo necesario para incluso, establecer los mecanismos de protección efectiva.
3o. El derecho de los gobernados a tener un acceso a las telecomunicaciones libre y sin injerencias de arbitrajes fue incorporado. Esta precisión es importante, toda vez que en otros países el acceso especialmente de internet, se había visto por razones de índole político o comercial, con una notoria afectación a los derechos humanos de los gobernados.
En este sentido, incluir la obligación del Estado de garantizar el acceso libre y sin injerencias arbitrarias se rige como un reconocimiento más pleno de la evolución de los derechos humanos en la era digital.
4o. La necesaria rendición de cuentas de los órganos reguladores de telecomunicaciones y de competencia económica fue un hecho explícito en la minuta derivada de la Cámara de Senadores, con lo cual se obliga a los titulares de dicho órgano que comparezcan ante la Cámara del Congreso de la Unión, amén de las obligaciones que se incluyan en las leyes reglamentarias para asegurar la transparencia y una efectiva rendición de cuentas.
La reforma constitucional que está aprobándose finalmente en este Congreso de la Unión pasará a las legislaturas locales, quienes lo tendrán que aprobar o, en su caso, ratificar.
Esto es solo el principio porque en la tarea del Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones y competencia económica continuará a marchas forzadas, siempre con el compromiso de velar por el interés público, con lo cual los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor y reiteramos nuestro compromiso irrestricto por incluir todas las disposiciones legales para la igualdad en el acceso de telecomunicaciones, radiodifusión e internet, para reflejar las necesidades de las minerías y los grupos vulnerables, y lograr que no sólo estén las demandas legítimas del sector privado, sino que también y en primer lugar esté el ciudadano de a pie, considerado como el beneficiario principal y directo de esta legislación a emitirse. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia informa que está inscrita doña Purificación Carpinteyro en pro; don Manuel Huerta Ladrón de Guevara en contra y don Fernando Belaunzarán Méndez en pro. Y con esto se cierra la lista de oradores.
Tiene el uso de la voz doña Purificación Carpinteyro. Está usted registrada con una reserva.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Diputados, diputadas, colegas todos en esta Cámara de Diputados. Hoy una vez más tenemos que congratularnos porque a pesar de todas las modificaciones, 27 modificaciones que fueron realizadas por el Senado de la República, la verdad es que no existen más de cuatro que tengan alguna trascendencia.
Lo penoso del caso es que, con el respeto que me merecen nuestros colegas pares de la Cámara alta, es que las cuatro que de alguna manera fueron incorporadas son en su gran mayoría un retroceso. Específicamente me refiero yo a los cambios que se le hicieron al artículo 28 constitucional, que en la fracción VII establece que las decisiones de la Comisión Federal de Competencia en materia de imposición de multas y desincorporación de bienes y activos, no podrán ser ejecutadas sino hasta después de que se haya terminado el proceso de juicio de amparo que eventualmente puedan interponer las partes, o también aquella en donde efectivamente se incluye –y así lo dice, incluyendo– a las radios comunitarias y a las indigenistas como parte de las radios sociales, tal y como lo habíamos previsto nosotros aquí en esta Cámara de Diputados con buena reflexión, pero lamentablemente también incluyeron la restricción de que no podrán tener fines de lucro.
Es decir, si efectivamente las radios indígenas ahora ya están consignadas en la Constitución en palabras, no obstante, el costo que tuvo el haber sido incorporadas textualmente, es que les quitaran la posibilidad de que realmente compitieran por publicidad para poder sustentar sus operaciones.
Yo no veo cómo podemos hablar de modificaciones o de que nos van a enmendar la plana, cuando lo único que estamos viendo es que lo que hizo el Senado con estas modificaciones, fue atender posiciones demagógicas, pero eso sí, clavarles el puñal por la espalda a quienes se la solicitaron.
Hicimos muy bien nuestro trabajo, señoras diputadas y diputados. Hicimos una reforma que puede y va a transformar al país, no sólo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sino en materia económica, atendiendo a todos y cada uno de los sectores que en muchos casos se encuentran con una elevada concentración en manos de los grupos que los encabezan.
Le dimos dientes a la Comisión Federal de Competencia para actuar en contra de ellos, el Senado se los quitó, pero no se preocupen, porque habrá eventualmente las leyes secundarias en donde tendremos la oportunidad de, efectivamente, rehacer aquello que el Senado deshizo.
Felicidades, señores diputados. Y el PRD se posiciona a favor, esperando que ésta sea la definitiva, que una vez más este proceso concluya aquí en el Congreso de la Unión para que sea turnado a las legislaturas de los estados y eventualmente sea promulgada, para que nos pongamos a trabajar en realmente hacer que esto que hemos logrado sea en beneficio de todos los mexicanos. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, en contra.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Hablo a nombre de muchos mexicanos que militamos en el Movimiento de Regeneración Nacional y agradezco al PT ser parte de su fracción.
De nueva cuenta esta Cámara de Diputados aborda la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones como consecuencia de algunas modificaciones que la Cámara de Senadores aprobó con 118 votos a favor y 3 en contra.
Las propuestas que presenta el Senado, da cuenta de modificaciones que sustancialmente no cambian el sentido de las reformas que esta Cámara aprobó en la materia. Por ejemplo, se deja intocada la inversión extranjera al 100 por ciento, algunas modificaciones perfeccionan la protección de intereses particulares.
Se encuentra que entre las modificaciones del Senado, en el artículo 28, párrafo diecinueve, fracción VII, se establece lo siguiente. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas a la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones -le agregan-, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.
Esto es, se establece una especie de suspensión provisional que protege a los concesionarios de la ejecución de resoluciones de los órganos autónomos, propuesta que se contrapone con la reforma que recientemente aprobó el Congreso de la Unión en la Ley de Amparo, misma que en su artículo 128, fracción II dice que la suspensión se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y ni se contravengan disposiciones del orden público.
Ya el artículo 129, fracción XIII de esta misma ley determina que se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se impida obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución.
El artículo 28, párrafo 19, fracción VII establece una excepción a uno de los elementos de la ley, la generalidad. En doctrina jurídica las características de la ley son la abstracción, la generalidad y la impersonalidad o indeterminación individual o particular.
La generalidad como elemento de la ley no se cumple en la visión que presenta el Senado. Con ella se concede una protección especial a los concesionarios ante actos de autoridad en materia de bienes referidos en el 27 constitucional, con lo cual se ha de cumplir con la ley en los casos en que los órganos sancionen a los concesionarios, violentando el 13 constitucional, que establece prohibición de leyes privativas.
En el tercero transitorio, fracción III, no existe claridad en el reconocimiento de los medios comunitarios indígenas, esto es, la inserción que se hace no es garantía para el ejercicio de le derecho de las comunidades y pueblos indígenas al acceso a concesiones en radiodifusión.
El derecho a la información de las comunidades, culmino, presidente, de las comunidades y pueblos indígenas, no puede ni debe ser tratado como un acto administrativo de registro. Este derecho debe ser garantizado en forma plena, su exclusión de las disposiciones constitucionales que se reforman devienen en un acto de discriminación y trato desigual.
Esta Cámara tiene la obligación de establecer procedimientos y medios para la viabilidad del derecho a la información de las comunidades indígenas, pueblos originados en México, garantía que no se satisface con la edición que remite el Senado.
El desarrollo en nuestro país de las telecomunicaciones debe ser incluyente, culmino, atendiendo en simetrías económicas, sociales y culturales para atender a la población que se encuentra al margen, y acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Toda vez que las propuestas que remite el Senado tienden a simular un cambio democrático en el acceso y uso de las telecomunicaciones, facilitando las acciones de empresas privadas, nacionales y extranjeras que disponen de concesiones con la finalidad de lucro desmedido y explotación de mercados cautivos, manifiesto mi voto en contra del dictamen que hoy se presenta, porque esta reforma no favorece al pueblo de México, solo da preferencia a Televisa y a Carlos Slim.
Y ojalá tuvieran la fuerza, el valor y los argumentos para subirse a esta tribuna a decir que no es cierto lo que estoy diciendo, con argumentos. Sé que es difícil porque ustedes, estoy seguro, ni siquiera leyeron lo que nos mandó el Senado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Fernando Belaunzarán tiene usted el uso de la voz.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Algunos piensan que la realidad brota como si fuera un manantial, de su boca, y piensan que ahí están estableciendo la verdad.
En su contra corre la memoria. Y no digo ni siquiera la larga memoria, la memoria más corta, la que podemos ver. Si uno verifica la agenda legislativa que presentó la izquierda en el primero, como frente político de izquierda, en materia de telecomunicaciones, lo compara con esta reforma, vemos que sacamos más del 80 por ciento de lo que pedimos en esa ocasión.
Si uno recuerda la campaña electoral que tuvimos, y que todos defendimos como nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, lo que él fue a los medios de comunicación a decir sobre este punto, porque este fue el punto más álgido de la campaña electoral, recuerden que le dio su mano amiga fraterna a Joaquín López Dóriga.
Pero también me acuerdo una entrevista con Carmen Aristegui, muy respetada periodista, y le dijo Carmen: ¿Qué quieres en telecomunicaciones? ¿Cuál es tu propuesta? Y le dijo: Carmen, lo que quiero es competencia, que Carlos Slim pueda participar en televisión y que Azcárraga pueda transmitir en telefonía.
Pues, bueno, la reforma en Telecom es eso y muchísimo más. En un exabrupto han calificado esta reforma como la Ley Televisa dos. Que desvergüenza. En la Ley Televisa había refrendo automático, ahora todo va a ser licitado, todas las concesiones serán licitadas, ahora va a haber concesiones sociales que no van a ser bajo criterios económicos, son grandes avances que van ayudar a la competencia, vamos a ver que haya condiciones para que haya una mayor pluralidad, derecho de réplica, etcétera.
Por supuesto, toda reforma es incompleta y hay cosas en la agenda, vamos por lo que nos falta, pero demos este paso que no es cualquier cosa. Esta reforma sí es un parteaguas, un antes y un después.
Soy enemigo de la narrativa que ve a los enemigos de la patria, y dice: vamos a acabar con estos, que son los enemigos de la patria, para que renazca vigorosa como si fuera la mañana. No, ellos también pueden contribuir. Pero hay una cosa fundamental, hay intereses legítimos en la sociedad y el papel del Estado es acomodarlos, regularlos, arbitrarlos, que esos intereses legítimos no vayan sobre otros intereses legítimos de los mexicanos.
Y esto es lo que estamos haciendo, el Estado que perdió esa fuerza porque estábamos precisamente en la lucha de facciones, absoluta lucha de facciones, y no había visión de Estado, el estadista es el capaz que puede ver a pesar de las diferencias cuáles son las necesidades del Estado, y ésas son las reformas que estamos sacando.
Y ésta es una de ellas, que va a ser no destruir una empresa o dos, los vamos a obligar a que compitan, a que inviertan, a que en lugar de ver que en el mundo a ver qué otro mercado puede conquistar que primeo conquisten el nuestro, porque –sí– es un riesgo para sus intereses, nadie lo niega, pero también es una oportunidad. Una oportunidad para que puedan renovar, innovar, etcétera.
Por eso, a pesar de las acciones regresivas que nos trajeron la hoguera de las vanidades, que es el Senado de la República, hay algunos avances como los derechos de la audiencia, que valoro, pero hay otras regresivas de esta hoguera de las vanidades del Senado. A pesar de eso hay que ir a favor, ¿por qué?, porque el punto clave es cómo vamos a cambiar este país.
¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Lo vamos a cambiar con grandes acuerdos como son los que estamos haciendo en el Pacto por México? ¿Así los vamos a cambiar? ¿O lo vamos a cambiar con bombas molotov, destruyendo, con gente que ni siquiera da la cara, con palos, tomando las cosas y apoyando la barbarie? Los cambios en este país lo vamos a hacer con acuerdos. Esos s también lo que prometimos en nuestra campaña.
El Acuerdo Nacional fue uno de los puntos fundamentales del candidato de las izquierdas; ése. Podemos discutir si no están de acuerdo, podemos rediscutir lo que quieran; pero lo que no podemos aceptar es la violencia. Ahí tenemos que condenarla y condenar la violencia no es llamar a la represión, condenar la violencia es decir este camino no se vale.
Vamos a apostar a la política y la política genera acuerdos para cambiar este país. Y estoy muy orgulloso de votar a favor de esta reforma. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Fernando Belaunzarán.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene reservados: el párrafo primero del artículo 6o., por doña Lorenia Iveth Valles Sampedro; el párrafo 16, del artículo 28, por la diputada Luisa María Alcalde; el párrafo 19, fracción VI, del artículo 28, por la diputada Gloria Bautista Cuevas; el párrafo 19, fracción VII, artículo 28, por la diputada Zuleyma Huidobro; el párrafo 19, fracción VII, del artículo 28, por don Luis Alberto Villarreal; el párrafo 19, fracción VII, del artículo 28, por la diputada Purificación Carpinteyro; el artículo 28, por la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga; el párrafo 22, fracción III, del artículo 28, por Gloria Bautista Cuevas; y el párrafo 22, fracción VII, por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán; el párrafo primero, del artículo 6o., también por Fernando Zárate Salgado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto recabar votación nominal, en lo general y por los artículos no reservados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que se emitieron 409 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. De conformidad con los artículos 109 y 110 del Reglamento de esta Cámara, presentamos la reserva en el artículo 6o, en su primer párrafo.
La minuta del Senado señala: Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero; provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley; el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Nosotros proponemos que se agregue una parte al final de este párrafo que dice: El acceso a Internet será libre y gratuito. Tal cual, con todas sus letras; sin simulación, sin doble discurso.
Las radios comunitarias y el derecho a la información serán garantizadas por el estado de derecho, y me dirán: si ya en alguna parte del dictamen vienen mencionadas la radio comunitaria y la indígena. Sí, pero lo hacen en un transitorio, en la parte operativa. Nosotros queremos que se considere en el artículo 6o, para que se garanticen como un derecho constitucional. Esto es que se permita legislar en un sentido estricto estos temas que consideramos fundamentales en ésta, la que dicen, es una ley de avanzada.
Tenemos claro que el Internet libre, gratuito y las radios comunitarias no son parte importante para un sector que decide por las mayorías, pero para esas mayorías acceder a información veraz en tiempo real y enterarse por medios alternativos de lo que pasa en su entorno, sí es fundamental.
Ya no puede esconderse la verdad como antaño en donde las noticias no llegaban o llegaban sólo las que se manipulaban. Pueden hacerlo y se resisten, aunque saben que esta batalla ya está perdida. La información fluye se quiera o no a través de los medios alternativos de comunicación.
El conocimiento no puede ser secuestrado por una élite, mucho menos la voz popular. Si consideramos que México es una democracia, demos el derecho que tienen las y los mexicanos de acceder libre y gratuitamente a Internet; y de escuchar lo que consideren adecuado desde las radios comunitarias.
No compartimos el discurso falaz de que todo en la vida cuesta si se ve reflejado para los que menos tienen. Nada les cuesta, son los que aprovechan todos los beneficios –esa élite- que da el gobierno en este campo.
Acceder al conocimiento significa mayor cultura, mayor capacidad, mayor entendimiento de las cosas. No le tengamos miedo a que la sociedad piense, analice, tenga información suficiente, adecuada, para hacer ese análisis. Es muy importante que atendamos estas propuestas. No dejemos esto solamente en simulación.
El consumismo en este país que se tiene en términos de comunicaciones y particularmente del celular; aunque se vive en la pobreza muchos jóvenes tienen acceso a través del Internet a esta información.
Vamos construyendo un nuevo país basado en el conocimiento, en el libre acceso y gratuito al Internet, en las radios comunitarias que no constituyen una elite y que demos voz a los reclamos ciudadanos. Es necesario ya que se legisle en esta materia pero como un derecho constitucional, no allá, alejado en un transitorio en la parte meramente operativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada Valles Sampedro.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de la diputada Valles Sampedro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, en consecuencia se desecha.
Tiene ahora el uso de la voz el diputado Fernando Zárate Salgado, para presentar una reserva al mismo párrafo primero del 6o., constitucional.
El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. Legislar es nuestra principal responsabilidad. Esta gran reforma que desde 1995 no se ha considerado ninguna otra de gran calado, sobre todo para ampliar el espectro de libertades y derechos.
Se legisla por responsabilidad, no por vanidad. Nosotros exigimos en este momento que el Senado evite protagonismo y ego innecesario, rudeza legislativa y ego autoritario y se dedique a su principal responsabilidad y esto es, legislar.
Este Congreso en una súper mayoría, casi unanimidad, ha ejercido esa responsabilidad y le rinde cuentas al final de este periodo a los ciudadanos. Le exigimos al Senado que cumpla con su responsabilidad, que una vez que se apruebe esta reforma, cumplan. Esto implica que aprueben la reforma en telecomunicaciones. De no aprobarse la reforma en el Senado, tendrán que rendirle cuentas específicas a la nación.
Aquí este Congreso está en disposición y lo ha estado continuamente para rendirle cuentas a la nación. Veremos qué hace el Senado en los siguientes días. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Zárate.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Fernando Zárate. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Tiene ahora el uso de la voz para presentar su reserva al párrafo 16 del artículo 28 la diputada Luisa María Alcalde Luján.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, Presidente. Antes que nada, me gustaría aclarar, con todo respeto, lo dicho aquí por mi compañero Belaunzarán con respecto a que esta era la reforma por la que peleaba Andrés y todos nosotros que lo hemos acompañado en esta lucha y en este movimiento.
No hay tal. Basta leer el nuevo proyecto de nación y darse cuenta que la lucha por democratizar los medios era una cuestión distinta, no sólo era una cuestión de competencia, era una cuestión de garantizarle a la sociedad su participación en algo que le pertenece, que son los medios de comunicación.
Es por esa congruencia que hoy en esta tribuna presento la siguiente reserva. Es sin duda un paso que en el Senado de la república se hayan reconocido expresamente las concesiones para uso comunitario e indígena, tema que no pudimos sacar adelante aquí.
La modificación en nuestra minuta representa un acto legislativo de reconocimiento a algunos de los sectores más importantes de nuestro país. Sin embargo, falta el paso más importante: garantizar su participación efectiva en el espectro radioeléctrico, así como la de todos los otros sectores que representan a la sociedad.
Lo más importante es que las universidades puedan tener un canal de televisión y radio; igual los artistas independientes, las comunidades rurales, los jóvenes y la sociedad en general. Es imprescindible que garanticemos un esquema de otorgamiento de concesiones que no opere bajo la dinámica del mercado, sino sobre parámetros de calidad, de creatividad, ingenio, promoción de la cultura, conocimiento, ciencia y arte.
Un esquema en donde lo único que no sea tomado en cuenta sea la cantidad de dinero que tienes para invertir. Porque de lo contrario, en la realidad la sociedad no podrá competir contra las concesiones comerciales o públicas.
Es imprescindible que el Estado, a través del Ifetel, garantice la participación de las concesiones sociales en el espectro en por lo menos 10 por ciento del total, porque si no, el reconocimiento de la sociedad en la reforma será sólo en el papel; sólo en la letra quedará su participación en las telecomunicaciones y radiodifusión.
Recordemos que estos medios sociales no persiguen fines de lucro, perciben fines comunicacionales e informativos y de expresión. Por lo tanto, no los debemos circunscribir en el mismo esquema de aquellos que pretenden lucrar al constitucionalizar la garantía de participación en el espectro radioeléctrico en tan sólo el 10 por ciento. El Estado se obliga no sólo a reconocer a estos medios, sino a establecer los mecanismos necesarios a través de distintos estímulos para que tengan una presencia real y efectiva en el país.
Si garantizamos la participación del 10 por ciento, permitiremos que se generen contenidos contextualizados a la realidad de las distintas comunidades del país, y a la vez, permitiremos descentralizar el discurso televisivo y de radio.
Los mexicanos somos todas nuestras tradiciones. Tenemos distintos acentos y orígenes, y en lugar de privilegiar la diversidad y la pluralidad cultural, tendemos a mostrar sólo una mínima parte de lo que somos.
El espectro radioeléctrico es un bien de la nación, y la verdadera democratización de los medios se logrará generando la participación de todos los sectores que la integran bajo condiciones de igualdad.
Mucho se ha hablado en esta iniciativa sobre limitar a los monopolios para garantizar diversidad de contenidos, nuevos canales y nuevos competidores, pero vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con el derecho a participar activamente en la producción y difusión de contenidos? Porque si el espectro es de todos, no todos podemos tener aspiración a participar.
Les aseguro que si otorgamos la garantía de participación a estos sectores, nuestros contenidos se verán tan enriquecidos que pronto nos daremos cuenta de que habremos hecho lo correcto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Luisa María Alcalde. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. En consecuencia se desecha. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar su reserva al párrafo 19, fracción VI, del mismo 28 constitucional.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Acudo a esta tribuna para someter a consideración de ustedes, compañeros diputados, compañeras diputadas, reservas a las modificaciones que hizo el Senado al artículo 28 constitucional en materia de telecomunicaciones.
Expondré ambas reservas en virtud de que son congruentes y se refuerzan una a otra. Considero que el Senado de la República descobija lo que los diputados intentamos cobijar.
Por ejemplo, en el artículo 28, fracción VI, que obliga a que todos los actos del Ifetel sean públicos. Nuestros colegisladores abren una puerta para que existan acuerdos o se llegue a resoluciones en el Instituto que sustituirá a Cofetel para que no sean de dominio público, metiendo una cláusula al final que dice que habrá excepciones según lo dispone la ley, línea que puede generar la discusión y cierre de negociaciones en lo oscurito.
Considero que todas las acciones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su labor deben ser públicas, pues partimos del entendido de que son acciones honorables y que están orientadas a cumplir con el trabajo que se les ha encomendado. ¿O qué casos debemos esconder de los ojos de la nación? Dicen que lo que no quieras que se sepa en público, no deberías hacerlo en privado.
En el mismo artículo, en la fracción III, donde los diputados establecimos que las personas que hayan sido condenadas por robo, fraude y abuso de confianza, no pueden ser consejeros del Ifetel. Los senadores borran de un plumazo dicha previsión y le abren la puerta a cuanto delincuente cumpla con el resto de los requisitos, que por cierto han dejado mucho más accesibles. ¿Será que consideran que somos demasiado cuidadosos o tienen nombres en la lista que quedarían descalificados de la contienda, por sus méritos y antecedentes?
En esta reforma estamos transformando la Cofetel en un instituto con todas las capacidades de autoridades para que cumpla su trabajo y logre lo que este país necesita en materia de telecomunicaciones, pero si no vigilamos que estas atribuciones se lleven a cabo con transparencia y rendición de cuentas y que quienes estén a la cabeza sean personas honradas y preparadas, estaremos entregando nuevamente este país a bandidos y saqueadores.
Con la aprobación de la reforma comienza la cuenta regresiva de 180 días para sacar una ley secundaria. Les pido, compañeros diputados de todos los partidos, porque este México no nació rojo ni nació azul, tampoco amarillo ni anaranjado; que trabajemos mucho. Eso les pido, compañeros, trabajemos mucho y vigilemos aún más que en esta reforma el que se beneficie sea siempre nuestro México y los que más nos necesitan.
Los diputados de izquierda observaremos con lupa y trabajaremos porque se cumplan los objetivos señalados en pro del bienestar de todos. Por tanto, mi propuesta es que el artículo 28 en las fracciones III y VI queden en los términos que esta Cámara propuso originalmente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Bautista.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Gloria Bautista. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten, en consecuencia se rechazan las modificaciones. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar su reserva para el párrafo diecinueve, fracción VII del artículo 28.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano preferimos ser congruentes, no hay que confundir acuerdos con la claudicación y el entreguismo.
En la fracción VII del artículo 28 de la minuta en comento, se establece que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, disposición que está fuera de toda lógica jurídica y del camino para la consolidación del Estado de derecho en nuestro país.
Los actos u omisiones de los pretendidos órganos constitucionalmente autónomos son eminentemente administrativos y como tales deben responder a la lógica del derecho y el procedimiento administrativo.
En tal virtud, no se entiende cómo se puede privar a los gobernados de la posibilidad de combatir o impugnar los actos y omisiones emanados de estos organismos, mediante recursos o medios de impugnación ordinarios; lo que es peor.
No obstante, que en tal fracción se consigna categóricamente que este tipo de actos y omisiones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto, se agrega el hecho de que no serán objeto de suspensión. Es decir, tan sólo se puede interponer amparo en contra de los eventuales abusos, arbitrariedades, discrecionalidades, omisiones o errores en que incurren los pretendidos organismos constitucionalmente autónomos, pero con la condicionante de que el amparo mismo pueda resultar un recurso ineficaz o inútil.
No se salva la situación descrita con antelación, con el hecho de que la minuta incluya que solamente los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo, que en su caso se promuevan.
Esto último abona a la falta de congruencia, sistematicidad y técnica legislativa, que permea la minuta en estudio, tales adiciones hechas por la Cámara Alta son a todas luces prescripciones de consigna, una cláusula con destinatarios bien definidos, lo que pervierte flagrantemente al espíritu de la ley en general y de nuestra Carta Magna en Particular.
Resulta absurdo reglamentar desde nuestra Carta Magna, fuera de lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales, los supuestos en los que procede el amparo, las materias en las que opera la suspensión o los casos de excepción para tramitarlo con naturalidad, cuestiones, todas, que trastocan el régimen constitucional de tutela judicial y desnaturalizan la figura del amparo.
En este sentido, el contenido de la minuta contradice el derecho internacional en materia de derechos humanos, pues a merced de lo dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado está obligado en materia de acceso a la justicia a poner al servicio de los gobernados un recurso efectivo con posibilidad judicial.
De otro modo, estaríamos alimentando la posibilidad de sufrir un Estado totalitario, absolutista, cuando lo que debe perseguir el Estado mexicano es la consolidación de la cultura del respeto a la ley y al Estado de derecho.
Derivado de lo anterior, se propone la siguiente reserva:
Artículo 28, fracción VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados mediante el recurso ordinario que disponga la ley.
Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.
Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados, en los términos el artículo 94 de la Constitución. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Huidobro.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Zuleyma. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, en consecuencia, se desecha. Ahora ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación al párrafo 19, fracción VII, del artículo 28, presentada por el diputado Luis Alberto Villarreal. Y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Debe decir:
Fracción VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.
Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos, emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución durante el procedimiento.
Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados, en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se emitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Luis Alberto Villarreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ahora consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación, para que forme parte del cuerpo del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite la propuesta para que forme parte del proyecto de decreto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se acepta la modificación. Se integra al cuerpo del proyecto de decreto y se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos ya modificados.
Tiene ahora el uso de la voz, también para presentar una reserva a esta misma fracción VII, del párrafo 19, del mismo artículo 28, la diputada Purificación Carpinteyro.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Lamentablemente veo que este proyecto de decreto, con las reformas y modificaciones que fueron realizadas por el Senado, desde mi perspectiva, en forma totalmente irresponsable porque sólo atendieron los intereses de aquellos que lastimosamente han abusado de los derechos que les otorga la Constitución para proteger sus intereses hasta el extremo, hoy lamentablemente nuevamente vamos a repetir nuestro error de dejar en manos de nuestra colegisladora el que esta importantísima reforma sea aprobada, y sea aprobada en este periodo de sesiones.
Con el valor y la trascendencia de todo lo que estamos incorporando México no puede esperar. ¿No lo dicen nuestros comerciales? ¿No lo dice la publicidad en donde nosotros los diputados decimos que México no puede esperar?
Y, sin embargo, hemos aprobado una reforma que en nada modifica ni beneficia. Esta regresión de 360 grados que hizo el Senado, cuando permitió que la Cofeco o que las resoluciones de Cofeco en relación a multas y desincorporación de activos y bienes no puedan ser ejecutadas, sino hasta después de que se venzan los trámites en relación al amparo indirecto que se pueda interponer por el agraviado.
Quiero nada más comentarles lo siguiente: La Comisión Federal de Competencia, hace 10 años, declaró a la empresa Teléfonos de México empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones. Y esta resolución se fue al amparo, y no fue sino apenas dos semanas que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 10 años, señores.
En el caso de Televisa, en el 2006 la Comisión Federal de Competencia le afecto el comprar la empresa Clabemás con tal de que vendiera la participación que Cablemás tenía en una empresa que se llama Productora y Comercializadora de Televisión, PCTV. Es la fecha que Televisa no ha cumplido y estamos hablando de que ya transcurrieron siete años de esta decisión.
Imaginemos entonces si las empresas que de alguna manera compiten en un mercado y que no es telecomunicaciones; sino que es cemento o harina de maíz, minería o cualquier otra, que en última instancia tenga y esté siendo afectada por las prácticas monopólicas de alguno que concentre mercado, tenga que esperar 10 años antes de obtener una resolución. En 10 años, señores, esas empresas estarán quebradas.
Por lo tanto, y como sé que los senadores hicieron esta modificación en el proyecto de decreto para atender las preocupaciones del Consejo Coordinador Empresarial, que clamaban que con esto quedaban en perfecta indefensión, puesto que nos les daban el plazo para poder llevar a cabo y tramitar su juicio de amparo; les propongo la siguiente modificación.
Dice: solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, la resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.
Les propongo lo siguiente: solamente en los casos que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán en un plazo no menor a los 180 días a fin de que los agraviados soliciten y obtengan resolución definitiva del juicio de amparo que en su caso interpongan.
Pido que consideren esta modificación para no dejar en total estado de indefensión a todas esas empresas que están deseosas de competir en el mercado mexicano generando riqueza, fuentes de empleo y desarrollo. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Purificación Carpinteyro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo, por favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente...
El Presidente diputado José González Morfín: Se puede cambiar, diputado; es que está mal ese micrófono, se oye muy cortado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Nada más he registrado de manera reiterada señalamientos de irresponsabilidad hacia el Senado por la forma en la que abordó sus decisiones respecto a la iniciativa que hoy analizamos y parece poco pertinente estar calificando de irresponsable su trabajo. Tan impertinente, como si el Senado calificara nuestro trabajo de irresponsable.
Sólo dejar asentado que no compartimos ese señalamiento y que expresamos nuestro respeto al Senado, con independencia de que eventualmente no compartamos sus decisiones. Gracias, presidente, por la oportunidad.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención formará parte del Diario de los debates.
Tiene ahora el uso de la voz la diputada...
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada Purificación. Sonido en su curul por favor.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Por alusiones. Solamente quiero comentar que no he sido más que, en reciprocidad al trato que el propio Senado le ha dado a esta Cámara de Diputados, a quienes nos han llamado de irresponsables de legislar al vapor y de que nos tienen que enmendar la plana. Ése mismo respeto que el Senado tiene a esta Cámara de Diputados es el que esta Cámara de Diputados debe de tener con la actitud a todas luces negligente del Senado.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. También su intervención quedará registrada, diputada. Tiene ahora sí la palabra la diputada Teresa Mojica Morga, del PRD, para presentar su reserva al mismo artículo 28.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Yo no voy a entrar en la polémica de si los diputados hacemos mejor el trabajo que los senadores. Pero sí vengo a reivindicar las propuestas que nosotros hicimos.
En relación con la minuta en materia de telecomunicaciones enviada por la Cámara de Diputados a la de Senadores, el dictamen de ésta última presenta serios retrocesos. Entre lo más significativo sobresalen los correspondientes a los requisitos establecidos para acceder al cargo de comisionado, tanto para el Ifetel como para la Cofeco que se establecen en la reforma del artículo 28 constitucional, párrafo veintidós.
El inciso 3) del artículo 28 señala que los candidatos a comisionados deberán gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año. Esta modificación resulta mucho, mucho más laxa y, por lo mismo, lesiva al buen funcionamiento de ambos órganos.
El inciso 4) fija como requisito el poseer título profesional desechando el requisito de que tal título sea en materia regular, como lo establecía la minuta original.
En el inciso 5) se determina que deben haberse desempeñado cuando menos tres años en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas, sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda, cuando originalmente se establecían cinco años.
Por otra parte en el inciso VII, del dictamen, de los senadores, señala para los comisionados, no haber sido secretario de Estado, procurador general de la república, senador, diputado federal, diputado local, gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal durante el año previo a su nombramiento. En tanto que originalmente el plazo era de cinco años.
Ahora, compañeras y compañeros, de aquí pueden salir a ser presidentes y dirigir la Ifetel y la Cofetel sin ningún problema.
Finalmente, el inciso VIII también reduce el requisito de tiempo en la Comisión Federal de Competencia Económica: no haber ocupado en los últimos tres años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano.
En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: no haber ocupado en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionados, sujetas a la regulación del instituto, mientras que originalmente se requerían cinco años.
Como diputada del Partido de la Revolución Democrática, considero que el Senado dejó muy endebles los requisitos para ser comisionado del Ifetel, como es el hecho de no cumplir con el perfil de comunicólogo y sólo aspirar al cargo con tener título profesional o el que no sea impedimento el haber sido condenado, cualquiera que haya sido la pena, por delitos como robo, fraude, fiscalización, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público.
No debemos de exigir sólo tres años en vez de cinco de desempeño destacado en actividades profesionales del servicio público o académico relacionadas con la materia a regular.
Lo más importante es que para ser comisionado de la Cofeco, debe de pasar al menos cinco años de la relación laboral con las empresas sujetas a procedimiento sancionatorio, ya que en tres años se puede seguir teniendo interés y afinidades en dichas empresas.
Estoy convencida de que los plazos propuestos en la reforma original de esta Cámara de Diputados, son más adecuados que los propuestos por los senadores, por lo que solicito conservar el texto original de la minuta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Teresa de Jesús Mojica. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, se desecha. La última reserva la tiene el diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Dígame, diputado Belaunzarán. Sonido en su curul.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sólo para que en este diario de los debates quede asentada una preocupación. Se ha aprobado sólo una reserva y esa reserva que se hizo la verdad es que no modifica en nada el párrafo que se modificó. Hicieron la reserva para decir lo mismo y me preocupa nada más –y quiero que quede así asentado– porque esto obliga a regresar la minuta a la Cámara de Senadores y, como sabemos, estamos a fin de período y se corre el riesgo de que ahí se quede un buen tiempo.
Nada más quiero apuntar esa preocupación porque la verdad es que leo y releo la reserva y me dice lo mismo que lo que decía antes. Apuntar ese riesgo y esperar que efectivamente el Senado apure la aprobación tal como se la mandemos para que esta reforma que tanto necesita el país no se retrase. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Sin estar totalmente de acuerdo en que dice exactamente lo mismo, creo que, igual que todos los demás compañeros, hacemos votos porque antes del martes la reforma constitucional se vaya a las legislaturas de los estados, ya con el aval del Senado a esa modificación que se le ha hecho a sus propias modificaciones. Finalmente, el diputado Gerardo Villanueva presentará su reserva al artículo 28, párrafo 22, fracción VII.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente. En los foros que se realizaron en el Senado, Melquiades Rosas Blanco, representante del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, hizo un reclamo que me parece sumamente válido.
Él dijo en el Senado, donde sí se les dio voz a los diferentes sectores, regiones y en particular a los pueblos originarios, que no podía ser posible que es más fácil en este país ver un contenido televisivo extranjero que ver, de manera gratuita y en televisión abierta, los trabajos colegiados de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o del Poder Judicial de la federación.
Hago mío ese planteamiento, hago mío ese reclamo y ojalá en la ley secundaria, en la ley reglamentaria se establezca la posibilidad de que el Canal del Congreso sea abierto, público y gratuito.
Coincido con mi compañera la diputada Luis Alcalde. Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo con esta reforma de telecomunicaciones ni podría estarlo. Además, así lo ha manifestado públicamente.
El nuevo proyecto alternativo de nación –quien lo leyó lo sabe– no consideraba abrir al 100 por ciento al capital extranjero en esta materia. No se proponía incrementar la burocracia dorada, que son los órganos autónomos, que de autónomos sólo tienen el nombre. No propuso privilegiar a Carlos Slim ni a Emilio Azcárraga. Que no se mienta. Esta reforma no contiene ningún logro para Morena. Esta reforma no contiene ningún avance para los jóvenes del movimiento Yo soy 132, y mucho menos para el Movimiento Ciudadano que lleva décadas pidiendo la democratización de los medios de comunicación.
Las televisoras recibieron durante décadas de gobiernos priistas, concesiones tanto técnicas como económicas a cambio de apoyar al sistema, situación que prevalece hasta la fecha, toda vez que la pluralidad política e ideológica del país de sectores sociales y productivos, está vetada.
La inclusión de la realidad, voz e imagen de la cultura de los pueblos originarios es apenas marginal.
Cómo olvidar la noche del 2 de octubre de 1968, cuando Jacobo Zabludovsky oculta la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ése es el papel que ha cumplido esta asociación perversa entre el monopolio de la televisión y los poderes públicos de este país.
Han llegado al exceso de tener en esta Cámara una telebancada y, además, como cualquier producto chatarra las televisoras inventaron: primero la candidatura y después la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Por lo anterior propongo, diputado presidente –y con eso concluyo– que en la reserva del artículo 28, fracción VII, sean cinco años previos y no solamente uno para evitar que los intereses se mezclen de manera perversa y para ocultar y deformar la realidad al frente de este organismo colegiado. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Villanueva. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Gerardo Villanueva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se acepta. Se desecha.
El Presidente diputado José González Morfín: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del artículo 6o en los términos de la minuta, y del artículo 28, con la modificación aceptada por la asamblea al párrafo 19, fracción VII.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recabar la votación del artículo 6o en sus términos, y del artículo 28 con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 393 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 6o por 393 votos en los términos de la minuta devuelta por la Cámara de Senadores. Aprobado también por 393 votos el artículo 28 con la modificación aceptada por la asamblea.
En consecuencia ha quedado aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las Comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (18:31 horas): Se levanta la sesión y se cita para que la que tendrá lugar el lunes 29 de abril a las 12 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10:30 horas.
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