Declaratoria del inicio del periodo de sesiones
Ronda de participaciones de los grupos parlamentarios
René Ricardo Fujiwara Montelongo, Nueva Alianza
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, PVEM
Alfredo Rivadeneyra Hernández, PAN
Fernando Charleston Hernández, PRI
Minuto de silencio por los fallecidos en la las instalaciones de Pemex
Declaratoria de reforma constitucional, en materia educativa
Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Nueva Alianza
Julio César Moreno Rivera, PRD
Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, PRI
Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano
Comunicaciones
De la Comisión Permanente, con informe de labores y diversos asuntos
De la Presidencia de la Mesa Directiva, con modificación de turno de iniciativas
De la Mesa Directiva, por la que se desechan la proposiciones no dictaminadas
Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con incorporación de diputada
De la Junta, con movimientos en comisiones
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Presidencia del Consejo General del IFE
Protesta como diputada y como diputado de Martha Gutiérrez Manrique y Alfio Vega de la Peña
Agenda política
Comentarios sobre el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917
Luis Antonio González Roldán, Nueva Alianza
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano
Francisco Tomás Rodríguez Montero, PRD
Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, PRI
Acuerdo de la Junta, relativo a la celebración de sesión solemne
Proposiciones de diputadas y de diputados
Acuerdo de la Junta, relativo a cambios en comisiones
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 283 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: (11:03) Se abre la sesión.
Diputado Villarreal, con qué objeto.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. Desde luego que en la sesión de Congreso General ya hicimos una manifestación como la que voy a solicitar y es precisamente que esta Cámara de Diputados, en su primera sesión ordinaria de este segundo período de sesiones, guarde un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida en la terrible tragedia el pasado 31 de enero en la torre de Pemex, para que podamos expresar nuestra solidaridad con las familias de las 37 personas que perdieron la vida y con quienes resultaron heridos en estos terribles acontecimientos.
Al mismo tiempo, ante la gravedad de los hechos, mi grupo parlamentario, el de Acción Nacional, confirma que será respetuoso de la autoridad que realiza las investigaciones para conocer el origen de los sucesos y que esperamos que las mismas se lleven a cabo de manera completa y transparente.
Estamos convencidos de que México quiere y debe saber la verdad respecto de estos hechos. Le agradezco de antemano que nos obsequie el trámite que solicito. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo haremos. Solamente si me permite, por razón de protocolo, vamos a proceder a la instalación formal de los trabajos del período e inmediatamente después obsequiamos su petición y en su momento le informaré oficialmente que la Secretaría de Gobernación nos está convocando para acreditar a un legislador por grupo parlamentario, de tal suerte de que sean coadyuvantes en este grupo especial de trabajo investigador.
Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría consultando a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
(Puestos todos de pie)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La Cámara de Diputados de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hoy seis de febrero de dos mil trece, declara formalmente iniciado el segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. Que sea para bien.
Sírvanse tomar asiento.
La Mesa Directiva participará por escrito que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el segundo período ordinario de sesiones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a hacer la ronda de participaciones de los grupos e inmediatamente después procederemos a obsequiar la petición de don Luis Alberto Villarreal. Tiene el uso de la palabra don René Ricardo Fujiwara Montelongo –lo vamos a hacer después de las participaciones– de Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores.
El segundo período de sesiones que hoy comienza nos plantea el reto de lograr acuerdos parlamentarios que traigan crecimiento económico, beneficios sociales y desarrollo democrático.
Los legisladores federales tenemos la responsabilidad de garantizar la vigencia del Congreso como institución central de los grandes acuerdos nacionales. La soberanía del Legislativo debe estar por encima de cualquier negociación política extraparlamentaria, pues de otro modo estaríamos regresando a las épocas del centralismo que hacía nula la división de poderes.
Por fuera del Congreso se ha generado el llamado Pacto por México como mecanismo de concertación política, y mientras reconocemos y valoramos su alcance nos parece evidente que contiene rasgos excluyentes, dado que no incluye a la totalidad de los actores políticos e ignora a los actores sociales.
En las elecciones federales de 2012, que legitimaron la representatividad de esta honorable Cámara, casi el 20 por ciento de los electores optaron por votar por los partidos emergentes, y estas voces, al igual que las demás, merecen ser dignamente representadas y tomadas en cuenta en la deliberación nacional.
La sociedad del siglo XXI ya no admite una cultura política basada en la dominación de una visión sobre las demás; México hoy exige de actores que logren generar consensos y que puedan sintetizar en políticas de Estado nuestra compleja, pero hermosa pluralidad.
No podemos permitir que desde afuera se le imponga la agenda legislativa al Congreso de la Unión. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace un llamado a los otros grupos para que construyamos la agenda legislativa a partir de las demandas, anhelos e inquietudes de los ciudadanos que representamos en esta soberanía. No podemos reducir el debate público y ningún acuerdo político puede estar por encima del derecho de los legisladores a definir sus propuestas legislativas, pues ello pondría en riesgo nuestra democracia.
Nosotros coincidimos en que hay que cambiar a México, nuestra propuesta legislativa buscará construir ciudadanía, generar desarrollo sostenible y promover el pleno respeto a los derechos humanos. En Nueva Alianza queremos que los mexicanos sean ciudadanos plenos, conscientes de sus derechos y con las herramientas necesarias para hacer valer sus intereses.
Sabemos que la pobreza, la marginación, la falta de información accesible, la precariedad laboral, la cultura política basada en la dominación, las prácticas clientelistas y paternalistas son factores que limitan a las personas para que se conviertan en ciudadanos demandantes, informados, críticos y participativos, por eso promoveremos acciones legislativas e institucionales, tendientes a construir la ciudadanía que México necesita.
Las futuras generaciones ya están aquí y nos demandan construir un país viable y manejable, en función de ello, trabajaremos para generar condiciones legales e institucionales, que permitan implantar las bases del desarrollo sostenible.
Que se genere crecimiento económico sin distorsiones estructurales, sin agotar los recursos naturales ni destruir el medio ambiente.
Que se generen los bienes necesarios para que las personas salgan de la pobreza y tengan crecientes niveles de bienestar social, sin que ello implique endeudamientos que hipotequen el futuro.
Queremos un modelo de desarrollo sostenible que autogenere sus propios insumos y recursos y sin comprometer la viabilidad del país.
La construcción de ciudadanía, a partir del desarrollo sostenible, es un proceso que debe acompañarse de una promoción y defensa irrestricta de los derechos humanos. Las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, trabajaremos para garantizar los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, desde el pleno derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, hasta el derecho a la educación de calidad, con equidad, y el acceso a la banda ancha. Siempre que haya alguna contradicción o conflicto, pondremos por delante a la persona.
En función de lo anterior, plantearemos reformas legales e institucionales que reivindiquen la dignidad social de las personas y las empoderen como ciudadanos. Propondremos que la seguridad social se oriente hacia la universalidad, que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud, pensión de retiro y seguro de desempleo, independientemente de su situación laboral.
Que el Estado garantice el acceso de todos a la banda ancha, para cerrar la brecha digital que profundiza las desigualdades sociales.
Debemos fortalecer a los órganos reguladores, en particular a las Comisiones Federales de Telecomunicaciones, Federal de Competencia y Reguladora de Energía, con el fin de que no sean capturadas por los sujetos regulados y puedan establecerse condiciones reales de competencia, que detonen la inversión y el crecimiento económico.
Propondremos mayor transparencia y efectividad del sistema fiscal, así como la apertura y modernización del sector energético, sin renunciar a la rectoría del Estado.
Si no comenzamos a trabajar desde ahora en garantizar la seguridad energética del país, en dos o tres décadas estaremos sumidos en una grave crisis que nuestros hijos nos reprocharán justamente.
Mención especial merece el tema de la educación, porque se trata del principal factor para detonar el desarrollo nacional, sostenible e incluyente.
Buscaremos que la legislación secundaria, derivada de la reforma constitucional, proyecte el objetivo de lograr una educación de calidad con equidad.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza trabajará para que la reforma educativa garantice la vigencia de la educación pública, laica y gratuita.
Que la evaluación educativa sea integral, se oriente a la mejora constante de la calidad de la educación y no sea utilizada como arma de presión o amenaza de castigo.
La evaluación nos debe permitir identificar las fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional, para determinar las políticas y programas necesarios para mejorar la calidad y el desempeño de todos los factores: humanos y materiales que concurren en el lecho educativo.
Para Nueva Alianza las maestras y maestros de México son herederos de la gran tradición formativa de José Vasconcelos, y es necesario asegurar su constante desarrollo y mejoramiento.
Buscaremos que en la reforma educativa se traduzca el reconocimiento del esfuerzo cotidiano de los maestros para intensificar su profesionalización.
En todo caso, promoveremos que la transformación educativa tenga como uno de sus elementos centrales la estabilidad laboral y el desarrollo profesional de las maestras y maestros de México.
Compañeras y compañeros legisladores, la realidad nacional nos presenta retos formidables. La pobreza se incrementa, el empleo es precario e insuficiente. La violencia asociada a la delincuencia organizada persiste. Los ciudadanos exigen más oportunidades y mejores herramientas para participar efectivamente en la toma de decisiones públicas.
No podremos enfrentar esos retos con mecanismos excluyentes, con acuerdos populares, que si tienen la virtud de proponer soluciones son antiinstitucionales porque ignoran la representatividad de este Honorable Congreso de la Unión y anulan toda transparencia sobre los términos de las negociaciones.
El gran acuerdo nacional que necesita nuestro país para salir adelante debe incluir a todas las fuerzas políticas nacionales y regionales, pero sobre todo a diversos grupos sociales que tienen el impulso de las necesidades y aspiraciones generales.
En Nueva Alianza hacemos un llamado a consolidar al Congreso de la Unión como pilar de la división de poderes. Desde 1997 los ciudadanos han decidido que los grandes acuerdos se discutan y se negocien aquí de manera abierta y a vista de todos. Construyamos una agenda legislativa incluyente, que responda a los anhelos del pueblo que representamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don René Fujiwara.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Cantú, tiene el uso de la voz.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ésta es la primera sesión de la Cámara de Diputados del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Durante los próximos tres meses esta soberanía tiene la responsabilidad de avanzar en la armonización del marco legal que rige a los diversos sectores de la sociedad mexicana. Hay temas relevantes en la agenda legislativa que creemos pueden ser desahogados, por ejemplo: la aprobación a la nueva Ley de Amparo.
Es una realidad que se han dado acontecimientos relativos al sistema de impartición de justicia, que nos obligan a generar piezas legislativas acordes a los nuevos tiempos y que respondan a las demandas ciudadanas de tener una justicia imparcial que respete los derechos humanos apegada a derecho y que no admita fabricación de pruebas ni montajes.
Asimismo, tenemos la responsabilidad de hacer las modificaciones a la Ley General de Educación en razón de los cambios aprobados al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, la reforma educativa tiene el propósito de modernizar el sistema educativo, reforzar la evaluación de los docentes con el propósito de que puedan actualizarse, lo que beneficiara a ellos y a sus alumnos.
Los legisladores del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso de analizar las propuestas que formen parte de la agenda de las fuerzas políticas aquí representadas.
Por lo anterior queremos decirles, que el Grupo Parlamentario del Partido Trabajo manifiesta que no avalará ninguna reforma que signifique lesionar el nivel de vida de los mexicanos, en particular de los que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
La reforma hacendaria debe sustentarse en eliminar los privilegios tributarios que tienen las grandes empresas como la consolidación fiscal y el régimen de dividendos. Debemos discutir y gravar las operaciones en Bolsa, mecanismo que se ha utilizado para no pagar el ISR en la venta accionaria; existen medidas tributarias distintas a la aplicación de IVA en alimentos y medicinas a lo cual nos oponemos.
Tampoco apoyaremos cualquier iniciativa que privatice la renta petrolera, la cual es propiedad de la nación, como claramente se establece en el artículo 27 constitucional, los recursos del subsuelo deben servir para el desarrollo nacional y no para que se fuguen como utilidades de empresas transnacionales.
Permitir la entrada de capitales extranjeros para que se beneficien de la renta petrolera significa la intromisión en la soberanía de nuestro país. Se corre el riesgo de tener conflictos políticos con los países de origen de dichas empresas como sucedió recientemente con Argentina y España.
Creemos firmemente que el texto constitucional no es un dogma, es el resultado de una lucha histórica por fortalecer la soberanía, preservar la propiedad de la nación en los recursos energéticos significa no claudicar en la soberanía nacional.
La expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas, permitió recuperar la propiedad del petróleo de manos de empresas extranjeras que se llevaban la riqueza y dejaban empobrecido a nuestro pueblo. El objetivo ha sido claro. Hay que preservar esta riqueza para el beneficio de todos los mexicanos y no de unos cuantos extranjeros.
Otro tema que es de importancia central es el relativo a la reforma en materia de telecomunicaciones. Que se abra el sector a todos los participantes que cumplan con las condiciones legales aplicables ampliando la competencia en beneficio de los televidentes. A la par de la apertura de más señales de televisión abierta, se debe fortalecer la oferta de los canales culturales como los dedicados a espacios culturales, de divulgación científica y educativa, por ejemplo.
Por otro lado, estamos convencidos que la Cámara de Diputados debe promover que se expida una ley que regule al endeudamiento de las entidades federativas. El monto de pasivos registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una cifra muy considerable; estamos hablando de 404 mil millones de pesos, la mitad de lo que implicó el rescate bancario que es de 800 mil millones de pesos.
A la par de emitir esta ley, se debe modificar el pacto fiscal vigente para destinar mayores recursos a los municipios, sin dejar de lado que éstos deben ejercer de manera plena sus potestades tributarias.
En general, pensamos que la reforma energética y la reforma hacendaria deben ser tratadas con toda la profundidad y con todo el rigor analítico que implican este tipo de modificaciones al marco constitucional vigente.
No podemos permitir que se busque aplicar un proceso fast track para aprobarlas. Tenemos el tiempo suficiente para realizar las reuniones, foros de consulta, con los sectores afectados, para constituir una propuesta que beneficie a las grandes mayorías.
Compañeras y compañeros diputados, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestros derechos para no ser condicionados para aspirar a un México más próspero, sin la cooptación de adeptos ni la compra de votos. Promoveremos modificaciones a la legislación electoral para erradicar que lucrando con la pobreza de la población, se compre el voto sin importar el mecanismo para hacerlo.
Por otra parte nos mantendremos vigilantes en la transformación de las instituciones. En esta nueva etapa de cambios en el poder, debemos ser cuidadosos, pues el tiempo ocupado para tales procesos y la ejecución de la gran gama de los programas sociales, corren el riesgo de no ser aplicados correctamente para la población más necesitada.
Vigilaremos muy de cerca las acciones anunciadas por el Ejecutivo federal de en específico el apoyo para jefas de familia y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, los cuales fueron dados a conocer como parte de la política en materia social que implementará el Ejecutivo federal.
En este tenor coadyuvaremos a la consolidación de un esquema que prevenga mayores beneficios y mayores alternativas de otorgamiento de dichos apoyos, pero en definitiva buscaremos que se aplique todo el peso de la ley para quien intente sacar provecho de la precaria condición de vida de los mexicanos esperanzados en los programas sociales que se convierten en un mecanismo de compra del voto.
Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso de servir a la ciudadanía, de promover reformas que beneficien a las clases marginadas y se generen oportunidades de desarrollo y superación. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien, don Ricardo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Viene don Ricardo Monreal, hasta por 10 minutos; lo escuchamos, señor. Bienvenido.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Bienvenidos y bienvenidas. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, se abre el segundo período de sesiones de esta Legislatura y con él inicia el sexto mes de vida de esta representación soberana.
Un semestre es poco tiempo para evaluar el impacto del trabajo legislativo en el curso de una nación, pero es tiempo suficiente para seguir las huellas de esta Legislatura y para saber qué van dejando en todo el país estas huellas.
Las primeras reformas que se han impulsado desde aquí como la laboral, la educativa, la Ley de Acceso a la Información, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal han sido auténticas cajas de Pandora que despiertan más disensos que consensos sociales.
La unanimidad o la mayoría de votos que algunas de estas reformas han alcanzado en este recinto contrastan con el rechazo y el escepticismo que los ciudadanos muestran hacia las mismas.
Un 75 por ciento de los ciudadanos desconoce la reforma laboral, al tiempo que una lluvia sin precedentes de amparos de los que sí saben su contenido buscan defenderse de sus efectos lesivos.
La reforma educativa plantea modificar formalmente la relación laboral entre el gobierno patrón y sus maestros empleados, pero deja intactos los contenidos educativos y pedagógicos que mantienen a una mayoría de los niños de México en el analfabetismo funcional y tecnológico. Son más los padres de familia que piensan que la reforma educativa afectará a sus hijos que aquéllos que la apoyan.
Mientras haya niños mexicanos que sigan reprobando matemáticas, historia y español frente a sus pares de otras naciones, la reforma educativa quedará reducida a un ajuste de cuentas entre una élite política y nunca será el eje que necesita el país para hacer de la educación la gran palanca del cambio social.
Podemos afirmar también lo mismo con la reforma a la Ley de Acceso a la Información. Con qué autoridad moral el gobierno va a garantizar la apertura y el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental si no ha sabido decirnos de dónde obtuvo millones de pesos en una campaña donde no ganó sino compró la presidencia de la república.
Más aún, qué grado de autonomía, independencia y credibilidad puede tener un organismo público de acceso a la información al que se busca someter, controlar y pervertir desde su nacimiento, colocando consejeros afines al partido en el gobierno y a sus aliados parlamentarios.
Esto no es ciudadanizar, sino partidarizar un órgano del Estado, como lo han hecho ya como una tradición política en estas cámaras. Eso no es refundar sino refundir en el desprestigio a un órgano ciudadano.
Esta Legislatura se está moviendo con los acordes de un vals ajeno, de un baile de salón palaciego que se llama Pacto por México. Allá, desde ése otro palacio, desde ése otro poder del Estado se marca la agenda, los tiempos, y hasta la pauta que debe seguir un Poder Legislativo que se supone autónomo, independiente y soberano.
Hoy no está clara la frontera entre la coordinación y la subordinación de poderes, entre la colaboración y sumisión institucional, entre la cooperación y el solapamiento gubernamental.
El problema del Pacto por México no es su contenido, sino su diseño; no es su concepción sino su operación. No es un pacto de los ciudadanos ni para los ciudadanos, sino un mecanismo de negociación y acuerdo entre la élite política, y eventualmente una instancia de interlocución para una oligarquía económica.
Mientras el Pacto por México sea un pacto totalmente palacio, es decir, una moda de gobierno; mientras su esencia se la cooptación partidista de una élite política y no la promoción ni la integración de la auténtica ciudadanía en las decisiones del gobierno, Movimiento Ciudadano no se sumará, no apoyará ni se subirá al coro de aplaudidores de las iniciativas que de ahí provengan.
Este segundo período ordinario de sesiones conocerá de por qué estas dos iniciativas que pretenden enviarnos son las más perniciosas que se han presentado en la historia. La reforma energética y la reforma fiscal.
¿Creen que estos son detonadores de la economía nacional y del bienestar social? Nada más ilusorio y mentiroso. La llamada reforma energética no es más que un eufemismo para disfrazar la privatización de los activos presentes y futuros de Pemex, así como para transferir el usufructo de la renta petrolera del país de manos públicas a manos privadas.
Esta reforma energética llegó tarde y desfasada. Justo cuando en el resto del planeta se está cuestionando el paradigma privatizador en la producción de energía, justo cuando en algunos países se están retomando las nacionalizaciones en el sector petrolero por cuestiones de equidad fiscal o de seguridad nacional, justo cuando se ha puesto en duda que la explotación privada de los recursos naturales estratégicos se traduzca en energía barata para los consumidores, en una prestación de servicios más eficientes, ahora se nos presenta como contradictoria; es un contrasentido y una aberración política.
Es que no hemos aprendido la lección de las privatizaciones en los últimos 20 años, lejos de redistribuir la riqueza la han concentrado. Lejos de promover la competencia económica, han fomentado la dominación económica; lejos de abaratar los servicios a los ciudadanos los han encarecido, y lejos de fomentar un empresariado nacional con escasas excepciones, las empresas privatizadoras han terminado por entregarse y venderse al capital extranjero.
Hay tres temas que vamos a comentar: el tema relativo a la OHL México, esta empresa que ha crecido de manera sospechosa en México, ahora está siendo investigada en España por corrupción y aportaciones económicas ilícitas a la campaña presidencial e, incluso, como consecuencia de la misma, se está solicitando la renuncia del presidente de España.
En México creemos que también aportó esta empresa recursos al PRI de manera ilícita y corrompió la campaña presidencial. En cualquier parte del mundo se investiga, pero en México se está en el paraíso de la impunidad.
El Monexgate es apenas la punta del iceberg al que se quiere sepultar en el féretro del pacto y con las plañideras obsequiosas y avergonzadas.
El gobierno priista debe aclarar formalmente si la política exterior sigue tan sometida y subordinada a Estados Unidos y como consecuencia sigue aceptando vetos para los cargos más importantes del país, y si no es así, por qué no se ha desmentido la información o no se ha exigido la rectificación de las acusaciones contra un miembro de la élite militar que estuvo entre los finalistas a la Sedena.
Exigimos una investigación a OHL México, cómo ha logrado jugosos negocios en México. ¿Ha habido aportaciones ilegales al PRI o a cualquier otro? ¿Su situación financiera y fiscal corresponde a la normalidad laboral o han existido tráfico de influencias, sobornos en la asignación de obras?
Estamos frente a un sistema corrupto, a un sistema corruptor y debemos combatirlo hasta extirparlo. Estamos muy claros que estos dos grandes temas tendrán que debatirse en este periodo, aunque no confiamos en los órganos de justicia que se encuentran en avanzado estado de descomposición, en un estado de putrefacción, porque sostenemos que los órganos de justicia jerárquicos superiores no están integrados por hombres de Estado, sino por pequeñas personas subordinadas al poder y a la oligarquía.
Aún cuando somos minoría en estos órganos colegiados mantendremos inalterable nuestra posición, porque valga decir que la mayoría que aquí existe no representa la mayoría de allá afuera. La opulencia que aquí reina contrasta con la pobreza que afuera existe. Los salarios y privilegios que aquí rigen contradicen el desempleo y la desesperación de millones de jóvenes y adultos que buscan un espacio digno de subsistencia y ocupación.
La alegría superflua y frívola que campea por los pasillos de esta Cámara dista mucho de la miseria y la pobreza de las colonias, los barrios y sobre todo el abandono de los campesinos en el país. Incluso la hipocresía y la falsedad que por ratos domina en estos entes públicos es radicalmente distinta a la sinceridad, la rectitud y honradez de millones de mexicanos que sueñan y luchan por una transformación profunda de la vida pública.
Por eso creo que no podrán mantener este ritmo de oprobio y desigualdad, y por eso sostengo que más temprano que tarde los ciudadanos y el pueblo de México impulsará pacíficamente el cambio verdadero por el que luchamos y en el que no daremos pausa ni tregua.
Creemos firmemente que México va a cambiar, resulta inconcebible que vaya esta Legislatura a ser la responsable histórica de colocar la piedra de la privatización energética a los pies de la nación, para que se vuelva a tropezar.
Por supuesto que el sector energético debe modernizarse, se debe de correr a todo el pillaje de la cúpula sindical, a toda la corrupción del contratismo y del tráfico de influencias, a todos los nuevos ricos que ahora están posicionándose de Pemex. A ésos hay que extirpar y expulsar. No vamos a aceptar la privatización, vamos a luchar.
El día de ayer hemos diseñado un plan pacífico contra la privatización y el aumento de los impuestos, no habrá tregua, vamos a luchar pacíficamente porque no prosperen esas reformas.
Los diputados del Movimiento Ciudadano vamos a presentar propuestas alternativas de reforma energética, que además de dejar a salvo la propiedad de Pemex como empresa pública estratégica, permita su modernización y mejoramiento del servicio que brinda la nación.
La reforma energética va de la mano con el otro gran atraco –concluyo, presidente– que busca imponer el gobierno a los ciudadanos al amparo del Pacto por México y con el aval de esta legislatura, me refiero a la reforma fiscal.
No vamos a aceptar más impuestos ni a libros ni a medicinas ni a alimentos. Vamos a luchar con la ley en la mano de manera pacífica.
Presidente, le agradezco su tolerancia, y a todos también. Muchas gracias. Se van a ir temprano, espérense un rato más.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Verde Ecologista.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Con su venia, diputado presidente.
Hablar de un mejor destino es dejar de lado la suerte y sellar un compromiso con el trabajo y la integración. Hablar de un mejor destino es seguir la voz de quien habla de frente y avalar en sus palabras una justa razón para cambiar. Hablar de un mejor destino es sumar caminos, forjar acuerdos y unir esfuerzos con una misma intención.
En el Partido Verde estamos comprometidos conmover a México. Somos un grupo sólido, plural y formamos parte de un proyecto de servicio que enaltece a nuestra tierra y la impulsa hacia una nueva latitud.
Creemos en el progreso, el que consiste en renovarse, en tomar las riendas con carácter y en generar respuestas sensibles a las que nadie quede exento. Creemos en empatar voluntades, impulsar el talento y en sembrar pasos, que una vez avanzados no den nunca vuelta atrás. Creemos en valorar el ayer para poder caminar hacia adelante y en transformar la realidad con estrategia y con visión.
Nos entregamos con entusiasmo a una suma de acciones que genera cambios contundentes y asumimos compromisos que implican esfuerzos continuos que sin duda marcarán el nuevo rumbo que tanto se merece esta nación.
Por un país reorganizado, que supere con un nuevo ánimo la inequidad, la injusticia y la falta de oportunidades, redoblamos esfuerzos por la confianza de la gente a quienes estamos obligados a servir y a entregar buenas cuentas.
Compañeros diputados de la LXII Legislatura, en nuestra fracción entendemos que compartimos con el Ejecutivo la responsabilidad de traducir la plataforma que junto con el Partido Revolucionario Institucional impulsamos durante el pasado proceso electoral en resultados concretos.
Sabemos que la expectativa ciudadana es grande, lo asumimos y por ello nos comprometemos.
En esta nueva escena en la que nuestro país se transforma, México encara retos de proporciones mayores en donde ninguna fuerza política podrá, por sí sola, imponer una visión o alcanzar un objetivo que no provenga de un acuerdo ampliamente mayoritario.
Ante ello, creemos en concertar acciones que nos impulsen hacia adelante, y en culminar la transición democrática orientada a las metas de bienestar social, libertad personal y seguridad a la que tanto hemos aspirado.
Resaltamos hoy con orgullo que recientemente nos sumamos, formalmente al Pacto por México, porque creemos en él, porque es un espacio común que México necesita para realizar los cambios sustanciales que la sociedad demanda desde las responsabilidades comunes y no desde intereses partidistas ni personales.
Sus letras sintetizan muchas de las aspiraciones y anhelos de amplios sectores de la sociedad mexicana. Y por ello, desde esta tribuna aplaudimos la capacidad de convocatoria y consenso del gobierno federal, a lograr que la mayoría de las fuerzas políticas de este país acordaran y firmaran este documento en el que se comprometen a impulsar las reformas que el país requiere.
Retomando las palabras de nuestro coordinador Arturo Escobar, los que están en contra del Pacto por México están en contra del país. Es importante repetirlo porque queremos refrendar de nuevo un llamado a las fuerzas y expresiones políticas que aún no se han sumado al Pacto por México, a que hagan constantes y a que dejen de un lado los intereses particulares, anteponiendo el interés superior de la nación. México no puede ni debe esperar más.
Una democracia que funciona correctamente es aquella que encuentra la manera de convertir las diferencias y convergencias, a través siempre del diálogo. Las diferencias son naturales y debemos aceptarlas, pero tenemos que dejar muy en claro que la firma de este pacto no significa que cada una de las expresiones políticas que conforman esta honorable asamblea, no puedan manifestar sus ideas y presentar sus propias iniciativas.
Hagamos que nuestra democracia funcione y que nuestros esfuerzos se traduzcan en mejores condiciones de vida para las mexicanas y los mexicanos.
Hoy la historia nos brinda la opción de convertirnos en la Legislatura que fue capaz de alcanzar los consensos necesarios que darán rumbo y viabilidad al país.
Tomemos la oportunidad, hagámosla nuestra. Durante este periodo nuestro grupo parlamentario no solo enfocará sus esfuerzos a la protección de medio ambiente, a la contención del deterioro ecológico y a la promoción de un desarrollo sustentable, sino que dará un paso adelante participando activamente en la proposición de reformas que impulsen el desarrollo político, económico y social del país.
Vamos a poner por delante los temas que constituyen una prioridad para los mexicanos, impulsando una agenda moderna y acorde a la realidad de las voces de nuestra gente.
Para mover a México hacia un escenario más saludable –como respuesta al preocupante desabasto de medicamentos que padece tanto el IMSS como el ISSSTE, y el Seguro Popular, y que impide la adecuada pensión médica y tratamiento de los derechohabientes– el Partido Verde impulsará iniciativas que obliguen a los diferentes sistemas de salud a surtir las recetas de medicamentos y agentes terapéuticos, ya sea a través de sus propios sistemas de farmacia –como ocurre hoy en día– o, bien, a través de farmacias privadas.
Para mover a México hacia una mejor educación, para hacerle frente al hecho de solicitar cuotas en las escuelas públicas, propondremos reformas para que las aportaciones voluntarias o donativos no se entiendan como contraprestación del servicio educativo y, por tanto, no se condicione el pago correspondiente al ingreso, estadía, aplicación de evaluaciones a los alumnos y egresos. Del mismo modo velaremos por que el gobierno cubra en su totalidad el adecuado mantenimiento de las instalaciones educativas.
Para mover a México hacia una mejor impartición de justicia seguiremos pugnando por endurecer las penas en contra de los criminales más violentos y peligrosos. No descansaremos hasta lograr que el secuestro, que es uno de los delitos que más lacera a la sociedad, se castigue con cadena perpetua.
Para mover a México hacia un ambiente más limpio y sustentable –tal como lo propusimos en campaña, la contaminación que generan algunas fábricas y empresas que estén provocando un deterioro al medio ambiente– resulta necesario que los responsables reparen, compensen el daño que generan, el cual en muchos casos no sólo es el ambiente, sino también a la salud y la propiedad de las personas.
Con las leyes actuales los daños ocasionados al medio ambiente tienen como consecuencia solamente el cobro de multa, pero no existe una obligación de repararlo, por lo que resulta fundamental impulsar la Ley de Responsabilidad Ambiental, a fin de poder prevenir y evitar la contaminación y, en su caso, reparar los daños causados.
Finalmente, aunque en la pasada Legislatura el Partido Verde logró la aprobación de una reforma constitucional mediante la cual se incorpora a nuestra ley fundamental el derecho del agua, para que éste sea una realidad se requiere hacer un gran esfuerzo de inversión en obra pública, a fin de que podamos recuperar más agua potable de lluvia.
Buscaremos evitar el desperdicio de fugas, así como conseguir tratar las aguas residuales que arrojan las ciudades y las industrias. Por tal motivo trabajaremos para que se etiqueten mayor cantidad de recursos presupuestarios para lograr el objeto de la reforma constitucional que garantiza a todos los mexicanos el acceso al agua.
Compañeros diputados, vivimos una nueva etapa en la vida política del país y en nuestras manos está que éste sea el comienzo de una época de paz, de bienestar y de progreso. Respondamos con firmeza y actitud a esta exigencia con responsabilidad compartida.
En el Partido Verde estamos convencidos de que podemos hacer más y mejores cosas. Decimos sí al desarrollo y a un México que se proyecta propositivo y moderno; decimos sí a las propuestas con valor y a los acuerdos con partidos a favor de nuestra gente. Decimos sí a la libertad para crear, construir y materializar la esperanza de un futuro mejor. Ésta es la hora para cambiar al país. Vamos a transformar y a modernizar a México. Vamos a proyectarle hacia un ánimo renovado con la fuerza de todos.
De esta nueva emoción que impulsa desde este nuevo sentir que abraza, unamos esfuerzos, acortemos distancia hacia un nuevo país en que cada mexicano pueda construir su propia historia de éxito. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadana presidenta. Estimadas compañeras, estimados compañeros, con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones nuevamente las diputadas y los diputados de todos los partidos políticos representados en este Congreso, tendremos la oportunidad y la responsabilidad de enfrentar el firme compromiso de seguir construyendo los acuerdos que los mexicanos esperan de nosotros.
Con esta premisa las legisladoras y los legisladores del PRD les decimos desde ahora a las fuerzas políticas, que con el respeto mutuo y en el marco de un diálogo permanente, del cual siempre han encontrado la disponibilidad de nosotros, habremos de mantener el diálogo, el consenso y contribuir con ello a alcanzar los acuerdos que sean necesarios y útiles para México y continuar avanzando en el diseño de mejores leyes que le sirvan a todos los ciudadanos.
La dinámica social nos reclama mayores entendimientos entre los actores políticos, demanda que nos pongamos de acuerdo por encima de nuestros intereses partidistas y que en ocasiones nos dividen y confrontan.
Por ello a todos los actores de la vida política nacional, los exhortamos a que juntos construyamos el rumbo y el destino del pueblo de México y pugnemos por la igualdad y la justicia que nos permita alcanzar el bienestar en todos los ámbitos y desde todos los órdenes de gobierno.
Debemos de ver por la gente que nos reclama oportunidades de empleo, mejores servicios de salud; por los millones de jóvenes que demandan una educación de calidad y para que las niñas y los niños tengan un mejor futuro posible, distinto y mejor al que hoy les podemos ofrecer; por tener presente la atención a las personas de la tercera edad que merecen mayor apoyo y consideraciones; por las mujeres que aún sufren desigualdad e injusticia, en fin. Nuestro deber de atender los problemas de fondo que ya no podemos postergar; la imperiosa necesidad de atender asuntos como la inseguridad, la corrupción y la pobreza que siguen padeciendo millones y millones de mexicanos.
En este sentido, nuestras propuestas de agenda legislativa están vinculadas al sentir y preocupación de nuestros representados por temas de enorme importancia como el aprovechamiento de nuestros recursos con sustentabilidad, por el impulso a las actividades productivas en el campo y en la industria, sobre la base de relaciones justas entre los factores de la producción; por el mejoramiento en la cobertura y la infraestructura para la operación de los servicios básicos que deben de elevar la calidad de vida de la población.
La nuestra es una lucha no sólo del enfoque de desarrollo económico. Partimos fundamentalmente del compromiso social, por eso el centro de nuestros planteamientos se enfocará a la universalización de los derechos por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; por la universalidad con perspectiva de género en el diseño e instrumentación de políticas públicas; por la defensa de los derechos humanos fundamentales e inherentes a la persona humana; por la preservación de nuestros valores y por la grandeza de nuestros pueblos.
A todas luces es evidente que la riqueza nacional está injustamente distribuida y mal aprovechada. Tenemos una economía petrolizada con referentes internacionales dolarizados, a pesar de que no se ha resuelto la enorme brecha entre el ingreso de los más necesitados con aquellos que reciben cuantiosas cantidades por la misma labor o por el mismo trabajo realizado.
En los hechos la distribución del ingreso no atiende el criterio del promedio, ya que tenemos escalas salariales tan dispares que alcanzan a veces el 10 mil por ciento entre lo que sucede en nuestro país con lo que sucede sobre todo con nuestros socios comerciales.
Es precisamente por estos indicadores que México sigue estando en la clasificación de los países con el mayor índice de desigualdad en el mundo y, según los últimos datos del reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial, nos siguen situando a nuestro país con altos niveles de corrupción, inseguridad, deficiencia del mercado laboral y un elevado atraso en materia educativa.
Datos muy evidentes, que nosotros como legisladores debemos de revisar y corregir de manera responsable, con la oportunidad y eficiencia en la construcción del México a que todos aspiramos.
Este debate y este tema tan delicado, debe de ser nuestro reto mayor, a reducir la desigualdad porque hay unos que lo tienen todo y una inmensa mayoría que prácticamente no tiene nada.
Así es necesario que revisemos si es adecuado y conveniente mantener el modelo económico neoliberal, evidentemente impuesto desde el exterior desde hace ya más de 30 años, el cual nos ha llevado a los peores niveles de atraso y marginación, falta de desarrollo y competitividad, que son francamente preocupantes y que limitan la posibilidad de concretar la aspiración de los mexicanos de alcanzar mejores estándares de vida.
Así debemos preguntarnos hoy: ¿por qué no cambiar de rumbo? ¿Por qué no aceptar que se han equivocado? ¿Por qué no escuchar las voces que plantean alternativas sobre la base de construir lo global desde la fortaleza del ámbito local?
Quizás estas preguntas suenen ya muy trilladas, pero hoy más que nunca, compañeras y compañeros, resultan pertinentes.
Por otra parte, desde nuestro grupo parlamentario queremos dejar clara nuestra postura en el sentido de que vamos a defender con todo nuestros recurso estratégicos ante los intereses de quienes pretender privatizar la riqueza petrolera.
En contraparte, reforzaremos nuestro planteamiento de impulsar una reforma energética estratégica que atienda la modernización del sector sin la pérdida de la soberanía sobre nuestros recursos naturales.
También estamos convencidos de que para atender los graves rezagos sociales se requiere de recursos suficientes, los cuales deben de reflejarse en los indicadores de bienestar, pero no será imponiendo más impuestos a quienes menos tienen.
No aceptaremos IVA en medicinas y alimentos, porque atenta contra la inmensa mayoría de la población de escasos recursos económicos.
No estamos de acuerdo en que nos enfrasquemos en un falso debate, de que la única manera de obtener recursos es aplicando IVA generalizado, porque no es ahí donde está el problema; el problema radica fundamentalmente en los llamados “regímenes especiales”, en donde se esconde, en donde se enquista una buena parte de quienes usando tráfico de influencias o usando mecanismos legaloides, les permite evadir su responsabilidad de contribuir con el Estado para atender las necesidades apremiantes de nuestro México.
No podemos aceptar que se siga lastimando con impuestos a los más necesitados. La ruta que debemos de seguir es que gravemos la riqueza, que paguen más los que más tienen. No es justo que los sectores más desprotegidos sean los que sigan cargando con el peso de la carga tributaria.
Así también, por otra parte, vemos con suma preocupación que nuestra incipiente democracia se encamina hacia un rumbo incierto y altamente peligroso, sobre todo por la actitud y el comportamiento asumido por los integrantes del Instituto Federal Electoral, que de manera irresponsable dieron carpetazo a un tema polémico como es el caso Monex, evadiendo así su responsabilidad ante la nación.
Asimismo intentan de manera risible imponer una multa millonaria a nuestros candidatos y partidos políticos y dejando prácticamente limpios a quienes evidentemente violentaron la norma en el proceso electoral del 1 de julio pasado.
Por ello, ante la imperiosa necesidad de que seamos críticos pero también propositivos, es que llamamos a todos los actores políticos a que asumamos cada quien la parte que le toca de esta responsabilidad. Al Ejecutivo federal lo conminamos a que asuma con responsabilidad su tarea. No queremos ver programas como la Cruzada Contra el Hambre que se convierten muy pronto en un instrumento meramente electoral del partido en el gobierno.
A los miembros del Poder Judicial los invitamos a que sean auténticos garantes de la interpretación de las leyes y que sus decisiones se apeguen a derecho y a la justicia que todos demandamos.
Porque estas decisiones tomadas por la Corte han generado sospecha y polémica. El caso más reciente la liberación de la francesa Florence Cassez, que a muchos ciudadanos dejó preocupados e inconformes, sobre todo quienes han sido víctimas de actos y de hechos tan lamentables y condenables como es el secuestro del que se le acusaba o se le acusa a esta ciudadana que hoy goza de libertad y fue recibida en su país como heroína, cuando en nuestro país hay evidencias claras de que cometió delitos que debieran ser severamente castigados.
Por ello también hacemos un llamado respetuoso pero firme a los órganos autónomos del Estado que han sido y seguirán siendo la esperanza de que las cosas se hagan mejor para México y los mexicanos. Llamamos al Banco de México, al IFE, al Ifai y a otros organismos a que tengan presente la naturaleza y su responsabilidad y que se conduzcan siempre bajo el principio de imparcialidad para dar certeza, legalidad y transparencia y alcanzar con ello el estado de derecho al que nos debemos y defendemos.
Para ser congruentes con nuestra responsabilidad de atribuciones, en días pasados las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD hicimos un ejercicio amplio de reflexión colectiva y hemos decidido impulsar nuestra agenda legislativa para este período conforme a los temas que consideramos prioritarios para nuestro país, conscientes de que habrá coincidencias y divergencias con el resto de las fracciones parlamentarias en cuanto a qué se necesita para que el país avance, pero tenemos claro que el diálogo y el acuerdo serán las herramientas idóneas para alcanzar los consensos necesarios.
Finalmente expreso nuestra convicción de que es necesario escuchar a todas y a todos, organizaciones e individuos, sobre el sentido de las reformas que debemos implementar; que es necesario que contemos con todos los espacios para que se atiendan todas las opiniones, ya que de nada valdrá tratar de imponer una visión particular o sectaria de la vida en los ámbitos económico, político y social.
El mayor consenso que debemos procurar –termino, ciudadana presidenta– no es sólo entre la clase política sino con la participación incluyente y además muy necesaria de los ciudadanos. Sólo de esta manera podremos reforzar nuestro compromiso por un México con justicia y cohesión social en donde la igualdad y la justicia generen mejores oportunidades de bienestar para nuestro pueblo.
Con este compromiso transitaremos las diputadas y los diputados de nuestro grupo parlamentario.
Por su atención, compañeras, compañeros, y su tolerancia, ciudadana presidenta, muchas gracias, queridos compañeros.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Compañeras y compañeros legisladores. Muchas voces se han levantado para señalar que el Congreso mexicano no ha estado a la altura del papel que le corresponde en la consolidación de la democracia en México.
Sin un ánimo lapidario debemos asumir que nuestra transición ha tenido en el Congreso un eslabón débil en momentos cruciales que no corresponde con el fortalecimiento que frente a los otros poderes ha adquirido el Legislativo en los últimos años.
El inicio de este segundo período ordinario de sesiones es un momento propicio para proponernos superar las circunstancias que en legislaturas previas han impedido acuerdos y reformas, cuyo oportuno impulso hubiera significado en el presente mejores condiciones para México.
Hoy advertimos que muchas de las iniciativas contenidas en las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, en los compromisos señalados en el Pacto por México y en numerosas declaraciones de compañeras y compañeros diputados, coinciden en impulsar temas que hasta hace poco estaban relegados de la agenda nacional. La diferencia fundamental implica que hasta hace poco esta Cámara estaba dominada por una mayoría que decidió no legislar.
Hasta hace unos cuantos meses las condiciones eran muy distintas. El trabajo legislativo estaba muchas veces supeditado a las diferencias, a los conflictos, al cálculo político por encima del interés legítimo de México; a las prioridades electorales que poco a poco fueron desplazando las prioridades nacionales y ciudadanas.
Parafraseando a Carlos Fuentes: sabiendo lo que no fue, sabemos lo que clama ser. No seremos nosotros quienes nos limitemos a lamentar lo que pudo ser y no ha sido, y mucho menos caer en los mismos vicios que ahora denunciamos. Por el contrario, Acción Nacional no pagará con la misma moneda, con la misma mezquindad a quienes negaron a México muchas de las reformas estructurales urgentes, descalificándolas o congelándolas.
Reiteramos sí, nuestra disposición de poner el acento en las coincidencias, de votar las iniciativas en función de sus méritos y no de su origen partidario, de hacer del diálogo el vehículo para dar continuidad a los avances y dar impulso a las transformaciones pendientes.
Decía don Adolfo Christlieb: el diálogo no excluye la controversia, la discrepancia, la oposición y la pasión por las ideas; sólo excluye la injuria, el prejuicio y el rencor.
El diálogo no es maquiavelismo, transacción, olvido de principios; no es expresión de debilidad ni implica la adquisición de compromisos ambiguos o la obligación de realizar síntesis, porque el diálogo no es un fin, sino un medio que no da la verdad por sí mismo, porque solamente la busca.
No nos amedrentan las críticas por el hecho de encontrar coincidencias con otras fuerzas políticas, en éste que por naturaleza propia debe ser el palacio de los acuerdos y de los encuentros. Por absurdo que parezca, hay quienes se encuentran en la coincidencia de los otros espacio propicio para la descalificación, a menos, claro está, que las coincidencias se construyan a partir de sus propias verdades.
Ello no significa por supuesto rehuir el debate de fondo fundamentados en nuestros principios. Ni perderemos identidad ni buscaremos diluir nuestras diferencias, estamos convencidos que la diversidad enriquece las discusiones y perfecciona los resultados, pero que no se malinterprete nuestra disposición y voluntad; ser responsables no implicará que Acción Nacional regalará el voto a cualquier iniciativa, haremos valer nuestras posiciones humanistas e insistiremos en enriquecer permanentemente el contenido de las iniciativas y las propuestas de los demás partidos y los demás legisladores, al tiempo que también estaremos atentos a todo aquello que permita mejorar nuestros propios proyectos legislativos.
Entendemos la oposición como contraste de ideas y como vía para construir el bien de México. En ese orden de ideas, el pacto ni nos mimetiza ni mucho menos acorta o limita nuestra condición de oposición, antes bien nos impulsa a ejercerla con mucho mayor gallardía y agudeza.
El pacto exige de quienes en él participan no sólo la voluntad política plasmada en un plan de acción, sino acreditada en los hechos diarios. Por ello, es responsabilidad fundamental del gobierno como firmante de este acuerdo no sólo el impulso de sus contenidos, sino sobre todo ajustar permanentemente su conducta al espíritu del mismo.
El cumplimiento del pacto implica, y sobre todo, que el gobierno se comprometa a respetar las instituciones, a promover procesos electorales limpios y equitativos; a seguir consolidando nuestra democracia. Ir en otro sentido pondría en grave riesgo el clima necesario para concretar acuerdos.
Por nuestra parte seguiremos impulsando la consolidación de la democracia en México, ni un paso atrás en los avances democráticos; en el goce de las libertades; en el respeto de los derechos; en la modernización y transparencia de las instituciones.
Para seguir moviendo a México en este periodo de sesiones impulsaremos una agenda construida en torno a ideales y principios que nos han dado forma desde nuestra fundación. En primer lugar impulsaremos leyes y reformas que nos permitan cerrar las brechas de desigualdad social y convertirnos en una nación con mayor equidad.
Promoveremos la aprobación de la Ley del Programa Oportunidades; buscaremos fortalecer el Seguro Popular; propondremos ampliar la pensión para adultos mayores; y buscaremos la creación del Seguro de Desempleo.
No permitiremos el retorno del clientelismo, defenderemos el manejo transparente y pulcro de los programas sociales que construyó el PAN en los 12 años que duró su mandato al frente del gobierno federal.
Impulsaremos la creación de un tribunal de cuentas, con facultades para procesar a cualquier servidor público que se aleje de los preceptos de legalidad, honradez y eficiencia.
Promoveremos la eliminación del fuero, a fin de que nunca más vuelva a ser utilizado como escudo para evadir la justicia y actuar en la impunidad.
En segundo lugar, los diputados del PAN seguiremos adelante con la lucha para construir un país con mayor seguridad, propondremos la autonomía constitucional de la PGR e insistiremos en la reforma integral al sistema penitenciario. Estamos convencidos que la ley y la justicia son la vía para conseguir un México de paz, un México seguro.
En tercer lugar, Acción Nacional hará lo que esté en sus manos para construir un país próspero y competitivo. Apoyaremos la modernización del sector energético para convertirlo en auténtico motor del desarrollo nacional, y promoveremos un marco jurídico que haga más competitivas a las pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de nuestra economía. Ratificaremos nuestro compromiso con el desarrollo integral de nuestra nación.
Por último, Acción Nacional trabajará para seguir empoderando a los ciudadanos y consolidando la democracia en nuestro país. Una democracia no es real sin finanzas públicas responsables y transparentes.
Promoveremos controles de deuda pública en los estados y municipios.
En materia electoral no quitaremos el dedo del renglón en la promoción de una reforma que limite el excesivo poder del dinero y el establecimiento del rebase de topes de campaña como causal de nulidad de las elecciones, la elección consecutiva de legisladores, la segunda vuelta electoral y la aprobación de la pendiente Ley de Participación Ciudadana.
Compañeras y compañeros legisladores, la LXII Legislatura está llamada a recuperar la confianza de los mexicanos a partir de resultados tangibles y útiles para la sociedad. De Acción Nacional y de su grupo parlamentario, México puede seguir esperando una actuación responsable con altura de miras.
Tendrán en nosotros una oposición firme, un dique que frenará cualquier intento de regresión autoritaria a la era del presidencialismo y de viejas prácticas que defienden añejos intereses.
Seremos una oposición crítica que levantará la voz siempre con la fuerza de los argumentos. Tenemos la convicción de hacer del Congreso un poder que equilibre y vigile, pero que a la vez cumpla y trabaje por México.
Acción Nacional refrendará, una vez más, que es la fuerza de la democracia, ciudadanos que movemos a México.
En el año que conmemoramos el centenario de los trágicos sucesos en que fuera cobardemente asesinado Belisario Domínguez, vale la pena traer a la memoria la consigna que lanzara el 23 de septiembre de 1913, en su histórica intervención ante la Cámara Alta, en defensa de la libertad y la República.
Y que hoy, como entonces, nos urge a todos actuar con patriótica responsabilidad. Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz el diputado Fernando Charleston Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Charleston Hernández: Con su venia, diputada presidenta. La Honorable asamblea, medios de comunicación aquí reunidos. Iniciamos este segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de eta LXII Legislatura, con muchas expectativas y conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ante los ciudadanos, en un momento por demás crucial para la vida del país.
Con esta convicción, el Grupo Parlamentario del PRI, en esta Cámara de Diputados, se dispone a cumplir con su trabajo legislativo como fracción mayor de esta representación nacional, fiel al mandato ciudadano que determinó una composición plural en la que ninguna fracción por sí misma cuenta con mayoría. Pero que también decidió depositar su confianza en nuestro correligionario Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo de la Unión.
Somos el partido en el gobierno, como tal compartimos responsabilidades y proyectos con el presidente de la República, como sucede en todo régimen democrático. Es un proyecto de transformación que se ha propuesto a recuperar la paz, retomar el camino del crecimiento económico y el empleo, superar las condiciones de pobreza y desigualdad de millones de compatriotas y lograr la prosperidad que todos anhelamos para México.
Nuestros esfuerzos y nuestras propuestas estarán guiadas por ese propósito compartido y en torno a él convocamos a las fuerzas políticas aquí representadas.
Los compañeros legisladores y legisladoras del Partido Verde Ecologista de México han decidido sumarse a nosotros y construir una alianza legislativa con una agenda en común que habremos de impulsar en este periodo en el marco general de los compromisos contenidos en el Pacto por México y conforme lo norma el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Destacamos coincidencias y marcamos una ruta general que nos disponemos a deliberar en el trabajo legislativo. Nos proponemos construir acuerdos con otras fuerzas políticas para lograr reformas y cambios legislativos de fondo, con el único fin de lograr beneficios para México.
Honraremos, sí, los acuerdos que los partidos políticos han definido con el gobierno de la República y habremos de inscribirlos en la lógica del trabajo legislativo y en el marco de la división de poderes.
Tenemos un firme compromiso democrático y plena conciencia de que nos toca vivir un momento histórico, decisivo para el futuro de nuestro país y de las próximas generaciones de mexicanos.
En este contexto, las circunstancias determinan que sea el Poder Legislativo el espacio estratégico en el que se están construyendo condiciones de gobernabilidad y en el que se habrán de encontrar soluciones a los enormes retos que enfrentamos como nación para recuperar el paso y lograr un Estado eficiente y una democracia de resultados.
Contribuiremos a que nuestra responsabilidad no se contamine por coyunturas electorales ya que no se trata de construir alianzas parlamentarias superficiales, sino acuerdos de gran aliento que articulen visiones estratégicas con objetivos concretos, y no un mercadeo de concesiones de corta visión y escasos resultados.
Aspiramos a lograr un verdadero diálogo democrático a favor del país y de sus ciudadanos; legislar para la gente, considerando sus demandas y dando respuesta a sus aspiraciones.
Nuestra conducta se normará por el respeto a los otros grupos parlamentarios, a los acuerdos alcanzados y a la representación de cada fuerza política. Queremos promover la transformación de fondo que demanda el país en el marco de su pluralidad, para que todo mexicano se sienta representado aquí en el Congreso de la Unión.
Bajo esas líneas promoveremos la agenda conjunta que definimos con nuestros aliados en cuatro ejes temáticos: gobernabilidad y democracia; crecimiento, empleo y competitividad; seguridad, justicia y paz; y desarrollo incluyente y sustentable.
En cada uno de ellos impulsaremos iniciativas que consideramos indispensables para realizar el proyecto político de transformación con el que estamos comprometidos, porque responde al interés general y son en beneficio de la población.
Nos pronunciamos por desahogar oportunamente los dictámenes pendientes que tiene que ver con esos temas y promoveremos la aprobación de las iniciativas del titular del Ejecutivo federal, junto con las derivadas del Pacto por México y las de nuestros legisladores que se inscriben también en esa agenda.
En el eje de gobernabilidad y democracia destaca la reglamentación de la reciente reforma constitucional en materia política, de la que nuestro partido fue activo impulsor. Requerimos pasar de una democracia representativa a una democracia activa, participativa, por lo que favorecemos la reglamentación de las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular.
En materia de transparencia está pendiente concretar la autonomía y nueva facultades al IFAI. En derechos humanos, la regulación de las facultades de investigación de la comisión respectiva. Mientras, un tema nuevo que nos proponemos abordar es el del acotamiento del fuero constitucional para eliminar privilegios injustificados.
Para nosotros es prioritario implementar reformas que fortalezcan capacidades y recursos hacendarios de los municipios y que prevengan su excesivo endeudamiento. Nos pronunciamos por el pronto desahogo del tema y por la aprobación de la iniciativa correspondiente, que se desprende de los compromisos firmados en el Pacto por México.
En los temas de crecimiento, empleo y productividad se requiere actuar con oportunidad para realizar las reformas económicas necesarias para crecer de forma sostenida y crear empleos bien remunerados.
Si no impulsamos una cultura de la productividad retrasamos la inserción exitosa de nuestra economía en la realidad económica mundial. Estamos en el momento preciso, y para hacerlo necesitamos precisamente de todas las fuerzas políticas.
Estamos conscientes de los riesgos externos y, en particular, de la fragilidad de la recuperación económica estadounidense, por eso debemos actuar deprisa en las reformas económicas para incrementar la productividad de nuestra economía. Es la única manera de fortalecer el poder adquisitivo y activar el mercado interno e impulsar un crecimiento con empleos dignos.
En ese mismo sentido, la reforma energética deberá cumplir con los objetivos básicos de proveer energía barata y abasto seguro al aparato productivo y a todas las familias mexicanas.
Nos pronunciamos por fortalecer los órganos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones, como un paso decisivo para promover la competencia y la ampliación de oportunidades de inversión y desarrollo económico.
Del mismo modo, actuaremos para ampliar la oferta y reducir el costo de los servicios bancarios, para protección a los beneficiarios de créditos hipotecarios y en general para que se amplíen los beneficios para los consumidores y mejorar las condiciones de vida de la población.
En cuanto a seguridad, justicia y paz, en este periodo habremos de atender entre otros aspectos; el acotamiento de las figuras de arraigo y testigos protegidos, de las cuales se ha abusado en detrimento de los derechos fundamentales de las personas sin obtener mejores resultados de la procuración de justicia.
Finalmente, nuestra agenda incluye numerosos aspectos necesarios para un desarrollo incluyente y sustentable que conjunta propuestas de nuestros aliados del Partido Verde y que impulsa el gobierno de la República para universalizar los servicios de salud, promover la vivienda, los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, ampliar la efectividad de los programas sociales como los que se inscriben en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Nuestra bancada comparte con el actual gobierno de la República el propósito de modernizar al país, porque estamos seguros que es la ruta correcta para generar crecimiento económico, empleo, seguridad y bienestar social.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos sin duda ante una oportunidad histórica: ser la Legislatura que le dio al país los instrumentos legales e institucionales que la sociedad demanda. Será responsabilidad de todos nosotros aportar lo mejor de cada uno de nosotros para que lo que aquí se construya sirva para mejorar el presente y el futuro de los mexicanos.
Existe sin embargo una realidad que nos lastima, que nos ofende, y es que millones de mexicanos, millones de familias, hombres, mujeres y niños, viven en condiciones de pobreza y no tienen acceso a lo más básico que es la alimentación. Ésa gente, nuestra gente, clama y exige mejores condiciones de vida, el poder ofrecerle a sus hijos lo que todos nosotros queremos ofrecerle a los nuestros: educación, alimentación, salud.
Pero hay algo que nuestra gente exige aún más, que las personas a quienes les otorgaron la confianza de su voto, a quienes somos sus representantes populares, lleguemos a los acuerdos necesarios para cambiar su realidad y cambiar la realidad de sus familias.
Hoy hemos logrado acuerdos que han impulsado reformas de gran calado; estas reformas se traducirán, sin lugar a dudas, en resultados y bienestar para los mexicanos. Es necesario seguir este rumbo. Privilegiemos juntos el consenso, por encima de las diferencias. Lleguemos a los acuerdos por encima de los intereses de grupo. No más debates estériles. No más confrontaciones sin sentido.
El México que queremos, compañeros diputados, lo estamos construyendo juntos. Sigamos este camino trazado para cimentar un mejor futuro. Sólo así, compañeros diputados; sólo así, unidos, es como podemos mover a México hacia delante. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Vicepresidenta Retamoza.
Honorable asamblea, el diputado Luis Alberto Villarreal ha solicitado a esta Presidencia un minuto de silencio por quienes desgraciadamente fallecieron en los lamentables sucesos en instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos.
El señor diputado Héctor Gutiérrez de la Garza también nos ha pedido un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de don Adrián Villagómez García que fue compañero nuestro en la LIX Legislatura.
Por ambos es que les pido se pongan de pie y que guardemos un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Los Congresos locales se han pronunciado en el mecanismo del Constituyente Permanente contemplado en el artículo 135 de la Constitución, a propósito de las reformas al artículo 3o. constitucional en materia educativa. Se ruega a la Secretaría hacer el cómputo de ley.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, del cómputo realizado se informa que se recibieron las aprobaciones correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En consecuencia esta Secretaría da fe de la recepción de 23 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, remitida por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, emite la siguiente
Declaratoria
Se declaran reformados los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y adicionado el párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la Fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra para referirse a esta declaratoria, doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Partido Nueva Alianza.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Señor presidente, si me inscribe, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, señor diputado Moreno y además presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con un enorme gusto lo registramos.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas la educación es un tema toral para el partido y el grupo parlamentario al que represento.
Para Nueva Alianza la educación pública de calidad es un derecho humano de todos los mexicanos, un bien público y una obligación indelegable del Estado mexicano.
La educación debe de ser un proyecto de nación colectivo y consensuado, que permita avanzar en la cohesión e inclusión social, que responda a los retos y desafíos actuales y con construcción de futuro.
Nos sumamos al clamor social de mejorar la educación de nuestro país; pero sabemos que la educación de calidad debe acompañarse de equidad y pertinencia para brindar y asegurar la oportuna igualdad y justicia social que anhelamos como nación.
No obstante tenemos la obligación de señalar de manera clara y contundente que lo que aprobamos no fue una reforma educativa; es una reforma administrativa en materia educativa.
Consideramos una incongruencia jurídica que, en una modificación constitucional que pretende mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, así como institucionalizar un efectivo sistema de formación docente y de evaluación educativa se incorporen ordenamientos que impactan directamente en el ámbito administrativo y laboral. Así, la reforma aprobada carece de sustancia sicopedagógica.
Una verdadera reforma educativa requiere del concurso de todos los actores involucrados en un proceso formativo de la niñez mexicana, de los padres de familia, de los maestros, de las autoridades educativas federales y estatales.
Una verdadera reforma educativa pondría en el centro de la discusión el tipo de modelo educativo al que aspiramos como nación; pondría la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sometería a revisión los planes y programas de estudios, materiales, libros y atendería el lamentable abandono en el que se encuentra la infraestructura de la escuela pública.
Nuestro compromiso con la calidad educativa ha quedado manifestado no sólo en el discurso político, sino con propuestas e iniciativas de ley como la que presentamos el 13 de noviembre del 2012 para crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.
Con este ánimo propositivo, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza participaremos de manera activa en las reformas de leyes secundarias a las que mandata el artículo tercero transitorio del decreto, con el propósito de que todas las voces sean escuchadas.
Cancelar el debate y la deliberación pública significaría desnaturalizar a la misma democracia porque ningún acuerdo político puede estar por encima de nuestro derecho a expresar y presentar nuestras propuestas.
Compañeras y compañeros legisladores: estamos ciertos que el embate hacia los docentes para responsabilizarlos de la calidad educativa y con ello condicionar su permanencia en el sistema a través del proceso de evaluación con carácter punitivo forma parte de una estrategia impulsada no por la sociedad, ni siquiera por las autoridades educativas, sino por grupos de interés, grupos que, disfrazados de reformistas, pretenden imponer los criterios de mercado con un referente de la calidad y excelencia educativa, pero con un fondo que tiene como finalidad privatizar la educación.
En este contexto, la agrupación gremial se vuelve un obstáculo a sus pretensiones de hacer de la educación y escuela pública un bien privado y rentable.
Estamos a favor de un servicio profesional docente como un instrumento para estimular el desempeño de los maestros en cuanto a sus condiciones laborales y mejoramiento salarial, no un sistema inquisidor que atente contra la titularidad de la plaza y sus derechos laborales consagrados ya en nuestra Constitución.
Desde esta tribuna o en cualquier escenario la posición de Nueva Alianza ha sido, es y será a favor de la educación pública, laica y gratuita, por el derecho a una educación de calidad con equidad y pertinencia y por la defensa de los derechos laborales de las maestras y los maestros de México. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz el diputado Julio César Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, para referirse a este tema.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Compañeras y compañeros diputados. Hemos iniciado los trabajos de este período haciendo frente a un asunto de interés nacional. Como sabemos la educación es el sustento moral y ético de todo país que aspira al desarrollo humano de su comunidad, así como a enaltecer frente a las demás naciones el más puro espíritu democrático que conduce a una educación de excelente calidad.
En el mes de diciembre dimos inicio a una reforma estructural en materia educativa modificando los artículos 3o. y 73 constitucional, con la finalidad de fortalecer la rectoría del Estado mexicano conservando los principios de laicidad y gratuidad educativa.
En este mismo tenor la Comisión de Puntos Constitucionales asume una tarea política como garante de los principios nacionales de nuestra Carta Magna, y así legislar hacia el futuro con un profundo respeto por nuestra tradición constitucionalista.
Como poder reformador de la Constitución estamos dando respuesta al reclamo de la sociedad, de contar con una mejor educación que derive en la transformación que nuestro país necesita, cumpliendo con la responsabilidad que como legisladores tenemos hacia nuestros ciudadanos.
Los diputados integrantes de esta comisión asumimos tal encomienda con la integridad que nos irradia el deseo que niños y jóvenes tienen para acceder a una mejor educación.
Esta, compañeros diputados, es una oportunidad irrepetible para sentar las bases de un proyecto de largo plazo que trascienda a cualquier tipo de períodos e ideologías y sentar un antecedente ejemplar en los trabajos del Poder Legislativo. Con esta reforma estamos consolidando un sistema educativo integral y acorde a las necesidades que exige nuestro país.
Para cumplir con la presente reforma, necesitamos la participación de diversos actores de la sociedad mexicana, siendo el magisterio uno de los más importantes, pues a este importante gremio de alguna forma por demás sospechosa, se les ha pretendido engañar con el fantasma de la afectación sobre sus derechos laborales con la idea de que perderían sus derechos ya adquiridos.
A las maestras y a los maestros de este país les decimos que no se dejen sorprender por estos intereses malsanos y personales de quienes han impedido una mejor educación para nuestros niños y jóvenes. Les reiteramos, además de reconocer desde esta tribuna la importancia del trabajo de las maestras y los maestros de México, y que tienen el apoyo del Legislativo y que sus derechos laborales se encuentran garantizados al no haberse modificado el Apartado B del artículo 123 constitucional.
Desde esta tribuna invitamos al sector magisterial a coadyuvar en los trabajos necesarios para materializar la reforma que hoy emprendemos, ya que sin su apoyo cualquier iniciativa, cualquier esfuerzo en la materia sería insuficiente.
El primer paso lo hemos dado, compañeras y compañeros, ahora afrontemos el reto de legislar armonizando las leyes secundarias para hacer realidad el espíritu de esta reforma. Nuestro papel como diputados es asumir el reto de la renovación política de nuestro país con base en el diálogo constructivo, y evitar la inactividad legislativa que tanto ha costado a nuestro México.
Hoy celebramos los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, damos cumplimiento al artículo 135 de nuestra Carta Magna al proceder a realizar la declaración de aprobación constitucional.
Compañeras y compañeros legisladores, la reflexión que les comparto en este tema es que la educación es un valor supremo del ser humano, así lo decía José Vasconcelos, uno de los grandes educadores de México moderno. La educación engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Sin una educación moderna y de calidad, nos estaremos privando de los beneficios que el futuro habrá de traer a las naciones y que hoy se preparen para recibirlo.
Recordemos, señores, que tan grandioso es aprender como sublime lo es educar. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz la diputada Esther Quintana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, también para referirse a este tema. Hasta por cinco minutos.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores de esta LXII Legislatura, hoy es un día muy importante para el hacer legislativo, porque nos atrevimos a dar un paso trascendental para México; nos atrevimos a reformar el artículo 3o constitucional.
Durante mucho tiempo tuve la fortuna de dar clases, no soy maestra pero di clases en educación superior, soy abogada, y a través de la educación va uno entendiendo cómo se puede transformar la realidad cuando logra uno precisamente frente a grupo, y a través de los conocimientos, ir moldeando a un nuevo país.
Estoy convencida de que esta reforma al artículo 3o trae algo fundamental para el desarrollo de nuestro país; se implementa un concepto de educación con calidad que viene a enriquecer la raigambre del artículo 3o constitucional. Y lo tengo que decir sin empacho.
Cuando lee uno el artículo 3o constitucional –y yo no tengo pelos en la lengua– dice uno; ¿de qué país estamos hablando?, ¿en dónde, en qué parte se han esmerado por formar ciudadanos, por formar mexicanos de manera integral? Porque eso dice el artículo 3o. constitucional. El artículo 3o. dice que a través de la educación se tiene que instaurar en México la democracia, pero la democracia más allá de entenderla como una forma de gobierno, sino como una forma de vida. Eso es fundamental subrayarlo.
Por eso celebro que hoy ya tengamos prácticamente reforma en materia educativa. Estamos en la parte sustantiva, y es fundamental subrayarlo, porque nos falta algo trascendental y nos toca a nosotros también hacerlo; a los legisladores, nos toca hacer la ley adjetiva.
Tenemos que legislar las reformas en la Ley General de Educación, para que eso que nos atrevimos a hacer en la constitucional, pueda implementarse. Nos toca la parte más difícil, los cómo vamos a implementar lo que nos atrevimos a hacer en la reforma constitucional.
Tenemos entonces la Ley General de Educación, por un lado, que hay que reformarla para adecuarla a la reforma constitucional, pero también tenemos la creación de una nueva ley, la que va a regular la vida del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y es aquí donde tenemos que escuchar las diferentes voces. Tenemos que escuchar a los maestros. Por supuesto que tenemos que escuchar a los maestros. Tenemos que escuchar a la sociedad en pleno, porque la educación es un asunto de todos, no nada más de los maestros.
Yo quiero ser muy enfática en esto. Yo no culpo a los maestros de la educación deficiente que tenemos en este país, porque sería mezquino hacerlo. Aquí llevamos parte todos, hasta los padres de familia.
Yo pertenezco a una generación en la que mis padres y la escuela eran un solo. Ahora no. Ahora los padres se lavan sus manos como Poncio Pilatos y quieren que la escuela haga lo que ellos no han hecho en su casa, y son valores distintos. Ésa es la gran tarea que tenemos.
Yo espero –de verdad– que se hagan foros donde todos nos escuchemos, porque la responsabilidad que como legisladores tenemos es trascendental. No debemos echar a perder lo que ya hicimos a nivel constitucional. Ahora tenemos que construirlo, tenemos que aterrizarlo en las leyes reglamentarias, en la Ley General de Educación y en la nueva ley, porque va a ser de creación nueva la que va a regular la vida del instituto.
Tenemos que cimentar una nueva cultura. Una cultura en base a los méritos. Una cultura en la que se reconozca el esfuerzo del docente que echa todo por delante. Tenemos que devolverle al magisterio la mística.
Ustedes deben de recordar que en otras épocas el maestro era ejemplo a seguir, y hay espléndidos maestros, como en todas partes, y también hay muy malos maestros, porque también los hay; no se trata de decapitar maestros, y lo tengo que decir con toda claridad porque he platicado con maestros. Se trata de darles las armas, de darles los instrumentos, en el buen sentido, para que los niños y los jóvenes de este país tengan frente al grupo a los mejores.
Es una reforma noble, es una reforma trascendental, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en las reformas que vamos a implementar a la Ley General de Educación y en la reforma, más bien en la creación de la ley que va a regular la vida del Instituto.
Término, presidente. Celebro de verdad el día de hoy, lo celebro sobremanera. Invito respetuosamente, yo no soy maestra, pero invito respetuosamente a los maestros a que participen. Hay espléndidos maestros en este país y lo único que queremos los mexicanos es que sean los mejores maestros los que estén frente a grupo. Muchas felicidades y muy buen viaje.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI, también para referirse a este tema, hasta por 5 minutos.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Con su autorización, señor presidente. Compañeros diputadas, compañeros diputados, comparezco a nombre de los legisladores de mi partido, del Partido Revolucionario Institucional, a manifestar nuestro beneplácito por la aprobación de estas reformas que son trascendentales en materia educativa.
Estas reformas que son producto de una iniciativa presentada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el aval de las principales fuerzas político-partidistas de nuestro país.
Los diputados del PRI celebramos esta aprobación porque estamos convencidos que en el mejoramiento del sistema educativo encontraremos la solución a los graves y grandes problemas que como país y como sociedad padecemos.
Porque encontraremos solución en esta gran reforma que acabamos de aprobar, a las graves desigualdades sociales que existen en nuestro país.
Manifestamos nuestro beneplácito porque solamente con docentes más capacitados y con mayor capacidad, dando clases frente a los grupos, aseguraremos que los grandes resabios educativos que tenemos en México sean cosa del pasado.
Estamos convencidos, en el PRI, que esta reforma educativa, si bien es cierto no tuvo el carácter de preferente, desde el punto de vista formal, sí tuvo el carácter de preferida por todos los mexicanos, tal y como lo señaló nuestro líder, el diputado Manlio Fabio Beltrones.
Y es que la inmensa mayoría de los mexicanos pensamos que si no tenemos una educación a la altura de México y sus retos, a nivel de lo que exige el siglo XXI, jamás podremos resplandecer como nación.
Celebramos esta reforma porque se basa en dos columnas fundamentales, que seguramente impulsarán el desarrollo educativo que todos buscamos.
Por una parte, aseguraremos la profesionalización de los docentes, a través de un sistema que evalúe, de forma objetiva, el desempeño de las y los maestros de México.
Y en este punto vale precisar que de ninguna forma esta reforma conculca o pretende vulnerar los derechos adquiridos por miles y miles de maestros.
Aprobamos, apoyamos y celebramos esta reforma porque la creación de este Instituto Nacional para la Evaluación Educativa asegurará realmente una evaluación objetiva del desempeño de los docentes.
Celebramos esta probación porque estamos seguros que con los mejores maestros y las mejores maestras frente a los grupos en una sociedad del conocimiento, como es la del siglo XXI, es indispensable que la parte básica fundamental, medular de la educación, que es la educación en sus primeros años, sea impartida por las mejores capacitadas y los mejores capacitados.
Por último, destacamos que la forma en que se logró este amplio consenso entre la mayoría de las fuerzas político-partidistas representadas en ésta, la casa del pueblo mexicano, es un signo –sin duda alguna– de los nuevos tiempos que imperan en nuestro país, de los nuevos tiempos que necesitamos en el país para salir adelante para abatir los graves problemas, las graves desigualdades que tenemos como sociedad.
A nombre de mi partido celebramos esta aprobación, y de verdad, vaya una sincera felicitación para todos y cada uno de los diputados que representan a sectores importantes de la sociedad. Una felicitación para los que lo manifestaron de forma positiva, pero también –por qué no decirlo– una felicitación para los que disintieron en su momento, porque con sus aportaciones se pudo enriquecer esta propuesta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Nos está pidiendo hacer uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal y se le concede el uso de la tribuna por cinco minutos, también para referirse a la declaratoria de la reforma constitucional. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, quiero expresarles con toda seriedad mi escepticismo sobre las bondades que aquí describen unos y otros que han participado en esta tribuna, tratando de privilegiar en sentido positivo de esta reforma constitucional en materia educativa, expresarles mis dudas, el convencimiento que me motiva dirigirme a ustedes porque es una reforma incompleta, es una reforma insuficiente.
Es una reforma que no contiene ningún avance en la enseñanza, en los contenidos pedagógicos ni tampoco en áreas claves y fundamentales, que en naciones del mundo le han dado prioridad como son las matemáticas, la física, la tecnología, la investigación, la ciencia. No hay nada de esto en lo que ahora muchos de ustedes aplauden.
Lo único que reafirmamos en este turno es nuestra congruencia. Como Movimiento Ciudadano, nosotros estuvimos en contra de la reforma propuesta en esta Cámara en materia educativa pero además dijimos por qué. Expresamos razones de por qué considerábamos que no debíamos votar en favor.
Los maestros y el personal educativo en general, incluyendo los administrativos del sector educativo no fueron tomados en cuenta, no se les escuchó. El maestro frente al grupo –incluso hasta ahora– no tiene idea del contenido y el alcance de esta reforma que hoy concluye su trámite formal por el constituyente permanente, con la declaratoria que el presidente de la Cámara realiza después del cómputo y aprobación de los Congresos estatales en el país.
No estamos de acuerdo en esta reforma y hubiese sido preferible, como sucede en otras partes y en otros momentos, que simplemente la declaratoria diera lugar y sentido a un proceso agotado; nos hace volver a insistir que fue una equivocación, que los legisladores están aprobando leyes a contracorriente de lo que sus electores les han pedido.
Qué les pedían los maestros en las campañas a quienes hicimos campaña en distritos o en circunscripciones o de alguna manera nos involucramos en las campañas políticas; los maestros pedían sí, un cambio, pero querían ser escuchados. Los docentes, los investigadores, los pedagogos, los científicos, incluso los intelectuales pedían y piden que la educación sea el eje central del país, de la nación, para poder enfrentarnos a los retos formidables que entraña el nuevo siglo.
Los maestros pedían ser escuchados y fue una reforma constitucional fast track. Bastaron unas horas para ser aprobadas estas reformas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y el procedimiento hoy se está agotando.
Van a presentarse inconformidades. El hecho de la declaratoria que hoy se hace no quiere decir que esté satisfecho el Magisterio, los maestros, el personal administrativo que repudian sus órganos sindicales, cacicazgos, corrupción, vende plazas; todas esas lacras, nosotros estamos en contra de ellas.
Pero debimos haber escuchado a los maestros. Es el sector más numeroso y más consciente del país que está en el aula, que está en el ejido, que está en la comunidad, que está en el barrio. A ellos no los escuchamos.
Por eso me causa sorpresa que se vanaglorie; me causa sorpresa los aplausos, el bombo y platillo que se escucha por la declaratoria de esta reforma. Deberían de estar cabizbajos, caminar reflexivos. Caminar con un paso lento por el daño que le están haciendo a la educación en México. Caminen, caminen, porque ahí los maestros los van a enfrentar.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría continúe con las comunicaciones oficiales.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Comisión Permanente por el que remite el Informe de las Actividades realizadas por la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.
El Presidente diputado José González Morfín: Insértese en el Diario de los Debates, por lo que se refiere a la proposición que no fue dictaminada y remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficios de la Comisión Permanente por los que se comunica que se concedieron licencias a los diputados Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Fernando Donato de las Fuentes Hernández.
El Presidente diputado José González Morfín: Llámese a los suplentes.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Presidencia de la Mesa Directiva que comunica que durante el Primer Receso del Primer Año de ejercicio, se realizó modificación en turno de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 11 de diciembre del 2012. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Comunicación de la Mesa Directiva por la que informa que, de conformidad con el artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones presentadas del 1 de septiembre al 21 de diciembre de 2012 que no fueron dictaminadas dentro del período en que fueron presentadas, mismas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, se tienen por desechadas.
El Presidente diputado José González Morfín: Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos y actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Palacio Legislativo a 30 de enero del 2013. Diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva.
Por este conducto me permito comunicarle que a partir del día de hoy se integra a nuestro Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, por así convenir a sus intereses, la diputada María Fernanda Romero Lozano, por lo que respetuosamente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para los trámites legales y administrativos correspondientes.
Sin más por el momento, diputado Ricardo Monreal Ávila.
El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Junta de Coordinación Política. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comisión de Gobernación
Baja: diputado José Sergio Manzur, secretario
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Baja: diputada Nuvia Mayorga Delgado, presidenta
Alta: diputado José Sergio Manzur Quiroga, presidente
Comisión de Comunicaciones
Baja: diputado Fernando Jorge Castro Trenti, presidente
Alta: diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, presidente
Movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Organismo: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Baja: diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, secretaria
Alta: diputada Carla Alicia Padilla Ramos, secretaria
Movimientos solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
Organismo: Foro Parlamentario Asia-Pacífico
Baja: diputado Roberto López González
Alta: diputado Fernando Zárate Salgado
Organismo: Confederación Parlamentaria de las Américas
Baja: diputado José Ángel Ávila Pérez
Alta: diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
Organismo: Parlamento Latinoamericano
Baja: diputada María del Socorro Ceseñas
Alta: diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar
Organismo: Parlamento Latinoamericano
Baja: diputado Alejandro Carbajal González
Alta: diputado Antonio Sansores Sastré
Organismo: Parlamento Latinoamericano
Baja: diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro
Alta: diputada Gloria Bautista Cuevas
Organismo: Parlamento Latinoamericano
Baja: diputado Gerardo Villanueva Albarrán
Alta: diputado Fernando Cuéllar Reyes
Organismo: Parlamento Latinoamericano
Baja: diputada Roxana Luna Porquillo
Alta: diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel.
Parlamento Latinoamericano
Baja, diputado Agustín Miguel Alonso Raya
Alta, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.
Atentamente, diputado Luis Alberto Villarreal García.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación, contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados durante el primer receso de la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse al promovente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se encuentran a las puertas de este recinto, los ciudadanos Martha Gutiérrez Manrique y Alfio Vega de la Peña, diputados federales electos en la quinta circunscripción plurinominal y cuarto distrito electoral del estado de Coahuila.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a las siguientes diputadas y diputados. Una pequeña comisión que demuestra el afecto y la alegría que nos da que lleguen los compañeros.
Irma Elizondo Ramírez, Miriam Cárdenas Cantú, Manuel Añorve Baños, Mirna Esmeralda Hernández Morales, José Antonio Rojo García de Alba, Erick Marte Rivera Villanueva, Yesenia Nolasco Ramírez, Martha Edith Vital Vera, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Luis Valle Magaña, María del Carmen Martínez Santillán, Héctor Hugo Roblero Gordillo y José Angelino Caamal Mena, y los que se pudieran agregar. Adelante.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su encargo)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadanos Martha Gutiérrez Manrique y Alfio Vega de la Peña, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Martha Gutiérrez Manrique y Alfio Vega de la Peña: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Bienvenidos, diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día son comentarios sobre el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en ocasión de su nonagésima sexta conmemoración de su aprobación por el Constituyente, en Querétaro. Tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy como labor constante a esta Cámara, a este Congreso, le sigue correspondiendo como hacedor, como legítimo intérprete de nuestra norma de normas, velar por la plena vigencia de los preceptos constitucionales y hacer realidad estos postulados como principios de acción, como axiomas de transformación, como letra viva y anhelo de nuestro pueblo.
Nuestra Constitución es el resultado de luchas del pueblo de México por alcanzar valores fundamentales, inherentes a los seres humanos, justicia, igualdad, libertad sustentada en el principio básico de la vida de las y los mexicanos.
Fue respuesta a la violencia, a la discrepancia, a la inseguridad, a la intranquilidad, a la desigualdad, y por qué no decirlo, a la mezquindad. Al derramamiento de sangre y pérdida de vidas que representó el conflicto armado que nos enfrentó durante gran parte del siglo decimonónico y principios del siglo XX, a los mexicanos.
Desde el punto de vista político e ideológico, nuestra Carta Magna retoma las banderas centrales de la Revolución Mexicana y en esa medida representa la derrota del viejo régimen, caracterizado por dos rasgos fundamentales, la inequidad en el reparto de los bienes materiales y culturales y la sólida concentración del poder político en una decadente, corrupta y brevísima clase indigente.
Retomó valores y principios de su antecesora, la Constitución de 1857. Los puntos de consenso entre centralistas y federalistas, los encuentros entre liberales y conservadores del siglo decimonónico.
Incorporó axiomas como el de Lasalle, que cinceló en su obra la frase: Las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores reales de poder imperantes en la realidad social.
A 96 años de su promulgación el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugna para que sigamos reconocimiento la vigencia y aplicación de nuestra Carta Magna. No olvidemos que la primera reforma a la Constitución ocurrió en 1921, paradojas del destino, y fue precisamente en materia educativa. Reafirmo lo externado por mi compañera preopinante en esta tribuna, Nueva Alianza va por una reforma educativa que no lacere derechos de los trabajadores.
Desde entonces hasta este momento se han emitido 206 decretos de reforma constitucional que han modificado 555 veces los artículos constitucionales. Los números son contundentes, ha habido una labor constante por parte de las legisladoras y los legisladores a lo largo de los años, lo que es necesario que analicemos a fondo para hacer cambios sustantivos en cuanto a la calidad de esta reforma y su viabilidad en la aplicación.
La enorme herencia de la Constitución de 1857, vinculada con la Revolución, es sin lugar a dudas la Constitución de 1917, que olvidando los límites del derecho constitucional clásico y vigente entonces en el mundo conjuntó en sus preceptos los ideales revolucionarios del pueblo mexicano, dándole forma para crear verdaderas instituciones sociales y económicas en su beneficio.
Hoy aquí, en este Palacio de San Lázaro, deben resonar las voces de los constituyentes, como la de Heriberto Jara Corona solicitando que se rompiera con la estructura tradicional de las Constituciones para incorporarle los derechos de los trabajadores; como la de Froylán Manjarrez demandando que se escuchara el clamor de los mexicanos que exigían un mayor bienestar; la voz de Carlos Gracidas exigiendo que los trabajadores participaran en las utilidades de las empresas; o entre otras la de Modesto González Galindo, afirmando que un pueblo analfabeto y oprimido no puede ser soberano.
Nuestro Código Político de 1917 establece como una de las decisiones fundamentales que la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo, y que todo poder se instituye para beneficio de éste; señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal; y define a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Podemos aseverar hoy que México ha tenido y tiene estabilidad porque ha sabido renovarse, porque siempre ha buscado mejores metas dentro del orden institucional dentro de su proyecto nacional y porque ha sido respetuoso de los postulados que nos legaron los legisladores originarios de esta Constitución.
Nuestra Carta Magna debe ser considerada como un documento vivo, dinámico y susceptible de modificaciones y adiciones, acordes a la compleja realidad de una nación en constante evolución y crecimiento, y no como un catálogo inalterable de ordenamientos jurídicos.
En Nueva Alianza, conscientes somos que los problemas en el México actual todavía son enormes, pero para ello nos hemos comprometido con la ciudadanía a trabajar, impulsando iniciativas que sean generadoras de riqueza, que nos permitan superarlo poco a poco todas nuestras graves carencias, siempre apegados al marco de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A nosotros, a 10 legisladores, como a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, las dificultades y los retos no nos arredran. Sabemos con certeza que por más insalvables que parezcan, siempre estarán por debajo de las posibilidades y las fuerzas del pueblo mexicano.
Por eso hoy enaltezcamos la visión del constituyente de 1916, de 1917, que en su sabiduría establecieron un proyecto nacional con base en la libertad, la democracia, la justicia social en torno al principio fundamental de la vida, lo que ha dado con sus mayores alcances el que seamos una nación con estabilidad, con orden, con identidad nacional.
Instituyeron artículos como el 3o. constitucional, que en su texto original garantizaba ya el derecho social a la educación para que ésta sea obligatoria y gratuita, legados que han permanecido y permanecerán, ya que forman parte intrínseca del proyecto de nación de aquellos años y más aún de nuestros días, en donde la educación es la piedra angular, el umbral social hacia el cambio que tanto está demandando la sociedad mexicana.
Incorporaron el laicismo como un faro de luz que vela por la independencia y la libertad, no es una antítesis religiosa, como ha sido comúnmente hecho manifiesto por elementos que se oponen al liberalismo que forma parte de nuestro quehacer histórico, al contrario es un respeto a la separación entre lo metafísico y religioso, y lo pragmático y costumbrista.
Señoras legisladoras y señores legisladores, los retos que aún tenemos son claros, sabemos que hay que mejorar las leyes en materia de procuración y administración de justicia, que hay que consolidar la protección de los derechos humanos, que hay que elevar el nivel de vida de millones de mexicanos y que hay que lograr una mejor distribución de la riqueza nacional, para esos factores siempre cuenten con el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Magdalena Núñez Monreal, tiene usted el uso de la voz.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy nuestra honorable Cámara de Diputados se permitirá conmemorar un aniversario más de las Constituciones mexicanas, promulgadas una en 1857 y la otra en 1917, ambas en la ciudad de Querétaro. Sobre este tema versaré mi intervención.
Primero. Es de dominio escolar que con su lucha dentro y fuera del Congreso constituyente, nuestros antepasados liberales consiguieron aprobar y elevar a rango de ley las libertades individuales que tanto demandaban los mexicanos. La libertad de creencia, de escribir, comerciar, de pensar, de enseñanza y, sobre todo, la de ejercer el poder ciudadano, el poder civil frente al poder de la Iglesia y contra todos aquellos enemigos de la nación, que deliraban entonces por el regreso de la monarquía.
Que fue la Constitución Liberal de 1857, junto con las Leyes de Reforma, la que inició el desmantelamiento jurídico de la Colonia, la que encauzó a la República por la ruta de su independencia.
Y 60 años después, la Constitución de 1917 -producto de una revolución armada- nos heredó una legislación con profundo sentido social para asegurar a los mexicanos derechos laborales frente a los poderosos y frente al capital, para certificar el derecho a la propiedad de la tierra, el derecho a una educación popular, laica, obligatoria y gratuita; el derecho a la salud, al trabajo y, junto a él, el consagrado derecho de huelga.
La Constitución del 17 reivindica, entre todo esto, la propiedad de la nación sobre el subsuelo y los hidrocarburos.
Estas primeras referencias históricas nos llevan a compartir este día con las compañeras y compañeros legisladores una pregunta que pudiera ser atendida en el trayecto mismo de los debates. ¿Qué podemos nosotros hacer, diputadas y diputados de la LXII Legislatura para preservar el espíritu de esas conquistas plasmadas en la Constitución por nuestros antepasados?
¿En qué untos estaremos dispuestos a converger para detener el curso del desmantelamiento de sus principales articulados?
Es innegable que por el giro de las reformas a la Carta Magna durante los últimos años, estamos en presencia de una contrarrevolución constitucional y que a ésta la engendra un grupo de nuevos conservadores empollados al calor de las privatizaciones con más de 30 años asumiendo de facto del poder de la República.
Desde el gobierno de Miguel de la Madrid, hasta nuestros días, los golpes a las conquistas de clase trabajadora y a las demás capas de la sociedad, llámese campesinos, estudiantes, mujeres, jóvenes, indígenas, etcétera, han continuado ininterrumpidamente.
Pero habrá que agregar que este escarnio a la sociedad mexicana sólo fue posible y consumado gracias al consentimiento de una mayoría parlamentaria evidentemente conservadora que operó y sigue operando desde entonces y en los diferentes periodos legislativos.
Resulta altamente grotesco que mientras la honorable Cámara de Diputados debate desde la intelectualidad legislativa sobre los derechos de los mexicanos en el marco de la Constitución, el día de hoy hay miles de ciudadanos en todo el país que se manifiestan en las calles precisamente contra la devastación de los derechos plasmados en nuestra Carta Magna.
Me refiero a los compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, a quienes el responsable del Poder Ejecutivo saliente, violando todos sus derechos laborales establecidos ya por la Constitución del 17, extinguió su fuente de trabajo dejando sin empleo a más de 40 mil trabajadores; pero no es éste el único sector que se manifiesta tan activamente, allá afuera también están los maestros.
Y es que la reforma educativa está imprimiendo una clara y obstinada tendencia a la privatización de la educación para que el Estado se desatienda de su obligación constitucional y sean los padres de familia los que se hagan cargo del mantenimiento financiero de los planteles escolares.
El grueso de maestros no ha sido tomado en cuenta para ese ni para otros muchos asuntos relacionados con su profesión.
Otra reforma a la Constitución es la realizada en su artículo 123 recientemente. Se trata en realidad de una contrarreforma laboral que atenta directamente contra el derecho constitucional al trabajo ahí establecido.
La medida deja desprotegido al trabajador y da todas las garantías al patrón para la inadmisible excoriación de los prestadores de servicios.
Con el subterfugio de la globalización el obrero y los empleados quedan, con esta medida, prácticamente en la orfandad laboral. Su derecho a huelga pasa a convertirse a mera referencia histórica y los sindicatos dejan de ser un instrumento elemental de clase para desvanecerse en el camino de la contratación individualizada y del destajo.
Qué decir del derecho a la tierra y la formación de los ejidos colectivos conquistados por la Revolución Mexicana y consagrados en la Constitución de 1917, pues que con la reforma del periodo salinista décadas después, estas conquistar perdieron todo su sentido social, que los gobiernos abandonaron a los campesinos y al campo y que las tierras en suelo mexicano dejaron de producir.
Ahí están como prueba de lo que digo, los 18 mil millones de dólares que México destina para la importación de alimentos.
La reforma legal al ejido, acabó con la organización campesina y las diversas formas de productividad en el campo.
Los campesinos empezaron a vender sus parcelas y gente acaudalada de la ciudad empezó a acaparar cientos y miles de hectáreas anidando el latifundio que tanto combatió la Revolución. Los campesinos siguen emigrando al vecino país del norte y las tierras continúan improductivas.
Quiero terminar esta participación con unas cuantas y breves cuestiones. Quién de entre nosotros puede realmente sentirse orgulloso u orgullosa del contenido actual de nuestra Carta Magna si, como hemos visto, ha venido siendo mutilada durante los últimos años.
Es necesario mencionar que a 96 años de la Constitución del 17 poderes extranjeros y nacionales presionan a sus grupos parlamentarios en México para acelerar la aprobación de la reforma energética que aseguraría el marco legal para la privatización del petróleo mexicano y que con ello estaría transgrediéndose una vez más el contenido de nuestra Carta Magna.
Para quienes dudan de esto, habrá que correlacionar esta pretensión sobre la joya de la corona con el hecho de que ya se permite en México la participación de particulares en la prestación del servicio eléctrico y que hoy más del 50 por ciento de la generación de esta energía está en poder de empresas particulares nacionales y extranjeras, violando el párrafo sexto del artículo 27 que lo prohíbe.
Por eso para nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un día como hoy se convierte en una oportunidad para el debate de las ideas, para establecer las diferencias entre nuestra moral y la de los nuevos conservadores, para recordar desde esta la más alta tribuna de la nación que todos los agravios contra los derechos y la vida de los mexicanos no son definitivos ni que sobre ellos está dicha la última palabra, que en un día como hoy tampoco olvidaremos el desprecio que el Estado mexicano tiene por la demanda popular del sufragio efectivo, como así ha quedado demostrado durante las últimas elecciones presidenciales.
Junto a otros legisladores y a los movimientos sociales en activo que se desarrollan por todo el país, mantendremos nuestros esfuerzos por detener la contrarrevolución legislativa de la misma manera –y pareciera esto una paradoja– que mantendremos la idea de que la defensa del petróleo mexicano y de la soberanía nacional pasa necesariamente por la defensa de nuestra Constitución mexicana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, señora diputada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Francisco Coronato, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): Solicito la palabra, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto. ¿Quiere hacer un comentario acerca de esta sesión? Adelante.
El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En el período de sesiones anterior nuestra Legislatura envió a México un mensaje de actividad en el que me atrevo a decir que fue un período productivo. Felicito a todos los diputados de esta Legislatura por el período anterior.
Esto fue en gran parte por las dos iniciativa preferenciales que presentó Felipe Calderón. Éstas nos obligaron a trabajar para dictaminar oportunamente y a favor de México. Hoy me disculpo ante los mexicanos y creo que muchos diputados aquí presentes lo comparten conmigo. Esa dinámica no va a ser igual en este período de sesiones. Hoy no se presentaron iniciativas preferentes.
El nuevo presidente de la República no envió iniciativas preferentes...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, pero es ¿con qué objeto? Porque le estoy dando el uso de la voz en medio de un...
El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): El objeto es que estamos desperdiciando una gran oportunidad para recuperar los tiempos perdidos en nuestro país.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Gerardo Peña, sus dichos han quedado ya en el Diario de los Debates y la asamblea se impone a su contenido...
El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): ¿No me permite terminar, señor?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues a ver, termine. Nada más no le faltemos el respeto al orador que ya está aquí tan presto.
El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): Señor, disculpe, nada más un segundito, por favor.
El nuevo Presidente de la República no envió iniciativas preferentes. Ha perdido esta gran oportunidad de recuperar los tiempos perdidos en México, y de no aplazar más el tiempo en los temas que nuestro país requiere que se resuelvan ya.
Exhorto al nuevo presidente de México que aproveche esta oportunidad que las leyes de nuestro país le otorgan. Hoy tenemos un Pacto por México, pero en sus acciones no veo tiempos definidos ni plazos para actuar. Propongo que las iniciativas preferentes no pasen al Museo Legislativo y que al Pacto por México le pongamos tiempo. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, señor orador.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Nuestra Carta Magna es la síntesis de la evolución jurídica, política y social de México. Ésta incluye muchos de los mejores postulados de la Constitución de Apatzingán, de la primera ley fundamental del país independiente y de la Constitución promulgada a mediados del siglo antepasado. No en balde autores connotados como Hegel consideraron a las constituciones rígidas como el receptáculo del espíritu de la nación del Estado.
Nuestro ordenamiento fundamental es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar primero y después por reforzar su libertad y su soberanía. De sus postulados se desprende el diseño de un moderno Estado social, democrático y de derecho.
Nuestra Constitución en los primeros 29 artículos reconoce los derechos públicos fundamentales, base de la ideología social imperante y en los restantes se contempla la parte orgánica del aparato estatal.
No obstante, los méritos que honrosamente le corresponden a nuestro ordenamiento fundamental resulta impostergable reflexionar a profundidad sobre la eficacia de sus postulados, sobre la congruencia de su contenido y sobre su aspecto teleológico, pero sobre todo su obligatoriedad y aplicatoriedad real.
A 95 años de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta ha registrado más de 500 reformas, adiciones y modificaciones concentradas en 205 decretos de reforma hasta el 30 de noviembre del año próximo pasado, cuestión por demás contradictoria si tomamos en cuenta que la nuestra es una Constitución de las llamadas rígidas, empero nuestro ordenamiento fundamental ha servido de plataforma de trampolín para encumbrar a una clase política insulsa, infructuosa y reaccionaria que la mayoría de las veces ha echado mano de legislador ordinario para fabricar una red de leyes secundarias que contrarían flagrantemente el espíritu de la Constitución y que han frustrado y hasta reemplazado el gran proyecto de país que vislumbraron los revolucionarios.
Para la mayoría de la clase pseudo-política tan sólo significa el principal recurso del discurso hueco, la retórica infructuosa y la demagogia. Se olvidan que la esencia de nuestro ordenamiento fundamental yace en la sangre derramada por los obreros y campesinos mexicanos que ofrendaron sus propias vidas en aras de engrandecer a la patria, privilegiar y favorecer a las generaciones futuras.
En la actualidad, esas generaciones futuras, como lo demuestra cualquier sondeo o estudio de opinión, están en su mayoría convencidos de que vivimos en un país corrupto en el que no se respeta la Constitución, principalmente por parte de nuestros gobernantes.
El problema no es el desconocimiento o el soslayo de lo que nuestra Carta Magna dice, sino la imposibilidad de la cúpula pseudo-política de oírla, de escudriñarla, de prestarle atención. La ignominia que cunde entre los hombres y mujeres de México de no hay seguridad, no hay justicia, no hay oportunidades, en suma, la Constitución parece letra muerta porque hoy en día existe una enorme brecha entre los gobernantes y los gobernados.
Los dispositivos constitucionales que recogieron con mayor ahínco las aspiraciones, los ideales, los principios y los estándares de los líderes sociales y de las fuerzas políticas que convergieron en el Constituyente de 1917, han sido objeto de los más recalcitrantes ultrajes.
El artículo 123 constitucional ha sido violentado a través de una ominosa reforma laboral. El artículo 27 constitucional ha sido tundido a diestra y siniestra. Por ello, tenemos una Ley Minera que le entrega nuestros metales preciosos a industria depredadora, inconsciente e inmoral, y que además no paga impuestos; una Ley de Petróleos Mexicanos y una Ley del Servicios Público de Energía Eléctrica que no han servido de contención para frenar el contratismo y el capitalismo de cuates, así como la entrega de la industria energética nacional a unas cuantas manos, sólo por señalar que existen más de 400 empresas contratistas extranjeras contratadas por Pemex.
A pocos años de conmemorar el centenario de nuestra Carta Magna, la evaluación no puede ser más funesta. Vivimos tiempos violentos y quienes controlan el timón de la nave nacional cada vez están más lejos de los principios, los ideales y de las causas que le dieron origen.
Surge, pues, la siguiente interrogante, ¿seguiremos permitiendo reformas a diestra y siniestra, que parchen y parchen postulados originarios de la Constitución, así como normas secundarias que la trasgreden, abonando a la tradición reaccionaria de su desnaturalización y aunando aún más en sus contradicciones? La respuesta lógica nos debe conducir en el sentido contrario. Urge redefinir el rumbo del Estado-nación. Reivindicar a nuestra Carta Magna a esos principios torales, como la libertad, la democracia y la justicia, como genuinos depositarios del espíritu nacional. Rescatar los principios y valores que nos dieron patria e identidad, actualizándolos y complementándolos en un escenario globalizado, con base en una visión garantista y pro derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Del Partido Verde Ecologista Mexicano, en el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Muy buenas tardes. Con su permiso, compañeros diputados, compañeras diputadas. Ayer que celebramos un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ha sucedido cada 5 de febrero desde hace 96 años, la ocasión fue aprovechada por una gran diversidad de actores políticos para insertar en la conciencia colectiva de los mexicanos, la idea de que es necesaria, y quizá urgente, una profunda revisión de nuestro texto constitucional.
Otros sectores más radicales han planteado la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente y crear una nueva Constitución. Sin embargo, nos parece que no se toma en cuenta que la Constitución Política de 1917, que hoy nos rige, ha tenido la virtud de ser un documento dinámico y cambiante, conforme la realidad del país lo ha exigido. No obstante, que los requisitos para su modificación no son precisamente fáciles de alcanzar en un contexto de pluralismo político, como el que hoy vivimos en México.
El hecho de que nuestra ley fundamental no haya permitido vigencia y se mantenga a la vanguardia de los cambios políticos, económicos y sociales, por los que el país ha atravesado, es algo de lo que los mexicanos debemos congratularnos.
Algunos de los críticos de nuestra Carta Magna han cuestionado el hecho de que el texto constitucional sea demasiado voluminoso, y han señalado la necesidad de adelgazarlo con el argumento de que las leyes fundamentales deben ser breves y claras, con el objeto de que puedan ser comprendidas por sus destinatarios.
Nosotros compartimos esta creencia, pero pensamos que debe considerarse que nuestra Constitución no sólo es una declaración de derechos fundamentales de los mexicanos y una lista de los principios generales que rigen la vida de la sociedad, sino que ésta plantea la realización de programas de transformación social. Es decir, que además de las garantías individuales, que por regla general contiene toda Constitución, incorpora una serie de importantes derechos sociales. Esto es importante de resaltar.
En la fracción parlamentaria del Partido Verde, sin menoscabo de los esfuerzos permanentes por perfeccionar el diseño constitucional en el que se tutelen las libertades democráticas y los derechos fundamentales, somos firmes defensores de que nuestra Constitución conserve su naturaleza y siga expresando, en su texto, los grandes ideales políticos, las aspiraciones y objetivos nacionales que marcan el camino por el que debe transitar el país.
Tal como alguna vez lo afirmara el doctor Jorge Carpizo, nuestra Carta Magna sintetiza, en buena medida, la historia política de México. Es producto de un proceso evolutivo que recupera los principios fundamentales del constitucionalismo mexicano, principalmente, de las constituciones de 1824 y de 1857, y recoge los grandes postulados de los sectores sociales y políticos que participaron en el movimiento revolucionario iniciado en 1910.
Al mismo tiempo que en su contenido han quedado plasmadas las aspiraciones más significativas de las luchas y los movimientos que surgieron después de 1917 y que marcaron la evolución del México contemporáneo.
Por último, queremos recordar que la verdadera esencia de una constitución no solo consiste en la concordancia y armonía de su contenido normativo, sino también en que esas normas sean respetadas y cumplidas por todos los destinatarios, tanto por los ciudadanos como por los gobernantes.
Desde esta alta tribuna queremos refrendar nuestro compromiso con México, transmitamos a las futuras generaciones el respeto por nuestra Constitución y todas las leyes que nos rigen.
La Constitución mexicana tiene que dejar de ser un ideario incumplido para convertirse en derechos y libertades a los que todos los mexicanos tengan acceso. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero.
El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, este 5 de febrero, en todo el territorio nacional se conmemoran los 96 años de la promulgación de nuestra Carta Magna. Dicho ordenamiento es la ley fundamental de nuestro país, en la cual se establecen los derechos humanos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes.
Es la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar por encima de ella. La Constitución es la expresión de la soberanía del pueblo y es obra del Congreso Constituyente, donde quedaron incorporadas las propuestas y demandas de las diversas corrientes revolucionarias para establecer un nuevo orden constitucional.
La primera Constitución propiamente mexicana es la de 1824, ya que en ella se descarta todo tipo de legislación extranjera y se proclama el ejercicio absoluto de la soberanía y la autodeterminación.
Antecedentes fundamentales para la elaboración de la primera Constitución mexicana fueron la española de Cádiz, de 182, los Sentimientos de la Nación de don José María Morelos y Pavón y el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana o Constitución de Apatzingán de 1814.
Esta Constitución ha experimentado múltiples modificaciones a lo largo de su historia, siendo hasta el momento 552 reformas constitucionales. Las últimas modificaciones importantes que ha sufrido son las siguientes:
El 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos reformas a la Constitución que impactaron directamente en la administración de justicia federal. La primera de ellas concerniente fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual se va a robusteciendo al ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general.
La segunda, en íntima relación con la anterior, la modificación que se realizó en nuestro artículo 1o., donde se hace un reconocimiento a los derechos humanos, se dejan de otorgar para simplemente reconocerlos, ya que estos derechos no necesitan ser otorgados por el Estado, ya que son inherentes al ser humano desde su nacimiento, la cual es la adecuación constitucional del principio por homine o principio pro persona, incluido explícitamente en la reforma, porque el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera en que más favorezca a sus titulares.
Con la reforma la Constitución se convirtió en un catálogo mínimo de derechos humanos. La reforma educativa es la última modificación pendiente a nuestra Carta MagnaM en ella se plantea la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es relevante y prioritario el establecimiento del servicio profesional de carrera, integrado por concursos de oposición para ingreso de los docentes, y la promoción a los cargos directivos y de educación básica y media superior, la que sin duda ayudará a elevar la calidad de la enseñanza.
Es por ello que hago un exhorto fraterno e incluyente a todas las mexicanas y a todos los mexicanos a no abandonar las causas tan nobles de la Revolución, a no abandonar las luchas de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, las cuales dieron origen a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz, del Partido Acción Nacional, el diputado Damián Zepeda Vidales.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señora presidenta. Señoras legisladoras y señores legisladores, el 5 de febrero de 2013 conmemoramos 96 años de la promulgación de la Constitución de 1917.
En los últimos años, con motivo de esta efeméride, tanto en la Academia como en la política, discutimos sobre la validez de sus principios, la vigencia de sus preceptos y sobre la disyuntiva de revisarla integralmente u optar por promulgar una nueva Constitución.
En el pasado se elaboraron muchas explicaciones acerca de lo que era nuestra Constitución; se decía que plasmaba el proyecto nacional, que era la expresión jurídica de la Revolución Mexicana, que fue la primera Constitución social del siglo pasado y que sus preceptos marcaban la pauta para el avance en el cambio social del país.
Para nosotros los panistas, la referencia teórica a la Constitución y a la democracia contrastando con su incumplimiento práctico, eran suficientes para poner de manifiesto que en aquellos tiempos ni había democracia ni se cumplía a cabalidad la Constitución.
Desde nuestra visión humanista, la Constitución representa el conjunto de normas que establecen los principios de organización del Estado mexicano como República democrática, representativa y federal, estructura que debe sustentarse en la integración democrática de los poderes públicos, con un sistema presidencial sujeto a un marco de división y equilibrio de poderes, ley fundamental que otorga a los mexicanos en lo individual garantías y libertades, así como derechos sociales que establecen la pauta para la convivencia social. Todo ello, por supuesto, dentro de un régimen de facultades expresas al orden federal, como fundamento del estado de derecho, de la seguridad jurídica y del derecho positivo mexicano.
Es evidente que el poder Constituyente de 1917 se inspiró en una doctrina no sólo constitucional, sino también social; advertimos esto porque en el México plural y democrático del presente, los distintos actores políticos y sociales enarbolamos doctrinas e ideologías disímbolas y en ciertos aspectos confrontadas.
Más allá de aspectos donde hemos sido capaces de generar consensos históricos en temas como la no reelección del Ejecutivo federal, el Estado laico, la educación básica gratuita, la protección al trabajo o la autoridad electoral autónoma, es claro que los distintos actores impulsamos muchas veces reformas constitucionales diversas que responden a proyectos aparentemente antagónicos, pero cuya interacción permite construir a través de nuestra Constitución el país donde todos, todos, tenemos cabida.
Es justamente en el debate de los distintos proyectos del país donde se generan los futuros consensos históricos que se plasmarán en nuestra Constitución. Al reconocer esta situación, esta aspiración legítima insatisfecha de pretender que el texto constitucional tenga cada día un mayor significado para todos nosotros, lo cual sin duda nos llevara años y años de reflexión, de iniciativa y de diálogo que genere consensos.
Lo que sí tenemos la obligación de hacer en este momento es defender su vigencia plena, el respeto irrestricto a las normas constitucionales con todo y lo imperfectas o contradictorias que nos puedan parecer en ocasiones, a nivel de compromiso ineludible, Acción Nacional se ha obligado siempre a velar por la estricta observancia de nuestra Constitución, condenando la desviación, la deformación o la inobservancia de los postulados sociales y democráticos por los gobiernos de todo orden.
La anterior consideración se relaciona directamente con la disyuntiva apuntada al inicio respecto a opciones, o revisar íntegramente nuestra Constitución o, en su defecto, promulgar un nuevo texto constitucional. Nuestra responsabilidad como legisladores que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución no estriba en la oportunidad de echarla a la basura, de echarla abajo por completo, sino en cumplir con nuestra responsabilidad de reformarla en lo conducente para hacer de su cumplimiento vigencia y futuro.
Es una gran pretensión que un poder constituido se asuma repentinamente en un poder Constituyente; o, peor todavía, que decline su responsabilidad y diera paso a un Constituyente como si hubiera perdido súbitamente su capacidad para ejercer las facultades y atribuciones que como Poder Legislativo tiene.
El advenimiento de la vida democrática a partir del año 2000, a diferencia de lo ocurrido en momentos cruciales de la transformación de México como la Independencia, la Reforma y la Revolución, no significó la inobservancia o la falta de aplicación de los preceptos constitucionales.
Por el contrario, fue una demostración inequívoca de que los actuales y futuros procesos de transformación para el avance de México no precisan de fatales rupturas ni de estallidos de violencia, pues hemos llegado a una fortaleza institucional tal, que nos permite el tránsito hacia el porvenir en condiciones de paz, en condiciones de democracia y en condiciones de avance ininterrumpido en los órdenes económicos y sociales.
Es evidente que el tránsito hacia la democracia ha generado una enorme discontinuidad entre una sociedad moderna y educada, una economía globalizada y, en fuerte competencia, una vida democrática muy dinámica que avanza con dificultades ante la persistencia de preceptos e instituciones que se diseñaron y fueron vigentes en el marco de un régimen pasado y autoritario.
Por ello estimamos como indispensable proceder a una reforma del Estado en este marco constitucional. Durante años se argumentó que una de las razones principales en México por las que ni el federalismo ni las instituciones democráticas ni la división de poderes encontraron contraparte o vigencia en las prácticas políticas reales, era la ausencia al reconocimiento de un pluralismo político y los espacios que demandaban.
En ese sentido si no se avanza hoy, se retrocede. Hoy el sistema político mexicano atraviesa por un claro periodo de transición y consolidación de la democracia. Se han hecho vigentes los mandatos constitucionales que limitan el desbordamiento unipersonal del Ejecutivo y la concentración del poder en éste; pero al mismo tiempo han surgido a la par fenómenos y problemas que si bien son normales en toda democracia, en México hoy son una novedad.
Para la consolidación de nuestra democracia lo fundamental es, como se mencionó hace algunos años por parte de Carlos Castillo Peraza, que vayamos resolviendo los problemas de la democracia en la misma democracia, lo cual conlleva necesariamente el estricto apego al Estado de derecho y las leyes que los propios mexicanos y de manera muy particular este Congreso hemos dado. No hay demócratas de medio tiempo.
La Constitución debe de ser el medio donde se establezcan las bases para impulsar la modernización de las instituciones nacionales y lograr que se adecuen a los patrones de la actual vida democrática en México.
En ese sentido nos parecen correctos los principios de organización del Estado y las definiciones de régimen democrático contenido en la Constitución.
Es muy probable que una hipotética nueva Constitución terminara plasmando los mismos principios y que tan sólo definiera un nuevo régimen, meta que de la misma forma podríamos lograr acordando simplemente una importante reforma del Estado, sin necesidad de embarcarnos en la aventura de inventar otra Carta Magna.
No faltarán las voces que critiquen nuestra intención de perfeccionar la Constitución argumentando el conocido tema abuso en sus reformas.
Desde su promulgación hasta diciembre de 2012, nuestra Constitución ha sido reformada en al manos 443 ocasiones.
En su oportunidad los panistas denunciamos el manoseo sexenal de nuestra Constitución, proponiendo como alternativa una revisión seria de los puntos discutibles y un respeto escrupuloso de los preceptos que se mantenían vigentes.
Pero en nuestros días en el marco de la vida democrática debemos de reconocer que cada día es más difícil la reforma a la Constitución mexicana, debido a la pluralidad de los órganos legislativos; reflejo de la pluralidad misma de nuestra nación.
Actualmente ya no nos encontramos en la situación en donde el Ejecutivo federal abusaba de las reformas a la Constitución, como ocurría en la era presidencialista. Es decir, hoy el Ejecutivo federal no controla para reformas constitucionales este Congreso, afortunadamente.
Al respecto, la discusión de fondo que nos debe de ocupar, tiene que ver con aquellos aspectos donde el texto vigente sí presente tesis contradictoria, vacíos o preceptos que hayan sido rebasados por la realidad de México.
En ese sentido todos los actores políticos tenemos que hacer nuestra propia revisión del texto constitucional, detectar qué artículos son perfectibles y proceder juntos, con madurez, a concretar las adecuaciones indispensables para que la Constitución sea un factor que impulse el avance de México y no una traba más para su desarrollo humano, social y económico.
Reiteramos aquí que es indispensable partir del respeto al texto constitucional, como primera condición para proceder a su revisión integral. Sólo de la aplicación estricta de sus preceptos se puede desprender la necesidad de su reforma.
Como consideración final, estimamos que es mucho lo que nosotros, los actuales legisladores de la república podemos hacer para fortalecer el cumplimiento de las normas constitucionales; incorporar las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México, expedir las leyes reglamentarias que clarifiquen y especifiquen la aplicación que muchas disposiciones ameritan y que estamos retrasados en ellas, las bases para el ejercicio de facultades concurrentes entre órdenes de gobierno.
Tomemos pues la Constitución como una oportunidad para construir un México mejor, que no se convierta en una discusión interminable, doctrinal o en un acuerdo inalcanzable. Que sus rasgos y deficiencias sean el impulso para que esta Legislatura cumpla con su deber de ser histórica.
No permitamos que sus lagunas nos ahoguen en la parálisis. Que su cumplimiento sea nuestra regla de conducta y primer compromiso. No mantengamos resquicios para quienes hoy intentan burlarse de ella.
Confiamos en lo que podemos lograr porque ya lo hemos hecho antes y el futuro es impensable sin acuerdos y reformas. Por su tiempo muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Con su autorización, señora Vicepresidenta. Amigas, compañeras y compañeros diputados: México está de pie. Celebramos un aniversario más de nuestra Ley Suprema, del gran acuerdo político de nuestra nación, mismo que nos dota de rumbo y certidumbre.
Decía el maestro Carpizo: “La Constitución de 1917 recoge los mejores postulados de la Constitución de Apatzingán, de la primera Constitución del México independiente de 1824 y de la gran Constitución de 1857. La Constitución de 1917 es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar primero y después por reforzar su libertad y soberanía”. Termino la cita.
Nuestra Carta Magna es un instrumento que contiene y reconoce los mejores anhelos del pueblo de México, así como los derechos fundamentales de las personas y organiza el ejercicio del poder político.
Nuestra Constitución ha tenido la gran virtud de adaptarse a la evolución de las circunstancias económicas, políticas y sociales del país.
En efecto, la soberanía nacional reside en el pueblo mexicano y de éste emanan los poderes del Estado. Por tanto, es la Constitución el principal instrumento de los gobernados para defender sus ámbitos reales de libertad frente a la actuación del poder público.
Ahora bien, ello no significa que la Constitución sea la fuente de la soberanía por antonomasia, sino que es el propio pueblo quien tiene el inalienable derecho de decidir jurídica y políticamente su futuro, su devenir.
Por ello nuestra Constitución expresa una determinada idea de democracia, en la cual no solamente hablamos de forma sino fundamentalmente hablamos de contenidos. El Estado constitucional es por principio un estado de derecho. En consecuencia, la democracia constitucional implica la juridificación de la democracia; es decir, concibe a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino fundamentalmente como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
De esta manera el derecho hace uso de mecanismos democráticos como la regla de mayoría, el gobierno representativo, los derechos fundamentales y el respeto a las minorías para traducir la voluntad del pueblo, de organizarse en un orden político específico y determinado.
Pero ello no implica que dicho acuerdo no sea susceptible de modificarse, siguiendo las reglas que la propia Constitución establece, pues es precisamente su adaptabilidad una de sus características principales. Ahí radica una porción de la grandeza de nuestra Constitución que ella misma facilita, los medios jurídicos para reformarla, incluso para transformarla.
Ciertamente la norma fundamental es fruto de una de las luchas más encarnadas del pueblo mexicano y que, contrario al contexto en que se fraguó, tuvo como resultado la paz social de la República.
En ella se incorporaron ideas de todos los grupos revolucionarios, retomó las libertades y los derechos de los ciudadanos, así como los ideales federalistas de la Constitución de 1857, ejemplo claro de que no es necesario que todos pensemos igual, sino que tengamos la capacidad de llegar a acuerdos que nos permitan dirimir, incluso, nuestras más profundas divergencias. Consensos en torno a un piso mínimo del cual podemos partir para construir un proyecto común.
Compañeros, nosotros como legisladores debemos tomar esta enseñanza como guía de nuestras actividades cotidianas. Si no somos capaces de encontrar objetivos comunes en el horizonte, difícilmente podemos dejar atrás el encono y los agravios en el que el país ha estado inmerso en los últimos años.
No se trata, por supuesto, de abandonar las legítimas posiciones de cada cual, de cada partido, de cada persona, ni se trata de comprometer los ideales en los que creemos. Por el contrario, se trata de asumirnos y a partir de ellos poder imaginar un futuro lo suficientemente estimulante y atractivo como para convencernos de que hay caminos en los que podemos transitar unidos, a pesar, precisamente, de nuestras diferencias. Si ese no es el sentido de la política, entonces la política no tiene sentido.
Indubitablemente nuestra Constitución supo entender las demandas de su tiempo, convirtiéndose en baluarte de una nueva corriente de pensamiento que reconoció los derechos sociales y representó una aportación del constitucionalismo mexicano al mundo entero.
Testigo histórico del constante afán de nuestro pueblo hacia el progreso, fue la primera Constitución de la historia que estableció un catálogo claro y preciso de derechos sociales que descansó en los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo.
Ahora el reto radica en convertir esos ideales o aspiraciones en realidades tangibles, en el día a día de todos y cada uno de los mexicanos. Ahí está nuestra raíz y ahí está también nuestro compromiso.
Es cierto, no es una empresa fácil, pero tampoco es imposible. En todo caso es ahí donde radica el desafío, porque si queremos sobrevivir, tener un futuro como nación, no tenemos otra opción que transitar por el camino del acuerdo. Debemos dejar atrás protagonismos y demagogia, renunciar a la equiparación del éxito con la simple acumulación material. Debemos lograr tener una meta en común, un objetivo colectivo que logre que cada mexicano vea como algo cotidiano esforzarse por vivir en la cultura de la legalidad, que consiga enseñar a nuestros hijos a pensarse capaces, idealistas y ganadores; una sociedad que tenga como anhelo o aspiración colectiva el rechazo a la impunidad y la corrupción, el respeto a quienes piensan diferencia, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas y una distribución más justa de la riqueza, no sólo en el discurso, sino fundamentalmente en los hechos.
Hace 96 años se promulgaba en Querétaro el texto constitucional, sin embargo, a pesar de tener casi 100 años de existencia no es nuestra Carta Magna un texto inerte, no es un documento simple que plasme en ley un conjunto de disposiciones normativas respecto a la organización de un Estado y de la relación de los individuos con las propias autoridades públicas; por el contrario, la nuestra es una Constitución viva que responde a las necesidades de la nación vigorosa que somos, de un pueblo que ha luchado, se ha dividido, que ha caído pero se ha levantado.
Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país no es el mismo de 1917, los cambios políticos y sociales que se han gestado en los últimos años han incidido diferentes planteamientos de la democracia y del ejercicio de la ciudadanía. Hoy es nuestra tarea contribuir como legisladores que somos, a la construcción de un nuevo tiempo para México, luchando por las transformaciones que sean acordes con esa nueva realidad y que permitan satisfacer las aspiraciones de la sociedad.
No permitamos que luchar por un país mejor se confunda con una utopía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por la que el Honorable Congreso de la Unión declara el año 2013 como el Año de la Libertad y la República, conmemorativo del centenario de las muertes del presidente Francisco I. Madero; el vicepresidente José María Pino Suárez; los diputados Serapio Rendón, Gustavo Madero y Adolfo Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una república más libre, justa, social, democrática y constitucional, suscrita por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución, si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia se considera de urgente resolución, se le dispensa los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Proyecto de decreto por el que se declara el año 2013 como Año de la Libertad y la República.
Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara el año de 2013 como el Año de la Libertad y la República, conmemorativo del centenario de las muertes del presidente Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrecieron su vida por el ideal de una república más libre, justa, social, democrática y constitucional.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2013, Año de la Libertad y la República”.
Tercero. Los gobiernos federal, estatal y municipal realizarán las actividades cívicas, académicas y culturales, que enaltezcan la gesta heroica de los mártires de 1913.
Cuarto. El Banco de México podrá emitir una serie de monedas conmemorativas con las efigies de los ilustres mártires de 1913 en su centenario, con las efigies del presidente Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “Ofrendó su vida por la libertad y la república”.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2013.
Firmando, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la asamblea, no habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos, a efecto de recabar votación nominal, en lo general y en lo particular del proyecto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor.
El diputado Alfio Vega de la Peña (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Señor presidente, se emitieron 411 votos en pro, 0 en contra y 10 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el año 2013 como el Año de la Libertad y la República, conmemorativo del centenario de las muertes del presidente Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una república más libre, justa, social, democrática y constitucional. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Primero. La Cámara de Diputados celebrará el próximo 22 de febrero una sesión solemne en los términos dispuestos en el artículo 38, numeral 1, fracción I del Reglamento, para conmemorar el centenario de la muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, así como los asesinatos de Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo Gurrión y Belisario Domínguez.
La sesión solemne iniciará a las 11 horas del día señalado y se desarrollará de la siguiente manera: intervención, hasta por 10 minutos, de un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional.
Intervención, también a cargo del presidente de la Mesa Directiva. Clausura de la sesión.
Segundo. Al concluir la sesión solemne se realizará la colocación y develación de una placa conmemorativa del centenario del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, en el edificio A de la Cámara de Diputados.
Tercero. La Cámara de Diputados, con la representación de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, colocará una ofrenda floral en honor del presidente Francisco I. Madero en el antiguo Palacio de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación.
Cuarto. La Comisión Ordinaria de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, organizará en los plazos en que los permita la disponibilidad presupuestal y los requerimientos de organización, un foro académico sobre Francisco I. Madero y los acontecimientos desatados a partir de su asesinato, al que se invitará a destacados especialistas en la materia.
Quinto. Se encomienda al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados la publicación de una edición conmemorativa de la obra La sucesión Presidencial de 1910, en la que se invite a participar a destacados especialistas en la materia.
Sexto. Se realizarán los trámites y las gestiones necesarias para el efecto de que se inscriban las letras de oro del Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda, Plan de Guadalupe, en términos de lo establecido en el artículo 262, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Transitorio
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. Se instruye al Comité de Administración de la Cámara de Diputados, para que preste su colaboración en la instrumentación del presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de enero de 2013.
Firma. Diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a consideración. No habiendo quien haga uso de la palabra pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz el señor diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las empresas concesionarias respectivas que homologuen las tarifas de telefonía fija en el estado de Nuevo León y no sean consideradas como larga distancia.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy presento ante esta importante tribuna y ante ustedes un tema de gran importancia para las familias que habitan en los municipios de Nuevo León y que no forman parte del área metropolitana de Monterrey, situación que no sólo es de Nuevo León, sino de todo el país.
Los datos hablan por sí mismos, según cifras del último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 94 por ciento de los neoloneses viven en áreas urbanas de más de 2 mil 500 habitantes, mientras que el 88 por ciento viven en el área conurbada a la capital de Nuevo León.
De esta forma el sector educativo, industrial, agropecuario y comercial se han establecido en una gran extensión que tiene como eje el área metropolitana de Monterrey, lo que ha generado una integración sin precedentes, tanto en términos productivos como socioeconómicos, como es el caso –entre otros– de mi cabecera distrital Cadereyta Jiménez, ciudad que alberga una de las seis refinerías de la nación, lo que la consolida como un motor de desarrollo de la región norte de México.
La vida en nuestros comercios, empresas, plantas productivas, campo y en el sistema educativo ha trascendido el ámbito municipal hacia una nueva dinámica que se extiende a todas las áreas conurbadas de Monterrey. Es así que de la mano con la explosión demográfica y el desarrollo urbano de la región en su conjunto, se ha dado un incremento en la cobertura del servicio de telefonía fija, siendo éste uno de los servicios de telecomunicación que más ha crecido en la entidad y uno de los que más expectativas de desarrollo proyectan.
Sin embargo este crecimiento del sector impacta poco a los neoloneses y a los mexicanos en varias partes del país, que pese a desarrollar las actividades que le dan sustento diario en centros urbanos, cuentan con cobros en sus llamadas de telefonía en la modalidad de larga distancia en función de que los prestadores de servicio siguiendo criterios obsoletos consideran que el cobro de dicha tarifa es pertinente por tratarse de comunicaciones entre municipios distintos, entre otros está el caso de Cadereyta Jiménez, donde muchos de sus habitantes se trasladan al área metropolitana para desempeñar sus actividades diarias, desarrollar sus redes sociales y tender lazos profesionales, económicos y educativos sin ser considerados como parte de esta zona al hablar de telecomunicaciones.
Es menester facilitar la comunicación telefónica para los habitantes de Nuevo León y de México, porque colaborar con ellos en este sentido no implica solamente la disminución de una tarifa, sino que involucra también favorecer la integración familiar, la cohesión social, el desarrollo económico de los ciudadanos y sus familias, así como las condiciones de competitividad del sector agropecuario, industrial, empresarial y educativo en su conjunto.
Hoy vengo aquí a esta máxima tribuna reiterando un compromiso de campaña y una encomienda de la sociedad neolonesa que he tomado como propios, convencido de que no es suficiente dotar a la ciudadanía con la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías y servicios de telecomunicación, sino que debe darse a la población la oportunidad de hacerlo de la mano con tarifas justas que incentiven su uso y que no dañen a la economía familiar ni el desarrollo de las comunidades.
Alcanzar y consolidar el desarrollo regional es un proceso colectivo e institucional que requiere la participación de todos los ciudadanos, empresarios y gobiernos. Para lograr este fin es necesaria la elaboración de programas, proyectos e iniciativas que vayan concretando beneficios particulares, pero que en su conjunto propicien cambios sustanciales que culminen el desarrollo requerido por las regiones de todo el país.
La propuesta que hoy presento no es ajena a la realidad y aplica a muchas regiones y muchos municipios del país que se encuentran en condiciones similares y que son inclusive no sólo municipios distintos, sino distintas entidades federativas, lo que no justifica la discriminación de municipios medulares en la vida económica y social de Nuevo León y de México y, a escasos kilómetros de la zona metropolitana, son aislados del progreso y la bonanza por criterios unilaterales y discrecionales.
Es por eso –termino, señor presidente- que hoy, compañeras y compañeros legisladores, presento este punto de acuerdo invitándolos a que voten a favor de elevar la productividad en favor de impactar positivamente el ingreso de las familias y de dotar de mejor dinamismo a la economía de la región, constituida por varios municipios y así contribuir a la reducción de las disparidades del desarrollo en el estado y en el país en su conjunto. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte a la asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia tiene el uso de la tribuna por tres minutos la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente; señoras y señores legisladores, Nueva Alianza está a favor de que todos los concesionarios hagan un esfuerzo para reducir los costos de los servicios en telecomunicaciones, eleven la calidad de sus servicios y sean cada vez más competitivos.
La propuesta del punto de acuerdo merece todo nuestro apoyo porque en efecto, miles de localidades a lo largo del país tienen que pagar tarifas de larga distancia cuando tienen que comunicarse a zonas no tan alejadas geográficamente.
Como establece el diputado Pedro Pablo Treviño, en muchas ocasiones se trata de localidades que padecen altos índices de marginación, que tienen que agregar a su situación de pobreza la carga de pagar tarifas telefónicas clasificadas como de larga distancia.
En el caso de Nuevo León existen cinco áreas de servicio local de telefonía fija y ciertamente las distribuciones de las localidades y municipios en las diversas áreas, muchas veces parece irracional o caprichosa. Lamentablemente esta situación se reproduce en todo el país.
Como es sabido, está en marcha un proceso de consolidación de las áreas de servicio local de telefonía fija que tiene por objeto reducir el número de éstas, que actualmente es de alrededor de 400 para pasar a menos de 200.
Este proceso se traducirá en que cada vez más localidades y municipios dejarán de pagar tarifas de larga distancia en llamadas telefónicas a lugares cercanos y entre sí.
Este proceso es conducido por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el marco de sus atribuciones legales y está próximo a concluir.
La Cofetel puede modificar las áreas de servicio local cuando así lo exija el interés público, tomando la opinión de los concesionarios del servicio de telefonía local y de larga distancia.
De ese modo la consolidación o reducción de las áreas de servicio local es una necesidad de interés público, dado que genera beneficios directos al usuario por la reducción de gastos en tarifas que pagan por el servicio de larga distancia, al convertirse en llamadas de servicio local.
Además este proceso incrementará la competencia entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incrementaría el mercado de las telecomunicaciones y contribuiría a acelerar los procesos de integración regional.
Es necesario entonces que avancemos en la búsqueda de las mejores soluciones de esta problemática.
El desarrollo acelerado de las tecnologías permite reducir costos y mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.
El Estado tiene la rectoría de ese sector y debe de garantizar que las telecomunicaciones tengan un impacto de beneficio social e integración.
Por estos motivos solicito al diputado proponente su anuencia para que al presente punto de acuerdo se le adicione un segundo resolutivo en los siguientes términos.
Segundo: se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que en el marco de sus atribuciones, promueva a la brevedad la culminación del proceso de consolidación de las áreas de servicio local de telefonía, considerando la proximidad geográfica de las localidades como un criterio básico para redefinir estas áreas.
Señor presidente, le ruego considere agregar este segundo resolutivo al punto de acuerdo que se ha presentado y lo ponga a consideración para su atención e incorporación tanto al diputado proponente como a la asamblea. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. En los términos del Reglamento, lo tendría que hacer el promovente, pero ya usted lo ha dicho con toda claridad.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: se somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para que sea considerada como de urgente y obvia resolución en relación con la problemática que viven diversos municipios del estado de Nuevo León respecto de la tarifa de telefonía.
El teléfono es una herramienta de comunicación fundamental para millones de seres humanos en el mundo. De ser un invento considerado como un gran adelanto tecnológico, se ha vuelto parte esencial de nuestra vida gracias a la masificación y a los avances tecnológicos que se expresan en su punto de mayor avance con los teléfonos inteligentes.
La realidad inobjetable es que dicho medio de comunicación permite a personas de cualquier condición social tener comunicación con sus familiares, seres queridos, conocidos, clientes, etcétera.
No debemos olvidar que el artículo 2o de la Ley de Telecomunicaciones señala que corresponde al Estado la rectoría del sector. Además, el artículo 7o de dicha ley dispone que el Estado deberá fomentar la sana competencia entre las empresas participantes.
En la actualidad existen 19.7 millones de líneas fijas, las cuales han perdido presencia por el crecimiento exponencial que se ha dado en la telefonía móvil. Podemos afirmar que el mercado de las telecomunicaciones en México aún está en consolidación.
Recordemos que durante décadas fue propiedad estatal, después privada y sólo desde hace pocos años han ingresado otros competidores al sector. Esta situación provoca distorsiones en materia de competencia y de precios al público que no han logrado ser regulados de manera eficiente, por lo que seguimos padeciendo, como consumidores, el deficiente entramado institucional y de mercado.
Lo anterior se demuestra con la problemática que se busca llamar la atención con el punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Pedro Pablo Treviño. Existen poblaciones que son adyacentes o están cercanas a un centro urbano y sin embargo se sigue cobrando el servicio de larga distancia, lo que provoca afectaciones al bolsillo de los habitantes de dichas poblaciones. Es por ello que creemos que el punto de acuerdo presentado es pertinente.
Esta soberanía ha promovido diversos exhortos en el mismo sentido. Además, ha aprobado modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones buscando beneficiar a los usuarios del servicio de telefonía, la más reciente, el cobro por segundo en los equipos celulares. En dicha reforma fue dictaminada una propuesta de nuestro grupo parlamentario.
Los diputados federales del Partido del Trabajo estamos comprometidos con generar mejores condiciones de competencia en los mercados, en beneficio de los consumidores, por lo que coincidimos con la proposición en comento.
No obstante lo anterior, hacemos un llamado a las fuerzas políticas aquí representadas a que en el momento en que discutamos las reformas en materia de telecomunicaciones, incluyamos la solución a ese tipo de problemas en la ley, lo que generará mayor certeza jurídica para empresas y consumidores.
Concluyo, por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor el punto de acuerdo en comento. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, primeramente quisiera expresar mi felicitación, mi reconocimiento al diputado Pedro Pablo Treviño por esta iniciativa que si bien hoy está referida al estado de Nuevo León, es un problema que se presenta en términos generales en la mayoría de los estados de la República.
Quisiera decir que el Estado mexicano, más específicamente el Congreso de la Unión, y particularmente esta Cámara, no ha hecho nada significativo para promover la competitividad en materia de Telecomunicaciones.
El resultado es desastroso. Los mexicanos pagamos más por nuestras comunicaciones que casi cualquiera de nuestros socios de la OCDE. Esta vez ha tocado el turno a Nuevo León, pero lo cierto es que la problemática que se plantea muy atinadamente en el presente punto de acuerdo es similar en diversas regiones del territorio nacional, donde el servicio telefónico de larga distancia se sigue aplicando sin reconocer la realidad de amplias áreas que con el tiempo se han constituido en zonas conurbadas.
Enfatizamos que el mantenimiento de la tarifa de larga distancia en Nuevo León, principalmente, y en los centros urbanos mayores a 100 mil habitantes, y las localidades que se encuentran en un radio de 200 kilómetros, no sólo afecta a las actividades económicas de los diferentes municipios, que es el principal argumento por el que solicita el ajuste, sino que tienen repercusiones sociales profundas.
Todos los monopolios privados son un lastre para el desarrollo de nuestro país. Telmex, por ejemplo, aprovechándose de que detenta poco más del 90 por ciento del mercado de líneas fijas en México, llega al extremo de que en algunos municipios del territorio nacional de una calle a otra, se considera una llamada de larga distancia.
En 2006, la Cofetel inició el proceso de consolidación de áreas de servicio local, a través del cual los usuarios de telefonía fija y móvil de ciudades aledañas dejarían de pagar tarifas de larga distancia, beneficiando así a más de 200 zonas del país, sin embargo, Telmex logró una suspensión para evitar este proceso, argumentando que era inviable.
Por lo anteriormente expuesto es que nos sumamos al llamado que se hace a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que actué en este caso evaluando y llevando a cabo las acciones que correspondan a fin de modificar la clasificación de las tarifas aplicables a las llamadas telefónicas, entre los municipios de Nuevo León, para que sean considerados como servicio local.
Hago énfasis en que este llamamiento no vulnera la libertad comercial de los concesionarios de servicios de telefonía fija, pues el ajuste tarifario no implica inversión alguna en la infraestructura de telefonía y por el contrario, logra maximizar el aprovechamiento de la ya existente.
Por todo lo antes mencionado es que nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo en cuestión. Muchas gracias a todos por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, de nueva cuenta participamos desde esta tribuna como lo hicimos en el periodo pasado de sesiones, en el cual nosotros respaldamos una propuesta que hicieron mis compañeros diputados de la fracción del PRI, de Baja California, en el cual se estaban viendo afectados por este tipo de problemas de tarifas, una zona importante del Valle de Mexicali, y con ello algunos poblados y delegaciones municipales.
El mismo caso se presentaba –y lo comentamos con algunos diputados amigos, como Felipe Arturo Camarena y el diputado Bribiesca- en el sentido de que también se presentaba esto en el estado de Guanajuato y algunas otras partes del país.
Es por ello que este tema de la homologación de tarifas de los servicios de telefonía fija es para nosotros un tema importante en el Partido Verde, porque es un tema de cobro injustificado en llamadas de larga distancia.
El servicio es ineficiente por parte de las compañías de telefonía y es una constante en México, lo cual resulta costoso y poco competitivo. Aquí ya comentaba nuestro compañero diputado Durazo, acerca de las cifras de la OCDE, México gasta alrededor de 25 mil millones de dólares debido a la falta de competencia, por lo que los precios son extremadamente elevados para los consumidores.
Estas prácticas nos conducen a una economía con distorsiones muy graves en el mercado de las telecomunicaciones, en lo que no se ha permitido la entrada de nuevos concesionarios que ofrezcan un servicio eficiente y competitivo.
Es injusto que los consumidores siempre sean los afectados por un servicio caro e ineficiente, y es de todos conocido que las compañías telefónicas se aprovechan de la situación y ofrecen un producto que de ninguna manera se asemeja a los estándares internacionales ni en precio ni en calidad.
México sigue posicionado en los últimos lugares de penetración de los servicios de telefonía fija y de los más caros del mundo. Es por ello, que no sólo resulta necesario que se homologuen las tarifas, sino que se impongan sanciones a quienes cobren como larga distancia las llamadas que se hacen a comunidades aledañas.
Por lo anteriormente expuesto y a propuesta de esta iniciativa de nuestro compañero de Nuevo León, Pedro Pablo Treviño, que también te felicito, el Partido Verde te respalda y nos pronunciamos a favor de este punto de acuerdo, con la finalidad de que las tarifas sean homologadas en los centros urbanos y comunidades más cercanas y no sean consideradas de larga distancia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Purificación Carpinteyro, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Buenas tardes a todos, compañeros. Espero que esta primera sesión sea auspiciosa y muy productiva, igual que el resto, y que podamos realmente consolidar una serie de acuerdos que hagan que precisamente seamos el eje transformador de nuestro país.
El diputado, la propuesta, el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, que propone el diputado Pedro Pablo Treviño, se suma a una serie de otros puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, que han sido propuestos con anterioridad, para el estado de Veracruz, para varios estados, y de hecho las Comisiones Unidas tanto de Telecomunicación como de Radio y Televisión, tuvimos una sesión con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a mediados, más bien, a fines de diciembre, en donde la Cofetel nos expuso precisamente cuáles eran los temas que estaban siendo analizados y evaluados para poder llevar a cabo la consolidación de estas áreas locales.
Algunos puntos solamente quisiera yo acotar, primero que nada, señores diputadas y diputados, quisiera mencionarles que nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones establece el principio de la libertad tarifaria, con la única excepción del operador dominante, es decir, al único que le establece tarifas máximas es a Teléfonos de México. El resto de los competidores pueden establecer las tarifas que quieran sin que pueda existir ningún tipo de limitación.
Por tanto, nada obsta que en ánimo de competir, los competidores de Teléfonos de México pudieran establecer tarifas diferenciadas. Y en el caso de Nuevo León, estoy hablando de empresas como Axtel, o como Cablevisión de Monterrey, que bien a bien pudieran ofrecer tarifas que pudieran ser muchísimo más atractivas y sin duda, atraer más clientela.
Curiosamente, la telefonía fija, quiero decirles, en vez de haber crecido en nuestro país, ha venido decreciendo. Poco a poco vemos que la telefonía móvil ha ganado espacio y de 20 millones de líneas que teníamos hace poco, ahora ya estamos en menos de 19 millones, cuando en el resto de todos los sectores ha ido creciendo.
Señores, México necesita inversiones en telecomunicaciones. No seamos ciegos, no perdamos el tiempo discutiendo. Lo que yo creo que ciertamente es un problema serio, pero no es nada más la larga distancia nacional, es cómo le vamos a hacer para darle a todos los mexicanos acceso digital. Cómo le vamos a dar acceso a las nuevas tecnologías. Eso sí es de urgente u obvia resolución.
Hablemos de una reforma integral al sector de las comunicaciones. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y no nada más de larga distancia. Y ciertamente, no nada más para el estado de Nuevo León. Nuevo León es México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, todos somos México.
Vayamos por todo, no nada más por un estado y no nada más por un servicio que ya quedó en épocas de la prehistoria.
Por eso, yo los conmino a que lo que sea de urgente u obvia resolución sea una reforma integral a las telecomunicaciones, tal y como nos lo ha prometido el Pacto por México. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Alberto Coronado Quintanilla: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la telefonía es esencial para la comunicación entre las diferentes poblaciones del país.
En este sentido, el Estado tiene la atribución de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional, fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, a fin de que estos presten con mejores precios en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social.
La interacción entre zonas, donde existe un constante movimiento entre los habitantes de municipios vecinos, lo encontramos en el caso concreto del estado de Nuevo León.
La Comisión Federal de Comunicaciones, junto con los concesionarios, tiene que encontrar soluciones a fin de llevar a la brevedad la consolidación de áreas de servicio local.
En Acción Nacional hemos presentado propuestas y nos hemos pronunciado a favor de la consolidación de las áreas de servicio local en todo el país, tal ha sido el caso de nuestra diputada Adriana Dávila en la LX Legislatura, en la que presentó un punto de acuerdo para reducir las claves ladas asignadas al estado de Tlaxcala, el cual se dictaminó favorable, sin embargo hasta la fecha no se ha podido favorecer a los habitantes de esa entidad.
Hoy, nuestros ciudadanos nos demandan mayores y mejores servicios con bajas tarifas y una mayor cobertura. Entendemos que nuestro sector presenta complejidad con los diferentes operadores. Sin duda debemos ser respetuosos del marco jurídico y de las instituciones para que den pronta solución a esta problemática.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de la propuesta, considerando que es urgente la consolidación de áreas de servicio local en aras del interés público que se manifiesta en los diversos municipios de la república, a fin de beneficiar principalmente a las familias que más requieren de estos servicios.
Adicionalmente nos sumamos a la petición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para que se adicione el segundo resolutivo en los términos propuestos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente tiene la palabra el diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Roberto Ruiz Moronatti: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Estado moderno resulta innegable el impacto de las telecomunicaciones y, en particular, el de la telefonía como punto de partida, por supuesto desde una perspectiva socioeconómica.
Todos sabemos que el acceso al servicio de telefonía incide directamente en el crecimiento de la productividad de una comunidad y en la calidad de sus servicios. De igual forma tiene un rol protagónico en la consolidación de derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la integración familiar y la seguridad personal.
Un servicio de telefonía caro y deficiente impide el goce completo de los derechos antes mencionados y se constituye como un freno de crecimiento económico de los individuos, así como de sus familias, sus comunidades y de los agentes productivos que se devuelven en tal contexto.
Hoy el progreso y el desarrollo de los países ya no solo se mide por la acumulación de sus activos, sino también en función del desarrollo humano, así como de los estándares de vida de quienes los habitan y los conforman. En ese sentido es que a la consolidación de una telefonía de calidad a precios justos y accesibles es uno de los requisitos más elementales para lograr el progreso de la sociedad mexicana en lo colectivo y en lo individual.
Las instituciones y las autoridades debemos procurar la modernización del marco regulatorio de telefonía, que garantice la satisfacción de los requerimientos de los usuarios teniendo un impacto directo en sus condiciones de vida. México es un mosaico, por lo tanto las condiciones sociales, culturales, económicas y geográficas varían de región a región. Nuestras situaciones no son homogéneas, por lo que es menester reconocer dichas diferencias y actuar en consecuencia.
Por lo anterior debemos establecer que el cobro de tarifas de larga distancia en la telefonía en nuestro país no se han adaptado a la comunicación, que hoy es mucho barata y accesible gracias al Internet.
Por lo antes expuesto debemos favorecer todas las medidas necesarias para extender la red de telecomunicaciones a lo largo y ancho del país, pero a precios justos, de manera suficiente y adecuada para beneficiar el desarrollo socioeconómico de la población.
En el Partido Revolucionario Institucional estamos conscientes que la infraestructura trae implícito el progreso, que mejores condiciones y calidad de los servicios generan crecimiento, razón por la cual suscribimos, apoyamos y votaremos aprobatoriamente el proyecto en comento. Es cuanto y suficiente, señor presidente. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. En razón de que el Grupo Parlamentario promovente ha manifestado su aceptación de la propuesta de adición que presentó la diputada María Sanjuana Cerda Franco, voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a ese tercer resolutivo, y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se acepta que se agregue a la propuesta presentada.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Tercero. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el marco de sus atribuciones promueva a la brevedad la culminación del proceso de consolidación de las áreas de servicio local de telefonía, considerando la proximidad geográfica de las localidades como un criterio básico para definir esas áreas.
El Presidente diputado José González Morfín: Pregunte a la asamblea si acepta que se adicione la propuesta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la adición propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la propuesta ahora ya adicionada es de aprobarse.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios en la integración de comisiones. Le voy a pedir a la Secretaría que proceda a darle lectura.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento ciudadano.
Comisión de Justicia
Baja, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante.
Movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo del Partido de la Revolución Democrática.
Comisión de Protección Civil
Baja, diputado Fernando Zárate Salgado, integrante. Aún no hay alta.
Comisión de Justicia
Alta, diputado Fernando Zárate Salgado, integrante.
Movimientos solicitados por el diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comisión de Juventud
Alta, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, integrante
Alta, diputada Jessica Salazar Trejo, integrante.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración. Firma el diputado Luis Alberto Villarreal.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De enterado.
El Presidente diputado José González Morfín: En el último punto que vamos a abordar el día de hoy y, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a instalar una mesa de negociación interinstitucional, a fin de solucionar el conflicto social por la construcción de una presa hidroeléctrica en el Municipio de Olintla, Puebla.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras, buenas tardes. Diputado, con su venia. Los suscritos Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y Carlos de Jesús Alejandro e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en lo siguiente.
Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 mil millones 994 mil 312.7 hectáreas del territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación.
En Puebla son 11 millones 325 mil hectáreas que se entregaron a las compañías nacionales y extranjeras.
Las afectaciones al medio ambiente, al agua y a la población, en especial al entorno social y cultural en el lugar en donde están asentadas las mineras.
No se ha tenido ninguna reserva alguna para su destrucción. Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán, los estados de mayor biodiversidad en México, son precisamente los más afectados en las concesiones mineras y en donde también se están construyendo presas para facilitarles a estas compañías su producción y regalándoles el agua.
En Puebla son Tulcingo de Valle, de Tela de Ocampo y Olintla, las regiones más afectadas por las mineras y donde se ha organizado la población en resistencia para impedir estas afectaciones a los ecosistemas.
Pero es precisamente allí en donde la represión del gobierno federal, de los gobiernos municipales y el estatal se ha concentrado.
El ejemplo más crudo lo encontramos en la comunidad de Ignacio Zaragoza, del municipio de Olintla, que el pasado 26 de enero los pobladores y grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México, fueron retenidos con un grupo de gente azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla.
Al término de la asamblea en la comunidad donde se dieron a conocer los efectos nocivos que la planta provocará en los márgenes del río Ajajalpan, además de la explotación de ésta, la cual forma parte de un proyecto mayor para explotar minas de oro y plata en la región.
Desde el 5 de diciembre del 2012, los pobladores sostienen un plantón cerca de la rivera de Ajajalpan y que éste, el presidente municipal, intentó en esa fecha iniciar la construcción de la hidroeléctrica sin consentimiento de la población.
La ley es muy clara y los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de las medidas legislativas o administrativas que pueden afectar.
De acuerdo a lo que se establece en el artículo 1o., constitucional, los convenios signados por nuestro país son la ley suprema y son de obligatorio cumplimiento.
También lo establecen los artículos 6o., 15, 17, 22 y 28 del Convenio 169 de la OIT. Se tiene conocimiento que a las 17:00 horas del 26 de enero del presente los integrantes de la movilización pacífica emprendieron la retirada, pero les salió al paso una turba encabezada por el edil, quien les dijo que sólo podían irse de Olintla si firmaban un documento comprometiéndose a nunca más regresar.
De entre la turba surgieron gritos diciendo que lincharían a los activistas y los quemarían vivos. A las siete horas llegó un contingente de la policía estatal, pero sólo se mantuvo a la expectativa.
Durante la primera semana de enero policías estatales iniciaron un plantón frente al campamento instalado por la comunidad, una clara acción de intimidación, mientras el edil y el síndico municipal presionaron a los pobladores para dejar pasar máquinas y permitir los trabajos preliminares.
Es importante señalar que Grupo México, empresa que pretende construir la hidroeléctrica, ha sido vinculado con denuncias de omisiones y violaciones a los derechos humanos y es señalado como responsable de la tragedia de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, entre otros temas, en donde está involucrado el grupo que encabeza Germán Larrea Mota.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pedimos que se someta a consideración como de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al honorable ayuntamiento de Olintla, Puebla, al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Gobernación federal a instalar una mesa a fin de solucionar el conflicto social sobre la construcción de la hidroeléctrica del Grupo México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador Rafael Moreno Valle y a las autoridades municipales a garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades, el Estado tendrá la obligación no sólo de consultar a éstos, sino también de obtener el consentimiento libre y previo e informado de éstos, según las normas que establece el artículo 169 del convenio de la OIT. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. No está en este momento en el recinto. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Le rogaría, señor presidente, que no me descuente el tiempo de lo que voy a comentar, ya que se ha cambiado de último momento el tema de los ex braceros. Es una pena que precisamente, de último momento, se haya retirado este tema tan importante y que se haya sustituido por este en particular, no menos importante, pero a qué estamos jugando.
Ahora veamos la cantidad de compañeros que estamos aquí. Veamos la ausencia de tantos en nuestro primer día de sesiones. Entonces, nos pagan para esto. Pero sí quiero denunciar aquí, ante todos ustedes, que se está cambiando el tema de último momento.
Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, el punto de acuerdo a discusión se refiere a la instalación de una presa hidroeléctrica en el estado de Puebla, lo cual genera descontento y abuso a los habitantes de Olintla, Puebla.
Durante muchos años vemos que los intereses de algunos cuantos pesan mucho más que la generalidad de la sociedad. Tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad han sido objeto de los saqueos más desalmados, y de los actos de corrupción más emblemáticos y monumentales. Ambas paraestatales han sido diezmadas por prácticas funestas de manera inconstitucional e ilegal, pero cobijados en la desvergüenza y la impunidad. Los directivos de dichos organismos han celebrado un sinfín de contratos con empresas privadas que disparan exponencialmente los costos de funcionamiento de las paraestatales.
Además, los mecanismos de asignación de tales contratos se han caracterizado por implicar procedimientos turbios y poco transparentes. La administración de la paraestatal se caracteriza por su proclividad a impulsar la participación de empresas privadas en la generación de energía eléctrica, violando flagrantemente con ello la última parte del sexto párrafo del artículo 27 constitucional.
Ahora bien, el caso en comento, es un claro ejemplo de este tipo de prácticas, donde sólo se piensa en el bienestar económico de unos cuantos sin tomar en cuenta los daños colaterales que esto podría ocasionar; en este caso, para la comunidad indígena de Olintla. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, señor presidente. México ha incorporado a la sustentabilidad dentro del artículo 25 de nuestra Carta Magna, en ella determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Bajo este principio de conservación de los recursos naturales se ha orientado la planeación nacional de desarrollo.
Debemos reconocer que uno de los sectores más importantes para favorecer el crecimiento y el desarrollo del país es el energético, por ello la visión 20-30 para este sector es que opere con políticas públicas y un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita contar con una oferta diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos maximizando la renta energética, asegurando al mismo tiempo un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.
Es evidente que los pronósticos del sector muestran que la demanda eléctrica irá en aumento, sin embargo, ante la problemática ambiental que genera la producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles se está impulsando la diversificación de fuentes primarias para la producción eléctrica, con una tendencia a disminuir su producción basada en combustibles fósiles, la cual actualmente oscila en el 60 por ciento.
La producción hidroeléctrica nacional representa actualmente cerca del 12 por ciento del total de la energía eléctrica y la tendencia va en aumento. No obstante, el impulso de la diversificación energética mediante la construcción de hidroeléctricas no en todos los casos es la mejor opción, ya que provocar la inundación de grandes extensiones de terreno no siempre resulta ambientalmente viable, ya que afecta las especies de vida silvestre que se distribuyen en esas regiones, provoca conflictos sociales y muchas veces esto conlleva la pérdida de predios a cargo de particulares y el desplazamiento de comunidades.
Por ello, el Partido Verde se manifiesta a favor del presente punto de acuerdo, ya que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo sustentable y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población que se ubica en estas regiones, más aún cuando se trata de comunidades indígenas.
Reprobamos cualquier práctica de incineración como las presuntamente realizadas por las autoridades municipales de Olintla y exhortamos a la empresa responsable de la construcción a conducirse con legalidad y respeto ante la ciudadanía.
Por ello, a nombre de mi grupo parlamentario insto al gobierno federal, para que por medio de la Semarnat, CFE y la Secretaría de Gobernación, se instale una mesa de diálogo a fin de coadyuvar en la solución de este conflicto y evitar que sean violentados los derechos humanos de la población inconforme.
Debemos privilegiar el diálogo y el respeto a la legalidad en los procesos y debemos evitar que se sigan dando deudas históricas como la que CFE tiene en Chiapas, por la inundación de terrenos por la construcción de presas hidroeléctricas, y que insisto, son saldos todavía con la población rural de mi estado. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra por tres minutos, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Con su permiso, señor presidente. El artículo 2o. constitucional establece el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, cuando haya procesos administrativos o legislativos que les afecten.
El artículo 1o. constitucional eleva a rango constitucional los convenios y tratados internacionales del que nuestro Estado, nuestra nación, ha signado y es parte. Así pues, se encuentra vigente desde 1991 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que en su artículo 6o. establece también este derecho a la consulta ante todo proceso legislativo, administrativo, que afecte a los pueblos indígenas.
La Declaración de Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en el mes de septiembre del año 2007, refuerza este derecho a la consulta y establece que la consulta hacia los pueblos indígenas cuando haya estos procesos administrativos o legislativos, o cuando haya proyectos de desarrollo o de inversión en territorios y comunidades indígenas, debe de realizarse la consulta de buena fe hacia los pueblos indígenas, con los principios del consentimiento libre, previo e informado.
Entonces, existe el derecho jurídico de los pueblos indígenas a ser consultados ante estos procesos. Pero aún más, el Ejecutivo federal acertadamente acaba de nombrar a un comisionado para el diálogo nacional con los pueblos indígenas, mostrando sin duda la voluntad y la disposición política para atender la problemática social, cultural, política y económica, que tienen nuestros pueblos indígenas.
En la pasada reciente sesión de la Comisión Permanente, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las Juntas de Coordinación Política, del Senado y de ésta honorable Cámara de Diputados, para instalar la Comisión de Concordia y Pacificación, que sin duda tiene que asumir, dentro de su agenda, el diálogo, el acuerdo, la concertación y la conciliación ante la problemática que tienen los pueblos indígenas.
Entonces, creo que esta honorable asamblea debe de aprobar este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para atender esta problemática, que es una muestra de las diversas problemáticas que se presentan a lo largo del territorio nacional ante la amenaza de este tipo de obras, que en nombre del desarrollo atentan contra la integridad, contra el tejido social y contra la desaparición de las culturas de los pueblos indígenas.
Sin duda, yo creo que exhorto a mis hermanas y hermanos legisladores de origen indígena y a las demás legisladoras y legisladores de no origen indígena, a que mostremos sensibilidad ante este tema y coadyuvemos a que se instale una mesa de diálogo y negociación para atender esta problemática social en el territorio de Puebla.
Solicitamos, asimismo, respetuosamente, a esta Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara, a conformar un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores, a fin de darle seguimiento puntual a este conflicto social ante esta construcción de esta obra hidroeléctrica, que la diputada que me antecedió ha dicho y ha demostrado los estragos que ocasiona en los pueblos indígenas. Y que atendamos también los demás conflictos sociales que existen en los diversos territorios indígenas de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, por tres minutos, el diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo: Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Efectivamente, en las zonas de Olintla está en proyecto esta hidroeléctrica del estado de Puebla, de donde provenimos. Queremos decirles que ahí, este proyecto, efectivamente, va a tener unos resultados exitosos, esperamos cerca de 300 empleos.
Olintla es una comunidad 100 por ciento indígena. Hasta hace unos años era de los municipios más marginados. Ahí el tema del alcoholismo, de la desnutrición, de la falta de empleo, son de los más severos. Ahí inició el programa Progresa hace muchos años y ahí es donde precisamente queremos que haya fuentes de empleo.
En ese sentido, no solamente en la mixteca poblana, como pasa en muchos estados de nuestro país, sino en la Sierra Norte, ahí en Puebla, donde están emigrando, ya no solamente en la zona mixteca sino los pobladores y sobre todo de comunidades indígenas en los municipios de la Sierra Norte, es donde debemos llevar empleo, es donde la gente quiere tener trabajo para darles algo de comer a sus familias.
Y en ese sentido, no estamos defendiendo ninguna empresa, ninguna forma de cómo se dio, ninguna forma legal respecto a cómo se llevan a cabo los proyectos.
Lo que sí no podemos permitir es que se diga que con la injerencia de grupos poblacionales, que no son de la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, que no son del municipio de Olintla, que concretamente es la... que gente de Gente de Cuetzalan, de Huehuetla, que desde aquí les mandamos un saludo cariñoso, pero que si llegamos a crear inestabilidad en una población que el 100 por ciento de los que viven ahí, en la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, del municipio de Olintla, quieren el proyecto hidroeléctrico, cuando eso se desestabiliza vienen este tipo de situaciones y vienen este tipo de exhortos a los que no estamos de acuerdo.
No podemos exhortar a un gobierno del estado de Puebla que ha garantizado, sobre todo, los derechos humanos de las personas. Donde efectivamente, el sábado 25 hubo una reunión con pobladores de la comunidad Ignacio Zaragoza, con organizaciones no gubernamentales, donde participó el visitador de la Comisión de los Derechos Humanos, Fernando Salazar Macías, donde estuvieron ahí autoridades de la Secretaría de Gobernación, del gobierno del estado de Puebla, los mismos del ayuntamiento. Directivos de la Semarnat, incluso, y donde existe un diálogo importante para solucionar el conflicto.
Había un problema, únicamente con ocho familias, donde el trazo de la propia presa se modificó para evitar esos conflictos y que ya se los resolvieron.
Ahorita la población está en calma, la población quiere el proyecto de la hidroeléctrica. Los activistas, esos que de alguna forma desarrollan esa inestabilidad, de alguna forma ya se han retirado. Sin embargo, existe el diálogo permanente, el gobierno del estado ha puesto las condiciones para poder seguir este diálogo de manera respetuosa y transparente. Y sobre todo, que exista una respuesta inmediata, pero sobre todo, que se le dé empleo a la gente y que tengamos lo que tanto necesitamos, que es apoyar a nuestra sociedad y sobre todo a la población indígena.
Qué bueno que hay este tipo de proyectos y no solamente ahí, efectivamente, en Tulcingo de Valle, efectivamente, en Tetela de Ocampo, es donde esas zonas, es donde más está emigrando la gente y donde más debemos dar respuesta.
En este sentido no estamos de acuerdo con este exhorto, pero quiero decirles que están estos comités, está ese diálogo con todas las autoridades y estamos en la mejor disposición de mantenerlo no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal y ante la federación para que lleguemos a un buen puerto en este proyecto que se requiere para la gente de esta zona de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Josefina García Hernández: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Josefina García Hernández: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hago uso de la tribuna para en primer lugar señalar que el municipio de Olintla –que está inscrito al distrito 04, con cabecera en Zacapoaxtla, Puebla– corresponde a su servidora, que actualmente represento a la población de este distrito.
Ciertamente es una gran preocupación lo que se genera con el tema de las hidroeléctricas y de las mineras en el estado de Puebla. Considero y hago patente que los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados, sobre todo si se trata de modificaciones que puedan alterar las tierras donde residen que vulneren sus hábitats.
Como bien sabemos, y partiendo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y del artículo 2o. de nuestra Constitución, los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que le pueden afectar, por lo que cualquier acto que implique alteraciones en su entorno debe ser analizado entre las partes.
En el estado de Puebla se tiene considerada la construcción de seis hidroeléctricas y 22 proyectos mineros, en este caso nos atañe la construcción de una planta hidroeléctrica en el municipio de Olintla con la finalidad de abastecer energía eléctrica.
Si bien estamos de acuerdo con la creación de infraestructura y generación de empelo también estamos de acuerdo con un proyecto que se apegue al marco jurídico de nuestro país, y que se respete plenamente los derechos de los pueblos indígenas y que no se altere su hábitat y su ecosistema.
Es por ello, y resulta imprescindible en que las partes involucradas estén informadas de los beneficios o, en su caso, de las alteraciones que pueden surgir por la construcción de una planta hidroeléctrica, que no existan especulaciones, que existan datos reales de las partes concernientes, que exista un diálogo para generar soluciones a este conflicto entre los pobladores, autoridades federales, estatales y locales, así como de las empresas encargadas de dicho proyecto, que se antepongan los derechos de las comunidades indígenas.
No solamente en Olintla se ha dado esta inconformidad, y como diputada del distrito quiero también informar que he estado muy atenta e involucrada en el tema como es el caso de la hidroeléctrica que se pretende instalar en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, en donde una servidora ha estado muy de cerca con autoridades municipales, con las autoridades estatales y por supuesto con los pueblos indígenas y lo que siempre se ha exigido es que la información sea transparente para que las decisiones que se tomen sea con el involucramiento de los pueblos indígenas.
El Grupo Parlamentario del PRI está de acuerdo con el punto de acuerdo que presentan los compañeros del Partido de la Revolución Democrática en el acuerdo, punto uno, en donde se busca que se instale la mesa de diálogo para solucionar el conflicto, en donde se exhorte al ayuntamiento de Olintla, al gobierno de puebla, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Gobernación, a fin de que se instale esa mesa de negociación interinstitucional con el objeto de solucionar el conflicto social de la construcción de esta hidroeléctrica y en este municipio. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones del presidente, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que las iniciativas registradas en el orden del día de esta sesión se incluirán en el orden del día de mañana, en tanto que las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 7 de febrero a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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