Comunicaciones
Retiro de iniciativas de diputada
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con informe sobre participaciones
Solicitud de licencia del diputado Ponciano Vázquez Parissi
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de tres dictámenes
A discusión
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Solicitud de licencia del diputado Sergio Torres Félix
Proposiciones de urgente resolución
Sonia Rincón Chanona, NA, relativa a los grupos de autodefensa civil
Gisela Raquel Mota Ocampo, PRD, sobre el rescate a la industria azucarera y cañera del país
Turno a comisiones de las proposiciones
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:01 horas): Por lo tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron los siguientes oficios, de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, por el que se...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Durazo, ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, con un objeto recurrente en el transcurso de esta semana, que no ha quedado aclarado a satisfacción.
Hoy, nuevamente un medio de comunicación, específicamente el periódico Reforma, habla de una serie de aparatos, específicamente Ipads y Mini Ipads, que fueron entregados a la Cámara de Diputados.
Como he pedido aclaraciones –y a usted, pública y personalmente a través de los medios ha expresado que, no le corresponde– no encontramos exactamente a quién le corresponde dar respuesta de estos temas. En primer lugar.
En segundo lugar, quiero hacer patente que Movimiento Ciudadano no ha recibido ni recibirá los Ipads. Y número tres, me parece extraordinario mal momento para que esta Cámara de Diputados haga un contrato con Telmex en un momento en el que vamos a empezar a discutir la Ley de Telecomunicaciones y esto, estoy seguro que excitará la suspicacia social respecto de eventuales compromisos con esa empresa, que pudieran incidir indebidamente en nuestros posicionamientos. Gracias por su atención, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A los tres asuntos les doy puntual respuesta.
Primero. Comparto con usted la afición por el periódico Reforma y se lo reconozco.
Segundo. El Comité de Administración podrá darle toda la información adecuada. Entiendo que su coordinador es parte del Comité de Administración y le doy la pista de que puede ser una fuente muy confiable.
Tercero. Respeto mucho la decisión de Movimiento Ciudadano de no recibir estos aparatos.
Y cuarto. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que no es el mejor momento.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron los siguientes oficios. De la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, por el que se solicita que se retire de los registros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentada el 4 de diciembre de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de diversas autoridades tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente para su conocimiento.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de febrero del 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de 2012.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Solicitud de licencia, del diputado federal Ponciano Vázquez Parissi, por tiempo indefinido a partir del jueves 21 de marzo del año en curso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a la consideración del pleno los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ponciano Vázquez Parissi, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 21 del estado de Veracruz a partir del 21 de marzo del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese. Le deseamos al diputado Ponciano Vázquez tenga éxito en las tareas que emprenderá.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría con Declaratoria de Publicidad de Dictámenes.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración.
De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
De las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, a la fracción II, del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, el señor diputado don Francisco Javier Fernández Clamont.
El diputado Francisco Javier Fernández Clamont: Muy buenos días a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de usted, señor presidente y vicepresidente.
A nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, de su mesa directiva y de sus integrantes, hoy doy lectura al proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
El artículo 62 de esta ley habla que las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en ámbito federal, de los estados, de los municipios, del distrito Federal y sus demarcaciones territoriales en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente víctimas, ofendidos y testigos.
La adición a esta fracción II de este párrafo dice: Asimismo deberán proporcionar a las víctimas, en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística que comprendan y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos garantizando su integridad sicológica y la protección a su identidad e intimidad.
El objetivo de esta iniciativa bajo estudio, es reformar el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, con el propósito de prever como obligación de las autoridades responsables de los tres órdenes de gobierno la de proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad sicológica y la protección de su identidad e intimidad.
Cabe recordar que la trata de personas es un delito que afecta mayormente a quienes padecen algún grado de vulnerabilidad. Ésta constituye la esclavitud del siglo XXI, es una forma de subyugación que atenta directamente contra la libertad y la dignidad del ser humano y pone de manifiesto a través de las víctimas la gravedad de la inequidad de género y desigualdades múltiples traducidas en mayor vulnerabilidad.
El combate a la trata de personas es uno de los principales retos que enfrentan los estados, porque se trata de un problema transnacional, resulta conveniente considerar del delito de trata, el artículo 6 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
Establece que cada Estado protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de trata de personas previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicho delito.
En este contexto nuestro país se ha comprometido a respetar y garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito de trata.
La legislación interna es el ámbito por excelencia de protección de los derechos humanos y por lo tanto debe de ser el reflejo de las obligaciones asumidas en materia internacional.
Así debe de entenderse al derecho internacional, como una herramienta de apoyo para el derecho interno en la búsqueda de las condiciones que protejan y maximicen la dignidad inherente al ser humano, tal como se desprende de nuestro artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente deseo hacer mención que con fundamente en el artículo 93 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos ha realizado una corrección de estilo al segundo párrafo de la fracción II del artículo 62 contenido en el proyecto de decreto, misma que ya se ha hecho llegar a la Mesa Directiva y que he dado lectura.
Esta reforma, sin duda, va a complementar la legislación en materia de trata de personas, por lo que los integrantes, la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos, nos pronunciamos a favor del presente dictamen, ciertos que esto significa un logro para los intereses de los grupos más vulnerables y del pueblo de México.
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados y esperamos que su votación sea a favor. Muy amables. Gracias, señor presidente y vicepresidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy amable. ¿Nos dejó una modificación? Ya la había entregado y está publicada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si autoriza que la modificación que plantea el señor presidente de la comisión pase a formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el presidente de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En esas condiciones es que abordamos el dictamen. Tiene el uso de la voz el señor diputado don René Fujiwara Montelongo para presentar el planteamiento de Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el respeto, vigilancia, fortalecimiento y denuncia contra cualquier atentado a los derechos humanos es una vocación irrenunciable de Nueva Alianza desde su conformación como instituto político al servicio de los ciudadanos mexicanos.
Por ello, como grupo parlamentario estamos plenamente convencidos de que esta visión auxiliará de manera significativa en la reparación del daño a los derechos humanos que desastrosamente sufren las víctimas a las que están dirigidas estas modificaciones.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica; asimismo, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Lo anterior suscrito por la mayoría de las naciones libres, lo sabemos muy bien, forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre”.
La realidad es que México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y de trabajo forzado, donde los grupos más vulnerables incluyen a mujeres, niños, indígenas, migrantes que transitan por el territorio nacional y ciudadanos de otras naciones que por desgracia son víctimas de esta violencia hacia sus personas.
México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas. De acuerdo con los dato s del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Fondo Internacional para la Infancia, existen 20 mil menores que son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía; mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.
Por este breve diagnóstico y en función del dictamen que la Comisión de Derechos Humanos realizó y fundamentó con mucha pertinencia, coherentes con nuestra irrenunciable vocación, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos necesario y urgente garantizar a las víctimas de este delito el pleno entendimiento de sus derechos; aun si hablan y entienden algún idioma o lengua distinta al español.
Se tiene el registro de que en 19 entidades federativas es donde hay mayor incidencia de desaparición de mujeres y niñas y en la mayoría de estos estados, por no decir que en todos, existe población que solo habla y entiende lenguas indígenas.
Datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señalan que en México se habla en 68 lenguas que tienen 364 variantes lingüísticas y pertenecen a 11 familias lingüísticas.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, ¿cómo podemos permanecer indiferentes a semejante problemática? Debemos actuar de inmediato garantizando los derechos de las víctimas de este delito y, sobre todo, seguir en la lucha para erradicarlo.
Brindar un intérprete a todas aquellas personas víctimas de este delito debe convertirse en una obligación para la autoridad, sin éste no podrán conocer y hacer valer sus derechos.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con la sociedad y sabemos que hay mucho que hacer en temas como la trata de personas, sin embargo, también reconocemos que este dictamen es una gran aportación al respecto y atención de las víctimas de este delito.
Por ello votaremos a favor del presente dictamen, acompañando nuestra decisión con una profunda solidaridad hacia las víctimas que han padecido de esta miseria humana y enviamos un enérgico basta ya para que esto no se convierta en un distintivo para este noble país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don René. Doña Loretta Ortiz Ahlf, muy apreciada maestra de derechos humanos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia y de la Vicepresidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en la discusión en el seno de la Comisión de Derechos Humanos se emitió un voto particular precisamente con relación a este artículo 62, fracción II, en el sentido de que no gozábamos de la facultad de legislar en esta materia y precisamente sobre eso voy a centrar mi comentario, si el Congreso de la Unión goza de las facultades para legislar en esta materia.
Precisamente México celebró la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, aprobada por el Senado el 22 de octubre de 2000 y ratificada por México el 4 de marzo de 2003 y entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, y también ratificó el Protocolo de Nueva York del 15 de noviembre de 2000, aprobado por el Senado el 22 de octubre de 2000 y ratificada por México el 4 de marzo de 2003.
Precisamente para dar aplicación y legislar en esta materia con base en la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que goza este Congreso de la Unión de la facultad de legislar sobre esta materia.
En relación a las bondades que presenta esta reforma que se presenta a la fracción II, es precisamente dar a conocer a las víctimas, a las personas que sufren este crimen –es crimen, no es un simple delito–, crimen internacional, el derecho a estar correctamente informadas.
Ya la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional hace la distinción de lo que se debe entender por tráfico y trata de personas.
En la trata, los seres humanos se convierten en mercancías, pertenecen a otro individuo u organizaciones criminales y son explotados para extraer beneficios para sus propios propietarios.
En cambio, el tráfico de personas es un servicio ilegal parecido a un contrato para realizar un viaje que se extingue una vez que la persona llega a su lugar de destino y paga el servicio prestado.
Como los que me antecedieron en la voz, México es de los primeros lugares precisamente en trata de personas y tráfico de migrantes. Es bienvenida y aplaudida una reforma de esta naturaleza, que no resuelve el problema tan grave que padece nuestro país, pero que sí, por lo menos, les da el derecho a los familiares de las víctimas, que también son víctimas de trata de personas, a conocer en una lengua que conoce precisamente la comisión de estos delitos y poder presentar, en su caso, las denuncias o las peticiones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, muy apreciable maestra. Don Carlos de Jesús Alejandro, del PRD, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias, señor presidente, con su venia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o., reconoce a las lenguas indígenas como tales y no como dialectos.
De acuerdo con el Apartado A, fracción IV, también establece y a la letra dice: Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de marzo de 2003, eleva también a rango de lenguas indígenas y oficiales, las más de 62 lenguas que se hablan en nuestro territorio nacional con más de 360 variantes lingüísticas...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señor diputado, con todo respeto, nada más para estar todos en concordia, ¿estamos hablando de trata o de lenguas? ¿Sí?
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Estamos hablando de tratas, porque justamente voy a proponer en el artículo 62, en el párrafo segundo, una modificación al respecto, pero quise hacer este fundamento jurídico.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en paz.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos.
El artículo 4o., también de esta Ley de Derechos Lingüísticos, establece que las lenguas indígenas, que se reconozcan en los términos de esta ley, y el español son lenguas nacionales, por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hable.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento jurídico de carácter internacional, adoptado desde septiembre de 2007, también establece en su artículo 13 que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras su historia y sus idiomas, dándole el trato de lengua oficial.
En su apartado segundo de este mismo artículo 13, establece que los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacer entender, en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.
La Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, también en su artículo 2o establece estos derechos y en su artículo 5o, perdón, en su último párrafo, establece que toda persona debe tener la posibilidad de expresar, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular, en su lengua materna o lengua originaria.
Por tanto, quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos, en específico a su presidenta, la diputada Miriam Cárdenas y a su secretaria, la diputada Elena Tapia, y demás integrantes de la Junta Directiva, por haber reconocido y haber propuesto una adición al artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia de las Víctimas en estos delitos, al agregar y hacer del conocimiento al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio del 14 de marzo, para efectos de que en el dictamen quede integrada la propuesta que he presentado, para quedar como sigue este párrafo segundo del artículo 62, estableciendo el siguiente párrafo:
Asimismo, deberán proporcionar a las víctimas, en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística, que comprendan y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su integridad e intimidad, superando el concepto del párrafo anterior del pre dictamen que establecía no lengua sino dialecto.
Con ello reconozco la sensibilidad, la certeza de la Comisión de Derechos Humanos, y desde luego, de esta soberanía, por aceptar que en este dictamen, finalmente, quede contemplado este párrafo, reconociendo no como dialecto sino como una lengua indígena y en tanto, lengua oficial y lengua nacional, las 62 que se hablan en nuestro territorio nacional con sus más de 360 variantes dialectales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Está dejando propuesta? Ah, ya se aceptó en el dictamen. Ya se aceptó. Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, tiene el uso de la voz.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenos días, con su venia, señor presidente. Lamentablemente los ciudadanos de este país nos hemos convertido en testigos del incremento de la violencia, situación que ya se ha traducido en problema social que desde luego no puede ser atacado de forma aislada.
Si ponemos atención en cada sesión en esta Cámara de Diputados se enlista en el orden del día por lo menos un asunto relacionado con la violencia que impera en nuestro país, siendo uno de los sectores que resulta más vulnerable ante dicha situación la población indígena, tal como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al señalar que el 45 por ciento de las personas que son víctimas del delito de trata son indígenas, que en la mayoría de las ocasiones se encuentran al amparo del crimen organizado y la mala conducción de las propias autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo que obviamente impide y limita el ejercicio de sus derechos.
A este escenario hay que agregarle el sesgo de información y el poco interés por parte del gobierno federal por implementar mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, ya que en nuestro país los jueces carecen de conocimientos sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
De ahí que Movimiento Ciudadano haya adoptado diversas medidas, y una de ellas consiste en la firma de una política de Estado con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, el 20 de junio de 2012, para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, y asistir y proteger a las víctimas posibles víctimas de estas agresiones.
Por esta razón votaremos a favor del presente dictamen, para que se brinde una atención a las víctimas y se pueda respetar el derecho al debido proceso, así como la impartición de asesorías jurídicas mediante intérpretes, traductores o defensores públicos especializados, sin embargo consideramos que no es suficiente.
México no puede continuar siendo visto como un solo país, la nación pluricultural que describe nuestra Carta Magna es aún una utopía, nos falta. Nos faltan todavía muchas acciones y resultados que promuevan y acepten la diversidad de comunidades indígenas como parte inherente de nuestra historia y de nuestra situación actual.
Por ello exhortamos a las autoridades estatales para que sean los encargados de proporcionar la ayuda correspondiente a las víctimas de este delito y evitar que siga lacerando a nuestra sociedad. Es nuestro deber dar voz a los más desvalidos y luchar por sus derechos, basta ya de tantas injusticias.
Por ello también exhorto desde esta tribuna a la titular de la Comisión de Asuntos Indígenas, a la licenciada Nuvia Mayorga, para que pueda darnos una cita que desde el 20 de enero hemos estado solicitando para exponer varios temas de nuestras regiones indígenas, de nuestras comunidades indígenas, porque es muy visto que a las ciudades, a las zonas urbanas están llegando mujeres, niños, adolescentes indígenas por falta de atención y por falta de proyectos que pudieran ayudar al desarrollo de estas comunidades y también porque carecen, aun en este pleno siglo, de lo básico que es el agua, que es la luz, que son los caminos y que ahorita siguen muriéndose mujeres en los hospitales por falta de atención.
Es ahí donde hacemos un llamado, y hacemos un llamado a la sensibilidad de la comisionada, para que nos permita desarrollar de manera conjunta y traer y exponer las necesidades de estos municipios. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Aida Fabiola. Don Carlos Fernando Angulo Parra, del PAN, tiene el uso de la voz.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros de esta Honorable Cámara de Diputados, quiero mencionar una situación muy delicada en este momento, el Partido Acción Nacional está totalmente de acuerdo que haya una cabal legislación para combatir este ominoso delito de trata de personas y para proteger cabalmente a las víctimas, que esto quede muy claro.
Para ello los insto a que analicemos lo siguiente: El Congreso de la Unión tiene un acotamiento constitucional establecido en el artículo 73 y curiosamente esta restricción está en materia de víctimas. Nuestro sistema constitucional establece disposiciones expresas para que legisle el Congreso de la Unión, donde el artículo 73 no establece de una manera expresa la facultad de los funcionarios federales, dígase Congreso de la Unión, para legislar sobre una materia, se entiende esa materia reservada a los estados.
Por el otro lado tenemos la situación de que está ahora mismo en proceso de cambios la Ley de Víctimas que fue aprobada por el Congreso de la Unión y dentro de la Ley de Víctimas se debe de contemplar todas las instancias en donde existe una reparación del daño a las víctimas, incluyendo la parte relacionada con trata. Dentro de este proceso de reconfiguración se encuentra contemplada una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de víctimas.
La ley que estamos ahora discutiendo sobre trata tiene preceptos para proteger a las víctimas con un impacto nacional, no con un impacto federal. Es nuestra responsabilidad como diputados, el que la legislación que emitamos se ajuste cabalmente a los términos de la Constitución muy particularmente para proteger a las víctimas del gravísimo delito de trata de personas, por lo que yo los insto a que no aprobemos este dictamen hasta que no se reconfigure la Ley de Víctimas y de una manera especializada, se atienda todo lo concerniente a las víctimas de ese gravísimo delito de trata.
De lo contrario, compañeras y compañeros, estaríamos cometiendo la irresponsabilidad de aprobar una ley que pudiera ser atacada por su inconstitucionalidad. Es responsabilidad primera de todos los diputados y las diputadas que hicimos un fuerte compromiso ante la nación de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más aún en este tipo de delitos tan graves como el de víctimas, para que no puedan quedar impunes y para que las víctimas puedan ser cabalmente resarcidas de este gravísimo delito.
Por favor, compañeras y compañeros, analicen esta situación. Esto debe de quedar de una manera perfectamente bien estructurada desde un punto de vista constitucional. Esperemos a la reconfiguración de la Ley de Víctimas.
Esperemos a que haya una cabal reforma constitucional para darle facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de víctimas. Dejemos esa parte especializada sobre víctimas en la ley de la materia, que es la Ley de Víctimas y no dispersemos el tratamiento de víctimas en diferentes leyes.
Ésa es la manera responsable de actuar de este Congreso de la Unión, por lo que los insto a que no aprobemos este dictamen. Esperemos a que esto quede debidamente reconfigurado en la Ley de Víctimas y así actuamos responsablemente para protección de las víctimas de éste gravísimo delito de trata de personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña María de Jesús Huerta Rea, tiene el uso de la voz.
Aprovecho el momento para dar la bienvenida a los alumnos de la escuela secundaria Elena Garro, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez, de Ecatepec de Morelos. Sean ustedes bienvenidos.
Quiero anunciar que don Carlos Fernando Angulo Parra también dejó voto particular, al que se le dará el tratamiento reglamentario.
La diputada María de Jesús Huerta Rea: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El estudio y la actualización de las normas jurídicas, establece que el estado de derecho sea la base en la que se radique la relación entre la libertad y los ciudadanos y el ejercicio de la autoridad.
En razón de lo anterior, existe una gran exigencia de la sociedad mexicana en el sentido de que el Estado garantice de manera integral la asistencia y la protección de víctimas.
Si bien ya dimos el primer paso al aprobar la ley en materia, requerimos buscar soluciones basadas en el consenso para atender a las víctimas, lo cual contribuirá de manera decidida al fortalecimiento del estado democrático, a la reducción de la impunidad y a la provisión de justicia expedita de las víctimas, garantizando sus derechos a la asistencia, la protección, el apoyo urgente, la verdad, la justicia, la reparación integral y la sanción de los culpables.
Por ello prever como obligación de las autoridades responsables de los tres órdenes de gobierno proporcionar a las víctimas del delito información sobre sus derechos en un idioma, dialecto o lengua que comprendan, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad, es prioridad del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por lo tanto suscribimos todos los esfuerzos tendientes a procurar esta medida.
Independientemente de que el propósito de este dictamen es loable, obedece a los principios consagrados en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión en el 2011, que exige a las autoridades garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de todos los tratados internacionales que existen y que han sido signados por el Estado mexicano.
Compartimos ampliamente la preocupación del presente dictamen porque históricamente la víctima había ocupado un lugar secundario en el derecho penal. Sin embargo hoy sabemos que la protección integral de los derechos de la persona sólo es posible si se está reivindicada por el derecho como ciudadana, es decir, como titular de todos los derechos frente al Estado.
Por lo anterior, las y los legisladores integrante del Grupo Parlamentario del PRI, habremos de votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañero presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.
El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez (desde la curul):
La diputada María Esther Garza Moreno (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 332 votos en pro, 98 en contra y tres abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 332 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos.
Dejo esta Presidencia en manos de la experiencia de la diputada Retamoza. El diputado Botello, con qué objeto.
El diputado José Alfredo Botello Méndez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solicitar si son tan amables pedir a quien corresponda que puedan activar los avisos que se deban realizar, ya que los timbres, los sonidos no sirven al exterior de aquí del pleno. Si son tan amables.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Van a verificar la chicharra, que son los avisos a los que estamos obligados por Reglamento.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Pasa al Senado para sus efectos Constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a los artículos 4o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Por lo anterior, para fijación de posturas tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza. Perdón, no tengo a nadie aquí para fundamentar el dictamen. Me están pasando una corrección. Sí se va a fundamentar el dictamen, por parte de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz.
La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz: Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días, compañeros diputados. Me encuentro en esta tribuna para presentar el siguiente proyecto de decreto, mismo que da respuesta a la iniciativa presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que fue dictaminada en Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación en días pasados.
Debido al peso relativo de los jóvenes frente al total de la población mexicana, la participación de la juventud en sus realidades inmediatas es urgente y necesaria para el desarrollo nacional.
Al respecto, el Programa Nacional de Juventud 2008-2012, por sus siglas, Pronajuve, establecen reconocimiento de los jóvenes como actores sociales, sujetos de derechos e individuos capaces de participar plenamente y a conciencia en los asuntos que les competen.
De acuerdo con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Juventud en el 2010, sólo uno de cada 10 jóvenes dijo participar en una organización o asociación. De los jóvenes que participan en la actualidad, el grupo de 15 a 19 años representa el 40.6 por ciento, mientras que los jóvenes de 25 a 29 años sólo representan el 15.4 por ciento.
Del pequeño porcentaje que sí participa en organizaciones o asociaciones, el 40 por ciento de ellos participan en organizaciones de corte deportivo, un 13 por ciento lo hacen organizaciones estudiantiles o religiosas y sólo una mínima parte que representa el 3 por ciento participa en organizaciones políticas.
Como es posible observar, a partir de los datos ofrecidos, los jóvenes mexicanos no tienen una fuerte cultura de asociación y participación, particularmente llama la atención el rechazo que tienen hacia la política y hacia quienes la ejercen.
Con estos registros sobre la participación de los jóvenes y en tanto que son los jóvenes factor importante para el desarrollo del país, es necesario incentivar su participación en los diferentes temas nacionales y locales.
El presente dictamen tiene como objeto modificar el artículo 4o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para agregar la fracción XVI para que el Instituto tenga la atribución de promover la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional, e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.
Conscientes de que la materia de juventud es transversal, sabemos que no basta modificar el marco jurídico del Instituto Mexicano de la Juventud, por lo tanto el presente dictamen adiciona el artículo 5o de la ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para agregar la fracción XIX, para que se consideren como asociaciones objeto del fomento aquellas dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos de la juventud, así como el impulso de su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional, con el fin de procurar su desarrollo integral.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5o de la Ley Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Este proyecto de decreto ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, y quiero recordarles que hoy los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y de la Comisión de Gobernación vemos la imperiosa necesidad de legislar a favor de los jóvenes y de impulsar el asociacionismo juvenil, por lo que a nombre de las Comisiones que dictaminaron pido atentamente que analicen con puntualidad este proyecto de decreto y lo voten favorablemente. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 124, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar posicionamiento de grupo. En el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidenta. Honorable asamblea, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, porque tenemos la convicción de que en una democracia con participación efectiva se requiere, además de entramados institucionales sólidos y consistentes, un marco jurídico que impulse, incentive y garantice la libre participación organizada de nosotros, las y los jóvenes de México.
Como bien lo destaca el dictamen, con base en los resultados arrojados en la última Encuesta Nacional de la Juventud 2012, para nuestra generación el cambio y la transformación que México requiere se relacionan en mayor grado con la gente, con las personas en el marco de una sociedad organizada y muy poco con la ideología política.
En este sentido es nuestra responsabilidad impulsar aquellas reformas legislativas capaces de estimular a las y los jóvenes a inferir y participar en los asuntos públicos, de manera que el dictamen en comento resulta de primordial trascendencia porque contribuye, mediante una serie de adiciones a la ley que rige al Instituto Nacional de la Juventud y la Ley Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, para otorgar a éstas últimas mejores condiciones que les permitan promover y garantizar la participación de todas y todos los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional, así como impulsar aquellas acciones que favorezcan y salvaguarden el respeto de los derechos humanos.
Ante el contexto actual es evidente que los jóvenes nos valemos de distintos elementos, como redes sociales o asociaciones de participación, para supervisar la eficacia del servicio público, de aquí que en el dictamen en discusión se presenta un esfuerzo conjunto de mis compañeros integrantes de la Comisión de Juventud y la Comisión de Gobernación, para fortalecer los mecanismos existentes de participación democrática efectiva.
El tema es fundamental, no únicamente para nosotros los jóvenes, pues evidente que no se trata de una cuestión exclusiva en nuestra generación, movimientos sociales en nuestro país o en otras latitudes, como el 15-M en España, la Primavera Árabe o el Movimiento Estudiantil en Chile, nos indican que aún es tiempo de que en México generemos, con creatividad y convicción democrática, nuevas ideas para incentivar la participación social, abriendo la posibilidad a la construcción de alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y no gubernamental.
Si bien, los informes más recientes de desarrollo humano, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la región, han demostrado que los jóvenes tenemos un enorme potencial para contribuir al avance de una sociedad y ser agentes activos de cambio, las condiciones institucionales y el marco jurídico existente no garantizan y salvaguardan la participación social efectiva de la juventud.
En consecuencia, el votar a favor de este dictamen es coadyuvar, impulsar la inclusión y participación real en los asuntos públicos de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias, por su atención honorable asamblea. Muchas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado. En el uso de la voz, la diputada Lilia Aguilar Gil, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Gracias. Con la venia de la asamblea. Compañeros diputados, el día de hoy el Partido del Trabajo viene a hacer un posicionamiento sí a favor de este dictamen, pero queremos decirles que lo hacemos con una gran objeción de conciencia.
Discutimos, inclusive, poder abstenernos del mismo y no porque no creamos que no pueda aportar una cosa sencilla al tema de los jóvenes, sino porque creemos que no basta modificar el marco legal del Instituto Mexicano de la Juventud para hacer políticas públicas o para ser serios en el tema de la juventud.
Tenemos que ser más serios que eso. La semana pasada estábamos aquí, precisamente, dictaminando sobre un tema similar a éste y había un conflicto entre los compañeros de la Comisión de Juventud, de que si le quitaban o le ponían una coma. Eso no es la política de jóvenes, compañeros diputados.
Tenemos que ser serios, no solamente tratar, como dijo mi compañero y creo que ha sido muy acertado, tratar los temas de políticas públicas de la juventud con creatividad, sino con seriedad.
Resulta que muchos de ustedes en sus juventudes, para todos aquellos que empezaron a hacer política desde que fueron jóvenes o que empezamos a hacer activismo social mucho más jóvenes, en aquellos tiempos los temas de la juventud eran básicos, ahora los tratamos como si fueran temas de paternalismo, y no es así.
Los temas de la juventud no tienen que ver con el instituto. Y lo digo con mucho respeto, el instituto no resuelve ni absorbe ni siquiera el 90 por ciento de la problemática de la juventud de este país, es casi un adorno de la administración pública federal.
La problemática de los jóvenes hay que tratarla de manera horizontal, de manera transversal. La problemática de los jóvenes tiene que ver con el empleo, con el emprendedurismo, con las políticas públicas inclusivas, con la discriminación, con la educación, no con modificarle uno o dos artículos a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Entonces, compañeros, estamos pronunciándonos a sí votar este dictamen, lo hacemos como un acto de generosidad para los jóvenes que están en la comisión y que creen que esto puede venir a cambiar un poco, probablemente, las actividades del instituto, pero haciendo un llamado a todos y cada uno de ustedes, que pocos, obviamente, están atentos a este tema, a decir, seamos serios en el tema de los jóvenes.
El tema de los jóvenes no es un tema de paternalismo, no es que nos regalen becas. No es que decidan que entonces sí nos van a dar empleo o no nos van a dar empleo saliendo de las universidades. El tema de los jóvenes se tiene que tratar con seriedad porque somos, no el futuro de este país, y vean a su alrededor, somos la actualidad y el presente de este país. Estamos tomando decisiones y entonces, esas decisiones tienen que ser respetuosas, serias y tienen que ser de fondo.
Eso es lo que debería estar pensando el Ejecutivo federal y es lo que deberían estar pensando el PRI y el PAN cuando suben asuntos en el tema y la materia de políticas públicas de jóvenes.
Compañeros diputados, los jóvenes estamos aquí, estamos vivos y no creemos que esto sea lo que hay que dictaminar para cambiar la realidad de los jóvenes de este país. Vayamos más allá y seamos creativos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján.
La diputad Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidenta. Bueno, antes de comenzar quisiera, de la manera más respetuosa, pedir a la licenciada Nuvia Mayorga, directora de la Comisión de Desarrollo Indígena pueda recibir a los presidentes de la Sierra Sur y la Cañada Cuicateca de Oaxaca.
Ahora bien, respecto al tema que ahorita nos ocupa, estamos razonando un voto a favor de darle mayores facultades al Instituto de la Juventud porque nos parece que es correcto. Pero al igual que nuestros compañeros del Partido del Trabajo, quisiéramos hacer un llamado a todas las y los jóvenes y también compañeros diputados que ya no nos rasguemos las vestiduras pensando que estamos legislando el tema de jóvenes, porque ésta no es la agenda de los jóvenes.
Hay que tener muy claro que las preocupaciones de la juventud hoy en día tienen que ver con el empleo precario, tienen que ver con el acceso a la educación. Más de siete millones de jóvenes no tienen, ni siquiera, posibilidad ni de trabajar ni de ir a la escuela ni de entrar a una universidad pública. Filas que se hacen para poder entrar a la UNAM, y lo hacen una y otra vez, y otra vez, y no tienen este acceso. El problema de los jóvenes tiene que ver con el acceso a la salud. Ayer hablábamos de la cantidad de compañeras que están embarazadas y que no son atendidas, y que son menores de 18 años.
Entonces, pongamos esto en la agenda, compañeras diputadas y compañeros diputados, estos son los temas de la juventud. Si vamos a legislar el tema de jóvenes legislemos con respecto a estas preocupaciones, porque con todo respeto considero que esta reforma no se traduce en una mejora en los hechos y en la vida cotidiana de la juventud, no es una solución.
Entonces, sí queremos poner este tema en la mesa, que ojalá la próxima vez que nos paremos aquí a decir que vamos a legislar en temas de jóvenes sea con respecto al empleo, a la educación, a la salud, a la seguridad. Estos son los temas que queremos ver representados en la vida cotidiana de los millones de jóvenes que hoy han sido desprotegidos y a los cuales no hemos atendido. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz, el diputado Ricardo Astudillo Suárez.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nosotros por supuesto estamos a favor de este dictamen no solamente por las consideraciones que presenta propositivas e ilustrativas, y que por supuesto tomamos en cuenta que están de suma importancia todo lo que plantea el poder fortalecer los derechos de los jóvenes y los más importante involucrarlos al día de hoy a una vida activa, en una vida productiva y que por supuesto podamos ir fortaleciendo con las herramientas que estén a nuestro alcance para que puedan tener un futuro más cierto.
Es también de reconocer a mis antecesores, en lo que comentan que no es suficiente solamente el contar con los Institutos de la Juventud. Sin embargo, también tenemos que dar del conocimiento de que ha habido esfuerzos grandes de algunos estados en la creación y en la formación de las propias Secretarías de la Juventud a lo largo y ancho del país, y que realmente han funcionado y han tenido muchos de los programas exitosos.
Para nosotros por supuesto lo más importante de este dictamen sería el poder promover que los jóvenes sean agentes de cambio social; es decir, que tengan una relación directa con su comunidad en el tema del servicio social, para que con esto podamos fortalecer todo lo que tiene que ver con el tema del deporte, de la prevención del delito, de la violencia, y que por supuesto los jóvenes puedan contar con las herramientas e instrumentos necesarios para poderse desarrollar de una forma adecuada y plena.
Recordemos que el apoyar a un joven estamos apoyando y mejorando la calidad de vida de una familia entera. Tenemos que buscar que los jóvenes estén cada vez más interrelacionados con sus municipios, con sus comunidades, con el empleo que ahí se desenvuelve y que busquemos día con día que cada joven pueda tener un futuro más cierto en nuestro país.
Estamos conscientes también, de que no queremos más jóvenes involucrados y forzados a pertenecer al crimen organizado. No queremos más jóvenes que estén atrapados en uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y me refiero al tema de las adicciones, de drogadicción y de alcoholismo. No queremos más jóvenes, mujeres embarazadas a destiempo y que viene por supuesto a modificar su rumbo y su futuro de ellas y de sus familias.
El día de hoy estamos viviendo en nuestro país que los jóvenes, mujeres y hombres están siendo una parte trascendental en la toma de decisiones del rumbo de nuestro querido México. El día de hoy hay muchas organizaciones en los cuales plantean cuál es el rango de los jóvenes de 15 a 29 arriba de 24, etcétera. Lo cierto es que en nuestro país tenemos arriba de 20 millones de jóvenes entre 14 y 24 años, una de las poblaciones más grandes y más importantes en las cuales debemos trabajar, porque las decisiones que tomamos aquí en esta asamblea, compañeras y compañeros legisladores, serán trascendentales para el futuro y la formación de los jóvenes de México.
Hacemos un reconocimiento a la Comisión de Juventud y de Gobernación, por supuesto, al diputado de Acción Nacional, Juan Francisco Cáceres, por poner el día de hoy este tema sobre nosotros para que podamos tomar una decisión acertada y vayamos construyendo el futuro y el presente con los jóvenes de México. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz, la diputada Crystal Tovar Aragón.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy ponemos a su consideración un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación, con el objetivo de fomentar la participación social de las y de los jóvenes, a través de las organizaciones de la sociedad civil.
Para nadie es desconocido el escaso interés de las y los jóvenes de México para involucrarse en organizaciones juveniles y participar en temas relativos a la construcción de una ciudadanía crítica, informada e interesada en los temas de la agenda nacional.
En la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, revela que cerca del 93 por ciento de los jóvenes no participa activamente en ninguna organización o asociación civil y que al 89.6 por ciento les interesa poco o nada la política. El reto para un país como el nuestro, con una población de más de 36 millones de jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad, es revertir esa tendencia hacia la apatía y el menosprecio al activismo político o social.
El Poder Legislativo y la sociedad en su conjunto tenemos la posibilidad de transformar la política y sus mecanismos ordinarios limitativos y excluyentes en una oportunidad de generar verdaderos cambios y no cambios menores, me refiero a un tipo de cambio estructural que permita definir nuevamente el pacto social entre jóvenes y política, entre jóvenes y economía, entre jóvenes y cultura, entre jóvenes y trabajo. Es decir, una nueva relación integral entre gobierno, sociedad y sus jóvenes para que sean incluidos y considerados en la toma de decisiones importantes de este país.
Es por ello que en el dictamen de comisiones unidas que hoy proponemos, se establece que el Instituto Mexicano de la Juventud debe promover la participación de las y los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y el fortalecimiento de las organizaciones juveniles, aunque debo decir que es una tarea difícil de cumplir.
El titular del Instituto Mexicano de la Juventud que, por cierto, a más de 100 días del nuevo gobierno federal, no se ha nombrado. Estamos frente a una omisión que demuestra el orden de las prioridades y del lugar que nosotros los jóvenes ocupamos en la administración pública federal.
También proponemos que aquellas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la protección y promoción de los derechos de las y los jóvenes, así como del impulso de su desarrollo integral y de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad, sean a través de las campañas institucionales del Injuve.
En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos convencidas y convencidos de que las y los jóvenes de México somos actores sociales, promotores de cambio, sujetos de derechos, capaces de participar plenamente y a conciencia en los temas que nos competen.
Las y los jóvenes tenemos el potencial para ser detonadores de cambios sociales y motores del desarrollo nacional. En nuestro partido, por ejemplo, contamos con un congreso nacional de jóvenes que permite analizar y discutir los temas políticos nacionales fuera de las estructuras formales controladas por los adultos.
Es por ello que en congruencia votaremos a favor de este dictamen que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y el 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Con este voto a favor hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas aquí representadas para trabajar por y para las y los jóvenes de México.
Cuando nos acercamos aunque sea un poco a las condiciones de exclusión, discriminación y desigualdad que enfrentan millones de jóvenes en nuestro país, nos damos cuenta que los colores de partido y las diferencias ideológicas son lo de menos, si tenemos la oportunidad de aportar para cambiar su realidad y su futuro. Gracias por su voto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Saludamos a alumnos y profesores de la licenciatura en Educación Física de la Escuela Normal número 1 de Nezahualcóyotl, estado de México. Bienvenidos.
Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente.
El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia y permiso de esta soberanía. Siendo la juventud el presente y el futuro de este país, es preocupación de Acción Nacional abonar a que se mejoren las condiciones para que tenga la juventud más oportunidades.
Vengo a esta tribuna y agradezco a las Comisiones Unidas de Juventud y Gobernación el haber dictaminado a favor de la iniciativa que presenté el pasado 3 de enero del presente año y aclaro, la presenté no solamente a título personal mío, sino en representación de la bancada de Acción Nacional, que tiene como objetivo fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que promueva la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles y en el que sea objeto de fomento de las actividades en las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de la promoción, protección y respeto a los derechos de la juventud, así como del impulso de su desarrollo integral y de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad.
Como se ha mencionado en muchos estudios, los jóvenes mexicanos son agentes indispensables para el desarrollo nacional y lo preocupante es que no cuentan con una cultura de asociacionismo ni de participación, por lo que resulta indispensable incentivar su participación en su entorno inmediato y en su comunidad primaria.
La incorporación real y plena de los jóvenes en el desarrollo del país, sólo podrá ser posible si se les facilitan los elementos que permitan su superación integral a través de programas y espacios que respondan de manera satisfactoria a las demandas y necesidades de los jóvenes.
Con las reformas presentadas en este dictamen se establecen las bases para que nuestros jóvenes desplieguen al máximo sus posibilidades de desarrollo en los distintos ámbitos de su interés.
El presente dictamen tiene como objetivo primordial fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, organismo rector de la política nacional en materia de juventud, a fin de que promueva la participación de los jóvenes mexicanos en los distintos ámbitos de carácter nacional, para que impulsen todas las acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles, de ésta o de cualquier índole, deportivas, religiosas, políticas, artísticas, de protección a los derechos humanos, entre otras.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Juventud y Gobernación someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5 de la Ley Federal de Fomento de las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
Compañeros diputados, tengo el honor de ser el promovente de esta iniciativa y esperamos contar con su apoyo. Reiteramos el compromiso de este Congreso, de Acción Nacional y todas las bancadas, con la juventud. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado. Por la Fracción Parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves.
La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, se dice que los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Lamentablemente en México hoy en día nadie se dirige a la juventud para hablarles de ellos, de su futuro y de lo que tienen que hacer.
Hoy los diputados del Grupo Parlamentario del PRI observamos con gran preocupación la problemática de la educación, la seguridad y sobre todo el alejamiento que los jóvenes tienen del quehacer nacional, las drogas, la violencia, la falta de empleo, pero de un empleo de calidad, con salarios dignos, con oportunidades para los que trabajan y estudian, que salen tarde de las escuelas y universidades.
En el México de hoy los diputados del PRI miramos con preocupación un sistema donde no encuentran cabida nuestros jóvenes, donde no se les considera más que una estadística de población, sabiendo que demandan una pronta inserción al mundo de los avances tecnológicos y la lucha de las ideas.
Nos encontramos hoy en un importante momento de la historia del país caracterizado por la globalización de la información, de los mercados y las ideas. Nos encontramos entre la sociedad industrial del pasado y la sociedad de la información del mañana.
El México que hoy cambia es también un país que evoluciona y, como representantes de la sociedad, estamos obligados a evolucionar con él y si no lo adaptamos viviremos en un retraso mayor.
Hoy nuestra juventud cree que los problemas del país se originan en los cambios, pero no son éstos en su esencia los que los provocan, sino la insensibilidad de quienes tenemos la más alta tarea de ponerlos en práctica, olvidando que el factor social es el motor de nuestro desempeño.
Hoy estamos obligados a entender los cambios para comprender dónde se originan nuestros problemas, principalmente los que atañen a nuestros jóvenes.
En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional miramos con preocupación la falta de estímulo, la accesibilidad a créditos para jóvenes emprendedores, su pérdida de interés por el quehacer nacional; miramos con preocupación esta realidad que hoy convive con nosotros.
El Estado mexicano, fiel a su responsabilidad con los mexicanos, ha dado herramientas a los jóvenes para que encuentren el camino para lograr su desarrollo social y cultural; sin embargo, como Estado hemos fallado. La creciente pérdida de valores, las drogas, las fracturas familiares, la violencia, la educación, el respeto al prójimo.
Desde tiempos inmemorables el hombre sobrevivió adaptándose a las circunstancias impuestas por el medio que lo rodeaba. La base de la adaptación es el aprendizaje.
Debemos aprender de lo bueno y de lo malo que nos sucede; tratamos de analizar la situación en conjunto como ciudadanos y como legisladores, pues como responsables de la salvaguarda de las leyes y su correcta adaptación a los cambios sociales, no queremos fragmentar más a la sociedad.
Hoy la problemática de los jóvenes es de tal importancia que no admite divisionismos inconducentes que terminen enfrentando a los jóvenes mexicanos. Debemos estar unidos en valores y en amor a nuestro país, debemos respetar sin distinción de partidos ni de colores ni de niveles sociales.
Compañeros y compañeros legisladores: hoy México vive un momento histórico para el cual hemos sido convocados. No podemos dejar pasar la oportunidad de dotar a nuestros jóvenes de las herramientas necesarias para enfrentar los retos del futuro. No podemos negarles a los jóvenes la maravillosa oportunidad de incidir en el desarrollo nacional y de retomar sus ideas para impulsar la transformación de México.
En el PRI queremos igualdad de derechos para todos, que no existan más viejas dicotomías entre el campo y la ciudad; que tenga los mismos derechos un joven de la ciudad que un joven del campo, y que puedan participar activamente en el desarrollo nacional.
Queremos incorporar a los jóvenes real y plenamente para facilitar el ingreso a programas y espacios que respondan de manera real y satisfactoria sus demandas.
Hoy queremos dar a la juventud mexicana una legislación nueva y moderna que les permita poner y desplegar al máximo sus capacidades de desarrollo en los distintos ámbitos de interés.
Votar en sentido positivo por este dictamen habrá de brindar justicia social a nuestros jóvenes, reduciendo la pobreza y mejorando su condición social. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, ¿con qué objeto, diputada? ¿Con qué objeto, perdón?
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Quiero razonar mi voto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No existe esa figura, diputada, de razonamiento de voto. Gracias. Proceda la Secretaría a abrir el tablero, gracias.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
La diputada Laura Barrera Fortoul (desde la curul): A favor.
La diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado Federico José González Luna Bueno (desde la curul): A favor.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): A favor.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (desde la curul): A favor.
La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señora presidenta, 445 votos a favor.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 445 votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Aguayo López, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Miguel Ángel Aguayo López: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, me corresponde, a nombre de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, presentar a ustedes un dictamen sobre dos iniciativas de reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, turnadas a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, presentadas por la diputada Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de la diputada Ana Luz Lobato Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la anterior legislatura, donde fue aprobado dicho dictamen y turnado a la Mesa Directiva, pero por falta de turno ante esta soberanía fue regresado nuevamente al seno de las Comisiones Unidas y hoy, después de un proceso legislativo, se presenta a esta soberanía.
Ambas iniciativas proponen establecer en la Ley de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el recurso de garantía de audiencia cuando se realiza la declaratoria de un bien mueble como zona o monumento histórico. Incluir en la Ley un procedimiento de impugnación en contra de las declaratorias. Cubrir la laguna legal que ha sido aprovechada por los particulares para interponer amparos en contra de las declaratorias, poniendo en riesgo los bienes con valor estético o histórico relevante. Detallar el procedimiento para las declaratorias en materia de la ley, sin afectar el derecho de los particulares a recurrir a la figura del amparo por violaciones a las garantías individuales, que ocurran durante los respectivos procedimientos.
El sentido del dictamen que les presento es positivo, debido a que los integrantes de la comisión coincidimos con las diputadas promoventes como señalan, que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos existe una laguna jurídica respecto del procedimiento mediante el que se declara un bien como monumento artístico o histórico.
Debido a esta laguna jurídica, si la autoridad competente efectúa una declaración provisional de monumento artístico o histórico sobre un bien mueble propiedad de un particular, el propietario puede solicitar un amparo y éste es concedido en virtud de que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no prevé un procedimiento que brinde la garantía de audiencia de los afectados por la declaratoria.
Al respecto, es importante señalar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales de circuito coinciden en señalar que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es violatoria de la garantía de audiencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se establece un procedimiento para impugnar la declaratoria de un bien como monumento histórico.
La laguna jurídica descrita ha sido aprovechada por particulares para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios que afectan bienes declarados monumentos de valor histórico o artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Reconocemos que el patrimonio cultural de México representa el legado colectivo y el capital social no renovable del país. Por lo que consideramos que su conservación y uso sostenible son responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos, buscando, mediante esta coordinación, asegurar el disfrute de los sitios patrimoniales para las futuras generaciones, así como su uso social y económico sostenible.
Compañeras y compañeros diputados, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía estamos convencidos de que el patrimonio cultural de México representa un legado colectivo que debemos preservar.
El presente dictamen significa un paso importante en este sentido. Los invito a votar por su aprobación, contribuyendo así a garantizar el disfrute de los sitios patrimoniales por las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Para fijación de posturas, en el uso de la voz, por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen que reforma y adiciona los artículos 5o, 22, 34 y 34 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.
La protección del patrimonio cultural resulta indispensable, pues éste representa el conducto que vincula a la gente con su historia. Encarna el valor simbólico de las identidades culturales y se convierte en la clave para entender a los pueblos.
Cuando el patrimonio cultural no se encuentra adecuadamente protegido se corre el riesgo de perder la valiosa herencia que estos bienes no renovables representan para la nación, comprometiendo el aprovechamiento y la investigación de las generaciones presentes y futuras.
El presente dictamen es de suma importancia para la protección del patrimonio cultural en materia de declaratorias, ya que las reformas y adiciones que se proponen subsanan la laguna legal existente.
Se otorgará a los interesados el recurso de garantía de audiencia preservada en el artículo 14 constitucional, y se dan por atendidos los objetivos de la iniciativa, materia del presente dictamen, a fin de explicitar que el presidente de la República o, en su caso, el secretario de Educación Pública previa audiencia concedida a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas y alegatos. Se expedirá o revocará la declaratoria de zonas o monumentos arqueológicos artísticos e históricos, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Otra finalidad es la de establecer los requisitos para iniciar un procedimiento para la emisión de declaratoria a petición de parte, así como el procedimiento que deberán agotar las autoridades competentes para emitir una declaratoria de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o zonas de monumentos.
Preservar y proteger los bienes muebles o inmuebles declarados zonas o monumentos arqueológicos, artísticos, históricos es de suma relevancia para el país, por lo que al brindar de mecanismos como la garantía de audiencia en los procedimientos de declaratorias, de manera que quienes pudieran resultar afectados por la declaratoria interponga el recurso correspondiente, lo cual tendrá como consecuencia el fortalecimiento de la declaratoria misma.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza la cultura es uno de los elementos sociales que mayor identidad y unidad genera entre las poblaciones, convirtiéndose así en una fuerza impulsora del desarrollo.
Consideramos que es nuestro deber como legisladores procurar y fomentar la protección de los monumentos y zonas arqueológicas, por lo que resulta necesario reforzar la ley con la finalidad de conservar, mantener y proteger el patrimonio cultural de la nación. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Saludamos a los mejores promedios de Telebachilleratos del municipio de Acayucan, Veracruz, así como a los alumnos del Curso de inducción al servicio social de ésta, la Cámara de Diputados. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, el diputado José Luis Valle Magaña.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes tengan todas y todos, compañeros, compañeras legisladores. México es un gran contribuyente a la riqueza cultural de la humanidad debido a su historia y calidad de su gente, prueba de ello son los 37 sitios mexicanos considerados patrimonio de la humanidad que han cumplido los requisitos necesarios marcados por la Unesco.
A través de los años podría decirse, que nuestra tierra ejemplifica la expresión de patrimonio histórico y artístico, ya que culturalmente somos herederos de la fusión de pueblos prehispánicos en donde se consolidó una identidad que nos distingue orgullosamente en todo el mundo.
Este mestizaje lo encontramos arraigado en nuestras calles, en nuestra gente, e incluso en nuestra comida, adornando nuestros paisajes con un folclore propio de nuestro legado. Desde nuestros ancestros prehispánicos hasta la Revolución, desde la Revolución hasta nuestros tiempos, el patrimonio edificado artístico e histórico corresponde a un sentido primordial de colectividad y a una noción de la propia cohesión de nuestros pueblos.
Nuestro patrimonio es un testigo permanente de nuestra realidad histórica, de valores y de nuestro trabajo generacional que hoy son bienes que merecen ser defendidos y conservados por todos los mexicanos. El patrimonio cultural de una nación como la nuestra no se limita a los testimonios tangibles de nuestra historia, sino que dan razón al rico proceso de formación de nuestra identidad y que da pie a las ideas que nos encarnan en la actualidad.
Por eso, ya que en las diferentes etapas de nuestro proceso histórico, su protección y conservación fungen como un propósito de justa dimensión, tangible o intangible el patrimonio y las tradiciones que conlleva por siempre serán enriquecidas por nuestra gente para seguir siendo un legado que agradecerán las futuras generaciones.
Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano estamos a favor del proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en materia de procedimiento de declaratorias, para que nuestro legado se haga de respeto y protección por encima de intereses económicos.
Hablar de un patrimonio, tanto histórico como arqueológico es hablar propiamente de nuestro México. La conciencia de nuestra pluralidad cultural es base fundamental de nuestra concepción de nuestro patrimonio, plasmada dentro de esta ley, la cual debe ser reforzada para fincar la unidad y el pleno auto-reconocimiento de nuestras tradiciones y culturas.
Quiero aprovechar de una manera respetuosa para invitar a la compañera diputada Nuvia que, precisamente en este espíritu de enriquecer y de respetar lo que es el origen de nuestra identidad, atienda a los grupos indígenas que están solicitando ser atendidos por ella. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputados. De viva voz.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.
La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): A favor.
El diputado José Alejandro Llanas Alba (desde la curul): A favor.
El diputado José Angelino Caamal Mena (desde la curul): A favor.
La diputada Dulce María Muñiz Martínez (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): A favor.
El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): A favor.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): A favor.
El diputado Antonio Sansores Sastré (desde la curul): A favor.
La diputada María Fernanda Romero Lozano (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 442 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 442 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Materia de Patrimonio Cultural Subacuático.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto López González para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Roberto López González: Con la anuencia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el de la voz, a nombre de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, presenta el siguiente dictamen por el que se adicionan el artículo 28 Ter, un párrafo al artículo 29 y otro al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Materia de Patrimonio Cultural Subacuático.
Honorable asamblea: el patrimonio cultural subacuático se conforma de aquellos rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años.
Tales son los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural: los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural y los objetos de carácter prehistórico.
Dichos rastros de existencia hablan de lo que fuimos y de lo que somos, aunque distantes a simple vista, ya que se encuentran sumergidos y la preocupación por su preservación es del interés de muchas naciones que se preocupan por mantener intacto su pasado para ofrecérselo a su futuro.
México no es ajeno a esta preocupación, por lo menos en lo referente a la suscripción de acuerdos internacionales. Prueba de ello es la suscripción del Convenio para la Convención de la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, celebrado en enero del 2009, en donde nuestro país asume la obligación de incorporar, dentro del marco normativo, el concepto de patrimonio cultural subacuático.
Sin embargo, el día de hoy la legislación vigente es omisa a pesar de que a partir de 1982 integra el Consejo Consultivo de Arqueología Subacuática, organismo internacional que congrega a especialistas en arqueología subacuática, y desde 1992 es miembro de este Comité Internacional.
En su momento, y al adherirse a ese instrumento internacional, México se comprometió a preservar in situ el patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, estableciendo para ello principios básicos para su protección mediante un sistema de cooperación pormenorizado y regulando el tratamiento de investigación de dicho patrimonio cultural, así como a la adecuación de la normatividad aplicable en la materia; sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido posible.
Por ello cobra mayor importancia este dictamen. Por ello es importante armonizar lo que en convenios internacionales hemos suscrito, y por ello hoy se modifica adicionando el artículo 28 Ter y agregando párrafos a los artículos mencionados, al 29 y al 47.
Los integrantes de estas comisiones compartimos la inquietud y reconocemos la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte muy importante del patrimonio cultural de la nación.
Es por ello que es conveniente mencionar, que según el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas, son cada año presa de la casa de tesoros marinos expuestos a la rapiña y al saqueo por parte de aventureros que borran las huellas de la historia, con lo que permanece amenazada la conservación de la riqueza a la que hemos hecho mención.
Por ello es importante, y a todas luces necesaria la protección de este patrimonio asegurando con ello el respeto al derecho internacional.
Finalmente, es oportuno regular las sanciones contra quien realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar patrimonio cultural sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, esperando encontrar el apoyo de todos y cada una de las y los diputados que conforman esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter, el segundo párrafo del artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de esta ley federal en comento, que textualmente dice lo siguiente:
Artículo 28 Ter. Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente de forma periódica o permanente por lo menos durante cien años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos, restos humanos, así como su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.
Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de estado extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.
Adición del párrafo segundo, al artículo 29: Quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expediría la constancia oficial del aviso o entrega en su caso, y deberá informar a la institución responsable, el INAH, dentro de las 24 horas siguientes para que éste determine lo que corresponda. Termino, diputada presidenta.
Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales, a fin de descubrir o rescatar patrimonio cultural subacuático, de conformidad a lo que se refiere el artículo 28 Ter. Sin autorización del INAH será o se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa de mil a 3 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar la posición de su grupo por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González, hasta por cinco minutos.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, diputada presidenta. México es una nación que valora y defiende su patrimonio cultural. Gente de todo el planeta llega a nuestro país para admirarse ante nuestro pasado prehispánico y cultural. Nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles y nuestras calles y plazas exponen las impresionantes edificaciones que heredamos de las épocas de la conquista y la colonización.
Por eso nos sumamos al exhorto hecho por nuestra compañera Aída Valencia, para que la licenciada Nubia Mayorga, directora de la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, escuche a las autoridades municipales de la Sierra Sur y la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca. También en las profundidades de nuestras aguas, tanto marinas como continentales, existe un patrimonio cultural del cual también debemos sentirnos orgullosos.
El dictamen que hoy discutimos, llevado a cabo por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, así como de Cultura y Cinematografía, constituye un acontecimiento verdaderamente inédito y de muchas formas alentador. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales.
El patrimonio cultural subacuático, por su misma naturaleza y contexto, se encuentra fuera del alcance y observancia acostumbrada que podría tener cualquier histórica o restos de carácter arqueológico. Por ello mismo, tradicionalmente se han encontrado también fuera de la protección de nuestras leyes federales en esta materia. Estos objetos, sin embargo, algunos cotidianos y otros más con valor económico intrínseco, están marcados por una gran significación cultural y artística que, como cualquier otro bien de esta índole, debe ser protegido por el Estado mexicano.
Desde 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que México forma parte, establece el derecho a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no vivos del espacio que ocupa nuestro mar territorial, entendido como zona económica exclusiva. Por desgracia, en dicho instrumento internacional no se estipularon los derechos sobre los bienes con claro significado cultural.
No sería sino hasta el año 2009, que obligaciones contraídas por el Estado mexicano de la citada Convención cobrarían forma en la ejecución de normas y estándares internacionales, contenidos en los instrumentos internacionales complementarios, como fue el caso de nuestra adhesión a la Convención para la Protección del Derecho Cultural Subacuático.
La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático parte de un suceso novedoso a nivel mundial, el creciente entusiasmo e interés del público por gozar de los beneficios educativos y recreativos de los bienes culturales subacuáticos y la necesidad, por lo mismo, de establecer un acceso responsable a dichos bienes amenazados por las crecientes actividades de explotación comercial sin regulación y autorización.
La creciente explotación comercial con fines de venta, alentada por la disponibilidad de la tecnología de punta que facilita el descubrimiento y acceso a esos bienes, requiere de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impidan el creciente saqueo.
Restos de navíos y las ruinas de edificios hundidos en el mar están cada vez más amenazados. Este patrimonio ya no está fuera del alcance de los cazadores de tesoros, muchos sitios arqueológicos subacuáticos ya han sido presa del pillaje y robos de gran envergadura.
La explotación comercial de sitios históricos sumergidos y la consecuente venta de artefactos, constituyen una retorcida evocación de lo que sucedió por muchos años con incontables sitios arqueológicos ubicados en tierra.
Estos piratas modernos llamados comúnmente cazadores de tesoros, crecen día a día, sobre todo, en países que cuentan con recursos suficientes y alta tecnología. Decenas de ellos poseen grandes empresas con sofisticados equipos de rastreo y se sienten atraídos especialmente por los beneficios económicos que representan los objetos extraídos de los cargamentos de los navíos y en algunas ocasiones los beneficios son colosales.
Las piezas arqueológicas e históricas que sustraen indebidamente se comercializan en casas de subastas, prestigiosas de las grandes metrópolis que enseguida organizan ventas millonarias.
La insuficiencia de las legislaciones y los derechos de soberanía de los estados, permiten a los cazadores de tesoros continuar sus actividades y exportar artefactos y bienes con propósitos puramente comerciales, en total desprecio por la pérdida que ocasionan a la ciencia, a la historia y a la humanidad.
Los sitios arqueológicos que yacen en ríos, lagos o fondos marinos, constituyen una enorme fuente de información sobre la vida de nuestros antepasados, y por lo tanto, un legado histórico y cultural inapreciable.
Desafortunadamente la cacería de tesoros es una actividad muy lucrativa y miles cazadores de tesoros desvalijan los objetos de sus conjuntos originales para venderlos a coleccionistas inconscientes.
En México, el patrimonio cultural se encuentra protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; y el patrimonio subacuático sólo se resguarda mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales, pero estas disposiciones legales no alcanzan a proteger la oleada de saqueos y actos de vandalismo en cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas, que forman parte de la riqueza cultural de la nación.
En nuestro país, existen varios enclaves subacuáticos de enorme valor cultural, como lo son el manantial de la Media Luna, en San Luis Potosí; estructuras mayas en la costa oriental de la Península de Yucatán; el arrecife Chitales, en Cancún, Quintana Roo; o el arrecife Cayo Nuevo, en el Golfo de México, en donde según estimaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, existen más de 250 embarcaciones hundidas.
Se cree que en el fondo de los océanos del planeta yacen diseminados más de 3 millones de objetos de navíos naufragados, aún por descubrir. Solamente en América del Norte se han registrado más de 65 mil pérdidas de navíos, desde el año 1500 hasta nuestros días.
En México, por las mismas insuficiencias económicas o institucionales que padecemos, no contamos con un catálogo confiable que registre el enorme patrimonio que yace bajo las aguas de nuestro territorio. No obstante, nuestro pasado histórico, prehispánico y colonial, presume la existencia de riquezas culturales formidables que deben ser rescatadas y protegidas.
El dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, no sólo describen las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento sino que además establecen adecuaciones que la vuelvan más eficiente en su implementación.
Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que defina el concepto de patrimonio subacuático... –presidenta, termino–. Tal vez esto no sea igual de importante que la reforma de telecomunicaciones pero es muy importante para la cultura en México.
El dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía no solo describe las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento, sino que además establece adecuaciones que la vuelven más eficiente en su implementación.
Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que defina el concepto de patrimonio subacuático a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece simultáneamente la regulación de los hallazgos y su proceso de notificación a las autoridades competentes, así como las sanciones aplicables a quienes infrinjan la norma. Todo ello, sin duda alguna, en beneficio del espíritu de la iniciativa misma.
En virtud de las bondades que supone para la salvaguarda y protección de una parte importante de nuestro patrimonio cultural, tradicionalmente olvidado, es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Gisela Mota Ocampo.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Presidenta, le informo que se emitieron 435 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 435 votos el proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden de día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada María Angélica Magaña Zepeda, por la comisión.
La diputada María Angélica Magaña Zepeda: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen en comento trata de una reforma del artículo 28, inciso d), de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual establece que las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias se mantendrán coordinados a fin de combatir la obesidad mediante la promoción de una alimentación adecuada a la vigilancia del crecimiento, así como la promoción de actividad física.
Este dictamen está relacionado con la obesidad y el sobrepeso que padecen nuestras niñas, niños y adolescentes por la mala alimentación, el sedentarismo y la falta de acceso a alimentos nutritivos.
Es bien sabido que la mala nutrición y la escasa actividad física son de los dos grandes culpables del aumento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes con obesidad en nuestro país, por lo que quien la padece puede estar propenso a la aparición de diversas enfermedades, como son: hipertensión, colesterol alto, diabetes, alteraciones dermatológicas, entre otros.
A su vez se asocian en un aumento a la probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Así tenemos que cuando una niña o un niño o un adolescente con obesidad tiene este problema de salud sufre constante discriminación, lo que se traduce en trastornos de conducta, angustia, depresión, baja autoestima, aislamiento e inseguridad.
Es por ello que los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez construimos un dictamen en el sentido de que debemos reconocer que la obesidad infantil está aumentando la morbilidad y mortalidad en nuestro país, está realidad hace imperativo el desarrollo de políticas públicas y reformas a la ley que nos ocupa, a fin de que se combata la obesidad en niñas, niños y adolescentes.
Cabe señalar que en febrero de 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló que el 29 por ciento de las niñas y el 28.1 por ciento de los varones entre 15 y 17 años tenían sobrepeso en México. Asimismo, el promedio de los menores mexicanos con este mal era el cuarto más alto de los países que integran la OCDE, solo detrás de Grecia, Estados Unidos de América e Italia, de ahí la relevancia que tiene para la Comisión de los Derechos de la Niñez que se apruebe este dictamen, toda vez que la obesidad infantil es un problema de salud pública más grave en el siglo XXI.
El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos recursos como es el caso de nuestro país. Por tanto, compañeras y compañeros diputados, solicito que votemos a favor del presente dictamen, ya que estamos convencidas y convencidos de que el combate a la obesidad debe ser estrategia prioritaria de salud pública.
Entre los tres órdenes de gobierno que deben de iniciarse de manera urgente con la infancia a la adolescencia y continuar a lo largo de la vida de todas las personas. Tener la participación activa y comprometida de personal de salud, junto con los otros sectores de la sociedad.
Vale la pena insistir, que en cuanto más temprano sea su inicio los beneficios a corto, mediano y largo plazo serán más importantes, evidentes y eficaces. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar postura por su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, hasta por cinco minutos.
El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores; con su venia, presidenta. El Partido del Trabajo apoya la reforma al artículo 28, en su fracción D a la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El Estado mexicano está obligado y tiene la responsabilidad de proponer el adecuado desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su vida. En ese sentido se ha reformado la Constitución en el artículo 4o., en particular se han suscrito tratados internacionales y aprobado leyes por parte de este Congreso, cuyo objeto central es generar las condiciones para el mejor desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes.
En el dictamen que se presenta por la Comisión de Derechos de la Niñez, se propone entre otros temas, la responsabilidad de las autoridades federales, del Distrito Federal y municipio, para establecer un marco de coordinación adecuado para combatir la obesidad infantil.
Desafortunadamente la vida de nuestros niños, sea con la televisión, con los videojuegos, con el tema de la delincuencia y la inseguridad, se ha vuelto muy sedentaria.
En el pasado los niños libremente podían caminar en el barrio, en la cuadra y jugar con los demás niños de su edad en actividades propias. Esa situación se ha perdido. Se ha perdido porque el tema de la inseguridad ha obligado a que los niños prácticamente queden secuestrados en sus casas. Eso abona a que el tema de sedentarismo crezca y con ello el tema de la obesidad infantil.
Esta situación de la obesidad infantil ha generado que de manera prematura crezcan enfermedades degenerativas que se derivan en la hipertensión, se derivan en la diabetes y se derivan en actividades y en enfermedades cardiovasculares que de manera temprana empiezan a afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Esta iniciativa es importante porque va a coadyuvar a que nuestros sistemas de salud ahorren cantidades importantes, toda vez que contribuirá a una mejor salud de nuestros niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido pensamos que otro problema grave es lo que se ha considerado como la obesidad de la pobreza. Es decir, es sabido que los carbohidratos cuestan mucho menos que los alimentos que tienen alto contenido de proteínas. En ese sentido la crisis ha obligado a que en nuestras familias el consumo de carbohidratos cada día sea mayor y eso ha provocado que en este país se tengan problemáticas de obesidad verdaderamente graves.
Se considera que hoy el 30 por ciento de los niños padece obesidad y también se considera que los adultos mayores de 40 años de este país, el 60 por ciento, tiene ya obesidad.
Eso trae como consecuencia que se tenga que reconsiderar que en mucho sí son las prácticas nutricionales, pero lo fundamental es las consecuencias de la crisis económica, de la situación de estancamiento que este país vive a partir de 1982 en que se impuso el proyecto neoliberal que ha generado que la pobreza crezca de manera acelerada y con ello la dificultad de que las familias puedan contar con una dieta adecuada.
En ese sentido consideramos que paralelamente la reforma constitucional al artículo 3o. también conlleva en un transitorio, en el quinto, fracción III, inciso c), obligar a que este Congreso legisle para prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos; es decir, los alimentos chatarra.
Consideramos que eso va a ser un gran paso, aunque también sería pertinente que se abonara para que se prohibiera la publicidad de alimentos chatarra en radio y televisión, porque esto es lo que más afecta la condición de salud de niños y niñas de este país.
En esa perspectiva el Partido del Trabajo va a votar a favor de este dictamen toda vez que estamos convencidos de que va a coadyuvar a que haya una mejor salud para nuestros niños, niñas y adolescentes de este país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, por el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputada presidenta. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, nos pronunciamos a favor de esta reforma al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, misma que establece que: “las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinadas a fin de combatir la desnutrición y la obesidad, mediante la promoción de una adecuada alimentación”.
Nuestro país tiene estas paradojas. Por un lado el hambre en zonas rurales y urbanas, en zonas indígenas, y por otro lado, sedentarismo que provoca enfermedades a muy temprana edad, y la obesidad es un factor que las detona.
En la Comisión de los Derechos de la Niñez, hemos decidido tomarnos en serio luchar militantemente a favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, hacer efectivos los principios de participación, de no discriminación, de supervivencia y desarrollo, así como del interés superior de la niñez.
Es por eso que es inadmisible que en las escuelas públicas de nuestro país tengamos solamente el 36 por ciento de cobertura de maestros de educación física; 36 por ciento es la cobertura de profesores de educación física a nivel nacional.
Nos urge una respuesta de la Secretaría de Educación Publica sobre este tema. ¿Qué han hecho todos estos años en que se han llenado la boca con discursos, de simulada preocupación por la niñez de nuestro país?
Datos del Inegi señalan que nuestros niños y nuestras niñas están frente al televisor dos mil horas al año, mientras que están en la escuela solamente 700 horas.
Está documentado que por programa infantil las televisoras incorporan 12 minutos de publicidad, fundamentalmente de bebidas, comida, pastelillos y frituras, en resumen de comida chatarra. Yo espero que mañana que vamos a tratar el tema de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones hagamos valer lo que nos ordena la Constitución y los convenios que hemos suscrito como nación a nivel internacional y cuidemos los contenidos que están llegando a nuestras niñas y a nuestros niños.
Por eso vamos a favor. No se vale que por negligencia u omisión del gobierno federal o de nosotros como representantes populares los niños tengan problemas de salud y hasta de autoestima. Ya hablábamos la sesión pasada acerca del incremento de un 42 por ciento de suicidios en niños de cinco a 14 años de edad.
Mañana es un día en el que se va a poner a prueba la representación popular que se ostenta en este parlamento.
Diputada presidenta, quiero pedirle permiso para hacer un llamado a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados y hacer un llamado también a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso que el día de hoy no quiso cubrir la presentación de un libro que trata sobre la masacre de Sucumbíos, donde perdieron la vida 21 personas y cuatro jóvenes mexicanos.
No llegó el Canal del Congreso y nos parece una ofensa para las víctimas y para los familiares de las víctimas que siguen reclamando justicia ante la impunidad de la que goza Naranjo Trujillo, hoy asesor de inteligencia militar de Enrique Peña Nieto.
Ese y otros elementos y pruebas se sostienen en este documento. Sucumbíos. Historia de una infamia. Yo espero que la Comisión de Relaciones Exteriores también respalde las gestiones ante el Ecuador, ante Colombia para resolver un problema de persecución y de criminalización de estos jóvenes.
Le agradezco, diputada Presidenta, que no obstante tratar un tema fundamental como es el de la niñez, se me permita hablar de una omisión que me parece grave porque falta al respeto de la gente que nosotros representamos.
Que no se vuelva a repetir, cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados, tienen el derecho a la cobertura de todas sus actividades parlamentarias. Con eso concluyo. No pasa nada, tranquilos, el día de hoy se vetó la posibilidad de difundir la presentación de este libro, pero cada vez que eso ocurra, yo creo que la Mesa Directiva va a tener la sensibilidad de permitirnos hacer uso de la voz y de esta tribuna, para hacer el señalamiento. Muchas gracias a todos y a todas.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia toma nota, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y en calidad de proponente de esta iniciativa, quiero darle las gracias a la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y a todos sus integrantes, por apoyarnos a esta iniciativa, a que sea una realidad esta iniciativa y cuide y proteja a todos los niños de nuestro país.
Esta iniciativa va basada a prevenir que hayan más niños con obesidad infantil y que después se conviertan en niños enfermos de diabetes, hipertensión o de otras enfermedades que mermen la vida de todos esos niños mexicanos.
Por eso, si nos vamos a la historia, podemos ver que México se coloca en el cuarto lugar de obesidad infantil a nivel mundial. Antes estábamos en el primer lugar, gracias a los trabajos que se han venido haciendo, que falta mucho por hacer, se ha ido disminuyendo ese lugar, que hoy estamos en cuarto lugar. Por eso les pido seguir trabajando de la mano.
Como legisladores proponer que todas las secretarías, como la Secretaría de Salud, de Educación y los poderes de gobierno, se unan a estas causas para que lo antes posible paremos con la obesidad infantil o con otro tipo de enfermedades.
Les agradezco a todos mis compañeros diputados por ayudarnos a que esta propuesta sea una realidad. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Quiero saludar la presencia de empresarios del distrito II de Tepic, Nayarit, invitados por el diputado Roy Gómez Olguín, que están aquí con nosotros. A la primaria Juan Gutiérrez de la Cueva, de Chihuahua. A alumnos del segundo semestre de la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma del estado de México, y ciudadanos de la Organización Munifem, Asociación Civil, procedentes de Temamantla, estado de México, invitados por la diputada Adriana González Carrillo, y también a alumnos de estudios superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera de derecho. Bienvenidos a todas y a todos.
Agotada la lista de oradores, se solicita a la Secretaría abra el sistema hasta por cinco minutos, para recibir la votación en lo general y en lo particular de este dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A favor.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Marino Miranda Salgado (desde la curul): A favor.
La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 442 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 442 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, una vez recabadas las autorizaciones del caso y si la asamblea no decide otra cosa y en virtud de haber cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público se pongan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal.
Para explicarnos de qué se trata y fundamentar el dictamen, tiene el uso de la voz don Mario Sánchez Ruiz, presidente de una de las comisiones dictaminadoras.
El diputado Mario Sánchez Ruíz: A nombre de la Comisión de Economía y de la de Hacienda y Crédito Público, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía, el dictamen de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado José Arturo Salinas Garza y a quien quiero reconocer y agradecer por su tiempo y capacidad empeñada para que esta iniciativa tan importante llegue a ser una realidad el día de hoy.
Ambas comisiones consideran pertinentes las diversas propuestas de modificación a las disposiciones que rigen la actividad mercantil, ya que tienden a la modernización y simplificación administrativa para gran parte de las actividades productivas del país.
Entre las principales bondades de la iniciativa se encuentran. Simplificación de los procesos administrativos que rigen la actividad mercantil, de tal manera que los requisitos como las publicaciones de las sociedades mercantiles, convocatorias a las asambleas y estados financieros, entre otros, se realicen de manera electrónica.
Fomento a la libertad contractual entre accionistas y reducir los porcentajes para ejercer los derechos minoritarios. Eliminación de las restricciones en la emisión de acciones, con características especiales relacionadas con los derechos de voto en beneficio de los accionistas minoritarios.
Supresión de costos de trámites y cargas económicas para la creación de nuevos negocios y la formalización de comercios ya existentes. Modernización del régimen de administración y vigilancia de las sociedades mercantiles.
Modernización de los registros públicos para que operen a bajo costo y sean de fácil consulta mediante un sistema centralizado. Fortalecimiento del sistema de garantías mobiliarias con normas claras y sencillas.
Particularmente son de destacarse las propuestas de modificación al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles que tienen por objetivo reducir los costos y cargas administrativas relacionadas con la realización de publicaciones periódicas, mismas que actualmente son obligatorias a las sociedades mercantiles para mostrar información sobre su calidad mercantil, convocatorias de asambleas y en los estados financieros.
Respecto de lo anterior, se considera que la eliminación de la obligación de realizar distintas publicaciones en medios impresos, aunado a la previsión por parte de la Secretaría de Economía en un sistema electrónica gratuito para hacer pública la información que permanezca obligatoria, redunda en una reducción de diversos costos en los que actualmente incurren las empresas y todos los emprendedores.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, conocida como Cofemer, estimó que la eliminación de distintas publicaciones y la utilización de medios electrónicos, los ahorros que se obtendrían por todas las sociedades mercantiles obligadas a estas publicaciones ascenderían a más de cinco mil millones de pesos.
En concordancia con el principio de flexibilización, la iniciativa busca también priorizar la autonomía y la voluntad de los accionistas respecto de la elaboración y toma de acuerdos sobre derechos de compra, venta y limitaciones sobre los derechos del voto.
Manteniéndose en congruencia con la flexibilización de las actividades mercantiles, la iniciativa establece que las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo los explícitamente restringidos en sus propios estatutos y en la ley.
Las propuestas de homogeneización y mejora en los procesos y manejo de la información del Registro Público de Comercio son impostergables para facilitar las actividades productivas.
La propuesta de implementación de un programa informático que centraliza la información proporcionada por las oficinas estatales servirá, igualmente, para reducir costos para los usuarios, ya que las consultas podrán realizarse en línea en este registro federal sin necesidad de presentarse personalmente en las oficinas locales del registro.
Otro aspecto a destacar de esta iniciativa son las reformas propuestas al sistema de garantías mobiliarias para asentar reglas sencillas para su gestión, prelación de acreedores y en los procesos de ejecución.
Entre otras de las propuestas que se pretenden mejorar, la libertad contractual de entre las partes se encuentran aquellas que buscan flexibilizar el otorgamiento a un crédito o a la comercialización de las garantías. Así como el incrementar la capacidad de pactar entre las partes involucradas en un crédito.
Los anteriores son solo algunos de los beneficios esperados de la aprobación de este grupo de propuestas. Tal como puede observarse, están diseñadas especialmente para acelerar la actividad mercantil, así como para incrementar la productividad y competitividad de nuestros empresarios y emprendedores. Por lo antes expuesto solicito al pleno de esta soberanía que se apruebe este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora sí está a la consideración de la asamblea. Don Rubén Benjamín Félix Hays, tiene el uso de la palabra, de Nueva Alianza.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza está a favor del dictamen denominado miscelánea mercantil, derivado de las diferentes reforma a disposiciones en materia de comercio y sociedades mercantiles, porque introduce una medida que entraña diversos beneficios sociales para efecto de los particulares que realizan actos de comercio.
En tal sentido los integrantes de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y crédito Público vimos con preocupación la complejidad de los actos y requisitos que existen en materia mercantil. Es por ello que las propuestas de modificación a las disposiciones que rigen la actividad mercantil tienden a la modernización y simplificación administrativa para gran parte de las actividades productivas del país.
La simplificación viene a constituir un principio de conducta administrativa que orienta las decisiones oficiales e imprime dinamismo a los procesos de gobierno, con esto la simplificación adquiere una característica preventiva más que correctiva y de observancia permanente.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público está plenamente comprometida con los trabajos legislativos que tengan que ver con el principio de respetar la simplificación administrativa, para efecto de facilitar el acceso de todas las personas físicas o morales que realicen actos de comercio.
Derivado de lo anterior se reconoce que el presente dictamen tendrá como efecto reducir los costos y cargas administrativas relacionadas con la realización de publicaciones periódicas, mismas que actualmente son obligatorias para las sociedades mercantiles, entre las que destacan: mostrar información sobre su calidad mercantil, convocatorias de asambleas y de estados financieros.
Por otro lado, el grupo parlamentario que represento considera prudente mencionar que el dictamen que se discute presenta avances sustanciales respecto a la flexibilización de las reglas para recocer y realizar acuerdos entre los accionistas de las sociedades mercantiles, así establece condiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de los grupos minoritarios de las sociedades.
En este sentido los umbrales propuestos en la iniciativa para hacer valer los derechos de los socios tienden a igualarse con los que actualmente se encuentran vigentes a nivel internacional, lo que ha sido un reproche constante de todos aquellos que realizan actividades propias del comercio. En tal sentido se estuvo de acuerdo con que se eliminen las disposiciones legales que ponen límites a las sociedades para manejar o disponer de sus bienes o acciones.
Finalmente, votaremos a favor del presente dictamen, ya que fomenta un gran avance al respecto del principio de flexibilización. Estas Comisiones Unidas coincidieron en que la iniciativa buscará priorizar la autonomía y voluntad de los accionistas respecto a la elaboración y toma de acuerdos sobre derechos de compra, venta y limitaciones sobre el derecho de voto.
En el mismo sentido se buscará fomentar en todo momento que las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento del sujeto social, salvo en lo explícitamente restringido en sus propios estatutos y en la ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ahora don Víctor Manuel Jorrín, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Movimiento Ciudadano votará a favor de estas reformas en materia mercantil, porque propone una simplificación sumamente importante para todos aquellos que tienen actos de comercio o que realizan una acción emprendedora.
Simplemente la disminución del porcentaje de participación en establecer alguna controversia dentro de la misma asociación, de disminuirla del 33 por ciento al 25 por ciento, le da oportunidad a los socios minoritarios de tener una mayor oportunidad de participación en sus derechos.
Por otra parte, los trámites vía electrónica implican una gran simplificación de este trabajo y a mí la que me parece de suma importancia es incluir la figura de darle la oportunidad al corredor público de poder también hacer los trámites correspondientes y no precisamente solamente con el notario que encarece los costos de la operación; darle esta validez significa fortalecer la economía de los trámites administrativos para beneficio de las empresas o de los emprendedores.
Por otro lado, el hacer homogéneo el servicio de Registro Público de Comercio también facilita mucho estos trámites.
Éste es un principio de apoyo, precisamente a todos los actos de comercio; sin embargo falta todavía regular en otras ramas que estarán pendientes por tratarse en el tema de las asociaciones civiles. Esto es un muy buen principio y de parte de Movimiento Ciudadano estamos a favor de estas reformas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho, señor orador. Don Tomás Torres Mercado, tendremos el privilegio de escucharlo, como siempre, con su sapiencia jurídica y su bonhomía zacatecana.
El diputado Tomás Torres Mercado: Con el permiso del diligentísimo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, eficaz conductor de la asamblea, señor presidente. Yo diré poco, porque ya se ha dicho mucho. Es solamente que es necesario un reconocimiento político, un reconocimiento a la iniciativa que ha provocado este dictamen al diputado Arturo Salinas, de Acción Nacional, porque considero justo decirlo y porque también ha sido un esfuerzo de las Comisiones –en un entendimiento armónico, en un trato comedido– de Economía, que preside don Mario Sánchez y de Hacienda, de Trejo Reyes. Algo me está ocurriendo, porque los tres son de Acción Nacional.
El dictamen es importante. Fíjense ustedes que deroga, reforma y adiciona algunas disposiciones. Son cinco ordenamientos. El Código de Comercio, que vale la pena decirlo, tiene una vida, a pesar de su reiteración legislativa, de más de 100 años. Es el Código Lares. La Ley General de Sociedades Mercantiles, la de inversiones; la de Títulos y Operaciones de Crédito; la Ley Federal de Derechos; y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Y diré poco –he señalado– porque el Verde, por supuesto –el Grupo Parlamentario-, va a votar a favor porque abona en generar condiciones para una mayor modernización, condiciones de inversión, pero particularmente para pequeñas y medianas empresas que representan cerca del 80 por ciento del empleo que se genera en este país; y más de la mitad de la riqueza nacional viene de ahí y su apalancamiento siempre tiene como origen el patrimonio de la familia, de los amigos, no del crédito formal, no la parte del encaje de las instituciones bancarias.
Digo que es útil por razón de que, por una parte, reduce los costos de las publicaciones que son obligatorias en el marco de la ley para convocatorias de las sociedades mercantiles, estados financieros, otras citaciones. Pero además está generando un portal para la consulta electrónica del Registro Público del Comercio.
Hay otros aspectos sin duda que son fundamentales para dinamizar la economía del país, particularmente para la colocación del crédito y abre una amplia gama de garantías, particularmente –repito- para las pequeñas y las medianas empresas, el Registro Público de Garantías Mobiliarias que es una novedad, particularmente cuando se realizan operaciones con reserva de dominio; o en el arrendamiento financiero; o en aquellas en donde la garantía no la tiene el que otorga el crédito, sino está en poder de un tercero.
Diré finalmente que votamos a favor porque estos cinco ordenamientos están vinculados con actividades mercantiles con el propósito de modernizar, de dinamizar y para algunos es esto de mayor competitividad. Para mí es una abstracción porque la competitividad son condiciones objetivas específicas que dan condiciones para la inversión, para la generación de empleos.
Finalmente también reconocer que se recogen las mejores prácticas internacionales en este tema. Por su paciente atención, interesada sobre todo, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Tomás. Doña Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD, tiene el uso de la voz.
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la regulación mercantil debe de ser sumamente dinámica y responder a los intereses de los particulares que realizan actos de comercio, principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa, la cual es de suma importancia fomentar.
Al respecto es necesario aceptar que desde hace mucho los legisladores hemos enfocado nuestros esfuerzos en modernizar las relaciones mercantiles de los particulares. Sin embargo dicho marco jurídico no ha sido actualizado.
En virtud de lo anterior saludo la propuesta en los términos que se presenta y me congratula haber participado con detenimiento y análisis en este dictamen que en este momento se presenta. Por lo tanto me permito subrayar los aspectos de mayor relevancia.
Por lo que hace al Sistema Electrónico Gratuito, es innegable la celeridad y reducción de costos que esto implica, al no tener que estar pagando a los periódicos la publicación de los actos jurídicos que la misma ley impone, ya que tan sólo con acceder al sistema electrónico se podrá cumplir con dicha obligación y una vez que este sistema electrónico funcione de manera generalizada, contribuirá a que las relaciones entre los comerciantes tenga mayor seguridad jurídica y celeridad.
Es positivo también que se agregue el concepto de confidencialidad como uno de los deberes de los administradores. Lo anterior debido a que aún y cuando es un deber jurídico que los administradores cumplan con dicha obligación, la misma no está contemplada expresamente en la normatividad jurídica, por lo que las personas que realizan esta clase de conductas indebidas no son responsabilizadas.
En el artículo 160 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se establece el deber jurídico de los administradores a denunciar las irregularidades de los administradores en materiales de los cuales tengan conocimiento y se relacionen con la sociedad.
Lo anterior es de suma importancia ya que algunas violaciones a las leyes o disposiciones a nombre de las sociedades, actualizan delitos o faltas administrativas y con la presente reforma las y los administradores ya no podrán excusarse de no hacer del conocimiento de tales hechos irregulares a las autoridades.
Resulta sumamente afortunada la definición del presente proyecto, a los que se debe de entender como una operación determinada de un accionista que tiene un interés contrario a la sociedad.
Como es del conocimiento de todos nosotros, existen situaciones en las que los socios buscan un beneficio de la sociedad antes que su propio interés, situación que va en perjuicio de todos los demás accionistas, principalmente de los minoritarios.
Asimismo, es conveniente resaltar que el presente proyecto busca ponderar a los socios minoritarios, ya que reduce del 33 por ciento al 25 por ciento el porcentaje mínimo para que éstos tengan derecho para ejercitar diversos derechos accionarios, enalteciendo el principio de equidad, el cual es un valor intrínseco al desarrollo económico en una sociedad que carga con el lastre de las grandes desigualdades y asimetrías.
Por lo anteriormente descrito, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática los invita a participar para que el presente dictamen se vote en los términos que se presenta, dado que el mismo aporta reformas sustanciales y necesarias en materia mercantil. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y por su participación también. Don José Arturo Salinas Garza, del PAN, tiene el uso de la voz.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: desde hace más de cuatro años los diversos grupos parlamentarios, diputados, representantes de asociaciones empresariales, la propia Secretaría de Economía han venido discutiendo el tema que hoy nos ocupa: modernizar nuestra legislación mercantil, específicamente aquélla que le da vida a las micro, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo adoptar nuestro marco jurídico a las mejores prácticas internacionales, así como tomar la experiencia del Banco Mundial y sus mejores prácticas.
Todo esto tiene un solo fin: hacer que las empresas de este país operen de manera más rápida, eficiente y a un bajo costo.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos con este esquema de fortalecimiento a los que son el motor económico del país. Por eso me congratulo personalmente, como iniciante, que el día de hoy se esté discutiendo este dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Economía y Hacienda y Crédito Público, el cual toma puntualmente la experiencia en materia internacional y modifica muchísimas de las prácticas mercantiles de nuestro país.
Quiero compartir con ustedes que cuando se presentó esta iniciativa que hemos denominado coloquialmente miscelánea mercantil porque toca diversos ordenamientos en esta materia, se plantearon muchísimos alcances, todos ellos dirigidos a mejorar la vida administrativa e institucional de las empresas.
Quiero platicarles algunos de ellos. Sé que mis compañeros lo han hecho ya, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero quiero poner énfasis en algunos que me parecieron muy importantes cuando estábamos redactando el documento.
El primero de ellos son las publicaciones y las obligaciones que tienen las sociedades mercantiles de publicar diversos acuerdos, convocatorias en medios escritos que tienen que ir desde el Diario Oficial de la Federación hasta un medio de mayor circulación en los estados donde residen estas empresas.
Esta práctica de publicar convocatorias o informes o estados financieros se realiza a pesar de la modernidad, y a pesar de los costos que implican, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas.
El día de hoy con esta modificación se va a crear un boletín electrónico que será administrado por la Secretaría de Economía, el cual su uso será gratuito para todas las empresas de este país, en donde se habrán de hacer las publicaciones.
Tan solo esta modificación ahorra cinco mil millones de pesos a las empresas de México, las cuales van a poder destinar, para generar más empleos y para fortalecer sus actividades comerciales.
También algo que es muy relevante, sobre todo en materia de atracción de inversiones, es la libertad contractual de los accionistas. Tenemos que prever, número uno, que los accionistas puedan pactar libremente la forma en que llevan a cabo sus acuerdos, delimitaciones en derechos de compras, de ventas, de voto y, sobre todo, reconocer derechos a las minorías. Con esto estaremos fomentando la inversión en nuestro país.
Adicionalmente suprime costos de trámites y cargas económicas a las empresas que ya operan actualmente.
El otro día preguntaba, ¿cuál es el mayor trámite que una empresa hace a una sociedad mercantil? Y es, modificación a su objeto social. Cada vez que una sociedad mercantil celebra un acto jurídico, modifica en muchas ocasiones su objeto para poder adecuarlo al marco de que se lo exige una institución financiera u otro tercero con quien va a contratar.
Estamos incluyendo en estas modificaciones que todas las sociedades mercantiles por el sólo hecho de serlo, puedan realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo los expresamente prohibidos por la ley, pero con esto estaremos evitando hacer modificaciones continuas a los estatutos y estaremos ahorrando dinero a las empresas.
También se modernizan los registros públicos de comercio. Los registros públicos de comercio, actualmente existen 269 oficinas de las cuales 60 no operan en un registro único, queremos convertir al Registro Público de Comercio en un registro federal digital, con una sola base de datos que pueda tener fácil acceso a cualquiera que lo consulte.
Finalmente yo les diría que el contenido de este dictamen considera prudente y oportuno las propuestas hechas en materia de competitividad y productividad, en materia de eliminar costos y cargas económicas, moderniza los registros públicos, fortalece el sistema de garantías mobiliarias y, por supuesto, como entra el financiamiento a las Mipymes.
Compañeros diputados y diputadas, Acción Nacional y su grupo parlamentario sigue legislando con responsabilidad en beneficio de los ciudadanos de México y en la búsqueda de mejorar su calidad de vida.
Agradezco personalmente todo el apoyo que me dieron mis compañeros diputados, especialmente los integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Economía, a sus presidentes, a Chabelo, a Mario, gracias al cuerpo técnico, y pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. A Chabelo, pues. Finalmente doña Amira Gricelda Gómez Tueme. Muy apreciable tamaulipeca que habla fuerte y se entiende más.
La diputada Amira Gricelda Gómez Tueme: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo hoy a fijar la posición de mi fracción parlamentaria del PRI, de los compañeros diputados federales que están en la Comisión de Economía, como ya se ha dicho aquí, para la aprobación del dictamen que tiene que ver con la miscelánea mercantil.
México es una economía en crecimiento, pero esta dinámica sólo puede mantenerse si se generan las condiciones propicias para hacer de nuestro país una nación productiva, atractiva a la inversión y competitiva a nivel internacional. Sin embargo, y de acuerdo con el índice Doing Business 2013, elaborado por el Banco Mundial, México ocupa el lugar número 48 dentro del rango denominado Facilidad para hacer negocios, dentro de un universo de 185 países.
A pesar de que la ubicación en este nivel se superó 5 lugares respecto a lo asentado el año pasado, lo cierto es que dicha ubicación dista mucho de ser lo que nuestra nación por su tamaño y por su dinamismo merece.
Cuando entramos al detalle del reporte en comento, nos encontramos con otros indicadores igual de inquietantes, ya que México ocupa los lugares 130 y 141 para la obtención de electricidad y registro de propiedades, lo que nos sitúa dicho coloquialmente, a la cola delas economías analizadas. Tales circunstancias, sobra decirlo, repercuten de manera negativa en la apertura y permanencia de los negocios en nuestro país, por lo que es necesario que tomemos medidas que ayuden a salvar esta deplorable situación.
Es en ese contexto, compañeros diputados, que se presenta este dictamen que ahora ocupa nuestra atención y para el cual los diputados priistas estamos dispuestos a otorgar nuestro voto favorable.
Yo traía en mi discurso una serie de argumentos que de manera precisa y magistral ya se han vertido aquí por mis compañeros de las diversas fracciones parlamentarias que han participado. Quiero reconocer la iniciativa del compañero diputado Arturo Salinas, por el esfuerzo y la perseverancia y, por supuesto, la conducción del presidente de la Comisión de Economía, mi querido Mario, por la manera en que nos permite buscar la armonía y el acercamiento de todas las fracciones para entregar buenas cuentas de esta comisión.
Luego entonces, compañeros diputados, con este dictamen vamos a dar un paso adelante en el fomento responsable a la industria del financiamiento y el perfeccionamiento de las figuras crediticias en nuestro país.
En el PRI, estamos comprometidos con mejorar las condiciones de productividad y competitividad de los sectores productivos en México. Ustedes recuerdan, que en el marco del Pacto por México se hizo un compromiso que recoge, y en mucho, las iniciativas y las reformas que se plantean al interior de este dictamen.
Es por eso que consideramos acertadas las propuestas que aquí se discuten, para dar un nuevo rumbo a la regulación de las actividades mercantiles, tienden a la modernización y la simplificación administrativa, para que gran de las actividades productivas en México se mejoren.
Por eso, al igual que mis compañeros, les pido a las compañeras y compañeros diputados federales de esta asamblea, voten a favor del dictamen. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de este tan noble proyecto de dictamen.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Presidente, a favor 446 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de las leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento al artículo 87 del Reglamento se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y juntas directivas de comisiones ordinarias y especiales, mismas que se encuentran ya publicadas en las respectivas pantallas. En votación económica se pregunta si se aprueban, los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la solicitud de licencia del diputado Sergio Torres Félix.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Solicitud de licencia del diputado Sergio Torres Félix, a partir del 22 de marzo de 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Le ruego a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Sergio Torres Félix para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el séptimo distrito electoral del estado de Sinaloa, a partir del 22 de marzo del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Ahora le pido a la Secretaría que dé lectura a la solicitud de licencia del diputado Ponciano Vázquez Parissi.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Solicitud de licencia, del diputado federal Ponciano Vázquez Parissi, por tiempo indefinido a partir del 22 de marzo del año en curso.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le pido someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ponciano Vázquez Parissi para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el vigésimo primer distrito electoral del estado de Veracruz, a partir del 22 de marzo del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los acuerdos. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene ahora la palabra por cinco minutos a diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco para que implementen las acciones tendentes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del estado de derecho.
Durante los últimos meses han proliferado organizaciones que bajo el argumento de la ausencia o la incapacidad de las policías municipales, estatales y federales han tomado en sus manos la acción de la justicia y el control armado de las comunidades.
Actualmente existen 36 de grupos de autodefensa en cinco estados del país, lo que representa un grave indicio de debilidad del estado en zonas rurales, donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras. La aparición de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia obliga a poner atención a un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.
Sin duda, detrás de la formación de grupos de autodefensa civil, se encuentra como problema principal el abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del estado de derecho da oportunidad al narcotráfico y el crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses.
Es lamentable que las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico se traduzcan en actos desesperados por parte de poblaciones indefensas y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social.
Los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía. Aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad.
Algunos grupos de autodefensa civil han llevado a cabo juicios extralegales, basados en usos y costumbres, estas acciones ponen en cuestión no solo al sistema de justicia, sino también la capacidad del estado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas por las organizaciones armadas.
Como bien lo ha planteado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe una línea muy tenue entre los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares. Si bien los gobiernos, federal y estatales, han intervenido para que sean liberados los detenidos y se esclarezca su responsabilidad en presuntos delitos, es sumamente importante evitar que prosiga la descomposición de las relaciones comunitarias y actuar eficazmente para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
Como precedente de los grupos de autodefensa civil se encuentran las policías comunitarias, que existen desde hace 15 años. Estas policías están reguladas por las autoridades y según declaraciones de autoridades competentes, existe la posibilidad de reglamentar a los grupos de autodefensa para evitar que cometan excesos. En esa línea se ha planteado la idea de hacer los coadyuvantes de la justicia, como el caso Guerrero, pero no se ha especificado cómo se regularizarían esos grupos y tampoco se ha abundado sobre lo que representaría legitimar a organizaciones armadas en casos sometidos a grandes tensiones por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado.
A tal efecto, tendrían que instrumentarse las políticas adecuadas para dar seguridad efectiva a las poblaciones que viven en la zozobra por la violencia que ejerce el crimen organizado; al mismo tiempo tendrían que aplicarse las políticas de prevención del delito a las que el actual gobierno se ha comprometido. Es necesario que se intervenga con prontitud a fin de evitar que muchas comunidades caigan en una nueva espiral de violencia.
Por tales razones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que es urgente que el secretario de Gobernación precise públicamente la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito.
En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Morelos y de Jalisco, a redoblar esfuerzos para que implementen acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y a disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen implementando. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se considera de urgente resolución. Informo a la asamblea que se han inscrito para hablar sobre este tema por sus grupos parlamentarios el diputado Manuel Huerta, el diputado Ricardo Monreal, el diputado Felipe Camarena, el diputado Sebastián de la Rosa, la diputada Consuelo Argüelles y el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna por tres minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Quisiera si me permiten, en lo que llega el diputado Huerta, varios compañeros diputados y diputadas se han quejado de que se fuma en algunos lugares muy cercanos al recinto y el humo del cigarro se viene al interior del recinto.
A nombre de la Mesa Directiva quisiera pedirles a todos su comprensión y que no se fumara en esos espacios que tenemos aquí abajo, porque la verdad es muy molesto para los que están adentro, pero además porque tenemos la obligación de respetar la ley y éste es un recinto público en el que no se puede fumar. Además hay un patio muy grande, o sea que no hay problema. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias. El 21 de enero de este año el dirigente estatal del PRI en el estado de Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, señaló que: “se debe realizar una profunda investigación a funcionarios y personajes locales en los municipios quienes son los que abren espacios a la delincuencia organizada y maquillan los reportes que envía el gobierno del estado o en su caso por su omisión ante los ilícitos”
Señaló que “para que los grupos de la delincuencia organizada puedan actuar con tanta impunidad y que orillan a los ciudadanos a tomar medidas de defensa, es porque tienen la venia de las autoridades”.
El 12 de febrero de este año en curso, el alcalde del municipio de Santana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, señaló que “con el regreso del PRI al poder no se ha visto una mejora en la entidad; la violencia sigue su curso, incluso los presidentes municipales continúan pagando “intereses” al crimen organizado”. Subrayó que “hay una marcada colusión entre autoridades y delincuentes y eso ha orillado a los ciudadanos a tomar las armas”.
De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México, en el sexenio pasado al menos mil 251 funcionarios municipales fueron asesinados a manos del crimen organizado, entre ellos 31 alcaldes.
Por último en el mes de noviembre de 2010, miles de cibernautas, twiteros, expresaron, difundieron su opinión en las redes sociales sobre el tema.
Don Alejo Garza Tamez, Alejo y Tamez, empresario maderero de 77 años de edad, que defendió su propiedad en las inmediaciones de la presa Padilla, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, enfrentando al grupo de delincuentes que lo habían amenazado para que abandonara su propiedad en 24 horas, la cual defendió con su vida y terminando con la vida de cuatro sicarios.
Testimonios todos estos de ciudadanos desesperados por el alto grado de inseguridad en sus comunidades y municipios que ha provocado ya también el desplazamiento de miles de personas, hombres, mujeres, niños, de sus comunidades de origen.
Esto y en cualquier estado de la república está ocurriendo y coincidimos en parte con la preocupación de la ponentes de este punto de acuerdo, que es obligación del Estado mexicano a través de sus tres niveles de gobierno, garantizar el derecho humano fundamental de la seguridad física y emocional en sus personas.
Sin embargo el objeto del exhorto no atiende al llamado del auxilio desesperado de las comunidades ante la amenaza de la delincuencia organizada coludita o tolerada por las autoridades y los cuerpos de seguridad de los gobiernos estatales, municipales y el federal.
La autodefensa es una reacción a la ineficacia de la seguridad pública y caso más grave, ante la colusión de los elementos de cuerpos policiacos con los delincuentes, sin que estos se encuentren justificados por amenazas o actos de corrupción.
La disuasión que se propone realice la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, es una propuesta inacabada y parcial; su redacción es inoportuna ante el temor fundado de dichas comunidades que son y han sido víctimas de extorsiones, secuestros y asesinatos en su propia familia o en la de miembros de sus comunidades.
El exhorto debe dirigirse a las autoridades federales, estatales y municipales para que atiendan la inseguridad que por diversos medios se ha denunciado y que no han implementado acciones para sancionar a los delincuentes.
El exhorto debe dirigirse a los responsables de las políticas públicas de seguridad para que cumplan con la obligación de garantizar la vida de las mexicanas y mexicanos que habitan en los municipios controlados por la delincuencia.
Su preocupación por los grupos de autodefensa no encuentra sustento en sus acciones, puesto que no se acredita la comisión o afectación de la seguridad de los ciudadanos de las comunidades en las que se han organizado para su seguridad y defensa. Los medios se han dado cuenta de la detención de delincuentes, sin que ello haya sido desmentido por las autoridades.
En atención a la dignidad de las personas que desesperadas buscan la protección de sus familias, esposas e hijas, el exhorto debe dirigirse a las autoridades responsables de la seguridad pública.
No hay que criminalizar la esperanza de los grupos de autodefensa del país. No va a ser con omitir, con agachar la cabeza, con no sacar la publicidad, como propone Enrique Peña Nieto, como el problema de la inseguridad se vaya a acabar.
Es por eso que nosotros estamos dejando en la mesa –y pido a la Presidencia que le dé lectura la Secretaría– la corrección de este punto de acuerdo y se propone el siguiente:
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Huerta. La propuesta de modificación tendría que venir del coordinador del Grupo Parlamentario promovente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Estoy de acuerdo, pero estoy pidiendo que la Secretaría le dé lectura. Yo ya he hablado con el coordinador promovente y estaría en disposición. Me pidió que fuera leído aquí.
El Presidente diputado José González Morfín: Si viene como propuesta del grupo parlamentario promovente, con mucho gusto le damos lectura.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Insisto. La propuesta está aquí, para poderla cambiar. Por favor pido que se lea.
El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a pedir a la Secretaría que atienda la solicitud del diputado Huerta y que lea la propuesta de modificación.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Propuesta de modificación. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco para que garanticen la seguridad de las comunidades en las que se han manifestado acciones de autodefensa para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Le agradezco a la Presidencia su tolerancia y obviamente estará en manos del promovente y del partido al que pertenecen quienes tanto gritan, los diputados de allá atrás, del PRI, para ver si mejoran las condiciones de seguridad de este país. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores: éste es un tema muy delicado; constituyen los grupos de autodefensa hoy por hoy un asunto de estricto interés nacional.
En efecto, se han reconocido 36 grupos de autodefensa en ocho estados, y obviamente también son frecuentes las mantas que surgen en colonias, en ejidos y comunidades, alegando que se atengan a las consecuencias en caso de ser capturados en flagrancia los delincuentes.
Hace apenas unos días en Ecatepec, un médico logró repeler la agresión de extorsionadores, murieron dos. El médico vive ahora entre el miedo y la zozobra.
Los grupos de autodefensa, creo sinceramente, están siendo malentendidos por la derecha. Hoy se intenta culpar a estos grupos de inseguridad y de violación a la ley. Voy a enfocarme al aspecto estrictamente jurídico.
En algunas constituciones de los estados, incluso se establece como causa de exclusión, de responsabilidad penal la legítima defensa, así lo establece el artículo 15 del Código Penal Federal. Pero, incluso, ciudadanos diputados y diputadas, en algunos estados del país se establece con claridad que los pueblos y comunidades tienen derecho de autodefenderse.
Les voy a decir sólo dos ejemplos: el artículo 18 de la Constitución del estado de Tamaulipas vigente, señala en su fracción VIII como una obligación de los ciudadanos de Tamaulipas. Fíjense bien, lo subrayo, tomar las armas en defensa del pueblo en que viven cuando éste fuera amagado por partidas de malhechores. No sólo los grupos de autodefensa están permitidos por la Constitución, sino que tienen una justificación frente a la agresión de grupos de malhechores en estados de necesidad.
También lo establece la Constitución de Guerrero, en el artículo 11, fracción III, señala como una obligación de los guerrerenses que todos los ciudadanos están obligados a coadyuvar y a prestar servicios de seguridad para conservar el orden público en comunidades, barrios, municipios y regiones.
Pero no sólo eso, en el caso de las comunidades indígenas, la autodefensa está implícitamente reconocida en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, donde se aceptan usos y costumbres de los pueblos originarios en la impartición de justicia siempre y cuando se respeten los derechos humanos y el debido proceso.
En otras palabras, los grupos de autodefensa comunitarios pueden ser perfectamente legales y legalizables si actúan como coadyuvantes o auxiliares de la autoridad constitucional en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. En cambio, son categóricamente ilegales si buscan actuar como ministerios públicos, jueces o tribunales de facto.
No es la primera vez que se habla de ese tema y yo quisiera, presidente, pedirle una tolerancia, ya me la dieron pero es un tema trascendente y me parece que esta aparición de los grupos de autodefensa debe analizarse a la luz de las circunstancias que propician el estado de necesidad que justifican dicha aparición.
Más que anatemizarlos hay que explicarlos y más que criminalizarlos hay que entenderlos. Después de todo, la irrupción de estos grupos atiende directa o indirectamente a las deficiencias políticas estatales en materia de seguridad, incluso hay encuestas, la última de ellas acaba de surgir el 13 de marzo de 2013.
Fíjense ustedes, los grupos de autodefensa están aceptados por el 57 por ciento de los ciudadanos y sólo el 22 lo rechaza, entonces yo creo que este es un debate importante. Yo reconozco que la propuesta está cargada de una actitud demasiado derechista en contra de estos grupos. Hay que explicarse de manera correcta la aparición de ellos y yo les pediría que les demos un enfoque sociológico, político y precisamente de la pobreza surgido.
Acepto y termino, presidente, gracias por su tolerancia. Le pido, presidente, preparé un documento, que lo plasme en el Diario de Debates y hoy agradezco a la gente de Tamaulipas y de San Luis que no chiflan. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con mucho gusto el documento se insertará íntegramente en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Enrique Cárdenas, por favor.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado Ricardo, aquí le voy a hacer entrega, porque veo que nada más le gusta la mía, la mía voz, aclaro. Yo había hablado con usted y le había aclarado, pero aquí están los artículos del Reglamento interno, el 76, el 104, para su información, el 105, el 106, el 110, el 113, el 114, por si gusta para que se haga una modificación a lo que es la ley, con todo gusto.
No es por otra cosa, sino simplemente es un respeto a todos los que estamos aquí. Sé que hay temas muy importantes, sí hay que modificar los tiempos. Hay que hacerlo, pero tampoco podemos, si en tres minutos no cabe, en 10 a lo mejor tampoco, entonces hay que hacerlo o hay que darle libertad, lo que usted pide; den la tolerancia. Lo ha tenido por mi parte y yo hablé con usted, pero malamente usted se expresa y va explícito para mí, un servidor, porque así se lo he dicho y hoy vengo a decirlo públicamente. Es cuanto. Gracias, presidente.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: La ironía, por fina que sea, quedará en eso, pero yo le pido, presidente, me permita responderle, porque además es una ironía corriente de decir; si no le gusta la mía o si no le gusta la de nosotros. ¿Qué es eso?
Si estoy levantando el nivel del debate, si lo estoy respetando, me parece no sólo corriente, me parece una actitud torpe. Si estamos tocando un tema tan importante, ¿cómo viene a salir con esas payasadas?, si ya estaba fuera del debate, si el presidente había sido tolerante y había agradecido.
Yo le pido al presidente, en todo caso, que este reglamento sí en efecto lo establece, pero yo le pediría al presidente, solicite a la asamblea si me permite seguir continuando en el uso de la palabra otros tres minutos. Bueno, déjenme, es mi derecho, es mi derecho, ¿por qué no?
El Presidente diputado José González Morfín: Bueno, creo que la Presidencia ya ha sido tolerante, ya le dio respuesta al diputado, yo le pido, por favor, que concluya.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Es cierto, presidente, acepto porque usted es un hombre correcto y decente, por esta vez lo voy a aceptar.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Felipe Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: La administración ejecutiva anterior decidió combatir el problema de la delincuencia organizada, en específico el narcotráfico. Sin embargo, a lo largo de los anteriores seis años no se apreció un planteamiento estructurado para cumplir tal objetivo, lo cual generó inseguridad y proliferación de grupos delincuenciales, con un amplio margen de actividad. No importó nunca cuántos delincuentes mafiosos o narcotraficantes cayeran, gracias a la acción de los cuerpos de seguridad.
Finalmente, siempre surgió un líder, quien asumía el espacio que quedaba vacante, y lamentablemente y de modo invariable, resultaba más agresivo y despiadado que el anterior.
En este sentido, fuimos testigos todos los mexicanos de una ascendencia de narcotraficantes, violadores, asesinos, entre otras especies de la delincuencia. Lo anterior, gestó en la sociedad la creencia de la necesidad de procurarse, de modo próximo, un sistema de vigilancia y cuidado a sus grupos más cercanos, así se puede explicar, hasta este momento, los llamados grupos de autodefensa.
Sin embargo, esa postura adoptada por algunas comunidades no debe verse como la expresión única o necesaria para afrontar la delincuencia, pues en muchos casos puede resultar, como se dice coloquialmente, más caro el remedio que la enfermedad, ya que la seguridad pública es una labor exclusiva del Estado, ello implica un ámbito competencial exclusivo, de este modo nadie, que no sea el Estado, debe realizar labores de supervisión pública en las calles, pues entonces se estaría autorizando que a los individuos en general, sin una investidura pública y mucho menos preparación ante sucesos tan graves como los descritos ya, realicen actos transgresores de la generalidad de los individuos.
De este modo, sería muy sencillo culpar a alguien que en el plano fáctico no tendría nada que ver con el asunto en cuestión, además se estaría transgrediendo la Constitución, pues se haría justicia por su propia mano, lo cual es muy grave, no sólo por la vulneración al texto supremo del orden jurídico mexicano, sino también porque los cuerpos civiles no serían objetivos ante los hechos, en virtud de ser ellos mismo los propios afectados.
En este contexto, es conveniente recordar cuánto daño se ha propiciado en pos de la justicia. Empero, debe de quedar bien claro que no hacemos oídos sordos ante los reclamos y no estamos alejados de la comprensión de los problemas aquejantes a la sociedad, pero consideramos que la conformación de grupos armados de choque no es la válida.
En este mismo sentido debemos, en esta materia, ser cautos y suspicaces, y preguntarnos de dónde se nutren las armas los llamados grupos de autodefensa. ¿Acaso la sociedad civil en general tiene capacidad para detentar armas de asalto en sus domicilios? ¿En verdad todos estamos instruidos en el manejo de dichos artefactos? Nosotros creemos que no es así y por ende, es probable que algunas de estas células solamente busquen aprovecharse de las realidades descritas para imponer su voluntad y obtener beneficios mezquinos y particulares, incluso, generar una inestabilidad amplia en el Estado, lo cual sería en perjuicio de la sociedad en general.
En la bancada del Partido Verde creemos firmemente que la opción para buscar la solución a los problemas de seguridad es colaborar con las autoridades institucionales. Coadyuvar, cuando así se requiera, denunciar los ilícitos y respetar el cauce de las investigaciones llevadas a cabo por los ministerios públicos, y desde luego, en la aplicación de la justicia.
Recordemos que el establecimiento de un Estado liberal, de plena seguridad costó a la humanidad muchas vidas. Y en México, el establecimiento de autoridades reconocidas se generó después de una Revolución y de muchos años de esfuerzo y sacrificio.
Derivado de todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista apoya la propuesta con punto de acuerdo, haciendo un llamamiento a la sociedad civil en general, y no solo a las entidades federativas ya enunciadas en dicho documento sino a la totalidad de las administraciones locales en nuestro país.
Es necesario que todos asumamos la responsabilidad en este delicado tema. Es cuanto, señor presidente y muchísimas gracias por su atención a los compañeros presentes.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez.
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, cada vez que tengo la oportunidad de pasar a esta tribuna lo hago con la convicción de que quienes conformamos esta soberanía somos gente que actuamos siempre pensando en el bien de este país al que representamos.
Y ésta no es la excepción de un intento por tratar de llegar a un acuerdo en un problema tan sensible para el país, pero particularmente para varios estados de la República, y en específico para mi estado, Guerrero.
Coincidimos parcialmente con la proponente cuando dice que los grupos de autodefensa son en este momento uno de los problemas más graves en el país. Y digo parcialmente porque no es el problema la existencia, en sí misma, de los grupos de autodefensa. No es ese el problema, compañeros diputados, compañeras diputadas.
El problema es porque efectivamente, la existencia de los grupos de autodefensa pone al descubierto la incapacidad el Estado mexicano para garantizar la seguridad pública de nuestro pueblo.
Sí es uno de los problemas porque su existencia en sí mismo refleja una vez más la expresión de marginación y pobreza en la que se encuentran los pueblos, porque una vez más con su existencia nos están diciendo cómo a cada rato en nuestros pueblos son violadas sexualmente sus mujeres, sus hijas, son asesinados los esposos y los hijos de las mujeres del campo.
Y el sistema jurídico y la impartición de justicia del Estado mexicano literalmente han protegido a los delincuentes y no solamente han bajado índices delictivos, han aumentado. Y, peor más aún, hay grupos que se han dedicado a extorsionar de manera directa y a establecer prácticamente un Estado paralelo en estados donde ha surgido los grupos de autodefensa.
Porque hay grupos también que cobran impuestos en los estados, hay grupos que van y le cobrar a los ciudadanos hasta derechos de vía, y el Estado mexicano ha sido incapaz de evitar que eso suceda. Y los grupos de autodefensa han tenido la capacidad de ir conteniendo ese tipo de situación.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, no es la existencia misma de los grupos de autodefensa el problema que hoy aqueja mayormente, el problema es más de fondo, el problema ya no es de la ilegalidad en que puedan existir estos grupos, el problema ya no es del reconocimiento o no a usos y costumbres sólo de los pueblos indígenas.
El asunto es el reconocimiento a la posibilidad de existencia de los pueblos, de nuestros pueblos, compañeros y compañeras, de esos pueblos marginados, de esos pueblos violentados, de esos pueblos a los que se les viola a cada rato sus derechos humanos fundamentales, de esos pueblos que se encuentran en la pobreza, de esos pueblos que no hemos podido como Estado mexicano resolverles fundamentalmente los problemas de hambre, de vestido, los problemas de falta de educación, de salud, de vivienda. Ése es el problema fundamental, compañeros y compañeras.
El reto de la evolución democrática en este país será el reconocimiento del cuarto orden de gobierno que están exigiendo en este momento las comunidades en nuestro país. Ése es el asunto fundamental.
Por esa razón, y en una conversación que hemos tenido con la diputada proponente, leo –y termino con esto, ciudadano presidente– una propuesta de modificación que hacemos a nombre del Partido de la Revolución Democrática para poder votar este punto de acuerdo de manera favorable. Lo leo de manera completa.
Punto de acuerdo
Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco a que redoblen esfuerzos para que implementen programas y acciones urgentes y contundentes tendentes a revertir las causas que dieron origen a la problemática de marginación, a la inseguridad en que viven las comunidades para lograr que los grupos de autodefensa civil cesen con la realización de los operativos que vienen realizando.
Esperamos que la diputada proponente, que ya lo hemos dialogado, pueda aceptar esta modificación. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna también por tres minutos, la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Consuelo Argüelles Loya: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, en los últimos meses han aflorado algunos frutos de la llamada Defensa comunitaria en diversos estados de la República. Así ha sucedido en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Morelos, Hidalgo y Jalisco, y en los últimos días la prensa nacional dio la nota de la existencia de un grupo civil armado de autodefensa en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.
Ante esta situación, se han expresado diversas opiniones, inclusive los gobernadores de estas entidades, manifestando su complacencia por la existencia de estos grupos. Así también hay una falta de información precisa por parte del gobierno federal sobre esta situación.
Los legisladores de Acción Nacional compartimos la preocupación de las mexicanas y mexicanos por este clima de inseguridad y por el aumento de la incidencia delictiva. Sin embargo diferimos con la posibilidad de aceptar estos tipos de grupos de autodefensa. Creemos firmemente que permitir que se ejerza la función de seguridad pública a quien no se le ha conferido por nuestra Constitución y el orden jurídico vigente, va en detrimento del estado de derecho y fomenta la alteración de la paz y el orden público.
Nuestra Constitución en el artículo 21 ha encomendado la función de la seguridad pública a los tres órdenes de gobierno y ha establecido que estos deberán coordinarse con las atribuciones que les confiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A inicio del nuevo sexenio, el gobierno federal propuso a esta soberanía la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal para concentrar estas funciones en la Secretaría de Gobernación, al nuevo gobierno le concedimos el beneficio de la duda y votamos a favor de su iniciativa para que pudieran enfrentar este problema conforme a su visión.
De la misma forma, hoy le exigimos que garantice la seguridad de las comunidades que hoy se ven en la necesidad de autoprotegerse ante la ausencia de los cuerpos de seguridad pública. Desde nuestro punto de vista es urgente e impostergable que el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación presente a la sociedad mexicana un informe detallado de estos grupos civiles armados, en un tiempo no mayor de 30 días, en lo particular deben de notificar: ¿Cuántos son? ¿En qué lugar del país se encuentran? ¿Cuántas personas lo componen? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que utilizan para adquirir su armamento? ¿Y si estos grupos han realizado detenciones de supuestos responsables delictivos, y si estos detenidos han sido encontrados culpables por las autoridades correspondientes o si han sido liberados porque no se demostró culpabilidad alguna.
De igual manera, se debe de informar sobre personas heridas o fallecidas en sucesos en donde haya intervenido este tipo de organizaciones armadas. Hacemos un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales a enviar elementos policiales a esta zona, pero también a las fuerzas políticas que representa esta Cámara de Diputados a que revisemos todos, conjuntamente, las iniciativas que busquen solucionar este tipo de problemas.
Debemos revisar las competencias y el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública, especialmente el Sistema Penitenciario Nacional, la prevención social de la violencia, la delincuencia, los resultados de los programas de prevención del delito.
En este sentido, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, reviste importancia el punto de acuerdo proponiendo un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Morelos y de Jalisco, para redoblar los esfuerzos e implementar acciones urgentes y contundentes para actuar con apego a derecho y apego a la Constitución.
Exhortamos a persuadir y disuadir a los grupos armados de autodefensa civil. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario da su voto a favor de la propuesta. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la tribuna el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Compañeros legisladores. Sin duda el surgimiento de grupos civiles armados o grupos de autodefensa, como se les ha dado a llamar, refleja un problema muy serio en las zonas del país particularmente afectadas por la violencia que desafortunadamente no es reciente, sino que se ha incubado durante muchos años en que existió inseguridad y falta de atención a las comunidades y ciudadanos de esas regiones.
En ese sentido, nosotros consideramos que el punto de acuerdo que presentan nuestros compañeros diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, es motivado de una preocupación legítima ante el riesgo que este tipo de grupos representan para la paz social, pues contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos porque no están exentos de ser utilizados por grupos criminales para romper el orden y realizar sus actividades ilícitas con una cobertura de supuesto apoyo popular.
Al respecto, la posición que ha expresado el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación ha sido clara y no deja lugar a dudas. Los grupos de autodefensa deben desaparecer porque en nuestro país no existe esa figura y están al margen de la ley.
Precisamente, compañeros, el día de ayer ante comisiones del Senado de la República que lo ratificaron como secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García volvió a reiterar el rechazo del gobierno federal a la existencia de estos organismos de autodefensa, dado que es el Estado quien ejerce el monopolio de la fuerza pública.
Por eso, el gobierno federal ha planteado una estrategia particular y regionalizada en materia de seguridad que contiene elementos de prevención y atención de los riesgos sociales, generados por el fenómeno de la violencia que asola a las diversas regiones y entidades del país.
Sería poco serio exigir resultados de la noche a la mañana en un asunto tan serio y que demanda una atención muy coordinada de los tres niveles de gobierno para realmente resultar efectiva esa estrategia.
Hemos visto cómo se han realizado reuniones regionales con la participación de los señores gobernadores en las que se busca fortalecer esta coordinación con un enfoque de atención preventiva, además del reforzamiento de la seguridad en las entidades. Es un tema que lleva tiempo pero en el que se está actuando y a nuestro parecer, en el camino correcto, por parte del gobierno federal y bajo un nuevo esquema de responsabilidad y atribuciones.
Por otra parte en algunos de los casos de las entidades que se mencionan, las autoridades ya han actuado y acudido al auxilio de los gobiernos estatales y junto con ellos se han diseñado acciones concretas.
Por tal motivo, compañeros legisladores, hoy el nuevo sistema y el llamado que ha hecho este Poder Legislativo, es para que todos redoblen esfuerzos y apoyen así la seguridad, evitando el surgimiento de grupos civiles armados que operan al margen de la ley, con énfasis en la protección de la población de comunidades aisladas, que son las más vulnerables y que sufren las mayores amenazas sobre su seguridad, su vida y su patrimonio. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Las propuestas de modificación presentadas no fueron avaladas por el grupo parlamentario promovente. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo en sus términos.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo.
Las diputadas y los diputados...
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Estamos en votación, diputado. ¿Con qué objeto? Diputado Óscar Ramírez, dígame. Estamos en votación.
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (desde la curul): Sí, nada más con el objetivo de que estamos a favor del punto de acuerdo que propone la diputada, sin embargo queremos exceptuar la parte del estado de Chiapas, toda vez que en la parte de grupos de autodefensa no existe, no está documentada esa parte.
El Presidente diputado José González Morfín: Lo lamento, diputado, pero el grupo promovente presentó una propuesta que es la que está sometida a votación. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica...
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Concluyendo la votación. A ver, sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente, sólo para dejar constancia de la falta de ética en los acuerdos que habíamos pactado el diputado Sebastián de la Rosa y su servidor con la diputada proponente, de que íbamos a hacer una corrección al punto de acuerdo.
Exhortaría a los diputados que han participado de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN, del Panal y del Partido Verde Ecologista, que revisen, que se documenten, que pregunten, que indaguen, que investiguen las diferencias entre la policía comunitaria, los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares, para dejar muy claras y precisas las diferencias al respecto.
Los grupos de autodefensa han asistido a diversas reuniones y han aceptado el poderse regular ante esta emergencia en la que tuvieron que agruparse para defender de manera digna sus comunidades y el tejido social y están dispuestas a cobrar la figura de policías comunitarias, que está sustentada en nuestra Constitución, en su artículo 2o, cuando establece que para el caso de las comunidades, pueblos indígenas y comunidades equiparables se les reconoce el derecho de libre determinación, autonomía, para definir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, además de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos.
Los grupos de autodefensa han mencionado el camino a transitar hacia las policías comunitarias. Por ello, Presidente, exhorto...
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada, diputado. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, yo hago un llamado, es una moción, que antes de votar se piense que ahora, con este pronunciamiento y este punto de acuerdo, la autoridad buscará combatir y exterminar a la comunidad organizada para ejercer su legítima defensa.
Estos ciudadanos enfrentarán ahora una doble amenaza: a la delincuencia organizada y al Estado desorganizado que busca acreditar que la inseguridad no es una realidad cotidiana, sino una mala percepción.
Los llamo a que reflexionen. Es un error la premura con la que hacen este pronunciamiento que está cargado de ignorancia y de falta de conocimiento jurídico. Es muy grave este pronunciamiento.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, el diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Aprovecho también para agradecer que se haya leído la propuesta que dejé porque es muy importante que no se esconda en las siglas de los partidos adláteres la derecha que está promoviendo de fondo esta iniciativa, sobre todo queriéndole quitar la responsabilidad a Enrique Peña Nieto por no tener la capacidad de ordenar este país.
Por eso insisto en la propuesta que hicimos –aunque griten los diputados priistas– de que es el Estado mexicano quien tiene que garantizar la seguridad. Por eso proponíamos la modificación del punto y no ir contra la población, como hoy la derecha, encabezada por el PRI, con sus adláteres, lo quiere hacer.
Por eso era muy importante que quedaran las cosas claras el día de hoy.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Abel Salgado Peña, adelante.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Solamente para pedirle, en caso de que sí se hayan aceptado las modificaciones que propuso el Grupo Parlamentario del PRI a la promovente pueda, previo a la votación, darle lectura al texto como quedaría con las modificaciones, si es que han sido aceptadas por la diputada promovente.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia nada más tiene conocimiento del texto publicado. De todas maneras, la diputada promovente está pidiendo la palabra. Le voy a pedir que se abra el sonido en la curul de la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): Gracias, presidente. Primeramente decirle a los compañeros que informaron que habíamos tenido acuerdos. Comentaron que ellos deseaban agregarle algunas cuestiones al documento. Yo les dije que no es una iniciativa, es un punto de acuerdo en el cual mi grupo parlamentario no está de acuerdo, por lo tanto, queda superado.
Lo otro, el objetivo de este punto de acuerdo, compañeras y compañeros diputados, no es para que vayamos en contra. Ahora, como decía uno de los compañeros diputados que me antecedió en el uso de la palabra, ir en contra de los que se han organizado, queremos disuadirlos.
Necesitamos que el estado de derecho quede en manos de lo que es la nación, de lo que es México. No podemos permitir grupos armados. Y se los digo, compañeros, yo soy de Chiapas y así en un abandono que hubo y que nadie quería ver, de que se estaban organizando en la selva, porque querían cuidar de que todo estaba bien, cuando venimos a ver, tuvimos un levantamiento armado.
Por tanto, estamos viendo que en todos los estados, por lo mínimo que se estén moviendo, es importante que la Secretaría de Gobernación vea lo que tenga que implementar para disuadir a esos grupos que se están armando y que quieren aplicar la ley que no les corresponde a ellos. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Me están pidiendo muchos compañeras y compañeros diputados la palabra. Tengo primero a la diputada Lourdes Quiñones, le pido que se abra su curul; después la diputada Teresa Mojica.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Gracias, presidente. Única y exclusivamente haciendo mención y recordatorio a mis compañeros que éste es un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por lo que se le solicitamos que, ya ha sido debidamente discutido, que nos vayamos a votación.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. La diputada Teresa Mojica.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Nada más decirle a la diputada Sonia Rincón que nosotros, los diputados guerrerenses o en el estado de Guerrero, estamos viviendo este asunto de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, pero nosotros reconocemos en nuestras policías comunitarias una tradición de 14 años y un trabajo desde abajo, desde la sociedad.
Por eso nos brinca el tema de poner en este punto de acuerdo el tema de persuadir y disuadir. Porque de lo que se trata es: las policías comunitarias como esas, acompañarlas e integrarlas en la legislación y en la ley. Incluso, ya tenemos una propuesta del gobierno del estado para legislar al respecto; por lo menos, en esos casos.
Muchas gracias y ojalá que la diputada proponente pudiera hacer algunos cambios en el punto de acuerdo.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítanme un momento. Los puntos de acuerdo de urgente resolución tienen un tratamiento muy rígido en el Reglamento. Esta Presidencia ha sido muy tolerante. Ya estábamos en la votación. Voy a pedirle a la Secretaría que continúe con el procedimiento de votación y que la intención de cada quien se manifieste con su voto. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Gisela... La Secretaría ha dado el veredicto de la votación. tiene la palabra la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; de Relaciones Exteriores y de Economía, para que establezcan un plan de rescate a la industria azucarera y cañera del país.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, todos conocemos la grave crisis por la que atraviesa la industria cañera del país. A pesar del repunte alcanzado en los últimos años en la producción y exportación de azúcar mexicana, la perspectiva en el mediano plazo no es muy promisoria.
El año pasado la balanza de azúcar en México alcanzó superávit al registrar exportaciones de alrededor de un millón y medio de toneladas, contra importaciones de alrededor de un millón 300 mil toneladas, que en su mayoría fueron de alta fructosa proveniente de Estados Unidos complementada con azúcar proveniente de Centroamérica.
Los reportes de los organismos norteamericanos y nacionales coinciden que este año se espera un ligero incremento en las importaciones de azúcar mexicana por parte de nuestro vecino del norte, entonces, ¿cuál es la razón por la que los precios del azúcar en México han caído y sólo se ha logrado detener su caída gracias a la acción de los cañeros del país, que tuvieron tomados de manera pacífica los almacenes de los ingenios?
El problema es multilateral. Un factor es la entrada en vigor este año del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica, que ha propiciado que azúcar centroamericana ingreso al mercado mexicano. Otro factor es que durante el mes de enero y febrero Estados Unidos suspendió temporalmente sus compras.
Un factor de más largo plazo que nos ha impactado, es la sustitución silenciosa del azúcar por alta fructosa proveniente de Norteamérica en la elaboración de refrescos y de alimentos de alto contenido calórico. Se suma a todo esto la saturación del mercado del dulce en el mundo.
Estos aspectos coyunturales se suman desgraciadamente a otros factores de carácter estratégico que ponen en riesgo la viabilidad de la industria azucarera, y estos son: toda vez que la introducción de alta fructosa como reemplazo del azúcar en la fabricación de refrescos y alimentos está estrechamente relacionada con el desarrollo de la pandemia de obesidad y diabetes en el mundo.
Los sistemas de salud de diversas naciones están reorientando sus políticas alimentarias, ya que el carácter crónico de estas enfermedades representa mucho dinero para sus presupuestos, tal y como acontece aquí en México. Dentro de las políticas que se están implementando en estos países están las campañas que promueven la no utilización de azúcares, como parte de una política de vida y comida sana, así como evitar el consumo de bebidas endulzadas.
Ante este panorama, podemos afirmar que en el mediano plazo el mercado del azúcar no sólo no crecerá, sino que probablemente se reduzca gradualmente, por lo que el riesgo de una crisis más profunda existe.
Este punto de acuerdo pretende entonces, que podamos como nación dar los primeros pasos para transformar la industria azucarera, de manera que enfrente estos desafíos. Lo que proponemos como punto de acuerdo es, que el Ejecutivo desarrolle una política sectorial que vaya más allá de la coyuntura.
Esto es, proponemos hacer un exhorto respetuoso a la Sagarpa, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía, a fin de que diseñen una política estratégica sectorial que permita:
Número uno, la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo, en aquellos países en donde se promueve una mayor regulación para el uso de la fructuosa, porque esto representa oportunidades para el dulce mexicano, así como con aquellas naciones emergentes.
Número dos, el diseño de mecanismos para diversificar la producción, derivados de la caña de azúcar, esto implica una reconversión de la planta productiva de la industria azucarera nacional para producir, por ejemplo, biocombustibles, como lo está haciendo Brasil.
Número tres, establecer medidas temporales subsidiarias para los productores de caña, en lo que los precios del dulce se estabilizan.
Sé que en este pleno, el sector está plenamente representado. Sé que esta preocupación nos debe mover para pensar y trabajar a futuro, por ello estoy convencida de que este punto de acuerdo contará con la mayoría de votos en el pleno, toda vez que en la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos, y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría, para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la tribuna, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, una de las mayores responsabilidades del Estado mexicano y de nosotros como representantes populares, es promover y proteger las actividades agropecuarias, sobre todo, cuando se trata de productos de canasta básica como es el azúcar.
Como se establece en el punto de acuerdo presentado, el azúcar ha sido un elemento indispensable en la alimentación de las personas por su contenido energético y de carbohidratos. Sin embargo, los nuevos hábitos alimenticios han desplazado este alimento de la canasta básica por otros productos sustitutos, con altos niveles de fructuosa. Esta situación ha provocado una disminución en las ventas de azúcar, con el consecuente impacto negativo en la industria azucarera, afectando a los productores de caña de azúcar.
La participación de esta industria dentro de la economía nacional ha tenido una gran importancia desde varios puntos de vista. Por un lado, la producción de un bien de consumo popular generalizado a precio accesible para toda la población del país. Y por el otro, representa la creación y sostenimiento de empleos productivos y remunerados a lo largo de todo el país. Porque de esta actividad dependen, atendiendo las cifras que maneja el punto de acuerdo, empleos directos a más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta, a más de 2 millones 200 mil.
Como podemos observar, este sector ha jugado un papel destacado en la economía mexicana porque ha sido, históricamente, uno de los más importantes del país, debido a la gran fuerza económica y social del sector agropecuario.
En la actualidad atraviesa por una profunda crisis, producto del comportamiento de los mercados internacionales que reportan una sensible baja en los precios del dulce, disminución provocada, entre otras causas, por la modificación vinculada en los hábitos alimenticios de los consumidores de los principales países importadores del dulce y el uso de los endulcorantes con alta fructuosa, que actúan como consecuencia del carbohidrato.
Por ello, es necesario e importante rescatar este sector, considerando que los productores mexicanos han perdido competitividad con la baja de los precios del mercado internacional.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de este punto de acuerdo, porque consideramos necesario que las autoridades correspondientes atiendan a una demanda legítima y justa para los productores en la industria azucarera.
Estamos conscientes que los cambios en la dieta de la población pueden generar impactos negativos en ciertos sectores, pero es obligación de las autoridades explorar alternativas viables para sostener el aparato productivo nacional y velar por los intereses de los productores de la caña de azúcar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre este punto de acuerdo que plantea un rescate de la industria cañera y azucarera, englobando este último concepto a los industriales del dulce, para nosotros, sin desdeñar el sector industrial, es parte prioritaria la atención a la producción cañera en el campo mexicano.
Desde fines del año pasado los agricultores, productores de la caña de azúcar, insumo básico para su industrialización, se encuentran en una situación indefinida por las autoridades respectivas a las que va dirigida el exhorto. No han resuelto los planteamientos de este sector. Más aún, se dieron casos de bloqueo de almacenes de las centrales azucareras como protesta por la ausencia de autoridad.
Hasta ayer el titular de Sagarpa manifestó que en los próximos días anunciarán un programa de apoyo a los productores de caña, para resarcir la caída de los precios sin señalar montos ni la forma de cómo se van a distribuir esos recursos.
Sólo se conoce por parte de los grupos de cañeros que se requieren cuando menos 3 mil millones de pesos para compensar las pérdidas de 9 mil millones de pesos. Sin duda que hay incertidumbre.
Datos respecto a la zafra 2012-2013 es que la superficie cultivable es de 767 mil 893 hectáreas, la caña industrializable es de 54 millones 796 mil 198 toneladas, el azúcar a producir se prevé que sea de 6 millones 246 mil 744 toneladas, el dulce se obtiene del jugo fresco de la caña además de los aprovechamientos que tenemos con sus subproductos.
En el país tenemos 52 centrales azucareras que generan 300 mil empleos directos y más de 2 millones de plazas indirectas, que se ubican en 15 entidades del país. La industria genera y distribuye ingresos por 33 mil millones de pesos, la producción de la gramínea representa el 13.5 por ciento de la producción agrícola nacional, representando el 0.4 por ciento del PIB del país y el 7.3 por ciento del PIB agropecuario. Con lo anterior queda claro y sustentado que el sector es una fuente de riqueza porque genera bastante empleo, que tanto hace falta en nuestro país.
Como toda actividad agrícola, las sequías, el granizo, inundaciones afectan a veces a la zafra. Como puede advertirse, el problema abarca varias dependencias como ya lo han señalado los compañeros que me han antecedido. El grupo parlamentario pide de favor que se arme un plan estratégico para este sector que es my importante para la economía del país. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado José Soto Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es un país mucho muy rico y con grandes posibilidades de producir los alimentos que necesitan las mexicanas y los mexicanos; desgraciadamente el campo ha sido olvidado.
También, a pesar de ser tan rico nuestro país, casi 60 millones de mexicanas y mexicanos viven en la pobreza y desgraciadamente el 75 por ciento de ellos son campesinos. Son campesinos que no es que no sepan producir, no se les da la oportunidad y los elementos para hacerlo.
Aquí en este recinto hay muchos diputados y diputadas que saben de los problemas del campo y especialmente el de la agroindustria azucarera, que tuvo en un momento que levantarse las cañeras y los cañeros para quemar toda su producción, todas las cañas, porque no tenían utilidades, logrando en los tiempos de Luis Echeverría un decreto donde se regulaban los derechos y obligaciones de los productores, de los industriales y las obligaciones del gobierno mismo.
¿Cuáles fueron esos logros? De lograr los tres pasos principales que tiene cualquier rama de producción: obligación de financiamiento que estaba obligado el gobierno, obligación de programar a la producción y la obligación de industrializarla y la obligación también de poder venderla, comercializarla. Eso fue precisamente lo que hizo que la rama de producción de la caña de azúcar haya llegado a ser autosuficiente para nuestro país y tener todavía una gran cantidad para exportar.
Hoy hemos demostrado los productores de caña que somos productivos. Tenemos la suficiente azúcar para nosotros los mexicanos, pero no sabemos a dónde venderla. Todavía la Secretaría de Economía y todas las involucradas, Sagarpa y todos, están importando azúcar y eso nos daña terriblemente a los productores de caña de azúcar.
Les voy a decir ¿por qué? A nosotros no nos pagan las toneladas de caña, nos pagan las toneladas de azúcar producida que es el KARBE, kilógramo de azúcar recuperable base estándar, intervienen para ello, para pagarnos, el precio del mercado.
Aquí en México el precio del mercado en Estados Unidos que ya no nos compra, y el precio del azúcar en el mercado internacional que casi está regalada, que es de donde traen algunos políticos –le pido por favor que me aguante un poquito, que el tema es importante- del mercado internacional, donde está mucho muy barata la azúcar y la meten indiscriminadamente; y todavía viene la alta fructosa para ganarnos el mercado más grande, que es el mercado refresquero.
Por eso nosotros, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos unimos a este exhorto a todas estas dependencias a que por primera vez asuman su responsabilidad y que salven a esos 650 mil productores que tienen seguro y que le dan seguro a los cortadores de caña; les dan seguro también a todos sus trabajadores del campo. Es una gran rama de producción, salvémosla. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. El sector secundario, es decir la industria, representa un elemento fundamental no sólo en México sino en cualquier economía para desarrollarse adecuadamente. Éste representa todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar la materia prima.
Según el Boletín de Información Oportuna, de las actividades de la industria, publicado por Inegi, la producción industrial del País en el primer mes del presente año creció 1.1 por ciento respecto a diciembre pasado. Sin embargo por componentes, la industria manufacturera únicamente se elevó al 0.05 por ciento. Un poco más que la minería.
Dentro de la industria manufacturera está la actividad azucarera. Este breve panorama nos da una idea de lo olvidado que se encuentra el sector azucarero en nuestro país, ya que se halla inmerso en una profunda crisis debido a la competencia que existe con diversos endulzantes y la mayoría son importados.
Es necesario que se tomen las medidas pertinentes para generar políticas adecuadas a este sector, ya que es una de las actividades más antiguas del país, donde dependen directa e indirectamente millones de personas entre empleados, ya sean sindicalizados, administrativos, así como transportistas, entre otros.
Es inevitable que el gobierno entrante elabore un plan de acción en el que se comprometa a darle mayor certeza a los productores nacionales con respecto a la producción de la caña de azúcar, protegiendo antes que nada el mercado interno, ya que, como cualquier actividad manufacturera, necesita del apoyo de las autoridades para detonar una mayor productividad en beneficio no sólo de los productores, sino también de los consumidores, definiendo un mercado con menos competencia desleal y hasta la fecha esa ha sido causa de tener un estancamiento brutal de esta actividad, sin olvidar por supuesto, el grave cambio climático que hoy estamos viviendo y que ha generado sequías como nunca antes vistas, incidiendo así en el aumento de precios del producto final.
Otro factor que incide en el estancamiento de la industria es la falta de inversión para modernizar los ingenios azucareros, ya que aún se produce con maquinaria obsoleta que afecta gravemente la productividad. Se necesita modernizar el sector y avanzar hacia una actividad tecnificada, o sea, competitiva a niveles internacionales.
Esta actividad, si se atiende adecuadamente, podría dar muchos frutos, no sólo en la industria de los alimentos, sino otras actividades en la que muchos países han incursionado como es la de la generación de los biocombustibles, como es el caso de Cuba y de Brasil.
Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos a favor de este punto de acuerdo para que se generen las condiciones necesarias implementándose un plan de rescate de la industria azucarera, contemplando todos los ejes que propone la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados; con el permiso de la Presidencia. La agroindustria azucarera del país vive una profunda crisis estructural y por ende los productores y abastecedores de la caña de azúcar.
Los gobiernos federales, han enfrentado estas crisis cíclicas, rescatando a los industriales, sí, pero olvidándose de las familias cañeras. Es importante recordar que los gobiernos de Salinas y Fox diseñaron políticas para beneficiar a los industriales. El gobierno salinista privatizó los ingenios y los vendió posteriormente a precios por debajo de su valor. Fox los expropió, beneficiando a los grupos empresariales vinculados a las dos principales refresqueras del país. Pepsi-Cola y Coca-Cola.
Esta crisis pone en entredicho a los gobiernos panistas, ya que de manera concreta el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, mejor conocido como el Pronag, nunca fue un objetivo para tomar en cuenta esas administraciones y con ello transformar el campo cañero; mientras que el gobierno de Calderón anunciaba con bombo y platillo la modernización de la agroindustria azucarera a través del Pronag, su gobierno autorizaba los cupos de importación que tanto daño han causado a los productores de caña.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del que formo parte apoya el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se cree el plan de rescate de la agroindustria azucarera, y este plan deberá tener, como objetivo principal, a los productores de caña para que el gobierno federal destine recursos para la adquisición de fertilizantes, de bio-fertilizantes, de abonos, modernización del campo con sistemas de riego y para el corte de la caña.
El gobierno federal, desde la privatización de Salinas de los ingenios, ha otorgado recursos millonarios –ya se ha dicho aquí– y los ingenios son unas chatarras industriales, y dónde están los recursos millonarios que los gobiernos han destinado a los industriales. Ese dinero en manos de quién quedó.
No se llevó a cabo la modernización de las plantas productivas y es importante que ahora se modernicen y aporten los industriales para la construcción del centro de investigación de ciencia y tecnología de la caña de azúcar.
Se tiene que terminar con la política de robo y saqueo, por los cobros injustificados que se realizan a los productores de caña de azúcar a través de los comités de producción y calidad cañera en los ingenios, con la complicidad de los industriales.
Es importante decir, y lo he dicho en otras tribunas y lo seguiré reiterando, que es injusto que a los cañeros se les descuente, por concepto de caminos generales y vecinales. Los cañeros no son dueños de los caminos y en este contexto es necesario que los gobiernos municipal, estatal y federal, en los diferentes ingenios de aquellos estados donde se da este cobro arbitrario atiendan el asunto ante esta situación que viven los cañeros.
El plan de rescate de la Sagarpa deberá incluir medidas de salvaguarda para otorgar apoyos y subsidios a los cañeros, y de esta manera compensar la caída del precio de la caña de azúcar. Además, que este subsidio sea de acuerdo al rendimiento de la zafra, al rendimiento final de la zafra. Y otra cosa, ese subsidio que se otorgue a los cañeros, no solamente a los de la CNC y a los de la CNPR, porque hay cañeros independientes como es el caso de Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras Independientes, con presencia en muchos estados del país.
Por ello ese recurso se debe aportar de acuerdo al padrón que tienen los ingenios de los cañeros activos y de las organizaciones para que esto abarque a la totalidad de los cañeros, sean del PRI o no sean del PRI, porque también hay del PRD y, por supuesto, del PAN. Gracias, diputado, por su paciencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Juan Bueno Torio: Muchas gracias compañeras, compañeros. Sin duda el Partido Acción Nacional está totalmente a favor del punto de acuerdo, pues necesitamos apuntalar las capacidades de los productores de caña en todo el país para que mejoren sus condiciones de vida.
Evidentemente el problema que hoy estamos enfrentando es gracias a la política de apoyo al campo que se siguió en el sexenio anterior, a diferencia de lo que dijo la compañera que me precedió. Nosotros veníamos produciendo entre 4 millones 800 mil toneladas de azúcar y 5 millones 200 mil, y para este año estimamos una producción de 6 millones 200 mil toneladas.
Evidentemente que contra los 4 millones 200 mil toneladas que es el consumo de México, tenemos un sobrante de poco más de 2 millones de toneladas, que hasta donde tengo entendido, ya se están haciendo los esfuerzos y los contratos correspondientes para exportar un millón y medio de toneladas, evidentemente a los precios del mercado internacional que son muy por abajo del precio que se da en nuestro país. Y ahí es donde tenemos fundamentalmente el problema.
Desde nuestro punto de vista, y está contemplado y considerado en el Pronac, que viene funcionando ya de muchos años atrás, necesitamos mejorar la productividad en el campo con apoyos a los productores agrícolas, apoyos que tengan que ver con mejores sistemas de cultivo, con la tecnificación del campo, con fertilizantes oportunamente y, desde luego, con variedades, semillas mejoradas adaptadas al cambio climático.
Necesitamos producir en México lo que produce el promedio de los productores a nivel mundial. En México estamos en 63 toneladas por hectárea, cuando en Brasil están en 83 y en Colombia están en 120 toneladas por hectárea.
Necesitamos sacar y obtener poco más del 12 por ciento de azúcar por tonelada de caña, a diferencia de cómo lo están haciendo, por ejemplo, en Colombia, cerca del 15 por ciento de azúcar por tonelada de caña.
Necesitamos resolver el problema del minifundio, y es el gobierno quien tiene que agrupar a todos los productores en extensiones que sean de tal economía de escala que les permita ser productivos y atender mejor su negocio y sus capacidades.
Necesitamos, pues, que haya este tipo de apoyos como el que este año se cancelará por ejemplo para el maíz, en virtud de los buenos precios del maíz no tendrá el gobierno que otorgarles el subsidio que se les venía otorgando y podemos pedirle al gobierno federal que esa parte del recurso lo destine en apoyo a los productores del campo cañero, para que mejoren su condición y tengan un ingreso verdaderamente más razonable de lo que hoy podrán obtener con los 410 pesos por tonelada de caña que les van a pagar.
La realidad, sí tenemos hoy un problema. Anhelábamos mucho tener una gran producción de azúcar en el país para poder exportar, pero resulta que ahora que tenemos el azúcar el precio en el mercado internacional está muy por debajo del nuestro. El problema efectivamente evidentemente está en el precio que el cañero recibe por su producto, por su caña de azúcar, pero también necesitamos hacer que el cañero mexicano tenga más toneladas por su hectárea y tenga más azúcar por su tonelada. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la tribuna el diputado Cesario Padilla Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Cesario Padilla Navarro: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados de esta honorable Cámara de Diputados, he pedido el uso de la voz para expresar que el Grupo Parlamentario del PRI y especialmente 80 diputados cenecistas que pertenecen al sector agrario, apoyaremos el punto de acuerdo de urgente obvia resolución que presenta la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, referente al exhorto que se hace a la Sagarpa, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones, a la Secretaría de Economía, en el sentido de que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país.
Compañeras diputadas y diputados, el problema del precio que ha caído más bajo en los últimos años del azúcar se debe a tres puntos fundamentales:
1. Por parte del gobierno saliente, que no hizo lo que debía de hacer para exportar el excedente de la caña de azúcar que tenemos los mexicanos.
2. Los grupos, el gobierno federal administraba los grupos de Fessa, el 20 por ciento de la producción de la caña que se produce en México, donde ellos el año pasado salieron a regalar el azúcar al 50 por ciento.
3. No obvio con eso, estamos importando algo que el país produce de más, estamos abiertos a los Cupos de importación que en plena zafra están entrando toneladas y toneladas de azúcar.
Son los tres puntos que nos están afectando a los cañeros que vivimos de la caña. Con conocimiento de causa, le digo a la compañera que me antecedió, los caminos sacacosechas es obligación de los productores cañeros y de los empresarios.
Por eso, aquí estamos los que conocemos, no es que estemos diciendo que se lo entreguen a los industriales. Hay un acuerdo que los excedentes de azúcar que producimos los mexicanos se exporta al extranjero, lo que no han hecho en dos años pasados, es el desplome del azúcar que tenemos de más.
Por ello, compañeros y compañeras les digo, que tenemos que limpiar el mercado de México y exigirle al gobierno federal y a las Secretarías que están al frente, que cierren las puertas de las exportaciones de azúcar, que cierren las puertas de las importaciones de maíz, que cierren las puertas de las importaciones de leche, por ello estamos así los cañeros.
No estamos de acuerdo en que el azúcar se venda a un precio caro, pero yo los invito a que revisemos los paquetes tecnológicos donde no podemos, los cañeros, vender más bajo.
Un paquete tecnológico el día de hoy vale 25 mil pesos por hectárea, por ello revisemos los paquetes tecnológicos para que podamos bajar los precios del azúcar, pero vamos al lugar de los hechos, no inventemos desde el escritorio cosas que no son, vamos a ver y con eso podemos bajar los precios.
Al compañero que me antecedió le digo, que en México, la media de México de producción son 77 toneladas y no 65 como él dice. Podemos producir hasta 200 toneladas por hectáreas, con equipamiento y ahí estoy de acuerdo con usted, amigo diputado.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, el asunto de la caña, estamos a favor de la compañera Griselda, simplemente en el párrafo número dos no estamos de acuerdo, porque no vamos a producir etanol con la caña de azúcar, porque nos sale más barato que producir azúcar. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El Grupo Parlamentario del PRD, a través de la promovente del punto de acuerdo, aceptó una modificación propuesta por el diputado Salvador Barajas, del PRI. Le voy a pedir a la Secretaría...
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Copete Zapot.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Diputado, su servidor es Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, gracias por abrir el micrófono. Solamente para puntualizar lo siguiente.
Creo que todos los que estamos aquí y quienes en su sano juicio dan una opinión, estarán de acuerdo en que es el gobierno el responsable de otorgar los servicios, como los que mencioné, de los caminos.
Y que un acuerdo, como se ha dicho en tribuna, no puede estar por encima de la Constitución, que establece que nadie puede ser privado del fruto de su trabajo si no es mediante una resolución judicial. Por tanto, ese acuerdo es inválido, es un atraco a los cañeros.
Así es que conmino a aquellas organizaciones que se atreven a hablar a favor de los cañeros, y que en los hechos los atracan, que sean congruentes. No más descuentos a los cañeros por concepto de caminos generales y vecinales. Gracias, diputado presidente
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo modificada, y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Propuesta de modificación al punto de acuerdo.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, que contempla los siguientes ejes:
Uno. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación del excedente de azúcar, de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.
Dos. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar.
Tres. Las medidas de ajuste y subsidios a los productos de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.
Firma la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, la Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo que ha hecho propia y que básicamente dice así.
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que emita la declaratoria de emergencia correspondiente para los 22 municipios del estado de Guanajuato y municipios del estado de Michoacán afectados por las heladas, a efecto de que se liberen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para la Atención de Necesidades Alimenticias de abrigo y de salud a la población afectada en términos similares al tratamiento que se dio a las afectaciones provocadas por las heladas que sufrió el estado de Sinaloa.
Segundo. La Cámara de diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación amplíe los programas de apoyo a la agricultura en el estado de Guanajuato, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona producto de las heladas registradas durante los primeros días del mes de marzo del presente año.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse estos dos resolutivos.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida explícitamente registro para la próxima sesión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (16:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 21 de marzo, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
---o0o---