Comunicaciones
De la Mesa Directiva, en relación a modificación de turno de iniciativa
Del presidente de Nueva Alianza y de la coordinadora del Grupo Parlamentario
Retiro de iniciativa de diputado
De la Secretaría de Gobernación, con solicitudes de permiso, respuestas e informes
Del gobierno de Oaxaca, con respuesta a punto de acuerdo
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con informes
De la Cámara de Senadores, con minutas
Del Congreso del Estado de Chihuahua, con dos iniciativas
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de tres dictámenes
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
De la Comisión de Salud, que adiciona el artículo 1o Bis a la Ley General de Salud
Solicitud de licencia del diputado Gilberto Antonio Hirata Chico
Declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales
De la Comisión de Salud, que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud
De la Comisión de Salud, que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud
Dictámenes en sentido negativo
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
José Isidro Moreno Árcega, PRI
Judith Magdalena Guerrero López, PVEM
Turno a las iniciativas y proposiciones a las comisiones respectivas
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, a las 11:11, el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:12 horas): Por lo tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado Monreal?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Es una propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿La puede hacer desde su curul? A ver, le damos tres minutos para hacer la propuesta desde la tribuna.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Oliveros.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): Señor presidente, con el objeto de exigirle al gobernador de Michoacán que llegue hasta las últimas consecuencias e investigue el asesinato de Marisela Delgado Márquez, joven de 20 años, estudiante de Derecho, trabajadora del Congreso local de Michoacán y una gran activista del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho queda en Diario de los Debates. Diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Ciudadanos legisladores; ciudadanos y ciudadanas.
Un acontecimiento inusual se ha presentado en el país, la privación de la libertad de la principal dirigente magisterial del país Elba Esther Gordillo. Es un hecho que no puede pasar desapercibido para este Poder.
Por eso solicito, ciudadano presidente, sea considerado este tema, este asunto, dentro del orden del día para que el Poder Legislativo pueda analizar con seriedad y detenimiento las implicaciones, las consecuencias jurídicas y políticas que este hecho generará.
Estaba leyendo el orden del día, hay temas importantes pero no tan trascendentes como el de la detención o privación de la libertad de la profesora Elba Esther Gordillo. Por ejemplo, hay un tema de un partido político, de urgente y obvia resolución para que se quiten los topes de las carreteras del país...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Monreal, escuchamos ya su propuesta.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Voy a concluirla, presidente. ¿No creen ustedes que esto es más importante? ¿Por que callan los incondicionales, por qué enmudecen los ex socios, por que reniegan ahora los beneficiarios de su mando? ¿Por qué la niegan sus antiguos amigos y aliados? ¿Dónde están? ¿También la Cámara callará? En México sí hay impunidad, la justicia selectiva simple y sencillamente es justicia pervertida. Discutámoslo, compañeros, es un tema de trascendencia nacional. No le rehúyan.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, con fundamento en el numeral 2 del artículo 65 del Reglamento, instruye a hacer las consultas necesarias a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Mesa Directiva, en relación a modificación de turno de iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento, se modifica el turno. Actualícense los registros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficios del ciudadano Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza y de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, una vez verificado el contenido de los numerales en los que funda el señor presidente del Partido Nueva Alianza su petición, declara de enterado. Y remite a la Junta de Coordinación Política, para su debida atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio del diputado José Ángel González Serna, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio, presentada el 9 de octubre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas, e informa que el ciudadano Jaime Roberto Rivera Márquez ha dejado de prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen. Por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio con el que se remite el informe sobre el comportamiento de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y SErvicos Conexos observados durante el ejercicio fiscal 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió el oficio del licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Asuntos Migratorios para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron tres oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por el que se informa que durante el mes de enero de 2013 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el que se remiten los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficios de la Cámara de Senadores con los que remite las siguientes minutas con proyecto de decreto.
Que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos para aceptar y usar la condecoración Escudo de la Policía Nacional de Ecuador que le confiere el gobierno de la República de Ecuador.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos, para aceptar y usar la condecoración Escudo de la Policía Nacional de Ecuador que le confiere el gobierno de la República de Ecuador.
Esta presea se la entregarán, de concedérsela ahora nosotros, el día de mañana. Es por ello que, con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites, y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites, y se somete a discusión y a votación de inmediato. Está a la consideración.
No habiendo quien haga uso de la palabra le ruego a la Secretaría simplemente...
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón; perdón, diputado Monreal, ¿con qué objeto? Lo escucho.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Pido la palabra para hablar en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para hablar en contra de esta presea. Nada más deje que se lea el proyecto que usted va a objetar. Léalo, por favor, señor secretario.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Correcto. Único. Se concede permiso para que el ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos pueda aceptar y usar la condecoración Escudo de la Policía Nacional de Ecuador que le confiere el gobierno de la República de Ecuador.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora sí, diputado Monreal, perore en contra.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, he solicitado el uso de la palabra para razonar mi voto por la siguiente razón: ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas, este Poder Legislativo normalmente es usado como oficialía de partes.
Este procedimiento de otorgar el beneplácito o la votación a favor de una condecoración, medalla o reconocimiento para casi siempre sin pena ni gloria en la Cámara de Diputados y en el Senado, y por esa razón nosotros queremos hacer un llamado enérgico, porque se tienen que enviar con anticipación este tipo de nombramientos o permisos para usar condecoraciones de gobiernos extranjeros.
Miren ustedes, llega apenas hoy del Senado y mañana se entrega la presea. ¿Qué sucedería si esta Cámara no otorga el trámite de obvia y urgente resolución? Lo lógico es que vaya a la comisión respectiva y la comisión revise los antecedentes de la persona que va a ser condecorada para otorgar el beneplácito y para otorgar el voto a favor o en contra; pero no es así. Mañana se entrega la presea al mexicano que ahora estamos tratando de dispensar todos los trámites.
El Presidente de la Cámara, obviamente él somete a la votación de la mayoría de la Cámara si admiten o si se genera un trámite extraordinario para no pasar por comisiones y para que en este mismo acto se apruebe la condecoración, el uso de medallas o reconocimientos para mexicanos en el extranjero.
Pero llamo la atención. No permitamos que esta Cámara siga siendo una mera oficialía de partes. No quieren tocar ni tampoco discutir los temas trascendentes, ¿entonces qué vamos a hacer? Ésa es la gran pregunta.
No estamos cumpliendo con la responsabilidad constitucional para la cual fuimos electos. No somos capaces de debatir los temas trascendentes de la nación, pero sí somos capaces de otorgar leyes al vapor, trámites urgentes sin que nadie esté enterado de lo que se trata.
Ésa es mi razón por la cual me opongo. Ésa es la razón por la cual hago un llamado a la Cámara para que actuemos con mayor responsabilidad. No permitamos que sea usada como una mera oficialía de partes. Por sí ya la Cámara goza de un gran desprestigio social y político con los ciudadanos.
Intentemos corregir, intentemos trabajar. ¿Es mucho pedir simple y sencillamente que se nos tome en cuenta? ¿Qué pasaría si rechazamos, si no votamos a favor y mañana ya está la ceremonia para entregarle la medalla? ¿Qué pasaría? Les pregunto.
¿No es pues una mera oficialía de partes esta Cámara? Ojalá y pusieran atención los que no lo hacen y ojalá votaran en contra los que me han puesto atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación en lo general y en lo particular.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente, muy buenos días, muchas gracias. ¿Es posible que ponga orden en Cámara? No es posible que sigamos trabajando así. El ciudadano merece todo nuestro respeto; hay una cámara, hay transmisiones. Los ciudadanos ven que estamos así y no hay orden, no hay respeto al orador, independientemente de que coincida con él o no.
Por favor, señor presidente. O entremos en una dinámica de una iniciativa que modifique la forma de realizarse las sesiones en Cámara. No es posible esto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya escucharon al señor diputado y le ruego a la asamblea me ayude con su atención.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Abstención
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor Presidente, le informo que se han emitido 286 votos en pro, 105 votos en contra y 13 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que concede permito al ciudadano Enrique Francisco Galindo Ceballos para aceptar y usar la condecoración Escudo de la Policía Nacional de Ecuador que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficios del Congreso del Estado de Chihuahua con los que remite dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 73, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Reforma el inciso a) y deroga los incisos b) al g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
Dos de la Comisión de Salud
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que adiciona la fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Con proyecto de decreto que expide la Ley de Instituciones y Seguros y Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se autoriza que se someta a consideración y a votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno. Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen, don José Isabel Trejo Reyes, presidente de la comisión.
El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor presidente. Honorables legisladoras y honorables legisladores, diputados integrantes de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Hoy, en nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me complazco en dirigirme a ustedes para compartir los resultados de nuestros trabajos relacionados con la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por su disposición y apertura al diálogo y a los acuerdos adoptados en beneficio de nuestro país.
Como todos saben, es responsabilidad de esta Cámara de Diputados analizar con detenimiento todos y cada uno de los elementos que se presenten en las propuestas que nos son remitidas a fin de que durante la discusión y el análisis lleguemos a los acuerdos y consensos más adecuados para el país, pero sobre todo para lograr los mayores beneficios para la población.
Así debo de decir que en el caso particular, la economía mexicana requiere de la adecuación de muchos elementos a fin de dotarla del dinamismo necesario para alcanzar ritmos mayores de crecimiento que permitan la elevación del ingreso de nuestra población, y con ello el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Uno de esos elementos es, sin duda, contar con un sistema financiero sólido y dinámico. El proyecto legislativo en materia de seguros y fianzas que hoy se somete a consideración de esta soberanía se inscribe en el proceso de modernización de la regulación financiera que se ha venido desarrollando en nuestro país, con el propósito de fortalecer el marco normativo a que se encuentra sujeto el sistema financiero y con ello sentar las bases para un desarrollo sano y sostenido de la economía mexicana.
Resulta importante comentar que este proceso dio varios pasos importantes, desde hace tiempo, con la expedición de la Ley de Mercado de Valores en 2005, así como con las reformas sustantivas a la Ley de Instituciones de Crédito en el 2008.
Ahora, con el anteproyecto para la expedición de una nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que abrogará las actuales Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como con las reformas y adiciones propuestas a la Ley sobre el Contrato de Seguro, estaremos dando un nuevo paso firme en esa dirección; ahora en estos importantes ámbitos del sistema financiero mexicano.
¿Qué objetivos tiene el proyecto, compañeras y compañeros diputados? En términos generales, el proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara considera cuatro objetivos principales:
El primero de ellos es un propósito de solvencia mediante el cual se busca fortalecer la posición financiera de las entidades aseguradoras y afianzadoras, así como robustecer las labores de regulación y supervisión a cargos de autoridades responsables.
En esta materia, el proyecto se sustenta en un marco de normas prudenciales de tipo solvencia II; se trata del modelo de solvencia más avanzado en materia de seguros y fianzas a nivel internacional, el cual enfatiza en, primero, un balance apropiado entre requerimientos cuantitativos y cualitativos, y así como en una adecuada identificación y medición de los riesgos a los que se encuentran expuestas este tipo de entidades financieras en su operación.
El modelo que se incorpora en la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas está basado en el cuidado de la solvencia de las entidades aseguradoras y afianzadoras en tres pilares. Un primer pilar que establece mecanismos para una determinación más precisa de los requerimientos cuantitativos, que en materia de reservas técnicas y requerimientos de capital deben de cubrir este tipo de instituciones.
En este sentido, el proyecto fortalece el régimen actual de suficiencia de las reservas técnicas y plantea la determinación de los requerimientos de capital, a partir de la medición de riesgos que enfrentan de manera específica cada una de estas entidades. Esta mejor medición de los requerimientos cuantitativos basada en riesgos proveerá de mayores elementos para garantizar la capacidad de las instituciones de seguros y fianzas, de hacer frente a sus obligaciones ante los usuarios de estos servicios financieros.
El modelo recogido en el proyecto que se somete a su consideración contempla también de manera complementaria un segundo pilar, orientado a fortalecer el sistema de gobierno corporativo de las aseguradoras y afianzadoras, como un elemento coadyuvante en el cuidado de la solvencia de estas instituciones.
En este sentido, la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas prevé que el sistema de gobierno corporativo será una responsabilidad del Consejo de Administración, debiendo cumplir con las funciones relativas a la administración integral de riegos; el control interno; la auditoría interna; la función actuarial y la relativa a la contratación de servicios con terceros.
En este punto es importante destacar que si bien el sistema de gobierno corporativo es responsabilidad del consejo de administración, ello nunca implica que las autoridades reguladoras y supervisoras dejen de dar puntual seguimiento al adecuado funcionamiento del mismo. Como lo prevé el proyecto, las autoridades reguladoras deben establecer los mecanismos para verificar que el sistema de gobierno corporativo de las instituciones sea eficiente y se apegue a lo señalado en la nueva ley.
Adicionalmente, el proyecto contempla un tercer pilar complementario a los requerimientos cuantitativos y al gobierno corporativo, que se centra en el fortalecimiento del marco de transparencia y revelación de información de parte de las aseguradoras y afianzadoras para el mercado, con ello el proyecto busca aumentar la información a disposición de los usuarios y de esa forma estimular una mejor conducta de mercado.
Un segundo objetivo general del proyecto de la nueva ley y de las reformas y adiciones a la Ley de Contrato de Seguro, tiene que ver con estimular la competencia en estas áreas del sistema financiero. En este sentido, el proyecto considera diversas adecuaciones al sistema de registro de productos de seguros y de fianzas, a fin de incentivar la innovación, la competencia y la eficiencia en el mercado, ello estimulará el diseño de nuevos productos que se ajusten de mejor manera a las necesidades de protección y ahorro de los usuarios de estos servicios financieros.
Especial mención debe hacerse a la creación del seguro de caución, el cual se plantea como un complemento a la figura de la fianza y la carta de crédito y permitirá ampliar la gama de garantías financieras en la economía mexicana.
Al aumentar el número de opciones disponibles en este mercado, no sólo se estimula la competencia, sino que se crean elementos que permiten hacer más ciertas y ágiles las transacciones económicas entre particulares y con el gobierno, incentivando con ello un funcionamiento más dinámico de nuestra economía.
El tercer objetivo del proyecto que se pone a consideración de esta soberanía, es aumentar la seguridad de los usuarios en este tipo de entidades financieras y en los servicios que prestan.
Aumentar la confianza de la población en estas instituciones es un factor esencial para estimular su crecimiento, por ello el proyecto de la nueva ley prevé, entre otros aspectos, la obligación para que estas entidades remitan a la Condusef sus contratos de adhesión, para que como ya ocurre con el resto de las instituciones financieras, formen parte del Registro Público de Contratos de Adhesión. Aquí la Condusef forma una especie de defensora, de ombudsman de los usuarios de los derechos financieros.
Asimismo, el proyecto establece mecanismos para la regulación en la presentación de estados de cuenta, para el caso de los seguros con componentes de ahorro e inversión. De igual forma, prevé un marco regulatorio apropiado para los ajustadores de seguro, de forma tal, que se eleve la calidad del servicio que estos profesionales, los ajustadores de servicio, prestan a los usuarios al momento de presentarse los siniestros.
Esta figura no estaba contemplada antes, diputadas y diputados, en el tema de los seguros, hoy ya se contempla el tema la figura de los ajustadores. De igual forma, el proyecto plantea una mejora sustancial al procedimiento de liquidación de entidades aseguradoras y afianzadoras, a fin de hacerlo más expedito y privilegiar la protección del interés de los usuarios de estas instituciones.
Y el cuarto propósito general de la nueva legislación, es el de promover el desarrollo en estas actividades en el marco del sistema financiero mexicano. Un sector financiero sólido constituye una precondición para estimular el crecimiento a la economía, en este sentido, el crecimiento de los sectores asegurador y afianzador, no sólo redundará en una mayor protección patrimonial y personal para las familias, las empresas y el gobierno y mayor seguridad en las transacciones económicas, sino también, en un sentido más amplio, en la posibilidad de canalizar mayores recursos al financiamiento de actividades productivas y a la creación de empleos, a través de la función que cumplen estas instituciones como inversionistas institucionales, y aunque la ley es muy técnica para la asamblea, debo de mencionar, señor presidente, los beneficios para los usuarios y para el país.
Con el proyecto de Ley de Instituciones y Seguros de Fianzas, así como las reformas y adiciones a la Ley sobre el Contrato de Seguro, esta soberanía estará dotando a México de un marco legal moderno, eficiente y apegado a los estándares y mejores prácticas en la materia, colocando a nuestro país a la vanguardia a nivel internacional.
Al mejorar la posición de solvencia de las aseguradoras y afianzadoras, como al elevar la profesionalización de su gobierno corporativo, se fortalecerá la primera red de protección de los usuarios de estos servicios financieros.
Asimismo, al aumentar la transparencia de estas entidades, los usuarios contarán con la mayor información para decidir con qué institución realizar sus operaciones de seguros y fianzas. Además, la mayor transparencia estimulará una más apropiada conducta del mercado, y con ello, una mejor atención a los usuarios.
Por otra parte, al estimular la innovación de estos mercados, término, señor presidente, se inducirá el diseño de nuevos tipos de productos, cada vez más acordes a las necesidades de protección de la población.
En suma, en este proyecto de nueva legislación en materia de seguros y fianzas, esta soberanía establecerá instrumentos para que el crecimiento en estas actividades se dé sobre bases sólidas.
Diputados y diputadas, en este contexto la Comisión de Hacienda está convencida de que el proyecto de la nueva ley, esta propuesta que se presenta a consideración de la soberanía, constituye una pieza de la mayor importancia en el desarrollo del sistema financiero mexicano.
Es cierto que de aprobar este nuevo marco normativo estaremos dotando a México de uno de los elementos que resultan indispensables para crear una ruta de crecimiento dinámico y sostenido para nuestra economía. Les pedimos su voto, señoras diputadas y diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Esta Presidencia saluda al señor presidente municipal de Magdalena de Kino, Sonora, el doctor Rodolfo Martínez Real, invitado por el diputado Cuauhtémoc Galindo.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Diputado presidente, con el objeto de hacer una respetuosa moción. No sé si ese reloj esté fallando o cuál es el criterio, porque hay oradores con los cuales son muy estrictos en el tiempo y hay otros que se prolongan. Sin demérito de la importancia de lo que se está tratando. Es simplemente para que haya equilibrio, igualdad en las intervenciones y bueno, a lo mejor es un problema de reloj que pudiéramos también revisar. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tomo su llamado de atención con toda seriedad. Créame que fui muy flexible en función de la fundamentación de una ley a la que le estamos dispensando la segunda lectura.
Tiene el uso de la voz doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del presente dictamen porque contribuye a incrementar la certidumbre de los usuarios de estos servicios financieros.
Con la extensión de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas estaremos aportando valiosos elementos para fortalecer la regulación y la supervisión de las compañías aseguradoras y afianzadoras.
Es muy importante que la persona que contrata un seguro o una fianza tenga toda la confianza de que en todo momento y en todo caso estará plenamente garantizada la obtención del producto contratado.
De este modo, el dictamen a discusión vendrá a robustecer el marco jurídico de los sectores de seguros y de fianzas en materia de solvencia, estabilidad y seguridad conforme a los estándares de mejores prácticas internacionales, para sentar las bases de un desarrollo sano y ordenado de las instituciones que conforman los sectores mencionados.
Con la nueva ley se incorpora en la regulación del sector financiero el modelo de solvencia más avanzado en materia de seguros a nivel internacional. Este modelo permite una adecuada identificación y medición de riesgos de insolvencia de las compañías aseguradoras y afianzadoras, lo cual redundará en una mayor seguridad para los consumidores de estos servicios.
Se fortalece la posición financiera de aseguradoras y afianzadoras a través del desarrollo de sus sistemas de gobierno corporativo que deberán incluir un esquema de administración integral de riesgos así como mecanismos de control y auditoría interna. De ese modo se podrán monitorear, con mayor oportunidad y mayores alcances, los cambios significativos en la situación de esas compañías.
Adicionalmente, la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas obligará a los intermediarios financieros que participan en esta actividad a revelar información de sus operaciones al mercado, lo cual además de fortalecer la transparencia redundará en mayores elementos para que los usuarios puedan elegir razonadamente el mejor servicio.
En consecuencia, la nueva ley generará condiciones para estimular una mayor competencia en los mercados asegurador y afianzador, situación que necesariamente incrementará los niveles de eficiencia en sus operaciones arrojando mayores beneficios a los usuarios. Esto propiciará una mayor transparencia, así como el mejoramiento de la conducta del mercado fortaleciendo la confianza de los consumidores.
El presente dictamen se complementa con la reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguros, con el propósito de incorporar las reglas específicas relativas al contrato de seguros de caución, perfeccionar el régimen de los seguros obligatorios, regular la concurrencia de seguros en el caso de seguros contra la responsabilidad, y algunas otras precisiones que buscan dar certidumbre a los asegurados y beneficiarios en la contratación de seguros.
En Nueva Alianza estamos a favor del dictamen porque se fortalecerá la solvencia, la competencia, la seguridad y el desarrollo de estos servicios financieros que son estratégicos para brindar el desarrollo económico de México.
Solamente queremos precisar que, en la discusión del dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Nueva Alianza propuso que en las consideraciones del mismo se estableciera con claridad que la facultad interpretativa del contenido de la nueva ley corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto órgano público encargado de aplicar o ejecutar los mandamientos normativos en la materia.
Por otro lado, también propusimos que en las consideraciones se delimitara correctamente el término discrecionalidad, que no debe entenderse como una facultad arbitraria y caprichosa de la autoridad, sino que debe apegarse en todo tiempo al principio de legalidad.
Con esas precisiones consideramos que votar a favor del dictamen es fortalecer los servicios financieros en beneficio de los usuarios, pero que deja también margen a que posteriormente se sigan ventilando situaciones que fortalezcan ese dictamen, pero que sobre todo fortalezcan la seguridad y confianza de los usuarios. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, debemos reconocer que el marco legal vigente en materia de seguros y fianzas surge en 1935, por lo cual es urgente una reforma en esta materia.
Entre 2000 y 2011 el mercado de seguros creció 93.6 en términos reales, lo que representa una tasa anual de 6.2 por su parte; en el mercado de fianzas creció 57.7, que corresponde a una tasa anual del 4.2.
Entendemos también que hay compromisos internacionales que nuestro país ha adoptado para modernizar la legislación en materia de seguros y fianzas; sin embargo –y subrayo– hay una serie de aspectos y dudas sobre el alcance que puede tener la reforma que analizamos, los cuales debemos dejar en claro en la discusión de este dictamen.
El primero de ellos tiene que ver con la autorregulación. En la economía del siglo XX y lo que va del siglo XXI hay sonados casos en donde los agentes económicos que tienen una regulación laxa generan más problemas que soluciones. Se deja, en este caso con la nueva ley, en manos del Consejo de Administración las políticas para administrar la solvencia, el nivel de riesgo, el monto de los activos para solventar la operación de las empresas.
Qué sucede –nos preguntamos– si el consejo no actúa de manera ética y alienta el riesgo de la institución de seguros o de fianza, la doble contabilidad, los activos tóxicos, los créditos cruzados, son ejemplos que demuestran que las instituciones financieras en muchas ocasiones privilegian las ganancias de los accionistas por encima del beneficio de los clientes o de los usuarios.
Le ley prevé que las aseguradoras –ésta nueva ley– puedan determinar los niveles de reserva mínimos de la operación y garantía avalados por un actuario y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que a nuestro juicio no genera las condiciones de seguridad para los contratantes de seguro o una fianza, y abre la puerta al riesgo de que la institución se desate en una crisis y pueda quedar en estado de quiebra sin poder asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
La ley debe ante todo garantizar la seguridad de las personas que contratan un seguro o una fianza. En ese sentido nuestro país todavía no cuenta con esta ley generando las condiciones necesarias para que los usuarios de este servicio tengan todos los elementos de certidumbre para poder hacer efectivo el servicio que contrataron.
El aspecto más preocupante de este dictamen es el relativo al artículo 118, donde se dispone que las aseguradoras pueden operar en el mercado de valores, hacer reportes, realizar operaciones financieras derivadas, que entenderíamos es la parte relativa bursatilizar sus operaciones como un mecanismo de financiamiento. Incluso en la fracción XVI, del artículo 118 se le permite adquirir, construir y administrar viviendas de interés social e inmuebles urbanos de productos regulares.
Nos preguntamos, cuál es el objeto de otorgarle esta posibilidad, dado que esa actividad no corresponde al objeto social de una institución de seguros o de fianza.
En el derecho comparado no se permite por razones precisamente de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones de seguro, la mezcla con este tipo de actividades y un ejemplo muy claro lo tenemos en el derecho norteamericano con la Ley Glass-Steagall y la McFfaden, que prohíben actualmente hasta la fecha, que las instituciones de seguros realizan las operaciones a las que estarían autorizadas a realizar con esta nueva ley las instituciones de seguros y fianzas.
Curiosamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que no pueden realizar los inversionistas extranjeros lo pueden hacer aquí y con ello generar más condiciones de riesgo para los usuarios.
Por las consideraciones antes señaladas, votaremos, los del Partido del Trabajo, en contra del dictamen en comento. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señora presidenta. México representa uno de los nichos más atractivos para el mercado de seguros y fianzas y, a pesar de esto, la actividad aseguradora dentro del país no ha podido aumentar su penetración a más del dos por ciento del PIB desde el año de 1990.
En cambio, otras nacionales latinoamericanas cuentan con niveles de cobertura mucho más elevados que el nuestro como es el caso de Brasil con el 3.4 por ciento y Chile con el cuatro por ciento. Es por esto que resulta necesario el replantearnos las reglas de operación de dicha área en nuestro país.
De acuerdo con la información presentada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el año 2012 operaban 99 compañías de seguros y, del total de éstas, el 63 por ciento trabajan con capital extranjero, las cuales concentran una cuota del 70 por ciento del volumen de materias primas, mientras que el restante 37 por ciento sólo se manejan a través de capital local.
Hasta el año 2002 cinco compañías de seguros concentraban el 67 por ciento del mercado, lo cual ha ocasionado que 15 compañías, el decir el restante 15 por ciento, acaparen el 80 por ciento del negocio.
Con base en estas cifras podemos inferir que nos encontramos ante un sector altamente heterogéneo, lo que nos obliga a fijar reglas adecuadas.
Regular a las corporaciones de seguros y fianzas, representa una tarea de suma importancia debido a los montos que se manejan dentro de esta área.
Al cierre del año 2010, las primas del sector asegurado mexicano ascendieron a 241 mil 891 millones de pesos, en el que el principal producto asegurado es el de autos con el 20.8 por ciento de las primas; le sigue el de daños, con el 19 por ciento; mientras que las primas por accidentes y enfermedades, equivalen al 13.4 por ciento y los seguros de pensión sólo al 6.6 por ciento.
Los bajos niveles observados se deben, entre otras cosas, a la poca exigencia que hay para los dueños de automóviles de contar con un seguro, y a diferencia de otros países del mundo, incluyendo a los conductores de vehículos de transporte público; tan sólo cuatro de cada diez autos que transitan por nuestro territorio, cuentan con algún tipo de cobertura.
Con base en lo anteriormente expuesto consideramos que lo planteado en la nueva Ley de Instituciones y Fianzas, sobre la posibilidad de que estas instituciones cuenten con un modelo interno para calcular su requerimiento de capital y solvencia, significa un primer paso, pero demasiado importante.
Con esto cada institución podrá tomar en cuenta sus propias necesidades en el cálculo sobre el monto del capital que demandan, a diferencia de lo ocurrido hasta el momento, donde es la autoridad quien establece una regla única aplicable.
Debido a las facultades que se otorgarán, es menester que el modelo sea autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para evitar impunidad en las decisiones tomadas por los sujetos a regular.
Del mismo modo la incorporación del seguro de caución el cual consiste en el pago de una indemnización al asegurado, a título del resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos en el contrato del seguro al producirse las circunstancias abordadas, en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro, representa un factor de estabilidad para la actividad económica, lo cual permitirá condiciones más óptimas y eficientes.
Entre las principales ventajas de este seguro, se encuentran, la regulación de las asociaciones público privadas, con lo cual se podrá proteger al gobierno, al representar un menor costo que cualquier tipo de garantía o aval bancario y una mayor accesibilidad por las partes involucradas.
Por último celebramos la reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro, ya que con esto se perfecciona el régimen de los seguros obligatorios y se otorga mayor certidumbre para los asegurados.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Tomás Torres Mercado: Señora presidenta, a mí me parece que éste es un asunto de la mayor importancia en el sistema financiero nacional. Hablar de seguros es establecer mecanismos para hacer frente a contingencias, a riesgos; la fianza en México es una institución fundamental para el cumplimiento de obligaciones, particularmente en los actos de gobierno: contratos, procedimientos de ejecución en materia fiscal y demás.
Como abrigo la esperanza de que esta asamblea preste algo de atención y en virtud de la importancia del dictamen, le voy a entregar y a pedir, Presidenta, que incorpore al Diario de los Debates consideraciones emitidas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ya que no se dio oportunidad de que el presidente, el diputado Trejo Reyes, diera razón de los beneficios para los usuarios y para el país de tan importantes ordenamientos.
Aquí a veces se reclama el que alguien se exceda en un minuto o en cuatro, pero yo quisiera constatar quién le dio lectura a este dictamen de casi 500 cuartillas. Qué estamos discutiendo. Discutimos un dictamen que tiene su origen en una minuta del Senado de la república que expide una nueva ley de seguros y de fianzas y adiciona otras disposiciones en materia de la ley sobre el contrato de seguro.
Alguien me decía en m curul: di algo con relación a la actitud de los agentes de seguros y de los declinamientos repetidos en el pago de las pólizas que amparan ciertos beneficios para los usuarios. Sería importante dar la discusión.
Creo que esta ley trae sin duda bondades. En principio porque fortalece el régimen prudencial. Qué es eso. Es decir, establece mecanismos para que en materia de seguros o de fianzas, cuando se pagan los riesgos o se cubren las obligaciones de una póliza de fianza, no caigan en la insolvencia las instituciones, que son parte del sistema financiero de un país.
Y tiene importancia pensando en el marco de la crisis financiera de 2008; es necesario recurrir a otros mecanismos para soportar los estudios actuariales y construir las reservas técnicas de seguros y de fianzas para que sea posible hacer frente a las contingencias o al cumplimiento de obligaciones derivadas de los contratos respectivos.
Creo también que es buena para el país, es buena para los usuarios porque se avanza en transparencia, en gobierno corporativo de las instituciones financieras, se establecen otros mecanismos de seguros y de fianzas para –decía– el respaldo técnico, pero además se le da facultades a la Condusef; se abunda a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas quienes tienen facultades normativas y de control.
Algo importante, al tiempo que agradecemos, en una materia que requiere conocimiento especializado, conocimiento técnico, el haber ilustrado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, dejarles una tarea: lo que la ley no diga, tiene facultades para emitir lineamientos normativos, para emitir criterios generales con el propósito de que en materia de seguros las letras chiquitas se conviertan en letras grandes, y que la propia Comisión Nacional, que la Comisión de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros apliquen la ley.
No diré más, compañeras, compañeros, la importancia de esta ley tiene que ver con otros aspectos, más productos, mayor competencia, coberturas de naturaleza nueva, el seguro de caución. Decía también, sobre todo ponernos en el tono de las modificaciones internacionales de las que México no puede estar ausente, pero sobre todo, démosle armonía a los productos, a los bienes públicos que este Congreso ya dio en 2005 en materia de Mercado de Valores y en 2008 en el asunto financiero.
Valoro su atención, y también abrigo la esperanza de que en el Canal del Congreso algún usuario nos vea y que sepa que este Congreso da bienes públicos, precisamente para el bienestar nacional.
Gracias, presidenta, y por su acuerdo de incorporar al Diario de los Debates el argumento del presidente, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Y, por supuesto, se obsequia su solicitud. En el uso de la voz, el diputado Fernando Cuéllar Reyes, de la fracción parlamentaria del PRD.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con su venia, diputada presidenta.
Queremos, igual que lo hizo el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Isabel Trejo y mis compañeras y compañeros diputados que me antecedieron, felicitarnos por esta nueva ley.
Sin duda es un gran esfuerzo de las dos colegisladoras. Es un esfuerzo muy importante del Senado de la República que reconocemos, siempre hay la disyuntiva de que si hay que perfeccionar algunos temas, y acordamos, y fue un acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, que hay elementos que todavía nos preocupan sobre todo en términos de los derechos de los usuarios, en términos de lograr que efectivamente la autoridad competente, las instancias reguladoras cumplan sus finalidades a cabalidad.
Pero había que tomar una decisión, y el grupo parlamentario se suma a esa decisión de que hoy esta nueva iniciativa que integra dos leyes que ya existían sobre fianzas, y que además mejora y armoniza la Ley sobre el Contrato de Seguro, vayamos a favor.
Ya nuestro presidente hizo una serie de señalamientos de las bondades, nosotros quisiéramos adicionar también que sin duda estos instrumentos que se refieren al seguro, a los seguros, a las finanzas, a las sociedades mutualistas, son un componente fundamental del sistema financiero. Hay que darle una dimensión y de ahí la perspectiva también que tiene para el crecimiento y para el desarrollo de nuestro país. Por eso, como bien lo comentaba el Grupo Parlamentario Verde Ecologista, no es cualquier ley, es una ley importante, luego vemos la idea de ciertas leyes estructurales de grandes reformas, pero a veces no tomamos en cuenta que hay componentes como éste que se suman y que sin duda serán grandes detonadores.
También reconocemos que tampoco está todo resuelto, hay una crisis económica estructural que hace ver que no necesariamente los ciudadanos, no es que no tengan una cultura de este tipo de instrumentos, el asunto es que no hay condiciones económicas para usar estos instrumentos y que además, y así lo hemos comentado también y felicitamos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por todo ese esfuerzo que también se tuvo en esta iniciativa, hará falta generar una cultura en esta materia y hará falta darle la difusión, comunicar a los ciudadanos la importancia que tiene haber fusionado e integrado estas dos leyes y hoy tener entonces una serie de bondades al respecto.
Yo quiero insistir en que el sistema financiero a partir de esta ley, a partir de esta actualización obliga entonces a que las instituciones determinen mediante su sistema de administración, el techo financiero que requieren para cumplir con sus obligaciones.
Está claro, vamos por un asunto de solvencia, un asunto de seguridad y sobre todo –y esto es muy importante– un elemento relevante que tiene que ver con los derechos de los usuarios de estos instrumentos, el llamado seguro de caución, que consiste efectivamente en el pago de una indemnización del asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites previstos en el contrato de seguro, al producirse las circunstancias acordadas en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro de sus obligaciones contractuales. Esta figura se pretende que entre en competencia con los productos que actualmente se ofrecen en el ramo, como son la fianza y la carta de crédito.
Insistimos, no a las letras pequeñas, no a todos esos trámites engorrosos, donde el usuario de los seguros busca cubrir ese riesgo y no obtiene respuesta de manera oportuna.
Por eso finalmente quiero expresarles, que vamos a estar muy atentos para que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Fianzas y de Seguros puedan tener todo el cuidado y la responsabilidad para que la reglamentación secundaria sea pertinente, sea consistente con este esfuerzo.
No todo va a estar en la ley, aquí están los grandes principios, ahora necesitamos que estas leyes reglamentarias, que esta reglamentación secundaria, para ser más exacto, cumpla su cometido.
Enhorabuena. Y el Grupo Parlamentario del PRD, sin duda, estará apoyando éste y otros instrumentos que favorezcan el crecimiento, el desarrollo y que atienda los derechos de los ciudadanos de los usuarios de estos servicios. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. En el uso de la voz el diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Glafiro Salinas Mendiola: Con su venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos 12 años se ha trabajado arduamente en fortalecer nuestra economía, con un sistema financiero sólido, eficiente y competitivo.
En este camino, la labor de las instituciones de seguros se ha convertido cada vez más en un mecanismo financiero, de protección contra riesgos que enfrentan las familias, las empresas y los propios gobiernos, lo que ha promovido su expansión de forma significativa, fortaleciendo el proceso de inclusión financiera en nuestro país.
Algunos indicadores recientes nos ilustran de la contribución que este sector ha tenido en la vida económica y social de nuestro país, que nos ayudarán a comprender el valor de este Poder Legislativo de la Unión, que aportará con la aprobación del presente dictamen.
Entre el 2000 y el 2010, el valor de los activos de este sector se han triplicado, la participación de los seguros en la economía pasó de representar un 1.8 por ciento en el año 2000 al 5 por ciento en el año del 2010.
Las reservas técnicas del sector están cerca del 80 por ciento de sus activos totales. La prima directa real del sector se duplicó en los últimos 10 años y la penetración de los seguros en la población, es decir, la promoción de la cultura de la prevención del riesgo de parte de este sector se ha mejorado notablemente.
En el año de 1990 representó apenas el 26 punto 5 por ciento. Para el 2010 el porcentaje se situó en el 70 punto 5 por ciento.
Amigos y amigas legisladores, con el propósito de aprovechar el esfuerzo realizado en el sector asegurador y afianzador y continuar contribuyendo en su crecimiento y consolidación del sector financiero en beneficio de los mexicanos, los diputados de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, ya que estamos convencidos de que con las reformas este sector podría ser, en un futuro, entre otros beneficios, el de contribuir con el sistema nacional de pensiones, aprovechando su infraestructura y su experiencia.
También complementará, con su experiencia, el manejo de coberturas de gastos médicos, de salud, que tan importantes son para nuestro país.
También, de manera muy importante, aprovechará los efectos negativos que genera el cambio climático, al disponer de esquemas de seguridad que permitan cubrir las pérdidas económicas, resultado de estos fenómenos naturales.
Amigos y amigas diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está convencido que la promoción de la cultura de la prevención de riesgos es prioritaria en nuestro país, por lo que el dictamen que la Comisión de Hacienda y Crédito Público nos presenta en esta ocasión ante el pleno, busca, precisamente, continuar apuntalando el aseguramiento en el desarrollo social y económico de México.
Si bien estamos convencidos de que la industria aseguradora ha venido ganando tamaño dentro del sistema financiero y en nuestra economía, con la aprobación de este dictamen nuestro país dispondrá de un modelo de avanzada que permitirá una mejor identificación y medición de los riegos. Lo que a su vez permitirá establecer contratos de adhesión más accesibles a las necesidades de más y nuevos usuarios, con costos menores que mejorarán la cultura de este sector.
Pero más importante aún, porque estas reformas potencialicen el desarrollo del sector asegurador hacia estándares internacionales de avanzada, conjuntamente con una mayor promoción de la cultura de los mexicanos a la previsión de los riesgos.
Por todos estos argumentos, la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Herrera Delgado: Con su permio, señora presidenta. Hay buenas noticias para la sociedad cuando en este Congreso los legisladores coinciden y construyen normas que protegen y favorecen a los mexicanos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa sobre la minuta que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas es de gran relevancia, pues pretende garantizar que tanto las aseguradoras como las afianzadoras cuenten con la solvencia, la estabilidad y la seguridad financiera para cumplir cabalmente con sus obligaciones y dar un paso adelante en materia de regulación de seguros, lo que sin duda alguna será bueno para el país y para los usuarios.
Es momento de que las instituciones de seguros y fianzas se expresen con transparencia hacia usuarios para evitar abusos y confusiones que únicamente perjudican a la población, favoreciendo simultáneamente a la cultura del seguro, ya que se trata de un elemento auxiliar para garantizar el patrimonio de las familias mexicanas y coadyuvantes de los gobiernos, ya que los seguros funcionan como una red de seguridad en los casos de contingencias financieras, por lo que es menester avanzar en la materia fortaleciendo y regulando el sistema de seguros y fianzas con el objeto de beneficiar a los usuarios y siempre velar por sus intereses.
Esta nueva ley que se pone a su consideración abroga la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, asimismo la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que sistematiza, integra y facilita el ordenamiento en esta materia.
Las diputadas y los diputados de mi grupo parlamentario nos pronunciamos a favor de este dictamen, ya que significa robustecer el marco jurídico de los sectores de seguros y de finanzas; y asegura una mayor solvencia, estabilidad y seguridad conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales, siempre bajo el principio de lograr un desarrollo sano y ordenado de las instituciones, protegiendo y salvaguardando los intereses de los consumidores.
Una modificación de especial importancia es la que aborda el nuevo marco legal, son las normas prudenciales en matera de solvencia. La nueva ley considera que mediante una fórmula general o modelos internos las instituciones determinarán el capital necesario para cumplir con sus obligaciones de acuerdo con sus riesgos, ya no será la autoridad la que establezca la regla única aplicable a todas las instituciones para calcular el monto de capital que requieren, como sucede actualmente, la cual en ocasiones no considera necesariamente las particularidades que tiene cada una de las instituciones.
En otro aspecto se dispone que las instituciones deberán de contar con un sistema eficaz de gobierno corporativo que garantice una gestión sana y prudente de su actividad cuya instrumentación y seguimiento será responsabilidad de su consejo de administración.
De igual forma plantea una redistribución de las facultades que tienen asignadas las autoridades financieras, básicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues de esta forma se delimitan sus ámbitos de acción de manera precisa y clara armonizando la regulación aplicable a las aseguradoras y afianzadoras con las reformas que se efectuaron a la Ley de Instituciones de Crédito de 2008 y a la Ley de Mercados de Valores de 2005.
Respecto a la reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro tiene como propósito incorporar las reglas específicas relativas al contrato de seguro de caución que permitirá ampliar la gama de instrumentos financieros disponibles en el mercado y perfeccionar el régimen de los seguros obligatorios, regular la concurrencia de seguros en el caso de seguros contra la responsabilidad y algunas otras precisiones que buscan dar certidumbre a los asegurados y beneficiarios en la contratación de estos seguros.
Estas modificaciones en las regulaciones de seguros y fianzas se traducen en el fortalecimiento de la primera red de protección de los usuarios y se logran mayores beneficios para los usuarios, a saber:
1. Los usuarios tendrán mayor información para decidir con qué instituciones podrán realizar sus operaciones de seguros y fianzas, estimulando una mejor atención de las empresas.
2. Se logra estimular la competencia e innovación en el mercado, ya que se crearán tipos de productos más acordes a las necesidades de los usuarios y éstas serán más accesibles para la población.
3. Otra de las bondades de la reforma es que fortalece la confianza de los usuarios, ya que se propicia una mayor transparencia.
Sin embargo –para terminar–, dos son los principales beneficios para nuestro país. En primer lugar con estas reformas legales México estará a la altura de los máximos estándares internacionales en la materia, al nivel de Alemania y Holanda y por arriba de Reino Unido y Estados Unidos de América hecho que provocará con una mayor estabilidad, requisito indispensable para el financiamiento de las actividades productivas y generar mejores condiciones para el empleo. Y en segundo lugar estas reformas legales buscan una inclusión financiera que logrará que un mayor número de mexicanos puedan protegerse de riesgos personales y patrimoniales.
Porque es bueno para el país y bueno para la sociedad y para la protección de los mexicanos; es por esto que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. No habiendo más oradores ni artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley sobre el Contrato de Seguro.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a alumnos del Colegio Cristóbal Colón; del Colegio Marista de Tepic, Nayarit, de preparatoria, invitados por el diputado Roy Gómez Olguín.
Así como también a alumnos del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Ossiel Omar Niaves López.
Así como también a alumnos de la Universidad del Continente Americano, plantel San Luis de la Paz, Guanajuato, estudiantes de Derecho, invitados por la diputada Petra Barrera Barrera. Sean todos bienvenidos a esta su casa, la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, le informo que se emitieron 423 votos en pro, 12 en contra y 1 abstención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos el proyecto de decreto que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se pide a la Secretaría dar cuenta con tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política, uno que tiene que ver con cambio en comisiones, el primero; otro más que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y uno más con la convocatoria para consejero del IFE. Empiece usted, por favor, con el de cambio en comisiones.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Junta de Coordinación Política. Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI:
Comisión de Protección Civil
Alta, diputada Martha Gutiérrez Manrique, secretaria.
Movimiento solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Comisión de Turismo
Baja, diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante.
Comisión de Desarrollo Social
Alta, diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante.
En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados, comuníquense.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe con el otro que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Acuerdo. Único, la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo considere prioritarias las actividades del sector social de la economía para impulsar el crecimiento económico del país.
Firmado por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Junta de Coordinación Política. Acuerdo
Primero. Se aprueba la convocatoria para participar en el proceso de selección del candidato o candidata a ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2013-2019.
Segundo. Se instruye a la Secretaría General a proveer a la Comisión de Gobernación de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, así como al área de Comunicación Social y al Canal del Congreso, a dar la más amplia difusión a la presente convocatoria.
Transitorio. Único. La presente convocatoria entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero de 2013.
Firman: diputado Luis Alberto Villarreal García, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, diputado Arturo Escobar y Vega, diputada Lucila Garfias Gutiérrez. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea: esta Presidencia ha recibido registro de oradores en este asunto y actuará en estricto rigor con el artículo 106 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
Luego entonces, les voy a leer la lista de oradores para que no haya reclamos y nadie se llame a robado en el procedimiento. Don Marcos Medina Filigrana vendrá en contra; luego don Héctor Gutiérrez de la Garza a favor. Luego don Ricardo Monreal en contra y don Gilberto Hirata Chico a favor. Luego Rubén Camarillo Ortega en contra y finalmente don Manuel Huerta Ladrón de Guevara también contra.
Inmediatamente después consultaremos a la asamblea si está suficientemente discutido. De ser en positivo, tomaremos la votación; si la asamblea no lo autoriza, entonces vendrán don Ricardo Mejía y don Miguel Agustín Alonso Raya.
Don Ricardo Mejía, con qué objeto.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Hay una laguna jurídica en el Reglamento cuando se trata de este tipo de proposiciones; sin embargo, en un afán democrático y garantista, estamos planteando una propuesta para la base octava del proyecto.
Yo le pediría, Presidente, que nos considerara en la lista de oradores, antes de someterlo a consideración, para que quedara firme y el pleno conociera esta propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal puede dejar la propuesta y con mucho gusto la sometemos a la consideración del pleno en su oportunidad. Tiene el uso de la palabra don Marcos Medina Filigrana.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: Hace unos días la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votamos en contra del acuerdo que daba paso a esta convocatoria para elegir consejero en el Instituto Federal Electoral, que hoy se pone a la consideración de todos ustedes.
Votamos en contra en primer lugar porque se violentaron los procedimientos legislativos al inscribir fast track el documento en comento una hora y media antes de ponerlo a la consideración de nosotros y, en segundo lugar, votamos en contra porque percibimos que hay una premura inusitada de querer aprobar el nombramiento de un nuevo consejero electoral en el Instituto Federal Electoral.
Nosotros nos preguntamos por qué este interés de acelerar los tiempos. La ley reglamentaria en la materia, en su artículo 111, señala que ante la ausencia del consejero se nombrará otro en el más breve plazo. Y cuál es el más breve plazo, máxime que en este momento no es un año de elecciones federales.
Nosotros nos preguntamos ¿por qué esta premura en un momento en la que los órganos autónomos constitucionales pasan por una grave crisis de credibilidad? No solamente el IFE, ahí tenemos también el caso del IFAI.
Y decimos: por qué no dar tiempo a una reforma electoral a fondo, por qué no darnos tiempo a revisar los perfiles, el procedimiento, el método de elección del nuevo consejero.
Desde nuestro punto de vista ¿qué pretende el Partido Revolucionario Institucional al acelerar este procedimiento? Pensamos que quiere construir un madruguete legislativo, porque incluso en la convocatoria que se está hoy poniendo a consideración, establecen que no habrá moción suspensiva sobre el dictamen que presentará la Junta de Coordinación Política.
Pensamos que pretende consolidar la idea de que es una Consejería que le pertenece al PRI y que lleva manos en la elección del nuevo consejero. Pensamos que quieren seguir partirizando al IFE y no contribuir a que sea un órgano eminentemente ciudadano.
El Grupo Parlamentario del PRD votará en contra porque lo que nosotros queremos es fortalecer al IFE, porque lo que nosotros queremos es que sea un verdadero órgano autónomo, porque aspiramos a que se cristalice como un órgano ciudadano, porque queremos acabar con las cuotas partidistas y, sobre todo, porque soñamos, aspiramos, pretendemos y luchamos para que el IFE recobre su credibilidad, su solidez, como un órgano fundamental del Estado mexicano. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Héctor Gutiérrez de la Garza, lo escuchamos.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a señalar de manera diáfana por qué el Grupo Parlamentario del PRI está exigiendo que se emita la convocatoria para cubrir la vacante del Consejero General del IFE.
Porque nosotros sí queremos cumplir con la ley. La ley no está sujeta a negociación. Si desean modificar el método, presenten la iniciativa correspondiente, pero no vengan a desgarrarse las vestiduras, a intentar métodos, vamos a cumplir con la ley.
No sé lo que significa para ustedes breve plazo. Breve plazo es inmediatamente. Desean 18 meses como la última ocasión. Creen que con 18 meses de retraso las cosas funcionan, en lo absoluto.
Vamos a dejarnos de dobles discursos. Los primeros que debemos de cumplir la ley somos nosotros.
Por ahí hace algunos días vinieron aquí a argumentar con una tesis, por cierto no tesis de jurisprudencia, de 1994. Yo quisiera recordarles que ya hay jurisprudencia de 2010, probablemente se les extravió a la hora de subir a esta tribuna, pero deseo recordarles que en materia electoral la Corte ha señalado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera muy clara que breve término es de acuerdo a cada una de las circunstancias dado que los tiempos electorales son de momento a momento, y aquí hay expertos electorales.
Qué es lo que pretende el Partido Revolucionario Institucional, que cumplamos con la ley, que se tome en consideración una convocatoria muy similar a la que ya fue aquí aprobada, en la que se seleccione a la mejor persona para cumplir con que el Consejo General del Instituto Federal Electoral como lo prevé la Constitución, debidamente integrado y no a servicio a la carta de alguien que viene a esta tribuna a tratar de argumentar aquello que no tiene ninguna solidez.
Más adelante nos vamos a encontrar con una reserva que es lo más cercano a un juego de cubilete. No, los consejeros no salen por sorteo, señor, salen de acuerdo a las circunstancias de cada uno de ellos.
Es por tal motivo que el Grupo Parlamentario del PRI exige el voto a favor en cumplimiento de la ley, no como beneficio o canonjía de ningún grupo parlamentario. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz, en contra.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, nos hemos inscrito en contra por varias razones.
Primero, porque esta convocatoria no ha sido debidamente consensuada, sí ha sido suscrita por la mayoría de los integrantes y representados en sus coordinadores, pero miren, más allá de argumentos fofos, falsos, de leguleyo, de abogado huizachero de pueblos sin ley, porque no es cierto que hayan respetado la ley, menos el PRI.
Yo creo que el PRI debería ser más cuidadoso. No es necesario este tipo de argumentación hueca, simplemente hagan valer su mayoría como lo han hecho hasta ahora, pero no puede negar el PRI que el Consejo General del IFE atraviesa por una de las etapas más grises de su historia, de su existencia.
No puede negar el PRI ni nadie, que los consejeros electorales se han conducido, en su mayoría, con parcialidad, con subjetividad, con sometimiento y subordinación. El IFE está sometido al gobierno y al PRI, digámoslo con todas sus letras.
Su composición y actuación no garantiza que se cumpla con los principios rectores del proceso electoral. No va a cambiar el IFE nada con esta sustitución. Esta sustitución parcial de uno de sus miembros, que por cierto era de los hombres más respetados en el pasado y que sale lamentablemente deteriorado en su imagen, frente a actos confesados de profundo sometimiento al PRI, donde exoneraron al PRI de un caso vergonzoso el Monexgate.
El asunto de Elba Esther es cosa de niños frente al Monexgate. Ése es el tema de fondo, ése es el tema de fondo. Los consejeros deberían, desde aquí les hacemos un llamado, los consejeros electorales deberían, por el bien de la nación, renunciar a sus cargos. Los cargos de los órganos autónomos, entre ellos el IFE, están aderezados de un profundo sentimiento y sabor partidista.
La Cámara de Diputados sí tiene la obligación de buscar mecanismos de selección que se acerquen a los principios rectores del proceso electoral. ¿Qué hay de malo plantear métodos innovadores? ¿Por qué la descalificación de buscar mecanismos que se acerquen a la garantía del respeto a la equidad, a la imparcialidad, al profesionalismo? ¿Cuál es el problema?
Por esa razón nosotros no avalaremos esta convocatoria, porque está orientada, de nueva cuenta, a designar uno de los incondicionales del IFE que estarán sometidos al PRI. Y advertimos desde ahora, que no los acompañaremos, porque lo que el IFE requiere es una refundación. Sus consejeros electorales son personas parciales que violaron el proceso electoral y violaron la Constitución.
Todas las resoluciones o muchas de las resoluciones del IFE han sido combatidas en el tribunal. Ahora les digo una cosa, actualmente está sub júdice el Monexgate en el Tribunal Electoral.
Hemos solicitado que se recuse la magistrada Alanís, por su alta parcialidad a favor del PRI. Ella no puede estar ya en los órganos de justicia electoral. Ella y otros consejeros deberían renunciar, deberían renunciar a los cargos para los cuales fueron electos.
Por último, ya tengo una buena opinión como académico, de Sergio García Ramírez. Lamento la forma en que terminó. De verdad lo lamento, como académico. Al menos él tuvo la honra de renunciar. Les pregunto a los que están, ¿a qué horas renuncian, señores consejeros?
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Gilberto Hirata Chico, del PRI, a favor.
El diputado José Ángel González Serna (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado? A ver, permítame. Sonido en la curul del señor diputado.
El diputado José Ángel González Serna (desde la curul): Para ver si me permite una pregunta el diputado Monreal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya se fue. Don Gilberto Hirata tiene usted el uso de la voz.
El diputado Gilberto Antonio Hirata Chico: No he escuchado ningún argumento jurídico en contra de la emisión de la convocatoria. Solamente discurso político.
Señor presidente. Compañeros legisladores, si bien es cierto, el artículo 111 nos argumenta que en caso de vacantes de consejeros legislativos, presidente que dirigirá la Cámara de Diputados o en su caso, la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, a fin de que se haga una designación correspondiente.
Segundo. Al darse la falta absoluta de consejero presidente o de cualquier consejero electoral, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo, a elegir a su sustituto, a quien concluirá su periodo vacante.
Interpretación gramatical que nos señala la jurisprudencia, la siguiente. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, más denota idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobreentendida.
Breve significa, de corta duración o extensión. Y plazo, término o tiempo señalado para una cosa.
De lo anterior se entiende claramente que en el más breve plazo, y esto, repito, lo señala la jurisprudencia, significa realizar una cosa en un tiempo de corta duración.
Razonamiento. El legislador estableció la prontitud de la sustitución agregando más, pero sobre todo, la naturaleza del órgano, su composición impar que garante para la toma de decisiones.
Señores legisladores, el IFE no únicamente tiene actividades electorales en los procesos, tiene actividades permanentemente y tiene numerales impar, por tanto, es responsabilidad de nosotros votar y proponer quién ocupará esta vacante.
El IFE tiene actividades, no únicamente con fines de asegurar el voto de los ciudadanos. Tiene actividades permanentes de empadronamiento, de distritación, de trabajo permanente en todo su órgano electoral, en todos los distritos, por tanto es responsabilidad de este Congreso cumplir con esta convocatoria. Por tanto no hay que reducirnos, al contrario, hay que darle énfasis y cumplir con una responsabilidad que nos está demandando el órgano que dirige los procesos electorales en México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado. Don Rubén Camarillo, tiene usted el uso de la voz, en contra.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hay que decirlo con claridad, el IFE el día de hoy es una vergüenza y la ruta de esa infamia empieza aquí, en la Cámara de Diputados, por la elección de los consejeros electorales.
Y déjenme decirles por qué es una vergüenza. Es una vergüenza que el PRI ahora nos exige el voto a favor, nos exige el voto a favor. ¿Quiénes son ustedes para exigir algo a sus pares, que son diputados como ustedes? ¿De dónde sale esa actitud prepotente?
Solamente encuentro una respuesta. Se sienten, compañeros priistas, que van a sustituir a uno de los suyos en el IFE, por eso lo quieren hacer rápido, porque piensan que les pertenece ese asiento en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Pues creo que no les asiste la razón.
Si alguien todavía tiene duda del por qué creo que creen que les pertenece ese asiento habría que leer un poco los antecedentes del señor Sergio García Ramírez. Para los que está muy jóvenes, compañeros diputados, a lo mejor no se acuerdan. Pero, miren, el señor Sergio García Ramírez fue procurador general de la República con Miguel de la Madrid, fue secretario del Trabajo con José López Portillo, y fue precandidato presidencial del PRI, seguramente por eso creen que les pertenece ese asiento en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Están equivocados, no les pertenece.
Por otro lado, la postura del Partido Acción Nacional es clara, estamos en contra porque no se han resuelto dos funciones específicas que hemos solicitado aquí en la Cámara de Diputados.
Primero. Hemos insistido una y otra vez que antes de pensar en sustituir a este consejero que hoy se ha ido, como aquél que tira la piedra y esconde la mano –puesto que él, este consejero del Instituto Federal Electoral, fue quien hizo la diferencia en la votación empatada donde se absuelve impunemente al PRI y a su candidato a la Presidencia de la República del caso Monexgate, eso también es una vergüenza–, hemos insistido pues, aquí en la Cámara, en que se requiere la comparecencia de todos los consejeros electorales para que vengan aquí a esta soberanía que los nombró a explicar su conducta tan reprochable en el proceso electoral que acabamos de terminar. No podemos elegir al siguiente si no hemos cerrado el proceso anterior, y ésa sí también es una obligación de la Cámara de los Diputados, traer aquí a comparecer a los consejeros actuales del Instituto Federal Electoral.
Termino, presidente, con dos reflexiones. No se equivoquen, compañeros y compañeras del PRI, les tenemos respeto a todos y cada uno de ustedes, a su coordinador lo respetamos; pero no se equivoquen, somos y seremos los panistas una oposición responsable, pero no sumisa y mucho menos seremos cómplices de los apetitos del poder ciego del gobierno y de su partido. No se equivoquen con los diputados del PAN. No olvidamos que venimos de un proceso cuestionado. No olvidamos lo que se ha venido a decir aquí en la tribuna.
Por eso termino diciéndoles, por qué tanta prisa, ¿tienen algún pendiente? Yo creo que sí. Y les voy a decir cuál es el pendiente que tienen los compañeros del PRI con respecto a esta elección —estoy por terminar—. Dejen les digo cuál es el pendiente que tienen ahí en el IFE, que sea reabierto el caso Monex y quieren otra vez el voto del desempate para una vez impunemente salirse con la suya. No se los vamos a permitir.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, tengo un orador más en contra...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Espéreme. Pero en estricta aplicación del 106, hay alguien que ha pedido la palabra a favor y vamos a darle la palabra a favor a Arturo Escobar y Vega, e inmediatamente después, aun cuando no es estrictamente la aplicación del 106, vamos a darle la palabra a Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente. Con todo respeto no entiendo la posición del diputado Rubén Camarillo a quien considero uno de los legisladores más destacados de este país.
Qué posición parlamentaria puede justificar el decir cuál es la prisa para complementar un órgano constitucional autónomo... Señor presidente. Al diputado Camarillo se le permitió hablar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por favor, les rogamos a los integrantes de la asamblea atiendan con respeto y consideración a don Arturo Escobar y Vega. Él los ha escuchado de igual manera.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Éste es un órgano constitucional autónomo que contempla la Constitución, que tiene nueve integrantes. Ante la salida de don Sergio García Ramírez estamos obligados a tomar una definición. No entiendo la posición para buscar que tengamos ocho consejeros y como pasó hace un año, que se empataran definiciones y no asumir una posición de responsabilidad, que es lo que se trata.
Pero si queremos hablar de cómo se ha politizado este órgano, vamos a hablar de lo que ha hecho el PAN. Vamos a hablar de lo que ha hecho el PAN desde la constitución del Instituto Federal Electoral como un órgano autónomo constitucional, nunca ha habido ex consejeros que conformen el gabinete presidencial hasta que llegó el PAN.
Alonso Lujambio -que en paz descanse-, consejero electoral, secretario de Educación Pública en el gobierno de Calderón. Juan Molinar Horcasitas, consejero electoral y, al día siguiente que renuncia, consejero del Partido Acción Nacional.
Que alguien venga aquí a cuestionar la trayectoria de don Sergio García Ramírez, con todo respeto, con todo respeto, no tiene justificación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Arturo Escobar, el diputado Rodríguez Doval me pide le pregunte si acepta usted una pregunta.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Por supuesto que sí.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Haga su pregunta, diputado Rodríguez Doval.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul). Muchas gracias, presidente; muchas gracias, diputado Escobar, por su amabilidad. Le quiero hacer una pregunta.
Ya que usted ha mencionado al maestro Alonso Lujambio -en paz descanse-, quería preguntarle si usted conoce que precisamente Alonso Lujambio fue el que le puso una multa al PAN por el caso de Amigos de Fox, que incluso su partido también estuvo involucrado. Es decir, las preferencias políticas posteriores del maestro Lujambio, no lo cegaron para aplicar la justicia y, en su caso, ponerle una multa al Partido Acción Nacional.
No sé si usted conoce ese caso, eso es lo que le quiero preguntar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, diputado Escobar, por favor.
El diputado Arturo Escobar y Vega: No sé si usted, señor diputado, haya alguna vez litigado en el Instituto Federal Electoral. Quiero decirle que yo llevo 12 años litigando en ese órgano y estuve presente en esas sesiones.
Quiero decirle que el Partido Acción Nacional merecía en ese momento una multa de mil millones de pesos y, Alonso Lujambio, que en paz descanse y que merece todo nuestro respeto, presentó un proyecto de resolución donde al PAN se le multaba con 300; en el Consejo General, el pleno, se le aumentaron 200 más. Por supuesto que Alonso Lujambio y aparte su propia familia, eran una familia panista muy tradicional, pero lo que es realmente bochornoso es que un día después de dejar de ser consejeros, automáticamente se convierten en militantes del PAN. Ya no hay respeto a nada.
Y luego mi amigo Rubén Camarillo viene aquí y se da golpes de pecho y habla del caso Monex. Señores, el caso Monex está hoy litigándose en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Lo que estamos haciendo el Verde y el PRI, es simplemente someter a consideración, como es nuestra responsabilidad, el complementar la conformación del Consejo General del IFE a nueve integrantes.
A propósito, señor presidente, como todos ustedes lo saben y los que no se los informo, la elección de los consejeros electorales requiere de mayoría calificada. No podemos tomar la definición solos el PRI y el Verde. ¿Cuál es el temor de cumplir con nuestra responsabilidad? Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta, en el uso de la palabra. Perdón, don Manuel Huerta, para alusiones personales me está pidiendo la palabra Rubén Camarillo y tengo la obligación de otorgársela hasta por tres minutos.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, presidente. Qué bueno que se puede debatir en esta tribuna, porque me da la oportunidad de hablar de bochornos, lo que es bochornoso, como se dijo aquí.
Yo no voy a decir qué es bochornoso. Lo que es bochornoso es que en el caso Monex Gate, cuando la votación estaba empatada a cuatro y el señor Sergio García Ramírez se había excusado de participar en esa discusión y votación, porque aceptaba que tenía conflicto de intereses, súbitamente decide participar y con su voto se exonera impunemente al PRI.
La pregunta que les voy a dejar a todos ustedes, compañeros: ¿Quién creen ustedes que le habló al señor Sergio García Ramírez? ¿De dónde salió la presión que lo obligó después a renunciar?
Esa es la huella del dinosaurio que pretende regresar aquí, pero ¿saben qué? Se van a encontrar con cada uno de nosotros para impedirlo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es lo bueno de mantener una línea política congruente y manifestar que en 100 años, más de 100 años no ha habido sufragio efectivo en este país, no ha habido alternancia en el poder y no ha habido división de poderes.
Estamos a punto de ver otro golpe a la democracia porque vemos que, en efecto, el PRI no quiere cumplir la ley. Si esto se quisiera –aquí ya se ha dicho– se hubieran invalidado las elecciones presidenciales y no sufriríamos a Enrique Peña Nieto.
El día de hoy, si se quisiera cumplir la ley y hubiera voluntad política de transitar a la democracia, estarían renunciando los consejeros del IFE y esta Cámara estaría discutiendo una auténtica reforma electoral que permitiera esta transición a la democracia que tanto anhelamos y en la cual muchos siguen todavía patinando aquí con sus pactos por México.
A nombre de la fracción parlamentaria del PT, vengo a posicionar a nuestro partido y no vamos a estar de acuerdo con esta convocatoria porque no se cumple la objetividad, legalidad, imparcialidad e independencia a que obliga el artículo 41 constitucional.
En el debate nos interesa plantear lo que vemos que es la prisa para sacar esta convocatoria el día de hoy. Cuál es la prisa, dicen algunos, si no existe un proceso electoral en puerta. Pues será porque no han podido cerrar el anterior; ahí estamos atrapados justamente con el Monexgate, en efecto, con esta compra de votos que han hecho como sistema político los priistas y algunos otros y que, con políticas económicas empobreciendo al pueblo, luego llegan a comprarles los votos y así imponen en este caso a los presidentes, como ha sucedido en los últimos 30 años en este país y que estamos viviendo defraudación electoral.
En el PT pensamos que la urgencia de la designación, la manifestó el propio diputado Manlio Fabio Beltrones en una entrevista televisiva el pasado 7 de febrero del año en curso al señalar que el fin es que pueda desempatarse cualquier votación, sobre todo ahora cuando en el Consejo General del IFE se discuten temas de vital importancia como el tope de campaña de la elección presidencial, siendo el caso que ya también aquí hemos visto que el dictamen pendiente en el propio Consejo General del IFE devolvió, el 6 de febrero, con el sabido caso que hemos estado viendo de García Ramírez, que inclusive renunció y se abstuvo en esa votación.
Lo que vemos es que hay una intención en la lógica política que se aplica que es la de las cuotas. Se fue un consejero con filias al PRI y la nueva propuesta debe reunir el propio perfil y ya nada más se vuelve un trámite. Ni argumentar aquí, como dicen, temas como son la falta de establecer criterios y lineamientos para la evaluación de aspirantes.
En esta convocatoria cómo se va a hacer la evaluación curricular profesional y de experiencia, cómo se evalúa el ensayo solicitado, la entrevista, con qué técnica, con qué parámetros, con qué procedimiento se desahogan las objeciones a los aspirantes.
Estoy terminando, señor presidente. Porque no hay criterios de evaluación en esta convocatoria. ¿Por qué? Porque aquí lo traen planchado, es un congreso maquilador, ahora traen algunas diferencias los pactistas, ¿verdad? Vamos a ver cómo votan, no la convocatoria, cómo votan una vez que el PRI atropelle hoy a todos los diputados imponiendo esta convocatoria, después hagan los dos tercios para convocar a su consejero del IFE.
Por nuestra parte estaremos en contra y siempre estaremos reclamando el Sufragio Efectivo que no existe en este país y que a Enrique Peña Nieto lo juzguen todas las leyes de este país por lo del Monexgate.
Tranquilos diputados, tranquilos. No que mucha ley, que se las vamos a aplicar a todos los delincuentes, pues empiecen con el presidente de la República.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia va a preguntar si está suficientemente discutido tal y cómo lo anuncié al principio. De cualquier manera y sea cualquiera el resultado de esta consulta, vamos a permitir que desde su curul, el diputado Ricardo Mejía nos haga una reserva. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Ricardo Mejía nos lee su reserva, por favor, que inmediatamente después vamos a preguntarle a la asamblea sobre la misma.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Estamos presentando una reserva, independientemente de la convocatoria, para que cuando sea el momento, la elección del consejero o consejera electoral que habrá de reemplazar a Sergio García Ramírez, o en su momento a los demás consejeros, disponga en la base octava del proyecto que se ha circulado.
Que de la lista que remite la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, que proponen que sea de cinco elementos, cinco ciudadanos o ciudadanas que cumplen con los requisitos de elegibilidad y de idoneidad, que éstos sean por el método de insaculación determinado, quién es el consejero o consejera electoral.
Lo planteamos para evitar las cuotas partidistas y para evitar que siga la partirización del IFE. Es claro que la urgencia de un nuevo consejero tiene que ver, porque hoy en el IFE hay dos bloques y este voto le es muy importante al PRI para las decisiones, porque García Ramírez fue a lo de Monex y luego se fue. Por eso nosotros proponemos que sea por insaculación.
Contestando a algún diputado que no me aludió, pero se refería a mi propuesta, diré que esto se establece para los funcionarios de casilla, el método de insaculación, en el artículo 240 del Código Electoral.
Si en la base de la pirámide de la estructura electoral institucional, que son las mesas directivas de casilla, hay método de insaculación. Nosotros no entendemos por qué no debiese aplicarse un mecanismo similar para determinar al consejero o consejera electoral y de esta manera terminar con ese reparto de cuotas que ha sumido en el peor desprestigio al Instituto Federal Electoral.
La propuesta, el documento lo tiene la secretaria y le ruego que pudiera leerlo cómo viene el texto de la convocatoria y cómo viene el texto propuesto, que ese la base octava. Le pido, por favor presidente, y después que lo pueda someter a la consideración del pleno.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La convocatoria se conoce, sólo lea la propuesta.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Octavo. Antes del cierre del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondientes al primer año de ejercicio de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de la lista final de candidatos a la que se refiere la base séptima, se insaculará el nombre de la propuesta del candidato o candidata a consejero estatal del Instituto Federal Electoral para el periodo que concluirá el 30 de octubre de 2019.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico. Esta votación en estricto jure sería económica, sin embargo esta propuesta de la Junta de Coordinación Política ha concitado muchos bríos y energía y ánimos encontrados de parte de las bancadas, luego entonces esta Presidencia instruye que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, en el entendido de que el voto por el sí es para que se expida la convocatoria y al contrario, porque se devuelva a la Junta de Coordinación para su restructuración.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le da la bienvenida a los alumnos de la escuela preparatoria número 96 José Martí, del municipio del Valle de Chalco, Solidaridad, estado de México, invitados por nuestro muy apreciable diputado don Arturo Cruz Ramírez.
Saludamos a invitados de la diputada Maricela Velázquez Sánchez y del señor diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, unos que vienen del estado de Morelos y otros de la Universidad del Valle de México.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se les comunica a los diputados que falta un minuto. Cerrado el sistema electrónico de votación no se admitirá ningún voto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, en pro 230, en contra 224.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Dejo la conducción en las expertas manos de don José González Morfín.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Tiene la palabra por cinco minutos para fundamentar el dictamen, la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría.
La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría: Compañeras diputadas, compañeros diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre de la Comisión de Cultura y Cinematografía, someto a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada en la LXI Legislatura, por el diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del PRI.
La Comisión de Cultura y Cinematografía realizó el análisis y valoración de la iniciativa en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos.
Como legisladores coincidimos en la obligación de diseñar normas jurídicas que protejan los derechos de los autores, con el fin de salvaguardar los bienes culturales que se derivan, previendo un entorno jurídico propicio para quienes lícitamente producen y explotan las obras.
Lo anterior, constituye un incentivo para la producción de este tipo de bienes, como parte de un proceso evolutivo y como fuente de expresión, creación e innovación, lo que refuerza la identidad cultural de los pueblos.
La Ley Federal del Derecho de Autor tal como se encuentra actualmente, no contempla mecanismos ágiles y expeditos a favor de los titulares de los correspondientes derechos para hacerlos valer contra quienes los violan, lo que deja a la ley como una normatividad incompleta.
Por ello se propuso en la iniciativa, materia de este dictamen, la reforma de la fracción I del artículo 210, otorgándole al Instituto Nacional del Derecho de Autor la facultad de llevar a cabo visitas de inspección y de requerir informes y datos, tal como se considera en el reglamento de la misma ley en comento.
Por otro lado, se contempló también la modificación del artículo 151, al plantearse como argumento una supuesta contradicción entre éste, asentado en el texto original de la ley de 1996, y el 131 Bis, adicionado en el 2013.
La Comisión Dictaminadora considera que no existe tal, toda vez que el artículo 131 Bis se refiere a los derechos de autor, perdón. Toda vez que el artículo 131 Bis se refiere a los derechos que el autor puede ejercer con respecto a una obra propia y el artículo 151 se refiere a la interpretación de la autoridad competente para no sancionar cuando no se persiga un beneficio económico directo.
Asimismo, la iniciativa buscó modificar el artículo 213, a fin de eliminar la posibilidad, por parte de un individuo, de acudir para ejercer su derecho ante una vía administrativa previa a la jurisdiccional.
Aunque esta comisión considera prudente conservar el sentido actual del artículo vigente, la misma propone precisar que no será necesario agotar la vía administrativa para acceder a la jurisdiccional, adicionando un tercer párrafo al mismo artículo, atendiendo así a la inquietud del legislador proponente.
Por otro lado, la Comisión determinó procedente la propuesta de no establecer las multas, un solo monto, sino un rango para que la autoridad las determine.
En cuanto a la propuesta referente a que en materia de comercio un juez de distrito quede facultado para emitir resoluciones, esta comisión determinó que no es procedente establecer en la Ley Federal del Derecho de Autor, la vía especial para atender los procedimientos que violen los derechos autorales, ya que no se puede soslayar la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en lo que refiere a las infracciones en esta materia.
Por lo anterior, se propone que los tribunales federales, en cualquier caso, y el Invi, tratándose de infracciones en materia de comercio, estén facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.
Por lo anterior, se somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, consistente en la reforma de la fracción I del artículo 210, adición de un último párrafo al artículo 213, reforma a la fracción III del artículo 218 y reforma al artículo 235, para quedar como sigue:
Artículo 210. El instituto tiene facultades para:
I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos.
Artículo 213. Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente ley y su reglamento, no será necesario votar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.
Artículo 218. El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el instituto conforme a lo siguiente:
III. Se citará a las partes a una junta de avenencia apercibiéndolas que de no asistir se les impondrá una multa de 100 a 150 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la queja.
Artículo 235. Los tribunales federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las controversias que se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este decreto continuarán hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento de su inicio.
Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el dictamen, emitido en sentido positivo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición de su grupo parlamentario se concede el uso de la tribuna a la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias, presidente. El dictamen en estudio tiene por objeto incorporar adecuaciones y precisiones a la Ley Federal del Derecho de Autor, que protege y promueve la propiedad intelectual y los derechos económicos de las personas enfocadas a la realización de actividades artísticas y culturales en el país, así como de aquellos que lista y legítimamente producen y comercializan las obras.
La iniciativa en discusión considera la actualización de los instrumentos y mecanismos legales vigentes que amparan la producción de bienes culturales en México, al tiempo que agiliza y refuerza los medios jurídicos necesarios para salvaguardar el desarrollo y la ampliación de nuestra industria cultural.
En la exposición de motivos de la iniciativa hace suyas las especulaciones enunciadas en los distintos instrumentos internacionales, a los cuales México está adherido y vinculado a observar sus posiciones, en específico el Convenio de Berna, donde de manera por demás original y conducente con el crecimiento exponencial y global de las producciones artísticas establece una regulación por presunción de autoría sin la obligación terminante de registrar las obras.
La legislación vigente en materia de patrocinio y amparo a la producción intelectual se encuentra inmersa de tiempo atrás en contradicciones temáticas, empalmes jurídicos impropios y vacíos, articulados que la vuelven inequitativa e improcedente, particularmente en los aspectos relacionados a los procedimientos y temporalidades para iniciar acciones jurisdiccionales ante instancias administrativas en materia de infracciones.
La actual normatividad que preserva la propiedad intelectual fomenta de manera incidental la estructuración de procedimientos dilatorios e ineficaces, así como la producción de desórdenes y confusiones jurisdiccionales en detrimento de los creadores culturales.
Esta indefensión jurídica provocada por el deficiente diseño de los esquemas regulatorios de producción artística será corregida con los cambios que se proponen en este dictamen, particularmente con aquellos que determinan la competencia de los tribunales federales en los procesos de ejercicio de acción civil en defensa de los derechos patrimoniales, soslayando el actual impedimento legal de agotar necesariamente todas las instancias previas. De igual forma, estos tribunales quedan facultados para emitir resoluciones de suspensión de libre circulación de mercancías extranjeras.
Las modificaciones propuestas incluyen además, la posibilidad de llevar a cabo juntas de avenencias equilibradas e uniformes, con criterios más amplios y justos para el buen trámite y desahogo de las disputas, específicamente y en correspondencia con lo prescrito constitucionalmente con el establecimiento de rangos mínimos y máximos de multas, evitando con ello la generación de acciones autoritarias y tratamientos desproporcionados en contra de los particulares en conflicto.
De similar relevancia, el dictamen extiende las atribuciones del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial con objeto de evitar que en lo sucesivo su autoridad y acciones no se circunscriban únicamente en las tareas de investigación de presuntas infracciones administrativas, sino que también se constituya en una instancia con facultades legales para llevar a cabo visitas de inspección y de requerimientos de datos e informes, que le permita la imposición de sanciones lógicas y pertinentes.
De esta manera, las modificaciones que quedan plasmadas en la Ley Federal de Derechos de Autor en discusión, ampliarán y mejorarán los mecanismos regulatorios que pretenden proteger las realizaciones artísticas e intelectuales de sus creadores, al igual que los ordenamientos que permitan conferir mayor congruencia y transparencia a las fórmulas de posesión y reparto de los beneficios económicos resultantes, sin olvidar aquellos que determinan el uso, posesión y transferencia de los derechos patrimoniales.
La producción artística en México debe de ser protegida e incentivada. La creación intelectual es un bien difuso, pero no por ello imposibilitado a recibir observancia jurídica. Si bien resulta una labor compleja localizar con certeza los orígenes y autorías intelectuales a partir de los efectos desarrollados durante el proceso de despliegue cultural, lo cierto es que la determinación legal de su existencia le viene suya como consecuencia de los beneficios materiales que contrae.
En nuestro país la posibilidad de obtener beneficios económicos por los esfuerzos realizados por el intelecto se ven muchas ocasiones limitados o incluso eliminados por las prácticas ilícitas de reproducción y comercialización; ello ha conllevado al desaliento y a la inhibición de todo tipo de actividad artística capaz de resarcir eventualmente una ganancia: el plagio, el usufructo indebido, el despojo y la imposibilidad de generar un medio de vida a partir de la creación artística son algunos de los resultados de no proteger de manera conveniente los derechos de autor y la propiedad intelectual.
La cultura no solo es disfrute intelectual y proceso de erudición, es también un hacer material con secuela de signos y objetos, de monumentos y ganancias, de autores y destinatarios.
En el mundo contemporáneo la lógica que cubre la producción masiva de objetos y sus derivaciones mercantiles permea también las actividades propias del espíritu y del intelecto, convirtiendo sus efectos tangibles en una verdadera industria que debe de ser protegida por las leyes y las autoridades como a cualquier otra.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen en discusión, en la inteligencia que de aprobarse mejorará y ampliará los mecanismos jurídicos que coadyuven al desarrollo económico y cultural de la sociedad. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. En virtud de que no hay otra intervención solicitada, ni artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la escuela Secundaria oficial 807 José Rosas Moreno, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Reynaldo Navarro de Alva. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
También saludo con mucho gusto a un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey, campus Santa Fe, que están hoy aquí invitados por el diputado Homero Niño de Rivera. Bienvenidos a esta sesión.
Saludamos también al licenciado Alejandro Arregui Ibarra, secretario técnico del Infonavit, que está aquí invitado por diputados del PRI y del Verde del estado de Baja California. Bienvenido a esta sesión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): A favor.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): A favor.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio León Mendívil (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Manuel Bautista López (desde la curul): A favor.
La diputada Verónica Sada Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada Elvia María Pérez Escalante (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 425 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 425 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley Federal del Derecho de Autor. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o Bis a la Ley General de Salud. En virtud de que los tres dictámenes que tenemos a continuación son de la misma comisión, en una sola intervención el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Isaías Cortés, fundamentará dichos dictámenes. Se le concede el uso de la voz.
Si me permiten, aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de personas que nos visitan de los municipios de Ixtapaluca y de Los Reyes, La Paz, invitados por la diputada Leticia Calderón. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
El diputado Isaías Cortés Berumen: Con su venia, señor Presidente. La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social, es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá.
La idea puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala celular y social. El estilo de vida, el tipo de hábitos y las costumbres que posee una persona pueden ser benéficos para la salud. A grandes rasgos, la salud puede reconocerse y analizarse desde dos perspectivas: la de la salud física y la de la salud mental, aunque en realidad se trata de dos aspectos relacionados entre sí.
El filósofo alemán del siglo XX Arthur Schopenhauer dijo que la salud no lo es todo, pero sin ella no tenemos nada. Este concepto es muy ilustrativo si tenemos el ejemplo de una persona que no goza de un buen estado de salud. Esta persona puede no ser productiva, representaría un costo a la sociedad y una carga a la familia.
Al contrario, una persona saludable tiene posibilidades ilimitadas para desarrollarse plenamente en cualquier ámbito. Mil millones de adultos en el mundo tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos. Si no se actúa, esta cifra superará a los mil 500 millones en 2015.
Cerca del 70 por ciento de los mexicanos se encuentra con sobrepeso, y no es un problema exclusivo de los adultos. Los menores también son víctimas de esta situación. Es un tema que se debe atender de manera directa, oportuna e integral.
El apoyo de la comunidad y del entorno es fundamental para influir en las selecciones personales y evitar la obesidad. La responsabilidad individual sólo puede ejercer plenamente sus efectos cuando las personas tienen acceso a un modo de vida saludable y reciben apoyo para elegir opciones saludables.
En este sentido, es necesario empoderar al consumidor para tenga la información suficiente y clara, y así tener las herramientas suficientes para tomar la mejor decisión.
La etiqueta de los alimentos debe ofrecer entonces información más completa, clara, útil y precisa acerca de las cualidades nutritivas de los alimentos y así lograr que adquieran una función social importante a la educación alimentaria, además de servir al consumidor como una alternativa a la protección.
Actualmente vemos que la declaración nutrimental complementaria y obligatoria que se establece en la norma oficial mexicana para el etiquetado de alimentos no es acatada en su totalidad por las distintas empresas productoras y se observan claramente productos que con tal de aumentar sus ventas, no cumplen con la normatividad vigente en esta cuestión.
Un ejemplo, serían los empaques que promueven o incentivan la compra de alimentos que prometen ser de mejor calidad o light, ligeros, bajos en grasos, altos en fibras o cualquier otra afirmación en salud, en ocasiones sin ningún fundamento legal.
En ocasiones se generaliza a los ingredientes con términos como “sin azúcar” o se incluye leyendas en los cuales se niegan o esconden el resto de los ingredientes de los alimentos, por lo que se propone acatar con lo establecido de la fracción 3.22 de la Norma Oficial Mexicana 051, dando carácter de obligatoriedad a la declaración nutrimental complementaria como a la previamente establecida.
De esta manera fomentamos, educamos y promocionamos una cultura en medicina preventiva en nuestro país.
Por otra parte, la Ley General de Salud fue publicada en el 84 en el Diario Oficial de la Federación, se le han hecho múltiples modificaciones; sin embargo, no cuenta aún con una definición de salud. Resulta entonces trascendental la inclusión de esta definición en el artículo 1 Bis. Esta definición es la misma formada por la propia OMS.
Finalmente, en referencia al proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter, de la Ley General de Salud, cabe mencionar que el pasado 23 de marzo de 2010, esta soberanía aprobó cambios en el mismo artículo, con ello se aumentaron las penas para quien adultere, falsifique, contamine o altere medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos de sus envases finales para uso o consumo humanos, o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones o los venda.
Este fue un gran avance contra la piratería de medicamentos, pero sobre todo lo fue en beneficio de la salud de los mexicanos. En este sentido es importante que las mismas penas se establezcan para que vendan medicamentos caducos, porque además de que su venta es un acto fraudulento, pone en riesgo la salud de quienes los consumen.
La fecha de caducidad de los medicamentos se basa en la estabilidad del fármaco en su envase o recipiente original no abierto ni manipulado. La estabilidad de un producto farmacéutico puede definirse como la capacidad de una formulación particular en un sistema o envase específico para mantenerse dentro de sus especificaciones físicas, químicas, microbiológicas, terapéuticas y toxicológicas.
Así pues, la fecha de caducidad del medicamento en su envase original especifica que la actividad terapéutica se mantiene durante el tiempo indicado y que después de rebasarla se recomiende el desecho y la suspensión del consumo. Se asegura que una vez pasada la fecha de vencimiento de caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa al organismo.
Los medicamentos caducos no deben ser utilizados para combatir una enfermedad por que se juegue con la vida de quien los consume, especialmente de mexicanos de escasos recursos que no cuentan con Seguro Social y que lo han comprado en el mercado negro o en las mismas farmacias.
Más aún, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la Cofepris, precisó que en el mercado se venden muestras médicas que los laboratorios reparten para que sean entregadas de manera gratuita a los pacientes, medicamentos caducos, fármacos del sector salud y medicinas piratas o falsificadas.
Los legisladores y legisladoras tenemos la obligación de mejorar y adaptar las leyes, puesto que éstas deben someterse a las exigencias, adecuación, la proporción, la claridad y la exigibilidad del propio contexto en el que vivimos. Las reformas que hoy se proponen cumplen con la obligatoriedad con la que estamos comprometidos quienes conformamos la Comisión de Salud. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.
Para fijar la postura de su grupo parlamentario y también para referirse a los tres dictámenes, tiene el uso de la tribuna la diputada María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos es uno de los motores que impulsa el espíritu de Nueva Alianza, por eso, como representantes populares hoy damos la bienvenida a la aprobación del paquete de los dictámenes que adicionan el artículo 1o Bis, un párrafo segundo al artículo 210 y la reforma a la fracción III del artículo 464 Ter, todos de la Ley General de Salud.
Las sociedades contemporáneas tienen como principal característica el cambio vertiginoso de su vida interna, lo cual legislativamente constituye un reto a los órganos de gobierno para poner al día en diversas situaciones que surgen como parte de su diario devenir. De ahí la importancia de las reformas que hoy se pondrán a consideración en esta honorable Cámara de Diputados, pues el conjunto de modificaciones tienen como finalidad regular y precisar conceptos que han sido parte del debate público en materia de salud de los mexicanos.
Con respecto al dictamen del artículo 1o Bis, Nueva Alianza considera un reto importante dotar a la sociedad de los instrumentos legales en materia de las denominadas definiciones necesarias. Con esta reforma se avanza en el concepto que considera a la salud no sólo como la ausencia de enfermedades, sino de una serie de consideraciones para la construcción de unas políticas públicas que permiten ejercer el derecho humano a la salud, con lo que se adoptan los postulados de la Organización de las Naciones Unidas de la Salud.
Es por eso y desde hoy los conceptos de obesidad, nutrición y actividad física tendrán formas científicas de medición con la finalidad de no dejarlos al libre albedrío de la instrumentación de políticas públicas, las cuales serán esenciales en tratamiento de enfermedades mórbidas asociadas con la diabetes y el padecimiento del corazón.
La reforma va más allá, pues establece la medición y conceptualización de índices con la masa corporal, el sobrepeso y la obesidad, estableciendo los primeros pasos firmes para atender padecimientos que antes resultaban vagos e incluso carentes de sentido.
Con esto, daremos las condiciones que permitan a la Secretaría de Salud atender de manera particular el tema de las diversas regiones del país, pues sabemos que la diversidad de las condiciones del territorio nacional requiere de soluciones específicas.
En lo correspondiente a la adición de un párrafo segundo al artículo 210 en materia de lo etiquetado, las y los diputados de esta representación popular, dotamos a la población en general de los instrumentos que les permite incidir en materia directa en la elección de los alimentos que consumen ellos mismos y sus familias, al obligar a las empresas empacadoras de alimentos y bebidas, de colocar en sus etiquetas la información precisa y completa para el consumidor.
Estamos dando una herramienta poderosa al ciudadano, para que mediante la lectura de las etiquetas estas empresas se obliguen a velar por sus clientes en los productos que les venden y así elevar el nivel de la salud de la población.
Sabemos que se ha avanzado mucho en dicha reglamentación y por ello buscamos abatir fenómenos que nos han llevado a enfrentar situaciones difíciles de controlar, como aquellas que nos sitúan en el segundo país, a nivel mundial, con mayor población adulta con obesidad y sobrepeso, así como el primer lugar en obesidad infantil.
Reforzar los instrumentos jurídicos en la materia permitirá abatir problemas como el presente, en donde las principales muertes de mexicanos son producto de enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos.
Cabe mencionar, que para el consumidor promedio la reglamentación en materia de alimentos y bebidas procesadas, así como la información que contenían sus etiquetas, se modificó hace casi tres años, sin embargo, esta reglamentación no varió en los últimos 12 años, aunque hubieron disposiciones de las mismas empresas comenzaron a implementar en pro de sus consumidores.
Conscientes de esto, en 2010 se realizaron las modificaciones pertinentes, con la finalidad de regular los contenidos nutrimentales en los alimentos y bebidas envasados, que permitían la preservación de la salud de los mexicanos. Asimismo, esta reglamentación anunciará en la ley la armonización mexicana, con los postulados internacionales en materia de envasados de alimentos.
En otro tema y conscientes de la necesidad de regular actividades que ya existen en nuestro país con aquellas que representan la venta de medicamentos caducos, ampliamos la cartera de ilícitos en materia de venta de medicamentos en el mercado negro, mediante la reforma a la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.
Es así, que en las disposiciones que sancionan la venta en el comercio, la distribución, el transporte, el transporte de medicamentos, de materias primas o aditivos falsificados, de fármacos falsificados, incluimos las que tienen que ver con los medicamentos caducos, las cuales desafortunadamente forman parte del ingreso ilícito de personas sin escrúpulos, que ante el beneficio económico llegan a poner en riesgo la salud de las personas.
Como ciudadanos somos testigos de las lagunas legales que permiten que las personas sin escrúpulos se beneficien de las necesidades, la ignorancia y la pobreza de la gente, en especial de aquellos que se encuentran más castigados por las condiciones sociales y económicas del México presente.
Esta situación ha dado la pauta para que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dé su voto a favor, para limitar que las personas continúen enriqueciéndose con la venta de medicamentos cuya vida útil ha terminado y represente el riesgo para la salud de las personas.
De acuerdo con la Sociedad Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, el año pasado se contabilizó que seis de cada diez medicamentos vendidos a nivel nacional fueron de procedencia ilícita, entre los que se contabilizaron los medicamentos robados, falsos, muestras médicas y adulteradas, entre otros.
Con estas disposiciones, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos que allanamos más las posibilidades de los mexicanos para contar con efectivo estado de derecho a la salud. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Primero que nada aclaro que únicamente se trata de razonar el dictamen del artículo 1 en materia de salud.
La salud es un concepto integral, por supuesto, no implica solamente la ausencia de enfermedades, implica un equilibrio, un equilibrio entre todos los factores que involucran a las personas en si vida diaria, un equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales, psicológicos, y por supuesto, fisiológicos.
La salud es el primer piso para poder gozar otros derechos humanos. Se involucra con la capacidad para ser feliz y para disfrutar de la vida. Implica la posibilidad de desarrollar las capacidades intelectuales y humanas de la mejor manera. Es una condición para garantizar el desarrollo familiar e individual.
Por otro lado, carecer de salud puede significar uno de los más grandes obstáculos. Cuando alguien está enfermo es difícil pensar en algo distinto que no sea su situación de salud. Puede significar no poder asistir a trabajar, no tener tiempo para estudiar con sus hijos o para considerar una oportunidad de negocio, o para estudiar para un examen, para ir a una fiesta o quizá también para enamorarse.
Pero también, no estar saludable implica mucho más que tener uno u otro padecimiento, sobre todo a veces, cuando las personas ni siquiera perciben que están enfermas, cuando no perciben que están deprimidas, que actúan compulsivamente o cuando están en conflicto permanente con otras personas, con sus trabajos o con sus familias, impidiéndoles desarrollar una vida en comunidad.
Muchas veces las enfermedades más incapacitantes son aquellas que ni siquiera pasan por la conciencia de las personas, y paradójicamente atiborran la mente de pensamientos desmoralizadores.
Ojalá no se trate únicamente de aprobar este dictamen y se puedan llevar a cabo políticas públicas que consideren que la salud no solo es la posibilidad de acceso a un servicio médico sino también es la prevención y el mejoramiento de todas las condiciones de vida que permitan que las y los mexicanos se sientan más felices, plenos y con las ganas de enfrentar las muchas adversidades que la vida presenta.
Consideremos que la ausencia de salud de un individuo de nuestra comunidad no sólo lleva a la incapacidad de su desarrollo personal, sino también significa un impedimento para el desarrollo social de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente. Quisiera empezar diciendo una frase de Schopenhauer que dice: La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.
Mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de los tres dictámenes de salud. Permítanme hacer algunas consideraciones sobre ellos:
Con respecto a adicionar el artículo 1 Bis a la Ley General de Salud la definición de la salud, como un complemento de estado de bienestar mental y social, además del físico, representa un gran avance en cuanto se refiere al reconocimiento de que los padecimientos de tipo emocional causados por el entorno cada vez más complejo que nos rodea son también problemas de salud pública que merecen ser atendidos de inmediato, sobre todo si consideramos que de acuerdo a datos del IMSS el 20 por ciento de los trabajadores mexicanos presentan síntomas de estrés, que si persiste de manera crónica en el organismo puede derivar en enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.
En lo relativo a la reforma que se propone de la fracción III, del artículo 464 Ter, de la Ley General de Salud los medicamentos caducos son productos que han perdido sus propiedades curativas y que además, a partir de la fecha de vencimiento de su vigencia, registran un incremento en sus propiedades tóxicas.
Es por eso que representan una amenaza potencial para la salud humana, que puede verse afectada por una intoxicación, y es por eso que estos son considerados como residuos peligrosos que deben ser recolectados y posteriormente destruidos por las autoridades sanitarias.
Sin embargo, en nuestro país no existe una cultura que impulse a las personas a hacer lo correcto con los medicamentos caducos, que se guardan en casas, lo cual implica ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes, para que el personal especialmente capacitado para ello realice un manejo correcto de estos asegurando así que se eliminen al máximo los riesgos sanitarios que los medicamentos caducos implican.
Al contrario de ello en México lo más común es que las personas se deshagan de sus medicamentos caducados tirándolos a la basura o incluso vertiéndolos al drenaje, lo cual –por cierto– puede provocar daños severos al medio ambiente puesto que muchas de esas sustancias contaminan el aire, el suelo y el agua principalmente de los mantos freáticos.
Ésta es una situación que hasta ahora ha sido subestimada por las autoridades sanitarias y medio ambientales. En el último proyecto que se pone a nuestra consideración, el acelerado ritmo de vida que nos impone el mundo moderno complica la posibilidad de que una persona se tome el tiempo de investigar el contenido nutrimental de determinados alimentos o bebidas y de calcular, en caso de saber cómo hacerlo, el número de calorías que estos le aportan.
La industria alimentaria tiene que poner de su parte en lo que respecta al combate en contra de la obesidad e incluir en las etiquetas de sus productos la información nutrimental y el número de calorías que estos aportan a la dieta de sus consumidores. Sin embargo, actualmente existe todavía un buen número de empresas que con el pretexto de abatir los costos no han adoptado la medida y por tanto no están asumiendo cabalmente su compromiso con la sociedad.
Mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se pronunciará a favor de estos tres dictámenes. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Sansores Sastré: Con su permiso, señor presidente. Nosotros, los mexicanos, tenemos algo que se llama Constitución. En el artículo 4o., en el párrafo tercero, se establece que tenemos derecho a la salud los mexicanos y los naturalizados mexicanos.
Vengo ante esta tribuna a posicionar en nuestro grupo parlamentario, a favor en relación a los tres dictámenes que hoy tenemos a votación. Podemos hablar y podemos pasarnos hablando mucho tiempo en relación a lo que está ocurriendo, pero lo que no es permisible es que todavía hoy empresas sean autorregulables y son justamente las empresas que están teniendo mala calidad en los nutrientes y en los alimentos.
Por ello veo con muy buenos ojos y a favor de que se ponga la etiqueta en los productos a exponer y de igual manera es una forma preventiva de evitar la obesidad. Para el 2015 habrán más de mil 500 millones de hombres adultos con obesidad. Esto se ve de una manera fácil, pero ustedes saben que la obesidad es la condicionante de muchas enfermedades que tienen un índice en la morbimortalidad, que la misma obesidad hace que nosotros tengamos acumulos de hormonas femeninas como son los estrógenos, que en la grasa se conocen como estronas y que son precursoras de enfermedades netamente mortales como es el cáncer.
Lo carcinogénico del caso se puede evitar y por ello felicito a mis compañeros de la Comisión de Salud por haber trabajado en estas iniciativas que hoy vemos con buenos ojos los del Grupo Parlamentario del PRD. Vean que hemos tenido por mucho tiempo la falsificación de medicamentos; y no tan solo la falsificación de medicamentos; y no tan solo la falsificación de medicamentos, que éste es un crimen ya de lesa humanidad, sino que hemos permitido que se puedan introducir -gracias a los doctores televisión- fórmulas maravillosas que no llevan ni condicionan a ningún sitio, ni siquiera para prevenir enfermedades.
Por lo tanto, la falsificación de medicamentos no se le parece en nada a la falsificación de un CD o de una película, porque aquí lo que estamos haciendo es jugar con la vida de los mexicanos.
Por ello es bien importante que tomemos en cuenta que hablar de salud no es tan solo hablar hoy como está decretado en el artículo 25 de la Comisión de los Derechos Humanos, que tiene que ver con el bienestar social de la familia e incluso con el personal y no es tan solo la ausencia de enfermedad, sino es un complejo que hoy tiene que ver incluso el cambio climático.
Tiene que ver el agua potable y el saneamiento de las mismas; que tiene que ver con la no contaminación porque, si bien es cierto los fármacos caducos contaminan el agua; una sola gota de aceite de agua contamina 10 mil litros de agua y nosotros tenemos hoy en México solamente agua entubada y no agua potable. Éste es un problema da salud pública.
Por ello exhorto desde esta tribuna a todos los compañeros diputadas y diputados a que velemos por el interés común, que es el interés de la salud, que es el interés de todos los mexicanos.
Tenemos que ir de la mano porque por encima de las convicciones políticas está la salud y, por encima de cualquier principio ideológico, está la salud. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Víctor Oswaldo Solís: Con su venia, señor presidente. En estos tres dictámenes que la Comisión de Salud ha puesto a consideración de la asamblea, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor en razón de los beneficios que trae para el conjunto de la sociedad.
Así pues, respecto de la reforma al artículo 210 de la Ley General de Salud, es necesario señalar que el sobrepeso y la obesidad, es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas.
Hoy, dadas las nuevas realidades y dinámicas sociales, caracterizadas por formas de trabajo cada vez más sedentarias, nuevos modos de desplazamiento que implican menor esfuerzo y una creciente urbanización, la población mundial experimenta un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasas, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas y minerales y otros nutrientes, y así con un descenso también en la actividad física.
En México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala que siete de cada diez adultos presentan sobrepeso y de éstos la mitad presentan obesidad.
El dictamen cuya discusión nos ocupa, pretender plasmar en la Ley General de Salud, el cumplimiento obligatorio de las disposiciones implementadas por la Secretaría de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas, cuyo fin es informar al consumidor, sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica, preenvasada, para que de este modo se evite el sesgo de su aplicación y se logre estandarizar el mismo.
Es preciso mencionar que por mandato de ley, el contenido de las normas oficiales mexicanas son revisadas cada cinco años, razón por la cual preceptos como el del etiquetado, podrían eliminarse.
Con reformas como la propuesta en el dictamen que hoy se discute, ello no sucederá así, pues se eleva a rango de ley la obligatoriedad de establecer la información nutrimental en el etiquetado de bebidas y alimentos.
Por ello es necesario apoyar reformas que, como ésta, pretendan que la población cuente con la información para proteger su salud.
Respecto a la adición del artículo 1 Bis de la Ley General de Salud, en materia de la definición de salud es necesario señalar que a través de la historia el concepto de salud se ha transformado al ritmo del desarrollo de la medicina y posteriormente al ritmo de la salud pública.
La salud del ser humano ha dejado de concebirse como un fenómeno particular y aislado para incorporar en la época moderna las esferas mental y social en la concepción del estado inherente al ser de las personas, como es el de la salud.
En virtud de que la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad en general.
Resulta fundamental que en su cuerpo normativo dé luz acerca de lo que debe entenderse por salud, máxime cuando la aplicación de la ley citada es de aplicación para toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social.
La definición que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, considera a las personas como entidades biopsicosociales y reconocen que la salud es un bien fundamental para que las personas puedan desarrollarse plenamente a nivel individual como entidades biológicas poseedoras de vida como entes pensantes y como entes sociales.
Con ello se cierra el vínculo virtuoso de la estructura de la ley que ya considera los factores materiales, sociales, biológicos y sicológicos que condicionan o determinan el estado de salud de todas las personas.
Finalmente, respecto a la reforma al artículo 464 de la Ley General de Salud en materia de muestras médicas, es necesario señalar que las muestras médicas y medicamentos son un instrumento completamente legal que emplea la industria farmacéutica para posicionar sus productos en el mercado y así promover su consumo.
Por lo anterior resulta pertinente señalar que las muestras médicas deben de cumplir con los mismos requisitos de producción, conservación, etiquetado y traslado que se exige para los medicamentos autorizados para la venta al público.
La venta de muestras médicas en la vía pública es un fenómeno que se ha incrementado en nuestro país y que representa un riesgo para la salud de la población, pues quien adquiere muestras médicas de esta manera tiene una alta probabilidad de adquirir medicamentos falsificados o que no cumplen con los criterios de conservación y traslado para asegurar su efectividad y seguridad.
Al respecto la norma mundial de salud refiere que de la totalidad de los medicamentos que hay en el mundo, entre el 5 y 10 por ciento son falsos. De este dato de salud pública se desprende el principal elemento que los legisladores de Acción Nacional hemos considerado para apoyar el dictamen positivo que hoy se pone a consideración de este pleno.
Prohibir la venta y el comercio de muestras médicas sancionando estas acciones con una pena de uno a nueve años de prisión y una multa de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, se elevaría a rango de ley esta prohibición contenida en el artículo 34 del reglamento de insumos para la salud y se duplicaría la multa aplicable en dicho reglamento actualmente.
Por lo aquí expuesto, los diputados de Acción Nacional votaremos a favor de los dictámenes a nuestra consideración y los invitamos a votar en el mismo sentido. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Enrique Doger Guerrero: Con su permiso, señor presidente. A nombre de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y respecto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, presentaré en una sola intervención el posicionamiento de los tres dictámenes que en materia de salud serán presentados a discusión ante esta soberanía. Señor presidente, rogaría a usted su comprensión con el tiempo que se nos ha otorgado.
El Presidente diputado José González Morfín: Por supuesto, diputado.
El diputado José Enrique Doger Guerrero: Iniciaré con el proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o Bis a la Ley General de Salud. Esta iniciativa incorpora el concepto de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud en la Ley General de la Salud.
En nuestro país, la Ley General de Salud fue publicada el 7 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación cuando estaba en la Presidencia el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Esta ley no incorporó la definición que la Organización Mundial de la Salud utilizada de manera general hace 36 años, antes de la fecha mencionada.
Actualmente, el Estado mexicano asume que la salud es una tarea del gobierno en la que debe participar la comunidad organizada porque constituye uno de los mecanismos de redistribución de la riqueza y es primordial para promover una auténtica igualdad de oportunidades.
Por ese motivo es importante incorporar en nuestra norma jurídica un concepto que sin duda elevará el fondo teórico-ideológico de nuestro cuerpo normativo. La OMS define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Este concepto procede el preámbulo de la constitución de la OMS que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmado el 22 de julio del mismo año por los representantes de 61 estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde esa fecha.
El PRI sabedor de la necesidad de fortalecer cualquier disciplina con un objeto de estudio votará a favor de incluir este valioso concepto en nuestra ley.
En referencia al proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados, y seis de cada 10 de los fármacos que se comercian son de procedencia ilícita; 8 millones de personas son víctimas potenciales del mercado negro de medicamentos, según la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.
El mercado ilegal se da en tianguis, pseudofarmacias, puestos callejeros o, incluso, a través de páginas electrónicas, así como donde se expenden muestras médicas caducas, falsas o adulteradas.
El comercio ilegal de medicamentos en México suma 11 mil 500 millones de pesos y está concentrado en el Distrito Federal, en Puebla, Guanajuato, Monterrey y Sahuayo, Michoacán.
Los fármacos que se encuentran con mayor frecuencia en el mercado informal mundial son para los tratamientos de disfunción eréctil, aumento en el rendimiento físico, adelgazantes y diuréticos, los medicamentos más falsificados son los prescritos también contra la disfunción eréctil, los analgésicos y tratamientos de alta especialidad como los oncológicos, según la Cofepris.
Al igual que los alimentos industrializados las medicinas cuentan con una fecha de caducidad que después de rebasarlas se recomienda el desecho y la suspensión del consumo. Se asegura que una vez pasada la fecha de vencimiento de la caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adverso en el organismo.
No hace mucho se aprobaron cambios en el artículo 464 de la Ley General de Salud, con lo que aumentaron las penas para quien adultere, falsifique, contamine o altere medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos de sus envases finales para uso y consumo humanos, o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones o los venda.
En este sentido es importante que las mismas penas se establezcan para quienes venden medicamentos caducos, pero además de que su venta es un acto fraudulento pone en riesgo la salud de quien la consume.
El Grupo Parlamentario el PRI saluda la reforma al artículo en comento, toda vez que es beneficio de la salud de los mexicanos. El PRI votará a favor del proyecto de decreto.
Por último, respecto al proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado, sabemos que los alimentos son la fuente que proporciona al ser humano todos los componentes indispensables para la vida, pero hoy en día las personas tienen menos tiempo de alimentarse, por lo que la calidad nutricional ha disminuido en gran manera, provocando que el consumidor se preocupe por el valor nutricional de los productos que llega a consumir.
Es de seta forma que el etiquetado es un factor muy importante al momento de elegir el producto que se consumirá para así conocer los aportes que se tendrán, y es así que surge como una forma de seguridad para el consumidor.
Las normas de etiquetado de la alimentación están sometidas al derecho alimentario propio de cada país, aunque no obstante existen organismos como la FAO, que armonizan un conjunto de buenas prácticas.
La iniciativa plantea plasmar en la Ley General de Salud el cumplimiento obligatorio de las disposiciones implementadas por la Secretaría de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas pre envasadas, para que de este modo se evite el sesgo en su aplicación y se logre estandarizar el mismo, de manera que constituya un verdadero apoyo a la población en general para realizar una adecuada toma de decisiones al seleccionar alimentos que posean un adecuado valor nutricional y coadyuve a una dieta saludable, al sano desarrollo de niños y jóvenes y apoye la lucha contra la obesidad.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor, en pro de la salud principalmente de las niñas, niños y jóvenes de México, que ocupan los primeros lugares en sobrepeso y obesidad a nivel mundial. En nuestro partido ya se está trabajando en el seno de la Comisión del Deporte, con medidas específicas y claras contra la obesidad de la misma manera. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracia, diputado Doger.
Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o Bis a la Ley General de Salud.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a los integrantes de la Asociación Civil Proyecto Nacional, de los municipios de Ixtapaluca y Los Reyes la Paz, que nos acompañan hoy aquí, que están invitados por la diputada Leticia Calderón. Bienvenidos a esta sesión.
También la damos la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos de las colonias Campañas de Aragón, Cuidad Azteca y San Agustín, del municipio de Ecatepec de Morelos, que hoy están aquí invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez. Bienvenidos a esta sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda a líderes y presidentes de organizaciones, del municipio de Ecatepec, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez. Y a maestros zacatecanos, invitados por el ínclito y epónimo diputado Ricardo Monreal. Los dos términos son elogiosos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido 422 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego a la Secretaría dar cuenta con la licencia del diputado Gilberto Antonio Hirata Chico.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; 13 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar por su conducto al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, licencia por tiempo indefinido a partir del día 1 de marzo de 2013, para separarme del cargo del diputado federal electo a la LXII Legislatura, por el tercer distrito en el estado de Baja California.
Sin otro particular, aprovecho para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Firma el diputado Gilberto Hirata Chico.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dé lectura al punto de acuerdo, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Punto de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gilberto Antonio Hirata Chico, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el tercer distrito electoral del estado de Baja California, a partir del 1 de marzo del año en curso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De acuerdo. Pregunte si se aprueba.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se concede licencia al diputado Gilberto Hirata Chico y le deseamos éxito en las encomiendas que vaya a iniciar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se informa a la asamblea que esta Presidencia recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inmunidad de servidores públicos, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que para el efecto del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. Los grupos parlamentarios han acordado no tener oradores, pero don Ricardo Monreal Ávila se ha inscrito y tiene el uso de la voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, el derecho a la salud, consagrado en el párrafo tercero del artículo 4o constitucional obliga al Estado, a través de los diferentes órdenes de gobierno, a la protección de este derecho fundamental.
Este derecho exige la generación de las condiciones por medio de las cuales todos pueden vivir lo más saludablemente posible. Estas comisiones comprenden la disponibilidad garantizada de servicio de salud, de trabajo saludable y seguro, vivienda, pero además también alimentos y que las instituciones de la República sirvan de manera correcta a la ciudadanía.
El derecho a la salud no debe limitarse al derecho de estar sano sino a la obligación del cuidado de sí mismo, porque nosotros consideramos que México está atravesando por una crisis en materia de salud.
Este dictamen contiene un agregado al artículo en comento sobre la caducidad de las medicinas, medicamentos, fármacos y que casi siempre caminan en detrimento de la salud.
El aumentar y agregar esta expresión de la caducidad para la sanción pertinente a todos aquellos que venden, transportan o comercializan fármacos en caducidad, se apliquen porque generan graves riesgos a la salud de los ciudadanos.
En efecto, actualmente la venta de medicamentos en tianguis, bodegas, lugares clandestinos, incluso por Internet, alcanza un 23.3 por ciento del mercado de estos productos, lo que representa alrededor de 582 mil 500 unidades de conformidad con datos del Cofepris.
Las cifras hablan por sí solas, la venta de fármacos y medicamentos caducos es un problema que va en ascenso, sin duda representa un conflicto legal, económico, de las políticas públicas, por lo cual el adecuar esta expresión el día de ahora nos parece pertinente pero insuficiente.
Hace unos años éste fue un tema que discutimos en el Senado, ¿cómo eliminar el mercado negro para la venta de fármacos caducos, robados, falsificados que provocan quebranto a la salud de los mexicanos?
Quiero comentarles que la salud es el bien más preciado de la humanidad, incluso en las grandes revueltas del país –en 1810, en 1910, y ahora la historia se repite–, las Revoluciones de Independencia y Mexicana, estuvieron precedidas por crisis en la salud pública, por crisis sistémicas en alimentos, en desempleo y en inseguridad.
Lamentablemente en el país el hecho de existir estos tianguis y lugares clandestinos d venta de fármacos caducos son ahora una normalidad, y lo son porque en las instituciones del país –como el ISSSTE, el IMSS, el Seguro Popular– o los hospitales de las Secretarías de Salud en los estados no tienen capacidad de abastecer ni de suministrar medicamentos a los ciudadanos. Esto provoca el mercado negro en tianguis y lugares clandestinos, y provoca un quebranto grave a la salud, por eso votaremos a favor de esta disposición.
Consideramos que es insuficiente la medida, se requiere un programa integral en materia de salud. Estamos a la espera del servicio universal de salud, que debe aplicarse por tratarse de un compromiso de campaña. La sola aplicación del Programa Universal de Salud Pública que ofreció el PRI en campaña costará 1 billón de pesos, 1 billón de pesos.
Por eso lo que hacemos son pequeños parches, no está resolviéndose el problema de fondo. Votamos a favor porque nadie podría estar en contra de que se sancione a quien venda fármacos caducos, es obvio, pero lo que requerimos son medidas integrales en materia de salud pública para la población nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que no hay reservas y de que no hay más oradores ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Diputados, de viva voz, por favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, 408 votos a favor.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 408 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción III, del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado.
Para este punto algunas fracciones parlamentarias ya fijaron su posicionamiento. En lista solamente tenemos al diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de Movimiento Ciudadano, quien tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Existe un uso desmedido, desrregulado y concentrado de los medios masivos de comunicación y esto ha generado una verdadera anarquía en la producción de contenidos publicitarios y discursos audiovisuales destinados al mercado y a la generación de arquetipos sociales que orientan al consumo masivo.
Los productos chatarra han enriquecido a productores, distribuidores y anunciadores con la venta masiva de esas mercancías. Para vender sus productos se esconden detrás de artificios publicitarios, de personajes famosos y de necesidades primordiales, e incluso la manipulación de mociones con publicidad de contenidos sexistas y hasta discriminatorios, por lo que preocupa a sobremanera es que en afán de lucro desmedido puedan emitir información relevante sobre las consecuencias de sus productos y se debe hacer valer el derecho a la información, a la salud y a la vida.
Es por eso que los diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos votado este paquete de reformas y, en particular ésta, también la vamos a votar a favor. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado respetuoso pero muy puntual a la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados.
Les felicito que al día de hoy se estén llevando a cabo estas reformas que son fundamentales y lo alarmante es que hayan pasado tantos años sin que se hubiera hecho nada al respecto. En buen momento; felicidades.
Pero yo quiero pedirles a mis compañeros diputados y compañeras diputadas que se pronuncien de manera muy clara, de manera contundente a este rumor que va creciendo y sigue creciendo, que tiene que ver con el incremento al impuesto al valor agregado que si ya de por sí es muy elevado el 16 por ciento, elevarlo un punto porcentual sería criminal contra la economía popular de nuestro pueblo. Pero además se está planteando que el IVA se extendería a alimentos, a transporte, a educación y a medicinas.
Necesitamos saber cuál es la posición de los representantes del pueblo; los que están trabajando en esta comisión de la Cámara de Diputados, y conocer si hay un rechazo contundente a esta medida antipopular o, como ha sucedido en otros temas, los representantes del pueblo se quedarán en silencio.
Por otro lado espero que así como el día de hoy estamos votando a favor estas reformas a la Ley General de Salud, pronto reconstruyamos el sistema de seguridad social que en los últimos 30 años ha sufrido de un desmantelamiento que padece el pueblo de México.
En el ISSSTE y en el IMSS no hay buena atención, no hay medicinas y tenemos que corregir esto desde la Cámara de Diputados, no nada más asignando los recursos suficientes, sino garantizando con sanciones, si fuera necesario, de que el pueblo enfermo no se nos muera por negligencia de nuestras instituciones y por omisiones legislativas.
Espero que pronto en lugar de estar hablando del Seguro Popular, que ni es seguro y ni es popular, estemos planteando un sistema universal de salud.
Esos son los temas que muy pronto a mí y muy seguramente a mi grupo parlamentario le gustará votar a favor y de manera unánime en esta tribuna y en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada presidenta; es cuanto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Nos visitan hoy de la Universidad Autónoma de Querétaro estudiantes de la licenciatura en Derecho e Ingeniería, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidos.
Saludamos a un grupo de mujeres de León, Guanajuato, invitadas por la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares. Bienvenidas.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Federico José González Luna Bueno (desde la curul): A favor.
El diputado Genaro Carreño Muro (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 401 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 401 votos el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 201 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que, en cumplimiento al artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se recibió de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 23, 51 Bis 1 y 58 de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
Se recibió del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda “Sentimientos de la Nación”. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Se recibió del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI... Perdón es la misma, me están pasando la misma iniciativa...
Se recibió del diputado Fernando Belaunzarán Méndez iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y suscrita por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Se recibió del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Se recibió del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto para que se acuñe una moneda conmemorativa del Bicentenario de los “Sentimientos de la Nación”. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra el diputado José Isidro Moreno Árcega, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Isidro Moreno Árcega: Con su permiso, señora presidenta, y con el permiso de los señores diputados.
Iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al artículo 122, disposición C, base tercera, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El de la voz, diputado Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antecedentes. Al surgimiento de nuestro país como nación independiente se crea el asiento y residencia de los supremos Poderes de la Federación, con la Constitución de 1824, en su artículo 50 fracción XXVIII y XXIX, con los decretos de octubre de 1824 que dictan que el Distrito Federal está comprendido en un radio de dos leguas a partir de la Plaza Mayor.
Asimismo, la Constitución Política de 1857, en su artículo 46 y 72 ratifica la residencia del Distrito Federal como sede de los Poderes de la Federación, y en la Constitución de 1917, en su artículo 43 ya se encuentran definidos los integrantes de la Federación y en el artículo 44 establece que el Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en el caso de que los Poderes federales se trasladen a otro lugar se erigirá en el estado del Valle de México.
Posteriormente, en la reforma de 1928 se crea el Departamento del Distrito Federal y las delegaciones, desapareciendo a los municipios de la ciudad capital. En las últimas dos décadas se han dado reformas como la de 1993, que da facultades legislativas a la Asamblea de Representantes y se crea la figura del consejero ciudadano.
Asimismo, con la reforma de 1996, en el artículo 44 se define la naturaleza jurídica del Distrito Federal como sede de los Poderes federales, capital de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México y Distrito Federal, y en su artículo 122 determina las facultades de los órganos de gobierno Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Es por ello que en la reflexión sobre los retos a los que hoy se enfrenta la Ciudad de México, en la actualidad la sociedad plantea como exigencia fundamental el perfeccionamiento de nuestra vida democrática, y ateniéndonos a este principio la participación de los ciudadanos en todos los campos de la actividad pública es trascendental para el desarrollo del Distrito Federal.
La propuesta de reforma que se presenta tiene como parte medular una reforma política aplicada a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, creando un Consejo Delegacional con la participación social en la planeación del desarrollo de las demarcaciones territoriales como principal política de gobierno. Este sistema estaría conformado por los diversos sectores de la población de la delegación; los obreros, los empresarios; intelectuales; comerciantes; campesinos.
Es por todo esto que nuestra propuesta está sustentada en lo que la ciudadanía del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales exigen hoy en día, debido a los hechos y actos que vienen prevaleciendo en la realidad social, el exigir la creación de canales de participación nuevos, que lleven al nacimiento de órganos plurales y representativos de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable Legislatura y al pleno de la Cámara, se considere la siguiente iniciativa de reforma, que tiene como principal finalidad crear una reforma política territorial para el Distrito Federal, creando la figura de consejeros delegacionales de las demarcaciones territoriales; dar fortaleza a la participación democrática del tercer nivel de gobierno en el Distrito Federal, que son las delegaciones, demarcaciones territoriales, por lo cual someto a la consideración del pleno de esta honorable legislatura el siguiente proyecto de decreto:
Reforma constitucional al artículo 122, disposición C, base tercera, de la fracción II, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 122, disposición C, base tercera, fracción II. Se establece que el régimen interno de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, se caracteriza por ser democrático, representativo y popular.
Cada demarcación territorial se administrará por un Consejo Delegacional, el cual será elegido de forma libre y directa, aplicándose los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con dominante mayoritaria.
Los jefes delegacionales y consejeros por ningún motivo podrán ser reelectos para el periodo inmediato, según lo determine la ley.
La ley respectiva fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los consejeros delegacionales correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como a las relaciones de dichos órganos con el jefe del gobierno del Distrito Federal.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2013.
Atentamente, diputado Isidro Moreno Árcega. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Saludamos a un grupo de estudiantes, que nos visitan el día de hoy, de la carrera de derecho de la Universidad Insurgentes, plantel Norte, invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidos.
El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A sus órdenes diputado. Sonido, por favor.
El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta (desde la curul): Solamente para hacerle una respetuosa solicitud. Si pudiera también enviarse a la Comisión del Distrito Federal, por lo menos para opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto, diputado, se obsequia el trámite. Se envía para su opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Roberto López Rosado: Gracias. Con su permiso, presidenta. Presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 14 y se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 17 Bis y se adiciona un párrafo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo nuestro.
Quiero señalar que en esta larga lucha por el respeto al reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, muchos hermanos se han quedado en el camino, otros mantenemos la bandera firme y jamás renunciaremos a nuestra identidad y a nuestro origen.
En las políticas asistencialistas que el Estado mexicano ha implementado, siempre no cuentan con el aval porque nunca se consulta a las comunidades indígenas.
La reforma constitucional en materia indígena, del 2001, tuvo como objetivo lograr el reconocimiento por el cual se ha dado esta larga lucha en los pueblos y comunidades indígenas.
Esta reforma no respondió a los pensamientos plasmados en los Acuerdos de San Andrés, en virtud de que delegó a los congresos locales la facultad de dicho reconocimiento. Y en la realidad solo pocos hicieron caso y aprobaron en los términos en que se habían suscrito los Acuerdos de San Andrés.
Una causa de esta situación en la que se encuentra la vida indígena en nuestro país, es que las políticas públicas y acciones de gobierno carecen de pertinencia y no atienden los preceptos contenidos en la Constitución, que establecen que deben ser diseñadas y adecuadas a las circunstancias que viven las comunidades indígenas.
Y en buena medida, dichas desatenciones se deben a que en las unidades administrativas responsables del diseño y ejecución de las políticas y programas son encabezados por quienes no son indígenas, lo cual considero fundamental porque no hay nada ni nadie mejor que el indígena para diseñar sus propias políticas públicas.
En consecuencia, la falta de mecanismos de participación de las representaciones indígenas para el diseño y ejecución de sus políticas públicas es responsabilidad de los órganos administrativos y, por tanto, de quienes los dirigen. Ahí pues los resultados son negativos. En virtud de ello proponemos la siguiente consideración:
Decreto
Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 14.
Segundo. Se reforma el inciso A de la fracción I del artículo 17 Bis.
Tercero. Se adiciona un párrafo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Para el caso de los servidores públicos que estén al frente de unidades administrativas con el rango de Subsecretaría o Dirección General o equivalente, responsables de atender los asuntos en materia indígena, así como con sus direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento o equivalentes, además de los requisitos que establezca el reglamento respectivo y el Sistema Nacional de Servicio Profesional de Carrera, deberán ser de origen indígena en los términos del artículo 2o. constitucional.
En los casos de las dependencias y entidades en materia indígena los delegados cubrirán el requisito de tener origen indígena en los términos del artículo 2o. Y en los casos en que la unidad administrativa tenga atribuciones sustantivas en materia indígena su titular deberá cumplir con el requisito de ser de origen indígena en los términos del mismo artículo 2o.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
Que esperemos cuente con el aval de este pleno de la Cámara de Diputados, y por la cual nosotros seguiremos en pie de lucha. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, e diputado Damián Zepeda Vidales para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, diputado, ¿para qué asunto?
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Primero para adherirme y suscribir la iniciativa de mi compañero diputado, Roberto López Rosado, y enseguida solicitar ampliación de turno a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictaminación por supuesto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Le solicitaríamos, como primer término al diputado Roberto López, que si no tiene ningún inconveniente pudiera estar aquí a disposición de quien guste adherirse a su iniciativa.
El diputado Roberto López Rosado (desde la curul): Claro que sí.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Parece que sí da su aprobación. En cuanto a la segunda petición si la pudiera presentar por escrito aquí a la Secretaría, con mucho gusto se analizaría su petición. Gracias.
Tiene el uso de la voz, diputado. Gracias.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Muchas gracias, señora presidenta. Si tuviéramos el don de la omnipresencia y pudiéramos todos los aquí presentes al mismo tiempo, en el mismo lugar el día que presentan los informes de gobierno los diferentes gobernadores y alcaldes en este país, sin duda escucharíamos que –acorde a lo que mencionaría la gran mayoría de ellos– tendrían excelentes programas, unas grandes cifras históricas de inversión, programas sin precedentes y alto impacto, incluso a nivel internacional.
Desgraciadamente en México para muchos de estos casos la realidad es otro. Vemos gobierno con un alto gasto corriente, con una baja inversión en obra pública, con un manejo irresponsable de finanzas públicas, con deudas fuera de control, falta de transparencia, baja recaudación, gran cantidad de observaciones por parte de los organismos fiscalizadores, entre muchas otras cosas.
Valorar la labor del gobierno en la realidad es que es muy difícil para todos los mexicanos, llámense académicos, técnicos, pero especialmente para los ciudadanos. La realidad es que no existe información suficiente al alcance de los ciudadanos que sea objetiva, que sea clara, que sea fácil de entender, para poder hacer valoraciones cualitativas objetivas y sobre todo para hacer comparativos a nivel nacional.
Esta situación nos lleva en muchos casos a hacer valoraciones que no son acertadas y que tienen que ver con cuestiones más subjetivas que objetivas, que tienen que ver con promociones, que tienen que ver con publicidad y con propaganda que hacen los gobernantes.
No imagino mejor ejemplo que el de Moreira en su estado Coahuila y la situación y la percepción que tenían los ciudadanos, seguramente favorable de su gobierno, tal que hizo posible que su hermano recibiera el poder después de él. Sin embargo creo que el despertar fue duro para todos los coahuilenses al darse cuenta de la situación financiera que vivía su país; es decir, otra vez, no tenían en sus manos información de calidad y objetiva que les permitiría hacer un análisis objetivo del gobierno que estaban teniendo en esos momentos.
El problema es que no tenemos esos esquemas. El problema es que la ciudadanía no tiene a su alcance este tipo de información. Es por eso que el día de hoy junto a mis compañeros, Enrique Alejandro Flores Flores, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Ricardo Anaya Cortés, Ricardo Villarreal García, Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar y por supuesto un servidor y con el respaldo de todos los diputados de Acción Nacional, presentamos una iniciativa que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal para buscar tres cuestiones muy específicas:
Primero. Homologar a nivel nacional las fechas de presentación de las cuentas públicas y la forma en que se presentan las cuentas públicas de parte de los gobiernos estatales y municipales ante los órganos fiscalizadores a nivel estatal.
Por supuesto la Ley General de Contabilidad ya tiene algo de esto, pero hace falta fortalecerlo. Hoy no se presentan al mismo tiempo y por lo tanto es imposible hacer comparativos a nivel nacional.
Segundo. Hacer obligatorio la aplicación, por parte de esos órganos fiscalizadores, de un sistema de evaluación de indicadores de la gestión gubernamental que permita evaluar y calificar, y aprobar o reprobar las cuentas públicas basadas en resultados objetivos, medidos de manera homogénea, igual a nivel nacional que nos permitan calificar si una persona está gobernando bien o está gobernando mal.
Indicadores que nos permitan decir por ejemplo cómo manejan su gestión financiera, cómo manejan su política recaudatoria, cómo manejan la política del gasto, cómo administran los fondos federales. Si tienen o no complimiento las metas. Cuántas observaciones tiene y de qué montos de sus órganos fiscalizadores.
Esto nos permitiría analizar el nivel de deuda, la solvencia, el grado de inversión en obra pública, el grado de gasto corriente con criterios objetivos establecidos a nivel nacional, por entidad calificada como lo es el Consejo Nacional de Armonización Contable y no dejar a valoraciones subjetivas y políticas la aprobación o no de la cuenta pública a nivel local.
Tercero. Ligar el resultado de este sistema de evaluación y el resultado de este análisis de las cuentas públicas a un fondo de aportaciones a nivel nacional que les permita a los estados y a los municipios que aprueben la calificación mínima necesaria para cada uno de esos indicadores, el poder acceder a recursos extraordinarios de parte de la federación. ¿Por qué monto? Por un monto igual al uno por ciento de la recaudación federal participable que el año de 2012 hubiese sido de 20 mil millones de pesos.
Es decir, sólo accederían a recursos adicionales para exclusivamente inversión en infraestructura e inversión aquellos estados y aquellos municipios que aprueben sus cuentas públicas bajo estos criterios del sistema de evaluación.
A través de esta reforma lograríamos que los ciudadanos cuenten en sus manos con un sistema fácil de entender; que así como cuando uno va al doctor y lo mandan al laboratorio y que tiene en sus manos un resultado que no entiende, pero que se hace comprensible por la referencia que tiene a un lado que le dice que si tiene un resultado que está dentro del grado que el experto maneja, igual podemos con esta calificación y con este sistema decirle al ciudadano: “tu gobernante sí está haciendo un buen gobierno, sí es eficiente, sí invierte en infraestructura, sí aprovecha bien el recurso y no lo gasta en gasto corriente y por lo tanto tienes un buen gobierno”, y se podría sentir bien representado.
Creemos, señora presidenta, que si impulsamos este tipo de esquema, podemos lograr gobiernos más eficientes y por lo tanto mejores resultados para los ciudadanos.
Decía, y termino con esto, el Maquío Clouthier, que: “Hay que dejar de llorar al México que se frustró, para empezar a construir el México que todavía puede y debe ser”.
No puedo encontrar mejores palabras para expresar la visión que tenemos nosotros de lo que debe de ser este Congreso. Necesitamos enfocarnos sin dejar de voltear a la historia, por supuesto, enfocarnos en construir un mejor país y para ello tenemos que generar herramientas que nos lleven a tener políticas públicas certeras y a asegurarle al ciudadano que tiene gobiernos honestos, transparentes y eficientes. Muchas gracias por su tiempo.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido en la curul del diputado Castaños.
El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (desde la curul): Para preguntarle al diputado proponente si considera oportuno que nos sumemos a su iniciativa; si autoriza que nos sumemos a su iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Zepeda.
El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): Sí, con gusto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias. Aquí queda a su disposición en la Secretaría.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido en la curul del diputado Ernesto Núñez.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): También para preguntarle al diputado, presidenta, si lo podemos turnar para su conocimiento a la Comisión de Desarrollo Municipal, por favor y suscribirla.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Según el Reglamento solamente lo puede solicitar el autor, el grupo, en el caso de asuntos presentados a su nombre o la junta directiva. Solicitaríamos entonces que se hiciera por escrito, por favor. Gracias.
El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido en la curul del diputado Zepeda Vidales.
El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): Hago propia la solicitud que hace el compañero diputado; creo que entre más análisis reciba la iniciativa será mejor. Con gusto, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Se turna para opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. La presente iniciativa tiene la finalidad de completar las modificaciones que se han venido realizando a diversas disposiciones que comprenden el régimen de adopción.
El pasado jueves 21 de febrero, durante la celebración de la sesión ordinaria del pleno de esta honorable Cámara, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.
De manera precisa el decreto referido reforma el artículo 391 y deroga la sección segunda de la adopción simple.
Estos cambios realizados al Código Civil tienen el propósito de generalizar de manera definitiva la llamada adopción plena y con ello la posibilidad de extender y sistematizar los vínculos, los derechos y los deberes propios de los emanados en las relaciones entre padres e hijos consanguíneos derivados de la consecuente extinción de los originados en la familia natural.
Como es sabido, las normas de adopción que rigen en nuestro país se encuentran orientadas bajo el criterio de tres ejes obligatorios vinculantes que en términos sucintos pueden ser descritos como la prescripción de disponer de medios materiales suficientes para proveer de subsistencia, educación y cuidados apropiados al apropiado, que el acto jurídico mismo reduce en pleno beneficio del adoptado en atención a su interés superior y que el adoptante demuestre ser una persona apta y adecuada para realizar el procedimiento.
Hacer extensiva la adopción plena facilitará la posibilidad de producir condiciones óptimas de desarrollo personal de los adoptados al interior de la institución familiar, así como la generación de mejores instrumentos de resguardo jurídico a los afectados, sin olvidar el propósito agregado de uniformar el sistema federal bajo los mismos criterios constitucionales legales y de orden internacional.
Debo ser muy precisa en este punto. Mediante la supresión total del capítulo de la adopción simple se consiguió establecer las premisas indispensables para ampliar y consolidar un solo modelo jurídico de adopción.
El diseño de contextos virtuosos para el desarrollo de este segmento social de innegable vulnerabilidad permite afirmar que no sólo fueron meritorias las modificaciones realizadas a la norma civil, sino necesarias para lograr transformaciones esenciales al régimen.
No obstante, también resulta cierto que dichas modificaciones no son suficientes en términos de técnica legislativa. En efecto, las reformas y derogaciones realizadas al Código Civil Federal deben extenderse de inmediato a otros artículos del mismo con la finalidad de alcanzar plena congruencia y sentido jurídico al decreto aprobado por este pleno.
De no llevarse a cabo estos cambios que son indispensables a los fundamentos legales que sostiene la arquitectura de la adopción, podría derivar eventualmente en la conformación de contradicciones articuladas de difícil trámite interpretativo, así como probablemente en la formación de impedimentos insuperables en el curso de los procedimientos resolutivos.
De esta forma, por ejemplo, al suprimir párrafos obsoletos del código se obtendría una economía enunciativa de artículos que comprenden diversas materias lógicamente imbricadas, ya sea en el levantamiento y expedición de actas de nacimiento, en los relativos a las inscripciones de las ejecutorias que declaren o modifiquen el estado civil de las personas o en los requisitos para contraer matrimonio.
De igual manera, si se aprobasen los cambios que propongo se solucionaría la generación de las incongruencias jurídicas en el cuerpo del código, tanto en la clasificación tipológica que determina el reconocimiento del estatus legal del parentesco como los procesos mismos de impugnación de la adopción.
Pero más allá de la necesidad de adoptar coherencias y economías al régimen enunciativo, quizá lo más relevante del asunto radica en la posible instauración de escenarios legales que favorezcan confusiones y confrontaciones inéditas, particularmente en lo relativo al régimen sucesorio.
En efecto, si no se modifica el articulado que regula la herencia de bienes en adopción, entonces se crearían condiciones propicias para establecer litigios complejos e interminables entre los descendientes consanguíneos, adoptados y demás líneas de parentesco.
Es necesario, por lo tanto, armonizar los preceptos para determinar de forma precisa, legítima y concluyente, los derechos sucesorios.
Es por lo anterior, señoras y señores diputados, que resulta una labor impostergable realizar los cambios normativos que aún son necesarios en nuestro Código Civil Federal para que las bondades ya señaladas y suscritas en la adopción plena cumplan a cabalidad con su cometido social de protección y salvaguarda de niños y adolescentes, así como en el desarrollo armónico de las familias sin caer en contradicciones legales insalvables y disputas jurídicas innecesarias.
Contar con diseños y dispositivos legales vinculantes siempre generará instancias, órganos e instituciones confiables que, a su vez y en resonancia establecerán convivencias armoniosas, respetuosas y de equidad, siempre bajo el amparo y la tutela de verdaderos ordenamientos positivos, viables y funcionales en su extensión e implementación.
Se propone que se reformen los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Para solicitarle a la promovente me permita suscribir la iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchas gracias, diputada. Aquí quedará a sus órdenes en la Secretaría.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Judith Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México ha realizado importantes esfuerzos desde hace varias décadas para fortalecer su política social; sin embargo, el incremento de la población en condición de pobreza y pobreza extrema obliga a evaluar de manera crítica los resultados obtenidos hasta el momento.
Las autoridades mexicanas respondieron al desafío de la pobreza implementando programas sociales inspirados en los principios de integralidad, subsidiariedad y corresponsabilidad. La estrategia ha consistido en apoyar a la población pobre en el acceso a activos patrimoniales, particularmente vivienda, dotación de servicios de infraestructura básica, acceso a salud, educación y un nivel de ingreso básico, aspectos que, para su operación requieren la descentralización de facultades hacia los gobiernos locales y la participación de múltiples actores en la solución de un mismo problema.
Sin embargo, esta situación en algunas ocasiones, en lugar de ser una gran oportunidad para combatir la pobreza, puede imposibilitar una acción colectiva, coherente y coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno y entre éstos y las organizaciones privadas que también contribuyen, pues los diferentes programas podrían introducir objetivos contradictorios.
Estudios del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señalan que en materia de desarrollo social, una de las tareas pendientes es avanzar hacia un sistema ajustado, eficiente y coordinado, abordando los problemas de los más necesitados. La coordinación no implica entonces solamente hacer compatibles unas acciones gubernamentales con otras, de lo que se trata es de conjugar las políticas de manera que se logre integrar las distintas decisiones y acciones de gobierno dentro de una sola visión de conjunto y con una clara perspectiva de largo plazo.
La falta de coordinación repercute en la política social reduciendo su efectividad y su eficiencia, relevando una pérdida de sentido de las prioridades. Los ejemplos abundan, como se muestra en la relación siempre tensa entre los programas e instituciones del sector salud responsables de las actividades curativas, e instituciones que previenen y que tienen como posibilidad el saneamiento.
Al interior de los programas de la asistencia o compensación social suele presentarse un dilema parecido entre aquellos funcionarios e instituciones en los cuales prevalecen énfasis o responsabilidad asistencial, con quienes privilegian los enfoques de promoción y desarrollo. Los programas de combate a la pobreza son probablemente el mejor ejemplo de la importancia de coordinar el conjunto de las políticas sociales, pero solamente en un enfoque integrado, tiene alguna probabilidad de éxito.
Es pues que esta iniciativa trata de establecer una coordinación sistemática entre las políticas sociales y las políticas económicas, educativas, de salud y demás, entre las diversas instancias de gobierno federal y entre éstas y los diversos ámbitos de gobierno, ya que es muy difícil que la política social por sí pueda acabar con la pobreza. Lo que pretendemos con esta iniciativa es generar la sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo que en dicho proceso se va construyendo un sistema de reglas de juego formales e informales, a través de los cuales los actores participantes encuentren fuertes incentivos a cooperar más allá de sus intereses e ideologías particulares, habitualmente en conflicto entre sí.
El mencionado proceso generará la fijación de prioridades en la asignación acordada de responsabilidad en la decisión de qué y cuántos recursos movilizar y por último, quizá lo más relevante, en una implementación que se aproxime de modo importante a aquellos objetivos planteados por los responsables de las políticas y programas sociales.
El fortalecimiento de la coordinación es el primer paso para alcanzar otros objetivos, como el de lograr un registro único de beneficiarios de todos los programas, vincular los diferentes sistemas de salud del país, ordenar mejor los distintos programas y crear nuevos para atender las necesidades de población que actualmente no tienen cobertura.
Por lo anterior, propongo que se adicione una fracción VI al artículo 14 de la Ley de Desarrollo Social, para que la política nacional de desarrollo social incluya la mención de los mecanismos de coordinación interinstitucional y de niveles de gobierno, a través de los cuales se pretenda trabajar. A su consideración, legisladoras y legisladores. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
Se recibió de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 429 del Código Civil Federal, y 61 de la Ley Federal de Derecho de Autor.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la defensa de la niñez, esto significa que el Estado tiene la obligación de procurar de los elementos necesarios que permitan su desarrollo pleno e integral, principios que consideran la formación física, mental, emocional, social y moral, en condiciones de igualdad para la población, los cuales son considerados elementos firmes en la construcción del México del mañana.
Para efectos de nuestra legislación, se consideran niños y niñas a las personas de los cero a los 12 años de edad incompletos, y adolescentes a quienes tienen entre 12 años cumplidos a los 18 años incumplidos, así de acuerdo a las leyes mexicanas se considera obligación de los padres, tutores o personas encargadas de su cuidado, propiciar los elementos que le permitan crecer y desarrollarse dentro de condiciones que generen una vida digna, así como procurar el alojamiento de influencias nocivas, entre los que se encuentran la protección contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación, aunque en materia legislativa se prevé evitar condiciones adversas para el desarrollo de la niñez y la adolescencia, no podemos negar que existen realidades del sector que se encuentran lejos de ser óptimas.
Por esto, como representantes populares, recordemos que las condiciones del país no han podido hacer efectivos estos mandatos, sobre todo, si consideramos que una parte importante de la población mantiene niveles de pobreza.
El diagnóstico de la organización de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, nos indica que en nuestro país, 4 de cada 10 niños menores de edad, entre los 5 y los 17 años se encuentran realizando alguna labor que les permita generar recursos para ayudar a sus familias, a enfrentar sus condiciones económicas adversas, los cuales principalmente se encuentran en los estratos más pobres de la sociedad.
Para Nueva Alianza ningún futuro es posible si no atendemos en el presente a nuestras niñas, niños y adolescentes, por ello, presentamos ante esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, un segundo párrafo al artículo 429 del Código Civil Federal, y un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
La presente iniciativa tiene como objetivo principal proteger a todo niño, niña, adolescente que labore, incluyendo a los artistas, para que sus padres o tutores no hagan mal uso de sus ganancias, por el contrario, establecer como obligación la realización de un fondo de ahorro o fideicomiso en el cual se guarda el porcentaje de las ganancias que resulten después de haber cubierto el pago de gastos administrativos, ya sea por compra de material, insumos y el pago de los impuestos correspondientes.
Los menores contratados bajo esta modalidad son considerados por la ley como la excepción a la regla y en los cuales la norma es muy enfática en considerar las condiciones bajo las cuales se pueden generar contratos atípicos, denominados de representación escénica.
Con la finalidad de que las capacidades histriónicas de estos menores no se vean coartadas pero tampoco se vulnere el interés superior o que se permita su explotación laboral.
Consideramos importante establecer en la ley que los recursos que ellos hubiesen generado no sean dilapidados por quienes se supone deben resguardarlos y cuidarlos, para cuando cumplan la mayoría de edad.
Quienes asuman la representación laboral del menor estarán obligados por la ley a salvaguardar los bienes producto del trabajo de los niños, niñas y adolescentes y que de esta manera puedan asegurarse un bienestar económico en el futuro.
La Asociación Nacional de Actores reconoce que existen más de 500 socios infantiles. Termino, presidenta, son 500 socios infantiles bajo estas formas de contratación, cifra que puede aumentar por la informalidad que permite esta actividad en todo el país.
A estos niños y los miles que puedan dedicarse a esta profesión son a los que queremos proteger de posibles fraudes, incluso, por sus propios padres, quienes no tuvieron la previsión de llevar controles contables o crear una forma de ahorro de los recursos que los menores generamos.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 429 del Código Civil federal y un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de los Derechos de Autor. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura y Cinematografía para dictamen y a la Comisión de Derechos de la Niñez para opinión. Pregunto a la diputada Rincón Chanona si me permite adherirme a su iniciativa.
La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): Desde luego que sí, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchas gracias, my amable.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez, por favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. En principio felicitar a la compañera diputada Sonia Rincón por la iniciativa que ahora acaba de presentar, sin lugar a dudas también nuestros niños y nuestras niñas artistas requieren de la protección de sus derechos, y preguntarle si me permite también adherirme a su iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias. Está a la disposición aquí para todo aquel diputado que quiera adherirse a ella.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Solicitaba la voz, diputada?
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): Sí, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: La diputada Pariente Gavito, ¿con el mismo tema?
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): Sí, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor en la curul de la diputada.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): Para adherirme. Y qué tristeza que ya hay pocos diputados, porque se están tocando temas muy sensibles. Para pedirle a mi paisana, la diputada Sonia Rincón, que pueda adherirme a su iniciativa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Aquí estará a disposición de ustedes, quien guste firmar la iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.
Se recibió de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo efeméride con motivo del Día de la Familia. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega (16:10 horas): Se levanta la sesión. Y se cita para la que tendrá lugar el martes 5 de marzo a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico de votación estará abierto a partir de las 9:30 horas. Que tengan un buen regreso todos aquellos que toman carretera el día de hoy.
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