Comunicaciones
Retiro de iniciativas de diputada y de diputado
De la Secretaría de Cultura del GDF, con invitación a ceremonia cívica
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Secretaría de gobernación, con informe sobre deuda externa
Retiro de iniciativa de diputados
De la Secretaría de Gobernación, con solicitudes de permiso
De la Cámara de Senadores, con acuerdos y devolución de minutas
Solicitud de licencia del diputado Benjamín Castillo Valdez
De la Cámara de Senadores, con minutas
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de 16 dictámenes
A discusión de la Comisión de Energía
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo
A discusión de la Comisión de Pesca
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Dictámenes a discusión negativos, de iniciativas y minuta
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, PRD
Ernesto Alfonso Robledo Leal, PAN
Luis Antonio González Roldán, NA
Carlos Octavio Castellanos Mijares, PVEM
José Francisco Coronato Rodríguez, MC
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT
Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, PAN
Teresa de Jesús Mojica Morga, PRD
David Pérez Tejada Padilla, PVEM
María del Carmen Martínez Santillán, PT
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las proposiciones
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 272 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:09 horas): Y por tanto, se abre la sesión siendo las once de la mañana con nueve minutos. Traemos un muy buen record de puntualidad al inicio de la sesión. Que así sigamos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, señor secretario, se dispensa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Presidente.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame nada más un segundo, le ruego me disculpe. Doña Raquel Jiménez Cerrillo, ¿con qué objeto?
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es sobre el orden del día. He enviado un oficio a la Mesa Directiva que preside el diputado Arroyo Vieyra sobre el tema de los dictámenes que han sido previamente aprobados en las comisiones dictaminadores respectivas sobre los puntos de acuerdo, y que desde hace semanas se encuentran enlistados en el orden del día para ser considerados a su discusión y respectiva votación en las sesiones de pleno.
Debo comentar que estoy seriamente preocupada porque hay una lista de alrededor de 20 dictámenes de puntos de acuerdo, muchos de ellos presentados, como es el caso del de una servidora sobre un exhorto al gobernador del estado de Querétaro, que presenté desde el mes de septiembre, fue aprobado en el mes de diciembre por la Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables. Ha sido enlistado ya en cuatro ocasiones, en cuatro sesiones y por falta de tiempo no ha sido votado.
Debo mencionar, diputado presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, que el exhorto que presenté y que está aprobado por la comisión respectiva es sobre tema de personas desaparecidas en el estado de Querétaro. No sé cuánto tiempo más tendremos que esperar para hacer el llamado a la autoridad correspondiente, pero debo mencionar que la semana pasada hubo ocho personas desaparecidas más en mi estado de Querétaro. Es cuanto, señor presidente. Solicito que esta intervención quede asentada en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quedará asentada, diputada. Aunque no lo solicite, pero ya quedó su dicho asentado en el Diario de los Debates, la asamblea se ha impuesto de su contenido.
Quiero comentarle que hay 19 dictámenes a discusión de puntos de acuerdo, 19. Curiosamente el de usted es el 19, pero la agenda ha estado plagada de eventos tales como la discusión de proyectos de decretos. Haremos un esfuerzo con la Junta de Coordinación Política, de tal suerte de garantizar este tipo de asuntos pasen por el pleno y lleguen a sus destinatarios. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: No habiendo quien más haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron los siguientes oficios:
Del diputado Catalino Duarte Ortuño, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el 31 de octubre de 2012.
De la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 de la Ley del Seguro Social, 31 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, presentada el 2 de octubre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 75 aniversario de la Expropiación Petrolera, que tendrá lugar el 18 de marzo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para asistir a tan importante ceremonia esta Presidencia designa como representación de la Honorable Cámara de Diputados, al señor diputado don José Ángel Ávila y al diputado Fernando Zárate Salgado.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de diversas autoridades, cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, la cuales se encuentran publicas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a los promoventes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del diputado Alfonso Durazo Montaño, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Protección Civil, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, presentada el 25 de octubre de 2012.
Oficio del diputado Abel Octavio Salgado Peña, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Reforma Agraria, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, presentada el 9 de octubre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas; e informa que Ana Patricia Santos Vidal, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, comuníquese a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de la Cámara de Senadores los siguientes acuerdos:
Primero. Por el que exhorta a la Cámara de Diputados con la finalidad de que se incrementen sustancialmente todos los años los recursos asignados a los programas referentes al VIH-Sida.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
En la comisión que nos representa en las festividades del 18 de marzo, anexamos también a la diputada Huidobro.
Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Segundo. Por el que el Senado de la República exhorta al Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión que el turismo sea incorporado de manera estratégica al Pacto por México.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores con los que devuelve expedientes relativos a las siguientes minutas.
Con proyecto de decreto que adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para los efectos de la fracción D, del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva. Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; numeral 1, fracción III, 13 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar por su conducto al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión licencia por tiempo indefinido a partir de esta fecha, del año en curso, para separarme del cargo de diputado federal electo de la LXII Legislatura por el I distrito en el estado de Baja California. Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar y aprovecho para expresarle la seguridad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a discusión de la asamblea los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Benjamín Castillo Valdez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito electoral del estado de Baja California, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Seguimos con minutas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas con proyecto de decreto:
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Equidad y Género para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Que adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Dos que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal y de varios diputados integrantes de esta Legislatura, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la iniciativa del titular del Ejecutivo federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones.
El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto don Rodrigo González Barrios, nayarita y amigo de todos?
El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Con el objeto de alguno de los coordinadores que estén aquí presentes nos obsequien la posibilidad de algunos diputados, o los diputados que lo deseamos, suscribir esa iniciativa, habida cuenta que es una iniciativa no sólo suscrita por el presidente de la República, sino también por cuatro coordinadores de fracciones parlamentarias; en este caso le solicito se pudiera pedir, firmarla en este momento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si el coordinador de su grupo parlamentario que firma la iniciativa no tiene inconveniente abriremos un listado de registro. Igual, en cuanto ellos permitan adherirse a su iniciativa con muchísimo gusto abriremos un listado para que ustedes puedan hacerlo.
En tanto, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a declaratorias de publicidad, por favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Tres de la Comisión de Gobernación
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 6º fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales, y 162 de la Ley Agraria.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Con proyecto de decreto que declara el 2014 como Año del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que deroga los artículos 139 a 145, del Código Civil Federal.
Dos de la Comisión de Salud
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 4º de la Ley de Asistencia Social.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Dos de la Comisión de Economía
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 3º y 10, de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Seis de la Comisión de Derechos Humanos
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, General de Población, General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, General de Turismo, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Victimas de estos Delitos.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, el siguiente punto del orden del día es la discusión de seis dictámenes con proyecto de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta, están a discusión en lo general.
Al no haber quien haga...
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón, sonido en la curul del diputado. ¿En qué sentido, diputado?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Para razonar mí voto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Están a discusión.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfonso Durazo, para razonar su voto.
Aprovecho la oportunidad para darle la más cordial bienvenida a esta sesión, al presidente municipal Carlos Ernesto Hernández y a la comuna del municipio de Emiliano Zapata, del estado de Veracruz, que están aquí, invitados por el diputado Alejandro Montaño. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
Adelante, diputado Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, para razonar el voto de Movimiento Ciudadano respecto a este paquete de proyectos relacionados con el nombramiento de cónsules honorarios, autorizaciones a diversos mexicanos para trabajar en diversas embajadas de países amigos. Y el otro punto, bueno, ahorita lo comentaré.
En general quiero decir a ustedes que nos abstendremos en el tema de los cónsules honorarios y en el de los reconocimientos, en virtud de que se ha vuelto un proceso rutinario la aprobación de este tipo de propuestas. Llegan usualmente sin una información suficiente que documente la razón para rechazar o aprobar.
Es así que en el caso de los cónsules, aun y cuando hay, particularmente el cónsul honorario que se propone para una ciudad en Coahuila, que tenemos referencias favorables. Sin embargo, en la propuesta que llega a la Comisión de Gobernación no hay elementos que nos permitan, en ese caso y en otros, sustentar debidamente nuestra posición.
Sin embargo, sí estamos a favor y sí apoyaremos la autorización a diversos mexicanos, ciudadanos mexicanos para que puedan laborar en delegaciones diplomáticas extranjeras. Y el caso de los reconocimientos, también nos abstendremos, no tanto porque eventualmente no merezcan esos ciudadanos el reconocimiento sino porque no se aportan elementos suficientes que nos permitieran a nosotros dar nuestro voto aprobatorio. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Durazo. En virtud de que no hay otra intervención solicitada y esta Presidencia no tiene conocimiento de que se vaya a reservar alguno de los dictámenes para discutirlo en lo particular, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 387 en pro, 30 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en lo general y en lo particular por 387 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios, para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Noé Hernández González, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Noé Hernández González: Con su permiso, señor presidente. La Comisión de Energía presenta la reforma del artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo, las disposiciones de esta ley se encuentran dirigidas a coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, incluida las de acuacultura y pesca.
En ese sentido este ordenamiento prevé, entre otros aspectos, la entrega de la denominada cuota energética, entendida ésta como el volumen de consumo de energéticos agropecuaria que se establezca para cada beneficiario.
Actualmente en el primer párrafo del artículo 10 del mismo ordenamiento se establece que dicha cuota energética será parte accesoria e indivisible de la tierra, por lo que el productor que transmita su uso o posesión deberá hacerlo conjuntamente con dicha cuota.
El ámbito de aplicación de esta disposición resulta notorio sólo por lo que respecta a una parte de las actividades consideradas como agropecuarias en la Ley de Energía para el Campo, como son: la agricultura, ganadería y silvicultura, en cuanto que estas actividades se encuentran directamente relacionadas con el uso o posesión de la tierra, sin embargo no resulta así para el resto de las actividades consideradas como agropecuarias, como en los casos específicos de la acuacultura y la pesca ribereña.
Por eso esta Comisión de Energía coincide con la iniciativa de la Legislatura de Baja California en establecer una medida de protección a los beneficiarios de la cuota energética, con la finalidad de que la misma sea utilizada en forma correcta y para los fines establecidos en la Ley de Energía para el Campo, por lo que se estima necesario prever de forma explícita que la cuota energética en materia de acuacultura y pesca ribereña es intransferible.
Lo anterior es compatible con lo establecido actualmente por el artículo 13 de la Ley de Energía para el Campo que señala como infracciones a la misma ley el desvío de la cuota energética para fines diversos a los que fue autorizada al beneficiario, así como la comercialización de la misma.
Asimismo, esta Comisión de Energía coincide con la iniciativa en considerar el contenido de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
En este ordenamiento se prevé un régimen de permisos y concesiones en materia de pesca y acuacultura. También prevé en sus artículos 50 y 51 los casos en que de forma excepcional se permite la sustitución del titular del permiso o concesión correspondiente; así una vez establecida la disposición de que la cuota energética resulta intransferible se debe considerar que la misma deberá serlo en los casos que de forma excepcional se permite la situación del titular del permiso o concesión respectivos.
De esta manera, la Comisión de Energía contribuye a dar certeza jurídica y, por lo tanto, a la precisión que debe prevalecer a las leyes que nos gobiernan. Estimada asamblea, la Comisión de Energía espera contar con su apoyo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Hernández. Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Antes de abrir la lista de oradores, sonido en la curul del diputado Silvano Aureoles, por favor.
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. En virtud de que varios compañeros han solicitado adherirse a la iniciativa firmada y presentada por los coordinadores parlamentarios en materia de telecomunicaciones, rogaría a usted que se permitiera –a quienes así lo deseen– poder signar la iniciativa correspondiente. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado. Así lo había ofrecido el diputado presidente. Voy a pedir que quienes tengan interés en esta iniciativa puedan hacerlo aquí en la Secretaría, aquí, a partir de este momento.
Tiene la palabra para fijar la postura de su grupo parlamentario el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente; compañeras y compañeros. Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país se encuentra en el desarrollo rural. Durante años el gobierno priísta ha ignorado el campo mexicano marginándolos a niveles que no permiten un desarrollo digno para nuestros campesinos. A través de programas que sólo benefician a unos cuantos se ha visto, se palpa en las zonas rurales que se convierten en sinónimo de abandono y pobreza.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se aprobó con el afán de facilitar el intercambio entre países, lo cual tiene como finalidad encontrar mejoras económicas; sin embargo esto no se ha observado desde su implementación. Al contrario, hemos sido testigos de atropellos sistemáticos realizados a este convenio siempre que se trata de proteger sectores como a nuestros hermanos indígenas y campesinos.
A pesar de que nuestro sector agrícola presenta asimetrías económicas, tecnológicas y de producción, se presionó para la completa liberalización de productos básicos sin importar las consecuencias a México.
Hemos llegado a niveles tan deplorables de producción en el campo que, de acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, nuestro país importará en 18 años, es decir en el 2025, más del 80 por ciento de los productos que se consumen en la población.
Asimismo, podemos esperar un incremento en los precios de los alimentos como consecuencia de una economía mundial inestable que también nos afecta gravemente. Cualquier mecanismo que busque fortalecer el desarrollo de la agricultura, ganadería o silvicultura resulta no sólo deseable sino urgente para todo el campesinado mexicano.
El adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo con el afán de mejorar la acuacultura y pesca ribereña, significa un primer avance para imponer candados que permitan el uso eficiente de la cuota energética.
La cuota energética surge con la finalidad de brindar un subsidio a los productores del país. Así, a través de un volumen de consumo energético otorgado a cada beneficiario se busca fomentar el desarrollo del campo.
Al establecer que dicha cuota es intransferible, se logrará un uso adecuado de la misma eliminando los incentivos perversos que hasta ahora se han presentado en la práctica.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el campo es una prioridad que no podemos seguir aplazando. Exhortamos a todos los compañeros diputados a trabajar de manera conjunta para lograr programas que permitan su plena eficiencia. Por lo anterior, nuestra fracción parlamentaria votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Buen día a todos. Gracias, presidente. Buen día, compañeras diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. El posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática es a favor del presente dictamen por los siguientes razonamientos.
Mejorar el desarrollo rural sustentable del país es el principal objetivo de la Ley de Energía para el Campo. Para ello, el legislador estableció en el artículo 1o. la importancia de dar impulso a la productividad y a la competitividad de las actividades agropecuarias para reducir las asimetrías con respecto a otros países.
Las condiciones actuales de los productores de la industria agropecuaria del país ameritan la generación de apoyos para el desarrollo de sus actividades que permitan mejorar su calidad de vida, es por eso que en este ordenamiento se estableció la entrega de la denominada cuota energética para todos los productores del país.
La importancia del establecimiento de la cuota energética como estímulo al sector agropecuario no se agota en el reconocimiento que se haga en la ley, sino que exige crear vías para su protección, de tal forma que se garantice el pleno desarrollo de las actividades con el uso y posesión de la tierra, así como de las áreas distintas a ésta, como es el caso de la acuacultura y la pesca ribereña.
Como parte de esas medidas para la protección de la cuota energética y con el fin de lograr los objetivos de la Ley de Energía del Campo, en este proyecto se resalta el carácter de intransferible de las cuotas energéticas en materia de acuacultura y pesca, reconociéndose en la ley la importancia de todas las actividades relacionadas con la industria agropecuaria.
Asimismo, se destaca que la adhesión presentada en el proyecto en comento no contraviene en ningún sentido con las disposiciones establecidas en la Ley de Energía del Campo; por el contrario, se hace un trabajo de armonización con otras disposiciones, como es el caso del artículo 13 de la misma ley, que establece infracciones contra el desvío de la cuota energética para fines diversos a los que fue autorizada al beneficiario y su comercialización, con lo cual se confirma su carácter de intransferible.
Si bien el objetivo de este proyecto es otorgar una mayor protección a las cuotas energéticas, a las materias de acuacultura y pesca ribereña mediante el carácter de intransferible, lo anterior no se realiza en un sentido paternalista y sin posibilidades para los productores de trasladar el desarrollo de su actividad a una tercera persona.
En este sentido se contemplan excepciones al carácter de intransferible de esas cuotas, la sustitución del titular del mismo o la concesión correspondiente. Para ello y de manera pertinente, en este proyecto se incorporan los contenidos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en cuanto al régimen de permisos y concesiones, lo cual le otorga mayor sustento al sistema de excepciones a la denominación de intransferibles de Ley de Asistencia Social de cuotas energéticas mencionadas.
Por último, es importante destacar el trabajo realizado en este proyecto en cuanto a la armonización legislativa al establecer vínculos con otras disposiciones en la materia que fortalecen el sentido de las cuotas energéticas para el caso de la acuacultura y pesca ribereñas y la protegen al mismo tiempo contra el uso indebido e irracional de las mismas. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. También para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene la palabra la diputada Dora María Talamante, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los tres dictámenes que se someten a discusión el día de hoy por parte de la Comisión de Energía nos permiten avanzar de manera gradual sobre aspectos centrales del sector energético del país.
Por un lado, se establecen medidas y mecanismos para promover las energías renovables y limpias como una forma de contribuir al desarrollo sustentable. Por otro, impulsar a través de la política energética la competitividad y productividad del sector pesquero y la acuacultura del país.
En primer lugar me referiré a la importancia de la reforma al artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y del 11 de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Es importante porque nuestro país tiene un enorme potencial para la generación de energía limpia, ya que pertenece a una de las cuatro regiones con mayor radiación en el mundo, junto con el hemisferio sudamericano, al norte de África y al centro de Austria.
Podemos afirmar que el potencial geográfico de nuestro país es ideal para el uso de energías renovables; sin embargo, algunos de los factores que pueden llegar a impedir el desarrollo de estas tecnologías es el desconocimiento técnico y la ausencia de impulsores que potencialicen la viabilidad de su uso.
Por ello, considerando los beneficios a la educación y a las condiciones de vida en las que muchos mexicanos subsisten, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen.
Estamos seguros de que nuestro voto a favor podrá ayudar a impulsar el uso de las energías renovables y sus consecuentes beneficios para el medio ambiente, así como beneficiar a las escuelas públicas que más lo necesitan, en las que estudian niños, niñas, adolescentes en situación de desventaja social.
Al hacer un balance de las condiciones que prevalecen en gran parte de estas localidades e inclusive en muchos centros urbanos del país, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos un acierto la propuesta de que los planteles públicos de educación cuenten con los insumos de captación de energía sustentable para incorporarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, procurando que sean las comunidades marginadas las primeras beneficiadas.
No menos importante resulta el dictamen que adiciona la fracción VII del artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, ya que se establece que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consoliden las previsiones económicas que permitan la creación de fondos y fideicomisos para la investigación, la promoción y el aprovechamiento de la investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.
Con esta medida sabemos que estaremos reforzando la estrategia nacional de la transición energética y el aprovechamiento de la energía con medidas efectivas para que las autoridades competentes aporten los recursos que permitan no sólo la inversión en este rubro, sino el impulso de los nuevos creadores creando un círculo virtuoso en las políticas públicas.
La creación de fondos y fideicomisos para este fin permitirá el desarrollo y consolidación de estas áreas del conocimiento, a fin de que sean competentes, pero sobre todo, sean una inversión real para el país, haciendo sustentable el vínculo de la academia con la sociedad.
Finalmente es necesario subrayar que la política energética debe considerar no sólo promover el cuidado del medio ambiente, sino también debe servir para una palanca de desarrollo económico impulsando la competitividad y productividad de los sectores económicos con una visión sustentable.
Por ello nuestro apoyo al dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Energías para el Campo para extender el beneficio de cuota energética, brinde certeza jurídica a los pescadores y se establezca un uso racional del subsidio que establecen restricciones para su continuidad, para que el pescador o productor al retirarse de las labores productivas se dé por terminado este tipo de apoyos.
Con ello, se evita que los recursos públicos en subsidios se destinen sin un objetivo en términos de competitividad o productividad del sector.
Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza asumimos nuestro compromiso con el desarrollo sustentable y con el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población. Nuestro voto a favor de los tres dictámenes muestra la responsabilidad de esta soberanía con México y sus ciudadanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia no tiene conocimiento de que se vaya a reservar algún artículo.
En consecuencia voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Si me permiten, quiero aprovechar la oportunidad para darle la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Colegio Peterson, que están aquí invitados por la diputada Carla Alicia Padilla Ramos. Viene por supuesto su hija, Julia Sofía Barquín, en el grupo de estudiantes de sexto de primaria del Colegio Peterson. De sexto no, de primaria. Bienvenidos a esta sesión y bienvenidas.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, 418 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de las Transición Energética.
Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Astudillo, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, México y su medio ambiente nos lo demanda y nos lo urge, es el momento para convertirnos en un país verde, en un país de energías limpias; en un país innovador y preocupado por todo lo que tiene que ver con sus recursos naturales y por supuesto por salvaguardar todo lo que tenga relación con nuestras energías. El 92 por ciento de los mexicanos así lo decidimos ya.
En una reciente encuesta por parte de una empresa extranjera francesa, arrojó los datos que todos y cada uno de los mexicanos preferimos las energías renovables para poder tener una solución adecuada a lo que tiene que ver con el cambio climático, por supuesto, y a la dependencia de importación de combustibles fósiles en nuestro país.
Dentro de la Comisión, en los siguientes dos dictámenes que vamos a analizar hemos también conseguido el consenso, la unanimidad para poder estar a favor de los dictámenes que estamos hoy discutiendo. El primero, el que tiene que ver con la reforma a los diversos artículos en la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de Transición Energética, el que podamos buscar y consolidar el dicho aprovechamiento de estas energías, principalmente en las escuelas y en las comunidades rurales. Es decir, que se contemple todo lo que tiene que ver con el servicio de educación pública de una forma prioritaria en todas aquellas zonas a las que es difícil acceder.
Actualmente existe ya una disposición de diversos programas a lo largo y ancho en los municipios más alejados de nuestro país, que funcionan mediante las energías renovables y que lo que estamos haciendo en este dictamen, es poder ampliar para que sean consideradas todas estas alternativas y que podamos tener un mejor aprovechamiento.
El segundo dictamen que analizaremos y que quiero dar mi posicionamiento tiene que ver, por supuesto, con la adición al artículo 24 de la misma Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de Transición Energética, y que podamos buscar los mecanismos adecuados en lo que tiene que ver con el tema de inversión, con el tema, por supuesto, de que se puedan aprovechar los recursos de egresos de la federación, para incentivar los proyectos en nuestro país.
Hoy, hay que voltear a ver países, como Alemania, Italia, Estados Unidos, China, que representan el 60 por ciento de la inversión en lo que tiene que ver con energías renovables, al monto total de las grandes inversiones que se han dado en el mundo solamente en el año 2011.
Dentro de la Comisión, y por supuesto, al grupo parlamentario que represento, consideramos que el poder tener el acceso a estos recursos nos va a ayudar a que no se disperse y que se reflejen concretamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos destinados a la formación de fideicomisos, a la formación, por supuesto, de apoyos y que los municipios y los estados puedan acceder a este recurso.
De esta manera, dentro de la comisión como secretario e integrante y representante de nuestro partido, contribuimos dotando a la sociedad mexicana de instrumentos que permitan la diversidad de fuentes de energía y el aprovechamiento de las energías limpias y que transitemos hacia un desarrollo sustentable. Que hoy no podemos desperdiciar la gran oportunidad de la situación geográfica en la que se encuentra nuestro país, y en comparación con economías similares a la nuestra, a poder aprovechar todo lo que tenga que ver con el tema de energías renovables, energías verdes, y que por supuesto, demos resultados, desde esta comisión y desde esta asamblea, a la problemática que hoy está asechando a nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Astudillo. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Las fuentes de energía renovables, como el sol, el viento, las corrientes de agua, la biomasa o el calor natural permiten obtener, después de una transformación, energía mecánica, electricidad o combustible.
Cuando esto se asocia a una utilización racional de la energía, es posible reducir el consumo de combustibles de origen fósil y con ello reducir los impactos socioeconómicos y medioambientales, además de cubrir nuestras necesidades en energía.
El desarrollo de las energías renovables responde, tanto al problema del medio ambiente como a la necesidad de diversificación de las diferentes fuentes de energía. Es importante destacar que aunque las energías renovables sean teóricamente inagotables, su potencial varía en función de los factores climáticos, ubicación geográfica y de las posibilidades de almacenaje, y es por ello que sería un grave error perturbar de manera irresponsable y desmedida la relación que existe en los ecosistemas, ya que esto puede alterar los recursos renovables de manera irreversible.
Según el Observatorio de las Energías Renovables de Europa, la electricidad en México se produce en su mayoría a partir de combustibles fósiles. En el 2011 ésta representaba un 80 por ciento de la producción total.
Las fuentes renovables en nuestro país representan un 16.4 por ciento del total, siendo un 13.2 por ciento a partir de la energía hidráulica, 2.4 por ciento de la geotermia, 0.5 por ciento de la eólica y 0.3 por ciento a partir de la biomasa.
México destaca por ser un país con mucho potencial en la generación de energía renovable debido a su posición geográfica.
Las diferencias de temperaturas entre el Golfo de México y el Océano Pacífico en el estado de Oaxaca, por ejemplo, crean uno de los túneles de viento más poderosos del planeta.
Recientemente, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Leopoldo Rodríguez, indicó que el poder del Parque Eólico Mexicano debería alcanzar 4 gigavatios en 2015 y 12 para el año 2020, con lo que se cubriría alrededor del 15 por ciento de las necesidades futuras de energía del país, todo esto, de ser llevadas a cabo por el gobierno las inversiones necesarias.
La iniciativa en cuestión pretende llevar a cabo la modificación a disposiciones contenidas en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Esto, con la intención de promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables en inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública, y de forma prioritaria, en aquellas que no cuentan con el servicio de suministro de energía eléctrica.
La postura del PT respecto de este tema es, sin duda, la de apoyar esta iniciativa, ya que plantea mejorar la situación de las escuelas en nuestro país y, a su vez, crear conciencia en los estudiantes de las escuelas respecto de la importancia de usar medios de producción de energía renovable.
Concebimos los centros educativos como una oportunidad para el desarrollo de estrategias de atención a las familias y no solo a los niños y jóvenes, ya que de esta manera se logrará impulsar el desarrollo humano y comunitario.
Los cambios verdaderos y permanentes, en el comportamiento de los futuros consumidores solo se lograrán convenciendo a los individuos de las ventajas reales y no aplicando simples factores superficiales. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión, a un grupo de ciudadanos de Tultitlán, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente. Compañeras y compañeros, especialmente con un saludo fraterno a nuestra compañera diputada federal Aída Fabiola Valencia, quien en Oaxaca, en su tierra, en su distrito sufriera una agresión de los caciques que todavía abundan por algunas partes del territorio nacional.
Esta reforma que se propone y que salió por unanimidad en la Comisión de Energía, de algún modo es la prueba de que la famosa y publicitada reforma educativa dejó muchos cabos sueltos.
Y un tema, sin lugar a dudas, que se recuperó en la Comisión de Energía, es poder aprovechar las energías renovables para que las escuelas puedan contar con el suministro de energía, particularmente en aquéllas que por su situación precaria no tienen ni los mínimos para ofrecer las condiciones para los educandos.
Se está atendiendo desde el área de la energía, pero si lugar a dudas es un tema que implica a la educación del país, porque en educación pública gratuita –como reza el 3o. constitucional– no solamente es pagarle a los maestros y ver que haya un local, sino es que los alumnos puedan contar con las condiciones materiales para poder aprovechar el conocimiento.
Por eso nosotros hemos insistido también que así como hay esta reforma que atiende la utilización de energías renovables también se debe seguir dotando a la infraestructura educativa de los mínimos necesarios para poder operar y no ir por la puerta fácil de las cuotas escolares, que ustedes seguramente escucharán en sus distritos o en sus lugares, como a partir de la reforma educativa se ha ido cobrando algo que ya pasaba, pero ahora con más fuerza. Están cobrando cuotas escolares en las escuelas públicas, con cualquier pretexto pasan la charola a los padre de familia, y definitivamente esto no puede seguir así.
Por eso lo denunciamos desde esta tribuna, en el marco de esta reforma que estamos por aprobar y que significa un reconocimiento tácito a que faltaron muchos temas por atender. Qué bueno que en la Comisión de Energía se tomó cartas en el asunto.
Y nosotros hemos dicho que las buenas cosas que se hacen hay que reconocerlas de donde vengan, ésta fue una iniciativa de un diputado del PRI que nosotros saludamos con buenos ojos, pero queremos también que haya esta disposición que hasta ahora ha habido en la Comisión de Energía para discutir con profundidad temas.
Vienen los temas más polémicos, los temas que polarizan más, vendrá el tema de la reforma energética y ahí queremos que siga habiendo esta disposición para ser escuchados y tomar acuerdos de consenso.
Por todas estas razones vamos, como Movimiento Ciudadano, a votar a favor del dictamen que modifica el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Lo hacemos sabiendo que esta adecuación va a ayudar a fortalecer la infraestructura educativa pública del país. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Javier Orihuela García, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Javier Orihuela García: Buenos días, compañeros y compañeras. El PRD está totalmente de acuerdo en apoyar esta iniciativa, porque las escuelas del medio rural que no cuentan con energía eléctrica hoy pueden hacerlo a partir del aprovechamiento de la energía inagotable que es el sol. También estamos de acuerdo en que tengamos un mapa nacional para aprovechar más eficientemente las energías renovables tan productivas, tan vastas que nos ha dado la naturaleza por la ubicación de nuestro país.
Pero no quiero dejar de señalar que esta Cámara de Diputados es el ejemplo, es el peor de los ejemplos del uso eficiente de la energía. Esta Cámara de Diputados es el peor ejemplo que podemos darle a la nación acerca de cómo usamos la energía en este recinto, compañeros. Nos debería dar vergüenza que hoy este sencillo acuerdo tengamos que votarlo, tengamos que aprobarlo hoy 2013, después de tanto tiempo de no avanzar en algo tan importante como es la transición energética.
Esta Cámara de Diputados es el peor ejemplo de cómo la huella de carbono aquí se vuelve profunda por el uso desmedido de combustible en los cientos de vehículos que están aquí abajo en el sótano. Esta Cámara de Diputados y los diputados mismos somos el ejemplo de la ineficiencia energética.
Por ello, compañeros, hacemos un llamado a todos ustedes, compañeras y compañeros, para que aquí en la Cámara de Diputados por fin podamos establecer un proyecto energético que sustituya los grandes gastos de la energía eléctrica por energía solar, compañeros. Esto es posible.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRD nuevamente hace un llamado a todas las comisiones, a todos los grupos parlamentarios, para que en este recinto cuando vengan los jóvenes estudiantes a visitarnos podamos mostrarles que la Cámara de Diputados es un ejemplo de cómo podemos disminuir la huella de carbono, tan profunda hoy aquí en la Cámara de Diputados, y cómo podemos evitar la emisión de gases de efecto invernadero por el gran uso de la energía eléctrica que aquí gastamos, compañeros, gastamos y dilapidamos.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRD, hoy está totalmente de acuerdo en apoyar esta iniciativa. Pero hacemos votos porque transitemos más sólidamente, más rápidamente en esta Cámara de Diputados, en esta transición energética, compañeros, que seamos ejemplo, compañeros.
Por ello, yo quisiera pedirles a los grupos parlamentarios, que a la brevedad posible pudiéramos aprobar la instalación de este Comité Verde aquí en esta Cámara de Diputados. Y no hablemos del agua, porque en agua somos más depredadores que en energía eléctrica aquí en la Cámara de Diputados, compañeros.
Exhortamos a que, presidente, en el punto de acuerdo sobre la instalación de un Comité Verde, se establezca ya en la Cámara para que seamos consecuentes.
El PRD está a favor que las escuelas tengan energía fotovoltaica donde no hay energía eléctrica y también que tengamos un mapa para el mejor aprovechamiento de las energías renovables en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No habiendo otra intervención solicitada, ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Nos visita un grupo de alumnas y alumnos de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Becquer, que están acompañados por el profesor Víctor Soler. Todos ellos vienen invitados por la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, se emitieron 417 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento a la Transición Energética.
Este dictamen fue fundamentado por el diputado Astudillo, en su intervención pasada, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. ¿No está el diputado Valle?
Tiene la palabra el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sonido en la curul del diputado.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo comentar que acordamos como grupo parlamentario declinar la participación por economía parlamentaria, porque creemos que hay una gran cantidad de dictámenes que se están presentando.
Pero quisiéramos señalar que estos tres dictámenes que representan un avance en esta materia, en materia energética por supuesto que los suscribimos y por supuesto que el PRD está a favor de estas iniciativas. Aunque nuestro grupo no las haya presentado, las apoyamos y las avalamos.
También dejar claro y dejar constancia que reconocemos que sin duda será hasta el segundo semestre cuando de manera integral abordaremos el tema de la reforma energética y ahí es donde le daremos dimensión a los aportes que hoy se han presentado. Por su atención, muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Cuéllar. En razón de que no hay otra intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónica. De viva voz:
El diputado Guillermo Sánchez Torres (desde la curul): A favor.
El diputado José Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.
El diputado Gaudencio Hernández Burgos (desde la curul): A favor.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): A favor.
El diputado Noé Hernández González (desde la curul): A favor.
La diputada Elvia María Pérez Escalante (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Pablo Adame Alemán (desde la curul): A favor.
El diputado José Alfredo Botello Montes (desde la curul): A favor
La diputada Lorena Méndez Denis (desde la curul): A favor.
La diputada María Fernanda Romero Lozano (desde la curul): A favor.
El diputado José Soto Martínez (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 419 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 419 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden el día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Para fundamentar el dictamen por parte de la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Alfonso Inzunza Montoya.
Me dice el diputado Inzunza que va a fundamentar los dos dictámenes de la misma comisión. Adelante, diputado.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas: la Comisión de Pesca pone a consideración de esta honorable asamblea el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD.
Nuestro país cuenta con más de tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. La extensión de sus costas lo coloca en el noveno lugar a nivel mundial, tiene una gran potencial pesquero por su diversidad y por los volúmenes de pesca en sus zonas marítimas que requieren ser explotados de manera integral.
Es de resaltar la participación de la pesca dentro de la seguridad alimentaria nacional; sin embargo, es necesario adoptar medidas que garanticen la optimización y aprovechamiento al máximo de este recurso.
Al respecto, la producción total de captura en México alcanzó, en el año 2011, 1.4 millones de toneladas, mientras que la acuicultura aportó casi 300 mil toneladas.
De igual forma, tenemos que implementar acciones que permitan la sana convivencia entre la oferta y la demanda, esta última de manera excesiva ha generado un esfuerzo pesquero y tasas de aprovechamiento superiores a lo que los recursos pesqueros en ciertos hábitat pueden soportar.
Ante la gran demanda de alimento se está en riesgo de sobreexplotar los recursos pesqueros, por lo que se deben mantener las políticas públicas de desarrollo sustentable que permitan que la pesca se encuentre en niveles estables y así evitar el impacto negativo en las diversas pesquerías.
Por otro lado, debe recordarse que el cambio climático es un fenómeno inducido por las emisiones de gases de efecto invernadero y se perfila, junto con la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas y de sus servicios ambientales, como el problema ambiental más trascendente del siglo XXI y uno de los mayores desafíos globales que enfrenta la humanidad.
Este incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero afectará también la temperatura, se prevé que para la última década del próximo siglo la temperatura promedio mundial podría aumentar 1.8 y 4 grados centígrados.
La ciencia del clima identifica que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero deben lograr un objetivo único; mantener el aumento de la temperatura promedio del mundo.
Se prevé que el aumento de la temperatura marina en superficie debido al cambio climático, tenga efectos adversos en los arrecifes de coral mesoamericanos y cambie la ubicación de los bancos de peces en el sureste del Pacífico.
Se prevé que los cambios en las pautas de las precipitaciones y la desaparición de los glaciares afecten significativamente a la disponibilidad de agua para consumo humano, la agricultura y la generación de electricidad.
La contribución de México, conforme al Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 indica que nuestro país ocupa el 13avo lugar a nivel mundial por sus efectos de emisión de gases de efecto invernadero. El cambio climático va a generar con seguridad una gran sinergia negativa si se le suman las actividades de sobreexplotación pesquera, la invasión de especies no nativas, la modificación de hábitat, en especial en zonas costeras y los cambios en el agregado de nutrientes por el inadecuado manejo de los ríos.
A todas estas repercusiones negativas, agréguese que según la FAO una ordenación inadecuada de la pesca y las granjas acuícolas pueden causar un aumento del estrés en los peces, reducir la calidad y cantidad del agua y así exponer en mayor medida a la pesca y acuacultura, a las amenazas del cambio climático.
Ante esta amenaza climática será importante desarrollar capacidades preventivas y de respuesta ante los impactos adversos, además de generar información y conocimiento sobre la vulnerabilidad de las regiones y sectores del país, así como de los efectos reales para generar el desarrollo de estrategias claras, pero sobre todo el trabajo coordinado de las distintas instancias del gobierno y la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de esta LXII Legislatura consideramos importante la aprobación de esta iniciativa para el futuro de las generaciones venideras y de nosotros mismos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Inzunza. Ahora para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano. Perdón, va a fijar la posición del siguiente dictamen. Diputado Inzunza, de una vez.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Gracias, diputado. Con su permiso, señor presidente. La iniciativa que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos plantea la problemática de la acuacultura o cría de peces, que es uno de los sistemas de producción de alimentos que ha experimentado un rápido crecimiento en todo el mundo.
En cuanto a niveles de producción, éste alcanzó en el periodo transcurrido entre 1970 y 2004 un volumen de 54.4 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual de 8.8 por ciento.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de nuestro país, ha señalado que la acuacultura constituye a nivel mundial la segunda actividad económica con mayor crecimiento, sólo por debajo del sector de las tecnologías de la información.
Los integrantes de la Comisión de Pesca consideramos, al igual que el diputado proponente, que en nuestro país es de suma importancia impulsar el crecimiento de la acuacultura, en términos de seguridad alimentaria y por la sobreexplotación que sufren los bancos marinos del planeta.
Por otra parte, la acuacultura ha tenido una participación creciente en el consumo del pescado, cada vez es mayor la proporción de pescado proveniente de la acuacultura respecto a la proveniente de captura para consumo humano.
En 2003, el 13.28 por ciento de la producción pesquera mexicana correspondió a acuacultura, es decir, 207 mil 776 toneladas se obtuvieron por esta vía, frente a los 1.3 millones de toneladas producto de la captura.
México es un país rico en recursos pesqueros y con gran potencial para el desarrollo de la acuacultura, pues al lado de sus más de 11 mil kilómetros de costa, posee 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas y 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores.
Adicionalmente, cuenta con una diversidad de especies nativas susceptibles de ser cultivada, como camarón blanco del pacífico, ostra americana, abulón, almejas y langostinos.
De acuerdo con la Sagarpa, el consumo per cápita directo de pescado y marisco ascendió en 2009 a 13.06 kilogramos, de mantenerse esta tendencia y dadas las proyecciones de crecimiento de la población, las cuales establecen que en el 2030 habitaremos en México 121 millones de personas, la oferta de productos del mar será insuficiente a menos que se mantenga un crecimiento sostenido de la producción, el cual -como lo señalamos líneas arriba- tendrá que venir de la acuacultura.
Sin embargo, la propia Sagarpa ha reconocido que entre las debilidades que limitan el desarrollo del sector acuícola, está el marco legal y normativo, la carencia de organizaciones en las unidades de producción, la poca inversión privada y gubernamental, la carencia de tecnologías para la obtención de semillas y engorda de especies acuáticas, la falta de coordinación institucional y la baja prioridad que se otorga a las actividades en el uso del agua.
Adicionalmente, la acuacultura enfrenta el reto de dejar atrás el esquema de monocultivo de especies de mayor valor económico, fenómeno que se presenta a partir de 1992, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Acuacultura.
Actualmente, es el camarón el mayor cultivo del país, lo que en términos de impacto al ambiente ha significado la contaminación de las lagunas costeras y tala de mangle para la construcción de granjas.
De acuerdo con la Carta Nacional Acuícola, las especies que se explotan con fines comerciales, ya sea para la explotación y/o para satisfacer las demandas del mercado interno, son el atún aleta azul, el bagre, el camarón blanco del pacífico, la carpa, la langosta de agua dulce, el langostino malayo, los peces de ornato de agua dulce, la rana toro, la tilapia y las truchas arcoíris. De éstas, la única nativa es el atún aleta azul, todas las demás fueron introducidas al país por lo que se les considera invasivas.
En vista de la importancia que reviste la protección de nuestra biodiversidad, como base para el desarrollo acuícola, la presente iniciativa propone modificaciones en los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de proteger a las especies endémicas y con ello, la diversidad acuícola de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de esta soberanía el dictamen positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de proteger el cultivo de las especies endémicas de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Inzunza. Para fijar la posición de su grupo parlamentario respecto del primero de los dos dictámenes que ha fundamentado el diputado Inzunza, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. Si puede iniciar con su intervención, diputado.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidente. Movimiento Ciudadano, desde luego que está a favor en relación a estas dos reformas y también quiero aprovechar para agradecerle al diputado Soto que me haya cedido su tiempo, para poder yo presentar este posicionamiento.
Y nunca estará, Movimiento Ciudadano, en contra del desarrollo del país ni tampoco en su desarrollo productivo, y sobre todo, en los temas de productividad y eficiencia. Y en el tema alimentario, desde luego que es de suma importancia.
Quiero pedirles una disculpa, que no iniciaba a hacer el posicionamiento, compañeros diputados, porque hubo un retraso para permitir la entrada de 150 presidentes municipales de diferentes partes del país y de todos los partidos que se encuentran aquí arriba. Y les enviamos un saludo, compañeros. Gracias por acompañarnos.
Quiero también pedirles una disculpa, porque quiero aprovechar el tiempo en atención a los presidentes municipales que están el día de hoy y que vienen desde Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Mérida, de Guerrero, de Oaxaca, de Guanajuato, de Jalisco. Presientes municipales, bienvenidos, muchas gracias.
En atención a ellos el día de hoy quiero comentar que voy a entregar la iniciativa de reforma al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que estoy solicitando que el 80 por ciento del presupuesto que tenía o que tiene el gobierno federal, esa recaudación, y que se distribuye a toda la comunidad solamente el 20 por ciento –la Ley de Coordinación Fiscal especifica que de todos los recursos repartibles para la república mexicana la federación controlará el 80 por ciento de ese presupuesto y solamente el 20 por ciento irá para estados y municipios, lo que significa que la federación al administrar este 80 por ciento deja una cantidad muy corta para los municipios y de ese 20 por ciento solamente el 4 por ciento le toca a los alcaldes para atender a sus comunidades.
Aquí lo que estamos pidiendo en esta reforma es que se modifique y quede que el 60 por ciento se le quede a la federación, el 20 por ciento vaya directo a los municipios sin pasar por los gobernadores y el 20 por ciento vaya a los estados.
Esta modificación va a permitir hacer que los municipios tengan recursos suficientes para no endeudarse, recursos suficientes para promover el desarrollo de su comunidad, van a generar empleo y van a hacerse justica social y económica en las comunidades más apartadas.
Cada vez tenemos una federación más rica y tenemos cada vez municipios y comunidades más pobres. No es posible que en una comunidad de mil habitantes el comisario ejidal pueda operar a esta comunidad con mil pesos mensuales para el desarrollo de la comunidad. Con mil pesos mensuales generar empleos, generar desarrollo es imposible, no le alcanza ni para los viáticos.
Aquí se necesita que el recurso baje directamente a las comunidades para hacer desarrollo realmente en las comunidades, y que los presidentes municipales también se apeguen a las reglas de operación que establezca la Secretaría de Hacienda.
Necesitamos fortalecer con este cambio de esta iniciativa a la Auditoría Superior de la Federación para que haga justicia y también encarcele a aquellos presidentes municipales que se han llevado el dinero del pueblo.
Necesitamos que la federación actúe con eficiencia y, por otro lado, fortalecer al Inafed para que se convierta en una institución de capacitación, de apoyo y de guía para que hagan sus programas de desarrollo municipal los presidentes municipales y darle la fortaleza necesaria.
Y, por otra parte, que los presidentes municipales entiendan que la Presidencia Municipal no es un agencia de colocación de empleo, que tendrá que ajustar su nómina a un funcionamiento correcto y adecuado del municipio para que pueda operar en forma adecuada y no tener que ver casos como el de Acapulco, en donde su eficiencia debe trabajar con 4 mil trabajadores y tiene 8 mil 500, de los cuales hay que liquidar.
Quiero también aclarar que los presidentes municipales, los que hayan cometido falta, se metan a la cárcel, pero que no es la constante de todos los presidentes municipales, tenemos muchos presidentes municipales honrados que sí quieren a su comunidad y quien trabajar.
Por este motivo les pido, compañeros diputados, que nos ayuden a aprobar esta iniciativa que va a beneficiar al país de forma estructural. Le agradezco también a todos los compañeros –compañera, sí es tema, porque soy diputado igual que usted, y pedí permiso, tal vez no me puso atención. Permítame, no me puso atención. No me puso atención, compañera y es mi tiempo y es su tiempo. Cuando usted tenga su tiempo la respeto–, yo les pido compañeros que nos apoyen con esta iniciativa y voy a dejar aquí la iniciativa abierta para que todos los compañeros que quieran adherirse, suscribirse a esta iniciativa, nos apoyen y pasen aquí al frente.
Aquí les quiero mostrar, aquí ya hay más de 600 firmas de presidentes municipales, regidores y diputados que se adhieren a esta iniciativa para transformar estructuralmente al país con la reforma económica y redistribuir correctamente el dinero del pueblo. Muchas gracias. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Jorrín. En su momento cuando lleguemos al apartado de iniciativas, la iniciativa será turnada a comisiones.
Respecto al tema que nos ocupa no hay otra intervención solicitada. En consecuencia voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 425 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Este dictamen fue fundamento por el diputado Inzunza. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular. Esta Presidencia no tiene conocimiento de que vaya a haber alguna intervención. En consecuencia voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, 408 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. De viva voz:
El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Bonilla Valdez (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Zamora Morales (desde la curul): A favor.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): A favor.
El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): A favor.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): A favor.
El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Zamora y Sotomayor. Sotomayor
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Jorge Sotomayor.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): A favor.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo (desde la curul): A favor.
El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): A favor.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra (desde la curul): A favor
El diputado Jaime Chris López Alvarado (desde la curul): A favor.
La diputada Mónica García de la Fuente (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Salgado Parra (desde la curul): A favor.
La diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): A favor.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): A favor.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron 422 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos...
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Corrijo, presidente, 432 votos a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: De todos modos es por unanimidad. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Para fundamentar el dictamen, por la comisión, tiene el uso de la tribuna la diputada María del Rocío García Olmedo.
La diputada María del Rocío García Olmedo: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados: a la Comisión de Equidad y Género le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 448 que contiene la iniciativa que reforma el artículo 36 y adiciona un artículo 46 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Osiel Omar Niaves López y suscrita por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, ambos diputados del Grupo Parlamentario del PRI.
La iniciativa presentada es con el objeto de atender el problema de violencia de género que se presenta en las zonas y comunidades rurales de nuestro país y que, por supuesto, tiene como premisa la vulnerabilidad de la mujer rural, ya que en gran cantidad son indígenas, son pobres y además son las jefas de sus familias.
De ahí que la Comisión de Equidad y Género a efecto de cumplir y estar acorde con lo que hemos signado como país en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, en el establecimiento que hacen en el sentido de que los Estados parte deberán tener en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeñan las mujeres rurales en la supervivencia económica de sus familias, así como que permite estas medidas tener las apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales, es muy importante que nos ayuden con el voto a favor de esta iniciativa, derivado que como todas y todos ustedes saben la población que vive en localidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes suma 26 millones y representa el 23.2 por ciento de la población total del país, de los cuales 13.4 millones son mujeres y 12.9 millones son varones.
En este año, según lo establecen algunos estudios que se han realizado, había 102 mujeres rurales por cada 100 hombres rurales.
De acuerdo también a los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, los resultados que se dan acerca de mujeres rurales que fueron consultadas, el 44.5 por ciento opina que no se respetan los derechos humanos de las mujeres.
En este orden, también la ONU tiene estudios que indican el grave problema que enfrentan las mujeres con la violación de sus derechos agrarios, por lo cual resulta evidente la enorme desventaja de las mujeres del medio rural, quienes además de esa brecha de género tienen un componente de desigualdad significativo con respecto a las mujeres que habitan en el medio urbano.
En este orden de ideas y de consideraciones, compañeros diputadas y diputados federales, se propone en la Comisión de Equidad y Género mediante esta iniciativa con proyecto de decreto, integrar también a la hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, derivado de que a esta dependencia le corresponde aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, pero también de todas las Leyes Agrarias con sus reglamentos.
También en esta iniciativa se propone otorgar facultades a esta Secretaría para impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres en las actividades de campo, así como diseñar con una visión transversal la política integral con perspectiva de género, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del campo, las indígenas y fomentando la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres en comunidades agrarias.
De ahí, amigas y amigos diputados, esta Comisión de Equidad y Género somete a consideración de ustedes este dictamen. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las desigualdades socioeconómicas y territoriales que padece un sector importante de mujeres y hombres en nuestra sociedad, acentúan de manera drástica la discriminación, este es el caso de las niñas y mujeres indígenas y rurales, quien ven vulnerados sus derechos humanos debido principalmente a la diversidad de condiciones, de actividades que realizan, a los patrones culturales, de las diferentes zonas geográficas y al limitado acceso a recursos y servicios.
A nivel internacional son diversos los instrumentos que se han referido y mandatado respecto a este importante tema, por mencionar algunos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, quienes de manera paralela han sugerido reiteradamente a los Estados parte, adoptar medidas que garanticen la igualdad entre los géneros, en el acceso a los alimentos, servicio de apoyo a la agricultura, y en los procesos de adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación.
Estas acciones estarían encaminadas al empoderamiento de las mujeres rurales y a una mejora de la seguridad alimentaria de ella y de sus familias.
El dictamen hace referencia de manera acertada a que estas medidas incluyen reformas legislativas que permitan el acceso a recursos y a la propiedad, al reconocimiento de la jornada de trabajo que realizan las mujeres rurales, a la capacitación y garantizar su participación en los niveles de decisión, a la promoción de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas, a la promoción del programa que reconcilien el trabajo y las responsabilidades familiares entre las mujeres y los varones.
En este sentido, el dictamen que estamos a punto de votar hace referencia, de manera importante, a la adopción de estas medidas que faciliten el acceso a los bienes y servicios de las mujeres rurales en nuestro país.
Uno de los principales objetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para prevenir la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, así como garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable, que favorezca la soberanía y el régimen democrático, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este marco, la reforma plantea y refiere a la inclusión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la integración de esfuerzos interinstitucionales que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la ley.
Específicamente, la reforma establece la correspondencia de la Secretaría para coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria, así como para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico.
De igual manera, el dictamen incluye que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá constituir un padrón sobre las unidades agrícolas industriales de la mujer, que son, de acuerdo a la Ley Agraria, parcelas destinadas al asentamiento humano e integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido.
Estas unidades pueden integrar instalaciones destinadas, específicamente, al servicio y protección de las mujeres campesinas. Estos espacios se generan en respuesta y apoyo de las mujeres rurales, para promover el desarrollo agrícola y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres rurales e indígenas.
En Nueva Alianza estamos convencidos que todas las mujeres requieren de condiciones que propicien su igualdad de oportunidades y no discriminación. Y que particularmente, este sector demanda capacitación para participar en las decisiones de la sociedad y condiciones para la dignificación de sus actividades que mejoren el nivel de vida y de sus familias. Por lo anterior, nuestro voto será a favor. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, para las mujeres rurales no ha habido ningún avance, en virtud de que hasta este momento siguen siendo violentadas en sus derechos humanos, tal y como yo misma fui objeto de la peor violencia de género, a pesar de que ha habido pronunciamientos de los derechos humanos de la mujer.
Fui violentada física e institucionalmente el domingo a medio día. Y hago uso de esta tribuna, donde la voz de nosotras y de los legisladores se tiene que alzar.
En un afán de contribuir con el desarrollo de mi municipio San Agustín Loxicha Pochutla, Oaxaca, acompañé a unos agentes municipales a revisar unos temas pendientes de obras que no se han realizado.
Por tocar intereses fuertes del presidente municipal, Flavio Pérez Pérez fui brutalmente agredida por la policía municipal, en donde con mucha tristeza, el propio presidente municipal dio la instrucción. Mi equipo de trabajo y yo misma.
En ese momento se atravesó por mi mente el peor de los pensamientos. Cuando yo volteé porque sentí a alguien atrás de mí y ante el terror, pero también ante el enojo volteé y toqué a esa persona que estaba atrás de mí y estaba armada. Guardias blancas al servicio del presidente municipal.
Desde aquí, ¿si a mí me pasó como legisladora, representando a un grupo de autoridades auxiliares, qué no puede pasarle a las otras mujeres de esta zona?
Por eso hago un llamado al presidente municipal, desde esta tribuna, para que sea respetuoso de las mujeres y de los hombres de esa comunidad, y que se ejerzan los 72 millones de pesos que en este ejercicio van a destinarse a ese municipio.
Por eso es que hoy hago uso de la tribuna y pido la solidaridad de las diputadas y de los diputados, y eso que todavía no nos aprueban en el Senado que no tengamos fuero, con esto de no tenerlo imagínense cuántos de nosotros vamos a ser vulnerados en nuestros derechos.
A pesar de que se hizo en 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, y se logró la aprobación de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el relator especial de la CEDAW formuló recomendaciones para auspiciar una política que conduzca a la integración de las mujeres mexicanas en las tareas del desarrollo y de la vida nacional en igualdad de oportunidades con los hombres, mediante la creación de programas que permitan su realización individual y en consecuente mejoramiento de sus condiciones de vida, a pesar de todo esto aún seguimos viviendo violencia.
Por desgracia todo lo que se ha pronunciado no ocurre, las mujeres rurales son el extracto más pobre de la sociedad, son quienes más sufren la discriminación, mujeres y niñas rurales que representan el 25 por ciento de las personas del mundo y una gran parte de la mano de obra agrícola. No es lo mismo ser una mujer rural en este país que en otros países de desarrollo.
Las mujeres rurales e indígenas se esfuerzan y trabajan al máximo, viven frecuentemente una vida de extrema pobreza y marginación, donde padecen hambre endémica, embarazos sucesivos, falta de atención médica oportuna, violencia física y mental, por mencionar algunos de sus múltiples problemas cotidianos, los cuales hacen que posea la devaluada condición en la que vive y su única realidad sea la pobreza.
Por lo anterior, como legisladoras y legisladores, y por la falta de buenas políticas y estrategias para el campo, defraudamos a las niñas rurales cuando éstas tienen el doble de probabilidades de las niñas urbanas de abandonar la escuela y de que sean casadas a temprana edad.
Seguimos defraudando a las mujeres rurales cuando éstas mueren en los partos, cuando se les excluye de la toma de decisiones y cuando no pueden llevar vida saludable y productiva libre de violencia y de discriminación.
Las mujeres rurales indígenas son frecuentemente excluidas de los procesos sociales y políticos que afecta en gran medida su vida, y este tipo de patrón se repite también en casa.
La iniciativa presentada pretende atender el problema de la violencia de género, que se presenta en las zonas y comunidades rurales de nuestro país, teniendo como premisa que la vulnerabilidad de la mujer rural es especial, ya que muchas de ellas son indignas pobres y jefas de familia.
El dictamen propone dar atribuciones a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, cuando lo que necesita son políticas públicas que coadyuven a mejorar su calidad de vida con una misión transversal.
Termino, señor presidente. La política integral con perspectiva de género orientada a la prevención y atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de las comunidades rurales. El problema del campo es muy grave y muy grave es que el gobierno federal no aplica políticas públicas integrales que atiendan las complicaciones que aquejan al sector y solo sigue dando paliativos.
Seguirán imperando la dependencia alimentaria, los problemas climáticos que afectan al campo, los programas asistencialistas que no lleguen a quien deben, la importación de granos, etcétera. Si no se fomenta el crecimiento muy pronto estaremos lamentando con ahínco la crisis alimentaria que está en puerta, además de muchos problemas adheridos a ello.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen y ahí estaremos para defender siempre a las mujeres rurales que como yo hemos sido violentadas. Muchas gracias, señor presidente.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva, por favor.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Yo quise intervenir desde mi curul para manifestar mi solidaridad y respaldo absoluto a la diputada Aida Valencia, quien a propósito del tema, la modificación a la ley que estamos tratando, el domingo sufrió esta agresión, encañonada, vejada y amenazada, que desde mi punto de vista esta Cámara de Diputados no puede dejar pasar así nada más. No basta una conferencia de prensa que se acaba de dar con diputados, por cierto no nada más del Movimiento Ciudadano, también tuvimos diputados de Oaxaca, del PRD.
Pero desde mi punto de vista esta Cámara, a través de la Mesa Directiva, debe intervenir ante la Procuraduría General de la República, ver qué actuación tiene el gobernador de Oaxaca y también es urgente la intervención de la Junta de Coordinación Política porque estos son los temas que debieran de ser de obvia y urgente resolución y parte del debate.
Necesitamos la protección de los integrantes de este parlamento. Necesitamos la intervención de la Mesa Directiva y un pronunciamiento que condene este tipo de hechos por parte de todos los grupos parlamentarios.
Agradezco mucho la posibilidad de dar este mensaje, diputada Aida Valencia, nuestro respeto y nuestra solidaridad siempre, y me parece que esto no puede quedar únicamente con una opinión de parte de usted en tribuna, sino se requiere más que nunca la intervención de la Mesa Directiva y de la Cámara como institución. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Yo estoy de acuerdo con usted. El diputado Monreal me había ofrecido que me haría llegar una tarjeta para hacerlo; lo vamos a hacer con mucho gusto.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Me están solicitando la palabra para este mismo tema, la diputada Huidobro y el diputado Manuel Huerta. Sonido en la curul de la diputada Huidobro.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para hacer un exhorto a mis compañeras diputadas. Hace unas semanas en este pleno se manifestaron en contra de las violaciones cometidas a unas extranjeras. Vuelvo a repetir. Les hago un exhorto para que nos sumemos también y fortalezcamos a nuestra compañera diputada Aída Valencia.
Creo que es un hecho que se debe de condenar desde este pleno. Nos solidarizamos totalmente desde Movimiento Ciudadano y las Mujeres en Movimiento con nuestra compañera Aída Valencia. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Manuel Huerta. Sonido por favor en su curul. Adelante.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente a nombre de la fracción parlamentaria del PT solidarizarnos con la compañera Aída.
Sabemos que ella va a actuar en consecuencia y está por interponer su denuncia ante la PGR, pero es muy oportuno porque, por suerte, todavía no se pasa el proceso constitucional que reforma el fuero que tenemos los diputados y ustedes como responsables de esta Cámara, ya lo dijo y me da gusto también saberlo, pero para que sepa que cuenta con el apoyo de la fracción parlamentaria del PT, para vigilar que el fuero de todos los diputados se mantenga y no se den este tipo de agresiones a los diputados y diputadas. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. La diputada Verónica Juárez y después el diputado Durazo.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, por supuesto solidarizarnos y condenar las acciones y la violencia de la que fue víctima nuestra compañera diputada Aída Valencia.
Me parece que todas las diputadas y todos los diputados nos debemos de solidarizar con este tipo de acciones. No importa quiénes gobiernen, no importa qué color sea quienes lo hagan. Me parece que todo tipo de acto que violente los derechos de las mujeres en este caso y de cualquier ciudadano, debe ser repudiado por esta Cámara de Diputados.
Nos solidarizamos con nuestra compañera Aída y esperamos que la Mesa Directiva lo pueda hacer en su momento. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Dos llamados. El primero a la Mesa Directiva de esta Cámara. Me parece que estamos recibiendo un planteamiento de esta gravedad en forma burocrática.
Hay que aclarar que se trata de una diputada que está en una reunión con un presidente municipal y que da orden a la policía que estuvo presente en toda la reunión de cortar cartucho contra la diputada. No es un asunto menor y no lo podemos batear como un asunto burocrático.
La convocatoria es, particularmente, también a las diputadas. Hace tiempo, hace un par de semanas, merecidamente fue tema de solidaridad el agravio de las redes sociales contra una de nuestras compañeras diputadas por su vestuario. Me pareció que era una burla que merecía, por supuesto, la solidaridad de todos y la reprobación de esa reacción social inmadura.
Creo que ahora, en un acto de esta gravedad, debe también mostrarse su solidaridad con la fuerza que afortunadamente se manifestó en aquella ocasión. Hace unos días pasó el tema del fuero y, como decíamos, no lo necesitamos; pero la función de los diputados sí lo necesita.
Es hoy ocasión de refrendar que la actividad de los diputados, de las diputadas está protegida no solo por una figura constitucional sino por la solidaridad y el respaldo institucional, tanto de las compañeras y los compañeros diputados, como la acción de la Mesa Directiva de esta Cámara. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tengo todavía en turno a la diputada Eva Diego, al diputado Medina Filigrana y a la diputada Beatriz Zavala. La diputada Eva Diego.
La diputada Eva Diego Cruz (desde la curul): Señor presidente, pedir que este hecho se tome con la seriedad que se requiere, que la Mesa Directiva tome parte y que garantice también el respeto al fuero de las compañeras diputadas, en este caso de la diputada Aída Valencia.
Que haga la Mesa Directiva lo que le corresponde a fin de que se emita algún comunicado por parte de la Mesa Directiva en representación, para que se garanticen los derechos de las diputadas.
Como diputada federal de Oaxaca, decirles a las demás diputadas de otros grupos parlamentarios, del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, de Nueva Alianza, que éste no es un tema de partidos políticos, es un tema de defensa a los derechos de los compañeros y de las compañeras diputadas que no podemos permitir.
Así como dijo la diputada Verónica, gobierne el partido que gobierne, tenemos que apoyarnos, tenemos que solidarizarnos y tenemos también, como diputadas y diputados, que comprometernos. No podemos permitir, ni mucho menos arropar, a presidentes municipales, a autoridades arbitrarias y caciquiles que se den las atribuciones de violentar los derechos de las diputadas.
Pedirles a las diputadas y diputados de Oaxaca que por favor no arropen en ningún momento a algún presidente municipal que quiera violentar, en el caso de las oaxaqueñas, nuestros derechos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. El diputado Medina Filigrana.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Muchas gracias, diputado Presidente. Primero para solidarizarme públicamente con la diputado Aída Valencia y hacer también la denuncia pública de este presidente municipal que dio esta atroz orden, ese comportamiento caciquil del señor Flavio Pérez Pérez, presidente municipal en Oaxaca, y pedirle respetuosamente a la mesa que no solamente se pidan garantías para la diputada, sino que este hecho no quede impune.
Es una barbarie cortar cartucho no contra una diputada o contra un legislador, contra un ciudadano en general. Eso nos demuestra que todavía hay ciertos enclaves autoritarios, decimonónicos, en este país que es necesario que desterremos y la Cámara no puede ser omisa a eso.
Pedirle también que pudiéramos hacer un llamado respetuoso al gobierno del estado de Oaxaca para que también tome las medidas sobre el caso. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. La diputada Beatriz Zavala.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Primero que nada manifestar nuestra solidaridad con la diputada que acaba de exponer estos actos violentos en los que fue afectada.
En segundo lugar, pedir que haya una atención de parte de la Cámara de Diputados, revisar el hecho, porque realmente en una actitud política no podemos tolerar para ningún legislador situaciones como las que describió la diputada, pero particularmente la violencia en la política sí tiene aspectos de género y yo quisiera también manifestar nuestra solidar en ese tema y que estemos atentos a todo acto violento y particularmente si se trata de las mujeres. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. La diputada Pariente Gavito.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (desde la curul): Gracias, Presidente. A nombre de mis compañeras y compañeros del Partido Verde, también unirnos a la voz de todos los compañeros. Me da mucho gusto que también los compañeros varones se unan a esta voz. Es reprobable lo que le pasó a nuestra compañera Aída Fabiola Valencia, que además acaba de ser madre
Es reprobable la actitud que haya tenido el presidente municipal. También mandarle un llamamiento al gobernador del estado para que tome cartas en el asunto.
Decirle a la compañera que vamos a estar muy pendientes, dándole seguimiento a este tema. Que no está sola, que cuenta con todas las mujeres y los hombres de esta Cámara. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Sonido en la curul de la diputada Talamante, por favor.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): Presidente, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza expresa su indignación por la agresión a la diputada y compañera Aída Valencia y nos solidarizamos a su reclamos y respaldamos el acuerdo que la Mesa Directiva tome para hacer un llamado al gobierno estatal y municipal de Oaxaca, para que no sólo garantice la estabilidad y garantice los derechos de la diputada Aída, sino de todos los ciudadanos, presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Presidente.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Gloria Bautista, y después también del diputado Ricardo Monreal y del diputado Belaunzarán.
La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Gracias, señor presidente. Me da mucho gusto que se estén uniendo las diputadas y los diputados de diferentes fracciones, porque esto no es cuestión de partidos.
La compañera ha sido agredida, pero no porque andaba de paseo, ha sido agredida porque está trabajando, atendiendo a los agentes municipales, teniendo el contacto con los presidentes municipales, esos que no quieren entregar los recursos a las agencias. Eso es por lo que se recibe esa agresión. Me da gusto que podamos ir juntos luchando por los derechos de todas y todos, no solamente de los diputados.
Yo les quiero pedir también de los habitantes de cada comunidad, porque efectivamente si a ella le tratan de esa manera, imagínense ustedes cómo son tratados los habitantes de esos municipios, de esos distritos a los que hemos tenido oportunidad de recorrer uno por uno.
Mi solidaridad, compañera Aída, y ojalá que todos reflexionemos en cuanto al fuero, porque si para esto va a servir, yo creo que no se nos debe quitar el fuero. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Ricardo Monreal, y finalmente el diputado Belaunzarán, y la Mesa hará algún pronunciamiento.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Gracias, presidente. El 7 de septiembre el ciudadano presidente y ciudadanos legisladores, de 1986, en este municipio de San Agustín, murieron siete regidores, todo el cabildo asesinado por el presidente municipal.
No permitamos que se repita esta tragedia, y por eso sí es importante decirles que la violencia de género existe y ahora es todavía más cruel con las mujeres que participan en política. Es desigual el trato y más cruel y sanguinario contra las mujeres. Por eso debe de haber un pronunciamiento ejemplar para que no suceda lo que está sucediendo en Oaxaca, incluyendo una comunicación al gobernador para que garantice los derechos de nuestra compañera.
No estábamos equivocados en la discusión del fuero. Estos presidentes municipales sátrapas de barbarie y de comportamiento esquizofrénico y misógino, de esos hay muchos. Escucharon la noticia que los diputados y diputadas ya no tienen fuero y obviamente ahí están las consecuencias.
El fuero es simplemente para desarrollar la función, que es lo que nuestra compañera estaba haciendo. Por eso, presidente, ya le he enviado la comunicación de nuestro grupo parlamentario para pedirle, de acuerdo con el 61 constitucional, vele por el fuero de nuestra compañera Aida Valencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El diputado Fernando Belaunzarán, también la diputada García Olmedo y la diputada Eufrosina Cruz y el diputado Ernesto Núñez y ahí voy a cerrar las intervenciones.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente, tuve el gusto de conocer a la actual diputada Aida Valencia desde mucho antes de que fuera diputada precisamente en su distrito, en su municipio, y me consta que es una luchadora social muy importante, siempre con la lucha pacífica, siempre usando las vías legales y por lo tanto me parece abominable lo que ella sufrió, algo que no se puede permitir.
Precisamente porque la conozco sé que no sólo no hubo ninguna provocación que pudiera hacer algo así, no me imagino que podría justificar una actitud así del presidente municipal, sino también porque la conozco sé que habla con la verdad y sé además que se ha ganado un prestigio y una presencia en su comunidad. Por lo tanto, expreso mi total solidaridad con ella.
Pido igualmente, que no haya impunidad y si es necesario que haya alguna comisión que vaya a hablar con el gobernador o que vaya a ver este asunto, porque no puede pasar desapercibido, estoy dispuesto a acompañarla porque me parece abominable.
La diputada desde mucho antes, Aida, que fuera diputada y tuviera fuero, era alguien que era reconocida, es reconocida en su comunidad y que ha dado muchas muy importantes y me parece que sería un verdadero despropósito que dejáramos pasar esto que ocurrió, que no tomáramos las medidas pertinentes. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. La diputada Rocío García Olmedo. Sonido, por favor, en su curul.
La diputada María del Rocío García Olmedo (desde la curul): Gracias, presidente. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI por supuesto que nos solidarizamos con el caso de la compañera diputada, que incluso es miembro de la Comisión de Equidad y Género. De ahí que solidariamente como compañeros diputados y mi grupo parlamentario se suma a esta propuesta, justamente pidiéndole a la señora diputada realice la denuncia correspondiente y se realice la investigación que el caso merezca.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. La diputada Eufrosina Cruz.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (desde la curul): Solamente decir a la diputada Aida que cuenta con mi apoyo, que son de los abusos y costumbres que se cometen diariamente en Oaxaca y es donde todos somos responsables de ir cambiando como diputadas y diputados de este Congreso, y de ahí tenemos que reformar las leyes que están pendientes en materia de género, y más en el tema de las comunidades indígenas, porque muchas veces se han confundido los usos y costumbres con la autonomía de las comunidades y ningún uso y costumbre puede estar por encima de la Constitución.
La diputada sabe que cuenta con el apoyo y pedimos que también, como Congreso, estemos pendientes en este tipo de violaciones. Y también, aprovechando, hacer un exhorto, también no solamente en estas comunidades suceden estos abusos. Recientemente, mujeres panistas tuvimos un evento en Veracruz, un evento que fue bloqueado, que fue perseguido por el gobernador de Veracruz, también hacemos un exhorto en ese sentido. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Finalmente, el diputado Ernesto Núñez. Sonido en su curul, por favor.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): Gracias, presidente. También como fracción del Partido Verde, sugerir, con mucho respeto, presidente, que el jurídico de la Cámara de Diputados acompañe a la diputada, para presentar la denuncia por abuso de autoridad y los delitos que más resulten. Y toda nuestra solidaridad, diputada.
Y también invitar al presidente municipal, no a comparecer porque no tenemos la facultad, pero invitarlo a que venga a la Comisión de Gobernación, a ver si aquí tan hombrecito sin su escolta y sin su policía. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, esta Presidencia condena, por supuesto, los hechos de que fue víctima la diputada Aída Valencia. Le muestro, a nombre de la Mesa Directiva, también toda nuestra solidaridad.
Y en cumplimiento de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución, esta Presidencia realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional de los integrantes de esta Cámara, especialmente en este caso de la diputada Aída Valencia.
Vamos a continuar con el trámite, creo que ha quedado demostrada la solidaridad de todos los grupos parlamentarios.
El diputado Luis Manuel Arias Pallares (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. A ver, sonido en la curul del diputado.
El diputado Luis Manuel Arias Pallares (desde la curul): Es que me parece que hay un elemento que estamos dejando de lado y también esta Cámara deberíamos de pronunciarnos al respecto, y se refiere a la motivación de la gira que tuvo la diputada por esta región, en un tema muy concreto, los caminos, que han sido etiquetados recursos desde esta Cámara, y que no se han realizado desde el año pasado, aunque han sido pagados.
Entonces, yo creo que esta Cámara también debemos pronunciarnos, a través de la Auditoría Superior de la Federación, para tener un informe claro y preciso de qué es lo que pasó con esos recursos, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Ya quedó su intervención. Vamos a continuar con el desarrollo del orden del día y en el punto que estamos abordando tiene el uso de la tribuna a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Y si me permiten, quisiera aprovechar también la ocasión para saludar aquí a un grupo de alumnos y maestros de la escuela secundaria número 3, “1 de Septiembre de 1982”, de Querétaro, que están aquí, invitados por el diputado José Guadalupe García Ramírez. Bienvenidos a esta sesión.
También a un grupo de estudiantes de derecho, de la Universidad de Negocios ISEC de México, Distrito Federal, que están aquí, invitados por el diputado Jorge Sotomayor.
Y también, por supuesto, a un grupo de ciudadanos del municipio de Huixquilucan, estado de México, que están aquí, invitados por la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel. Bienvenidos y bienvenidas, todos, a esta sesión de la Cámara de Diputados. Adelante, diputada.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Vengo a nombre de la fracción parlamentaria del Verde Ecologista, para solicitar su voto a favor de esta reforma, que tiene qué ver con lo que hemos estado trabajando aquí en la Cámara de manera permanente y cotidiana, respecto de resguardar los derechos de las mujeres, y principalmente, toda la parte que tiene que ver con la política de género.
Esta reforma que se presenta hoy a votación tiene como fin modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de adicionar las competencias que deben tener en este ordenamiento las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Como ustedes saben, a ésta última apenas se le dieron facultades mayores, se le transformó el nombre y ahora está atendiendo una serie de actividades que no se venían realizando desde esa anterior secretaría.
Para poder pedirles su voto existen análisis que nos dieron posibilidades de sustentar este dictamen, respecto de por qué tenemos que incluir dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia toda la parte que tiene qué ver con las mujeres del sector rural.
Un dato interesante, importante, que tenemos nosotros qué tomar en cuenta, es que de esta, digamos, esta gama de sustentos que se dieron para poder analizar el tema, el caso de las mujeres rurales, a nivel mundial, ha manifestado la ONU que no está protegido en las normas y en los ordenamientos que regulan la posibilidad de apoyar la igualdad en todos los sentidos para las mujeres.
En este caso, se está pidiendo que se aumente una serie de facultades para que la Secretaría que acabamos de reformar, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tenga que rendirle cuentas también al sector que está revisando toda la parte de perspectiva de género para poder impulsar una política de no violencia contra las mujeres, pero sobre todo, de prevención hacia esa violencia.
Y qué interesante que esta reforma que se va a votar en este momento, coincidentemente y desafortunadamente haya coincidido con la violencia que sufrió una de nuestras compañeras representantes, precisamente en esa zona rural.
Preguntémonos, si eso le sucede a una legisladora, que aquí no importa si es un problema de que tenga o no fuero, es un problema de cultura general en nuestro país. Preguntémonos, si una compañera legisladoras sufre este tipo de agresiones, qué sucede con el resto de mujeres rurales, y principalmente, las mujeres indígenas, como lo mencionaba también nuestra compañera de Acción Nacional respecto del resguardo de sus derechos. Pues esta reforma, lo que va a resguardar es la parte de
igualdad sustantiva, que tiene que ver con garantizar que estas mujeres, en el sector rural, tengan la posibilidad de igualar su vida, como lo hacen las mujeres de desarrollo general en las zonas urbanas.
Entonces, es por eso que nosotros venimos a pedir su voto a favor, pero sobre todo, quiero, por último, hacer una observación. Haciendo una revisión de cómo se votó la ley en comento, la ley precisamente que estamos en este momento reformando, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una de las leyes que mayor aceptación han tenido en nuestro país. Esta ley se votó en el 2006, aquí en esta Cámara de Diputados, pero ahora precisamente todos los Congresos locales cuentan con la armonización de la norma federal hacia la norma local.
Entonces no es una falta de normas las que tenemos al interior del sector rural, sino es una falta de oportunidades, de herramientas, que le permitan a las mujeres tener verdaderamente esta igualdad sustantiva –porque ya está la igualdad normativa– para que puedan tener este desarrollo igualitario mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres rurales con las mujeres del medio urbano. Es cuanto, compañeros diputados, compañeras diputadas. Esperamos contar con su voto a favor. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Zavaleta. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Antes que nada solidarizarnos, nuestro grupo parlamentario, el del PRD, con nuestra compañera y amiga Aída Valencia. Por supuesto, ese hecho no debe quedar impune.
Hoy estamos rompiendo el silencio de las mujeres campesinas e indígenas, a quienes la sociedad y el Estado les ha impuesto el mayor de los silencios para evitar visibilizar su explotación, la falta de respeto a sus derechos más básicos, pues ella son el eslabón más débil de una cadena que empieza a tomar fuerza, sumando a quienes ancestralmente han sido el pilar de la alimentación en México. Pero nunca más debemos permitir que la mujer campesina e indígena permanezca en silencio.
A través de la historia el papel que se la ha dado a la mujer campesina y a las indígenas es ayudar a la siembra, atender la casa y a los hijos, pero jamás atender sus derechos porque existe alguien más fuerte que ellas, es decir la cultura que muchas veces se impone en el campo.
Esto vuelve inoperantes los derechos que se van ganando a favor de las mujeres campesinas e indígenas. En México un 22 por ciento de mujeres son propietarias de tierras, y éstas se concentran principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco y Baja California.
Hay que destacar que la discriminación hace a la mujer indígena, sigue vigente en nuestro país, pues cerca de 6 millones de mujeres padecen severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como menos oportunidades para acceder a la salud, y se asegura que el 57.5 por ciento de las mujeres indígenas que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6 por ciento no perciben ingresos.
Por eso, ahí en el campo también se repiten los mismos reclamos de la mujer en la ciudad, empleo, educación, salud, capacitación, apoyos y créditos efectivos. Por eso nunca más planes y programas que no son evaluados realmente, que no se sabe si realmente llegaron los apoyos a las mujeres campesinas e indígenas que lo necesitaban, que son usados electoralmente porque la mujer campesina e indígena se han sumado al trabajo directamente productivo, pero su situación personal, económica, cultura y familiar... y esto debe terminar.
No estamos inventando el hilo negro, la FAO sostiene que las prácticas discriminatorias aplicadas en las comunidades rurales generan desequilibrios en la distribución de los alimentos dentro del hogar, donde las mujeres y niñas acceden con menor valor nutricional y de menor cantidad que los varones.
De igual manera sostiene que si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los medios de producción, la producción de alimentos aumentaría hasta un 4 por ciento a nivel mundial, destacó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Asimismo el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, precisó que compartir el poder con las mujeres es un atajo para reducir el hambre y la malnutrición, pues dijo que la agricultura familiar se feminiza a medida que los hombres abandonan el campo en busca de trabajo.
Debemos eliminar todas las prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres acceder a los recursos agrícolas, tales como tierra, insumos y crédito, y sin duda es el objetivo que estamos buscando con estas adiciones propuestas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el Partido de la Revolución Democrática, es fundamental el desarrollo pleno de las mujeres, por eso daremos nuestro voto a favor de la aprobación del decreto que adiciona diversas adiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque contribuiremos con ello al empoderamiento de la mujer, campesina e indígena, y evitaremos que se le siga discriminando y violentando por su condición de mujer de campo o indígena y se le relegue a acceder a los
derechos que les corresponden al propiciar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en materia agraria, que se delineen con una visión transversal y que haya una política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las comunidades indígenas y por supuesto que se fomente la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres campesinas e
indígenas. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, la diputada María Celia Urciel Castañeda, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María Celia Urciel Castañeda: Buenas tardes a todas y a todos. Antes de iniciar con mi posicionamiento, quiero decirle a la diputada Aida, que todas las compañeras y compañeros diputados de nuestra fracción parlamentaria que es el PAN; estamos contigo, diputada Aida. Todas las disposiciones, todo el apoyo para las mujeres que necesitan de la ayuda de todos los diputados para poder erradicar esta violencia que afecta a todas las mujeres.
Con su permiso, señor presidente. En Acción Nacional, la realización personal de la mujer en una sociedad consiste en la conservación y en el incremento de su dignidad. Por ello consideramos inaplazable, ante la lacerante realidad que viven en el ámbito rural millones de mujeres mexicanas, llevar acciones concretas que les aseguren el libre ejercicio y acceso a sus derechos humanos. Es decir, a una vida digna y libre sin violencia.
Para nadie es desconocido que la falta de acceso a la tierra, a créditos para la producción, así como la escasa infraestructura y servicios en sus comunidades, afecta el goce y el ejercicio de sus derechos humanos; por tanto, limitan sus oportunidades de desarrollo o para salir de la pobreza.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país, de las personas ocupadas en el campo, el 27 por ciento son mujeres. Sin embargo sólo el 20 por ciento de ellas son propietarias de la tierra.
Además, aunque el 22 por ciento de las unidades económicas rurales estén a cargo de las mujeres, la gran mayoría de ellas no recibe un salario como retribución por su trabajo y mucho menos cuenta con acceso al crédito y a los servicios de capacitación.
La mujer rural contribuye en gran medida a la producción alimentaria nacional, sin embargo existen limitaciones de tipo legal, de usos y costumbres que la han excluido de participar y tomar decisiones en torno al otorgamiento de recursos y financiamiento agrícola.
Por ello, en busca del bien común consideramos que es hora de reconocerlas en las políticas, en programas, en acciones y en presupuestos gubernamentales como actoras protagonistas en el desarrollo nacional.
El dictamen que hoy se discute sienta las bases para la visibilización de las mujeres que viven en el ámbito rural, en las políticas públicas y para ejercer su derecho a la vida libre de violencia. De ahí la importancia de la inclusión de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar Violencia contra las Mujeres.
Con ello establece como una de las competencias principales de la misma el coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria y la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en estas comunidades y ejidos, incluyendo a las de origen étnico.
Se da un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el ámbito rural, mayores oportunidades de desarrollo y para el ejercicio pleno de su derecho a la vida digna y libre de violencia.
Compañeras y compañeros, sin duda hoy todas y todos quienes somos electos para representar a las ciudadanas y a los ciudadanos mexicanos tenemos una deuda que saldar ante las enormes disparidades que viven las mujeres campesinas.
Reconozcamos que la desigualdad a la que son sujetas en su acceso a recursos y beneficios hace que estas discriminaciones se transformen en violencia contra sus derechos.
Impulsemos estrategias adecuadas a las necesidades de la mujer rural. Votemos a favor del presente dictamen y promovamos mecanismos interinstitucionales que les permitan una mayor integración al desarrollo económico del país a través del aseguramiento del ejercicio a sus derechos. Gracias. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra el diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ossiel Omar Niaves López: Con su venida, señora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladoras, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me congratula dar el posicionamiento a este dictamen sobre la iniciativa que presenté conjuntamente con el diputado Rubén Escajeda.
Pero me congratula más poder reconocer la voluntad de las diputadas que integran la Comisión de Equidad y Género por la atinada resolución aprobando esta propuesta que viene a hacer justicia a las mujeres del campo.
Hace algunos días, para ser exactos el 8 de marzo del presente año, celebramos con orgullo el Día Internacional de la Mujer, y bajo ese contexto que mejor que este pleno del Congreso de la Unión eleve los preceptos de equidad y justicia para las mujeres en la ley.
Es justo y necesario que se fortifiquen los derechos de la mujer rural, se promueva su participación en la sociedad, se combata la discriminación que subsiste en los ejidos y comunidades agrarias.
En muchos países, entre ellos el nuestro, nos hemos encontrado diversas partes del territorio con valores de género que niegan a la mujer rural un acceso equitativo al control sobre la tierra, oportunidades de empleo, acceso a la educación, a la atención y a la salud, entre otros.
En el Grupo Parlamentario del PRI saludamos esta modificación a la ley porque siempre ha sido una constante luchar porque las clases campesinas aspiren a mejorar su condición de seguir siendo un pilar importante dentro de la sociedad mexicana.
Por ello, pensando en las mujeres, proseguimos fomentando la igualdad y el respeto a su dignidad, haciendo los ajustes necesarios a la ley para garantizar las acciones que procuren la protección a sus derechos y se erradique la violencia que se le ejerce.
Con esta visión a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia este órgano del Estado mexicano demuestra su convicción de atender las recomendaciones hechas en los informes de la Cedaw con respecto a las mujeres que habitan en las zonas rurales.
Recordemos que la Legislatura pasada ya reformó esta ley para proteger a las mujeres obreras, por lo que hoy, en este día especial, en esta legislatura haremos historia aprobando la protección de las mujeres rurales de sus derechos contra la discriminación y la violencia.
Ahora el sistema para erradicar la violencia hacia la mujeres tendrá un nuevo integrante: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual tendrá en sus facultades, entre otras, el diseño de una política enfocada al respeto y protección de los derechos agrarios de las mujeres.
Para finalizar, con esta reforma impulsaremos y protegeremos los derechos de las mujeres del campo y de las indígenas, con un compromiso político, social y ético de seguir fomentando su desarrollo.
Con este tipo de acciones estamos demostrando que existe voluntad de impulsar el progreso y desarrollo de las mujeres, sin las cuales el avance de nuestro país y de nuestra democracia no podría entenderse.
Las mujeres del campo transforman el mundo, trabajan la tierra, nos dan el sustento, exigen tierras, inversiones, reconocimientos y justicia, su lucha crecerá. No olvidemos el papel importante e histórico que tuvo la mujer indígena, la mujer del campo en nuestra revolución.
Diputada Aída Valencia, mi respeto y mi solidaridad. El Grupo Parlamentario del PRI se une a esa mala forma de actuar de los presidentes municipales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. En virtud de que de acuerdo al artículo 109 del Reglamento, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Queremos saludar también la presencia de la escuela primaria General Leandro Valle, de alumnos de 4o y 6o de primaria del Valle de Chalco, invitados por el diputado Arturo Cruz, y también la presencia de la primaria Ometecuhtli, alumnos de 5o y 6o del turno matutino de la delegación Iztapalapa, invitados por el diputado Carlos Augusto Morales. Bienvenidos y bienvenidas.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, a favor 441 votos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 441 votos, el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que estoy ya tratando de hacer contacto con el señor gobernador constitucional del estado de Oaxaca, para poner en su conocimiento la indignación de esta Honorable Cámara de Diputados por los hechos ocurridos en San Agustín Loxicha, en agravio de nuestra muy apreciable compañera Aida Fabiola Valencia Ramírez, y que tomaremos todas las previsiones que estén a nuestro alcance para vigilar puntualmente las garantías del fuero de que la compañera está investida.
Esta Presidencia le envía a la compañera Aida Fabiola Valencia Ramírez su solidaridad.
Esta Presidencia informa también que por acuerdos parlamentarios, que mucho apreciamos, y a iniciativa de la diputada María Concepción Navarrete Vital, queremos solidarizarnos con los campesinos trigueros de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, severamente afectados por el fenómeno meteorológico que ocasionó heladas el 28 de febrero y 2, 3 y 4 de marzo.
Esta Presidencia inicia también los contactos con las autoridades federales, de tal suerte que los campesinos afectados tengan el apoyo al que tienen derecho.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de... Perdón, doña Aida, ¿con qué objeto?
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Presidente, para agradecerle a la Mesa Directiva la solidaridad que se me ha brindado y a todas mis compañeras y compañeros de este recinto.
La verdad es que me siento muy fortalecida por todo este acompañamiento, en el momento en que fui víctima de esa situación realmente se me atravesó el peor de los pensamientos, pero hoy seguiré por supuesto en pie de lucha con todo lo que tenga que reclamar, en derecho de los pobladores de San Agustín Loxicha.
Quiero compartir con usted que el gobierno del estado de Oaxaca ya está ahorita enterado del tema y vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted tiene derecho. Es mi obligación, pero además, diputada, lo hago con todo afecto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, se encuentran debidamente publicados.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo de dictámenes negativos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Y por lo que se refiere a los tres últimos, devuélvanse al Senado de la República, para los efectos de la fracción D, del artículo 72 constitucional. Dejo la Presidencia en las expertas y afables manos de doña Aleida.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente apartado del orden del día es, iniciativas de diputadas y diputados, a nombre propio, de grupo parlamentario.
Se recibió del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Leobardo Alcalá Padilla y Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos.
A ver, permítame, diputada, creo que hay un error, el anuncio que hice sobre la iniciativa. Es el artículo 4o. constitucional, permítame. Es la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Una disculpa, diputada.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Con su venia, señora presidenta. Compañeros, compañeras, buenas tardes. El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no debe ser sólo una aspiración sino una realidad cotidiana con la que estamos obligados a coadyuvar, no solo por el bien de las víctimas sino porque significará que vivimos en una sociedad justa, equitativa y democrática.
Y por eso, como integrante de la Comisión de Equidad de Género, como oaxaqueña y como mujer manifiesto mi total apoyo y solidaridad en el justo reclamo del respeto a sus derechos, a mi compañera Aída Fabiola Valencia.
A través de los años y en el esfuerzo por combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres, en el ámbito internacional se han logrado establecer estándares mínimos para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
En todos ellos se reafirma el derecho de las mujeres de tener acceso a un recurso judicial, sencillo y eficaz, a fin de contar con las debidas garantías que las protejan cuando denuncian hechos de violencia.
Sin embargo, a seis años de la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, han sido insuficientes los recursos materiales, humanos y legislativos destinados para aplicar esta ley y con ello prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la gran impunidad que se observa en el ámbito judicial, donde las víctimas no encuentran la sanción pronta y expedita contra sus agresores, que va de la mano con una inadecuada protección a sus vidas.
A pesar de que en el artículo 31 esta ley cuenta con un apartado sobre órdenes de protección que comprende herramientas que permiten proteger la vida y la integridad de las mujeres, de sus familiares o de testigos de los hechos y se fundamentan en la existencia de un riesgo de daño y es obligación del Estado proteger a las mujeres, víctimas de violencia de género, de respetar y garantizar el derecho a la no discriminación y a la igual protección de la ley, éstas no se cumplen ni se aplican, lo cual se ve reflejado en los altos índices de violencia contra las mujeres y en los feminicidios que en nuestro país van en aumento.
Persiste aun el desconocimiento de su naturaleza debido a su estructura normativa. La falta de recursos económicos y humanos. La inexistencia de coordinación entre los sistemas estatales contra la violencia de género y la falta de voluntad del personal judicial para aplicarlo.
Es necesario el funcionamiento de un sistema interconectado que atienda de manera integral la violencia contra las mujeres. Cualquier institución puede ser la puerta de entrada de una mujer en situación de violencia en diferentes etapas del ciclo, pero sin duda, es la etapa de violencia explícita cuando se acude a cualquier instancia solicitando ayuda.
La experiencia apunta a que las víctimas de violencia que requieren órdenes de protección, principalmente recurren a los servicios de salud y/o ante los responsables de la procuración de justicia.
También pueden solicitar auxilio ante otras instituciones como los organismos de derechos humanos, gubernamentales o no gubernamentales. Los centros de atención a víctimas de violencia, los mecanismos de atención a las mujeres o promotoras de la equidad de género.
Las órdenes de protección, ya sean preventivas o emergentes son por definición temporales y su objetivo es proteger a la víctima. No van a la raíz o a la causa del problema, sino a sus consecuencias. No se descarta su eficiencia para cumplir los propósitos para los que fueron diseñadas, pero lo ideal es que en el largo plazo sean innecesarias porque el problema ya no exista.
La ley plantea la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres observando una visión de largo plazo. Las órdenes de protección no deberían estar desvinculadas de la perspectiva de un tratamiento integral a los casos de violencia y propiciar que las personas que las requieran cuenten con todos los recursos que la ley prevé para que, de esa manera, las mujeres realmente accedan a una vida libre de violencia con un enfoque sistemático del mismo.
Por tanto, no se trata sólo de sensibilizar y capacitar a los responsables de la atención de la violencia o de expedir las órdenes de protección, sino de tener un enfoque sistemático para eliminar un conjunto de creencias acerca del problema.
En la actualidad las órdenes de protección a nivel federal prácticamente no existen, pues la Fiscalía Especial no cuenta con facultades para emitirlas ni mucho menos con el poder coactivo para constreñir al agresor a cumplirlas, lo que obligaría al destinatario hacer o dejar de realizar un acto de violencia específico o incuso podría apercibírsele con determinada medida de apremio para el supuesto de que intentara burlar la orden recibida.
De la interpretación armónica de la ley se desprende con toda claridad que la autoridad ministerial debe ordenar las medidas de protección de emergencias y preventivas antes de que los hechos sean consignados, antes incluso de que se haga una denuncia o querella, ya que para su procedencia no se exige más que su solicitud, la que puede hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo en que se encuentre la víctima. La ley no exige tampoco una forma determinada de lo que se desprende, que puede ser de cualquiera, incluso oral, y bastará para ello ocurrir ante la autoridad judicial.
Para evitar que las mujeres siga siendo objeto de violencia y puedan sin temor denunciar a sus agresores ante el Ministerio Público es necesario que a partir de su denuncia instrumenten medidas de protección emergentes, que impidan que sus victimarios reincidan en algún tipo de violencia en su contra.
En mérito de lo anterior propongo a esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para que se adicionen a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República las órdenes de protecciones emergentes y preventivas.
Solicito, señora presidenta, que sea turnada la presente iniciativa a la Comisión de Equidad y Género para su dictaminación, y a la Comisión de Feminicidios para su opinión. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: La iniciativa que presenta la diputada Delfina, para reformar el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se turna a la Comisión de Justicia para dictamen y a las Comisiones de Equidad y Feminicidios para opinión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 65 y 67 de la Ley General de Educación, y suscrita por la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su venia, presidenta. Esta es una propuesta de iniciativa que presento a nombre de toda la fracción del PAN, aquí en Cámara de Diputados.
Compañeras y compañeros legisladores, la gratuidad de la educación y consecuentemente de los servicios educativos que brinda el Estado es una garantía establecida en el artículo 3o. constitucional. Ésta representa una oportunidad de acceso a que los mexicanos de cualquier condición social aspiren a una mayor calidad de vida en el entendido de que su carácter público sienta las bases para el acceso colectivo a un bien social que contribuye al fortalecimiento de la democracia, el desarrollo económico y el bienestar general de la sociedad.
Lamentablemente en los hechos se llevan a cabo prácticas que vulneran el principio de gratuidad de la educación que brinda el Estado como ha podido ser el establecimiento de cuotas para la atención de los recintos, que en lugar de ser un instrumento voluntario, muchas veces adquieren un carácter de obligatorio para los padres de familia.
Según Leopoldo García, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, estos donativos que se exigen a los alumnos para poder ingresar a su escuela oscilan entre 250, 300 y hasta mil 500 pesos por estudiante según el plantel y la zona en que éste se ubique.
Asimismo se han señalado en entrevistas a diversos diarios de comunicación que por este concepto entran a las escuelas unos 7 mil millones de pesos en promedio, aunque se desconoce tanto el monto exacto como el destino final del dinero.
La presente iniciativa está orientada a erradicar una práctica recurrente de parte de algunas autoridades de escuelas públicas en el ánimo de obtener recursos financieros o en especie para resolver las más variadas contingencias, no siempre escolares; establecen cuotas anunciadas como voluntarias que adquieren el carácter de obligatorias.
Varios legisladores consideramos que sin duda esta conducta va en detrimento de los valores y principios de la educación en México y representa una práctica que deba ser normada.
Como legisladores reconocemos que las dificultades por las que atraviesan los responsables de muchos recintos escolares propician que inspectores y directores convoquen a las asociaciones de padres de familia para que contribuyan en dinero o en especie a la rehabilitación de los inmuebles, a la adquisición de bienes muebles, a la adquisición de auxiliares didácticos para las aulas o incluso a la realización de eventos y ceremonias; sin embargo, sostenemos que esta circunstancia no justifica que las cuotas voluntarias se conviertan en obligatorias y mucho menos que esta situación derive en el condicionamiento de los servicios educativos como son: la entrega de documentos oficiales, la realización de exámenes, el acceso al propio recinto escolar, etcétera.
Situaciones lamentables que resultan en violaciones flagrantes a los derechos de los educandos. El condicionamiento de los servicios educativos al pago de una contraprestación, cuotas, constituye una práctica que tiene que erradicarse y al mismo tiempo debe enfatizarse el sentido voluntario de las aportaciones en dinero, bienes y servicios de quienes ejercen la potestad de los alumnos.
Consideramos inaplazable fortalecer la Ley General de Educación a efecto de brindar mayores instrumentos de protección y defensa de los derechos de los educandos y de los padres de familia, así como de normas legales más acabadas que permitan a la autoridad actuar en consecuencia.
De ahí que a través de la presente iniciativa se proponga adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Educación, a fin de explícitamente establecer que está prohibido condicionar los servicios educativos prestados por el Estado al pago de cuotas, la entrega de dádivas o cualquier otra contraprestación en dinero o en especie que sea obligatoria.
De la misma forma se proponen reformas a las fracciones III y IV y se adiciona una VIII al artículo 65 con el objeto de instituir como parte de los derechos de quienes ejercen la patria potestad y la tutela de los alumnos, la colaboración con las autoridades escolares para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos, además el de presentar denuncia ante la autoridad correspondiente por la mala utilización de las aportaciones voluntarias que se realicen.
Por otra parte, aunque la sociedad de padres de familia tenga como objetivo central integrar y representar a la comunidad frente a las autoridades educativas y busca promover la participación conjunta de todos en la noble tarea educativa, constituyéndose así un nexo entre la institución y las familias.
No obstante lo anterior, existen casos que excediéndose en sus facultades exigen el pago de cuotas y contraprestaciones en muchas ocasiones en coordinación con las autoridades de los planteles escolares, como requisito para otorgar a los alumnos la inscripción, realizarles exámenes, entregarles boletas de calificaciones, hacer uso de las instalaciones escolares o ejercer algún derecho.
De ahí que finalmente se propongan estas reformas a fin de establecer que las asociaciones de padres de familia deban tener por objeto el promover el carácter voluntario de los apoyos para el mejoramiento de los planteles, así como el de informar periódicamente a los padres de familia o tutores sobre el uso y destino de todas las aportaciones que hubiesen recolectado. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por diez minutos el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Participación Ciudadana.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, el pasado 9 de agosto de 2012 el honorable Congreso de la Unión ha dado un paso decisivo en la construcción de la democracia mexicana al establecer en nuestra Carta Magna el derecho que asiste a todo ciudadano a iniciar leyes y solicitar consultas populares.
Como parte del compromiso para hacer efectivo este principio, en su artículo segundo transitorio la ley enuncia que tanto la federación como los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen como plazo límite el 9 de agosto de 2013 para cumplir con este mandado.
Es así que al ser conscientes de la importancia de este proceso y que el plazo de ley se encuentra cercano, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana, convencidos de los beneficios para la consolidación democrática.
El cuerpo de proyecto de ley que hoy proponemos a su distinguida consideración consta de 51 artículos divididos en 3 capítulos, que buscan regular y prever los aspectos relativos a las consultas populares y las iniciativas ciudadanas.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos ciertos de que este principio está fundamentado en la participación social y la pluralidad que es connatural a una sociedad heterogénea y diversa como la nuestra. En este contexto de pluralismo democrático es como se logra un mejoramiento económico, social y cultural de nuestra nación. Atrás quedan ya las visiones que ponían una conducción solo desde lo estatal y gubernamental para construir una visión de lo público en México del siglo XXI.
Es necesario que la participación ciudadana se aborde desde una perspectiva más amplia y no sólo como un dispositivo institucional inocuo, debemos pasar de una participación más allá de la formalidad legal a un verdadero instrumento de empoderamiento ciudadano que sea funcional y vinculatorio en la toma de decisiones.
Ello depende, en primer lugar, de una ley funcional y operativa al alcance de la ciudadanía, sin poner obstáculos que sea imposible llevar a cabo una consulta popular o presentar una iniciativa ciudadana, salvo las que se indiquen en el precepto constitucional.
Asimismo, es necesario que la información sobre estos mecanismos de participación sean difundidos por los medios de comunicación con la finalidad de que se conozcan los alcances de esta participación.
Finalmente, como representantes populares, debemos asumir un compromiso sin cortapisas para garantizar la aplicabilidad de este derecho ciudadano. Resulta evidente que en materia de participación ciudadana nuestra democracia se encuentra lejos de muchas otras consideradas de avanzada.
No obstante, la realidad es que ninguna Ley de Participación Ciudadana será efectiva sin el compromiso de las autoridades para otorgar las facilidades necesarias en la realización de estas actividades; menos aún si la ciudadanía y la sociedad civil no hacen suyos estos instrumentos de democracia directa.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, los bajos niveles de aceptación de la democracia como forma de gobierno y la poca confianza en las instituciones democráticas, como el Poder Legislativo o los partidos políticos son algunos aspectos que debemos considerar para discutir y aprobar esta iniciativa de ley. Es insoslayable, ya que el apoyo hacia la democracia en nuestro país es cada vez menor y es una de las más bajas en la región de América Latina.
Al dar a conocer estas propuestas sabemos que la connotación de democracia se amplía para acercarnos más al texto constitucional que considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, con lo que damos un paso importante en el cumplimiento de la ley suprema en su artículo 3o.
El instrumento jurídico que proponemos se une a otros postulados democráticos, ya que rinde buenos resultados a la sociedad mexicana con respecto a otros derechos consagrados en nuestra propia Constitución, como lo es la información, el derecho de petición, la asociación y la participación a la planeación del desarrollo.
Estos derechos se traducen en instrumentos legales que permiten su aplicación, como lo es la Ley Federal de Planeación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, instrumentos de vanguardia que buscamos que hoy sean reforzados con el proyecto de ley federal de participación ciudadana.
Cabe destacar que actualmente más de 24 estados de la república mantienen mecanismos de democracia directa tales como referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana y en menor grado la revocación de mandato.
Para Nueva Alianza la participación ciudadana no sólo es un proceso decisorio en un régimen democrático, sino también un elemento fundamental en la construcción de la ciudadanía. Consideramos que la construcción de ciudadanía requiere de la conjunción de tres elementos que son indispensables, a saber: la posesión de ciertos derechos y la obligación de cumplir con ciertos deberes, la pertenencia a una comunidad y la oportunidad de contribuir a la vida pública de esa comunidad a través de la participación.
Convencidos estamos de que la participación ciudadana en la política tiende a corregir desviaciones de las democracias representativas, sobre todo cuando éstas dejan de obedecer a las demandas de población.
El establecimiento de los principios que regularán la participación ciudadana a fin de que se conduzca en el marco de los principios de la democracia, la libertad, la solidaridad, la legalidad, la equidad y el bienestar general tienen como finalidad principal más que generar una participación basada en la normatividad, formar ciudadanía responsable y observante de los asuntos públicos.
En la propuesta que estamos presentando, la participación de este honorable cuerpo colegiado constituido en Cámara de Diputados será importante, ya que se encargará de hacer cumplir el resultado de las consultas populares. Establecen que con el 33 por ciento de la aprobación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el presidente de la república convocará a la realización de estos ejercicios.
Como parte de este proceso, el Instituto Federal Electoral, deberá ser el encargado de dar seguimiento a la norma con la verificación de los datos que se requieran para la consulta, la cual versará en proyectos o actos del Poder Ejecutivo federal, proyectos o actos del Congreso de la Unión, ambos referentes a la vida política del país, iniciativas de ley, reformas, adiciones o abrogaciones de leyes federales y legislaturas de los estados, así como reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al considerar los tiempos legislativos, se da un plazo a la autoridad no mayor a los 60 días después de emitir el dictamen a fin de que las resoluciones sean consideradas en las resoluciones de los temas que se traten.
En materia de iniciativas ciudadanas se prevé que los documentos sean acompañados con el equivalente al 0.13 por ciento a los integrantes de la lista nominal con documentación que pueda ser cotejada por la autoridad competente y la cámara receptora, para resolver estos asuntos.
Es por eso que con la presentación de este proyecto de decreto damos certeza a la ciudadanía, queremos valer su derecho ciudadano a la representación de estos intereses, muchas veces soslayado por agendas partidistas o de grupos de poder que poco o nada tienen que ver con un interés general.
Compañeras y compañeros diputados, la situación actual los obliga a tomar conciencia sobre las insuficiencias de nuestro régimen democrático en el que el acceso al poder, a través del voto, ha estado en el centro de nuestras reformas políticas.
Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de que la democracia no limite sólo a la elección de los gobernantes, sino a pasar de una participación electoral a una participación ciudadana efectiva a través de la consulta popular y la iniciativa ciudadana.
En Nueva Alianza tenemos el anhelo de que México requiere una democracia fuerte y vigorosa, pero sólo se podrá lograr sí sólo sí impulsamos una participación ciudadana efectiva en el proceso de toma de decisiones.
Los invito a que hagamos de la democracia mexicana una democracia de ciudadanos, no de políticos. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Escobar y Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Me informan, la va a presentar el diputado Octavio Castellanos, a nombre de los promoventes. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, al pueblo de México. Como es bien sabido, en el año 2011 la LXI Legislatura aprobó una gran reforma en materia de derechos humanos en la cual se instituyó no sólo las garantías individuales sino a los derechos humanos como parte de la protección del esquema jurídico constitucional de nuestro país.
Esta trascendental reforma originó, entre otras cosas, la creación de una décima época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reestructuración del marco constitucional y marco legal en el cual los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya son parte hoy de nuestra legislación vigente.
Nuestro marco jurídico en materia legislativa, nuestra Ley Orgánica, establece los casos en los cuales las Cámaras, la de Senadores y la de Diputados, actúan conjuntamente, como son el inicio de cada periodo ordinario, la designación de un presidente de la república en caso de falta absoluta o en caso de que no haya sido calificada la elección, y la toma de protesta del presidente de la república. Pero hablando de derechos humanos y hablando de esta reforma, nuestro artículo 29 constitucional también establece que en caso de suspensión de garantías individuales por la causa que fuera, ambas Cámaras en conjunto deben dictaminar la procedencia de la suspensión de derechos fundamentales.
Es por eso que hoy se propone ante el pleno de esta Cámara, la modificación al artículo 5o de la Ley Orgánica del Congreso General, para que se incluya dentro de las sesiones conjuntas de ambas Cámaras la suspensión de derechos fundamentales y garantías que establece nuestra Constitución en su artículo 1o. Con esto buscamos dar mayor seguridad jurídica a un punto fundamental que son los derechos humanos.
Señora presidenta, pido que el texto íntegro de la iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeros, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señora presidenta, y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, en los términos siguientes.
El Estado tiene como principales funciones velar por el bienestar, la justicia y la seguridad de sus ciudadanos derivado del llamado pacto social. Para cumplir con esta misión cuenta con las fuerzas armadas y las corporaciones policiales.
A pesar de ello, nuestro país enfrenta problemáticas profundas en materia de seguridad, la violencia en nuestro país ha llegado a niveles alarmantes. El problema del crimen organizado es muy serio; el grado de infiltración del crimen organizado en corporaciones policiacas es grande, lo que en su momento justificó una limpieza del sistema policiaco, para ello se realizaron múltiples operativos aplicando pruebas de control de confianza, cuyos procedimientos son de dudosa rigurosidad científica, como particularmente el polígrafo, igualmente de dudoso apego a los derechos humanos.
Sin duda, una policía confiable debe ser pilar de la seguridad. La confiabilidad de quienes procuran la seguridad de los mexicanos es vital, sin embargo, lo cierto es que las condiciones en que tienen que desarrollar su trabajo los policías mexicanos no son gratificantes, teniendo un bajo salario, y lo cierto es que las condiciones de trabajo de los cuerpos policiales son en muchos sentidos muy desfavorables, ya que se desenvuelven en situaciones de alto riesgo y sin embargo tienen pocas garantías laborales respecto de otros sectores de trabajadores, y dista mucho de estar acorde con las condiciones de trabajo reconocidas para la clase trabajadora prevista en el artículo 123 constitucional.
Por ello, sabiendo de antemano que las labores de seguridad conllevan un alto riesgo, se deben garantizar todos y cada uno de los derechos laborales de los miembros de las corporaciones policiales. Lamentablemente el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos laborales, entre otros, lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresa que los Estados parte tienen la irremisible obligación, no sólo de respetar, proteger y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los gobernados, sino de evitar que entre los mismos particulares se violen estos derechos.
Por ello, está previsto que cuando de manera injustificada se cesa de sus funciones a algún trabajador, sin importar que se desarrolle en el sector público o privado, éste tenga derecho a optar por su reinstalación laboral, o bien, el reclamar la indemnización correspondiente, lo que en el caso de los miembros de seguridad pública no se cumple, dado que si éste es cesado de sus funciones no tiene permitido exigir la reinstalación en su puesto de trabajo.
Entonces, tenemos que la no reinstalación del trabajador al servicio de la seguridad pública puede ser un aliciente para procurar el establecimiento de redes de tráfico, de influencias y de lealtades absolutas al líder de la corporación, que a la postre podrían significar encubrimiento y complicidad.
Privar o negar el acceso al trabajo o su reinstalación a cualquier persona, constituye una violación a sus derechos humanos más elementales, esto mismo acontece cuando la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de determinación del servicio fue injustificada, el Estados sólo está obligado a pagar la indemnización de las prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reinstalación a su servicio.
Cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido, boletinándose además a nivel nacional, como actualmente lo señala el artículo 123, fracción XIII, del Apartado B, de la propia Constitución federal.
Por ello no debe darse fuera del marco del respeto irrestricto a los derechos humanos laborales. Los elementos de los cuerpos de seguridad deben de gozar de todos los derechos humanos laborales y sus garantías como cualquier persona.
Por otro lado, la denegación a su reinstalación, cuando derivado de un procedimiento jurisdiccional es declarado inocente, podría estar fomentando el aumento exponencial de los despidos injustificados de los miembros de los cuerpos policiacos de las Fuerzas Armadas y de los órganos de procuración de justicia, lo cual resulta flagrantemente violatorio a su derecho fundamental al trabajo.
En ese orden de ideas, la propuesta que se somete a su consideración consiste en reformar el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional, con el objeto de hacer patente la obligación del Estado mexicano de hacer justicia y reinstalar en sus funciones a los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales que hayan sido separados, removidos, dados de baja o cesados de cualquier otra forma, cuando lo anterior haya sido declarado como despido injustificado, declarado por la autoridad correspondiente. Éste, sin duda, es uno de los pendientes en materia de los derechos humanos en cuanto a los verdaderos servidores públicos que converjan en el derecho humano a la seguridad pública. Es cuanto, presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Quiero saludar la presencia de los alumnos de la escuela primaria Mexitli, de la delegación Azcapotzalco, invitados por la diputada Margarita Saldaña. Bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, presentamos el de la voz y el diputado Marco Antonio Bernal, con el aval del Grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa trascendente para aquellos municipios donde se realizan actividades de extracción minera mediante un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera, así como de la Ley de Coordinación Fiscal.
Nuestro país cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto metálicos como no metálicos, además de yacimientos de clase mundial, como son las salinas de Guerrero Negro en Baja California Sur, el yeso de la Isla de San Marcos y de la Costa Oriental de la Península de Baja California, las cuevas en San Luis Potosí, la más importante de fluorita. Y proaño en Fresnillo, Zacatecas, mi terruño, la mina más rica y grande del mundo en producción de plata.
A nivel internacional México es el primer productor de plata, el tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno en oro y décimo primero en cobre.
Los principales estados mineros de la República Mexicana son Sonora, primer lugar en producción de oro. Zacatecas, primer lugar en producción de plata. Chihuahua, primer lugar en producción de plomo. Coahuila, primer lugar en producción de fierro y de carbón. San Luis Potosí, primer lugar en fluorita y Durango, primer lugar en bentonita y perlita. Aunque sabemos que se registra actividad minera en 24 entidades federativas.
Datos de Proméxico señalan que en el periodo 2007-2012 se captaron más de 25 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en el sector minero y su contribución en la generación de empleos es considerable, pues al mes de octubre de 2012 de registraba un total de 333 mil 10 empleos directos y más de un millón 500 mil empleos indirectos.
Debo destacar que por su solidez la minería fue el único sector que resistió los efectos de la más reciente crisis global, ya que en 2009, cuando la economía mundial se contrajo 6.1 por ciento, dicho sector mostró una expansión de 2.7 por ciento en este mismo lapso.
En México las actividades de extracción minera son gravadas en función de la superficie concesionada al productor, sin que el gravamen favorezca a los centros de población, a quienes debiera corresponder, en un sentido de elemental justicia una participación en el beneficio económico de la extracción de minerales.
Estas localidades en muchos de los casos demandan infraestructura y servicios que acompasen el crecimiento del sector con el bienestar de sus habitantes, pues es innegable que la riqueza del subsuelo no es congruente con las carencias de la superficie. De ahí que el objetivo de la iniciativa que presento sea transformar una fracción de la renta económica lograda en la minería en bienestar de las comunidades donde se llevan a cabo las actividades del sector.
El esquema que se propone tiene como objetivo establecer un derecho adicional de carácter estrictamente social que garantice que todos los proyectos mineros actuales y los potenciales participen en forma institucional, ordenada y solidaria con las necesidades de la población asentada en los centros de actividad minera, que además involucre a sus habitantes en la planeación y ejecución de las inversiones realizadas por dicha empresas.
De esta forma proponemos la reforma al artículo 27, adicionando un artículo 27 Bis, 27 Bis 2 y 28 Bis, de la Ley Minera para establecer que los titulares de las concesiones mineras contribuyan con un 4 por ciento de su utilidad neta sin modificar el esquema actual de pago de derechos por hectáreas.
Se dispone la creación de un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, integrado por un representante de los tres niveles de gobierno, así como dos representantes de las empresas mineras donde se localicen las actividades, en los casos donde se ubiquen comunidades indígenas se incluirá un representante de éstas.
Pues bien, este comité autorizará las obras y acciones que las empresas deban realizar, las cuales serán acreditables al pago del derecho establecido, y serán específicamente para desarrollo social, urbano y sustentable.
En las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal se propone la creación de un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Entidades y Municipios Mineros, en el cual se establece que el 30 por ciento del monto recaudado será para el beneficio directo del municipio donde se realiza la actividad minera y otro 50 por ciento para la entidad federativa respectiva, el restante 20 por ciento formará parte del Fondo General de Participaciones.
Asimismo se propone la inclusión de un pago de derechos complementaria, mismo que en su caso deberán cubrir los titulares de aquellas concesiones mineras consideradas como ociosas o improductivas.
Finalmente, y a efecto de combatir la evasión o la elusión en el pago del derecho que se crea, en los artículos transitorios que establecen las sanciones para las sociedades que no cumplan verazmente con la información requerida por las autoridades. Es cuanto, señora presidenta. Le solicito la inclusión del texto completo de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Intégrese el texto íntegro al Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El diputado Francisco Alberto Zepeda González (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul del diputado Zepeda, por favor.
El diputado Francisco Alberto Zepeda González (desde la curul): Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputada presidenta. Nada más para solicitarle al diputado Bonilla y a Marco Bernal la posibilidad de adherirme a esta iniciativa, y además hacer una sugerencia al análisis de la comisión: si bien es cierto que nuestro país es productor de minerales, muchos de ellos los estamos exportando de manera in situ, es decir, sin darle un valor agregado en el procesamiento para con ello establecer condiciones favorables en el desarrollo del país, generando empleo y también dándole ese valor agregado.
La sugerencia para que en el análisis de la comisión se pudieran incorporar estos valores, para que ningún mineral del país sea exportado si no lleva por lo menos un proceso de transformación físico-química que permita establecer el desarrollo industrial en el país, la generación de empleos y por supuesto darle valor agregado a nuestros minerales. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien, diputados. Si los diputados promoventes no tienen objeción la dejaríamos aquí en la Secretaría para que pudieran pasar a firmar.
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidenta.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado? Sonido por favor a la curul del diputado Zamora.
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente también para unirme a la iniciativa presentada por el diputado, porque hizo alusión efectivamente a Baja California Sur, municipio de Loreto, la salinera de las más grandes del mundo, y efectivamente me parece que ésta es una iniciativa que le puede generar los recursos a los municipios que no los tienen y que les están haciendo falta sin lugar a dudas.
Por otra parte también, solamente hacer la acotación que esta explotación minera debe cuidarse mucho en el sentido de áreas naturales protegidas, porque en el caso de La Paz, municipio nuestro, existen solicitudes de concesiones en áreas naturales protegidas. Me parece que tenemos que apoyar mucho la explotación minera que trae beneficios enormes al país y desde luego, en este caso a los municipios, siempre y cuando también se cuide el medio ambiente que es fundamental para los ciudadanos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Una vez turnada esta iniciativa está a discusión en comisión. Si no tienen inconveniente los promoventes, la ponemos a disposición aquí en la mesa para que puedan pasar a firmarla a quienes así lo deseen.
El diputado Óscar Bautista Villegas (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul primero del diputado Óscar Bautista, después el diputado Bonilla.
El diputado Óscar Bautista Villegas (desde la curul): Presidenta, queremos unirnos también San Luis Potosí, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, a esta iniciativa del diputado Adolfo Bonilla y del diputado Marcos Bernal, con ello lo que vamos a hacer es apoyar realmente la explotación minera de estos estados y además le podríamos dar auge a la minería rural que tenemos en este país. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. ¿El diputado Bonilla quería hacer uso de la palabra?
El diputado Adolfo Bonilla Gómez (desde la curul): Nada más para comentar que por supuesto, no hay ningún inconveniente y agradecer si ponen a disposición de los señores legisladores para quienes quieran suscribirla. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muy bien. Queda a disposición la iniciativa para quienes gusten adherirse a la misma. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene la palabra por cinco minutos la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Las nuevas tecnologías y la necesidad en las familias de que madres y padres laboren dejando a sus hijas e hijos solos, expuestos a un sinfín de situaciones externas e internas, es una realidad en nuestros días.
Los riesgos para las niñas, los niños y adolescentes externos son muchos. Pero en casa también encontramos varios que merecen la atención de las Cámaras del Poder Legislativo. Uno de ellos es la seguridad en los espacios digitales en los que navegan los infantes y adolescentes. Hasta el momento nuestra legislación no ha normado algunos mecanismos que obliguen a los prestadores de estos servicios a instrumentar medidas para una navegación segura.
Estadísticas internacionales revelan que tan solo el 15 por ciento de los padres conocen los hábitos en las redes sociales de sus hijos. Los acosadores en línea prefieren contactar a menores de edad que navegan sin supervisión.
Padres de familia y maestros que no enseñan a las niñas y niños a utilizar el Internet para tareas, investigaciones y negarse a tener acceso o contacto con desconocidos. Es urgente por ello y necesario inhibir a quienes buscan engancharlos por medio del engaño y la manipulación para llevarlos hacia actividades inapropiadas e incluso delictivas como la trata de personase, lenocinio infantil o el secuestro.
Los prestadores de servicios, los padres, los maestros y el Estado tienen el mandato constitucional de proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes por conducto del principio constitucional del interés superior de la infancia.
Con esta iniciativa se pretende que los proveedores de servicios tengan la obligación de dotar a los clientes del servicio de Internet con las aplicaciones de navegación segura para las niñas, los niños y adolescentes. Además de que en las salas de Internet o establecimientos similares contengan anuncios que alerten a las niñas, niños y acompañantes sobre el hostigamiento en la red u otras conductas que atenten contra la integridad de ellas y ellos.
La reforma que se somete a consideración de esta honorable soberanía es para que la seguridad de navegación esté incluida en el servicio y que sea en todo caso el cliente quien decida hasta qué nivel se abre.
Por lo anteriormente expuesto, se adiciona la fracción XXIII, recorriendo su contenido a la fracción XXIV del artículo 24, así como los artículos 41 Bis y 41 Ter a la Ley Federal de Protección Federal de Protección al Consumidor.
Señora presidenta, le solicito se publique íntegro el texto de esta iniciativa. Muchísimas gracias por su atención.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Verónica Juárez?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. En principio, para felicitar a quien ahora está proponiendo esta iniciativa, por los contenidos.
Por cierto, en la Comisión de los Derechos de la Niñez acabamos también recién aprobarle un punto de acuerdo que seguramente el pleno estará aprobando en los próximos días.
Me parece que brindarle seguridad a nuestras niñas y a nuestros niños en los medios electrónicos, particularmente en Internet. Es una necesidad, por lo cual la felicito y le preguntaría si me permitiría suscribir o adherirme a la iniciativa que ahora presenta.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Al contrario, agradezco el apoyo y ojalá que todas las compañeras diputados y los compañeros diputados se sumen a esta iniciativa. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por los diputados Damián Zepeda Vidales y Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con la venia de la Presidencia. Quiero agradecer a mis compañeros diputados Damián Zepeda y Ricardo Anaya por su colaboración y confianza en este esfuerzo legislativo por fortalecer nuestro sistema de fiscalización.
Compañeros diputados, en una coyuntura histórica en que hay una coincidencia sobre la necesidad de dotar de independencia e imparcialidad a los órganos que realizan tareas de trascendencia para el Estado mexicano como el IFE, el IFAI, el Banco de México, entre otros, no podemos obviar a nuestros órganos de fiscalización de esta necesidad.
La importancia de sus funciones es de tal magnitud que lo exigible es que se desarrollen en un clima de plena independencia y autonomía frente a posibles intervenciones políticas. Por ello vengo aquí a proponer que dotemos de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación y a sus similares en los estados.
Para entender por qué nuestros órganos de fiscalización deben ser autónomos, es necesario hacer algunas precisiones sobre nuestro esquema de división de poderes y de rendición de cuentas.
Imaginemos a los presupuestos de egresos, tanto federal como locales, como un mandato que los legisladores, en representación del pueblo, imponen a los órganos y entes públicos que se encuentran obligados a cumplirlos en esos términos, convirtiéndose en mandatarios y en entes fiscalizables.
En ese tenor, esta Cámara y los congresos locales se vuelven quienes fiscalizan el gasto de dichos órganos y lo hacen a través de la información que para ese efecto realiza la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal y sus similares en los estados en el ámbito local.
Compañeros diputados, soy un firme creyente de que en una democracia funcional el legislativo debe ser un contrapeso real frente al Ejecutivo. La historia misma nos indica que es ésa su función primordial, fundacional, más allá incluso que la propia función legislativa.
Creo que los legisladores debemos exigir cuentas a quienes gastan dinero público, pero creo también que la parte técnica de esa fiscalización que el organismo encargado de proveer al Legislativo de los resultados de la revisión de la cuenta debe ser totalmente ajeno a cuestiones políticas o partidistas.
La fiscalización es una tarea eminentemente técnica que revisa variables contables, jurídicas, financieras y económicas. En esa revisión no caben variables políticas porque se afecta la imparcialidad y la legalidad de la misma.
En México, sin embargo, las entidades de fiscalización superior están sujetas a intromisiones de carácter estrictamente político que impiden a cabalidad un ejercicio adecuado tanto en el orden federal como en las entidades federativas.
Para nadie es un secreto que en los estados de nuestro país la revisión de la cuenta pública se ha vuelto una actividad que, lejos de realizarse bajo criterios técnicos, se desarrolla con argumentos políticos, por tanto electorales y por consecuencia criterios injustos, opacos y parciales.
Hay estados de la república en los que el órgano de fiscalización se vuelve un verdadero persecutor de funcionarios opositores al régimen y un solapador de los excesos de los aliados al mismo.
Compañeros y compañeras, hay un sentimiento que es constante y permanente en los ciudadanos mexicanos: es la impotencia, la impotencia de ver a sus alcaldes, a sus secretarios de despacho, a sus legisladores y a sus gobernadores enriquecerse de manera exponencial e impune con los recursos públicos.
La deuda de estados y municipios ha alcanzado niveles escandalosos y francamente insostenibles. Sin embargo, no vemos que haya un crecimiento proporcional en términos de observaciones de fiscalización y fincamiento de responsabilidades.
La mayoría de los servidores públicos ejercen recursos a voluntad, sin temor alguno a los procedimientos de fiscalización y comprobación. México requiere con urgencia que nuestros órganos de fiscalización tengan las condiciones necesarias para desarrollar dicha tarea con profesionalismo e imparcialidad.
Lo que hoy vengo a proponer es lo siguiente: que dotemos de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación y a sus similares en los estados para fortalecer su actuar y alejarlos de injerencias políticas.
Que homologuemos el procedimiento de selección del titular de los órganos de fiscalización locales con el federal; es decir, que sea a través de una convocatoria expedida por los congresos de los estados sin intervención del Ejecutivo y aprobada por las dos terceras partes del pleno garantizando que la elección dependa exclusivamente de los méritos técnicos del candidato y no de su afiliación partidista.
Consideramos que de aprobarse esta iniciativa estaremos dando un importante paso hacia un ejercicio adecuado de los recursos públicos y hacia la recuperación de la confianza ciudadana. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Quiero saludar la presencia del Centro Universitario Univer, Derecho y Comercio Internacional, Arandas, Jalisco, invitados del diputado José Luis Valle Magaña. Bienvenidos.
El diputado Abel Guerra Garza: Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros, el servicio ferroviario fue un elemento fundamental en el proceso industrializador de México. La trascendencia de otros medios generó un declive en su actividad, y ante esta situación y frente a la necesidad de competir en el mercado global con transporte eficiente y económico, a mediados de los años noventa México, Argentina, Brasil, entre otros países, desarrollaron un proceso de otorgamiento de concesiones de los servicios ferroviarios a empresas del sector privado.
Los objetivos fueron crear más infraestructura, modernizar la estructura comercial interna, contar con transporte eficiente y económico, incentivar la competitividad en la economía, otorgar beneficios en materia de movilidad.
Para materializar las concesiones, en nuestro país hubo que modificar la Constitución, concretamente el artículo 28, cambiándole al ferrocarril el reconocimiento de área estratégica por el de área prioritaria para el desarrollo nacional y emitiendo la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual adolece de algunas medidas que garanticen en su totalidad los objetivos trazados.
La ley permite a los concesionarios fijar ellos unilateralmente tarifas, no contempla sanciones reales para los incumplimientos de las obligaciones pactadas, la vigilancia en la calidad de los servicios no es óptima, lo que explica los resultados negativos de la operación concesionada.
En realidad el ferrocarril actualmente sólo sirve para los grandes clientes industriales, mientras que medianos y pequeños productores no han sido beneficiados. Se eliminaron rutas enteras argumentando baja rentabilidad, se eliminó también el servicio de vagones incompletos, mientras que el servicio a pasajeros disminuyó en un 80 por ciento.
Desde el punto de vista del crecimiento de la infraestructura de carga, Brasil, que se concesionó al mismo tiempo que México, creció en un 12 por ciento; Colombia un 34, Venezuela creció un 16 por ciento, en México no hay crecimiento.
En materia de trenes para pasajeros, Argentina creció un 52 por ciento en su infraestructura, pero un 170 por ciento más en pasajeros. Brasil creció un 90 por ciento en su infraestructura, con un mil por ciento más de pasajeros. En México cero crecimiento en infraestructura de pasajeros, 80 por ciento menos pasajeros.
Según la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, de las concesiones otorgadas a nivel mundial el 82 por ciento se han renegociado de acuerdo a la dinámica actual, esto ha sucedido de 96 a la fecha, y esta posibilidad, la renegociación, está considerada en los títulos de concesión otorgados en nuestro país, por eso proponemos modificar el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para adecuar las sanciones a las condiciones que actualmente exigen un medio de transporte eficiente y de calidad, así como establecer el incumplimiento de las obligaciones fiscales como causal para la revocación de la concesión.
Modificar el artículo 46 para darle al Ejecutivo la atribución de fijar tarifas a través de los organismos competentes; modificar el artículo 47 para evitar tarifas excesivas a las comunidades que requieren agua; modificar el artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para la Federación, para otorgar facultades a la Auditoría Superior de la Federación de verificar el buen estado y funcionamiento de las vías férreas.
Con la gran proyección que tiene el servicio ferroviario en una era económica en que los mercados mundiales son dominados por las actividades relacionadas con la logística, considerando la ubicación estratégica de nuestro país en torno al mercado más importante del mundo, creo que debemos de reconsiderar como marcan los títulos de concesión, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviarios, para ser entonces sí competitivos para que con una visión moderna, pero acorde a los intereses de la nación, podamos competir en los mercados globales con éxito y conseguir así mejores condiciones de vida para los mexicanos. Gracias por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a Comisiones Unidas de Transportes y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, durante el pasado proceso electoral fuimos testigos de una serie de irregularidades que a la fecha no han podido ser investigadas hasta sus últimas consecuencias. Una de ellas estuvo relacionada con la presunta utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, a través de empresas dedicadas a la emisión de tarjetas prepagadas, así como tiendas de conveniencia y departamentales.
Fue el caso de la empresa Monex, que presuntamente trianguló recursos financieros a la campaña del candidato del PRI, Peña Nieto, ahora reconocido como presidente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El origen de estos recursos no ha sido investigado a profundidad, dado que las estructuras partidistas cuentan con un andamiaje constitucional y legal que las protege de cualquier pesquisa que pudiera afrontar. Y las limitadas facultades, que en la materia posee el IFE, resultan insuficientes, inadecuadas y poco especializadas en materia de recursos de procedencia ilícita.
Estoy convencida de que debemos de proteger el ejercicio democrático del voto, de la práctica corrupta de lavado de dinero, lo cual dará a nuestras instituciones una nueva fuerza que provenga de la confianza ciudadana, así como de la legitimidad de su origen.
En el pasado proceso electoral, todos los partidos políticos presentaron denuncias al respecto, sin tomar en consideración que la PGR no puede investigar el financiamiento a los partidos sin que medie el informe que debe emitir la Unidad Especializada del IFE.
Es relevante señalar la importancia que tiene el evitar que recursos de procedencia del crimen organizado financien campañas políticas, permitir lo anterior sería tanto como claudicar al ejercicio democrático y entregar el país a la delincuencia.
Por ello resulta indispensable, que en el marco de una revisión de las políticas públicas en materia de seguridad se refuercen las facultades de investigación de la PGR y se blinden todas las instituciones del Estado mexicano.
En el PRD celebramos la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sin embargo, es necesario que las facultades que en la materia se atribuyen a la Secretaría de Hacienda y a la propia PGR, sean ampliadas hacia la fiscalización del origen con que los partidos políticos y los candidatos financian sus actividades, especialmente las campañas.
En la iniciativa que propongo se plantea adicionar un párrafo décimo segundo a la fracción V del artículo 41 de la Constitución, para quedar como sigue: La Procuraduría General de la República podrá, cuando exista duda fundada respecto al origen lícito de su financiamiento, solicitar información directamente a los partidos, así como al órgano técnico, para realizar las investigaciones correspondientes.
También propongo la reforma a la fracción II del artículo 99 de la Constitución, para quedar como sigue: En el caso de que exista una averiguación previa o un procedimiento judicial relativo al origen lícito del financiamiento de los partidos políticos en las campañas, no podrá emitirse la declaración de validez de la elección, en tanto no exista resolución judicial firme e inatacable.
De manera consecuente abordaremos las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que proveería las condiciones indispensables para evitar que el dinero del crimen organizado permee a nuestras instituciones políticas y a las campañas electorales.
Debemos asumir nuestra responsabilidad e introducir a la legislación las reformas que se requieren, para impedir que situaciones irregulares, como las vividas en los recientes procesos electorales, pudieran repetirse en el futuro.
Evadir ahora nuestras responsabilidades legislativas y políticas en materia electoral, nos expondría a poner en riesgo los avances alcanzados en el proceso democratizador vivido por el país.
Por ello y convencida como estoy del compromiso absoluto que mis compañeros y compañeras diputados tienen con el avance democrático nacional, solicito a ustedes su apoyo para votar a favor de la presente iniciativa. Por el bien de México, nadie debe estar por encima de la ley. Nadie debe ser intocable, ni siquiera el presidente.
Desde esta tribuna me solidarizo con mi compañera Aída Fabiola Valencia, amiga, luchadora social y compañera diputada de Oaxaca. Y le pido a la presidenta se integre esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por escucharnos. Subir hoy a esta tribuna fue muy tortuoso, desde antes que empezara el periodo legislativo. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputada, no se retire. Sonido a la curul del diputado Arturo Cruz.
El diputado Arturo Cruz Ramírez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar a mi compañera, Teresa Mojica, y pedirle de la manera más atenta si pudiese adherirme a su iniciativa. Gracias, presidenta.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Claro que sí, diputado. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen e intégrese el texto al Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 162 y 485 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la prima de antigüedad es una prestación laboral que otorgan los empleadores y es adquirida por el trabajador, gracias al eficiente desempeño de sus funciones, mediante el cual genera, desde el primero y hasta el último día de su vida laboral, ganancias al empleador.
Sin duda, éste es un tema que ha generado múltiples dificultades, no solo en su aplicación sino también en la interpretación por parte de los tribunales laborales. Dificultades que lejos de permitir que los trabajadores ejerzan de forma plena sus derechos los alejan de estos.
La legislación vigente en materia laboral establece que a dicha prestación sólo tienen derecho los trabajadores de planta, sin embargo la realidad indica que una gran cantidad de trabajadores han aportado años de servicio a un empleador o empresa y se ven excluidos de este beneficio en tanto que su tipo de contratación no es reconocido como de planta.
En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, atentos a la realidad laboral de nuestra nación, consideramos que la legislación vigente debe ser modificada para no coartar el derecho de esta prestación.
Todos los días nos enteramos de infinidad de personas que se incorporan al mercado laboral bajo formas atípicas de contratación. No es desconocido para nadie que la ausencia de contratos escritos sigue constituyendo uno de los rasgos que hace más vulnerables a los trabajadores asalariados de México, y tampoco es desconocido lo común que se ha vuelto la contratación laboral repetitiva para un mismo trabajador en el mismo espacio laboral.
La iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía pretende cumplir con un principio básico de toda ley, bajo la cual se rige una nación, responder de manera armónica a las necesidades y realidades que vive el sector que pretende regular.
En ese sentido proponemos que el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo se modifique, para que se establezca que son todo los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato, quienes tienen derecho a una prima de antigüedad, en virtud de que actualmente este mismo artículo establece que se tendrá derecho a la prima de antigüedad siempre que el trabajador haya cumplido 15 años de servicio.
Sin embargo no puede penarse que es sólo hasta este periodo de servicio que el trabajador genera ganancias o beneficios a sus empleadores, pues eso ocurre desde que sus capacidades son puestas en marcha en el desempeño de las tareas que le son asignadas.
Es por ello que la presente iniciativa también propone reformar la fracción III del artículo 162, para que a partir de los cinco años de servicio el trabajador tenga derecho a esta prestación.
Finalmente consideramos indispensable resolver el problema de la cuantificación del monto a pagar como prima de antigüedad, pues la legislación actual al sólo considerar el salario mínimo excluye a todos aquellos trabajadores que perciben un salario profesional, lo cual resulta evidentemente un acto de injusticia.
En ese sentido también proponemos modificar el artículo 485 de la Ley Federal del Trabajo, para que se especifique que la cantidad que se tome como base para el pago de la indemnización que estamos tratando no podrá ser inferior al salario mínimo general y profesional vigente según sea el caso.
Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos que la Ley Federal del Trabajo debe garantizar de forma irrestricta el principio de justicia laboral, desde nuestra trinchera refrendamos el compromiso para que la ley dé a los trabajadores soluciones y trato digno. No olvidemos que los trabajadores son la base fundamental de la economía de nuestra nación. Gracias, diputada presidenta y gracias por su atención. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Permítame un momento, diputado José Angelino.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Socorro Ceseñas?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias. Para, en primer término, reconocer al diputado Angelino la iniciativa presentada que habla sobre una prestación, un derecho de la clase trabajadora y en los términos que lo expresa me parece muy adecuada y acertada en estos momentos. Preguntarle si tiene a bien que pueda sumarme a la iniciativa que acaba usted de presentar, compañero diputado.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Le agradezco el apoyo que ofrece a esta iniciativa, puesto que como legisladores, antes que las agendas de los partidos debe estar el interés supremo de todos los ciudadanos. Muchas gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta; honorable asamblea. La presente es una iniciativa que reforma el primer párrafo y se adicionan dos más a la fracción I, del artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Es de todos bien sabido que el sistema de salud en nuestro país sigue teniendo deficiencias que imposibilitan a muchos de los derechohabientes dentro de la cobertura de la demanda, la adecuada atención hospitalaria y farmacéutica por parte de las instituciones públicas; es por ello que muchas de las familias tienen que recurrir a empresas aseguradoras o a instituciones privadas, o a la adquisición de medicamentos dentro de boticas o farmacias particulares.
Esta iniciativa surge derivada de una inquietud ciudadana cuando anduvimos en campaña en el distrito 07 de Baja California, un contador público preocupado, ya que había fallecido su esposa de cáncer y él, al no contar con un sistema de seguridad social como la mayoría de todos los mexicanos, pues el contaba con su despacho privado y a la esposa le estuvo que estar dando tratamientos y comprando medicamentos en farmacias y en boticas, además de lo que implicó el tener que estar paliando con la enfermedad, con este grave cáncer que ella sufrió. Es por ello que él presenta esta iniciativa y nosotros la recogemos.
Vale la pena aquí reconocerle, tanto a él como a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuando estuvieron aquí con nosotros en la Comisión de Hacienda realizando una presentación acerca de las diferentes iniciativas, que nosotros como diputados podríamos, en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apoyar a esta procuraduría de reciente creación; que ayudáramos a coadyuvar en lo que vienen siendo algunas leyes que todavía no son equitativas.
Es por eso que la presente iniciativa comprende el reconocimiento de algunos factores de vulnerabilidad e inequidad que afectan de forma directa al contribuyente y de cuyo tratamiento generará efectos positivos tanto en materia jurídica como de responsabilidad fiscal, social y familiar, toda vez que la propuesta conlleva un marco de acción más amplio en materia de deducibilidad que beneficia de forma directa al contribuyente.
Desde esta tribuna mi reconocimiento a la procuradora de la Defensa del Contribuyente y a su equipo de trabajo del área Jurídica que nos apoyaron a reforzar esta iniciativa.
Mucho se ha dicho de los avances que se han llevado a cabo en nuestro país en materia de salud, sin embargo el que no se aplique una política universal en esta materia ha obligado a que muchas familias tengan que recurrir a los gastos tanto hospitalarios y farmacéuticos dentro de la iniciativa privada.
Es por ello que afecta en buena parte al patrimonio familiar y muchas de las familias tienen que recurrir a empeñar sus bienes, a endeudarse por tener que sacar adelante la enfermedad de algún familiar. Yo creo que muchos de ustedes probablemente lo han sufrido en carne propia con algún conocido o con algún familiar.
¿Qué es lo que busca esta iniciativa? En primer lugar, la búsqueda de una legislación más equitativa, que otorgue los mismos derechos para todos los contribuyentes, ya que se propone de manera expresa que en todas las personas físicas se pueda presentar una declaración anual para efecto de las deducciones personales. Esto ya se encuentra previsto actualmente en el artículo 238 del Reglamento, pero sólo para personas físicas asalariadas; por lo que se propone generalizarla e incorporarla a la ley.
En segundo término, el reconocimiento de los gastos erogados por concepto de enfermedades crónico-degenerativas permitirá a este contribuyente que se ve forzado a realizar este tipo de erogaciones a que se le puedan reconocer como deducibles, ya que son adquiridos dentro de la iniciativa privada, del sector privado.
En tercer lugar, se propone que estas deducciones por los gastos antes señalados, hospitalarios, tratamientos de medicamentos en farmacias o boticas le sean reconocidos; así como sucede en el tema de los acreedores alimentarios. En este caso, cuando equivalgan o superen, sean superiores a los 22 mil 750, que eso equivale al salario mínimo de la zona geográfica elevado a un año.
Por tanto, para ya no pasarme en el tiempo que nos corresponde, pedirle tanto a mis compañeros de la Comisión de Hacienda, de la cual soy integrante, así como a ustedes, estimados legisladores y legisladoras, que nos apoyen en esta reforma que en mucho beneficia a la economía familiar, que se ve golpeada en muchas ocasiones por hacer este tipo de erogaciones en tratamientos y gastos hospitalarios, por comprar medicamentos dentro del sector privado cuando ellos no cumplen con un seguro dentro de lo que viene siendo el sector público. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 84 Bis, 84 Ter y 84 Quáter a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con permiso de la Presidencia. En México la protección del consumidor surge como un derecho ante las arbitrariedades y abusos de los productores y distribuidores de bienes y servicios. Es ahí donde reside el espíritu de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En ese sentido, la protección al consumidor no pretende controlar ni aceptar el sistema de comercialización que, al igual que la producción, es manejado por la iniciativa privada, por la oferta y la demanda.
Con la intervención que le corresponde al Estado, empero sí existe el propósito de modernizar el aparato distributivo y defender a los consumidores para que los comerciantes y proveedores de bienes y servicios cumplan con sus obligaciones.
En la era del capitalismo han tenido un nuevo auge las tecnologías de la televisión, así como el Internet, las cuales han sido saturadas por la publicidad de bienes y servicios. Dicha publicidad introduce los beneficios y virtudes de los productos y servicios que en varios casos son exagerados, por lo que en ese sentido se logra que el consumidor tenga una apreciación incorrecta o una expectativa diversa.
En ese contexto, al recibir el producto o servicio el consumidor verifica realmente su aplicación contrastándola con los beneficios que se publicitaron. Es precisamente en ese acto en el que el consumidor podrá valorar si el bien o servicio cumple efectivamente con su utilidad o su expectativa.
Parece de toda lógica que si una publicidad en televisión, vía pública o radio informa sobre los beneficios y virtudes de tal o cual producto, el consumidor deba confiar en que el bien cumpla efectivamente con dichas características.
No obstante, en muchos casos el cumplimiento o no del objetivo del producto dependerá de las condiciones del uso y de quién lo usa; por ende, no para todo el producto funcionará de la misma manera. Por esa razón, el objetivo de la presente iniciativa radica en incluir la garantía de satisfacción dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Lo anterior con la finalidad de que el consumidor pueda realizar la devolución del producto o servicio una vez usado o probado, si es que no cumple con las expectativas, especificaciones o cualidades publicitadas por el proveedor.
Asimismo, con la inclusión de la garantía de satisfacción se obligaría a los productores o proveedores a verificar que el producto o servicio cumpla con la calidad y especificaciones anunciadas.
En este sentido, la devolución del producto o servicio deberá realizarse dentro de los 15 días siguientes a su compra, por lo que también deberán regresarse en buen estado los elementos originales del empaque, etiquetas, certificados de garantía y manuales de uso.
Lo anterior se realiza con la finalidad de que el consumidor tenga la plena garantía de que el producto o servicio que adquiera cumpla con todos y cada uno de los requisitos mencionados en la publicidad, así como con sus expectativas.
Con el uso del producto o servicio, el consumidor podrá constatar que efectivamente el mismo satisface las necesidades y expectativas que tenía, pues el consumidor no es un simple agente pasivo; el consumidor es una pieza clave del sistema mercantilista, ya que todo va dirigido a sus requerimientos y necesidades, logrando que los productos y servicios se ajusten al deseo del comprador.
Por último, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados y suscrita por el diputado Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera Presidenta. Esta iniciativa que propone reformar los artículos 4 y 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados corresponde a otra iniciativa que elaboramos el diputado Ricardo Monreal Ávila y el suscrito con relación a modificar la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de la República.
Lo que estamos planteando, en términos generales, es adicionar a la facultad que tiene el Senado de la República para la aprobación de tratados y convenciones diplomáticas, que también le corresponda a esta Cámara que es la responsable de la política exterior del país, que también pueda autorizar la celebración de acuerdos interinstitucionales que celebra nuestro país con otras naciones.
Este tema de los acuerdos interinstitucionales no puede quedar simple y sencillamente como una facultad que tiene el objetivo o la Secretaría de Relaciones Exteriores o las áreas del gobierno federal involucradas, sino que requiere la mayor atención de parte del Congreso de la Unión.
Acuerdos tan importantes como la tristemente célebre Iniciativa Mérida, son motivos de acuerdos interinstitucionales que no pasan por la aprobación del Senado de la República.
Ustedes bien saben que esta iniciativa generó la posibilidad de una intervención directa del gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen organizado con todas las nefastas consecuencias que son conocidas por todos, y que por cierto más allá de que ha pasado de ser tema de portadas las muertes y las ejecuciones, y han pasado a la nota roja, lo cierto es que en estos 100 días no ha habido avance en materia de seguridad pública.
Por eso lo que se ha hecho es, de parte de los apologistas del gobierno federal, es simplemente eludir el tema de la seguridad pública porque pareciera que seguimos la misma ruta que Calderón, nada más que ahora se le da otro enfoque propagandístico.
Entonces, por esa razón planteábamos nosotros que los acuerdos interinstitucionales tienen que ser motivo de aprobación también del Senado de la República y la propuesta que hoy presentamos como iniciativa de reforma a los artículos 4o y 6o de la Ley sobre la Celebración de Tratados, corresponde a esta reforma que presentamos a la fracción I del artículo 76 que regula las facultades exclusivas del Senado de la República.
Nos parece que en los temas de tratados internacionales y en el tema de los derechos políticos, económicos y sociales de los países, tenemos que seguir avanzando de manera progresiva y no apuntarle a retrocesos, iniciativas como la conocida como acta, que es un acuerdo comercial antifalsificación, por ejemplo, y que tiene que ver con restringir el flujo de información en internet, ahora que se habla tanto de universalizar el acceso a internet, de ir por la sociedad del conocimiento, este acuerdo está ahí, y se requiere también que este tipo de decisiones pasen por el Senado.
Y también queremos señalar que diversos grupos de derechos humanos del país, organismos no gubernamentales han expresado su preocupación por unas iniciativas, una que está aquí en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores, que tienen que ver con el artículo 1o constitucional y también con el tema de los tratados.
Se trata de lo que se conoce como el principio pro homine o pro persona, que nuestra Constitución establece que en materia de derechos humanos la interpretación tendrá el carácter más favorable a la protección de los derechos humanos.
Por ahí hay una iniciativa del Presidente de esta Cámara, el diputado Arroyo Vieyra, que pretende reformar esta iniciativa, en el Senado hay otra de Raúl Cervantes, que es un prominente legislador del PRI, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, entonces será seguramente también materia de debate.
Por ahí veíamos que iban a retirar la iniciativa, el Presidente de la Cámara; vamos a estar al pendiente porque de aprobarse una reforma que tiende a subordinar el tema de los derechos humanos sería sin duda un retroceso. Lo que necesitamos es seguir avanzando en la protección de los derechos humanos y por eso vimos con mucha simpatía y participamos en un foro que la diputada Loretta Ortiz y la diputada Elena Tapia hace unos días realizaron, en los cuales participamos precisamente para que el artículo 1o constitucional siga en sus términos y no haya retrocesos en materia de derechos humanos. Pero para tener este andamiaje en materia internacional estamos planteando esta iniciativa, que se acompaña de una iniciativa de reforma al artículo 76 constitucional.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores para dictamen. Diputada Adriana González Carrillo, ¿con qué objeto?
La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Presidenta, para pedirle al proponente, al diputado Mejía, me permita suscribir a título personal la iniciativa. Comparto el que es necesario que los acuerdos interinstitucionales tengan límites y por supuesto también tengan la aprobación del Senado de la República.
Al mismo tiempo, decirle que me sumo a la propuesta de estar vigilantes para evitar cualquier regresión, cualquier contrarreforma que quite el principio pro homine, que es uno de los pilares hoy de nuestra Constitución y que sin duda le ha dado un prestigio a México en un avance sin precedentes en materia de derechos humanos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Sí acepto la adhesión.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Acepta el diputado la adhesión diputada, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Continúe la Secretaría con la lectura de la comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de Junta Directiva de Comisiones ordinarias.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política con cambios en Juntas Directivas de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Radio y Televisión, remitidos por el Grupo Parlamentario del PRI, y que están publicados en sus pantallas. En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado, comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (16:18 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el jueves 14 de marzo a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Buenas tardes.
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