Comunicaciones
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
Iniciativas de legisladoras y de legisladores
Diputado Jorge Herrera Delgado, PRI
Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, PAN
Diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD
Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano
Diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, PRI
Senadora Gabriela Cuevas Barron, PAN
Diputado Rodrigo González Barrios, PRD
Diputado Abraham Montes Alvarado, PRI
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, PAN
Proposiciones de legisladoras y de legisladores
Recibidas y turnadas a comisiones
Dictamen de la Tercera Comisión respecto del asunto de Dragon Mart, Cancún
Diputado Ricardo Mejía Berdeja, relativo a la isla Holbox
Turno a las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente, muy buen día a todas y todos.
(Pase de lista)
Hay una asistencia de 29 legisladores. Por lo que hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:11 horas): Se abre la sesión. Feliz año a todos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria...
El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, con mucho gusto. Un micrófono, por favor, para nuestro muy amigo legislador nayarita.
El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Gracias, diputado presidente. El día de ayer la Tercera Comisión aprobó un dictamen, un punto de acuerdo, y no lo veo en el orden del día, fue aprobado por unanimidad y es un punto de acuerdo sumamente importante, es sobre Dragon Mart.
Sólo comentarle que el presidente Peña Nieto antes de que terminara el año, tomó la decisión de que se sigan cobrando aranceles, fundamentalmente lo que tiene que ver con calzado y textil, que son producidos de China. Y el asunto de Dragon Mart tendría que ver en una superficie de más de 500 hectáreas; hay una en Dubai, un Dragon Mart, de una superficie de 17.5 hectáreas. Aquí estaríamos hablando de más de 500 hectáreas en Quintana Roo.
Drango Mart-Dubai es el primer lugar después de China donde se venden productos chinos y venden hasta maquinaria pesada. La industria textilera y del calzado están planteando que no se debiera de aperturar un emporio con estas características, tiene que ver el punto de acuerdo con cuestiones económicas que pudieran romper con cadenas productivas muy importantes de calzado y textilera, no solamente en Cancún, sino en todo el país. Yo le quisiera pedir amablemente, diputado presidente, que de ser posible se integre al orden del día este punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad.
Algo está viendo el presidente de la república y algo están viendo los industriales mexicanos que plantean que esa situación debe de revisarse puntualmente. A partir de la propuesta de punto de acuerdo que propuso el compañero diputado Trinidad Morales en respaldo a la diputada de Quintana Roo, Graciela Saldaña, se ha venido una andanada, allá en Quintana Roo, en contra de ellos diciendo que están difamando.
Sería importante que si los responsables, los que están al frente de esta empresa, los apoderados legales, si dicen que se está mintiendo, que nos invitaran. Yo pediría incluso que la Tercera Comisión que preside la senadora Dolores Padierna pudiera invitar a los industriales del calzado y textileros para escucharlos. Es un asunto de mayor importancia.
Desde mi opinión, es la cabeza del dragón chino en México y en toda Latinoamérica. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, muy apreciado diputado. No se nos remitió a Mesa Directiva el dictamen. Hasta donde entiendo, estaban juntando firmas, senadora Dolores. Adelante.
La senadora Dolores Padierna Luna (desde la curul): La Tercera Comisión sesionó a partir de las cuatro de la tarde. De acuerdo al reglamento que aprobamos en la sesión pasada, el registro termina a las dos de la tarde.
Como es un dictamen votado por unanimidad, consideramos conveniente apartar el lugar mientras se reunían todas las firmas. Hasta hoy, que esperamos ver a todos nuestros legisladores y legisladoras, podría cubrirse este requisito de la firma.
Yo quisiera hacerle la misma súplica de mi compañero, que pudiera abrirse en el orden del día el punto para presentarlo como dictamen y se vote por el pleno.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Les parece que si nos llega a Mesa Directiva el dictamen debidamente firmado, consultemos a la asamblea para que nos permita cambiar el orden del día? Creo que no habrá inconveniente. Lo hacemos con mucho gusto. Aun cuando no está agendado, las razones de nuestro muy querido amigo el señor diputado nayarita, han quedado expuestas y en el Diario de los Debates.
Estamos en el trámite de la dispensa del orden del día, por favor.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, que está publicada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa su lectura.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba, por favor, secretaria.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los siguientes asuntos:
Cuatro oficios por los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Dos oficios con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Honorable Cámara de Senadores.
El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Oficio con el que remite la designación de ciudadanos mexicanos para desempeñar el cargo de vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Tercera Comisión.
El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Oficio por el que informa que 14 ciudadanos mexicanos han dejado de prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Oficio con el que informa que el 30 de noviembre de 2012 fue constituido el fideicomiso público denominado Fondo para el Cambio climático, en cumplimiento al artículo noveno transitorio de la Ley General de Cambio Climático.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático también de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se recibió de este servidor de ustedes y de varios legisladores del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Jorge Herrera Delgado, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado Jorge Herrera Delgado: Muchas gracias. Con el permiso de esta Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hoy –en el inicio de este 2013– creo que es una buena señal el hecho de que este Congreso esté abriendo el tema de sus iniciativas con un tema de la mayor importancia: estamos hablando de las niñas, los niños, los adolescentes. Estoy seguro que todos entendemos fácilmente la enorme importancia que tiene el hecho de que fijemos nuestra atención, como legisladoras y como legisladores, en este que es nuestro más amplio presente y nuestro más maravilloso futuro como sociedad y como país. Asegurar los derechos de la infancia y la adolescencia de nuestro país es forjar desde hoy al México del futuro.
Esta legislatura hoy tiene la oportunidad histórica de impulsar un marco jurídico más amplio, más vigoroso, para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
Como ustedes saben, y derivado de las reformas a nuestra Carta Magna, específicamente en sus artículos 4o. y 73, en donde se elevó a rango constitucional el principio del interés superior de la infancia –hablo del artículo 4o.– y se facultó al Congreso expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México ya es parte. Esto haría referencia al artículo 73, que recientemente modificara la anterior legislatura.
Por ello, hoy creo que estamos ante una gran responsabilidad de poder trabajar y de establecer el fortalecimiento en nuestras instituciones para asegurar la cobertura que proteja a los niños de México.
La presente iniciativa, que va suscrita por varias de las legisladoras y varios de los legisladores aquí presentes, tiene también como iniciativa –y agradezco en mucho el trabajo y el acompañamiento de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, quien está en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y con quien hemos colaborado para poner hoy ante ustedes esta iniciativa, que lo que propone es adicionar un título sexto a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esto tiene como fin el establecer un programa nacional que impulse la política pública en esta materia, con objetivos bien definidos para que los tres órdenes de gobierno puedan establecer indicadores, estadísticas, presupuestos e impacto social.
Dos. Se plantea el establecimiento de un sistema para la atención, promoción, garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, como un mecanismo de concurrencia y de colaboración interinstitucional, así como de coordinación y de seguimiento.
Esto con la intención de poder darle ese seguimiento continuo que requieren los programas, las acciones, los mecanismos públicos y privados, a fin de contribuir a la eficacia en la ejecución de políticas públicas para la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez.
Un tercer punto que tiene que ver con proponer el establecimiento de un servicio nacional de información sobre la infancia y la adolescencia.
Esto con la finalidad de proveer de información especializada en la materia y con ello poder apoyar la toma de decisiones en el impulso de los programas y acciones a favor de las niñas, los niños y los adolescentes.
Lo anterior, como una alternativa de solución ante la falta de información que hoy tenemos, información oficial, que de manera accesible y actualizada nos permita poner a disposición del público, en general, a fin de poder coordinar y de armonizar las acciones que hagamos a favor de los derechos de los niños.
Estamos con esta iniciativa buscando armonizar, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y que podamos, de acuerdo a nuestros tratados internacionales, estar también al corriente en la defensa, en la promoción, en la garantía de los derechos de la infancia.
Quisiera, señoras y señores legisladores, invitarles a que impulsemos esta iniciativa que establece un diseño institucional para brindar una cobertura a nuestras niñas, niños y adolescentes, para llevar a cabo acciones con mayor eficacia y eficiencia, para tener herramientas que coadyuven a la toma de decisiones y a la definición de políticas públicas claras a favor de la infancia y de la adolescencia de nuestro país.
Quisiera terminar haciendo un resumen muy sencillo, para decirles que con esta iniciativa estamos proponiendo:
1. El establecimiento de un programa o política pública bien claro desde la legislación, a favor de la infancia de México;
2. Que se pueda proponer un sistema que armonice y sume los esfuerzos de la federación, del Distrito Federal, del estado y los municipios, a favor de la infancia, y;
3. Que pueda existir un sistema de información especializada.
Estos dos últimos puntos estamos pensando que se pueden realizar a través de la intervención de los planes y de los programas que hace el DIF nacional, y que pudiese existir una especie de secretariado técnico que le diera una atención específica a esta política pública.
Y, desde luego, en el último punto poder coadyuvar con el INEGI, que ya tiene información específica pero que podamos crear un sistema de información que permita tener la parte especializada a favor de poder evaluar esa aplicación de las políticas públicas y de darle seguimiento a las mismas.
Estoy seguro que habrán de ver que es de la mayor importancia trabajar en nuestra niñez, en nuestra juventud; que podamos seguir promoviendo la protección de sus derechos, garantizar la promoción de los mismos. Estoy seguro que habrá un interés general para impulsar este tipo de iniciativas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Herrera Delgado. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para dictamen.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Tiene la palabra, diputado Cáceres de la Fuente.
El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenos días, con permiso de la Presidencia. Antes que nada, feliz año a todos los senadores y diputados que integramos esta comisión. Iniciamos con esta exposición de motivos.
Traemos una propuesta de posicionamiento para las modificaciones que ya se comentaron y para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es un compromiso con la juventud mexicana y estamos conscientes de la importancia que implica el generar los cambios legislativos que permitan abrir espacios de participación para las y los jóvenes de nuestro país, lo que se traducirá en oportunidades reales de desarrollo en los distintos ámbitos de la vida nacional.
En México, de acuerdo con el censo de población 2010, hay 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, de los cuales 17.8 son hombres y 18.4 millones son mujeres.
En este amplio sector juvenil, las y los jóvenes conforman un componente fundamental de nuestra sociedad, pues se erigen como participantes activos en las grandes tareas de los retos presentes y futuros que demanda nuestro país.
Los jóvenes de hoy constituyen una generación preocupada por lo cercano, lo cotidiano, lo específico y lo que afecta el ámbito donde se desarrollan.
En ese sentido en la medida en que los jóvenes participen a nivel individual y colectivo en la detección de los principales problemas, intereses, preocupaciones y necesidades de lo que atañen, podrán ser involucrados en los asuntos públicos del país.
En la actualidad pocos jóvenes tienen el interés de participar en organizaciones juveniles. De acuerdo con datos arrojados en la Encuesta Nacional de Juventud 2010, la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación, es baja y apenas se ha modificado en los últimos 10 años; con la edad la participación se reduce.
Sólo uno de cada diez jóvenes dijo participar en una organización o asociación. De los jóvenes que sí participan en la actualidad, el grupo de 15 a 19 años representa el 40.6 por ciento, mientras que de los jóvenes de 25 a 29, sólo representan el 15.4 por ciento.
De los jóvenes que participan en alguna asociación, la categoría más común es la deportiva, tanto para los hombres como para las mujeres.
Existe una diferencia para el segundo grupo en importancia. Para los hombres son las asociaciones estudiantiles y para las mujeres, las de corte religioso.
Asimismo acorde con el Programa Nacional de Juventud 2008-2012, entre los factores que limitan o condicionan el derecho a la participación de las y los jóvenes, se contemplan la de vinculación entre las instituciones del Estado y las manifestaciones de participación, la falta de comprensión de la participación de jóvenes como mecanismos de reducción de conflictos y conductas de riesgo.
En ese sentido bajo ninguna justificación debe dejarse de lado la participación de los jóvenes ni en la solución de la problemática que enfrentan.
Por ello la intención de la presente iniciativa es fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, institución rectora de la materia, a fin de que promueva la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.
Las posibilidades de que los jóvenes participen en actividades de desarrollo en el hogar, la escuela y la comunidad, revisten importancia vital en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Dicha participación es el ejercicio a través del cual se preparan para ejercer a plenitud sus derechos, hacerlos exigibles y, en su determinado momento, asumir responsabilidades en las áreas de la vida nacional.
Asimismo, es de suma relevancia apoyar tanto a las organizaciones juveniles como aquellas que trabajan por y para los jóvenes. Es sabido que hoy los jóvenes buscan organizarse para participar en diversos asuntos públicos del país, pero además, cada vez se ha generado mayor interés por formar organizaciones cuya temática es la propia juventud, particularmente organizaciones que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias de relevancia en las realidades juveniles.
Por ello, este proyecto también busca que sean objeto de fomento las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de la promoción, protección y respeto de los derechos de la juventud e impulso de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad así como su desarrollo integral.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta comisión permanente la presente iniciativa de reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adiciona la Ley Federal del Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que tiene por objeto fortalecer la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida nacional. Muchas gracias, es cuanto señor presidente.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Cáceres de la Fuente. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Juventud y de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Adelante, diputado.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señora presidenta. Con el permiso de las legisladoras y legisladores de esta Comisión Permanente. En concordancia con lo planteado anteriormente en el tema de algo que interesa a los jóvenes, en este sentido también nosotros vamos a hacer la presente propuesta de iniciativa. Los jóvenes con toda razón exigen no sólo más justicia en la realización de sus derechos, sino una participación decisiva en la marcha de nuestra nación.
En armonía con lo anterior presentó una iniciativa de ley, para lo cual pido a todas y a todos su apoyo, que busca impedir que un número creciente de estudiantes se vean obligados a prestar su servicio social profesional de manera gratuita en afectación de su bienestar y su dignidad, situación que además agrade abiertamente lo ordenado en el artículo 5o. constitucional que a la letra señala: Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley.
Es decir, que todo servicio –señala– que todo servicio es retribuido. En armonía con este principio constitucional de corte humanista y social, señala que salvo algunas excepciones que deberán encontrar sus razones de interés social o en el interés público no serán retribuidos.
Como sabemos, el servicio social profesional es requisito indispensable para que el estudiante universitario o en general de una institución de educación superior pueda titularse. Uno de los espacios en que se debe suprimir toda discriminación es el jurídico, esto con mayor razón cuando las leyes secundarias se oponen abiertamente a lo preceptuado por la Constitución General de la República.
En la prestación del servicio social profesional indudablemente el joven fortalece sus conocimientos y los pone en práctica para la solución de los problemas sociales, económicos y culturales del país. Se empapa de la realidad general. En general, este servicio le permite su crecimiento personal y profesional.
Pero también el estudiante presta un servicio personal que merece un pago como justa retribución a su esfuerzo y respeto a su dignidad.
El estudiante universitario es un profesionista o casi un profesionista, persona altamente calificada y por ello debe ser reconocido por el Estado y por la institución que reciba su valiosa participación en el marco de su servicio profesional obligatorio.
A esto se suma la realidad de que la inmensa mayoría de los estudiantes carece de recursos económicos suficientes, por lo que pudiese calificarse de explotación que las instituciones gubernamentales, sociales o privadas que reciben sus servicios, en muchos de los casos no les dan retribución alguna, por lo que ellos y sus familias deben transferir recursos a estas instituciones en forma de pago de pasajes, alimentación, materiales, entre otros, y no así como debería de ser, al contrario.
La raíz de esta problemática no está en la Constitución, sino en la ley reglamentaria., que si bien en principio reconoce en su artículo 53 que el servicio profesional debe ser retribuido, más adelante, en el artículo 59, señala que tal retribución sólo será obligatoria cuando absorba todo el tiempo del estudiante. Y para rematar, el reglamento de esta ley expresamente señala que la falta de retribución no será causa para que el estudiante se niegue a la prestación de este servicio profesional.
Por lo anterior, propongo la adición al artículo 53 de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional que entre otras cosas señalaría: la retribución prevista en el párrafo anterior se sujetará a las siguientes reglas: primero, tratándose del servicio social profesional, la retribución será obligatoria e irrenunciable, salvo las excepciones que se desprenden conforme al artículo 60 de esta ley.
Segundo. El monto de esta retribución no será menor a dos veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o su promedio hora.
Yo sé que todos tenemos interés, reitero, en que los jóvenes en nuestro país tengan plenos derechos, pero además sea reconocido ese esfuerzo que hacen los jóvenes profesionales.
Espero que no se quede como la mayoría de las iniciativas de ley que propone el PRD. Por cierto, de 82 que propusimos en el período pasado, solamente una pasó. Ojalá haya ánimo de todas y de todos de respaldar esta iniciativa. Es cuanto, presidente.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Blanco Deaquino. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para dictamen.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Enseguida tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidente. Feliz año a todos mis compañeros de la Permanente.
Coincido con el compañero Silvano Blanco en que hay distintas iniciativas de legisladores que se presentan y dado el carácter preferentísimo que se le da a lo que viene del Ejecutivo, ahí van durmiendo el sueño de los justos.
Nosotros esperamos, sinceramente, que en el periodo ordinario nos podamos actualizar, porque de todos los partidos hay iniciativas valiosas y esperamos que efectivamente se puedan dictaminar, para que no solamente estemos haciendo eco y dictaminando lo que venga del Ejecutivo.
En tal virtud, en el periodo pasado presentó Movimiento Ciudadano un paquete de iniciativas en materia de derechos humanos, que consideramos que con esta iniciativa se complementa para hacer realidad esa demanda que hay en el país, de que se respeten los derechos humanos, se termine con la impunidad que con el pretexto de la persecución de los delitos se cometen abusos y que han crecido exponencialmente en los últimos años.
En tal virtud, nosotros presentamos una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer específicamente el tipo penal de tortura. Planteamos abrogar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que todo esté en el código sustantivo de la materia, que es el Código Penal.
Planteamos también una reforma al artículo 215-A, para ubicar en los estándares internacionales y en las propuestas de los organismos de derechos humanos, el delito ya muy socorrido de la desaparición forzada, que ha crecido también a últimas fechas.
Planteamos un tema que vemos que ha sido retomado, que es precisamente derogar en la Constitución, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el delito o mejor dicho la figura del arraigo. Es decir, este mecanismo por virtud del cual, primero te detienen y luego te investigan, y se cometen una serie de aberraciones graves para miles de personas.
Lo que planteamos ahora, incorporándole a este paquete, es una cuarta iniciativa de ley, una reforma al Código de Justicia Militar, para reformar el artículo 57, en su primer párrafo, y establecer que aquellos delitos cometidos contra los derechos humanos, sean éstos por militares, sean juzgados por autoridades de carácter civil.
A nosotros nos parece que es un tema importante, porque no se trata de demeritar en modo alguno a la institución que cuenta con mayor prestigio y reconocimiento en nuestro país, como es el Ejército, sino al contrario, salvaguardarla y cuidarla de aquellos elementos que indebidamente, arbitrariamente cometen violaciones a los derechos humanos.
Nosotros creemos, que en un régimen castrense en el fuero militar difícilmente se podría profundizar en las investigaciones de los delitos, porque hay esa solidaridad de gremio, de grupo, de corporación, y nosotros creemos que tiene que ser juzgado por autoridades de carácter civil, por eso estamos planteando esta reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Nos parece que en un Estado democrático, de derecho, todas las instituciones tienen que someterse al imperio de la ley, no puede haber excepciones ni regímenes especiales y toda vez que además el artículo 1o. constitucional establece la salvaguarda y la protección amplia de los derechos humanos, consideramos que es momento de entrarle a este tema.
Insisto en que este tema se ha planteado como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el tema de la protección de los derechos humanos por parte del Ejecutivo federal. Queremos ver si no es solamente retórica para salir al tema de tantas denuncias que hay en organismos internacionales, como Amnistía Internacional o grupos de aquí de nuestro país sino si se va realmente en serio.
Y por eso, consideramos, compañeras y compañeros legisladores, que hay que entrarle a este tema de reformar el Código de Justicia Militar, para que aquellos elementos que indebidamente cometan violaciones a los derechos humanos sean sometidos al régimen civil.
Ése es el planteamiento. Esto va de la mano con eliminar la figura del arraigo. Va de la mano con establecer una tipificación más adecuada al delito de la desaparición forzada y también con establecer el tipo penal, que no existe actualmente en el Código Penal Federal del delito de tortura.
Ésa sería nuestra propuesta. Esperamos que se llegue muy activo en el periodo ordinario que arranca en febrero y que todas las comisiones de la Cámara la dictaminen y que cuente con el respaldo de la mayoría. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para dictamen.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 18 Bis y reforma los artículos 42 y 52 de la Ley de Aviación Civil. Tiene la palabra, diputada.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Ley de Aviación Civil en los últimos años ha sufrido diversas reformas, sin embargo, el transporte aéreo de pasajeros en México presenta diversos problemas que afectan tanto a los consumidores como al desarrollo nacional, entre los que destacan el alto costo de las tarifas y la discrecionalidad de los concesionarios para fijarlas y modificarlas, así como la violación constante a los derechos de los usuarios.
La legislación actual protege básicamente la competitividad entre las aerolíneas, sin considerar el efecto de las tarifas sobre otros sectores de la economía como el turístico o de negocios, lo que resulta una limitante para el crecimiento económico del país.
Por ello, una vez más, desde esta tribuna, es necesario señalar que las tarifas aéreas que se cobran en México están entre las más caras del mundo.
Para darnos una ligera idea de la magnitud de los precios, por ejemplo, un boleto redondo a Durango, Nayarit, Veracruz y Coahuila, por mencionar solo algunos destinos, es mucho más caro que un viaje redondo a Nueva York, a Canadá, a España o a Argentina. Incluso, las tarifas llegan a tener un costo de más de 14 mil pesos en clase turística o económica.
Tampoco es ningún secreto que un boleto para el mismo destino y horario, en el mismo asiento y clase, comprado con una diferencia de minutos, tiene una tarifa distinta. O bien, que el boleto adquirido está sujeto a condiciones determinadas, las cuales nunca se le informaron al consumidor.
Bajo este orden de ideas, la lógica jurídica y la lógica económica indican que el diseño de un tabulador de tarifas aéreas, de referencia, acordado entre los concesionarios y la Secretaría de Economía, que contenga los costos máximos, que de ninguna forma deberán ser mayores al establecido, sin importar la temporada o disponibilidad es fundamental no sólo para garantizar los derechos de los consumidores, sino para fortalecer y desarrollar al sector.
Por otro lado, es de sobra conocido que –a pesar de que un boleto de avión es equivalente a un contrato comercial, que trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes– son cotidianas y reiteradas las quejas sobre anomalías como atrasos en las salidas y llegadas, cambios de destino, cancelación y sobreventa de boletos.
Ante lo cual, la respuesta también reiterada y cotidiana por parte del personal de las aerolíneas siempre es: Son las políticas de la empresa; solamente sigo indicaciones; si gusta, puede poner una queja vía telefónica.
La realidad es que en materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo en nuestro país es uno de los más atrasados, entre otras cosas porque se encuentran establecidos en una norma reglamentaria de baja jerarquía, en razón de lo cual se plantea elevarlas a categoría de ley.
Entre los derechos que se proponen establecer está que en caso de presentarse un sobrecupo, sobreventa de boletos o cancelación por causas imputables al concesionario el consumidor deberá recibir una indemnización que nunca será menor al triple del costo del boleto, además de la opción de elegir entre la devolución del importe del boleto y un medio de transporte alternativo con las mismas características o superiores hasta el destino final.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el sector aeronáutico nacional es un sector estratégico y prioritario para la economía mexicana, de ahí que la presente iniciativa tenga por objeto recuperar la rectoría del Estado en la materia al proponer acotar la libertad de los concesionarios para fijar libremente las tarifas, así como escalecer la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, para garantizar el pleno respeto a los derechos de los consumidores, el establecimiento de tarifas justas y el impulso de la competitividad para fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como de las diferentes actividades relacionados, otorgando certeza y seguridad jurídica. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, diputada Quiñones Canales. Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, senadora Cuevas.
La senadora Gabriela Cuevas Barron: Muchas gracias, senadora. La democracia no es un puerto de llegada o una estación terminal. La democracia es en cambio un arreglo institucional que se encuentra en constante transformación para abrir más espacios a la liberación pública.
Por eso, el día de hoy presento a consideración de esta soberanía una propuesta de reforma constitucional que busca profundizar la transformación democrática que hemos vivido durante los últimos años.
Durante los últimos meses el Poder Legislativo ha aprobado diversas reformas para establecer nuevos mecanismos de participación social y abrir canales de comunicación más eficaces entre los ciudadanos y los gobernantes.
Gracias a figuras como las candidaturas independientes, las consultas populares y las iniciativas ciudadanas se ha cerrado la distancia que había entre las aspiraciones ciudadanas y las decisiones de sus representantes.
Sin embargo, el cambio social obliga insistir en la pertinencia de concretar otras reformas constitucionales que consoliden un cambio político de trascendencia en nuestro país. Uno de esos cambios es la adopción del principio de mayoría relativa calificada para la elección del presidente de la República.
De acuerdo con el texto constitucional vigente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos se elige bajo el sistema de mayoría simple o relativa. Es decir, que el ganador de la elección presidencial es el candidato que obtiene el mayor número de votos, sin importar el porcentaje del electorado que lo respalde ni el margen de votos entre el primero y el segundo lugar.
Ahora, lo que propongo con esta iniciativa es establecer la denominada Regla de doble complemento, ¿esto qué significa? Significa que el ganador de la contienda electoral será el candidato que reciba el 50 por ciento más uno de los votos, o en su caso, aquel que a pesar de recibir menos de la mitad de los votos emitidos sí obtenga una ventaja de tal magnitud, que el margen del segundo candidato para llegar al 50 por ciento de los sufragios emitidos sea cuando menos el doble del margen que separa al ganador de ese 50 por ciento.
Por ejemplo, no se requeriría una segunda vuelta si uno de los contendientes obtiene el 44 por ciento de los votos, siempre y cuando el candidato que le sigue tenga menos del 38 por ciento, o bien, si el primer lugar obtuviera el 39 por ciento y el segundo menos de 28 por ciento.
Esta regla se basa en la premisa de que la mayoría relativa es suficiente para declarar un ganador y por lo tanto, que las segundas vueltas son innecesarias en algunos casos.
También es importante subrayar que con esta regla el margen requerido para declarar un ganador se amplía en la medida en la que disminuye el porcentaje de votos por el candidato líder. Esto hace más probable que haya una segunda vuelta en aquellos casos que provocaron descontento social en las últimas dos elecciones presidenciales; el margen cerrado entre los punteros y el bajo respaldo del electorado hacia los candidatos ganadores.
Finalmente, esta iniciativa propone la elección consecutiva de los legisladores federales, así como de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos, jefes delegacionales y diputados locales.
Tanto académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado que la reelección de las autoridades permite fortalecer el poder de los ciudadanos, por las siguientes razones; en primer lugar, porque permite consolidar la rendición de cuentas ante la sociedad, creando un vínculo más estrecho entre los electores y sus representantes; en segundo lugar, porque mejora la gestión del gobierno desde el nivel local.
La elección consecutiva lo que permite es profesionalizar los cuadros administrativos, tanto en ayuntamientos como en los órganos legislativos, lo que lleva a una verdadera carrera parlamentaria y a una especialización de las funciones.
En tercer lugar, porque convierte al voto ciudadano en un instrumento de premio o castigo al desempeño de los representantes populares.
Es importante señalar que esta iniciativa no propone la reelección ilimitada; por lo que en su caso, que se establezcan restricciones específicas.
Además, para no trastornar de forma súbita al orden público, se propone que sean los órganos legislativos de las entidades federativas quienes decidan si quieren o no la reelección de ayuntamientos y diputados locales.
Estimados compañeros y compañeras, México es el único país de América Latina que prohíbe la reelección, tanto de legisladores como de presidentes municipales, y no podemos seguirnos dando el lujo de ver cómo nuestro marco normativo se aleja de la realidad democrática que presenciamos durante los últimos años.
Es tiempo de analizar, de discutir, de enriquecer estas propuestas que los ciudadanos han exigido desde hace tiempo y que ya no pueden seguir en el tintero. Muchas gracias, por su atención.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora Cuevas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo González Barrios, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados, el propio diputado Rodrigo González Barrios y el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado González Barrios.
El diputado Rodrigo González Barrios: Gracias, senadora. Esta iniciativa tiene que ver, evidentemente, con la violencia física que los patrones ejercen en contra de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, no hace más de dos meses en una empresa, seguramente una maquiladora en Querétaro, vimos imágenes en videos de cómo un capataz asiático, coreano, golpeó y volvió a golpear a un trabajador mexicano.
Digo, también a los mexicanos nos gustan las peleas y les hemos ganado en el quinto round. Hace cerca de dos meses un mexicano noqueó a un asiático, pero cuando hay normas. Aquí no.
Entonces, si ya de por sí la ley laboral que se aprobó desde la opinión del PRD le da todavía más prerrogativas a los patrones, es necesario que este tema del asunto de la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores mexicanos sea un tema que pueda ser sancionado con mucha severidad.
Si ya es grave que algún patrón mexicano haga o ejerza violencia física contra las trabajadoras o los trabajadores de México, todavía nos parece más indignante que algunos empresarios extranjeros vengan y en nuestra propia tierra golpeen a trabajadores o trabajadores mexicanos.
En ese sentido esta iniciativa tiene esa característica y el fundamento legal en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracciones I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa, denominación del proyecto, ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo.
Artículo único. Se adiciona la Ley Federal del Trabajo con un último párrafo al artículo 20, un segundo párrafo al artículo 52, las fracciones XV-Bis, XV-Bis 1 y XV-Bis 2 al artículo 132; un segundo párrafo a la fracción I del artículo 54 y un artículo 104-Bis en los términos siguientes:
Artículo 20. La prestación de un servicio personal subordinado no otorga al patrón o a sus representantes el derecho de ejercer violencia de cualquier tipo, incluida la física, en contra de las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, la relación de trabajo y el contrato individual de trabajo deben basarse en el respeto mutuo entre los factores de la producción y en la observancia de los derechos humanos.
Artículo 52. El trabajador que se separe de su trabajo por causas de violencia, incluida la violencia física imputable al patrón o a sus representantes, tendrá derecho a que el patrón lo indemnice con el doble de lo marcado en el artículo 50 de esta ley.
Artículo 132, de la I a la XV-Bis. Crear un ambiente libre de riesgos y violencia laboral, establecer programas y adoptar medidas adecuadas, mecanismos e instancias para impedir el acoso y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, así como proceder a la aplicación de sanciones de forma firme e inmediata a quienes infrinjan el derecho a una vida laboral libre de violencia de género.
XV-Bis 1. Crear y garantizar ambientes de trabajo libres de violencia laboral, hostigamiento sexual y hostigamiento moral contra las personas trabajadoras mediante la aplicación de toda clase de programas y adopción de medidas que resulten necesarias.
XV Bis 2. Atender, dar seguimiento y solución a las quejas presentadas sobre cualquier tipo de violencia contra las y los trabajadores, aplicando a los casos un procedimiento confiable, confidencial y de respeto a la vida privada de las personas trabajadoras que presenten su queja, garantizando que no haya represalias contra quienes hagan uso de este recurso.
XVI a la XXVIII.
Artículo 541, párrafo primero. De igual manera vigilará de manera especial el cumplimiento de las normas de trabajo relativas a la tutela de las y los trabajadores contra todo tipo de violencia en los centros de trabajo, incluida la violencia física.
Párrafos segundo a octavo.
Artículo 104 Bis. Al patrón o su representante o representantes que ejerzan violencia contra las y los trabajadores, incluidas las lesiones u homicidio contra un trabajador en el centro de trabajo, se le aplicarán las sanciones, incluidas las privativas de la libertad previstas en el Código Penal Federal, mismas que se incrementarán en un 30 por ciento.
Transitorio
Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro. Diputado Trinidad Morales Vargas, y el de la voz, diputado Rodrigo González Barrios. Muchas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado González Barrios. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.
Se informa que se recibió del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El diputado Abraham Montes Alvarado: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, muchas crisis nos han alcanzado ya y actualmente vivimos con ellas: financiera, alimentaria, de seguridad, climática, energética, entre otras.
Muchos compromisos ha firmado nuestro país; 77 documentos internacionales en materia de medio ambiente.
La revolución industrial nos trajo importantes avances tecnológicos, pero también por la forma en que manejamos esta revolución industrial, también nos trajo un significativo cambio en el planeta en cuanto a la calidad del aire, agua y suelo, entre otras.
En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en el año de 1992, nuestra nación se comprometió a adoptar medidas nacionales de sustentabilidad, por lo cual se sumó al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, tendiente al desarrollo de indicadores, por medio de los cuales se puedan medir las políticas y estrategias de desarrollo sustentable de un país.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático del año 2011 declaró que para cubrir el 85 por ciento de la demanda mundial de energía se emplean combustibles fósiles, 34.6 por ciento petróleo, 28.4 por ciento carbón, 22.1 gas natural.
Esta petrolización de la energía combinada con la petrolización de la economía mundial genera vulnerabilidad por cambios en el precio del petróleo, y además debemos recordar que el petróleo es un recurso no renovable.
Pero existen nuevas formas renovables de energía, la bioenergía es utilizada por el 10.2 por ciento de la población, 2.3 por ciento hidráulica, 0.2 por ciento eólica, 0.2 por ciento solar, y finalmente el 2 por ciento de fuentes nucleares satisfacen la demanda global de energía.
La situación geográfica de nuestro país lo ubica en tercer lugar entre los países como mayor generador de energía solar ya que contamos con grandes extensiones de desiertos donde se pueden construir granjas solares.
Las fuentes solares permiten el funcionamiento de las luminarias leds, su consumo es variable oscilando de 30 y 90 watts. Las tradicionales lámparas de vapor de sodio y de aditivos metálicos consumen entre 150 y 175 watts.
Esto significa que si se instalaran en las calles las luminarias leds, podría ahorrarse hasta el 75 por ciento de la electricidad que actualmente se utiliza. Estas luminarias tienen una vida útil mayor de aproximadamente 15 años, mientras que las otras sólo tienen una vida útil entre uno y dos años.
Existen antecedentes de estudios relativos a la implementación de luminarias leds en el alumbrado público, como es el caso del Programa Avance-Última Milla emitido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Por medio de este Programa se otorgaron apoyos económicos a la línea de lámparas APLED, Ecos Innovations, por un millón 50 mil pesos para las etapas de diseño y desarrollo de los productos.
Los estudios nos indican que si un municipio paga anualmente 10 millones de pesos por alumbrado público, a partir de la instalación de este tipo de lámparas pagaría solamente entre 2 y 3 millones.
Por eso la iniciativa reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad impulse la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas. Asimismo, celebre convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y/o con las entidades públicas y privadas para la transformación en la iluminación del alumbrado público.
Además propone que la Comisión Federal de Electricidad cuente con el apoyo de la autoridad ambiental correspondiente para buscar la mejor manera de aprovechar la instalación de las luminarias.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: Impulsará la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas; asimismo, celebrará convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y con entidades públicas y privadas para la transformación en la iluminación del alumbrado público. Del mismo modo, contará con el apoyo de la autoridad ambiental responsable.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora presidente.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Montes. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para dictamen.
La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, senadora.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, senadora presidente. Compañeros legisladores: una de las principales amenazas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI es el cambio climático. Cada vez son más severos los efectos provocados por la fuerza de la naturaleza que están estrechamente vinculados con la actividad humana irresponsable.
México se ubica, tan sólo por su posición geográfica, entre los países más vulnerables a sufrir las consecuencias adversas de este fenómeno. Según algunos estudios, puede reconocerse un riesgo permanente en el 15 por ciento de nuestro territorio nacional, afectando al 68 por ciento de nuestra población y al 71 por ciento de nuestro producto interno bruto.
Precisamente porque hemos identificado como nación no sólo los riesgos sino la responsabilidad con la que debemos actuar, el gobierno federal, en los últimos años, realizó un esfuerzo importante. El ex presidente Felipe Calderón fue reconocido internacionalmente por su labor en pro de un desarrollo sustentable y posicionó a México como líder en la cooperación para la reducción de emisiones de carbono, sobre todo entre los países con economías emergentes.
Nuestro país fue sede de la COP 16 en el año 2010, durante la cual se aprobó la iniciativa mexicana del Fondo Verde como un mecanismo financiero incluyente que promueve el crecimiento sostenible y otorga incentivos económicos para la reducción de emisiones de efecto invernadero.
De hecho, México es el único país en desarrollo que ha presentado cuatro comunicaciones nacionales en las que reporta inventarios de emisiones y planes de acción contra el cambio climático.
Cabe mencionar que el artículo 4o de nuestra Constitución contempla el derecho de toda persona a un medio ambiente sano.
Además, esta iniciativa de ley va en línea con la Ley General de Cambio Climático promulgada el 5 de septiembre de 2012, tras la cual, en un acto unilateral ejemplar, nos comprometimos como país a reducir las emisiones de carbono.
Con hechos como éste México sostiene la postura de que todos los países deben y pueden contribuir, en la medida de sus posibilidades, a enfrentar la problemática derivada del cambio climático global.
Es muy importante, que en todas las esferas del actuar público se asuma como obligación del Estado mexicano la adopción del compromiso de garantizar el respeto al medio ambiente y se impulse con políticas públicas y acciones afirmativas su difusión y promoción.
Es por ello, que presento esta iniciativa de reforma constitucional para incluir en el artículo 89, fracción X, la promoción y protección del medio ambiente sano, como principio normativo de la política exterior mexicana, asegurando con ello, que nuestro país no abandone esta urgente tarea y confirme su compromiso a nivel internacional.
Esta reforma fortalecerá, sin duda, a nuestras instituciones y dará mayor claridad y certidumbre a nuestras definiciones ante organismos y foros internacionales. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, proponente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la honorable Cámara de Senadores, con opinión de la de Cambio Climático del propio cuerpo colegiado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió de doña Marcelina Orta Coronado, del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a formular un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y a la población menor de edad indocumentada, migrante mexicana que han resultado damnificada por la tormenta Sandy, se priorice el trato digno y el respeto a los derechos humanos. Misma que se turna a la Segunda Comisión.
De doña Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Sagarpa, para que con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se dé prelación al ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional. Ésta se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Se recibió de doña Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del estado de México, a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia, en la conducción de las finanzas públicas. Misma que se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
También de doña Luz María Beristaín Navarrete, del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en coadyuvancia con diversas instituciones académicas y de investigación del país, determinen el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, S. A. de C. V. Misma que se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
De la propia Luz María Beristaín Navarrete, del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, integrar un estudio minucioso del personal a su cargo presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Manuel Añorve Baños, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia, para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeroméxico, en las rutas nacionales que actualmente opera.
El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor presidente. Amigas y amigos legisladores, integrantes todos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El propósito de este punto de acuerdo es exhortar a la Comisión Federal de Competencia, para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, del Grupo Aeroméxico, en las rutas nacionales.
Y quiero explicar las razones por las cuales mi grupo parlamentario considera indispensable formular el presente exhorto. Por supuesto que toda práctica monopólica va en detrimento de la gente. En este caso específico, de los usuarios que sufren los arbitrarios cambios de horario, las dilaciones en las salidas y los abusos en las tarifas. Eso todos lo pudimos constatar en esta última temporada vacacional, solo para poner un ejemplo más.
El Congreso no debe ser ajeno a los problemas de un sector de la sociedad. Debo citar que apenas el 4 de diciembre, en 2012, un compañero de nuestra bancada, el diputado Filiberto Guevara, presentó una proposición con punto de acuerdo, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2012. En ella se solicitaba a la Comisión Federal de Competencia el inicio de una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas del Grupo Aeroméxico y un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expidiera la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambio de itinerarios, a petición del usuario y además, respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.
Como es sabido, el manejo monopólico del Grupo Aeroméxico genera elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios, que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como sobreventa de capacidad, cancelación de vuelos, retrasos significativos sin salidas y llegadas al destino en cada ruta, y sobre todo, los usuarios cuando van en el intento de tomar su vuelo y planificar sus reuniones de trabajo, sociales, familiares, normalmente se encuentran con que el vuelo está prácticamente sobrevendido, que ya cerraron, por supuesto, la ventanilla, que tienen que esperar dos o tres horas si les van bien. O finalmente, inclusive, los bajan de los aviones para decirles que ya está prácticamente cancelado, y si les conviene, pueden esperar otras seis, siete horas para abordar hacia el destino que habían programado.
Y por si fuera poco, si alguien tiene la necesidad de cambiar el vuelo, hay un sobrecosto, que en muchos casos, casi es el mismo costo que el boleto de avión que se adquirió para poder trasladarse a los compromisos, que como ejemplo, yo ya he estado señalando.
Hoy, los excesivos costos por cambio de fecha u hora, a petición del usuario, son elevadísimos. Además, aquí hay otro dato que no debemos perder de vista, la clasificación de Aeroméxico en su calidad es de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel por debajo del promedio de las líneas aéreas a nivel internacional, por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
También debo citar que el 21 de diciembre del año pasado fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados un oficio suscrito por el presidente de la Comisión Federal de Competencia, a través del cual da contestación al punto de acuerdo antes referido, señalando que no tiene una causa objetiva para iniciar la investigación.
Debe quedar claro, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que este funcionario carece de facultades para desechar una petición como la aprobada en su momento por la Cámara de Diputados.
Los artículos 30 de la ley de la materia y el 28 del Reglamento de la Comisión Federal de Competencia no autorizan a este funcionario a actuar de esta manera, porque el desechamiento de una petición de investigación es una atribución señalada a favor del secretario ejecutivo de ese organismo.
El artículo 32 de la ley señala que el secretario ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes; en tanto que, el 19 del Reglamento dispone que corresponda a dicho servidor público admitir y turnar a trámite los asuntos presentados o interpuestos ante la comisión y desechar los notoriamente improcedentes sin necesidad de prevención en caso alguno.
En el caso que nos ocupa nos encontramos frente a un desechamiento, cuya resolución corresponde acordar al secretario ejecutivo. Esto en virtud de que el presidente de la comisión al responder al punto de acuerdo omite darle trámite y con ello omite el inicio de la averiguación que le fue solicitada, situación que no solamente vulnera los derechos de los legisladores, sino los derechos de la sociedad en su conjunto al no investigarse ni mucho menos resolverse una cuestión que afecta la economía nacional, como lo es la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil.
Como consecuencia de lo anterior el Grupo Parlamentario del PRI hace suyo el contenido de la proposición formulada por el diputado Filiberto Guevara, por cuanto hace el exhorto dirigido a la Comisión Federal de Competencia y solicita a esta asamblea la aprobación de la presente proposición, a efecto de que se exhorte nuevamente al órgano regulador de referencia para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas, relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica el Grupo Aeroméxico en las rutas nacionales que actualmente está operando.
No a las prácticas monopólicas, y sí al respeto a los exhortos a esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución, en términos del 59 del nonagenario Reglamento.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. Se recibió del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros aplicada por el Grupo Aeroméxico SAB de CV en las rutas nacionales que actualmente opera.
En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la voz don Miguel Romo Medina, del PRI, para hablar en pro. Está Presidencia informa que está también doña Karla Alicia Padilla Ramos, don Ricardo Cantú Garza y don Ricardo Mejía Berdeja. En términos estrictos del 123 sólo son dos, pero esta Presidencia le dará el uso de la voz a los cuatro.
El senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, desde su promulgación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido clara en su pretensión de prohibir los monopolios, los estancos y las exenciones de esto, a fin de proteger la economía nacional y favorecer la rectoría del Estado dentro de un modelo de economía mixta.
Con las reformas publicadas en febrero de 1983, se incorporó al texto constitucional el concepto de práctica monopólica, sin quitarle fuerza a la prohibición anterior de los monopolios para adecuar la regulación de la concentración y los nuevos fenómenos del oligopolio y para evaluar las consecuencias de la acción de las empresas en el bienestar de los ciudadanos y los consumidores.
En aquel momento se consideró que no se trataba de volver a un mundo de productores individuales aislados, sino de establecer las bases normativas para regular los efectos nocivos de la acción de las concentraciones económicas y propiciar su fragmentación en todos aquellos casos que resulten perjudiciales para la sociedad, fortaleciendo al mismo tiempo a las medianas y pequeñas empresas, que junto con los consumidores resultan perjudicados por las prácticas monopólicas.
A casi tres décadas de la incorporación de dicha enmienda a la Ley Fundamental, consideramos que esta sigue manteniendo su vigencia y por ello, es necesario que el Estado ejerza sus facultades previstas en las leyes aplicables.
La autoridad, de manera imparcial y con estricto apego a derecho, debe castigar toda contratación o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos y servicios que tenga por objeto el alza de los precios, así como todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas, con perjuicios del público, en general, o de alguna clase social.
Viene a referencia lo anterior, como consecuencia del punto de acuerdo que hoy presenta nuestro compañero, el diputado Manuel Añorve Baños, quien hace suya la proposición del 4 de diciembre del 2012, a través del cual el diputado Javier Filiberto Guevara González, sugiere que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Competencia dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica al Grupo Aeroméxico de las rutas nacionales que actualmente está operando.
Tal proposición, que fuera aprobada el 6 de diciembre de 2012, mereció todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, pues buscaba prevenir y sancionar los elevados costos en las tarifas y cargos extraordinarios, que se han venido aplicando a los usuarios, en un deterioro del servicio de la aviación civil.
Sin embargo, no compartimos la respuesta negativa por parte del presidente de la Comisión Federal de Competencia a dicho exhorto, puesto que no nos parece apegada al sentido de la ley de la materia y omite entrar al fondo de la cuestión planteada.
Es por ello que retomamos el sentido de la cuestión planteada originalmente y externamos nuestro voto favorable a la proposición que ahora presenta el diputado Manuel Añorve.
Es de decir y señalar que en esta sesión nos hemos también adherido a la iniciativa que ha presentado nuestra compañera, la diputada Lourdes Quiñones, donde justamente también busca el que se garantice el derecho de los usuarios transformando, modificando, reformando algunos artículos justamente de la Ley de Aviación Civil.
Creo que estamos justamente en esa línea, es un hecho irrefutable, indiscutible. Los legisladores y las legisladoras que estamos aquí trabajando, los que formamos parte del Congreso de la Unión también a veces dejamos de ser productivos y de cumplir con nuestra obligación, justamente por problemas que hoy estamos aquí discutiendo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado orador. Doña Carla Alicia Padilla Ramos.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, los artículos 17 y 49 de la Ley de Aviación Civil establecen 2 de los principales derechos del usuario del transporte aéreo. El primero se refiere a las medidas de seguridad que deben garantizar los prestadores del servicio, las cuales deben ser equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.
El segundo precepto hace referencia al contrato celebrado entre el concesionario o permisionario y un pasajero, el cual se ve reflejado nada menos que en el boleto que se expide para poder viajar.
Así, al comprar un boleto de aviación se está contratando un servicio, lo que como cualquier otro contrato comercial trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes; sin embargo, en últimas fechas se han detectado diferentes quejas por parte de los consumidores, siendo los principales motivos de malestar el cobro indebido, el retraso de los vuelos, la sobreventa de boletos, el incumplimiento en el servicio y la negativa de pago por pérdida de equipaje.
Cuando se dio a conoce el fraude cometido en contra de la compañía Mexicana de Aviación y la terrible crisis por la que atravesaba la administración federal de aviación bajó la calificación de las aerolíneas mexicanas, de categoría uno a dos, en razón de que las autoridades de aviación civil de México venían realizando una deficiente supervisión de la seguridad operacional de las líneas de aviación civil y comercial.
Con la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y su hundimiento los abusos y malos tratos se volvieron práctica común por parte de la otra aerolínea de gran tamaño en nuestro país, nos referimos a Aerovías de México, S. A. de C. V., mejor conocida como Aeroméxico.
Usuarios y agencias de viajes han documentado que en varias rutas que dejó de cubrir Mexicana y que ahora tiene en exclusiva Aeroméxico el incremento de tarifas ha sido de entre 40 y 60 por ciento. El problema es que, aun pagando precios de auténtico abuso, los clientes no obtienen un buen servicio.
La Procuraduría Federal del Consumidor ha reportado un incremento considerable en el número de quejas en contra de la citada línea aérea. Incluso de instalaron módulos en 16 aeropuertos para atender las quejas por retrasos y cancelaciones de vuelos de Aeroméxico.
Es una realidad que esta aerolínea, amparándose en la falta de competencia real y estableciendo casi un monopolio, ha incrementado los costos de sus vuelos desmesuradamente y ha dejado de brindar un servicio de calidad a los usuarios, los cuales tienen que sufrir retrasos y cancelaciones de sus vuelos, sin que nada se pueda hacer.
Por otro lado, la misión de la Comisión Federal de Competencia es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados para contribuir al bienestar de la sociedad.
Sin embargo esta dependencia ha dejado en el desamparo a los usuarios de los servicios prestados por Aeroméxico.
Y es por lo aquí expresado, que nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, desea apoyar de manera total el punto de acuerdo que ha hecho suyo nuestro compañero diputado Manuel Añorve Baños, para que sea así, este organismo federal en el ámbito de su competencia, el que determine en su caso si existen prácticas monopólicas o no por parte de Aeroméxico. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, es de reconocer que la necesidad de muchos usuarios de las aerolíneas en nuestro país llega a tal grado que de no encontrar más alternativas se debe pagar por el servicio de las únicas empresas que cubren las rutas deseadas.
Caso particular es la línea de Aeroméxico, donde por ser la única que tiene la mayor cobertura de rutas en nuestro país, se dan casos de abusos en sus tarifas; existe intransigencia, especulación es incluso maltrato a los usuarios.
Por ello es pertinente que este pleno de la Comisión Permanente promueva el combate a la posible existencia de prácticas monopólicas por parte de esta empresa.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 28, párrafo primero que: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y la exención de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”.
Contamos también con una Ley Federal de Competencia Económica que pretende establecer el uso de sanas prácticas en el sistema económico del país que evite la existencia de monopolios que por regla general tienden a elevar artificialmente sus precios y tarifas en prejuicio de los usuarios con el claro fin de obtener enormes ganancias a un corto plazo.
Tenemos que destacar que al cierre de operaciones de Mexicana de Aviación, Aeroméxico cubrió las rutas en que volaba esta empresa y con ello se convirtió en concentrador de las operaciones aéreas en el país.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos hemos pronunciado de manera reiterada porque los precios que paga el consumidor sean precios justos y accesibles a las capacidades económicas.
Lejos de esto nos encontramos con tarifas altas, impuntualidad y malos tratos a los usuarios. Se han encontrado situaciones en las que incluso los clientes han estallado en enojo y haciendo reclamos demandan la devolución íntegra del pago por algún viaje cancelado o a consecuencia de alguna anomalía previsible por la empresa.
Es de llamar la atención que con frecuencia suceden este tipo de situaciones, pues la empresa ha tomado ciertas actitudes a través de sus empleados, incluso de llegar a condicionar a los usuarios y decir: lo sentimos, su vuelo se encuentra sobrevendido, por favor espere el siguiente vuelo para abordar o bien reprogramarlo para otro día.
Lo anterior pasa sin que la empresa tenga una mínima responsabilidad ante sus usuarios, pues la agenda de trabajo da, cada uno de ellos ha llegado a ser modificada, e incluso a perderse, y con ello la pérdida de negocios o la involuntaria falta de presencia en algún evento importante se encuentra de la mano por tales causas.
Ante ello una vez más observamos conductas injustas que definitivamente nos dan pie a impulsar el que sea aprobado el presente proyecto.
Por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario apoya el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que realice una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica la empresa en comento.
También estamos de acuerdo en que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas reguladas, concesionadas y a la Comisión de Transporte para que dictamine la minuta de reformas a la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, también materia del presente acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Finalmente don Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Éste, sin duda, es un tema que empata con el malestar, las preocupaciones de cientos de miles de mexicanos, podríamos hablar de millones porque finalmente la aviación hace que la economía se mueva porque hay posibilidad de que se vaya uno a los lugares donde tiene que trabajar, donde tiene que hacer negocios, actividades turísticas, actividades recreativas, y sin la aviación no puede funcionar una economía.
Desafortunadamente, como aquí bien se ha expuesto por mis compañeros legisladores, efectivamente, Aeroméxico incurre en prácticas monopólicas y los monopolios sabemos, generan un daño terrible a la economía porque pueden establecer precios excesivamente altos, con un mal servicio, sin que tengan ninguna consecuencia.
Sin embargo el tema de la aviación, y concretamente el tema de Aeroméxico no es el único caso en nuestro país. Tres bancos, por ejemplo acaparan el 61.4 por ciento del mercado, las audiencias televisivas tienen una concentración del 68 por ciento, la telefonía fija del 81.4 por ciento, la telefonía móvil del 74 por ciento, la producción del cemento del 49 por ciento, la industria cervecera de 62 por ciento y la de la harina de maíz industrializada del 93 por ciento.
Yo preguntaría si es ello libre comercio, si es ello libre mercado y dónde está la Cofeco, la Comisión Federal de Competencia, que se ha convertido en un elefante blanco que no permite que la economía fluya en términos de libre mercado y en términos de la Constitución y se ha venido generando esto que un premio Nobel bautizó como una economía de compadres, donde todo es entre unos cuantos y no hay la posibilidad de que nuevos empresarios pequeños, medianos o en expansión puedan crecer, en detrimento de la economía nacional y en detrimento de los usuarios o de los consumidores.
Por esa razón apoyamos esta propuesta que nos parece adecuada, y más en las fechas cuando se ha recrudecido esta demanda, y yo reivindico todo lo que aquí se ha dicho sobre venta de boletos, retrasos en los vuelos, cancelaciones, un trato indigno a los usuarios que van como pedigüeños a preguntar a qué hora va su vuelo, si ya se demoró, y a veces, no sé si hasta con sorna o cinismo, dicen: sólo hay una media hora, 45 minutos de retraso, como si eso fuera una gracia.
Nos parece que sí es un tema digno de atenderse. Nos parece que no puede haber regímenes especiales, como decía en mi intervención anterior, pero tampoco pueden seguirse dando estas prácticas monopólicas que tanto daño le hacen a la economía del país.
Aeroméxico es, en los hechos, un monopolio. La salida del mercado de Mexicana de Aviación por causas que serían motivo de otra intervención, ha convertido a este gigante en un elemento nocivo para la economía nacional. Necesitamos que haya precios competitivos, que se abran nuevas rutas, que haya una supervisión también de la Procuraduría Federal del Consumidor para que efectivamente haya un trabajo ordenado y no se siga con estos monopolios.
Nos parece que linda en el cinismo la respuesta que se dio al exhorto inicial; con vericuetos burocráticos, el presidente de la comisión no quiso entrarle al tema. Sabemos que hay intereses muy fuertes atrás de este tema, pero no hay interés superior que el interés del país, el interés de la economía del país, y el Congreso de la Unión se tiene que hacer respetar.
Por eso apoyamos este punto de acuerdo y creemos que más iniciativas que beneficien a los usuarios y a los consumidores son de atenderse porque le sirven al país. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Señor presidente, si es tan gentil en concederme el uso de la tribuna.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Soy gentil y le obsequio la oportunidad.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, diputado presidente. La verdad es que si algo lo caracteriza a usted es el conducir estas sesiones –yo lo he visto– con una democrática generosidad que se le aprecia y se le reconoce.
Efectivamente, pedimos el uso de la palabra después de haber escuchado a nuestros compañeros representantes del Grupo Parlamentario del PRI, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y quienes representamos al Partido de la Revolución Democrática no queremos dejar de expresar nuestra opinión en torno a este tema que por supuesto adelanto que habremos de votar a favor porque creemos, como lo decía hace un rato Ricardo Mejía, del Movimiento Ciudadano y que también habló –discúlpame, Ricardo– debe ser responsabilidad del Congreso de la Unión, de quienes formamos parte del Congreso, temas que resuelvan los problemas de la sociedad. Algunos son prácticos como éstos, sabemos hasta dónde nos permite nuestro marco jurídico; otros son hasta producto del debate.
En fin, pero en este tema, todos los que estamos aquí, creo que somos testigos fieles de lo que pasa en los aeropuertos nacionales, y precisamente hemos visto, quizás algunos hasta padecido, lo que sucede por estas prácticas monopólicas de Aeroméxico, que ciertamente a la desaparición, a la salida del mercado de Mexicana, cuando ésta dejó de operar, Aeroméxico, para empezar, incrementó sus precios entre un 40 y 60 por ciento, eso la verdad no se puede permitir, estamos hablando, por lo tanto, de abuso, que para eso hay las instancias en este país, para poder detenerlos.
Y creemos y yo hago propias las palabras del diputado Añorve, tiene razón. No debe haber monopolios, en este país, en este tipo de empresas. Y también, hay que hacer respetar al Congreso de la Unión, y qué bueno que hoy se recoge en esta sesión este tema tan importante, que yo veo que hay puntos de acuerdo muy claros en este sentido.
Hay la misma idea de que hay que exigir para que la instancia correspondiente pueda, ahora sí, asumir su responsabilidad con esta exhortación, que debe ser enérgica, debe ser una exhortación firme, para que no vuelva a salirnos como en la ocasión pasada, que ya se comentó aquí, que simplemente se desechó.
El tema está claro. Hoy en día, según la Cámara Nacional de Autotransporte, el Grupo Aeroméxico posee la mayor parte del mercado nacional. Aquí ya se dijeron algunas de estas cifras, absorbe el 38.6 por ciento del mercado nacional, y si se trata de vuelos internacionales, apenas está debajo de United Airlines que la lidera con el 18 por ciento, Aeroméxico tiene el 13.7 por ciento que concentra de este mercado.
Por lo tanto, es muy fácil para ellos impulsar este tipo de prácticas que van en contra de los usuarios, y que creo que hoy aquí esta Comisión Permanente estará tomando un importante punto de acuerdo.
La Ley Federal de Competencia sí faculta, por supuesto, para que esta comisión inicie investigaciones de oficio o a petición de partes. O sea, no tiene salida, no debe excusarse una vez más. Tiene que asumir lo que hoy se está externando aquí en esta Comisión Permanente plural, por parte de los aquí presentes.
No voy a repetir, sino suscribo lo que han dicho aquí mis compañeras y compañeros diputados y senadores, y el grupo parlamentario o los grupos parlamentarios del PRD, de la Cámara de Diputados, del Senado, nos sumamos, vamos a votar a favor y exigimos, desde esta más alta tribuna de la nación, que el responsable de esta comisión asuma el mandato de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado orador. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. En votación económica, se pregunta a la asamblea si aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Esta Presidencia con la fuerza de la unanimidad y de los razonamientos aquí explicitados lo comunicará con toda energía.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia tiene en su poder dictamen debidamente firmado por la Tercera Comisión, respecto al asunto de Dragon Mart. Esta Presidencia ofertó a la senadora presidenta que sometería a la consideración del pleno el cambio del orden del día, por lo que se pide a la Secretaría preguntar a la asamblea si nos permiten alterar el orden del día, de tal suerte de dar cuenta de inmediato con este dictamen.
El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba la modificación al orden del día ya planteado. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada (votación). Los que están por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Dolores Padierna para explicarnos el contenido del acuerdo.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros de la Permanente. Las y los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en que el proyecto denominado Dragon Mart, Cancún debe revisarse, debe analizarse cuidadosa y profundamente.
La solicitud original que envió este pleno a la Tercera Comisión era la de frenar este desarrollo con consideraciones sumamente importantes. Las y los legisladores consideramos que no está en nuestras facultades suspender la obra, pero sí estamos facultados para solicitar toda la información necesaria, de carácter social, ambiental, económico, de migración, para a partir de ella normarnos un criterio y actuar. Conocer, primero, qué se pretende hacer, qué impactos tiene, si cubre los requisitos de la ley, etcétera.
Estuvo en el ánimo de todas, de todos, el interés de atender el tema y se propone, se pone a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo, que es en dos párrafos.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso, en pleno respeto al ámbito de sus facultades solicita al honorable ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al gobierno del estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a que brinden toda la información económica, ambiental, de migración y social, relacionada con la construcción y operación del proyecto Centro Comercial Dragon Mart, Cancún y Obras Asociadas.
Segundo. Esta Tercera Comisión recibirá la información y revisará el estado que guarda el cumplimiento de las normas que rigen el proyecto señalado con el resolutivo anterior, con la finalidad de analizar su impacto económico, ambiental, de migración y social. Es cuanto, compañeras, compañeros.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, senadora Padierna. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rodrigo González.
El diputado Rodrigo González Barrios: Con su permiso, senador presidente. En septiembre de 2011, por esas fechas, el Ejecutivo federal envió una carta al gobierno chino solicitándole terminar con las prácticas desleales de comercio.
A fines de este año que acaba de pasar, a través del secretario de Economía, el Ejecutivo federal decidió posponer un año más para que se sigan cobrando aranceles acerca de 95 productos, entre ellos lo que tiene que ver con el calzado y lo que tiene que ver también con la industria textil.
¿Tiene fondo? Sí, sí tiene fondo evidentemente. Hay una preocupación de sectores de cadenas productivas del país, de empresarios mexicanos, precisamente por la circunstancia de comercio desleal.
Lo que se ha aprobado ya por una instancia local –aquí hay un documento del gobierno del Estado para dar la autorización del impacto ambiental– nos señala que se va a abrir un hoyo para escavar y sacar material pétreo en 58 hectáreas, más o menos sobre 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas, para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo que va a requerir esta empresa.
Para tener una idea de esto sólo les digo que la Alameda Central tiene 13 hectáreas, cuatro veces más, la Alameda Central, se va a abrir un hoyo de este tamaño para los trabajos que se tienen que realizar allí.
Se van a construir –es un centro comercial, por cierto, donde se van a construir– más de 700 habitaciones. Cerca de 660 habitaciones, según dicen los propios apoderados legales, más de 660 habitaciones van a tener una construcción de dos niveles de 100 metros cuadrados y otras para llegar a poco más de 700 van a tener una construcción de 150 metros cuadrados en dos niveles.
El valor más o menos entre escavar el material pétreo y el valor de estas habitaciones va a sobrepasar los 100 millones de dólares. Hicimos ya un cálculo. Ése es el tamaño sólo de eso. Solamente los almacenes, que son más de –se comenta aquí– 40 o 60 hectáreas, es más del doble que Dragon Mat, que está en Dubai, solamente los almacenes.
Entonces, lo que dicen estos aparatitos –que, por cierto, les comento, lo comenté hace rato en la conferencia de prensa, que valen más de 600 dólares, bueno, ensamblarlos allá en China cuesta solamente alrededor de 7 dólares, como el 1 por ciento del valor. Estos aparatitos, que son del 2010, vienen además con el agregado como los Diamantes de Sangre de que hubo 18 suicidios de trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente jóvenes, porque la empresa Foxconn, que es la que se encarga de ensamblar esto y que tiene cerca de 1.2 millones de trabajadores en China, esta empresa prácticamente en lugar de que después de esos suicidios, que generó una opinión internacional en contra, en lugar de revalorar el trabajo de los chinos, dejó las zonas urbanas y ahorita están en las zonas rurales para seguir haciendo lo mismo; 10 horas de trabajos, parados los trabajadores y las trabajadoras chinas, sin poderse comunicar de un lado a otro y este es el resultado.
Evidentemente, sí me parece prudente entonces que la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente pudiera platicar, comentar esta circunstancia con quienes ya tienen preocupación, que son los empresarios del calzado y que son también empresarios textileros y de otras industrias.
En Dubai se venden, que es un centro comercial, prácticamente el más importante después de China, donde se venden artículos chinos, se vende hasta maquinaria pesada. Eso pudiera suceder también aquí en el país.
No queremos prejuzgar nada, pero al menos ya hay documentos oficiales que dan autorizaciones y como el trabajo se va a comenzar –según este mismo documento señala– a partir del mes de febrero; entonces, sí es importante que esta Tercera Comisión, que esta Comisión Permanente pueda hacer una evaluación.
Reconozco a las diputadas y a los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y a las senadoras y a los senadores de las diferentes fracciones parlamentarias, que se haya votado por unanimidad este punto de acuerdo, para que se haga un estudio; que esta Comisión pueda tener información suficiente y tener una valoración muy puntual de esta circunstancia. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, diputado. Damos nuestro voto a favor, obviamente. Muchas gracias. Toca ahora el turno del uso de la voz al diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Sin duda este es un tema en el que queremos reconocer la diligencia de la Tercera Comisión, en particular de su presidenta, la senadora Padierna; sin embargo, no obstante que estamos a favor de este planteamiento, nos hubiera gustado que el punto de acuerdo viniera en el sentido original.
Nos parece que no contraviene en modo alguno la soberanía o la autonomía municipal ni es una falta de respeto a una entidad federativa el que haya un exhorto sobre un tema que se ha manejado con una gran opacidad.
El día de ayer y ante la inminencia de que este tema se tratara en esta Comisión Permanente hablamos con el alcalde de Cancún, del municipio de Benito Juárez, Julián Ricalde, y nos comentaba y nos permitió hacerlo público en esta tribuna, que el ayuntamiento de Benito Juárez no ha tenido un proyecto acabado de esta situación de Dragon Mart; que no se le ha expuesto, que simplemente hubo un bosquejo arquitectónico que un empresario le presentó, o que se dijo empresario de Monterrey, pero hay una gran opacidad sobre el particular.
A nosotros nos parece que aquí no solamente hay irregularidades de carácter inmobiliario, o presumibles irregularidades de carácter inmobiliario, sino también un precedente que vendría a señalar que pueda haber regímenes legales especiales para gente de otros países, porque lo que se está planteando es no solamente un complejo comercial, sino prácticamente una ciudad, con sus propios mecanismos, sus propias leyes laborales, donde vendrían connacionales de China. Esto nos parece que no se puede permitir si están las cosas como la información ha trascendido.
Por eso creemos que está bien que haya una solicitud de información, pero veríamos que siendo pertinente este punto de acuerdo no hay un plazo perentorio. Es decir, ¿en cuánto tiempo tiene que haber esta respuesta?
Nos parece que sería pertinente, creemos que con los datos que hay en una semana, 10 días es un plazo suficiente para que se pueda informar sobre los aspectos ecológicos, los aspectos inmobiliarios, los aspectos comerciales, los aspectos laborales.
No es un tema de inversión extranjera simple y sencillamente, porque luego aquí parece que estamos espantando las inversiones extranjeras. Se trata de la calidad de las inversiones extranjeras. Porque no puede venir a depredar la economía, las leyes laborales, los usos de suelo; situaciones a las que cualquier empresario en una nación está sujeto y que parece que aquí se quieren obviar.
Hay un tufo de negocio entre personeros del poder. No queremos ir más allá, pero vayamos con transparencia a este tema. Nos parece que este tema no se va a agotar.
En esta solicitud de información haría un llamado a la Tercera Comisión, a esta Comisión Permanente, para que estemos muy puntuales en el seguimiento a este negocio que se pretende establecer de Dragon Mar, a todo este complejo que se pretende instalar en Benito Juárez, Quintana Roo, donde por cierto hay todavía problemas muy graves inmobiliarios de asentamientos territoriales. Nos parece que esto, lejos de venir a resolver la problemática, la vendría a acentuar.
Por esa razón estamos a favor de la propuesta de la Comisión, pero no sin dejar de señalar que debe insistirse en el tema; que se debe dar seguimiento puntual y también que se debe informar si hubo o no respuesta a estas solicitudes que se están elevando a estos organismos. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Finalmente, para la discusión de este tema tiene el uso de la voz el diputado Francisco Arroyo, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos ante resolutivos de la Tercera Comisión muy cuidados, se está pidiendo información con un absoluto respeto a las jerarquías competenciales, tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado.
No podríamos estar en contra de la inversión ni podríamos evitar que, cumpliendo todos los parámetros de la ley, un gobierno extranjero o una empresa venga a invertir. Sin embargo, tengo la obligación moral, la obligación legal, la obligación política y la obligación democrática de darles voz a mis paisanos zapateros, a mis paisanos textileros que desde hace muchísimos años están verdaderamente preocupados por el ingreso de mercancías de oriente que tienen muy bajo precio.
Calculamos que el pantalón de mezclilla entra a México prácticamente a precios de subproducto. Un pantalón de mezclilla totalmente terminado entra a México a un precio menor al que en este país pudiese valer la pura mezclilla.
¿Qué pasa? Hay sobretiquetación, hay subvaluación. Hemos presentado en Cámara de Diputados, y seguramente en unos días más le daremos al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas, la posibilidad de verificar y de castigar las mercancías que entren al país con precios de subvaluación.
Vamos a volver a la política de precios estimados y quiero agradecerle públicamente al señor secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que en un lapso de tiempo muy corto haya firmado el Acuerdo para mantener los aranceles a productos de lejano oriente durante cuatro años.
Es una vieja petición de los productores mexicanos que quieren subsistir y que no pueden competir con una economía que no tiene impuestos ambientales o que no tiene cargas sobre seguridad social y que tiene salarios, a veces, equiparables al de un tazón de arroz.
Nosotros tenemos que aprender a convivir con la economía china. Va a ser imposible en el mundo que algún país no aprenda a convivir con ellos. No digo a competir, porque no vamos a poder competir nunca por las condiciones dispares de los mercados y de los precios de producción; para eso están las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Como cuando tenemos zapatos para niño con esmaltes con alto contenido de cobre, altamente dañinos para la salud de nuestros infantes.
Es por ello que sin estridencias, es por ello que son un absoluto respeto y cariño, por qué no, al país asiático, al que en alguna ocasión el gobierno mexicano auxilió en el reconocimiento para que entrara de miembro pleno a la Organización de las Naciones Unidas, sí, tendremos que replantear una política arancelaria y una política comercial que dé, como decía Domiciano Ulpiano, a cada quien lo suyo. Enhorabuena.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Agradecemos al diputado Arroyo. Siendo ya suficientemente discutido este dictamen, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo ya planteado. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Ciudadano presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Se considera el dictamen aprobado.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Gobernación, garanticen la continuidad de la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente; queridos compañeros legisladores, sabemos que una de las tristes realidades de nuestro país en los últimos años ha sido la infiltración del crimen organizado en las principales instituciones del Estado mexicano y, sobre todo, en aquellas instituciones encargadas de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.
Precisamente a partir de esta realidad que existía desde hace bastantes años atrás, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza tanta a la policía federal como a la policía ministerial, y de esta manera, gracias a sus esfuerzos se logró depurar en gran medida a los cuerpos policiacos de aquellos elementos que servían a otros intereses ajenos a los del bien común de la nación.
Y fue posible de esta forma, también, que se evaluará a la totalidad de los elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y también de la Procuraduría General de la República.
La reestructura del gobierno federal implica la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública justamente a partir del día de hoy jueves 3 de enero, y muchas de sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Gobernación.
En su momento el Partido Acción Nacional aprobó y respaldó los cambios propuestos por el presidente de la república, precisamente porque entendíamos, y así lo manifestamos en esta Cámara de Diputados, que era una prerrogativa del presidente de la república conformar la administración pública de la manera como considerara más conveniente.
Pero esto no quiere decir que no estemos al pendiente y que no velemos, precisamente, para que los avances logrados en las administraciones pasadas se mantengan y se refuercen, en particular nos referimos, justamente, a los controles de confianza que han permitido elevar la calidad de los cuerpos policiacos y poco a poco hacer posible erradicar al crimen organizado de una de las instituciones públicas más elementales que es, sin duda, la policía federal.
En ese sentido el Partido Acción Nacional considera que sería muy importante que se dé a conocer el programa por el que se reestructurarán las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la ya ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas el Consejo de Menores, el Servicio de Protección Federal, las áreas tecnológicas y el órgano de Prevención y Readaptación Social, esto con la finalidad de conocer el modo en que la Secretaría de Gobernación desempeñará sus funciones en materia de seguridad.
Por tanto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo que constaría de dos resolutivos:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a garantizar que se continúe con la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país por la vía de los controles de confianza.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a dar a conocer el programa de reestructura de las áreas operativas y de inteligencia que se encontraban adscritas a la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias señor diputado Rodríguez. De conformidad con el artículo 59 de nuestro Reglamento, le pido a la Secretaría consulte a esta asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Procedemos entonces a su discusión. Para tal efecto tenemos cuatro oradores registrados. En primer turno se le concede el uso de la voz al senador Arturo Zamora Jiménez.
El senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, presidente. Senadoras y senadores: es evidente que el tema que se ha abordado por quien me precedió en el uso de la palabra, el que tiene que ver con la certificación a los cuerpos de seguridad pública en todo el país, es un tema tan importante que el presidente Calderón en su momento hizo esfuerzos que nosotros por supuesto no demeritamos, pero que también es un tema en donde el presidente de la república Enrique Peña Nieto abordó prácticamente desde el primer minuto en que tomó posesión como mandatario del país.
Es importante destacar que el proceso de certificación que se llevó a cabo durante los últimos años no es el producto de la genialidad de una persona; es el producto del trabajo del Congreso de la Unión, en donde ambas cámaras trabajaron desde el 2008, un proyecto muy importante y a largo plazo.
Se trata de un proyecto en el cual se estableció un plazo de ocho años para llevar a cabo una profunda reforma al sistema de naturaleza penal en México que tocaba por supuesto los ámbitos de prevención, de procuración, de administración de justicia y también de ejecución de sanciones.
Habida cuenta de esas reformas que se llevaron a cabo en su momento, también se modificó la propia Constitución y se estableció, a nivel constitucional, una obligación para todas las corporaciones policiacas, en las tres esferas de gobierno, a fin de que se llevara a cabo un proceso de certificación.
En el Congreso de la Unión, esta legislatura incluso, acabamos de aprobar en días recientes que se continúe con ese proceso de certificación porque entendemos los alcances y la importancia de que tengamos policías eficientes, que tengamos policías eficaces, que tengamos policías honrados, que haya policías que no estén infiltradas ni por la delincuencia organizada ni por los delincuentes del orden común.
Es importante decir esto porque no se trata de ninguna manera –en un ámbito tan importante y esencialmente sensible para la población mexicana– de buscar culpables. Creo que todos nosotros coincidimos en encontrar soluciones y una de las soluciones que seguramente estaremos dando durante este trabajo de esta legislatura es cumplir con la parte que nos hace falta en la reforma penal para incorporar los juicios orales, con lo correspondiente a la reforma penal que tiene que ver con un contenido de la normatividad en el ámbito del derecho de amparo y al sistema penitenciario.
Este tema por supuesto que no es ajeno. El presidente de la república, Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, incluso anunció recientemente a las entidades federativas a urgirles sobre los procesos de certificación policial.
Es importantísimo, decimos nosotros, que esto obedece a una respuesta del trabajo legislativo. Los tres Poderes de la Unión, los tres Poderes estamos involucrados en un asunto de la mayor importancia.
El Estado mexicano tiene como obligación fundamental brindar a la población seguridad, tranquilidad y el marco que permita a los mexicanos gozar o disfrutar de todos sus derechos y libertades.
En este orden de cosas, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, tenemos un compromiso con la recuperación de la paz y la tranquilidad de los mexicanos, y por esa razón nos ceñimos a las iniciativas que se han presentado como puntos de acuerdo, con la finalidad de que se pueda continuar con el proceso de certificación de todas las policías del ámbito federal, de las entidades federativas y también del ámbito municipal.
Estamos de acuerdo con este proceso de certificación, estamos en una era de transparencia, así lo ha anunciado el presidente Peña Nieto, de rendición de cuentas, por tal razón, también coincidimos en que se informe, en su momento, sobre la reorganización, que finalmente el mismo día de ayer, la propia Secretaría de Gobernación lo anunció a través del secretario de Gobernación Osorio Chong, en el sentido de que se estará dando cuenta y publicidad cabal, en su momento, al proceso de cómo queda precisamente la reingeniería, que sufrirá una dependencia muy importante, que se extingue por disposición de ley, pero que crea otros instrumentos y herramientas, que seguramente esperamos todos los mexicanos, que sean eficaces para recuperar esa paz y esa libertad que anhelamos. Es cuanto.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, senador Zamora. Toca el turno del uso de la voz al diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Nos parece que el tema de la seguridad pública, en el país, sigue siendo un tema de la mayor atención.
Hoy, precisamente, se registraron tres puntos de acuerdo. Uno, del diputado Fernando Rodríguez Doval, que se ha dado cuenta; otro, de la senadora Gabriela Cuevas; y el suscrito también presentó un punto sobre el mismo tema. Nosotros hemos planteado que se turne a comisiones y ya trataremos otro tema en su momento.
Nos parece que el tema de la certificación es un tema medular. Nos parece que el plazo que se dio de 10 meses tiene que estarse siguiendo a detalle, porque es muy poco tiempo para que se puedan certificar todos los organismos policiales del país, que se pasen los exámenes de confianza.
Pero nos parece también, que no sólo se trata de quién pasa o no pasa el examen, sino qué va a hacer con todos los elementos que causen baja, porque si no vamos a estar engrosando las filas de la delincuencia si no hay un seguimiento adecuado de todo este ejercito de ex miembros de las corporaciones que pasan al desempleo. Entonces, me parece que tiene que haber una posición integral al respecto.
Por otra, y me parece más importante todavía, el segundo punto de acuerdo, el segundo planteamiento, por virtud del cual se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación, a dar a conocer el programa de Reestructura de las Áreas Operativas y de Inteligencia.
El día de ayer aparece ya en el Diario Oficial de la Federación los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ya hay una súper Secretaría de Gobernación, nosotros en particular no estuvimos de acuerdo en que se concentraran las áreas de seguridad pública en las áreas políticas, pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a ver qué resultados hay. Nos preocupa el país. Nos preocupan las cifras que dan cuenta algunos medios nacionales que han estado muy al pendiente del tema de la inseguridad. Y hablan que no solamente no bajó con el nuevo gobierno en un mes las cifras de homicidios vinculados al crimen organizado sino que hubo un crecimiento en el mes de diciembre.
Nos preocupa que hay un disparo de la violencia...
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Permítame, señor diputado. Sí, senador Cavazos.
El senador Manuel Cavazos Lerma (desde la curul): Quería hacerle una pregunta.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: ¿Acepta, diputado, una pregunta del senador Cavazos?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Pues no se permite según el Reglamento, pero con todo gusto.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Por favor, senador, tiene el uso de la voz.
El senador Manuel Cavazos Lerma (desde la curul): ¿Estas cifras tiene ajuste estacional? ¿Han tomado en cuenta que diciembre es un mes especial? ¿Qué esta temporada es especial y por tanto, año con año, de manera sistemática se presentan estos repuntes? Porque ver las cifras nomás así, no es la mejor forma de enjuiciar.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Prosiga, señor diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Contesto a la pregunta primero. Podrá ser una atenuante, pero nos parece que el hecho objetivo, real, concreto es que hubo más muertes entre noviembre y diciembre. Se podrá argumentar que las fiestas decembrinas o las posadas, pero en realidad eso sería inesencial. El tema es que crecieron las cifras. No es para vanagloriarse, al contrario, es para externar la preocupación sobre el tema. El diario Milenio, que ha llevado un seguimiento puntual repunta que en noviembre hubieron 949 muertes y en diciembre 982. El diario Reforma habla de 755, que es un número menor.
El tema de temas, hoy en México sigue siendo el tema de la inseguridad pública, ése es el punto. Por eso, nosotros apoyamos lo que plantea el diputado Fernando Rodríguez Doval, pero nos parece también que tiene que haber, de parte del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una explicación detallada de cómo se va a atender el tema, no generalidades, como fue la propuesta que se hizo en la segunda reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que entendemos que en el contexto de un evento de esa naturaleza son las grandes líneas, pero nos parece que sí tiene que haber, a esta soberanía, en comisiones o en esta propia Comisión Permanente, si hubiera la posibilidad legal de hacerlo, que se explicara, por ejemplo, qué va a pasar con el proyecto de la Gendarmería Nacional, donde hay un proyecto presupuestal de mil 500 millones de pesos.
Es decir, aquí la preocupación es que se revise a fondo el tema de la inseguridad, que no hay motivos de alegría en este cambio y que todos tenemos que poner atención sobre el particular. Son cifras reales, son cifras dolorosas, son cifras que se puede cotejar.
Pero además la otra cuestión, no hay una cifra oficial. El propio gobierno de Calderón, hay que decirlo, paró el recuento de cifras oficiales, por la gran polémica que suscitaban estas cifras. Se trató ya de no dar cifras oficiales, pues quienes están dando las cifras son los medios de comunicación.
Aquí sería oportuno que el secretariado técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las áreas respectivas informen con transparencia a la población, no para alarmar pero sí también para ver cuál es la dimensión del problema y cómo se debe atender.
Por esa razón, nosotros propondríamos que se esté dando seguimiento puntual a lo que va a hacer la Secretaría de Gobernación ya con las áreas de seguridad pública.
El presupuesto se incrementó exponencialmente en la Secretaría de Gobernación, entendemos que es más de 62 mil millones de pesos, es un presupuesto importantísimo; y por esa razón nosotros apoyamos lo que se plantea, que se diga específicamente qué se va a hacer con todas y cada una de las áreas; y que no se oculten cifras, que se digan datos; y que todos nos aboquemos a resolver este grave problema. Es cuanto.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, señor diputado. Toca ahora en el turno del uso de la voz al diputado Ricardo Cantú.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el tema de seguridad pública es una de las principales demandas de los mexicanos, está al mismo nivel de importancia que la obtención de un empleo.
En los años recientes, para ser exactos los últimos seis, el país se vio envuelto en un espiral de violencia sin precedente en la historia moderna de nuestra patria. La administración federal, que concluyó funciones el pasado 30 de noviembre, llevó a cabo una estrategia de combate frontal a la delincuencia organizada con el objetivo de brindar seguridad a los mexicanos sin que los resultados puedan ser calificados de positivos.
Dentro de la estrategia señalada se implementaron una serie de medidas para fortalecer los cuerpos de policía, principalmente en lo que sufriere a la Policía Federal. De esta manera se modificaron diversas leyes federales y en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecieron una serie de evaluaciones conocidas como controles de confianza.
La realidad es que el proceso de certificación de los cuerpos de policías aún no está consolidado, seguimos conociendo casos donde integrantes de las corporaciones de seguridad pública siguen siendo corrompidos por el crimen organizado.
Lo anterior cobra mayor relevancia con los cambios que propuso el gobierno de Peña Nieto al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones ser absorbidas por la Secretaría de Gobernación.
La preocupación que se señala en este punto de acuerdo es muy pertinente, tenemos que tener la certeza de que el proceso de certificación de los cuerpos policiacos en el entorno de seguir combatiendo al crimen, pero minimizando los daños colaterales –coincidimos con los argumentos expresados por el proponente, es oportuno que el titular de la Secretaría de Gobernación pueda rendir un informe a esta Comisión Permanente sobre las medidas que llevará a cabo para continuar con el proceso de certificación de los cuerpos policiacos a nivel federal.
Asimismo creemos necesario que el proceso de certificación se haga en coordinación con las entidades federativas para garantizar una acción conjunta y efectiva en las tareas de garantizar la seguridad pública. Hay entidades federativas que no han concluido el proceso de certificación, por lo que es urgente que a la brevedad pueda finalizar dicho proceso.
Además apoyamos el resolutivo que pide información sobre la implementación de la reestructura en la Secretaría de Gobernación, ahora que tendrá a su cargo la labor operativa y de inteligencia que tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos comprometidos con el hecho de que los mexicanos exigen seguridad y tranquilidad en su entorno; por ello externamos y estaremos muy atentos y vigilantes de las acciones que anuncia el Ejecutivo federal en materia de seguridad pública.
Por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor del punto de acuerdo en comento. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor diputado. Se le concede ahora el turno del uso de la voz a la senadora Gabriela Cuevas Barron.
La senadora Gabriela Cuevas Barron: Gracias, senador. El motivo de subir en esta ocasión a la tribuna es para hacer una propuesta y es que si bien tenía agendado un punto de acuerdo también sobre este tema de la certificación a los cuerpos policíacos, me parece muy pertinente el que se pueda incluir en este mismo proyecto que ha presentado el diputado Rodríguez Doval, a nuestra consideración.
Este tema me parece que es muy importante, porque el atraso en el que se encuentran muchas de las entidades de la República es realmente significativo. Por ejemplo, algunos de los reportes que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos hasta junio de 2012, decían que se habían evaluado únicamente a 190 mil 567 elementos estatales y municipales de un universo de 430 mil 189; es decir, sólo se había evaluado alrededor del 44 por ciento del total.
Al día de hoy, estados como Chihuahua, estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas reportan un pobre desempeño en las aplicaciones de las evaluaciones de control de confianza, que registran entre un 25 y un 50 por ciento.
Más preocupante también es que ya de los elementos que no aprobaron los controles de confianza, aún continúan trabajando en las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, datos a junio del año pasado, indican que de un total de 33 mil 545 elementos que no aprobaron las evaluaciones, sólo el 4.8 por ciento había sido dado de baja.
En otras palabras, cerca de 32 mil servidores públicos podrían estar vinculados a bandas delincuenciales o podrían estar delinquiendo con otras herramientas, o incluso hasta con equipo que el propio estado les otorga.
Me parece de la mayor relevancia que podamos hacer un exhorto a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, de manera que realmente se tome este esfuerzo en serio.
Ha sido una demanda ciudadana, ha sido una demanda de la sociedad civil, es una necesidad real el que la ciudadanía pueda volver a confiar en los cuerpos policíacos y en todas las autoridades de las que depende la seguridad de los mexicanos.
Por eso quisiera proponer que los dos resolutivos que vienen en la propuesta de punto de acuerdo que se encuentra agendado pudieran incluirse en éste; uno, el primero, es que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a que por conducto de los centros de Evaluación y Control de Confianza redoblen esfuerzos y practiquen a la brevedad las evaluaciones de control de confianza a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Segundo –que era una preocupación que expresaba también el compañero de Movimiento Ciudadano– es que se hace un llamado a los gobiernos de las entidades federativas a terminar el proceso de baja de aquellos integrantes que a la fecha de entrada en vigor del decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no hubieran aprobado las evaluaciones correspondientes.
Ojalá pudiéramos hacer esta inclusión, ya que me parece que es un tema que a todos, como aquí se ha expresado, nos interesa, nos preocupa y, sin duda, a quienes representamos también. Es cuanto.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, senadora. Atendiendo la propuesta que hace la senadora Cuevas Barron, de modificar este punto de acuerdo para hacer uno solo entre éste que está agendado en el orden del día con el número 6 y el de quien ha hecho de la voz, marcado con el número 15, que se haga un solo punto de acuerdo, le solicitamos por escrito a la senadora nos haga llegar a esta Mesa Directiva su propuesta.
En tanto, ha solicitado a esta Presidencia el uso de la voz, para hechos, el senador Fidel Deméricis. Esta Presidencia le concede el uso de la voz.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, ciudadano presidente. El tema de la vinculación de los mandos policiacos, de la policía en general o de funcionarios de alto nivel de vinculación con la delincuencia organizada es algo que nos pareciera ya común en este país.
No veo conveniente que nos resignemos a que sea de esa manera. Creo que sería la peor medida que pudiera tomar el Congreso de la Unión en ese sentido. Es gravísimo lo que está pasando.
La delincuencia organizada ha penetrado los nervios del gobierno, por eso cuando se hace un exhorto es necesario que este exhorto conlleve situaciones de sanción para quien no lo acate. Que lleve situaciones de sanción para quienes están violentando de manera reiterada o que están cayendo en omisiones que perjudican a la sociedad al no acatar los exhortos que este Congreso de la Unión está haciendo.
No estamos exentos de saber que casi todos los ayuntamientos del país están desobedeciendo la Ley de Seguridad Pública. Es muy clara la ley. Cuando un mando, cuando un policía reprueba el examen de control y confianza la ley es contundente, se le tiene que dar de baja.
Al revisar las estadísticas, vemos que esto no está sucediendo. No está sucediendo porque los ayuntamientos se amparan en el artículo 115, malentendiendo lo que es la autonomía del municipio.
¿Esto qué ha dado como resultado? Que porcentajes altísimos de policías que, efectivamente, reprueban exámenes de control y confianza sigan ahí como si nada. El resultado es que la inseguridad, por más que se quiera, no cede.
Los delincuentes tienen informadores y hay casos verdaderamente dramáticos. La denuncia anónima, por ejemplo, ha dejado de tener efecto a partir de la posición del crimen organizado, cuando alguien denuncia de manera anónima.
Les pongo un caso de muchos que han pasado. En Morelos, por ejemplo, unos jóvenes llegaron a un restaurante en Cuernavaca y denunciaron que ahí en ese restaurante se encontraban las personas por las que habían ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos. ¿Saben cual fue el resultado? Que esos jóvenes aparecieron ejecutados al otro día con una narcocartulina que decía “Esto le va a pasar a quienes se metan con la delincuencia organizada”.
Entonces, compañeros diputados; compañeros senadores, es necesario que vayamos más allá de los exhortos; es necesario que seamos más contundentes en lo que pretendemos lograr con un exhorto.
Por eso sí los quiero conminar a que en este punto de acuerdo, igual que la ciudadana senadora Cuevas, le pudiéramos hacer una adición y ojalá y coincidamos.
La adición dice: “Que se sancione conforme a la Ley de Seguridad Pública a los funcionarios que no acaten los resultados que arrojen dichos exámenes de control y confianza”.
Si el funcionario siente o sabe que si no acata va a ser sancionado, tengan la seguridad de que vamos a poder avanzar en esta lucha contra el crimen organizado; es tarea de todos, pero especialmente de quienes legislamos y de quienes podemos meter en cintura, válgase el término, a aquellos funcionarios que desacatan de manera recurrente la ley.
Si vamos a entrar, compañeros, vamos a entrarle de fondo, con todo respeto; y si no, creo que más valdría quedarnos callados ante esta andanada de la delincuencia organizada contra la sociedad y en la cual nosotros podemos participar y hacer mucho por nuestros pueblos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Aunque así ya lo establece el decreto de origen, que da pie a estos controles de confianza, me parece que lo que abunda no daña, por lo tanto le pediría al senador Fidel Demédicis, que haga llegar a esta Presidencia su propuesta por escrito, para en su momento ponerla a consideración de esta asamblea.
En tanto se le concede la palabra, también para hechos, al senador Luis Armando Melgar.
El senador Luis Armando Melgar Bravo: Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos todos, legisladores, ciudadano presidente, hoy es un día muy especial, hoy es un día en donde se abre una nueva etapa para México; se consolida la nueva estructura de la Secretaría de Gobernación, con lo cual el presidente Enrique Peña Nieto está visualizando una estrategia diferente con resultados que se esperan diferentes y de esa manera lo que hoy estamos discutiendo aquí, lo que la propuesta de exhorto que hace nuestra compañera Cuevas, creo que es muy relevante al respecto.
La seguridad pública es una prioridad del Estado, que tiene la función de garantizar la paz y la convivencia de todos los ciudadanos de las familias para la certeza de su patrimonio.
El fenómeno del delito en nuestro país está adquiriendo nuevas modalidades, más bien las ha venido adquiriendo.
Hay un constante crecimiento de los delitos del fuero federal como el narcotráfico y el crimen organizado, que en los últimos doce años se dispararon en proporciones inimaginables.
El constante incremento de la incidencia delictiva no sólo se circunscribe a los delitos del fuero común, sino también al incremento de la delincuencia organizada que se caracteriza por una permanente violencia y una actitud que reta al Estado mexicano en su atribución de dar seguridad a la sociedad.
Conviene por ello analizar con objetividad las causas de esta inseguridad pública en el país, con el objeto de contar con los elementos de juicio que permitan proponer soluciones viables y eficaces para atemperar este fenómeno.
Es necesario hacer una revisión de la situación jurídica y de las formas de actuación de las policías así como de sus necesidades de capacitación, de equipamiento para su fortalecimiento.
En nuestro partido sostenemos que la seguridad debe ser una política de Estado, pero también una política popular sustentada en un gran consenso nacional. De esta manera y por estas razones la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal subraya la relevancia que la Secretaría de Gobernación tiene en el ámbito político nacional, a efecto de que el Ejecutivo federal impulse tareas de coordinación más eficaces.
Acciones como la ampliación del plazo para certificar a las policías del país y la transferencia de la policía federal y el mecanismo de inteligencia denominado “Plataforma México” a la Secretaría de Gobernación, forman parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública que ha dejado más de 60 mil muertos en lo que va en los últimos años.
La ampliación del paso para la certificación de policías obedece a la realidad del país, que es muy heterogénea por lo que no es irresponsabilidad sino objetividad y apego al estado de derecho.
Los legisladores tanto de las comisiones dictaminadoras como del pleno valoramos cifras realistas como la que se señala en los estados con mayores índices de violencia, son los que reflejan el menor porcentaje de personal no apto en sus filas y que mantienen las calles como son el caso de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, de Guerrero y de Michoacán, entre otros.
Según el último reporte de certificación del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, las entidades de Coahuila, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas, habían cumplido con la evaluación de su personal, es decir, el universo pendiente es muy amplio y requiere de comprensión y un ajuste legal como el que otorgamos, después de ello la depuración policiaca se hará inevitable.
Hay avances contrastantes, pero hay entidades que están haciendo un gran esfuerzo, también, como es el caso de Chiapas, por citar un caso, en donde se ha alcanzado un 100 por ciento de la evaluación de los altos mandos en un 100 por ciento de mandos medios, situándose a un nivel nacional en un sexto lugar con una evaluación cercana a 11 mil personas.
Por ello esperamos que se cumpla con este plazo y que las reformas aprobadas en la Estrategia de Seguridad Pública anunciada por el Ejecutivo y la unidad que sostenemos, esté en las fuerzas policíacas y se visualice la posibilidad de que se haga esto cabalmente.
Por tanto, tanto mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional como el del Partido Verde Ecologista de México, estamos con la propuesta de exhorto que hace nuestra compañera senadora Gabriela Cuevas. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Para ya cerrar la lista de oradores en este punto de acuerdo, finalmente se le concede el uso de la voz para hechos, también, al diputado Silvano Blanco Deaquino.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con el permiso del señor presidente, de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En este sentido nosotros podemos señalar que la Estrategia de Seguridad implementada por el anterior presidente tuvo un rotundo fracaso.
Digo, está muy definido, no logró detener la situación difícil de inseguridad a nivel nacional; al contrario, bañó nuestro país con una ola de sangre con más de 60 mil muertos y a final de cuentas la inseguridad sigue permeando en nuestro país.
Entendemos que al actual presidente no puede exigírsele que dé resultados en tan breve plazo, pero la idea es que esta situación de la certificación de las policías estatales y municipales por supuesto que debe de continuar.
Debe darse una situación en la cual haya un poco más de respaldo inclusive del gobierno federal a los estados, quizá presupuestalmente hablando. Comento que me tocó ser alcalde de un municipio con problemas de inseguridad y hacíamos un esfuerzo presupuestal para que nuestros policías municipales participaran en estos procesos de certificación, pero era con costo al municipio, y es algo que a veces dificulta que se dé este tipo de proceso.
Independientemente de que con los gobernadores y los alcaldes a nivel nacional a veces hay una situación que luego no queremos decir con mucha puntualidad. El problema grave de inseguridad que tenemos en México va de la mano con la corrupción que hay, con el tema de que muchos alcaldes, muchos gobernadores y se ha citado que hasta presidentes de la república llegan a obtener esos espacios derivado de que obtienen financiamiento precisamente de la gente que se dedica a actividades delictivas, y eso es algo que en nuestro país lo sabemos con mucha precisión.
El tema de cómo se infiltra la delincuencia organizada para designar gobernantes y el tema también de la propia corrupción del sistema penal que hay en nuestro país que cuando se detiene a alguno de estos delincuentes vemos con qué facilidad los jueces otorgan las posibilidades para que puedan salir tranquilamente, derivado de una serie de situaciones que se dan.
Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo en que se continúe con ese proceso de certificación, pero esto no va a resolver la problemática de inseguridad a nivel nacional si no va de la mano con actuar en el tema de la corrupción, con esta infiltración de recursos de la delincuencia organizada para poner gobernantes y también con el tema de modificar el sistema penal nacional.
Podríamos meternos a la dinámica de ver experiencias como la de Italia, en donde tenían a estos jueces sin rostro que a final de cuentas actuaban de una forma tal que pudieron detener situaciones de inseguridad muy duras en aquel período.
Debe ser un proceso totalmente integral. Si no hay voluntad y ánimo difícilmente la situación de inseguridad en nuestro país va a mejorar y esto impacta por supuesto en forma decisiva en los estados, en los municipios, impacta en la propia economía del país porque hay inversionistas nacionales y extranjeros que no llegan a un municipio, no llegan a un estado derivado de la situación de inseguridad que ahí se vive en esos estados y en esos municipios.
Por eso, nosotros sí votaremos a favor, estamos a favor en este sentido. Esperemos que este nuevo gobierno haga un esfuerzo real por sacar a nuestro país del estado difícil en el cual se encuentra en este tema de materia de inseguridad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias a usted, diputado.
Le pido ahora a la Secretaría haga el favor de consultar a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas, tanto de parte de la senadora Gabriela Cuevas como del senador Fidel Demédicis, por favor.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si aceptan las modificaciones a los puntos de acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Una vez que mayoritariamente esta asamblea ha aceptado las modificaciones propuestas al punto de acuerdo, ahora le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo, ya con las modificaciones aceptadas.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador José María Martínez Martínez: Aprobado. Comuníquense.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Berdeja, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a Holbox.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Quiero reconocer en este punto de acuerdo, que suscribimos el diputado Ricardo Monreal, el de la voz y la diputada Luisa María Alcalde Luján, también la participación muy destacada de la diputada Graciela Saldaña Fraire y también la anuencia de diputados de diferentes partidos políticos.
Lo que estamos planteando es un tema que nos parece relevante para el estado de Quintana Roo y para nuestro país, es precisamente que la Isla de Holbox, que está ubicada dentro del área natural protegida de Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, se siga conservando en esta categoría de área natural protegida. Que no haya ninguna medida que restrinja sus características únicas, su hábitat, su belleza, los ecosistemas y todo lo que la hace un paraíso en el Caribe mexicano.
Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas, que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves, tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neotropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.
La isla tiene menos de 2 mil habitantes, que se dedican a la pesca y al turismo sustentable. Tiene tan sólo 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que es descrito como un paraíso.
Es por ello que desde 1994, por decreto presidencial, se declaró como área natural protegida.
La preocupación que existe es porque está tratándose de desarrollar un desarrollo turístico en la isla llamada La Ensenada, que planea construir 875 villas y condominios, 175 cuartos en 3 hoteles con aproximadamente 3 mil metros cuadrados de áreas comerciales, sumando un total de 2 mil 450 cuartos.
Se construirán viviendas y servicios para trabajadores, además de carreteras, helipuertos, canales y puertos marinos, entre otras obras.
El desarrollo turístico inmobiliario tendría serias consecuencias en la estructura, composición de los ecosistemas de Holbox, ya que traería impactos ambientales negativos con un alto nivel de deterioro del suelo, perturbación severa de la vida silvestre, sobreexplotación de los recursos naturales, proceso de desertificación acelerada y erosión y alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.
El área donde se pretende desarrollar este proyecto, La Ensenada, se localiza dentro de un humedal prioritario, el más importante de la península de Yucatán.
Como lo señalaba, este núcleo urbano que se pretende desarrollar tendría un promedio de habitantes, sin contar los trabajadores, de 3 mil 838 personas. Es decir, casi el doble de la población o el doble de la población que actualmente existe en la isla. Además, se estima una población flotante de hasta 10 mil personas. Esto en una primera parte del proyecto, que abarca un 40 por ciento.
Los muchos estudios que sobre el tema han realizado organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, entre otras, han llamado la atención de que se pueda exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también, que es una propuesta de diputados del Partido Revolucionario Institucional, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se pueda frenar este proyecto, que se niegue la autorización del proyecto de La Ensenada, porque está en un área natural protegida, y porque tendría consecuencias ecológicas devastadoras y porque realmente estaríamos dañando un área ya prácticamente virgen del país.
Y por esa razón, planteamos el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que hace al ordenamiento territorial que incumbe al proyecto –concluyo–, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a negar la autorización del proyecto La Ensenada por ser inviable, ya que no cumple con los objetivos planteados para el área de protección de flora y fauna Yum Balam, no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable y no se trata de turismo de bajo impacto.
Además, incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones, las especies enlistadas bajo categorías de riesgo.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, a publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam.
Es cuanto. Y pedimos a esta soberanía su apoyo a este punto de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.
El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ángel Robles Montoya, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tomen medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas ante el precipicio fiscal de Estados Unidos de América.
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, senadoras y compañeros diputados, senadores, integrantes de esta Comisión Permanente, efectivamente vengo a tocar un tema que me parece relevante porque veo que en un futuro las definiciones que se están haciendo en los Estados Unidos, respecto al llamado precipicio fiscal, pueden afectar de manera grave la economía nacional y, por supuesto, la economía de las familias de las mexicanas y de los mexicanos, que nosotros debemos buscar la forma de defender con todo.
El tema lo conocemos de manera general porque ha sido una de las principales notas en los últimos días en el plantea, pero vale la pena un poco –si me permiten– solamente recurrir a algunos datos para que ilustren muy bien a la asamblea la importancia del tema que respetuosamente les estoy poniendo sobre la mesa.
Se trata de que hay, ya, el reconocimiento del gobierno, de que hay un enorme déficit y una deuda en el gobierno de Estados Unidos prácticamente insostenible, a grado tal que la deuda de los Estados Unidos es similar a su propio producto interno bruto.
Ya hubo el acuerdo entre el gobierno y los legisladores del Senado, de la asamblea de los representes, y nosotros vemos –como lo han hecho y lo han externado algunos analistas– que estos son los primeros pasos, pero distan mucho de ser las medidas de fondo que pretende aplicar el gobierno norteamericano para resolver ese grave problema que tienen en su economía.
Me preocupa de manera particular, y lo quiero dejar aquí sentado, la idea de que ya hay un número creciente de demócratas y de republicanos que están planteando –entre las medidas a proponer– que se eliminen los subsidios al campo en los Estados Unidos de América y eso nos parece que va a traer una correlación negativa para nuestro país.
No solamente porque como conocemos los datos, no quiero abundar en ellos, pero sí depende nuestra nación –en una manera muy importante– de la importación de los alimentos de los Estados Unidos de América; prevemos que los alimentos en México pueden iniciar una escalada de los precios, con la gravedad que esto implicará para la economía de las familias de nuestro país.
Nosotros creemos que es por eso que a pesar de que el secretario de Hacienda ha externado ya en relación a este llamado precipicio fiscal, que se han estado tomando algunas medidas, inclusive algunas se tomaron en esta Cámara de Diputados, en el momento de definir el Presupuesto federal, nos parece a nosotros que no son las suficientes, nos parece que el déficit cero que se ha planteado y que nosotros dudamos que realmente exista, no será suficiente para enfrentar esa problemática.
Nosotros pensamos que medidas que tienen que ver también como una política de tipo de cambio flexible tampoco son suficientes para enfrentar lo que puede ser un terrible problema, producto de la crisis allá en los Estados Unidos de América.
Se ha hablado de que también habrá una continuidad de la política de las reservas sustanciales, que actualmente se ubican en más de 170 mil millones de pesos, inclusive se ha dicho que hay la posibilidad de una recontratación de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, por recursos que podrían ascender hasta 70 mil millones de pesos, en caso de que la nación lo requiriese.
Todo esto nos parece que son medidas insuficientes y reitero que lo pensamos así, porque sí México no se da cuenta, si el gobierno mexicano no revisa que con precipicio fiscal resuelto o sin precipicio fiscal resuelto se están planteando en los Estados Unidos de América temas, como eliminar los subsidios a la producción agrícola en la Unión Americana, esto va a traer consecuencias muy negativas.
La eliminación de los subsidios agrícolas norteamericanos, en un país como México, durante varias administraciones se desmanteló al campo mexicano con la falacia de las políticas neoliberales y que nos ha conducido a una dependencia alimentaria sin precedentes, nos permite decir que podría desembocar en un incremento generalizado de los precios y lo que se traduciría –y eso no lo podemos permitir– en más hambre para los segmentos más desfavorecidos de nuestra población.
Por eso nosotros estamos planteando un punto de acuerdo dividido en cuatro partes; primero, se exhorta –como ya lo dijo el diputado presidente de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente– para que el titular del Poder Ejecutivo instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas al respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas del precipicio fiscal de los Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas, considerando para ello lo siguiente:
1. Formular y difundir una estrategia que permita frenar y reducir la actual política de endeudamiento y, en consecuencia, déficit del gobierno federal evitando, a partir de la experiencia norteamericana, caer en medidas de precipicios o abismos fiscales.
2. Diputado presidente, informar las medidas que se tomarán ante el posible desmantelamiento de los subsidios agrícolas en Estados Unidos de América, de manera que no se afecte el precio de los alimentos en México.
3. Informar, en concordancia con la sección 2.8 y los compromisos 64 y 65 del llamado Pacto por México, qué medidas se tomarán para eliminar lo antes posible la dependencia alimentaria del país; ya que el presupuesto asignado al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 resulta insuficiente para cumplir estos compromisos.
4. Y último, diputado presidente, informar qué medidas va a tomar para eliminar totalmente o reducir a una mínima expresión el presupuesto del gasto fiscal y, en consecuencia, con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental dé a conocer de inmediato a los beneficiarios de dicho presupuesto.
Seguramente esto y otras medidas más nos van a ayudar a enfrentar una eventual problemática, dada la crisis que se está viviendo en Estados Unidos. Efectivamente, hemos pedido que de urgente resolución sea apoyado este punto. Así se los pido para que podamos enfrentar esta situación y salvar de buena forma y de buena manera parte de la economía doméstica en todo el país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Varias legisladoras y legisladores: No, por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Repita la votación. Les ruego a las legisladoras y a los legisladores expresen la manifestación de su voluntad con toda diligencia.
La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Suplico a las legisladores y a los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, no se ha cumplido el requisito de las dos terceras partes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De las dos terceras partes. Por tanto, se turna a la Tercera Comisión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, tiene el uso de la voz nuestra muy apreciable compañera doña Mariana Dunyaska García Rojas, del PAN, de Veracruz, claro, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, señor presidente. Profesionalizar el ejercicio político en un marco moderno y de información de manera pronta y expedita para abonar a la transparencia y rendición de cuentas, implica un ejercicio de voluntad política.
El crecimiento acelerado de la deuda pública responde a razones políticas, administrativas y económicas, así como a factores financieros derivados de los altos costos de la contratación de servicios de deuda pública e intereses bancarios que varían por entidad federativa, oscilando del 5.3 por ciento al 17.7 por ciento anual, con una promedio nominal al 30 de junio de 2012, de 6.3 por ciento anual y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 por ciento. Y en este sentido se detona previo por lo común y desafortunadamente, previo a los procesos electorales, ya sean locales o federales.
Existen muchos casos de endeudamiento irresponsable en diversos gobiernos que son conocidos por la opinión pública y cualquiera que esté fuera del marco jurídico y de la ley, es necesario que sea regulado.
Obviamente los sistemas de presentación de información requieren brindar datos en tiempo y forma, indicadores, evaluaciones, que favorezcan la transparencia de los estados de la Cuenta Pública, de manera que favorezcan, obviamente, de manera trimestral conocer cómo se están ejerciendo las participaciones federales que esta honorable Cámara otorga y etiqueta de manera directa a estados y municipios.
La contratación y manejo de deuda pública en estados y municipios está regulada y plasmada por el artículo 117; pero tenemos una gran diversidad de leyes a nivel local sobre el porcentaje de endeudamiento de los estados, teniendo un marco legal débil sobre el anejo, topes y rendición de cuentas.
Por eso diputados y senadores de Acción Nacional han propuesto poner topes de endeudamiento a estados y municipios en un total de 15 por ciento del presupuesto anual asignado, extendiendo la posibilidad de ampliarlo a un 5 por ciento más en caso de desastres naturales, contingencias o cualquier suceso en el cual los estados y municipios requieran de un recurso extra.
Resulta fundamental que ustedes estén enterados de que en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuando solicitamos la información del correlativo de deuda pública previa a los procesos electorales, no se cuenta con este dato.
Por eso es la razón de este punto de acuerdo, este exhorto a la Secretaría de Hacienda, ya que no realiza la ejecución de las participaciones afectadas en garantía salvo para registros vigentes previos a las modificaciones, generando un incremento irresponsable del gasto público, lo que ha llevado a autoridades en varios órdenes de gobierno, a contratar deuda, a generar, obviamente, un exceso de deuda, pero también en este sentido rebasando su capacidad de pago, cuestión que nos preocupa.
En México cualquier ciudadano o ciudadana que contrata una deuda, se hace responsable y sabe que tiene que hacer el pago de los intereses y el pago también del monto solicitado. En este sentido creemos que la responsabilidad es fundamental.
Para que en México tengamos un ámbito y un marco legal sano en materia financiera, se requieren, obviamente, topes y la información para tener acciones prontas, expeditas, en el momento; no esperar a tener ya un estado en quiebra para poder actuar.
Este endeudamiento es obviamente un lastre para todo lo que es nuestro país, con tristeza de 2008 a 2012 aumentó al 99.1 por ciento; esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos, si se considera esto como porcentaje de las participaciones el saldo de la deuda aumentó al 50.7 por ciento en diciembre de 2008 y al 80.1 en junio de 2012. A la fecha el endeudamiento tiene como porcentaje del producto interno bruto al 2.7 por ciento.
De acuerdo a esta información las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda mantienen obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones de Empréstitos de las entidades federativas y municipios estableciendo en el Reglamento citado de la ley del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal un monto total de deuda de 322 mil 950.6 millones de pesos, y esto ha sido contratado por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones para los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios, 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales que genera una deuda pública per cápita de 3 mil 524 pesos estimadas sobre una población calculada al 2012 de 114 millones de habitantes.
Esto genera opacidad. Las aportaciones federales en las cuales deben estar incluidos los municipios, deben estar reguladas, debemos contar y es transcendente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación conozca con claridad el gasto federalizado, el empréstito, las bursatilizaciones que como mi estado, Veracruz, son hoy 30 años de deuda para cada uno de los municipios que accedieron a este tipo de empréstitos, el caso Moreira, el caso Yarrington, el caso Granier y Veracruz, debe ser legislado. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Ciudadano presidente, no se cumple con el requisito de la mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Tercera Comisión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quiero informarles que las distintas proposiciones que están inscritas al día de hoy se turnan a las comisiones que correspondan y vamos a tener la debida publicación en la Gaceta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (14:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 9 de enero de 2013 a las 11 horas en punto.
---o0o---