Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con dictámenes en sentido negativo
Minuto de silencio por el aniversario del fallecimiento de la periodista Regina Martínez
De la Mesa Directiva, con modificación de turno
De la Junta, con cambios en comisiones
Retiro de iniciativas de diputadas y de diputado
Del Banco de México, con informe sobre el ejercicio presupuestal 2012 y estados financieros
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con iniciativa y minutas
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
De la Comisión de Población, que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
De la Comisión de Justicia, que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, discusión
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo partticular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes en sentido negativo
Dictámenes d con punto de acuerdo
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cuando son las 12 del día con 12 minutos y es cumpleaños de Petra Barrera y también de la compañera Ortega también es, no les digo cuántos, 25, se ve de 24, diputada, le ruego a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (12:13 horas): Y por lo tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión de la asamblea el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Don Fernando Rodríguez Doval, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para mostrar nuestra indignación, a nombre del Partido Acción Nacional. Por lo que pudimos ver ayer en varios medios de comunicación, relacionado con el procurador federal del Consumidor y el trato preferencial que le dio a su hija. Eso nos parece algo muy grave y no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionarlo, porque estamos en un país donde todos somos iguales ante la ley y nadie, sea hijo de quien sea o hija de quien sea, debe tener ningún tipo de privilegio. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Rodríguez Doval. Sus dichos han quedado consignados en el Diario de los Debates, y lo felicitamos a usted también, porque también es su cumpleaños. Continúe la Secretaría.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, presidente, para sumarme a los comentarios de mi compañero Fernando Doval. Y de ser posible, que ojalá y la Junta de Coordinación Política tome este asunto en sus manos y pidan la aplicación de la Ley Federal de Servidores Públicos, en donde finalmente indican varios artículos a las sanciones directas, como funcionario público, a que se tiene que hacer acreedor, por el trato directo de favoritismo hacia una familiar directa en el ejercicio de funciones públicas.
Ésta es una situación muy grave, que ojalá y no quede nada más como un comentario o nota, sino que la Junta de Coordinación Política haga el asunto, lo pueda meter a la agenda y se inicien investigaciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De acuerdo, diputada. Continúe la Secretaría.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado? Ya se le vino a usted la idea. Adelante. Lo escucho con un enorme respeto. Sonido.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Qué bueno que tenga respeto, porque yo lo que le quiero solicitar a la Presidencia es si puede proponerle al pleno que guardemos un minuto de silencio, porque estamos conmemorando el asesinato de una periodista que radicaba en Xalapa, Regina Martínez, es un tema de carácter nacional.
Y a un año de que todavía no hay claridad –es más, no se creen las versiones oficiales que el gobierno de Veracruz ha dado– consideramos que en esta Cámara sería muy importante que guardáramos un minuto de silencio en su memoria y, en ese minuto de silencio, expresemos nuestra indignación, porque a este año no tengamos claridad sobre el asesinato. Y que las versiones que se han dado sobre su asesinato sean no reconocidas por el gremio periodístico y por miles de veracruzanos y connacionales que estas versiones...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo escuchamos, diputado. ¿Diputado, con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Para el minuto de silencio, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame, porque alguien más quiere hablar y también lo tengo que escuchar. ¿Alguien más? Bueno, esta Presidencia le pide a la asamblea que guardemos un minuto de silencio por Regina, una muy apreciable y destacada reportera corresponsal en Veracruz de un medio por demás también importante, que es la revista Proceso, más allá de las apreciaciones del diputado Manuel Huerta por su memoria es que guardamos el minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado. ¿Con qué objeto? Lo escuchamos.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): Presidente, el pasado 22 de octubre esta honorable asamblea autorizó la conformación de un grupo de trabajo para darle seguimiento y tratar de ayudar en la conciliación entre los normalistas en Michoacán y el gobierno del estado.
Le pediría si es posible que este mismo grupo le pudiera dar seguimiento, ya que el problema se reanudó y no sería conveniente dejar que esto pasara hasta que llegara a las condiciones que está viviendo Guerrero. Presidente, es una petición, ojalá que este grupo si no es posible la conformación de uno diferente. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, exhortamos a los compañeros que tienen ese encargo, a que cumplan con su misión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 19 de la Ley General de Desarrollo Social; presentada por la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 16 de abril de 2013.
Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de Juntas Directivas de Comisiones Ordinarias, Especiales y de Comités.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están publicados, diputado. Pregunte si son de aprobarse.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, los siguientes oficios:
Por el que solicita que se retiren de la Comisión de Puntos Constitucionales tres iniciativas, con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el 15 de noviembre de 2012, el 26 de febrero y el 9 de abril del año en curso.
Por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Gobernación, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el 18 de diciembre de 2012.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De la Diputada Miriam Cárdenas Cantú, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Relaciones Exteriores, la proposición con punto de acuerdo para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentada el 5 de marzo de 2013.
Del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Energía la proposición co punto de acuerdo para que se implemente un plan emergente para prevenir y mitigar los efectos dañinos a las telecomunicaciones, así como a la generación y distribución de energía eléctrica, derivados de la actividad solar intensa, presentada el 11 de abril de 2013.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros. Continúe.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del Banco de México con el que remite el informe sobre el ejercicio del Presupuesto de gasto corriente e inversión de activos fijos y de inversión de activo circulante por el periodo del primero de enero al 31 de diciembre de 2012; y de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 y 2011.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta Pública; y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones implementadas de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina en municipios del estado de Michoacán.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de diversas autoridades contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a los promoventes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Iniciativa de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma la fracción XIXZ del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficios de la Cámara de Senadores con los que remite las siguientes minutas con proyecto de decreto:
Que reforma la fracción VII del artículo 1o., y adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Que adiciona la fracción IX del artículo 2o., de la Ley de Planeación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para los efectos de lo dispuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social paras dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de la inminente conclusión del periodo de sesiones en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de hoy se turnan sin excepción, a las comisiones correspondientes publicándose los trámites en la Gaceta Parlamentaria.
Si algún diputado desea que ésta sea retirada, deberá atender el mecanismo dispuesto en los artículos 77 y 79 del mismo ordenamiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sigamos con publicidad.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.
De la Comisión de Energía, con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
De la Comisión de Población, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2º y 82 de la Ley General de Protección Civil.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Doce de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.
Honorable asamblea, en virtud del inminente cierre del periodo ordinario de sesiones y en virtud de que se ha cumplido también con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones, a excepción de la reforma constitucional, esto es estamos hablando de las Comisiones y de leyes reglamentarias que tienen que ver con dictámenes signados por los plenos de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Derechos de la Niñez; Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía; de Energía; de Población; de Justicia; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Protección Civil y de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza a que se pongan a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes antes mencionados se pongan a discusión y a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se autoriza.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.
El dictamen está a discusión y para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, como bien saben ustedes, el bullying o acoso escolar se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin una razón clara, adoptadas por uno o más estudiantes, en contra de uno o varios compañeros.
Este fenómeno no distingue raza, religión, posición social, por lo que cualquier estudiante está expuesto a padecerlo en cualquier momento, ya que actualmente no se cuentan con los mecanismos legales para contrarrestar dicho problema que aqueja a la sociedad a nivel mundial.
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones e incluso la muerte.
El maltrato o violencia infantil, también suelen ser definidas como toda conducta de acción u omisión, basada en la concepción de superioridad y/o en el ejercicio abusivo del poder, que tiene como objeto producir un daño físico, psicológico o sexual, emocional, generándose ya sea, en primer término, en el seno familiar, en la escuela o en el medio social que se desarrolle el menor de edad.
El maltrato a los menores es una enfermedad social que no reconoce fronteras, presente en todos los sectores y clases sociales, que afectan el desarrollo armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su socialización, y por tanto, su conformación personal, social y profesional.
De acuerdo a un estudio realizado por el secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños, en el año 2007, en México, el 65 por ciento de niñas y niños en edad escolar han declarado haberlo sufrido. Esto quiere decir, que 7 de cada 10 niños y jóvenes han sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar. Hoy en día el 50 por ciento de los suicidios entre jóvenes están relacionados a este fenómeno, preocupante.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, revela que nuestro país se encuentra en el primer sitio a escala internacional, en cuanto al número de casos de acoso escolar en nivel secundaria.
El estudio denominado el bullying o acoso escolar refiere que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, refiere que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero.
El brote de violencia en las escuelas puede condicionar una infracción futura, pues sabemos que el bullying es la antesala del pandillerismo y la delincuencia, ya que el maltrato infantil impacta no solo en la calidad de vida del individuo sino también en su desarrollo social sin considerar los daños físicos que puedan llegar a ser permanentes.
Sin lugar a dudas, el fenómeno del bullying en nuestro país ha alcanzado cifras alarmantes, que hay hecho de diversos sectores de la sociedad fijen su atención en atender la violencia en los centros escolares.
Por esta razón, los diputados de Movimiento Ciudadano no seremos la excepción y votaremos a favor del presente dictamen para combatir el acoso, la violencia y la discriminación escolar que lacera la dignidad humana y obstaculiza la educación.
De igual forma coincidimos con que es una tarea que incluye a los tres órdenes de gobierno, desde sus respectivas competencias para que desarrollen o implementen programas y acciones para prevenir, detectar, atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, así como se incluya a todos los agentes involucrados en el entorno escolar e institucional, a fin de impulsar el desarrollo a una educación libre de violencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz Héctor Hugo Roblero Gordillo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen en sentido positivo que sobre tres iniciativas de compañeras legisladoras elaboró la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos sobre acoso, violencia y discriminación escolar, serán apoyadas por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ello deriva de que se pretende que las propuestas planteadas formen parte de nuestra legislación y se conviertan en una obligación jurídica que permita paliar los efectos del flagelo que representa el acoso, la violencia y la discriminación y la discriminación escolar.
Nuestro grupo parlamentario piensa que la Comisión de Educación ha elaborado un dictamen en el que se aglutinan las tres iniciativas presentadas, de tal manera que se ha logrado obtener un dictamen vigoroso y completo sobre el tema en comento.
El desarrollo e implementación de programas y acciones para prevenir, detener y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico o psicológico entre y hacia estudiantes, incluyendo a toda las personas involucradas en el entorno escolar, tendrá como resultado una educación libre de violencia que a su vez redundará en que los educandos estudien en un entorno adecuado.
Consideramos que con la asunción de las medidas señaladas en el dictamen en párrafos anteriores el proceso educativo tendrá principios de libertad, responsabilidad, tolerancia y derecho a una educación libre de los flagelos aludidos en el proemio de este documento. En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen citado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Judith Magdalena Guerreo López, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: El bullying infantil en nuestro país se ha convertido en un flagelo médico, social y legal, que debe ser prevenido y atendido con responsabilidad por el Estado mexicano y por sus instituciones, particularmente las pertenecientes a los sectores educativos y de salud. Ha adquirido este fenómeno una dimensión de resultados dramáticos para la niñez mexicana y que contrario a su magnitud no se ha tomado las medidas estratégicas racionalmente adecuadas para combatirlo.
Según datos oficiales, en México el 10 por ciento de una comunidad pediátrica es víctima de alguna forma de maltrato. Por lo grave del asunto solamente un niño de cada 100 que sufre maltrato es atendido de manera profesional, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Pediatría.
Las principales formas de maltrato infantil en México de consecuencias devastadoras para la niñez y la sociedad son las siguientes: el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato psicológico, niños en situación de calle, maltrato laboral y maltrato étnico.
Para la prevención y atención del bullying infantil en la actualidad no solamente se requiere actualizar el compromiso del Estado mexicano, modernizar la normatividad para abordarlo con racionalidad jurídica, sino también avanzar en la creación de una agencia nacional profesionalizada de carácter multidisciplinario que atienda y procese dicho problema. De lo contrario estaríamos incumpliendo con la protección de los derechos básicos y fundamentales de los niños en México, y esto a todas luces es irresponsable.
Las principales causas del bullying infantil son las siguientes: daño a la integridad física, altera los derechos, la libertad y la dignidad de las personas, promueve la violencia, propicia bajo rendimiento escolar en los niños, incrementa la deserción escolar, orilla al suicidio, destruye el tejido de la sociedad, entre muchos efectos traumáticos.
Indudablemente la más dolorosa de las complicaciones de la depresión y el bullying es el suicidio, fenómeno que en los últimos años ha sido foco de atención y que se ha convertido en un problema de salud pública en el grupo de niños y adolescentes. Los índices de mortalidad por esta causa se están incrementando paulatinamente.
Por otra parte, el Internet actualmente ha cambiado al mundo y es uno de los elementos más importantes y necesarios dentro de los medios de comunicación, asimismo de igual manera ha mejorado las comunicaciones facilitando las relaciones sociales en la información de manera tan extraordinaria que se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestras vidas, lo cual es fácilmente accesible para todas las personas.
Pero, por otro lado, los menores que representan el grupo más vulnerable dentro de los usuarios de la red son víctimas potenciales de innumerables actividades como el ciberbullying, pornografía, prostitución infantil, pederastia, chantajes sexuales o amenazas y tienen fácil acceso a contenidos de violencia, racismo, discriminación, que pueden afectar negativamente a su desarrollo físico, mental, espiritual y social.
Si bien es cierto que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños y las niñas a buscar y difundir información e ideas de todo tipo, también establece su derecho a ser protegidos contra la información y material perjudicial para su bienestar, así como contra cualquier injerencia arbitraria o legal en su vida privada, su familia, domicilio, correspondencia y cualquier ataque a su honra y reputación.
En el Partido Verde creemos que es necesario concientizar, reflexionar, prevenir y evitar el bullying y el ciberbullying en el entorno escolar, con el fin de erradicar esta práctica violenta y los daños que se generan en la vida psicosocial de los niños.
De igual manera estamos a favor de establecer estrategias de prevención infantil contra abusos. Necesitamos actuar a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes para evitar que estos fenómenos continúen afectando a nuestros estudiantes.
Por lo tanto creemos que es necesario establecer medidas efectivas para prevenir y atender el acoso escolar con el objetivo de impulsar el derecho a una educación libre de violencia y respaldamos a plenitud estos dictámenes. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que no hay artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle que hoy nos acompañan aquí en la sesión.
También a un grupo de estudiantes de la Preparatoria 3, incorporada a la Universidad Autónoma Estatal de Hidalgo. Bienvenidos todos a la sesión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Maximiliano Cortazar Lara (desde la curul): A favor.
La diputada María Rebeca Terán Guevara (desde la curul). A favor.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): A favor.
La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): A favor.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): A favor.
La diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La diputada Petra Barrera Barrera (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): A favor.
La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas (desde la curul): A favor
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron a favor 438, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en Materia de Violencia Escolar. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 32, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en materia de fomento de la convivencia sin violencia. Para fundamentar el dictamen por las comisiones tiene el uso de la voz la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el día de hoy pongo a su consideración el siguiente dictamen que exterioriza ante ustedes tanto la Comisión de los Derechos de la Niñez como la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta iniciativa fue propuesta el pasado 5 de marzo por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, con quienes los integrantes de ambas comisiones compartimos una serie de preocupaciones que manifestaban en los considerandos.
Entre éstas compartimos que, si bien es cierto que las nuevas tecnologías han abierto una puerta hacia el desarrollo y mejores oportunidades, también es cierto que las nuevas tecnologías, a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros, pueden derivar en conductas terribles que hoy en día son una realidad en nuestro país.
Primero ha sido a través de lo que se conoce entre los niños, niñas y adolescentes como el ciberbulling y luego la transmisión de peleas por internet. Hoy, uno de los mayores riesgos para un adolescente en línea es ser víctima también de sexing.
Esta conducta ha proliferado con preferencia entre los adolescentes y jóvenes, que han encontrado en él una manera más fácil de comunicarse o de establecer una relación con una persona del mismo sexo o del sexo opuesto.
Esta nueva forma de interrelación incluye la llamada entre ellos y ellas sexing, que consiste en el envío o recepción de imágenes o videos personales de índole sexual, a través de celulares o internet o algún otro medio electrónico, que está en aumento de manera alarmante.
En ese sentido, los integrantes de ambas comisiones coincidimos en reformar el artículo 32 en el inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que se considera que se armoniza en consonancia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del interés superior de la niñez y refuerza la tarea prevista que tiene encomendada la Secretaría de Educación Pública, de impulsar la enseñanza y respeto de los derechos humanos, en especial la de no discriminación y de la convivencia sin violencia, tanto física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifieste a través de los medios electrónicos.
En ese sentido, el decreto por el que se reforma el artículo 32, inciso c) de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de fomento de la convivencia sin violencia, quedaría de la forma siguiente:
Artículo 32, inciso d). “Se impulsa la enseñanza y respeto de los derechos humanos, en especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia...”, aumentando lo que sigue “...física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través de los medios electrónicos”. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular, en razón de que se trata de un solo artículo.
En consecuencia, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Trabajo, tiene el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
La cantidad de denuncias hoy conocida relacionadas al abuso infantil en nuestro país se estimaron en 231 mil casos hasta finales de 2011. Ciertamente en lo que va entre el 2012 y lo que llevamos hasta la fecha, el número de casos es impreciso, pero la tendencia sigue en aumento.
Ante ello, las autoridades en materia de seguridad pública y de derechos humanos, principalmente, han determinado ejercer acciones más contundentes contra quienes ejerzan algún tipo de violencia contra los niños.
De esta forma, acciones contra el bullying y la prostitución infantil han comenzado a hacer los gallardetes que dan frente a la lucha contra cualquier tipo de maltrato infantil.
En este caso, fenómenos altamente desintegradores del entorno social son los de que de manera común se dan a conocer por uno de los principales medios de comunicación, el internet.
En días recientes, a través de este medio, nos hemos enterado que en diversos estados de la República se publican videos de peleas callejeras, y principalmente de alumnos y alumnas siendo los protagonistas.
Es una pena, pero este tipo de conductas son reprobables, y sin embargo, la costumbre por seguir contribuyendo a la visualización de estos materiales informáticos está generando una condición de costumbre en muchos sectores de nuestra sociedad, sobre todo en quienes permean de forma inmediata. Nos referimos a nuestros niños y jóvenes, quienes aún se encuentran en una etapa de maduración.
Otro tipo de fenómeno es el sexing, éste conocido principalmente por la reproducción masiva de medios audiovisuales que exhiben escenas de desnudez o actos sexuales entre niños y adolescentes primordialmente. El sexing, como los demás fenómenos, suele traer como consecuencia diversos trastornos de conducta entre los jóvenes e incluso trastornos afectivos, sobre todo porque en su núcleo social inmediato se encuentran relacionados a una estrecha relación entre integrantes de la misma comunidad escolar y de actividades propias de su edad.
Compañeras y compañeros diputados, es un hecho imprescindible el que podamos apoyar para que la presente reforma sea una realidad y nos otorgue mayor certidumbre en la protección de los derechos de los niños a través del fortalecimiento de los marcos legales institucionales. De esta manera estamos totalmente convencidos que brindaremos las alternativas suficientes para que el actuar de las políticas sociales del Estado puedan ser encauzadas para proteger los derechos de los niños y adolescentes.
Con estas medidas lograremos avanzar hacia la obtención de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia principalmente en la parte conducente a los medios electrónicos informativos. Se logrará contribuir al fortalecimiento del respeto irrestricto de los derechos humanos y a la obtención de una convivencia sin violencia física, psicológica o emocional.
Por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Muy buenas tardes. Éste es un posicionamiento relativo al dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, dando con esto una muestra clara de la unidad y el compromiso que representa Movimiento Ciudadano ante nuestra república mexicana, muy preocupados sobre todo por este compromiso con un tema de vanguardia por el que suscriben ambos compañeros.
La protección integral es un derecho que corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna. El Estado debe crear las condiciones necesarias para cumplir con el principio del interés superior de la niñez, sin embargo, hoy vivimos en una sociedad de alta tecnología que está en constante evolución, donde los menores de edad están expuestos a los avances tecnológicos, a información, en donde las telecomunicaciones juegan un papel principal, empero estas tecnologías a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros, pueden derivar en conductas terribles que hoy en día son una realidad muy triste en nuestro país.
Primero, fue el ciberbullying, luego la transmisión de peleas por Internet, hoy uno de los mayores riesgos para un adolescente o niño en línea es ser víctima del sexting. Es decir, los adolescentes encuentran en esta práctica una manera de abrir la sensualidad y la sexualidad al terreno de lo público, muy lamentable y muy preocupante para todos nosotros.
Es menester, como legisladores, reconocer la problemática e incorporar mecanismos de prevención, sobre todo, de estrategias y programas que atiendan a los jóvenes que presentan proclividad a generar violencia hacia sus compañeros en medios electrónicos, beneficiando no sólo a la población escolar, sino a toda la comunidad, con prácticas encaminadas a ofrecer alternativas de solución frente a los problemas de mayor recurrencia, específicamente en el ámbito escolar.
La falta de una legislación sobre los contenidos en Internet, el desconocimiento de las implicaciones que puede tener el hecho de autoexponerse, así como la carencia de una educación desde la escuela y el hogar para eliminar el acceso al ciberespacio, hacen de los menores blancos perfectos para redes de trata de personas, lenocinio, turismo sexual, sexting –del tema que hoy estamos mencionando– y pedofilia.
Por ello, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del presente dictamen, comprometidos con la niñez. En Movimiento Ciudadanos somos quienes más iniciativas a favor de nuestro país hemos presentado, por este gran compromiso que tenemos, precisamente, con los niños y los adolescentes de nuestro México.
Por ello, los exhorto a un llamado de conciencia sobre la necesidad de erradicar este tipo de violencias, este tipo de conductas que ridiculizan, humillan y degradan a la dignidad y a la condición humana. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: A los alumnos de Preparatoria, del colegio Oxford, de Celaya, Guanajuato, que hoy nos acompañan aquí, invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (desde la curul): A favor.
La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): A favor.
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Antonio Barba Mariscal (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos (desde la curul): A favor.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): A favor.
El diputado J. Pilar Moreno Montoya (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Armando Córdova Díaz (desde la curul): A favor.
La diputada Jessica Salazar Trejo (desde la curul): A favor.
El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Andrés de la Rosa Anaya (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 440 votos a favor y 0 votos en contra, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 32, inciso d), de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, en materia de fomento a la convivencia sin violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: Siguiente punto del orden del día es la discusión del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo Sexto, denominado De las sanciones, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artríticos e Históricos, en materia de sanciones.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen que reforma los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55, y se adiciona el artículo 53 Bis, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artríticos e Históricos, en materia de sanciones.
Tenemos la obligación de lograr la protección de nuestro patrimonio cultural, ya que no sólo representa el conducto que vincula a la gente con su historia, sino que también representa una importante fuente de riqueza para los habitantes de la nación. En este contexto surge la necesidad de tomar medidas para preservar y proteger los bienes muebles o inmuebles declarados zonas o monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.
México forma parte de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual se estableció con el objeto de garantizar una protección y conservación eficaz.
Resulta imprescindible adoptar las medidas jurídicas para proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar nuestro patrimonio cultural. Las recomendaciones emitidas por la Conferencia General de la UNESCO en la vigésima reunión celebrada en París, durante octubre y noviembre de 1978, el Estado mexicano se obligó a prevenir y combatir mediante los instrumentos que considere adecuados, la falsificación de bienes culturales, los robos, las excavaciones ilícitas, los actos vandálicos y el empleo de falsificaciones, por lo que los estados miembros deberían –cuando la situación lo requiera– reforzar o crear servicios específicamente encargados de la prevención y la represión de esas infracciones.
Por lo tanto, reformar y adicionar diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado De las Sanciones, de la citada ley, fijando montos de días de multa de acuerdo con el salario mínimo se logra establecer parámetros atemporales, de manera tal que se actualiza este tema de acuerdo con la realidad nacional.
Al actualizar el marco jurídico que salvaguarda el patrimonio cultural de nuestro país brindamos protección al mismo, conscientes de que no solo se requiere de medidas legislativas para preservarlo, sino del trabajo conjunto de la sociedad y gobierno.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos nuestro deber como legisladores, el fomento de la protección de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. Votaremos a favor del presente dictamen, porque sabemos de la necesidad de dotar de mecanismos de ley efectivos para preservar nuestro patrimonio cultural. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Si me permiten saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos universitarios del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas. Invitados por el diputado Adolfo Bonilla Gómez. Bienvenidos a esta sesión y a la Cámara de Diputados.
También a un grupo de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social; a un grupo de estudiantes de la Universidad Privada del estado de México, UPEM, Plantel Tecámac. Bienvenidos todos a la sesión. Adelante, diputado.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Gracias, diputado. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, que se ha elevado al pleno de esta soberanía acerca de la necesidad de imponer sanciones pecuniarias, además de prisión para quienes lleven a cabo por cualquier medio trabajos materiales de exploración arqueológica en monumentos o en zonas arqueológicas sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, merecen el apoyo solidario del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Ello es derivado de que es de sobra conocido que bajo el argumento de realizar investigaciones, lo que en realidad sucede es el encubrimiento de saqueo de las zonas arqueológicas efectuadas por personas sin escrúpulos que afectan el patrimonio cultural de la nación.
Ha habido hechos que la opinión pública conoce pero que las autoridades del ramo no han sancionado en debida forma, principalmente por la falta de instrumentos jurídicos adecuados en las circunstancias. Por ello es atendible la propuesta pare legislar sobre la materia, de tal manera que se inhiba este tipo de actos que deterioran el patrimonio nacional.
Sobre la materia señalada la promovente propone actualizar las sanciones y las penas carcelarias para que los riesgos de robo, saqueo, vandalismo y la exportación ilegal de bienes nacionales que resultan indispensables para detener este tráfico de bienes propiedad de la nación, sean legislados puntualmente.
El Grupo Parlamentario del Partido del trabajo se solidariza con la iniciativa presentada por nuestra compañera legisladora que documentó con precisión para sustentar su propuesta.
En mérito de lo expuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen aludido en el proemio de este documento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Las zonas arqueológicas de México pueden dar evidencia clara de nuestros antepasados. En cada una de las entidades federativas se encuentran iglesias, construcciones civiles, arte sacro, esculturas, pintura, música y costumbres que hablan de la influencia española-indígena que distingue a nuestro país en todo el mundo.
Entre los lugares de mayor importancia y con un gran desarrollo cultural prehispánico en nuestro país están Palenque, Monte Albán, Chichén-Itzá, el Tajín y las Pirámides de Teotihuacan con sus dos grandiosas construcciones dedicadas al sol y a la luna en el estado de México.
Es responsabilidad, tanto de las autoridades como de los ciudadanos el identificar, proteger, conservar y rehabilitar todos los sitios que son patrimonio cultural y natural de nuestro país.
Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, existen 182 zonas arqueológicas abiertas al público en el país. En 2012 la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros fue de seis millones 967 mil 166.
En la actualidad México ocupa el quinto lugar mundial en número de espacios considerados como patrimonio universal. Es uno de los países con mayor riqueza en ese ámbito, según la lista elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El objetivo de la iniciativa consiste en dotar de mejores instrumentos jurídicos a la Ley Federal de Monumentos con la intención de proteger de manera más efectiva el patrimonio cultural de la nación.
Para ello se pretende reformar y adicionar distintos artículos del Capítulo Sexto, con el propósito de actualizar sanciones para quienes incurran en conductas tipificadas como delitos en consonancia con los convenios internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección, conservación, rehabilitación y transmisión de los bienes culturales que ocupan nuestro espacio territorial.
La obligación del Estado de proteger estos bienes se vuelve imperativa, toda vez que muchos de ellos ya forman parte del llamado patrimonio de la humanidad y, por lo mismo, sujetos a las recomendaciones y directrices emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
De esta forma, el proyecto aumenta montos y tiempos en las sanciones aplicables, ya sea a la exploración arqueológica, al traslado de dominio, a la posesión, apoderamiento, destrucción o introducción al país de bienes arqueológicos, históricos y artísticos.
Asimismo y en plena congruencia con la actualización jurídica de la ley, los cambios particularizan los delitos cometidos por las propias autoridades encargadas de resguardar los recursos culturales.
México es una nación que valora y defiende su patrimonio cultural. Gente de todo el planeta llega a nuestro país para admirarse ante nuestro pasado prehispánico y colonial.
Nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles y nuestras calle y plazas exponen las impresionantes edificaciones que heredados de las épocas de la conquista y la colonización.
El dictamen que hoy discutimos constituye un acontecimiento verdaderamente inédito. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales.
La creciente explotación comercial con fines de venta, alentada por la disponibilidad de tecnología de punta que facilita el descubrimiento y acceso de esos bienes, requiere de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impiden el creciente saqueo.
Las piezas arqueológicas e históricas que sustraen indebidamente, se comercializan en casas de subastas prestigiosas de las grandes metrópolis, que enseguida organizan ventan millonarias.
La insuficiencia de las legislaciones y los derechos de soberanía de los estados permiten a los saqueadores y a las autoridades coluditas continuar con esas actividades y explotar artefactos y bienes con propósitos puramente comerciales, en total desprecio por la pérdida que ocasionan a la ciencia, a la historia y a la humanidad.
En México no obstante nuestro pasado histórico, prehispánico y colonial, presume la existencia de riquezas culturales formidables que deben de ser rescatadas y protegidas.
El dictamen sólo describe las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento, sino que además establecen adecuaciones que la vuelven más eficiente en su implementación.
Por lo anterior y en virtud de las bondades que supone para la salvaguarda y protección de una parte importante de nuestro patrimonio cultural, tradicionalmente olvidado, es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, señor presidente. A nombre de la Comisión de Cultura y de Educación Pública, que para este dictamen trabajamos en comisiones unidas, vengo a presentar el posicionamiento sobre el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.
El patrimonio histórico cultural está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles e intangibles, construidas por sociedades pasadas, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de ideas y de material, se constituyen en factores que identifican y diferencian a cada región.
Desafortunadamente la dinámica de la actividad humana nos lleva a la transformación, al deterioro, a la destrucción de los recursos histórico culturales.
En ocasiones también el interés económico de maximizar los beneficios, resulta más importante que la adopción de medidas concretas de salvaguarda de los diversos componentes que integran el patrimonio de la humanidad.
Por este motivo la UNESCO contribuye a proteger el patrimonio histórico universal mediante diversos instrumentos internacionales, de los cuales México forma parte y en los que se reconoce la obligación de los Estados para identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.
Nuestro país cuenta con una larga lista de bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico arqueológico y etnográfico que integran nuestro patrimonio y del cual también forman parte documental y bibliográfico las zonas arqueológicas, los sitios naturales con valor artístico o antropológico, así como el patrimonio subacuático.
México y su vasto territorio albergan monumentos históricos y sitios arqueológicos que, por su valor, constituyen un preciado tesoro para nuestra nación, cuya protección y preservación deben ser de sumo interés pues resultan fundamentales para la conservación y el fortalecimiento de las creencias, las tradiciones y la identidad de nuestro pueblo.
El saqueo y la dispersión del patrimonio cultural e histórico es un problema realmente serio al que a lo largo del tiempo nos hemos enfrentado. Alrededor del mundo se ha venido registrando un sensible aumento en los casos de saqueo y destrucción del patrimonio cultural de la humanidad, lo cual denota que desafortunadamente el tráfico de bienes culturales resulta una actividad muy lucrativa.
Para erradicar las actividades que atentan contra el patrimonio histórico universal es necesario trabajar en una intensa labor normativa para el reforzamiento del derecho de la cultura, con lo que se pretende dar respuesta inmediata a este flagelo.
Así pues, este dictamen va encaminado a reforzar el entramado legal destinado a la regulación, protección y conservación del patrimonio histórico, labor que por su importancia se ha convertido ya en una tarea de carácter universal.
Por lo anterior, la Comisión de Cultura, de Educación Pública y por supuesto de mi grupo parlamentario estamos a favor de este proyecto porque consideramos que endurecer las sanciones para quienes atenten en contra de nuestro patrimonio histórico es un paso muy significativo para brindar a éste la protección que se requiere, garantizando con ello que las próximas generaciones puedan seguir gozando de nuestro patrimonio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Al no haber artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 439 votos a favor, cero abstención y cero en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo VI denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en materia de sanciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García.
El diputado Javier Orihuela García: Compañeras y compañeros. En la Comisión de Energía hemos estado discutiendo la necesidad de que nuestro país transite lo más rápidamente posible hacia el uso y el aprovechamiento de las energías renovables.
México es un país tan rico en ellas que es un disparate no aprovecharlas. Por eso hoy nos congratulamos por la resolución que hemos tomado aquí en esta Comisión de Energía y que ponemos a disposición de este pleno.
Compañeros y compañeras, México cuenta con un gran potencial en materia de recursos energéticos renovables. Uno de los criterios adoptados por los integrantes de la Comisión de Energía es buscar que se incentive la participación de las energías renovables y se fortalezcan las capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos de ahorro de energía y de energías renovables en los sectores público y privado.
Una de las múltiples ventajas de las energías es reducir el impacto al medio ambiente. Para lograrlo es necesario promover la generación limpia como la que se basa en fuentes renovables.
Las energías renovables, según la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, son aquellas fuentes que reciben fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles en forma continua o periódica, tales como el viento, la radiación solar en todas su formas; el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica en sus distintas formas como la mareomotriz, la maremotérmica de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal, el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos, en fin, una gran gama de energías que tenemos en nuestro país, compañeros.
En el caso de la minuta que hoy tratamos, la Comisión de Energía destaca la relevancia de promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilicen energías renovables, toda vez que resulta indiscutible que su aprovechamiento conlleva diversos beneficios como la reducción de la dependencia con respecto de los combustibles fósiles y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público evitando su dispersión, en el artículo 24 de la Ley se prevé que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las tecnologías limpias y energías renovables, así como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de energía.
Por lo anteriormente expuesto es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el proyecto de decreto que reforma la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento, en su artículo 24, a fin de que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones del sector público tendientes a promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellas.
Esta reforma representa un esfuerzo para impulsar el uso de energías alternativas que habrán de sustituir a los hidrocarburos, esperemos que en un corto tiempo, por lo que como integrantes de la misma y en representación de la Comisión de Energía, solicito a todos y todas ustedes, compañeras y compañeros, su voto favorable para que esto sea aprobado, y hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Administración, para que ojalá sea la Cámara de Diputados la que ponga el ejemplo a nivel nacional de que sí es posible disminuir la profunda huella de carbono que la Cámara de Diputados ejerce en este pequeñito territorio, sustituyendo este tipo de energía no renovable por renovable. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de presente dictamen, pues consideramos pertinente que las dependencias de la administración pública federal utilicen en sus inmuebles energías renovables, en la medida de las características de cada uno ellos, de su ubicación y de sus posibilidades técnicas y financieras.
Las energías renovables son aquellas que producen electricidad a partir del sol, el viento y el agua. Son fuentes inagotables pero que todavía presentan grandes dificultades de almacenamiento y son menos eficientes, ya que las instalaciones tienen poca potencia y el costo de producción es elevado.
Actualmente la producción de estas energías está aumentando, pero aún se encuentra por debajo de las expectativas. México cuenta con un potencial importante en materia de energías renovables, como son la eólica, la solar, la mareomotriz; y otras han sido desarrolladas y no aprovechadas de manera suficiente.
El primer bimestre del 2012 México contaba con una capacidad efectiva instalada para la generación de energía eléctrica de 64 mil 312 megawatts, de los cuales 14 mil 357 provinieron de fuentes renovables de energía eólica, solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa, lo que representa el 22.3 por ciento del total de la capacidad instalada.
De acuerdo con estimaciones de Proméxico, en datos de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, se considera que para el 2025 la capacidad instalada para la generación de electricidad, a partir de las energías renovables, se incremente en 18 mil 716 megawatts, de los cuales se estima que las fuentes de energía eólica e hidráulica tendrá la mayor participación, con un 60.2 por ciento y 24.3 por ciento, respectivamente.
Este pronóstico incluye las modalidades del servicio público, autoabastecimiento y generación distribuida. La utilización y el aprovechamiento de las energías renovables reflejan diversos beneficios, como reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir proporcionalmente la emisión de gases de efecto invernadero.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor de la eficiente utilización y aprovechamiento de las energías renovables. La aprobación del presente dictamen traería consigo la responsabilidad de la administración pública federal, de poner en marcha las labores necesarias para que sus inmuebles puedan empezar a usar las ya mencionadas energías renovables en pro del cuidado del medio ambiente y fortalecimiento de la transición energética del país.
Por lo anterior, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, ya que consideramos importante que las dependencias federales den el ejemplo utilizando energías renovables, lo cual reflejaría un avance importante hacia la obtención de un desarrollo sustentable integral dentro del país. Por su atención, gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, con la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su venia, diputado presidente. A primer bimestre del 2012 México contaba con una capacidad efectiva instalada para la generación de energía eléctrica de 64 mil 312 megawatts, de los cuales 14 mil 357 provinieron de fuentes renovables de energía como la eólica, la solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa, lo que representa el 22.3 por ciento del total de la capacidad instalada.
Actualmente, nuestro país cuenta con 204 centrales en operación y construcción para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables.
Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor número de proyectos eólicos y de biomasa respetivamente.
La Comisión Reguladora de Energía ha otorgado, hasta la fecha, 124 permisos para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, sumando un total de 4 mil 179.4 megawatts de capacidad instalada, lo que representa el 14.4 por ciento del total de capacidad autorizada a los permisionarios de la Comisión Reguladora de Energía, de los cuales, el 43.6 por ciento ya está en operación y el restante está proyectado que entre en operación en los 3 próximos años.
Se estima que para el año 2035 el porcentaje de participación de energía renovable se incremente considerablemente a nivel mundial.
Rusia, China y Brasil son algunos de los países que actualmente generan cada vez más electricidad a través del uso de energías renovables.
En el caso de Brasil, en el 2012, el 75 por ciento de la electricidad producida provino de estas fuentes. Se prevé que dentro de 20 años alcancen el 84 por ciento de la participación.
Para el caso de México, actualmente generamos poco más del 10 por ciento de la electricidad a partir de energías renovables, muy por debajo del promedio mundial y con efectos más dañinos, tomando en cuenta que somos un país con un elevado nivel de población y con ello los costos relacionados con medio ambiente en términos absolutos nos ponen en una situación que sin duda requiere ser atendida.
El dictamen de la minuta que hoy se presenta busca agregar una fracción al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con el propósito de que en la Estrategia para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se establezca el uso de energía renovable, generada a partir de radiación solar en los bienes inmuebles de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
El Partido del Trabajo considera necesario impulsar en México el uso de las energías alternativas a los hidrocarburos y otros energéticos pesados, que además de escasos y costosos resultan altamente contaminantes.
Es de reconocerse que México cuenta con un potencial importante en materia de energías renovables, como son la eólica, la solar, la mareomotriz y otras tantas que no han sido desarrolladas ni aprovechadas de manera eficiente. Esto debido a que no existe una intención de los usuarios de exigir la posibilidad de que existan ofertas de energías renovables accesibles y a costos accesibles.
En ese sentido resulta pertinente que las dependencias de la administración pública federal utilicen en sus inmuebles dichas energías en la medida de las características de cada uno de ellos, de su ubicación y de las posibilidades técnicas y financieras, y con ello, incentivar el consumo de este tipo de energías entre la población y las empresas.
Evidentemente, es de tomarse en cuenta que la energía de procedencia de la radiación solar, así como los demás conocidos como renovables dependen de factores no controlables técnicamente, como son las condiciones climáticas.
En el caso particular de la radiación solar existen regiones en donde no sería suficiente para convertirla a energía eléctrica, además de que aun existen dificultades de carácter tecnológico y de viabilidad económica que no la hacen rentable. Aun así, buscar la manera de combinar el uso sería sin duda un avance en el logro de alcanzar la meta impuesta, de alcanzar la transición energética.
Esperemos que realmente e lleve a cabo las medidas necesarias para apoyar esa adición a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética en el gobierno federal, y no se quede solo en una buena idea ecológica.
Reconozcamos y recordemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se redujo en 90 por ciento los recursos asignados al el Fondo para la Transición Energética, lo que en un principio parece un abandono a este compromiso que tenemos con la sociedad y con el medio ambiente.
Reconocemos pues el impulso y el buen ánimo que se vive al interior de la comisión, y nos alegra que se apoye por unanimidad este tipo de proyectos. Y por nuestra parte, hay que decir que el Partido del Trabajo seguirá apoyando las iniciativas relacionadas con el uso responsable de los recursos naturales y con sus responsables votaciones. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, del 2000 al 2011 el consumo de energía en México ha crecido en promedio anual en 2.08 por ciento, mientras que la producción de energía primaria ha disminuido tan sólo el 0.3 por ciento al año.
En lo que se refiere al petróleo, después de alcanzar una producción máxima en el 2004, ésta ha declinado hasta ubicarse en 2.5 millones de barriles diarios. Como consecuencia de seguir con las tendencias observadas hasta el momento México se convertirá en el 2020 en un país estructuralmente deficitario en el ramo energético.
Es por eso que resulta menester la aplicación de medidas que consideren los problemas de fondo que enfrenta este importante sector, con el afán de transitar a un desarrollo óptimo de los productos energéticos de nuestro país.
Derivado de lo anterior consideramos que la implementación de inmuebles en las dependencias y organismos públicos que utilicen energías renovables resulta no sólo necesaria, sino urgente e impostergable. Nuestro país presenta un enorme potencial aún no explotado en materia de este tipo de energías.
Resulta claro que sólo a través de ellas se podrá romper con la enorme dependencia de combustibles fósiles, por lo que la implementación de esta clase de inmuebles no se puede limitar al ámbito público. Es necesario el desarrollo del mismo esquema dentro de la iniciativa privada.
Sólo a través de un esfuerzo conjunto se podrá incentivar el uso y la aplicación de fuentes primarias de energía que permitan explotar las características geográficas, las posibilidades técnicas y la viabilidad económica de cada región. No obstante si bien el dictamen presenta un primer avance rescatable consideramos que esto no es suficiente.
El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la implementación de reformas que no contemplan una visión integral del problema traerá como resultado un impacto de manera marginal.
Lo que México requiere son políticas que fomenten, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, acciones que busquen la transición a un desarrollo sostenible, solo así se logrará un equilibrio que logre la satisfacción tanto de las necesidades económicas y sociales, como la diversidad cultural y del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, tenemos 440 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración.
Tiene la palabra por 10 minutos para fundamentar el dictamen, de conformidad... Por cinco minutos –perdón– para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Javier López Zavala.
El diputado Javier López Zavala: Muchas gracias, presidenta; con su permiso. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a fundamentar a nombre de la Comisión de Población el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción, la XXVII, al artículo 3; y se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Migración para crear el servicio profesional de carrera migratoria en el Instituto Nacional de Migración.
Los integrantes de la comisión presentamos a la consideración del pleno el dictamen que se suma a las minutas que el Senado de la República ha turnado a esta Cámara de Diputados, que representa un esfuerzo del Poder Legislativo para dotar de mejor capacitación y especialización al personal que se encarga de una función tan sensible como es la protección de la población que transita por nuestro país bajo esquemas de respeto para los que arriesgan su vida con un deseo de encontrar mejores condiciones de vida en otro lugar distinto fuera de su país o en otra entidad, abandonando a su familia.
Cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos y en el trayecto sufren con frecuencia vejaciones, maltratos, humillaciones, discriminaciones, violaciones, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Por ello se vuelve tan crucial profesionalizar al personal del Instituto Nacional de Migración.
Las y los migrantes enfrentan una gran inseguridad al tránsito por nuestro país, enfrentando serios problemas. Los organismos internacionales públicos y sociales han realizado una serie de recomendaciones a nuestro país a fin de garantizar la seguridad de los migrantes y de aquellos que tienen que permanecer en nuestro país, estancados por falta de recursos o por enfermedad y no les permiten seguir su camino.
Esto, aunado a la violación constante de derechos humanos y un déficit de atención por parte de las autoridades migratorias en el país por varias circunstancias operativas y de preparación que deben realizar y tener el personal encargado de estas funciones en el Instituto Nacional de Migración, situación que requiere modificarse.
Cada día más es indispensable que México mejore su preparación de los funcionarios y personal público encargado de estas responsabilidades, porque en los últimos años nos hemos convertido en uno de los países del mundo con más asesinatos de distintos grupos migratorios.
Para mejorar esta atención, la población migrante de este Congreso de la Unión aprobó la Nueva Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.
Sin embargo no se consideró en éste el establecimiento del Servicio Profesional de la Carrera Migratoria como instrumento para mantener la calidad funcional del personal encargado de esta actividad, de sumamente delicada para dirigirse a personas marginadas, en pobreza, que requieren el Instituto Nacional de Migración, que tenga mejores sistemas y personal adecuado.
Que, por otra parte, había quedado pendiente desde tiempo atrás, limitado por las carencias de un marco jurídico que le permitieran atacar las situaciones inerciales, costumbres, hábitos y acciones viciadas del personal.
Hoy por las condiciones económicas y sociales, existe un gran flujo de tránsito de personal al interior de nuestro país. Son los grupos del crimen organizado y mafias compenetradas en las rutas de traslado, quienes ejercen un cerco sobre las personas, mujeres, hombres y niños que se trasladan para buscar mejores oportunidades de vida con el sueño americano.
En este contexto, en este momento se cuentan oficialmente, del Instituto, con un instrumento que prepare a su personal, que lo capacite y evalúe su desempeño, con el objetivo de garantizar la transparencia de su actividad.
Las modificaciones al artículo 3o., y 25 que hoy presentamos, han sido objeto de atención de diversos grupos parlamentarios en la colegisladores, quienes con un sentido de responsabilidad legislativa y atendiendo la problemática que genera la ausencia de un mecanismo que permita la capacitación y la profesionalización de los servicios públicos del Instituto Nacional de Migración, que ya cuenta con una ley que protege los derechos denominados “de la tercera generación”, contempla su marco legal, Servicio Profesional de Carrera Migratoria, para darle certeza funcional y transparencia a sus actividades.
Como se manifiesta en la Ley del Servicio Civil de Carrera, en la Administración Pública Federal, en su artículo 2o., el Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.
El espíritu de este precepto en el marco del Servicio Profesional de la Carrera Migratoria del Instituto Nacional de Migración, se retomará de manera fundamental en la concepción para el personal de esa institución, cuidando las características específicas que tiene la función de los servidores públicos encargados del proceso de migración en el país y de acuerdo con el marco legal establecido en la ley y la reforma que se establece a esta figura.
Destacamos entonces en esta comisión, que la propuesta atiende al problema de capacitación y especialización para el personal en servicio y de aquel que desea ingresar a este instituto.
Así con la propuesta contenida en el dictamen se establece la competencia para llevar a cabo la regularización de este proceso. La ley en comento que reglamentará la acción de la Federación en la materia.
Asimismo los responsables de la realización directamente de esas funciones de migración, tendrán la oportunidad de prepararse en los casos de los que están en el instituto también y lo mismo para los de nuevo ingreso, consiguiendo el perfil adecuado para el desarrollo de las responsabilidades y el cumplimiento de las mismas cuando desempeñen sus acciones correspondientes.
De esta manera se propone la Ley de Creación del Servicio profesional de Carrera Migratoria, y su operación estará a cargo del Instituto Nacional de Migración, quien establecerá las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo dentro del reglamento correspondiente, instrumento que fortalece el proceso de migración institucional, de conformidad con las principales recomendaciones internacionales a las que debemos de dar pleno cumplimiento, promoviendo en el instituto mecanismos para mejorar el desempeño y sus atribuciones.
Por ello solicitamos al pleno considere votar a favor esta propuesta de establecer el servicio profesional de carrera migratoria, cumpliendo así con la nación, y los legisladores y con nuestro deber de crear instrumentos encaminados a la protección y la defensa de quienes buscan mejores niveles de bienestar transitando por nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar posicionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Torres Flores.
La diputada Araceli Torres Flores: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: la Comisión de Población somete al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que busca reformar los artículos 3 y 25 de Ley de Migración.
Esta reforma proviene de la Cámara de Senadores en su carácter de minuta con el objeto de fortalecer las tareas de formación y capacitación de los agentes migratorios que presentan su revisión al Instituto Nacional de Migración.
En los años recientes se ha hecho patente la necesidad de fortalecer las instituciones que llevan a cabo tareas de control migratorio en nuestro país. Se ha ventilado una serie de abusos y vejaciones que sufren los migrantes centroamericanos en su paso por México con destino a los Estados Unidos de América.
En diversos foros México ha exigido un trato digno para los compatriotas que buscan un futuro más promisorio en el país vecino del norte, y con justa razón se nos ha exigido dar un trato humanitario a los migrantes de otros países que cruzan el territorio nacional. Es en este tenor que se busca modificar las disposiciones de la Ley de Migración.
Esta reforma también es producto de una serie de estudios hechos por organizaciones defensoras de los derechos humanos que resaltan la necesidad de modernizar las tareas del instituto. Como atinadamente se señala en el dictamen, esta reforma permitirá instrumentar un servicio profesional y una serie de medidas de carácter administrativo donde se reformen los procesos internos del Instituto Nacional de Migración en el terreno operativo y se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de los derechos humanos profesionalización y evaluación del proceso que lo integra.
Uno de los elementos claves de la reforma es que tiene que ver con garantizar el perfil y profesionalización y capacitación permanente de los servidores públicos con un enfoque de derechos humanos y que existan mecanismos efectivos de supervisión del personal.
Es por ello que en la Comisión de Población de esta Cámara de Diputados coincide con los razonamientos de los motivos de la colegisladora al haber aprobado la reforma que analizamos.
No podemos permitir que se sigan presentando hechos lamentables como fue el caso de la matanza de San Fernando, en Tamaulipas donde fueron cobardemente asesinados 72 migrantes centroamericanos.
Es preciso que los agentes migratorios puedan cumplir con las tareas que tiene asignadas las cuales deben estar estrictamente apegadas a derecho, y las convenciones tratadas en materia de derechos humanos. Por las consideraciones aquí señaladas votaremos a favor los presentes dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado Rodrigo Chávez Contreras.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su venia, diputada presidenta. Presento ante este pleno posicionamiento a favor del proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración a través del cual se pretende incorporar el servicio profesional de carrera migratorio como un mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades para los aspirantes a ser servidores públicos del Instituto Nacional de Migración.
Contar con funcionarios públicos profesionales para atender los asuntos migratorios resulta una prioridad, sobre todo, al considerar que el pasado 9 de abril que se anunció que en lo que va de la actual administración se han cesado e iniciado averiguaciones previas contra un centenar de funcionarios de distintos niveles del Instituto Nacional de Migración por su presunta participación en actos de corrupción y delitos.
Ante estas circunstancias es indispensable reconocer que el fenómeno migratorio en nuestro país no ha sido atendido correctamente por la autoridad, incluso, han sido las mismas autoridades del Instituto Nacional de Migración las implicadas en el atropello y abusos de migrantes.
México es un país firmante de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Migrantes, Trabajadores y Miembros de sus Familias. En ese compromiso, como nación, es fundamental garantizar el respeto de los derechos humanos de este sector de la sociedad. Así que de aprobarse estas reformas legislativas contaremos con un perfil más adecuado para la ocupación de cargos de servidores públicos con la capacitación permanente en enfoque de derechos humanos dentro del Instituto de Migración, y consolidaremos una propuesta de combate a la corrupción a través de la implementación del servicio profesional de carrera migratoria, mejorando la calidad del servicio público.
Los integrantes de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen, no obstante advertimos que para la eficiencia y la eficacia de la gestión migratoria los procedimientos para la selección, ingreso, capacitación, actualización y permanencia de los servidores públicos de puestos de confianza del Instituto Nacional de Migración deben ser transparentes y honestos en su aplicación por parte de los titulares y altos mandos de las dependencias. Sólo así se garantiza la igualdad de oportunidades a los aspirantes a dichos cargos. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz la diputada Juana Bonilla Jaime.
La diputada Juana Bonilla Jaime: Con su venia, señora presidenta. Uno de los problemas que ha acaecido en territorio mexicano y que se agravó en el último sexenio es el de la migración de cientos de hermanos centroamericanos, que ante la necesidad y la búsqueda de un mejor porvenir hombres y mujeres del centro del continente emprenden una aventura con el afán de llegar a los Estados Unidos y acceder al tan hipotético sueño americano, no obstante, es sueño se convierte en pesadilla en muchas ocasiones.
Durante su trayecto y paso por territorio mexicano los migrantes enfrentan un sinnúmero de vicisitudes que ponen en riesgo su vida, entre esas calamidades encontramos las climáticas, económicas y de transporte, pero la más grave es la de enfrentar a la del propio ser humano. Enfrentan a la delincuencia organizada que su afán de hacerse de recursos, tanto económicos como humanos, extorsionan a nuestros amigos centroamericanos a fin de que familiares de ellos paguen rescate por liberarlos, y esto en el mejor de los casos, ya que hay organizaciones delincuenciales que con el afán de agrandar sus filas los secuestran para integrarlos a sus propias organizaciones y si éstos se niegan, los asesinan.
Otro problema importante es la corrupción al interior de las instancias gubernamentales, policías municipales y estatales. Autoridades de Migración se encargan de extorsionar a los propios migrantes con la consigna de que si no les proporcionan dinero serán remitidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. Esto ya se convirtió en un jugoso negocio.
En razón de lo anterior, en el contenido de la reforma se integra el concepto de servicio profesional de carrera migratoria, el cual se entenderá como el mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos, con cargos de confianza en el instituto.
Es urgente impulsar la creación del servicio profesional de carrera migratoria como primer paso para mitigar la problemática que aqueja al país en materia migratoria. Los beneficios de la implementación de un servicio profesional de carrera migratoria serían:
La profesionalización del funcionario en materia migratoria.
Mejorar la eficacia e impulsar la honestidad, así como igualar oportunidades y méritos para ingresar, desarrollarse y permanecer en el instituto.
Mejorar el trato hacia los migrantes en pleno respeto a sus garantías individuales.
Transparentar el proceso de selección que incluye pruebas de confianza de ingreso y de permanencia.
Luego entonces, la reforma que se pone a consideración de este pleno, es solamente el inicio de las medidas que se necesitan para la transformación que requiere el Instituto Nacional de Migración.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos comprometidos en abonar a las reformas necesarias que lleven consigo un beneficio social. Nuestro grupo tiene la plena convicción de generar consensos en pro de la ciudadanía. Nuestro pacto es con la ciudadanía, es con la sociedad. Y por eso este dictamen lo votaremos a favor. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Norma Ponce.
La diputada Norma Ponce Orozco: Honorable asamblea, la seguridad y la protección de los migrantes es un problema que no ha sido resuelto en nuestro país.
Heredado y agravado por administraciones anteriores, ha generado que quienes están en tránsito por nuestro territorio sufran de extorsiones, sean víctimas de redes de trata, de secuestradores y hasta víctimas de homicidios, incentivados por su condición de vulnerabilidad y la irregularidad de su internación legal al país para tratar de llegar a los Estados Unidos.
Víctimas a veces de un sistema en el que desafortunadamente no sólo participa el crimen organizado, sino también autoridades, tanto federales como locales, que inciden en prácticas delictivas por diversos motivos.
En el tema de migración ha cobrado mayor importancia el enfoque de protección de los derechos fundamentales, ya que el acercamiento judicialista o policiaco no ha rendido los resultados esperados para la resolución de los problemas humanitarios que implica en el tránsito de personas de un país o región a otra.
Es en el sentido expuesto, que la idea de autoridad debe evolucionar de acuerdo a las circunstancias, por lo que es cada vez más frecuente que se abran espacios para la formación, capacitación y profesionalización permanente de los servidores públicos para formar una administración pública moderna, eficiente, eficaz, objetivo y responsable.
Es en ese sentido del dictamen que hoy se presenta a discusión, generar un cambio en la estructura administrativa, organizacional y conceptual del Instituto Nacional de Migración, buscando que los servidores públicos que integran esta institución se conduzcan de acuerdo a las leyes, a la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los migrantes.
El personal del Instituto Nacional de Migración requiere una sensibilidad especial, que asimile a México como país de origen, tránsito, destino y retorno, con un enfoque humano, conciliador, respetuoso y facilitador que permita la regularización de la situación migratoria, preservando siempre la dignidad de los migrantes y el respeto a sus derechos fundamentales.
Esta iniciativa confluye con opiniones vertidas por diversas organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y observatorios internacionales en la materia.
Sobre la necesidad de que el instituto cuente con un sistema profesional de carrera institucional donde se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de derechos humanos y la profesionalización y evaluación del personal que lo integra.
Garantizar el perfil en la profesionalización y la capacitación permanente de los servidores públicos con una perspectiva de derechos fundamentales aparejada con la existencia de mecanismos efectivos de supervisión de personal es necesario en cualquier orden de la vida en sociedad.
Pero resulta más urgente cuando se trata de autoridades que entran en contacto con grupos vulnerables, cuyos derechos han sido violentados regular y sistemáticamente.
Inclusive, esta reforma planteada consiste también en la armonización del instituto con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, pues este organismo se trata de un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que por mandato de la legislación referida debe contar e instrumentar un sistema integral de profesionalización de sus servidores públicos, que incluye, además, los procedimientos de reclutamiento, contratación y evaluación del desempeño.
En el Partido Revolucionario Institucional estamos siempre convencidos de que la capacitación, la formación permanente y la profesionalización de nuestros servidores públicos son necesidades inaplazables para generar un sistema más virtuoso y humano. Por lo cual votaremos a favor del dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 434 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 432 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, para fijar posicionamiento de su grupo.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el dictamen de la Comisión de Justicia que se somete a discusión el día de hoy se establece para tipificar como delito de abuso de autoridad a quien impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de un alumno a cambio de una contraprestación económica o en especie, y sancionarlo de tres días hasta tres años de prisión, y la multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
En el artículo 3o. constitucional se establecen los principios de la educación pública, la cual debe ser obligatoria, laica y gratuita. Estos principios jurídicos delinean el derecho humano de la educación que asiste a nuestras niñas, niños y jóvenes de nuestro país, derecho que debe garantizar el Estado mexicano y los tres ámbitos de gobierno de acuerdo a la concurrencia y de facultades para brindar el servicio educativo.
La educación es un asunto central de la agenda nacional. Todos los actores políticos, sociales y económicos coinciden en la primacía de la educación para lograr mejores niveles de bienestar colectivo e individual. También ponen especial atención en la calidad de la educación como un modelo que permita a los educandos recibir los conocimientos de manera adecuada, pertinente y oportuna, considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe incidir en la competencia y habilidades de nuestros estudiantes.
En este marco es preciso reconocer que hasta hoy las asociaciones de padres de familia convienen en establecer aportaciones voluntarias para la adquisición de los insumos básicos de higiene y limpieza que las autoridades educativas no proporcionan a las escuelas.
De igual forma, es preciso aclarar que las cuotas escolares y su administración no es responsabilidad de las maestras y de los maestros, sino de las propias asociaciones de padres de familia, mimas que están reguladas por las autoridades mediante reglamento.
No podemos negar que la precariedad con la que funciona la mayoría de las escuelas públicas del país está estrechamente vinculada con la falta de compromiso para otorgar el financiamiento público educativo, en 8 por ciento del producto interno bruto, como lo establece la ley, como tampoco podemos eludir el hecho de que la omisión de las autoridades educativas que por años han provocado el deterioro y abandono de miles de escuelas públicas en todo el país.
Para Nueva Alianza la educación es una tarea de todos, la reforma al sistema educativo en marcha es una oportunidad para corregir deficiencias, inequidades y rezagos. Rechazamos tajantemente cualquier acción tendiente a limitar el libre ejercicio del derecho de la educación pública; pero igualmente consideramos indispensable que con la misma contundencia debemos exigir el cumplimiento de la obligación del Estado, de certificar que en cada plantel educativo se reciban los recursos económicos necesarios para la contratación del personal de limpieza y secretarial, la reparación de servicios sanitarios, hidráulicos, de electricidad, la pintura e impermeabilización de aulas y el pago de servicios de luz, agua y otros servicios, así como la adquisición de gises, escobas, trapeadores, cloro, etcétera y demás elementos necesarios para garantizar ambientes escolares, seguros y saludables.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará en contra del dictamen, porque rechazamos el intento de criminalizar a los docentes y padres de familia; rechazamos las propuestas dirigidas a un sector específico, cuando el problema va más allá de esta situación.
Compañeras y compañeros legisladores, en lugar de este intento de exhibir a los trabajadores de la educación, los convocamos a definir los mecanismos a través de los cuales debemos sancionar también a las autoridades que por omisión, negligencia o premeditación no ministren a las escuelas los recursos necesarios para su sostenimiento y eficiente operación, o no ejerza de manera racional transparente y eficiente los recursos públicos destinados a la prestación de los servicios educativos.
El costo de atender esta obligación es apenas del 10.7 por ciento del gasto corriente del presupuesto educativo. Aproximadamente alrededor de 2 centésimas de punto porcentual del gasto programable. No es cuestión de suficiencia presupuestaria, sino de responsabilidad y eficaz administración. Repito, no podemos permitir se criminalicen a los educadores y a los padres de familia. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, la diputada Zuleyma Huidobro González.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. El pasado 13 de diciembre, durante la discusión que se llevó a cabo en esta honorable asamblea a la iniciativa que reformaba y adicionaba diversas disposiciones constitucionales en materia educativa, Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Ricardo Mejía Berdeja, hizo notar la inconveniencia de aprobar apresuradamente el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales en algunos de los artículos de la misma, en específico al quinto transitorio en su fracción III, inciso A).
En aquella ocasión, el diputado Mejía señalaba que al aceptarse el contenido que enunciaba en dicho artículo se establecían las condiciones para constitucionalizar el cobro de cuotas escolares. De hecho durante el proceso de aprobación la diputada Luisa María Alcalde, argumentó en una reserva al quinto transitorio la pretensión inverosímil de pretender abrir la puerta legal para oficializar la solicitud de cuotas a padres de familia.
Días después, el 19 de diciembre, y luego de un procedimiento parlamentario extrañamente expedito –por no decir lo menos-, se discutió la minuta que devolvió el Senado de la República. Durante su discusión en lo general de nueva cuenta salieron a la luz objeciones que desestimaban la procedencia de aprobar una iniciativa educativa que facilitaba la posibilidad de legitimar la generalización de las cuotas escolares.
Esta discusión adquirió un matiz y un tono cada vez más absurdo y contradictorio, pues precisamente los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista fueron quienes defendieron con mayor ahínco y firmeza los cambios constitucionales, siendo que poco tiempo atrás, durante la pasada campaña electoral federal, se habían constituido como los principales promotores y baluartes de un total de gratuidad de la educación en México.
Pero el asunto de las cuotas escolares no es un necio debate ni una visión contumaz ni tampoco una estructura mental surgida de las Academias Velázquez, como se ha señalado en esta asamblea. Es un asunto relevante que más allá de las disputas partidistas cobra enorme significancia cotidiana para una amplia esfera de la sociedad mexicana.
Resulta evidente que la educación que imparte el Estado de México es gratuita. El problema radica en otro orden de ideas que resulta independientemente de las bondades que pudieran tener los cambios que se llevaron a efecto en nuestra Norma Máxima. Lo único cierto es que en este momento existe una redacción constitucional que pondera a la ambigüedad en esta temática.
La consigna de fortalecer la autonomía de gestión de escuelas resulta imprecisa y, por lo mismo, sujeta a una interpretación discrecional de ciertos grupos o actores y con ello la posibilidad de otorgarle un carácter de obligatoriedad a las llamadas cuotas voluntarias en las escuelas.
Sin embargo, esta ambigüedad jurídica que solamente es en perjuicio de la población de los educandos y sus familias, la quieren hoy subsanar gracias a la iniciativa que estamos discutiendo. Iniciativa presentada con toda prontitud al inicio de ese segundo periodo ordinario de sesiones, lo que hace dudar de la inexistencia de casualidades afortunadas.
Originalmente la adición propuesta al Código Penal Federal presentada, enunciaba una sanción de tres días a tres años de prisión. No obstante el dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia en el entendido de que no todo se puede penalizar, sólo se sanciona con una multa administrativa a quien en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar condicione el ingreso y la permanencia o retenga la documentación de los alumnos a cambio de una contraprestación económica.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen porque esta adición viene de alguna forma a atenuar por otra vía legal los excesos que se generaron al aprobar irreflexivamente el cuerpo de los cambios constitucionales en materia de educación, porque hoy los diputados del Partido Verde quieren lavar culpas porque esta multa no terminará con el cobro de las cuotas escolares, inclusive las va a aumentar. Dudo mucho que los padres de familia en nuestro sistema procesal vayan a presentar una denuncia en contra de la autoridad escolar para que sólo lo multen.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que este proceso se desahogue? Tal vez pase mucho tiempo para que un certificado sea entregado. Esto sólo provocará más injusticias de las que ya existen en nuestro país, pero al tiempo.
En un país con tantas carencias, en donde la pobreza y el desamparo institucional se extienden por todo el territorio de la nación, donde la educación que imparte el Estado resulta insuficiente e insatisfactoria, donde las condiciones materiales del proceso educativo son escasas y deplorables, donde la solicitud de cuotas escolares es una práctica recurrente y evidente, donde muchas veces los padres de familia se ven impedidor a solucionar estos requerimientos inmorales e inconstitucionales, donde el abuso de las autoridades escolares resulta escandaloso, no sólo por condicionar la educación, sino por exhibir a los alumnos y padres que no pueden solventar las imposiciones, pulverizando con ello su integridad emocional, su dignidad como personas y sus mínimos derechos humanos.
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación -dice la Constitución- y ésta deberá de ser gratuita”. De ninguna manera convenida y restringida.
Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para alumnos, maestros y padres de familia tal como reza el quinto transitorio, sólo es un largo eufemismo para señalar la procedencia de las cuotas escolares.
Ojalá que esta experiencia parlamentaria nos señale las rutas de la prudencia y la sensatez y no los meandros de la confusión y desolación jurídica, ello abonaría en la tarea comunitaria de desterrar todo acento de soberbia y arrogancia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. Por la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en el uso de la voz el diputado Ricardo Astudillo Suárez.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidenta. “Toda la educación que el Estado imparta, será gratuita”. Me parece que ese es un punto de partida para el dictamen que hoy estamos discutiendo y deliberando.
La propuesta en concreto es no criminalizar absolutamente a ningún funcionario. La propuesta es un inicio a lo que podemos implementar como legisladores y que tenga uno de los fines, me parece que más satisfactorios de todo nuestro país, que a ningún niño, que a ningún joven de cualquier nivel que sea su educación, se le restrinja la entrada, el acceso, la retención de documentos o la oportunidad de poder continuar, terminar su vida de educación y profesional.
Lo que estamos planteando y que es muy concreto, es al revés, me parece, de lo que aquí se expuso.
Estamos alentando y estamos a favor de las aportaciones en suma de los padres de familia, de las organizaciones, de los jóvenes, que podamos fortalecer lo que tiene que ver con la infraestructura que por supuesto lo reconocemos y aquí mismo lo discutimos en la reforma educativa que aprobamos.
Hay un problema en México serio, sí, por supuesto. Los que hemos estado recorriendo, como muchos de ustedes, nuestros distritos, los municipios a lo largo y ancho de nuestro país conocemos las necesidades, sabemos que se organizan en faenas de trabajo para poder garantizar servicios básicos en las escuelas, como son las letrinas, útiles escolares, salones, ventanas, seguridad dentro de las mismas, transporte a todos aquellos alumnos que tienen que caminar algunos kilómetros para llegar a sus escuelas y que nosotros no los desalentemos, sino que, todo lo contrario, sumemos esfuerzos, compañeras y compañeros, diputados.
Es el momento de unirnos como fuerzas políticas y que busquemos tener un fin que sea común para la educación de los niños y de los jóvenes de México.
Hemos hablado en esta tribuna de que depende de lo que nosotros podamos aportar en lo que autorizamos en esta asamblea y que se vea reflejado en la realidad. Lo que hoy se está planteando simplemente no es criminalizar a ningún funcionario; es sí prohibir lo que acabamos de mencionar en el Código Penal Federal: que no exista ningún plantel, ningún municipio, ninguna comunidad, por más alejada que se encuentre de sus propias capitales, en donde se pueda restringir la educación gratuita, uno de los derechos, nos parece en nuestro grupo, de los más importantes que tenemos en nuestro país y que tenemos que hacer valer como legisladores: el hecho de que podamos tener propuestas concretas por las que muchas familias, muchos niños, muchos jóvenes no se sientan discriminados por el hecho de que no puedan aportar una cuota, pero si sí lo pueden hacer, todo lo contrario, es el momento de sumar, es el momento de ayudar a todos aquellos que no lo pueden hacer.
Me ha tocado estar en diferentes escuelas en nuestro distrito, en este tercer cargo que ocupo de elección popular, y me he dado cuenta de que en muchos padres de familia, muchos jóvenes y niños sí existe el compañerismo y sí ayudan y apoyan a aquel que menos tiene.
Me ha tocado ver a padres de familia que se ofrecen a proporcionar la mano de obra en lo que llaman las faenas o jornadas de trabajo de apoyo para la infraestructura escolar, que sabemos que es un problema que tenemos que resolver poco a poco.
Los invito a que reflexionemos, a que sumemos este esfuerzo y que podamos empezar a afianzar en lo que tiene que ver con sí sancionar a cualquier persona, cualquier institución, cualquier funcionario que pudiese presentar alguna anomalía.
Existen diferentes tipos de sanciones, por supuesto. Lo que estamos proponiendo es una sanción pecuniaria; no estamos tratando de criminalizar ni de sancionar con cárcel, como aquí se mencionó. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el uso de la voz la diputada Margarita Tapia Fonllem.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Con su permiso, señora presidenta.
Creo que todas y todos los legisladores de todos los partidos políticos estamos de acuerdo con la gratuidad de la educación.
El Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen porque estamos a favor de la gratuidad, del carácter universal y del carácter laico de la educación en México.
Creo que si hubiéramos tenido tiempo para dar la discusión de esta propuesta del Partido Verde, del diputado Tomás Torres Mercado, en el seno de la Comisión de Justicia, habríamos tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista, de convencernos y de adoptar las medidas más adecuadas.
De hecho habría que decirlo, en el proceso de discusión acelerado que se dio, la penalización de cárcel fue eliminada del dictamen. Hoy estamos hablando de que hay que defender la gratuidad de la educación, y en eso no podemos ir en contra.
En nuestro país la educación pública se desarrolla, –y lo sabemos– sobre todo en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, en condiciones a veces lamentables; en condiciones de precariedad.
El compromiso que tenemos como legisladores, y también el compromiso que tiene el Estado mexicano, es que con la reciente reforma educativa se puedan solventar esos problemas que existen en nuestra educación.
Nuestros niños merecen una educación con calidad, una educación digna, una educación que brinde respeto a sus derechos humanos, pero también los maestros merecen esas condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor.
A veces las condiciones precarias en que se encuentran los planteles educativos han llevado a la práctica de cobro de cuotas. En la discusión se dice: bueno, pero esto no ocurre en todos lados, pero ocurre, y no podemos permitir que ni un solo servidor público cobre por los servicios que son gratuitos en nuestro país.
Por esa razón, el dictamen que hoy nos ocupa establece una multa de 1 a 300 días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, si es que el servidor público condiciona la entrada del niño o de la joven o del joven por no haber cubierto esta supuesta cuota escolar.
Creo que el dictamen, la propuesta que se hizo, que se hace en este dictamen, de sancionar a aquellos servidores públicos que están violando la gratuidad de la educación, es correcto.
Y creo que debemos en este debate, en esta discusión que estamos dando, refrendar nuestro compromiso para luchar porque exista un mayor presupuesto para el campo educativo para que verdaderamente estemos brindando las condiciones para que la calidad educativa pueda ser mejor y para que nuestros niños y nuestros maestros y nuestras niñas y nuestros maestros desarrollen la actividad educativa en buenas condiciones.
No quiero dejar pasar que este tema tan importante debió de haber sido discutido en el seno de la Comisión, porque si no hacemos la discusión en las Comisiones ordinarias que tenemos en esta Cámara de Diputados, es doblemente difícil que nos pongamos de acuerdo.
El PRD entonces votará a favor por la defensa de la gratuidad de la educación y por evitar la práctica de algunos servidores públicos para enriquecerse o para hacer acciones de poder en beneficio personal. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias diputada. Por la fracción parlamentaria del PRI en el uso de la voz el diputado Gerardo Hernández Tapia.
El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, la educación es un derecho humano cuya gratuidad está fuera de toda duda, máxime que esta cualidad se encuentra prevista de manera precisa en la fracción IV del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala a la letra que: Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.
La iniciativa que ahora se pone a nuestra consideración va más allá de la simple proyección del texto constitucional hacia sus leyes reglamentarias, sino que establece una sanción dirigida a quien, en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar, impida el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básicos o media superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie, estableciendo una sanción de tres días hasta tres años de prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien cometa dicho delito.
Lo anterior cobra especial relevancia toda vez que, aunque reconocemos que existen muchos directores y profesores que acuden honestamente a los padres de familia a fin de solicitar su colaboración en el mantenimiento de los planteles escolares, rubro en el que el propio gobierno federal ha reconocido graves rezagos, también los hay que se han valido de esta necesidad apremiante para presionar de tal modo a los padres, llegando al exceso de prohibir o restringir la entrada de los alumnos a las escuelas, violentando con ello un principio básico sobre el que descansa el sistema educativo nacional.
La conducta desplegada en este sentido por los directores y maestros violenta no sólo el espíritu de nuestra Carta Magna, sino que es contrario a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley General de Educación, el cual señala a la letra que es un derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, el colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos.
Pero no sólo eso, también transgrede lo establecido en el artículo 67 de la propia ley de la materia, el cual dispone que las asociaciones de los padres de familia tendrán por objeto colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles; participar en la aplicación de las cooperaciones, numerarios, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar; y proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores.
Nótese que la ley ve la participación de los padres de familia y las organizaciones que los representan en el mejoramiento de los planteles como una prerrogativa para no, como un imperativo que ante el incumplimiento traiga aparejada sanción alguna, por lo que es arbitrario tomar a los alumnos como rehenes frente a la imposibilidad o la negativa llana para cooperar con dinero o en especie en este rubro.
Derivado de lo anterior, los diputados del PRI compartimos el razonamiento asentado en el dictamen, por medio del cual se establece que la adición propuesta al artículo 215 Bis al Código Penal Federal, tendiente de equiparar con el abuso de autoridad la negativa o el retardo en el otorgamiento de un servicio público como lo es la educación, ya que esto permitirá el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar este servicio.
Elevar la conducta que motiva esta iniciativa a tipo penal traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito y se abstenga de llevarlo a cabo. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, en contra; diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, en pro; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, en contra; y diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, en pro, cerrando así la lista de discusión de este dictamen.
Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monral Ávila, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, es grave lo que se está haciendo. Quiero hacerlo con la mayor seriedad posible, como siempre intento hacerlo, porque lo que intenta la mayoría al aprobar esta ley, este artículo 215 Bis al Código Penal Federal es verdaderamente inusitado, absurdo. Es una ley draconiana, ¿ustedes saben quién era Dracón? Dracón fue el primer legislador de la antigua Grecia que vivía a finales del siglo VII antes de Cristo y que recibió como encargo redactar el primer código criminal griego.
Redactó leyes muy duras. Terminó exiliado, nunca se resolvió el problema del país. Por eso le llamamos a ésta una ley draconiana. ¿Quién piensa que se va a resolver el cobro de cuotas en las escuelas con una ley tan absurda? Les pregunto a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a los del PT. ¿Creen que es correcto esto que están haciendo?
Primero en la Constitución, en el quinto transitorio establecen la posibilidad de cobrar cuotas en la Constitución y luego en la ley reglamentaria, Código Penal, establecen una sanción a los maestros que se atrevan a cobrar cuotas. ¿Y saben cuál es la sanción que les aplican a los maestros que se atreven a cobrar cuotas? Lo equiparan al delito de abuso de autoridad. Y el delito de abuso de autoridad se castiga hasta con ocho años de prisión. Además de la inhabilitación y la suspensión del cargo de maestro.
¿Cómo hay gente que esté pensando en que esto se va a resolver así? De verdad, diputados, no vale la pena que hagamos un alto y digamos, no aprobemos esa ley draconiana.
Al maestro de la sierra, al maestro de la montaña, al que no hemos escuchado hoy lo vamos a criminalizar.
¿Tiempo? Tiempo deberías tener para escuchar los argumentos contra esta ley que quieren aprobar. Es grave, es grave señores diputados, no puede pasar de noche.
Miren, los que saben derecho penal, los abogados y hasta los estudiantes de derecho saben que la pena es un juicio de desvalor ético social, de carácter público que recae sobre el delincuente por haber cometido una infracción jurídica. La pena, en consecuencia, tiene un acento negativo. Por ello, siempre implicará un carácter de mal.
¿Eso es lo que quieren hacer con los maestros? ¿Con las maestras? ¿No les parece un exceso? Primero aprueban la Constitución en el artículo quinto transitorio y ahora pretenden la mayoría aprobar una ley draconiana. Estoy dispuesto a debatirlo con toda seriedad. No estoy descalificando a nadie, es un argumento jurídico penal. Y la filosofía del derecho en materia penal está orientada a evitar una conducta antijurídica, que pone en riesgo la convivencia social de los ciudadanos.
Díganme, los maestros que están cobrando cuotas, en los que nosotros estamos en contra, ahora los vas a criminalizar con ocho años de prisión, equiparando el delito abuso de autoridad y además a correrlos, a suspenderlos y a privarlos de su encargo a gravada una situación, que no podrán tener un cargo porque quedarán inhabilitados por ocho años.
¿Eso es lo que quieren? ¿No les parece que la pradera está muy seca para seguir incendiándola? ¿No les parece grave lo que está sucediendo? Me parece de verdad, reflexiónenlo. Y ojalá y esta Cámara se permitiera el debate de bis a bs, cara a cara, porque lo único que hacemos es monólogos y posiciones individuales de cada uno.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la palabra, por la fracción parlamentaria del PRD, en pro, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿Algún diputado me pidió la palabra? ¿No? ¿Quién me pidió la palabra? ¿No? Ah, sí me piden la palabra con muchos gusto les contesto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No quieren? ¿No?
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputada presidenta. Pues yo sí vengo a tomar el guante, yo sí vengo a debatir, porque aquí me parece que lo que tenemos que hacer es informar a la sociedad, no desinformar.
El artículo 3o., fracción IV, no podría ser más inequívoco, dice: Toda la educación que imparta el Estad será gratuita. Y no dice nada más, no se presta a ninguna interpretación, etcétera. Creo que cualquier estudiante de derecho, del prime año, sabe que la presunción de intenciones mal sanas entre los redactores de una legislación no pueden ir contra lo que dice de manera categórica y contundente el artículo 3o.
Las cuotas escolares en las escuelas eran anticonstitucionales antes de la reforma educativa, y seguirán siendo anticonstitucionales después de la reforma educativa. Decir lo contrario es mentir de manera desvergonzada.
Pero además, lo único que va a cambiar –y es lo que estamos haciendo ahora– es que ahora quien viole la Constitución no tendrá impunidad. No habrá impunidad para quien viole la Constitución.
Y no es para el maestro rural o para la maestra rural, no, es para los directivos que secuestren los papeles de los niños y no suelten esos papeles, que van a impedir que ellos sigan, se formen, pasen a secundaria o puedan hacer su vida profesional, porque no han pagado una cuota que es inconstitucional. Entonces, lo que estamos haciendo es eso.
Que además, no hay pena de cárcel, a nadie lo van a llevar a una prisión de alta seguridad, es una multa de uno a 300 días porque no queremos impunidad para quien atente contra el derecho a los niños a seguir estudiando.
Quiero decir que hay que hacerle más caso a los votos que a las palabras. Ahora sí que de lengua me como un taco. Y pueden decir, pueden hablar lo que quieran en contra de los monopolios, pero si votan a favor de los intereses de los monopolios, están con los monopolios. Pueden decir lo que quieran acerca de la educación, ir en contra de la burocracia sindical, etcétera; pero si están votando a favor de que siga siendo mediocre la educación pública; entonces están ahí sus intereses.
Quiero decir una cosa, a nadie más afecta una educación pública mediocre y de baja calidad que a los más desposeídos, a las clases más desposeídas que no tienen la posibilidad de tener educación privada y la única posibilidad de educación pública que necesitamos fuerte, que necesitamos vigorosa, que necesitamos de alta calidad.
Entonces lo que está muriendo aquí es un mito. El mito de que viene la privatización de la educación con la reforma educativa; fue un mito y a los padres de familia se les engañaba diciendo: en septiembre les van a cobrar a sus hijos y lo hacían así para generar un problema social precisamente para echarle fuego a la pradera, que efectivamente está seca. Esto es echarle agua a los cerillos de quienes están prendiendo la pradera seca, porque estamos diciendo: no solo tienen derecho a la educación pública y gratuita, no solo tienen derecho a la gratuidad, sino que además, si te están condicionando el pago para darte tus papeles eso es una sanción. Quien viole la Constitución y quien quiera violar la educación pública pagará una sanción.
Entonces yo no entiendo, de verdad que no entiendo, que aquellos que defienden y que dicen defender la educación gratuita, estén en contra de que haya una multa, la verdad es que es de uno a 300 días de salario mínimo. Perdón, nada que ver con las reformas draconianas de la Roma Imperial, totalmente lo contrario.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Diputado, ¿me permite una pregunta?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, por supuesto que acepto una pregunta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, a la curul del diputado Ricardo Ávila.
El diputado Ricardo Ávila Monreal (desde la curul): Diputado, con todo respeto, usted dice que solo es una sanción de uno a 300 días a quien viole esa disposición. ¿Es así?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, así es.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): ¿Nada más eso? ¿No establece ninguna sanción de tipo penal?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: De cárcel.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Pues es un ignorante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: No. Lea la Gaceta.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): ¿Por qué? Déjeme decirle, déjeme decirle, estoy en el uso de la palabra. ¿Sabe el contenido del artículo 215 Bis que se está discutiendo? ¿Lo conoce? ¿Lo puede leer? ¿Lo puede redactar? ¿Lo puede decir?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Pídale a la Secretaria que lo lea.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): No. Usted. Se lo estoy pidiendo a usted, porque la primera expresión, y ése es el problema de no permitir la discusión. Mire usted, lo que usted quiere aprobar dice: Se equipara. Se equipara al abuso de autoridad. Ése es un delito, diputado. Léalo, por favor. Léalo.
Y sabe usted, diputado, que el abuso de autoridad en los términos de la fracción I, V, X y XII se establece una sanción de uno a ocho años de prisión.
Y sabe usted también, le pregunto, que también tiene por disposición el que el desempeño se prive al maestro o a la persona que lo haga; y también la sanción es que no podrían aceptar nombramientos, estarán inhabilitados por ocho años o más ¿Sí sabía usted qué está penalmente sancionado?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Mire, la verdad es que no sabía que el diputado que me hace la pregunta –el diputado Monreal– es defensor de aquéllos que secuestran los papeles de los niños y les impiden seguir estudiando a cambio de esto. Está bien, está bien. Qué bueno que se preocupe de todos, incluso de aquellos directores que secuestran los documentos de los niños. Qué bueno. Hay que preocuparse por todo.
A quien está defendiendo es a esa casta de gente aventajada que quiere aprovecharse de la necesidad de la gente a seguir estudiando.
Ahora bien, yo le voy a leer...
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Está respondiendo pregunta, diputado Tomás, ¿Nos permite tantito?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Puedo leer. Dice lo que estamos aquí aprobando.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado, permítame. Sonido en la curul del diputado Tomás. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señora presidenta, creo que hay una confusión, además de que la educación sirve, entre otras cosas, apoya para leer, para aprender a leer.
Para ilustrar a la asamblea y con la finalidad de que no se quede una confusión, le ruego a usted ordene a la Secretaría dé lectura al texto del artículo 215 Bis; al texto íntegro del 215 Bis. Se observará que en momento alguno, en ninguna parte del texto se aborda pena de prisión. Se habla de equiparación al abuso de autoridad, pero es sólo una sanción pecuniaria de uno a 300 días, como lo está haciendo el orador.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se solicita a la Secretaría dé lectura al artículo en mención. Gracias. Lea el artículo por favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, le pido que me dé la palabra posteriormente para alusiones personales.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo 215-Bis. Se equiparará al abuso de autoridad y se sancionará con multa de uno a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Diputado, fue una pregunta no anterior, no es debate, no hay alusiones.
Termine, diputado, por favor concluya su participación. Hay más diputados anotados para la discusión de este tema.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Debatan, a ver si es cierto. Deme la palabra.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Yo contesté por supuesto la pregunta que se me hizo explícitamente y quiero decir que sí está perfectamente tipificado para aquel director que secuestre los papeles de un niño por no haber dado una contraprestación económica, para ellos procederá una multa de uno a 300 días de salario mínimo.
Está clarísimo. El tipo penal está ahí, no se pueden buscar otras cosas. Ahora sí que es buscarle tres pies al gato al asunto de esto. Simplemente decir que con esto queda claro: No debe de haber cuotas. Les estamos dando un mensaje a los padres de familia: si te están condicionando la entrega de los documentos a cambio de que tú pagues una contraprestación económica, es un delito y acúsalo para que tengan multa, porque lo que se tiene que cumplir es la Constitución, y la gratuidad es una cuestión inequívoca, es una cuestión contundente y es una situación que todos tenemos que respaldar.
La educación pública es gratuita, y lo vamos a demostrar con votos, más que con palabras, con votos.
Si queremos que haya impunidad para los que secuestran los papeles de los niños o queremos que tengan una sanción para defender la gratuidad de la educación. Éste es el dilema que está en esta votación. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano. No hay alusiones, diputados, respondió a una pegunta, es todo. Ya tuvo la palabra usted para dar posicionamiento en contra, diputado. Continúe el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con esta enmienda al Código Penal están pretendiendo expiar sus culpas, limpiarse la cara de la constitucionalización en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a), que establece las cuotas escolares.
Dice el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a): “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones para que alumnos, madres, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.
Ahí abrieron la puerta en la Constitución al cobro de cuotas escolares y ahora quieren, en el Código Penal, sancionar lo que abrieron con la Constitución.
Como bien decía el diputado Ricardo Monreal Ávila, en este artículo Bis del Código Penal, están equiparando al abuso de autoridad y en consecuencia todas las sanciones que tienen que ver con este tipo penal, serán para aquellos que haciendo interpretación de este transitorio constitucional, cobren cuotas escolares. Eso es lo absurdo.
Y además de ello también van a aplicar la multa. No quieren enfrentar las cosas como son y esta reforma que promueve el Partido Verde y apoyan los neopriístas del Pacto por México, tiene que ver precisamente con una manera de responder al incendio social que han estado provocando en varios estados del país, particularmente en el estado de Guerrero.
Este quinto transitorio es una de las causas de esta insurrección magisterial en el estado de Guerrero y es producto de la gran irresponsabilidad con la que se aprueban las reformas constitucionales.
Hoy ya es un escándalo nacional la venta de las playas y la venta de propiedades en las fronteras. Ése es el tamaño de la irreflexión. Y por eso vamos a actuar en congruencia; nosotros nos opusimos a la reforma constitucional que establece el cobro de cuotas escolares.
Por eso no se puede criminalizar lo que ustedes mismos abrieron en la ley y por eso hay que ser congruentes y no venir a hacerle aquí al palero del PRI y a recibir aplausos del PRI.
Me recuerda muy bien a lo que decía Milán Kundera a propósito de quienes hoy se regodean de ser pactistas: ser absolutamente moderno es ser un ingenioso aliado de sus sepultureros.
El PRI y el Pacto van por la izquierda y hay quienes se ponen de tapete para que pasen por encima de ellos. Nosotros no vamos a actuar así y no vamos a criminalizar lo que abrieron ustedes en la Constitución en ese transitorio. Es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México para hablar en pro el diputado Tomás Torres Mercado.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, Presidenta. En la formación personal –no será el caso sólo de quien les habla– he respetado, reconozco, tengo gratitud perenne por la fortaleza de instituciones y de personas. Para mí, como para muchos la maestra o el maestro han significado un apostolado de libertades. De abandonar la montaña, de aprender a leer, de hacer legítima la aspiración de la familia de uno, de la superación personal y de su entorno social.
Por eso diré que respeto el posicionamiento de Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano, puedo compartirlo. Lo que no comparto es algo que es básico para trascender a ese derecho humano fundamental del artículo 3o: saber leer. Y saber leer un dictamen obliga a enterarnos de lo que es materia del debate.
No establece la adición al 225 Bis, en ninguna parte de su texto, pena corporal. Un tipo penal se compone con la descripción de una conducta y una penalidad. Pero en el centro, compañeros, y lo digo: el eje del debate es –lo dijo Belaunzarán, lo dijo la compañera del PRD– el eje es que el 3o constitucional que establece la educación gratuita, y mienten quien dice que el quinto transitorio legitimara imponer las cuotas, las prohíbe. La interpretación es tajante. Es absoluta. No condicionar, escúchese bien, la permanencia de los niños, el acceso de los niños y de las niñas, y el secuestro, en efecto, de su documentación a cambio de una cuota obligatoria impuesta.
Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde evidentemente votará a favor porque la educación pública gratuita, de donde venimos la mayoría, debe saldar una deuda histórica de un 6 por ciento de la población de niños que no asisten a la escuela, de 6 a 14 años; un 7 por ciento que es analfabeta y que son mayores de 15 años.
Vayamos, vayamos, refrendemos el compromiso compartido de hacer del derecho a la educación, el derecho humano más democrático y más liberador del ser humano. Gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Para rectificación de hechos tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Miren, ciudadanos diputados y diputadas. Yo sé que aquí hay buenos abogados, juristas. Incluso, reconozco con toda seriedad que el abogado Tomás Torres es buen abogado.
Pero hoy ha hecho malabares para explicar lo que él sabe que no es así. Incluso, él es experto en materia penal. Él es especialista en materia penal. Y no sólo eso, por eso lo aludo, porque me gustaría hacer un debate y que él también me aludiera porque esto es muy serio, de verdad.
No lo estoy descalificando ni a él ni a nadie, pero miren, si pueden lean el contenido de la exposición de motivos del propio dictamen que estamos discutiendo. Les voy a decir hasta la página, vean la página 47. Como en la escuela, pasen a la página 47. Y en la página 47 del Anexo 4, del Anexo 4, dice: elevar la conducta que motivó que esta iniciativa a tipo penal –a tipo penal– traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito. No es pues una sanción meramente administrativa.
Luego dice adelante, en el séptimo punto de la exposición de motivos, el capítulo tercero, abuso de autoridad en, en su artículo 215, fracción III del Código Penal Federal describe como abuso de autoridad de los servidores públicos el retardo o negativa a los particulares de la prestación de este servicio, que tengan la obligación de otorgarles o impida la presentación.
Señores diputados, abogados, juristas, estudiantes de derecho, aficionados al derecho; gente con sentido común. El hecho de que diga el 215 Bis, se equipara al abuso de autoridad, es obvio que se trate de establecer una sanción contra los maestros por ese delito de abuso de autoridad y que a partir de que lo aprueben, los maestros que cobren cuotas serán sometidos por esta Ley por abuso de autoridad, porque esta Ley lo está equiparando a abuso de autoridad.
No necesariamente tiene que repetir la sanción, eso es de técnica jurídica, de técnica legislativa, de técnica jurídica penal... Por favor. Pregúnteme, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): Quisiera hacer una pregunta a la presidenta.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: No quiere preguntar la diputada. Entonces yo les digo, es un error lo que están cometiendo, diputados de la mayoría. Es un grave error, es una Ley draconiana, está criminalizando a los maestros. Se establece un tipo penal, una sanción penal aparte de la sanción administrativa.
No cometan más errores, votemos en contra de este artículo 215 Bis por el amor de Dios. No sigan cometiendo atropellos a la legislación.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, diputada. Sonido, por favor. ¿Es para rectificación de hechos?
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): Así es, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Ya la tengo anotada, Diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): Gracias. Primero quiero expresar el respeto para todos y cada uno...
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En tribuna, por favor. Gracias. Para rectificación de hechos en el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, presidenta. Gracias, compañeras y compañeros. Primero quiero expresar el absoluto y total respeto a todos y cada uno de ustedes, y expresarles también que no para validar algo tenemos que descalificar a todos. Creo que todos los que estamos aquí sabemos leer, por lo tanto nadie puede dudar de lo que aquí estamos haciendo.
Coincidimos en el espíritu de esto, pero también tenemos que ver que en el contenido de iniciativa, en su exposición de motivos, textualmente lo dice: La iniciativa tiene por objeto adicionar el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad.
Es decir, lo estamos remitiendo a una sanción. No estamos validando que se coacciones a alguien porque no paga cuotas. No se equivoquen, no distorsionen, con el único afán de cumplir un compromiso de campaña. Aquí hay un compromiso de campaña como lo hubo antes cuando se penalizó otra cosa, se pretendió penalizar otra cosa.
Los maestros y las maestras de México estamos comprometidos con la educación pública gratuita y laica, pero no se vale que en esta tribuna descalifiquemos para sacar adelante una propuesta de campaña.
Por qué no reconocer que se cometió un error al fundamentarlo así como abuso de autoridad, porque lo están remitiendo a una penalización. Por favor, es de humanos rectificar. Qué cuesta rectificar y poner una...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Huerta?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidenta, para rectificación de hechos.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Por lo tanto, les pido, respetuosamente, a todos y a todas, y principalmente a las diputadas maestras y maestros, cuidemos esto. Sí sabemos leer. Sí sabemos leer y que no vengan con una bandera queriendo justificar un lema de campaña, a distorsionar una información. No soy abogada. Soy maestra y no estoy defendiendo que se cobren cuotas. Estoy defendiendo que se escriba como debe de ser, para que se lea correctamente. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz la diputada Alfa González Magallanes, para una propuesta de modificación.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidenta. Se trata de presentar una reserva precisamente en el párrafo tercero. ¿Qué es lo que se busca con esta reserva? Que al momento de la aplicación de la ley no se suscite un debate como el que tenemos ahora. Que no haya un debate innecesario y que no se preste a ningún tipo de interpretación, sino que exista simplemente una aplicación de la norma.
Para lo que proponemos que el texto sea el siguiente. Artículo 215. Se sancionará con multa de 1 a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado, en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.
Entonces, lo que estamos proponiendo, básicamente, es eliminar las dos palabras que iniciaron este debate o que suscitan este debate, se quitaran. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 215 Bis.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación leída por la diputada, al artículo 215. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría presidenta, por la afirmativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobada la modificación.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No hay mociones sobre mociones, diputado. Ya estamos en las votaciones. Ya tuvo su oportunidad.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señora presidenta, se emitieron 380 votos a favor, 12 abstenciones, 50 en contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos el proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El presente dictamen tiene por objeto atender esta minuta que nos fue enviada del Senado, pero haciendo algunas modificaciones ya no al artículo 31, sino a otra parte del articulado de esta importante ley con la intención de generar una serie de elementos que nos permitan establecer como residuos de manejo espacial aquellas pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, en virtud de que son los elementos más utilizados en las baterías comerciales y cuyo alto volumen de consumo y consecuente deshecho producen efectos perjudiciales en el medio ambiente y los recursos naturales.
Es importante observar que según distintos estudios, particularmente uno del Instituto Nacional de Ecología, es estima que el consumo de pilas y baterías primas no recargables en el mercado formal nacional se incrementó en 13 veces durante el periodo 1996-2007, y que pasó de alrededor de 2 mil 500 toneladas en el 96 a cerca de 32 mil 900 toneladas en el 2007.
El incremento también es notorio en términos del consumo per cápita que pasó de 5.2 pilas por habitante en el 96 a 12.6 pilas por habitante en 2007. Estas cifras reflejan un alza considerable a pesar de que las estimaciones no incluyen el número de pilas contenidas en aparatos electrónicos importados ni el de pilas recargables debido a la falta de serias estadísticas histórica confiables.
Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que un alto porcentaje de residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto, se habla en promedio en 2009 de 38 mil 325 toneladas de residuos sólidos urbanos que en México fueron dispuestas en sitios no controlados, agravando esto los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición final de pilas y baterías, pues no debemos olvidar que éstas son causantes de 93 por ciento del mercurio en la basura domestica, así como de 47 por ciento de zinc, 48 por ciento de cadmio, 22 por ciento de niquel, etcétera.
Al ser desechada las pilas se oxidan por la descomposición de sus elementos y esto provoca daños a la carcasa o envoltura, por lo consiguiente se permite la liberación de sus componentes tóxicos al ambiente, a los suelos cercanos y a los cuerpos de aguas superficiales o subterráneas.
Otras causas de considerable importancia, que contribuyen a la liberación de estos componentes, son los incendios en los basureros o la quema intencional de basura; lo cual representa un reporte significativo de estos contaminantes al aire libre.
Quiero enunciarles algunas de las afectaciones a la salud, más allá de las afectaciones al medio ambiente, que generan estos contenidos. El mercurio al mezclarse con el agua genera metilmercurio; esto puede atravesar la placenta, acumularse y provocar daño en el cerebro y en los tejidos de los neonatos. También puede permitir que a través de la leche materna se generen problemas en el desarrollo, retrasos al andar, en el habla o mental, falta de coordinación, ceguera y hasta convulsiones en los bebes.
El cadmio que también es una vía importante de contaminación, a través de la ingesta de agua contaminada y de alimentos que contienen cadmio, genera al respirarlo en altas dosis graves lesiones en los pulmones y cuando se ingiere generalmente se acumula en los riñones.
El niquel que es también una de las aportaciones que realizan algunas de estas pilas que se desechan de manera inadecuada, genera y se ha determinado que tiene elementos cancerígenos para seres humanos. El manganeso llega a producir una enfermedad llamada Manganismo, que afecta parte del cerebro que ayuda a controlar los movimientos. El litio puede llegar a generar síntomas por intoxicaciones aguadas en enfermedades respiratorias, de presión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo.
Y así me puedo seguir leyendo toda la serie de componentes que generan una afectación a la salud, específicamente en cuanto al contenido de pilas y hay quienes se han atrevido a sostener que las pilas no son dañinas, que deben de ser tratadas como un residuo sólido urbano que llega lamentablemente en la mayor parte de los casos a tiraderos a cielo abierto.
Me pregunto yo si una pila se puede tratar como una hoja de papel que se pueda tirar a cualquier cesto de la basura, definitivamente una pila no va a generar el daño que genera una hoja ¿verdad? Pero bueno hay quienes así se han atrevido a sostenerlo debido a que también hay algunos estudios que dicen que las pilas pueden ser tratadas como un residuo sólido urbano, siempre y cuando estén sujetas a un proceso de disposición final adecuada, que es lo que lamentablemente en nuestro país no existe.
Es por ello, que determinamos la necesidad de establecer un plan de manejo a las pilas, las cuales ahora serán tratadas como residuo de manejo especial y también consideramos importante pasar –termino, presidenta– a las pilas no solamente como residuo especial, sino también a un término de competencia de la federación. Es decir, ahora tendremos que establecer elementos de coordinación entre municipios, estados y federación para atender la problemática de las pilas.
Concluyo diciendo: La vida es muy peligrosa; pareciera que las pilas también. Pero lo peligroso no son las personas que hacen el mal –y a final de cuentas creo que las pilas tampoco–, lo peligroso son las personas que se sientan a ver lo que pasa y nunca intervienen para evitar que lo malo suceda. Eso lamentablemente es lo que está sucediendo con muchos de los generadores y productores de este residuo.
Se han sentado por años a ver qué es lo que pasa sin intervenir en formar parte de una solución. Esperamos que todos ustedes decidan no ser uno más de los que se sienta a ver qué es lo que pasa y nos ayuden a intervenir en una solución efectiva en el tema de las pilas. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijación de postura por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, en el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La contaminación generada por desechar pilas de forma inadecuada es un grave problema que afronta México año tras año.
Por ello el gobierno, sumando esfuerzos a través de las diversas iniciativas, ha implementado una serie de acciones que comprenden ubicar contenedores especiales y organizar programas de reciclaje. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes debido a los precarios resultados que se han tenido con respecto a su convocatoria.
Es preciso saber que en México se comercializan cada año aproximadamente 600 millones de pilas y baterías primarias, lo que representa un consumo anual promedio de seis pilas por habitante sin considerar las que vienen incluidas en los aparatos nuevos.
Además del incremento en el consumo de estos productos, debemos agregar el descuido con el que tratamos los desechos de pilas y baterías primarias cuando los ciclos de carga de éstas se terminan. La falta de una cultura y políticas eficaces en el manejo de los residuos sólidos ha provocado que cuando el dispositivo es desechado en cualquier lugar genera una grave contaminación derivada por la descomposición de sus elementos.
Compañeras y compañeros legisladores, con nuestro voto a favor del dictamen obligaremos a que las autoridades de los tres niveles –de manera coordinada– formulen, conduzcan y evalúen el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial.
Con ello las pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, estarán sujetas a un plan de manejo especial debido a los efectos perjudiciales que ocasionan al medio ambiente y los recursos naturales.
Las modificaciones a la ley obligarán a la elaboración e instrumentación de los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos en cuanto a aquéllos que se generan en las zonas urbanas.
Considero importante mencionar que lo establecido en las nuevas disposiciones no constituye una carga adicional para los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas o baterías, sino que se trata de una responsabilidad asumida en el marco del principio de corresponsabilidad establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como de la internacionalización de costos a que se refiere el principio de que quien contamina paga, consagrado en la Declaración de Río.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometidos con el desarrollo sostenible, votaremos a favor de esta propuesta, ya que permitirá un mejor trato y destino final de estos residuos, evitando un perjuicio mayor al medio ambiente. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, la implementación de las políticas públicas que favorezcan un medio ambiente sano, deben de ser una prioridad en la agenda de los países en razón de las obligaciones internacionales que han adquirido los Estados
El desarrollo sustentable ha cobrado una enorme importancia en el entorno mundial y los organismos multilaterales han señalado la necesidad de que los gobiernos implementen medidas efectivas para el control y manejo de los residuos.
Este es el tema que da origen al dictamen que estamos analizando, el cual propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
En concreto se busca modificar una serie de disposiciones de dicha ley para que las entidades federativas tengan la obligación de elaborar, en coordinación con el Ejecutivo federal, planes y programas de manejo integral de los residuos.
Asimismo se establece en el artículo relativo al manejo de residuos, de manejo especial, las pilas y baterías que contienen materiales peligrosos como son litio, nikel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo cinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas.
Con esta disposición las entidades federativas y el propio gobierno federal deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que este tipo de pilas y baterías sean desechadas sin poner en riesgo al medio ambiente.
Estas modificaciones permitirán que nuestro país avance en dos aspectos relevantes:
Primero, regular el problema de la contaminación generado por la descomposición química de los residuos de las pila referidas en los párrafos anteriores y dar cumplimiento a lo que el Estado mexicano tiene asumido en concierto con otras naciones a través del instrumento denominado: “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”.
Los datos de tipo estadístico no admiten duda de la necesidad de implementar un esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y las entidades federativas.
De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Ecología, se estima que el consumo de pilas y baterías primarias no recargables en el mercado formal nacional, se incrementó en 13 veces durante el periodo 1996-2007, ya que pasó de alrededor de 2 mil 500 toneladas en 1996, a cerca de 32 mil 900 toneladas en 2007.
El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado a conocer que un elevado porcentaje de residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto. Así en 2009, de las 38 mil 325 toneladas de residuo sólidos urbanos generadas en México, 10 mil 725 fueron dispuestas finalmente en sitios no controlados.
Este tipo de hechos incrementa los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición final de las referidas pilas y baterías, cuyos residuos tóxicos ponen en riesgo el equilibrio ecológico y la salud pública.
Por ello, los legisladores del Partido del Trabajo consideramos que el dictamen en comento es positivo y votaremos a favor del mismo. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora Presidenta. Quiero insistir en esta tribuna que es un error criminalizar a los maestros. Primero hacemos la propuesta en la Constitución y luego nos queremos lavar las manos. Cuánta incongruencia hay.
En el tema que me toca hacer el posicionamiento a nombre de Movimiento Ciudadano, estaremos votando a favor de este dictamen, ya que desde el 2008 el hoy diputado Silvano Aureoles lo llevó al Senado y con mucha irresponsabilidad no se había atendido.
Por eso felicito a la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente porque ha demostrado mucho interés, mucha capacidad para sacar adelante estos dictámenes y es una de las comisiones con mayor productividad.
Desarrollar una conciencia ambiental en el mundo es una tarea titánica de gobiernos y gobernados. No se puede ser indiferente ante una problemática que día con día deteriora el universo.
El uso irracional de las pilas y baterías, así como la irresponsabilidad con la que los habitantes nos conducimos al desechar toneladas de estos productos a cielo abierto generará, en un tiempo no muy lejano y para las nuevas generaciones, la alteración y mutación de las especies.
No es un tema menor. Tan sólo imaginémonos la vida que se está gestando en los grandes basureros, en donde confluyen por una parte la fauna nociva como ratones, cucarachas, gusanos, etcétera, y por otra las radiaciones que producen este tipo de residuos sólidos. ¿Acaso no es preocupante pensar en una especie extraña cuando en México se consumen alrededor de 10 millones de pilas y baterías desechables?
A pesar de que sólo representan el 0.05 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos que se generan en el país, muchos terminan en la basura o en tiraderos a cielo abierto. O cuando el mercado informal ha elevado su presencia llegando a representar alrededor del 50 por ciento del total de pilas vendidas.
Este tipo de productos contiene sustancias químicas como el mercurio, que daña no sólo nuestros recursos naturales, sino también la salud de los mexicanos y, como ya lo había expuesto la diputada presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, por supuesto que trae problemas para la salud y es momento de tomar decisiones para cuidar nuestro ambiente.
Una pila del mercado formal puede tener una duración de entre cuatro y 10 veces más que una pila del mercado informal, por lo que el fomento de este tipo de tecnologías pudiera significar una reducción del alrededor del 20 por ciento en la generación de pilas de residuo en el país.
En Estados Unidos se ha prohibido la venta de pilas con mercurio, y en la Unión Europea se han establecido límites para el mercurio y el cadmio.
Una de las medidas de regulación más significativas a nivel internacional, es la de regular las pilas de botón, estableciendo límites de 2 a 2.5 por ciento de mercurio para cada gramo de pila.
El problema con el mercurio es que puede provocar daños irreversibles en el cerebro de los recién nacidos. También el cadmio –como ya se mencionó– puede ocasionar daños severos a pulmones, riñones, hígado, aparato digestivo y próstata.
Nuestro grupo parlamentario –como ya lo decía- va a votar a favor de este dictamen, y que desde aquí externamos nuestro acompañamiento, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad con todos los maestros de este país que han hecho maravillas a pesar de lo poco que tienen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. En el uso de la voz, por la Fracción Parlamentaria del PRD, la diputada Milkdret Marina Verde Avendaño.
La diputada Milkdret Marina Verde Avendaño: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados: cada año se estima, según cálculos presentados por el Instituto Nacional de Ecología, en el informe. Las pilas en México, un diagnóstico ambiental que se comercializan en México, más de 32 mil toneladas de pilas primarias no recargables. Esto sin cuantificar el consumo de pilas secundarias recargables.
Los metales utilizados en estas pilas varían de forma considerable, incluyen desde mercurio, plomo, cadmio, cobre, zinc, manganeso y litio.
En México, el actual marco legal no ha fomentado un manejo adecuado de pilas y baterías, por lo que se termina desechándolas en cualquier lugar. Desde un tiradero municipal, que además no llenan los requisitos estipulados en la normatividad ambiental que los regula, como suele ser el caso de la mayoría de los municipios, aumentando el riesgo si están cerca de un ecosistema frágil, de un cuerpo de agua, o si se emiten al aire sus componente tóxicos a través de la quema de basura.
Por ello, se considera que la eliminación de los residuos derivados de estos productos es fuente de contaminación atmosférica, en el caso de incineración, y de contaminación del suelo y del agua en caso de vertido o enterramiento.
Una normativa adecuada debe permitir reducir la contaminación del ambiente por estos residuos. Además su reciclado ha de permitir recuperar miles de toneladas de metales, y en particular metales preciosos como el níquel, el cobalto y la plata.
Esta situación lleva ya años de ser discutida. Por ejemplo, un artículo publicado en el 2004 en la Gaceta Ecológica número 72 del Instituto Nacional de Ecología, se señala que actualmente no se conoce ningún estudio que evalúe el impacto ambiental ocasionado por la utilización y el manejo inadecuado de pilas y baterías en México.
Se sabe que varios componentes usados en su fabricación son tóxicos, y por tanto, la contaminación ambiental y los riesgos de afectar la salud y los ecosistemas depende de la forma, lugar y volumen en que se han dispuesto o tratado este tipo de residuos.
Como se señala en el dictamen de la minuta en discusión, existen evidencias de toxicidad potencial de litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, lo cual para surtir efecto se requiere que dichas sustancias alcancen concentraciones en el ambiente a los que se pueden exponer los seres vivos en general, suficientes para producir efectos adversos.
Es decir, se requiere dejar de considerar los residuos de las pilas y baterías generados como un problema menor para la salud humana y el ambiente, es urgente bajo un enfoque de precaución y prevención impulsar una política nacional ordenada integral sobre el tema.
Al respecto, desde fines del pasado siglo XX los países desarrollados han impulsado diversas estrategias para la gestión y manejo ambientalmente adecuado de las pilas y baterías a lo largo de su ciclo, en especial se ha avanzado al establecer límites más estrictos en el contenido de metales pesados de las pilas y baterías, al establecer metas de acopio y reciclaje para las pilas, así como el fomentar la responsabilidad compartida de los productores, importadores, comercializadores, exportadores, consumidores; empresas de servicio de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para lograr que le manejo integral de las pilas a lo largo de su ciclo de vida sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible.
Ejemplos de regulación para una gestión integral de pilas existen en países como Estados Unidos de América o en la Unión Europea, integrantes todos ellos de la OCDE, de la que México también forma parte.
En México se ha sido hasta la fecha menos eficiente, por ejemplo en el antes citado informe del Instituto Nacional de Ecología se señala que es necesario desarrollar en el país un programa integral de manejo ambientalmente sustentable de pilas, que en particular contenga tres elementos fundamentales.
Primero. Desarrollar instrumentos de normatividad para que en México se comercialicen pilas con un contenido de mercurio y cadmio por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en las regulaciones de países desarrollados, y también para que se prohíba la comercialización de pilas de óxido de mercurio.
Establecer el co-etiquetado obligatorio a fin de indicar los niveles de metales contenidos en las pilas y fomentar programas de acopio y reciclado para recuperar metales y otros materiales.
Desarrollar programas de difusión para consumidores, comercializadores, organizaciones no gubernamentales y funcionarios de gobierno que promuevan la responsabilidad compartida en el manejo adecuado de las pilas a lo largo de su ciclo de vida.
Creemos que con las reformas que se proponen en el proyecto de dictamen de esta minuta estamos dando los primeros pasos que son necesarios para lograr estas propuestas, ya que conforme a la correspondiente norma oficial mexicana, se realizan planes de manejo de las pilas como residuos de manejo especial, en donde la Federación, las entidades federativas y los municipios compartirán responsabilidades para lograr una disposición segura de las pilas con el objeto de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y contribuir al desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de estos residuos.
Además, se promueve el lograr la responsabilidad compartida de las empresas responsables de la oferta de pilas, los propios consumidores y en general de todos aquellos agentes que participen en el ciclo de vida de las pilas eléctricas, que se busca sean corresponsables del acopio, tratamiento y reciclado, además la eliminación ecológica de estos materiales al final de su vida útil.
Por lo anterior daremos nuestro voto a favor de este dictamen al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Protección y Gestión Integral de Residuos.
Termino no sin antes comentar que esta iniciativa fue propuesta por nuestro hoy coordinador Silvano Aureoles, en el Senado, por lo tanto, gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, diputada presidenta. Diputadas y diputados compañeros, la exposición prolongada a un contaminante puede reducir en varios años la esperanza de vida de un ser humano. La contaminación es un factor de riesgo para la salud de las personas, llegando a producir enfermedades y otros trastornos.
En la ciudad existen dos tipos de contaminación, los más importantes son la atmosférica, causada principalmente por el transporte y el manejo de residuos. En los municipios pequeños el principal problema es el manejo de los residuos.
Según la Organización Mundial de la Salud, la mortandad ha aumentado a causa de la contaminación ambiental. En México, el manejo de los residuos sólidos urbanos es insuficiente e inadecuado.
Es insuficiente, porque en la mayoría de los municipios no se cuenta con la infraestructura para llevar el servicio de recolección y disposición final de los residuos. Y es inadecuado, porque existen deficiencias y limitaciones en la prestación del servicio y su aprovechamiento es escaso comparado con países de igual o menor economía.
El número de rellenos sanitarios en nuestro país es escaso y la mayoría de los municipios dispone de tiraderos a suelo abierto, lo que produce contaminación del medio ambiente y riesgos para la salud humana. Las cifras oficiales del Inegi indican que un alto porcentaje de residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto.
Así, en 2009, de las 38 mil 325 toneladas de residuos sólidos urbanos, generados en México, 10 mil 725 fueron dispuestas finalmente en sitios no controlados, agravándose los problemas de contaminación, derivados de la inadecuada disposición final de pilas y baterías y no debemos olvidar que éstas son las causantes del 93 por ciento del mercurio en la basura doméstica, así como el 47 por ciento del zinc, 48 por ciento del cadmio y el 22 por ciento del níquel, por ejemplo.
Así, la exposición a los elementos provoca su rotura y liberación de componentes tóxicos. Otras causas de considerable importancia que contribuyen a la liberación de esos componentes, son los incendios de dichos basureros o la quema intencional de basura, lo que representa unos aportes significativos de esos contaminantes al aire.
El incremento de la demanda y uso de pilas y baterías y la inadecuada disposición final de ellas, por sus componentes, son un riesgo, por lo que resulta urgente la aplicación de instrumentos de política que permitan el adecuado manejo de estos potencialmente riesgosos para el medio ambiente, los ecosistemas y por supuesto los humanos.
Esta propuesta legislativa pretende que además de regularse el problema de contaminación, generado por la descomposición química de los residuos de las pilas, se dé cumplimiento a un deber del Estado mexicano, asumido en la declaración del río sobre el medio ambiente y el desarrollo, cuya proclamación de principios se sustenta, entre otros, en el considerando internacional de que, los estados deben procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, tomando en cuenta el criterio de que el que contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
De tal manera, quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN consideramos pertinente modificar el proyecto de decreto propuesto por el Senado de la República, sustituyendo la propuesta de reforma al artículo 31, con la adición de una fracción IX al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, estableciendo que las pilas que contengan litio, niquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, queden clasificadas como residuos de manejo especial. Y recorriendo la actual fracción IX, para que pase a ser fracción X del propio artículo 19.
Se trata, pues de regular la implementación de un plan de manejo de residuos de manejo especial que comprenda, entre otros, los residuos de las pilas, que como ya dije, permiten generación de energía en las mismas, en virtud de que son los elementos más utilizados en este tipo de producto comercial, cuyo alto volumen de consumo y consecuente desecho producen graves efectos en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales.
Como vemos, las soluciones a corto plazo son el fortalecimiento de las instituciones de gobierno al otorgarle las herramientas necesarias. Es decir, las facultades y atribuciones que permitan el manejo y coordinación de programas de desarrollo institucional que mejoren los procesos administrativos y la capacitación del personal técnico operativo encargado del manejo de los residuos de manejo especial.
Sin embargo, aun falta mucho por hacer respecto del manejo de estos en múltiples acepciones, ya que además debemos concientizar a la ciudadanía involucrándola en los diferentes programas de gobierno federal o local, para que desde los hogares se inicie la separación de la basura y que se acuda a los diversos centros de acopio, facilitando así la labor de las instituciones.
Por tanto, los invito a apoyar esta reforma en aras del fortalecimiento a la cultura de protección al medio ambiente para bien de nuestras generaciones futuras. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene la palabra el diputado José Luis Cruz Flores Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Luis Cruz Flores Gómez: Gracias, presidenta, con su permiso. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que resulta oportuno y necesario para México legislar en la implementación de un plan de manejo adecuado de residuos, el cual incluya la recolección, manejo y disposición final de las baterías que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc en beneficio de la salud de la población y de la conservación del medio ambiente.
Como ha sido señalado en el dictamen que nos ocupa y argumentado ampliamente por nuestra colegisladora, en nuestro país se comercializan cada año aproximadamente 600 millones de pilas y baterías, lo que representa un consumo anual promedio de seis pilas por habitante, sin considerar las que vienen incluidas ya en los aparatos nuevos.
Además, en el mercado informal la venta de estos productos se ha elevado, llegando a representar alrededor del 50 por ciento del total de pilas vendidas, lo que trae consigo una excesiva generación de residuos por una vida útil, corta derivada de su mala calidad, lo que nos lleva a tomar medidas urgentes para poner fin a esta problemática, ya que la mayor parte de estos residuos se disponen en tiraderos a cielo abierto, agravando los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición final de pilas y baterías, pues éstas son causantes del 93 por ciento del mercurio en la basura doméstica, así como el 47 por ciento del zinc, 48 por ciento del cadmio y el 22 por ciento del níquel.
Bajo la anterior orden de ideas es menester combinar la responsabilidad social e los productores, importadores, exportadores, distribuidores y, desde luego, consumidores de pilas con acciones institucionales firme y decididas, derivadas de una legislación moderna y comprometida con la ecología y el desarrollo sustentable, al tiempo que impulsemos una cultura entre la sociedad que promueve el adecuado manejo de residuos tóxicos en los hogares mexicanos.
Es importante hacer conciencia de que al ser desechadas las pilas se oxidan por la descomposición de sus elementos y de la materia orgánica que las conforman, lo que provoca daños a la envoltura y por consiguiente la liberación de sus componentes tóxicos al ambiente, a los suelos cercanos y a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
Por otro lado, debemos agregar que la liberación de esos componentes tóxicos se ve incrementada con los incendios de los basureros, lo cual representa un aporte significativo de contaminantes que dañan severamente a la salud, particularmente de los grupos más vulnerables.
Finalmente, es menester precisar la importancia de que los municipios y los estados del país, de manera conjunta con la federación, tomen conciencia de la gravedad de los hechos, a efecto de instrumentar las medidas necesarias tendientes a disminuir esta fuente de contaminación.
En este sentido, y con profunda convicción de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales de México, particularmente sus tierras y mantos acuíferos, nuestro voto será favorable para las reformas que nos han sido planteadas. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y no habiéndose reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, por favor, diputados.
El diputado José Luis Valle Magaña (desde la curul): A favor.
La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (desde la curul): A favor.
El diputado Hugo Jarquín (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio León Mendívil (desde la curul): A favor.
La diputada Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): A favor.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Presidenta, le informo que se emitieron 400 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular, por 400 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente dictamen es el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82 de la Ley General de Protección Civil. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañera diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a presentar el dictamen que votó la semana pasada por unanimidad la Comisión de Protección Civil, mediante el cual se propone modificar el artículo 2 y el 82 de la Ley de Protección Civil.
A pesar de que dicha ley tiene apenas un año de haber sido publicada, la Comisión de Protección Civil estimó pertinente incluir los fenómenos astrológicos propuestos por el científico diputado Eloy Martínez, pues habían omitidos en la redacción original.
Es una modificación pequeña, pero no obstante relevante, y tiene la iniciativa varias particularidades.
En primer lugar fue presentada por un diputado del PRD. Fue modificada a propuesta de la fracción parlamentaria del PRI, recogiendo elementos de la comunidad científica nacional a través de la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Y fue aprobada en una comisión presidida por Movimiento Ciudadano.
Los integrantes de la comisión estimamos por unanimidad que los fenómenos astronómicos representan un riesgo para la población, por lo que su conocimiento, análisis y monitoreo son acciones necesarias que nuestro sistema de protección civil debe incorporar.
Existe evidencia de que los fenómenos espaciales son proclives a causar daños severos a la población y a los sistemas de comunicación e información y dado que ahora se cuenta, como nunca antes, con tecnologías e infraestructuras especialmente vulnerables a los fenómenos astronómicos.
La preocupación de la comunidad científica internacional ha tenido eco en distintos gobiernos que, como en los casos de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y España, han adaptado en distintos grados sus respectivos sistemas de protección civil para incluir los riesgos provocados por los fenómenos espaciales.
Por ello la comisión valoró el planteamiento de la iniciativa respecto a la importancia de definir nuevos lineamientos para las contingencias provocadas por eventos astronómicos.
En el proceso se incorporaron –como mencionaba– valiosas opiniones de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como de la comunidad científica nacional.
En la redacción final, se propone que la redacción final quede de la siguiente manera:
Para definir los fenómenos astronómicos se establece que son –entrecomillado– “agentes perturbadores” que se generan por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la tierra ocasionan fenómenos destructivos como pueden ser tormentas magnéticas, solares y meteoritos.
En virtud de estos razonamientos solicitamos a ustedes su apoyo para sacar adelante esta iniciativa. Muchas gracias a todos por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar postura de su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en pleno siglo XXI los avances tecnológicos, las nuevas categorías de trabajo y el incesante desarrollo del conocimiento humano, son clara muestra de que los tiempos han cambiado.
Asimismo las manifestaciones de la naturaleza son diferentes en el mundo y con ellas nuestras sociedades, deben de adaptarse.
Nuestra responsabilidad es ajustar el marco legal a la realidad y a los mexicanos y las mexicanas al tiempo que estamos viviendo. De ahí la importancia del dictamen de la Comisión de Protección Civil que hoy está a discusión.
La Ley General de Protección Civil no ha incorporado de manera explícita los fenómenos espaciales o astronómicos como posibles causantes de lesiones a la integridad física de las personas. Esto ocasiona que nuestros sistemas de prevención de desastres no estén listos para cualquier eventualidad de ese tipo.
Los hechos recientes en distintas partes del mundo, pero sobre todo en Rusia, resultan un serio llamado de atención que no debiera ser soslayado por el Estado mexicano.
Mediante la incorporación a la Ley de Protección Civil de elementos y conceptos relacionados a la perturbación y posibles desastres causados por fenómenos astronómicos como meteoritos, asteroides y tormentas solares, se generan en el marco jurídico que ayuda a las distintas instancias de protección civil a prever y a atender los aspectos nocivos de ese tipo de desastres naturales.
La incorporación de todos estos nuevos elementos en la normatividad vigente, implica necesariamente adecuar las herramientas legales de estrategias, tanto de la Coordinación General de Protección Civil, como del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para responder asertivamente a las necesidades de prevención de la población.
Los fenómenos espaciales y astronómicos, se generan por la constante actividad del espacio exterior que al interactuar con la tierra, ocasionan eventos destructivos y ponen en riesgo la vida humana y pueden alterar el orden natural y social.
Estos sin duda representan un riesgo latente para la población, por lo que su conocimiento, catalogación, análisis y monitoreo constante, son acciones necesarias que nuestro sistema de protección civil debe incorporar a su normatividad.
Es por estas razones que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos a favor del presente proyecto de dictamen que reforma los artículos 2o., y 82 de la Ley General de Protección Civil, para definir y catalogar específicamente los fenómenos astronómicos como un desastre natural. Con ello obligaremos al Estado mexicano a considerar todas las medidas necesarias para la prevención de los efectos negativos de este tipo de tragedias.
Compañeras y compañeros legisladores: ajustar el marco legal a las realidades naturales debe ser prioridad del Estado mexicano. La prevención es un aspecto toral de las políticas en materia de protección civil, ya que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: en meses recientes nos enteramos de la magnitud de desastres que es capaz de producir un fenómeno meteorológico de tipo astronómico.
En los Montes Urales, zona de Rusia en la región de Chelyabinsk, se vivieron momentos intensos después de observar la caída de fragmentos de un meteorito que afectaría a cerca de mil personas. Daños materiales y lastimaduras en las personas fueron los resultados dejados por este tipo de materiales celestes que se ocasionaron por el impacto de múltiples fragmentos al paso por la órbita terrestre en su caída en esta parte de Rusia.
Por otro lado, como ejemplo debemos hacer notar que en nuestro país uno de los eventos más representativos de esta naturaleza fue vivido en los límites de Veracruz y Puebla, en los alrededores de diversos municipios de la sierra nororiental del mismo estado, dejándose avistar por cientos de pobladores de Teziutlán, San Juan Acateno y Hueytamalco. Dicho evento meteorológico afortunadamente no causó estragos a las comunidades ni dejó a su paso daños que lamentar.
No obstante, las autoridades de protección civil permanecen constantemente alertas ante cualquier repetición de este tipo previniendo la seguridad de los habitantes, principalmente hasta donde dé alcance.
Hay que decirlo: ningún gobierno en el planeta tiene la capacidad de predecir con exactitud cuál será la magnitud de los daños que puedan ocasionar este tipo de fenómenos debido a la movilidad dinámica del contexto de la vida diaria en la que se desarrolla cualquier sociedad.
Lo que hoy nos presenta este dictamen tiene mucha razón de ser pues se trata de contemplar con mayor amplitud el tipo de desastres que pudieran darse en condiciones semejantes a las que acabamos de describir.
Las inclusiones previstas en este dictamen a la Ley General de Protección Civil en los términos de desastre y de fenómeno astrológico a aquellos provenientes del espacio exterior y a los agentes perturbadores que se generan por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la tierra ocasionan fenómenos destructivos como pueden ser tormentas magnéticas, solares y meteoritos.
Estamos seguros que con estas nuevas disposiciones para los efectos de prevención de desastres y de protección civil las autoridades en la materia sobre todo, así como instituciones educativas y científicas, tendrán mayores elementos para trabajar en beneficio de la sociedad mexicana y de fortalecer las políticas de prevención en materia de cooperación internacional.
Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del PT votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. No se encuentra la diputada.
Tiene ahora la palabra el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Compañeros integrantes de la LXII Legislatura, quiero antes que nada dar la argumentación que tenemos preparada. Agradecer precisamente a la Comisión de Protección Civil, a los integrantes de la misma, por haber valorado la importancia de este riesgo que no por provenir del espacio, parecer ajeno a la vida cotidiana, nos exenta de las graves consecuencias de ignorarlo. Muchísimas gracias.
En los últimos años hemos sido testigos de enormes cambios climáticos, atmosféricos y meteorológicos que ha sufrido nuestro planeta a consecuencia de la actividad humana y de fenómenos fuera de él, como es la actividad espacial, mismos que nos obligan a pensar en que nuevos riesgos amenazan la estabilidad y el orden de la vida en nuestro planeta, que somos vulnerables a que desastres de enormes magnitudes en los cuales no se ha profundizado un análisis y estudio para su prevención, provoquen muertes y destrucción masiva no sólo en México, sino en cualquier parte del mundo.
Y es que a reserva de lo que puedan opinar muchos sobre lo que esas cosas no pasan o que ocurren con poca frecuencia o que ocurren una vez en cientos de años, estos fenómenos pueden ocurrir en la actualidad, como ya ha sido descrito de manera muy oportuna por mis compañeros diputados quienes me antecedieron.
La realidad es que debemos de estar atentos ante eventuales fenómenos, y es que según especialistas y centros de investigación no estamos preparados ante tales situaciones.
¿Y a qué nos referimos cuando mencionamos este tipo de fenómenos? Bueno, pues estos acontecimientos son los denominados fenómenos espaciales, que son aquellos agentes perturbadores, como ya se ha explicado, que se generan por la constante actividad del espacio exterior y que al interactuar con nuestro planeta, sabemos que formamos parte del espacio, ocasionan fenómenos destructivos poniendo en riesgo a la vida humana, causando muerte o alternación al orden natural y social de la vida en la tierra, y es así como podemos clasificar, por ejemplo, a las amenazadoras tormentas solares, las erupciones solares, los meteoritos, los meteoroides o los bólidos.
Cabe señalar que estos fenómenos son reales, y más allá de que son muy poco probables, este tipo de sucesos y fenómenos existen y son peligrosos. Estas afectaciones en nuestro planeta por asteroides serían graves, ya que al impactar con él ocasionarían daños al medio ambiente, tanto o más que un tsunami, tornados, huracanes, entre otros, como vimos en una pequeña muestra en la región de Rusia lamentablemente, hace algunos meses.
Las rocas especiales del tamaño de una montaña podrían incluso en potencia impactar contra la Tierra, provocando efectos a nivel global y puede que incluso se confundiera con una explosión nuclear de origen terrestre, lo cual nos lleva a otro problema, porque podría ser esto interpretado como el inicio de una conflagración nuclear.
Este tipo de impactos son poco frecuentes pero ya han sucedido antes, en consecuencia los telescopios modernos han comenzado a rastrear el cielo en busca de algún peligro celeste que pudiera dar señales de estar aproximándose, por ejemplo en junio pasado fue descubierto un asteroide de unos 100 metros de diámetro y en febrero también algún asteroide pasó rozando incluso la órbita de los satélites geoestacionarios, poniendo en riesgo también el funcionamiento de los mismos.
Aunado a ello, existe otro riesgo latente que ya hemos referido, en cuanto a afectaciones a los sistemas de energía eléctrica y por el cual quizás deberíamos poner más atención a este punto. Esto se debe a los efectos de las eyecciones de masa coronal consecuencia de la intensa actividad solar, que no es otra cosa más que partículas cargadas, nubes de partículas cargadas eléctricamente que pueden afectar el campo magnético de nuestro planeta.
Éste es un fenómeno que se repite cada 11 años, el aumento de la actividad solar, y que puede producir diversos efectos sobre nuestro planeta. Entre los más dañinos podemos destacarlos problemas en las operaciones de satélite. Imagínense los satélites quedando sin funcionamiento, lo que significaría en nuestra época; en las señales de onda corta de radio, que también afecta las comunicaciones y en general en las telecomunicaciones. Es un punto muy importante y por el cual México se encuentra muy vulnerable en las redes eléctricas que podrían verse colapsadas.
Regiones enteras de nuestro país sin energía eléctrica, colapsadas por una inusual actividad del sol, lo cual desde luego tendría implicaciones muy graves, y es que la alerta nos ha llegado precisamente de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, que en 2013 ha anunciado en este año que va a llegar a una etapa de su ciclo natural, el cual se puede prolongar con intensa actividad durante otros dos años más.
Incluso ya empieza a generalizarse la advertencia en los Estados Unidos, donde el Congreso de ese país hizo un llamamiento a sus ciudadanos sobre la necesidad de prepararse ante este fenómeno. El objetivo es desarrollar un plan de emergencia de cara a una posible catástrofe debido a una tormenta solar.
Podemos decir que en México no existe este tipo de protocolos referentes para prevenir este tipo de desastres. Este mismo año se ha generado un debate bastante amplio entre la comunidad, sobre el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a descubrir, detectar y monitorear los objetos peligrosos en el espacio y la creciente actividad solar.
Por tal motivo y finalmente, hemos creído prudente incluir dentro de la Ley General de Protección Civil y en el Mapa Nacional de Riesgos, la categoría de riesgos espaciales para que, como lo han hecho en los Estados Unidos y Parlamentos europeos, tomemos cartas en este asunto tan relevante para la seguridad de nuestra población y hacer conciencia acerca de que el resguardo y la integridad de México es una cosa primordial.
Votemos pues, les invito a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último tiene la palabra la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, desde los tiempos más lejanos la humanidad se ha preocupado sobremanera en comprender lo que ocurre en el espacio exterior y a pesar de los notables avances que se han tenido sobre el particular, sobre todo durante los últimos 60 años, lo cierto es que mientras más nos adentramos en el conocimiento del cosmos, más interrogantes se presentan.
A pesar de que lo que hasta ahora avanzado nos da una visión todavía muy pobre sobre el espacio, lo cierto es que gracias a los diversos estudios que se han realizado, así como el avance de las tecnologías, hoy podemos mantener un seguimiento constante de los fenómenos astronómicos, lo que nos ha permitido, primero, tener la conciencia de que existen fenómenos que pudieran ser generadores de algún riesgo inminente a la población o a lo largo del mundo; y segundo, tomar medidas para prevenirlos y actuar en caso de su presencia.
No podemos olvidar que el día 15 de febrero, en los Montes Urales, Rusia, se presentó la caída de un meteorito, viéndose afectada la sociedad e infraestructura de ese país, fenómeno que aunque inusual, su ocurrencia es algo que está presente y sus consecuencias pueden afectar gravemente cualquier parte del planeta, obviamente nuestro país no está exento de la presencia de algún fenómeno astronómico que revista estas características, siendo de señalarse que tales sucesos no se limitan a la caída de meteoritos, sino que también existen las tormentas solares, así como la caída de basura espacial, entre otros.
Este tipo de hechos al hacerse presentes señalan grandes daños, provocan afectaciones en infraestructura y daños a la sociedad, generando que se vea alterada la forma de vida de todas las personas que habitan en él.
Las reformas que hoy tenemos a nuestra consideración están encaminadas a prever situaciones como las descritas en el dictamen que nos ocupa, el cual resulta oportuno ya que estamos a un buen tiempo de emprender acciones de prevención que nos encaminen a poder actuar de forma correcta, en caso de presentarse algún fenómeno astronómico.
La presente reforma conseguirá que se tenga más atención en la observación de nuestro espacio exterior, por lo que deberá fomentarse la investigación en este rubro, máxime que contamos con instituciones calificadas para ello, entre las que se encuentran, el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Observatorio Astronómico Nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana.
Estar al pendiente de los hechos que se generan en el espacio no es una actividad ociosa ni materia de ciencia ficción, el cine o la literatura, pues del conocimiento que tengamos de nuestro entorno dependerá nuestro bienestar y forma de vida que llevamos.
Por tal motivo, la presente reforma no sólo da un avance en la seguridad y prevención, sino que da la pauta a seguir llevando a cabo la investigación y seguimiento de los fenómenos astronómicos, de ahí nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no habiéndose reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 402 votos en pro, 1 abstención y 0 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular, por 402 votos, el proyecto de decreto que reforma loas artículos 2 y 82 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por la comisión, para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, hasta por cinco minutos.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidenta. Procuraré ser breve. Quiero agradecer, en primer término, a la Comisión de Gobernación por su apertura para dictaminar a favor de las demandas de los pueblos indígenas, lo cual se verá reflejado en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 218, numeral 3.
En nuestro país existen 68 pueblos indígenas cuya población estimada por el XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del año 2010 asciende a cerca de 15 millones de habitantes, el 13.35 por ciento de la población total nacional. Y es de importancia salvaguardar sus derechos, siendo uno de ellos el contar con una representación política al interior del Congreso de la Unión.
Pareciera que esta reforma es un pequeño paso, pero las grandes transformaciones se consiguen en muchas ocasiones de esta forma. Así como la lucha que hemos dado las mujeres para ser reconocidas en los espacios de representación que por derecho nos corresponden no ha sido de la noche a la mañana sino a través de un proceso de concientización para transformar un problema cultural, hoy avanzamos reconociendo el derecho de las comunidades indígenas a la participación y representatividad en el sistema democrático mediante la obligación de los partidos políticos en tanto entidades de interés público de materializar dicho derecho a través de los mecanismos idóneos.
Es por ello que la Comisión de Gobernación coincidió en que los partidos políticos deben promover la participación de las comunidades indígenas a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, de conformidad a lo que establezca cada ente político en el ámbito de sus facultades normativas, reglamentarias, fomentando la equidad y la participación de acuerdo a las circunstancias particulares de cada distrito y circunscripción electoral; y con apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Con base en los antecedentes expuestos, y en virtud de las consideraciones realizadas, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 218.
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán, en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género, así como la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas en la vida del país, a través de postulaciones a cargo de elección popular en el Congreso de la Unión tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar positura de su grupo parlamentario sobre este dictamen tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No cabe duda que el Poder Legislativo no se quiere poner a la altura de los reclamos del pueblo de México. Y éste es un tema de verdad estratégico, y pues nos apena como la Comisión de Gobernación le dio tratamiento a esta iniciativa.
Los diputados de Bronx, allá del PRI, los que están gritando, no cabe duda que no tienen capacidad de subir a esta tribuna a desmentir lo que estamos diciendo, y seguramente les dan cuerda ahí sus coordinadores para estar tratando de distraer lo que queremos decir. Allá ustedes.
El pueblo de México obviamente tiene una opinión en particular de quien los representa, de su presidente, de Enrique Pela Nieto, y sin duda que refleja lo que ustedes son, el Bronx de San Lázaro.
Miren, decía que no está a la altura porque obviamente esta reforma pues realmente lo menos que puede uno decir es que es abstracta, no dice cómo ni cuándo ni dónde vamos a lograr que los partidos políticos garanticen en términos, etcétera, etcétera, la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas. Le recortaron la iniciativa a la propia proponente, que tenía alguna alternativa al respecto.
Pero a mí de lo que me interesa hablar es del racismo que priva en el Poder Ejecutivo federal y en el Poder Legislativo, que representan sobre todo los componentes del Pacto contra México y sus aliados.
¿Por qué decimos eso? Porque miren, hoy justamente el comisionado nos manda un documento, a los que somos miembros de la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa), y ahí mismo hablan en los objetivos globales de incorporar a la Constitución los derechos indígenas contenidos en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, etcétera. Ahí nos hablan de que pueden tener representaciones políticas en cargos de elección popular, aplicar sus sistemas normativos en la elección y sus autoridades, regulación y solución de sus conflictos internos respetando las garantías individuales, etcétera.
Más allá de lo que esté declarado en ese documento, que sin duda lo vamos a estar debatiendo en próximos días. Y no nos extraña el desinterés del Ejército Zapatista, representante de muchos pueblos indígenas y de muchos mexicanos, de no querer establecer diálogo con el Legislativo ni con el Ejecutivo.
Lo que nos preocupa es que no exista la sensibilidad –y en particular de este Poder Legislativo– que al día de hoy no nos ha dado a conocer convocatoria alguna para la instalación de la Comisión Bicamaral, que como parte de los partidos, muchos estamos exigiendo que ya se instale esta comisión.
Será porque a Peña Nieto no le interesa, como no le interesó a las anteriores administraciones cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y evidentemente es lo que ha alejado del diálogo a este sector tan importante en el proceso de transición que debe de vivir este país hacia la democracia, que todavía no ha existido en México y que lo hemos estado viendo en recientes eventos en el estado de Veracruz, y que todos aquí han estado conmocionados de cómo nada más a partir de las trampas quieren hacerse del poder y tener sojuzgada a la población.
Miren, para decirlo claramente, al día de hoy tan solo la clase política gobernante en el estado de México acumula una riqueza de 2 mil millones de dólares; sí estamos hablando de Montiel y sus muchachos. Mientras que en 30 años en el poder que dejó Carlos Salinas y que todavía sigue dirigiendo ha dejado 7 millones de pobres, 2 y medio en extrema pobreza, y mucho sin duda la población indígena.
Hoy más que nunca se observa el agravamiento de la crisis económica. Si bien nos va –y eso dicen ustedes– creceremos 2.5 por ciento de la economía y se requiere un 6 por ciento. Necesitamos un millón de empleos; y con todo y su pacto contra México, si bien va 300 mil empleos, y eso ya con toda la venta de garaje que Peña Nieto fue a hacer a China; ofreció la mano de obra y toda las reformas que ustedes han estado aprobando en detrimento de la población de México. Obviamente que así, evidentemente, no se resuelven los problemas del país.
Como ustedes están legislando están agravando los problemas del país y nada más basta ver la televisión para ver la reacción de los profesores de cómo son afectados con las políticas que ustedes están haciendo.
Evidentemente con sus gritos, señores diputados, todos los del PRI que están allá atrás, no hacen más que confirmar el espíritu racista del señoritingo que es Enrique Peña Nieto. Por más trampas que hayan hecho y evidentemente digan que gobiernan Chiapas, no queda duda que es a partir de la defraudación electoral y de burlar a la población indígena de este país. Estamos indignados de diputados como ustedes.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar postura por su grupo parlamentario, tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora presidente. Honorable asamblea. La iniciativa presentada por la compañera diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD, para alcanzar un mayor número de legisladores representantes de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, marca un paso más en la consecución de los derechos humanos en México.
Quienes votamos en favor del proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el numeral 3 del artículo 218; y el párrafo uno del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo hicimos con la idea de hacer realidad el mandato del artículo 1o. constitucional que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Sin embargo, a pesar de ello y a pesar de la existencia de 68 pueblos indígenas en México -es decir el 13.35 por ciento de la población total nacional- tal precepto es quebrantado de forma cotidiana y hasta estructural en casi todos los ámbitos del acontecer nacional.
Larga ha sido la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios. Esa lucha ha permitido avances y resultado de ella es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Instrumento de derecho internacional suscrito y ratificado por el Estado mexicano en el año de 1991, que establece derechos para estos pueblos y ha producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas.
En el caso que nos ocupa, es un hecho que la redistritación de los 300 distritos electorales uninominales realizada en el año 2005 por el Instituto Federal Electoral no se tradujo ni en mayor igualdad ni en mayor presencia; o, por lo menos, paritariamente equitativa de representantes indígenas en el Legislativo Federal.
Puesto que el artículo 1o. de la Carta Magna establece que todo individuo gozará de las garantías que ella otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece”. Y es en este principio que se fundamenta la tesis integracionalista cuya pretensión es la integración de los grupos étnicos a la nación.
Sin considerar que el auténtico espíritu de justicia y equidad debe basarse en el reconocimiento y el respeto del derecho a la diferencia cultural.
En este escenario el espíritu de la iniciativa presentada pretende corregir desigualdades históricas de las que hemos sido sujetos y objeto los pueblos y comunidades indígenas y originarias.
El concepto de democracia que tenemos que construir debe incluir, además de la democracia política, la democracia económica, la democracia social, la democracia étnica, la democracia informativa, la democracia simbólica, la democracia, porque la democracia es un instrumento al servicio de finalidades colectivas sostenibles.
Bienvenida la reforma que obliga a los partidos políticos a promover y garantizar la igualdad de oportunidad, a procurar la paridad de género y la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país, a través de postualaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
Bienvenida la disposición que establece la obligatoriedad de incluir en las listas de representación proporcional en cada uno de sus segmentos dos candidaturas de género distinto, de manera alternada y correspondiente a los pueblos indígenas.
Derivado de lo anterior, en el grupo parlamentario votamos a favor del presente dictamen con la plena convicción de que tanto mujeres como hombres indígenas formamos parte de este México.
Por lo tanto estaremos dando un voto a favor para que estos pueblos sigan siendo reconocidos en sus derechos y que no sea porque un tribunal lo designe. Muchas gracias, señoras.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la reforma constitucional en materia indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, reformó los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115 por el cual se reconoció la cultura y los derechos indígenas. Dicha enmienda representó un gran avance en la construcción del sistema democrático que rige al país, así como una nueva relación con los pueblos indígenas y la sociedad.
El Censo de Población y Vivienda del año 2010, establece que más de 16 millones de personas son consideradas indígenas, por lo que se requiere seguir fortaleciendo los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, promoviendo estrategias y mecanismos tendientes al cumplimiento de los derechos reconocidos en la Carta Magna.
Con base en el primer párrafo del Apartado B del artículo 2, el Estado se obliga a establecer las instituciones y políticas para eliminar cualquier práctica discriminatoria hacia los indígenas.
El reconocimiento constitucional de las diferencias culturales actualiza el principio de igualdad de las personas ante la ley. La aspiración de eliminar los privilegios y neutralizar la aplicación de la ley será real cuando en la práctica se considere a todos como iguales.
Al obligarse el Estado a combatir toda forma de discriminación, en particular respecto de los indígenas, se coloca en una situación inédita. Niega la homogeneidad cultural. Desde esta perspectiva, el Estado es promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que para que la igualdad se logre se tienen que tomar en cuenta las características culturales de los indígenas en las relaciones jurídicas, sociales y políticas.
Al tenor de lo anterior, es necesario seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos indígenas y por ello los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los partidos políticos promuevan y garanticen la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas en la vida política del país a través de las postulaciones a cargos de elección en el Congreso de la Unión, tanto en la mayoría relativa como representación proporcional.
Con esta reforma se fortalecerá a participación de los integrantes de las comunidades indígenas en los cargos de elección y en su caso ser parte integrante de los órganos legislativos para que, mediante su propia voz, lleven ante el Congreso de la Unión acciones tendientes para hacer efectivos y reales sus derechos.
De esta manera se materializa lo establecido en la fracción I, párrafo segundo, del artículo 41 de la Carta Magna, el cual señala que los partidos políticos como entidades de interés público tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, en este caso de la representación proporcional del sector indígena. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por tratarse de un dictamen de un solo artículo y no haber reservas, agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 425 votos a favor, 6 abstenciones y 0 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos el proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de 12 dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, están a discusión en lo general.
El Presidente diputado José González Morfín: No habiendo quien haga uso de la palabra ni tampoco tengo conocimiento de que se haya reservado alguno de los dictámenes para votarse en lo particular, en consecuencia ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal de los proyectos de decreto...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo. Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias, presidente Es que en la comisión hubimos representantes de partido que en el caso de las condecoraciones votamos en abstención y no así en el caso del permiso para el trabajo, igual en el caso del establecimiento de consulados. Si pudiera haber una diferenciación para votarlos así, porque si nos van a obligar a votar todo en abstención.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que me ayuden a separar los dictámenes que tienen condecoración, son 13 y 14 si no mal no recuerdo. Son el de Miguel Ángel Marín Solís, el que está en el número 13; el de Ricardo Flores González, que está en el lugar número 14, todos los demás o son permisos para trabajar en las embajadas o justamente permisos para que desempeñen el cargo de cónsul honorario.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Asimismo también pediríamos el 11 que lo separara, que es el del otro de los cónsules.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente en hacer dos votaciones. Vamos a votar conjuntamente todos los demás, y en una segunda votación votaremos el que se encuentran en el lugar número 11, el que se encuentra en el lugar número 13 y el que se encuentra en el lugar número 14. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto, separando los mencionados por el presidente.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación. De viva voz el diputado Villarreal García.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se emitieron 419 a favor, 6 abstenciones, cero en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados por 419 votos los decretos por los que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Vamos ahora a votar también nominalmente, los dictámenes que se encuentran en los lugares 11, por el que se concede permiso a Martín Enrique Torres para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Estonia en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y los dos por los que se concede permiso a Miguel Ángel Marín para aceptar y usar una condecoración, y a Ricardo Flores González igualmente. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo...
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal. ¿Desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal para referirse a estos dictámenes.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Es que está un poco aburrida la sesión, ciudadano presidente. Señor presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, quise, hago uso de la tribuna porque el tema a discutir que están próximos a votar, es precisamente la autorización del Congreso para el uso de condecoraciones o permisos para trabajar con gobiernos extranjeros o ser representantes honorarios de gobiernos extranjeros, y como ustedes acaban de votar la semana pasada que se suprimiera esta facultad, la acaban de cercenar con nuestro voto en contra, quise al menos recordar que esta facultad que ahora estamos ejerciendo, en el próximo periodo de sesiones no la habrá.
Es una pena porque todo el periodo de sesiones el Congreso retrocedió; el fuero, la declaración de procedencia, este tema de la autorización de condecoraciones y de permisos ustedes han votado para que se restrinja, se elimine de las facultades que ejercemos hasta ahora. Es probable que sea el último día y el último acto que ustedes votan las condecoraciones y los permisos, una regresión del Poder Legislativo.
A partir de la votación que la mayoría de ustedes hizo, será el Ejecutivo solamente, el que autorice estas condecoraciones o autorice que trabajen mexicanos en gobiernos extranjeros. Han ustedes claudicado de una facultad de más de 100 años, desde 1857, y por eso vale la pena recordárselos, y recordarles que nosotros, en Movimiento Ciudadano, por congruencia votamos en contra, y por esa razón, hoy, presidente, nos abstendremos en el último acto que tendrá el Congreso en estas facultades que ustedes se han autocercenado. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. No habiendo otra intervención solicitada, ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los 3 proyectos de decreto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos mencionados por el presidente.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, a favor 375, 46 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en lo general y en lo particular por 375 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadano mexicano para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros. Pasan al Senado y al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II, del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz el diputado Javier Treviño Cantú.
El diputado Javier Treviño Cantú: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el presente dictamen que se someterá a votación aprueba la minuta con proyecto de decreto en la que se pretende establecer una definición adicional para distinguir la energía hidráulica como fuente renovable de energía, a través de la implementación del nuevo criterio de densidad de potencia, entendida como la relación entre capacidad de generación y superficie de embalse lleno cuando aquella sea superior a 10 watts sobre metro cuadrado.
Este factor es un criterio utilizado en las metodologías aplicadas en la certificación de proyectos de generación de energía hidráulica, como mecanismo de desarrollo limpio. Se puede definir como el resultado de dividir la capacidad de generación instalada entre el área de embalse lleno, con él se refleja el uso óptimo de los recursos y permite distinguir los proyectos que pueden tener un menor impacto ambiental comparado con los beneficios por la generación de energía eléctrica.
Este indicador tiene su origen en las metodologías y criterios emitidos por la Junta del Mecanismo de Desarrollo Limpio, perteneciente a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, por ello se estima adecuado que la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energía homologue criterios y se adhiera a los parámetros empleados por la comunidad internacional.
Actualmente esta ley reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad, con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, por lo que se consideran como fuente de energía renovable, entre otras, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.
Conforme al texto actual de la ley, se tienen previstos como criterios para distinguir a la energía hidráulica como fuente de generación de electricidad renovables, la capacidad de generación no mayor a 30 megawatts, el volumen de almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos, la superficie del embalse menor a una hectárea sin rebasar el volumen de almacenamiento y la preexistencia del embalse, no obstante, que rebase la capacidad de generación. Se considera que el volumen de almacenamiento de una represa o el área de embalse no son suficientes para definir el beneficio potencial de un proyecto de generación hidráulica.
Por ello la inclusión del nuevo indicador que se propone permitiría aprovechar la energía hidroeléctrica proveniente de embalses mayores a los que en este momento dicha ley prevé, generando un impacto positivo en la reducción de emisiones de efecto invernadero y que de otra manera se limitarían al desarrollo de proyectos hidroeléctricos con una capacidad de 30 megawatts, que en ocasiones por la economía de escala de estos proyectos resultarían económicamente inviables bajo las condiciones de la normativa actual.
Con la implementación de este criterio se podrá aprovechar al máximo el potencial de energías renovables con las que cuenta el país, asimismo se ayudaría a disminuir el impacto ambiental maximizando el beneficio económico y social del desarrollo en los proyectos de generación de energía.
Por ello, es necesario reconocer como energías renovables aquellas centrales de generación hidroeléctrica que tienen una densidad de potencia mayor de 10 watts sobre metro cuadrado, tomando como indicador el concepto de densidad de potencia. Ello para optimizar la referencias en la regulación de proyectos energéticos hidráulicos considerados renovables y que sean los de menor impacto ambiental.
Estamos de acuerdo en la aprobación de la reforma propuesta, toda vez que anexar la excepción de mérito a la fracción II, del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética permitiría cumplir con el objeto planteado dentro del mismo, consistente en el aprovechamiento de energías renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, y establecer la Estrategia Nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética, lo cual va estrechamente ligado al objetivo del Protocolo de Kioto, el cual se basa en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Asimismo, se considera que con dicha reforma se podrían desarrollar programas que ayudarían a dar viabilidad económica a proyectos de energía renovable, alineados con la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
El beneficio de la presente reforma es indudable, con su aprobación se aprovecharán mejor los recursos utilizados en la generación de energía limpia contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
La Comisión de Energía ha votado a favor del presente dictamen para adicionar este inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la mencionada ley. Con ello se reafirma el compromiso de los diputados de esta Legislatura con las energías limpias y a favor de prevenir y combatir los efectos nocivos del cambio climático que podría afectar a nuestro país. Nuestro compromiso es con energías limpias, renovables y que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras, compañeros. En 1982, es decir hace 30 años, México era autosuficiente en todo el sistema energético, eléctrico y petrolero. En petroquímica y sus derivados nuestro país ocupaba el quinto lugar mundial, mientras que al día de hoy se posiciona en el lugar 64.
La producción en millones de barriles de 1974 ascendía a 72 mil 500; sin embargo en el 2006 descendió a 15 mil 514. La disminución de 25 mil 250 millones de barriles se debió a la pérdida del petróleo originada por la caída de presión que han sufrido los principales yacimientos.
Ante las cifras mencionadas resulta evidente que es necesaria la implementación de mecanismos que permitan obtener energía de nuevas fuentes, con el afán de romper la enorme dependencia de petróleo e hidrocarburos existentes en la actualidad.
Entre los objetivos que se deben perseguir se encuentran: el aprovechamiento máximo del potencial de energías renovables con que cuenta el país y la disminución del impacto ambiental en el desarrollo de proyectos de generación de electricidad.
El dictamen que hoy compete propone reformar el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para establecer un requisito adicional que permita distinguir a la energía hidráulica como fuente renovable de energía.
Con base en esto se plantea considerar como nuevo criterio la densidad de potencia, entendida como la relación entre la capacidad de generación y superficie del embalse lleno, cuando aquella sea superior a 10 watts por metro cuadrado.
Lo anterior resulta un avance importante, ya que los actuales lineamientos solo comprenden el volumen de almacenamiento de una represa y el área de retención, lo cual resulta insuficiente para definir el beneficio potencial de un proyecto de generación hidráulica.
Existen tres hipótesis dentro de la metodología por las que se puede evaluar la densidad de potencia: la primera responde a hidroeléctricas con densidad, igual o menor a 4 watts por metro cuadrado; la segunda a aquellas que se encuentran en un intervalo entre 4 y 10 watts por metro cuadrado; y la última a la que se presentan con una mayor a 10 watts por metro cuadrado.
Cabe mencionar que solo el último caso cuenta con la viabilidad necesaria para ser considerado un proyecto de desarrollo limpio, por lo que estamos de acuerdo con que sea éste el criterio el utilizado por el presente dictamen. No obstante vale la pena mencionar que el cambio implementado resulta necesario, pero no suficiente para responder a las demandas del país, si en realidad deseamos obtener cambios trascendentales es urgente la implementación de medidas integrales que tiendan a un verdadero desarrollo sostenible.
En la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano consideramos que debe existir un equilibrio eficiente entre el desarrollo económico y el medio ambiente, que permita mitigar aquellas acciones que han degenerado en conductas que dañan a nuestro ecosistema.
Tomemos conciencia de que el cambio climático es un tema que no puede ser postergado por más tiempo, la problemática del medio ambiente debe ser parte fundamental en el contenido de cualquier política pública. Solo a través de medidas gubernamentales que involucren al sector económico, político y social y de medio ambiente podremos transitar a un equilibrio donde los recursos que se consuman hoy no comprometan a los del mañana.
Aprovecho esta máxima tribuna del país para hacer un exhorto a todos los gobiernos estatales y federales a no criminalizar a los maestros. Nosotros sabemos de su ardua labor que hacen sobre todo en las comunidades indígenas. Los movimientos no se dan por ocurrencia, sino es porque este país se está cayendo a pedazos con el desempleo, la inseguridad y la desatención brutal hacia las comunidades indígenas. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados. México ya decidió transformarse en un país más limpio en lo que tiene que ver con las energías renovables.
Contar con fuentes alternas, modernas, que nos ayuden no solamente a tener un mejor ambiente con los recursos naturales, sino que también nos ayuden a desarrollar y detonar el crecimiento económico y apoyar a ir quitando ese rezago y marginación social en las comunidades más alejadas de nuestro país, me parece que ése es el verdadero compromiso que tenemos que ligar entre un verdadero desarrollo sustentable que cuente con el apoyo a lo más importante que tenemos en México y que es su gente. La gente que está esperando allá afuera el que podamos tomar decisiones aquí, en esta asamblea, aterrizándolas a lo que tiene que ver con su bienestar.
En esta propuesta sin duda es importantísimo el hecho de que se distinga la energía hidráulica como una energía alterna. Es decir, que si se generan más de 10 watts, se pueda utilizar la potencia de densidad como un instrumento de medición.
Es un acierto el poder votar a favor esta reforma a la Ley de Energías Renovables en su artículo 1o, y que podamos formar ese criterio importantísimo en el ámbito de la diferenciación de las energías.
No solamente con estas decisiones estamos cumpliendo, respetando y por supuesto atendiendo el Protocolo de Kyoto, protocolo que México lo suscribió y que ha sido uno de los países que han dado la cara a favor de nuestro medio ambiente con los diferentes compromisos que hemos marcado y que nos hemos comprometido en el ámbito internacional.
Podríamos incluso ser un ejemplo para otros países que no lo han hecho y que están muy alejados de la realidad en lo que fue dicho protocolo.
En la Comisión de Energía, quiero comentarles que estamos trabajando, estamos organizados en subcomisiones, en grupos de trabajo, para poder proponer y estar listos al documento que será, sin duda, uno de los más importantes, me refiero al proyecto de la reforma energética.
Quiero hacer un reconocimiento al PRD, que ha trabajado en diferentes foros, en el que han utilizado como medio de comunicación, lo más importante: la participación ciudadana y la participación de los expertos.
El acuerdo que tenemos en nuestro grupo, y que es parte del proyecto de nuestro coordinador, es seguir también con ese concepto. Es decir, que dentro del Partido Verde también propondremos este tipo de participación que nos parece de lo más acertado.
Tenemos que buscar los mecanismos para poder estar a la par de grandes países como Alemania, por ejemplo, países que nos llevan la delantera en todo lo que tienen que ver con las energías renovables; pero países que ya quisieran tener la situación geográfica que hoy tenemos y los recursos naturales con los cuales podemos contar y que con ellos podemos dar una apertura certera a la inversión, podemos dar una apertura y un crecimiento a la economía de los mexicanos y podemos tener un ambiente amigable con el medio ambiente.
Compañeras y compañeros, estaremos trabajando, legislando, a favor de lo más importante que tenemos: las nuevas generaciones. Heredar un país con oportunidades, con logros ambientales, pero sin duda, algo muy relevante, un país que podamos aspirar a ser un México verde, un México sustentable y un México que nos enorgullezca a todos los que hoy formamos parte de esta Legislatura, en el que el tema del medio ambiente lo tomamos en serio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, hay 420 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
A petición del Grupo Parlamentario del PRD, cuatro de los dictámenes serán votados por separado; de la Comisión de Salud, los que están en los lugares segundo, cuarto y sexto, y el de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en el lugar décimo.
Todos los demás, el resto de los 33 dictámenes voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último de los asuntos, devuélvase al Senado, para los efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.
Le ruego a la Secretaría tomar la votación de los dictámenes que se encuentran en los lugares segundo, cuarto, sexto y décimo, también en votación económica.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, tenemos ahora en el orden del día los dictámenes con punto de acuerdo. Quiero informar a la asamblea que los dictámenes que se encuentran del lugar 18 al 66 no hay ningún orador registrado. Asimismo los dictámenes que se encuentran en los lugares 5, 6 y 7, según me informan. Los demás dictámenes que están en el orden del día del 1 al 4 y del 8 al 17, tienen oradores registrados; serán enlistados en el orden del día de la sesión de mañana.
Voy a pedir a la Secretaría tomar la votación económica de los demás puntos de acuerdo, en razón de los comentarios que aquí he hecho.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo que se encuentran en los dictámenes incluidos en el orden del día en los lugares 5, 6 y 7, y también del 18 al 66. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de las juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales y comités. Están publicados en Gaceta Parlamentaria y disponibles en sus pantallas. En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, aprobados, comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea e integra el Comité de Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil, Cendi, Antonia Nava de Catalán. Está publicado en Gaceta Parlamentaria, disponible en sus pantallas.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados, comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que de lectura a un último acuerdo que nos ha hecho llegar la Junta de Coordinación Política y que es importante que de una vez podamos tramitar.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se expresa el apoyo...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo, compañero. Dígame, diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, aunque no está en campaña, quiero hablar sobre este punto que va a someter usted, en este momento.
El Presidente diputado José González Morfín: Primero le pido a la Secretaría que para que toda la asamblea conozca de qué se trata, que dé lectura solamente a su punto resolutivo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Primero. La Junta de Coordinación Política expresa su apoyo total e incondicional a la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXII Legislatura, a su presidente, miembros de la junta directiva e integrantes para que desempeñen sus trabajos de vigilancia, fiscalización y control del uso y destino de los recursos públicos asignados a programas sociales en el marco de la celebración de los procesos electorales, evitando cualquier uso indebido en apoyo a partidos políticos o candidatos.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados expresa su total apoyo a la Comisión Especial de Programas Sociales para que realice los trabajos a que se refiere el punto anterior, y para ello instruya a los órganos competentes de la Cámara de Diputados a efecto de que se hagan las asignaciones presupuestarias y de recursos humanos y materiales para el debido cumplimiento de sus tareas.
Tercero. Se instruye a la Comisión Especial de Programas Sociales para que presente un programa de trabajo a realizar durante el desarrollo de los procesos electorales en curso.
Cuarto. Se solicita a la Comisión Especial de Programas Sociales a que informe con oportunidad a la Junta de Coordinación Política sobre el resultado de sus tareas específicas, a efecto de que ése órgano esté en actitudes de formular la posición política que corresponda en términos de lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que preste su colaboración y apoyo para que la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados pueda desempeñar eficazmente las tareas específicas a que se refiere el presente acuerdo.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el acuerdo. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta, por tres minutos, para referirse a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Perdón diputado Huerta, ¿a favor o en contra? Porque el Reglamento es muy claro que solamente puede haber un orador a favor y uno en contra. ¿Es en contra? En contra, tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sin duda la Junta de Coordinación Política ni siquiera leyó un documento que le hicimos llegar, que estuvimos debatiendo con algunos coordinadores parlamentarios, en principio de precisar el nombre de esta Comisión y aprovechar el chayogate, el horrendo caso de Veracruz para precisar más bien que la Comisión Especial pueda evitar el desvío de recursos públicos en los estados de la Federación que celebran procesos electorales en 2013, y esto tuvo su origen en 97, justamente con una iniciativa que se promovió, fue la única Comisión que entonces con ese nombre tuvo un papel trascendente aparte de ganar controversias constitucionales y lograr que más o menos se dieran algunas elecciones sin la contaminación política que hoy estamos viendo.
Evidentemente no nada más propusimos el cambio de nombre, sino dentro de las funciones proponíamos que los gobiernos de los estados y los municipios deben desvincular la ejecución de programas sociales con la entidad de las campañas del Partido Revolucionario Institucional, transparentando la ejecución de programas locales publicitando padrones de beneficiarios, así como ver que el IFE haga uso de atribuciones en materia de radio y televisión para evaluar la vinculación de publicidad gubernamental con campaña política, por esto de la publicidad encubierta que sobre todo en el caso de Veracruz ha estado discutiendo mucho, pero en Durango y en muchos estados de la república esto es reiterado, y obviamente sobre todo son varios puntos, pero iniciar procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el caso de Veracruz y en aquellas entidades donde están estas denuncias existan por uso indebido de programa y demás, así como el auditar la integración de los órganos electorales estatales para denunciar a los funcionarios electorales que toleran conductas antidemocráticas y de compra y coacción de voto.
Nos preocupa que al calor del Pacto por México se arreglen las cúpulas partidarias, que aquí mismo en la Junta de Coordinación se firmen acuerdos light y evidentemente también decir de cara a la opinión pública que los operativos de defraudación electoral están montados.
Bien lo dijo el compañero Alberto Anaya, no es un tema nada más de Rosario, finalmente toda la estructura que montó Enrique Peña Nieto con Nemer, Miranda, Carlos Rojas, Guerrero y por cada tiempo que den puedo seguir un apellido de los distinguidos operadores de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, que sin duda estarán operando para implementar la defraudación electoral.
Yo culmino. No me extraña del PRI, porque ellos ejercen un bullying contra los ciudadanos, que son objeto de los programas sociales, obviamente hay estructuras como quedó en claro en los videos de Veracruz, que están funcionando metódicamente, diariamente para presionar a los ciudadanos a favor de su partido, como lo hicieron con el Monex Gate, como lo hicieron con las tarjetas sorianas y con los billetazos que Enrique Peña Nieto tuvo que otorgar -culmino, señor presidente-, tuvo que otorgar para hacerse de la presidencia de la república. Es la manera en que el PRI opera, es la manera en que el PRI funciona.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Y por eso estamos posicionados en contra.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. Diputado Escajeda, sonido en su curul, por favor.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Es que le quería preguntar al señor diputado, como reiteradamente hace alusión a la alianza del PRIAN, quería preguntarle, que me contestara, ¿en Durango, con quién va el PT coaligado, si allá es el PTAN? Solamente quería preguntarle eso.
El Presidente diputado José González Morfín: No. Ya quedó concluido el tiempo del orador, lamento mucho, pero ya no, está fuera de tiempo la interpelación. Le ruego, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Le quiero contestar con mucho gusto. Decirle al que hizo la pregunta, que en Durango quien gobierna es el Opus Dei, el Opus Dei de los del PRI y del PAN.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz para hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía. Perdón, no es dictamen. A favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Celebramos este acuerdo, pero queremos que sea efectivo. El compañero diputado Francisco Coronato es sin duda una garantía de imparcialidad, de profesionalismo y que esta Comisión Especial de Programas Sociales efectivamente va a tener como objetivo contribuir a un blindaje electoral en los 14 estados del país.
Pero para eso, compañeras y compañeros diputados, nosotros estamos a favor de este acuerdo, pero sí es fundamental la voluntad política, porque la semana pasada se habló de Rosario Robles hasta el cansancio, de su renuncia, y hoy parece que el tema ya fue superado, que no ha pasado nada.
Fue a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Acapulco, donde no tenía nada que hacer, a recibir nuevamente el espaldarazo del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, no pasa nada.
Y vemos también que los partidos del pacto parece que ya le dieron la vuelta a la hoja. Sabemos que en el caso del PAN hoy hay reunión de su Comité Nacional para deliberar de este tema. Y más allá de declaraciones de los demás partidos, no vemos las cartas sobre la mesa y creemos que ya al reunirse en Bucareli, con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, ya no pasó nada. Es decir, se enojan en el día y se contentan por la noche.
Por eso nosotros insistimos que el mejor blindaje y para sellar este acuerdo es insistir en la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social, de Pedro de León Mojarro, de la Coordinación de Delegaciones de Sedesol y de todos los delegados con antecedentes de militancia pública, operativa electoral que están hoy en Sedesol.
No se vale nada más decir que se van a revisar perfiles y conminamos a los partidos del Pacto a que no sean comparsa, a que exijan que efectivamente no haya estas violaciones, porque no nada más fue Javier Duarte. En Zacatecas Miguel Alonso está haciendo lo mismos. En Coahuila, Rubén Moreira acaba de hacer todo un evento de brigadas rojas de programas sociales.
Es decir, es una constante. Por eso, en los 14 estados debe haber una revisión exhaustiva y aunque estemos en receso esta comisión tiene que constituirse en cada uno de los 14 estados del país y verificar que no haya mano negra, que no haya intervencionismo, que no haya recursos públicos que se utilizan en las campañas electorales y que no haya propaganda gubernamental para llevar el voto.
Por eso, estamos a favor de este acuerdo, pero vamos a estar vigilantes de que no haya atropellos electorales. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín (18:41 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 30 de abril a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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