Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con dictamen de proposición en sentido negativo
Retiro de proposición con punto de acuerdo de diputada
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con informes del SAT
Del Estado Mayor Presidencial, con los lineamientos generales para el uso de aeronaves
De la Secretaría de Educación Pública, con informe
De la Cámara de Senadores, con tres minutas
De la Cámara de Senadores, con minuta
De la Mesa Directiva, con acuerdo sobre preclusión de iniciativas
De la Mesa Directiva, con acuerdo para declarar desechadas iniciativas pendientes de dictamen
Dictámenes a discusión
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Dos de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Votación en lo general y lo particular
Que reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Discusión en lo general, presentación de moción
Votación en lo general y lo particular los artículo no reservados
Votación de los artículos reservados
Elección de las diputadas y los diputados que integrarán la Comisión Permanente
Dictámenes en sentido negativo
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
Mensaje de clausura del periodo de sesiones
Aprobación del acta de la sesión
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados y de las señoras diputadas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que existen registrados previamente 262 diputadas y diputados. Por tanto hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:07 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Huerta Ladrón de Guevara, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Buenos días, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Buenos días.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Espero que a usted le preocupe como a mí una nota periodística, donde un diputado muy distinguido, el coordinador del PRI, emite voto sin estar en el pleno. Parece ser que esto es cierto. Y eso sería muy grave desde mi punto de vista, porque no tenemos certeza entonces ya en el futuro de que los votos sean reales, sino son de gentes que tengan don de ubicuidad o algún problema en la maquina o algo que esté ocurriendo.
Tal vez no fue la intención del coordinador de su partido que ocurriera, y alguien del sistema le esté haciendo el favor de votar, algo sucede. Le pediría por tanto que se preocupe, que investigue el presidente de la Cámara y nos dé un informe porque esto es lo que pone mal a la Cámara de Diputados, que exista este tipo de circunstancias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Me preocupo e investigo. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día...
El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Carol.
El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): ¿Me permite?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, con mucho gusto, lo escucho.
El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): Señor presidente, en el orden del día se ha inscrito una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está suscrita por diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias.
Esta iniciativa recupera la mayor parte de lo avanzado en el Senado de la República en materia de empréstitos estatales y municipales. Ello representa una reivindicación de las facultades de la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, abre una salida perfectamente viable en términos constitucionales para lograr un buen acuerdo en una materia, en la que existen más coincidencias que discrepancias.
Solamente, presidente, le quiero hacer un reconocimiento a usted, a la Mesa Directiva a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, al pleno de la Cámara de Diputados, por su firmeza en la defensa del procedimiento constitucional y a los grupos parlamentarios un reconocimiento por haber privilegiado una opción del diálogo.
La iniciativa seguirá el proceso legislativo correspondiente, pero es un signo y un mensaje positivo, presidente, que se esté corrigiendo el procedimiento y al mismo tiempo se construya un entendimiento respetuoso con las señoras y señores senadores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Esa iniciativa se da gracias a un esfuerzo de conciliación, pero debo de reconocer que fue su idea y que fue su impulso procesal la que la hizo posible. Muchas felicidades, diputado.
¿Alguien más?
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado De Jesús Alejandro.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Preocupado, presidente, porque desde diciembre la Comisión Permanente hizo un exhorto a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía para establecer comunicación con la Junta de Coordinación Política del Senado a efectos de proceder a la integración e instalación de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, la Comisión Cocopa.
Es lamentable que a más de cuatro meses no haya habido; no obstante la semana pasada abordamos el tema en la Junta de Coordinación Política, no haya habido voluntad y disposición por parte de la misma a efectos de proceder a la integración de esta importante comisión.
Acaso esperamos que el Movimiento Zapatista y los pueblos indígenas levanten nuevamente su voz.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, si me permite. Ya escuché su planteamiento y le respondo. La diputada Vicepresidenta Aleida, ha sido muy insistente en la Mesa Directiva y yo la he escuchado con atención. He hecho las gestiones ante el Senado de la República y esperamos que el día de hoy llegue alguna comunicación al respecto. Su preocupación no ha quedado en el vacío.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez (desde la curul): Presidente, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, ¿con qué objeto? Les rogaría que me permitieran que la sesión fluya, porque si no es el momento de las ocurrencias.
Juan Luis Martínez, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Luis Martínez Martínez (desde la curul): Es sobre lo mismo. Lo que voy a decir no lo digo por ocurrencia; soy secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas y desde hace mucho tiempo estamos esperando la instalación de esa importante Comisión de la Cocopa, cosa que se han hecho de oídos sordos. Nada más exhortándolos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, le contesto lo mismo que al diputado De Jesús Alejandro. He hecho las gestiones ante el Senado de la República y espero que en el transcurso de la sesión del día de hoy tengamos alguna comunicación que satisfaga su preocupación.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió dictamen de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió oficio de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, la proposición con punto de acuerdo para que se fije una nueva fecha para la distribución de diesel de ultra bajo azufre (UBA) en todo el territorio nacional, presentada el 23 de abril del año en curso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que en el mes de marzo de 2013 el Servicio de Administración Tributaria a través...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado? Está la Secretaría dictando trámite pero lo escucho.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Es sobre el trámite que acaba de dictar. Estaba solicitando la palabra precisamente sobre el dictamen negativo que se puso a consideración ahora y de acuerdo al artículo 106, numeral primero, fracción III, de nuestro Reglamento, estoy solicitando para emitir un voto en particular sobre el mismo y poder específicamente sobre el tema hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese usted que precluyó su término porque debió hacerlo en la comisión en el momento en que se dictaminó negativamente, le ruego que me disculpe. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que en el mes de marzo del 2013 el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arrollo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio del Estado Mayor Presidencial con el que remite los lineamientos generales y cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el uso de las aeronaves del Estado Mayor Presidencial para el transporte de los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los titulares de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se aplicarán durante el ejercicio fiscal 2013.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Secretaría de Educación Pública y Servicios Educativos, con el que se remite informe de las Unidades Responsables correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e institutos de educación media superior y superior para el primer trimestre del ejercicio 2013.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficios de la Cámara de Senadores con los que remite tres minutas con proyecto de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de que las minutas de referencia se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, y ante la inminencia del cierre de período hoy, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se les considera de urgente resolución, se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulte a la asamblea si se consideran de urgente resolución y se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están a la consideración de la asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema de electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Esta votación también sirve como registro de asistencia.
El secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de cada uno de los proyecto de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Vamos a tomar la votación uno por uno, por favor.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): A favor.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): A favor.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): A favor.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo (desde la curul): A favor.
El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (desde la curul): A favor.
El diputado Martín de Jesús Vázquez Villanueva (desde la curul): A favor.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.
El diputado Amira Gricelda Gómez Tueme (desde la curul): A favor.
Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): A favor.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está cerrada la votación, por favor.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ya cerramos la votación, por favor. Presidente, 383 a favor, 0 en contra, 26 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley de decreto cuyo plazo o derogación podrán ser dictaminadas a precluidos o vencerán en el lapso restante del periodo del primer año del ejercicio.
Primero. Se autoriza que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declare precluidas y registre como desechadas, procediendo a su archivo como total y definidamente concluidas.
Todas las iniciativas de ley o decretos con plazos y prórrogas vencidas, así como aquellas cuyos términos de plazo ocurre durante el segundo receso del primer año de ejercicio y que no sean dictaminadas en este periodo.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispondrá la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las listas de las iniciativas que sean desechadas, archivadas, así como actualizadas en registros parlamentarios.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada Malú Mícher, ¿con qué objeto?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. En vista de que tenemos una gran agenda para el día de hoy, se ha publicado una iniciativa muy importante que entregamos a las y los adolescentes y a la comunidad en general, que son reformas a la Ley General de Salud en materia de derechos sexuales y reproductivos, que hemos trabajado las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Cuál es su planteamiento, diputada?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Quiero nada más hacer hincapié, diputado, en esta iniciativa y exhorto a todas las diputadas y diputados a leerla, a tener en cuenta esta iniciativa porque no la vamos a poder presentar, en obvio de tiempo. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho ha quedado en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto que se encuentran pendientes de dictamen.
Primero. Se autoriza que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declare y registre como desechadas las 372 iniciatvas de ley o decreto que se relacionan en el anexo al presente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdóneme, ¿en qué anda? ¿Es publicidad?
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de Mesa Directiva.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Como desechadas las 372 iniciativas de ley o decreto que se relacionan en el anexo al presente. Proceda a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos y se actualicen los registros parlamentarios.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación del pleno.
Tercero. Publíquese el presente con su respectivo anexo en la Gaceta Parlamentaria. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2003, firmando todos los integrantes de Mesa Directiva.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe con declaratorias de publicidad.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.
Honorable asamblea, en virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisione de Cultura y Cinematografía, y de Hacienda y Crédito Público, ante la eminencia del cierre de periodo consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se pongan a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes antes mencionados se pongan a discusión y votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
No hay fundamentación del dictamen. Tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona, quien no está en el salón, por lo que precluye su oportunidad. Rosa Elba Pérez Hernández. Véngase, en bici, a la tribuna. ¿Declina? Doña Claudia Elena Águila Torres. No habiendo más oradores registrados ábrase el sistema electrónico. –¿Viene Rosa Elba? Doña Rosa Elba, ¿va a hacer usted uso de la palabra?
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces usted tiene el uso de la voz.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Señor presidente, ¿sobre las ciclo vías o sobre lo que toca hoy?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues sobre lo que toca hoy. Adelante.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Gracias. Nos quedamos con lo otro. Muy bien, la creatividad, compañeros, es una cualidad presente en los seres humanos, se entiende como la capacidad del hombre para expresar el entorno y transformarlo. La creatividad es nuestra habilidad para observar, analizar, abstraer, así como la destreza y la sensibilidad artística que nos lleva a la producción de cosas nuevas y originales.
Es cierto, la creatividad es inherente a la condición humana, pero también es el hecho de que las habilidades que acabamos de enlistar no necesariamente se encuentran presentes en todos nuestros procesos productivos ni creativos.
Algunos individuos desarrollan más una habilidad que otros, y existe también quien en base al esfuerzo y acumulación de experiencias, conocimientos, llegan a suplir adecuadamente las carencias derivadas del reparto desigual que la naturaleza hace de ciertas cualidades.
Es decir, todos podemos producir, todos podemos investigar, todos podemos evaluar, pero hay muchos que no llegamos hasta el final del camino. Esto quiere decir poder llevar a cabo la autoría de los derechos de autor del trabajo del producto de nuestra investigación o evaluación.
Por eso existe el derecho de la propiedad intelectual, es decir, aquello, esa parte de la ley que protege lo que hemos desarrollado en base a nuestra iniciativa y talentos.
No toda la gente –repito– tiene la capacidad de crear, pero aquellos que sí la tienen, que son muchos en este país, por lo general no cuentan con un marco normativo que les permita llevar a una sana concreción su trabajo, sin la posibilidad de registrar patentes que el derecho de la propiedad intelectual y sus instituciones han garantizado en muchos países desde el XVIII, a fin de que los creadores puedan obtener beneficios; seguramente la producción artística y cultural de aquellos países no hubiera ocurrido.
Las regalías, un concepto desconocido para muchos de nosotros, sino hasta que escuchamos hablar de las telenovelas y como muchos de los actores siguen percibiendo regalías después de 20 años de haber grabado telenovelas. Digo el ejemplo de las telenovelas porque es probablemente uno de los ejemplos más conocidos para todos a cualquier nivel.
Las regalías que se pagan a los creadores son el incentivo que estos tienen para seguir innovando; sin embargo la cantidad de recursos que llegan a manos de estos artistas dependen directamente del volumen de ventas lícitas de un producto que llega a concretarse.
Todos conocemos también el ejemplo de los discos piratas, de los tenis pirata, de los zapatos pirata. Lo comento: en León, mi ciudad, cuando compras calzado te preguntan, quiere la versión pirata o quiere la versión réplica; quiere unos tenis que son mejor copia de un país asiático –no sé si tenemos cuerpo diplomático aquí, por eso no quiero decir el nombre de los países– pero estos países asiáticos ya compiten en la calidad de las versiones pirata o réplica.
El problema es que las ventas legales de determinados productos se ven afectados seriamente por el fenómeno de la piratería, a pesar de que reconocemos que la piratería en algunos casos de buena voluntad, constituye la única manera, el modus vivendi de muchas personas, de muchos comerciantes, que tal vez de buena fe toman estos productos pirata y se animan a venderlos. Eso debemos reconocerlo; sin embargo el creador debe ser respetado.
La piratería se ha convertido en nuestros días, en la principal amenaza para la innovación tecnológica y la creación artística; ese espíritu creativo se ve inhibido cuando no se percibe la recompensa. Para enfrentar panoramas tan complicados como esos que describimos, las industrias protegidas por el derecho de autor requiere que el Estado las apoye con el impulso de legislaciones que faciliten la protección de la propiedad intelectual.
Es cierto, el derecho de propiedad intelectual o por lo menos algunas versiones muy cortas de ese derecho sí han existido, pero hace falta más y es precisamente lo que estamos haciendo.
En virtud de que la educación, la ciencia y el arte son fundamentales para la construcción de una sociedad democrática se requiere que sean socializados. El Estado tiene la responsabilidad de formar estos mecanismos y marcos normativos.
Por esta razón, la ley prevé ciertos casos en los cuales las obras ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin la autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración; en estos supuestos no se hallaba contemplada la posibilidad de reproducir o adaptar obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con la finalidad de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales para una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas.
Señor presidente, termino. La ley no contaba con una disposición que garantizara el acceso a l a cultura y conocimiento a un grupo tan importante como son las personas que tienen discapacidad.
Por lo expuesto anteriormente, en el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, nos pronunciamos a favor del proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Quiero nada más cerrar, señor presidente, con esto. Vamos avanzando. No estamos en la primera fase, vamos en la segunda fase. Es decir, no partimos de cero; vamos avanzando sobre la sofisticación del derecho de autor en México, que es un gran incentivo para la creación de riqueza en ese país. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Tengo también anotadas a la diputada Zuleyma Huidobro y a la diputada Claudia Elena Águila Torres.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores. El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
La discapacidad visual y auditiva limita la capacidad de las personas para realizar actividades culturales tales como la lectura y esto puede causar grave afectación a su desarrollo intelectual, por lo tanto debemos procurar las adecuaciones legislativas necesarias para establecer las condiciones de inclusión de personas con discapacidad y así lograr equidad en la promoción, el disfrute de la producción de servicios artísticos y culturales, destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes del desarrollo humano y social.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el 4 de marzo de 2011 los resultados definitivos de varios rubros para el Censo de Población y Vivienda 2010 y las estadísticas estipulan que en México hay cinco millones 739 mil 270 personas con discapacidad, es decir el 5.1 por ciento de la población mexicana.
Por otro lado, los datos de Inegi por distribución porcentual de la población con discapacidad, según el tipo de limitación, señalan que el 27.2 por ciento tiene discapacidad visual y el 12.1 por ciento de la población tiene discapacidad auditiva.
Las cifras anteriores nos muestran la necesidad e importancia de la adecuación del marco jurídico en la materia de acceso a información para las personas con discapacidad, motivo por el cual en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos oportuna la aprobación del presente dictamen cuyo objetivo primordial es brindar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, facultad para que considere diseñar y ejecutar políticas y programas orientados a la reproducción, adaptación y en su caso transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.
Asimismo y en atención al contexto internacional, debemos procurar y salvaguardar mediante nuestros instrumentos legales, los medios necesarios para que las personas con discapacidad tengan una mejor formación y desarrollo intelectual.
En este sentido podemos citar como claro ejemplo internacional, la intervención de México en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se basa en distintos principios generales de los cuales cabe destacar la participación e inclusión plena y afectiva de las personas con alguna discapacidad en la sociedad, procurando en todo momento la igualdad de oportunidades.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, apoyamos, promovemos y fomentamos toda acción legislativa encaminada a la procuración, a la autonomía individual, a los derechos humanos y la independencia de las personas con discapacidad visual y auditiva. Por lo tanto nos pronunciamos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano reconocemos a los integrantes de la Comisión de Cultura y cinematografía y especialmente a la diputada Aurora Denisse Ugalde, por las modificaciones planteadas en este dictamen.
El día de hoy, ante el pleno de esta honorable asamblea se somete a su consideración el dictamen a la minuta con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Cultura y Cinematografía por el cual se adiciona una fracción al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El dictamen en estudio tiene por objeto incorporar salvedades en el uso y pago de derechos patrimoniales inscritos en la ley federal que precisamente se encarga de proteger y promover la propiedad intelectual de las personas abocadas a la realización de actividades artísticas y culturales en el país, así como de aquellos que lícita y legítimamente producen y comercializan las obras.
La propuesta de adición que valoramos contempla la posibilidad de publicar sin fines de lucro las obras artísticas y literarias en dispositivos materiales, específicamente diseñados para personas con discapacidad, con la intención de acercarlas eficazmente al disfrute de las artes y la cultura sin menoscabo de los medios jurídicos que salvaguardan el desarrollo y la ampliación de nuestra industria cultural.
La exposición de motivos de la minuta hace suyas las estipulaciones enunciadas en los distintos instrumentos internacionales, a los cuales México está adherido y vinculado a observar sus disposiciones, en específico la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde de manera por demás original y conducente con el creciente interés global por proteger y apoyar su desarrollo integral, establece el principio rector de promover condiciones que permitan su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad.
La persecución de la igualdad de los derechos de las personas discapacitadas no es ajena a los procesos sociales de producción y consumo de bienes culturales. De hecho, se encuentra íntimamente relacionada con la conformación de los valores civilizatorios actuales que ponderan la diversidad de la condición humana y el derecho a preservarla.
La legislación vigente en materia de patrocinio y amparo a la producción intelectual no contempla los mecanismos jurídicos apropiados que vuelvan viable la reproducción y accesibilidad de las producciones artísticas y culturales sin fines de lucro.
En este sentido, la normatividad actual aparece inequitativa e improcedente, particularmente en los aspectos relacionados con los procedimientos legales de transformación de formatos alternativos que las vuelvan accesibles a las diferencias cognoscitivas propias de las personas discapacitadas.
Esta laguna jurídica provocada por el deficiente diseño de los esquemas regulatorios de producción artística será corregida con los cambios que se proponen en el dictamen, ampliando con ello los enunciados que estipulan excepciones y limitaciones del derecho de autor.
Las modificaciones propuestas facilitarán la inserción de los individuos con discapacidad en los distintos espacios que conforman la vida social, cumpliendo con ello la solicitud generalizada que demanda el pleno respeto a los derechos humanos, sea cual sea la condición de los individuos.
Esto permite fundar la obligación moral y práctica de disponer de los medios para que todos los individuos, independientemente de los impedimentos y condiciones limitativas que les afecten, vean resueltas sus necesidades en condiciones de igualdad.
Conseguir los instrumentos adecuados y efectivos que nos lleven por las rutas del bienestar generalizado, sustentable y equitativo que promueva el desarrollo humano integral e incluyente de los individuos que en forma fortuita se encuentran en condiciones de desventaja y vulnerabilidad social constituye un compromiso social que debe plasmarse en la construcción e implementación de programas y acciones corresponsables de los sectores público, social y privado.
Las barreras sociales y económicas que resultan de la desigualdad en el acceso a la educación, el empleo y los servicios son las principales barreras a la inclusión social de las personas con discapacidad. A su vez, las barreras que impiden a las personas con discapacidad la participación en actividades culturales pueden ser institucionales, personales, sociales, del entorno o relacionadas con las percepciones y la concientización.
Sin embargo, las personas con discapacidad han tenido tradicionalmente reducidas posibilidades de ocio, entre otros motivos por la imposibilidad de acceder físicamente a los espacios culturales y sus servicios y productos. De esta manera, parecen no haber sido considerados como colectivos particularmente interesantes por los profesionales del sector cultural y artístico.
Así, el resultado de una situación de desigualdad tira por la borda gran parte de la legislación vigente que pretende eliminar los casos de discriminación que se dan en el seno de la sociedad.
En México todavía falta mucho por hacer respecto a este tema. La legislación vigente no contempla disposiciones que permitan la construcción o reproducción de material cultural o artístico enfocado a personas con alguna discapacidad.
En México no se ha constituido un mercado o un número relevante de empresas que se dediquen a publicar materiales especiales para personas con discapacidad; al contrario, en la actualidad es muy limitado el número de obras artísticas y literarias en soportes accesibles que atiendan el universo de discapacidades.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen, ya que lo considera un avance importante en la construcción y reproducción del material artístico y cultural que permita acercar el mundo de las artes y la cultura a las personas con alguna discapacidad.
Recordemos que el universo de las personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no sólo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar sus cualidades cognitivas a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres. Creo que no se encuentra.
En consecuencia, finalmente la diputada María Angélica Magaña Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María Angélica Magaña Zepeda: Posicionamiento sobre el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía que adiciona la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que más de 5 millones de personas tienen alguna discapacidad representando el 5 por ciento de la población nacional, específicamente el 58.3 padece algún problema para caminar o moverse; el 27.2 por ciento tiene una discapacidad visual; el 12.1 tiene un problema auditivo, y el resto de la población se divide entre las personas que tienen un problema para hablar, problemas de aprendizaje y de tipo mental, ocasionando en múltiples casos se sitúen en un estado de indefensión para hacer valer sus derechos humanos como es el caso del derecho al acceso a la cultura.
Las personas con discapacidad tienen el derecho de consultar obras artísticas y literarias. Sin embargo, los materiales no son publicados con formatos especiales que se adapten a los métodos adecuados para cada tipo de discapacidad.
Una de nuestras labores legislativas es la formulación y la aprobación de reformas a las normas jurídicas buscando que ninguna persona se sitúe en un estado de indefensión y desventaja en el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, que se elimine toda la forma de discriminación.
Por ello, debemos crear acciones tendientes a generar una sociedad más inclusiva, instar para que las personas tengan oportunidades y desarrollen sus habilidades.
Las personas con discapacidad deben de tener acceso a las diferentes expresiones culturales que le permitan desarrollar sus cualidades cognitivas, que sin duda, mejorará la comunicación, el aprendizaje y el desenvolvimiento de actividades que permitan su inclusión a la sociedad; con ello, contribuir a minimizar los desajustes psicosociales, problemas de desintegración familiar, así como la marginación social.
Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para establecer que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no afecten la explotación normal de la obra sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, siendo posible la reproducción, adaptación y en su caso transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes y sistemas de otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.
Votemos a favor de esta iniciativa que incita a cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 1 de la Carta Magna, donde señala tajantemente que queda prohibida toda discriminación motivada por las discapacidades que atentan contra la dignidad humana y que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este caso el derecho al acceso a la cultura contemplado en el párrafo doce del artículo 4o de nuestra Ley Suprema.
Si somos una sociedad incluyente de las personas con discapacidad, daremos un paso más para la igualdad y el bienestar de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de preparatoria del Colegio Guanajuato, procedentes del estado de Guanajuato, que vienen acompañados aquí por la directora del plantel, Leti Villegas. Les damos la más cordial bienvenida. Están aquí invitados por el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Bienvenidos todos a la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. ¿Nombre diputada?
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla (desde la curul): A favor.
El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Manuel Arias Pallares (desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor.
La diputada Blanca Jiménez Castillo (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Bonilla Valdez (desde la curul): A favor.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A favor.
El diputado José Enrique Doger Guerrero (desde la curul): A favor.
El diputado Genaro Ruiz Arriaga (desde la curul): A favor.
La diputada María del Rocío García Olmedo (desde la curul): A favor.
La diputada Nelly Lázara González Aguilar (desde la curul): A favor.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): A favor.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): A favor.
La diputada Claudia Elena Águila Torres (desde la curul): A favor.
La diputada Laura Barrera Fortoul (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron 451 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Está a discusión. Y para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza reconoce que bajo el cambio de paradigma que está sufriendo el constitucionalismo mexicano como consecuencia de la reforma del 10 de junio de 2011, a través de la cual se hace un reconocimiento expreso en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, se fortaleció esta manera el marco normativo de los derechos fundamentales en México.
Bajo dicho contexto no podemos dejar de reconocer que el 13 de septiembre de 1813, en la inauguración del Congreso de Chilpancingo, el general José María Morelos y Pavón pronunció el documento denominado Sentimientos de la Nación, el cual es uno de los primeros antecedentes de la lucha por los derechos de la igualdad, propiedad, justicia y la libertad en México.
Derivado de ello Nueva Alianza se suma al tributo que se comenta, de que en el marco del bicentenario de pronunciamiento del general José María Morelos y Pavón resulta conveniente que todos los mexicanos y todas las mexicanas tengamos en nuestras manos el recuerdo permanente de la importante lucha que se dio por alcanzar la soberanía e independencia de la nación mexicana a través de una moneda conmemorativa, que sirva de recordatorio de todos los sacrificios y esfuerzos que ha significado forjar a México como país independiente, y lo lejos que aún estamos de crear un verdadero Estado de derecho que vigile, tutele y respete los derechos humanos de los gobernados.
Es a través del documento Sentimientos de la Nación que don José María Morelos y Pavón proclamó de forma ordenada y sintética la plataforma de sociedades políticas y sociales que más tarde se tomaron en cuenta para la redacción del Decreto Constitucional para la Libertad del América Mexicana.
Los Sentimientos de la Nación constituyen uno de los textos políticos más importantes de nuestro país, mismo que delinea la nación que haría surgir un Estado soberano y libre de restricciones.
Conocer la historia nacional es una obligación para los mexicanos, porque los que queremos comprender el presente debemos estudiar el pasado, inspirarnos en el mismo para potenciar al desarrollo nacional, porque permite evocar las obras y hazañas de hombres y mujeres que trastocaron el devenir, inspirando las nuevas transformaciones y que a través de su voluntad nos apoyemos para crear una mejor nación.
Es por ello que, el grupo parlamentario que represento, Nueva Alianza, votará a favor de la creación de la citada moneda conmemorativa, como tributo a tan valioso documento e invito a que legislemos para concretizar el espíritu de José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano.
Saludo con mucho gusto a un grupo de estudiantes y docentes del Colegio Franco Inglés. Invitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. El 13 de septiembre de 1813, el general José María Morelos y Pavón pronunció el documento denominado Sentimientos de la Nación, el cual es considerado fuente directa de la Declaración de Independencia del 6 de noviembre de 1813 y de la Constitución de Apatzingán de octubre de 1814.
Han pasado 200 años desde que uno de los personajes más emblemáticos de la Independencia, preocupado por la situación del país, intentó fijar lineamientos mínimos para lograr la prosperidad de todos los mexicanos. A pesar de que han transcurrido dos centenarios, México no ha podido alcanzar los ideales estipulados en el documento; al contrario, ha consolidado las condiciones que mantienen en el rezago y la desigualdad al país.
El texto de Sentimientos de la Nación propone que nuestro país sea libre e independiente de cualquier otra nación, lo cual no podría estar más alejado de la realidad ante los gobiernos entreguistas que han doblegado la soberanía nacional a intereses económicos transnacionales, haciendo que los funcionarios obedezcan a las demandas de extranjeros en detrimento de los ciudadanos mexicanos.
Asimismo, Morelos estipuló que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. ¿En realidad en nuestro país toma las decisiones la sociedad? Convencido de los beneficios de un sistema basado en pesos y contrapesos, el general José María argumentó que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían estar divididos en cuerpos compatibles que permitieran su pleno ejercicio; sin embargo, esto no sucede en la práctica, ya que hemos presenciado a lo largo de esta Legislatura cómo se ha reducido el Congreso a una simple oficialía de partes.
Del mismo modo, el documento buscaba que las leyes moderaran la opulencia y que comprendieran a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados. ¿Podemos decir que esto se ha llevado a cabo, cuando en nuestro país se encuentra el hombre más rico del mundo, el cual se vale de los monopolios y de la poca efectividad de las leyes para acumular más fortuna, mientras millones de mexicanos subsisten con un salario que se ubica en 63 pesos en promedio?
Por último, Morelos exigía que se eliminaran la infinidad de tributos e imposiciones que nos agobian, en una nación donde se ha preferido seguir imponiendo tasas impositivas al ya de por sí reducido poder adquisitivo de los ciudadanos; mientras existen maniobras que permiten a las grandes empresas evadir impuestos.
Los impuestos indirectos compuestos por el IVA, el IEPS e IDE, representan el 55.5 por ciento de las recaudaciones mexicanas –más del doble de lo que proporciona el ISR), sin embargo se ha preferido seguir aumentándolos en lugar de eliminar el régimen de consolidación fiscal del que se valen los consorcios para eludir millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto, nos resulta sorprendente que el dictamen que hoy nos compete exponga que la mejor manera de recordar la importante lucha que el general José María Morelos y Pavón emprendió, sea a través de la expedición de una moneda conmemorativa.
En Movimiento Ciudadano consideramos que el recuerdo que los mexicanos deben de llevar no se encuentra tan solo en la cuña de un metal, sino en la realización de los ideales que buscaban la igualdad, la justicia y la libertad del país.
Los ciudadanos exigen políticas que mitiguen la desigualdad en la que se vive día a día que les permitan aumentar sus ingresos, que les ofrezcan una educación de calidad y que se generen empleos. De esta manera se honrará la memoria de un documento que buscó mejorar las condiciones de los mexicanos y no simplemente a través de una moneda que exalta propósitos que en 200 años jamás han sido puestos en práctica.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se abstendrá de votar en el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con el permiso de las compañeras y compañeros diputados. El día de hoy nosotros como integrantes de la Comisión de Hacienda, con gusto esta iniciativa la avalamos. Esa moneda conmemorativa de los 200 años de Los Sentimientos de la nación es algo que tiene mucha importancia para el país, pero de manera muy particular a nuestro estado nativo, el estado de Guerrero.
Cómo hace 200 años Morelos, que a final de cuentas durante prácticamente cinco años fue quien estuvo abanderando esa guerra de Independencia y gran parte de sus actividades, sus campañas, las realizó precisamente en el estado de Guerrero con la Toma del Fuerte San Diego y posteriormente se da este hecho histórico, el cual permite dar este documento al país, que es un documento de avanzada, Los Sentimientos de la nación.
Queremos señalar con mucha puntualidad que efectivamente lo que planteaba Morelos en aquél entonces en esos documentos en su artículo 12 que señala que, como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo; moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Es decir, la visión Morelos en este sentido.
En nuestro país no se ha moderado esta desigualdad. Vemos cómo tenemos precisamente creado por el propio sistema, una casta de gentes que están ubicados en los nombres más ricos del mundo y vemos cómo tenemos millones de mexicanos que se mueren de hambre día con día.
Digo, esa pretensión de Morelos desde hace dos siglos, por supuesto que en este país todavía no se ha subsanado esa grave deficiencia que hay y ahora este gobierno “descubre” que hay hambre en nuestro país y hace esa Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente y es una simulación más de lo mucho que se ha hecho porque efectivamente nunca van al fondo del asunto a resolver, realmente la problemática que hay en nuestro país.
Puntualizar que esos postulados de Morelos donde efectivamente ahí retoma las características que debería tener una sociedad democrática de igualdad, de libertad, la propia seguridad jurídica de los mexicanos, es un anhelo que todavía tampoco no se cumple y que hay que seguir luchando en ese sentido.
En este momento nuestro estado se encuentra en una situación muy difícil, muy compleja, pero es derivado de lo mismo, de esas prácticas nocivas de la Federación que centraliza todo y que no tiene ningún proyecto de desarrollo regional a estados como Guerrero, que le ha dado mucho a nuestro país. Nosotros en el estado hemos estado acostumbrados durante siglos a luchar y a dar la cara y pelear por nuestro país.
Y por eso representamos dignamente a este estado y por eso hemos estado aquí impulsando efectivamente de que esta Cámara actúe con dignidad, actúe con decoro.
Es un anhelo también como el que tenía Morelos, es una ilusión que uno tiene que efectivamente este Congreso realmente sea digno, que sea un Congreso que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos y que no responda a los intereses de los empresarios, que no respondan al gobernante en turno, como era en aquel entonces.
Pero esto sigue siendo también un anhelo de aquellos que tenemos esa visión que debemos de luchar porque el estado de cosas cambie, porque efectivamente se modifique esa situación en la cual todavía viven millones y millones de mexicanos, y de manera muy particular, paisanos en nuestro estado que reitero, en este momento todavía se mueren de hambre, efectivamente, por esas políticas equivocadas que hemos tenido en el país en los últimos años y que en lo personal tengo mis reservas, efectivamente, de que este gobierno con esa Cruzada Nacional contra el Hambre, realmente vaya a ser efectiva.
Es una simulación más, estoy convencido de eso. A final de cuentas vamos a ver al término de este periodo de que no se pudo lograr y no se pudo hacer nada en relación a millones y millones de mexicanos y en este caso miles de guerrerenses que viven en esa situación.
Digo, estamos convencidos porque conocemos precisamente de que son prácticas cínicas y demagógicas nada más y que se pretende ocultar la situación real que vive nuestro país.
Por eso nosotros honramos decididamente la lucha de Morelos y estamos plenamente convencidos que debemos de continuar los lineamientos que Morelos nos marcó en los Sentimientos de la Nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero saludar y dar la bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de la escuela primaria Taller Cencalli, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez. Bienvenidos a la sesión y a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 418 votos a favor, 16 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 418 votos el proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín (12:29 horas): Compañeras y compañeros diputados, en este momento se declara un receso para llevar a cabo la ceremonia solemne en la que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, al ciudadano Jacobo Zabludovsky.
(Receso)
El Presidente diputado José González Morfín (13:53 horas): Se reanuda la sesión ordinaria.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66, y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. Par fundamentar el dictamen...
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Ah, dígame. Sonido en la curul de la diputada Carpinteyro, por favor. Dígame, diputada.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente, sólo comentar que finalmente ya fue aprobada la reforma a los artículos 6o., 7o., 27, 28, y demás, correspondientes a la reforma de competencia económica, telecomunicaciones y radio difusión, y que ahora procederá su trámite en todas las Legislaturas de los estados.
Quería obviamente compartir esto con todos los miembros de esta honorable asamblea porque somos responsables de éste, que va a ser el cambio fundamental para precisamente abrir a la pluralidad de voces, los medios de comunicación, para contar con la información, para ser verdaderamente libres. Muchas felicidades a todos por el trabajo realizado en esa reforma.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Comparto su comentario. También celebro la aprobación de esa reforma, y que ya vaya rumbo a las Legislaturas de los estados.
Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz el diputado Gaudencio Hernández Burgos, hasta por cinco minutos.
El diputado Gaudencio Hernández Burgos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hablar de educación es hablar de bienestar y prosperidad para el país, del bienestar de la sociedad y, sobre todo, es hablar del bienestar de nuestros niños y nuestros jóvenes.
Durante mucho tiempo el Estado no consideró la educación media superior obligatoria. Sin embargo, con la publicación del decreto que reformó los artículos 3o. y 31 de nuestra Constitución, se le otorgó este carácter.
La educación ha sido una herramienta que contribuye al mejoramiento de nuestra sociedad. Y es el caso que en la actualidad cursar la educación básica ya no es suficiente para lograr un desarrollo profesional óptimo, pues día a día se presentan nuevas exigencias, las cuales sólo a base de conocimiento las podrán superar nuestros jóvenes.
Por lo que el hecho de que se proyecte la referida reforma constitucional hacia el texto reglamentario debe set motivo para impulsar el desarrollo de la educación media superior, que el Estado se preocupe por la juventud de nuestro país sin duda llevará a que estos se preocupen por el Estado.
El brindarles la educación que necesitan permitirá que se alejen de caminos incorrectos, que no caigan en la vagancia o se integren a la delincuencia, sino que cada vez veamos a un número mayor de jóvenes integrar las filas de la educación y del conocimiento.
Con las reformas que hoy tenemos a nuestra consideración se logrará dar un paso adelante para que la cobertura educativa sea del 100 por ciento, terminando con el rezago educativo que en la actualidad sigue presente.
Con estas reformas se establecerán las bases que tendrán que seguir las escuelas que impartan la educación media superior instaurando así un marco curricular común, que sea respetuoso de la autonomía de las universidades, pero que aporte una visión más integral de este segmento del sistema educativo nacional.
Compañeras y compañeros legisladores, debemos continuar apoyando la educación de nuestro país. No olvidemos que los jóvenes son el futuro y que solo con el estudio se tendrá un estudio digno, de ahí nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Para las y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para quienes la educación de las niñas, niños y jóvenes mexicanos es una de nuestras principales motivaciones y ejes prioritarios de nuestra agenda.
La armonización de la Ley General de Educación con la reforma a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, que desde febrero de 2012 establece la obligatoriedad de la educación media superior, es apenas el primer paso hacia el cumplimiento de una deuda que mantiene la nación con miles de jóvenes de este país.
Es menester reconocer, que este paso decisivo en la responsabilidad del Estado mexicano de brindar servicios educativos gratuitos, laicos y de calidad a los jóvenes mexicanos hasta que alcancen en promedio la mayoría de edad; es decir, hasta concluir el nivel educativo medio superior, nos convoca a todos los actores involucrados en el proceso educativo a hacernos cargo de que esta reforma en la ley se cumpla efectivamente en la realidad., tal y como se establece en la reforma constitucional que se materializa hoy en la Ley General de Educación.
Tenemos la enorme responsabilidad de garantizar que de manera gradual se vayan ampliando las oportunidades de acceso a la educación media superior hasta lograr que en el ciclo escolar 2021-2022, todos y todas las jóvenes mexicanas que demanden el servicio encuentren cabida.
Estamos conscientes de que el paso establecido es muy largo si pensamos en la urgente necesidad de atender a miles de jóvenes que no han encontrado lugar en las escuelas públicas, pero debemos reconocer que es necesario resolver enormes rezagos y carencias en materia de infraestructura, equipamiento, financiamiento, así como las necesidades de enfrentar los retos de contar con personal docente, administrativo, manual, entre otros, suficiente para dar respuesta a las necesidades que esta disposición obliga; lo mismo que para capacitar y actualizar al personal con que ya se cuenta y demás rubros que es obligatorio atender.
Por ello con profundo compromiso y plena convicción nos pronunciamos a favor de este dictamen, sabedores que la realidad no se transforma por decreto.
Estamos ciertos de que no basta con hacer obligatoria la educación media superior en tanto no vigilemos que existen y se ejerzan con eficacia los recursos suficientes para que esa obligación se cumpla en los plazos y en los términos establecidos, para garantizar la creación de las suficientes oportunidades y opciones educativas, de modo que todas las familias de este país estén en posibilidades de cumplir con esta obligación constitucional de procurar que sus hijos e hijas alcancen hasta la educación media superior.
No es de ninguna manera suficiente elevar el número obligatorio de grados a estudiar para formar a los jóvenes con las aptitudes, los conocimientos y los perfiles que reclama la realidad socioproductiva de un país inserto en la globalidad.
El Estado mexicano está obligado también a evitar que sigan formándose generaciones de jóvenes desempleados, tanto por falta de oportunidades en el mercado laboral como porque la educación escolarizada que reciben no se vincula con los requerimientos del sector productivo del país.
Eso exige no solamente ampliar la cobertura y elevar la calidad, sino también la pertinencia, lo que reclama hacer un esfuerzo enorme para que los contenidos educativos de los programas y los perfiles responsan a un marco curricular común, pero también a la realidad actual de nuestro país, a los objetivos que nos proponemos alcanzar y por supuesto ubicarlos en completa sinergia con los requerimientos del mundo productivo.
Esto significa que con la reforma de ley debemos emprender también una transformación de la realidad. La aplicación de la oferta educativa a nivel medio superior es el primer lugar de obligación del Estado, pero debe generar las condiciones para que los jóvenes mexicanos y sus familias cumplan con la parte que les toca.
Nos corresponde a nosotros, los integrantes del Constituyente Permanente, garantizar que la obligatoriedad de la educación media superior no sea letra muerta. Que no quede como un legado de buenas intenciones como ha sucedido con reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el pasado.
Baste recordar que tenemos entre las asignaturas pendientes de cumplir, la obligación del Estado de otorgar educación preescolar, así como de destinar recursos crecientes hasta alcanzar el 8 por ciento del producto interno bruto del país a la educación pública.
Apostemos fuerte y como nunca, por una educación pública de calidad y de pertinencia para todos los niveles, para todos los niños, niñas y jóvenes de este país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, respecto al dictamen sobre la minuta que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ha presentado ante el pleno de esta soberanía, relativo a incorporar a la Ley General de Educación la reciente modificación al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que se estableció el carácter obligatorio de la educación media superior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su total apoyo.
Los argumentos que en su momento la colegisladora presentó a su pleno, son sólidos, porque hacen mención a una realidad que no acepta dudas ni contradicciones.
En efecto, la educación en general en nuestro país tiene un nivel elemental en términos de asignación presupuestal porque no alcanzamos el 8 por ciento del producto interno bruto que recomiendan diversos organismos multilaterales, entre ellos la OCDE, indispensables para generar ciudadanos debidamente preparados para los embates de la vida cotidiana.
Ello propicia que la infraestructura necesaria para cumplir con los fines de la educación en nuestro país, sea limitada, no sólo por la falta de aulas y escuelas, consecuentemente, de docentes capacitados, de equipamiento adecuado a las circunstancias y en fin, todo el entorno requerido para que los educandos reciban conocimientos de calidad.
La deserción escolar en esta etapa de la educación en México es muy elevada debido a multitud de factores que inciden en el hecho de que los jóvenes abandonen sus estudios, principalmente por la pobreza secular de sus familias que los obliga a desertar de las aulas para generar ingresos que ayuden al sostén de su entorno.
De ahí que el constituyente haya legislado atinadamente para establecer el carácter obligatorio de la educación media superior en el país.
No pensamos que sólo porque en la Carta Magna se mandata esa obligatoriedad, el problema está resuelto. Ese es un primer paso importantísimo para obtener el objetivo que los tres niveles de gobierno nos hemos fijado: el obtener para nuestros jóvenes educación de primera calidad.
Por lo anterior, las adecuaciones propuestas a la Ley General de Educación, son plausibles, porque además se acata con el mandato constitucional invocado líneas arriba. En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen en comento. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas, de Movimiento Ciudadano.
Aprovecho para saludar a un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 1, que están hoy aquí invitados por la diputada Paulina del Moral Vela.
También a un grupo de estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en ciencias políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM, que invitó el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Bienvenidos todos y todas a la sesión. Adelante, diputado.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor Presidente. En México múltiples reportes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, sobre la calidad de la educación en el país revelan que desde hace varias décadas se enfrenta una gravísima crisis en el modelo de formación académica.
La cuestión es preocupante si se estima que en México de 100 estudiantes que entran al sistema escolar sólo 36 terminan el bachillerato.
Actualmente la educación está más cerca de su privatización que de la calidad que el pueblo mexicano necesita y exige. Los ejemplos del detrimento de nuestra educación son variados: desde la poca inversión por parte de la iniciativa privada, hasta la falta de lugares en el nivel superior, donde año con año miles de jóvenes son rechazados de las instituciones.
El 90 por ciento de los jóvenes que aspiran ingresar a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México fueron rechazados. Dichos resultados, revelados a través de su portal de internet, muestran que de los 62 mil 682 estudiantes que presentaron el examen sólo seis mil 500 lograron ingresar, es decir, sólo el 10.3 por ciento obtuvo lugar en alguna de las 99 carreras que imparte la institución.
Nuestro país ocupa el último lugar de los países que integran la OCDE en materia de aprovechamiento educativo. Al respecto, el Estado mexicano, en virtud de poder revertir estos resultados, ha implementado diferentes pruebas para evaluar la calidad de la educación, como el programa para la evaluación PISA, los exámenes de la calidad y el logro educativo, Excale, y la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE.
Sin embargo, y además de que los resultados han sido desastrosos, estas medidas siguen resultando insuficientes.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que 21 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 14 y 29 años no estudia ni trabaja, hecho que a su vez desencadena otros inconvenientes. Por un lado, la incursión de actividades delictivas por parte de estos jóvenes para generar ingresos y, por otro, la migración de nuestro capital intelectual a otros países.
La reciente reforma en materia de educación, donde se eleva a rango constitucional la obligación del Estado para la impartición del medio superior, parece ser un avance importante; sin embargo, la normatividad secundaria no se ha armonizado con los cambios mencionados a fin de dar certeza en su aplicación.
Existe una problemática importante respecto a la falta de coordinación y comunicación entre las instituciones públicas y privadas del nivel superior en algunas regiones que no han permitido que los alumnos que concluyen este nivel, mantengan un mínimo de conocimiento integral.
Muchas de estas instituciones ofertan programas vocacionales, técnicos o tecnológicos que no incorporan elementos vocacionales básicos en la educación general, y por lo tanto, no existe una formación relevante que le permita desenvolverse competentemente en el mercado laboral.
Por lo anterior, el dictamen a discusión pretende reformar la Ley General de Educación a fin de eliminar la falta de compatibilidad y la ausencia de coordinación entre las instancias que ofrecen el nivel medio superior, ya que cada institución tiene disposiciones normativas propias y opera, al menos, un plan de estudios distinto.
Con esta reforma se pretende armonizar la legislación secundaria conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a la educación, además de abrir las posibilidades de formación para los jóvenes al ofrecer una visión más integral, lo cual repercutirá individual y colectivamente en el mundo actual.
De esta manera, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen. Sin embargo, hay que sumar programas de movilidad de estudiantes, cursos y créditos compartidos, movilidad de profesores, investigadores y proyectos académicos en la red, a nivel nacional.
Recordemos que la educación es el pilar fundamental de un país. El conocimiento que se genera a partir de ella se ha convertido en el motor económico de las sociedades modernas, las cuales afianzan su prosperidad a través de su innovación tecnológica y la exportación de su capital intelectual.
En este contexto, debemos comenzar a entender ¿qué es la educación por encima de todo? La fuente que posicionará a México en la escala de la competencia mundial y seguirnos replanteando ¿para qué queremos educación en México? Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, señor presidente. No cabe duda de que la educación es un poderoso instrumento para promover la movilidad social creciente para nuestro país.
Sin embargo, la desigual distribución de oportunidades en muchos países de Latinoamérica implica que el acceso a los servicios educativos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, sea escaso para algunos de los estratos más pobres de la sociedad.
El nivel de educación alcanzado por los estudiantes de esto segmentos de la población se ha estancado en la educación secundaria, y en muchos casos, quienes egresan de ésta, a consecuencia de las deficiencias e insuficiencias en los procesos de formación no poseen las competencias y capacidades que se supone deben adquirir y que son necesarias para acceder a los niveles educativos superiores, o bien para integrarse al mercado laboral.
Para hacer frente a los desafíos que plantea el tema de la educación en nuestro país, desde esta soberanía se han impulsado diversas medidas para promover la inversión en el desarrollo de la infraestructura educativa y del aumento de la calidad de la educación pública en el país, a través del establecimiento de sistemas de evaluación modernos, de la creación de incentivos para los profesores y de la dotación de los insumos necesarios para que los alumnos no tengan otra preocupación más que aprender.
Asimismo, en los últimos tiempos en lo que respecta particularmente a los sistemas de educación media superior y superior, tanto el Poder Legislativo federal como las Legislaturas locales han impulsado políticas a favor de la misma, como por ejemplo las reformas encaminadas al financiamiento de carreras universitarias mediante becas y préstamos bancarios. Sin embargo, uno de los pasos más significativos que México ha dado recientemente para el fortalecimiento de nuestro sistema educativo es la reforma constitucional a través de la cual la educación media superior adquirió el carácter de obligatoria.
A finales de 2011, una tercera parte de los 6 millones 710 mil jóvenes de entre 15 y 17 que había en el país estaban excluidos de la educación media superior, esto es, casi 2 millones 200 mil jóvenes en edad normativa para cursar el bachillerato, no asistía a la escuela. La finalidad de la reforma fue precisamente subsanar ese problema.
Si bien al aprobarse la obligatoriedad del bachillerato se planteó que la medida repercutiría de manera directa en la generación de mayores oportunidades de desarrollo para la juventud mexicana, también se advirtió que los resultados de ésta se irían materializando de modo gradual, dado que su instrumentación dio inicio en el ciclo escolar 2012 y terminaría hasta el año 2022.
Asimismo, se dejó constancia de que las implicaciones de esta reforma de tal magnitud obligarían al Poder Legislativo a seguir legislando en esta materia, para garantizar que la reforma tuviera mejores y mayores alcances.
Pues bien, el día de hoy estamos aquí reunidos con el objeto de discutir una reforma a la Ley General de Educación encaminada a crear las condiciones que permitan contar con un subsistema de educación media superior y de capacitación para el trabajo consolidado, y listo para afrontar adecuadamente los retos globales que el desarrollo y la competitividad del país se plantean.
Cabe señalar que no basta con ampliar la cobertura del sistema de educación pública en el nivel medio superior, sino que es necesario garantizar que la formación que reciben los educandos sea de calidad y resulte además funcional. No se puede soslayar que uno de los problemas más acentuados en nuestro sistema educativo es la escasa capacidad para satisfacer la demanda de mano de obra que requiere el sector productivo.
De acuerdo con el foro México 2013, políticas públicas para un desarrollo incluyente, un estudio realizado por la consultora Mckinsey señala que el 40 por ciento de los jóvenes en México no tienen un empleo relacionado con su área de estudio, mientras que a las empresas que tienen vacantes 4 de cada 10 les cuesta mucho llenar una vacante porque no encuentran los perfiles que necesitan, los perfiles adecuados.
En este sentido, se considera necesario el establecimiento de un marco curricular común en el sistema de educación media superior, que establezca los elementos formativos básicos de los servicios de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, de tal manera que se constituye una parte del perfil de egreso de las diferentes modalidades y su complemento sea la formación específica en función del tipo de bachillerato del que se trata.
Con medidas como éstas se busca encontrar, en el ámbito de nuestra competencia, la mejor forma de impulsar y perfeccionar nuestro sistema educativo, lo cual es uno de los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, por lo cual se votará a favor de este decreto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, a favor 430, 2 abstención, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por 430 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 3o, 4o, 9o, 37, 65 y 66 y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación.
Tiene la palabra, por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, la diputada María Guadalupe Mondragón González, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, el dictamen de la minuta que hoy está a nuestra consideración plantea que es prioritario el establecimiento de dispositivos legales para enfrentar los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo nacional.
En este sentido, los integrantes de la comisión dictaminadora coincidimos, en lo general, en la necesidad de reformar la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Educación, a efecto de que entre los fines de la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial se incluyan en el fomento de actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
En el mismo sentido se señala que la norma debe involucrar a las autoridades educativas en la promoción del uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por lo que el proyecto de decreto que se pone a nuestra consideración adiciona una fracción V Bis al artículo 12, y una fracción X Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, con el propósito de establecer como atribución de las autoridades educativas, el emitir los lineamientos y el fomento al uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, así como ampliar sus competencias para la vida, a fin de favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
Los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados sostenemos y reconocemos que el uso adecuado de las tecnologías de la información puede y debe contribuir a la calidad educativa, al acceso universal de la educación, a la equidad, a la labor y desarrollo profesional de los educadores, así como una administración eficiente del sistema educativo.
Por ello, después de la lectura y análisis de la minuta, los integrantes de esta comisión consideramos que por la importancia de las reformas que se plantean es pertinente proponer una redacción acorde al texto de una norma general, atendiendo con ello una mejor comprensión y aplicación eficaz y responsable de la norma. Esto en el sentido de no sólo considerar a la tecnología de la información y comunicación, sino también otras tecnologías que en el devenir del tiempo resulten relevantes a tomarse en cuenta para esta disposición.
Por lo anterior, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados este proyecto de decreto, que adiciona a los fines de la educación que imparte el Estado el de fomentar la comprensión y aplicación responsable de la investigación, la innovación y la tecnología, así como integrar a las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativa federal la de fijar lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo y a las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federal y local, la atribución de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer la inserción en la sociedad del conocimiento. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar posicionamiento de su grupo, en el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hablar del uso de las tecnologías de la información y la comunicación –como herramienta fundamental para mejorar el sistema educativo nacional– nos obliga a reconocer que, junto con las enromes posibilidades que pueda brindar a los procesos formativos, también ha traído nuevos riesgos, a los que están expuestos nuestros niños y jóvenes, como el desdibujamiento de los límistes entre lo público y lo privado, el acceso a información de distinta índole sin criterios de restricción respecto a su edad y madurez, contacto con personas anónimas, incluso con desconocidas intenciones. En fin, son situaciones nuevas que se constituyen en amenazas a su integridad física, intelectual y emocional.
En ese marco es necesario referirnos a la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, en junio 2011, en el sentido de que el acceso a Internet es un derecho humano que promueve el proceso de la sociedad en su conjunto y por lo tanto debe ser prioridad del Estado asegurar el acceso universal al mismo.
El reporte resultado del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2009, denominado Estudiantes en Línea presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revela que en México 49.5 por ciento de los estudiantes menores de 15 años tienen computadora en casa y que de éstos poco más del 34 por ciento tiene acceso a Internet.
Asimismo, señala que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de habilidades para realizar diversas tareas, por tanto será necesaria una planeación completa e incluyente para potenciar las posibilidades de superar el rezago educativo y elevar los niveles de competitividad.
De acuerdo con la información de la OCDE, solo 0.5 por ciento de la población en México tiene acceso a Internet de alta velocidad, el precio por megabyte en México es de 19.85 dólares, en comparación con los 9.48 dólares promedio de los países de la OCDE. Esto significa que en México es tres veces más caro, solo precedido por Canadá y por Estados Unidos de América. Es evidente la ausencia de una política educativa para animar y orientar los esfuerzos en este tema.
Asimismo son escasos los proyectos institucionales que fomenten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, la alfabetización informática resulta indispensable para actuar en la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación. Una herramienta para facilitar los necesarios medios para administrar y usar mejor los recursos pedagógicos, pero todo ello no significa nada positivo si no se hace de manera responsable y eficaz.
El empleo de las nuevas tecnologías ha permitido generar conciencia global e incidir en decisiones acerca de los valores humanos fundamentales, así como nuevos aspectos que reflejan, reproducen las diferencias sociales y desigualdades económicas y culturales, y también constituyen nuevos riesgos para la sociedad del conocimiento.
En este marco, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza respalda la incorporación en el texto de la Ley General de Educación, de las disposiciones que permitan regular el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo y con ello evitar que la libre circulación de la información y la disponibilidad de un gran cúmulo de conocimientos contribuyan a una utilización mal intencionada de la misma, así como la proliferación de la ciberdelincuencia. Es tiempo que pongamos medidas para el uso positivo de estas importantes herramientas. Es cuanto, presidenta, y gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la cual me honro en pertenecer, ha presentado a esta soberanía un dictamen sobre la minuta enviada por el Senado de la República sobre el uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.
Al respecto, la colegisladora efectuó un análisis de las iniciativas que sus legisladores presentaron en diferentes fechas concluyendo en un dictamen sobre aquéllas. El tema central de la minuta en comento es el relativo al uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al acceso universal a la educación, a la equidad, a la labor y el desarrollo profesional de los educadores y a una dirección y administración eficiente del sistema educativo.
Es plausible apoyar el aprendizaje de los estudiantes y educadores, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento, para lo que se incorpora la facultad concurrente de las autoridades educativas federales y locales y fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación.
Sin embargo, la Comisión de Educación Pública de esta soberanía consideró que las inquietudes y propuesta de los senadores deben ser atendidas por su procedencia, pero tomando en cuenta que la redacción de ellas debe ser acorde con el principio legislativo de que las normas deben ser generales para responder a la jerarquía normativa establecida en nuestra Carta Magna. Por lo anterior, la opinión de la comisión de esta Cámara estima efectuar modificaciones a la minuta recibida del Senado para que el proceso legislativo se complemente.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que estas modificaciones aceptadas por nuestra comisión, más las que se proponen, darán el resultado que se intenta obtener y que es el de llegar al uso responsable y seguro de las tecnologías de la información aludidas.
En medio de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su apoyo al dictamen comentado y votará a favor de él en consecuencia. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, presidenta diputada. Legisladoras, legisladores. En la etapa actual de la economía del conocimiento, el papel que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación es vital y cada vez más relevante para el verdadero desarrollo de México.
El sistema con el que cuenta el país no está articulado de manera apropiada, por lo que se necesita de una política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación que coordine las acciones de los diferentes sectores como son las empresas, los científicos y el Estado.
Internet es sin duda la tecnología más moderna del siglo XX, al promover un intercambio de información constante e inmediata en todo el mundo.
Este avance tecnológico ha generado una nueva visión de la sociedad, porque se han eliminado las barreras del tiempo y del espacio entre los hombres, ya que ahora la comunicación entre ellos es inmediata e instantánea.
Con los avances tecnológicos y en especial gracias a que ahora contamos con un mayor ancho de banda en nuestras casas y en nuestros dispositivos móviles, ahora podemos realizar más cosas en Internet. México cuenta con 42 millones de personas conectadas a Internet, esto es el 37 por ciento de la población, con un crecimiento del mil 448 por ciento entre los años 2000 y 2011.
En los países más avanzados como Estados Unidos, el Internet tiene una penetración del 77 por ciento y Japón, del 80 por ciento; en Alemania, del 67 por ciento. Y en América Latina el país con más alta penetración de Internet es Argentina con el 67 por ciento.
Las tecnologías de la información y la comunicación, han adquirido gran relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la red de Internet, siendo el educativo uno de sus más importantes campos de acción.
Las ventajas de la influencia que las tecnologías de la información y la comunicación tienen en la educación, son de alto interés y motivación para el estudiante, ya que promueve la interacción, la actividad intelectual; la retroalimentación promueve el aprendizaje a partir de errores; se genera mayor comunicación entre los profesores y los alumnos, lo que provoca un aprendizaje cooperativo.
Hay alto grado de interdisciplinas, contribuye a la alfabetización informática; desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la información; mejora las competencias de expresión y de creatividad. Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos tanto físicos, químicos y sociales que ayudan a comprenderlos mejor.
Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestructura económica y cultural para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir a una mejor satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, su uso también conlleva riesgos, especialmente para los niños y las adolescentes.
Si no se dispone de filtros que limiten el acceso a páginas inadecuadas, de forma accidental o buscando nuevos amigos y estímulos, se irán encontrando con toda clase de contenidos, servicios y personas, no siempre viables ni convenientes para todas las edades y lo que empieza por curiosidad puede acabar siendo una adicción, ya que los niños y los adolescentes se les seduce fácilmente.
El dictamen a discusión plantea la necesidad de incluir, dentro de las facultades de las autoridades educativas, hacer lo que esté a su alcance para lograr el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y en especial del internet.
México, en los próximos años, verá un crecimiento exponencial en el uso del internet, así que es de suma importancia que vayamos conociéndolo y usándolo adecuadamente para poder obtener el mayor provecho en el ámbito educativo.
Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Ana Lilia Garza Cadena.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con su venia diputada Presidenta. Compañeros diputados y diputadas: para el Partido Verde Ecologista de México hablar de una reforma que en materia de educación aborda el concepto de alfabetización digital es de relevante importancia.
Lo es porque si bien reconocemos la inminente necesidad de que nuestra sociedad y comunidades en general logren el acceso a las tecnologías de información y de comunicación, éstas no podrán por sí solas traer un beneficio real a la comunidad si no atendemos el paso previo, como lo es la alfabetización digital y la consecuente sociabilización de sus términos.
El dictamen que estamos discutiendo representa un impulso en una de las asignaturas más frecuentemente descuidadas cuando se busca el desarrollo digital de una nación.
La alfabetización digital puede definirse como la serie de acciones implementadas generalmente por los diversos gobiernos, tendientes a volver más accesible el uso y comprensión de la tecnología.
Cuando se consigue optimizar este factor de educación digital, se potencializa el aprovechamiento en una amplia gama de beneficios educativos, culturales y socioeconómicos, que vienen asociados a las tecnologías de información y de la comunicación.
En este sentido es vital comprender que el analfabetismo digital constituye una de las principales barreras de entrada para las tecnologías de la información, ya que no solamente basta con el hecho de que se genere la infraestructura necesaria o de llevar computadoras y punto de acceso a internet a los diferentes hogares, sino que además las personas deben estar suficientemente capacitadas para hacer uso adecuado de la tecnología y de las posibilidades de acceso a la información que se les está poniendo en sus manos. De no ser así, muy poco provecho se le podrá sacar al uso de estas nuevas tecnologías.
Por otra parte, debemos entender que aun cuando las personas cuenten con una correcta alfabetización digital, también es menester hacer un uso responsable y adecuado de las herramientas que ahora tienen a su alcance, especialmente sectores de la sociedad que se encuentran en proceso de formación como lo son nuestros niños y jóvenes.
En este sentido, me parecen adecuadas las modificaciones que la Comisión de Educación hace a la minuta enviada por el Senado, ya que se delimita de una mejor manera el objeto y alcance de la reforma, centrándola en promover el uso responsable de las tecnologías en el ámbito educativo.
Con estas reformas a la Ley General de Educación se dotará a los estudiantes de herramientas más amplias para su inserción en la sociedad de la información y del conocimiento, ya que son precisamente las nuevas generaciones las que viven de manera más plena, más dinámica y acelerada la innovación y constante desarrollo de estas nuevas tecnologías, además de que se tutelará de una forma más eficiente el uso adecuado de la tecnología en las aulas de clase con el objeto de que contribuyan positivamente en la formación educativa de la niñez y juventud en México.
Por las razones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, anticipa su voto favorable en este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. Por la Fracción Parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros integrantes de la LXII Legislatura, el dictamen que ha puesto a consideración de esta soberanía la Comisión de Educación y el mismo que adiciona los artículos 7o, 12 y 14 de la Ley General de Educación en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, es de suma importancia, a razón de que los avances tecnológicos, como todos sabemos, no se detienen y, en consecuencia, no se puede detener la inercia con la cual la misma educación que forma parte del avance, pues contribuye, precisamente, en un espiral de retroalimentación positiva a que las cosas cambien en nuestra sociedad.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o como se abrevian, TIC, son el conjunto de medios o instrumentos tecnológicos de la informática en la comunicación y las telecomunicaciones de que podemos utilizar en pro del aprendizaje.
Su importancia, lo sabemos, es muy relevante, y no puede olvidarse. En la última década hemos visto el desarrollo de la facilidad de crear, procesar y difundir información que ha roto con todas las expectativas, incluso, de la llamada ciencia-ficción que hasta hace poco limitaban el desarrollo de las habilidades y destrezas comunicativas entre los que integran los procesos de aprendizaje.
Estas TIC están y seguirán transformando la educación radicalmente. Han llegado definitivamente estas tecnologías para quedarse, siendo que han cambiado tanto, incluso, la forma de enseñar como la forma de aprender, y por ende los patrones de interacción entre los docentes y el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos, siendo que éstos tendrán que formarse. De hecho se ha creado una situación muy novedosa en nuestra sociedad en donde la tecnología precisamente está jugando cada vez un papel muy, pero muy importante en la formación incluso autodidacta de los jóvenes que están aprendiendo a aprender a través de la tecnología digital, cambiando esa relación maestro-alumno y desde luego sometiendo a la educación misma a nuevos retos.
Resulta que para utilizar y usar y producir a partir de la utilización de los nuevos medios, además el maestro va a tener que cambiar, como ya lo mencionaba, sus estrategias y lo está haciendo ya, algunos ya sabemos que lo están haciendo, sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en ambientes cooperativos para ayudarlos a planear y a alcanzar sus objetivos.
Precisamente es ahí donde estas tecnologías, las tics, nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza, entre los que destacan en el material didáctico los famosos entornos virtuales de internet, los famosos blogs, la famosa wikipedia, los web foros, chat, mensajerías, videoconferencias; hasta el twitter y el facebook, aunque parece lúdico su uso, de hecho es utilizado por los alumnos y los maestros para intercambiar información y para intercambiar desde luego el conocimiento, para enseñar por parte de los maestros y los alumnos para aprender a través de estos novedosos sistemas de comunicación.
Esto contribuye a desarrollar la creatividad, la innovación, entornos de trabajo y colaboración, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible que permiten precisamente estos medios. Es así que hablando de las tics no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de esta nueva sociedad del conocimiento tienen, y que obligan además a que la educación se acomode a las exigencias que aún tienen respecto de ésta.
En aspectos técnicos este impulso es muy claro, elimina las barreras del espacio-tiempo, facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son inmediatos y permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza-aprendizaje, entre otros.
Respecto a este nuevo reto de educación, debemos reconocer que la escuela debe enfrentarse con altura y velar porque éste llegue con eficiencia y calidad al usuario indefenso y lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento.
Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen, por ejemplo, la simulación de fenómenos sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo y observar qué ocurre con diferentes eventos y simulaciones en la naturaleza. Sin embargo también hay que señalar que las tics tienen muchas ventajas y conllevan muchas necesidades; dotación en las instituciones, de sala de informática suficientes y funcionales; capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías tics para innovación pedagógica; creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar proyectos.
Revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula; alfabetización en el uso de las tics a toda la comunidad educativa, y finalmente por esta importancia que tienen estas tecnologías para el desarrollo de México es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del dictamen en cuestión, en razón de todo lo anteriormente expuesto y no sin antes concluir señalándoles, compañeros, que la ciencia, lo sabemos muy bien, la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la liberación constante del ser humano y de su progreso constante. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Alfonso Robledo Leal.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su venia, presidenta. Los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, reconocemos que el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación puede y debe contribuir a la calidad educativa, al acceso universal, a la educación, a la equidad, a la labor y al desarrollo profesional de los educadores, también de los educandos, y también como una administración eficiente del sistema educativo.
Por lo anterior, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos está solicitando al pleno de la Cámara de Diputados este proyecto en positivo de un decreto que adiciona a los fines de la educación que imparte el Estado, el de fomentar la comprensión y aplicación responsable de la investigación, la innovación y la tecnología.
También para integrar a las atribuciones si corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, la de fijar lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo. Y a las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federal y local, la atribución de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
Es muy difícil estar en desacuerdo con una iniciativa como ésta. Yo tengo mis dudas de que en México vivamos una verdadera sociedad del conocimiento en gestación, en realidad creo que en muchas partes del país lo que menos existe es la posibilidad de acceder a las TIC, como ahora se les llama.
Sin embargo, es importante que esto esté avalado en nuestros lineamientos generales, en nuestro marco jurídico y que el Estado mexicano y los estados, las entidades federativas empiecen a encontrar en las TIC herramientas disponibles también para los educandos, por supuesto, para los educadores, que permitan que la información esté cada vez más cerca de todos nosotros.
Hay cada vez un mayor número de escuelas en el Valle de Silicón, por ejemplo, donde las escuelas elementales están siendo desprovistas de todo sistema electrónico de información, para que los niños, antes que Internet, sepan sumar, restar, multiplicar, dividir, conozcan el algebra, conozcan hacer ecuaciones, sepan leer correctamente, etcétera. Esto, porque el Internet y las tecnologías de la información son para mejorar el desempeño de las personas, pero no suplen, por supuesto, la capacidad de cálculo y de resolver problemas que cada una de ellas debería de tener.
Es por eso que aunque esta iniciativa es, por supuesto, loable, nosotros queremos insistir que hacen falta, para tener una verdadera calidad en la educación, mejores maestros, mejores escuelas, mucha mejor infraestructura educativa que hagan y permitan que nuestros hijos, que los niños y niñas de todo México, hoy en su día, puedan disfrutar un futuro mucho más promisorio en aras de tener mejores capacidades y posibilidades de resolver problemas de su vida cotidiana. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada María Leticia Mendoza Curiel.
La diputada María Leticia Mendoza Curiel: Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hace apenas una década nació una red social como un sitio desarrollado por estudiantes de una universidad de Estados Unidos que mostraba fotos de la comunidad para que votaran entre ellos, idea que dio paso al desarrollo del Facebook, el sitio de redes sociales tan extendido actualmente que conoció su versión en español entre 2007 y 2008 y se extendió rápidamente a los países de América Latina.
Pongo por ejemplo la expansión del Facebook para ilustrar la rapidez con que un fenómeno informático alcanza semejante extensión y para señalar que también, con la misma velocidad actualmente surgen riesgos que son aprovechados con fines delictivos y ante los cuales debemos mantenernos atentos y aun más debemos prevenir.
Si bien el mejoramiento y la creciente aplicación del uso de las tecnologías de la información en años recientes ofrecen posibilidades de desarrollo antes impensables, también es cierto que derivado de ello hoy nos enfrentamos a desafíos no imaginados que vuelven necesario hacer acopio de toda nuestra atención y creatividad.
Como sabemos, la realidad rebasa siempre a la legislación, con la emergencia de esta gran diversidad y flexibilidad en las nuevas formas de interacción humana.
Emergieron también importantes áreas de riesgo contra las personas, las organizaciones y los países.
De acuerdo con el reporte de Cibercrimen de Norton, dado a conocer en febrero de este año, en México uno de cada cinco adultos conectados a Internet ha sido víctima de un delito informático, ya sea a través de las redes sociales o los teléfonos celulares.
La legislación ha tenido que adaptarse con urgencia a los cambios para incorporar previsiones dirigidas a sancionar conductas asociadas a los nuevos riesgos contra la privacidad, la seguridad de las personas y su patrimonio, estafas electrónicas, transferencias no autorizadas, espionaje, secuestro, pornografía infantil entre otros.
El dictamen de la minuta que nos ocupa atiende las inquietudes expresadas por los legisladores de diferentes grupos parlamentarios, expresadas en al menos cuatro iniciativas de reforma legislativa que datan –la más antigua– de 2008, en las que exponen la preocupación sobre la necesidad de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, reconocen el lento avance en las adecuaciones del marco legal que regula la sociedad de la información y conocimiento, particularmente de la Internet y las redes sociales digitales.
En armonía con las consideraciones expuestas por la comisión dictaminadora coincidimos en el reconocimiento de la necesidad de tomar mayores previsiones no sólo legales, sino de política pública para enfrentar los nuevos aspectos relacionados con la sociedad de la información y conocimiento, recobrando la importancia que para este fin tiene la educación como el proceso más importante de socialización y movilización de la cultura y el componente preventivo.
La participación activa de las niñas, niños, adolescentes, de los padres de familia y de las autoridades educativas juegan un papel determinante en la organización efectiva de los trabajos encaminados a lograr una dirección y administración eficiente del sistema educativo, en la que el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación se dirija enérgicamente a favorecer el acceso universal, al mejoramiento de la calidad, el favorecimiento de la equidad y la máxima profesionalización de los educadores.
Ante el hecho no cuestionable de que el uso de las herramientas que provén las tecnologías de la información y comunicaciones, por parte de los niños y jóvenes estudiantes, es un fenómeno en franco avance. Es necesario potencializar sus efectos benéficos y mantener estrecha vigilancia e implementar mecanismos de la protección ante los riesgos a la seguridad de este grupo de población.
En ese sentido acogemos el espíritu del acuerdo alcanzado durante la presentación del Memorándum de Montevideo, para implementar acciones que involucren a la educación en la prevención contra el mal uso de las tecnologías de la información, sobre todo contra menores.
Bajo esa convicción esencial compartimos las precisiones realizadas en el análisis de la comisión que dictamina, para perfeccionar la propuesta de reforma legislativa y de educar su redacción en aras de atender la energía normativa consagrada en el artículo 133 constitucional, y permitir al Ejecutivo normar los aspectos reglamentarios en la materia que corresponda.
En este sentido suscribimos la propuesta de reforma para dar atribuciones a las autoridades educativas federal y local de manera concurrente, para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo –termino, presidenta–, apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
De esta manera participamos del esfuerzo preventivo que permita conjugar el objetivo de aprovechar el máximo potencial de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y la prioridad que ocupan las acciones de protección para las niñas, niños y adolescentes en México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, le comento que se emitieron 435 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 435 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o, 12 y 14 de la Ley General de Educación. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo; y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Julio César Moreno Rivera.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta LXII Legislatura, vengo a fundamentar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo. Asimismo, a nombre de la misma comisión, me permito enunciar la fe de erratas en atención al párrafo octavo del artículo 16, donde en los organismos de protección de derechos humanos, se sustituye la palabra podrán por deberán.
Es por lo que el dictamen que hoy nos ocupa es trascendente por tratarse de una de las figuras más controvertidas como es el arraigo penal, donde las autoridades encargadas de la investigación de los delitos argumentan que es útil para allegarse de mayores elementos probatorios, pero dada la afectación a la libertad personal que implica esta medida, las Comisiones de Derechos Humanos, tanto las previstas en la Constitución como las no gubernamentales, se oponen al arraigo por considerar que su aplicación conlleva a detenciones arbitrarias, tortura, violación al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Cabe señalar que en esta Legislatura diversos diputados han externado y compartido la postura de quienes promueven la derogación de la figura del arraigo. Sin embargo con ánimo de ir avanzando en su desaparición, en el dictamen que hoy está a su consideración se ha logrado reducir su plazo y rodearlo de más requisitos para su petición y su respectiva concesión, pues con el ánimo de salvaguardar la libertad personal se reduce considerablemente el arraigo de hasta 80 días, como actualmente se estipula, a un máximo de 35 días, tratándose de delincuencia organizada.
En el caso de delitos graves el arraigo sólo podrá durar 20 días sin prórroga alguna, cuando en la actualidad el máximo es de 40 días.
Con la finalidad de fortalecer la protección para los derechos humanos, se propone que el Ministerio Público al solicitar al juez la medida de arraigo, la sustente en indicios suficientes que vinculen a la persona que se pretende arraigar con la delincuencia organizada o con un delito grave, así como acreditar cuando menos una de las siguientes circunstancias:
a) Allegarse de mayores elementos probatorios en la investigación
b) Proteger la vida, la integridad de las personas y los bienes jurídicos
c) Evitar que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia
Para evitar que el arraigo dé lugar a maltratos físicos, psicológicos o violación a los derechos humanos, los organismos de protección de derechos humanos previstos en la Ley Suprema, podrán participar revisando en todo momento la aplicación del arraigo a solicitud de la persona sujeta a esta medida cautelar o de su representante.
En cuanto al párrafo del artículo 16 constitucional relativo a la retención ante el Ministerio Público que actualmente es de 48 horas, es decir, dos días, y puede duplicarse en casos de delincuencia organizada.
Con la reforma podrá aumentarse la retención por 72 horas sólo tratándose de delitos que requieren prisión oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, es decir, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos; así como delitos graves que determine la ley, en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Es de resaltar que cuando la autoridad concede el aumento de la retención por 72 horas, con la finalidad de allegarse de mayores elementos probatorios que motivan la retención, hace improcedente la posterior solicitud del arraigo, con lo que se pretende ir a la eliminación de esta figura.
Para obtener la ampliación del plazo de retención, el Ministerio Público solicitará dicha medida y el juez podrá autorizarlo siempre y cuando esto sea necesario para allegarse de mayores elementos probatorios y sustentar adecuadamente el ejercicio de la acción penal. En consecuencia, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea si acepta las modificaciones propuestas por la comisión al dictamen con objeto de que éste sea sometido a discusión.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Pido la palabra para presentar una moción suspensiva.
El Presidente diputado José González Morfín: Al ponerlo a discusión, diputado Monreal, vendrá la moción suspensiva. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si acepta que las modificaciones propuestas por la comisión se integren al dictamen, y la fe de erratas.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación comentada por el presidente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se aceptan las modificaciones.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, está a discusión el dictamen con las modificaciones propuestas por la comisión. Para presentar una moción suspensiva tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores: una de las figuras más nocivas en materia de derechos humanos fue introducida en 2008, una figura arcaica, deleznable, incluso ominosa, la llamada figura del arraigo.
En el 2008 nosotros nos opusimos, fuimos de los pocos legisladores que votamos en contra porque como medida cautelar o preventiva privaba de la libertad a supuestos participantes del crimen organizado y ha sido usada de manera irresponsable por la autoridad.
Hoy se intenta atenuar, pero mantener inalterable esta deleznable figura. La figura del arraigo ha implicado múltiples violaciones a los derechos humanos, puesto que mediante ella se posibilitan prácticas de tortura, incomunicación, intimidación y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los diferentes organismos pertenecientes a la Red Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
Nosotros nos opusimos y presentamos un voto particular, ¿por qué lo presentamos? Por cierto, votaron en favor el PRI, el PAN y un sector de la izquierda. Entre los derechos que nosotros argumentábamos que se violaban era el derecho a la libertad personal, el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial y el derecho al debido proceso.
No se nos hizo caso, se nos ignoró, y hoy hacen un esfuerzo tibio, medroso, de decir: sí mantenemos la figura del arraigo, pero reducimos el tiempo del arraigo. Es francamente un engaño porque el arraigo se mantiene como figura deleznable y violadora de derechos humanos, aún cuando se reduzca la cantidad de días.
Incluso, debo de decirles que hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, de organismos internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han pedido al Congreso derogue esta figura arcaica que es propia de dictaduras y propia de regímenes autoritarios.
Por eso no resuelve nada la modificación que hoy se plantea. Hay distintas propuestas de derogación. Desde la Cámara de Senadores se presentaron distintas iniciativas, una de ellas la presenté personalmente derogando el arraigo, otra más el PRD, otra más en aquel tiempo Convergencia y todas las iniciativas se acumularon para derogar el arraigo, también los testigos protegidos.
Incluso, la Corte se han pronunciado y se pronunció porque el arraigo –decía la Corte- era considerado una figura inconstitucional, y aún así las cámaras del Congreso aprobaron estas figuras deleznables –repito- porque la presión del gobierno era tal que aquél que se opusiera a la reforma o era enemigo del gobierno o era amigo y cómplice de los narcotraficantes.
Vean ahora dónde están, aquellos fiscales o ministerios públicos que acusaron con estos instrumentos verdaderamente injustos a ciudadanos a los que les destruyeron su vida, les destruyeron su actividad laboral y socialmente son entes repudiados, sin haber sido responsables de los delitos a los que se les sometió y a de los que se les acusó. Por eso nosotros no podemos admitir verdades a medias, instrumentos a medias. O estamos contra el arraigo o simplemente estamos en favor del arraigo.
Movimiento Ciudadano va a votar en contra de este artículo 16 constitucional, porque no se puede engañar, es decir, reducir el tiempo de arraigo no resuelve la violación grave de los derechos humanos de quienes son sometidos al arraigo, simplemente en lugar de 40 días hoy van a ser 20 días, que pueden ser prorrogables por otros 20 días, pero la figura que combatimos, que es la del arraigo, se mantiene inalterable y por tanto seguirán violándose los principios elementales del debido proceso de la presunción de inocencia y de juicios correctos para los presuntos responsables.
Un arraigado ni es presunto responsable ni tampoco es responsable, está en el limbo jurídico porque nadie puede saber qué es el que está arraigado, y está demostrado que el arraigo fue usado con fines políticos, se envileció la política, se judicializó la política y se politizó la justicia. Por eso en Movimiento Ciudadano votaremos en contra.
Le pediría, señor presidente, plasme este documento que hemos preparado... yo la veía muy seria a usted y es la que grita, que plasme este documento íntegro. Aguanten, es el último día. ¿Después, qué van a hacer? Se van hasta a aburrir, van a ver. Ojalá y no la arraiguen.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con mucho gusto vamos a insertar de manera íntegra ese documento en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a trámite la moción suspensiva presentada. Si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite la moción suspensiva. En consecuencia, para iniciar la ronda de fijación de posturas tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, esta reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva a un tema sensible y polémico. Un tema que genera muchas tesis, muchas ideas, fundamentos, criterios, y como lo veíamos hace un momento, pros y contras sobre el mismo.
Aquí lo que habría que valorar es la realidad social de México. Por parte de la comisión ha sido ya fundamentado jurídicamente este precepto. ¿Ante qué nos encontramos el día de hoy? En este Congreso existen lo que podrían ser las reformas ideales y una reforma ideal sería, de una vez y para siempre, erradicar esta figura del texto constitucional y de toda la aplicación normativa en nuestro sistema penal inquisitorio.
Sin embargo, se debe de hacer una profusa y serena reflexión sobre el mismo, la realidad social imperante en este país. Para nadie son desconocidos los desafíos a los que los últimos años el Estado mexicano se ha enfrentado, desafíos que no han sido menores y que han lacerado, en todos los sectores, la población mexicana.
Una expansión de la delincuencia organizada en los últimos años, es el claro ejemplo de los retos que el Estado mexicano y la autoridad debe de enfrentar. En mérito de eso tendríamos que realizar la siguiente reflexión: ¿Es posible mantenerlo por la realidad social imperante en nuestro país? Sí. ¿Bajo qué premisa? Una premisa muy concreta. La premisa de que podamos establecer ya a la brevedad un pendiente que la materia penal tiene, la plena aplicación del sistema procesal acusatorio y la eminente erradicación del sistema jurídico de la figura de arraigo.
¿Qué pretendemos con esta reforma? Una restricción a una mínima posibilidad de su aplicación y seguirla manteniendo como una medida jurídica en el sistema penal cautelar de excepción.
En base a estos razonamientos y sobre todo por la realidad sociológica en la que se encuentra nuestro país, el Grupo Parlamentario de Nuevo Alianza votará a favor de la reforma al artículo 16. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Se ha dicho, pero hay que recordar que este debate no es de medias tintas, aquí se está a favor o en contra y vemos todo lo esfuerzo de malabarismo político para argumentar la propuesta.
En las consideraciones de la iniciativa se señala que la comisión dictaminadora comparte que el arraigo es una medida excepcional instituida en la Constitución para garantizar en el país una situación alarmante de delincuencia organizada, entre comillas lo anterior.
Que para solicitar el arraigo, vuelvo a citar, solo se requieren indicios suficientes que vinculen a la persona con la delincuencia organizada. Dicen que dicha medida solicitará proveer mayores elementos a la investigación, proteger la vida, la integridad de las personas, los bienes jurídicos. Evitar que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello.
En el dictamen que se presenta se propone una reducción del arraigo de 40 a 20 días, también la prórroga se reduce de 40 a 15 días.
¿Cuál es la razón que fundamenta dicha reducción? ¿Saben cuál? Ninguna. El dictamen no expone las razones o motivos por los cuales la figura del arraigo deba reducirse de 40 a 20 días, así como tampoco expone las razones técnicas, científicas o sociales que justifiquen dicha reducción. Reducir el término del arraigo no hace más eficientes los resultados del Ministerio Público y de la Policía de Investigación.
¿Qué tan útil es el arraigo para las unidades de investigación especializada de las procuradurías federales y estatales? Falta seriedad en los considerandos que se presentan en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Compañeras y compañeros, seamos objetivos. Quien ha visitado una agencia del Ministerio Público federal o local se da cuenta de las condiciones en las que laboran los ministerios públicos, de la precariedad de los servicios de los médicos forenses, la carencia de peritos o especialistas en investigación, la ineficiencia en la investigación de delitos no se resuelve con el arraigo.
Eficacia del arraigo, es otro tema. En el caso de arraigos realizados desde 2008 solo, entre comillas, consigno, se consignó el 3.3, es decir, el porcentaje de consignación es bajísimo, de las personas arraigadas, contra el 96.7, en cuyos casos nunca se consiguieron las pruebas que acreditaran su presunta responsabilidad.
Estos datos que acabo de dar no se encuentran en el dictamen, la fuente proviene de declaraciones de Lia Limón, funcionaria de la Secretaría de Gobernación, así como información del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Por su parte, el responsable de la protección de derechos humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, ha señalado que el arraigo, lo cito, ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente. Es también ocasión para la práctica de la tortura. Es ocasión para detener y luego investigar, cuando primero deben ser las investigaciones.
Por los resultados obtenidos el arraigo ha sido una figura perversa. La figura del arraigo es contraria a diversos instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Es contraria con los derechos de libertad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica de las personas, reconocidos por la Constitución.
Es un instrumento legal que se usa indebidamente para suplir las deficiencias en investigación de delitos con base a la violación de derechos humanos.
En la razonabilidad de su mantenimiento y reducción que se expone en el dictamen se omite atender la demanda de las comisiones de derechos humanos y organismos internacionales de derechos humanos, de constituir una figura que permita la opacidad en la investigación policial que se soporta en la tortura y violación de derechos humanos fundamentales de los arraigados. Esto es, no se revisa objetivamente y científicamente la funcionalidad de esta figura en los procesos de investigación policial.
Asimismo, no se presenta ninguna opinión de especialistas en derecho criminal y en procesos penales que confirmen la eficiencia o nulidad del arraigo en delitos considerados graves, como lo es el de la delincuencia organizada.
Cito: Los resultados de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal que derivó en la recomendación 2/2011 acreditan que el abuso por parte de las autoridades en la utilización de este tipo de penas precondenatorias carentes de controles de legalidad coloca a las personas en un limbo jurídico, afectando su proyecto de vida y el de sus familias, violando gravemente los derechos a la libertad e integridad personales, a la presunción de inocencia y al debido proceso, e incluso las coloca como víctimas sistemáticas de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradables. –Esto lo dijo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Ante la evidencia contundente de que el arraigo en nuestro país se ha convertido en el principal riesgo para la libertad de las personas crece el consenso de voces nacionales e internacionales a favor de su derogación del marco normativo nacional. la postura del Partido del Trabajo es que la figura del arraigo debe desaparecer de la Constitución General por ser contraria a los principios contenidos en el artículo 1 de la misma Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por el Estado mexicano.
Sé que el presidente sabe –estoy culminando, presidente– que al tratarse de una reforma constitucional tengo 10 minutos, pero no los voy abordar. Ya culminó mi intervención, nada más quiero concluir diciendo:
¿A quién le conviene en este momento mantener la figura del arraigo? Porque tanto malabarismo político como uno observa, en los que van a votar a favor de esta reforma a la Constitución, no nos queda duda que es para favorecer a quienes hoy tienen el control del país para darle el mismo uso que le dio la administración anterior, hay que decirlo claramente. Y evidentemente aunque reclamen, aunque les duela, ¿verdad?, ésa es la realidad.
Ojalá tuvieran los argumentos, que no los dieron ni en el dictamen, que no los dan ni en el debate, nada más nos vienen a decir: bueno, le vamos a bajar un poquito a la tortura, un poquito a lo ilegal, un poquito a lo de anticonstitucional.
Pero, en el fondo, todos ustedes saben que esta figura debería desaparecer el día de hoy, si los diputados de este Poder Legislativo se pusieran a la altura de las circunstancias de defender el principio de la Constitución y, sobre todo, a todos los miles de mexicanos que están siendo defenestrados, lastimados, muy lastimados por esta serie de medidas que son ilegales, arbitrarias, y que están lastimando a la sociedad. Es cuanto, y muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Ricardo Mejía Berdeja para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Presidente, por tratarse de un tema de reforma constitucional, le pediría que se fijaran los diez minutos reglamentarios.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Éste, compañeras y compañeros diputados, es un tema de definiciones; de manera especial quiero dirigirme a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que han venido pugnando por la derogación total y absoluta de esta figura ominosa y cruenta del arraigo.
Lo que hoy se verá seguramente en los grupos mayoritarios es una crítica a lo que ha representado el arraigo. Se hablará de abusos, se hablará de torturas, se hablará de violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia para, finalmente después, votar porque se mantenga la figura del arraigo. Es decir, votar para que esta figura se quede en la Constitución, para que esta figura subsista como una sombra perversa en el sistema jurídico mexicano; ojalá y me equivoque, pero no abrigo muchas esperanzas.
La permanencia del arraigo, sin duda, es otro de los frutos podridos del Pacto por México. El arraigo ha servido como una fábrica de culpables y solo en el 3 por ciento de los casos en que se ha llevado a cabo esta figura han acabado en un proceso judicial, todos los demás han regresado con el escarnio público, con la tortura, con rastros ominosos de violaciones a los derechos humanos, simple y sencillamente con un usted disculpe.
Constitucionalizar el arraigo es constitucionalizar la tortura; eso es lo vamos a votar en unos minutos más. No solamente se lastima a quien lo sufre, sino a la familia y a su entorno cercano que viven la incomunicación, que viven la incertidumbre, que viven el descrédito social de alguien que fue condenado ya sin pasar por un proceso judicial.
Por eso para Movimiento Ciudadano no hay medias tintas, estamos total y absolutamente en contra de que prevalezca en la Constitución y en la legislación federal y locales esta figura.
No es un asunto de tiempo, no es un asunto de 40 o 20 días, de 80 o 35 días. Disminuir el tiempo del arraigo no significa que las violaciones van a disminuirse en esa proporción o que simplemente se van a violar los derechos humanos tantito. Con un solo día de arraigo basta para que se cometan tropelías, abusos, torturas, tratos inhumanos y degradantes.
Por eso no es un asunto de regatear números; es un asunto de eliminar figuras que lastiman los derechos humanos y precisamente en el artículo 1o. Constitucional, con la reforma en materia de derechos humanos que establece el principio pro persona, se establece que todas las autoridades tienen que velar, proteger y preservar los derechos humanos. Además establece que los derechos humanos tienen que ser expansivos y progresivos.
Por esa razón, señoras y señores legisladores, para cumplir la Constitución en el mandato del artículo 1o, tenemos que derogar esta figura. Se habla de qué es lo que se puede, qué es el acuerdo posible.
Primero. Hay cuatro iniciativas de esta Legislatura y de este periodo donde se planteó derogar el arraigo y no se dictaminaron. Sin embargo llegó hace unos días una iniciativa que simplemente reducía la temporalidad y ya se está obsequiando.
El propio procurador Murillo Karam ha cuestionado esta figura y ha declarado que de cuatro mil personas que se arraigaron, solamente 200 fueron consignadas. Ha hablado además, y lo cito textualmente –dice-: Pero eso no es lo más grave. Del arraigo surgió un efecto perverso porque la PGR se confió y hubo arraigos en los que no hizo nada. No entendemos por qué no derogar esta figura.
Sabemos que hay presiones de Ministerios Públicos incompetentes y corruptos para los cuales es más fácil primero detener y luego investigar. Hay un área de confort de las procuradurías para primero detener a la gente inocente violando sus derechos humanos, y luego realizar su labor de investigación.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, nosotros planteamos que esta medida de simplemente reducir la temporalidad y poner ahí vaguedades de supuestas atenuantes, nos parece que es una medida que no frena esta figura del arraigo.
En derechos humanos el gradualismo es una posición reaccionaria y profundamente conservadora. Actitud cómoda para los que la usan para justificar cambios que supuestamente vendrán y que seguramente no llegarán.
Las víctimas del arraigo no pueden esperar más con un: usted disculpe a un nuevo acuerdo que no sabemos cuándo se construirá.
Para nosotros no es cuestión de números ni de negociaciones. Los derechos humanos no pueden estar en el regateo. Es un asunto de convicciones. Estás o no estás con los derechos humanos.
En nuestra agenda legislativa se estableció la derogación absoluta del arraigo y vamos a hacer honor a ese compromiso. Es hora de definiciones no de justificaciones. Su voto puede definir al lado de los derechos humanos. Es tiempo de acabar con esta figura que tanto arremete, que tanto lastima y que tan ineficiente ha resultado para el país. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Ruth Zavaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, diputado presidente; honorable asamblea, antes de iniciar este posicionamiento quiero dejar asentado el reconocimiento que el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista hace a esta honorable asamblea por los trabajos realizados durante este periodo que hoy concluirá. Éste ha sido intenso en trabajos, pero seguramente a la luz pública, mucho más productivo que otras coyunturas similares.
Esperamos que en lo inmediato todo lo que aquí hemos acordado y votado en mayoría o consenso, pueda traducirse en beneficio para los ciudadanos de nuestro país.
Dicho lo anterior me concentro al tema que nos ocupa en estos instantes. Estimados compañeros integrantes de esta LXII Legislatura, sabemos que la minuta que hoy estamos discutiendo se deriva de una iniciativa que noblemente pretende disminuir el mal que ocasiona una figura controvertida y que además ha sido calificada como anticonstitucional.
Las dificultades para discutir este dictamen y tomar una decisión a favor, comenzaron desde el día en que a los integrantes de la mesa directiva de Puntos Constitucionales nos fue entregado un predictamen, que a pesar de ser positivo, su fundamentación, era un predictamen negativo. Es decir, el análisis que se nos entregó, fundamentaba el por qué no debería prevalecer esta figura.
Para ilustrar mis palabras me permito citar algunas fracciones de este documento: en materia penal el arraigo permite la detención de una persona para investigarla sin contar con elementos probatorios cuando en estricto apego al debido proceso lo correcto es realizar una investigación, recabar pruebas suficientes y entonces, sólo entonces, solicitar al juez la orden de aprehensión que deberá cumplir con todos los requisitos para privar de la libertad a una persona.
El documento abunda con una reflexión sobre los principios constitucionales que viola el arraigo a partir de la tesis aislada por el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito en el amparo directo 349/2010.
El arraigo viola los principios de libertad personal, legalidad, seguridad jurídica, además contraviene los principios de presunción de inocencia y debido proceso contemplado desde la reforma a la ley suprema en junio de 2008.
El análisis sustentado en los estudios de expertos y académicos del tema estaba acorde con lo que determinó la Suprema Corte de Justicia en el 2006 respecto a declarar inconstitucional esta figura, cuando resolvió el asunto del código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.
Sin embargo para analizar este importante tema, cabe mencionar dos situaciones que tienen relación con el fortalecimiento del arraigo aprobado en el 2008. Por una parte, la política pública impulsada por el anterior presidente de la república respecto al combate al narcotráfico y, en segundo lugar, la falta de una cultura de investigación de la comisión de delitos por parte de los ministerios públicos, los cuales, además, no son autónomos y dependen del Poder Ejecutivo.
A estas fechas lamentablemente, aun con el cambio de sexenio y el reencauzamiento de la política pública, los responsables de la procuración de justicia han manifestado la necesidad de seguir contando con esta figura en el entendido de que con ella, en un plazo de dos años, desaparecerá la cuestión del arraigo porque entrará el pleno sistema acusatorio garantista, es decir, en este momento esta honorable asamblea tiene que valorar, por una parte, los elementos que existen en contra de mantener esta figura jurídica y, por otra, la necesidad de mantenerla como una herramienta indispensable para hacer el trabajo de la procuración de justicia.
Obviamente una reflexión obligada ante esta circunstancia es la de exigir que al paralelo de lograr un sistema acusatoria garantista, se profesionalice la investigación y se logre la autonomía del Ministerio Público y se vigile el no abuso del uso del arraigo.
Pero también tenemos que reconocer que no podemos desarmar al gobierno de forma inmediata de esta herramienta. La dificultad no ha sido menor. En un intenso debate al interior de la fracción del Verde Ecologista de México, se ha decidido votar en libertad, es decir, esta fracción parlamentaria viene a informar a esta honorable asamblea que tendrá un voto diferenciado, toda vez que algunos compañeros votarán a favor pero otros lo harán en abstención y otros más lo haremos en contra. Muchas gracias por su atención, honorable asamblea.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño para fijar la posición del PRD.
El diputado Catalino Cuarte Ortuño: Compañeras, compañeros legisladores: en nombre del Partido de la Revolución Democrática me presento ante ustedes para razonar el sentido de nuestro voto sobre el dictamen que estamos discutiendo.
Uno de los postulados prioritarios de la agenda legislativa del PRD desde hace muchos años ha sido impulsar la derogación del arraigo penal de nuestro texto constitucional. En ese sentido hemos presentado diversas iniciativas para eliminar de la Constitución esta medida cautelar.
Durante los últimos cinco años hemos sido receptivos y receptivas a las recomendaciones e informes que organismos de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas ha emitido al Estado mexicano sobre esta figura, así como las recomendaciones de distintos comités internacionales que han propuesto la revisión del arraigo, incluso, han propuesto su desaparición, tal y como se encuentra actualmente nuestra legislación.
Nuestra posición es y será congruente en este tema. Tenemos que transitar hacia la derogación total del arraigo.
Que no haya dudas compañeros y compañeras, nuestra posición es firme y con bases sólidas de principios y convicciones, pero justamente por esos principios y convicciones que nos mueven y que nos comprometen con las y los mexicanos, es que el día de hoy votaremos para imponer mayores controles, condiciones y requisitos a esa figura jurídica.
El dictamen que votamos el día de hoy no es el dictamen que hubiésemos querido, ni es el dictamen que cumple y atiende las recomendaciones de organismos internacionales en materia derechos humanos.
Pero sin lugar a dudas, es un dictamen que se perfila bajo el principio de progresividad de los derechos humanos en el camino de una derogación pronta y absoluta del arraigo en este país.
Este componente sustantivo de los derechos humanos radicado en el principio de progresividad obliga a los estados a avanzar en sus legislaciones y en sus políticas públicas en aras de lograr una mayor protección de todos los derechos fundamentales. La progresividad implica también el construir un esquema jurídico que permita imponer condiciones y garantías para el pleno ejercicio de todos los derechos para todos y todas.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que no es que se abuse del arraigo, sino que el arraigo mismo constituye un abuso. Compartimos plenamente esa posición, y además añadimos que permitir que esa figura se mantenga sin cambio alguno, sería extender el abuso de manera permanente.
Votar en contra de este dictamen, por más alegatos y manoteos que se hagan, representa votar en contra de la progresividad de los derechos humanos, en contra de imponer controles y restricciones al arraigo y, por ende, votar en favor de la perpetuación de las violaciones a los derechos humanos impuestas en la reforma del 2008 al artículo 16 constitucional.
Hoy votamos para evitar que el Ministerio Público abuse de esta figura, para imponer que el MP tenga que acreditar con indicios suficientes una probable responsabilidad de los indiciados, para evitar que con la simple imputación del MP se pueda otorgar arraigo.
También votamos para permitir que los organismos públicos de derechos humanos vigilen en todo momento a la persona o personas arraigadas, y nos sumamos para contar con una medida menos lesiva, que el arraigo permita al MP concluir su investigación con una retención no mayor de 72 horas en casos de delitos graves, donde opere también la prisión preventiva de manera oficiosa.
En suma, el PRD votará a favor del presente dictamen, no porque hayamos claudicado o renunciado a nuestros postulados o porque le hagamos el juego a algún partido político; votaremos a favor porque estamos convencidos y convencidas que sólo con la construcción de acuerdos podremos avanzar para lograr en este país la derogación total del arraigo, porque estamos convencidos que al subir a esta tribuna a descalificar, a denostar el trabajo legislativo, nos descalifica y nos denuesta frente a la sociedad mexicana, que buscamos avances tangibles y propuestas concretas para sus necesidades.
No discursos cargados de retórica política que nada abona a la defensa de los derechos humanos, el discurso no garantiza una mayor protección a este tema, como ya lo dije, los derechos humanos; lo que más cuenta son las acciones. A los mexicanos y mexicanas que creen en este partido nos hubiera gustado tener la mayoría para entrar en este tema, pero de acuerdo a las negociaciones que se hicieron en esta Cámara fue lo que se pudo lograr. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Consuelo Argüelles Loya, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Consuelo Argüelles Loya: Estimados compañeros y compañeras, la complejidad actual del concepto nacional en materia de seguridad implica tomar medidas urgentes, medidas urgentes que fortalezcan el estado de derecho para garantizar en mayor medida que podamos alcanzar la paz, la justicia, y sobre todo la seguridad de los mexicanos.
El dictamen en sentido positivo a la iniciativa que promovimos en materia de arraigo busca tales fines, dotando, uno, mayor seguridad jurídica a los indiciados; dos, privilegiando en todo momento la vigilancia al respeto de los derechos humanos; y tres, brindando elementos que en su caso permitan al Ministerio Público consignar una averiguación, evitando la sustracción de la justicia en aquellos infractores que forman parte de la delincuencia organizada.
La necesidad de la subsistencia de la medida atiende a la situación alarmante que padecemos en nuestro país debido a la delincuencia organizada, en que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben contar con elementos probatorios, elementos probatorios, compañeros, y elementos probatorios que garanticen el bienestar social y la seguridad pública, sin embargo, no debe vulnerar el respeto a los derechos humanos, por lo que se han establecido tres candados.
El primero. La necesidad de que el Ministerio Público acredite ante una autoridad judicial, no de manera per se, que no los confundan la izquierda. Con tres características. Uno, la existencia de indicios suficientes para vincular a una persona con delitos de delincuencia organizada; dos, que durante la subsistencia de la medida pueda allegarse de mayores elementos probatorios; tres, que con la medida se protege la vida, la integridad de las personas, los bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado de ello.
Dos. De las otras restricciones planteadas, es la reducción de la medida de un periodo menor del vigente. El vigente te da 40 días y lo amplias otros 40 y te dan 80 días. La propuesta del dictamen son 20 días, con una posibilidad, no con una obligación, de aumentarlo 15 días más, con ello hemos acortado el periodo de la restricción a la libertad personal, de aquellos que quienes se tienen indicios suficientes, de los que se tienen indicios suficientes para con los delitos de la delincuencia organizada. Ojo, no podemos abrir ni quitar esto a las puertas para que no se detengan a las organizaciones delictivas.
Asimismo, se eleva a rango constitucional el derecho de las personas arraigadas a solicitar por sí o por su representante, la revisión de la medida en todo momento por los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 2, Apartado B de la Carta Magna.
Falso lo que afirman los diputados Monreal y el diputado Ladrón de Guevara. Estas adecuaciones lo que se logra es dar mayor seguridad jurídica en los procedimientos penales y limitar el uso de la medida en casos excesivos.
De igual manera, esta iniciativa incluye la posibilidad de una ampliación de un término constitucional para la retención de un indiciado por parte del Ministerio Público, sólo en aquellos casos de prisión preventiva oficiosa, y siempre y cuando lo autorice la autoridad judicial.
Gracias a esta reforma, cuando se aplique esta última medida, será improcedente solicitar el arraigo, va a ser o A o B, lo que establece en beneficio del procedimiento obligando a actuar al Ministerio Público eficientemente.
Estamos convencidos de que con la aprobación de esta iniciativa se da un gran paso al respeto de los derechos humanos y al fortalecimiento en nuestra Constitución.
Eliminar esta figura en este momento del arraigo implica no reconocer la fuerza que han tomado las organizaciones criminales y ser ciegos ante una realidad que enfrentamos.
Esto no es una cuestión de números, como lo dijo el diputado Ricardo Mejía. Ésta es una cuestión para que las organizaciones delictivas no anden sin impunidad haciendo en este país lo que crean. Aquí hay Estado de derecho y aquí se tienen que respetar las leyes, señores.
Es nuestra obligación recobrar...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momentito, diputada. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Para hacerle una pregunta a la oradora, si es tan amable.
El Presidente diputado José González Morfín:¿Acepta usted una pregunta del diputado Huerta?
La diputada Consuelo Argüelles Loya: No, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No la acepta, diputado.
La diputada Consuelo Argüelles Loya: Es nuestra obligación recobrar la paz en nuestro país. Ya lo dijo Carlos Castillo Peraza, él decía: “el Estado de derecho no es solo un bien legal y una condición para la convivencia civil, ordenada y tranquila, es también un elemento central para una sana vida económica. Su ausencia impacta en los costos mismos de la producción y disminuye la competitividad de los bienes y servicios que llevan dentro de sí mismos, en pesos y en centavos, la corrupción, la impunidad, el burocratismo, la mordida, el coyotaje y el tiempo perdido”.
Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos trabajar en la eliminación de estas medidas, en un México en el que haya Estado de derecho. En que el Estado haya recobrado para los mexicanos la paz, paz que no tenemos, señores. Y la seguridad que merecen y en el que podamos afirmar que la delincuencia organizada ha cedido ante las medidas adoptadas, las cuales toman fuerza de nuestro actuar legislativo.
Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como luchamos en este periodo por la eliminación del fuero, por la reforma educativa, por la reforma de telecomunicaciones, por la garantía y la libertad de la expresión de los mexicanos, por la Ley de Amparo, por el impulso a la competitividad y productividad de las Pyme, también estamos a favor de esta reforma constitucional, que sin duda alguna contribuye al avance del fortalecimiento de las instituciones. Gracias, compañeros.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Por alusiones.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. No procede, diputado. Vea lo que dice exactamente el Reglamento. En la fijación de posturas no procede. Está en el 104 del Reglamento. Perdón, diputado, pero no puedo.
Vamos a concluir con esta ronda y después vendrán los oradores a favor y en contra. Tiene el uso de la voz el diputado José Alberto Rodríguez Calderón para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, un sistema de justicia penal, eficaz para investigar y sancionar los delitos que tienda a la reinserción social de quienes los cometen es un rasgo distintivo de toda sociedad democrática.
Ésta fue la visión original sobre la cual se construyó la reforma constitucional en materia de justicia penal de junio de 2008, en la que se resaltó el tema del reconocimiento y aceptación a los derechos humanos como un factor indispensable de responsabilidad del Estado, comprometido éste a garantizar el apego irrestricto a la garantía de su ejercicio en todos sus actos, de conformidad con los instrumentos internacionales a los que México ha firmado y se ha comprometido desde hace muchos tiempo. En tal sentido, esta Cámara de Diputados se ha caracterizado por mantener el respeto a los derechos humanos como el eje predominante de las reformas en materia de justicia.
Por ello, figuras controvertidas –como el tema del arraigo– han sido objeto de reiteradas modificaciones, en virtud de que afectan una prerrogativa fundamental, como lo es la libertad de las personas, concebida ésta como uno de los derechos humanos por excelencia y que ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Su evolución y gradual apego a la función jurisdiccional influye de manera sustancial en la actuación de los jueces, en virtud de su decisión de implementar y ejecutar esta medida.
En razón de lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del dictamen, que hoy somete a consideración de este pleno la Comisión de Puntos Constitucionales, pues de aprobarse las reformas planteadas será reducida la temporalidad de la aplicación de la figura del arraigo de un plazo de 40 días –como actualmente se encuentra el texto vigente– a 20 días, pudiendo ser prorrogable por 15 días más, reforzando con ello su carácter estrictamente temporal.
De igual forma, se pondera la protección a los derechos humanos a parir de obligar al juzgador a sustentar su decisión de dictar la medida siempre y cuando existan indicios suficientes que vinculen a los inculpados con delitos de delincuencia organizada, que mediante el arraigo se provea de mayores elementos en la investigación, se proteja la vida, la integridad de las personas, sus bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello.
Asimismo, se fortalece de manera relevante la intervención y participación de los organismos de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución, cuando las personas sujetas a dicha medida cautelar así lo soliciten.
Será posible también que previa la autorización judicial el Ministerio Público retenga a una persona por un periodo adicional de hasta 42 horas cuando se trate de delitos de delincuencia organizada y delitos de prisión preventiva oficiosa, entendiendo estos como los llamados Delitos graves; secuestro, violación, homicidio, siempre que esta medida sea necesaria para ampliar los elementos probatorios que motivan la retención.
Compañeras y compañeros diputados, se ha mencionado de manera reiterada cifras de eficiencia sumamente negativas y contradictorias. Es muy importante establecer con precisión que los datos estadísticos o los datos de información que se han generado a través de los medios de comunicación hablan de los delitos federales, de la eficiencia del arraigo en materia de delitos federales.
Debemos entender lo siguiente: los delitos federales a nivel nacional solamente representan escasamente el 10 por ciento de la realidad penal en este país; el 90 por ciento está en manos de las autoridades estatales en el fuero común –y aquí es importante resaltarlo– la eficiencia en el fuero común del arraigo oscila entre el 75 y el 80 por ciento de efectividad, datos precisos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se pueden verificar en los estados, incluso en el Distrito Federal.
Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad la aplicación de la figura del arraigo prevista en estas reformas hoy planteadas a nuestra Carta Magna y que en su momento deberán ser objeto de las reformas a la legislación adjetiva implican total garantía del ejercicio de los derechos humanos.
Esto significa, en términos sencillos y concretos: los arraigados nunca estarán incomunicados; los arraigados nunca deberán ser objeto de tortura y definitivamente podrá hacer valer todos los medios de prueba y los medios de defensa a su alcance.
Las presentes reformas, sin duda, constituirán un referente histórico en la aplicación de la figura del arraigo en el sistema de justicia penal, al intervenir todos los actores interesados en concebir a los derechos humanos como una condición esencial para la consolidación de un auténtico estado social y democrático de derecho, en virtud de que las bases para su aplicación serán emitidas desde aquí, desde el Poder Legislativo.
La medida cautelar será solicitada en apego a derecho por el Ministerio Público, en razón de su naturaleza jurídica como representante de la sociedad y parte del Poder Ejecutivo, autorizada también de conformidad al caso concreto por el Poder Judicial y adicionalmente, en caso de que se decrete la medida, la misma que estará sujeta al monitoreo y observación de la sociedad civil. Como legisladores...
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, si me permite una pregunta el orador.
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero reiterar que el artículo 104 del Reglamento, en la fracción IV dice que un integrante de cada grupo parlamentario podrá disponer del tiempo necesario para exponer su postura y no podrá ser interrumpido por moción o cuestionamiento, diputado. Me da pena, pero de verdad no proceden en la fijación de posturas ni las interpelaciones ni las mociones.
Tiene derecho a diez minutos por ser una reforma constitucional. Yo le pido al orador también que pueda concluir y que le permitamos concluir con su intervención.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Gracias, señor presidente, con su permiso. Termino, señor presidente. Como legisladores tenemos un importante reto que asumir. La sociedad mexicana aspira a construir un país con menos contrastes y mayores oportunidades para todos. Es impostergable enfrentar esa deuda social que tenemos con las y los mexicanos de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Pasamos ahora a la discusión en pro y en contra. Tiene el uso de la voz para hablar a favor el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los artículos 14, 16, 19 y 20 de nuestra Constitución contemplan quizá los derechos que más debemos atesorar los ciudadanos.
Son garantía en el proceso penal y son en esa medida una barrera de defensa que nuestra Constitución establece en nuestra relación con las autoridades cuando se trata del respeto por el derecho a la libertad.
Es precisamente en el artículo 16 constitucional, y precisamente también en esta relación de autoridad con gobernado, que se encuentra plasmada la figura del arraigo sobre la cual estamos hoy discutiendo.
El arraigo esencialmente tiene como propósito el aseguramiento como medida cautelar de la persona que en contra de la cual se encuentren indicios de haber cometido alguna práctica delictiva, que tiene como único propósito lograr que no evada la acción de la justicia y darle la oportunidad al Ministerio Público para integrar correctamente una averiguación previa y con ello ejercer la acción penal.
¿Cuál es la problemática que encontramos nosotros en materia de arraigo? No es con relación a la figura misma, sino por virtud del desvío en que han incurrido algunas autoridades encargadas de la procuración de justicia que han encontrado a través del arraigo un instrumento para cometer otros delitos, como es propiamente el de abuso de autoridad.
Yo quiero traer a colación nada más en esta ocasión el hecho de que en el dictamen que estamos discutiendo actualmente no viene abierta la posibilidad para que nosotros suprimamos del texto constitucional la figura del arraigo. Hemos recibido nosotros llamados de organizaciones defensoras de derechos humanos en los que nos invitan a que suprimamos la figura del arraigo de nuestro texto constitucional.
A virtud de estos abusos de los que se ha hecho presa la figura del arraigo y a muchos sujetos por parte de las autoridades de procuración de justicia, me encantaría poder concurrir con relación a esa petición y hacerles manifiesta la indignación que compartimos con ellos precisamente por virtud del desvío de la figura del arraigo. No es hoy el caso.
Hoy tenemos que discutir la posibilidad de disminuir el arraigo como está redactado actualmente en el texto constitucional. Los invito a que valoren muy bien su voto, porque votar hoy a favor del dictamen que ha puesto a su consideración la Comisión de Puntos Constitucionales, no es votar a favor del arraigo; votar hoy a favor es votar para disminuir las condiciones conforme a las cuales el arraigo se puede otorgar y no es nada más una disminución de días ni del periodo en el cual una persona puede estar arraigada, es también votar a favor de que la procuración de justicia, de que el Ministerio Público asuma cargas procesales dentro del amplio procedimiento penal, a fin de justificar la procedencia del arraigo.
Déjenme decirles esto, en nuestra Constitución y en la Ley de Amparo nosotros hemos previsto la posibilidad de que los jueces de amparo suplan la deficiencia de la queja a favor del gobernado en su relación con las autoridades.
Nosotros tenemos autoridades encargadas de la procuración de justicia, policías y Ministerio Público Federal, locales, estatales, del Distrito Federal, que desafortunadamente no cuentan con instrumentos para cumplir correctamente su labor aun y cuando ellos lo quisieran llevar a cabo.
Nuestra policía no es Scotlan Yard, y los delitos que están ellos persiguiendo, tampoco son robos de monederos en el transporte público, están enfrentando situaciones terriblemente difíciles en las que necesitan desde luego el apoyo a través de esta suplencia para integrar correctamente la averiguación previa.
No he escuchado en ninguno de los posicionamientos que se tome en consideración que esta suplencia que estaríamos aprobando a través de esta reforma constitucional, a favor del Ministerio Público, no vela por una autoridad del Estado mexicano, vela por quien tiene el monopolio en el ejercicio de la acción penal y quien se encarga de perseguir los delitos que se cometieron en contra de otra persona. De tal suerte que lo que estaríamos aquí favoreciendo sería una suplencia a favor de la víctima de un delito.
Los invito a que tomen en consideración esto para emitir su voto. Es cuanto. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra, el diputado Gerardo Villanueva, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Por más que se quiera adornar, el arraigo es un golpe brutal a los derechos humanos, ya que la Constitución limita el poder público, reconociendo y garantizando estos derechos fundamentales.
Jesús Murillo Karam, por cierto el 10 de diciembre del año pasado, en el marco del Día de los Derechos Humanos, afirmaba que “la violencia es degradante. Degrada a quien la utiliza, al delincuente que arremete a la sociedad, pero también a quien la utiliza como técnica de investigación con el objeto de acercarse a la verdad y obtener pruebas”. Y eso es el arraigo y se refería a eso el procurador.
Qué pasó después. Ya lo dijo aquí un diputado que hizo uso de la tribuna: se negoció. Se negocia la Constitución, se negocian los derechos humanos y el diputado sale todo deprimido de tribuna porque dice que no le alcanzan los votos para que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución política de este país. No puede ser, compañeras y compañeros diputados.
El arraigo es un método violento y violatorio de los derechos humanos, es un secuestro de Estado en casas de seguridad legalizadas y a veces hasta en instalaciones militares, lo cual es doblemente violatorio de los derechos humanos.
El arraigo contraviene las garantías de un sistema penal humanista de corte adversarial y oral, como aquí mismo se aprobó. Esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria, contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola, entre otros, los derechos de libertad personal, de legalidad, de presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.
El Ministerio Público federal solicita el arraigo justamente porque no tiene pruebas para acusar, ya que si las tuviera, de inmediato solicitaría una orden de aprehensión a un juez. Por lo tanto, ese procedimiento aniquila el principio de presunción de inocencia, el cual paradójicamente fue introducido expresamente en la reforma a la que hacía alusión anteriormente.
Es decir, por un lado se reconoce textualmente el citado principio, pero por otro lado se le aniquila con el instrumento autoritario y regresivo que es el arraigo.
Se habla de controles y requisitos nuevos. Nada más falso; el arraigo sigue y punto y ya sea de un día o de 35 días, es violatorio a los derechos humanos.
Un dato obtenido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, vía acceso a la información pública, señala que en el período de junio de 2008 a octubre de 2011 la cifra global de personas arraigadas fue de seis mil 562. La cifra aumentó a más de siete mil con los datos actualizados de este año.
Y aquí un diputado sube muy orgulloso a decir que el 80 por ciento, el 75 por ciento fueron consignados. Y de qué nos sirve si el 3 por ciento fue sentenciado condenatoriamente y el resto fue absuelto.
Pensemos en las víctimas. Ni siquiera perdón les dicen. Estamos hablando de seis mil 500 víctimas de un sistema mediocre, de un sistema que no funciona, que es el sistema de procuración de justicia y que hoy están constitucionalizando además la violación al derecho humano del indiciado.
Quiero comentar que esta iniciativa del compañero Beltrones, pues no trae más que la intención de Enrique Peña Nieto de retroceder y, como consecuencia, romper con el principio de progresividad de los derechos humanos.
Razones sobran que la temporalidad no es objeto del debate, porque el arraigo, así dure uno o 35 días, vulnera la presunción de inocencia, y es una detención arbitraria.
El arraigo debe desaparecer del sistema jurídico mexicano, ya que la única solución posible que podemos admitir para enfrentar el fenómeno criminal, es a través de mecanismos garantistas que bajo ninguna circunstancia pongan en peligro a toda la población, ya que desafortunadamente eso es lo que está provocando el arraigo, ponernos a todos bajo sospecha y también en peligro.
Diputado presidente, al anterior orador se le dio más de dos minutos adicionales. Yo estoy concluyendo. Yo estoy ya concluyendo, diputado presidente...
El Presidente diputado José González Morfín: No, no. Hubo... Le pido que concluya, pero no es exacto lo que dice, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: ...con mucho gusto, diputado presidente...
El Presidente diputado José González Morfín: ... porque le habían puesto sólo tres minutos al inicio, a usted le pusieron cinco.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con mucho gusto, diputado presidente, concluyo.
Quien vota a favor del arraigo traiciona los principios fundamentales de los derechos humanos; traiciona el espíritu garantista de nuestra Constitución; traiciona el compromiso de construir el estado social, democrático y de derecho que aquí tanto se predica.
¿Cuánta demagogia y cuánta simulación? Es otra traición más de Enrique Peña Nieto y de la mayoría que trata de imponer verdades que no tienen que ver con los derechos ni con las luchas...
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención...
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: ... de los derechos del pueblo de México. Los derecho humanos no se negocian, que quede claro.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pido que concluya con su intervención...
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Es cuanto, diputado presidente. Qué amable es usted.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, yo creo muy importante refrendar la postura del PRD que siempre hemos venido enunciando, desde la presentación misma de nuestra iniciativa para eliminar esta figura y este instrumento de la Constitución. Esta es, ha sido y será, la postura del PRD, que el arraigo desaparezca de la Constitución.
En 2008, precisamente, cuando en su momento aquí vinieron a plantear, a introducir la figura del arraigo, también era diputada, compañeras y compañeros. Plantee una moción suspensiva para que no entrara esa discusión en ese momento para habilitar en la Constitución un instrumento de esta envergadura. Obviamente fue rechazada, pero aquí hay quienes han venido a decir que están en contra de esta figura, que están en contra de que el arraigo permanezca en la Constitución, cuando en su momento en 2008no se hicieron cargo de que no quedara en la Constitución.
Los votos del Verde Ecologista a favor lo determinan, y en particular hay votos que a mí me llaman mucho la atención que en su momento, en la LX Legislatura avalaron el poner este instrumento en la Constitución, y que hoy vengan a decir que tienen un discurso garantista o protector de los derechos humanos, cuando en su momento –insisto– hicieron todo para introducir esta figura en la Constitución.
Nosotros somos congruentes, actuamos con congruencia. Esto no es lo que queremos, ya lo dijo mi compañero Catalino, es lo que logramos ante una iniciativa que presentaron el PRI y el PAN, de solamente reducir el número de días del arraigo. Logramos meterle más candados a que no sea con un solo indicio, sin con varios, el que un Ministerio Púbico solicite el arraigo de una persona, pero también el que en todo momento haya el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no sea bajo procedimientos tortuosos como actualmente es, que solamente después de 20 días pueden entrar a ver cómo está el arraigado; no, ahora en todo momento pueden vigilar la situación de quien tenga esta condición.
También en el caso de la retención hay algo muy importante que aclarar. Se manejó en el sentido de que sea, o la retención o el arraigo. No pueden se usados por el Ministerio Público los dos instrumentos, en la búsqueda de que sea la retención y no el arraigo, lo que privilegie el Ministerio Público, pero también va a haber sanciones. Quien quiera abusar de esta medida, quien quiera utilizarla como la utilizaron en el sexenio pasado, va a haber sanciones que están ahí dichas en el texto que hoy estamos aprobando de la Constitución. Los Ministerios Públicos van a tener que enfrentar, si es que quieren abusar de esta medida, que es por sí misma trasgresora de los derechos humanos.
Por eso es necesario que nosotros tengamos la claridad y no venir aquí a incendiar con discursos en contra o a favor, como si fuera una situación que se logra con sólo decirlo en tribuna, cuando se tiene que trabajar mucho porque la progresividad de los derechos humanos sea una realidad y que no sigan cometiendo atropellos como los que en su momento se hicieron al haber habilitado la figura del arraigo en la Constitución. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en contra, el diputado Felipe Arturo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Me da gusto que al iniciar hay un poquito más de los compañeros diputados para una reforma constitucional, y no solamente a la hora de la votación que se necesitarán las dos terceras partes. Los felicito a los que están presentes.
“Si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo”, Albert Einstein. Con su venia, diputado presidente.
Nuestra tarea como legisladores implica sin duda una muy alta responsabilidad y rendir cuentas ante nuestros representados, legislando en base a las imperiosas necesidades de todos y cada uno de los mexicanos.
A la luz de la decisión del año 2005, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del arraigo penal y su categorización como una detención ilegal por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Comité de los Derechos Humanos, es inminente adoptar todas las medidas necesarias para eliminar el arraigo
La medida cautelar del arraigo fue considerado por el grupo de trabajo en comento, en su visita a nuestro país, como el resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad, además de que puede propiciar otras violaciones a los derechos humanos.
Es de explorado derecho que el arraigo es de suyo inconstitucional, en razón de que priva al individuo de su libertad antes de que exista una sentencia definitiva de la autoridad judicial, con lo cual transgrede evidentemente el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Estamos frente a importantes retos y desafíos esenciales como Poder Legislativos. Acciones, deberemos emprender sin duda los tres Poderes de la Unión, sin mayor demora, la sociedad exige resultados en materia de justicia y no puede esperar más.
La Constitución federal en su artículo 1o. dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos, establecidos en los convenios internacionales, por lo cual han alcanzado ya rango constitución, derivado de la reforma que en el año 2011 se realizó en importante materia, razonamiento que robustece su protección y tutela.
En este orden de ideas el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de nuestra Carta Magna.
Es de explorado derecho que la finalidad intrínseca del Ministerio Público deberá de garantizar a los ciudadanos la seguridad de justicia, sin transgredir los derechos establecidos en los tratados internacionales que México ha suscrito y que contempla nuestra Carta Magna, haciendo una correcta investigación de los delitos y después en base a ello realizar el ejercicio de la acción penal y la consignación de los probables responsables ante la autoridad judicial.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 28, de 2010, en sesión de fecha 23 de noviembre de ese año, estableció que en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias. Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte.
Bajo tales premisas, si tomamos en consideración los tratados internacionales, suscritos por México y cuyos derechos han alcanzado rango constitucional, nos daremos cuenta que el arraigo es contrario a lo establecido en aquellos.
Si bien es cierto, se han cometido arbitrariedades e injusticias en su instrumentación, se reconoce que dicha figura tuvo justificación en las instituciones de procuración de justicia, por el entorno del crecimiento a la delincuencia organizada. Sin embargo, no justifica la violación a los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales.
Como Poder Legislativo tenemos la obligación de dotar de las herramientas necesarias en la ley al Ministerio Público, para que cumpla con la obligación de investigar y perseguir delitos y delincuentes, siempre en apego a la legalidad. Por el contrario, si lo dotamos de esas herramientas que permitan la violación a los derechos fundamentales del ser humano seguiremos otorgándole facultades contrarias al Estado de derecho, cuando debemos ser los primeros en garantizar la legalidad de todas las autoridades implicadas en la procuración, como en la investigación y en la administración de justicia.
Si bien es cierto que la iniciativa en comento implica un acotamiento a la figura del arraigo y que una vez implementados los juicios orales tienda a su desaparición implica la misma figura la violación a los derechos fundamentales que el reducirla en tiempos, en ningún momento conlleva a su legalidad.
Por el contrario, debemos no solo como Poder Legislativo sino la misma Procuraduría General de la República, de buscar las herramientas para el fortalecimiento de dicha institución, capacitando y profesionalizando a los servidores públicos en la investigación científica, apoyándose en la ciencia forense y en la tecnología. Y aun ser más estrictos en la selección y reclutamiento de personal ministerial, policial y pericial y con ello combatir la impunidad. Término, presidente.
No debemos dejar de considerar que de la mano de la figura del arraigo se encuentra el programa de testigos protegidos o colaboradores que contribuyen y contribuyeron en el pasado a la fabricación de delitos y de delincuentes por parte de la autoridad ministerial.
Como ya ha quedado de manifiesto muy claramente con el desistimiento que de la acción hiciera el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam en contra del general Ángeles y que reconozco el valor del procurador general en la decisión tomada para hacer justicia desde su encomienda constitucional.
Compañeros diputados, el fin no justifica los medios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en pro el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. Es necesario señalar y reiterar de previo y especial pronunciamiento que el PRD está a favor de la desaparición del arraigo. Que no quede duda. Desde el 2008 hemos venido posicionando que es trascendental profundizar en materia de derechos humanos.
En un Estado democrático y libre el principio de presunción de inocencia, el diseño de las instituciones procesales y de sanción reflejan los fundamentos y la ética de una sociedad. Rasbug ha sido claro en la materia, para conocer mejor a una sociedad hay que analizar sus códigos penales y sobre todo, visitar sus cárceles.
En el 2008 existió una aclamada reforma constitucional en la que se instauran los juicios orales y pone en alto la presunción de inocencia, además que amplía los derechos humanos. Sin embargo, destacó un tema que desde su iniciativa y luego ya aprobada levantó ámpula, el arraigo.
A cuatro años de su aplicación hemos vivid el abuso y los excesos del instrumento que en el camino han fabricado pruebas, han manipulado testigos, han inducido culpabilidades, reflejan el decadente estado en el que se encuentra la procuración de justicia y en la mayoría de los gobernantes refleja que en los últimos años no se ha puesto suficiente interés en el ministerio público en la calificación de su personalidad, en la profesionalización, en la formación, en la ética, el profesionalismo, ni mucho menos en el desarrollo de las técnicas y las ciencias que auxilia la investigación de los delitos.
Se ha intentado tapar con una mano durante y a lo largo del pasado sistema, y específicamente en el sexenio pasado, la evidente y decadente procuración de justicia a costa de encontrar y agarrar presuntos delincuentes violando a toda costa los derechos humanos.
El PRD en el Congreso de la Unión, empezando con la fracción en la Cámara de Diputados, utilizará su fuerza para transformar las instituciones, para abonar en desarrollo y rediseñar el poder. Es trascendental que exista una voz crítica y un contrapeso real, pero éste debe partir de una premisa de construcción, no en eterno bloqueo sin saber a dónde se va.
Nuestra salida pudiera ser fácil y simplista, ocultarnos tras la protesta airada, hacer de nuestras posiciones una forma de vida irracional que raya en lo reaccionario y que pretende a toda costa impedir la evolución y la construcción de políticas de izquierda que puedan de verdad servir a la población.
Dejamos en aislamiento a muchos de nuestros ciudadanos que se encuentran en un evidente estado de necesidad. El resentimiento y continuar con el enojo, y adoptarlo como discurso, jamás mejorará la sociedad, y mucho menos a los más necesitados. El PRD no ignora su propia base, el diálogo, la apertura, la crítica, pero sobre todo la propuesta.
La teoría socialista y socialdemócrata debieran ser el motor de aquellos que buscan la movilidad social, mayor igualdad, el respeto a la ley, el perfeccionamiento del Estado democrático y, sobre todo, mayor equidad, reconocimiento y aplicación efectiva no de buró de los derechos humanos.
Tabaré Vázquez ha afirmado con agudeza: quien no es útil en la oposición es inútil en el gobierno. Consideramos que hoy estamos logrando un avance respecto a la nada lejana desaparición de la figura del arraigo.
Hoy no nos encontramos en la disyuntiva de si se mantiene o se desaparece el arraigo. Hoy, acorde a los números y acorde a la democracia, nos encontramos en la situación de cómo exponemos, expresamos, incluimos y acotamos el arraigo. Hoy el PRD contribuye para que se ejerzan los debidos controles judiciales en las figuras que pudiera causar un abuso del Estado.
Fundamentalmente la oposición debe ser un contrapeso, y ese contrapeso debe incluir a órganos de control. Lo más importante de esta reforma es que los derechos humanos estarán presentes en todo momento con el inculpado o el presunto delincuente.
El PRD ha decidido ser útil no en favor de un ala, ni en favor de un partido, sino en favor de la población. No cesaremos en nuestras voluntades hasta desaparecer el arraigo, pero vamos a ser útiles en construir con todos los demás partidos políticos el futuro de nuestra nación. No nos mantendremos aislados. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.
Saludamos a un grupo de invitados de la comunidad de San Lorenzo, Coacalco de Berriozábal, estado de México. Invitados por el diputado Roberto Ruíz Moronatti. Bienvenidos a esta sesión.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente; con la venia de la asamblea. No se puede venir a esta tribuna a decir que se está medio a favor de los derechos humanos; o se está o no se está.
Lo que estamos discutiendo hoy es el medio del sistema de criminalización que implementó Calderón en 2008, que lo llevó a tener 7 mil arraigos con una efectividad del 3 por ciento, es decir, solamente el 3 por ciento de los 7 mil arraigados llegaron a proceso para un total de delitos que representan solamente el 10 por ciento de los delitos de este país, como ya lo dijeron los que están a favor de esta reforma.
El PT sí está en contra de esta reforma, porque creemos que el arraigo debe desaparecer, porque no se puede estar solamente medio a favor de los derechos humanos. Creemos que esta figura fue creada por el gobierno de Calderón para poder justificar las medidas de criminalización que estaba llevando a cabo para justificar su estancia en el poder con esa guerra contra el crimen organizado, absurda, que llevó casi a la destrucción de este país.
Es cierto, es muy difícil vivir con miedo; yo soy de Chihuahua. Nuestros compañeros de Ciudad Juárez aquí saben que hemos vivido tiempos difíciles con el tema del crimen organizado, pero eso no justifica que vengamos aquí a violentar los derechos humanos. El tema de la figura del arraigo se diga, lo que se diga, violenta los derechos humanos.
Más aún –y déjenme citar a la ahora líder del Partido Revolucionario Institucional–, el arraigo, dijo César Camacho Quiroz, hace dos legislaturas, es la institución que envenenó al nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque el sistema penal en este país y las medidas punitivas deben de ser la última ratio del sistema penal, no la primera. No podemos castigar en adelantado, sobre todo cuando el arraigo solamente sirve para dar un periodo a la investigación, compañeros diputados.
Estamos violentando, no solamente flagrantemente los derechos de los mexicanos, sino que además en esta tribuna se ha dicho que sobre una figura que es solamente efectiva en el tres por ciento de los casos y que solamente se aplicará en el 10 por ciento de los delitos.
Pero peor aún; peor aún. Utilizamos esta reforma para incluir una reforma segunda en el décimo párrafo del artículo 16 que da el Ministerio Público otras 72 horas para detener y retener a los investigados. Es decir no solamente mantenemos la figura del arraigo -de la cual se supone el que es ahora presidente de este país se había pronunciado en contra-, sino que le estamos dando más tiempo al Ministerio Público para que pueda detener de manera inconstitucional a los ciudadanos cuando estén en los supuestos del artículo 19, segundo párrafo.
Déjenme ir más allá. ¿Qué es lo que estamos aprobando? ¿Cómo sabemos que estos ciudadanos están en el supuesto del párrafo segundo del artículo 19 si el tiempo del arraigo es para la investigación?
Permítanme finalizar con esta lógica. Hay una teoría del derecho penal que se llama la teoría del enemigo. Sobre esa teoría está basado el arraigo. La teoría del enemigo dice que el que pretende ser persona, el que pretende ser tratado como persona debe dar a cambio una cierta garantía cognoscitiva de que se va a comportar como persona. Si no existe esa garantía o incluso es negada expresamente, el derecho penal pasa a ser una reacción de la sociedad ante el hecho de sus miembros.
Es decir las personas frente al Estado, según la teoría del enemigo, debemos de comprobar que somos inocentes primero. Solamente al salir a la calle debemos demostrarle al Estado que somos inocentes porque si no, el solo hecho de salir a la calle nos hace culpables.
Discúlpenme, señores diputados, pero no es así. El Estado existe porque el contrato social existe y el contrato social dice que el Estado existe porque así lo ha decidido la ciudadanía. Los ciudadanos nos han cedido sus derechos para que nosotros los defendamos y los respetemos. En eso consisten las cláusulas del contrato social y no podemos venir a romperlo ni venir a decir aquí en esta tribuna que estamos medio a favor de los derechos humanos.
Yo con esto termino y les dejo la duda. ¿Estamos realmente dando un avance en el tema de derechos humanos o nos tiembla la mano para desaparecer este medio que utilizó Calderón para criminalizar a siete mil ciudadanos en este país y de los cuales ahora este gobierno está reconociendo los errores del pasado y ahora está liberando a quienes fueron víctimas de estas figuras? Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: En primera instancia felicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales por el dictamen que el día de hoy se somete a consideración de esta asamblea.
Cada uno de los grupos parlamentarios por sí solos, no reunimos la mayoría calificada. Esa es una realidad. ¿Qué ha imperado en esta Cámara de Diputados? El acuerdo, el consenso, el no sentirnos cada uno de nosotros dueños de la verdad.
Tenemos una realidad al día de hoy, tenemos un problema de seguridad en el país. Eso es indiscutible. Y una figura del arraigo que al día de hoy existe, en el que no se solicita, no se requiere mayores requisitos para ser otorgada por 40 días más una ampliación de 40 días.
Lo que el día de hoy se somete a consideración, no es una disminución de plazo; eso es lo de menos. Lo importante es el establecimiento de requisitos muy claros para que la autoridad judicial otorgue el arraigo, el precisar de manera clara que es necesario acreditar la existencia de indicios suficientes que lo vinculen con los delitos.
¿De qué delitos estamos hablando? Porque pareciera que estamos en presencia de delitos menores. Quisiera recordarles que estamos hablando de delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud, delitos, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, pornografía y corrupción de personas menores, turismo sexual, lenocinio y tráfico de menores. Estos son los delitos de delincuencia organizada de los que estamos hablando. O en su caso los todavía delitos graves como: homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas.
En estos casos el juez otorgará el arraigo si se cumple con el requisito de indicios, no sólo la solicitud del Ministerio Público.
Por otro lado, y he escuchado en varias ocasiones hablar de derechos humanos. Se consagra de manera expresa que deba intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el momento que sea solicitado por el arraigado o por su representado, entendiendo por representado los familiares y el propio concepto. No queda sólo de forma potestativa. Hay la obligación de la intervención de los derechos humanos.
Por último, sabemos y todos estamos conscientes que debe desaparecer la figura del arraigo. Por lo mismo en este tránsito hacia la desaparición del arraigo, se prevé una nueva figura, una nueva figura en la que el Ministerio Público podrá retener con autorización del juez, 72 horas más en los casos de delincuencia organizada o de delitos graves, sólo en esos. Se amplía el plazo de las 48 horas, tratándose de delitos graves, o de 96 horas, tratándose de delincuencia organizada.
Pero aún más. En ese diálogo y en ese consenso entre los grupos parlamentarios se presenta una adición fundamental. Si se utiliza la figura de ampliación de retención en la que viene siendo una manera de ir induciendo lo que en su momento van a entrar como jueces de control, ya no puede solicitarse el arraigo. Es decir, el juez lo primero que va a preguntar, antes de otorgar un arraigo, es si no existe la posibilidad de que con la ampliación de la retención de 72 horas, tenga el tiempo necesario antes de la consignación.
Ésta es una forma muy clara y expresa de comprometernos todos los aquí presentes con la desaparición del arraigo. Si no hacemos nada, compañeras y compañeros diputados, al día de hoy probablemente en este momento se esté arraigando a una persona sin mayores requisitos y por 40 días, con una ampliación de 40 más.
Actuemos en consecuencia y nos comprometemos todos a desaparecer el arraigo en breve. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía para hablar en contra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Presidente. Realmente aquí todo mundo ha hablado en contra, todo mundo ha cuestionado el arraigo, todos los oradores han hablado de que viola los derechos humanos, de que es una figura lastimosa de nuestra legislación, pero van a votar a favor de mantener esta figura que tan mal han calificado.
Yo preguntaría quién les está torciendo la mano para mantenerla. ¿Enrique Peña Nieto, Jesús Moreno Karam, los gobernadores de los estados? Porque aquí Murillo Karam, cuando era diputado federal, planteaba la eliminación total y absoluta del arraigo. El 12 de diciembre hizo la de declaración donde cuestionaba que de cuatro mil arraigos solamente 200 habían sido consignados.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo, diputado Mejía. Dígame diputado.
El diputado Alejandro Rangel Segovia (desde la curul): Deseo hacer una pregunta al orador.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Cuando termine la intervención. La realidad es que el fracaso de la estrategia de seguridad pública no se va a limpiar cometiendo atropellos contra personas. ¿Ustedes creen que porque se mantenga esta figura inconstitucional y violatoria de los derechos humanos se va a acabar con el crimen organizado?
Además no es cierto que solamente sea para delitos de la delincuencia organizada. En el fuero común son todos los delitos graves y ha habido también una ineficacia manifiesta del Ministerio Público.
Señoras y señores legisladores: éste es el poder soberano del pueblo de México. Deroguemos el arraigo, ¿qué lo impide? No es con esta actitud de esquizofrenia de estar en contra, pero a la vez estar a favor, como se defienden los derechos humanos.
Y no lo dice nada más un grupo parlamentario o algunos legisladores, nos lo dice la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Nos lo pide Amnistía Internacional, nos lo piden todos los organismos de derechos humanos no gubernamentales.
Demos una respuesta y mejoremos, en todo caso, los instrumentos de investigación científica y policiaca para que se puedan combatir los delitos, pero no es martirizando a la gente, no es preservando esta figura del arraigo como vamos a mejorar la situación de la delincuencia en el país.
Por todas estas razones, nosotros seguimos estando en contra, y pedimos que haya una reconsideración. Si todos, hasta los que han hablado a favor, están en contra, ¿cuál es la razón para seguirlo manteniendo? Es cuanto, señor presidente. A ver, la pregunta.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Puede formular su pregunta el diputado Alejandro Rangel.
El diputado Alejandro Rangel Segovia (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Intermitentemente hemos visto y escuchado en las intervenciones del señor diputado que hace uso de la voz su defensa a ultranza de vandalismos ejercidos por pseudoprofesores de movimientos radicales en este país, y ahora lo escuchamos venir a preguntarnos, a los que estamos decidiendo cuestiones tan importantes como esta, de matizar el arraigo, que quién nos está torciendo el brazo.
La pregunta en concreto es: ¿quién le está torciendo el brazo al diputado que quiere negar esta posibilidad? ¿Acaso los secuestradores? ¿Acaso el crimen organizado le está a usted torciendo la mano, diputado, para que se quite esta posibilidad del ejercicio de la justicia en toda su magnitud y en toda su capacidad que puede ser la diferencia entre que se fugue antes de tiempo un delincuente perfectamente identificado o que sea retenido hasta consignarle la culpabilidad?
El Presidente diputado José González Morfín: Puede dar respuesta.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Ése es el discurso del fascismo, ése que acaban de ver. Hay que acabar, hay que encarcelar, hay que criminalizar.
Señores diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, ¿van a acompañar ustedes estas expresiones de fascismos que acabamos de ver? A mí nadie me tuerce el brazo como seguramente a usted. Yo respondo a la ciudadanía y a los organismos de derechos humanos, y no es polarizando al país ni con este discurso antipolítico de criminalizar la acción política como se va a mejorar.
Eso es lo que está atrás del arraigo, un ministerio público incompetente, represivo, autoritario y violador de los derechos humanos. Ése es el discurso del fascismo, el que acabamos de oír, del diputado.
Por eso nuevamente los convoco a votar en contra de esta medida inconstitucional y que viola los derechos humanos. Es cuanto, presidente.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Nada más, rápidamente, presidente. Le pediría, diputado Mejía, que no nos compare. Hemos dado nuestra posición claramente y que respete a nuestra bancada, por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón, diputado, pero ya su tiempo concluyó y me parece que...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Déjeme contestarle.
El Presidente diputado José González Morfín: No hizo ninguna pregunta, diputado, lo lamento.
Compañeras y compañeros, quiero informar a ustedes que han sido reservados los siguientes artículos.
El diputado Medina Filigrana, el artículo 16 párrafo octavo.
El mismo 16, pero párrafo décimo, el diputado Damián Zepeda.
El diputado Francisco Coronato, el 16, párrafos octavo y décimo.
La diputada Margarita Tapia, el 16, párrafos octavo y décimo.
El diputado Fernando Belaunzarán, el 16, párrafo décimo.
El diputado Alfonso Durazo, el 11o transitorio del proyecto de decreto de 2008.
La diputada Margarita Tapia, el mismo 11o transitorio del proyecto de decreto de 2008.
La misma diputada Margarita Tapia, el 2o y 3o transitorios del proyecto de decreto actual.
El diputado Damián Zepeda, el 3o transitorio.
El diputado Medina Filigrana, también el 3o transitorio.
El diputado Fernando Belaunzarán, también el 3o transitorio, y
Hay una propuesta de adición de la diputada Julisa Mejía, de un 4o transitorio.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y de los artículos no reservados, del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, a favor 389, 14 abstenciones, 32 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general. Hay votación calificada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, para presentar reserva del octavo párrafo del 16. Si quiere en este mismo turno presentar el tercer transitorio, adelante.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el PRD reiteramos nuestra posición en contra del arraigo y de las figuras de testigos protegidos, que en las legislaturas anteriores fueron incorporadas a nuestra Carta Magna y que constituyen verdaderas aberraciones jurídicas.
En la realidad, la existencia del arraigo demuestra la incapacidad en la procuración de justicia. Demuestra que no hay investigación, que no hay utilización de métodos modernos y científicos en la persecución de los delitos y si no hay eficiencia en la policía ministerial y en el Ministerio Público, entonces se recurre al arraigo como una salida fácil para supuestamente obtener mayores elementos de prueba. Pero en la práctica el arraigo significa incomunicación, presión psicológica y en algunos casos tortura.
Pr eso, insistimos en que la reforma que se acaba de aprobar es insuficiente. En lo personal estoy convencido que la única reforma que puede responder a las exigencias de la moderna sociedad mexicana es la reforma que erradique de una vez y para siempre la retrógrada figura del arraigo.
Sin embargo, ante la imposibilidad de avanzar en su eliminación y dado que ha sido aprobado en lo general la reforma al artículo 16, que mantiene la figura del arraigo, aunque atempera a alguno de sus efectos a reducir el número de días y al permitir una mayor presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me permito presentar la siguiente reserva para que al final del párrafo del artículo 16 constitucional, que hoy ha sido modificado y que permite la participación de los organismos de protección de los derechos humanos al decir textualmente que deberán revisar en todo momento la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a ella o su representante, sugiero que se sume también “o de oficio”, en los términos que disponga la ley.
Así también sugiero que diga, que se sume la frase siguiente: El organismo de protección de los derechos humanos emitirá su recomendación en torno al caso correspondiente en un plazo no mayor a las 24 horas.
No basta con que se constituyan los visitadores y visiten al arraigado. Es preciso también que a la brevedad emitan su resolución y creo que el texto constitucional debe poner también un plazo para ello. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la reserva del diputado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Para el párrafo décimo del 16, don Damián Zepeda Vidales, del PAN.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Gracias, presidente. En términos del 110 del Reglamento le pediría que el reloj marcara cinco minutos, como el propio Reglamento establece para presentar una reserva.
Decía Simón Bolívar que la justicia es la madre de todas las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Libertad y justicia es el tema que hoy en día nos ocupa.
La reforma que hoy estamos votando, sin duda tiene muchos beneficios, pero creo, creemos que se ha centrado todo el debate exclusivamente en el área específica a la reducción que vamos a tener de la figura tan dañina del arraigo. En lo personal creo que deberíamos eliminarlo. Sin embargo, considero positivo que se avance en una reducción.
No obstante lo siguiente, hay un tema a mi juicio y a juicio de mis compañeros, muchísimo más delicado que lo benéfica que resulta la reducción del arraigo, que es el tema que marca el décimo párrafo del artículo 16 constitucional.
Aquí estamos promoviendo, en esta reforma, que se le amplíe al Ministerio Público 72 horas más de las 48 que hoy ya tiene derecho para retener a una persona, a un indiciado, sin ordenar su liberación o ponerlo ante la autoridad judicial.
Cómo funciona hoy en día. Hoy en día el MP te puede retener, pero la Constitución protege los derechos humanos de las personas y establece que esa retención no puede pasar de 48 horas sin que te ponga a disposición de una autoridad judicial en donde te tendrá que acusar y tú tendrás derecho a defenderte, por supuesto. En caso contrario tiene que ponerte en libertad.
Lo que hoy estamos haciendo es proponer que esa facultad se amplíe por tres días más. Al final del día le estamos dando facultad al Ministerio Público para que tenga detenido cinco días, con la posibilidad de decir al final, lo siento mucho, ni siquiera te voy a acusar.
Entendemos lo positivo de la reducción del arraigo, sin embargo, erróneamente y mañosamente se ha venido aquí a argumentar que esta medida de ampliación de 72 horas en la retención del Ministerio Publico es un paso y que va ligada a la reducción del arraigo.
Nada más falso que eso, señores, leamos bien el dictamen, el arraigo exclusivamente procede en este país para los casos de delincuencia organizada e indebidamente, a mi juicio, por un transitorio se estableció que también le puede proceder a los delitos graves. Pero ese transitorio deja de tener vigencia en el 2016.
Sin embargo, la medida que están proponiendo de ampliar 72 horas al Ministerio Público sin ponerte a disposición de la autoridad judicial aun cuando se le pide solicitud a la autoridad judicial para que la autorice le aplica a todos los delitos de prisión preventiva oficiosa.
Y cuando se habla de prisión preventiva oficiosa curiosamente se hace mucho énfasis de homicidios dolosos, de violación, de secuestro y delitos que sin duda ofenden a la sociedad. Pero debemos ser claros y decir que también caben en la prisión preventiva oficiosa todos aquellos delitos con un arma o aquellos delitos que atenten contra la personalidad, la seguridad o la salud, y esto se traduce en la realidad en que los Códigos Penales locales todo es delito grave.
Por lo tanto, en todos los delitos –no nada más en los delitos de delincuencia organizada, y lo quiero enfatizar muy bien– el Ministerio Público te va a poder tener retenido cinco días, atentando completamente contra tus derechos humanos. Decía Voltaire que: Es mejor arriesgarse a salvar un culpable que condenar a un inocente.
Toda la fundamentación que están haciendo aquí a en contra de la reforma en materia de justicia penal que se presentó y se aprobó por el constituyente, en donde todo el sistema jurídico en materia penal parte de la base de la presunción de inocencia, no de la presunción de culpabilidad de la persona.
Ya hablaban, quienes me antecedieron, diciendo: los reducidos porcentajes de condenas que se reciben para cundo un juez otorgó la figura del arraigo. ¿Ustedes creen de verdad que no se va a otorgar este plazo de 72 horas en todos los casos? Por supuesto que sí. ¿Ustedes pondrían a su hijo, a su hermano, a su madre, en manos del Ministerio Público para que estén cinco días indefensos hoy en día en este país? Por supuesto que no. No retrocedamos. Ésta es la verdadera reforma oculta tras la espuma de la reducción del arraigo.
Esta reforma sí le va a impactar a miles y miles y miles de mexicanos, no nada más a aquellos que se dedican a la delincuencia organizada. No podemos y no debemos asumirnos como aliados de esos seres superiores, que con un dedo pretenden señalar a una persona, dejar a una madre y a una familia con la incertidumbre y con la angustia de no saber dónde está su hijo. Sería un retroceso en derechos humanos.
Los derechos humanos, decía Kofi Annan –termino, presidente–, son sus derechos, tómenlos, defiéndalos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos e enriquézcanlos, son lo mejor de nosotros, denles vida con esta reforma, señores diputados –termino, presidente.
Con todo respeto, estamos atacando el derecho humano supremo a la libertad. Y sólo por el minúsculo detalle de no poder procurar la justicia con celeridad y eficiencia. No ataquemos un mal con otro mal, que se profesionalice y que se eficiente la procuraduría, no que se atente contra los derechos humanos de todos los mexicanos.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Angulo, ¿con qué objeto?
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Quiero hacerle una pregunta al orador.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las preguntas entre pares las califica el pleno y, segundo, no se ha admitido a discusión. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No se admite a discusión. Don Francisco Coronato Rodríguez, tiene usted la palabra para presentar su reserva al octavo y décimo párrafos del artículo 16.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores. Presento la siguiente reserva al artículo 16 del dictamen en proyecto.
La reforma contenida en el dictamen en estudio, lejos está de avanzar en aras de abolir la figura del arraigo y las correlativas prácticas de tortura, incomunicación, intimidación y amenazas que esta figura propicia; por el contrario, no hace más que justificarla con argumentos inoperantes que giran alrededor a que el arraigo es necesario para el avance de las investigaciones debido a la complejidad del fenómeno de la delincuencia organizada.
Cabe señalar, que el arraigo es claramente violatorio a los derechos humanos, tales como ya lo manifestaron organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que en otras palabras significa Detener para investigar; violentándose tales como el derecho a la libertad personal, de debido proceso, a un recurso judicial efectivo, tutela judicial, derecho a la seguridad jurídica y el derecho internacional de presunción de inocencia, entre otros, reconocido inclusive en nuestra propia Carta Magna en el artículo 20, apartado B, fracción I.
Al permanecer en los domicilios de arraigo, encerrados e incomunicados, los imputados están imposibilitados para ejercer adecuadamente su derecho a su defensa, además esta situación pervierte completamente el sistema jurídico penal, tanto sustantivo como adjetivo, pues deja de priorizarse el valor fundamental de la libertad del indiciado para dar pie a la fabricación de pruebas, a la intimidación, las amenazas y la tortura en sentido laxo invalidando de paso la trascendencia del periodo de preinstrucción que eventualmente puede culminar con el auto de vinculación o de sujeción a proceso.
Por todo lo anterior, no se entiende cómo se echa a andar el procedimiento legislativo, de reforma a la Carta Magna para ratifica que tratándose de delitos graves el arraigo domiciliario será procedente, aun cuando se establezca que solo cuando se acredite la existencia de indicios suficientes que vinculen a la persona con esos delitos y que el arraigo domiciliario dure como máximo 20 días sin ninguna prórroga.
Es igualmente criticable, que se busque con el dictamen en estudio reformar el párrafo décimo del artículo 16 de la ley suprema, que actualmente establece que el indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por 48 horas; y si se trata de delincuencia organizada este plazo podrá duplicarse.
Se pretende que esta retención se aumente por 72 horas en los casos de prisión preventiva y oficiosa, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, dicha retención deberá ser a petición del Ministerio Público y autorizada por la autoridad judicial, rompiéndose claramente con el principio de progresividad o no regresión de los derechos humanos no obstante que se argumente en el dictamen que tiene como finalidad que la averiguación previa tenga el suficiente sustento probatorio.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Angulo, usted sabe que hasta que se acepte a discusión, le ruego por favor tenga prudencia y nos permita que el orador termine. Adelante.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Y que con este breve aumento se ayudará a que paulatinamente se derogue la medida cautelar de arraigo, o sea, que se sigan violentando derechos humanos a la mitad y sólo por un tiempo determinado.
En base a lo anterior, se somete a la consideración de esta asamblea la derogación al párrafo octavo y se elimine la adición del párrafo décimo sexto del artículo 16 del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Carta Magna. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión; si se admite a discusión.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado Angulo, ¿con qué objeto?
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Gracias, presidente. El orador está haciendo una exposición de una reserva de la cual tengo duda. Le quiero preguntar una duda de su exposición. Yo creo que eso es posible, no necesita ponerse a discusión para preguntarle al orador que nos aclare algo de lo que está diciendo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si se admite a discusión usted tendrá la posibilidad de disipar cuantas dudas tenga. Adelante.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Pero está poniendo un posicionamiento que vamos a valorar si se discute o no. Yo tengo una pregunta de su exposición para valorar adecuadamente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Seguramente votará a favor de que se discuta y ahí tendrá la posibilidad. Adelante.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Margarita Tapia Fonllem, del PRD, tiene usted el uso de la voz, para presentar –igual- reserva de los párrafos octavo y décimo del 16. Va a presentar la diputada varias reservas y esta Presidencia será por demás tolerante en el tiempo.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas tardes. Este posicionamiento tiene como motivo llamar la atención de ustedes sobre la reserva de medidas cautelares.
Con esta reserva presentamos y retomamos el punto de vista de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como de la posición del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Se ha solicitado por ambos, por estas organizaciones y por el alto comisionado, se ha solicitado a esta Cámara que las reformas constitucionales en materia de arraigo apunten a su eliminación, sin embargo proponemos –ya que estamos en ese proceso– incorporar al presente dictamen las disposiciones de la iniciativa presentada y signada por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, el 18 de abril a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El arraigo, a pesar de que se ha dicho aquí de manera reiterada por algunas legisladoras y legisladores –hay que volverlo a decir-, es un abuso en sí mismo que permite detener a una persona sin contar con elementos en su contra.
Por ello mismo propicia la práctica de la tortura para forzar una declaración o que la persona se autoinculpe, en el intento de la autoridad para obtener cualquier tipo de evidencia y con ello someter a la persona en proceso.
Esto fue comprobado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas que en su visita a México encontró que el 50 por ciento de las personas detenidas en el Centro Nacional de Arraigo, presentaban lesiones recientes.
Extender el periodo de investigación para sujetar a proceso a una persona de la que no se tienen evidencias suficientes, es un método que destruye el núcleo de la presunción de inocencia.
Se ha dicho reiteradamente por muchas organizaciones civiles, no se justifica de ningún modo detener para investigar mientras no se cumpla la tarea de investigar para detener.
La medida del arraigo ha tenido finalidades explícitas de acuerdo con el artículo 16: “para el éxito de la investigación –dice- la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia”.
El arraigo no es ni puede constituir la única forma en que se pueden cumplo estos objetivos. Es por ello que esta propuesta de reserva se centra en sustituir la medida extrema del arraigo por medidas alternativas, a fin de que se pueda contar con opciones para estos fines.
Las medidas cautelares son utilizadas en muchos lugares del mundo e incluso en varias entidades federativas.
Por ejemplo, para evitar que la persona inculpada se sustraiga de la acción de la justicia, el juez puede imponerle la prohibición de salir de una demarcación geográfica mediante un sistema periódico de firmas ante la autoridad; la prohibición de acercarse a un sitio donde se encuentren pruebas o personas que estén en riesgo, es otra alternativa.
Esto respeta plenamente los objetivos planteados y además se circunscribe al sistema penal acusatorio. O bien se ha instituido en Campeche que se puede colocar a la persona inculpada un sistema de geolocalización en una tobillera a fin de causarle la menor molestia a alguien que no puede ser considerado ni siquiera sujeto a proceso.
Cada persona arraigada tiene un costo para el Estado de alrededor de 300 pesos diariamente. Con la tecnología disponible esta medida sin duda resultaría más económica.
Con estas medidas evitaríamos que las personas para quienes se buscan indicios, enfrenten el grave riesgo que supone el arraigo.
Como ha demostrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 41 por ciento de las quejas presentadas para casos de arraigo, alegan que las personas han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De esta manera respetaríamos la disposición de la Convención Americana que establece el derecho a que la autoridad judicial revise que la detención es el medio de control idóneo.
Asimismo podríamos garantizar la libertad de circulación y el derecho a la honra, que hoy es gravemente afectado por una pena impuesta en una fase preprocesal.
Por lo tanto, propongo, en el artículo 16, la siguiente redacción: “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar las medidas cautelares establecidas y reguladas por la legislación secundaria, mismas que deberán ser en todo momento compatibles con las normas que reconocen derechos humanos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y aplicarse solamente cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincularla con esos delitos, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia, cuando exista riesgo fundado de ello.
“Las medidas cautelares que emita la autoridad judicial deberán ser proporcionales y justificadas en su duración temporal, modalidad, lugar y fines específicos que persiguen en el marco de las investigaciones.
“La autoridad judicial competente y los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B de esta Constitución, revisarán la aplicación de estas medidas de manera oficiosa, garantizando la prevención de violaciones de derechos humanos en su ejecución, así como favoreciendo a la investigación, sanción y reparación de las mismas, cuando se llegaran a consumar”.
En el artículo 2o se propone en esta reserva derogar el décimo primero. En los transitorios, en el artículo segundo se propone la redacción como sigue: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar la legislación secundaria al presente decreto en un término de seis meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“En el mismo plazo, las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar la normatividad correspondiente para establecer las medidas cautelares alternativas al arraigo a las que se refiere el artículo 16 Constitución, reformado por virtud de este decreto”.
Finalmente, en los transitorios, el artículo tercero propongo que sea eliminado.
Hago un llamado a favor del conjunto de reservas que acabo de leer porque el respeto a los derechos humanos no admite medias tintas ni gradualidades. Es necesario extraer el arraigo de nuestra Constitución, donde nunca debió haber estado. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted doña Margarita Tapia. Ruego a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea si son de admitirse a discusión las tres reservas de doña Margarita Tapia.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las tres reservas que presentó la diputada Margarita. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Fernando Belaunzarán, tendremos el privilegio de escucharlo para presentar la reserva al párrafo décimo del 16.
Este párrafo décimo tiene un addendum. Hay una parte que viene ya vigente en la Constitución, y hay una parte que es la que está a discusión, de tal suerte de que todos quedemos en ese entendido.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. México vive una fuerte crisis en su procuración de justicia, aceptada por propios y extraños.
Podríamos decir que hay dos caras de una misma moneda, ambas perversas. Encontramos que lo que abunda en la impartición de justicia es por una parte impunidad y por la otra, arbitrariedad.
Parece ser que esas son las dos; esa es la serpiente que se muerde la cola entre impunidad y arbitrariedad. Y lo que hemos visto, la experiencia que tenemos es que aumentar la arbitrariedad, aumentar los instrumentos del Estado, lo que se llamaba la mano dura, no ha funcionado para responder al problema de la impunidad.
Se decía con razón, de alguna manera, en el sexenio pasado, estamos prácticamente –aunque no declarado– en una guerra. En una guerra en donde los criminales son poderosísimos y si no tenemos otros instrumentos no podremos hacerles frente.
Y por eso, por eso era el discurso de sacrificar libertades, sacrificar, incluso, derechos humanos como diciendo: estamos en un estado de excepción, aunque no sea formalmente aceptado, pero estamos en un estado de excepción y frente a esta situación tan grave que vive el país con esta delincuencia urge renunciar a algunas libertades y por eso, porque a nadie se engaña, para nadie pasa desapercibido que la figura del arraigo viola un derecho fundamental que es la presunción de inocencia.
Se tiene detenida a personas sin comprobarle su culpabilidad por un tiempo mucho más largo de lo establecido en la Constitución. Pero ese era como que el argumento.
¿Y qué pasa después de todos estos años que hemos tenido la figura del arraigo? Ni se pudo combatir la impunidad porque seguimos siendo básicamente con una impunidad impresionante; es más, el asunto de los arraigados, de los que tienen una sentencia condenatoria es mínima, es decir, se violan libertades sin ningún resultado.
Y eso es prácticamente el diagnóstico de todos los que tiene una sentencia condenatoria, es mínima. Es decir, se violan libertades sin ningún resultado, y eso es prácticamente el diagnóstico de los que hemos tenido aquí.
Es falsa la disyuntiva o fue falsa la disyuntiva de que había que sacrificar estas ciertas libertades o ciertas garantías para tener mayor eficacia en la procuración de justicia.
Eso me parece que es claro, y por eso en el PRD estamos muy claros de estar en contra de la figura del arraigo y buscar su desaparición, aunque en la correlación de fuerzas que tenemos actualmente no daba para eliminar el arraigo.
Algunos, en el PRD decidimos abstenernos porque, votar en contra, en votar a favor de que las cosas sigan igual, y mantener esto igual sería terrible. Hemos oído muchos discursos radicales que finalmente justifican posiciones conservadoras; no es esa.
Pero la otra posición que yo valoro de decir: hasta aquí logramos, le pudimos poner estos candados, etcétera, es de alguna manera..., yo creo que es una posición correcta y valiosa, aunque algunos hayamos decidido por una cuestión de defensa de los derechos humanos, por estas razones.
Ahora bien, es muchísimo más grave, yo coincido con el diputado de Acción Nacional, con Zepeda Damián, en el punto de que es mucho más grave las 72 horas de exceso, porque saben qué, no va a ser la excepción; va a ser la regla y van ser cinco días que van a tener detenida a la gente como una regla, porque no hay ningún... el único requisito es que se lo pidan a un juez, pero eso puede ser la regla y así como el arraigo no solucionó el problema y lo que hizo fue, es socializar o extender la violación a los derechos humanos, esto no va a generar acabar con la impunidad, sino que va a generar mayor arbitrariedad.
Por eso lo que pido simplemente es quitar las 72 horas que violan de una manera flagrante el artículo 19 de la Constitución, y que se quede en ese punto como está, y con esto concluyo, simplemente si no se puede, si por la correlación de fuerzas no pudimos quitar el arraigo, eso me parece que es lo que nos dio, pero que además mantengamos, le demos otras 72 horas al Ministerio Público para tener a la gente ahí detenida, me parece que estamos de alguna manera formalizando la arbitrariedad. Por eso es esta reforma, y disculpe si me excedí del tiempo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de don Fernando.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.
Don Alfonso Durazo Montaño, tiene usted el uso de la palabra para presentar su reserva del 11o transitorio del proyecto de decreto de 2008.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados.
En realidad qué tema este del arraigo, creo que es un debate que quedará consignado como la cima de la demagogia y de las contradicciones que en esta tribuna se hayan expresado. La mayoría de quienes han posicionado aquí a su partido están en contra del arraigo y de la violación de los derechos humanos, pero van a votar a favor del arraigo, pero ni la demagogia ni los malabares retóricos que aquí exhibieron alcanzarán para justificar esta contradicción.
Quisiera felicitar desde aquí a quienes cuando menos tuvieron el valor de aceptar con claridad la contradicción en la que se encuentran, entre algunos de ellos citaré –no todos, pero algunos de ellos particularmente–, a la diputada Ruth Zavaleta y al diputado Camarena, los felicito cuando menos por haber tenido el valor de expresar sus contradicciones y asumir por estas razones que van a votar en contra.
El problema del arraigo es que lo define una acción de la justicia y no un plazo en su aplicación, un día que durara sería un abuso contra los derechos humanos. La reforma contenida en el dictamen en estudio, está lejos de avanzar en la cancelación de la figura del arraigo y las correlativas prácticas de incomunicación, intimidación y amenazas que esta figura propicia.
Por el contrario, no hace más que justificarla con argumentos inoperantes que giran en torno a que el arraigo es necesario para el avance de las investigaciones, debido a la complejidad del fenómeno de la delincuencia organizada.
Queda claro que la figura del arraigo carece de eficacia, debido a que con ésta no se han logrado las metas u objetivos que sirvieron de justificación para su implementación. La mayoría de los capos o líderes de la delincuencia organizada jamás son sometidos a este tipo de medidas cautelares.
Por el contrario, se ven incluso beneficiados mediante figuras como la de testigos protegidos, sin dejar de mencionar que por sospechosas lagunas legales, verdaderos delincuentes organizados de cuello blanco están totalmente exentos de ser sujetos a la medida del arraigo.
Al hacer nugatorio uno de los derechos humanos fundamentales como es el de la libertad, atropellando de paso el principio de presunción de inocencia, el arraigo constituye una auténtica pena prejudicial, pero sin control judicial, valga la contradicción.
Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano proponemos se elimine el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es usted muy gentil.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva del diputado.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Durazo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Damián Zepeda Vidales, del PAN, tercero transitorio.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor presidente. Es el mismo caso, nada más que está ligado con un artículo transitorio, no voy a repetir lo que ya aquí expresamos, solamente decirles que este tercero transitorio nos da la razón con muchísima más claridad.
Se afirma que la medida de las 72 horas, lo positivo es que si se opta por esa salida ya no procedería el arraigo. Pero no se nos aclara y no se nos dice que no son figuras equiparables. El arraigo procede exclusivamente, reitero, para delincuencia organizada y solo delitos graves en virtud de un transitorio que se acaba en el 2016.
Y la retención de 72 horas más procede para todos los delitos de prisión preventiva oficiosa. Es un gol claro que se está metiendo con este dictamen, en retroceso a los derechos humanos.
Pues el artículo tercero transitorio nos aclara más la visión. El artículo tercero transitorio dice que no basta con que procedan las 72 horas adicionales para la prisión preventiva oficiosa. De manera directa te dice que va a proceder en tanto entre en vigor la reforma en materia de justicia penal para todos los delitos graves a nivel federal y a nivel local. Esto, evidentemente, afecta contra los derechos humanos.
Yo quiero decirles, en verdad, que hagan una valoración, que pongan en la balanza lo que se gana contra lo que se pierde con esta reforma. Que pongan por un lado el avance que se ha dicho a los cuatro vientos ante los medios, que está dando este Congreso de una manera moderna de ir avanzando hacia la eliminación del arraigo. Sí, solo delincuencia organizada, reitero.
Y por otro lado, que pongan en esa misma balanza el retroceso que significa para todos los delitos graves permitir que el Ministerio Público, ojo, no el juez, el Ministerio Público tenga detenidos, sin siquiera procesar u ordenar la liberación de esa persona a cualquiera de los mexicanos.
Saquemos números, en una, en unos cuantos cientos miles si a caso de personas, que son muchas, serán afectadas. En la otra, cientos de miles de personas pueden ser perjudicadas. Es un engaño, es una simulación, esta reforma va en retroceso de los derechos humanos de este país.
Presidente, nada más informar a la Cámara, aprovechando los segundos que nos quedan, que hemos pedido que se separe la votación del artículo 19 y que se pueda votar en términos del 108 de nuestro Reglamento, un párrafo, el que establece la retención, por una parte, para que se pueda pronunciar esta Cámara si está de acuerdo en modificarlo. Y por otra parte, exclusivamente el tema de la reducción del arraigo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado, el 19 no lo tenemos. No hay 19. Es más bien el 16, párrafo décimo y quiero que la asamblea esté muy consciente de que ese párrafo décimo tiene solamente un agregado, que es el que está a la disposición de la Cámara en este momento. Y ése párrafo se votará de manera diferenciada. ¿Ya?
El diputado Damián Zepeda Vidales: Sí. Son dos párrafos los del 16.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es correcto, es el décimo en el que usted tiene preocupación. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Repita la votación, por favor, porque hay duda.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Igual se va a votar diferenciadamente, diputados. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha dicho en esta tribuna que esta reforma pone límites, acota los posibles excesos del arraigo. Sin embargo, hay un espacio, el artículo tercero transitorio, que deja un margen para posible arbitrariedad. Aún más, dice el artículo tercero transitorio que en tanto entre vigor el sistema procesal acusatorio la autoridad judicial podrá autorizar que el Ministerio Público retenga al indiciado por un periodo adicional de hasta 72 horas en los casos de delitos graves, siempre que sea necesario para llegare de mayores elementos probatorios que motivan la retención.
Sin embrago, al dejarlo así simplemente en los casos de delitos graves no se establece una diferenciación y se acota dentro de lo que el Código Penal Federal entiende por delitos graves y lo que las legislaciones locales en materia penal establecen como delitos grave.
De tal manera que alguien pude ser arraigado por algo que en la legislación tabasqueña es delito grave, pero tal vez en la legislación de Yucatán o de Chihuahua no lo es. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en esta reserva? Que lo acotemos y que digamos que podrá ser aplicable en los casos de los delitos graves a los que se refiere única y exclusivamente el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y cito textualmente lo que dice este segundo párrafo de nuestro artículo 19 constitucional en su parte final: El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Así pues, la reserva que propongo va en el sentido de que no dejemos abierta esta definición de delitos graves que hace el tercero transitorio, sino que lo acotemos y que pongamos específicamente que son aquellos a los cuales se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución federal. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Fernando Belaunzarán, tiene usted el uso de la voz. Tu espacio, con mucho gusto lo escuchamos. Trae su acordeón, adelante.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Consecuentemente con la petición de no dar esas otras 72 horas extras al Ministerio Público para que pudiera tener a los ciudadanos cinco días detenidos, antes de fincarles auto de formal prisión, presento esta modificación en el transitorio tercero.
Dice a la letra, tal como nos lo presenta el dictamen: En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, la autoridad judicial podrá autorizar que el Ministerio Público retenga al indiciado por un periodo adicional de hasta 72 horas en los casos de delitos graves, siempre que sea necesario para ampliar los elementos probatorios que motivan la retención. En consecuencia con lo que propuse en mi anterior reserva, estoy proponiendo que este transitorio se elimine, puesto que considero que estas otras 72 horas abren la puerta al abuso sistemático en las instituciones de justicia; creo que el problema de la impunidad no se arregla de esta manera, ya lo expliqué en mi anterior intervención. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Julisa Mejía Guardado, del PRD, tiene el uso de la voz. ¿Está doña Julisa? Ahí viene doña Julisa. La esperamos.
La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Presentamos esta reserva con la intención de ser responsables hacia nuestro electorado, ya que en el actual estado de cosas cualquiera podría ser privado de su libertad sin ninguna prueba en su contra ante la subsistencia de la figura del arraigo.
Hemos tenido oportunidad de conocer distintos espacios en nuestros propios distritos, las experiencias de las personas que han sido arraigadas y que después han sido liberadas.
Los datos que han ofrecido las organizaciones de derechos humanos son contundentes. Sólo 3.2 por ciento de las personas arraigadas a nivel federal han recibido una sentencia judicial. Aún suponiendo que todas estas sentencias son justas, tenemos un 96.8 por ciento de personas que han sido arraigadas sin un motivo real y demostrable para serlo.
La mayoría ha sufrido torturas, intimidaciones, privaciones y afectaciones a su salud dentro del centro de arraigo con el fin de obtener o forzar una confesión. Pero cuando logran salir, estas personas regresan a su hogar y encuentran que se ha destruido su vida. Han acabado con su reputación, han perdido el empleo y no cuentan con el derecho para ser reinstalados. En su comunidad, incluso dentro de su propia familia enfrentan cuando menos la sospecha de que cometieron algún delito.
Son condenados socialmente como criminales. En la escuela a sus hijos los señalan, los estigmatizan. Han tenido que pagar de sus propios recursos un médico para sanar sus heridas o un sicólogo para superar sus conflictos. Si les queda fuerza, tienen que pagar también por sí mismos a un abogado para denunciar a los responsables de los actos arbitrarios o para exigir una reparación.
Consideramos que disminuir de 80 a 35 días el límite para que una persona permanezca arraigada es insuficiente para evitar las secuelas de esta medida. Tomemos por ejemplo dos casos que se han presentado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El caso de 25 policías arraigados en un cuartel militar en 2009. Durante días enteros fueron golpeados con tubos, recibieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo y además de sufrirlas en todo su cuerpo, con los pies sumergidos en agua. Además ahogamiento mediante bolsas de plástico. Algunos de ellos fueron privados de alimentos por tres días.
O el caso de los cuatro civiles de Rosarito, arraigados en la misma base militar de Tijuana, que fueron torturados cruelmente en repetidas ocasiones y forzados a firmar una declaración ante el Ministerio Público. Ninguno de ellos recibió atención médica. Por todo ello su caso fue objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esta Cámara ha aprobado con gran aclamación la Ley General de las Víctimas, y recientemente una reforma integral para hacerla operativa.
Termino, presidente. Con estas reservas nuestra intención es tender un puente entre este proyecto de decreto y la legislación sobre víctimas mediante un artículo cuarto transitorio. Consiste en que las personas sujetas a arraigo que hayan sido absueltas o reconocidas como víctimas por una recomendación, puedan ejercer su derecho a una reparación integral en los términos de la legislación vigente lo que incluye la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del daño.
Hago un llamado a garantizar los derechos humanos, por los que, estoy segura, tendré el voto aprobatorio de todos ustedes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Honorable asamblea, este proceso de votación es un tanto complicado. Vamos a abrir el tablero electrónico a efecto de recabar votación del párrafo octavo del 16; del undécimo transitorio del proyecto de 2008; del segundo y tercero transitorio solamente.
El diputado Damián Zepeda Vidales ha pedido a esta Presidencia y esta Presidencia ha obsequiado, que votemos diferenciadamente... Sí, permítame un segundo. Estoy viendo al diputado Gutiérrez de la Garza, pero permítanme terminar. El diputado Damián Zepeda Vidales ha pedido que votemos diferenciadamente el párrafo décimo del 16. Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza ¿con qué objeto?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, todas las reservas presentadas el día de hoy fueron rechazadas, por lo tanto no hay ningún motivo por el cual se separe la votación. Más sin embargo a fin de que se logre una determinación adecuada, someta a consideración de esta asamblea si se separa o no la votación. Vuelvo a señalar, no hay ningún motivo para separar la votación toda vez que éstas fueron rechazadas, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El artículo 108, numeral 2 del Reglamento me obliga a preguntar a la asamblea. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es que acepta... Desde su espacio lo escucho, diputado. Diputado Damián que es usted quien presentó la, es que usted invoca este artículo.
El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): Sí, en efecto, presidente, Invoco el contenido del artículo 108 del Reglamento. El artículo 108 del Reglamento de este Congreso dice que cualquier diputado, como lo hice formalmente por escrito, puede solicitar que se separe la votación cuando se está votando un artículo. Esto es para poder votar dos temas que tienen razones distintas aun cuando estén en un mismo artículo. Se ha hecho en otras reformas de este mismo Congreso.
Es cierto que el propio Reglamento dice, se requiere, se pone a disposición del pleno. Yo le haría un llamado especialmente al diputado que me antecedió en la voz, a que así como uno fue cordial y retiró la reserva de este artículo en la Comisión de Puntos Constitucionales y omitimos la votación del mismo porque había la posibilidad de condensarlo sin que hubiera un compromiso de apoyarlo, ustedes sean cordiales también en este momento y nos otorguen la posibilidad de votar de manera separada este artículo. Si no, nos vamos al tablero, porque es importante.
Para cambiar este artículo se requieren dos terceras partes del Congreso y ustedes lo que están intentando hacer es forzar que se vote en un mismo artículo este tema, con la reducción del arraigo, para que no quede mayor cuestión más que apoyar el artículo y por lo tanto salir avante. Le pido por favor esa separación del artículo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia se ha pronunciado por separar el artículo; sin embargo, tengo la petición de Gutiérrez de la Garza que, como usted, tiene derecho a pedir.
El numeral 2 del 108 dice lo siguiente, y le ruego que me comprenda y que entienda que estoy obligado a aplicar el reglamento.
“Si lo propone algún miembro de la Cámara y se aprueba por el pleno, podrá votarse por separado cada uno de los artículos”.
Luego entonces, lo que estoy haciendo es pedirle a la Secretaría le pregunte al pleno si me permite separarlo. Diputado Camarillo, lo escucho.
El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Con el objeto de pedirle que se sostenga en su criterio.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ése ha sido mi criterio, pero no había tenido yo el reclamo de la asamblea.
El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Usted no quiso repetir una votación que se pidió aquí porque estaba dudosa, porque dijo: al fin que se van a votar por separado. Y usted, ante la duda, no quiso en ese momento repetir una votación.
Aquí lo que se ve claramente es de nueva cuenta, una treta legislativa del grupo mayoritario aquí o la primera minoría que es el PRI que quiere evitar que no se cumpla con lo que se tiene que cumplir, que son las dos terceras partes.
Son dos temas diferentes: uno es la reducción del arraigo y la otra es la ampliación de un término a cinco días. Si son dos temas diferentes, yo le pregunto otra vez al líder de la bancada del PRI, cuál es el problema si ustedes creen que tienen las dos terceras partes para esta reforma constitucional, por qué no lo demuestran con los votos en el tablero.
Creo, Presidente, que usted está obligado porque lo entiende y lo entiende bien, que no se complete otra vez esta actitud francamente de querernos ver la cara a todos los diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Solamente les quiero leer el numeral 2 del 108. “Si lo propone algún miembro de la Cámara y se aprueba por el pleno, podrá votarse por separado cada uno de los artículos o fracciones”. Diputado José Luis Muñoz, lo escucho.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Solamente, diputado presidente, plantearle que el pleno es el que decide qué se debe de hacer. Por lo tanto, la propuesta del diputado sométala al pleno. Eso es lo único que hay que hacer. Proceda, proceda.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Eso es lo que estoy tratando de hacer. Se ruega a la Secretaría preguntar a la asamblea si me permite partir la votación.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se separe en dos votaciones el artículo en comento.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, a efecto de recabar votación nominal de todos los artículos reservados, por cinco minutos, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.
(Votación)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se emitieron 280 votos a favor, 11 abstenciones, 121 en contra. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo, y el artículo 11o transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de las diputadas y los diputados que formarán parte en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.
Proceda la Secretaría a dar lectura únicamente al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, básicamente al resolutivo de la integración.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las propuestas para integrar la Comisión Permanente son las siguientes:
Titulares
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza
Cristina González Cruz
Manuel Añorve Baños
María de las Nieves García Fernández
José Luis Flores Méndez
Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez
José Alberto Rodríguez Calderón
Luis Alberto Villarreal García
Adriana González Carrillo
Rubén Camarillo Ortega
Ricardo Anaya Cortés
Aleida Alavez Ruiz
Roberto Carlos Reyes Gámiz
Silvano Aureoles Conejo
Agustín Miguel Alonso Raya
Ernesto Núñez Aguilar
Ricardo Cantú Garza
Ricardo Monreal Ávila y
Luis Antonio González Roldán.
Sustitutos
Manlio Fabio Beltrones Rivera
Marco Antonio Bernal Gutiérrez
José Sergio Manzur Quiroga
Fernando Charleston Hernández
José Rubén Escajeda Jiménez
Abraham Montes Alvarado
Javier López Zavala
José González Morfín
Beatriz Zavala Peniche
Alfredo Rivadeneyra Hernández
Jorge Iván Villalobos
Lizbeth Eugenia Rosas Montero
Víctor Manuel Bautista López
Fernando Cuéllar Reyes
Eliana González Magallanes
Tomás Torres Mercado
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Francisco Alfonso Durazo Montaño y
Leobardo Alcalá Padilla.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, a efecto de recabar votación respecto del acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del acuerdo.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 393 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se declara formalmente que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, las y los diputados siguientes:
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza
Cristina González Cruz
Manuel Añorve Baños
María de las Nieves García Fernández
José Luis Flores Méndez
Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez
José Alberto Rodríguez Calderón
Luis Alberto Villarreal García
Adriana González Carrillo
Rubén Camarillo Ortega
Ricardo Anaya Cortés
Aleida Alavez Ruiz
Roberto Carlos Reyes Gámiz
Silvano Aureoles Conejo
Agustín Miguel Alonso Raya
Ernesto Núñez Aguilar
Ricardo Cantú Garza
Ricardo Monreal Ávila y
Luis Antonio González Roldán, como titulares.
Y como sustitutos
Manlio Fabio Beltrones Rivera
Marco Antonio Bernal Gutiérrez
José Sergio Manzur Quiroga
Fernando Charleston Hernández
José Rubén Escajeda Jiménez
Abraham Montes Alvarado
Javier López Zavala
José González Morfín
María Beatriz Zavala Peniche
Alfredo Rivadeneyra Hernández
Jorge Iván Villalobos Seáñez
Lizbeth Eugenia Rosas Montero
Víctor Manuel Bautista López
Fernando Cuéllar Reyes
Alfa Eliana González Magallanes
Tomás Torres Mercado
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Francisco Alfonso Durazo Montaño y
Leobardo Alcalá Padilla.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del día es el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva. Este dictamen no tiene registrados ni fundamentadores ni oradores, por lo que se ruega se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Quiero pedir la palabra, señor presidente, ojalá y me lo permita usted y todos los compañeros y compañeras diputadas y diputados. Es un día muy importante hoy, el Día del niño. Quiero felicitar a los niños.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): ¿Sí me permite terminando la votación?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en votación diputada, vamos a dejar el Día del niño para después.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 382 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dé cuenta, por favor, con la remisión que hace la Secretaría de Gobernación, de la Cuenta Pública.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la cuenta de la hacienda púbica federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen, y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Siga con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, entre otros el de la Cocopa, que en la mañana me lo estaban reclamando.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación al cambio de integrantes de Juntas Directivas de Comisiones Especiales y la integración del comité responsable de la evaluación y de la gestión y operación del Centro de Desarrollo Infantil, Cendi, Antonia Nava de Catalán, de la LXII Legislatura.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que designe al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se hace un respetuoso exhorto a los titulare de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en relación al Programa Procampo Productivo.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone el criterio para definir la Presidencia de la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión para el diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas, y en consecuencia la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación.
Dichos acuerdos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en sus pantallas. En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo. En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los dictámenes en sentido negativo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los dictámenes en sentido negativo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último asunto devuélvase al Senado para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las iniciativas presentadas en el orden del día de hoy, como las proposiciones con punto de cuerdo, se turnarán y se publicarán los turnos correspondientes en la Gaceta Parlamentaria.
Honorable asamblea esta LXII Legislatura ha trabajado denodadamente...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ricardo Mejía, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, falta que ponga a consideración los dictámenes de puntos de acuerdo de las comisiones. Usted turnó los que se publicaron en la Gaceta, pero falta el trámite correspondiente a los dictámenes de punto de acuerdo de las comisiones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hay acuerdo en cuanto a que si hay oradores no se pondrían a la consideración del pleno, diputado. En los que no hay oradores, que en su orden del día son el 6, 9, 14 y hasta el 22, pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Legislatura ha trabajado denodadamente durante este año de ejercicio legislativo. Hemos abordado temas que son fundamentales para el desarrollo de la normalidad democrática.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estoy interviniendo, diputada, ¿me quiere usted interrumpir? La escucho.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Dado el conocimiento de este acuerdo, me parece que hay que solicitar si no queremos bajar los oradores, para que también se voten los otros puntos de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto. Estamos a su disposición, la escucho.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Retiramos los oradores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ah retira los oradores, perfecto. Entonces del 1 al 5, 7, 8, 10 y hasta el 13, pregunte la Secretaría a la asamblea, si se aprueban.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo mencionados por el presidente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, ser compañeros de una Legislatura nos obliga a trabajar juntos con respeto a la ley, con respeto al Reglamento, con cortesía entre nosotros, con solidaridad, con respeto a las distintas posturas, porque la normalidad democrática así nos los exige.
El proceso parlamentario no deja de ser uno dialéctico, hay una tesis que puede ser la iniciativa, hay una antítesis que puede ser el dictamen y hay una síntesis que puede ser el trabajo responsable del pleno.
Hemos trabajado en esta Legislatura de manera denodada durante un año de ejercicio parlamentario, los temas que aquí se han abordado han sido trascendentes y han sido buenos para la patria, para la nación, para la sociedad, para sectores productivos y entendemos que han servido para fortalecer un régimen de libertad.
Esta Presidencia de la Cámara de Diputados agradece su tolerancia, su paciencia y la convicción de que los errores que hayan podido surgir de este modesto presidente, no son sino de su condición de ser humano.
Agradezco mucho a mis compañeros integrantes de la honorable Mesa Directiva; a las y al vicepresidente; a los y las secretarias.
Agradezco mucho también al personal administrativo de Asuntos Parlamentarios y de Asuntos Administrativos.
Desde aquí le mando un beso cariñosísimo a María Elena Sánchez Algarín, que a sus 60 años de trabajo, en esta Legislatura ha sido un verdadero Ángel de la Guarda.
Honorable asamblea, el trabajo de ser legislador nos obliga a ser responsables y nos obliga a trabajar con toda seriedad, porque en la hechura de la ley estamos construyendo normas que son de carácter general, obligatorio y abstracto.
Les ruego a los presentes ponerse de pie.
Hoy, 30 de abril de 2013, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Sea para bien. Muchas felicidades.
Esta Presidencia informa que comunicará por escrito la conclusión formal del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza a que el acta de esta sesión se dé por leída y se dé copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza a que el acta de esta sesión sea distribuida a los coordinadores parlamentarios de los grupos y se dé por aprobada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (19:02 horas): Aprobado. Se levanta la sesión.
---o0o---