Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con retiro de iniciativa
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con respuesta a punto de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con calendario y acuerdos
Solicitud de licencia del diputado Fernando Jorge Castro Trenti
Iniciativas de diputadas y de diputados
José Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano
Francisca Elena Corrales Corrales, PRI
Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, PAN
Vicario Portillo Martínez, PRD
Mario Rafael Méndez Martínez, PRD
Francisco Alfonso Durazo Montaño, Movimiento Ciudadano
Carlos de Jesús Alejandro, PRD
Guadalupe Socorro Flores Salazar, PRD
José Enrique Reina Lizárraga, PAN
Lourdes Adriana López Moreno, PVEM
Proposiciones de diputadas y de diputados
Instrucción para declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Justicia
Acuerdo de la Junta, relativo a cambios en comisiones
Amalia García Medina, PRD, relativo al tema migratorio
Turno a las iniciativas y proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A las 11 con 8 minutos, se ruega a la Secretaría informar a esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:08): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo escucho con un enorme gusto. Haga uso de la palabra, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Nosotros queremos llamar la atención que en el punto del orden del día referente a las proposiciones calificadas como de urgente u obvia resolución, hubo una alteración a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política toda vez que en la sesión que tuvimos el pasado jueves 31 de enero, se habían convenido los temas de urgente u obvia resolución para la sesión del día de ayer y para la sesión del día de hoy.
En la sesión del día de ayer cambiaron una proposición de urgente resolución y hoy nuevamente lo vuelven a hacer con el punto que se refiere a condenar la agresión contra turistas españolas.
Nosotros no vamos a rehuir el debate. Nosotros estamos de acuerdo en que se trate, pero no podemos dejar de llamar la atención, primero, que se violaron los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Y aunque sabemos que la Junta de Coordinación Política es la que propone y el pleno es el que tiene la última palabra, como lo hemos señalado en otras ocasiones, particularmente el diputado Alfonso Durazo ha sido muy enfático sobre ese tema, creemos que se está violando el procedimiento y están tratando de dar un albazo.
Pero para que no se piense que rehuimos el debate, adelante, discutamos este tema como otros que hay en la agenda del país y desde luego que esperemos que los grupos que hoy lo promueven, particularmente el Partido Revolucionario Institucional, cuando haya otros temas no le saquen la vuelta con recovecos reglamentarios.
Ese es el tema que queremos tratar, señor presidente; pero el grupo parlamentario finalmente está dispuesto a que se discuta el primer punto listado como proposición de urgente u obvia resolución. Es cuanto.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada. ¿Con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Corrales.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Señor presidente, con su permiso. Las únicas que fueron violadas fueron las mujeres, que fueron violadas en Acapulco, no se está violando aquí absolutamente nada ni el orden del día, por lo que pedimos se respete el acuerdo en la Junta y que continúe el punto en el orden del día. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Alfonso Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Sobre el orden del día una cuestión de procedimiento, señor presidente si el punto no lo incorpora la Junta de Coordinación Política y tampoco lo aprueba el pleno ¿quién define el orden del día? Número uno.
Número dos, ya que de alguna manera llegó el tema a la agenda, creo que es pertinente abordarlo. No debemos eludir el tema, como se han eludido otros de urgente y obvia resolución. Hagámoslo en este momento; pero definamos, presidente, de qué manera vamos a ordenar el debate en este pleno, de qué manera vamos a definir el orden del día, cómo es que puede llegar, por qué conducto extraño llega un punto a la agenda del pleno que no fue propuesto por la Junta de Coordinación Política ni aprobada por este pleno.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Sí, diputado Manuel Huerta. Con qué objeto, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Si me permite la palabra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No estamos abriendo en este momento un debate y, si me permite un momento, le voy a contestar al señor diputado don Alfonso Durazo que, como usted, merece mi consideración y atención.
Señor diputado don Alfonso Durazo, las respuestas a sus interrogantes las podrá usted encontrar en los artículos 59, 60, 61 y 62 del Reglamento y ese extraño conducto al que usted se refiere se lo muestro con todo aprecio, se lo mando en este momento. Es un oficio de la Junta de Coordinación Política.
Don Manuel Huerta, con qué objeto.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Se trata de que también en nuestra fracción, de la cual soy parte, vimos esta forma extraña de retirar el tema de los braceros.
No estamos obviamente en desacuerdo en que se toque el tema de los sucesos en Acapulco. Nos llama la atención porque tenemos tiempo suficiente para atender estos temas. Inclusive ayer estuvimos al pendiente para tocar otros temas nacionales que tienen tanta urgencia de resolución como es justamente el ver los sucesos de los eventos ocurridos en Pemex y ayer usted mismo, que ya no es extraño que falte a su palabra, a diputados del PAN les hacía señalamientos de que se iba a plantear el día de ayer y durante toda la sesión no lo vimos.
No nos es extraño, insisto, que usted falte a su palabra, pero pedimos que ahorita se vote que se incluyan estos temas en el orden del día por obvia y urgente resolución.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Honorable asamblea, esta Presidencia comunica que se recibió durante el primer receso del primer año de ejercicio oficio de diputados por el que se solicitaron el retiro de sus iniciativas.
De conformidad con el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, por el que se solicita que su iniciativa que reforma a la Ley de Migración, sea retirada de la Comisión de Asuntos Migratorios.
Palacio Legislativo de san Lázaro a 7 de febrero de 2013. Diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Retírese de la Comisión de Asuntos Migratorios y actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados durante el primer receso de la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a los promoventes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el cuarto informe trimestral del ejercicio 2012, sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso, relativo a la información de créditos contratados con estados y municipios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Cámara de Senadores, por el que exhorta a las Comisiones de Desarrollo Rural, de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores; a las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, a instalar una mesa de trabajo con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, para que atiendan a los productores e ingenios, ante la problemática actual del precio de la caña.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, y de Desarrollo Rural, para su atención.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Cámara de Senadores, por el que formaliza la plataforma democrática e incluyente que funcionará a través del foro permanente para la consulta, el análisis y la construcción del proyecto de la Ley General de Partidos, que establece el compromiso número 89 del Pacto por México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el diputado don Fernando Jorge Castro Trenti ha pedido el uso de la voz a efecto de presentar licencia.
Es cierto que no está en el orden del día, también lo es que es una prerrogativa de los diputados. De no haber inconveniente, desde su espacio le ruego al diputado Castro Trenti dé lectura a su solicitud. El mismo tratamiento que le dimos a don Ricardo Mejía. Pase usted a la tribuna.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti: Gracias, señor presidente. Quiero saludar con todo respeto y con todo cariño a las distintas fuerzas políticas y grupos parlamentarios que en esta mañana de sesión ordinaria aquí se encuentra.
Quiero darles las gracias a todos y a todas ustedes, porque en esta Cámara donde campea la pluralidad, donde se han venido discutiendo los temas de fondo de interés general de la república, aprendí, de la mano de cada una de las bancadas y tomé de ellos lo mejor, lo más rico en cuanto a su conciencia y sus causas por la nación, que es posible aliar fuerzas y olvidar diferencias cuando se ponen por encima los intereses generales de un México que reclama responsabilidad.
Vengo, desde hace poquito más de seis años, en un aprendizaje que me ha permitido asumir con mayor cabalidad y mayor conciencia lo que la patria está reclamando. En mi desempeño como senador de la república, aprendí, de la mano de mi coordinador entonces parlamentario Manlio Fabio Beltrones Rivera y de los personajes mexicanos en el Partido Acción Nacional, en el Partido de la Revolución Democrática, en el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el Partido Convergencia y hoy Movimiento Ciudadano, y el Partido Nueva Alianza, cómo se construye un México mejor, un mejor diferente, un México de progreso, a partir de despojarnos de los egoísmos y entregarnos a un servicio que la sociedad ha venido reclamando.
Quiero darles las gracias a todas y a todos ustedes. Dejo un lugar, pero se queda aquí mi conciencia y mi alma, al reconocer el valor de quienes se encuentran aquí y quienes han dado debates pletóricos pero históricos y a la vez llenos de convicción.
Recojo lo mejor de cada uno, me lo llevo a la causa de mi tierra. Lo haré en una competencia política partidaria, en donde confío en que la competencia será leal y legal. Llego con todo el ánimo, con toda la emoción y la pasión de una gente que viene de abajo. Sí, de abajo. Que sabe con prudencia las dificultades y la desesperanza del hambre. Que sabe con prudencia, luchar desde abajo para alcanzar y convertir esos sueños en realidad. Lo hago con un profundo amor a Baja California. Lo hago por un profundo respeto a la diversidad de las fuerzas ideológicas.
No se puede aspirar a hacer el bien y causar el bien con palabras de guerra. No se puede aspirar a generar progreso, generalizar beneficios a la sociedad, lastimando o lesionando al contrario.
Hoy les doy las gracias a ustedes y me retiro de esta labor legislativa. Recorreré mi estado, lo haré con respeto, con ánimo y he invitado a las distintas fuerzas de Baja California a que se sumen en la discusión y en el debate de continuidad o cambio.
He planteado la construcción de una unidad responsable por el cambio verdadero. Muchísimas gracias, amigas. Muchísimas gracias, amigos. Que Dios los bendiga y esperamos pronto que a Baja California le vaya bien.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura a los puntos resolutivos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fernando Jorge Castro Trenti, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir del 7 de febrero del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, sin menoscabo de la obligación que tiene de ejercer a plenitud las facultades que la Constitución y la ley le otorga, quiere reconocer la labor de don Fernando Castro Trenti, de su gran capacidad como ser humano, como amigo, y de su gran contribución, sobre todo en las áreas administrativas y de fomento, y construcción de acuerdos. Le deseamos de todo corazón que la vida le sonría y que su trabajo tenga el éxito que la sociedad bajacaliforniana le tenga deparado. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado Abel Guerra Garza, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
El diputado Abel Guerra Garza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, a finales del siglo antepasado se inicia un proceso global de industrialización que marca el fin de la era económica denominada feudal, donde los mercados eran dominados por las actividades relacionadas con la explotación de la tierra.
Esta situación generó una migración masiva de habitantes de zonas rurales hacia las ciudades que se industrializaban, buscando oportunidades para mejorar las condiciones de sus familias. En México, este fenómeno, se intensifica después de la Revolución.
Actualmente, según el último Censo de Población y Vivienda, cerca del 70 por ciento de la población vive en zonas urbanas, mientras que casi el 60 por ciento de nuestro suelo tiene rasgos de carácter agrario en contraste con la población.
Este Congreso aprobó el 13 de diciembre de 2012 las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objetivo, entre otros, de crear una nueva Secretaría de Estado que tratara este problema y los referentes al óptimo aprovechamiento del territorio nacional así como al ordenamiento de los asentamientos humanos.
La nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano trabaja desde el pasado 2 de enero, fecha en que se publicaron en el Diario Oficial las reformas mencionadas y cuenta con las siguientes atribuciones: impulsar y planear el ordenamiento territorial en coordinación con los otros dos órganos de gobierno; formular políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos; la regularización de la propiedad agraria; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto a la planeación, control y crecimiento; mejorar la calidad de las ciudades y zonas metropolitanas en su infraestructura y servicio; la planeación habitacional y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.
La iniciativa que este día presentamos la diputada Celia Gauna, el diputado Jorge Herrera y un servidor, contiene la propuesta para modificar los artículos 1, 2, 3, 7, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, con el objetivo de substituir a la Secretaría de Desarrollo Social por la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en las facultades que la nueva Ley de Administración Pública le otorga así como incluir en esta Ley General de Asentamientos Humanos las nuevas facultades en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con los que ahora cuenta el Ejecutivo federal.
Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal hacen obligatorio a estas reformas para darle certeza jurídica a la operación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputada.
La diputada Esther Quintana Salinas: Compañeras y compañeros legisladores. El binomio educación y trabajo resulta fundamental para el desarrollo individual y el social, en la medida en que la primera contribuye a formar capital humano necesario para dar paso a la incorporación al mercado laboral.
Hoy día, diversos estudios refieren la imposibilidad de las instituciones sociales de brindar a los jóvenes oportunidades de desarrollo, lo que genera diversos problemas sociales como la falta de oportunidades laborales, la existencia de grupos de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, la dependencia económica de sus padres o que termina involucrándose en adicciones o en actos ilícitos.
Las opciones laborales para los jóvenes hoy día se presentan como inestables y precarias. Eso también promueve fenómenos como la migración, la formación prematura de las familias y la total desarticulación del sector laboral.
En nuestro país la población joven representa más del 40 por ciento del bono demográfico, lo que genera consecuencias para crear condiciones socioeconómicas que integren a este grupo de la población en el sistema educativo y sobre todo en el mercado laboral. De lo contrario, las consecuencias generadas por el excedente poblacional en este grupo de edad puede resultar adverso, agudizando los problemas derivados de una población de edad avanzada.
Por lo expuesto podemos advertir hoy día la insuficiencia de ofertas laborales para los muchachos, lo que impide su inserción al mercado de trabajo y en consecuencia la deficiente calidad productiva en las empresas.
Desde esta perspectiva se pone de relieve la importancia de buscar nuevos esquemas laborales que permitan a la juventud su inclusión en el mercado laboral. En la medida en que se garantice su ingreso y permanencia en el sector laboral, se podrán combatir diversos problemas sociales que aquejan a la sociedad hoy día.
Por lo anterior se propone en esta iniciativa que se considere la capacitación en un sentido amplio que incluya a los interesados en obtener algún título profesional, así como aquellos jóvenes que estando cursando algún grado escolar, están interesados en iniciar su vida laboral a través de la prestación de servicios en un esquema de alternancia de actividad laboral y educativa. Es un sistema que ya se ha implementado en Europa; surge en Alemania y lo han replicado países como Suiza, Austria, Holanda y últimamente España. En Alemania este sistema ha generado una gran aceptación social ya que el 60 por ciento de los jóvenes han optado por este tipo de formación.
Bajo este esquema las empresas ofertan las plazas formativas a través de un contrato de formación a los aspirantes que desean convertirse en aprendices, para ello disponen de formadores entre su personal y el Estado garantiza la formación de estos centros educativos.
En nuestro país en la reciente reforma laboral se incluyeron nuevas modalidades de contratación, periodos de prueba, contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, lo anterior con el propósito de generar las condiciones para que un mayor número de personas, principalmente jóvenes y mujeres pudieran integrarse a puestos de trabajo en la economía formal.
La iniciativa que hoy presento ante ustedes, presenta diferencias con la modalidad de contratación de la capacitación inicial contenida en la Ley Federal de Trabajo vigente, ya que se propone la contratación de jóvenes que se encuentran cursando los últimos dos años de educación superior, con el objetivo de que su inclusión en el terreno laboral sea en forma simultánea a su desempeño académico, es decir, se propone que los jóvenes trabajen en un régimen de alternancia de actividad laboral y educativa con el objeto de que obtengan su certificación educativa y al mismo tiempo adquieran conocimientos y habilidades en el desempeño de un trabajo, asegurando que al concluir sus estudios, ya cuenten con ese empleo que les permita tener una vida digna.
Con la iniciativa se pretende combatir, por un lado, los altos índices de deserción escolar y por otro, los elevados índices de desempleo entre jóvenes, lo cual en consecuencia promovería que entre las empresas existiera una mejor productividad ya que se contaría con personal capacitado y certificado. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 215 Bis al Código Penal Federal, y suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Tomás Torres Mercado: Con su permiso, ciudadana presidenta. Compañeras diputadas, diputados, seré breve porque también es breve la atención y es importante considerar que ir a una lid, el ir a una competencia política a una entidad, alimenta no sólo la expectativa de quien lo hace, sino de todos, en fortalecer la democracia y repito, las buenas lides que alimentan la vida política de este país.
Quiero ser breve. Miren, el día de ayer se hizo el recuento, en el proceso legislativo constitucional, del paso por las Legislaturas locales de la comentada reforma que está en la mesa a la Constitución del país, relativa a los artículos 3o en materia de educación y todo este tema de la institucionalización, de la carrera, del servicio del Magisterio y de los sistemas de evaluación.
También la reforma al artículo 73 que reconoce la facultad a este Congreso para abordar determinados temas vinculados con la materia.
En la reforma al artículo tercero transitorio se señala, se mandata y se compromete al Congreso para dar una legislación secundaria, es decir, que reforme la materia abordada en estos dispositivos constitucionales, particularmente en el tercero.
Yo digo –y es la propuesta que traemos– que no riñe con otras sino que se convierte quizás en una hermana menor que puede ir de la mano con otros temas de mayor trascendencia, que hay un principio fundamental que la Constitución contempla, sin juzgar sobre el rango, que es la educación gratuita.
Sobre todo por la atención prestada, como en mi tierra dirían, para que abandones la mancera del arado o el camino a los Estados Unidos tienes que ir a la escuela. Somos muchos, creo que la mayoría, que tenemos ese origen y ese culto es un principio rector de nuestra vida.
Qué planteamos. Que se reconozca a ser ciudadanía la participación de los padres de familia, de los alumnos, de la comunidad en la gestión, sí, para atender las necesidades escolares, pero que no se condicione, que no se limite el ingreso, que no se condicione la permanencia, que no se deje de expedir la documentación a los interesados, imponiendo contraprestaciones económicas o en especie. Lo que en otras palabras dijimos: las cuotas escolares.
No hay una oposición, hay un respaldo a la gestión ciudadana espontánea, participativa, pero no al condicionamiento unilateral. Por eso estamos planteando una adición al Código Penal Federal –no traigo el texto, pero lo recuerdo–, un 215 Bis al Código Penal Federal que equipara el abuso de autoridad a quien ejerza funciones de autoridad escolar, imponga contraprestaciones económicas o en especie condicionando la permanencia, negando la admisión en la educación en los niveles, en los grados que la Constitución federal de este país establece como obligatoria, pero además gratuita, auténticamente gratuita.
Comprendemos que la propuesta no agota el tema. El asunto va más allá. Trasciende los niveles administrativos de gestión; aborda aspectos presupuestales, de equidad para superar los déficit en la educación en las entidades federativas que dejan determinadas firmas a pesar de su bondad, de ser los auspiciadores del pago de los servicios de energía eléctrica, de agua potable o de los servicios elementales de sanitarios. No se diga de material didáctico y otro.
Sin embargo, la regla menos positiva en la convivencia social es que cuando se viola ley, también el Estado debe manifestar la pretensión punitiva, repito, para algo que es un principio rector fundamental de la educación pública obligatoria en este país. Por su atención, y por su llamado respetuoso, presidente, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado Gutiérrez de la Garza?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para ver si es tan amable de consultar al orador que dado que se trata de un tema que ha sido propuesto de manera conjunta en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRI como del Partido Verde Ecologista de México, tuviese la autorización para que sea suscrita también por un servidor en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Diputado Tomás Torres, ¿tiene algún inconveniente en que se adhiera la firma del Grupo Parlamentario del PRI?
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Al contrario, es un honor.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien, acepta el diputado, y para quienes quieran firmar directamente la iniciativa, la vamos a poner a disposición aquí en la Secretaría para que pasen por favor, a hacerlo si así lo desean. Túrnese ésta a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados.
Me permito someter a nombre de mi compañera, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal y del suscrito, a la consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se agrega una fracción III al artículo 20, recorriéndose las demás en su orden, y adicionando un segundo párrafo al artículo 25; se adiciona una fracción II al 69 y se adiciona la fracción V del artículo 107, todos de la Ley de Migración, por los motivos siguientes.
En un país que comparte la frontera más transitada de planeta resulta fundamental, por motivos éticos y humanos, atender el tema relacionado con el atropello sistemático a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que pretenden alcanzar el llamado sueño americano, circunstancia que ha cobrado especial relevancia dado que día con día en nuestro territorio distintos actores cometen abusos en su contra, siendo abrumadores y brutales los numerosos atropellos, vejaciones y abusos perpetrados en su perjuicio.
La diferencia entre los mexicanos y los migrantes de otros países que viajan ilegalmente a Estados Unidos, es que los primeros se desplazan al interior de su propio país, mientras que los segundos tienen que atravesar uno o más países para cruzar al otro lado.
Como todos sabemos, para internarse en territorio mexicano la mayoría de los migrantes centroamericanos utilizan los trenes de carga que pasan cerca de la frontera sur, como la famosa Bestia, que observamos a través de los medios de comunicación sin que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Se exponen a perder una mano, un brazo, las piernas o la vida misma, al ser arrollados como desgraciadamente ha sucedido, pero éste es sólo el primer peligro que enfrentarán; el punto más crítico en las rutas de tránsito de los migrantes se encuentra en los controles migratorios.
El camino que escogen para evitarlos generalmente es más inseguro, lo que deriva que sean víctimas de robo, extorsión, encarcelamientos ilegales, golpes y hasta la privación de la vida misma, como lo he señalado.
Las mujeres migrantes enfrentan de manera más visible la falta de atención de autoridades en el respeto a las normas y cuidado de los derechos fundamentales. Su condición de indocumentadas las enfrenta a una situación de vulnerabilidad, particularmente la trata de personas; las violaciones y la prostitución involuntaria.
No se ha vislumbrado interés real para garantizar condiciones dignas a los migrantes indocumentados, lejos de buscar una solución al problema de los abusos, el gobierno mexicano a lo largo y ancho de su territorio ejecuta operativos de detención, aprehensión y expulsión de extranjeros sorprendidos en condición irregular, como uno de varios mecanismos de rechazo para impedir su ingreso y estancia, convalidando implícitamente la violación a sus derechos humanos.
El gobierno mexicano debe garantizar al respeto de los derechos humanos de toda persona que habite o transite dentro de sus fronteras nacionales, éste es el principal compromiso del Estado mexicano y una obligación adquirida y ratificada como miembro activo de la Organización de Naciones Unidas y como Estado parte en la serie de tratados internacionales de derechos humanos.
Es incongruente que exijamos enérgicamente que se garantice un buen trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero a su vez no somos capaces de garantizar los derechos fundamentales de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que transitan por nuestro país con igual destino.
Hace falta congruencia en el quehacer de nuestra política interior y exterior, entre lo que exigimos, propugnamos y supuestamente promovemos y lo que realmente llevamos a cabo, por ello es necesario implementar políticas que verdaderamente garanticen la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes.
Cada migrante es un ser humano que posee derechos y libertades, que son universales, indivisibles e inalienables, tales derechos son reconocidos nacional e internacionalmente.
En base a lo anterior, sometemos a su consideración de esta soberanía, las reformas que en el proemio de la presente nos hemos permitido señalar a la Ley de Migración, que no sólo tienda a que las autoridades migratorias, sino además que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, se les constriña a que en el ámbito de sus competencias respeten los derechos humanos de todas y todos los migrantes, siendo indigno, discriminatorio y, por supuesto, violatorio a los derechos humanos, lo que hoy están sufriendo nuestras y nuestros hermanos migrantes con la complacencia y omisión en que han incurrido instituciones públicas en nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios para su dictamen.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Amalia García.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Sí, para solicitar que la propuesta de reformas que hace el diputado Coronato, también se turne para su conocimiento y opinión a la Comisión de Asuntos Migratorios, coincidiendo esencialmente con lo que él ha planteado sobre los derechos humanos de los migrantes de Centroamérica que cruzan por México y corren enormes peligros. México tiene que garantizarles plenamente sus derechos a todos aquellos que estén en territorio nacional.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sí, diputada. En efecto, no había enunciado el turno, pero es precisamente a la Comisión de Asuntos Migratorios a donde se turna para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Joaquina? Sonido a la curul de la diputada Joaquina, por favor. Ya está.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Muy buenos días a todas y a todos compañeros legisladores y legisladoras, para pedirle de la manera más atenta al diputado Coronato, si me puedo adherir a su iniciativa, ya que efectivamente muchos de nuestros hermanos conciudadanos sufren, padecen todo lo que ahorita él expuso, y ojalá y todos pudiéramos hacer algo y que esta iniciativa sea favorable y que tenga respuesta de todos y todas. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. El diputado Coronato acepta la adhesión a su iniciativa. Muy bien. Estará aquí en la Secretaría, diputada, para que pase, por favor, a firmarla.
Disculpe, diputada Francisca, ahora sí tiene cinco minutos para presentar su iniciativa.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Gracias, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores. El trabajo es la principal vía por la cual las personas pueden obtener recursos y con ello su autonomía económica.
Esta condición es la que determina, en buena medida, su estatus socioeconómico y su grado de independencia, libertad y autonomía. Un fenómeno del alcance universal en este ámbito, es sin duda alguna la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la consiguiente feminización al colectivo asalariado.
En este sentido, la mujer que había quedado relegada en la esfera productiva, ha protagonizado desde mediados del siglo XX una inmensa revolución silenciosa y ha vuelto a ocupar, con fuerza, un lugar propio en el ámbito laboral.
En México hay 18 millones 524 mil 149 mujeres trabajadoras, de las cuales el 72.1 por ciento son madres de familia, o sea, 13 millones 363 mil 231 madres trabajadoras. Muchas de las cuales asumen por completo la responsabilidad económica de sus familias, son madre y padre a la vez. Eso se refirió en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el segundo trimestre de 2012, elaborada por el Inegi.
Lamentablemente, la feminización del mercado, aunque real, es inacabada e incompleta, porque ha tenido lugar bajo un telón de fondo de desigualdad y de precariedad. Los enormes avances en la formación de las mujeres y en su interés por participar de manera continuada en el mercado, podrían hacer pensar en una pronta desaparición de las tradicionales desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
Pero lo cierto es que esto no ha ocurrido. Es decir, la espectacular transformación de la oferta laboral femenina no se ha traducido en una mejora equivalente del lugar que ocupan dentro del mercado.
Esta situación se hace patente al constatar que además de tener una participación porcentual de la población ocupada, inferior a los varones, las mujeres son más castigadas en sus remuneraciones.
De acuerdo con el Inegi, los habitantes que ganaron hasta un salario mínimo en los 31 estados y el Distrito Federal, el 53.6 por ciento fue femenina. En contraste, solo 28 de cada 100 personas que percibieron más de 5 salarios mínimos base fueron mujeres.
Querétaro mostró la situación más extrema. Más del 67 por ciento de la población ocupada que ganó menos de un salario mínimo fue mujer en la entidad. Le siguieron Colima, Sonora, Jalisco, Guerrero, el DF, Quintana Roo, Yucatán y Baja California. En todos los casos la cifra superó el 60 por ciento del total.
Lo anterior demuestra que si bien aumentó la participación de las mujeres en el mercado laboral, existe una discriminación marcada en el tema salaria y en los puestos clave de una empresa o institución pública, es decir, aún cuando hemos avanzado estamos lejos todavía, las mujeres, de alcanzar la igualdad laboral.
Para el Estado mexicano el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad. Así quedó asentado cuando signó las principales convenciones y convenios internacionales, y primordialmente, cuando aprobó y publicó la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se incorporaron preceptos fundamentales para el ejercicio de los derechos laborales en condiciones de igualdad.
No obstante los derechos que esta ley garantiza únicamente son aplicables a las trabajadoras y a los trabajadores del sector privado, toda vez que se trata de la Ley Reglamentaria del Apartado A del artículo 123 Constitucional lo que deja fuera del alcance de estos preceptos jurídicos a las trabajadoras y a los trabajadores al servicio del Estado.
Esta situación provoca un desequilibrio y desigualdad entre las trabajadoras y los trabajadores del sector público y del sector privado, razón por la que consideramos indispensable incluir en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, los mismos preceptos y principios que en materia de igualdad de género se incorporan a la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que no existan trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda.
Es nuestro compromiso con la igualdad de género y con el principio de no discriminación, contenido en el artículo 1o. de nuestra Constitución, lo que nos impulsa ante ustedes presentar esta iniciativa. No podemos ni debemos otorgar derechos a unas trabajadoras y a unos trabajadores, y dejar de lado a otros.
Es por esto que proponemos incorporar a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, el principio de igualdad sustantiva y el de no discriminación.
Asimismo proponemos establecer en este ordenamiento jurídico la licencia de paternidad y la licencia de maternidad en caso de adopción, así como la ampliación de la misma en el caso de que las hijas o los hijos que nazcan con alguna discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, la posibilidad de reducir en una hora la jornada de trabajo en periodo de lactancia, definir y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual, prohibir la solicitud de certificados de no gravidez para la obtención de un empleo, así como el despide por embarazo, por cambio de estado civil o por tener a su cargo el cuidado de sus hijos.
Avancemos juntos, compañeras diputadas y compañeros diputados, en el camino hacia la igualdad. No más discriminación. Solicito por favor atentamente se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social. Y para opinión a la Comisión de Equidad y Género.
Quiero saludar la presencia de la primaria Plan de Ayala, el primer grado está aquí con nosotros, bienvenidos, invitados por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, compañera presidenta. Para felicitar a quien acaba de presentar la iniciativa por todo el contenido que representa para el avance en la igualdad de las mujeres, y preguntarle si permitiría a su servidora sumarse a la iniciativa signándola con mucho gusto, si ella así lo considera.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muy bien, diputada Beatriz.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Beatriz.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Igualmente para solicitar sumarnos a esta iniciativa, que de hecho ayer varias diputadas suscribimos para respaldar su presentación, dado que amplia los derechos laborales de las mujeres, al Apartado B que no se incluyó en la reforma laboral y que ahora mediante esta iniciativa estaría incluyéndose, todo en materia de equidad, de género en aspectos laborales de la mujer en el Apartado B. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Muy bien, diputada. Diputada Francisca Elena Corrales, ¿acepta la adhesión de estas dos diputadas?
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Con todo gusto, acepto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Acepta la diputada y quien quiera firmar la iniciativa la vamos a poner igual aquí a disposición en la Secretaría.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como es de nuestro conocimiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de este país y cabeza además del Poder Judicial de la Federación. Tiene como máxima responsabilidad la salvaguarda del orden establecido por nuestra Carta Magna, no existiendo en nuestro país autoridad judicial alguna que se encuentre por encima de ella.
En este sentido, y dada la enorme función que nuestra Carta Magna le ha encomendado a la Suprema Corte, es necesaria que los ministros que la integran, los mayores intérpretes y guardianes de la Constitución tengan una serie de cualidades y aptitudes que les permitan desempeñar con eficiencia, legalidad e imparcialidad la interpretación de los preceptos constitucionales.
Los ministros han de contar con una preparación que les permita desentrañar el sentido de nuestra ley suprema, velar por su cumplimiento y prever el impacto de sus resoluciones, y esto en buena medida depende de su perfil profesional, académico, así como de la autonomía que habrán de conservar frente a los diversos factores de poder.
En el artículo 95 constitucional se estipulan aquellas cualidades profesionales, personales, técnicas y humanas que se requieren para poder acceder al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos requisitos deben de ser compatibles con la altísima responsabilidad que la corte tiene encomendada.
En lo que se refiere a los requisitos técnicos, el numeral mencionado exige al aspirante a ministro: contar con título profesional de licenciado en derecho, con una antigüedad mínima de 10 años al día de la designación. Se busca entonces que sea un profesional en leyes y se estima además que 10 años de experiencia son suficientes, sin embargo no se exige especialización alguna en materia jurídica; es decir, se presupone que basta el conocimiento adquirido en la licenciatura.
El requisito del título de licenciado en derecho se estipuló desde la promulgación misma de nuestra Constitución, en una época en que el conocimiento, la profesionalización, el acceso a la enseñanza superior y las condiciones educativas en nuestro país eran muy diferentes a las que imperan ahora.
Un servidor estima que hoy es dable y además necesario exigir que quienes aspiren a integrar el máximo tribunal del país, quienes buscan afrontar la responsabilidad de interpretar nuestra Constitución, cuenten con estudios que garanticen su especialización en materia jurídica.
No sobra mencionar que de los 11 ministros que actualmente integran la Corte, nueve cuentan con estudios de postgrado por lo que se demuestra que esta propuesta, aunque exigente, también reconoce lo que en la realidad ya se viene dando. Tenemos sin embargo aquí que garantizar que sea la totalidad del cuerpo colegiado la que cuente con el perfil necesario.
Por otro lado, junto a la preparación académica y a la experiencia con que deben contar los aspirantes a ministros, debemos garantizar que cuenten también con plena autonomía frente a los diversos factores de poder, tanto formales como fácticos, para asegurar que se desempeñen con absoluta imparcialidad.
Entendiendo lo anterior y con la clara intención de impedir que quien aspirase ministro tuviera vínculos y, por tanto, compromisos de naturaleza política, el Constituyente estipuló la prohibición de que dicho aspirante hubiera ocupado cargos políticos, tanto de elección popular como de designación.
Esos cargos, por su método de elección o designación, presuponen la clara cercanía del aspirante con los partidos políticos o al menos con los intereses que éstos persiguen. Por ello, el establecer estos supuestos se trata que la Suprema Corte se integre exclusivamente en virtud de los méritos profesionales y académicos de los aspirantes y se busca que dichos méritos se desarrollen dentro del margen de las exigencias de independencia e imparcialidad.
A pesar de lo anterior, considero que si bien es loable la intención que motivó al Constituyente, no es suficiente el plazo mínimo de separación que hoy se exige. Este periodo de tiempo no es lo suficientemente largo para salvaguardar a cabalidad la exigencia de independencia del aspirante a ministro puesto que sólo ha transcurrido un año en que se separó de su cargo político, lo que puede derivar en inclinación, favoritismo parcialidad hacia el partido al que perteneció en el ejercicio de su anterior encargo.
No podemos dejar de lado, diputados y diputadas, que la teoría constitucional considera al Poder Legislativo como un contrapeso frente al Ejecutivo. Eso en este recinto se ha interpretado hasta el cansancio.
Sin embargo, también es necesario recordar que esa misma teoría constitucional estima como el balance entre aquéllos, precisamente al Poder Judicial. Tan es así, que en nuestro sistema jurídico existen instrumentos procesales de control como el amparo, la acción y la controversia constitucionales cuyas resoluciones son verdaderos mandatos del Poder Judicial que los otros órdenes están obligados a cumplir.
La Constitución le ha encomendado a nuestro máximo tribunal la altísima tarea de interpretarla y defenderla incluso ante el actuar de los otros órganos a los que ella misma le ha dado vida. Dicha responsabilidad exige a los mejores, a los más preparados y a los más autónomos mexicanos.
Hagamos pues nuestra parte para garantizar que sólo los mejores puedan realizar tan noble función. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su venia, presidenta. Compañeros y compañeras legisladores: los pueblos indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano. Se caracterizan por vivir con altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja.
Por ello el combate al rezago social de los pueblos indígenas representa una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico de México. Sin embargo, sólo el 20 por ciento de los indígenas está afiliado al Seguro Popular y 9 por ciento cuenta con servicio del IMSS y Oportunidades.
Las niñas y niños indígenas por lo general nacen fuera de las unidades de salud, con ayuda de una partera. Son producto de embarazos que no cuentan con atención prenatal. Su riesgo de morir antes de cumplir un año de vida es 1.7 veces más alto que el resto del país. Es muy frecuente que las madres tengan menos de 20 años de edad.
Mejorar las condiciones de salud de la población indígena implica ofrecer servicios efectivos, seguros, sensibles a la multiculturalidad nacional y que respondan a las expectativas de los usuarios. La interculturalidad es una de las innovaciones más trascendentes en el área de salud, toda vez que incorpora, en la planeación y oferta de los servicios, el concepto y las implicaciones de la diversidad cultural en el caso de los pueblos indígenas y el reconocimiento de elementos sustantivos de su identidad como el idioma y la medicina tradicional, incorporando el conocimiento de esta última como un objetivo del Sistema Nacional de Salud, y a la nutrición indígena como materia de salubridad general.
La atención a la salud de los pueblos indígenas se sustenta en un nuevo enfoque incorporado en las reformas y modificaciones a la Ley General de Salud, pero tomando en cuenta la participación de las autoridades indígenas en la definición de planes y programas. Son elementos claves para mejorar la calidad y la equidad en la atención a este sector tan desprotegido en México.
La medicina intercultural, una respuesta a los problemas de salud pública en comunidades indígenas, en este marco histórico de emergencia de los movimientos amerindios surge el renovado concepto y práctica de la salud intercultural como estrategia que facilitará esta transformación de los pueblos indígenas en sujetos de derechos y obligaciones.
Así la interculturalidad en el campo de la salud supone un avance cualitativo en la oferta de servicios de salud que el Estado debe proporcionar a los pueblos indígenas.
Para los indígenas el tema de la salud va ligada al concepto de comunidad y como tal, se solicita añadir el concepto comunidad en el artículo 23 debido a que en las comunidades indígenas la salud del individuo está vinculada a la salud de su comunidad, por lo que el concepto de comunidad presenta una visión de colectividad.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que no debe de existir la discriminación, pero ¿qué pasa en nuestro país? Por ser indio, por no hablar el español, por no saber de medicina científica, por emplear su medicina ritual y herbolaria, o por no saber comportarse en los centros de salud y hospitales, hemos sido discriminados.
Por lo anterior solicito que se incluya en el artículo 27 un párrafo octavo donde se incorporen las prácticas medicinales de la medicina intercultural; es decir, medicina ritual y herbolaria que por años hemos practicado.
En el mismo sentido, la incorporación dentro del cuadro básico del catálogo de insumos, las plantas tradicionales así como otros conocimientos de la medicina tradicional, esto en el artículo 28 de la ley en comento.
En la fracción parlamentaria del PRD consideramos necesario erradicar el desencuentro y la simetría entre enfermos y médicos; mediante esta iniciativa solicitamos la incorporación de los médicos tradicionales o interculturales una vez comprobados sus conocimientos mediante cursos de capacitación reconocidos por centros legalmente expedidos y registrados por las autoridades competentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pongo a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 28, 28 Bis y adiciona un párrafo octavo al artículo 27, y un séptimo al artículo 96 de la Ley General de Salud. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El diputado Juan Bueno Torio: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Ciudadana presidenta, le pido que el texto íntegro de la iniciativa forme parte del Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros diputados, la regulación económica es una herramienta que se utiliza en sectores que presentan fallas de mercado, tales como un monopolio natural, externalidades, información asimétrica y bienes públicos. Cuando existen fallas de mercado, el equilibrio que resulta no es lo óptimo, por esto se requiere de la intervención de órganos reguladores que ayuden a contrarrestar las fallas del mercado en estos sectores y que permitan conducir a un incremento en el bienestar de las condiciones de la sociedad.
Los sectores sujetos a esta regulación tienen una importancia primordial en el funcionamiento de la economía, ya que impactan fuertemente a las demás actividades económicas. De esta forma, una intervención equivocada o innecesaria en estos sectores puede genera una distorsión mayor a la que se pretendía corregir.
En este sentido es necesario que haya o que exista la intervención de expertos que tengan el conocimiento en regulación económica y que conozcan el marco regulatorio en que se desarrolla determinado sector, a fin de garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados regulados.
De esta forma, el proceso de revisión de las actuaciones de los órganos reguladores debe ser expedito, a fin de corregir rápidamente las deficiencias en el funcionamiento del mercado para restituirle al Estado y a la sociedad los beneficios que conlleve su correcto funcionamiento, además debe garantizar la adecuada defensa de los intereses de los agentes económicos para evitar posibles abusos por parte de los órganos reguladores, como hemos visto en algunos casos, y así permitir a éstos últimos el cumplimiento de los objetivos que tiene para tal fin las autoridades regladoras.
Por lo anterior, resulta necesario que dentro de las atribuciones de los tribunales colegiados puedan contar con una instancia revisora especializada, con conocimientos económicos y jurídicos en estos temas que son de vital importancia para nuestro país, a fin de reducir el plazo de cumplimiento de los actos administrativos y resoluciones de los órganos reguladores, y con ello privilegiar el interés general por encima de los intereses de particulares.
A este respecto, las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aún están sujetas a revisión ante el Poder Judicial, lo cual implica que las resoluciones de los órganos reguladores quedan firmes hasta el agotamiento de la instancia administrativa contemplada en los ordenamientos sectoriales, así como de los propios recursos judiciales que podrían recaer en las mismas.
Lo anterior es posible, en virtud de que la revisión que se realiza en el citado tribunal no trasciende de la esfera administrativa, pues dicho tribunal es un órgano del Poder Ejecutivo federal.
Por lo anterior, la revisión en sede administrativa que establece la regulación sectorial, resulta inadecuada en términos de economía procesal, así como de aplicación expedita de la legislación.
En atención a las razones expuestas respecto de la conveniencia de la revisión en sede administrativa de las autoridades reguladoras del mercado, como lo que se lleva a cabo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la iniciativa que se presenta propone incluir, en las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, la materia económica.
Y es así que proponemos reformar el artículo 2o. Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que quede en los términos de que la Junta de Gobierno y Administración procurará que las salas especializadas sean en las materias de competencia económica, telecomunicaciones, energía, transporte, servicios financieros y comercio exterior. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro al Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Mario Rafael Méndez Martínez: Con su permiso, diputada presidenta. Con fundamento de lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones a los artículos 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con fundamento en la siguiente
Exposición de motivos
Nuestro federalismo mexicano ha perdido su capacidad de promoción y desarrollo económico regional, sobresaliendo las entidades del sur sureste del país. El federalismo al que aspiramos buscar, es vincular los impuestos de los contribuyentes y el gasto público con la autoridad responsable de la recaudación fiscal, para garantizar una mejor calidad de vida de las personas y sólo así podemos tener localidades económicamente fuertes y regiones desarrolladas, para formar una nación unida y próspera.
El país necesita fortalecer sus relaciones en los ámbitos federal, estatal y municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por lo que debemos adicionar e incorporar a las agencias municipales del país, para lograr una mejor distribución de los ingresos tributarios, en virtud de que los recursos son insuficientes para cubrir y responder a las necesidades que nos demanda la sociedad.
Nuestro marco jurídico necesita revisarse para evaluar la actual distribución de funciones y atribuciones del Ejecutivo federal. Los gobiernos estatales y del Distrito Federal, los municipios y hoy las agencias municipales. Una condición indispensable para que el trabajo asignado se lleve a cabo, es dotar de potestades y a los instrumentos acordes a las responsabilidades de estos órdenes de gobierno. Ésta es la esencia del federalismo.
La discusión seria y responsable implica asegurar a cada mexicano un mínimo de condiciones de bienestar y acceso a las mismas oportunidades de desarrollo en cualquier parte del territorio nacional de manera oportuna y eficiente.
Esto requiere de gobiernos que conduzcan los asuntos públicos mejor con responsabilidades, y hacerlo al menor costo para los contribuyentes.
Especialmente se requiere no generarles más y nuevos impuestos o tasas más altas, sino cumplir el mandato constitucional de que absolutamente todos los mexicanos contribuyamos al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Nuestro sistema tributario y de coordinación fiscal entre la federación y entre las entidades federativas y municipios, se encuentra agotado por las siguientes razones: no está vinculada la política tributaria con las responsabilidades de las entidades federativas y los municipios, tampoco con el gasto público ni con las necesidades regionales.
La política de gasto desde el gobierno federal ya no puede promover el crecimiento económico y la creación de empleos por haberse convertido en una política eminentemente de gasto corriente.
Estamos utilizando la riqueza petrolera para subsanar la debilidad de la recaudación, en lugar de destinarla a construir infraestructura social y productiva, como carreteras, agua potable, refinerías competitivas, drenaje, hospitales y escuelas. Los estados y los municipios no tienen instrumentos de política económica para emprender acciones inmediatas en beneficio de la población ni para promover un desarrollo regional equilibrado, viéndose obligados a desarrollar una cultura de gestión ante el gobierno federal.
Existe una gran tensión entre los órdenes de gobierno por la asignación de los recursos públicos, ya que los ingresos tributarios son insuficientes para cubrir las funciones y responsabilidades básicas de estos en materia de desarrollo social, es decir, educación, salud, seguridad social y laboral, abasto y la implementación de una mejor infraestructura urbana.
En los últimos años se ha estado apoyando a los municipios a través de un fondo especial del Ramo 33, denominado Foramen, que es tres veces mayor que la recaudación del impuesto predial, lo que procura incentivos adecuados para fortalecer la capacidad de recaudación.
Si alguna ventaja tuvo en México para tener concentrados la mayoría de los instrumentos de política económica en el orden federal, fue la velocidad de respuesta con la que se afrontaron los choques externos e internos, como quedó demostrado en la crisis de los ochenta y los noventa.
Sin embargo, ahora requerimos de un nuevo equilibrio que no ponga en riesgo las finanzas de la federación, sino que permita descentralizar los recursos para fortalecer la toma de decisiones a los gobiernos, no solo estatales y municipales, lo que pretendemos es fortalecer ahora también la participación de poblaciones que viven en las agencias municipales. Esto implica impulsar el desarrollo económico en estos cuatro niveles de gobierno.
En esta época de recesión se nota que el país sufre la inmovilidad del Ejecutivo federal. Por eso consideramos que el modelo del federalismo a seguir debe ser el que contribuya también a la reactivación económica y proporcione soluciones integrales a los problemas de desarrollo.
Por tanto requerimos pensar globalmente y actuar de manera local con visión nacional, incorporando integralmente a la población los ingresos del gasto, la deuda, la contabilidad gubernamental, así como los instrumentos para la evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
Existen tres preguntas esenciales que los gobiernos deben responder a los ciudadanos, y son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: ¿Quién gasta? ¿En qué? ¿Y cómo lo hace?
El objetivo de esta reforma es encaminarnos hacia un federalismo de finanzas y la hacienda pública, que asegure a cada mexicano un mínimo de condiciones de bienestar y acceso a las mismas oportunidades de desarrollo en cualquier parte del territorio nacional, de manera eficiente y que incluya a las agencias municipales o su equivalente. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Protección Civil.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Diputada presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 19 y los párrafos primero y segundo del artículo 73, que adiciona una fracción a los artículos 2 y 114, y un tercer párrafo al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; que reforma también el primer párrafo del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.
Estas reformas tienen el objetivo de otorgar mayor agilidad, claridad y consistencia a un proceso de naturaleza emergente en el que son fundamentales la rapidez, suficiencia y eficacia con que los recursos se ponen a disposición de la población civil afectada.
Si bien desde el terremoto del 85 se ha avanzado en la construcción y consolidación de un Sistema Nacional de Protección Civil no podemos ignorar que aún existen deficiencias en la normatividad de la materia.
La iniciativa que hoy presento pretende cubrir algunos de esos vacíos, recoge propuestas de la Comisión de Protección Civil de la Conago e ideas expresadas en los debates al interior de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, en el sentido de que los recursos destinados a la prevención y atención de emergencias sean despojados de criterios burocráticos y trámites innecesarios y se disponga de ellos con la inmediatez que demanda su carácter urgente.
Ésta iniciativa es fruto particularmente del apoyo de la Unidad de Evaluación y Control de esta Cámara, a la que expreso mi reconocimiento por su extraordinario apoyo en el proceso de sistematización de propuestas.
La iniciativa busca también, que se refleje en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el enfoque integral para la atención de riesgos que se incorporó a la Ley General de Protección Civil publicada en junio del año pasado.
Propone hacer realidad los principios establecidos en la Ley General de Protección Civil, entre los cuales destaca el apoyo económico a estados y municipios para crear, fortalecer o consolidar sus propios sistemas locales de protección civil, de detección de riesgos y de prevención.
Por estas razones se proponen reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a la Ley General de Protección Civil para armonizar el texto de ambas e incluir en esta última la definición de los instrumentos financieros de gestión de riesgos.
Para considerar apoyos financieros a los fondos estatales de protección civil, dentro de los destinos especificados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los excedentes de ingresos.
Para incluir en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación de que el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal considere recursos para todos los rubros establecidos en la Ley General de protección civil y no solo para emergencias.
Por último, para incluir de manera explícita en la Ley General de Protección Civil, que las reglas administrativas para disponer de los recursos deberán ser sencillas y con plazos adecuados para atender las situaciones de emergencia.
Aprovechando el minuto que me queda. Quisiera primeramente felicitar a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, y por supuesto al pleno, por haber incluido en la agenda del día un asunto de amplia relevancia que es el tema de Acapulco.
Y ya que estamos por primera vez en muchas sesiones abordando temas de auténtica preocupación y de urgente u obvia resolución, hay uno que no podemos dejar al margen; hablando de protección civil, el tema de la explosión en Pemex, un tema íntimamente vinculado a la protección civil.
No puedo dejar esta tribuna sin expresar mi más sentido pésame a las familias de las víctimas fatales de la explosión en el complejo de edificio de Pemex, así como mi solidaridad para quienes aún reciben atención médica.
Hago votos porque el gobierno federal informe de manera abierta y transparente, pues solo el conocimiento detallado, sustentado y oportuno del por qué, el cómo y el quiénes de la explosión evitará la especulación. Hago votos particularmente para que el gobierno federal respalde a las víctimas en todo lo necesario, aun después de que el accidente pierda la preponderancia mediática de estos días.
Creo que con este ánimo de preocupación por las cuestiones de urgente u obvia resolución, compartirán la propuesta que hará a ustedes la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, de proponer citar al secretario de Gobernación y al procurador general de la República para que respondan ante el pleno sobre las dudas objetivas y subjetivas que marcan los resultados precipitados de sus conclusiones y que se expresan ya a través de las voces de distintos organismos técnicos y académicos nacionales, por la frivolidad con la que el procurador se refirió a los resultados graves de la investigación –termino, diputada presidenta– y por el interés que ha despertado este lamentable accidente.
Esperamos que en su momento iniciemos ya el proceso para este citatorio, recibamos el respaldo de todos ustedes para aclarar de manera directa todas las dudas que envuelven a esta lamentable explosión que ha dejado innumerables pérdidas de vidas de por medio. Muchas gracias a todos por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Protección Civil, para su dictamen la iniciativa presentada.
Quiero saludar la presencia del Colegio Porter, Secundaria Porter de Cuernavaca Morelos, invitada por hoy por el diputado Federico José González Luna Bueno. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Con su venia, diputada presidenta. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión adolece de un órgano de carácter técnico, de investigación jurídica, social, cultural y legislativa, encargada de apoyar la labor de las comisiones de diputados vinculados al tema de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del Estado mexicano para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y para eliminar cualquier práctica discriminatoria mediante el establecimiento de las instituciones y de las políticas necesarias que garanticen la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Asimismo precisa la obligación que las autoridades federales, estatales y municipales tienen para abatir las carencias y rezagos que los afectan, entre éstas, impulsar el desarrollo regional, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y los espacios para la convivencia y recreación; propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, extender la red de comunicaciones que permitan la integración de las comunidades, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las mismas comunidades indígenas, así como establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas.
Para la concreción de las obligaciones arriba señaladas, de acuerdo con el mismo apartado B del artículo 2o. constitucional, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias establece que deberán definir las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones del Estado mexicano mediante presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas partidas presupuestales.
Es decir, para atender a un importante segmento de la población indígena, el Congreso General tiene tareas muy importantes que se desprenden del artículo 2o., constitucional.
La primera, adecuar o armonizar la legislación federal de acuerdo a como lo establece el marco jurídico internacional; y la segunda, establecer las partidas presupuestales especificas que den certeza, orientación y concreción a los programas y acciones específicas, particularmente dentro de los trabajos que se desarrollan al seno de este cuerpo legislativo y a partir de la reforma constitucional del 2001 en materia de derechos y cultura indígena, el Congreso General se ha dado a la tarea de revisar y reformar numerosas leyes secundarias.
La ausencia de una entidad pública de investigación jurídica, social, cultural y legislativa, que con sus trabajos enriquezca la discusión en las comisiones, ha impedido que la discusión alcance la calidad y la importancia que el tema indígena merece.
Debe tenerse presente que estamos hablando de un universo de 15.7 millones de ciudadanos indígenas, compuesto principalmente por 6.6 millones hablantes de la lengua indígena y nueve millones que no hablan lengua indígena, pero que son de familias indígenas. Lo anterior de acuerdo al último censo del 2010 del Inegi.
La creación del Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas permitiría a esta soberanía contar con un auxiliar técnico en materia indígena, de cuyos aportes se verían beneficiados no sólo las comisiones legislativas, sino los diputados en particular los grupos parlamentarios, investigadores, instituciones académicas y la ciudadanía en general interesada en este tema.
Varias han sido las dificultades a las que el legislador se ha enfrentado respecto al tema indígena: ausencia de información sociodemográfica actualizada, criterios aceptables para definir con certeza el universo de la población indígena, ya sea por estado, región, pueblo, variante lingüística o comunidad.
En el extremo, tampoco se sabe con precisión la magnitud de los fenómenos indígenas desplazados en cualquiera de sus variantes, el incremento de la migración internacional y más recientemente el fenómeno de los jornaleros agrícolas, que configuran nuevas realidades.
Las tareas de investigación cubrirían la necesidad de dar certidumbre a las funciones legislativas de comisiones y diputados y de apoyar al emitir opiniones institucionales calificadas al revisar las minutas turnadas relativas a la materia indígena y las iniciativas en proceso de elaboración y/o dictaminación.
A lo anterior se añade el propósito de iniciar un esfuerzo sólido, sistemático y de largo alcance en tareas de evaluación y seguimiento de los programas y acciones gubernamentales vinculadas con los pueblos y las comunidades indígenas orientadas a abatir los rezagos presentes, concretamente en materia presupuestaria.
Las actividades de este centro estarían enfocadas a dar seguimiento y evaluar la aplicación de los recursos anuales dirigidos a los pueblos. Además, a este centro de estudios le correspondería clasificar y organizar un acervo propio.
En suma, proponemos la creación de este centro, de una entidad cuyo perfil sea el de ser un órgano técnico en materia legislativa al examinar y emitir una opinión de las minutas e iniciativas en curso de investigación, de consulta permanente y auxiliar de comisiones, diputados, grupos parlamentarios, investigadores y ciudadanía en general de propuestas, seguimiento y evaluación presupuestaria.
Concluyo, señora presidenta. Por las razones anteriormente expuestas, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Centro de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, agregando en el párrafo tres, que la Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de finanzas públicas, de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias, de estudios sociales y de opinión pública, de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género y de estudios para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señora presidenta, y agradezco su tolerancia.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Señora presidenta, pediría además se ampliara el turno a la Comisión de Asuntos Indígenas para también emitir el dictamen correspondiente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se obsequia el turno, también, túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Asuntos Indígenas.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación y Erradicar el Hambre.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su venia, señora presidenta. Durante los últimos 20 años los organismos internacionales como la FAO en el nivel nacional, el Coneval, el Inegi y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros, nos han alertado sobre la pobreza alimentaria y el hambre existente.
Millones de personas no tienen qué comer. Esta lastimosa situación ha quedado opacada, pero latente debido a las difíciles condiciones de vida provocadas por las crisis económicas.
Los datos siguientes son reveladores. Desde el 2008, el 14 por ciento de los hogares no podía adquirir la canasta básica. Para el 2010, eran ya el 18 por ciento. Desde entonces, en el 15 por ciento de los hogares se dejó de desayunar, comer o cenar, y en el 10 por ciento, los menores de 18 años comieron una vez al día. De acuerdo al Coneval, en 2010 había 51 millones 993 mil personas en pobreza; 40 millones 280 mil en pobreza moderada; 11 millones 713 mil en pobreza extrema.
En este 2013 los datos son alarmantes e indican que 21 millones padecen carencias alimentarias o hambre, y que por esta causa mueren al día 23 personas, de las cuales el 75 por ciento son adultos mayores de 65 años.
Los datos indican que un millón 200 mil niños padecen desnutrición y que 3 millones 600 mil menores de cinco años tienen alguna carencia alimentaria; el 12.7 por ciento se encuentran en zonas urbanas y el 25.6 por ciento en zonas rurales. Y que 70 de cada 100 familias tienen carencias alimenticias.
De cada 8 hogares sólo en 7, cuando comieron dejaron de sentir hambre. Y donde hay menores de 18 años, en 7.6 por ciento al menos, un menor de edad no comió cuando sintió hambre.
Esto es vergonzoso, no podemos seguir así. Es indignante, el hambre debe erradicarse para que millones de mexicanos disfruten de sus derechos humanos, sociales, económicos, culturales, ambientales e, incluso, políticos.
Es el momento de dar a los pobres de los pobres una adecuada representación política. Es urgente revertir esta situación. Apeguémonos a los principios y libertades constitucionales que nutren nuestra vida en democracia.
Tenemos la obligación de cumplir con el artículo 4o constitucional que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Y respecto a nuestra infancia menciona que el Estado velará por el interés superior de satisfacer su alimentación.
Por su parte, el artículo 27 constitucional, fracción XX menciona: El desarrollo rural integral y sustentable tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
Este párrafo obliga al Estado a impulsar políticas de soberanía y seguridad alimentaria, por tanto, para las instituciones es ineludible y de urgente implementación. Sin embargo, por alimentos básicos debe entenderse aquellos de calidad que contienen proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y fibra que aporten los nutrientes necesarios, ya sea de origen vegetal, marino o animal, e incluso industrializados, a fin de evitar la desnutrición, el raquitismo, el colesterol o la diabetes, entre otras enfermedades de complejo y largo tratamiento, que lastiman la dignidad y los escasos recursos de los más pobres.
Las diputadas y los diputados no podemos estar ajenos al sufrimiento de quienes no pueden alimentarse y dar a sus hijos la comida que requieren para ir a la escuela. Actuemos con firmeza ya. Es el momento de aprobar esta ley como lo recomienda la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre Derechos de los Niños; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria y la Observación General número 12 de la FAO, en el sentido de que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, que le asegure el más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual y que para erradicar la desnutrición los Estados deben perfeccionar su legislación, producción, aprovisionamiento y distribución.
La misión del Estado al respecto consiste en erradicar el hambre de acuerdo a los compromisos adquiridos con los objetivos del milenio.
Por todo lo anterior, ante ustedes presento la iniciativa de Ley General para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre, para crear un sistema interinstitucional y transversal que lo garantice y que permita a 21 millones de personas superar la pobreza alimentaria.
Como hemos mencionado, esta ley se sustenta en los instrumentos internacionales, los artículos 1o, 4o y 27, a fin de garantizar la implementación, evitar la aplicación de impuestos innecesarios y su especulación. De la Ley General de Salud retoma la facultad de elaborar y desarrollar programas de nutrición y promover la participación de los organismos nacionales e internacionales de los sectores sociales.
Asimismo, se sustenta en la Ley General de Desarrollo Social, artículos 6y 14, al retomar que la alimentación es un derecho para el desarrollo social, así como la prioridad de la nutrición materno-infantil y de abasto social.
De la Ley de Desarrollo Rural Sustentable retoma los artículos 7 y 178, para procurar el abasto de alimentos a los menos favorecidos.
Con esta ley se ataca el problema desde diferentes dimensiones, como la económica, la política, la social, institucional, jurídica y tecnológica para hacer más efectiva su erradicación. Por ello se ha estructurado de la siguiente manera:
Del artículo 1o al 7o establece que toda persona tiene derecho a la alimentación de calidad, variada, sana y nutritiva, y se presentan definiciones conceptuales para facilitar su interpretación.
El título segundo, de los artículos 8 al 10, establece las competencias y la coordinación interinstitucional.
El capítulo II, del artículo 11 al 13, se establece las facultades y alcances en la conducción de la política alimentaria y la nutrición.
El título tercero, del artículo 15 al 24, incorpora los alcances, el fomento y la planeación de políticas de alimentación y nutrición, define al sistema, el programa y su observancia.
Del artículo 25 al 30, se definen los objetivos y mecanismos y se marcan los instrumentos de la política nacional para su erradicación.
En la parte final, el título quinto, se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a otras instituciones, para coadyuvar en el seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas y realidades existentes.
A partir de lo anterior, es urgente universalizar la alimentación con enfoque de derecho y evitar su focalización, para lograr la accesibilidad, la transparencia, la participación social, la equidad y la no discriminación.
Finalmente, agradezco a los expertos, organizaciones, universidades, que coadyuvaron en esta LXII Legislatura. En estos momentos será histórica esta legislatura al establecer como una política de Estado la seguridad alimentaria.
Por lo anterior, les invito a emitir su voto positivo y observaciones constructivas para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El diputado José Enrique Reina Lizárraga: Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes, diputadas y diputados.
Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto vinculatorios como declaratorios. Lo que señala, el derecho a la información como un derecho universal, reconocido e inherente a los regímenes democráticos.
Así pues, el derecho a la información es la garantía fundamental de toda persona, implica el derecho al acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y el derecho a escoger entre las fuentes que generan dicha información, las libertades de expresión y de imprenta, el derecho de asociación con fines informativos, así como el derecho a recibir información objetiva, completa y oportuna.
Por lo anterior, la administración pública, bien de la utilidad, no aprovecha, dada su comodidad, su celeridad y su economía, así pues actualmente una multiplicidad de disposiciones administrativas se publican en Internet, con el propósito de que exista transparencia y acceso ilimitado a las mismas por cualquier interesado.
Sin embargo, en muchas ocasiones esa transparencia se encuentra al margen de la regulación que se prevé para tal efecto, e incluso se pone en riesgo la seguridad jurídica de forma grave al estar o al expresar el manejo en esta red.
Por eso, en estas disposiciones, normas o criterios, que simplemente se publican en el Internet, pueden presentarse a la informalidad, ya que al no tener las características necesarias desde el punto de vista jurídico, para que su publicidad sea efectiva, al final puede no cumplir su cometido informativo y de transparencia que se busca.
De tal suerte que las leyes reguladoras no contemplan al Internet como un medio más de publicación y basta mencionar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Quiero un ejemplo para este pleno, por ejemplo, la Unidad de Normatividad y Adquisiciones de Obras Públicas y Patrimonio Federal, o la Dirección General de Inconformidades, ambas unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, publican en su página oficial de Internet de esta Secretaría, criterios que son verdaderamente determinantes para la toma de decisiones, así como para otras dependencias administrativas de dicha dependencia.
Y así mismo, en otras dependencias y entidades de la administración pública federal. No atendiendo a lo dispuesto, lo que marca el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Por lo antes mencionado nos encontramos con este problema sino con una necesidad imperante de conciliar la garantía de seguridad jurídica con la problemática práctica real que vive la administración pública federal.
Por lo antes expuesto se concluye lo siguiente, la falta de publicación de cualquiera de las normas previstas en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el Diario Oficial de la Federación genera la invalidez de la misma al no existir un fundamento legal para que una disposición general de entidad o dependencia de la administración pública federal publicada en el Internet surta efectos jurídicos en términos del artículo 3, fracción VII de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Es necesario establecer un régimen claro que, también específicamente, qué tipo de disposiciones pueden ser publicadas en el Internet, en qué forma y en qué términos deben ser publicados en el Internet y en qué forma y términos pueden formalmente estar en vigor y dejar de tener vigencia sin que se entienda como un simple subir y bajar información.
Por lo antes expuesto, propongo que se reforme el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, para que quede como sigue:
Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.
De la misma forma, los lineamientos, criterios, metodologías, instrumentos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cuales quiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, podrá publicarse ya sea en el Diario Oficial de la Federación o a través de las páginas electrónicas de la dependencia o entidad correspondiente.
En el caso de que se opte por la publicación a través de la página electrónica correspondiente, el titular de la dependencia o entidad deberá emitir un oficio, signado en original, en el que se indique claramente:
Uno. Fecha en que se emitió la disposición correspondiente.
Dos. Una breve explicación de por qué se emitió la misma.
Tres. La transcripción del texto completo, mismo que deberá coincidir exactamente con el texto incluido en la página electrónica.
Cuatro. La dirección electrónica específica donde se ubicará la disposición, inicio y fin de vigencia, en el caso de que sea posible determinarla.
Dicho oficio deberá estar disponible en forma irrestricta a cualquier persona a través de la Unidad de Vinculación para la Transparencia correspondiente y la propia página de Internet.
En la misma forma, para el efecto de que la disposición incluida en la página electrónica de la dependencia o entidad sea modificada o deje de tener vigencia, se deberá asimismo emitir otro oficio por el titular de la dependencia o entidad, en el que se indique claramente fecha de su emisión, razón por la que se decidió la modificación o terminación de la vigencia, la disposición correspondiente y fecha en que deja de tener vigencia la misma, estando asimismo disponible dicho oficio en la forma y medios indicados. La falta de existencia del o los oficios señalados impedirá que la publicación electrónica surta efecto alguno.
Señora presidenta, por cuestiones de tiempo solicito se inserte este documento íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tome nota la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Por este medio someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En nuestro país, al cumplir 18 años de edad, adquirimos por efecto legal la calidad de ciudadanos de conformidad a lo que establece nuestra propia Constitución. El artículo 35 de nuestra Carta Magna refiere en su fracción I que son derechos de los ciudadanos el de votar y en su fracción II el de poder ser votado.
Es así que, en una interpretación de dichos numerales de la Constitución y por una analogía lógica simple, si una persona adquiere la calidad de ciudadano –de acuerdo a lo que ya he mencionado– cuenta entonces con la capacidad legal para votar y que en consecuencia poder ser votado.
La historia de la democracia está vinculada con el derecho al voto en cualquiera de sus vertientes, ya que es por medio del ejercicio directo de este derecho que el pueblo elige a quien tomará las decisiones de una comunidad determinada, definiendo a la democracia entonces, como afirmaba Aristóteles, en el gobierno de los más.
Es entonces que, bajo el régimen democrático en el que vive México, todos los ciudadanos debemos gozar del derecho de votar y de ser votados, pues así lo establece nuestra Constitución.
En México los jóvenes conformamos 30 por ciento de la población nacional y somos un sector social ávido de espacios de participación. La arena electoral es el espacio donde podemos exponer nuestras ideas y externar nuestros puntos de vista, lo hacemos sobre todo a través del derecho de votar.
Es en la juventud cuando los jóvenes formamos nuestras ideas, cuando nos sumamos a proyectos de filiación política, social o empresarial, ideas que cuando asumimos propias defendemos con toda nuestra pasión y que consolidan a nuestra democracia al darle a nuestro régimen la diversidad que converge.
La naturaleza juvenil aporta al sistema democrático una perspectiva innovadora y refrescante, siempre dispuestos a participar en la vida pública cuando estamos convencidos que nuestro trabajo contribuye a mejorar la vida de otros jóvenes y a mejorar, sobre todo, la de nuestro país.
Con información del Instituto Federal Electoral (IFE), hasta el 30 de noviembre del año pasado, los jóvenes en condiciones de votar, menores de 30 años, representan el 29.73 por ciento de la lista nominal de electores, correspondiendo a los que se encuentran entre 18 y 24 años el 17 por ciento del total de la población empadronada.
Observamos que aproximadamente 3.92 por ciento de la lista nominal está constituido por jóvenes, lo que nos permite considerar que más de 3 millones de jóvenes se encuentran en la posibilidad de aspirar legítimamente a constituirse en representantes en esta Cámara de Diputados.
Reflexionemos un momento, ¿qué no el derecho de votar y ser votado se adquiere a los 18 años, según el artículo 35 constitucional?
Esta afirmación es precisamente lo que fundamenta la presente iniciativa. Si bien el artículo 35 constitucional confiere a los ciudadanos la posibilidad de votar y ser votados, el artículo 55 de nuestra Carta Magna, establece que la edad mínima para poder ser diputado o diputada federal es de 21 años. Una contradicción en la misma norma legal. La norma constitucional entonces, es discriminatoria.
La propuesta que hoy someto a su amable consideración, busca dotar de plenitud de derechos a los jóvenes de 18, 19 y de 20 años, al permitírseles ser electos para el cargo de elección popular más representativo, diputado o diputada federal, al modificarse un párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución nos obliga, en aras de la democracia, a nuestro derecho a votar. Los ciudadanos estamos obligados a elegir a nuestros gobernantes a través del voto, pero un sector de nuestra población está obligado civilmente a votar, pero no pueden ser votados.
Si la capacidad de votar se adquiere a los 18 años, no veo por qué razón la de ser votado se alcanza hasta los 21 años. Esta diferencia no tiene ningún sentido, puesto que al final de cuentas quien decidirá quién es la mejor persona para representarlos ante esta Cámara de Diputados y para hablar por ellos; serán los electores.
En las últimas décadas, esta Cámara de Diputados ha destacado la importancia del sector juvenil, es a partir de esta Legislatura donde se cuenta con una comisión específica para tratar el tema de la juventud.
Tenemos la oportunidad de eliminar la discriminación que existe entre la capacidad de votar y ser votado, es nuestro deber reconocer el valor de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones, impulsemos entonces espacios reales de participación democrática.
Abramos a los jóvenes espacios políticos donde puedan expresar su voz y, sobre todo, donde puedan defender sus intereses. Respetemos los disensos. Sumemos los consensos e integremos de manera permanente a mujeres y hombres jóvenes esperanzados de trabajar en beneficio de nuestro país. Invito a mis compañeros diputados y diputadas de otros partidos políticos a que se sumen en esta iniciativa. Por lo anterior, propongo a ustedes, honorable asamblea, la siguiente reforma.
Se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección.
Agradezco su atención, pero sobre todo agradezco el apoyo que brinden a la presente iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
Queremos saludar la presencia de líderes del pueblo Santa María Tulpetlac, Ecatepec de Morelos del estado de México, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez.
También a la Fundación Victoria Lima, invitados por la diputada María del Rocío García Olmedo. Bienvenidos.
Diputado Bribiesca.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul). Diputada presidenta, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, consultarle a la diputada proponente si podemos suscribir su iniciativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Lizbeth Loy, ¿Acepta la suscripción?
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (desde la curul): Claro que sí, con gusto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Acepta, diputado.
Diputada Rocío Corona.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura (desde la curul): Diputada presidenta, para también solicitar adherirme a la propuesta de la diputada Liz, toda vez hay entidades federativas en el país que ya cuentan con esta propuesta –ya hay ley plena-, entre ellos el estado de Nayarit.
Bien por los jóvenes. No es creíble ni congruente que así como tienen derecho a votar no puedan tener la oportunidad de representar un cargo tan digno como es ser diputado federal desde los 18 años. Me sumo a la propuesta si no tiene inconveniente la diputada Liz. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: La diputada acepta la adhesión de los dos diputados. Queda aquí la iniciativa para que por favor la pasen a firmar si así lo desean. Reiteramos el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra por 10 minutos la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señora presidenta. Compañeros legisladores. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue creada en 1992. Desde entonces ha experimentado la ampliación de sus facultades.
En 2001 se le asignaron importantes funciones para detectar y denunciar delitos contra el ambiente, así como para coadyuvar activamente en la persecución de dicho delitos, como auxiliar del Ministerio Público de la Federación.
Las atribuciones y facultades que se le han otorgado desde su creación, han sido reconocidas como un avance en la importancia de la ecología y de las normas que regulan su protección, pero no han sido suficientes.
Con el paso del tiempo se ha visto que la procuraduría, creada como órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, y en particular de la Secretaría de Medio Ambiente, requiere de autonomía de gestión e independencia, pues desgraciadamente los cargos de procurador han sido ocupados y utilizados como un mero trampolín político y no han sido dirigidos por personas con conocimientos en derecho ambiental, situación que demerita la función social y pública de esta autoridad administrativa.
En efecto, durante estos 21 años de gestión, se han detectado fallas en la eficiencia y autonomía de la Profepa. Una de las que más preocupa es la imposibilidad de fungir como verdadero garante del cumplimiento de la ley ambiental, frente a los actos de la propia Semarnat, toda vez que al ser un órgano desconcentrado de ésta, la procuración de justicia ambiental se presenta como un conflicto de intereses.
La Profepa, por ejemplo, no podría demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad de una autorización expedida contra derecho por dicha secretaría, aun y cuando esta facultad se encuentra ya prevista en la legislación procesal vigente.
A la Profepa se le dificulta la inspección de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en virtud de que carece de mecanismos jurídicos que le permitan actuar con imparcialidad.
Otro de los problemas medulares de la Profepa, es la carencia de recursos económicos, materiales y humanos, para garantizar la protección y conservación de nuestros recursos naturales, lo cual es producto de la insuficiente dotación de medios económicos, cuya decisión nuevamente recae en la cabeza de sector.
Otro medio de control sobre la autonomía e independencia de la institución, que no cuenta, insisto, con los recursos suficientes para desempeñar óptimamente sus funciones.
La existencia misma de la Profepa es un contrasentido al recibir múltiples menciones y mandatos en las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, siendo que la institución nace y continúa operando con base a un reglamento administrativo.
La procuraduría se ha convertido en una institución fundamental de la república que debe de ser reconocida por y desde la ley.
En el establecimiento de las políticas de procuración de justicia y defensa al medio ambiente, debe intervenir y participar el Poder Legislativo a través de la expedición de normas que reconozcan la importancia de la Profepa y le concedan un mandato claro que le dé personalidad jurídica y patrimonio propio, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que exige nuestra sociedad.
Reconocer a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como una institución fundamental de la república, requiere que su mandato, permanencia, estructura, objetivos, mecanismos de profesionalización de su personal e instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, sean conferidos por una ley federal que prevea un mecanismo claro de participación ciudadana y de rendición de cuentas, del cual carece hasta la fecha.
La Profepa, como cualquier otra procuraduría, debe cumplir con las funciones básicas de prevención de daños e infracciones, detección eficaz de ilícitos y determinación irrestricta de responsabilidades.
La estructura actual no sólo refleja estas funciones, sino que frecuentemente las hace imposibles. No existe en la institución una subprocuraduría dedicada a la prevención. La función de determinación de responsabilidades se ve coartada al no haber una subprocuraduría que determine los casos que han de ser resueltos administrativamente, civil o penalmente.
Esto conduce a la imposición de multas por montos diversos en casos similares, al encubrimiento de casos delictuosos que nunca llegan al Ministerio Público, así como cuantiosos casos de daños ecológicos que lamentablemente quedan sin reparación.
Por otro lado, resulta alarmante que la Profepa no se encuentre obligada por ley a expedir un programa de procuración de justicia y a rendir cuentas sobre su cumplimiento. Actualmente no existe un mandato legal para que la Procuraduría comunique a los ciudadanos sus objetivos, estrategias y metas, mucho menos la creación de indicadores de eficacia y de eficiencia, lo que impide que los ciudadanos conozcamos el grado de avance en la procuración de justicia.
El programa de procuración de justicia ambiental fue editado y difundido en una limitada distribución en una sola ocasión, sólo para ser olvidado por administraciones posteriores.
Así, para garantizar que la Profepa actúe con libertad en las facultades que le son conferidas, en la presente iniciativa se propone un mayor grado de autonomía y gestión presupuestal de la Profepa, mediante su descentralización en el sector ambiental.
Asimismo, se propone un nuevo modelo de designación, inamovilidad y remoción del titular de la Procuraduría, un perfil profesional claro de los principales servidores públicos, así como mecanismos de rendición de cuentas.
Por último, resulta sumamente importante mencionar que la función de procuración de justicia, la persecución de ilícitos y delitos, la sustanciación de procedimientos administrativos, la imposición de sanciones y la acción jurídica de reparación del daño de carácter ambiental puedan permitir ante el Poder Judicial que son claramente funciones de carácter jurídico.
En virtud de lo anterior y no obstante que la labor de la Profepa es altamente indisciplinaría, debe reconocerse que la conducción de estas actividades, que implican la delicada tarea de imponer actos de molestia y privación a los gobernados, exigen que el procurador federal de protección ambiental sea un perito en derecho, de la misma manera, que resulta impensable que un juez o un fiscal tengan una profesión distinta a la jurídica. La Profepa debe contar con un titular experto en estas tareas.
Incrementar el nivel jurídico de la institución es un requisito para incrementar la eficacia de los actos de la institución que continúan siendo nulificados en los tribunales por deficiencias jurídicas en la toma de decisiones institucionales.
Por estas razones se establece también en esta iniciativa que los requisitos que deba cumplir cualquier candidato a procuración sean justamente el hecho de acreditar un modo honesto de vivir, de que sea un mexicano, de que sea abogado con 10 años de antigüedad en su célula y acreditar conocimientos suficientes en materia ambiental.
En fin, hay una serie de tareas pendientes en la materia de procuración de justicia ambiental que esta iniciativa busca clarificar, acrecentar y atender. Es necesario que como mexicanos reconozcamos que aunque hay avances importantes en la materia ambiental y particularmente en este caso en materia de procuración de justicia ambiental. Todavía nos falta mucho por hacer, y hoy tenemos la oportunidad de posibilitar esta eficiencia y esta eficacia en la materia que es tan necesaria para garantizar lo que el artículo 4o constitucional nos dice, garantizarle a los mexicanos el derecho a un medio ambiente sano. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Permítame un momento, por favor, porque la diputada María Isabel Ortiz ha pedido adherirse a su iniciativa. ¿Está la diputada?
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla (desde la curul): Gracias, presidenta. Primero que nada felicitar a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente por esta ley que verdaderamente fortalece lo que se ha hecho en materia ambiental.
Hemos dado pasos muy importantes en la legislación ambiental. Se nos reconoce a nivel mundial por ello, pero era necesario fortalecer las instituciones con las que contamos, en especial la Profepa.
De verdad celebro que se le esté dando, bueno, se le está reconociendo como una autoridad ejecutora, vigilante, inspectora. Creo que es muy valioso lo que se está haciendo. Quiero reconocerlo, y la diputada Adriana González me dice que también se quiere sumar a ello, pedirle si me autoriza adherirme a su propuesta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Diputada, acepta la adhesión?
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Claro que sí es bienvenida la adhesión de la diputada Marisa Ortiz y, desde luego de todos aquellos que quieran hacerlo por el bienestar de los recursos naturales de México y de la procuración de justicia ambiental. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. No está.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se condena la agresión en contra de turistas españolas y connacionales en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas tardes diputadas y diputados. Vengo a nombre de todas las diputadas federales del Grupo Parlamentario del PRI, a someter a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes consideraciones.
La desafortunada zaga de comentarios en torno a los hechos en que 6 jóvenes españolas y una mexicana sufrieron un ataque contra su integridad, independientemente de su nacionalidad se trata de mujeres y además se trata de una violación, y ello nos remite a la sabia reflexión atribuida al célebre escritor inglés William Shakespeare, que dice: Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras.
Ires y venires, dichos y desdichos en un penoso vaivén que ilustra con todos sus matices el lamentable espectáculo que ofrecen quienes no cultivan el sano hábito de hacerse responsables de lo que dicen.
“No hay lugar a la interpretación ni buena ni mala, sucede en cualquier parte del mundo”, fue la cínica y misógina declaración de quien para vergüenza de las y los guerrerenses ostenta un cargo público.
En numerosas ocasiones desde esta misma tribuna hemos reclamado un trato respetuoso para las mujeres, especialmente para aquellas que son víctimas del delito. Con indignación vemos que persiste la ligereza. Es preciso reconvenir al orden al alcalde de Acapulco, no sólo para que se abstenga de los desafortunados comentarios que revelan su fatuidad, frivolidad, irresponsabilidad y misoginia, sino que evite también las especulaciones sobre si el delito fue perpetrado por miembros de la delincuencia organizada o por delincuentes comunes.
Desde aquí le hacemos un enérgico llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a la conciencia, para evitar que cualquier dicho pueda comprometer el desarrollo de las investigaciones.
Con sobrada razón Mario Luis Fuentes señaló que la política, en tanto que práctica civilizatoria, no puede ser entendida como ajena al lenguaje de quienes son los responsables de su conducción cotidiana. El lenguaje, debe decirse una y otra vez, es mucho más que las palabras y signos que utilizamos diariamente para comunicarnos; constituye en esencia la posibilidad de ser y de comprometernos como parte de un mundo, y con ello como parte de la comunidad humana.
De hecho, hay quienes afirman que la política sólo pudo surgir anclada en un lenguaje y por ello en complejos sistemas rituales, simbólicos, religiosos y culturales; todos sintetizados en palabras y conceptos que transportan visiones del mundo y la vida.
La vulgarización de la política comienza con la vulgarización de la palabra, nos advertía el poeta Paz, y por esa razón es doblemente importante estar atentos no sólo a lo que se dice, sino sobre todo a cómo se dice.
No hay palabras inocentes. Hablar es decir algo sobre el mundo, la realidad social o la subjetividad personal, pero es también, ante todo, decírselo a alguien, entrar en relación con él.
Así nos podemos explicar entonces, la ingobernabilidad en que se encuentra inmerso Acapulco, tan evidente como la incapacidad que Luis Walton tiene para gobernarse a sí mismo.
De ninguna manera es tolerable que en ningún rincón del mundo se ejerza violencia en contra de las mujeres. Condenamos y repudiamos la agresión perpetrada en contra de las turistas españolas y en contra de nuestra connacional, como condenamos la agresión y doble victimización que el alcalde de Acapulco ha hecho de ellas con sus palabras.
En razón de lo anterior sometemos a consideración de este pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente la grave agresión en contra de seis turistas españolas, ocurridas el lunes 4 de febrero del año en curso, en un conjunto de pequeños búngalos, llamado casa de la playa badaje, ubicados en San Andrés Playa Encantada, que corresponde a la comunidad El Podrido, perteneciente al municipio de Acapulco de Juárez.
Segundo. La LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades del estado de Guerrero a la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que conozca del caso referido en el punto primero del presente acuerdo, a efecto de que realice las acciones conducentes.
Cuarto. Se crea una Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero, en torno a la agresión perpetrada, ya referida, ocurrida el lunes 4 de febrero del año en curso, en la comunidad El Podrido, perteneciente al municipio de Acapulco de Juárez.
El objeto de la Comisión Especial será el que deriva de su denominación, a través de todas las acciones conducentes en el marco de las atribuciones conferidas a esta Cámara de Diputados.
Esta comisión funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en el Reglamento y en la Ley Orgánica de la materia, así como también deberá estar integrada por diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad de inclusión entre la integración del pleno y su conformación.
La comisión durará el tiempo en que el objeto de su creación siga vigente.
Es cuanto, compañera.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Perdón, diputada. Diputada, permítanos tantito, porque están pidiendo la palabra. Diputado Angulo Parra.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Gracias, presidenta. Una atenta petición al Grupo Parlamentario del PRI y a la diputada Miriam Cárdenas, con todo respeto.
Creo yo, bueno, me adhiero, en primer término, en todo el posicionamiento que hace la diputada Cárdenas, es una situación que no podemos tolerar a nivel nacional. Sin embargo, yo quisiera atentamente hacerle una petición de modificación del punto de acuerdo, si así lo aceptare, consistente en que esta comisión especial que se forme no se avoque exclusivamente a investigar ese caso. Tenemos impunidad a nivel nacional de todas las mujeres que han sido violadas y los agresores no han sido puestos en manos de la justicia. No podemos hacer una comisión exclusivamente para unas víctimas españolas. Sería una ofensa a todas las mujeres y hombres, inclusive, que han sido sujetos a ese delito tan grave.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A ver, diputada Malú y si me permiten, primero vamos a poner a consideración del pleno de la Cámara si se acepta...
¿Antes? Es que no está a discusión. Tenemos que ponerlo a consideración del pleno si es de urgente u obvia resolución y posterior a eso, el debate en donde puedan incluirse estas propuestas.
Entonces, Malú, si me permites, hacemos el procedimiento. Entonces consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se presenta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada secretaria. Se considera de urgente resolución. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados: la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, la diputada Margarita Tapia Fonllem, la diputada Margarita Licea González y la diputada Cecilia González Gómez.
Y me gustaría pedirles, si es que hay modificaciones que están proponiendo, como la que dijo el diputado Angulo Parra a la promovente, lo hagan llegar al grupo parlamentario correspondiente y lo entreguen aquí para someterlo a consideración, como se acepte la modificación, al pleno. Diputada Malú Mícher.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Celebro que por unanimidad se haya votado, precisamente, que se realice una investigación a fondo de esto.
Yo pediría, por favor, que escucháramos el planteamiento que va a hacer nuestra compañera Elena Tapia, en relación al turno que se está solicitando, porque una de las funciones de la Comisión de Equidad de Género es precisamente la investigación, el diálogo y la información con autoridades estatales en materia de derechos de las mujeres, y uno de ellos es precisamente los derechos que tenemos las mujeres a no ser violadas y a que se protejan nuestros derechos.
Por ello pido, por favor –si bien hay violaciones en todo el país y esto evidentemente no está denostando, y es un afrenta contra nosotras lo que acaba de pasar, me parece que es la Comisión de Equidad y Género y no una Comisión Especial de violaciones contra las mujeres en este país cuando es una de las funciones de la comisión. Y les pido por favor que escuchen las propuestas que va a presentar nuestra diputada Elena Tapia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado Alfonso Durazo, ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Con el objeto de expresar mi apoyo a la propuesta del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Y comentar que desde el periodo pasado de sesiones, en la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, se ha estado insistiendo en la necesidad de instalar una comisión investigadora para los feminicidios que se han –hechos de violencia relacionados con mujeres que se han dado en el estado de México, en Hidalgo, en Chihuahua, de tal manera que podamos ampliar el objetivo de investigación de la comisión.
Y aprovechando la propuesta de investigar las violaciones en Acapulco ampliar el tema, creo que este problema de violencia contra la mujer se presenta en muchos estados de la república y debemos aprovechar esta oportunidad para resolver y atender de manera integral esta investigación. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A ver, diputado, por favor, necesitamos ahorita desahogar el procedimiento que tiene que ver con discutir en términos de lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, el punto de acuerdo.
Si hay modificaciones que esté aceptando la diputada promovente nos las tienen que hacer llegar para hacer del conocimiento al pleno cuál es el consenso alcanzado y entonces votarlo así en el pleno, dejando claro que hay ya una Comisión Especial de Feminicidios habilitada y que –bueno– obviamente estará aquí en manos de los que tienen el uso de la palabra la discusión con respecto al resolutivo que se debe plantear y acepte, insisto, la diputada promovente.
Entonces, si nos permiten...
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿De procedimiento, Malú Mícher?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señora presidenta, estoy de acuerdo en que nos ciñamos al tema. Esto no es un caso de feminicidio, esto es otro caso. Pido, por favor, que centremos la discusión sobre la creación o no de una Comisión Especial o que se turne a la Comisión de Equidad y Género, si se cree un grupo de trabajo. Esto no es un tema de feminicidio y es parte de las funciones y del plan de trabajo de la Comisión de Equidad y Género. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sí, diputada Malú, lo dije porque a eso hizo alusión el diputado Alfonso Durazo. Entonces, nada más aclaro que hay ya una comisión de este tema.
Para efectos del resolutivo del punto de acuerdo estamos pidiéndoles que se acerquen con la diputada promovente, y se halla una modificación de consenso, la hagan llegar a la Mesa Directiva para que la pongamos a consideración del pleno.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Mojica, ¿con qué objeto?
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Presidenta, como diputada guerrerense quiero decirle que este punto de acuerdo me parece importante que se presente, pero que también quisiera que el exhorto que hacemos al gobierno municipal para que presente y haga justicia a los culpables a la brevedad; y la condena enérgica al desafortunado caso que pasó en Acapulco con la agresión que se dio a las seis turistas extranjeras.
Déjenme decirles también que quiero comentar con todos mis compañeros y compañeras diputadas: los guerrerenses, las guerrerenses también estamos siendo víctimas de este caso. Un caso que lo realizaron cinco chacales, cinco animales, que me avergüenza que sean guerrerenses, pero que también tengan en consideración que los más de 2 millones de guerrerenses que estamos trabajando día a día para cambiar la imagen de nuestro estado, de nuestro municipio de Acapulco, que hacemos un gran esfuerzo para lograr un mejor desarrollo económico y social, queremos pedirles que no utilicen este tema como un tema político, no se vale. Por lo tanto, agradezco que me haya permitido la atención y como me uno al punto de acuerdo en los puntos del exhorto y en el punto del esclarecimiento urgente del caso. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Si me permiten. Diputadas y diputados, quiero hacerles de conocimiento que hay una lista de oradores y precisamente ahí los grupos parlamentarios harán valer su opinión; e insisto, si hay modificaciones de consenso, la diputada promovente las tiene que hacer llegar a la Mesa Directiva.
Si nos permiten para desahogar ya el orden de oradores. Hay una lista diputadas, diputados y es de un integrante por grupo parlamentario.
A ver, voy a poner a consideración del pleno si sigo dando así la palabra o hacemos ya la lista de oradores que está inscrita aquí en la Mesa Directiva.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Era de procedimiento, diputada. Vamos a desahogar conforme están inscritos los oradores. Tiene la palabra la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, condenamos enérgicamente la violación cometida contra las seis mujeres de origen español, así como los delitos sufridos por una connacional y siete hombres españoles. Lamentablemente la violación sexual a las mujeres en México no es un caso aislado.
De acuerdo con el reciente diagnóstico, violencia, feminicidio en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, en nuestro país se presentan al año 15 mil denuncias por violación sexual, al que hay que sumar la llamada cifra negra. Es decir, los delitos cometidos pero no denunciados ante las autoridades respectivas.
Además del impacto sicológico de las víctimas habrá que añadir la impunidad que impera en el tema, ya que sólo cuatro mil averiguaciones previas han culminado con la detención del presunto culpable y su consignación ante el Poder Judicial.
Nueva Alianza condena enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres, específicamente la violencia sexual. Deploramos que la falta de una verdadera cultura de equidad de género en este país sea una de las principales causas de la violencia sistemática contra las mujeres.
Exhortamos a las autoridades de Guerrero a actuar de manera eficaz, con apego irrestricto al debido proceso para que las víctimas reciban justicia pronta y expedita. De igual forma consideramos adecuado que la comisión de Derechos Humanos conozca el caso para vigilar que los derechos de las víctimas no sean vulnerados por las autoridades ministeriales.
Nos parece sumamente importante este caso así como los denunciados por miles de mujeres en todo el país. Proponemos que se cree una subcomisión en la reciente aprobada comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México para rastrear oportunamente, tanto éste lamentable caso como las denuncias de violación sexual contra las mujeres de todo el país.
De aceptarse esta propuesta, nuestro sentido del voto será a favor. De lo contrario, nuestro voto no podría ser bajo ninguna circunstancia de discriminar y vulnerar los derechos de las mujeres mexicanas. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por tres minutos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, hoy el problema principal en México en torno a los derechos humanos de mujeres y niñas no es su reconocimiento ni su fundamentación, sino su efectiva protección.
Mary Tain recordaba, y a nuestro juicio muy acertadamente, que en este campo de los derechos humanos y de su protección, no son raras las sensaciones de emitir a Procusto, el famoso bandido de la época griega que tenía en un lecho el hierro ideal, para él claro está, y donde tumbaba a todas sus víctimas para ajustarles el tamaño.
Aquellas que sobresalían de las dimensiones del lecho, veían recortadas sus extremidades y las que no se ajustaban en la altura con los métodos igualmente crueles, eran objeto de alargamiento forzoso de las piernas.
Desgraciadamente a veces surgen los imitadores de Procusto, aquellos o estos que tienen su idea de los derechos humanos y que protegen solamente a quienes entran en su concepción, al resto no se les niega la protección, eso nunca, pero se les acomoda al tamaño obligado.
La internacionalización de los derechos humanos es un fenómeno reciente que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, que inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Para dotar de obligatoriedad a dicha declaración se adoptaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el ámbito de la Organización de Estados Americanos se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estos instrumentos internacionales son obligatorios para México hace más de 29 años, lo que significa que desde entonces nuestro país adquirió la obligación internacional de lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales regulados en los estados instrumento.
A pesar de la ratificación de México de los tratados antes mencionados, y la ratificación de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belen Do Pará, el Estado mexicano ha negado en forma reiterada, cínica e indolente, los derechos de no discriminación y el derecho de acceso a la justicia a las mujeres y a las niñas.
Este último derecho puede considerarse como el derecho fundamental por excelencia por cuanto constituye la puerta de entrada para el reclamo y la efectiva protección de los demás derechos fundamentales.
Esta situación de la violación de los derechos fundamentales de las mujeres, continuaría sin generar ninguna expectativa de cambio si no se hubiera dictado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras como Campo Algodonero, del 16 de noviembre del 2009.
El futuro de niñas y mujeres de México, de escasos recursos, podría ser el mismo que se les deparó en ese entonces a más de 500 muertes en Juárez y que siguen falleciendo, y a más de 40 mil desaparecidas.
Ninguna autoridad federal o local hoy en día, garantiza el derecho de acceso a la justicia y no discriminación de mujeres, niñas de escasos recursos.
Gracias a los familiares de las víctimas, a las ONG nacionales y extranjeras y a diversas universidades del país, después de 18 años tenemos una sentencia internacional que califica estos hechos como lo que son, un crimen imperdonable,tolerado y aceptado por nuestra sociedad y por el Estado mexicano, a pesar de que en nuestra Carta Magna se dispone que gozan de la garantía de igualdad y acceso a los tribunales toda persona, en el caso de miles de mujeres y niñas de escasos recursos el acceso a estos derechos es una quimera.
El Partido del Trabajo y su servidora solamente se sumarían al punto de acuerdo si se abriera precisamente la Comisión Especial de Investigación para los casos de todas las mujeres y niñas cuyos derechos humanos son violados. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañera presidenta, compañeras y compañeros diputados: la violencia hacia las mujeres es un tema que debe ser prioritario en este Congreso no sólo en las coyunturas y menos ser utilizado con fines políticos, pues es una realidad que la violencia de género afecta a seis de cada 10 mujeres.
A la par de condenar las agresiones de las que fueron víctimas las mujeres españolas en Acapulco, coincidimos en que se debe hacer una investigación exhaustiva y se debe dilucidar este caso lo antes posible.
Pero condenamos la violencia a las mujeres no sólo sexual, sino física, emocional o económica y sobre todo los casos que se han venido presentando en todo el país. No sólo es un tema de Acapulco, es un tema de toda la república.
Sin embargo, nos sorprende el súbito interés que ahora muestran los priistas por las violaciones a seis mujeres españolas ocurridas el pasado lunes en Acapulco, cuando una y otra vez han minimizado y evadido el tema de la violencia que sufren cientos de miles de mexicanas en las entidades gobernadas por el PRI.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional, las mujeres víctimas de violencia sexual suman más de 14 mil al año. Tan sólo de junio de 2010 a junio de 2011 en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa se registraron casi mil 700 casos de agresiones sexuales.
El observatorio de feminicidios registra mil 200 feminicidios en Chihuahua y casi mil en el estado de México, de acuerdo a datos de las procuradurías estatales; precisamente el estado de México, donde gobernó Enrique Peña Nieto.
Nos sorprende que el año pasado callaron ante la violación de siete menores que fueron violadas en el municipio de Ixtapaluca, estado de México, y ante las declaraciones del director de Seguridad Pública al afirmar que los asaltos con violencia son comunes en esa zona.
Nos sorprende su silencio ante los feminicidios ocurridos en estos días en Tula, Hidalgo, la tierra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos sorprende también que no se levante la voz de las priistas ante la misógina frase de Murillo Karam, al informar sobre lo ocurrido en Pemex, donde dijo: lo único que encontramos en la maleta es lo más peligroso para los hombres, cosméticos de mujer. Y nada han dicho quienes ahora se indignan.
Nos sorprende que les preocupa la gobernabilidad de Acapulco cuando el anterior gobierno dejó en ruinas al municipio. Cuando Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyar el rescate de Acapulco y no lo ha hecho.
Y quienes contribuyeron al desastre financiero de Acapulco hoy se cobijan en el fuero de este recinto y a tras mano operan una campaña de golpeteo en contra de la autoridad municipal para que se diluya su responsabilidad en la catástrofe financiera. Me refiero a Manuel Añorve Baños, que aquí nos está viendo.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Si me permite el orador. ¿Con qué objeto, diputada Corrales?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Detenga el tiempo.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Detengan el reloj, por favor.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Señora presidenta. Señor diputado, es una ofensa lo que usted está haciendo para todas las diputadas de las diferentes fracciones de esta Legislatura. Nosotros no hemos minimizado y el asunto de violación es un asunto político, es un tema que nos ocupa a todas las mujeres, y les debe de ocupar a todos los hombres de todas las fracciones, de todos los partidos políticos de esta legislatura. Por lo tanto, retire su expresión, por favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Continúo, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Nadie ha minimizado, simplemente digámosle las cosas por su nombre, porque aquí la proponente Miriam Cárdenas, que por cierto es de Coahuila, y nunca ha dicho nada del desfalco de Humberto Moreira, criminal, y que hoy aparece. Nunca ha dicho nada. Precisamente ahora les duele cuando sirven de escudo protector para el desfalco de Manuel Añorve.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputado. Diputados, les solicito por favor que escuchemos la exposición del diputado para poder avanzar con la discusión de este resolutivo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: No les gusta escuchar las verdades, esa es la realidad. Vamos con todo contra a los feminicidios, contra las agresiones sexuales en cualquier parte del país: en Acapulco, en el estado de México, en Hidalgo, en Chihuahua, en Quintana Roo, pero no podemos dejar de soslayar que toda esta arremetida del PRI es un acto de revanchismo político.
Luis Walton ha recuperado Acapulco y la ocupación va al 100 por ciento en los últimos días. Y ahora, en este acto de mezquindad, el diputado Añorve trata de sacar raja política. Vamos contra los feminicidios, pero denunciemos las cosas por su nombre.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Les voy a pedir a todos y a todas las diputadas y diputados, por favor se ciñan al tiempo que tienen establecido para esta exposición. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Gracias, señora presidenta. No dejan la tribuna muy fría, ¿verdad? Vamos. El turismo en México ha sido un factor de estabilidad macroeconómica en los últimos 40 años, de hecho la Secretaría de Turismo declara que ha habido 11 mil millones de dólares como flujo de efectivo en México para este año.
Por esto, en el Partido Verde nos preocupa que en México sigan presentándose situaciones que afectan la imagen de México como destino turístico. Repito, el turismo ha sido un factor clave para nuestro desarrollo económico y social como nación moderna.
La imagen de lo que pasa en Acapulco se replica en automático en la mente de turistas en otras partes del mundo y afecta al resto de nuestros destinos turísticos, llámense Cancún, Acapulco, Zihuatanejo.
Lamentamos profundamente el ultraje del que fueron víctimas el lunes pasado en este puerto un grupo de turistas españoles, y exhortamos a las autoridades judiciales que a la brevedad encuentren y procesen a los responsables. Sin embargo, es lamentable que una supuesta sensibilidad llevó a autoridades locales a caer en la frivolidad al declarar que estas violaciones en perjuicio de turistas pueden suceder, tanto en Acapulco como en cualquier otro lugar.
Nos parece que estas declaraciones serán percibidas negativamente por televidentes en todo el mundo, todos potenciales turistas que habiendo escuchado directamente en boca de la autoridad: Puede pasar en Acapulco o en cualquier otra parte, dudarán o de plano no vendrán a México.
En el Partido Verde queremos que las desafortunadas declaraciones no se repitan, pues insisto, lo que pasa en el turismo pasa en todo el país; nos afecta a todos. ¿Qué turista desea vacacionar en un lugar cuyas autoridades no ofrecen certeza de su seguridad?
El Grupo Parlamentario del Partido Verde se adhiere a la propuesta de nuestras compañeras del Revolucionario Institucional, de nuestra amiga Miriam Cárdenas Cantú, y nos sumamos a la indignación de mujeres ante expresiones inadmisibles como las del alcalde de Acapulco, Luis Walton.
La respuesta del alcalde Walton no fue precisamente la que esperaban cientos de familias que dependen del turismo, las alertas que emiten otros países, o en el caso de Estados Unidos los famosos travel altert, para que sus ciudadanos no viajen a México por la inseguridad, se han multiplicado y la mayoría de nuestros turistas vienen de esos países. Declaraciones temerosas o temerarias como la mencionada, no ayudan mucho.
La noticia de la violación de las seis turistas españolas ya ocupa los portales de noticias en España y otros países. Empresarios del sector turístico afirman que los nueve millones de visitantes anuales en Acapulco han sido o serán una huella que deje marca.
En el Partido Verde sabemos que las autoridades locales de los principales destinos turísticos del país tendrán que emprender esfuerzos para reconstruir los daños ya hechos. En el futuro esperamos que otras autoridades tengan una mayor conciencia de que una declaración desatinada puede dar al traste con la estrategia dinámica que el gobierno de la república está realizando ya para mejorar la imagen de México en el mundo.
Condenamos el ataque sexual a los turistas de España, mujeres violadas u hombres violados, porque la violencia sexual no tiene género. Convocamos al estado de Guerrero y a su gobierno a que dé resultados de inmediato y capturen a los responsables.
Las diputadas y diputados de nuestro grupo parlamentario estamos dispuestos a coadyuvar en todas las denuncias que se deban presentar por las víctimas. Nos solidarizamos por supuesto con la propuesta de nuestra diputada, compañera Miriam Cárdenas. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Margarita Tapia Fonllem: Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Hoy que esta Cámara trata el tema de la inadmisible violación sexual a seis mujeres, ocurrida en Acapulco, Guerrero, no podemos eludir la memoria de tantas mujeres heridas, violadas y asesinadas.
Recordemos el caso Castaños, en Coahuila, en 2006, donde 12 militares atacaron sexualmente a 14 sexoservidoras y aún resta hacer justicia. El caso de Ernestina Ascencio Rosario, asesinada en Zongolica, Veracruz.
Recuperemos la memoria de la red de pederastas culpables de violaciones y trata de personas, denunciada en Quintana Roo. Recordemos también los cientos de violaciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la gran mayoría sin investigar y sin castigar a los culpables. Y hay que recordar que las mayorías parlamentarias no actuaron con el mismo sentido de urgencia que hoy pretenden mostrar.
Recordemos también la sentencia del campo algodonero, por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano diversas medidas ante los casos de feminicidios presentados y lo señaló como responsable de múltiples violaciones a derechos fundamentales.
En esta misma Cámara, en la pasada legislatura, muchas legisladoras y legisladores evitaron que se destrabara la solicitud de alerta de género por los feminicidios en el estado de México, esto lo hicieron para evitar que se manchara la campaña presidencial de su gobernador.
A diferencia de Acapulco, en los casos aludidos ha habido una prolongada negligencia, no se han investigado ni sancionado la inmensa mayoría de delitos, se ha pretendido intimidar a las mujeres y a las personas defensoras, la autoridad ha intentado disuadir a familiares de exigir sus derechos, los grupos de poder han intentado acallar a la opinión pública y a la sociedad civil para que los casos no se difundan. Cuando escuchan la palabra justicia sólo entienden escándalo.
Por ello lamentamos que el punto de acuerdo, presentado hoy, tenga tantas impresiones y contrasentidos, y pensamos que sólo dos puntos, de este punto de acuerdo presentado, serían aceptables.
El primero, en el sentido de condenar enérgicamente la grave violencia sexual que se perpetró en contra de estas seis mujeres en Acapulco.
Segundo, para exhortar a las autoridades municipales y estatales de esa entidad, para la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables.
Sin embargo, el punto tercero del acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a conocer del caso y realizar las acciones conducentes, ya no tiene razón de ser, dado que ayer mismo el presidente del organismo anunció que iniciaría una queja de oficio para esta investigación.
Es necesario actualizar este punto de acuerdo con la información que se ha hecho pública en la mayor parte de los medios de comunicación desde el día de ayer.
El punto cuarto, por las razones antes aducidas, nos parece improcedente. Crear una comisión especial para dar seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero significa generar un órgano especial que no tendría materia de trabajo.
Llamamos a esta Cámara de Diputados a sí pronunciarnos enérgicamente en contra de lo ocurrido. Y si bien hubiéramos querido poder construir un punto de acuerdo en donde se compromete esta Cámara de Diputados a investigar todos los casos de violencia sexual cometidos en este país, estamos tratando de llegar a un acuerdo que deje en manos de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, la atención y seguimiento de los resultados del caso de Guerrero que nos ocupa. Con la plena confianza de que ambas comisiones sabrán hacer su trabajo.
Espero que en el transcurso de los próximos minutos podamos construir este acuerdo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. No, perdón, corrijo. Me acabo de saltar. Sigue la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Perdón, diputada Cecilia.
La diputada Margarita Licea González: Con su permiso, señora presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señoras y señores legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifestamos nuestra indignación y repudio por los hechos ocurridos el lunes 4 de febrero en la ciudad de Acapulco, Guerrero, cuando cinco sujetos armados y con los rostros cubiertos irrumpieron en una casa de alquiler ubicada a un costado de la playa de la población Barra Vieja y que forma parte de la zona de Punta Diamante, misma que era rentada por un grupo de 14 personas, 13 de nacionalidad española, 6 mujeres y 7 hombres, respectivamente, y una mexicana.
Los sujetos amordazaron a los españoles y a la mexicana con cables de celulares y cordones de trajes de baño, y abusaron sexualmente de las españolas durante aproximadamente dos horas y media.
La Cancillería mexicana aseguró que los españoles han contado con la debida asistencia consular, pero este fenómeno es un acontecimiento lamentable con el que se confirma una vez más la discriminación contra las mujeres.
Como integrante de la Comisión de Equidad y Género, y especialmente en mi calidad de mujer, observo con tristeza que aún en estos tiempos los delitos que se cometen contra mujeres pareciera –salvo para algunas autoridades– que son fenómenos comunes y naturales, hecho que considero vergonzoso.
No bastando el hecho violento cometido en contra de la dignidad e integridad física de estas seis mujeres, al margen de que sean españolas o de cualquier otra nacionalidad, la situación es que son mujeres.
Las declaraciones vertidas por el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, vienen a denostar el hecho tan grave ocurrido, pues lejos de apoyar a las víctimas minimiza la acción diciendo que eso ocurre en cualquier parte.
Es lamentable que una autoridad que tomó protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y con esto proteger los derechos humanos de cada individuo que se encuentre en nuestro país, considere ese acto delictivo como una situación normal.
Este tipo de situaciones fragmentan la estabilidad del Estado de derecho y fomentan con ello que las funciones del Estado sean reemplazadas por el brazo de la delincuencia organizada.
Por tanto, es nuestra responsabilidad como legisladores procurar siempre y en todo momento la protección del ser humano, así como salvaguardar la seguridad de la sociedad a través de una correcta impartición de justicia.
Señoras legisladoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del PAN lanza una enérgica condena ante estos hechos lamentables y se suma al repudio emitido por la cancillería mexicana a efecto de que este crimen no quede impune, se garantice la adecuada atención a las víctimas y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.
Por lo anterior exhortamos a las autoridades competentes, en sus tres ámbitos de gobierno, para que este acto no quede sin castigo y que a la brevedad se sancione a los delincuentes.
Y, por supuesto, que muchas mujeres lloraríamos de tristeza el día de hoy si este poder se declara en que tenemos una Comisión Especial para atender este delito cuando hay muchas mujeres, niños y hombres que han sufrido de igual manera, y que no estamos haciendo lo mismo en esta circunstancia, por lo que nosotros, el grupo parlamentario, estaríamos de acuerdo en que se forme un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Equidad y Género, y de la Comisión de Derechos Humanos para atender este caso. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene el uso de la palabra la diputada...
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Presidenta, una moción.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Moción de qué, diputada? Ábranle el micrófono a la diputada Córdova, por favor.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Martha Beatriz Córdova, diputada. Nada más para comentarle. Súbanle por favor al micrófono, porque ando un poquito ronca y no creo que me escuchen y me van a escuchar aunque no quieran.
Veo que hace un rato usted interrumpió la participación de nuestro compañero para darle la palabra a otra diputada. Yo quiero pedirle que no le tengamos miedo, presidenta, al Partido del PRI. Fíjense bien lo que les voy a decir: gobiernos priístas, gobiernos panistas van y vienen y jamás han levantado la voz. ¿Por qué hasta hoy levantan la voz? Quiero que me contesten, ¿qué pasa con los homicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua?, tierra donde yo nací, tierra donde yo he vivido.
Han ocupado estos homicidios las notas internacionales desde hace años, y jamás les ha importado crear una comisión especial para el esclarecimiento de estos homicidios. Soy de Chihuahua...
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada, perdón, ¿cuál es la moción?
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): No, no. no, ya voy a terminar. Hoy quiero decirles, soy de Chihuahua y hemos vivido en carne propia. Compañeras, ustedes no viven allá. Ustedes no viven allá.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputadas, diputados.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Permítame por favor, la palabra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se la estoy permitiendo, pero me la pidió para una moción y le estoy preguntando cuál es la moción, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Precisamente, el que no me dio la palabra cuando correspondía y se la pedí.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítanos entonces, por favor.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Nosotros en Ciudad Juárez hemos vivido estos horrores que mencionan en otros municipios y no les importa; la mala imagen y la falta de inversión en Ciudad Juárez, que hoy por hoy se encuentra devastada y con una comisión especial...
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada, ya le di el derecho a la moción. Permítame seguir con el orden del día y desahogar el procedimiento del punto de acuerdo.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): No tenga miedo, diputada, a la gente del PRI, por favor.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: La diputada Lourdes Quiñones, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Con el objeto, con todo respeto, señora presidenta, de que se siga con el orden del día. No es tiempo de prácticas. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aceptado, diputada. Muchas gracias. Por último tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia González Gómez, por favor, para desahogar ya las intervenciones de este punto de acuerdo.
La diputada Cecilia González Gómez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de la proposición presentada por la diputada Miriam Cárdenas Cantú. Toda vez que los lamentables e inconcebibles hechos ocurridos en el municipio de Acapulco, perpetrados en contra de seis mujeres de nacionalidad española y una connacional, son el resultado de la violencia que se vive, no solo en el puerto sino en toda la entidad.
Por supuesto, la no menos lamentable e inexplicable respuesta del alcalde, explica de manera significativa el deficiente cumplimiento de las responsabilidades por parte de las autoridades de Guerrero.
De una vez por todas es preciso entender y asumir que el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres es una condición sine qua non sin la cual en un Estado que se considere moderno, democrático y de derecho, no puede ser. La violencia por razones de género no es normal y no puede ni debe ser tolerada de ninguna manera en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia.
En este orden de ideas, precisa dejar en claro que la violencia sexual cometida contra hombres, contra mujeres, contra niños, entraña uno de los delitos más atroces y aberrantes toda vez que vulnera y violenta no sólo la integridad física de la víctima, sino que también la psíquica y emocional ya que constituye un ataque a la intimidad y a la dignidad del ser humano.
Es inexplicable que en una persona con cargo público y que representa toda una entidad le pueda parecer común la comisión de este delito. Nadie que se precie de ser un hombre sensato puede dejar de conmocionarse, admirarse, condolerse y estremecerse ante el abuso sexual.
Por desgracia los lamentables hechos ocurridos en la Playa Encantada, Guerrero, han revelado la omisión, complicidad y complacencia de las autoridades estatales y municipales ante este tipo de delitos en donde los criminales quedan sin castigo, las víctimas sin acceso a la justicia y la impunidad se ha convertido en el selló común de la casa.
Por eso, y más allá del discurso; más allá de levantar la voz a favor de las víctimas y más allá de la solidaridad moral, las diputadas del PRI, con el apoyo irrestricto de nuestro grupo parlamentario, hemos decidido tomar acciones concretas al respecto.
Desde esta tribuna les decimos a las mujeres y a los hombres de todas las edades que han sufrido violencia y abuso sexual, que cuentan con nosotras.
A quienes ya acudieron y encontraron una negativa, ausencia, omisión o doble victimización por parte de las autoridades, que estamos dispuestas a exigir junto a ustedes, el respeto a sus derechos y la debida procuración e impartición de la justicia.
Dondequiera que se encuentren, en cualquier comunidad, en cualquier municipio o en cualquier estado, ahí estaremos hombro con hombro para exigir justicia.
Acapulco siendo un lugar mundialmente reconocido por sus playas, su hotelería, su hospitalidad, no puede estar desprotegido ante semejantes desastres humanos.
Compañeras y compañeros legisladores, los diputados del PRI creemos en un México con pleno Estado de derecho, hospitalario, con sentido humano, competitivo, en donde la ley sea observada plenamente por los servidores públicos y se respeten las garantías individuales. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Dé lectura la Secretaría a la propuesta de modificación al punto de acuerdo y consulte a la asamblea en votación económica si se acepta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Propuesta de modificación al resolutivo cuarto de la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se condena la agresión cometida contra turistas españolas en Acapulco de Juárez, Guerrero, el 4 de febrero de 2013.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 44, numeral cuatro, de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno la modificación al resolutivo cuarto de la proposición con punto de acuerdo por el que se condena la agresión cometida contra turistas españolas, en Acapulco de Juárez, Guerrero, el 4 de febrero del año en curso, para quedar como sigue:
Cuarto. Se instruye a las comisiones de Derechos Humanos y Equidad y Género, a crear un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero en torno a la agresión perpretada en contra de las víctimas de los hechos ocurridos el 4 de febrero del año en curso en la comunidad de El podrido, perteneciente al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Uno. El objeto del grupo plural de trabajo será el que se deriva de su denominación a través de todas las acciones conducentes en el marco de las atribuciones conferidas a esta Cámara de Diputados.
Dos. El grupo plural de trabajo funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Tres. El grupo plural de trabajo se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión entre la integración del pleno y su conformación.
Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
Cuatro. El grupo plural de trabajo durará el tiempo en el que el objeto de su creación siga vigente durante esta Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término y presentándose semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o en su caso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Atentamente, la proponente.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta al punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputadas y diputados: estuvimos en espera de esta resolución de modificación al punto de acuerdo y entiendo que viene firmada por los grupos parlamentarios. ¿Es así, vienen las firmas de los grupos parlamentarios, diputada secretaria?
Ésta es la propuesta que viene firmada por la promovente. Es lo que procede para efectos del cambio de un resolutivo de punto de acuerdo.
¿Hay un error en la resolución del resolutivo? ¿Qué leyeron? Grupo de trabajo plural, así se leyó.
¿Podría la Secretaría volver a dar lectura a la modificación del punto de acuerdo?
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de este grupo plural deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada secretaria, recoja la votación económica si se acepta la modificación.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada secretaria. Ahora consulte, en votación económica, si la asamblea aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo con la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, aprobado. Comuníquese.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul de la diputada Zuleyma, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Nada más para que quede muy claro. Diputados, habían pedido que este punto fuera de carácter nacional. Esto no se tomó en cuenta, y que quiero que quede asentado tal cual. Solamente, otra vez se vuelve a aclarar para un solo estado, en un municipio, y se dejan todos los otros estados, y todo lo que se había pedido en este pleno se ha quedado fuera. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Vamos a pasar al siguiente tema, en este punto ya está agotada la discusión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por cinco minutos, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señora presidenta. Me dirijo a ustedes con un tema, que sin mal no recuerdan ya estuvo en el orden del día desde el mes de diciembre. De hecho es un tema muy importante, es un tema que nos preocupa y nos debe ocupar aquí en la Cámara de Diputados, que es el tema de los migrantes deportados y repatriados.
Para nosotros como Grupo Parlamentario del Partido Verde, nos preocupa la integridad de las personas así como cuando se ven vulnerados sus derechos humanos. Es por ello que subo a esta máxima tribuna del país a hacer un exhorto para que las autoridades federales volteen hacia la frontera de México con Estados Unidos, en donde se están sufriendo una serie de atropellos, violaciones a los derechos humanos, y se necesita un poco más de atención para que las autoridades vigilen el ingreso de nuestros connacionales, y en muchas de las ocasiones, personas de otros países, en su mayoría centroamericanos.
Este programa de repatriación inició desde 2007, y tiene como objeto el que las personas, los migrantes que son deportados, no vuelvan a contactar a los polleros o las personas que los cruzaron por un punto fronterizo y que sea ajeno, por el cual ingresaron a los Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, ICE, adoptó las prioridades claras centradas en los recursos de control, y comentaba que en un principio iba a deportar a personas que hubieran violado las leyes de migración estadounidenses, lo cual no ha sido el caso y esto también nos preocupa.
Aquí quiero hacer un punto muy claro, quiero ser muy preciso. Tampoco se trata de criminalizar al migrante, pero sí nos preocupa bastante que las cifras y los datos que se arrojan comprobados con las bases de datos de Estados Unidos, nos dicen que cerca de 145 mil personas, esto en el año fiscal de 2011, que representan cerca del 50 por ciento de las personas que nos deportaron o repatriaron a México, tienen antecedentes que no únicamente son violaciones a las leyes de migración norteamericanas, sino que traen antecedentes de delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, asaltos, fraudes y robos.
Es por ello que a nosotros estas cifras alarmantes nos preocupan, ya que de un año a otro ha representado un aumento del 89 por ciento en las cifras de estas personas.
Siendo precisos en el caso de Baja California, que aquí me apoyan mis compañeros, tanto Fernanda Schroeder como Benjamín Castillo, durante campaña fue una petición muy recurrente tanto de los organismos empresariales como de la sociedad civil organizada, donde existen muchos grupos que han rebasado a la autoridad tanto local, municipal, estatal o federal, en materia de atención a estas personas que llegan a las altas horas de la noche, en la madrugada, a veces a las 3, 4, 5 de la mañana, y que no tienen ningún tipo de asistencia ya sea médica o por parte del gobierno, para que contacten a sus familiares.
Éstos son los temas que nos preocupan, es por ello que subimos a esta máxima tribuna a hacer este exhorto. ¿Y qué es lo que pedimos en concreto?
Que vigilen que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que establezca un diálogo permanente con su homólogo de Estados Unidos, para modificar este memorándum de entendimiento y vigilar por qué no, dentro de los 26 puntos que existen a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, se está atendiendo otro de los puntos.
Únicamente por Tijuana y Mexicali se deportaron el año pasado a 125 mil personas. Para que se den una idea, esto es equiparable a la población que tiene el municipio de Tecate, para que vean de cuánta envergadura, de qué problema estamos hablando, de lo que representa de carga para los municipios fronterizos.
Es por ello que ya para finalizar me gustaría que de acuerdo al artículo 11 de nuestra Carta Magna, en la cual el gobierno mexicano está facultado a revisar la calidad migratoria y aparte revisar los antecedentes penales de las personas que ingresan a nuestro país, termino por parte del Grupo Parlamentario del Verde posicionando este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, esperando el apoyo de todos ustedes, compañeros y compañeras.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para establecer un diálogo diplomático con su homólogo estadounidense, con la finalidad de revisar el memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, privilegiando mecanismos de traslado que garanticen la llegada segura a sus lugares de origen de nuestros connacionales, salvaguardando su bienestar físico.
Y como segundo punto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración, a fin de implementar una plataforma para poder recopilar información, antecedentes y la revisión de la calidad migratoria, la captura de biométricos y el respectivo apoyo para la reinserción en el mercado laboral de los retornados. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, compañero diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputada Juárez?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. Estaba solicitando la palabra antes de la votación, pero me parece que aunque mi voto fue a favor porque me parece ése es un punto de urgente u obvia resolución, pero saber y comentar con quien lo propone, si estaría de acuerdo y ahorita poder llegar a una redacción en donde pudiéramos tener algunos renglones para que mencionemos ahí que en el caso de los niños y niñas migrantes se observe siempre, en esta repatriación, el interés superior de los niños y la no discriminación.
De las cifras que él ha mencionado, cerca de 16 mil niños también, y niñas, son los niños no acompañados que tuvimos en el año 2011, por consecuencia me parece que es de particular importancia que en el caso particular de los niños y las niñas tengamos que estar observando el interés superior de la niñez y los principios que nos marca la Convención de los Derechos del Niño.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Le solicitaríamos, diputada, si nos pudiera entregar por escrito su petición para que se sume a estos acuerdos, y pudieran ver si lo aceptan, tanto el promovente como los coordinadores y puedan llegar a un acuerdo. Gracias.
En el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Partido de Nueva Alianza.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La migración es un fenómeno inherente al proceso de globalización, especialmente en la relación tan estrecha entre México y Estados Unidos. En un mundo en movimiento, el flujo de seres humanos es de la más relevante trascendencia por su impacto económico y los aspectos socioculturales que conlleva.
El irrestricto respeto a los derechos humanos es un aspecto fundamental que debe prevalecer en los mecanismos de repatriación, como los que actualmente operan entre México y los Estados Unidos, a partir de la firma del memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, concebida hace casi 10 años.
Para entender la magnitud del fenómeno social de la repatriación hay que ver su magnitud en números, ya que de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración, al cierre de 2012 fueron repatriados 369 mil 492 mexicanos, de los cuales 333 mil fueron hombres y 36 mil, mujeres.
En cuanto a las entidades receptoras, es importante mencionar que Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla y mi estado, Guanajuato, recibieron cerca del 40 por ciento de las repatriaciones documentadas.
En este sentido y en el marco de los acuerdos vigentes entre México y Estados Unidos, es imperativo garantizar el regreso, el traslado y la llegada segura de nuestros paisanos.
De igual forma, es prioritario replantear las prioridades de la agenda bilateral desde la óptica de los derechos humanos, atendiendo problemas específicos como la recurrencia al cruce ilegal, las condiciones de detención, los mecanismos de traslado y la integridad física de los repatriados.
Como ciudadano, como legislador y como guanajuatense, quiero destacar que es prácticamente inexistente la coordinación entre los actores institucionales involucrados en la recepción de las y los migrantes.
Ni existe una base de datos binacional que facilite la revisión de antecedentes penales, dada la problemática expuesta por el diputado Pérez Tejada, en adición con información que posibilite la reinserción laboral de sus estados.
Con base en la argumentación expuesta anteriormente y a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, suscribo la proposición de urgente u obvia resolución presentada por el Partido Verde Ecologista. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido del Trabajo, en el uso de la voz la diputada Loretta Ortíz Ahlf, hasta por tres minutos.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es un tema recurrente referirnos en esta tribuna a los abusos cometidos por autoridades estadounidenses contra los mexicanos que emigran hacia ese país.
Los diputados del Partido del Trabajo reconocemos que hay una serie de elementos que generan que la región fronteriza entre México y Estados Unidos sea el epicentro de violencia, tráfico de drogas, armas y violación de derechos humanos.
Las condiciones económicas de nuestro país que no ofrecen oportunidades de empleo llevan a un número importante de connacionales a cruzar la frontera norte, con el objeto de buscar una ocupación que les permita sacar adelante a sus familias y sobrevivir.
No obstante que México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hace casi dos décadas, el aspecto relativo a tener un acuerdo migratorio no se ha concretado.
En todo el tratado no existe una sola cláusula que haga referencia al respeto a los derechos humanos de los mexicanos, y sin embargo, sí se estableció un muro para cazar, como patos, así, como patos a los mexicanos que pretendan cruzar la frontera.
Los años han pasado sin que haya la expedición de un tratado o de una ley con Estados Unidos que permita regularizar a los mexicanos que ya radican en aquel país y que pueda regular el flujo de personas que emigran en busca de un futuro más promisorio para ellos y sus familias.
El caso más reciente en este sentido tiene que ver con el anuncio de las autoridades del Condado Imperial en el estado de California, de que se incrementarán las deportaciones de forma semanal de indocumentados aprehendidos en otras fronteras, como lo es Texas. Este anuncio lo justifican como parte del regreso voluntario del Programa Salida y Transferencia de Extranjeros.
Este programa fue implementado con el objeto de disminuir el riesgo de que vuelvan a internarse en territorio estadounidense contactando algún pollero. Este operativo considera, además de regresar a hombres de entre 20 y 60 años, también que serán repatriados mujeres y familias aplicándose principalmente el programa de lunes a viernes.
El programa se agrava con el trato que reciben, son esposados, encadenados, les confiscan sus pertenencias y sus documentos oficiales, en otras palabras son dejados de manera infame y se les violan sus derechos fundamentales.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, existen acuerdos a nivel diplomático entre México y Estados Unidos de Norteamérica, como es el caso del Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interno de las Estados Unidos sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.
Sin embargo, este tipo de instrumentos no se cumplen a cabalidad y se está poniendo en riesgo la integridad de las personas deportadas, así como la seguridad interna de nuestro país en el caso de que sean personas con antecedentes criminales.
El artículo 11 faculta a nuestro país a garantizar que los puntos de ingreso de los ciudadanos deportados, con el propósito de verificar que no tengan antecedentes delictivos penales o sean extranjeros perniciosos residentes en el país.
Es por todo lo mencionado la relevancia del punto de acuerdo que estamos abordando, donde se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se reúna con su homólogo y para poder revisar el Memorándum sobre la repatriación y establecer los mecanismos para poder corroborar los antecedentes penales, calidad migratoria, captura biométricos, así como orientación con base a sus perfiles en cuanto a posibilidades de reinserción en el ámbito laboral de sus estados.
Por todo ello nos pronunciamos a favor del punto de acuerdo en comento. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Saludamos y damos la bienvenida a alumnos de la licenciatura en derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el diputado Ángel Cedillo Hernández. Bienvenidos.
En el uso de la voz, por el Partido de Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco del Memorándum de entendimiento sobre protección consular de nacionales de México y de Estados Unidos el gobierno norteamericano y el gobierno de México consideran el compromiso y respeto a los derechos humanos de todos los individuos sin excepción, con el interés de prevenir situaciones que afecten negativamente la integración física y la dignidad de los hermanos migrantes que se encuentren en el territorio del otro país.
Este convenio de repatriación se ha contaminado, ya que más de la mitad de los expulsados mexicanos de Estados Unidos de América han sido fuera de las estipulaciones bilaterales del memorándum, en el contexto de detenciones y devoluciones que se han venido registrando a través de los años.
Cabe mencionar que el número total de repatriados ha disminuido de 1.7 millones en el 2000 a 637 mil en el 2010. No precisamente porque esté controlado el asunto, sino por el maltrato que reciben nuestros connacionales por parte de las autoridades del país vecino.
Muchos son deportados por otras fronteras distintas a las que se les detiene, poniendo en franca desventaja y al acecho de los delincuentes que se aprovechan de esta situación y los obligan a realizar tareas delincuenciales y si estos se niegan son asesinados sin dejar rastro alguno.
El año pasado se alcanzó la cifra de aproximadamente 393 mil personas deportadas, de las cuales un 72 por ciento fueron mexicanos. Lo anterior se traduce en que las expulsiones se están llevando a cabo fuera del memorándum de entendimiento sobre repatriación segura y ordenada de connacionales.
La cantidad de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos de América suman 6.8 millones, lo cual representa el 60 por ciento de todos los inmigrantes ilegales, lo cual quiere decir que de cada 3 inmigrantes en Estados Unidos de América, 1.5 son mexicanos.
En el contexto de las nuevas posturas adoptadas recientemente dentro de la administración del reelecto presidente Barack Obama, con respecto a México y a América Latina, no debemos pasar por alto el acercamiento potencial al que se puede llegar con respecto a temas migratorios y a apoyar a nuestros hermanos mexicanos dentro del vecino país del norte.
No debemos quitar el dedo del renglón y hay que presionar para que se tomen las medidas correspondientes en los asuntos del memorándum sobre la repatriación digna y segura de nuestros paisanos.
Ante la reciente declaración del mismo presidente estadounidense, el pasado 30 de enero en Las Vegas, en el estado de Nevada, la balanza parece finalmente inclinarse a favor de los mexicanos indocumentados. Obama dio a conocer las intenciones que tiene su administración para implementar una estrategia de legalización sistemática de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Aprovechando la nueva campaña a favor de la reforma migratoria, no podría existir un momento más oportuno para promover la discusión y el acercamiento para que se protejan los derechos de nuestros originarios en Estados Unidos; la revisión del memorándum de entendimiento sobre la repatriación debe ser un tema fundamental dentro de la agenda bilateral para que se aseguren de manera efectiva los derechos irrefutables y humanos de nuestros connacionales del otro lado de la frontera.
Por lo anterior, el Movimiento Ciudadano, apoyamos el exhorto al recién nombrado canciller José Antonio Meade, para entablar las medidas diplomáticas correspondientes que conduzcan a la revisión del memorándum sobre la repatriación segura, ordenada y digna de nuestros paisanos con el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, compañera diputada. En el uso de la voz la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy buenas tardes compañeras, compañeros. Entiendo y comparto la preocupación y el interés de compañeras y compañeros diputados que son originarios de la frontera con Estados Unidos, especialmente en el caso de quienes han iniciado este planteamiento para que abordemos la forma en que son deportamos connacionales nuestros de Estados Unidos hacia México y que se tomen medidas sustanciales.
Al mismo tiempo, me parece fundamental que señalemos que hoy, con la posibilidad de una gran reforma migratoria integral que ha sido planteada tanto por el Presidente Obama como por senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata, se abre la posibilidad de incluir en esa reforma integral este gran tema de las deportaciones.
Hay que señalar sin ninguna duda que no solamente tenemos que abordar el momento exacto de la deportación en nuestra frontera, sino en conversaciones respetuosas con nuestros homólogos del Congreso norteamericano y con el gobierno norteamericano, la forma en que se les detiene y se les mantiene privados de su libertad a mexicanos en Estados Unidos.
Los centros de detención son lugares en los que con mucha frecuencia se violan los derechos humanos de estos trabajadores migratorios indocumentados y de sus familiares.
Pero adicionalmente a esta forma de detención que se ha agravado por algunas políticas de criminalización con leyes que han sido aprobadas en varios estados de la Unión Americana y por organismos policiacos en Estados Unidos, resulta verdaderamente urgente que Estados Unidos proporcione información exacta a México sobre quiénes son, cuáles son las causas, de dónde son originarios, aquellos y aquellas que son deportados, porque en Estados Unidos se habla de criminales a aquellos que violan la ley y una de las causas que son esgrimidas como violación a la ley, se considera un asunto criminal, es no contar con una residencia documentada o legal, como le llaman.
Nosotros preferimos no utilizar el término de “ilegales” porque eso los criminaliza, pero aquellos que no cuentan con documentos están en la práctica y el Estado de derecho norteamericano, violando la ley.
También aquellos que han cometido alguna falta administrativa, se consideran violando la ley y son incluidos en este grupo de personas sujetas a la deportación.
Existen otros casos que es este caso específico que preocupa a nuestros compañeros diputados, al diputado David Pérez, con justa razón, que es el de aquellos que han cometido delitos graves; pero el gobierno norteamericano no informa a pesar de solicitudes reiteradas del gobierno de México, no informa el gobierno de Estados Unidos sobre las causas exactas del motivo de detención y de deportación.
De tal manera que cuando se les coloca en alguno de los diversos puntos de la frontera con México o incluso de la ciudad de México, porque las deportaciones las han estado haciendo en tiempos recientes también por vía aérea hasta la ciudad de México, se les deja en nuestro país sin una información exacta y detallada ni de quiénes son ni de cuáles son las causas ni los motivos.
De tal manera que no solamente a quienes estuvieron sin papeles trabajando o por faltas administrativas, junto con criminales y no tiene México, como un Estado soberano, la posibilidad de poder actuar de manera congruente para reinsertarlos en la sociedad, en el tejido social, para incorporarlos a la vida económica o en el caso de quienes hayan cometido delitos graves, poder saber cómo actuar.
A esto se suma la deportación de niños, niñas y adolescentes no acompañados, con la violación a sus derechos humanos.
Creo que el memorandum de entendimiento que debe de ser retomado, debería cumplir a la letra y con acciones prácticas, con lo que se proponía en un principio, una repatriación segura, ordenada, digna y humana de connacionales.
No es eso lo que está sucediendo, compañeras, compañeros, señora presidenta y por lo tanto el llamado es a que vigilemos y promovamos que se cumpla estrictamente con ese respeto puntual a los derechos humanos, de tal manera que protejamos a nuestros connacionales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputada. Por el Partido Acción Nacional, en el uso de la voz la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar.
La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar: A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna a respaldar la presente proposición con punto de acuerdo en materia de repatriación.
Se trata de un tema de la mayor relevancia en el contexto de las relaciones México-Estados Unidos frente al que, como bien señala el proponente, tenemos rezagos inaceptables.
En primer lugar –cita– decisiones de autoridades locales de la Unión Americana que trastocan gravemente acuerdos binacionales y que, junto con programas de carácter federal, terminan conformando políticas para la deportación masiva como la que atestiguamos todos durante la segunda parte de la primera administración del presidente Obama.
Hay que recordar que, a pesar de una retórica gubernamental de supuesto compromiso con la inmigración indocumentada, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos informó que durante el 2012 deportó a cuatro mil 849 personas, de las cuales poco más de la mitad, prácticamente el 55 por ciento, habían sido condenadas por delitos de distinta naturaleza.
Más aún, el programa Comunidades Seguras lesionó severamente los derechos de los inmigrantes indocumentados y facilitó aún más deportaciones que no observaron estándares internacionales básicos en la materia.
En segundo lugar, la necesidad de revisar el Memorándum de Entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos que mantenemos con los Estados Unidos desde el año 2004 y que establece por primera vez una serie de normas a cuya observancia se comprometieron ambos gobiernos a fin de no lesionar los derechos humanos de los inmigrantes deportados, la preservación de la unidad familiar en todo momento y disposiciones específicas para personas con discapacidades, menores no acompañados, así como miembros de otros grupos vulnerables.
En el Grupo Parlamentario del PAN respaldamos este resolutivo para revisar este memorándum a fin de incorporar lo necesario para garantizar que los procesos de traslado se realicen privilegiando una serie de principios básicos de los derechos humanos y en su caso bajo operativos conjuntos donde la información fluya entre autoridades de ambos países.
Sin duda se trata de un aspecto crucial de nuestras relaciones bilaterales al que deberíamos dar un impulso decisivo aprovechando la renovación de liderazgos en el Congreso estadounidense, así como el cambio de administración por el que ambos países transitamos actualmente.
No hay que olvidar que se trata de una obligación del gobierno mexicano, toda vez que, de acuerdo con el artículo 84 de nuestra Ley de Migración, la Secretaría de Gobernación está facultada para vigilar que en la recepción de los mexicanos regresados por gobiernos extranjeros se respeten sus derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia.
En tercer lugar, la proposición del diputado Pérez Tejada exhorta al Instituto Nacional de Migración a implementar la Plataforma México con el fin de recopilar información útil para la inserción al país de los inmigrantes deportados.
Por las razones mencionadas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respalda y se suma a esta proposición con punto de acuerdo a fin de poner un alto a una serie de abusos registrados al margen de los acuerdos bilaterales vigentes en materia de repatriación y con el objetivo de que durante la anunciada reestructuración del Instituto Nacional de Migración, el de los derechos humanos, sea el eje fundamental de nuestras políticas públicas, así como el criterio central durante nuestras negociaciones con los Estados Unidos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Partido Revolucionario Institucional, en el uso de la voz, la diputada María de Jesús Huerta Rea.
La diputada María de Jesús Huerta Rea: Con su permiso, compañera presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, ordenar y legislar el flujo migratorio fronterizo es una prioridad del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y por ello suscribimos todos los esfuerzos tendientes a procurar que todas las medidas de seguridad fronteriza por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos, en todo momento se apeguen al cumplimiento pleno de los derechos humanos de los migrantes.
Compartimos ampliamente la preocupación de la presente proposición respecto al destino de miles de migrantes de origen mexicano, que desde hace varios años están siendo deportados masivamente por ser trasgresores de la ley del país vecino, así como el impacto que tiene el retorno de nuestros paisanos a los municipios fronterizos del país.
Reconocemos y respetamos el derecho soberano de las autoridades de Estados Unidos para tomar medidas de seguridad fronteriza y prevenir y sancionar el flujo de ilegales de migrantes.
Sin embargo, todas ellas deben apegarse al régimen internacional de derechos humanos, y en particular respetar los acuerdos bilaterales, en particular en la materia migratoria como es el caso del citado memorándum sobre la repatriación segura, ordenada y humana de los nacionales mexicanos, suscrito en febrero de 2004.
Por ello suscribimos plenamente la propuesta de revisar el citado memorándum con el objeto de garantizar el bienestar de los connacionales repatriados y procurar el arribo seguro a sus lugres de origen.
Esta propuesta está siendo debidamente fundada y motivada con el exhorto al Instituto Nacional de Migración, a fin de mantener un registro exhaustivo de los migrantes que retornan al país, y así facilitar su reinserción en el mercado laboral.
Estamos convencidos de que la elaboración de estos registros estadísticos por parte de la autoridad federal, es una condición esencial para ordenar el flujo migratorio con un enfoque de derechos humanos y garantizar la seguridad de los municipios fronterizos y de las poblaciones de origen de los repatriados, como en su momento también lo presentó la compañera Flor Ayala, integrante del Grupo Parlamentario al cual dignamente pertenezco.
No perdamos de vista que al adoptar medidas adicionales de seguridad fronteriza con un enfoque de derechos humanos estaremos contribuyendo a edificar un ordenamiento del flujo migratorio que promueva el desarrollo de la región fronteriza y el incremento de la integración productiva de ambos países.
Efectivamente, es menester promover un enfoque simultáneo del desarrollo y seguridad en la región fronteriza, que sirva al interés de ambos países y promueva la regularización de los flujos migratorios y la generación de empleos formales. Por ello reconocemos los esfuerzos que actualmente se realizan en el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, conscientes en promover en los próximos meses una reforma migratoria integral.
Por lo anterior, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI habremos de votar a favor de la presente proposición y de apoyar su carácter de urgente u obvia resolución. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, compañera diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Suficientemente discutido. Dé lectura la Secretaría a la propuesta de modificación al punto de acuerdo y consulte a la asamblea, en votación económica, si se acepta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acuerdo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer un diálogo diplomático con su homólogo estadounidense, con la finalidad de revisar el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, digna y humana de nacionales mexicanos, privilegiando mecanismos de traslado que garanticen la llegada segura a los lugares de origen de nuestros connacionales, salvaguardando su bienestar físico.
Asimismo, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, se observará el respeto a sus derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta la modificación hecha al acuerdo presentado. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se acepta la modificación.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se acepta. Para los efectos del artículo 113, numeral... Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea...
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón, la escucho. Sonido.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Sí, gracias. Acabamos de aprobar un punto de acuerdo en el que el diputado David Pérez Tejada Padilla aceptó una adición al mismo, lo cual quiero reconocerle y agradecerle por su sensibilidad y el compromiso para con los niños, las niñas y los adolescentes. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues gracias a usted, nobleza obliga y él ya la escuchó.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que se recibió de la Comisión de Justicia el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Amparo Reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de reformas y adiciones a las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación, reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Orgánica de la Administración Pública Federal; Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que se publique en la Gaceta Parlamentaria. Una vez que esto suceda y de conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumplirá con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política, que tienen que ver con cambios en comisiones.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del PRI.
Comité de Administración
Baja, diputado Fernando Castro Trenti
Alta, diputado Manuel Añorve Baños.
Comisión de Justicia
Baja, Delvim Fabiola Barcenas Nieves, secretaria
Alta, diputada Lilia Aguilar Gil, secretaria.
Juventud
Baja, Delvim Fabiola Barcenas Nieves, integrante
Alta, diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves, secretaria.
Movimientos solicitados por el diputado Silvano Aureoles, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comisión de Juventud
Baja, diputada Fernanda Romero Lozano, integrante
Alta, diputado Jorge Salgado Parra, integrante.
Movimiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Derechos de la Niñez
Alta, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, como secretario.
Recursos Hidráulicos
Alta, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, secretario.
Vivienda
Baja, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante
Alta, diputado Rodrigo Chávez Contreras, secretario.
Población
Alta, diputado Rodrigo Chávez Contreras, integrante.
Cambio Climático
Alta, diputado Rodrigo Chávez Contreras, integrante.
Competitividad
Alta, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante.
Desarrollo Social
Baja, diputado Alfonso Durazo Montaño, integrante
Alta, diputada María Fernanda Romero Lozano, secretaria.
Reforma Agraria
Alta, diputado Alfonso Durazo Montaño, integrante.
Juventud
Baja, diputada María Fernanda Romero Lozano.
Seguridad Pública
Baja, diputada María Fernanda Romero Lozano.
Justicia
Baja, diputada María Fernanda Romero Lozano.
Pesca
Alta, diputada María Fernanda Romero Lozano.
Ganadería
Como alta, diputada María Fernanda Romero Lozano.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz nuestra muy apreciable compañera, doña Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al tema migratorio.
Dejo la Presidencia en las doctas, expertas y generosas manos de don José González Morfín.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Honorable Cámara de Diputados, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, la voluntad expresada tanto por el presidente Obama como por un grupo de senadores demócratas y republicanos de impulsar una reforma migratoria integral este mismo año, resulta muy importante para millones de migrantes mexicanos indocumentados y sus familias en Estados Unidos y para la relación entre ambos países.
La Comisión de Asuntos Migratorios, que me honro en presidir, y estoy segura que el pleno de esta honorable Cámara de Diputados también saludan esta iniciativa y expresan su beneplácito porque se inicia una ruta para que millones de trabajadores migrantes que contribuyen con la economía de Estados Unidos y con la de México, sean incorporados a los beneficios que da una presencia legal, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de que todos sus derechos sean reconocidos y ejercidos de manera plena cotidianamente.
De lo anterior, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expresa al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria integral, que sin duda mejoraría la relación entre México y Estados Unidos.
Como lo ha dicho el presidente Obama, millones de indocumentados que viven en las sombras podrían acceder a mejores salarios, se fortalecería el consumo en Estados Unidos, impulsarían el crecimiento económico y enviarían más remesas a sus familiares en México.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda también manifestar su deseo de que dicha reforma –ya sea que considere otorgar permiso de trabajo y residencia o la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados, de los cuales cerca de siete se calcula que son mexicanos y mexicanas– le reconozca y proteja sus derechos laborales, el derecho fundamental a la reunificación familiar y que se terminen las deportaciones de quienes aportan tanto, y en tantos ámbitos, a Estados Unidos y a México.
Tercero. Esta soberanía acuerda plantearles a nuestros homólogos del Congreso norteamericano que en un diálogo respetuoso se avance en una agenda bilateral para construir una gobernanza regional que incluya a Canadá, a Centroamérica, a México y a los Estados Unidos a partir de propuestas para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, para regular el flujo migratorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas en el hemisferio norte, fortaleciendo además el crecimiento económico y buscando la prosperidad de Norteamérica.
Cuarto. Esta Cámara de Diputados acuerda concretar una interlocución específica sobre este gran tema con congresistas norteamericanos, tanto del Senado como de la Cámara de representantes de los Estados Unidos, en un marco de respeto sustancial para fortalecer una relación entre México y Estados Unidos mutuamente beneficiosa y los derechos de los migrantes y de las migrantes de la región.
Del mismo modo es pertinente que este pronunciamiento dirigido al Congreso de los Estados Unidos se haga en coordinación con la Cámara de Senadores, de tal modo que se convierta en un acuerdo del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ello tanto la Junta de Coordinación Política de esta soberanía como las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores asumen la encomienda de concretar las acciones específicas para lo expresado en este acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
También están inscritos la diputada Martha Beatriz Córdova, la diputada Rosa Elba Pérez, la diputada Lorenia Iveth Valles, la diputada Adriana González Carrillo y el diputado Javier Filiberto Guevara González.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Partido del Trabajo se suma a este punto de acuerdo que considera de vital importancia para el tratamiento respetuoso e integral de los derechos fundamentales de los connacionales de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica.
Normalmente nada más nos acordamos cuando hablamos de estos temas del trato que deben de recibir los mexicanos en el extranjero, del respeto a su derecho al trabajo. Pero muy atinadamente señala el punto de acuerdo –que se comprometa Estados Unidos de Norteamérica– a un respeto de sus derechos humanos.
Dentro de estos derechos humanos se encuentran en primer lugar a la no discriminación, el derecho a la libertad; muchos de los migrantes son retenidos por carecer de documentos en centros de internación donde son violados sus derechos fundamentales obviamente se viola el derecho a la libertad y en algunas ocasiones se restringen otros derechos fundamentales como son un trato digno.
También padecen los migrantes indocumentados en Estados Unidos de América, la violación de su derecho de acceso a la justicia, el derecho a la notificación consular, razón por la cual México presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de una opinión consultiva la OC-16 y además llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia el caso Avena, en virtud del cual no se les aplicó la pena de muerte a 151 connacionales mexicanos pendientes de la aplicación de la pena de muerte, sentencia que se obtuvo a favor de los 152 mexicanos, pero desgraciadamente un estado, el estado de Texas, no cumplió con la sentencia.
Se encuentran también dentro de estos derechos fundamentales o derechos humanos a no ser torturado, a recibir un trato digno, derecho a la circulación y movimiento, el derecho al trabajo, que en relación a este derecho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva la OC-18 para que se respete no solamente el respeto al trabajo, sino todas las prestaciones laborales y las de seguridad social.
Es curioso que siendo Estados Unidos de América nuestro socio comercial y que además Estados Unidos de América es de los Estados parte firmantes originarios de la Carta de la Organización de Estados Americanos, obviamente también es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos, más no del Pacto de San José, desconozca los derechos humanos de nuestros connacionales en el territorio norteamericano, cuando es una obligación de todo Estado firmante respetar a toda persona –subrayo, persona– sus derechos humanos.
Hago votos que con esta nueva administración de Obama, se traduzca en una realidad, que va a beneficiar no solamente a nuestros connacionales sino también a todos los nacionales que están en situación de otros países indocumentados en Estados Unidos de Norteamérica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros. Es menester señalar que ante la reciente declaración del mismo Presidente estadounidense Barack Obama a favor de los mexicanos indocumentados, ha dado a conocer las intenciones que tiene su administración para implementar una estrategia de legalización sistemática para todos los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Saludamos y celebramos esta iniciativa y campaña a favor de la reforma migratoria que no podría darse en un momento más oportuno que éste, para promover la discusión y el acercamiento para que se protejan los derechos de todos nuestros connacionales en Estados Unidos.
En tal virtud, la fracción de Movimiento Ciudadano se suma a este punto de acuerdo con la finalidad que ahora se legisle, se proteja y tutelen los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos mexicanos en el vecino país del norte que en un momento de sus vidas tuvieron el sueño de propiciar un mundo mejor para sus seres queridos y para todas sus familias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna por tres minutos la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Gracias, señor presidente. Probablemente una de las últimas participaciones en el día de hoy, sin embargo una de las más importantes para el país. Turismo, petróleo y remesas. Sí, compañeros, son las tres realidades que sostienen a este país, por eso es importante para el Partido Verde suscribir este punto de acuerdo.
Son siglos de migración, 70 años desde los braceros, incluyendo los que nos esperan allá afuera y 30 años desde la última reforma, también llamada la “amnistía”; pero tengamos cuidado porque no es una palabra que gusten escuchar del lado de Estados Unidos.
Queremos expresar solidaridad para los ocho senadores y también los legisladores que esperemos se sumen próximamente en Estados Unidos para darle cauce al proyecto de reforma integral para la migración.
Sabemos que uno de los pilares serán los permisos temporales de trabajo, sabemos que esos permisos temporales de trabajo aclararán la perspectiva del panorama, los deseos, aspiraciones que tienen los miles o los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Estamos aquí listos para apoyarlos. Gracias, señor presidente, es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, apoya en sus términos la propuesta que presentó como punto de acuerdo la diputada Amalia García, integrante de nuestro grupo parlamentario, para que la Cámara de Diputados exprese su simpatía por la posibilidad de una reforma migratoria, pues tenemos claro que una reforma migratoria en este segundo periodo del presidente Barack Obama, dará pie al fortalecimiento de las relaciones entre los países de América Latina y Estados Unidos.
Con ello lograríamos avanzar hacia una sociedad incluyente y multicultural que haría visible a más de 11 millones de personas sin documentos en el vecino país.
No omito decir que las y los migrantes latinos le dieron el impulso final al triunfo del candidato demócrata, pues el 71 por ciento de este sector votó por él y con ello consolidó su triunfo para estar hoy en la presencia de Estados Unidos de América.
Sin duda debemos sumarnos, porque con ello se avanzaría en saldar la deuda de tantas y tantos desaparecidos, tantas violaciones sexuales, homicidios, vejaciones y daños a mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas que han sufrido en ese trayecto para lograr el sueño americano.
Las estimaciones más recientes sobre la magnitud del fenómeno migratorio, revelan que el 65 por ciento de la población latina en Estados Unidos, que ronda en 48 millones, es de origen mexicano.
Somos tan cercanos. Nuestros países comparten historia, comparten un pasado y comparten un presente. Por ello las fronteras no han podido dividirnos, por eso los mexicanos que están allá en Estados Unidos, siguen vigentes nuestras tradiciones también a más allá de las fronteras.
Somos un aliado fuerte de Centroamérica y debemos de poner en el centro del debate a las diferentes naciones que compartimos también historia, idioma, en fin, tantas cosas para lograr esa tan ansiada regularización migratoria de nuestra gente, de nuestros hermanos que luchan día a día por un trabajo para tener una vida mejor, pues Estados Unidos es fuerte por muchas mujeres y hombres que han dado su esfuerzo día a día para lograr que esa nación crezca y con ello también contribuyen al nuestro. Como ustedes saben, representan un ingreso importantísimo para nuestro país y para las familias mexicanas, por supuesto.
Nuestro voto a favor significa nuestro compromiso de que las y los migrantes tienen el derecho de vivir plenamente aquí o en el extranjero y que estamos aquí listos para apoyarlos. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias presidente y amigos. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, expreso el respaldo a la pertinente proposición con punto de acuerdo en un tema que toca a millones de familias mexicanas y que es relativo a los derechos humanos de los trabajadores migrantes en la Unión Americana.
En primer lugar coincidimos en saludar la decisión del presidente Obama para aportar capital político para sacar de las sombras a millones de personas que actualmente viven una realidad llena de abusos en el pago de sus salarios, la falta de acceso a un sistema de salud y de seguridad social, el temor a ser deportados o simplemente ser sujetos de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y en especial a sus derechos laborales.
Reconocemos los esfuerzos de los legisladores tanto demócratas como republicanos para avanzar en las reformas que permitan la regularización de los migrantes indocumentados, lograr el tan anhelado dream Mack que permitirá a millones de estudiantes indocumentados acceder a fondos públicos y privados para financiar sus estudios. Y una muy importante es la reunificación familiar y la posibilidad de la movilidad y retorno sin arriesgar la vida o su patrimonio.
Especialmente apoyamos el que este Congreso de la Unión, sus cámaras, a través de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Migratorios, así como la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la república tengan encuentros a la brevedad con sus contrapartes para respaldar, con pleno respeto a la soberanía e independencia de los Estados Unidos, a quienes se han sumado a estos cambios tan trascendentes.
No debemos dejar pasar la oportunidad de acompañar este momento tan importante que, gracias al esfuerzo de los latinos que por décadas han buscado el respaldo para ser reconocida su aportación a la economía y a la sociedad estadounidense, está por concretarse.
Ha llegado el momento. El presidente Obama tiene la decisión de sacar adelante la reforma migratoria integral. Los radicales han moderado su posición y los latinos exigen el cumplimiento de la promesa del “sí se puede”.
Desde hace 12 años este Congreso de la Unión ha acompañado este proceso. Sigámoslo haciendo de manera plural como un verdadero Congreso en unión y aportemos lo necesario para lograr el pleno respeto de los derechos humanos de quienes sólo aspiran a trabajar más duro para dar un mayor y un mejor bienestar a sus familias. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la tribuna el diputado Javier Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, diputado presidente. Según establecía la proposición con punto de acuerdo presentada el 25 de octubre de 2012 por el suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenté una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se realicen las acciones necesarias a efecto de impulsar una firma de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América, mismo que ya fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores el pasado 5 de diciembre del año 2012, y por el pleno de esta honorable Cámara de Diputados.
Más de dos sexenios han tenido que transcurrir para que la situación y las condiciones de la Unión Americana se presenten favorables a la materialización de un acuerdo migratorio entre ambos países.
Ante estas circunstancias no podemos darnos el lujo de obviar el momento histórico en que nos encontramos. Por tanto, es nuestra obligación y responsabilidad como representantes populares impulsar un acuerdo que mejore las condiciones de nuestros hermanos migrantes.
Me refiero al mejor momento para concretar una amnistía para aquellos migrantes mexicanos que les pueda brindar protección y seguridad jurídica que los haga gozar de oportunidades de empleo, educación y salud en los Estados Unidos.
De esta forma se logrará regularizar su situación migratoria para disponer de elementos y garantías que respeten el marco jurídico de sus derechos humanos, De esta forma exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para cabildear, gestionar, asesorar y acordar términos del mencionado acuerdo con la celeridad necesaria y suficiente para que esta pueda darse en un mediano plazo.
Por lo anteriormente expuesto, pido a mis compañeros diputados su respaldo y voto a favor del presente punto de acuerdo, ya que la mayoría de los que estamos acá en este recinto, tenemos hermanos o parientes en la Unión Americana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta al asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las Comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida su registro para la próxima sesión.
El Presidente diputado José González Morfín (15:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de febrero a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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