Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno de iniciativa
De la Mesa Directiva, con proposiciones en sentido negativo
Retiro de iniciativa de diputado
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Secretaría de Hacienda, con informe sobre endeudamiento
Agenda política
Comentarios relativos al Día Internacional de las Personas con Discapacidad
María Sanjuana Cerda Franco, PNA
María del Carmen Martínez Santillán, PT
José Francisco Coronato Rodríguez, PMC
Martha Leticia Sosa Govea, PAN
Adriana Hernández Íñiguez, PRI
Dictámenes
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Proposición de urgente resolución
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:21 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer un llamado a Petróleos Mexicanos. Por segunda ocasión los habitantes de la comunidad de Los Reyes, en Papantla, Veracruz, fueron movilizados y abandonados, en virtud de que por segunda ocasión hubo una fuga de gas sulfhídrico, es decir, un gas que no huele y es letal en menos de 30 días.
Por lo que queremos que Petróleos Mexicanos le brinde atención médica inmediata a través de las instancias correspondientes a esas personas. Que pague los daños ocasionados por su negligencia, y sobre todo, exigimos la reparación del ducto, que es el ducto que pasa por la zona arqueológica de El Tajín, que es Patrimonio de la Humanidad.
Es urgente que Pemex responda, antes de que por su negligencia pueda haber lamentables decesos. Es lo que queríamos comentar, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. ¿Dígame, diputado, con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, presidente. Para comentarle que los usuarios de los pequeños comercios, en donde el SAT les ofrece tener una asesoría y trámites gratuitos en su página del SAT se encuentra saturada.
Aún no empieza la reforma y la página ya está saturada. Tenemos más o menos el 45 por ciento de personas registradas, también en el tema de la firma electrónica para cada ciudadano mexicano y para el próximo año todos deberán estar registrados, quien quiera trabajar deberá tener su registro electrónico, de su firma electrónica. Y si el SAT en este momento que todavía no entra en vigor la reforma no está preparado, qué va a ocurrir para más adelante.
Que es muy importante que la Comisión de Hacienda pudiese hacer una reunión con el SAT o las personas corresponsables de este tema, para que puedan regularizar esta situación. Eso es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Jorrín, queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido ya publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de iniciativa.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Y a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Especial para el Desarrollo Sustentable para opinión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios. Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Mesa Directiva, por el que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio del diputado Fernando Zárate Salgado, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Bis y reforma el artículo 56 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el 29 de abril de 2013, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Social. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios. Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió oficio del diputado Alejandro Sánchez Camacho, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de diversas autoridades dos contestaciones a puntos de acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de octubre de 2013. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisión de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día son los comentarios relativos al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente; buenos días a todas y a todos, compañeros legisladores. La discapacidad es una condición que no debe ser motivo para discriminación o exclusión de las personas.
Por el contrario, las personas con discapacidad deben ser referente y ejemplo de perseverancia y tesón, porque en muchas ocasiones han superado su propia discapacidad, pero sobre todo la discriminación que padecen.
En el mundo se considera que existen aproximadamente mil millones de personas con discapacidad. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, 6.6 por ciento de la población presenta alguna discapacidad, siendo las más frecuentes las que tienen que ver con la movilidad, las limitaciones en la visión, en el oído, la discapacidad mental, el lenguaje o la comunicación, atender el cuidado personal y poner atención o aprender.
Hoy 3 de diciembre, día en que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es importante reflexionar en seguir impulsando iniciativas que beneficien a este sector de la población, las cuales atienden a cabalidad sus derechos y sus necesidades conforme a los instrumentos internacionales signados por México en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad.
Un ejemplo de ello, es la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado mexicano en el año 2008. En este sentido, el pasado 23 de septiembre del año en curso, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó por primera vez una reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre discapacidad y desarrollo y adoptó un documento trascendental orientado a promover un avance que tenga en cuenta la discapacidad y que guíe los esfuerzos hacia la creación de una sociedad totalmente inclusiva hacia 2015 y después de esa fecha.
Ante las circunstancias que enfrentan esas personas con discapacidad es importante reconocer el derecho a la educación basado en la igualdad de las oportunidades y la no discriminación, asegurando que la educación esté al alcance de todas las niñas y los niños con discapacidad en condiciones de igualdad con lo demás, de manera que todos tengan las mismas oportunidades para acceder a un sistema educativo inclusivo y de buena calidad.
De esta manera se estará garantizando una mejor calidad de vida, y no sólo; habrá una gran aportación para el desarrollo de este país. La inclusión de las personas con discapacidad no puede representar sólo una utopía, sino que debe ser una realidad.
Por ello es importante sumar esfuerzos para que las personas con discapacidad puedan tener mayor acceso a los servicios de salud, de educación y a la obtención de un empleo digno que, como ya se ha manifestado, esto representará un mayor crecimiento para las personas con discapacidad además de lograr el derecho de su autonomía.
Por ello debemos de sumar esfuerzos, tanto el sector público como el privado, para que las personas con discapacidad tengan acceso a crédito, a vivienda, a financiamiento e impulso para negocios, entre muchos otros.
No podemos soslayar que ante la inminente falta de oportunidades se desencadenan diversas situaciones que se reflejan en una menor economía y en algunos casos pobreza y marginación, situación que es aprovechada por agentes económicos para lucrar con las condiciones de las personas con discapacidad, tratando de cambiar su realidad en actos filantrópicos o asistencialistas que no resuelven de fondo sus problemas de exclusión y marginación.
Son varios los retos que enfrentamos como sociedad incluyente, de manera que todos sus miembros gocen y ejerzan sus derechos. Sin embargo la barrera más grande que hay que enfrentar es la de la cultura y la sensibilidad de las personas para vernos como iguales, para no limitar su derecho de acceso a la justicia, de brindarles servicios de atención médica adecuada a sus necesidades, adecuar el transporte para su movilidad y desplazamiento, mejorar la infraestructura de sectores públicos y privados para que lleven una vida en condiciones regulares.
Compañeras y compañeros legisladores, la mejor forma de conmemorar esta fecha es reflexionar sobre lo que como sociedad hemos hecho por las personas con discapacidad. Es cierto que las autoridades son responsables de diseñar e implementar las políticas que permitan un desarrollo integral de las personas con discapacidad. Pero la discriminación y exclusión que padecen, es el resultado de la falta de conciencia social hacia ese sector.
En Nueva Alianza exhortamos y exhortaremos a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, para que sumemos nuestro mejor esfuerzo para trabajar en la eliminación de la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad, con la finalidad de crear una sociedad que valore la diversidad y la inclusión. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. El origen del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se encuentra el 3 de diciembre de 1992, cuando la Organización de las Naciones Unidas decidió la creación de ese día para hacer llegar el mensaje de igualdad y respeto entre todos los ciudadanos del mundo.
En nuestra Constitución se señala, en el artículo 1o.: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Asimismo disponemos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que aspira a normar el tratamiento legal, la discapacidad. No obstante desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queremos señalar que no basta con disponer de un marco jurídico apropiado, si no se hace conciencia en la sociedad para promover la integración y la igualdad de oportunidades de los discapacitados.
Si aspiramos a que México sea una nación exclusiva, debemos eliminar todas las barreras culturales y materiales para que los beneficios sean accesibles para todos sin discriminación. Este día debe servir para que la gente tome conciencia de cómo viven las personas con discapacidad y los problemas a los que se enfrentan diariamente. Consideramos que la legislación vigente es para garantizar claramente los derechos y la calidad de vida de los discapacitados hasta asegurar su integración total dentro de la sociedad como otra persona, sin discriminación.
En el Partido del Trabajo nos preocupa en especial el atraso que presenta México en el mundo laboral. Es muy sensible para una sociedad moderna que cada vez más personas con discapacidad puedan trabajar y no sean discriminadas por este motivo y que se generan condiciones para que puedan realizar un trabajo, al igual que lo podría hacer otra persona.
En la actualidad son pocas las empresas que buscan contratar y desarrollar perfiles de personas con discapacidad que se puedan alinear a sus necesidades laborales. Destacados especialistas consideran que aunque en los últimos años ha aumentado el esfuerzo por implementar políticas y prácticas a favor de esta población vulnerable, aún son muchos los obstáculos que impiden la incorporación laboral de este sector, así como las ideas erróneas que existen en torno a estas personas –que son poco productivas, por ejemplo–, así como la falta de capacitación e infraestructura.
En México el 5 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, es decir, 5.7 millones de mexicanos en 2010, según el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Exclusión de Personas con Discapacidad. El 27.4 por ciento de la población de discapacitados refiere que la principal problemática a la que se enfrenta es el desempleo.
La gente con discapacidad es un sector de la población en México que requiere de mucha atención antes que nada. Es importante mencionar que ellos son personas que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Es por ello que se ha luchado porque tengan las mismas oportunidades en educación y empleo para que sean reconocidas como personas activas dentro del ámbito laboral.
Por esas afirmaciones, diputada y diputados, no son suficientes las leyes que ciertas empresas las designan incluyentes, sino que el Estado debe ser proactivo en la promoción de empleos y la búsqueda de perfiles con discapacidades, ya que la mayoría de estas personas no se acercan a solicitar empleo por el entorno discriminatorio al que se enfrentan.
Esperamos que al celebrar este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aprovechemos para reflexionar lo que queda por hacer en materia legislativa para contribuir a la plena incorporación social de las personas con discapacidad en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: la discapacidad se ha definido como aquella condición en la cual alguna persona presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su plena y efectiva integración en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás.
El 3 de diciembre de 1982 fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Dicho organismo instituyó este día con el firme objetivo de que los estados miembros tomaran conciencia e impulsaran las acciones necesarias a fin de garantizar el máximo respeto y protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad, y como consecuencia generar la igualdad de oportunidades para ellas y ellos.
De conformidad con datos de la Organización Mundial de la Salud, poco más de mil millones de personas sufren algún tipo de discapacidad; es decir, que un 15 por ciento de la población mundial vive con ella, proporción que se estima irá en aumento en la medida que la población envejece y se incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas.
En nuestro país actualmente hay 5.7 millones de personas con discapacidad, calculándose que al menos el 10 por ciento de la población en México tiene algún tipo de padecimiento que le provoca dificultad para caminar y moverse, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
México ha contraído diversas obligaciones en materia de respeto y protección de los derechos fundamentales de estas personas a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales tales, como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Lo cierto es que a pesar de que el Estado mexicano ha firmado y ratificado importantes acuerdos en este ámbito, hoy por hoy no se ha cumplido con éstos, pues de conformidad con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2010, la población con discapacidad considera que el desempleo es el principal problema que las personas con esa condición enfrentan actualmente el 27.4 por ciento y en segundo lugar la discriminación, con el 20.4 por ciento, seguida de las dificultades que enfrentan para ser autosuficientes, con un 15.6 por ciento y poco se ha hecho para garantizar su accesibilidad y movilidad como mediadas necesarias para el pleno ejercicio de otros de sus derechos.
En cuanto al equipamiento para atender a la población con discapacidad motriz y visual, el 41.5 por ciento de las personas con discapacidad señala que cerca de su casa no hay rampas para sillas de ruedas, y cerca del 50 por ciento dice que no hay espacios exclusivos de estacionamiento.
De igual manera, el 72 por ciento indica que cerca del lugar en donde vive no hay elevadores para sillas de ruedas, el 69 por ciento indica que no cuenta con guías y señalamientos para débiles visuales, y el 66 por ciento que los baños no tienen acceso para sillas de ruedas.
Los integrantes del Grupo legislativo de Movimiento Ciudadano estamos convencidos que hoy más que nunca se debe implementar una agenda política integral para cumplir con el deber que como legisladores no tenemos a nivel constitucional y legal, sino también moral y ético para salvaguardar el ejercicio de los derechos más elementales de las personas que padecen alguna discapacidad, razón por la cual exhortamos a los titulares de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, a adoptar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social para las personas con discapacidad, así como impulsar a nivel presupuestal los recursos que hagan posible la implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades de accesibilidad, trabajo, educación, salud, vivienda, transporte.
Por lo que respecta a la sociedad, en su conjunto, el que rompamos, compañeras y compañeros, la barrera de la discriminación, que hoy por hoy es sin duda el fenómeno más lacerante a sus derechos fundamentales. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación.
Se entiende por discapacidad la interacción de las personas que padecen alguna enfermedad y factores personales o ambientales, así también comúnmente se conoce a la discapacidad como una deficiencia física o mental que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo.
En la actualidad, a nivel mundial más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Refiriéndonos a nuestro país, México, con un total de población de 112 millones, cerca de seis de éstos reportan tener dificultad o limitación para realizar actividades, como caminar, moverse, ver, escuchar, hablar o atender de su cuidado personal. Es decir, son personas con discapacidad.
Estas personas, la minoría más amplia del mundo, a diario enfrentan barreras físicas, sociales, económicas y actitudes que los excluyen de participar de una forma activa como miembros iguales de la sociedad.
Suelen tener un casi nulo acceso a la educación y menos oportunidades económicas, esto se debe principalmente a los obstáculos cotidianos provenientes de la discriminación social, misma que es provocada por la ignorancia, la cual, ésta, la ignorancia, sin duda, es gran parte responsable de la estigmatización que padecen las personas discapacitadas.
Por ello y en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es importante señalar que en todo el mundo, cada 3 de diciembre, de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se intenta despertar el sentido de solidaridad, a fin de lograr la total inclusión de las personas discapacitadas en la sociedad.
Acciones como éstas, se le han sumado la creación del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un órgano de expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Dicha convención afirma que la accesibilidad y la inclusión son derechos fundamentales reconocidos. Sin embargo, también afirma que la existencia de barreras propiciadas por la misma sociedad son las que constituyen un componente de marginación.
Hoy en día, en muchas partes del mundo, la falta de conciencia y de entendimiento sobre lo que es la inclusión y lo que significa la accesibilidad de las personas con discapacidad, a la vida cotidiana, sigue siendo un importante obstáculo a vencer.
Para ello será necesario no solo la creación de leyes, mecanismos o campañas de concientización, que si bien son muy importantes, lo verdaderamente importante es llevarlas a la práctica consistentemente, hasta que no sea necesaria la declaración de un día para la concientización de tan importante tema.
Por ello, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista nos sumamos a las labores de esta ardua pero necesaria lucha, pues coincidimos que la discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes. Por su atención, compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Ana Lilia Garza Cadena.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Cruz Ramírez para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Arturo Cruz Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, hoy 3 de diciembre, al celebrarse un año más del Día internacional de las personas con discapacidad tengo la oportunidad de expresarles a todos ustedes que para el Partido de la Revolución Democrática es una gran responsabilidad servir a uno de los sectores más importantes de nuestro país.
Existe un número de actividades encaminadas a lograr el objetivo de que exista un pleno disfrute de los derechos humanos y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982.
Uno de los retos más prioritarios para nuestra fracción legislativa y para el PRD, es lograr que estas mexicanas y mexicanos puedan gozar de los derechos y beneficios que se deriven de su integración en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de todos los estados de la República.
En el Congreso de la Unión no podemos ser omisos ante tal celebración, que dicho sea de paso, nos compromete a sumar esfuerzos con todas y cada una de las expresiones políticas y sociales de nuestro país, en busca de dignificar su calidad de vida, en virtud de que como sabemos, alrededor de un 15 por ciento de la población mundial, aproximadamente mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial.
De este total, el 80 por ciento de estas personas viven en países en desarrollo como el nuestro, lo que agrava el problema no porque su condición sea determinante para que puedan demostrar su potencial sino porque se encuentran inmersos en una cultura discriminatoria y excluyente. Una cultura que hace sinónimo a la diferencia y a la debilidad.
Existe poca inversión en políticas de atención. Lo anterior se agudiza con la falta de planeación territorial y urbana, ya que las ciudades no están diseñadas para que puedan desarrollarse con plena libertad.
En México, según cifras del Ingei en el Censo de Población y Vivienda del 2010, existen 5 millones 739 mil 270 personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total de nuestro país. Si comparamos la tasa mundial podemos darnos cuenta de que estamos muy por debajo de la media mundial.
Es por ello que el Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, se pronuncia por seguir impulsando las reformas y acciones que en esta materia sean necesarias, con el fin de que las personas que cuentan con alguna discapacidad en México tengan una vida digna, tal y como lo marca nuestra Constitución.
El PRD ha sido, es y será el promotor más persistente en la dignificación de los derechos de las personas con discapacidad. Recordemos que han sido los gobiernos de izquierda los precursores de la implementación de programas sociales que han beneficiado a los sectores más vulnerables de este país, de los que son parte las personas que viven con alguna discapacidad.
Un tema que me preocupa de sobremanera, y que en este momento les comparto, es ver con verdadero asombro que la iniciativa privada, a través de una televisora, tiene la capacidad de mover a toda la nación mexicana cada año para recaudar fondos que son aplicados en este rubro. Señoras diputadas y señores diputados, ¿no es a caso vergonzoso que el sector privado asuma las tareas que por mandato constitucional le corresponden al Estado mexicano?
Finalmente, desde esta tribuna, hago un llamado al presidente de la República para que cumpla en total concordancia con los compromisos que asumió en su campaña, y que además suscribió ante notario público, para que desde este momento sea una prioridad en su agenda el constante apoyo a este sector de nuestra sociedad y que no quede sólo en letra muerta, tal y como lo hizo en el estado de México durante su mandato como gobernador.
A las mexicanas y a los mexicanos que se encuentran en esta condición les digo: como mexicano me siento orgulloso de ustedes, ya son el ejemplo a seguir. Como muestra basta ver que en todas las disciplinas que participan en competencias deportivas obtienen los primeros lugares a nivel mundial.
Además doy la más cordial bienvenida a nuestros participantes en la Feria para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en este momento se encuentran en la Plaza Legislativa. Recuerden que el Partido de la Revolución Democrática siempre estará velando por sus derechos. Felicidades en su día. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Arturo Cruz Ramírez.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Sosa Govea, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Muchas gracias, diputado presidente. Honorable asamblea, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, recordando que un 15 por ciento de la población mundial, aproximadamente mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad.
Celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene como objeto concientizar, sensibilizar, penetrar a la sociedad de esta realidad fomentando su integración social y promoviendo la igualdad de oportunidades.
Asimismo tiene como objeto el que reconozcamos la amplia labor y aportación que estas personas han hecho a la sociedad cada vez que nos demuestran que las aptitudes van más allá de las limitaciones.
Afortunadamente tenemos mucho que presumir, pues en el ámbito cultural hay grandes personas que se han destacado por talento; de igual forma, en cada competencia paraolímpica México logra los primeros lugares en el medallero. En las pasadas paraolimpiadas la participación de nuestro país culminó con una cosecha de 6 medallas de oro, 4 de plata y 11 de bronce para un total de 21 medallas y sin dejar de mencionar la inclusión de todos aquellos niños talento con alguna discapacidad, sea motriz, intelectual, visual, auditiva o de lenguaje, potencializando sus virtudes y demostrando el esfuerzo que hacen para lograr esos triunfos.
Es oportuno, compañeras, compañeros diputados, en esta fecha recordar lo siguiente: más de 5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en México, 39 de cada 100 están discapacitados a consecuencia de alguna enfermedad, 30 de cada 100 discapacitados labora más de 48 horas a la semana; 58 por ciento de niños menores presentan deficiencias físicas y mentales a causa precisamente de la mala alimentación; 15 de cada 100 personas están discapacitadas por accidentes.
La prevalencia de la discapacidad en nuestro país ha crecido un 15 por ciento, igual que en el mundo, los casos aumentan debido al envejecimiento de la población; 92 millones de estas personas viven con dificultades de movilidad o funcionalidad severas.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional creemos que el Estado mexicano debe de reiterar su firme compromiso de generar condiciones que permitan a todas las personas desarrollarse de una forma integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación.
Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos interpretan el párrafo dos, del artículo 12 de la Convención, en el sentido de que en caso de discrepancia entre dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse en estricto apego al principio pro homine, la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas.
En Acción Nacional nos congratulamos del reconocimiento a las personas, niños y adultos que han avanzando no obstante su discapacidad. Felicitamos en este día a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por el trabajo realizado y por esta feria de inclusión de las personas con discapacidad que hoy y durante tres días engalanan a la Cámara de Diputados. Felicidades. Enhorabuena.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Martha Sosa Govea.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Adriana Hernández Iñiguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Adriana Hernández Iñiguez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Mucho se ha dicho sobre el carácter excluyente de la sociedad mexicana. De nuestra forma de relacionarnos, de la manera en cómo nos discriminamos, sobre nuestra escasa vocación para levantar a quien se encuentra caído. Cómo es que para ofendernos utilizamos términos como “naco”, “indio”, “gata”, entre muchos otros.
Durante su estancia en la Nueva España, el Varón de Humboldt percibió con sorpresa la terrible desigualdad que aquejaba a la sociedad colonial, relatando con precisión cómo es que convivía la mayor de las pobrezas con la mendicidad. Poco tiempo después, José María Morelos apuntaba como uno de los fines de la sociedad –que surgiera tras la Independencia- la reducción entre la opulencia y la indigencia.
Quienes así perciben a nuestra sociedad tal vez tengan algo de razón. De otra manera no podría concebirse la expedición de leyes y la creación de instituciones dirigidas a eliminar la exclusión y la discriminación.
A pesar de lo mucho que se ha avanzado durante el último siglo, lo cierto es que aún queda por incorporar al desarrollo a millones de personas que hasta ahora sólo han sido testigos, que no partícipes, del progreso de nuestro país.
Excluidos dentro de los excluidos, quienes padecen alguna forma de discapacidad, se ven diariamente confrontados con una realidad que les impide desarrollar a fondo sus facultades. Un entorno al que todos, de una u otra forma, contribuimos.
Empleadores reticentes que se niegan a otorgar contrataciones. Educadores y alumnos poco sensibles a quienes desde una silla de ruedas comparten con ellos un aula. Empresas que se niegan a poner en sus mostradores a personas que, según ellos, según sus muy criticables parámetros estéticos, no lucen bellos por usar muletas. Automovilistas que estacionan vehículos en lugares reservados para personas con alguna discapacidad.
Hoy se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Hoy es un buen momento para reflexionar sobre lo que hemos logrado acerca de lo mucho que nos falta por avanzar y, sobre todo, para agradecer a ese grupo de mexicanos lo mucho que han dado por este país, que en ocasiones resulta tan hostil.
Ahora contamos con toda una estructura constitucional y legal que no sólo reconoce a los discapacitados como personas con derechos plenos, sino que establece un catálogo de prerrogativas dirigidas a hacerlos valer.
Aunado a lo anterior, se han creado instituciones de seguridad social y garantes del derecho a la no discriminación que buscan hacer llevar a la práctica tales propósitos, así como evitar desvíos de poder y abusos de autoridad. El reto es ahora acercar tales construcciones constitucionales a sus beneficiarios y hacer que sean funcionales.
Legislar y edificar instituciones no es suficiente, compañeras y compañeros, se hace necesario un cambio cultural, una nueva forma de conducta que tienda a proscribir la discriminación, una nueva forma de conducta que cambie el paradigma, que sea un paradigma incluyente, que se vea reflejado en las calles, en las fábricas, en las oficinas, en las aulas y en los centros de poder.
De nada servirá la acción del gobierno si el ciudadano común no cambia su actitud hacia las personas discapacitadas, si no se vuelve cortés al conducir su automóvil, si no cede su asiento en el transporte público, si evita darle trabajo a quien padece alguna desventaja física, si no cambia su forma de expresarse.
Esa es otra tarea fundamental que pasa necesariamente por la educación y a la cual apelamos como un elemento transformador.
Sin embargo existen elementos que nos llaman al optimismo. Jóvenes aparentemente discapacitados que se cuelgan cada cuatro años medallas olímpicas; medios de comunicación que usan su poder de convocatoria para llamar a la construcción y mantenimiento de centros de rehabilitación; normas de construcción y de tránsito que invitan a respetar a quienes sufren por causa de un malestar físico; programas de gobierno que buscan abrir las puertas de las instituciones a quienes desde su posición de desventaja necesitan acceder a satisfactores como la salud, la educación, vivienda, etcétera.
Compañeras y compañeros, no seamos rehenes de nuestras inercias o prejuicios. Desprendernos de ello nos liberará como una sociedad y como individuos y contribuirá a la construcción de una sociedad más democrática, más plural, donde todos desde nuestras diferencias quepamos sin distinción.
“Lo único peor a no tener vista –decía Helen Keller– es no tener visión”. Tengamos visión, compañeras y compañeros. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Adriana Hernández Íñiguez.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 y adiciona un artículo 34 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pido a la Secretaría que dé cuenta de los demás dictámenes para declaratoria de publicidad.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social.
De la Comisión de Deporte con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
De la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal.
De la Comisión de Economía que reforma el artículo 192 de la Ley de Propiedad Industrial.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 71 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal.
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
De la Comisión de Pesca con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que expide el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
De la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 y adiciona la fracción VI al artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil.
De la Comisión de Vivienda con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Vivienda.
De la Comisión de Vivienda con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Vivienda en materia de accesibilidad a la vivienda.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad de los tres primeros dictámenes, el primero de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el número 2 de Justicia y el número 3 de Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se pongan a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen número uno, de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; el dictamen número dos, de la Comisión de Justicia y de Seguridad Social, y el dictamen tres, de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público se pongan a discusión y votación de inmediato.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 y adiciona un artículo 34 Ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Señoras y señores legisladores. El dictamen que presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en este momento cubre un aspecto procedimental en la designación de los titulares de las contralorías internas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Posteriori de la reforma constitucional que dio origen a estos dos organismos autónomos era indispensable el establecer el procedimiento mediante el cual en cada una de las dependencias se designaría a los titulares de las contralorías internas de ambas instituciones, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.
Tal como ocurre con el nombramiento del contralor general del Instituto Federal Electoral, aquí es el inicio de un proceso por medio del cual se podrá ya designar a aquella mexicana o mexicano que será el principal responsable de asegurar la debida aplicación de los recursos asignados a esos organismos, quien promueva una sólida cultura de rendición de cuentas, de transparencia y de combate a la corrupción.
Así, como ser el sujeto garante para que los servidores públicos adscritos al Ifetel y a la Coface, cumplan con las funciones que les marca la ley. Es un aspecto fundamental cuando en nuestro país campean la transparencia y la rendición de cuentas, tal como se aprecia en el índice de percepción de corrupción 2013, elaborado por transparencia internacional y dado a conocer en días pasados.
México hoy ocupa el lugar 106 de 177 países. Este Congreso debe de tomar todas las medidas atinentes para poder día a día ir disminuyendo en la posición de hacer de México un país transparente y que rinda cuentas fehacientemente en cada una de sus esferas, sea autónomo el organismo o no, aquel sujeto que recibe recurso público por ello mismo tiene la vocación de rendir cuentas a todo el pueblo de México.
En Nueva Alianza, conscientes de esta situación daremos nuestro voto a favor de esta reforma al artículo 34 y a la adición del artículo 34 Ter, a nuestra Ley Orgánica, ya que al nombrar al titular de las Contralorías internas Estos serán quienes hagan realidad, con el respaldo de las dos terceras partes de esta Cámara, un principio universal de derecho: todo servidor público debe estar sujeto a las leyes y éstas deben disponer lo necesario para asegurar su cumplimiento por parte de aquéllos. Damos cauce pleno a la legalidad que nos mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En Nueva Alianza conscientes somos y siempre en todo momento estaremos del lado de la sociedad mexicana. Seremos fehacientemente vigilantes del debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de los servidores públicos en la esfera de nuestra competencia en este Congreso, en el ejercicio que éstos, los servidores públicos realicen de los emolumentos que se le dotan bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, que es el principio rector de esta reforma.
En Nueva Alianza conscientes estamos que para el progreso es indispensable la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, sean órganos autónomos o no. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Luis Antonio González Roldán. Por la Comisión, tiene el uso de la palabra la diputada Brenda Alvarado Sánchez.
La diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez: Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas, diputados, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante ustedes a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el dictamen con proyecto de decreto, que reforma el artículo 34 y adicional el 34 Ter, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esta reforma se buscan dos propósitos fundamentales: dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, párrafo dieciocho, fracción XII, de la Constitución, así como establecer un procedimiento claro para la designación que la Cámara de Diputados debe hacer respecto a los contralores del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de la Competencia Económica.
De acuerdo a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2013, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, además de ser autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores.
De igual forma, creó la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto garantizar la libre competencia y la concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Como parte de la reforma, el artículo 28, párrafo 18, fracción XII, de la Constitución, señala que cada órgano contará con una Contraloría Interna cuyo titular se designa por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.
El 23 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del instituto, en la cual se contempla la creación de un Consejo de Transparencia. Este consejo será el órgano interno que atenderá, resolverá los recursos de revisión que interpongan los particulares en contra de las resoluciones del Comité de Información.
Asimismo, se establecen las atribuciones de la Contraloría Interna, las cuales serán ejercidas por los funcionarios adscritos al área hasta en tanto no sea designado el titular de dicha área por la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, es necesario que a la brevedad esta Cámara emita la regulación con la cual se llevará a cabo el nombramiento de los titulares de las contralorías de ambos organismos, identificados como Ifetel y Cofece.
De esta forma se estará dando cumplimiento a la reforma, entendiendo que cuando la Constitución menciona la ley como el ordenamiento que debe establecer el procedimiento que se refiere a la Ley Orgánica del Congreso, pero además con ello se permitirá la integración y el funcionamiento adecuado de los órganos internos que deben formar parte de Ifetel y Cofece.
Los integrantes de esta comisión estamos de acuerdo con el contenido de la iniciativa, porque consideramos que con ella avanzamos en la regulación secundaria que permitirá dar mayor eficacia y solidez a la aplicación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Resulta oportuno comentar que además de las adecuaciones que se realizaron para una mejor utilización del lenguaje jurídico se estimó conveniente, con el fin de dar congruencia con la incorporación al artículo 34 Ter, propuesto por la iniciativa, incluir el mandato expreso para que la Junta de Coordinación Política proponga al pleno la convocatoria para la designación de los titulares de las contralorías internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tal como ocurre con el contralor general del Instituto Federal Electoral.
Asimismo, proponemos modificar el artículo 34 de la remisión del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el Reglamento de la Cámara de Diputados, en razón de ser el ordenamiento vigente que rige los trabajos del proceso legislativo y parlamentario de esta Cámara.
De igual forma, se estimó conveniente que la designación de estos contralores internos, así como su ámbito de competencia y facultades de los que resultaran designados en tal carácter, se sujetará a la normatividad aplicable, hasta en tanto se realizan las reformas que se derivan del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2013.
Bajo el mismo criterio se establece que la duración del cargo será por seis años, pudiendo ser reelectos por una sola vez, en congruencia por lo provisto en los artículos 41 de la Constitución federal, que el quinto párrafo de la fracción V establece lo siguiente: el titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta de las instituciones públicas de educación superior, de la forma y términos que determina la ley durante seis años en el cargo y podrán ser reelectos por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria para la entidad de Fiscalización Superior de la Federación.
Para concluir, comparto con ustedes que en el seno de esta comisión, a propuesta de algunos integrantes, se estimó pertinente incorporar, en el artículo segundo transitorio, algunos supuestos que permitan agilizar la designación de los contralores, mencionados en la presente reforma. Pero al mismo tiempo, establecer los requisitos mínimos que deberán cumplir los ciudadanos propuestos para efectos de la primera designación. Por lo anterior expuesto y fundamentando, nos permitimos solicitar su voto a favor del dictamen que aquí se ha comentado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Brenda Alvarado Sánchez. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos de la escuela primaria Amado Nervo, del municipio de Netzahualcóyotl, estado de México, están aquí invitados por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, la creación de órganos autónomos en un estado, corresponde al reconocimiento de la inconveniencia de que el poder político rija o influya en la materia motivo de la atención del órgano autónomo.
Lo anterior se sostiene por considerar que la intervención del poder político en esas materias tendría como consecuencia un efecto pernicioso que afectaría el desarrollo de ámbitos esenciales en la vida democrática del país.
Producto de una larga lucha de la sociedad civil, se ha reconocido la necesidad de establecer la autonomía del banco central, del INEGI, de la Comisión de Derechos Humanos y más recientemente, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica que hoy nos ocupa.
Se ha determinado, igualmente, la existencia de una contraloría en cada instituto, la cual tendrá a su cargo la vigilancia de las actividades y el ejercicio de recursos por parte de esos órganos.
Ahora, si la función independiente de un órgano autónomo resulta primordial para el ejercicio de su encargo, restringiendo en todo momento la participación del poder político, la función de vigilancia sobre esos órganos debe gozar, igualmente, de independencia absoluta del poder político. Sin embargo, esta premisa fundamental es ignorada por el dictamen que hoy estamos discutiendo, pues en el mismo se pretende sujetar el trámite de la designación a la intervención de la Cámara de Diputados y de la Junta de Coordinación Política misma.
Esto es, el trámite consistirá en que la convocatoria será puesta a consideración del pleno por parte de la Junta de Coordinación Política, esa muralla china que no deja pasar si no lo que conviene a sus muy particulares intereses de grupo, previo consenso entre los grupos parlamentarios para que una vez que haya sido aceptada se someta al pleno para la elección de los contralores respectivos.
Este trámite de designación ha evidenciado que los funcionarios electos terminan por responder más a quienes han sido los promotores de sus cargos y en ningún momento se erigen como representantes de esos órganos. Con tal mecanismo la revisión de las actividades de tales entes quedará al arbitrio del poder político, de cuya influencia se pretende eludir dado su carácter de órganos autónomos.
Es evidente que replicar estos mecanismos para la designación de los contralores del IFE y de la Cofece provocará de nueva cuenta el reparto político de los cargos y la conveniencia política de los integrantes de la Junta de Coordinación, dejando fuera la independencia que debe guardar el órgano autónomo.
Más aún, el paso de tal decisión por la Junta de Coordinación Política no garantiza una decisión que vaya en el sentido más adecuado para las instituciones correspondientes y, en cambio, sí podría estar sujeta a la dinámica política propia de la Junta, que sólo vela por sus intereses.
Valga también este posicionamiento para denunciar la naturaleza cerrada y autoritaria de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en la que bajo el argumento de la búsqueda de consensos se actúa incluso por encima del pleno, que en teoría es el recipiente auténtico de la voluntad popular. Como ejemplo contundente de lo anterior podemos mencionar la reciente emisión de la convocatoria para seleccionar a los consejeros electorales del IFE hoy vacantes.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del proyecto de dictamen, pues el mismo no pretende más que replicar un mecanismo que ha sido probadamente erróneo, caduco y abiertamente antidemocrático. Los invitamos a compartir estos argumentos y a votar consecuentemente en contra del dictamen aquí presentado. Gracias a todos por su atención. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfonso Durazo Montaño. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, campus Tula de Allende, Hidalgo, invitados por el diputado Pedro Porras Pérez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, saludamos y damos la más cordial bienvenida a alumnos del tercer semestre de la carrera de derecho de la Universidad Angelópolis, del estado de Puebla, invitados por el diputado José Enrique Doger Guerrero.
Saludamos también con enorme gusto el día de hoy, a representantes de las olimpiadas de personas con discapacidad que nos acompañan en este pleno de la Cámara de Diputados: a Jorge Reyes, a Beatriz García, a Milagros Esperanza, a Juan Luis Chagoya, a Ana Lucía Díaz, a Elías Daniel Murillo, a Lizet Acosta y a Pedro Hernández. Todos ellos invitados por la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Bienvenidos, bienvenidas a la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Felipe Arturo Camarena García, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, hoy nos hallamos en la discusión de un tema que no debe producir mayor polémica, pues pese a su gran importancia es un tema noble y atiende a una función argumentativa y de operatividad, la sistematicidad de las normas.
En concreto, nos referimos al principio a coherentia, el cual establece que dos disposiciones no pueden expresar normas incompatibles. La respectiva fundamentación atiende al principio de conservación de las normas y al a coherencia del sistema jurídico.
En este sentido apreciamos que el dictamen puesto a discusión nos propone sistematizar y completar lo ordenado en el texto supremo del país. Es decir, el párrafo 18 del artículo 28, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que cada órgano, refiriéndose a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones contará con una contraloría interna cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados en los términos que dispone la ley.
El ordenamiento al que alude la Constitución es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se pretende entonces, suplir la inexistencia del método para la designación del contralor en una ley secundaria, pero también se establece el método y la realización colocando en la ley una nueva competencia a la Junta de Coordinación Política para proponer al pleno las convocatorias de los titulares de las contralorías internas, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos de la normatividad aplicable para estos organismos.
Para tal efecto, el dictamen coloca un proceso parecido en algunos casos al de la designación de los consejeros del Instituto Federal Electoral reconocido hoy en el artículo 34 Bis de la misma Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Así las cosas, el dictamen concluye ratificando el tiempo que durarán en su encargo los contralores; en este sentido y no encontrando motivo alguno para oponernos al presente dictamen por hallarse en perfecta coherencia con el orden jurídico que nuestra bancada, la del Partido Verde Ecologista –que lo hicimos desde la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias– apoyamos en los términos el asunto en discusión reiterando las bondades de contar con un esquema jurídico lo más coherente posible para simplificar las competencias de los órganos del Estado y fincar, de ser el caso, las responsabilidades propias de los funcionarios en el sistema.
Nuevamente, compañeros que están presentes en esta reunión de pleno, es lamentable que los temas a discusión y tan importantes como es el nombramiento de estos contralores, sean pocos los compañeros que se encuentran bajo esta gran responsabilidad.
Pero ahora que están por acercarse los días navideños, antes de despedirse hagan unos propósitos importantes. Que los próximos tres periodos que nos corresponden como LXII Legislatura, acudan a cumplir con la responsabilidad para la que fueron electos en cada uno de sus distritos. Ojalá no lo echen en saco roto. Y, si no, yo les pediré mucho a Santa Claus y a los Santos Reyes para ver si les llevan en un morralito una gran calidad de responsabilidad para cumplir con esta gran función y esta gran responsabilidad. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Felipe Arturo Camarena García.
Ha sido colocado un ejemplar del libro Norberto Bobbio, Centenario en cada una de las curules. Este libro ha sido editado por la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión que preside el diputado Heriberto Galindo Quiñones. Muchas gracias, diputado Galindo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Salgado Parra, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Salgado Parra: Con su permiso, diputado presidente. El día 11 de julio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes y ser autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores.
De igual forma, se creó la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo, ya que como refiere el artículo 28 de la Constitución Federal, se desprende que el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos que establece esta Constitución.
Como parte de la reforma del artículo 28, párrafo 18, fracción XII de la Constitución, señala que cada órgano contará con una contraloría interna cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos en que disponga la ley.
Los órganos de gobierno tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se integrará por siete comisionados incluyendo al comisionado presidente, designado de forma escalonada a propuesta del Ejecutivo federal, con la ratificación del Senado.
Asimismo el 23 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del Instituto en el cual se contempla la creación del Consejo de Transparencia. Este consejo será el órgano interno que atenderá y resolverá los recursos de revisión que interpongan los particulares en contra de las resoluciones del Comité de Información, asimismo se establecerán las atribuciones de la contraloría interna, las cuales serán ejercidas por los funcionarios adscritos al área hasta en tanto no sea designado el titular de dicha área de la Cámara de Diputados.
Es decir, que el Ifetel y la Cofece deberán contar con contralores internos designados por el Congreso. Sin embargo si bien la Constitución establece la obligación y el deber legislativo de proceder a la correspondiente designación, persiste aún un vacío normativo en lo relativo al procedimiento que deberá seguir esta Cámara para ello.
Por lo cual nuestro grupo parlamentario se manifiesta a favor de la reforma propuesta a la ley orgánica para que sea una atribución de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y los cuales estos funcionarios tendrán que ser garantes de la legalidad en las operaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Combatir cualquier indicio de corrupción en las operaciones de estos órganos, lograr encauzar el propósito estratégico de impedir la acumulación monopólica en la esfera de las telecomunicaciones y de la competencia económica y promover la libre competencia y las garantías esenciales de los nuevos actores en estos importantes ámbitos de desarrollo económico del país.
Proponer al pleno las convocatorias de la designación de los titulares de las contralorías internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los funcionarios deberán ser electos por mayoría calificada y la elección deberá realizarse utilizando el sistema de votación electrónica y si no es posible, será por cédula.
Es importante señalar que estos contralores internos tengan la vinculación estratégica y funcional con la Auditoría Superior de la Federación porque será el órgano encargado que tiene la facultad la Cámara de Diputados del ente fiscalizador como lo es la Auditoría Superior de la Federación en correlación con todas las contralorías internas para que nosotros tengamos el conocimiento de lo que sucede en estos órganos tan importantes para el desarrollo democrático del país.
Y lo más importante en la materia de telecomunicaciones que creo que será la principal función que deberán desempeñar estas contralorías internas. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Jorge Salgado Parra. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Adame Alemán, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en primer lugar quiero decirles que coincido totalmente con el compañero Camarena en su dicho y en la forma en cómo lo dice, porque es necesario que estemos presentes en todos los asuntos que estemos discutiendo en esta Cámara.
El asunto en particular responde ciertamente a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se hizo en esta Cámara de Diputados. En ella se menciona la necesidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Cofeco, puedan contar con un contralor que además sea designado por la Cámara de Diputados. Pero ante esta designación lo que hacía falta era el mecanismo para que esto pudiera suceder.
Por lo tanto, el proyecto de decreto que se pone a su consideración, que fue trabajado en la comisión del diputado Marcos Aguilar, pretende modificar ciertos ordenamientos para que esto pueda ser posible, y la iniciativa sustenta su propuesta en los siguientes argumentos.
Primero, la reforma constitucional hecha el 11 de junio del 2013, en la cual se plantea un nuevo marco en materia de telecomunicaciones, en donde se establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Tengo que comentarles que el Ifetel mantendrá el control sobre las decisiones del sector, otorgará y supervisará el buen uso de las concesiones y sancionará a quienes no cumplan con la ley, mientras que la Cofeco tiene como objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos que establece esta constitución y las leyes.
Ambos órganos deben contar con contralores internos designados por el Congreso; sin embargo, si bien la Constitución ha establecido la obligación y el deber legislativo de proceder a la correspondiente designación, persiste este vacío normativo en lo relativo al procedimiento que debe de seguir esta Cámara para tal nombramiento.
Por lo tanto, se ha considerado que la Junta de Coordinación Política sea el órgano y es el órgano más adecuado para impulsar un procedimiento de este tipo, lo cual guarda perfecta correspondencia no sólo con las atribuciones que a dicho órgano ya concede la misma ley, sino con el procedimiento similar relativo a la designación de funcionarios de otro órgano autónomo del Estado mexicano: el Instituto Federal Electoral, cuya renovación deriva de lo que el pleno de esta Cámara resuelva, a propuesta previa de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
De ahí que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones sea posible emitir las normas secundarias que regulan los procesos y procedimientos relativos a las tareas fundamentales señaladas en la Constitución, como lo es la designación del contralor interno, que corresponde a esta soberanía.
De esta forma se estaría dando cumplimiento a la reforma, entendiendo que cuando menciona a la ley se refiere a la Ley Orgánica del Congreso; pero además se permitiría la integración y el funcionamiento adecuado de los órganos internos que deben formar parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Cofeco.
Sin embargo, valga la mención en esta tribuna para decir que aún está pendiente todo el marco de la propuesta de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. La fecha que nosotros nos autoimpusimos fue el 9 de diciembre de este año, 180 días a partir de que aprobamos la reforma. Es fecha que todavía no se presenta una propuesta para la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, lo que puede indicar que este Congreso no cumplirá con ese plazo y que tendremos que realizar todo el trabajo el próximo año.
Invito a todos los diputados a que podamos estar pendientes de estas leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones para que, si no se cumple el plazo el 9 de diciembre, sí tengamos esta propuesta en la cual el sector de telecomunicaciones esté esperando la certidumbre para poder invertir en nuestro país para poder tener un sector de telecomunicaciones mucho más amplio, con mayor competencia, con mejores precios y con servicios de mayor calidad para todos los usuarios de telecomunicaciones.
Quiero comentarles que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen, pero haciendo la invitación a que tengamos ya de manera muy pronta la iniciativa del Ejecutivo en materia de legislación secundaria de telecomunicaciones. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Juan Pablo Adame Alemán. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina González Cruz, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Cristina González Cruz: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 34 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta iniciativa fue presentada sin duda con un estudio previo y análisis, pero sobre todo la necesidad de llevarla a cabo por parte de nuestro diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI.
Compartirles a ustedes que nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor del dictamen que el día de hoy se ha puesto a consideración de esta asamblea, y el cual tiene como objeto reformar el artículo 34, numeral 1, inciso h) y adicionar un artículo 34 Ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle facultades a la Junta de Coordinación Política con el fin de que participe en el proceso de designación de los titulares de las contralorías internas tanto del Instituto Federal de Comunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, tal y como sucede con el nombramiento del Contralor General del Instituto Federal Electoral.
Toda vez que es menester adecuar el marco jurídico en la materia derivado de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio y el 23 de septiembre de 2013, mediante los cuales se crean los citados organismos autónomos.
En esta reforma, del 11 de junio de 2013, tuvo importantes beneficios y mencionaré algunos. Con esta reforma se creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes, y ser autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores.
De igual forma, creó la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo, ya que como refiere el artículo 28 de la Constitución Federal, se desprende que el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables.
La reforma que hoy nos ocupa obedece al mandato constitucional consagrado en el artículo 28 de la Ley Suprema, el cual señala a la letra que cada órgano contará con una Contraloría Interna cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.
En este sentido y bajo la lógica jurídica y legislativa que ha operado en el sistema político mexicano, en donde la división de poderes es el régimen por el que hemos optado y el cual se objetiva en la teoría de los pesos y contrapesos explorada ya desde los clásicos, resulta necesario incluir en nuestra Ley Orgánica la disposición expresa para que la Junta de Coordinación Política proponga al pleno la convocatoria para la designación de los titulares de las Contralorías Internas de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lo anterior en el entendido que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, por tanto es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente corresponden.
Es de señalarse que existe plena coincidencia con la Comisión dictaminadora y con el diputado proponente sobre la necesidad de establecer los requisitos para designar a los titulares de sendas Contralorías Internas, los cuales sentarán las bases mínimas para llevar a cabo las reformas a las leyes secundarias derivadas de la citada reforma constitucional, así como la incorporación de algunos supuestos que permitan agilizar la designación de los contralores.
Contar a la brevedad con dichos nombramientos objetiva el mandato constitucional y contribuye al cabal funcionamiento de dichos organismos. Finalmente, es de señalarse que perfeccionar el marco jurídico en una materia tan importante como la que nos ocupa fortalece al Poder Ejecutivo y fortalece al estado de derecho.
Compañeras y compañeros legisladores, los conminamos a que aprueben este dictamen de suma importancia, sobre todo porque le da la legalidad y cubre un vacío que es necesario que el día de hoy con esta reforma tengamos, sin duda, los lineamientos para la designación de los mismos, las condiciones pertinentes. Agradecerles sin duda alguna su atención y exhortarles para que aprobemos tan importante dictamen. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Cristina González Cruz.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores y en virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que se emitieron 368 votos en pro, 1 abstención y 28 votos en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 34 y adiciona un artículo 34 Ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación; y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. ¿Dígame, diputado, con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Solamente para prevenir, porque se está diciendo mucho aquí en los corridos de la Cámara, de que la reforma política, que todavía no es aprobada en el Senado, que por cierto ni siquiera acaban el trámite en Comisiones Unidas, que la idea es pasarlo directamente al pleno aquí en la Cámara de Diputados, cuando ni siquiera se ha aprobado en la colegisladora.
Yo lo que quisiera llamar la atención es a que seamos muy escrupulosos en el debido proceso, no sería una decisión cualquiera, y es correcto que las comisiones tengamos, ahí en ese espacio, el tiempo para poder trabajarlas, dar nuestra opinión, y en su caso, enriquecerlas.
Sería verdaderamente muy grave que algo tan trascendente se pasara fast track al pleno, sin la oportunidad de darle la atención debida, tal como marca nuestra legislación. Entonces, cumplamos nuestra legislación y que se cumpla el debido proceso.
Es un exhorto, tanto a la Junta de Coordinación Política como a la Mesa Directiva, para que se cuide el procedimiento. Es eso, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Fernando Belaunzarán. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, a nombre de la Comisión de Justicia, queremos presentar a ustedes, esta mañana, un dictamen que tiene qué ver con una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo y que se refiere a modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decir a ustedes, en principio, que en la Comisión de Justicia se hizo un gran esfuerzo para poder llegar a un consenso en la presentación del dictamen que ahora tienen ustedes, ahora, valga la redundancia, a su consideración.
Cuáles son los temas que éste contiene. Los temas importantes que este dictamen contiene son la tipificación más precisa de terrorismo. La nueva tipificación de financiamiento al terrorismo. Una precisión en el tipo de lavado de dinero y algunas de sus consecuentes.
Todo esto, naturalmente que son temas para nosotros sensibles y de gran importancia. Debo dejar claro, por lo que respecta al primero de los temas, terrorismo, que es bien preciso el que la definición que logramos votar en este dictamen tiene qué ver con la concatenación de algunas conductas, y no solamente con la circunstancia de que se dé una de ellas.
Es importante señalar que este tipo que va en el artículo 139 del Código respectivo, dice: a quien utilizando y tiene una serie de sustancias tóxicas, armas químicas y luego usa, además, el requerimiento de que sea por medio violento, que sea de manera intencional. Y he de decir que esta circunstancia la incorporaron algunos de los grupos parlamentarios de izquierda, que creo que deja mejor precisado el tipo. Y finalmente, tendría que también coincidir que fuese contra actos o en actos en contra de bienes y servicios públicos y privados, o contra la integridad física emocional o vida de personas. Y todo esto tendría que darse en una circunstancia de producción de alarma, temor o terror en la población.
La calificación para este tipo, entonces, a las autoridades que generan la averiguación previa o que pudieran procesar penalmente en el Poder Judicial, queda acotada al cumplimiento de todas y cada una de éstas condicionantes que se dan en el tipo.
Es importante señalar que igual, en el financiamiento al terrorismo que se incorpora a nuestro Código Federal Penal, está bien claro que ha de ser un delito que aunque por naturaleza lo sea, más valía, como nos lo insistieron algunos compañeros, que lo pusiésemos en esta redacción de nuestro artículo 139 Quáter.
Igualmente participaron –lo digo abiertamente, ante todos ustedes– nuestros compañeros de las bancadas de Acción Nacional, del Verde Ecologista, junto con el Grupo Parlamentario del PRI, para mejorar y enriquecer la iniciativa del Ejecutivo en lo que tiene que ver con las cuestiones del lavado de dinero, sobre todo para no penalizar aquellas conductas que ya tienen una sanción administrativa por cuanto a servidores públicos que tienen que rendir algunos informes a las autoridades que revisan este asunto del lavado de dinero.
Fue un muy buen esfuerzo de la Comisión de Justicia, les pedimos a ustedes, compañeras y compañeros, que apoyen este esfuerzo de la comisión votando a favor de este dictamen que logró articular los puntos de vista de todos aquellos quienes participamos en esta discusión y que creo que pudimos enriquecer, modificar y suprimir algunas cuestiones que preocupaban a nuestros compañeros de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara.
Por eso, compañeras y compañeros, les pedimos su voto a favor del dictamen y naturalmente que sabemos que será en beneficio de nuestro país por cuanto a que previene algunos delitos que en el orden internacional afortunadamente no acá nosotros los tenemos, pero que en el orden internacional atentan en contra de diferentes naciones. Por su atención muchísimas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general. Y tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen emitido en el seno de la Comisión de Justicia, que analiza el proyecto de reforma que el Ejecutivo federal presentó en el pasado mes de mayo, en el cual plantea se reformen y adiciones diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a lo sensible o problemática que el terrorismo nos plantea hoy en día es sumamente importante.
El terrorismo se aprovecha de la evolución y la mejora continua de las nuevas tecnologías, las cuales brindan nuevos mecanismos y escenarios que pueden llegar a poner en riesgo a nuestra sociedad, razón por la cual es necesario actualizar el marco jurídico vigente en esta materia para defender la integridad del Estado mexicano.
En ese sentido, y bajo la premisa de fortalecer el Estado de derecho, consideramos acertada la propuesta que desde el Ejecutivo federal se envió a esta soberanía, para que las acciones que tengan la intención de desestabilizar al gobierno y a la sociedad mediante actos terroristas se sancionen de manera enérgica, así como aquellos actos o acciones tendientes a financiar, encubrir o facilitar la consecución de dichos actos de cobardía.
Un elemento positivo a señalar es la ampliación del objeto pasivo de la acción terrorista, ya que en la norma vigente solamente los bienes y servicios de orden público están considerados como destinatarios de la misma ante un ataque que busque generar temor o terror, por lo que la propuesta de reforma que nos ocupa amplía el espectro el espectro de la norma para que también los bienes y servicios de naturaleza privada estén protegidos en este sentido.
El espíritu del dictamen aprobado en la Comisión de Justicia, refleja de manera adecuada lo plasmado en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, armonizando de manera concreta nuestra legislación con el orden jurídico internacional para facilitar el combate frontal y compartido contra el terrorismo, el cual no respeta fronteras y afecta a regiones enteras generando escenarios de riesgo y amenazas compartidas.
Es prioridad de las distintas instancias, niveles, entidades que conforman al Estado mexicano, el salvaguardar la integridad de las y los mexicanos, así como su patrimonio, por eso es imperativo para nosotros como sus representantes, el tener una legislación antiterrorista que esté acorde a la realidad tecnológica y política que nos ha tocado vivir para que desde la prevención y el uso de la inteligencia financiera y de seguridad se fortalezca la lucha en contra de los que buscan generar terror y destrucción para amedrentar a la sociedad y a su gobierno.
En Nueva Alianza nos adherimos a las reformas que buscan dar al Estado democrático los mecanismos legales para proteger y prever las acciones y políticas pertinentes para contener y, en su caso, reducir las acciones de los diversos grupos que tanto en el extranjero como dentro de nuestras fronteras intentan esclavizar a base de miedo y el terror a la población civil y reducir el poder legítimo del Estado.
Sumemos esfuerzos para dotar a nuestro marco jurídico de las herramientas que protejan y salvaguarden a nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Fernando Bribiesca Sahagún. Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a niñas y niños del quinto grado de educación primaria con alto nivel de desempeño, provenientes de diferentes puntos del estado de Sinaloa. Invitados por el diputado Heriberto Galindo Quiñones. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados; al igual que a alumnos y docentes del Instituto Progreso y Esperanza, delegación Iztapalapa, Distrito Federal. Invitados por la diputada Aleida Alavez Ruiz. Adelante, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar mi intervención sobre este, que también es un albazo legislativo el día de hoy, me sumaría a la propuesta del diputado Fernando Belaunzarán, en hacer un llamado a usted para que en el mejor ejercicio de la práctica legislativa cuide las formas para la reforma político-electoral.
Pero vayamos al tema, ¿qué es lo que estamos discutiendo, compañeros y compañeras diputados? No es un dictamen cualquiera, éste es el dictamen que le da el tono de terrorismo a las manifestaciones y a las manifestaciones públicas que la gente puede hacer en las calles y que quedará a la libre interpretación de un Ministerio Público.
Haré esta crítica siempre reconociendo –y lo hago de un inicio– la apertura del presidente de la Comisión de Justicia, pero también señalando que este procedimiento de subir lo que hoy era solamente la publicidad de un dictamen para su votación en el tema de criminalizar a los ciudadanos mexicanos, no puede ser una práctica recurrente en esta Cámara de Diputados.
Cuando George Bush invadió Irak, argumentaba que había armas de destrucción masiva. Las armas nunca se encontraron. Cuando George Bush invadió Irak, decía que había terrorismo. Cuando George Bush invadió Irak, inició lo que podría haber sido una tercera guerra mundial en este planeta tierra.
La guerra contra el terrorismo es pura propaganda -dice Noam Chomsky- y los medios, incluidos los europeos, hacen el juego a los poderosos distrayendo al público de las cuestiones realmente importantes.
Compañeras y compañeros diputados, en efecto, una parte de este dictamen tiene algo de bueno. Hay que seguir el dinero del narcotráfico. Esto es algo que ya el gobierno debía haber hecho hace tiempo. Sin embargo, en el disfraz de este dictamen también incluimos y reformamos el artículo 139, que probablemente muchos de ustedes y, sobre todo en la izquierda, no han leído. Se los quiero decir, se los quiero leer, si así me lo permiten, porque es completamente abierto a un sistema autoritario y deja también abierto a que cualquier manifestación pueda ser detenida en el supuesto y al gusto del Ministerio Público.
Dice el artículo 139 –seré rápida-: Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 día de multa a quien, utilizando sustancias tóxicas, similares y conexos –que voy a evitar–, explosivos o armas de fuego por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados. O, bien, en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas que produzca alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación.
Compañeros y compañeras diputados, estamos creando un tipo penal. ¿Quién nos va a decir a nosotros que se daña emocionalmente a qué sector? ¿Quién nos va a decir a nosotros qué es un medio violento? Nuestros compañeros del PRD hoy se manifestaron. ¿Qué pasa si les meten porros; qué pasa si les meten encapuchados? ¿Qué pasa si el Ministerio Público simplemente determina que su manifestación no es válida y entonces tratan de hacer y encajonarlos en un acto de terrorismo?
Los actos de manifestación social no pueden ser actos de terrorismo y no pueden ser considerados así por el Estado mexicano. Esto solamente violenta la libertad de expresión y las izquierdas en esta Cámara de Diputados no pueden permitirlo. El PT, como consecuencia, votará en contra de este dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Primero debo reconocer el esfuerzo que se hizo por los integrantes de la Comisión de Justicia y en especial a su presidente, por escuchar a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados.
El terrorismo es una práctica antigua en el terreno de los conflictos, se refiere a los actos de violencia que más allá de los resultados concretos que padece el enemigo, suministra terror en la sociedad.
México pertenece a dos grandes organizaciones: Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, que tienen como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.
Es difícil dar cuerpo a una visión única de terrorismo por dos factores principalmente. El primero de ellos es que en nuestro afán de abarcar todas las causalidades se termine sobredimensionando conductas delictivas que no son constitutivas de terrorismo, y en segundo término, por la dificultad para discernir a nivel internacional las luchas legítimas por la liberación de los pueblos, es decir, la criminalización de la protesta social porque ¿quién califica la conducta terrorista?
La iniciativa propuso penas más severas para el terrorismo, pero en nuestro país la aplicación de penas privativas de la libertad más severas no han significado una disminución en los delitos.
El sistema penal ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esta deficiencia responde a diversas causas como corrupción, capacitación y recursos insuficientes y prácticas de policías abusivas sin ningún tipo de rendición de cuentas.
Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostiene que sólo 8 de cada 100 delitos que se cometen en México son denunciados y 99 por ciento de ellos quedan impunes.
A la delincuencia organizada que azota a México se suma la poca eficiencia de las fuerzas policiales en la procuración de justicia. Antes de buscar penas más extensas, habría que pugnar por la aplicación real de la justicia y eficacia de las instancias de investigación. En el caso de México la práctica del terrorismo queda tipificada en el artículo 139 del Código Penal Federal. Con la reforma penal propuesta, vemos los siguientes riesgos: se amplían los actos susceptibles de relacionarse con un acto terrorista y se considera delito grave.
Por lo tanto existen más vías por las que se pueda practicar una detención preprocesal como es el arraigo, sin los elementos de prueba ni orden de aprehensión. Mientras no se haga realidad la presunción de inocencia y el sistema acusatorio, cualquier aumento al catálogo de delitos graves incentiva la fabricación de pruebas y la tortura para la autoincriminación.
Incluir los actos de terrorismo que se pretenden cometer, es una puerta abierta para encarcelamientos selectivos y juicios sin elementos firmes cuando no hay plena presunción de inocencia ni debido proceso.
El nuevo tipo penal de financiamiento al terrorismo sería inútil para prevenirlo si se considera la tipificación de lavado de dinero por la delincuencia organizada; no han aumentado las sanciones sobre este delito.
Quiero hacer un comentario en este aspecto: en el dictamen que ustedes tienen se hablaba y se pone en la exposición de motivos que las manifestaciones no serán parte o considerarse como terrorismo.
Sin embargo el día de hoy reconozco que al dictamen se le quitó una propuesta esencial y se las voy a leer textualmente: “Las manifestaciones que realicen grupos de personas en ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales, sin intención u objetivo de atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán terrorismo”. Esto ya no viene en el dictamen.
Lo que realmente necesitamos son políticas sociales que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Políticas educativas y empleos bien remunerados lograrán que jóvenes y adultos se mantengan apartados de este tipo de prácticas.
El terrorismo en México es una práctica que afortunadamente no está vigente en nuestra sociedad, en comparación con otros países de Europa y el Medio Oriente.
En Movimiento Ciudadano nos queda claro que la violencia no puede combatirse con más violencia, por lo que exhortamos a la secretarías de Estado a que lleven a cabo programas sociales y culturales necesarios a fin de mejorar las condiciones de trabajo de millones de mexicanos y abrir espacios suficientes a los jóvenes que quieran cursar una carrera en el sistema educativo mexicano. Justicia social es lo que necesitamos en México. El voto de Movimiento Ciudadano será en contra. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado Presidente. Honorable asamblea: el ejercicio de la facultad que nos otorga la Constitución para expedir leyes es un acto soberano y autónomo de esta Legislatura. No discutimos las leyes ni las aprobamos en función de nuestros compromisos, sino de nuestra representatividad y del supremo interés de la nación.
En este sentido podríamos considerar inapropiado el señalamiento de que debamos proceder a aprobar un dictamen que modifica la penalidad del delito de terrorismo y otras leyes por virtud de una conveniencia del Estado mexicano en su relación con el extranjero.
La verdad de las cosas es que, a pesar de que pueden ser pocas las víctimas que hayan sufrido un atentado terrorista en nuestro país, eso no implica que el delito cuya punibilidad analizamos sea ajeno a la realidad nacional.
La gran pregunta que debemos hacernos tiene que ver con la adecuada identificación de aquello que persigue el terrorismo y la correspondencia que podría existir entre nuestra situación histórica y sus oprobiosos objetivos.
Es verdad que existe un terrorismo político que tiene como finalidad persuadir una acción gubernativa; sin embargo, el terrorismo que aqueja a la humanidad hoy es más que nada un terrorismo ideológico. Los terroristas persiguen ante todo el debilitamiento de las instituciones, de la moral pública y de un modelo nacional de conveniencia. Es precisamente en función de estas condiciones, donde sea que llegue a tener lugar un ataque terrorista, que los intereses de la nación mexicana se ven afectados.
La semana pasada defendimos en esta tribuna el derecho de las mujeres a una vida en igualdad, sin violencia de ningún tipo en su contra. Además, hemos venido discutiendo la pertinencia de reformas que persiguen el fortalecimiento de nuestras libertades y el respeto por nuestros derechos fundamentales.
Hoy más que nunca discutimos la inclusión de la inversión de los particulares para la realización de actividades productivas que beneficien a la ciudadanía. Todas estas discusiones persiguen la consolidación de un modelo de vida que contradice la ideología de muchas organizaciones terroristas.
No responder con severidad en contra del terrorismo en cualquier lugar en el que tenga verificativo implica ceder a favor suyo una posición en el complejo proceso que hemos venido emprendiendo para consolidar un modelo de vida que favorece el crecimiento individual y el aprovechamiento superior de todas nuestras capacidades.
No responder ante la amenaza terrorista en la forma proporcional que es debida, implica conceder una posición más a favor de organizaciones que son, ante todo, profundamente inmorales y cobardes.
En la medida que con la materialización de un ataque se vulnere la vida y la integridad de las personas en cualquier lugar del mundo, con el avieso fin de mermar el crecimiento de un modelo de convivencia en una libertad universal, México también se verá perjudicado.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos a favor del dictamen que se presenta porque responde a una realidad que no nos es ajena. El tratamiento normativo y punitivo del terrorismo había quedado rezagado y con la iniciativa que habrá de votarse se pondrá al corriente.
A partir de ahora estaremos preparados para combatir y dar un castigo racional en contra de las organizaciones dedicadas al terrorismo en consonancia con la responsabilidad que al Estado mexicano le corresponde desde la más pura visión deontológica del problema. Sin embargo y con toda honestidad, ¿qué tan eficaz puede ser la elevación normativa de una pena en contra de organizaciones que no se identifican y que además podrían estar dispuestas a dar la vida por la consecución de sus atrocidades? ¿Qué tanto resulta disuasiva contra el atacante terrorista la amenaza de ser privado de la libertad durante 15 o 40 años si para perpetrar su ataque está dispuesto a inmolarse?
No sólo a través del castigo es que se combate el terrorismo. La lucha eficiente se logra a través de la prevención, de la identificación, desarticulación y el castigo de los actos preparatorios del atentado terrorista. Es solo así que el Estado cumple de manera puntual la obligación primaria de ofrecer seguridad a la ciudadanía.
El dictamen que se somete a su consideración consigna elementos novedosos que permitirán a las autoridades competentes encargadas de la acusación criminal, investigar y perseguir el delito de terrorismo desde su fase preliminar o preparatoria con lo que se logrará el compromiso más importante que debe asumir el Estado en esta materia.
Prevenir y evitar la consumación de cualquier delito de este tipo, porque el esfuerzo gobernativo para aprender y castigar severamente a cualquier organización criminal terrorista.
Le vendrá inútil y disminuido si su propósito invisible llega a cumplirse de cualquier modo; sin embargo, esta concesión que se ofrece al Estado por medio de la reforma que hoy discutimos no es absoluta, no es discrecional, no es gratuita. Se reitera la subsistencia plena y vigente de la defensa de los derechos humanos, en la investigación del delito de terrorismo no se cede ante la tentación de disminuir los derechos fundamentales de nuestra sociedad. La investigación del delito de terrorismo se sujeta al control judicial y no se superponen las prerrogativas que nuestra Constitución ya contempla.
Hemos visto y quizá de algún modo hemos sufrido por delitos diversos, los efectos normativos que arrojan un fortalecimiento desproporcionado del Estado como camino para combatir a la delincuencia organizada.
Es verdad que la existencia del temor perenne a convertirnos en víctimas de cualquier atentado nos invita a conceder facultades extraordinarias de persecución que merman en el ejercicio de nuestras libertades, pero es el caso que se somete a nuestra consideración, y aquí quiero decirlo con toda puntualidad: para que pueda perseguirse el delito de terrorismo y castigarse a alguien por el mismo, tienen que concurrir todos los elementos del tipo, es falso que el ejercicio de una prerrogativa constitucional pueda venirse a tipificar como el delito de terrorismo.
Ante la pregunta de ¿quién va a valorar si efectivamente la sociedad se ve vulnerada si existe una alarma social, si existe una afectación emocional a la sociedad? ¿Quién lo va a valorar para efectos de definir si existe o no la actualización de los elementos del tipo y por consiguiente si ha de castigarse éste? La respuesta es muy sencilla, los jueces.
En la codificación penal no podemos contemplar todos los supuestos que se lleguen a dar, y es falso que el ejercicio de la facultad y de los derechos ciudadanos para manifestarse, en la medida en que se lleven a cabo dentro de los cauces que establezca la ley pueda convertirse automáticamente en la actualización del delito de terrorismo.
Con la iniciativa se cumplen dos objetivos y obligaciones concomitantes del Estado mexicano, la inclusión de los elementos condicionantes de la actuación gobernativa y de juzgamiento de las personas inculpadas por estos delitos se conservan vigentes y los postulados constitucionales que persiguen la consolidación de un auténtico estado de derecho en el que se proteja la libertad y la privacidad de los mexicanos, por medio de la participación puntual y autónoma de los organismos encargados del control judicial de los actos de gobierno está garantizado.
La reforma que se somete a su consideración es pertinente, es oportuna, está perfectamente fundada y es justificable. Gracias por su atención. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al dictamen de la Comisión de Justicia, sobre el lavado, terrorismo, financiamiento, tema por cierto muy polémico y que aún estamos debatiendo en el ánimo de lograr la mejor redacción y el mejor establecimiento de los términos para el resguardo de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.
Muchos se preguntan cuál es la pertinencia de aprobar una legislación antiterrorista de vanguardia en nuestro país, similar a la que se ha impulsado en otros países. Los actos de terrorismo, definidos como actos dolosos que deliberadamente buscan producir terror y alarma en la población, utilizando medios explosivos, incendiarios u otros para presionar a una autoridad o particular a tomar una determinación, se limitan a unos cuantos casos perpetrados por el crimen organizado, como el del Casino Royale, conocido por todos, y la Plaza de Armas de Morelia.
Sin embargo, México es parte de diversos espacios internacionales donde países aquejados por actos terroristas han impulsado la expansión de instrumentos que permitan investigar y sancionar dichas conductas. En este sentido, la cooperación que podría darse entre México y otros países debe estar regulada estrictamente por los convenios que se han firmado en la materia, que buscan desarticular las redes de financiamiento y apoyo al terrorismo, así como el lavado dinero en su dimensión global.
En este dictamen, además se incluyen nuevas figuras como el testaferrato, como los actos contra una persona internacionalmente protegida o contra las instalaciones diplomáticas o de organismos internacionales, que permiten proteger adecuadamente la paz y la seguridad en un marco internacional coherente.
Atendiendo las obligaciones internacionales de nuestro país, el Grupo Parlamentario del PRD se adhiere a este dictamen y aprovecha para hacer un llamado a que el Estado mexicano cumpla cabalmente con sus obligaciones en derechos humanos, que se han señalado reiteradamente en los órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en la materia.
Así sea una conducta excepcional en nuestro país, las sanciones al terrorismo y su financiamiento deben quedar establecidas para evitar, en su caso, la impunidad, en virtud del principio jurídico que establece que no puede haber una pena sin una ley previa.
Este dictamen no transforma, y no debe hacerlo de ninguna manera, la comprensión del terrorismo más allá de cómo lo han definido las instancias internacionales, por ello la autoridad cuenta con instrumentos legales que le permiten distinguir entre un manifestante que arroja una bomba y un terrorista que pretende incendiar un edificio público.
Debemos nutrirnos de la experiencia de países de nuestra región, como Perú, Chile y Colombia, que tienen desde hace más de dos décadas legislaciones antiterroristas que se han modificado paulatinamente gracias a la intervención de organizaciones sociales, tribunales y órganos internacionales, quienes han señalado la necesidad de no perseguir y criminalizar a grupos opositores al gobierno con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
Con este propósito, el grupo del PRD presentamos diversas observaciones sobre los estándares de derechos humanos, mismos que se incorporaron al dictamen en la Comisión de Justicia.
En primer lugar, logramos que en la exposición de motivos se mencione que estos tipos penales no se aplicarán a las manifestaciones públicas, así como hicimos la propuesta de una redacción garantista que las expresiones o manifestaciones de las personas o grupos realicen, en ejercicio de sus derechos humanos, no se consideren terrorismo.
Se alude explícitamente al bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, es decir, todos aquellos derechos reconocidos, ya sea en la Constitución o en los tratados internacionales.
En segundo lugar, y muy importante, planteamos incorporar explícitamente la intencionalidad, la intencionalidad como concepto, a fin de que se verifique el delito de terrorismo, con esta modificación se cumple con la obligación que tenemos como legisladores, de garantizar la máxima protección a las personas, específicamente se atiende la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que destacó en sentencias como la del caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú, del 5 de noviembre de 2005, donde se recuperaron los principios asentados en la resolución del Tribunal Constitucional del Perú, emitida en 2003.
Creemos, sin embargo, que es importante tener en cuenta lo que nos dice el caso peruano. El tribunal peruano y el interamericano coincidieron en que el delito de terrorismo exige la concurrencia de tres elementos objetivos y uno subjetivo de tipo penal.
El primer elemento subjetivo es con respecto al atemorizar a la población. El segundo, respecto a los actos cometidos contra bienes o servicios. Y el tercero sobre los medios típicos utilizados: explosivos, armamento, materiales inflamables.
Estos tres elementos objetivos deben concurrir con un elemento subjetivo: la intencionalidad de la gente, para que se pueda configurar el delito. Por ello, ha sido de suma importancia incorporar explícitamente, en el dictamen, el concepto intencionalidad del sujeto activo en la realización del acto.
Por tanto, será responsabilidad de todos los jueces y autoridades de procuración de justicia, aplicar los máximos estándares de protección a los derechos humanos en la eventual aplicación de estas nuevas disposiciones.
De acuerdo con el derecho penal del acto, no se puede sancionar la colaboración por una persona u organización que tenga la característica de terrorista, pues nuestro paradigma jurídico establece que no se considerará punible a la persona u organización en tanto terrorista, sino por las conductas cuya comisión se haya probado plenamente.
Asimismo, es obligatorio aplicar, sistemáticamente, los artículos 12, 52 y 63 del Código Penal Federal, de tal forma que para aquellos actos en grado de tentativa, no se les aplique la sanción máxima. Sería absurdo castigar a una persona en posesión de explosivos, como si se tratara de Luis Posada Carriles o argumentando que pretendía cometer un atentado similar a los de Madrid, Nueva York o Balí.
En los jueces está sancionar proporcionalmente los actos, de acuerdo a la magnitud del daño causado o de acuerdo a los elementos objetivos para establecer claramente el fin que se pretende cometer.
Es, sin embargo, importante señalar, si bien en los trabajos de la Comisión de Justicia votamos a favor de este dictamen, que es muy importante el tema de terrorismo, compañeras y compañeros. Es importante decir que para nosotros, aun es necesario hacer una corrección en el artículo 139, en donde la redacción claramente se apegue a los principios que acabo de leer en el texto en donde planteo la adhesión del grupo del PRD a este dictamen.
Hago un llamado al presidente de la comisión. Hago un llamado también a los compañeros y compañeras legisladores de los otros partidos, a que hagamos un esfuerzo último por corregir la redacción del artículo 139, para que queden plenamente garantizados los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, y que esta ley que pretende combatir el terrorismo no haga actos...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, le pido que pueda ir concluyendo su intervención.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: ... injustos contra ciudadanas y ciudadanos que no cometieron el delito. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Antes de continuar con la lista de oradores, quiero saludar la presencia de un grupo de niños representantes del distrito XXXIX, La Paz Chicoloapan, que participaron en el Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños, que hoy están aquí, invitados por la diputada Cristina González Cruz. Bienvenidas y bienvenidos.
También saludo a los alumnos del CETIS número 35, Miguel Hidalgo y Costilla, que están aquí acompañándonos, invitados por la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. Bienvenidas y bienvenidos. Y también a los estudiantes de quinto año de primaria, representantes del –Ah, no, son ellos–. Muchas gracias por acompañarnos.
Tiene la palabra la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Esther Quintana Salinas: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen que en este momento se pone a consideración de este pleno merece la pena que se subraye, y digo subraye porque ya o han dicho algunos compañeros de los que me han antecedido en el uso de la palabra. Es resultado del análisis y de la discusión civilizada en el seno de la Comisión de Justicia. Dimos nuestros puntos de vista abonamos lo que quisimos abonar, lo discutimos y este dictamen es el producto de ese diálogo.
Vengo a posicionar la opinión, en torno al mismo, de mi Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es muy importante cuando se presenta una iniciativa, ya dictamen en este momento, echarse un clavado en la exposición de motivos y en la propuesta inicial de esta iniciativa, porque escuché muy inquietas a mis compañeras legisladoras del PT y de Movimiento Ciudadano, que se quejaban básicamente de que hay una línea muy delgada entre un acto terrorista y una manifestación.
Y precisamente en la propuesta original, en el artículo 139, se disponía la inclusión de un excluyente para determinar que no se considerara como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional, que no atenten contra bienes jurídicos de personas o que tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda.
Existe un derecho constitucional, y todos lo conocemos. Somos muy libres de expresarnos, somos muy libres de manifestarnos, pero siempre y cuando no dañemos con esa manifestación derechos de terceros porque nuestro derecho termina donde empieza el de enfrente. Y hemos visto infortunadamente actos que dejan mucho que desear en nuestra ciudad, capital, relacionados con esto.
El espíritu de este dictamen, el espíritu de esta propuesta, que invito de antemano a que la votemos a favor, es precisamente poner a consideración de este pleno la finalidad de este dictamen que es simple y llanamente modificar, a través del incremento de la punibilidad un delito como el terrorismo que ya lo tenemos tipificado en nuestro Código Penal y además vincular una serie de actividades que coadyuvan, por expresarlo de alguna forma, a este delito, al terrorismo.
Se destaca el incremento de las penas a quien efectúe actos de terrorismo y también se agrega el manejo de material nuclear, combustible nuclear y mineral radioactivo como elementos que coadyuvan a la actividad terrorista.
Se propone ampliar la punibilidad de este delito, toda vez que se están incluyendo mayores elementos para su sanción, porque a través de estos elementos y de estas conductas se atenta contra bienes y servicios públicos o privados y también se está sancionando ya el acordar o preparar actos terroristas en el territorio nacional.
Se fortalece la lucha del Estado mexicano precisamente contra este tipo de ilícitos y además no debemos de olvidar que México tiene firmados acuerdos internacionales que lo obligan a incluir en su legislación este tipo de delitos.
Se establece como delito grave el financiamiento al terrorismo y se sancionan también todas las actividades que se realicen con productos de procedencia ilícita. En materia fiscal cuando se trata de investigaciones sobre conductas ilícitas no será aplicable la reserva de datos confidenciales y en materia de extinción de dominio se podrá ordenar a las entidades financieras que realicen la inmovilización provisional de fondos o activos que se encuentren vinculados con delitos en esta materia.
No quiero abundar más, porque ya quienes me han antecedido en el uso de la voz lo han hecho, pero me parece muy pertinente y los exhorto respetuosamente a los señores y señoras legisladores a que votemos a favor este dictamen. Se está, simple y sencillamente, cumplimentando uno de los objetivos torales del orden jurídico que es adelantarse a circunstancias que en un momento determinado pueden agravar la comisión de situaciones como éstas que provoca el terrorismo. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros. El Estado mexicano se encuentra plenamente comprometido en el combate a todas las expresiones del crimen organizado y muestra de ello lo es la suscripción de diversos instrumentos internacionales como la llamada Convención de Palermo, la cual bajo los auspicios de la ONU constituye un marco de referencia que contiene las directrices generales para enfrentar a este flagelo que ahora alcanza dimensiones globales.
De igual forma, México se ha dado a la tarea de cumplimentar los compromisos asumidos ante el GAFI, organismo internacional que ha recomendado la adopción de medidas destinadas a prevenir y sancionar las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.
Relacionado con la adopción de tales compromisos, nuestro Presidente -el presidente de todos los mexicanos-, Enrique Peña Nieto, se dio a la tarea de proponer al Congreso la aprobación de una serie de reformas tendientes a golpear a las organizaciones criminales en el corazón de sus actividades, que es la acumulación de capitales sin ningún compromiso con la sociedad, sin ninguna vocación de progreso y, mucho menos, atendiendo al desarrollo social.
El dictamen que ahora se pone a nuestra consideración constituye un avance importante en la lucha contra la criminalidad, toda vez que hace uso de herramientas que, por el simple uso de la fuerza, no responderían a la integralidad de la política en contra de los grupos delictivos. En este sentido los diputados priistas apoyamos el contenido del dictamen que ahora nos ocupa, toda vez que refleja el debate serio, responsable y plural que se dio al respecto.
Apoyamos las presentes medidas ya que, como bien se dice en el dictamen, éstas permitirán adecuar la legislación penal de nuestro país a los requerimientos internacionales establecidos en instrumentos jurídicos, de los cuales el Estado mexicano forma parte, así como asumir los compromisos adquiridos en organismos internacionales y diversos instrumentos, protocolos y convenciones, lo cual sin duda alguna proyectará a nuestro país en el exterior en una franca posición de coincidencia con los demás Estados comprometidos en el combate al terrorismo y su financiamiento.
Gracias al presente dictamen se adecuará el Código Penal para fortalecer el establecimiento de penas relacionadas con una conducta constituyendo por sí solo un delito independiente y autónomo.
Coincidimos también con el hecho de que se sancione no solamente la conducta de financiamiento al terrorismo sino que también se pueda sancionar su encubrimiento, para lo cual se adiciona al Código Penal Federal.
Igualmente, nos unimos al dictamen en cuanto a que proporciona mayores elementos a los encargados de la procuración e impartición de justicia, toda vez que se considera adecuado incluir como medio para la comisión del delito la utilización de materiales y combustibles nucleares, material radioactivo o fuente de radiación.
No coincidimos con aquellas posturas que, bajo la falsa premisa de la criminalización de la protesta social, invitan en realidad a la inmovilidad, al pasmo, a la falta de acción. Se habla de la necesidad de reducir el uso de la fuerza y, ahora que en consecuencia se actúa, muestran desacuerdo. Acusan al gobierno de no atacar a las organizaciones delictivas en su patrimonio y justo en el momento cuando se proponen las alternativas en ese sentido, invocan al falso fantasma de la represión.
Debemos aplicar programas sociales para sacar a los jóvenes de la delincuencia. Pero mientras tanto ¿qué hacemos, compañeras y compañeros diputados? ¿Qué hacemos frente a los delitos cometidos y qué hacemos para proteger a las víctimas?
Definamos de una vez por todas qué vamos a hacer, de qué lado vamos a estar, si del lado del derecho y de las víctimas o del lado de quienes han hecho del quebrantamiento de la ley su forma de vida. A todos gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Informo a la asamblea que se han inscrito seis compañeros para hablar en contra del dictamen. En términos del Reglamento después de que hablen los primeros tres de ellos, tendremos que pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en contra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. En primer término no podemos soslayar que se dispensaron los trámites para subir este dictamen que venía listado después de otros 13 dictámenes que ya habían sido declarados de publicidad.
Y nosotros no podemos descontextualizar la discusión de este tema del contexto político y social que vive el país, y no podemos tampoco hacerlo de la maniobra que ya corre en este recinto, de que el día de mañana o inmediatamente que ingrese la minuta del Senado de la reforma política, sin más trámite se va a someter al pleno dejando a un lado a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Un albazo legislativo brutal en una reforma constitucional. Todo para cronometrar los tiempos y que puedan regalar el petróleo nacional antes de fin de año. Por eso tanta prisa y por eso ahora en un contexto de movilizaciones sociales, viene una reforma teóricamente adecuada en materia de terrorismo, pero con un mensaje que no podemos dejar de lado; un mensaje de represión, de criminalización y de hostigamiento a la movilizaciones sociales.
Vivimos, sin duda, en el país, un clima de endurecimiento político inocultable. Prueba de ello es este recinto y el propio Senado, que se encuentran amurallados, cercados, en una república donde una cosa son los poderes y otra cosa es el pueblo.
Y nos parece además que sin dejar de reconocer el trabajo de la Comisión de Justicia, no se hace nada en materia de derechos humanos para legislar en materia de desaparición forzada, en materia de tortura, de eliminar el fuero militar y de ampliar los derechos humanos. Sólo temas que preocupan y ocupan al gobierno federal.
Por eso la carta que envió Human Rights Watch a Peña Nieto donde señala las promesas incumplidas en materia de derechos humanos, la estrategia retórica, la falta de una estrategia de seguridad adecuada y la persecución a periodistas y defensores de derechos humanos. Todo esto lo dice en una larga y detallada misiva el director de esta organismo prestigiado de derechos humanos, José Miguel Vivanco.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, permítame un momento. Sonido en la curul del diputado Roberto López Suárez. Con qué objeto, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Si me permite el orador una pregunta, por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: La acepta. Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Diputado. Por los argumentos que usted está dando, la pregunta sería si comparte con un servidor que efectivamente el procedimiento que se ha seguido para subir este dictamen no solamente viola los derechos humanos por la información que nos está dando, sino además los procesos legislativos. Quisiera que me diera su opinión sobre el tema.
Aprovecharía para decir que hemos discutido el tema los diferentes compañeros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del PRD y coincidimos con ustedes en que efectivamente esto sería un retroceso y por lo tanto votaríamos en contra. Pero si me ayuda contestando la pregunta por favor, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, diputado. Efectivamente, consideramos extraño y violatorio de los procedimientos parlamentarios el que se haya subido este dictamen cuando había una lista de 13 dictámenes a los cuales ya se les había declarado publicidad.
Por eso nos parece además que sería sano escuchar las voces de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que nos dieran su opinión sobre este tema y sobre muchos temas que están congelados en las comisiones que tienen que ver con asuntos que preocupan a los defensores de derechos humanos, como habíamos señalado. El tema de la desaparición forzada, el tema de la tortura que no se ha adecuado a los estándares internacionales, el tema del fuero militar; en fin, un conjunto de temas que merecerían un debate más amplio.
Pero hoy se sacan de la manga este dictamen que va precisamente con un mensaje político represivo de parte del Estado alegando la figura del terrorismo. Se combate el terrorismo, pero no se combate al terrorismo de Estado que también infunde temor, que también ocasiona daño sicológico, que también genera zozobra en la población con todas estas campañas de miedo, con un Congreso amurallado, sin libertad de tránsito. De eso no se dice nada.
Creemos que se tiene que propiciar una discusión mayor. Lo sano sería que se regresara este dictamen a la comisión y que se dictaminara junto con otras reformas en materia de derechos humanos y no solamente este mensaje represivo.
Porque veamos lo que está pasando por ejemplo en Guerrero, donde recientemente se hizo un pronunciamiento para que cesara la persecución y el asesinato de líderes sociales y hace unos días acaban de detener al consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, Arturo Campos Herrera, y trasladado a un penal fuera del estado de Guerrero. Es decir, sigue la persecución.
Y si mantenemos esta reforma, vamos a propiciar un clima de intimidación y de persecución. Quiero simplemente leer, del artículo 139, la fracción II, donde se señala lo siguiente “...al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional...”. Es decir, dejan una vaguedad inmensa para que a cualquiera se le pueda acusar de estar auspiciando actos terroristas, actos que se pudieron haber cometido en el pasado, con el fin de generar causas penales, fabricar pruebas y estar deteniendo a líderes sociales.
Y lo hacen, precisamente, cuando sube de intensidad el debate de la reforma energética como un mensaje para no más marchas y no más manifestaciones pacíficas. Por eso vamos a votar en contra, porque no podemos seguir con este estado y con este terrorismo de estado, a un año de EPN, sí a un año de EPN, a un año del estado policiaco nacional que vivimos en México. No más fabricación de delitos y no más tipos penales a modo para frenar el activismo social.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra, la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de Presidencia. Comúnmente se confunde y no es sencillo distinguir, y es lo que falta precisar en la tipificación de las reformas que hoy se presentan, el terrorismo de delincuencia organizada o crimen organizado y lo que es los delitos del narcotráfico, lavado de dinero y otra serie de delitos que se están mezclando y confundiendo en toda la iniciativa.
El terrorismo no puede confundirse con delincuencia organizada. Hay un instrumento internacional que es la Convención de Viena de Delincuencia Organizada y que exige para la comisión de este crimen que se ha cometido por una organización –subrayo- por una organización estructurada que comete los delitos del crimen organizado que son lavado de dinero –bueno antes- narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o lo regulado en otro protocolo que es el tráfico de migrantes.
En el caso del terrorismo, la tipificación que se ha establecido es errónea y absolutamente vaga, un tipo penal, para los que manejan el derecho penal me pueden entender perfectamente bien, que además se exige en materia penal que el tipo penal sea preciso, porque si no de otra manera personas que no deberían de estar sancionadas o castigadas por la comisión de ciertos delitos van a ser castigadas con penalidades de más, en este caso terrorismo de 40 años.
Un común denominador de las observaciones de instituciones y organizaciones de la sociedad civil internacionales de derechos humanos a nivel internacional ha sido la reiterada ambigüedad de los tipos penales asociados al terrorismo, que permiten o podrían permitir una utilización discrecional de esta figura para sancionar conductas delictivas o no que no reúnen las características necesarias para considerarse como tales.
Una de las consecuencias de esta vaguedad ha sido que las personas acusadas por estos cargos se han sujetado a procesos prolongados y que se inhiba la denuncia de violaciones a los derechos, como advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su nota de remisión en el caso a la Corte e informe del fondo del caso 12661, Néstor José y Luis Uchartegui y otros, del 22 de octubre de 2010.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado en su sentencia del caso García Aspe y Ramírez Rojas contra Perú, del 5 de noviembre de 2005, recordó que el delito de terrorismo exige la concurrencia de tres modalidades del tipo penal; la primera con respecto a aterrorizar la población, la segunda respecto a los actos cometidos contra bienes o servicios y la tercera sobre los medios tipos, explosivos, armamento, materiales; todos determinados a detalle, es decir, no puede dejarse a la vaguedad, y cualquier otro medio violento.
Pero por si no fuera suficiente, no es nada más el elemento, es el objetivo, los actos que se pueden realizar, sino es el subjetivo, quién puede cometer estos actos, y tiene que ser una organización terrorista. Subrayo, organización terrorista, no una manifestación, no un grupo armado, tiene que ser una organización terrorista y esto no se define en la iniciativa.
Mientras no se defina se está cometiendo un grave error y que posiblemente va a derivar en la violación a derechos humanos. Es cierto que el límite del derecho de uno está, tenemos el derecho a la manifestación, el respeto a los derechos a los demás, y está sancionado y penado si se cometen delitos contra las personas, contra sus bienes. No es que queden en la impunidad, lo que pasa es que quieren precisamente penarlos con una pena de más de 40 años. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, también para hablar en contra.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Pues queremos decir que este dictamen nos tomó a todos de sorpresa porque no estaba en el orden del día, pero creo que eso es ya lo de menos en este momento que estamos discutiendo precisamente y el polémico es el 139.
Quiero primero decir que el tema que nos incomoda, que nos preocupa, que la verdad que si en este momento podemos votar este dictamen tal como está, quiero decirles fundamentalmente que es este artículo como está redactado un tema totalmente de los derechos humanos.
Desde que se discutió en la LX Legislatura la reforma constitucional en materia de derechos humanos este tema era un tema candente, porque es tipificar el delito de terrorismo. En ese momento había esa tentativa de poderlo tipificar, no se hizo y precisamente en 2011 tenemos que en el artículo 1o se da ya de manera constitucional la supremacía de todos los tratados y convenios internacionales que México ha firmado y ha ratificado año con año y que sin embargo no se aplican.
Quiero decirles que éste es un tema totalmente de derechos humanos y que en esta medida como está redactado se criminaliza la protesta social. En la Convención de Naciones Unidas hay un convenio de protección de los derechos humanos y que precisamente habla de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
En ese tratado que está con fecha de 8 de agosto de 2003, en las Naciones Unidas, y que México lo ha firmado, se habla que principalmente hay que garantizar dos cuestiones. La primera, es poder garantizar la libre manifestación de las ideas, y por consecuencia, la reunión para que puedan manifestarse estas ideas.
Quiero decirles que con esto como está tipificado estamos socavando estas dos garantías, que en primer lugar tenemos, que se socava igual el artículo 1o. donde tenemos todos estos protocolos y convenciones firmadas por México y que están garantizadas estas dos fundamentales garantías en el artículo 29 de nuestra Constitución y que también las hemos firmado y que son el ángulo fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana y que entonces en ese protocolo que quiero comentarles, que está firmado por Naciones Unidas...
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Me permite un momento, diputada. Sonido en la curul del diputado Roberto López Suárez, por favor. Dígame, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Perdón que la interrumpa, diputada compañera, si me permite una pregunta, quisiera a la oradora preguntarle.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Le permite una pregunta, diputada?
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Adelante.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Muchas gracias. Ahorita que está hablando de materia internacional de derechos humanos, quisiera preguntarle, y comentarles a los diputados que estaban gritando, si usted sabe, compañera diputada, porque además usted ha investigado mucho sobre el tema, y para ilustración de los que gritaban, que por lo menos la mitad de los presos que tiene Estados Unidos retenidos en Guantánamo, han sido acusados por alguno similar al artículo 139 que hoy pretenden aprobar, que es, aunque no tengas en este caso elementos de decir que eres culpable, por haber tenido la intención te puedo retener en una cárcel, aislado, sin un juicio, y que además Estados Unidos, por cierto, no ha aceptado este procedimiento legal y por eso los tienen en Guantánamo. Nada más le preguntaría, si comparte conmigo o no, diputada, que efectivamente esto es violatorio a los derechos humanos.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Así es, diputado. Por eso digo que éste es un tema que tiene que ver con los derechos humanos, que siempre se ha tratado cuando hemos comentado las garantías individuales, cuando hemos podido cuestionar el fuero de guerra, cuando hemos podido cuestionar una serie de cosas que no se han querido meter, que ni en el sexenio pasado que me tocó estar en 2006-2009, en esa misma legislatura ni ahora no se quieren tocar esos temas porque, como se decía en aquel entonces, a los militares no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa.
Entonces, decirle que efectivamente, es eso, que tiene qué ver con el protocolo y que esa misma Convención de Naciones Unidas, de protección de los derechos humanos habla que solamente, cuando se tenga que aplicar esa tipificación de terrorismo, tiene qué ver con un estad de excepción. Cuando haya un estado de emergencia y que, entonces sí, el Estado pueda proclamar la suspensión de las garantías individuales.
Habla este documento de la ONU, de que solamente en esos momentos se podría tipificar el asunto de una cuestión de terrorismo. Y entonces, decirles que si nosotros abordamos y aprobamos, permítanme un segundo, abordamos este dictamen tal y como está, estaremos nosotros, como legisladores, en contra, incluso, de una situación que tenemos como encargo, como legisladores, es de armonizar estas leyes con el propio artículo primero. Y estaríamos yéndonos en contra de esta misma armonización de los convenios y de los tratados internacionales que tienen qué ver con la protección de los derechos humanos, y que mucho ha costado y ha sido mucha la batalla para que puedan estar ahora en el artículo 1º de nuestra Constitución, Estaríamos violando el artículo 1º y el artículo 29 de nuestra propia Constitución. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado José Luis Muñoz.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Quiero hacer una pregunta.
El Presidente diputado José González Morfín: No, ya es extemporáneo, diputado.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Una pregunta, se lo plantee desde antes, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No lo sabía, pero ya concluyó su tiempo y respondió una pregunta. Perdóneme, diputado, pero ya es extemporáneo.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente, yo se lo plantee antes de que terminara. Si Servicios Parlamentarios no se lo informó, usted tiene la responsabilidad de darme el uso de la palabra.
El Presidente diputado José González Morfín: No, diputado, perdóneme pero el tiempo de las preguntas se agotó. Lo lamento, de verdad.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): La pregunta es mientras está la oradora. Permítame el uso del micrófono.
El Presidente diputado José González Morfín: Está usándolo, diputado.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Yo lo único que les quiero decir, es que aquellos que pretenden aprobar estos cambios tienen la intencionalidad, a propósito, de aprobarlos para publicarlos de inmediato y criminalizar la protesta que se va a venir del pueblo de México por los cambios constitucionales en materia del petróleo. Ésa es su intencionalidad. Ellos son los terroristas. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. En los términos del artículo 104 del Reglamento, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Suficientemente discutido. Informo a la asamblea que está reservado para su discusión en lo particular, el artículo 139, por la diputada Margarita Tapia Fonllem.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero saludar a un grupo de invitados del estado de Hilado, que nos acompañan hoy aquí en la sesión, están aquí invitados –valga la redundancia– por el diputado Francisco González Vargas, son de Tlanalapa, del estado de Hidalgo. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la sesión.
También saludo con mucho gusto a un grupo de ciudadanos del municipio de Salamanca, Guanajuato, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Genaro Carreño Muro. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 318 votos a favor, 2 abstenciones y 114 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 318 votos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, para presentar su reserva al artículo 139, la diputada Margarita Tapia Fonllem.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, explicaba en mi intervención pasada que de haberse corregido la redacción del artículo 139 muy probablemente el Grupo Parlamentario del PRD hubiera votado a favor de esta iniciativa, aunque es importante decir que una iniciativa de este tipo genera mucha controversia y amerita mucho más tiempo de discusión y de análisis.
Sin embargo, en congruencia con el trabajo de los legisladores que formamos parte de la Comisión de Justicia, es importante hacer un esfuerzo de convencerles de votar a favor del cambio en el artículo 139, el ánimo de esta propuesta es clarificar y dejar lo más, lo más específicamente planteado los elementos subjetivos y objetivos que deben reunirse para la consideración de un acto terrorista como yo mencionaba en el posicionamiento que hice antes.
Por lo tanto la propuesta de nueva redacción para el artículo 139 es la siguiente:
Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:
1. A quien intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios públicos y que además:
a) Utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, materia nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuero o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento prohibido por la ley.
b) Dichos actos produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella.
c) Atente contra la seguridad nacional o presione a la autoridad o a un grupo particular u obligue a éste para que tome una determinación.
2. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.
Las acciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad cuando además:
1. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público.
2. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional.
3. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. En caso de tentativa se estará a lo dispuesto en los artículos 12 y 63 del presente código.
Yo hago un llamado a votar a favor de esta nueva redacción en aras de mejorar el contenido de esta iniciativa y hago un llamado también para que en el futuro cuando analicemos y discutamos y sometamos a dictamen y traigamos al pleno una iniciativa como ésta, antes le demos el tiempo justo para su análisis y discusión. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Tapia Fonllem.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia se desecha.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal del artículo 139, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 139.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 299 votos a favor, 0 abstenciones, 113 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 139 en los términos del dictamen por 299 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es dictámenes con puntos de acuerdo, no reservados para su discusión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados con los números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enlisados con los números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Con excepción de los enlistados en los numerales 5, 7, 9 y 10, aprobados los acuerdos; comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo, que no están reservados para su discusión. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en los numerales del 4 al 19, excluyendo el 1, 2 y 3.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados con los números del 4 al 19. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas para que garanticen la plena accesibilidad y movilidad de las instalaciones de sus bibliotecas públicas y facilitar la capacitación al personal que labora en ellas en la atención especializada y profesional para las personas con discapacidad.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su permiso, diputado Presidente. Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Albert Einstein. En la actualidad las bibliotecas públicas han perdido su papel categórico de centros educativos de lectura y fomento de ésta para convertirse en lugares eventualmente necesarios. Tan solo hoy operan poco más de 11 mil bibliotecas para más de 110 millones de mexicanos que estamos en este país.
Se dice que la modernidad tecnológica cubrirá esta brecha, pero la realidad lo desmiente. Cada vez hay más niños y jóvenes con aparatos portátiles, pero continúan sin acercarse a la lectura. Seguimos sin leer. Nuestros jóvenes y niños no tienen el hábito de la lectura.
Por ello es de preocupar que cada vez haya un número menor de bibliotecas en el país porque no sólo no son aprovechadas al máximo, sino que necesitamos hacer un esfuerzo para que sean utilizadas.
Si logramos revertir esta condición estoy segura que coadyuvaremos a nuestro disgregado tejido social. Para ello debemos garantizar en estos espacios sociales educativos y de formación la cultura ausente de la inclusión en igualdad de oportunidades.
Requerimos garantizar la accesibilidad universal y la atención profesionalizada para personas con discapacidad y en función de ésta como condición estrictamente necesaria para iniciar el proceso de hacer de estos espacios un lugar donde la cultura educativa y la formativa converjan y se den entre sí.
Lo anterior es obvio y urgente pues somos un país donde, según los datos del Inegi para el año 2010, hay más de cinco millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad. Es decir, más del 5 por ciento de nuestra población total está siempre condicionada a identificarse dentro del margen de la discriminación y la exclusión social en áreas como salud, trabajo y educación, siendo este último rubro el más rezagado, ya que ni el 60 por ciento de las personas con discapacidad en edad de nivel escolar básico asiste a la escuela y del total de la población de más de 15 años y hasta 29 años de edad con alguna discapacidad únicamente el 15 por ciento estudia.
Somos una sociedad que permite que el 32 por ciento de la población con alguna discapacidad no sepa ni leer ni escribir y que de cada 100 36 no cursen ningún grado escolar.
Esto a pesar de que a partir del 30 de mayo del año 2011 contamos con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como medio para brindar las garantías para una plena inclusión y accesibilidad como una responsabilidad del Estado.
Esta ley se quedó en el papel porque en México la verdadera limitante que nos genera daños irreversibles en nuestra convivencia es la discapacidad social de aceptarnos y tratarnos como iguales, y más aún si los factores de exclusión se dan en los espacios como por ejemplo las bibliotecas.
Por ello, y aunque parezca un asunto menor, en fechas como hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, debemos renovar nuestro compromiso de garantizar las condiciones de accesibilidad universal y la atención especializada en lugares de alto impacto educativo y cultural. Nuestras personas con discapacidad carecen de bibliotecas con condiciones mínimas de accesibilidad y con los materiales necesarios para su disfrute.
Por lo anterior, se somete a su consideración y pido su voto a favor del siguiente punto de acuerdo a considerarse como de urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a:
Primero. Realizar las adecuaciones pertinentes como parte fundamental de sus programas de cultura y modernización educativa para garantizar la plena accesibilidad, inmovilidad de las personas con discapacidad a las instalaciones de todas sus bibliotecas públicas.
Segundo. Facilitar la capacitación al personal que labora en todas sus bibliotecas públicas en la atención especializada y profesional para personas con discapacidad y en razón de ésta.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.
Las bibliotecas constituyen un importante puente de recursos educativos para niños, jóvenes y adultos; promueven la lectura y la investigación y sirven de vía de acercamiento a la cultura y al arte de los ciudadanos a través de la utilización en sala y el préstamo de libros, revistas, discos, videos, DVD, etcétera.
Las bibliotecas, ya sean presenciales o virtuales, tienen una relevancia especial para personas con determinadas discapacidades, ya que constituyen un espacio de acceso a la información y al conocimiento. Además de que las bibliotecas constituyen uno de los principales lugares de estudio e intercambio de información educativa.
Dada su importancia y el carácter de acceso público de la mayoría de las bibliotecas, deben ser lugares en los que la accesibilidad física quede garantizada para todos los ciudadanos, así como el acceso a la información y a la documentación.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad mandata en su artículo 3o que el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura, entre otros se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura Braille, ampliadores y lecturas de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad.
Es necesario que todas las entidades federativas y el Distrito Federal tomen acciones urgentes de infoaccesibilidad, que constituyen una herramienta global para garantizar a todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, el acceso a los nuevos servicios y aplicaciones de la sociedad de la información.
Los problemas de acceso a la información no son privativos de la Web, pues ordenadores, carteles, folletos informativos, puntos de información digital, etcétera, también suponen grandes problemas para personas con discapacidad si no se tienen en cuenta criterios de diseños para todos.
Los elementos que garantizan la accesibilidad integral a la información son el correcto acceso a las instalaciones mediante elementos que no supongan una barrera arquitectónica; la contraseña, señalización y orientación en el interior de las instalaciones; el desarrollo de una colección heterogénea que integre diferentes formatos y garantice la existencia de información para todos los usuarios.
De igual forma, hay que poner un cuidado especial en la trasmisión de información en la biblioteca y en la atención a los usuarios con discapacidad. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza avalamos plenamente el punto de acuerdo que está a discusión, ya que las bibliotecas públicas tienen la responsabilidad de asegurar el acceso adecuado a la información por parte de todos los usuarios. El acceso a la información en las bibliotecas es un derecho de todos los ciudadanos y debe ser garantizado.
Aprovecho el espacio para hacer un reconocimiento a las personas con discapacidad hoy en su día. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, en la actualidad insultante sería que todos los integrantes de la comunidad internacional no coincidamos en que las personas con discapacidad tienen derecho a desarrollarse plena e igualitariamente en todos los ámbitos que así lo deseen. Tristemente, esta ideología no ha ido más allá de un simple discurso asistencialista, que aún carece de aplicación, pues las personas con discapacidad constituyen un grupo altamente susceptible a la discriminación, a la limitación de oportunidades y a la violación de sus derechos más fundamentales.
Las personas con discapacidad no sólo enfrentan un acceso limitado a las oportunidades sociales de salud, educación, trabajo, seguridad social y otros bienes sociales y derechos, que son esenciales para garantizar las condiciones de una vida digna, también enfrentan ellos dificultades de acceso a los espacios, que carecen de la infraestructura adecuada, espacios arquitectónicos urbanos generales y culturales.
Nuestro país ha contraído importantes obligaciones a nivel internacional con la firma y ratificación de estos instrumentos internacionales en materia respecto a los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes, especialmente la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
No obstante, lo anterior es pertinente mencionarlo, ya que la lucha en contra de la discriminación que sufren las personas con discapacidad no puede quedarse nada más en lo necesario, pero insuficiente prohibición de las formas de desprecio que responden al estigma social acerca de la discapacidad.
Tan es así, que de conformidad con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación, en 2010, la población con discapacidad considera que el desempleo es el principal problema de las personas con esta condición que enfrentan actualmente, dando un 27.4 por ciento, y en segundo lugar, la discriminación con un 20.4 por ciento, seguida de las dificultades que enfrentan para ser autosuficientes.
Asimismo, es imperdonable que uno de los sectores con mayor rezago en cuanto al acceso de las personas con discapacidad sea el educativo, en donde según se generan mayores limitaciones, pues tan sólo poco más del 60 por ciento de las personas con discapacidad en edad de nivel escolar básico asisten a la escuela y el total de la población de más de 15 años y hasta 29, con alguna discapacidad, únicamente 15 por ciento asiste a una escuela.
En esta tesitura, la ausencia de una política pública integral que propicie la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, es por demás una deuda añeja a cargo del Estado mexicano.
Es por lo anterior, que votaremos a favor del presente punto de acuerdo, pues consideramos un paso importante, pero no suficiente, la implementación de mecanismos de accesibilidad en los centros culturales, como lo son, por ejemplo, las bibliotecas públicas. Nuestro más sincero reconocimiento en este Día internacional para las personas con discapacidad. Es cuánto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero saludar, dar la más cordial bienvenida a la sesión a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Querétaro, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión.
Tiene la palabra la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Vamos a insertar su texto en Diario de los Debates y tiene la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, qué mejor momento, qué mejor día que se haya traído este punto de urgente u obvia resolución, hoy, 3 de diciembre, Día internacional de las personas con discapacidad.
Claro, claro que así lo asumimos, como un punto de urgente u obvia resolución para que las voces que aquí planteemos este problema tan lesivo para esas personas se escuche realmente, pero no solamente se escuche sino también se le ponga atención, sino que también, basta ya de discursos, de promesas, de palabras.
Creo que el día de hoy nos obliga a exigirle al Ejecutivo federal que de verdad voltee a ver a este sector de la sociedad, que se inviertan más recursos para que efectivamente, esas bibliotecas puedan estar equipadas con mayor accesibilidad para todas estas personas con discapacidad.
Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, las personas con discapacidad, incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás.
De lo pasado podemos extraer dos condiciones importantes: la primera, que la deficiencia es a largo plazo o permanente. La segunda, que dicha deficiencia pueda impedir la participación de la persona de manera plena y efectiva, debido a su condición de desigualdad.
De esta manera, es necesario considerar la discapacidad. No puede definirse solo en términos de salud sino que es indispensable ampliarlo en términos de derechos sociales y humanos.
Esto implica dejar de lado el asistencialismo y el discurso, y buscar la inclusión social de manera real, que sea tangible, que sea efectivo, para lo cual se necesita hacer un análisis profundo de las necesidades presupuestales para dar plena atención a esos grupos vulnerables que alcanza un aproximado del 5 por ciento del total de la población mexicana.
Considero que para tener una sociedad justa e incluyente es necesaria la suma de esfuerzos, la voluntad política, la creación de proyectos, la inversión, la conversión de planeación de la ciudad.
Aludo a la gran problemática de las personas con discapacidad, viven de manera cotidiana con un entorno que los discrimina día a día, derivado de la falta de planeación territorial, urbana y con sentido integral, ya que las ciudades no están diseñadas para que puedan desarrollarse con facilidad y libertad.
Generalmente las personas con discapacidad son excluidas de la posibilidad de tener acceso a fuentes de bienestar, como la educación, la salud, el empleo, el deporte, siendo víctimas del legado social y la discriminación y la infraestructura de la ciudad.
Por eso es muy necesario que este punto de urgente resolución sea votado para que todas estas personas tengan un acceso libre, digno, a todas las bibliotecas. Muchas gracias, señor presidente.
Quiero invitar también a todos los diputados que ojalá puedan acompañarnos, en unos minutos vamos a inaugurar la Feria de la Inclusión que está en la explanada de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Genaro Carreño Muro: Buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Les saludo con mucho afecto. Gracias, señor presidente.
Como se ha señalado reiteradamente, las personas con discapacidades son a la vez agentes y beneficiarios de los procesos de desarrollo, su participación es un requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible y equitativo que nos hace ver más humanos y más dignos en el proceso de nuestra vida.
Actualmente sus derechos humanos están expresados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue promovida por México a finales del 2001, proclamada por las Naciones Unidas en el 2005 y adoptada por nuestro país en 2008.
Al firmar y ratificar este ordenamiento internacional nuestro país refrendó el compromiso inquebrantable con la igualdad de derechos y oportunidades para este grupo de nuestra sociedad. La convención, en su artículo 9o., prevé que los países deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información, así como otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.
Asimismo, en el artículo 30, del mismo ordenamiento, se contempla que los Estados parte adoptaran todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como teatros, museos, cines, bibliotecas, servicios turísticos, entre otros.
Por otro lado, el artículo 30 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se prevé en el Sistema Nacional de Bibliotecas y salas de lectura, entre otros, se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad.
Compañeras y compañeros diputados, es imprescindible que se garanticen las bibliotecas públicas de las entidades federativas, la plena accesibilidad y movilidad para las personas con discapacidad y que se impulse también la capacitación del personal a cargo del servicio; pero también, no dejemos de lado que se requiere ampliar en las bibliotecas públicas del país la oferta de libros especiales destinados a las personas con discapacidad visual, de modo tal que puedan tener un creciente acceso a los beneficios del disfrute de la lectura.
Se necesita brindar atención gratuita y especializada a la población con discapacidad en la red nacional de bibliotecas sin discriminación, ni distinción alguna.
En Acción Nacional estamos convencidos que todos los seres humanos tenemos derecho a formar parte de la vida cultural de la sociedad y las personas con discapacidad, por supuesto que no deben de ser la excepción.
Es por eso, que coincidimos con los exhortos para que los Poderes ejecutivos de las entidades federativas realicen las adecuaciones pertinentes para garantizar la plena accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en las instalaciones de todas y cada una de sus bibliotecas públicas. También creemos en la necesidad de que el personal que labora en ellas, reciba la preparación necesaria para prestar una mejor atención. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la voz, la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Cecilia González Gómez: Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladores. El 5 por ciento de la población nacional, es decir, más de 5 millones de personas, como bien lo han dicho los diputados y diputadas que me antecedieron, padecen de una disminución en sus funciones intelectuales o físicas, lo que les ocasiona una alteración que afecta la realización de sus actividades cotidianas.
Para una mayor comprensión de este 5 por ciento de la población nacional, hacíamos la comparación que una ciudad como la de Guadalajara completa tendría esta imagen de cantidad de personas que tendrían algún impedimento físico, cognitivo o locomotriz.
En el año 2011 se emitió la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un avance jurídico de largo alcance, para que el Estado promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Sin embargo, el reconocimiento de sus derechos humanos establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, ha mostrado avances paulatinos o, bien dijéramos lentos, ya que aún existen múltiples prácticas tanto de las autoridades como de la sociedad que vulneran el pleno respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
Un claro ejemplo de ello es la falta de accesibilidad en el ámbito educativo y cultural, por lo que se deben crear acciones tendientes a garantizar la inclusión de programas institucionales y atención de personas con discapacidad, para que se desarrollen normas jurídicas que eviten su discriminación y favorezcan las condiciones de accesibilidad, se proporcionen los apoyos didácticos adecuados, materiales técnicos y se asegure personal docente capacitado.
Sin duda, la facilidad que se les proporcione a las personas con discapacidad para hacerse llegar a las diferentes expresiones culturales, permitirá que se desarrollen sus cualidades cognitivas mejorando la comunicación, el aprendizaje, el desenvolvimiento de actividades que permitan su inclusión en la sociedad y ello contribuirá para hacerlos sentir de una mejor manera y un reconocimiento a su esfuerzo, ya de hecho, que hacen cada uno de ellos.
Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor del punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos locales a garantizar plena accesibilidad y movilidad en las bibliotecas públicas y facilitar la capacitación del personal adscrito a ellas en la atención especializada y profesional para las personas con discapacidad.
Compañeros y compañeras diputados, sumémonos a la intención del presente punto de acuerdo, ya que los esfuerzos deben ser coordinados para alcanzar mejores logros en beneficio de quienes más lo necesitan, con la finalidad de que su integración a la sociedad sea efectiva.
Asimismo, se dará un paso más en el cumplimiento de lo establecido en el mandato constitucional donde señala tajantemente que queda prohibida toda discriminación motivada por las discapacidades que atenten contra la dignidad humana y tengan por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este caso del derecho al acceso a la cultura, contemplado en el artículo 4o. de nuestra Ley Suprema.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, es tiempo de unirnos por México. Es tiempo de mover a México de una manera integral. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Voy a pedir ahora a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado el acuerdo, comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que se recibió del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Histórica del Puerto de Veracruz. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
También se recibió de la diputada Laura Barrera Fortoul, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la cual se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 4 de diciembre de 2013 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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