Comunicaciones
De la Junta, con cambios en comisiones
Retiro de iniciativas de diputada y de diputado
De las Comisiones Unidas de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
De la Secretaría de Desarrollo Social, con padrón de beneficiarios
De la Secretaría de Gobernación, con diversos asuntos
De la Cámara de Senadores, con dos minutas
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de cinco dictámenes
Dos de la Comisión de Salud
Que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdo de la Junta, con movimientos en comisiones
Iniciativas de diputadas y de diputados
José Sergio Manzur Quiroga, PRI
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
María Sanjuana Cerda Franco, NA
Turno a las iniciativas y proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que informe a la asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 255 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:05 horas): Por lo tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Haga lo propio con el acta de la sesión solemne del día 22 de febrero, por favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta de la sesión solemne.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el ocurso de la Junta de Coordinación Política sobre cambios de integrantes de comisión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
De conformidad con el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas, propone, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, a los diputados de la LXII Legislatura que integrarán la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.
Diputado Pedro Gómez Gómez, Grupo Parlamentario PRI; diputado Roy Argel Gómez Olguín, PRI; diputada Eufrosina Cruz Mendoza, PAN; diputado Juan Jesús Aquino Calvo, PAN; diputado José Antonio León Mendívil, PRD; diputado Carlos de Jesús Alejandro, PRD; pendiente PVEM; diputado Juan Luis Martínez Martínez, Movimiento Ciudadano; diputado Alfonso Durazo Montaño, Movimiento Ciudadano; pendiente, PT; diputada Sonia Rincón Chanona, Nueva Alianza; diputado José Angelino Caamal Mena, Nueva Alianza.
Movimiento solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Comisión Ganadería
Baja, diputado Heberto Neblina Vega, integrante.
Comisión de Juventud
Alta, diputado Heberto Neblina Vega, integrante.
Movimiento solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Comisión de Justicia
Baja, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria
Alta, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, integrante.
Comisión de Justicia
Baja, diputada Eliana Alfa González Magallanes, integrante
Alta, diputada Eliana Alfa González Magallanes, secretaria.
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Baja, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, integrante
Alta, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Atentamente diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados, comuníquense.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron los siguientes oficios:
Del Diputado Miguel Sámano Peralta, por el que solicita que sean retiradas de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 33 de la Ley General de Educación, turnadas en las sesiones del 20 de diciembre de 2012, y el 7 de febrero del año en curso.
De la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, por el que solicita que sea retirada de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta años de Edad o Más, turnada el 11 de octubre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de las Comisiones Unidas de Turismo y de Medio ambiente y Recursos Naturales, por el que informan que se encuentra agotado el procedimiento legislativo, relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, presentada el 19 de diciembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de haberse agotado el procedimiento legislativo previsto en el artículo 72 constitucional, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Secretaría de Desarrollo Social con el que remite el padrón de beneficiarios activos del programa de desarrollo humano Oportunidades y el programa Apoyo Alimentario correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas e informa de los que han dejado de prestar servicios.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al robo de hidrocarburos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que se remite el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Remítase al archivo para consulta de los legisladores.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficios de la Cámara de Senadores con los que remiten las siguientes minutas con proyecto de decreto:
Que reforma los artículos 2, fracción VI y 3, segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Que reforma y adiciona la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, será el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Firman los integrantes de la Junta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo
Primero. Se designa al diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como representante de esta Cámara del Congreso de la Unión ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Segundo. Se designa al diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como suplente de Cámara del Congreso de la Unión ante al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal, así como a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de febrero de 2013.
Firman: diputado Luis Alberto Villarreal García, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, diputado Silvano Aureoles Conejo, diputado Arturo Escobar y Vega y diputado Alberto Anaya Gutiérrez.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría con declaratoria de publicidad.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derecho de Autor.
Cuatro de la Comisión de Salud
Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o Bis a la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.
Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen, don Isaías Cortés Berumen. Es el de la sangre, bancos de sangre. A ver, Blanca Jiménez tiene el uso de la voz. ¿Está? Bueno. Luego entonces, damos por visto la fundamentación del dictamen. ¿Usted lo puede presentar?
El diputado Isaías Cortés Berumen (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.
El diputado Isaías Cortés Berumen: En la actualidad, la legislación se concibe como un instrumento para la implementación de las políticas públicas de salud frente a la evolución de las funciones del Estado y a su nueva relación con la sociedad civil, que hace indispensable la reformulación de los marcos jurídicos existentes, con el propósito de reglamentar los deberes y derechos relativos a la salud.
Uno de los objetivos del sector salud es garantizar accesibilidad, equidad, calidad, eficiencia y seguridad de los productos y servicios prestados. Para el logro de éstos, en materia de disposición de bancos de sangre, los componentes sanguíneos y las células progenitoras o troncales para uso terapéutico, se propone la presente iniciativa que tiene como objeto particular, garantizar el derecho fundamental respecto a la salud, consignado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Salud dictaminó favorable la presente iniciativa, por lo que respecta a la distribución de competencias preferidas y conferidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, que propone dar facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre.
La finalidad es fortalecer sus vínculos de trabajo con las entidades federativas en materia de salubridad general.
Asimismo, con la finalidad de alinear las definiciones empleadas en las diferentes áreas de la medicina transfusional, establecidas en el artículo 314 de la ley de la materia, se plantea la necesidad de reformar y adicionar diversos términos, dadas las características de la propuesta se identifican los procesos que son susceptibles de regionalizarse, con el fin de que estas actividades se lleven a cabo en establecimientos especializados, en el ámbito de sus funciones.
En esta materia existen diversas experiencias internacionales que han adoptado modelos similares de regionalización de los servicios de sangre, en el que se observa una tendencia creciente a la concentración de las actividades relativas, a las células progenitoras, a los componentes sanguíneos y a los troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los diversos productos sanguíneos.
Tal modelo se ha establecido en países como Inglaterra, Canadá, Francia, Chile e Israel, entre otros, con gran éxito.
La Organización Panamericana de la Salud ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en Las Américas. México no ha alcanzado a abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión, cuando se compara con países desarrollados de otros continentes del mundo.
En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción que no han resuelto la distribución adecuada ni la óptima calidad de los servicios prestados.
En México existen 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y en la mayoría con baja o muy baja producción.
Se ha demostrado que mientras más pequeño sea un banco de sangre, mayores serán sus costos de producción y de riesgo a someter alguna enfermedad en un contagio. Por el contrario, los bancos con un mayor volumen de producción se asocian a una mayor exactitud y confiabilidad en las pruebas para la detección de patógenos transmisibles, un mayor fraccionamiento de la sangre y menor desecho de unidades.
Otro factor que influye también es el costo, porque el rendimiento de los activos cuya eficiencia baja mientras menor sea el volumen de producción. El rendimiento de los reactivos para el tamizaje serológico varía desde un 70 por ciento en los bancos de sangre pequeños a un 94 por ciento en los bancos de sangre grandes.
La regionalización o centralización de actividades tiene como efecto importante una disminución de costos, menor margen de error y el incremento de sensibilidad y especificidad de los métodos de determinación de agentes infecciosos susceptibles de transmitirse.
Concluimos entonces que el modelo actual de servicios de sangre no permite asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos, ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias como el sistema de producción.
En esta iniciativa, que se convierte hoy en un proyecto de dictamen que se somete a su consideración, se justifica técnicamente dada la relevancia de asegurar a la población un menor riesgo en caso de recibir una transfusión. Para ello es indispensable desarrollar de manera simultánea acciones en los ejes descritos, ya que cada uno de ellos es de vital importancia. Gracias por su atención. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, compañero diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, facción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados se ha presentado una lista de registro para fijar la posición de sus grupos parlamentarios. En el uso de la voz, por el Partido Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco hasta por cinco minutos.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señora presidenta. Buenos días, señoras legisladoras y señores legisladores. Nueva Alianza está a favor del dictamen en discusión, porque es un avance en la regulación de los procesos que inciden en la salud de los mexicanos.
Para hacer realidad lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución, que consagra el derecho a la salud como principio fundamental, es indispensable que la legislación secundaria se establezca con precisión las normas encaminadas a regular, controlar y vigilar los servicios de salud conscientes de que la sociedad es un ente en constante cambio y que requiere adecuaciones a nivel legislativo, coincidimos con la comisión dictaminadora en que es indispensable la actualización del marco jurídico en materia de salud a fin de ofrecer a la sociedad los instrumentos legales que den respuesta a la realidad que vivimos.
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos y convencidas de que actualizar la Ley General de Salud al reglamentar los servicios de sangre existentes en el país tiene como finalidad principal dotar a los usuarios con un sistema eficiente e instituciones de calidad que requiere la población mexicana.
Con este paso los legisladores de esta Legislatura abonamos a un nuevo modelo en los establecimientos que se destinan a la preservación y estudio de los productos hemáticos a fin de fomentar mejores criterios de integración en las redes de atención y con ello contar con mejores niveles de seguridad en productos tan esenciales en momentos en que se debe atender una vida humana.
Así la actualización de la normativa considera el establecimiento de seis tipos de establecimientos especializados en colecta, procesamiento, bancos de sangre, calificación biológica, distribución y servicios de trasfusión hospitalarios, los cuales redituarán en la reducción de los tiempos de reacción en casos que son esenciales para salvar una vida.
Consideramos también necesario que las 31 entidades y el Distrito Federal cuenten con las facultades y la reglamentación que les permitan ejercer el control y fortalecer los controles sanitarios en cuanto a todos los aspectos antes referidos en los productos sanguíneos y células progenitoras con fines terapéuticos.
Con esta medida damos un paso decisivo para incrementar la certeza del ciudadano en los servicios de salud nacionales, al establecer una reglamentación específica en la integración de redes de atención que optimicen la distribución y calidad de los productos sanguíneos.
Al establecer que los permisos de operación de todos los establecimientos del ramo no sean mayores a los cinco años, damos al usuario la certeza de la actualización en los sistemas de procesamiento, almacenamiento y demás procedimientos a los que están sujetos los bancos de sangre.
De igual forma consideramos un avance importante otorgar a la federación la rectoría en el tema de la donación, recepción y preservación de las células madres, así como su regulación, además de ampliar el espectro de donaciones de esos materiales orgánicos, los cuales comúnmente son desechados luego del nacimiento de un niño y que en un futuro podrían constituir la esperanza efectiva de vida para enfermos graves.
Nueva Alianza está a favor de incorporar a las ciencias de la salud todos los avances tecnológicos y científicos que contribuyan a mejorar y fortalecer la vida y la salud de los ciudadanos. Con la reglamentación adecuada podemos avanzar hacia la construcción de un sistema de salud más eficiente, responsable y humano.
Por ello desde esta Cámara de Diputados tenemos que estar atentos a la aplicación de la ley, vigilar que no existan distorsiones o abusos en el proceso de donación de sangre, que las entidades públicas y privadas no incomoden o molesten a los familiares de los pacientes solicitándoles cantidades superiores a las que realmente necesita el paciente.
Consideramos que estos abusos que se han venido cometiendo y se cometen dañan no solamente la salud de los familiares, sino permiten actos de severa corrupción en muchos de los casos.
Votaremos a favor de este dictamen porque con ello contribuimos a un mejor sistema de salud más eficiente, moderno y humano. Nueva Alianza reitera su compromiso con la salud de los mexicanos y las mexicanas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Partido del Trabajo, en el uso de la voz la diputada María del Carmen Martínez Santillán, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. En nuestro país son recurrentes los eventos en los que por necesidad la disposición de sangre en los nosocomios de nuestro país es muy limitada.
En estricto sentido nos referimos a que su inmediatez frente a una situación de urgencia médica, las transfusiones así como su adquisición por donación, resultan un peregrinar al considerar que no existen las suficientes unidades en resguardo o bien no se logran conseguir a tiempo los donadores.
En este sentido, debemos ser claros y hacer notar que nuestra política de salud no contempla un diseño claro para una mayor cobertura en los pacientes con esta necesidad. Ante ello, en la Comisión de Salud presentamos este dictamen donde se prevé garantizar la autosuficiencia, la cobertura universal y la seguridad de la sangre en sus componentes en beneficio de una población de pacientes con amplias necesidades.
Hablar de centros de colecta de procesamientos de bancos de sangre, de centros de calificación biológica, de distribución y de servicios de transfusión hospitalarios, puede parecer un magnífico negocio con empresas particulares dependientes de los mandatos de la Secretaría de Salud.
No obstante, se trata de la inmejorable oportunidad para hacer de la seguridad transfusional una herramienta apegada a las necesidades de nuestra población y a los estándares internacionales tendientes a observar el buen funcionamiento de los esquemas de salud pública.
Compañeras y compañeros, es pertinente decir que esta medida reducirá de manera importante la morbilidad por motivos de una política pública más diseñada y asociada a un desabasto incontrolable o de mala calidad de los insumos de origen sanguíneo.
Por otra parte, también es oportuno recordar que estos días pasados se daba a conocer en esta misma tribuna una serie de datos que dejaba mucho que decir del grado de aprovechamiento de los productos de origen sanguíneo en nuestro país.
De esta forma, encontramos que apenas poco más del 40 por ciento de las unidades de plasmas colectadas son utilizadas para transfusión; el 48 por ciento son distribuidas por incineración, 5 por ciento se almacena y solamente el 5 por ciento es industrializado, lo cual representa una pérdida económica para el sector salud, el aprovechamiento del plasma de los voluntarios y la falta de disponibilidad de los productos terapéuticos hemoderivados.
Más prueba que lo anterior no es posible. No hemos sido capaces de resarcir este grave problema y dar al máximo el aprovechamiento.
Sin duda es necesario trabajar de manera conjunta para que la Secretaría de Salud pueda tener la supervisión del control sobre las autoridades sanitarias de las entidades federativas, quienes tienen a su disposición lo relativo a las funciones de los servicios de sangre, como son los bancos de sangre, los centros de procesamiento de sangre, los centros de colecta, entre otros, comentados en este presente dictamen.
Por ello quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votaremos a favor del mismo para procurar que las amplias necesidades en materia de aprovechamiento de productos de origen hemático, sean posibles en las diversas instituciones de salud pública de nuestro país. Es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Saludamos a los invitados del Centro Universitario Incarnet World Derecho, Ciudad de México, invitados por el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal. Bienvenidos.
Por el Partido Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señora presidenta. A través del presente nos vamos a permitir hacer referencia a dos dictámenes relativos a la Ley General de Salud.
El primero de ellos es en relación a la regulación de los bancos de sangre y la definición de los conceptos de sangre y transfusión. El segundo de éstos es a través del cual se solicita la clasificación de sustancias psicotrópicas a diversos componentes de usos terapéuticos.
Del primer dictamen es pertinente destacar lo siguiente: la Secretaría de Salud es el órgano encargado de la conducción nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.
En ejercicio de sus facultades esta secretaría emite las disposiciones que regulan tanto la infraestructura como los procedimientos con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de procesamiento, disposición y distribución de sangre, componentes sanguíneos y de células progenitoras con fines terapéuticos.
Dichas disposiciones están contenidas tanto en la Ley General de Salud como en normas oficiales mexicanas y estos contenidos han generado inconformidad en algunas entidades federativas por no contar con facultades en cuanto al control sanitario en lo referente a la disposición de sangre.
Sin embargo los efectos de la centralización de actividades nos han demostrado que son efectivos en la disminución de costos, en el incremento de la sensibilidad y especificidad de los métodos de terminación de agentes infecciosos, susceptibles de transmitirse por transfusión y de proporcionar conceptos claros a la población en los términos de sangre y transfusión y poder tener una idea más clara de sus alcances.
En relación con el segundo dictamen, podemos decir que el aumento en el consumo de medicamentos sin prescripción se advierte como un problema creciente, el cual responde a la facilidad con que se tiene acceso en el país a casi cualquier tipo de fármaco.
Con el fin de proteger la salud de los individuos a nivel nacional e internacional, se han detectado diferentes sustancias que, a pesar de que su comercialización es considerada lícita y que pueden ser adquiridas fácilmente sin restricción alguna, la alteración de su composición provoca que su consumo sea nocivo para la salud y que puede incluso derivar en la muerte de las personas.
La necesidad del reconocimiento como sustancias sicotrópicas a las mencionada en el dictamen surge de conformidad con la información de la Comisión Nacional para la Prevención y Control de Adicciones. Por ejemplo, la mefedrona, que es una sustancia estimulante sintética, provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes como el éxtasis, la piperasina o el DFMPP, la cual produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfetamínico. Finalmente, el K2 es un derivado sintético de la mariguana con efectos similares o incluso más potentes a ésta.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de ambos dictámenes por los beneficios que ambas reformas traerán en materia de salud en relación a controles referentes a órganos y tejidos, así como a las medidas de vigilancia respecto al uso de terapéuticos y de ciertas sustancias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido Verde Ecologista de México en el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, Presidenta. La transfusión de sangre, componentes sanguíneos y células madre son un recurso terapéutico que los médicos utilizan para contribuir al restablecimiento de la salud de sus pacientes.
En el mundo cada año, desde que se descubrió el método a través del cual la sangre puede ser conservada para utilizarse después en transfusiones diferidas, se donan más de 80 millones de unidades de sangre que ayudan a salvar una gran cantidad de vidas humanas.
De la sangre se obtienen también otros productos como por ejemplo glóbulos rojos, plasma, plaquetas que son utilizados en el tratamiento de un buen número de enfermedades. Es por esta razón que se estima que un solo donante puede salvar entre tres y cuatro vidas. Sin embargo, en nuestro país, según fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 30 y 40 pacientes de cada 100 mil mueren por falta de sangre.
México presenta un déficit significativo en lo que respecta al tema de la sangre disponible para transfusiones puesto que cada año se registran únicamente un millón 700 mil donaciones, cifra muy por debajo de los cinco millones de donaciones anuales que, de acuerdo a los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, necesita un país de más de 100 millones de habitantes como el nuestro, para ser autosuficiente.
Crear conciencia entre los mexicanos de lo conveniente que resulta donar sangre para un mejor funcionamiento de nuestro sistema de salud se ha convertido en un imperativo, sobre todo, si consideramos que las conclusiones del XXXII Congreso Internacional de Transfusiones de Sangre celebrado el año pasado en nuestro país señala que la problemática de la diferencia que existe entre el volumen de sangre que se tiene disponible y el que requieren los hospitales, se deben principalmente a la ausencia de la sociedad de una cultura de la donación.
La sangre que no está disponible en la red de bancos de sangre del país, los cuales se abastecen gracias a la donación solidaria y voluntaria de la población, es obtenida por los hospitales a través de la reposición que realizan los familiares y amigos de los pacientes que requieren una transfusión. Sin embargo, éste es un proceso que lleva tiempo y que llega a ser engorroso, y en los casos en los que alguien se debate entre la vida y la muerte, el tiempo suele ser muy escaso.
Para hacer frente a esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha venido exhortando a la comunidad internacional a realizar campañas de donación que les permitan en sus sistemas de salud asegurar que el mayor porcentaje de la sangre que utilizan provenga precisamente de la donación.
En México la población que no en pocas ocasiones ha demostrado su altruismo y solidaridad se enfrenta a la falta de información y a los mitos asociados al acto de donar sangre, por ejemplo, que es el proceso doloroso, que se corre el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad, o que donar sangre engorda, o quienes tienen tatuajes o perforaciones no pueden hacerlo porque su sangre está contaminada. Eso, entre otras más leyendas.
Al final de cuentas lo único cierto es que lo que plantea el dictamen de la Comisión de Salud que hoy discutimos, el modelo actual de servicios de sangre no permite asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos ni una distribución adecuada de los mismos. Ello, en virtud de que la mayoría de los 550 bancos de sangre existentes en el país son en realidad ineficientes y poco productivos, puesto que el 90 por ciento de la sangre que se necesita para transfusiones en México es proporcionado por apenas 286 de ellos.
Existe un problema organizativo en cuanto a los establecimientos involucrados con la recepción, acopio, manejo y distribución de sangre, que provoca falta de coordinación e incumplimiento de la normatividad en la materia y aprovechamiento irracional de los productos sanguíneos que al final redunda en una notoria incapacidad de los servicios de sangre en el país para alcanzar la autosuficiencia y garantizar que todos los procesos que se ven involucrados son totalmente seguros.
Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyamos el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud con respecto a los bancos de sangre, ya que permite se redefinan los conceptos de sangre, tejido y transfusión, se impone a los servicios de sangre, requisito de contar con una licencia otorgada por las autoridades sanitarias para poder operar y cuya vigencia será de cinco años.
Se faculta a las autoridades sanitarias de las entidades federativas para supervisar el control sanitario de la disposición de sangre y se especifica cuáles son los establecimientos en los que puede llevarse a cabo disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales con fines terapéuticos.
Las disposiciones anteriores, en suma, tienen la finalidad de instaurar un modelo de regionalización de los servicios de sangre que tienda a la centralización y especialización de las actividades relativas a la disposición de la misma y sus componentes con el objeto de lograr que los servicios de sangre del país sean más productivos y asegure con esto una mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Eva Diego Cruz.
La diputada Eva Diego Cruz: Gracias, ciudadana presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales es necesaria para el tratamiento de algunas condiciones médicas y situaciones quirúrgicas que no tienen otra alternativa. Por consiguiente, los servicios de sangre deben proveerse oportunamente, en cantidad suficiente y con la calidad adecuada para preservar la salud del receptor y prevenir la potencial mortalidad asociada con complicaciones serias.
A pesar del avance de la tecnología, de la existencia de algunos sustitutos de sangre, del plasma y de la posibilidad ofrecida por la industria farmacéutica en la síntesis de algunas proteínas plasmáticas, la sangre humana sigue siendo irremplazable y por lo tanto únicamente obtenida de la donación de otras personas.
Sin embargo, es de reconocer que el modelo actual de servicios de sangre en México no es congruente con las necesidades para que la operación de este tipo de servicios se realice bajo las condiciones que garanticen una producción de calidad, suficientemente segura y de acceso universal para la población.
La mayor parte de los bancos de sangre en México tienen deficiencias en sus áreas físicas, equipamiento, capacitación de sus recursos humanos o insumos que les permita un aseguramiento de la calidad en sus procesos. Un factor que incrementa al riesgo de las reservas de sangre es el hecho de que los bancos de sangre más pequeños tienen una mayor probabilidad de emitir resultados erróneos cuando realizan las pruebas de tamizaje para la detección de agentes infecciosos.
Según el programa del control externo de la calidad de la red nacional de los laboratorios de los bancos de sangre, la tasa de falsos positivos en los bancos de sangre pequeños que captan menos de 5 mil donantes en el año, alcanza el 10 por ciento, y la de falsos negativos oscila desde el 3 por ciento hasta el 10 por ciento para el virus de la inmunodeficiencia humana VIH.
El uso de la sangre, sus componentes sanguíneos y/o células progenitoras o troncales como recurso terapéutico conlleva una serie de riesgos potenciales para el receptor de las mismas, con las implicaciones médicas, políticas, económicas, psicológicas y sociales inherentes a ésta. Esta eventualidad hace necesaria la implementación de instrumentos normativos que garanticen servicios de sangre seguros y de máxima calidad. De aquí la importancia de que la normatividad en este campo se encuentre actualizado con el avance del conocimiento y la tecnología.
La presente iniciativa que considera indispensable reformar y adicionar diversos artículos en materia de disposición de órganos, tejidos y células progenitoras o troncales, comprendidos en el Título 14 de la Ley General de Salud, propone la actualización de algunas normas con respecto a los servicios de sangre y la competencia del control sanitario de los establecimientos dedicados a estos servicios.
Las reformas y adiciones propuestas permitirán compatibilizar la calidad y eficiencia de los servicios de sangre, ya que a través de la modernización del sistema se pretende incrementar la escala productiva con disminución de costos.
Con estas reformas quedarán asentados en la Ley General de Salud, la distribución de competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de control sanitario, de la disposición de sangre y componentes sanguíneos, así como un nuevo modelo de servicios de sangre, con criterios de integración de redes de atención para una optimización de la distribución y calidad de los productos sanguíneos.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, fieles al compromiso de crear un marco jurídico que responda a las expectativas de nuestros representados, votaremos a favor el presente dictamen, seguros de que dichas reformas contribuye al proceso de modernización de los servicios de sangre, proporcionando servicios de salud efectivos, dignos y con un esquema de financiamiento justo. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Saludamos a autoridades de bienes comunales de la selva Lacandona, de Chiapas, invitados de la diputada Areli Madrid Tovilla. Bienvenidos. Por el Partido Acción Nacional, el diputado Raudel López López.
El diputado Raudel López López: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se pone a consideración del pleno, tiene como base un dictamen que en la legislatura pasada se puso a disposición del mismo pero ya no fue posible votar.
Sin embargo, hoy los diputados de esta legislatura nos disponemos a votarla como una muestra de la continuidad del trabajo legislativo, lo cual debemos de reconocer que es un hecho positivo en la vida política y legislativa del país, pues es una muestra palpable de que la construcción del andamiaje jurídico en los temas de salud poblacional no pierden importancia ni impulso con los cambios de legislatura.
Compañeras y compañeros diputados, la disponibilidad de sangre segura y sus componentes es una cuestión de interés nacional, porque la sangre humana es un bien irremplazable y necesario para la vida, cuya única fuente son las personas sanas y en infinidad de casos resulta fundamental para recuperar o mejorar la salud de quienes lo necesitan.
La disposición de la sangre se ha convertido en un tema de interés nacional, porque se asocia fundamentalmente con el estado vital y de la salud del ser humano. Se trata de un bien escaso que debe emplearse en condiciones de seguridad, bajo los principios de equidad y humanidad.
En este sentido, es necesario que todos los países cuenten con una regulación adecuada para que se establezca el marco normativo idóneo para promover la suficiencia y la disponibilidad oportuna de sangre.
La seguridad transfusional, la protección de los donantes, de los pacientes y la eficiencia de los recursos.
Se precisa que la regulación se aplique a todos los establecimientos públicos y privados dedicados a la promoción de la donación, obtención, concesionamiento, almacenamiento, distribución y transfusión de sangre humana y sus componentes.
Resulta indispensable asegurar que todos los actores que participan en las actividades mencionadas estén sujetos a las disposiciones que la ley, en todas las etapas de la promoción de la donación reclama.
Es indispensable que las acciones de disposición sanguínea siempre se encuentren acompañadas por un profundo espíritu ético y de compromiso con la humanidad.
En la disposición sanguínea, el personal de salud debe conducirse con suma pericia, a fin de no generar daños a la salud del donante, así como de la persona que recibe la sangre. Asimismo, en los bancos de sangre se debe actuar de manera eficiente, oportuna y segura.
El dictamen que hoy discutimos es un paso importante hacia la gobernanza en salud, al establecer debidamente, en la Ley General de Salud la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de control sanitario de la disposición de sangre y de los componentes sanguíneos.
Por otra parte, con la aprobación del decreto del dictamen que nos ocupa se podrá establecer un nuevo modelo de servicios de sangre, con criterios de integración en redes de atención para una optimización de la distribución y la calidad de los productos sanguíneos.
La distribución de competencias conferidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, se estima pertinente, pues otorga facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales.
La finalidad de fortalecer sus vínculos de trabajo con las entidades federativas, en materia de salubridad general, y lograr un control más efectivo de los establecimientos y una mejor vigilancia de la aplicación de las disposiciones legales en la materia.
Asimismo, se considera un acierto que a los establecimientos en los que se proporcionan los servicios de sangre, se les exija una licencia sanitaria y que la misma tenga una vigencia de cinco años, pues con ello se fomentará la vigilancia permanente, el control sanitario efectivo y la calidad de los servicios que dichos establecimientos proporcionan.
Por lo aquí expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen y exhortamos, respetuosamente, a todos los compañeros legisladores a emitir un voto en este mismo sentido. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada María de las Nieves García Fernández.
La diputada María de las Nieves García Fernández: Con su permiso, diputada presidenta. En México la recuperación de sangre es de menos del 65 por ciento, del 100 por ciento necesaria. En Latinoamérica es de apenas 37 por ciento. Del total de sangre donada sólo el 2 por ciento es voluntaria, 90 por ciento de 6 mil 500 donadores –cifra hasta el 2011– acude porque tiene a un ser querido hospitalizado.
De los 80 países del mundo con un bajo índice de donaciones de sangre menos de 10 donaciones por cada mil personas 79 son naciones en desarrollo. Éste es el caso de México.
La salud pública es una especialidad de la medicina que se orienta a la prevención de las enfermedades y promueve la salud para que las personas tengan una vida larga y saludable, mediante acciones organizadas entre las autoridades responsables de salud.
En esta perspectiva la salud pública es responsabilidad de los gobiernos a quienes corresponde la organización de todas las actividades comunitarias, que directa o indirectamente contribuyen a la salud de la población con la mejor calidad posible.
Todo esfuerzo por mejorar las condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos que se vislumbre con responsabilidad será apoyada. Esta iniciativa pretende establecer un nuevo modelo de establecimientos que fomentará una coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país, con criterios de integración en redes de atención, lo que permitirá garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes.
Diversas experiencias internacionales han adoptado modelos similares de regionalización de los servicios de sangre, en los que se observa una tendencia creciente a la concentración y especialización de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos.
El modelo propuesto comprende seis tipos de establecimientos: centro de colecta, centro de procesamiento, bancos de sangre, centros de calificación biológica, centros de distribución y servicios de transfusión hospitalarios.
Respecto a la distribución de competencias en materia de salubridad general entre la federación y las entidades federativas, contenidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, resulta viable dar facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia sanitaria de los establecimientos que hacen disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras.
El modelo actual de los establecimientos que hacen disposición de sangre y de estos componentes no ha permitido asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias como sistema de producción. En México hay 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y la mayoría con baja o muy baja producción.
La centralización de las determinaciones analíticas para la detección de agentes transmisibles por transfusión en bancos de sangre y centros d calificación biológica además de incrementar la confiabilidad de los resultados abate los costos para trabajar con reservas más altas, mayor especialidad y productividad de los recursos humanos, fraccionamiento de sangre en mayor número de componentes, menor desecho de unidades y mejor distribución de los productos sanguíneos.
Los centros de distribución favorecerán la disponibilidad, accesibilidad y la distribución equitativa de la sangre en las diversas regiones del país permitiendo transfusiones oportunas y seguras.
Esta iniciativa justifica técnicamente la relevancia de asegurar a la población la accesibilidad oportuna a los productos sanguíneos y un menor riesgo transfusional.
La OPS ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en las Américas. México no ha alcanzado a abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión cuando se compara con países desarrollados. En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción, que no han resuelto la distribución adecuada ni la óptima calidad de los productos sanguíneos y no han permitido alcanzar las metas de seguridad transfusional en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud.
Los integrantes del Grupo Parlamentario apoyamos esta iniciativa preferentemente por cinco puntos: primero, la consideración de la sangre como tejido la iguala a la regulación de otros órganos ciertamente representa riesgos semejantes y requiere por lo mismo el tratamiento igual. La mejora del control sanitario, hay un excesivo número de centros de sangrado y transfusión que cada entidad federativa deberá de verificar los que están en su territorio permitiendo así la calidad y seguridad para toda la población. Es importante cambiar el paradigma. Es más el tabú de la sangre VIH. No es mayor riesgo, es mayor frecuencia de transfusiones.
Otro punto de consideración se refiere a mejorar la regulación de las células madres en donde también se tienen perjuicios y poca información. Es importante dar la flexibilidad que otorga la iniciativa al tiempo que se refuerza la regulación.
Finalmente al dar el tratamiento de tejido a la sangre se supera la limitación de comercializar los productos, los subproductos en donde México ha gastado enormes cantidades de dinero. Esto fue adecuado cuando no teníamos la capacidad de prevenir la transmisión de enfermedades, ahora que ya hemos hecho la inversión tenemos la obligación de buscar las inmunoglobulinas, la albumina y factores de coagulación que nos resulten económico y que sean favorables para toda la población. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, en virtud de que no existen artículos reservados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): A favor.
El diputado Joaquín Caballero Rosiñol (desde la curul): A favor.
La diputada Jessica Salazar Trejo (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 429 votos a favor y cero en contra.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.
Tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para la fundamentación del dictamen. Corrección, es el diputado Mario Alberto Dávila Delgado para la fundamentación. Perdón, diputado. El diputado Mario Alberto Dávila Delgado fundamentará el dictamen.
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias, diputada presidenta. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Se establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que además es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases y eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
La Organización Mundial de la Salud define a la adicción como “un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto de que el consumidor, denominado adicto, se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener la sustancia por cualquier medio”.
La vida del adicto está dominada por el consumo de la sustancia, hasta llegar a excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades.
El término “adicción” conlleva también el sentido de que el consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para la sociedad y para la persona.
De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Prevención y Control de Adicciones, la Mefredona es una sustancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes como el éxtasis.
Por su parte el Midazolam forma parte de la familia de las Benzodiacepinas y es de acción muy corta. Sin embargo también se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general. Ambas sustancias pueden ser adquiridas actualmente sin restricción alguna.
A su vez la Tiperazina por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la Benzil Tiperazina, es vendida legalmente, como alternativa a la ilegal “éxtasis”, con el sobrenombre de “X Legal”, lo cual produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfitamínico.
Finalmente el denomiado K-2 es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes.
Usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a esta sustancia y que también puede prepararse como una bebida.
Con respecto a la reforma del artículo 245 de la Ley General de Salud, es necesario mencionar que es procedente debido a que es indispensable la constante revisión legislativa respecto de las drogas, cuyo consumo humano afecta la salud y propicia la generación de ganancias ilícitas.
La Ley General de Salud establece en su artículo 3, que: “es materia de salubridad general la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el Programa contra la Farmacodependencia, así como el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación”.
Los integrantes de la Comisión de Salud consideramos que el siguiente dictamen es viable debido a que resulta indispensable aplicar el régimen legal a estas sustancias nocivas para la sociedad, ya que no sólo proporciona seguridad jurídica en cuanto a la protección de la salud como un derecho, sino que de igual forma analiza el marco normativo respecto del uso y fabricación de sustancias psicotrópicas que perjudican a la sociedad.
Esta reforma, la cual consiste en adicionar a la clasificación de sustancias psicotrópicas la Mefredona, la Tiperazina, el Mirazolan y el K-2 derivado calaninoide, permitirá que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o en su caso procesan contra el uso indebido de cada una de ellas.
Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno el dictamen emitido en sentido positivo de la iniciativa que reforma las fracciones I y III del artículo 245, de la Ley General de Salud, suscrita por el Poder Ejecutivo Federal. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, por el Partido Nueva Alianza, el diputado Benjamín Félix Hays.
El diputado Benjamín Félix Hays: Estimadas compañeras y compañeros diputados de esta LXII Legislatura federal: quiero aprovechar para mandar un saludo a mis compañeros que se encuentran allá arriba, compañeros de la escuela; bienvenidos.
En los últimos tiempos México ha visto el incremento de actividades ilícitas en materia de estupefacientes y las graves consecuencias que sufre la población debido a los altos índices de inseguridad que se han extendido a lo largo y ancho del país como resultado de estas actividades, situación que afecta a regiones enteras del país, así como a sus habitantes, que viven en la zozobra y la inestabilidad en los diversos aspectos de la vida diaria, con las consecuencias de la ola de criminalidad que parece no tener fin.
Estamos conscientes de la importancia de otorgar mejores instrumentos jurídicos que den certidumbre a la intervención de las autoridades responsables y con ello hacer frente a este fenómeno que en momentos parece rebasar las capacidades de los poderes públicos.
La propuesta por la que hoy el Grupo Parlamentario Nueva Alianza dará su voto a favor tiene que ver con la inclusión en el catálogo de sustancias prohibidas o consideradas de alto riesgo para la salud o aquéllas que generan un riesgo de adicción a su consumo.
De esta forma se establecen medidas contra el uso indebido de sustancias o compuestos como la Mefedrona, Piperazina o la TFMPP, Midazolam y el Karbonaire sentético, o sea el K2, los cuales en su conjunto suman 69 productos que, sin el debido seguimiento por parte de un doctor responsable, pueden minar la salud de sus consumidores.
Al incrementar el cuadro de drogas prohibidas dotamos a la autoridad de herramientas jurídicas para la vigilancia y el control de estas sustancias en aras de evitar su uso indebido mediante la libre comercialización.
Cabe mencionar que además de la convicción en la defensa de los niveles de salud por las leyes mexicanas en materia de regulación de sustancias prohibidas, nuestro país ha signado diversos instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, las cuales consideran fundamental el combate al consumo de sustancias prohibidas.
Asimismo, sabemos que aun cuando algunas de estas sustancias no representan peligro por sí mismas pues fueron concebidas como medicamentos, su consumo en cantidades no reguladas provoca daños importantes a la salud.
Conscientes de los alcances de las redes del narcotráfico y de las capacidades de investigación de este tipo de industria, añadimos a la lista de sustancias que no pueden ser comercializadas de manera indiscriminada la mefredona, que provoca efectos similares a la droga conocida como éxtasis, o el midazolam, de la familia de las benzodiacepinas y que es utilizado como inductor anestésico. La piperazina o la TFMPP, el cual, al ser utilizada con otras sustancias como la benzylpiperazina es vendida ilegalmente como alternativa a la droga denominada éxtasis, con el nombre de x legal y el K2, que es un derivado sintético de la marihuana que llega a tener efectos más potentes que el producto natural.
Con esta aprobación ofrecemos una opción más para evitar el libre consumo de sustancias que afectan a los diversos grupos de población del país.
Compañeras y compañeros legisladores, el compromiso que tenemos en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es con la salud y seguridad de los mexicanos, garantizar que las sustancias de ciertos medicamentos sean utilizados para los fines terapéuticos y medicinales es nuestra responsabilidad. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a los invitados del diputado Rubén Benjamín Félix del Grupo St Jhons, del estado de Sinaloa.
El diputado Samperio Montaño declina su participación de Movimiento Ciudadano, debido a que en su participación anterior hizo alusión a este tema. En el uso de la voz la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): Presidenta, nada más para aclarar por qué mi declinación; en cumplimiento a un acuerdo que se tuvo en la Junta de Coordinación Política se había quedado de hacer un solo posicionamiento de los dos dictámenes. Por eso nosotros hicimos un solo posicionamiento y es por eso que declinamos esta posición, por respeto al acuerdo que se tuvo. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras, recientemente la Organización de las Naciones Unidas a través de su oficina para el combate en contra de las drogas y el delito informó que el crimen organizado genera cerca de 870 millones de dólares al año y que la mayor parte de sus ganancias provienen del tráfico ilegal de drogas.
En México, la problemática de las drogas fue por mucho tiempo un asunto relacionado exclusivamente con el tema de la seguridad y la justicia. Sin embargo, actualmente, más allá de los altos índices de violencia que el narcotráfico ha provocado, las drogas se han convertido en una amenaza seria para la salud pública de nuestro país, que tiene además repercusiones profundas en el entorno social cercano de quienes lamentablemente son adictos a algún tipo de sustancia prohibida.
El consumo de drogas ilegales dentro de la población en México ha reportado un incremento significativo en los últimos tiempos. De acuerdo a lo que reveló la Encuesta Nacional de Adicciones, que se dio a conocer el año pasado, este incremento es que 1.5 por ciento de los mexicanos de entre 12 y 65 años, aceptó haber consumido algún tipo de narcótico ilegal durante el 2011.
Un número importante de las drogas que se consumen alrededor del mundo, y este es el problema, pueden conseguirse de modo legal, lo cual es una situación en extrema preocupante, puesto que no nos estamos refiriendo a drogas como el alcohol y el tabaco, cuyos efectos nocivos son en general bien conocidos por la mayoría de la población, sino que hacemos alusión a drogas, sobre todo sintéticas, cuya utilización trae aparejada consecuencias potencialmente más peligrosas para la salud de quienes la consumen, que las producen otras drogas como la marihuana y la cocaína.
Si bien es cierto éstas últimas son las drogas de mayor consumo entre los mexicanos y que representa más del 90 por ciento de los estimulantes que se consumen en el país, el segmento de las drogas sintéticas o de laboratorio ha venido ganando terreno paulatinamente y es el que mayor crecimiento ha registrado en México, en gran medida debido a que éstas imitan los efectos que otras drogas prohibidas producen, sin que por ello sean inmediatamente consideradas como ilegales.
Es decir, que el crimen organizado se ha aprovechado de los vacíos legales que existen en los marcos normativos de muchos países, para comercializar sin restricción alguna drogas que puedan dañar severamente la salud de la personas, o incluso puedan causarles la muerte. Para cuando muchas drogas de diseño son detectadas y prohibidas por las autoridades, entonces aparecen otras nuevas versiones a las que se les modifica algún componente y así pueden mantenerse al margen de ser fiscalizadas y reglamentadas.
Consumir drogas sintéticas o bien consumir fármacos con la finalidad de obtener efectos estimulantes o alterar el estado de consciencia de una persona, es una tendencia que últimamente ha ido en aumento entre la población de todo el mundo, principalmente entre los jóvenes que tienen cada vez más fácil acceso a sustancias enervantes, puesto que algunas de ellas pueden estar disponibles en el botiquín de su hogar o bien pueden ser conseguidas sin mayor inconveniente a través de internet, como es el caso de la mefedrona, el midazolam y la piperazina, que por cierto fueron prohibidos desde el año 2010 por la Unión Europea.
Para contrastar situaciones de este tipo no hay otro camino que, además de intensificar los instrumentos de campañas de prevención de las adicciones, revisar constantemente la legislación respecto de las drogas cuyo consumo afecta la salud humana.
En virtud de lo anterior, mi grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, nos pronunciamos a favor del proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, con lo que se pretende incluir la clasificación de sustancias psicotrópicas, la mefedrona, el canabinoide, la piperazina y el midazolam, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de un uso terapéutico o en su caso procedan contra el uso indebido de cada una de ellas. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRD, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Con su venia, diputada presidenta.
Compañeras y compañeros diputados, uno de los derechos básicos es el derecho a la salud, base para que los individuos y la sociedad alcancen su pleno desarrollo, por lo que la definición de este derecho universal tiene que ser progresivo y en apego a las modificaciones a la realidad, y bien, nuestro país transita por una verdadera emergencia nacional en varios rubros de la salud, que exige acciones eficaces y coordinadas entre todos los niveles de gobierno y todos los sectores.
Un problema de salud pública se agrava y es materia del presente dictamen, relativo a las acciones, para cuya solución se debe excluir la persecución y por el contrario, debemos darle atención a la prevención y tratamiento oportuno en pleno respeto a los derechos humanos de los usuarios.
Bajo este criterio directriz, apoyamos que se incluya en la clasificación de sustancias psicotrópicas, la mefedrona, la piperazina, el midazolam y el canabinoide sintético K2, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico, o en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.
Tanto en nuestro país como a nivel internacional, existen diferentes sustancias, que a pesar de su comercialización es legal y luego pueden ser comprobadas con facilidad, la alteración en su composición provoca que su consumo sea nocivo a la salud. La mefedrona es una sustancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis.
El midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta, se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general, sin embargo, ambas sustancias actualmente pueden ser adquiridas sin restricción alguna.
Asimismo, la piperazina por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina es vendida legalmente como alternativa.
El denominado K2 es un derivado también sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a esta sustancia, y que también puede prepararse como bebida. Sin embargo, dicha sustancia se comercializa, como un producto natural, aparentando seguridad en su uso. Cabe destacar que entre sus defectos adversos se encuentra la agitación, ataques de pánico, aumento de la presión sanguínea, vómito y alucinaciones.
Respecto de las sustancias denominadas canabinoides sintéticos K2, es necesario indicar que estas sustancias fueron sintetizadas para fines de investigación médica, sin embargo, a la fecha se les han atribuido más efectos psicoactivos similares a los producidos por la marihuana que efectos terapéuticos útiles para la ciencia médica, razón por la cual, técnicamente resulta necesario incluirla en la fracción I, del artículo 245, de la Ley General de Salud, toda vez que dicha sustancia usualmente es consumida principalmente por jóvenes.
En vista de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de la reforma del artículo 245 de la Ley General de Salud, para incluir en la clasificación de sustancias psicotrópicas las sustancias señaladas, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia necesarias en tutela de la salud de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete.
La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el Consejo Nacional contra las Adicciones estima que actualmente en México hay 3 y medio millones de personas entre 12 y 65 años de edad que experimentan con alguna droga.
De hecho, según la Encuesta Nacional de las Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas, en la población rural y urbana, de ese rango de edad, aumentó el 5 por ciento observado en 2002.
En nuestro país y en muchos más, existen sustancias que por sí solas o combinadas con otras provocan efectos estimulantes en las personas, y en muchos casos pueden llegar a generar cierta adicción, provocando que el consumo indiscriminado de ellas, debido a que no existe regulación alguna, sea nocivo para la salud, aun cuando su comercialización se considera lícita y pueden ser adquiridas fácilmente y sin ninguna restricción.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconoce que las adicciones son un problema de salud pública, qué éste ha crecido en los últimos 20 años de una forma exponencial confrontando los valores familiares, la efectividad de la educación familiar y sacudiendo a las sociedades y a los gobiernos. Reconociendo que pocas enfermedades perturban la vida de las comunidades y alteran tanto la dinámica de los núcleos familiares, como lo son las adicciones y que nuestro país enfrenta cifras que van en crecimiento, los y las legisladoras de este Congreso tenemos un gran reto de importancia por superar.
Por ello, consideramos relevante el proyecto que se presenta a través de este dictamen, al tener el objetivo de adicionar a la clasificación de sustancias psicotrópicas la mefedrona, la piperazina, el midazolam y el K2, sustancias cuya falta de control y vigilancia las hacen objeto de uso indebido, que pueden traer como consecuencia un problema de salud pública para el cual ninguna acción resultará innecesaria.
Las adicciones ocasionan el incremento de padecimientos, trastornos, incluso, la muerte. Todo ello a consecuencia del uso adictivo de sustancias con escaso o nulo control, y cuyos efectos permean en el ámbito social, económico y político.
Aprobar un dictamen como el que se discute en este momento, permitirá no solo a las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia de algunas sustancias, sino que en su caso, se proceda contra el uso indebido de cada una de ellas.
Compañeras y compañeros, impulsemos acciones que permitan a nuestra sociedad desarrollarse en forma armoniosa. Contribuyamos a través de la aprobación de dictámenes como el que se discute hoy, aplicar el régimen legal a sustancias nocivas.
Concienticémonos que acciones como ésta proporcionan seguridad jurídica en cuanto a la protección de la salud como un derecho y actualicen el marco respecto al uso y fabricación de sustancias psicotrópicas que perjudican a la sociedad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Saludamos a los alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 1, del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega, bienvenidos. Así como también a los alumnos de preparatoria del Instituto Tepeyac de Cuautitlán Izcalli, del estado de México, invitados por la diputada Angelina Carreño Mijares. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza.
La diputada Zita Beatriz Pazzi Maza: Con su permiso, señora presidenta. Proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III, del artículo 245, de la Ley General de Salud.
¿Qué son los psicotrópicos y estupefacientes? La sustancias contenidas por los psicotrópicos y los estupefacientes son aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo.
Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central.
Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas utilizando como objeto el tratamiento, padecimiento psíquicos o neurológicos.
Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir conducta abusiva y/o dependencia psíquica, física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etcétera, que actúa por sí mismo a través de la conversión de una sustancia activa que ejerza dichos efectos.
En México la prescripción y venta de psicotrópicos de uso médico, llamado psicofármacos, se encuentran reguladas por la Secretaría de Salud a través de la Ley General de Salud, en ella se definen los mecanismos de comercialización psicotrópicas a partir de su clasificación en cuatro grupos, de acuerdo con su capacidad para producir dependencia.
De esta forma, los incluidos en el grupo uno, de la fracción I, correspondientes al artículo 226 de dicha ley, son aquellos que pueden adquirirse exclusivamente con receta especial cuando el enfermo lo requiera, pero por periodos no mayores a cinco días.
Cuando el medicamento es requerido por lapsos mayores a cinco días es necesario solicitar un permiso especial, de acuerdo con el artículo 241 de la ley referida. Los recetarios para la prescripción de medicamentos del grupo uno deben ser suministrados, editados y autorizados por la propia secretaría.
La presencia y el consumo de sustancias psicotrópicas no es algo nuevo en ninguna sociedad; por el contrario, su existencia está documentada en la historia de la mayoría de las culturas con variaciones, con los tipos de drogas, los patrones de uso, sus funciones individuales y sociales, y las respuestas que las sociedades han ido desarrollando a través del tiempo.
La sustancias psicotrópicas eran usadas en la antigüedad dentro de las prácticas sociales integradas a la medicina, la religión y lo ceremonial. La ambivalencia social hacia las sustancias adictivas encuentra su mejor expresión en el antiguo vocablo griego fármacos, que significa tanto medicina como veneno, algo que salva quita la vida.
El uso de sustancias que alteran los estados de conciencia se han ido presentando desde tiempos inmemoriales de manera diversa y puede ser caracterizado con un consumo ritual cultural, médico terapéutico, social, recreacional u ocupacional funcional.
Las formas del uso de drogas pueden fluctuar de acuerdo con numerosos factores individuales y sociales. Así, los patrones tradicionales de uso fueron desapareciendo a través del tiempo y el contexto y las formas de consumo cambiaron.
Las transformaciones, conflictos geopolíticos y económicos aunados a los intereses, ramificaciones de la producción y distribución internacional de sustancias, contribuyeron a que el consumo fuera adquiriendo un carácter desintegrador lo que imprime una especificidad de importancia en el tema de las drogas.
En la actualidad es la forma en que se presentan sus patrones de producción y distribución a nivel mundial, los efectos económicos, sociales y en salud vinculados a esas sustancias, así como su carácter ilícito, su impacto en las instituciones y la relevancia del tema en la agenda de la relación política de los gobiernos.
El fenómeno de las drogas ilícitas no puede ser visto fuera del contexto del desarrollo de modelos económicos, tecnológicos, sociales y políticos contemporáneos, de la creciente globalización y sus consecuencias, en la comunicación y en la transformación de estilos de vida y valores tradicionales.
El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y el desarrollo y la estabilidad social, aunque en la actualidad toda sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.
El gobierno de México inició desde la década de 1970 acciones para atender este problema mucho antes que la demanda de droga adquiriera mayores proporciones, por lo que contamos ya con una considerable experiencia acumulada. Nuestro país ha realizado esfuerzos importantes para enfrentar este problema a través del desarrollo de un marco jurídico normativo institucional de programas que él mismo, al mismo tiempo, dan seguimiento a los acuerdos que México ha firmado en el ámbito internacional.
El Grupo Parlamentario del PRI está a favor de erradicar el consumo de sustancias que en mayor o menor medida afectan nocivamente a la ciudadanía mexicana; y, por otro lado, regular y restringir el uso de psicotrópicos con fines terapéuticos.
Es por ello que apoyamos el sentido del dictamen y nos sumamos a todo intento de abatir este lastre social. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en virtud de no haber artículos reservados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema de votación electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Saludamos a los visitantes, los presidentes seccionales del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez; así como también a alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, invitados por el diputado Homero Niño de Rivera.
Saludamos y damos la bienvenida a visitantes de las colonias de Ciudad Azteca, Río de Luz y Jardines de Cerro Gordo, del municipio de Ecatepec de Morelos, distrito XI, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Presidenta, se emitieron 428 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos el proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.
Para fundamentar el dictamen por parte de la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, hasta por cinco minutos.
El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados. La Ley General de Turismo en el título quinto correspondiente al tema de Fomento y Promoción Turística, debe establecer cómo se integra el patrimonio tanto del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, en los artículos 41 y 43 respectivamente.
Respecto a los ingresos que recibe Fonatur, la ley está plenamente acorde a lo que señala la Ley Federal de Derechos; pero en el caso del CPTM esto no es así.
El Consejo de Promoción Turística de México es el organismo facultado para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de promoción turística en busca de posicionar a México en el entorno competitivo, tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Una de sus principales tareas es la de posicionar la imagen de México a través del desarrollo de programas y campañas de promoción turísticas consistentes y permanentes, que a su vez fomenten esquemas de inducción y coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en los mercados generadores para lograr economías de escala y ventajas competitivas para todos los agentes participantes.
En 1999 se crea la empresa de participación estatal mayoritaria, Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C. V., como auxiliar de la Secretaría de Turismo, para promocionar turísticamente a nuestro país tanto en el mercado nacional como en el internacional.
En ese mismo año la Secretaría de Hacienda y la Contraloría y Desarrollo Administrativo dictaminaron favorablemente la propuesta de la estructura orgánica del CPTM, la cual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar, en coadyuvancia con la Sectur, las políticas y estrategias de promoción turística.
Asimismo, se establece la conformación del patrimonio del organismo para que pueda cumplir con sus funciones. Se hace referencia a que el CPTM tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrante en los términos de su estatuto orgánico por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con la Ley Federal de Derechos.
La Ley Federal de Derechos, en el artículo 18 A establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8 de la presente ley, por lo que se refiere a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinará en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine, con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.
Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta sección serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipo, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.
Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de conformidad con el primer párrafo de este artículo, podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.
La reforma al artículo 41 adiciona el segundo párrafo. Al patrimonio del consejo y promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.
Con esta modificación se estarían homologando ambas leyes a fin de proporcionar una vinculación en ambos ordenamientos jurídicos con la finalidad de proporcionar mayor certeza a este importante sector.
Asimismo, por considerar que la Ley General de Turismo es una ley sustantiva, no debe contener una referencia de un monto previsto en un ordenamiento cuyo carácter es precisamente disponer de montos o porcentajes de recursos o contraprestaciones a favor del Estado.
Este posicionamiento lo hacemos también a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señor presidente, porque de tal manera lo estoy haciendo a nombre de la comisión y a nombre del Grupo Parlamentario. Muchas gracias a todos, es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.
Para fijar la postura de sus grupos parlamentarios, se han inscrito diversos compañeros y compañeras legisladores. Tiene el uso de la tribuna el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
Aprovecho la oportunidad para saludar a tres alcaldes de Guerrero que se encuentran hoy aquí: la alcaldesa Sandra Velázquez Lara, de Pilcaya; la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz, de Juan R. Escudero, y también el alcalde Irineo Loya Flores, de Cuajinicuilapa, están hoy aquí invitados por la diputada Adriana González Carillo. También están algunos otros ciudadanos Andrés Bahena y Juan Pachuca. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, si aceptamos y valoramos en el turismo una palanca de desarrollo económico como se ha demostrado en diversas latitudes del mundo, reconoceremos que requerimos un marco institucional y jurídico sólido y consistente que detone y vanguardice una actividad económica de la nación, pero más aún, que sistematice nuestras normas jurídicas.
En Nueva Alianza comprometidos estamos en esta legislatura de revisar y analizar permanentemente nuestras normas, todas, constitucionales, legales. Vemos que el marco legal que regula la actuación y facultades de las entidades públicas vinculadas al sector turístico de nuestro país, con el objetivo de mejorar su eficiencia, eficacia y proporcionar mayor certeza jurídica a sus acciones para atender de manera estratégica las demandas en el sector.
Nos dice la comisión dictaminadora y el diputado Martín Alonso Heredia, fundamentando el dictamen, que el sector turístico de México debe ser uno de los ejes fundamentales que rijan las estrategias que permitan impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país, anhelo desde hace ya diversas décadas en nuestro México, situación que en Nueva Alianza compartimos nuevamente.
Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza acompañamos esta reforma como elemento que permita coadyuvar al fortalecimiento de elementos de desarrollo turístico nacional como lo es el otorgamiento de mayor certidumbre al Consejo de Promoción Turística de México en cuanto a los recursos disponibles para realizar las acciones de promoción en los diversos escenarios nacionales e internacionales.
Si consideramos que en el último informe de actividades presentado por la Secretaría de Turismo, correspondiente al período comprendido de enero a junio de 2012, el Consejo de Promoción Turística de México recibió 832.1 millones de pesos, producto del llamado derecho de no inmigrante para la promoción turística y, de conformidad con lo establecido en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos que estipula que de los ingresos que se obtiene por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la ley precitada, relativo a los derechos que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia como visitantes sin permiso para realizar las actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, por lo cual debe destinarse el 80 por ciento al referido Consejo de Promoción Turística de México para la promoción del país.
No se podría ir nunca en contra de una medida que homologue en la Ley General de Turismo, el destino que se otorga al derecho de no inmigrante en la ley Federal de Derechos, sistematizando nuestro derecho y buscando fortalecer las estrategias de promoción turística de nuestro país en los ámbitos nacionales e internacionales.
Compañeras y compañeros diputados, como lo hemos establecido, el dictamen busca establecer con claridad el origen de la mayor parte de los recursos que integran el presupuesto disponible del Consejo de Promoción Turística, recursos que a su vez también darán certeza al estudio, proyectos e inversión en infraestructura para promover nuevos destinos, los cuales ya forman parte de las obligaciones del Fondo Nacional de Fomento Turístico.
En Nueva Alianza estamos convencidos que el sector turismo, así como los bienes y servicios que de ellas derivan, son pilares fundamentales para el funcionamiento óptimo del engranaje económico que requiere el desarrollo de nuestro país. El mismo constituye la tercera fuente de nuestros ingresos nacionales y genera alrededor de 7.5 millones de empleos directos e indirectos.
En Nueva Alianza nuestro compromiso es con el desarrollo sostenible y el turismo como una actividad económica que contribuya a este propósito, por lo que el voto de nuestro grupo será a favor del dictamen, que muestra nuestra responsabilidad con los agentes estratégicos del turismo en México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, México es uno de los países con mayor afluencia turística, convirtiéndose este aspecto en una de las principales fuentes de ingreso y de vital importancia para el mantenimiento de la economía del país. En el dictamen en comento, el artículo 18 A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por la recaudación de la expedición del documento migratorio que acredita la estancia de un visitante que ingrese al país con fines turísticos, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y el cual se encuentra contemplado en la fracción I del artículo 8o de la referida Ley, se destinará 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.
De los 832.1 millones de pesos recabados por el Consejo de Promoción Turística en México, según los datos que se dan de enero a junio de 2012, por el derecho de no inmigrante para la promoción turística, sumados a los 15.9 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales asignados, dan un total de 848 millones de pesos de inversión pública, destinados a la promoción turística.
En 2011, los recursos del Consejo de Promoción Turística, provenientes del derecho de no inmigrante, fueron de mil 564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales.
Como se aprecia, el patrimonio mayoritario del Consejo de Promoción Turística de México proviene del impuesto a que se ha hecho referencia, pero como señala la minuta en cuestión, al abordar la Ley Federal de Derechos, la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley Federal de Derechos, en virtud de lo anterior, se propone homologar, en la Ley General de Turismo, el destino que se otorga al derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos.
La minuta propone adicionar un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para efectos de establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, el porcentaje para la captación del derecho de no migrante, establecido en la Ley Federal de Derechos, el que se designará a la promoción turística del país.
Se propone homologar con las leyes concurrentes el destino que se otorgó al derecho de no migrante en la Ley Federal de Derechos. Para seguir protegiendo, fomentando y promocionando nuestra industria turística nacional, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente. El rol que el turismo juega en nuestro país es simple y sencillamente fundamental, puesto que éste no sólo es un factor indispensable para el equilibrio y la estabilidad, macroeconómicos, sino que también contribuye de manera decisiva en el desarrollo económico y social de la nación, así como en el impulso del progreso a nivel regional.
Gracias a que el sector turístico es la tercera fuente de divisas del país y genera 2.5 millones de empleos directos, éste se ha constituido como uno de los pilares de la economía nacional que representa aproximadamente el 9 por ciento del producto interno bruto.
Tan sólo durante el año 2012, el flujo de dinero que la actividad turística registró en México superó los 11 mil millones de dólares, de acuerdo con declaraciones recientes de la titular de la Secretaría de Turismo.
No obstante la situación que el sector turístico nacional ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos, ha sido muy complicada, en primer lugar, la crisis económica internacional que tuvo origen en el año 2008 y cuyos efectos siguen aun resintiéndose hasta el día de hoy, redujo el número de visitantes extranjeros que el país recibe.
Por otra parte, el clima de inseguridad provocado por el crimen organizado, que actualmente estamos atravesando, ha hecho que en México se le asocie como una imagen de violencia, por lo que muchos turistas extranjeros han preferido abstenerse de visitarnos.
Las alertas que emiten otros países, para con sus connacionales no viajen a México, porno considerarlo un lugar seguro, se multiplicaron en los últimos años. Y éstas han sido un factor importante para que hayan sido desplazados por otros destinos turísticos en el ranking de los países más visitados del mundo que elabora la Organización Mundial de Turismo.
Cabe recordar que México llegó a ocupar el séptimo lugar de la lista de manera consecutiva en los años 2004 y 2005. Y que hoy en día, lamentablemente, ocupamos el décimo segundo lugar.
Sin ir más lejos, un estudio de reciente publicación en Estados Unidos, nación de la que proviene el mayor número de visitantes extranjeros de nuestro país, reveló que 7 de cada 10 estadounidenses no consideran a México como un lugar seguro para vacacionar.
Esa percepción negativa de nuestro país como destino vacacional es la que ha causado enormes pérdidas a la industria del sector turismo, que se estiman hasta en 12 mil millones de dólares en los últimos cuatro años.
En un contexto como el anterior, la importancia de contar con un organismo como el Consejo de Promoción Turística de México se magnifica, porque éste puede contribuir significativamente para revertir una situación tan adversa como la que describimos.
El consejo enfrenta además otros retos de gran importancia para el desarrollo nacional, como por ejemplo, el de consolidar a México como un país multidestino, que aproveche las crecientes oportunidades que ofrece la cada vez mayor diversificación del mercado turístico, puesto que la oferta de nuestro país, a pesar de su enorme riqueza histórica y cultural y la abundancia de sitios privilegiados por la naturaleza, se concentra de manera notable en los destinos de sol y playa.
El problema es que el consejo, de acuerdo a lo establecido actualmente en su estatuto orgánico, integra su patrimonio con las aportaciones que el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal aportan, y con un porcentaje de los ingresos que se obtienen por el cobro del derecho de no inmigrante.
De los recursos provenientes de este último dependen casi, exclusivamente, los ingresos del Consejo, puesto que ellos representan el 98.5 y el 98.1 por ciento del presupuesto total del organismo de los años 2011 y 2012, respectivamente.
Sin embargo, los cambios establecidos recientemente por la Ley Federal de Derechos, hacen necesario, como concluye el dictamen, que se homologuen esas disposiciones con la Ley General de Turismo.
En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyamos el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Turismo para que se establezca en su artículo 41 que al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia de visitantes sin permiso, para realizar actividades remuneradas que integren al país con fines turísticos.
Ello, en aras de garantizar la continuidad de los planes y programas de una entidad tan importante para el desarrollo de la industria turística del país, como lo es el Consejo de Promoción Turística de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo nacional. Aporta aproximadamente el 11 por ciento de la producción mundial y genera uno de cada 11 empleos, siendo favorable para la economía mexicana y el principal factor de difusión y atractivos culturales y nacionales.
Datos de la Organización Mundial de Turismo manifiestan que las llegadas de turistas internacionales creció un 4 por ciento, primera vez en la historia, en 2012, demanda celebrada bien durante todo el año y se espera que continúe creciendo en 2013. Es por ello que el turismo es uno de los pilares que deben ser apoyados por los gobiernos de todo el mundo, y como parte de la solución a estimular el crecimiento económico.
A fin de lograr lo anterior, el Estado mexicano debe conducir el desarrollo turístico mediante una buena planeación; una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos; una promoción estratégica que abarque no sólo a los mercados tradicionales, sino a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para México, como los situados en los continentes europeos y asiáticos.
Es por ello la importancia de la labor del Consejo de Promoción Turística en México como organismo encargado de promover, planear, diseñar y coordinar las estrategias de promoción turística a escala nacional e internacional.
De acuerdo al sexto informe de labores de la Secretaría de Turismo en enero de 2012 el Consejo de Promoción Turística de México recibió 832 millones de pesos, producto del llamado Derecho de No Inmigrante, para la promoción turística, concepto que se utilizó hasta antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de 2012.
Es por ello que es importante homologar en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al Derecho de No Inmigrante en la Ley Federal de Derecho, establecer la procedencia de estos y sean considerados como parte del patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, y el porcentaje sea destinado a la promoción turística del país y con ello contribuir al crecimiento de la economía mexicana.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática confirma su compromiso de seguir promoviendo reformas que permitan el beneficio de nuestro país, por lo que daremos nuestro voto favorable al dictamen que hoy se presenta.
Por ello, se les exhorta a cada uno de los compañeros legisladores con esa absoluta responsabilidad que ha distinguido a esta LXII Legislatura que se sumen a este dictamen, que tengan en conocimiento que esta reforma al artículo 41 de la Ley General de Turismo es de suma importancia para el crecimiento y fortalecimiento del turismo en México. Muchas gracias por su atención. Y es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la tribuna el diputado Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Eduardo Roman Quian Alcocer: Con su venia, señor presidente. La promoción del turismo en nuestro país es además de un importante generador de desarrollo económico porque desencadena un proceso de adelanto e inclusión social, potencia importantes demandas e impactos en sectores de la economía tan variados como en la agricultura, la pesca, la construcción, las artesanías, los transportes, el patrimonio cultural, entre otros. Además es un acto de responsabilidad social, en tanto promueve cultura y difunde nuestras costumbres y tradiciones que nos dan identidad como nación.
No obstante lo anterior el impulso de la actividad turística en la actualidad presenta grandes retos, pues además de generar crecimiento económico, no podemos dejar de visualizar al turismo como impulsor de desarrollo sostenible y promotor de la preservación del ambiente.
En este orden de ideas, la conservación y restauración de nuestras reservas naturales, la promoción del patrimonio histórico, el respeto a la identidad cultural, el desarrollo de los proyectos productivos que beneficien directamente la economía de las comunidades locales debe ser estrategia para la consolidación de una actividad turística que contribuya al adelanto de nuestra economía.
El dictamen que en este momento se discute incluye un elemento más para el fortalecimiento de la actividad turística en nuestro país, ya que al integrar el importe que resulta de cobrar el derecho a los visitantes extranjeros a nuestro país por la realización de actividades remuneradas al patrimonio del consejo promotor, impactará de forma significativa en la operación de programas de apoyo a los proyectos turísticos de nuestro país.
Lo anterior se ve reforzado con las reflexiones del premio Nobel de Economía, Gary Becker, quien propone vender el derecho a emigar, subastando cierta cantidad de visas o permisos de trabajo; es decir, que las personas paguen por tener acceso al mercado de trabajo, ya que la búsqueda de condiciones de trabajo decente y seguridad humana hoy es un factor del creciente fenómeno del movimiento de personas, de sus países de orígenes, hacia lugares en donde mejorar la calidad de vida; esto exige la formulación de políticas a efecto de gestionar equidad en los beneficios obtenidos entre nacionales y extranjeros.
Señoras diputadas y señores diputados, la riqueza del turismo se encuentra en nuestra diversidad ecológica, aunada al patrimonio histórico, artístico y cultural que México posee.
El invertir más recursos económicos a estas actividades sin duda estimulará el crecimiento de las comunidades. La creación de nuevos centros y corredores turísticos, la diversificación de servicios y actividades acordes al tipo de turismo que nuestro país recibe año con año y, con ello, la captación de divisas. Hagamos del turismo un sector competitivo en beneficio del crecimiento de nuestro país.
Como ustedes saben, año con año ha sido una constante la falta de recursos para la promoción de los diversos destinos con los que cuenta nuestro país. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de este dictamen.
Estaremos muy atentos a que este recurso se aplique correctamente a favor de la promoción de nuestros destinos turísticos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que se avara el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para darles la más cordial bienvenida a esta sesión de la Cámara de Diputados a los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos, Veracruz, que están hoy aquí invitados por el diputado Joaquín Caballero Rosiñol. Bienvenidos a esta sesión.
También saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos destacados de tercero a sexto grados de la escuela primaria Club de Leones de la Ciudad de México, que están aquí invitados por el diputado Fernando Cuéllar Reyes. Bienvenidos a la sesión.
También a alumnos y maestros de la Telesecundaria Revolución, San Agustín del Maíz, municipio de Copándaro de Galeana en el estado de Michoacán, que están aquí invitados por el diputado Armando Contreras. Bienvenidos a esta sesión.
Finalmente también a un grupo de profesores de la Huasteca Potosina, de San Luis Potosí, que están aquí invitados por el diputado Jorge Terán. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A favor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron 433 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 433 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 3 Bis y 4, fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Con la venia, señor presidente. Subo a ésta la más alta tribuna para presentar el siguiente proyecto de decreto, mismo que da respuesta a cuatro iniciativas presentadas en la LXII Legislatura, todas en relación a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Con el presente proyecto de decreto la Comisión de Juventud da un claro ejemplo de que los legisladores debemos anteponer nuestras coincidencias en lugar de privilegiar nuestras diferencias.
Es importante señalar que en la Comisión de Juventud hemos realizado un gran esfuerzo para lograr integrar la visión de los distintos diputados y de las distintas fuerzas políticas para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Conscientes pues de la importancia de los jóvenes en nuestro país, hemos decidido trabajar en modificar el marco normativo del Instituto Mexicano de la Juventud, convencidos de que estas reformas se verán reflejadas en beneficio de las y los jóvenes mexicanos.
En este proyecto de decreto se modifica la ley del instituto. En primer lugar, busca la modificación del artículo 2 para que quede claro quiénes somos los jóvenes y la población joven de México y reafirmar que somos de suma importancia para el desarrollo de este país.
México hoy en día tiene el mayor número de jóvenes en su historia entre 12 y 29 años de edad. Equivale a un tercio de la población total del país y a este gran número se le conoce como el bono demográfico, el cual se refiere al incremento de la población en edades laborales y a la disminución de personas dependientes, por lo que el potencial productivo del país puede incrementarse considerablemente.
Por lo anterior, se deben implementar reformas en las cuales se ofrezcan soluciones a las problemáticas de demandas como el acceso a la educación, la cultura, la integración al ámbito político, la ocupación laboral, entre muchas otras.
La Encuesta Nacional de Discriminación del 2010 señala que dos de cada 10 jóvenes en México consideran que sus derechos no se respetan. Por ello, nuestro proyecto busca armonizar la ley del instituto con la Constitución para promover en todo momento el respeto a los derechos humanos y a las garantías de los jóvenes.
En la encuesta mencionada, el 35.4 por ciento de los jóvenes entre 12 y 29 años considera que su principal problema es la falta de oportunidades de empleo. Este proyecto busca que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga como uno de sus objetivos proponer y tener programas que promuevan el desarrollo y la inclusión laboral de los jóvenes.
Por otra parte, es importante dar seguimiento a las políticas públicas en materia de juventud. Este proyecto busca que el instituto tenga como objetivo darle seguimiento a las actividades en materia de juventud que se realicen en las entidades públicas en cualquier nivel de gobierno o, inclusive, en el sector privado cuando así lo soliciten.
Además, otorga la atribución al Instituto a evaluar periódica y sistemáticamente el Programa Nacional de Juventud, ya que hasta hoy nadie se ha responsabilizado por ello.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a la consideración de la honorable asamblea el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, fracción I, III, V y VI, artículo 3 Bis, fracción V; 4, fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Este proyecto ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Quiero recordarles hoy que en la Comisión de Juventud vemos la imperiosa necesidad de que los temas de juventud sean turnados y trabajados de urgencia en esta Cámara.
Por la comisión que presido, pido atentamente se analice puntual y detalladamente este proyecto de decreto y con mucha humildad le solicito su voto a favor.
Quiero comentar que la reserva del artículo 8o. presentada por la diputada Crystal Tovar, en la fracción K que habla sobre inclusión de las mujeres al Consejo del Instituto Mexicano de la Juventud, esta comisión no ve ningún empacho y estaremos aprobándola a favor. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la postura de sus grupos parlamentarios tiene, en primer lugar, el uso de la tribuna el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.
México es un país de jóvenes, pues más del 50 por ciento de nuestra población está por debajo de los 30 años de edad. Nunca en nuestra historia hemos sido tantos, y si todas las proyecciones son correctas, difícilmente volveremos a tener más jóvenes que en este momento.
En la juventud cabe la sociedad mexicana entera con sueños y anhelos tan diversos como los muchos crisoles que nos confluyen, en ellas están los punks, los emos, aquellos con preferencias sexuales diferentes, los estudiosos, los intelectuales, los deportistas, los artistas y los empresarios.
Los deseos de superación de la juventud son el combustible para transformar nuestro país, y de su fuerza surge la dinámica social más viva de nuestro México.
Países como Corea del Sur, Japón o Alemania basaron su crecimiento económico en el llamado bono demográfico y aprovecharon a la juventud que ofreció las ventajas competitivas de la innovación, el trabajo arduo y el impulso de mejoras sociales en todas las áreas.
Esta oportunidad ha sido ignorada en México y las políticas públicas no han atinado a responder a los retos que se presentan para el sector. Nuestro país le ofrece pocas oportunidades a las personas jóvenes que lo habitan.
Del millón 200 mil empleos que nuestros jóvenes requieren, sólo se producen 300 mil empleos al año y 8 de cada 10 jóvenes sobreviven en la economía informal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan de manera regular representa el 21 por ciento, y de entre 25 a 34 años el 29 por ciento. Por si esto no fuera suficiente, más de 200 mil jóvenes son rechazados cada año de las universidades públicas y nuestro país es el cuarto exportador de talentos al mundo.
Un país que no tiene la capacidad de crear espacios de desarrollo para su juventud está destinado al fracaso. No existe ningún otro grupo poblacional que recienta tan drásticamente los niveles de desempleo, de discriminación social y de muertes por accidentes automovilísticos o en la aplicación de las estrategias de seguridad, que las y los jóvenes mexicanos.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza creemos que es necesaria una estrategia clara, contundente y con recursos amplios para la juventud, es en este propósito que la Comisión de Juventud ha sido muy relevante.
Votaremos a favor del presente dictamen porque surgió de la coincidencia de diputados jóvenes de varios partidos políticos para recalcar la importancia del Instituto Mexicano de la Juventud. El dictamen pone acento en la importancia del Injuve como organismo coordinador y responsable del seguimiento de las políticas de juventud de nuestro país, pero también como un evaluador permanente del Programa Nacional de Juventud.
Si queremos que se reviertan las condiciones adversas de los jóvenes en México debemos de actuar en consecuencia, y un órgano con capacidades operativas es la condición mínima indispensable para que esto suceda. También es una condición mínima contar con un titular, por eso hacemos un atento llamado desde esta honorable tribuna al Poder Ejecutivo, para que nombre cuanto antes al director general del Instituto Mexicano de la Juventud.
No permitamos que la indecisión se convierta en pretextos de suspicacia o en el debilitamiento de un Instituto que tiene aún mucho por hacer. El pacto más importante que puede firmar el gobierno es el pacto con la juventud de México.
Votaremos a favor del presente dictamen porque hace adecuaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para garantizar los derechos humanos y las garantías de los jóvenes en su Título Tercero. Con su aprobación facultaremos al Instituto para defender activamente los derechos de los jóvenes que tantas veces han sido soslayados.
Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza pugna por los derechos de los jóvenes en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos y con estricto apego a la ley, porque sabemos que sólo desde la libertad podremos demostrar la fuerza que nos caracteriza y esto es vital para la construcción de un país mejor.
Creemos en la posibilidad de una solidaridad entre las generaciones, en un escenario en el que los jóvenes comprendan a sus mayores y éstos incluyan en sus decisiones a las generaciones que vivirán las realidades de las próximas décadas. Sin los jóvenes no hay futuro posible. Muchas gracias, compañeros diputados, y muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Merilyn Gómez Pozos: Uno de los sectores más olvidados por las políticas públicas y por los ordenamientos jurídicos ha sido hasta ahora el de los jóvenes. Desde los años 80, la Organización de las Naciones Unidas colocó en el centro del debate internacional la necesidad de entender los temas relacionados con la juventud, entre los cuales incluyen la pobreza, la falta de oportunidades educativas y de empleo.
A pesar de contar con todo ese potencial de desarrollo, los gobiernos no han podido o no han querido poner en marcha políticas dirigidas a este segmento de la población en los ámbitos que menciona la ONU.
Los resultados de la falta de atención a jóvenes son evidentes. De los 37.7 millones de jóvenes en edad de trabajar, sólo 14.7 millones se encuentran económicamente activos. El 70 por ciento de los jóvenes trabajadores no se encuentran amparados por un contrato laboral, sólo el 16 por ciento tiene acceso a los servicios de salud y sólo un pequeño porcentaje a préstamos personales, seguro médico o crédito de vivienda.
En el ámbito educativo, asistir a la educación básica en México no es sinónimo de educarse. La prueba PISA que se aplica a los jóvenes de 15 años, demuestra que más del 50 por ciento de los estudiantes no son educados para desarrollarse de manera fructífera en la sociedad.
Tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar estudios superiores no puede hacerlo y de sobra es conocida la cifra negra de 7.5 millones de ninis, jóvenes que ni comprendemos ni apoyamos.
Lo anterior refleja lo que se ha dejado de hacer en términos de crecimiento económico y política social, no se han generado empleos bien remunerados ni suficientes espacios de calidad para la juventud.
Las expectativas de los jóvenes son de desesperanza, lo cual empeora la situación porque se vuelven candidatos idóneos para ser enlistados por el crimen organizado y un campo fértil para las adicciones.
Desde hace ya varios sexenios, producto de un modelo económico que favorece a una minoría, nuestro país presenta un escenario en el que las y los jóvenes son de los más afectados por la falta de oportunidades educativas, de empleo, de atención médica, de participación política, entre otras, condiciones todas ellas que debe de ser revertidas.
En el lenguaje de los jóvenes, es necesario resetear el sistema político mexicano. El dictamen que hoy se presenta, recoge la iniciativa que la de la voz presentó y que busca darle un impulso al Instituto Mexicano de la Juventud, como generador de distintos programas económicos, sociales y culturales.
El Instituto no ha sido capaz de alcanzar sus objetivos, debido a una falta de estrategia integral de desarrollo y con esta reforma se pretende combatir tales faltas, por lo que celebramos el poder incluir en la legislación actual, la atención a este importante sector de la población.
Compañeros legisladores, demos hoy un pequeño paso para subsanar el descuido al que hemos condenado a nuestros jóvenes y votemos el presente dictamen a favor. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, los jóvenes son el presente y futuro de nuestro país, es por ello que se debe procurar la protección de sus derechos, impulsar su desarrollo e incrementar sus oportunidades a través de la implementación de leyes que garanticen igualdad de oportunidades y fomenten la cultura de la no violencia.
El Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, estableció que en nuestro país existen 36.2 millones de personas que se encuentran entre los 12 y los 29 años de edad. Es decir, más de 36 millones de jóvenes que representan poco más del tercio de la población total en nuestro país. La importancia de nuestra juventud radica en la relevancia que estos representan para la actividad económica y social.
Hasta el momento, nosotros no hemos sido capaces, ni en el ámbito gubernamental ni en el Legislativo, de generar leyes y políticas públicas que atiendan de manera adecuada las necesidades de este segmento de la población.
Desafortunadamente, el mercado laboral es reducido y existe escasez de oportunidades para los jóvenes en este ámbito. Es por ello que es necesario elaborar políticas públicas que incrementen las posibilidades de inserción de los jóvenes a la vida laboral.
Es lamentable el hecho de que a los jóvenes no se les ofrezcan suficientes oportunidades para estudiar o para integrarse al mercado laboral. Sobre todo, esta etapa de la vida en la que la capacidad de aprendizaje es alta y las ganas de salir adelante son muchas.
De acuerdo a datos de un estudio elaborado en la SEP, en México el número de jóvenes que no estudian ni trabajan alcanza casi 8 millones de personas, con lo cual México se coloca en el segundo lugar de los países miembros de la OCDE con mayor número de jóvenes desempleados, solamente detrás de Turquía.
Este mismo estudio arroja un dato revelador. Podría considerarse que la falta de preparación dificulta a los jóvenes de escasos recursos encontrar empleo. Sin embargo, en México, de los 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, hay tres millones de jóvenes que pertenecen a estratos sociales con un mayor poder adquisitivo, pero tampoco encuentran empleo.
Esta situación evidencia la incapacidad que hasta ahora se ha tenido para hacer coincidir las políticas públicas que se proyectan en el plan educativo con las del ámbito laboral. De modo tal que la educación y el esfuerzo personal vuelvan a convertirse en una ruta segura hacia la movilidad social y una vida mejor.
Sin embargo, por ahora en México estamos desperdiciando el bono demográfico con el que hoy contamos y que deberíamos aprovechar para construir una nación próspera y con viabilidad financiera que tenga la solvencia para sostener a este, nuestro país.
Lo realmente grave es que las adversidades que la juventud mexicana enfrenta para satisfacer sus necesidades, la hacen presa fácil de las adicciones, la violencia y el crimen organizado, lo cual no solo es por demás injusto sino que implica una amenaza para la estabilidad del país y la seguridad nacional.
Por ello, consideramos necesaria la coordinación de los tres órdenes de gobierno, para poder implementar programas enfocados en la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, procurando, al mismo tiempo, su integración en la vida política, cultural, económica y social de nuestro país.
En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos pronunciamos a favor del proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que establece, entre otros, que la población joven es aquella entre los 12 y 29 años, y que es necesario se respeten plenamente sus derechos humanos y garantías individuales, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno promuevan acciones destinadas a impulsar el desarrollo de los jóvenes, así como su inclusión en el mercado laboral.
Y sobre todo, que sea el Instituto Mexicano de la Juventud el que oriente una política nacional y transversal para que se integre a la juventud al ámbito político, cultural, económico y social del país, en condiciones de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora, el uso de la tribuna, la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen de la Comisión de Juventud que hoy se presenta contiene cuatro iniciativas de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, provenientes de distintos grupos parlamentarios con la misma preocupación, hacer visibles las necesidades de las y los jóvenes como generadores de cambios y transformadores de esquemas.
Debo decirles que quienes integramos la Comisión de Juventud acordamos trabajar en beneficio de las juventudes mexicanas por encima de nuestras diferencias ideológicas o de cualquier color de partido. Asumimos el compromiso de acordar todo aquello que fuera necesario para avanzar en el desarrollo integral de millones de jóvenes, que más que un bono demográfico representa la oportunidad real de cambio a nuestro país.
Hablamos sobre más de 36 millones de personas jóvenes entre 12 y 29 años de edad, que sólo esperan una oportunidad en el terreno laboral, educativo, social o cultural para desarrollar su potencial de hacer sus aportaciones.
Estamos conscientes de que los principales problemas que enfrentan las juventudes de hoy son la falta de oportunidades, la desigualdad y la discriminación. Éstas son nuestras prioridades y sobre ellas nos mantendremos trabajando.
Las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que se presentan en este dictamen, implican ciertos avances en cuanto al derecho de los jóvenes para ser sujetos de políticas públicas nacionales en condiciones de igualdad.
Otorgamos facultades al instituto para promover el pleno respeto a sus derechos humanos y garantías constitucionales. Ampliamos el abanico de tares del instituto para que pueda dar seguimiento a los programas municipales, estatales y federales en materia de juventud, y para que promueva su inclusión en el mercado laboral, así como una nueva atribución para que el Programa Nacional de Juventud sea objeto de evaluaciones periódicas sobre sus efectos y resultados.
En general, con estas modificaciones, avanzamos en por lo menos tres acciones que el Instituto Mexicano de la Juventud deberá implementar: la promoción y protección de los derechos humanos y garantías constitucionales de las y los jóvenes, la coordinación de los tres órdenes de gobierno para diseñar e implementar acciones a favor de la juventud, y para la rendición de cuentas respecto a la evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Juventud.
En mi calidad de promovente de una de las iniciativas que dieron origen a este dictamen me complace que el día de hoy podamos dar un pequeño paso hacia la mejora de las condiciones de vida de las juventudes en México.
Por ello el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará a favor en lo general de este dictamen, con una modificación al artículo único para adicionar el artículo 8, fracción I, con el inciso k), con el objeto de incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como parte de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud con voz y voto, para el diseño e implementación del Programa Nacional de la Juventud.
Como promovente de dicha iniciativa y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Juventud hago un respetuoso llamado al conjunto de los grupos parlamentarios aquí representados, para que además de manifestar su voto a favor de este dictamen, reconozcan la importancia de que el Instituto Nacional de las Mujeres como institución rectora en la promoción y fomento de la igualdad de oportunidades y de la no discriminación participe con voz y voto en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales en materia de juventud.
Para concluir votaremos en lo general a favor de este dictamen, pero les pido su apoyo y su respaldo para entender que las políticas públicas nacionales en materia de juventud que se implementan a través de todas las secretarías de Estado, y principalmente a través de la Secretaría de Desarrollo Social, deberán contener por lo menos una revisión con perspectiva de género. Gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Oliveros Usabiaga, por favor.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para suscribirme al punto del artículo 8o., del inciso k) que señala la diputada Crystal. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Al final de los posicionamientos daremos trámite a la reserva que ya nos ha entregado por escrito la diputada Tovar Aragón.
Antes de continuar con la lista de oradores quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión, a un grupo de ciudadanos del municipio de Cuatitilán Izcalli, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela. Bienvenidos a esta sesión.
También a un grupo de ciudadanos de Coatepec, Veracruz, que está aquí invitados por el diputado Fernando Charleston. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta sesión.
Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Gabriel Cárdenas Guizar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Para el Partido Acción Nacional la juventud es un sector trascendente de la sociedad mexicana, somos firmes creyentes de que los jóvenes representan un factor determinante para el cambio social y resultan imprescindibles para el desarrollo integral y el progreso del país, por lo que cualquier modificación a la ley que resulte en beneficio para los jóvenes de México contará siempre con el decidido respaldo de Acción Nacional.
La juventud es la etapa en la que los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en pareja y empiezan su actividad sexual y reproductiva, lo que en términos de política pública implica un enorme desafío para garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de educación, empleo, salud y muchas otras.
Es justamente a la consolidación de una política nacional en materia de juventud a la que avanzamos con la aprobación del presente dictamen, el cual es resultado de la conjugación de una serie de propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara en un afán por fortalecer el reconocimiento, protección y defensa de los derechos y oportunidades de las y los jóvenes de México. Mi reconocimiento al presidente de la comisión y a los integrantes por su compromiso por la juventud de nuestro país.
El PAN siempre ha sido promotor de los derechos humanos por lo que aplaudimos el hecho de que en este proyecto se armonice la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con las recientes reformas constitucionales en esta materia y que se busque que sea el instituto quien vigile, promueva y fomente las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en condiciones de total respeto a sus derechos humanos.
Son justamente estos derechos los que alientan la vida de una auténtica democracia; son la expresión concreta de la dignidad humana y de su conocimiento y defensa depende la existencia de un estado democrático de derecho.
Por otro lado, con esta reforma en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se reconoce explícitamente como joven a aquél que comprende entre los 12 y los 29 años y se busca que exista una política nacional que permita incorporar a los jóvenes al desarrollo del país y resarcir así las deficiencias que existen en políticas públicas en materia de juventud, especialmente en materia laboral.
El PAN pugnó de manera decidida por la recientemente aprobada reforma laboral; una reforma que fomentará si duda la promoción de empleos formales y ayudará a generar las condiciones labores para que los jóvenes puedan insertarse al ámbito productivo de una manera más fácil.
En congruencia con ello, cualquier proyecto que abone a la inclusión y desarrollo de los jóvenes será apoyado por nuestra fracción parlamentaria.
Por ello también hacemos un atento y respetuoso llamado al Ejecutivo federal para que designe con prontitud al titular del Instituto Mexicano de la Juventud porque hoy, a más de 80 días de este nuevo gobierno, no tenemos certeza en esa importante dependencia en materia de juventud.
Con este dictamen se busca contribuir efectivamente a la solución de problemas y dificultades por los que atraviesa la juventud mexicana, tales como la exclusión social y la falta de oportunidades y con ello generar un ambiente de desarrollo integral y de pleno goce de derechos en condiciones de igualdad.
En el PAN estamos trabajando en leyes a favor de los jóvenes de nuestro país, jóvenes llenos de talento, de fuerza, de energía, jóvenes llamados a ser protagonistas de la nueva sociedad que entre todos estamos construyendo.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional los invita a votar a favor de este dictamen, a través de cuyas reformas se busca fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud, para elaborar políticas públicas en beneficio de los jóvenes de México, creando un marco jurídico que garantice, proteja y promueva los derechos humanos de los jóvenes y los incorpore al desarrollo del país.
Compañeros diputados, los jóvenes nos demandan que venzamos las barreras legislativas que les impiden superarse, que construyamos un país mejor para ellos, que junto a ellos movamos a México.
Por ello el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Sue Ellen Bernal Molnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Con su venia, señor presidente. Con la deferencia que mis compañeras y compañeros diputados me brindan para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI respecto al dictamen que el día de hoy la Comisión de Juventud presenta ante esta soberanía, asisto a esta tribuna para reafirmar el enorme compromiso que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional hemos asumido desde el inicio de los trabajos de esta Sexagésima Segunda Legislatura.
El dictamen que hoy se discute y será votado, es producto de cuatro iniciativas que tienen como propósito el mejoramiento del marco normativo con el que el Instituto Mexicano de la Juventud implementa sus políticas públicas a favor de ese sector de la población.
La juventud de nuestro país es clave para alcanzar el desarrollo de la nación. Los jóvenes somos testigos de los principales retos que afronta México en materia de empleo, competitividad, mejoras a la educación, a la salud, entre otros aspectos que son parte de la calidad de vida.
Pero también es importante señalar que somos parte fundamental para la transformación de esas realidades.
Somos y asumimos la responsabilidad de mover a México hacia un estado de mayor bienestar para cada joven y para cada ciudadano.
El dictamen que se discute es importante tanto por su contenido como por su significado. Los diputados integrantes de la comisión hemos consensuado para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en sus artículos 2o., 3o., 3o., Bis y 4o., fracción I.
En primer lugar con el propósito de que el instituto sea explícito en cuanto al rango de edad a la que se dirigirán sus acciones. Éste queda comprendido entre los 12 y los 29 años.
También se da un avance muy importante en pro del desarrollo integral de los jóvenes al incluir la promoción y fomento de sus condiciones, el respeto a los derechos humanos y sus garantías cumpliendo así, en el ámbito de las competencias del instituto, con las obligaciones constitucionales en la materia.
A su vez, se incorporan los temas de desarrollo e inclusión laboral dentro de los programas especiales propuestos al Ejecutivo, dándole preponderancia a una de las principales demandas que los jóvenes tienen en México que es precisamente contar con fuentes de empleo.
De igual forma, otorga al instituto la facultad para que, además de actuar como un órgano de consulta y asesoría, lo sea también de seguimiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado, cuando así lo requieran en materia de juventud.
Por último, se faculta al instituto para que dé seguimiento periódica y sistemáticamente a las acciones comprendidas en el Plan Nacional de Juventud y con ello mejore de manera continua sus indicadores y resultados de trabajo.
El presente dictamen armoniza cuatro iniciativas en conjunto, esfuerzo que por supuesto amerita incluirlas en lo más sustantivo.
Cabe destacar que la propuesta de adicionar un inciso k) al artículo 8 de la ley en comento sobre incorporar a la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres como miembro de la junta directiva del Instituto Mexicano de la Juventud fue considerado por la comisión como inviable. Sin embargo, a pesar de que la fracción II del mismo artículo establece que se podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas y privadas, lo cual asegura que el Inmujeres podrá estar presente con derecho a voz, cuando se traten temas de su competencia.
El Grupo Parlamentario del PRI se suma a la propuesta de que las mujeres también tengan voto a través de su integración en dicha junta directiva para que, de la mano con los jóvenes, se promuevan mejores políticas que beneficien a estos dos sectores que me honro en representar.
Compañeras y compañeros legisladores: al someter a su consideración este dictamen los diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario del PRI, ratificamos que nos mueve una agenda de trabajo incluyente. Las iniciativas incorporadas en este dictamen fueron aprobadas exponiendo razones y argumentos, discutiéndolas sin confrontar, analizándolas sin detener el proceso de deliberación, escuchando con respeto y exigiendo el mismo para nuestros pares. Es de este forma como entendemos las prácticas parlamentarias.
Tenemos un presidente incluyente no sólo de las mujeres y de los jóvenes, sino que además está convencido de que el diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas es el camino para lograr la verdadera transformación de México.
Toca ahora a esta soberanía decidir en torno a un asunto que sin duda dotará al Instituto Mexicano de la Juventud de mejores esquemas para poder desarrollar sus políticas públicas a favor de más de 30 millones de mexicanos que al ser jóvenes están siendo testigos y protagonistas de los principales desafíos de nuestro país.
Que esta Cámara responda de manera positiva a sus expectativas ése, ése es el sentido del voto de los diputados del PRI. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Voy a pedir ahora a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición que presentó la diputada Cristal Tovar Aragón y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Artículo 8. La junta directiva se integrará por 18 miembros, de los cuales serán: fracción I. 11 miembros propietarios. Inciso k) la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se acepta la modificación planteada.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, en el entendido que la votación será ya con la propuesta de modificación aceptada por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La diputada Minerva Castillo Rodríguez (desde la curul): A favor.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 443 votos a favor y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 3 Bis y 4, fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 69 de la Ley General de Salud en materia de profesionalización de parteras, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras.
Para fundamentar el dictamen por la Comisión, tiene la palabra la diputada Blanca Jiménez Castillo, hasta por cinco minutos.
La diputada Blanca Jiménez Castillo: Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras.
Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la mortalidad materna e infantil ha desencadenado un grave problema no sólo en México, sino en todo el mundo, dos de los objetivos para el desarrollo del milenio, los cuales pretenden que para el año 2015 se disminuya en tres cuartas partes, y dos terceras partes la mortalidad materna e infantil, respectivamente, no se han logrado
Respecto a la mortalidad materna en México, según datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, el 65.5 por ciento del total de las defunciones maternas se concentra en 10 entidades federativas; Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Es por ello que la capacitación de los profesionales y técnicos de la salud, incluyendo las parteras tradicionales para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio tienen una gran relevancia.
Si bien es cierto que el Congreso de la Unión dio un enorme paso al reconocer a la partera tradicional mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1009, en el cual se dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias deban establecer acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, también es cierto que se dejó de lado a las parteras técnicas del país, las cuales también deben ser reconocidas y capacitadas para la atención del embarazo, parto y puerperio que señala la Ley General de Salud para que se logre un mayor avance en la disminución de la mortalidad materna e infantil.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en los países en desarrollo aproximadamente el 40 por ciento de los partos tienen lugar en el domicilio, en ausencia de un asistente de partería calificado. La definición de asistente de partería calificado en la OMS señala: El partero acreditado es el prototipo de asistente de partería calificado, puesto que entre sus competencias básicas se encuentran las aptitudes mínimas para atender un embarazo y un parto normales.
El enfermero y partero, médico también, son asistentes de partería calificados, aunque menos coeficaces. El partero tradicional, que carece de información oficial, no se ajusta a la definición de asistente de partería calificada.
En el 2004, la OMS definió al asistente de partería calificado como un profesional sanitario acreditado, partero, médico, enfermero, recibido de una formación teórica y práctica que capacita para atender los embarazos, partos y puerperios, normales, no complicados, para identificar, tratar y derivar las complicaciones maternas y neonatales.
El mismo organismo señaló en un Informe sobre la Salud en el Mundo 2005, cada madre y cada niño contarán que hay pruebas históricas y observacionales de que la asistencia especializada al parto reduce el riesgo de la muerte materno-infantil.
Los países industrializados redujeron a la mitad sus razones de mortalidad materna a principios del siglo XX, gracias a la atención del parto por matronas profesionales. En el año 2007, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, reportó que existen alrededor de 19 mil parteras registradas, las cuales no sólo atienden partos, además curan a las familias y aconsejan sobre planificación familiar en lugares donde ningún médico llega.
Según la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud de México, en comunidades menores de 2 mil 500 habitantes, el 44.5 por ciento de los partos son atendidos por parteras, y aún en comunidades más grandes de 2 mil 500 a 20 mil habitantes, la atención que ofrecen es de un 23.7 por ciento.
Es de suma importancia que a nivel nacional, los técnicos en partería sean capacitados y reconocidos para que sean precisamente ellos quienes, en base a su experiencia y reconocimiento y de acuerdo con sus lineamientos que establezca la Secretaría de Salud en la materia, atiendan a la mujer durante el embarazo, pero además, sean éstos y éstas las que con la atención de salvaguardar la salud, puedan vincular a la mujer a los servicios de salud adecuados que se requieran, para que en todo momento se proteja la salud y se disminuya la mortalidad materia e infantil de los mexicanos.
Por lo anterior, se vuelve indispensable el reconocimiento dentro de la legislación sanitaria a las parteras técnicas, considerando además, que los servicios de salud a nivel nacional no sólo son cubiertos en su totalidad, la difícil accesibilidad geográfica, la precaria situación económica y la cultura de algunas regiones en nuestro país.
Por ello, reconocer a las parteras técnicas para que sean capacitadas para la atención materno-infantil, coadyuvará a que llegue un servicio de salud y se logre disminuir la mortalidad materna infantil en las comunidades más marginadas y desprotegidas en todo el país y en donde es complicado que exista un médico facultado para atender el embarazo, el parto y puerperio. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general. Para la ronda de fijación de posturas tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI tengamos cifras tan desalentadoras respecto a las muertes derivadas de complicaciones durante el parto. En nuestro país fallecen, aproximadamente, mil mujeres al año, al momento de dar a luz.
En el año 2000 nuestro país se comprometió ante la ONU a reducir, para el año 2015, la mortalidad materna, de 89 a 22 muertes por cada mil nacimientos. Y en el 2011 se registraron 50 por cada mil nacimientos, por lo que resulta imperante tomar medidas al respecto.
Las principales causas de los decesos son la falta de acceso a instalaciones de salud, las condiciones de marginalidad en las que se presenta el nacimiento y la ausencia de profesionales en la materia.
Entre los principales estados donde esto ocurre se encuentran Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, así como los de mayor población.
Como bien señalan las recomendaciones del Informe estado mundial de la partería 2011. Cuidar la salud, salvar vidas, resulta necesaria una mejor capacitación a las parteras tradicionales, principalmente en comunidades indígenas, donde por cuestiones de cultura son estas mujeres las encargadas de asistir en los partos a las mujeres.
De acuerdo con esta información presentada por la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de mortalidad materna se incrementa hasta 6 veces si el nacimiento es por cesárea y no por parto.
La tasa de cesáreas efectuadas por parteras profesionales, actualmente es del 13 por ciento, mientras que en los hospitales asciende a un 30 por ciento.
Con base en lo argumentado, Movimiento Ciudadano está de acuerdo con la creación de un programa de formación para las parteras tradicionales y los técnicos en salud que incluya la atención del embarazo, el parto y el puerperio.
Asimismo, consideramos apropiada la incorporación de las parteras técnicas al sistema nacional de salud. Sin embargo, creemos que esto no es suficiente. Si en realidad se desea un verdadero impacto en la disminución de muertes de madres y neonatales, es necesaria la creación de una estrategia integral que incluya un acceso pleno de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, a los programas de planificación familiar y al establecimiento de centros de atención de obstetricia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Martha Edith Vital Vera: Gracias, señor presidente, con su permiso. Para mí es un honor venir a hablar hoy de este dictamen. Quisiera hacer realmente una felicitación a los senadores de la Legislatura anterior, toda vez que en Chiapas –por ejemplo, que tenemos un 48 por ciento de indígenas– créanme que en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, todavía se atiende un nacimiento por partera.
En los países desarrollados desafortunadamente un gran número de mujeres pierden la vida durante el parto, del mismo modo que la tasa de mortalidad en neonatos son también alarmantes. Esta situación es causada principalmente por la ausencia de una adecuada atención médica que en muchos países son incapaces de brindar a las mujeres durante el embarazo, al momento de dar a luz, en los días posteriores al nacimiento.
Alrededor del mundo mil mujeres pierden la vida diariamente durante el parto y 5 mil 500 recién nacidos que se encuentran en su primera semana de vida mueren por no haber podido ser atendidos, sin embargo este número podría ser mayor si no existiera en muchos países parteras, cuya labor es asistir a las madres para dar a luz y brindar los primeros cuidados que necesita un recién nacido.
La labor que realizan las parteras es inconmensurable para la medicina neonatal en países donde el número de médicos disponibles no es suficiente para atender a todos los pacientes, que en muchas ocasiones acusan padecimientos graves, por lo cual atender a las mujeres embarazadas no es necesariamente una prioridad.
Es tan valioso el aporte de las parteras que la propia Organización de las Naciones Unidas les ha recomendado su contribución a la salud e incluso ha tenido a bien declarar el 5 de mayo como el Día Internacional de las Parteras.
La tradición de las parteras es ancestral en muchos países. Cuando –no sé– nuestros padres, abuelos o tal vez alguno de nosotros fuimos traídos al mundo por una partera, en virtud de ello se está acumulando un valioso saber y han acumulado gran experiencia.
No obstante es menester en nuestro país capacitar a las parteras tradicionales y técnicos en la salud para la atención del embarazo, parto y el puerperio, que –los que nos somos médicos– es después del parto y da precisamente a los bebes recién nacidos, así como incorporar a las parteras técnicas en el Sistema Nacional de Salud con el objeto de fortalecer su labor y contribuir a abatir los índices de mortalidad materna e infantil en nuestro país. Al mismo tiempo dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio.
Quiero comentarles una experiencia en mi estado, en Chiapas, donde tenemos ya precisamente ese convenio con las parteras, que en el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas hay temazcal, se atiende, precisamente todas las parteras tuvieron una capacitación de parte del sector salud y es realmente a través del Coneval incluso, son datos que no estoy dando yo ni el gobierno del estado, se pudo subir en tres puntos y cambiamos del nivel 13 al 8 en muerte materna e infantil.
Es por ello que el Partido Verde votará a favor de este dictamen debido a que tienen un fin mayor, como es el de preservar la vida de la madre y del recién nacido. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Eva Diego Cruz: Gracias, ciudadano presidente; con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Sin duda nuestra Constitución Política Federal manifiesta en su artículo 4o. el derecho a la salud: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios.
Respecto a este tema del que habla la Constitución hablamos en esta minuta de un tema de vulnerabilidad. La mortalidad matera y la mortalidad infantil es un tema sumamente sensible que se ha planteado en diversos foros en donde muchos de nosotros hemos participado y ha sido considerado uno de los principales problemas, de los graves problemas que enfrenta México, pero no solo México, sino es un problema que enfrenta el mundo.
Tan grave es el tema que dentro de los objetivos para el desarrollo del milenio se pretende disminuir en tres cuartas partes y en dos terceras partes la mortalidad materna e infantil para el 2015. Sin duda esta reforma que hoy vamos a aprobar forma parte de esas acciones que debemos los legisladores impulsar para ir combatiendo ésta, la mortalidad matera y la mortalidad infantil, que es un problema grave para nuestro país.
Respecto a la mortalidad materna en México se tiene estimado que el 75 por ciento del total de las defunciones maternas se concentra en 12 entidades federativas, principalmente en el centro y en el tan mencionado sureste de México, donde se ha dicho muchas veces que aparte de faltar infraestructura, de faltar servicios al sureste de México, hoy nuevamente se habla de que el sureste de México es de los estados, es la región donde hay más muerte materna y donde se presenta más la muerte infantil.
Hablando de Guerrero, la tasa de muerte materna es del 70 por ciento; de Chiapas la tasa de muerte materna también 70 por ciento y hablando de las zonas indígenas de Chiapas hablamos de un 110 por ciento; y en mi estado, el estado de Oaxaca, la tasa estatal es del 58 por ciento que contrasta con la de 120 en las zonas indígenas.
Sin duda es un tema que les pega a las zonas rurales, pero principalmente a la gente más vulnerable que es la que vive, mujeres y niños, en las zonas indígenas; decir que existe un elevado índice de mujeres que mueren en nuestro país por asistir con personas que no están calificadas o que no tienen la capacidad para atender a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
Es por ello que yo alabo que el día de hoy se presente ante este pleno esta iniciativa que pretenda que las parteras tradicionales y los técnicos de la salud sean capacitados para prestar una mejor atención materno-infantil, además de lograr una legislación que incorpore a las parteras técnicas y se contemple su práctica en el Sistema Nacional de Salud, para que también las parteras técnicas puedan acceder a plazas laborales y compensaciones dignas; de igual forma que se aperturen nuevas escuelas de partería técnica.
Sin duda lo que estamos aprobando el día de hoy, lo que quiere esta reforma, es evitar más muertes maternas y más muertes infantiles, por lo que mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, sin duda vamos a votar a favor porque esta reforma que hoy vamos a aprobar sin duda beneficia a la gente que más lo necesita. A las mujeres y a los niños de las zonas más necesitadas de nuestro país y a las zonas indígenas de nuestro país. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo cada minuto muere una mujer por complicaciones durante el embarazo y el parto. Es decir, alrededor de mil 400 mujeres cada día.
La mortalidad materna e infantil son la muestra palpable de la desigualdad social y de la inequidad de género en nuestro país. La falta de atención prenatal, la insuficiente nutrición de las mujeres y la deficiente calidad en la atención del parto, son algunos de los factores que contribuyen a incrementar el riesgo de fallecer durante el embarazo o el parto, que repercuten directamente en la salud de los recién nacidos.
Lo más grave es que la mayoría de estas muertes pudieron ser evitadas si estas mujeres hubieran contado con acceso a los servicios básicos de salud y de emergencia durante su embarazo, su parto o su puerperio.
La Organización Panamericana de la Salud señala que: “para una mujer en América Latina o el Caribe, las posibilidades de morir por complicaciones del embarazo, son 27 veces mayor que para una mujer que vive en Estados Unidos”.
De esta forma la muerte materna se relaciona con los niveles de desarrollo y atención de la salud.
Por ello en la Cumbre del Milenio realizada en el año 2000 en las Naciones Unidas, los gobiernos del mundo establecieron como una de las metas del Milenio, la reducción de la muerte materna en tres cuartas partes para el 2015.
Para el caso de México, cifras del Conapo muestran que fallecen mil 300 mujeres al año en edad reproductiva por causas relacionadas con la maternidad. Según el Informe del Avance del 2005, con los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México, publicados por el gobierno federal en abril de este año, el 75 por ciento del total de las defunciones maternas, se concentran en 12 de las 32 entidades federativas con los niveles más altos en los estados del centro y del sureste mexicano.
En Guerrero y en Chiapas, la tasa de mortalidad materna registradas por 100 mil habitantes, en 2003, fue de 122 y 113.2 respectivamente, casi al doble de la registrada a nivel nacional en el mismo año y un tercio más alta que las que se registraron en el país en 1990.
Aquí los datos muestran que las mujeres que habitan en municipios predominantemente indígenas, tienen poco más del doble del riesgo de morir por una causa materna que las mujeres que habitan en municipios con menos del 40 por ciento de población indígena.
Ello debido a la insuficiente cobertura de los servicios de salud, los problemas geográficos, la baja calidad de la prestación de los servicios y el marco económico y cultural de cada región.
Por otro lado es necesario mencionar que para una parte de las familias indígenas la atención médica institucional no representa una opción en la atención de la salud.
Los patrones culturales de este sector de la población determinan que el cuidado y la atención del embarazo, parto y posparto, sean reconocidas como labores que pertenecen principalmente a las mujeres, madres, abuelas, tías, suegras y parteras.
Por ello se reconoce que en el ámbito particular de la salud reproductiva las parteras tradicionales desarrollan en el medio rural e indígena un papel significativo en la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.
En México el vínculo de la mujer y la salud ha existido desde los tiempos prehispánicos. Existen muchos indicios en los documentos de nuestra cultura acerca de las funciones que desarrollaban las mujeres en la atención de la salud, especialmente en la atención del embarazo y parto, así como sobre la importancia del papel que ejercen las parteras.
Por tanto, las prácticas que realizan las parteras tienden a recuperar el equilibrio de la mujer y del niño durante los procesos de salud y enfermedad y responden a una forma de entender la vida y cosmovisión del mundo. La partera desempeña y sigue desempeñando funciones importantes en la vida de las mujeres en distintos espacios geográficos del país.
Sin embargo, es importante señalar que en algunos gozan de mayor prestigio, mientras que en otros han ido desapareciendo estas prácticas. Los servicios de salud pública han ganado terreno en la atención del embarazo, parto y posparto. En nuestro país se estima que aproximadamente el 25 por ciento de los nacimientos registrados anualmente son atendidos por parteras. Conaco, Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 1997.
El proyecto de decreto pretende que a las parteras tradicionales y técnicos de la salud se les capacite para prestar una mejor atención materno-infantil. Además, para lograr una legislación que incorpore a las parteras técnicas y se contemple su práctica en el Sistema Nacional de Salud para que puedan acceder a plazas laborales y compensaciones dignas; de igual forma, para fomentar la apertura de nuevas escuelas de partería técnica.
El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de esta iniciativa que vela en todo momento por la protección de la madre y su hijo en el momento del parto. Votará a favor de la profesionalización de las actividades de las parteras tradicionales. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Luis Alberto Villarreal García: Regularmente los políticos hablan de las grandes reformas estructurales, y ésas son las posiciones que los grupos, a través de sus coordinadores, presentan en esta tribuna.
El tema que hoy estamos discutiendo es un tema que, más allá de ser una reforma estructural, es una reforma humana. Busca democratizar los derechos de las mujeres para que sea la mujer la que pueda determinar dónde quiere y cómo quiere que nazcan sus hijos. Hoy, antes de que aprobemos esta reforma, si una mujer va a alguna clínica en su comunidad rural, una clínica del Sistema de Salud, no tiene derecho a poder acudir con la partera, no tiene derecho porque el sistema de salud público no contrata parteras para que atiendan a las mujeres en este país.
México es el país en el mundo con más cesáreas, en vez de ir a lo natural, lo que hemos es generado un sistema deforme de salud pública. En las comunidades rurales solamente 17 por ciento de las mujeres amamanta a su hijo en este país, somos el país con la tasa más baja de lactancia de toda Latinoamérica.
No estamos haciendo bien las cosas. Hay más de mil mujeres que año con año perecen al dar a luz en pleno siglo XXI. Cuando se habla de transformación, cuando se habla de modernizar a México, cuando se habla de mover a México no estamos moviendo lo más importante que es garantizar el derecho a la vida y democratizar la posibilidad de que las mujeres paran como se les dé su gana, que tengan ese legítimo derecho.
Esta iniciativa que se aprobó en la legislatura anterior en el Senado de la República y que hoy estamos discutiendo esta minuta, busca precisamente eso, busca disminuir la mortandad en los partos del producto y de las mujeres; busca democratizar a este país y modernizarlo.
Yo me acuerdo el debate en el Senado donde decían: es que el tema de las parteras es un retroceso; eso no es de un país de primer mundo.
Miren ustedes, en Alemania, por ley, cualquier embarazo de bajo riesgo está prohibido que lo atienda un ginecólogo, como dice el dicho “zapatero a tus zapatos”, es la partera quien lleva el embarazo de la mujer hasta su conclusión con el advenimiento de un nuevo ser.
En países europeos el 70 por ciento de las mujeres tienen un parto a través y con la ayuda de una partera en todos los embarazos de bajo riesgo. Es precisamente lo que queremos, lo que queremos es darle ese derecho a la mujer, lo que queremos es llegar a darle cobertura a las mujeres en los lugares más recónditos de este país, es respetar los usos y las costumbres de las comunidades indígenas de este país.
Es, finalmente, un reconocimiento a la vida, un reconocimiento a las mujeres. Por eso, un servidor y mi grupo parlamentario habremos en votar en pro de esta importante, no estructural pero sí fundamental iniciativa a favor de las mujeres y de la vida.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia no tiene conocimiento de que se vaya a reservar algún artículo. En consecuencia voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 1441, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Damos la bienvenida a estudiantes de la secundaria federal número 1, de tercero de secundaria, del estado de Querétaro, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a esta sesión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Arnoldo Ochoa González: A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente 422 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo, los cuales están publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría dé cuenta de un acuerdo, una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De la Junta de Coordinación Política.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la Comisión de Cultura y Cinematografía se da de baja al diputado Luis Alberto Villarreal García.
De la Comisión de Asuntos Migratorios se da de baja al diputado Luis Alberto Villarreal García.
Movimiento solicitado por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De la Comisión de Reforma Agraria se da de alta al diputado José Humberto Vega Vázquez. Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Atentamente, el diputado Luis Alberto Villarreal.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Sergio Manzur Quiroga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: A ver, permítame un segundo, diputado. Sonido en la curul de la diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. En virtud de que por lo que estamos viendo pasaremos a presentación de iniciativas, estamos viendo que no tendremos oportunidad de hacer uso de la palabra en lo que tendría que ver con relación a algunos dictámenes de punto de acuerdo.
Sin embargo, quiero aprovechar este espacio, en virtud de que no podré hacerlo desde la tribuna una vez que se ha cambiado el orden del día, pero no quiero dejar de manifestar la indignación particular de su servidora como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y también de nuestra bancada la de la Revolución Democrática, por los hechos lamentables, indignantes que se suscitaron en el municipio de Chimalhuacán, en donde fue violada una adolescente y su novio fue asesinado por policías municipales.
Me parece que este Congreso debería de expresarse en ese sentido, seguramente estaremos en la próxima sesión haciendo uso de ese derecho, pero no queríamos dejar desapercibido ese hecho tan lamentable, en el que exigiremos, por supuesto, que se le dé el seguimiento, como tiene que ser, por parte de la Procuraduría para dar respuesta a quien fue violada agresivamente y también al adolecente que fuera asesinado. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención formará parte del Diario de los Debates. Yo solamente le informo, que desde la Mesa Directiva tuvimos conocimiento del interés de distintos grupos parlamentarios de que hubiera, por lo menos, una ronda de iniciativas, en razón de que hace cinco sesiones que no las hay, pero entiendo perfectamente el tema de los dictámenes con punto de acuerdo y yo espero que en la próxima sesión los podamos desahogar.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para comentar que nos extraña esa liberalidad con la que mueven el orden del día sin ninguna consideración a este pleno, primero los dictámenes negativos pero no quisimos reparar en ello por ser un trámite que ameritaba menor tiempo, pero sí hay 15 dictámenes de punto de acuerdo de diferentes comisiones que ya estaban listados, aquí se aprobó el orden del día y sin decir ninguna consideración ni someter la modificación del orden del día, se está pasando directamente a lo de las iniciativas de ley.
Queremos señalarlo porque no puede haber esta falta de seriedad, merecemos respeto, al margen de que se puedan dar después las rondas de iniciativas, había ya puntos de acuerdo.
Respecto a lo expresado por la diputada Verónica, también nos solidarizamos y hay un punto de acuerdo que presentamos para que se revise el caso de la menor de edad violada y el novio asesinado en Chimalhuacán, estado de México; el tema del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, con la violación también de una italiana, por elementos de la Policía Municipal; y en Cajeme, Sonora, también una violación a una originaria de Venezuela. Eso también nosotros lo señalamos en su oportunidad. Pero el tema es la alteración del orden del día.
El Presidente diputado José González Morfín: Bueno, su intervención también quedará registrada en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Villanueva Albarrán.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Creo que no es menor lo que ha mencionado mi compañero diputado Ricardo Mejía.
Aquí tengo, en mis manos, el anexo que edita la Gaceta Parlamentaria, en el que se establece una ruta en esta sesión. Y de manera, por decir lo menos, caprichosa, se va modificando desde hace por lo menos cuatro sesiones.
Estoy escuchando lo que usted nos está diciendo, pero no hay de por medio ninguna justificación de carácter reglamentario. Quiero decirle que además, me sumo a lo que ha mencionado la diputada Verónica Juárez Piña, es gravísimo que estos temas no estén subiendo a tribuna cuando semana tras semana tenemos agresiones en contra de niñas, niños y adolescentes.
Tenemos que ver la forma, aunque las sesiones duren más tiempo, de incorporar estos temas que son de suma importancia. Agradezco mucho que me dé la posibilidad de hacer este planteamiento, y por supuesto, que toda nuestra solidaridad con las víctimas de Chimalhuacán y con las niñas, niños y adolescentes de todo el país. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Al igual que los dictámenes con punto de acuerdo, también las iniciativas tienen muchas sesiones agendadas, no habíamos podido llegar a estos capítulos. Yo espero que en la próxima sesión podamos desahogar también ya los dictámenes con punto de acuerdo. De todas maneras, las intervenciones han quedado registradas. Adelante, diputado Manzur.
El diputado José Sergio Manzur Quiroga: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeros diputadas y diputados, la posesión, portación, fabricación, comercio, importación y exportación ilícita de armas de fuego genera altos costos humanos y económicos y está asociada con múltiples formas de criminalidad y violencia. Las armas aceleran los conflictos, la delincuencia, la violencia en el territorio nacional y conducen, eventualmente, a la desintegración social.
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, América Latina es la región del mundo con la mayor violencia armada, con 42 por ciento de los homicidios cometidos con armas de fuego. En este contexto, el combate al tráfico de armas y a los delitos que con ellas se cometen es un tema de trabajo que debe ser central para esta honorable Cámara.
Los registros de incidencia delictiva del fuero común que realizó el Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2012, arrojan que entre enero de 2007 y noviembre de 2012 se cometieron en el país 53 mil 312 homicidios. Y de éstos, los reportados con armas de fuego se incrementaron en un 134 por ciento en el año 2012, en comparación con el año 2007.
Asimismo, de conformidad con reportes elaborados, se menciona que México ocupa el lugar número 13 de entre 23 naciones del continente, donde se han cometido más homicidios con armas de fuego.
Por otro lado, y según estudios del doctor Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, solamente una de cada 300 armas en el país está registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
La situación es crítica y se deben tomar medidas urgentes, la obligación primordial del Estado es salvaguardar la vida y la integridad de los mexicanos como parte de su compromiso con los derechos humanos. Para ello se requiere emprender acciones en todos los niveles de gobierno que pongan fin a la angustia que invade a miles de familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por lo que corresponde a esta soberanía es necesario revisar de manera integral el marco legal que regula lo relativo a las armas de fuego, a efecto de llevar a cabo las medidas conducentes que permitan al Estado tener un mayor control en la materia y con ello disminuir lo que se ha convertido en los años recientes en la preocupación social por antonomasia.
Actualmente, con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y con las demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes, en los términos en que se encuentran no se ha logrado evitar que la posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación, almacenamiento y transportación de armas sin la licencia respectiva sea de los delitos que más comúnmente representan peligro para la sociedad, ya que se atenta contra la vida y la integridad corporal de las personas.
En atención a ello se propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir en éste los delitos de posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación, y actividades conexas de armas de fuego sin la autorización legal respectiva, a efecto de que el juez pueda ordenar la prisión preventiva o juiciosa cuando se dé cualquiera de estas conductas delictivas.
Asimismo, para lograr una mayor colaboración y coordinación entre la federación y los estados en el combate de los delitos de posesión de armas de fuego, así como para garantizar una respuesta eficaz del Estado en este creciente fenómeno delictivo y dotar de mejor nivel de seguridad a los ciudadanos, es necesario otorgar competencia a los estados de la república y a la capital para conocer y resolver sobre los delitos que nos ocupan a través de la concurrencia en la materia, por lo cual se propone adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con estas reformas lo que se busca es prevenir, inhibir y combatir los delitos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas por ser las conductas que más dañan el tejido social. No podemos permitir que se siga derramando más sangre de los mexicanos inocentes. Por ello los exhorto a votar a favor de esta iniciativa que significa fortalecer la seguridad pública y fomentar la paz social. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Jhonatan Jardines, por favor. Adelante, diputado.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): Señor presidente, por su conducto para solicitarle al diputado promovente que me permita adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Como no tiene inconveniente el diputado Manzur, le pido a la Secretaría que pueda recabar la firma del diputado Jardines. La iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, en fechas recientes hemos visto, hemos constatado, hemos vivido los problemas, las dificultades a las que se ha enfrentado el Instituto Federal Electoral por una serie de controversias que sin duda afectan la vida de esta importante institución para la democracia mexicana.
Conscientes de que corresponde a esta Cámara de Diputados hacer todo el proceso para la designación de los consejeros, considero prudente y además necesario, tomar el tiempo que se requiera para hacer las reformas y los ajustes necesarios a la norma correspondiente, en este caso al Cofipe, para poder tener los elementos suficientes para poder hacer las designaciones correspondientes.
Por ello hoy presento una iniciativa de reforma al artículo 111, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque estoy convencido de que en la norma vigente existe una falta de claridad e imprecisión en la aplicación del mecanismo de sustitución del presidente o de cualquiera de las o los consejeros electorales, y de esa manera evitar o resolver la confusión o la incertidumbre que hasta la fecha permanece. Nos referimos especialmente a que la Cámara al ejercer sus facultades de sustituir algún o a algunos de los consejeros electorales, atiende a lo que establece el artículo 111 del Cofipe que a la letra dice: En el caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, del consejero presidente, se dirigirá a la Cámara de Diputados o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que se haga la designación correspondiente.
Numeral 2. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto quien concluirá el periodo de la vacante. Es decir, no queda totalmente claro qué se entiende por falta absoluta, pero menos aún se entiende lo que el legislador quiso expresar en el más breve plazo.
En el mismo sentido, es evidente que la Cámara de Diputados como órgano de representación popular de los mexicanos debe atender lo que establece la Carta Magna en su artículo 41, fracción V, párrafo tercero, sobre la necesidad de tener el tiempo suficiente o necesario para realizar una amplia consulta a la sociedad contenido también que expresa literalmente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 110.
Por ello la importancia, compañeras, compañeros, de presentar esta iniciativa de reforma a este artículo buscando con ello recuperar la credibilidad y la confianza en este órgano autónomo que está llamado a responder con resultados a los ciudadanos.
El Instituto Federal Electoral es un órgano que requiere retomar su esencia democrática definida en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Por ello es perentorio, urgente y necesario que demos la oportunidad de que el instituto esté conformado por consejeros y consejeras con evidente vocación democrática, con amplio conocimiento profesional en la materia electoral, pero principalmente que estén ajenos al alcance del criterio partidista y, peor aún, de los criterios de cuotismo que hasta ahora ha caracterizado la designación de los consejeros electorales.
Por ello presento a su consideración la siguiente propuesta de proyecto de decreto:
Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 111; y se adiciona un segundo párrafo para quedar como sigue:
Artículo 111. De vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el consejero presidente dirigirá a la Cámara de Diputados o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin que se haga la designación correspondiente.
De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá previa consulta a la sociedad, que, conforme a lo que refiere el artículo 41 constitucional, la elección de quien ocupe el cargo de consejero sustituto o sustituta, no podrá exceder de 120 días naturales y sólo se desempeñará por el tiempo de ejercicio que le hubiere restado a la persona sustituida.
Se entiende por falta absoluta, la muerte, la renuncia aceptada por la Cámara de Diputados, la remoción y el abandono del cargo por más de tres sesiones sin causa justificada o por mas de 90 días prorrogables con causa justificada a criterio de Cámara de Diputados o una vez vencida la prorroga, cuando hubiere causa justificada.
Someto, compañeras y compañeros, a su consideración, esta iniciativa de reforma, buscando con ello darle solidez, fortalecimiento, al Instituto Federal Electoral y recuperar su función, su altísima responsabilidad como garante del fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Amalia garcía.
La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Muchas gracias. Señor presidente, para adherirme a esta iniciativa que presenta el diputado Silvano Aureoles.
Quiero subrayar que la ley establece la obligación de que quienes constituyen el Instituto Federal Electoral se conduzcan con varios principios, el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Eso es lo que se requiere.
Y es fundamental trabajar para que en los nombramientos en conjunto y en cada uno en lo individual, no se partidice, no se trate de cuotas, sino de que estén los mejores perfiles, los que tengan más compromiso y también conocimiento profesional.
Termino esta solicitud de que se pueda incluir, también menciona esta iniciativa, señalando como decía, en los primeros años del Instituto Federal Electoral, un consejero.
Ningún consejero está obligado a ser neutral. Son ciudadanas y ciudadanos que tienen sus propios puntos de vista; pero están obligados a actuar con absoluta imparcialidad y ese es el objetivo de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sé que el diputado Aureoles no tiene inconveniente para que usted la suscriba y obviamente su intervención formará parte del Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente; honorable asamblea, nuestra tarea como legisladores implica, sin duda, una muy alta responsabilidad ante nuestros representados.
Inicio este estudio recordando que en un contexto plural como el que vive México actualmente, resulta trascendente alejar la opinión negativa dirigida al Congreso de la Unión con propuestas enfocadas a la difusión de uno de los derechos fundamentales de los integrantes del Poder Legislativo federal, que es el derecho a iniciar leyes. Lo anterior con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Norma Suprema.
En este orden de ideas resulta fundamental que la difusión del trabajo legislativo se produzca en un lapso breve para contribuir a consolidar la democracia. A mayor abundamiento, es nuestro deber rendir cuentas ante aquéllos que nos eligieron. El ciudadano requiere información completa del trabajo que estamos haciendo cada uno de los integrantes del Congreso de la Unión durante el desarrollo de las sesiones.
En este tenor inicio mi propuesta señalando que la redacción del numeral 3 del artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse ante el pleno deberán ser anunciadas y turnadas cada una por el presidente, antes de la clausura de la sesión, salvo que el proponente solicite que de viva voz en ese momento su inscripción para la siguiente.
Tales premisas nos colocan en un supuesto por virtud del cual un número indeterminado de iniciativas no alcanzan a ser conocidas en tribuna durante una sesión de pleno en la cual estaban programadas.
Ante ello, el Presidente de la Mesa Directiva tiene dos obligaciones: la primera enunciar cuáles son las iniciativas no tratadas y la secundaria turnarlas, aunque no se menciona la comisión o comisiones que le correspondan; sin embargo, se aprecian en el texto del numeral en comento las proposiciones, salvo que éstas tal como se presentan hacen referencia a la no inclusión de algo en el conjunto.
En este sentido concebimos la representación de que todas las iniciativas no tratadas pasarán a la comisión correspondiente excepto si o salvo si de viva voz se solicite otro tratamiento, es decir, se vuelva a enlistar para la siguiente sesión.
Todo lo mencionado da la apariencia de ser un trámite sencillo de desarrollar en lo práctico; empero, no es así. Por el contrario, representa un problema ejercer el derecho de reenlistar los asuntos.
Precisamente lo anterior lo podemos comprobar con las versiones estenográficas; además, con las constataciones de todos los demás diputados presentes con los cuales comparto las sesiones de pleno, quienes no dejarán mentir que al presidente en turno por lo general, al concluir las sesiones y en virtud de lo limitado del tiempo para el desarrollo de las mismas, no se le permite leer y tampoco identifica con exactitud cuáles son las iniciativas no tratadas en la sesión, sino exclusivamente enuncia que todas aquellas iniciativas no tratadas se turnarán a comisión, salvo aquéllas que decidan reenlistarse, pero tan pronto se concluye esa frase se da por terminada la sesión.
Es evidente la inexistencia de la posibilidad de reenlistar las iniciativas. Esto genera un problema pues se atenta contra el derecho de presentar en tribuna el proyecto de un dispositivo normativo, el cual puede generar debate en interés social u orden público o la atención de otros diputados para una posible suscripción o simplemente la posibilidad de informar a la población y los medios de difusión de la labor legislativa.
Bajo estas disposiciones reglamentarias y con la experiencia que tuvimos en los meses que anteceden, resulta que las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse ante el pleno deberán ser anunciadas y turnadas cada una por el presidente, antes de la clausura de la sesión, salvo que el proponente solicite de viva voz o por escrito su inscripción para la siguiente. Para ello se dará un lapso de tres minutos para recibir las reinscripciones a través de la voz.
Asimismo, posterior a la sesión y por el término de una hora concluida la sesión, se recibirán solicitudes para los mismos efectos.
En virtud de lo anterior y como resultado de un interés institucional se presenta a esta soberanía esta iniciativa de reforma al numeral tercero del artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados a efecto de dar privilegio a los derechos legislativos de los diputados. La naturaleza del trabajo parlamentario implica que las Legislaturas deben ser un espacio abierto para la deliberación como consecuencia.
El Partido Verde Ecologista de México apoya firmemente los cambios que en esta materia se necesitan. Es un hecho que desde hace varias Legislaturas en ambas cámaras existe un amplio consenso para actualizar el marco jurídico que regula la organización y funcionamiento del Congreso de la Unión.
En virtud de lo anterior expuesto, nuestra tarea como legisladores en esta materia no ha concluido. Tendremos como meta lograr una reforma integral al marco jurídico que sin duda redundará en el interés de la ciudadanía en el trabajo parlamentario. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muy amable, presidente. Una de las premisas esenciales de los estados constitucionales de derecho contemporáneos es la del equilibrio de los poderes basados sobre la idea de que no puede haber un solo órgano constituido que ejerza de manera autocrática el poder, el equilibrio entre los distintos órdenes, tener un sistema de controles que permite que los órganos constituidos se regulen unos a otros impidiendo un ejercicio excesivo o abusivo del mando.
Uno de esos medios de control o resistencia es el de control de la constitucionalidad ejercido por vía jurisdiccional. Consiste, con fundamento en la primacía de la Constitución en la verificación de la conformidad entre las decisiones de quienes ejercen el poder político y las disposiciones de la Constitución del Estado con el propósito de anular los efectos de las primeras en caso de que no se ajusten a lo establecido en las segundas.
Es decir, que el ejercicio del poder político deberá ser analizado y calificado en cuanto a su constitucionalidad por un órgano jurisdiccional calificado para ello. Uno de los mecanismos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el control de la constitucionalidad es el que se contempla en su artículo 105, el cual a través del recurso de controversia establecido en la fracción I y el de la acción de inconstitucionalidad establecido en la fracción II resuelve respecto de asuntos relacionados con la invasión de competencias o de la constitucionalidad de normas de carácter general.
Con respecto a la fracción II sobre la constitucionalidad de actos legislativos se han identificado algunas deficiencias estructurales que mediante la presente iniciativa pretenderemos modificar, dichas imprecisiones consisten en lo siguiente:
Actualmente no se contempla un control preventivo de la constitucionalidad de las normas de carácter general. Es decir, la constitucionalidad de las normas se verifica solamente hasta que éstas han entrado en vigor dentro del orden jurídico nacional, lo cual representa un sinsentido si consideramos que no hay ninguna justificación racional para ello. Es decir que si se determinara que el contenido de una norma aprobada es contraria a la Constitución, no habría que esperar hasta su promulgación para que se destruyan sus efectos.
El control preventivo de la constitucionalidad tiene por objeto evitar, ya sea el nacimiento de normas jurídicas contrarias a la Constitución o impedir que normas provenientes del derecho internacional inconstitucionales se incorporen al ordenamiento jurídico nacional.
Es por ello que la presente iniciativa plantea que sea de forma previa a su promulgación como se verifique la constitucionalidad, de modo que si se determina una disonancia entre la Constitución y la norma que se pretende incorporar al sistema legal, ésta no llegue a formar parte del mismo, impidiendo así las muchas controversias posteriores que se plantearían por distintas vías jurisdiccionales entre los gobernados y el gobierno, y sobre todo para impedir la m era existencia y obligatoriedad legal de una norma inconstitucional que afectaría al sistema democrático y de estado de derecho por su sola existencia.
Muchos países en el mundo, incluyendo Alemania, Francia, Italia, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, a través de sus respectivos tribunales constitucionales contemplan el control preventivo de la constitucionalidad, ya sea de tratados internacionales o legislación ordinaria.
Un adecuado control de constitucionalidad generaría un mejor sistema de contrapesos para quienes ejercen el poder, permitiendo que prevalezca el imperio de la ley sobre el de las personas.
Adicionalmente, se proponen algunas modificaciones en cuanto a los porcentajes de legisladores requeridos para interponer el recurso. Corresponder a una proporcionalidad más realista de acuerdo con la integración por partido de ambas Cámaras, al disminuir la proporción necesaria se permite que las minorías participen en la observancia de la constitucionalidad de las normas y puedan plantear la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando por supuesto de manera exclusiva a ésta el resolver sobre la misma.
Se incluye también una modificación para legitimar a la Cámara de Diputados para interponer el recurso de inconstitucionalidad en lo relativo a tratados internacionales, ya que si bien la ratificación no es de su competencia, se considera que no existe actualmente una lógica sobre la cual deba otorgarse dicha facultad exclusivamente a la Cámara de Senadores. Todo lo anterior con un nuevo lenguaje, respetuoso de la diversidad de género en el Congreso de la Unión y el rol de las mujeres en el mismo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor presidente. Señoras, señores legisladores, buenas tardes. Las nuevas tecnologías que permite la difusión de datos, voz y video, abre posibilidades inéditas para fortalecer la inclusión social, la participación y el ejercicio de los derechos fundamentales.
A nivel mundial existe consenso sobre la necesidad de garantizar el acceso universal a la banda ancha, que es el canal más propicio para que fluya Internet. Para la Organización de las Naciones Unidas, Internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad y por esta razón califica el acceso libre como un derecho humano inalienable.
Sin embargo, el acceso a la banda ancha tiende a concentrarse en los sectores sociales con mayor poder adquisitivo, dejando marginada y desprotegida a una gran parte de la población.
México está rezagado en esta materia. La Asociación Mexicana de Internet estima, que sólo el 35 por ciento de la población tiene acceso a Internet, en comparación con España que tiene el 60 por ciento de la población, y en Alemania el 70. Y en cuanto a la calidad y el costo del acceso, México presenta condiciones demasiado desventajosas para la población.
México tiene un gran déficit de conectividad en infraestructura digital, los hogares, las escuelas y las pequeñas empresas tienen apenas un equipamiento precario. Los diferentes sitios de acceso están desarticulados debido a la falta de incentivos mercantiles para los concesionarios y por la excesiva concentración en pocos operadores.
Nueva Alianza propuso en su agenda legislativa, construir un desarrollo integral, sustentable y sostenible, pero los índices de exclusión en el acceso a la banda ancha de la población mexicana hacen casi imposible lograr estos objetivos.
Los diversos órdenes de la vida social, económica y política se digitalizan cada vez más, de tal manera que la población sin acceso a la banda ancha corre el riesgo de sumar la marginación digital a la situación de pobreza y desigualdad que ya se padece.
Si no incluimos a esa parte de la población, la estaremos condenando a reproducir el ciclo de la pobreza. Para construir un futuro entonces incluyente, democrático, moderno y justo, es impostergable garantizar que todos los mexicanos puedan acceder a la banda ancha, además esto incrementaría la competitividad y la productividad del país.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el acceso universal a la banda ancha es un derecho fundamental, porque tendrá como efecto duradero garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, el pluralismo y la participación política y social.
Los derechos fundamentales tienen que plasmarse plenamente en nuestra Constitución, porque concretan los valores sobre los cuales se edifica el orden y la convivencia nacional.
Estamos proponiendo, entonces, que el derecho de acceso universal a la banda ancha se incorpore al artículo 4o. de nuestra Carta Magna. En este artículo están consagrados derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, como son la alimentación, la salud, el agua, el medio ambiente y la cultura.
El Estado debe garantizar el acceso universal a la banda ancha, porque el espectro radioeléctrico es un bien nacional y este derecho fundamental debe traducirse en una política de Estado, desde la perspectiva del interés público y el bienestar social.
Por estas razones proponemos en nuestro grupo, adicionar un párrafo al artículo 4o de la Constitución, en los siguientes términos: toda persona tiene derecho al acceso a la banda ancha para disfrutar de los diversos servicios de telecomunicaciones, particularmente el servicio de transmisión de audio, video y datos, denominado Internet.
El Estado promoverá las condiciones necesarias para que el acceso universal a la banda ancha sea efectivo y de calidad. La ley determinará los procedimientos, las concurrencias y las características adecuadas para el pleno disfrute de este derecho, adoptando la perspectiva de beneficio social y la sana competencia en el sector.
De esta manera comenzaremos a construir una legislación que atienda el escenario cambiante que propicie la revolución tecnológica, y a la vez, asegure y refuerce la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, frente a los poderosos intereses de los concesionarios dominantes de la radio, la televisión, el Internet y demás servicios que fluyen por el espectro radioeléctrico.
Quienes se han desarrollado en condiciones privilegiadas y ahora deben asumir el sentido social de las telecomunicaciones. Esperando contar con su apoyo a esta propuesta, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Juan Pablo Adame.
El diputado Juan Pablo Adame Alemán (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Si la compañera me permite suscribirme a la iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. A ver, sonido en la curul de la diputada Carpinteyro.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (dese la curul): Yo quisiera, no solamente aplaudir la iniciativa de la diputada, pero quisiera pedirle que con independencia de todos los argumentos que ella da, que suscribo, al pie de la letra considerara que esta iniciativa no debería considerarse solo en el artículo 4o constitucional sino debería también incorporarse como un derecho a la información, dentro del artículo 6o constitucional, que establece precisamente el derecho de toda la ciudadanía a ser informada. Y qué mejor medio para ser informado que a través de las tecnologías de la información y la comunicación que se prestan a través de esta banda ancha, y que por lo mismo, le encomendaría y le pediría a la diputada considerara su inclusión también dentro del 6o constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Beatriz Zavala.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Gracias, presidente. Por lo pronto, pedirle a la diputada y al grupo parlamentario que presentó la iniciativa, suscribirla con ustedes, y nos parece adecuado que esté en este artículo constitucional, en esta reforma. Y desde luego, también, posteriormente, si pudiera ampliarse como un derecho de acceso a la información. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Martha Vital.
La diputada Martha Edith Vital Vera (desde la curul): Gracias, presidente. También para felicitar a la ponente, diputada Sanjuanita, y pedirle que, como Partido Verde también me pueda sumar yo a su posicionamiento.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido a la curul de la diputada Judit Guerrero.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): Señor presidente, en el mismo sentido. Y también manifestar la intención de mis compañeros de la fracción del Partido Verde, de sumarse a tal iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Bueno, la diputada no tiene inconveniente. Yo creo que le pedimos a la Secretaría recabe las firmas de todos los diputados y diputadas que desean suscribir la iniciativa. Y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Gerardo Peña Avilés: Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Todos los seres vivos tenemos derecho a un medio ambiente sano que garantice las mejores condiciones de vida, y una de las figuras que considera nuestra legislación para garantizar la protección de éste son las áreas naturales protegidas, cuyo propósito es conservar y proteger la biodiversidad conformada por las especies endémicas, especies sujetas a protección especial, pero sobre todo las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción en los diferentes ecosistemas que conforman nuestro territorio nacional.
Por esta importantísima razón el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar y proteger adecuadamente estas áreas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad de vida y de salud de todos sus habitantes.
La rama del derecho que protege y conserva el medio ambiente es el derecho ambiental, el cual no sólo es el encargado de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés en general. El incumplimiento de este grupo de reglas que conforman esta rama del derecho puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona.
Dentro de sus disposiciones existen acciones tendientes a proteger el derecho de toda persona a contar con un medio ambiente adecuado, así como sanciones por el incumplimiento de la legislación ambiental.
Es prioritario que la normatividad ambiental mexicana cuente con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como los elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño al medio ambiente.
Es cierto que esas sanciones deben ser proporcionales al daño ocasionado, pero también es cierto que al atentar contra el medio ambiente no es una cuestión menor que repercute en una sola región del país, sino que puede llegar a mostrar una afectación a nivel mundial.
Por esta razón es que esas sanciones deben ser severas y el monto pecuniario de estas sanciones debe servir para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir en lo posible la conducta en el daño que se pudiera ocasionar.
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene entre sus atribuciones la facultad de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, del aire; el cuidado de los recursos naturales. También es la encargada de la inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas de comisión de delitos y sus sanciones, y sus procedimientos y recursos administrativos cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley.
Las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la fracción I menciona la sanción máxima de 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esta sanción no necesariamente es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido puede ser mayor a la sanción. Es por esto que es más rentable cometer el ilícito que evitarlo. Es por eso que la presente iniciativa pretende que se incremente a 60 mil días de salario mínimo vigente la sanción máxima.
También, el párrafo cuarto de este mismo artículo considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones en un mismo precepto y en un periodo de dos años. Este periodo de dos años es un lapso de tiempo mínimo que debe ampliarse a tres años para así asegurar que el reincidente no pierda esa calidad en un muy corto plazo de tiempo.
Por las razones expuestas, la presente iniciativa propone reformar la fracción I del párrafo uno y párrafo cuarto del Articulo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y fracción V, párrafo tercero, del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 171. Fracción I. Multa por el equivalente de treinta a sesenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.
Fracción V, párrafo tercero. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de tres años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Sonido en la curul del diputado Castaños.
El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para solicitarle al promovente la posibilidad de adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No creo que el diputado Gerardo Peña tenga inconveniente. Le pediría que pudiera suscribir su iniciativa. Adelante, diputada.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados. La iniciativa es con el objeto de reformar el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz, no solamente a raíz, sino básicamente para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, la cual marcó un antes y un después en materia de derechos humanos para nuestro país.
El Poder Judicial de la Federación ha realizado importantes avances en el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenado el Estado mexicano; sin embargo corresponde al Poder Legislativo atender específicamente a los puntos resolutivos de dicha sentencia, en específico los puntos resolutivos, el 10 y el 11 que señalan a la letra:
10. El Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente sentencia.
11. El Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215-A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia; y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente sentencia.
Sin embargo, a más de tres años el Congreso mexicano no ha sido capaz de cumplir con responsabilidad la sentencia y continúa desacatando resoluciones internacionales plenamente vinculantes para nuestro país; particularmente lo relacionado con el fuero militar resulta preocupante en un país que ha militarizado las funciones policíacas.
Siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos a manos de miembros del ejército y el legislador federal no pone orden en el marco jurídico nacional para acotar de una vez y para siempre el fuero militar.
Importantes constitucionalistas han planteado la necesidad de poner fin al fuero militar y que sus competencias pasen a formar parte del Poder Judicial de la federación, entre ellos el magistrado del Tribunal Federal Electoral Manuel González Oropeza, que concretamente propone lo siguiente
La solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial federal y la reducción a consejos de guerra en el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia.
Los delitos deben ser encauzados por los tribunales ordinarios, como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos. Todo ello para respetar el ideal de igualdad ante la ley, base del liberalismo mexicano.
Otros académicos han criticado la regresiva iniciativa presentada por Felipe Calderón, señalando claramente que algunas de las propuestas resultan violatorias a la Constitución. Además señala textualmente la académica: “Además el militar que comete alguno de los tres delitos: violación, desaparición forzada de personas, y tortura, estará en una prisión militar y no civil”.
Se pretende también que la policía ministerial militar tenga facultades para entrevistar a testigos útiles para descubrir la verdad, realizar todo tipo de detenciones, inspecciones personales, recoger los objetos que tenga en su poder, situaciones que hoy las pueden hacer siempre y cuando los militares se encuentren acompañados por autoridades civiles y a solicitud de éstos últimos.
Por todo lo mencionado resulta necesaria una iniciativa realmente comprometida con los derechos humanos para reinterpretar el marco constitucional en materia del fuero militar.
Sería un grave error y un atentado a los derechos humanos que el Congreso dictaminara favorablemente la iniciativa presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, que ha sido criticada por los teóricos del derecho, como hemos visto.
Pero incluso también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente señaló en sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. Cito textualmente:
“En resumen es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar, sancionar, a los autores de las alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde, subrayo, siempre a la justicia ordinaria”.
Queda evidenciado que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que en caso de aprobarse la iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa, únicamente transfiere al fuero civil los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, con lo cual el Estado mexicano continuaría con la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, resulta anticonstitucional.
Ninguna propuesta en la materia puede ignorar esta decisión pero sí puede ampliar la protección a los derechos humanos.
Si bien el propósito de la Suprema Corte de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es juzgar en el fuero civil a los soldados que cometan actos ilícitos contra civiles, esto puede lograrse también a través de la desaparición del fuero militar.
La iniciativa es la siguiente y pretende, si tengo la suerte de que se acepte, reformar el artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:
“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de ejercicios públicos, que estén fijados por ley.
“Queda abolido el fuero militar. Únicamente durante los periodos de guerra declarada por el presidente de la república con la autorización del Congreso de la Unión, podrán funcionar tribunales integrados por militares para juzgar delitos y faltas directamente relacionados con la disciplina militar, de conformidad con el Código de Justicia Militar.
“Dichos tribunales en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, sin importar que se trate de sujeto activo o pasivo del delito.
“Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.
Muchas gracias por su atención, es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados: en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.
El Presidente diputado José González Morfín (15:54): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 28 de febrero, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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