Comunicaciones
Retiro de iniciativas de diputados
De la CNDH, con informe sobre el caso Cassez
Solicitud de licencia de la diputada Graciela Saldaña Fraire
De la Cámara de Senadores, con minuta
Acuerdo de la Mesa Directiva, para normar los minutos de silencio
Dictámenes
Declaratoria de publicidad de un dictamen
A discusión
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Agenda política
Comentarios relativos al Aniversario del Natalicio de Benito Juárez
María Sanjuana Cerda Franco, NA
Juan Luis Martínez Martínez, MC
Carlos Octavio Castellanos Mijares, PVEM
Víctor Reymundo Nájera Medina, PRD
Víctor Rafael González Manríquez, PAN
Iniciativas de diputadas y de diputados
David Cuauhtémoc Galindo Delgado, PAN
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
René Ricardo Fujiwara Montelongo, NA
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, PAN
Domitilo Posadas Hernández, PRD
José Francisco Coronato Rodríguez, MC
María Beatriz Zavala Peniche, PAN
Mónica García de la Fuente, PVEM
Landy Margarita Berzunza Novelo, PRI
Andrés Eloy Martínez Rojas, PRD
Fernando Belaunzarán Méndez, PRD
Jorge Francisco Sotomayor Chávez, PAN
Joaquina Navarrete Contreras, PRD
Mirna Esmeralda Hernández Morales, PRI
Gerardo Villanueva Albarrán, MC
Felipe de Jesús Almaguer Torres, PAN
Javier Filiberto Guevara González, PRI
Angélica Rocío Melchor Vásquez, PRD
Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, PAN
Luis Miguel Ramírez Romeros, PAN
Martha Berenice Álvarez Tovar, PAN
Josefina García Hernández, PRI
Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, PAN
José Isidro Moreno Árcega, PRI
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, PRD
Solicitud de licencia del diputado Rafael Acosta Croda
Mariana Dunyaska García Rojas, PAN
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, PAN
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y señores diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 353 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:29 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada el acta.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con las comunicaciones de nuestros compañeros diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron los siguientes oficios:
Del diputado Sergio Torres Félix, por el que se solicita que se retire de los registros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada el 28 de febrero de 2013.
Del diputado Luis Armando Córdova Díaz, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 18 de diciembre de 2012.
Del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, por el que solicita se retire de los registros de la Comisión de Equidad y Género la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 22 de noviembre de 2012.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió del gobierno del estado de Aguascalientes, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.
El Presidente diputado José González: Remítase a la Comisión de Asuntos Migratorios para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase al promovente para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva.
Respetable diputado:
Por medio del presente le comunico que el día 13 de marzo de 2013 este organismo nacional emitió el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República en el caso de la señora Cassez dirigido a la Procuraduría General de la República.
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente,
Doctor Raúl Plascencia Villanueva.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Justicia para su conocimiento.
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego continuar con la solicitud de licencia de la diputada Graciela Saldaña.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos normativos sexto, numeral 1, fracción XVI, 12 y 13 del Reglamento vigente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vengo a solicitar ante esta soberanía me sea concedida formal licencia por tiempo indefinido del cargo que ostento como diputada federal por el III distrito electoral del estado de Quintana Roo, con cabecera en el municipio de Benito Juárez, integrante de esta LXII Legislatura, con efectos a partir del día 1 de abril del 2013.
Lo anterior para todos los efectos legales conducentes.
Atentamente, diputada federal Graciela Saldaña Fraire.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ruego a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Graciela Saldaña Fraire para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el III distrito electoral del estado de Quintana Roo, a partir del 1 de abril del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Antes de hacer la declaratoria. Dígame diputada.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidente, para hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado José González Morfín: No me pasaron eso a tiempo. Le pediría que fuera desde su lugar, porque ya tengo que...
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Le pediría que fuera desde la tribuna, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No puedo negarle el uso de la tribuna. Adelante, diputada. Pero nadie me había dicho nada.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Muchas gracias, seré breve. Buenos días a todas y todos, compañeros diputados, amigos y amigas. Muchas gracias, presidente, por permitirme. No quiero perder la oportunidad de decirles a todos y a todas: muchísimas gracias, mi reconocimiento, mi gratitud por estar con ustedes en este tiempo.
Ha sido un privilegio trabajar con todos ustedes, a todos los coordinadores de los diferentes partidos, por estar con ustedes compartiendo en esta legislatura. A los diputados del PAN, amigos y aliados, en donde seguramente podremos y compartiremos proyectos futuros dentro de pronto.
A los diputados del PRI, del PAN, del Panal y del Verde, que han sido nuestros principales adversarios, pero decirles también con mucho orgullo, que en esta legislatura hemos hechos avances más en el sentido legislativo que adversarios políticos.
A mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, a todas y a todos, muchísimas gracias. A mi coordinador Silvano Aureoles, a nuestro vicecoordinador Miguel Ángel Raya, a nuestro diputado de Medio Ambiente, mi reconocimiento y mi cariño. A Rodrigo González, a Trinidad Morales, por todo su apoyo, en todo y cada momento en el que he estado con ustedes.
Quisiera también hacer un reconocimiento público a nuestro presidente, diputado Francisco Arroyo, por todo su apoyo, por todo su cariño y por no dudar en ningún momento de hacer valer la tutela del fuero de esta servidora, principalmente por los ataques del gobierno del estado de Quintana Roo.
Quiero hacer otro agradecimiento muy especial a nuestro diputado Ricardo Mejía, por acompañarme en todo el tiempo en el momento del proyecto Dragon Mart, y también por hacer valer la ley en el proyecto, que no se llevó a cabo, también por Holbox.
Muchas gracias, mis compañeros del Partido del Trabajo, y decirles también que yo trabajo y hemos trabajado con un grupo de asesores del Grupo Parlamentario del PRD. A todos ellos muchas gracias, y en especial al licenciado Carlos López, al doctor Octavio Climet y al maestro Miguel Ángel Montoya, porque sin ellos no podríamos hacer las leyes en este Congreso.
Una solicitud, compañeras y compañeros, es un adiós, pero sobre todo es un hasta luego. Me voy a trabajar en el lugar en donde he crecido, en Benito Juárez, en Cancún, y quiero decirles a todas y a todos que los espero en Quintana Roo, los espero en Benito Juárez, los espero en Cancún y que sobre todo ahí tienen a una amiga y una aliada que seguramente ahí nos vamos a encontrar, porque eso es lo que sé hacer, trabajar. Muchísimas gracias, los quiero mucho.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Teresa Mojica.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Gracias, presidente. Es una sorpresa que hoy se nos va nuestra compañera diputada Graciela Saldaña Fraire. Desearle lo mejor. Déjenme decirles que la conocí en esta Cámara, pero que es una gran mujer y que Cancún ganaría mucho si tuviera una presidenta municipal como nuestra compañera.
Más allá de partidos políticos, quienes la conocen saben que vino a aportar a esta Cámara y es una gran medioambientalista. Mucha suerte, compañera. Estoy segura que vas a ser presidenta.
El Presiente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Voy a pedir ahora sí a la Secretaría poner a votación del pleno los puntos de acuerdo a los que ye se dio lectura. ¿Ya se aprobó? Entonces le pido que... ¿Quién está pidiendo la palabra? Sonido en la curul del diputado Raymundo King de la Rosa.
El diputado Raymundo King de la Rosa (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Es muy respetable la decisión de la diputada Graciela, de ausentarse de su responsabilidad de la confianza que el fue conferida por los benitojuarences, sin embargo le hemos señalado con mucha precisión que en todo momento ha utilizado la bandera electorera, porque sabemos que busca ser candidata por el municipio de Benito Juárez, pero que no se vale que venga aquí a desinformar y a señalar ataques que en ningún momento...
El Presidente diputado José González Morfín: No es un asunto que esté puesto a discusión, diputado.
El diputado Raymundo King de la Rosa (desde la curul): Señor presidente, no es discusión, solamente precisar que en ningún momento ha sido atacada por el gobierno del estado de Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Ya las intervenciones han quedado registradas en el Diario de los Debates. Le pido ahora sí tomar la votación sobre la solicitud de licencia, de los puntos de acuerdo a los que dio lectura.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para lo efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: El acuerdo de la Mesa Directiva. Adelante.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se proponen los criterios a observar por la Mesa Directiva para obsequiar solicitudes para guardar minutos de silencio.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a consideración de la asamblea. A ver, sonido en la curul del diputado, para hablar en contra. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Medina Filigrana.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto, diputado? Es uno a favor y uno en contra.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Ah bueno, entonces para hablar en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Es uno a favor y uno en contra. A ver, sonido en la curul del diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, le pido también me inscriba en contra o usted me permita, para hechos, hacer referencia para esta propuesta.
El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Adelante, diputado Medina.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hace un año nos preparábamos para enjuiciar la contienda electoral que nos permitió ganar la confianza de los ciudadanos para venir a este recinto y a esta tribuna. La verdad es que sorprende, indigna que haya una sistemática decisión de acallar a los parlamentarios del Congreso mexicano.
Ya no se permite el debate en esta Cámara, ya no hay discusión en esta Cámara, y hoy se pretende que ni siquiera las legisladoras y los legisladores tengamos la posibilidad de solicitar que se obsequie un minuto de silencio cuando nosotros consideremos que debe ser una circunstancia que debe honrar esta soberanía.
Es increíble que hoy se esté leyendo un punto de acuerdo, una resolución, para limitar y para burocratizar lo que debe ser un hecho espontáneo, surgido de un sentimiento por la pérdida de un ser humano o de un grupo de seres humanos.
¿A dónde pretendemos llegar con este tipo de acciones? ¿Acallar completamente a las parlamentarias y los parlamentarios mexicanos? ¿Por eso fuimos a pedir el voto hace un año? ¿Esto fuimos a decirles a nuestros ciudadanos, que votaran por nosotros para venir nada más aquí a callar, a aplaudir, a levantar el dedo conforme lo señale la Junta de Coordinación Política? Es completamente indignante, compañeras y compañeros. Reflexionemos lo que aquí se pretende votar.
Es que ya ni siquiera el minuto de silencio lo van a poder solicitar ustedes desde su tribuna, va a tener que ser la Junta de Coordinación Política la que lo valore. ¿Qué pasa si es un hecho que lamenta, que golpea, que sensibiliza el distrito de ustedes, pero que a juicio de la Junta de Coordinación Política no es lo suficientemente grave para ser considerado por esta soberanía? Les pido que reflexionemos.
Y estamos aún a tiempo no solamente de echar abajo esta burla, esta ironía que se pretende hacer, sino de darle un verdadero cauce parlamentario y de dignidad a esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El diputado Muñoz Soria, también para razonar su voto, y después el diputado Monreal, o para hechos en razón de que la figura de razonar el voto no existe en el Reglamento.
El diputado José Luis Muñoz Soria: Con el permiso de la Mesa. Quisiera primero ratificar todo lo que ha mencionado en esta tribuna el diputado Filigrana. Tal parece que la Junta de Coordinación Política cree que aquí hay personas sin criterio, cree que aquí hay personas que no razomos y que solamente estamos esperando a que ellos nos digan qué es lo que consideran y qué debemos de votar por lo que propongan.
Queremos decirles que se equivocan. Que hay legisladoras y legisladores que no van a acallar, que haremos y pediremos el uso esta tribuna cuando creamos necesario hacerlo para pedir un minuto de silencio por aquello que creamos debe de hacerse. No se equivoquen nuevamente, les decimos a todos los coordinadores que hayan firmado esta propuesta.
Pero veamos nada más lo que proponen, aquellos que con estos planteamientos presumen de ser racionales, veamos lo que proponen. Y proponen que el minuto de silencio debe hacerse antes del inicio de la sesión y que lo apruebe la Junta de Coordinación Política. Resulta entonces que si durante el transcurso de alguna sesión sucede un hecho, incluso como lo que ellos mencionan, no podemos hacerlo porque a juicio de ellos tendríamos que hacerlo hasta la próxima sesión.
Habría que decirles a aquellas personas, personajes que fallecen, que deban de avisarle a la Junta de Coordinación Política que van a fallecer para que entonces les transmitamos a los coordinadores esta petición. No se equivoquen. Asuman un poquito su responsabilidad y hagan uso de esa racionalidad que presumen para entender que aquí hay gente que razona, gente que hacemos uso de nuestros derechos y que para eso nos mandataron nuestros electores. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero hacer una precisión porque me parece obligado. Yo creo sinceramente que no es lo que dice el acuerdo. Es un acuerdo de la Mesa Directiva, no de la Junta y lo único que propone es un mecanismo a través de su coordinador parlamentario.
Tengo la impresión de que no se ha conocido realmente el documento que está puesto a discusión, pero como aquí hay integrantes de la Junta de Coordinación Política quiero sí dejar a salvo esa situación. Diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores; ciudadano presidente. En efecto, una de las precisiones que debo de hacer es que no es un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Más bien se trata de una ocurrencia de la Mesa Directiva.
Es un exceso lo que se propone. Es un exceso lo que se pretende con éstos, llamados, criterios a observar de la Mesa Directiva para obsequiar solicitudes para guardar minutos de silencio. Miren ustedes si no es un exceso. Primero dice que la diputada o diputado que solicite que el pleno guarde un minuto de silencio, deberá hacerlo a través de su coordinador parlamentario quien -su coordinador-, a su vez, deberá plantearlo a este órgano, Mesa Directiva, antes del inicio de la sesión.
Además dice: Se considerará precedente o procedente únicamente cuando se refieran a jefes o ex jefes de Estado, legisladores y ex legisladores federales; y tiene otras dos características o dos clasificaciones de fallecimiento de personalidades y acontecimientos trágicos.
Me da mucha tristeza como parlamentario, como miembro de esta Cámara, ver cómo se retrocede en los derechos más elementales de los legisladores y las legisladoras. Esta Cámara lamentablemente ha venido caminando contracorriente y ha sido contraproducente con la lógica, con la ética, con la historia, con la esencia del Parlamento.
En efecto, no se permite el debate, se ha cercenado el debate. No hay debate en esta Cámara, salvo monólogos paralelos sobre temas fundamentales. Esta Cámara se ha autocastrado, se ha autolimitado y esta Cámara camina todos los días en detrimento de su función, con actitudes regresivas, con actitudes totalmente absurdas, incorrectas, torpes.
Cómo nos encontramos discutiendo si un legislador o legisladora pueda hacer un planteamiento de un minuto de silencio. Es el exceso. De verdad, ciudadanos legisladores, no se puede admitir, no se puede permitir este tipo de pretensiones absurdas.
Les pido a los legisladores que rechacen este documento llamado de criterios, que propone la Mesa Directiva. No se puede admitir. Va contra la historia del parlamento; va contra nuestra esencia. Y me parece verdaderamente absurdo que esto se esté presentando en el pleno de la Cámara.
Sé que en el PAN poco a poco los estamos convenciendo y con el tiempo vamos a terminar de convencerlos porque tenemos la razón histórica y nos asisten también los elementos más importantes del parlamento.
Miren, de verdad, he sido parlamentario muchas veces. Nunca en mi vida, nunca había observado tanta regresión. Nunca en mi vida de parlamentario había observado tanta obstrucción a nuestro desempeño. Nunca en la vida había visto cómo el propio parlamento se autodenigra. ¿No ven hacia fuera cómo nos lastiman por nuestras torpezas, por cosas pequeñas para tener un Congreso débil? No se están dando cuenta que hay toda una campaña de deterioro y de desprestigio a la función y nosotros la seguimos abonando cuando deberíamos decir: ya basta, ya basta.
Hay, dice un diputado, resultados como nunca, dice ese diputado...
El Presidente diputado José González Morfín: Su tiempo ha concluido, diputado y están prohibidos los diálogos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ...que grita en el anonimato. Sí, sí hay resultados contra la gente, sí hay resultados contra los maestros en la Ley Educativa; sí hay resultados contra los trabajadores en la Ley Laboral; sí hay resultados contra la población por todas las draconianas y absurdas reformas que aprueban de manera mecánica sin ninguna autoridad, sin ninguna reflexión, sin ninguna discusión. Sí hay resultados contra la gente, contra la población,...
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ...a favor de la corrupción y de la impunidad. Claro, claro que hay resultados contra la impunidad, claro que hay resultados contra esa gente que ustedes protegen...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, hace tiempo que concluyó...
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ...y que siguen en el mismo proceso de corrupción y de deshonestidad. Sí hay resultados, diputado, claro que hay resultados. Síganlos haciendo, presuman de lo que le están haciendo a la gente como la Ley Laboral, la Ley Educativa...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Monreal, le ruego que concluya con su intervención para poder continuar con la sesión.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: ...ésta que ahora pretenden hacer contra la Ley de Telecomunicaciones. Atrévanse a debatir.
El Presidente José González Morfín: Han hecho uso de la palabra tres oradores en contra. Voy a preguntar a la asamblea si considera que el asunto estás suficientemente discutido. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No se aprueba el acuerdo. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Lamento mucho su actuación del día de hoy porque usted ha sido una persona tolerante, pero no permitía a mi persona hacer una propuesta que yo quería que se sometiera antes de que, por fortuna, los diputados impidieron la atrocidad. Yo quería pedir un minuto de silencio para la Mesa Directiva. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad del dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto que adiciona una fracción I al artículo 2o de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que nos han pedido un espacio de tiempo para el primero de los dictámenes a discusión agendados, voy a proceder al siguiente punto del orden del día que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración.
Tiene la palabra, por cinco minutos para fundamentar el dictamen, la diputada Amalia García Medina.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores: conocemos que quienes deciden abandonar su tierra impulsados por las circunstancias que son adversas y no encuentran posibilidades de desarrollo en ese lugar en donde está su familia y sus seres queridos y además lo hacen en condiciones muy difíciles porque generalmente están indocumentados, lo hacen con una enorme vulnerabilidad.
La situación para quien emigra, quien deja a su país, quien deja a su tierra es extremadamente difícil y complicada. Pero si hay algunos, algunas que están en la máxima vulnerabilidad, en la situación más adversa, en la más dura y precaria, son las niñas, los niños y los adolescentes.
Y por eso, la reforma que hoy se propone en este dictamen de reforma al artículo 112 de la Ley de Migración, establece condiciones que arroparían a niños, niñas y adolescentes no acompañados, migrantes que abandonaron su tierra.
¿De qué se trataría? Se trataría, por supuesto, en primerísimo lugar, de que sean los sistemas DIF en los estados y el sistema DIF nacional quienes los atiendan y quienes les den cobijo, porque lo que saben ustedes, todos lo sabemos, es que una estación migratoria no es el lugar adecuado para niñas, niños y adolescentes.
Sabemos, además, que en una estación migratoria llegan todo tipo de migrantes adultos, y la condición en la que estarían los niños y niñas migrantes no acompañados, en ese lugar, sería de máxima vulnerabilidad.
Es por eso que el Instituto Nacional de Migración debe tener la encomienda de varias responsabilidades con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. En primer lugar hacerse cargo de su seguridad e inmediatamente informar a los consulados de donde son originarios, del país del que son originarios estas niñas, niños y adolescentes no acompañados, que son migrantes.
Inmediatamente también canalizarlos a una institución, a un espacio, a un albergue que esté a cargo del DIF estatal.
En tercer lugar, dar aviso a las comisiones estatales y la nacional de Derechos Humanos, pero el aviso a los consulados, el aviso a las comisiones de Derechos Humanos y la permanencia y estancia de estas niñas, niños y adolescentes en un albergue a cargo de los DIF, no es suficiente.
Hemos considerado y está considerado aquí, a la hora de revisar esta propuesta que recibió la Comisión de Asuntos Migratorios, que es pertinente, diríamos, indispensable, que se conozca cuál es la razón por la cual estas niñas, niños y adolescentes dejaron su lugar de origen.
Las causas pueden ser diversas. Puede ser que sea por el intento de encontrar a su madre o al papá; es decir, la reunificación familiar. Y si México está comprometido con cumplir con aquellas normas, con la Convención de los Derechos de la Infancia, entonces tiene que velarse por el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Si es por reunificación familiar, se debe garantizar que esté con sus padres, pero pudiera haber otras causas, puede ser que el niño, niña o adolescente haya abandonado su hogar por violencia intrafamiliar. Si es así, regresarlo al lugar donde vivió esa violencia sería profundizar el riesgo y su vulnerabilidad. También pudiera ser que haya abandonado su lugar de origen por riesgos en la situación de la región en donde vive o por necesidades de alimento.
Esta iniciativa que hoy se presenta, como dictamen en esta reforma al artículo 112, tiene la intención entonces de velar también por el niño, niña y adolescente, de tal manera que la solución no es solamente atenderlo inmediatamente, sino que su reintegración a su lugar de origen, tiene que ser cuidando su seguridad y su integridad.
Este es el contenido esencial de este dictamen que emite la Comisión de Asuntos Migratorios, que está a su consideración y que estoy segura ustedes unánimemente aprobarán, porque estaremos a favor de la seguridad de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, y después la diputada Loretta Ortiz.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, un auténtico estado de derecho, democrático y social debe estar fundamentado en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, más aún cuando se trata de proteger a los sectores que están en una situación de vulnerabilidad.
En este sentido, la reforma y adición al artículo 112 de la Ley de Migración es de suma relevancia, ya que establece la obligación del Instituto Nacional de Migración a que en los casos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, se deberá dar aviso al consulado de su país brindándoles atención y estancia en lo que se resuelve su situación migratoria.
Al mismo tiempo, el Instituto deberá avisar de inmediato a la Comisión Nacional y a las Comisiones estatales de Derechos Humanos, así como al Comité estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.
Para el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales no acompañados, corresponderá al Sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Familia garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, considerando las causas de su migración; reunificación familiar; en busca de empleo; violencia intrafamiliar; violencia e inseguridad social, entre otras.
Con esas modificaciones nuestro marco jurídico responderá de manera positiva a la realidad de los 40 mil menores migrantes que fueron deportados por autoridades de Estados Unidos a México, de los cuales 18 mil viajaron solos en el año 2011, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, y que no contaban con una protección efectiva de sus derechos en el marco de la legislación vigente.
La pobreza, marginación social, falta de oportunidades e incluso violencia intrafamiliar, son algunas de las causas que obligan a muchos infantes a emprender la travesía de migrar, ya sea en el interior del país o fuera de nuestras fronteras. Tenemos claro que es nuestra responsabilidad atender las causas de la migración, pero ante la realidad de esta problemática es necesario también adecuar las leyes para ampliar la protección de sus derechos, atendiendo el interés superior de la niñez y de los adolescentes.
Con esta iniciativa se pretende, pues, atender las necesidades que sufren quienes migran en búsqueda de un mejor porvenir, pues en el intento por escapar de las penurias que se presentan en sus lugares de origen, se encuentran con las que les ofrece el trayecto de llegada a su destino final, las cuales, incluso, ponen en riesgo su existencia.
Los riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes al recorrer el país son frecuentes, pues son propensos a enfermar, sufrir desnutrición, malos tratos y a ser defraudados. La situación se puede agravar en caso de ser sujetos de grupos delictivos, pues los peligros de ser secuestrados, sufrir violaciones sexuales, caer en las redes de la trata de personas e incluso de morir, son una triste y lamentable realidad.
Sin duda, la problemática es multifactorial y de difícil tratamiento con una reforma, sin embargo, con este mandato obligamos, a las autoridades encargadas, a velar por el interés superior de la niñez, al proporcionarles mejores condiciones de trato en las estaciones migratorias en tránsito a sus lugares de origen.
Con esta visión, reafirmamos nuestro compromiso con el pleno reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes y el interés superior de la niñez, ya que de esta forma cumplimos con los tratados internacionales en la materia, pero sobre todo, respondemos a un mandato y a un reclamo popular. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero agradecer hoy aquí la presencia de un grupo de alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en derecho, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Enrique Doger. Bienvenidos.
Tiene ahora sí el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Es obligado a aprobar precisamente este dictamen, en razón de que tenemos varios instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano, entre ellos está la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos de Niños y otras series de instrumentos internacionales, cuyo ámbito de aplicación personal precisamente abarca a los menores.
Si algunos sujetos o personas, la población en México son vulnerables, especialmente son los migrantes niños y niñas, en razón de esta vulnerabilidad es precisamente que se están proponiendo estas reformas.
Las estaciones migratorias, según informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no reúnen las condiciones mínimas, mínimas subrayo, para que cualquier persona pueda garantizar su derecho a la salud y una estancia digna que correspondería a cualquier persona humana.
Por esa razón, no es conveniente que permanezcan ahí, no solamente los niños y niñas, cualquier persona; se tiene una estancia más benéfica para un delincuente en el sistema penitenciario que en las estaciones migratorias.
Por esa razón, entre otras, es indispensable y urgente que precisamente no estén en las estaciones migratorias los niños y niñas, y que estén bajo la vigilancia, por así decirlo, del DIF nacional, los DIF estatales y del Distrito Federal.
Aunado también a lo anterior, es indispensable dar el aviso consular, está vinculado con el derecho de notificación consular. Los cónsules, una de sus labores es precisamente la protección de sus nacionales, y entre ellos está la de los niños y niñas.
Conocer los motivos por los cuales se está migrando también es un elemento de suma importancia, en razón de que se debe garantizar si el menor se está trasladando por razón de búsqueda del padre o de la madre, el derecho de reunificación familiar.
En caso de no serlo, porque venga huyendo, por como señaló la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, por violencia familiar, entonces tendría que resolverse en razón del interés mayor o más importante que es el del menor, y no devolverlo al país del cual viene huyendo.
En razón de todas estas consideraciones el Partido del Trabajo se suma a este dictamen y lo aprueba. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Lorena Méndez Denis: Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, ciertamente los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo vulnerable que merece un tratamiento y consideración especial en el diseño de garantías políticas de protección de los derechos humanos.
Empero, cuando esos niños, niñas y adolescentes tienen el carácter de migrantes extranjeros y no acompañados, entonces estamos hablando de una vulnerabilidad en grado superlativo.
Esto es así porque las violaciones sistemáticas a los derechos humanos más elementales de los migrantes que atraviesan el territorio nacional desde Centroamérica, donde se incluye a los niños y adolescentes no acompañados, son equiparables con los genocidios más atroces de la historia de la humanidad.
Las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes en general, tienen incluso, una explicación sociológica, el migrante pobre, nos dice Juan Casas, es un ejemplo del extraño quién.
Encarna la figura de la exclusión. Carga sobre sus hombros el peso de la estigmatización social. El migrante oscila entre dos procesos, la desorganización y la organización.
El primer aspecto involucra puntos de ruptura con la comunidad de origen y todo lo que ello implica.
El segundo, la reorganización alude al proceso de adaptación, éste se manifiesta de dos maneras: positivo o negativo. En el primer caso la adaptación pareciera lograrse hipotéticamente por medio un paulatino posicionamiento laboral y en consecuencia cultural. En el segundo la adaptación se vive como colapso, el inmigrante se siente extranjero, es el otro, el inmigrante se autoexcluye de los lazos de sociabilidad.
Es por ello que si la propia sociedad mexicana está sufriendo estrepitosamente las consecuencias de la inseguridad, la corrupción, la violencia y la impunidad, tales efectos funestos se reproducen con mayor rigor en contra de los migrantes.
Cabe recordar uno de tantos sucesos lamentabilísimos, llevados a cabo en contra de los migrantes y que causó conmoción a nivel internacional, como lo fue el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, el 24 de agosto de 2010, los cuales fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas.
El propio gobierno actual ha confirmado que en el sexenio pasado desaparecieron más de 26 mil personas, empero se quedaron viendo tan sólo la paja ajena y no han dado mayores datos para identificar el número de desaparecidos durante la presente administración.
Cabe agregar que no existen registros confiables de migrantes desaparecidos, menos aún de niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados desaparecidos. Con todo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos 20 mil migrantes son secuestrados cada año en México para pedir rescate a sus familias, sin embargo ha sido una constante el gran número de inmigrante masacrados en el corredor Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, los cuales no sólo son objeto de tratos inhumanos en las estaciones migratorias, sino que además son sometidos a condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de asistencia legal o de acceso a abogados particulares, al que tienen derecho.
Es por lo que ve desde la dimensión gubernamental y los malos elementos policiacos, pero resulta aún más trágico el hecho de que son presa fácil de grupos criminales, los cuales llevan a cabo de continuo la leva de inmigrantes ilegales, dese su ingreso por Chiapas hasta su internación por Veracruz o su paso por el temible filtro de San Fernando Tamaulipas.
A esto último habrá que agregarle las quejas que existen sobre la participación de cuerpos no competentes, como policías privadas, que intervienen en la detención de indocumentados, los cuales nos hablan de una red organizada de violencia y corrupción.
Como se puede apreciar, las vejaciones y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes no se ha detenido desde entonces, por lo que resulta claro que los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno mexicano ha sido completamente insuficiente. Seguimos presenciando con tristeza secuestros y desapariciones forzadas masivas, prácticas que se creían erradicadas y, no obstante, siguen ingresando clandestinamente al país cada año cerca de 140 mil hombres, mujeres y niños principalmente centroamericanos.
Los integrantes de Movimiento Ciudadano estamos convencidos que México debe honrar su añeja tradición de respeto y promoción del derecho internacional de los derechos humanos. No podemos seguir siendo candil de la calle y obscuridad en nuestra casa.
Por ello estamos de acuerdo con el sentido del dictamen en estudio, mediante el cual se pretende fortalecer la protección y asistencia de los menores migrantes no acompañados de un adulto cuando caen bajo la jurisdicción o competencia del Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo de lo expuesto con antelación, queda claro que son muchas las cuestiones que quedan pendientes, la realidad nos está desbordando y aun cuando legislativamente restan muchas reformas o adiciones por hacer, el principal problema se está presentando en la dimensión gubernamental de carácter ejecutivo, el trato hacia los extranjeros indocumentados que cruzan nuestras fronteras nacionales debe ser acotado al espíritu pro derechos humanos contemplado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. En tal virtud, las medidas a adoptar por parte del Estado mexicano no admiten demora.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, su tiempo ha concluido. Muchas gracias.
La diputada Lorena Méndez Denis: Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz, el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. El posicionamiento del Partido Verde Ecologista, en términos del artículo 112 de la Ley de Migración, donde habla fundamentalmente de los derechos de las niñas y de los niños que cruzan la frontera, la frontera sur, que van en mejor calidad de vida aspirando a tener acercamiento en muchas ocasiones con sus familiares, con sus padres, que salieron de hace algunos años, ya sea de Centroamérica o de nuestro país.
Derivado de ello, en las fronteras, en los puntos migratorios de nuestro país, no se encuentra la infraestructura adecuada para la atención a este sector tan vulnerable. Es por ello que este dictamen es positivo en términos de lograr una mayor atención para quienes el día de mañana serán los hombres o las mujeres que conduzcan las nuevas generaciones.
Lamentablemente en México seguimos criminalizando la migración en tanto que aprendemos y recluimos a quienes se ven obligados a buscar fuera de sus países de origen mejores condiciones de vida.
El problema es que nuestro país obliga a garantizar la protección de los derechos humanos de las niñas, de los niños y adolescentes, brindándoles la asistencia médica-sicológica que requieran, pero la realidad es que en esos puntos adolescentes, niños, niñas conviven.
De por sí el asunto de la detención resulta ser traumático, resulta tener pánico, ansiedad y trastorno de estrés. Ello han sido dictámenes de especialistas, por eso es correcto que tengan un espacio diferente, que sean atendidos por los DIF de cada entidad federativa y puedan regresar a su lugar de origen. A ese lugar de origen que sin duda le dará mayor atención y les brindará los espacios adecuados.
Si bien para atender la problemática de los migrantes que cruzan por nuestro país hacia Estados Unidos se creó una Ley en el 2011 de Migración con la que se pretende garantizar la protección de los derechos humanos de las personas consideradas especialmente en niñas, niños y adolescentes, por eso los sectores más vulnerables debemos protegerlos, cuidarlos.
Por lo que hemos expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, donde desde siempre hemos asumido un fuerte compromiso de legislar a favor de los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, votaremos a favor el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración, con lo cual se pretende proteger de manera más efectiva estos derechos que se encuentran en calidad de migrantes y que sean retenidos por las autoridades migratorias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. La expedición de la Ley de Migración durante la pasada administración representó un parteaguas para otorgar atención en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, a las personas migrantes, emigrantes y a aquellas que transitan por nuestro país, para encontrar una mejor calidad de vida en otro país que no es el suyo.
En el contenido de esta ley se dio especial atención a los requerimientos para la entrada y salida del país a las niñas, niños y adolescentes, en ánimo de protegerlos de cualquier situación o robo, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México.
De igual manera se reguló el procedimiento administrativo migratorio establecido en los Derechos de los Migrantes que las autoridades deben salvaguardar en caso particular; debe privilegiar la estancia en las instituciones públicas o privadas para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones vulnerables y es justo en este contexto, en el que se presenta la reforma que ahora discutimos, ya que su finalidad es que se dé aviso inmediatamente al consulado respectivo, al igual que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a la comisión estatal respectiva, cuando las niñas, niños y adolescentes migrantes, no acompañados sean alojados en una estación migratoria.
Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del Niño del 21 de septiembre de 1990, en el cual deriva el deber del gobierno de brindar la protección de manera pronta y eficaz a los menores que el Estado tiene bajo su cuidado.
Dicha obligación, además de la necesidad de adecuar nuestra legislación e impulsar políticas públicas mediante las cuales le podamos garantizar a nuestra niñez el cuidado que se necesita, como se ha venido haciendo a través de figuras como los oficiales de protección a la infancia, que han realizado un papel preponderante en la protección de las y de los niños migrantes no acompañados.
Por todo lo anterior Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, convencidos de que éste contribuye a su protección y a la vez que coloca a nuestra niñez en el centro de la atención de los tres órdenes de gobierno.
Como migrante y como padre de familia, estoy plenamente convencido de que debemos salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, siendo esto y quitando el partidismo que debemos de tener.
Hago un atento llamado para que todas y todos los compañeros diputados se sumen a la aprobación del presente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la voz la diputada Petra Barrera Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Petra Barrera Barrera: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes resulta una obligación ineludible para esta soberanía y por ello consideramos que el impacto de este fenómeno social debe abordarse desde una nueva perspectiva que considere la responsabilidad, la tutela de sus derechos, el contexto social y regional y la equidad de género para salvaguardar el interés superior de los menores, sean nacionales o extranjeros.
Debemos reiterar nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia en su conjunto, sin eludir a persona alguna por razón de su origen, pues la dignidad humana y la justicia deben prevalecer sobre las nacionalidades y fronteras.
Debemos aceptar que en nuestro país los menores migrantes desafortunadamente reciben maltrato, son víctimas de violencia, aislamiento, explotación, coacción e indiferencia, ya que se les priva de condiciones dignas de desarrollo, salud, convivencia y educación, siendo el grupo que, según la Unicef, presenta la tasa de mortalidad más alta y las condiciones de precariedad más atroces.
A pesar de las cantidades cada día más grandes de niños involucrados en este fenómeno, sus necesidades e intereses han sido sistemáticamente ignorados, pues han partido de su lugar de origen y se encuentran en una situación de irregularidad al internarse en nuestro territorio.
No permitamos que México se sume a la larga lista de países que han fallado al momento de reaccionar a este problema para ayudar a quienes se encuentran en esta situación.
México es un país de migrantes, pero también es un país de tránsito donde muchos menores extranjeros y nacionales, en búsqueda de una mejor vida, pueden ser separados de sus padres involuntariamente por causa de violencia familiar o voluntariamente por cuestiones asociadas a la criminalidad, por lo que es necesario tomar acciones consecuentes con la realidad para asegurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes afectados por el fenómeno migratorio.
Es momento de minimizar las severas consecuencias y costos sociales de la migración y el tráfico de menores, independientemente de su origen. Es momento de comprometernos con los derechos fundamentales de grupos varias veces puestos en situación desventajosa, pues en ellos pueden concluir varias situaciones de vulnerabilidad, ya que son menores de edad, también migrantes y donde también inciden variantes que agravan su contexto como el género a la nacionalidad, por lo que su realidad es mucho más frágil y dolorosa.
Es responsabilidad del Congreso establecer los diálogos necesarios y hacer las reformas necesarias para proteger efectivamente a quienes se encuentran en el desamparo.
Es por eso que saludamos a este dictamen, esperando que forme parte de varias acciones. Que todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles, empecemos a coincidir para lograr una nueva idea de dignidad y solidaridad, más allá de las fronteras que nos lleven en conjunto a una nueva idea de desarrollo.
Con el dictamen a discusión, si esta asamblea tiene bien a aprobarlo, se estaría avanzando específicamente en la coordinación de los esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno para los menores migrantes sin compañía de adultos, en cumplimiento de los compromisos internacionales de los que México es parte, y de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y los fines de la propia Ley de Migración.
Por lo que es necesario y responsable las propuestas contenidas en el proyecto que se expone, con el fin de que se garanticen de mejor manera los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes en pos de un desarrollo sano, integral y completo, pero también para formar un nuevo concepto universal de dignidad humana. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: No habiendo otra intervención solicitada, ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: El damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos, maestros y directivos de ciencias políticas y administración pública, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que están hoy aquí invitados por el diputado Benito Caballero Garza. Bienvenidos a esta sesión.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, a favor 434 votos, cero abstenciones, cero en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Para fundamentar el dictamen por la Comisión, tiene el uso de la voz el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Gracias, presidente. Honorable asamblea, me encuentro en esta tribuna a presentar el siguiente proyecto de decreto, mismo que da respuesta a la minuta envida del Senado a esta Cámara de Diputados durante la pasada legislatura, proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que fue dictaminada en la Comisión pasada y turnada a la Comisión que tengo el honor de presidir.
El Instituto Mexicano de la Juventud es el órgano rector de la política juvenil en este país, tiene el objeto de generar políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de los jóvenes de México. Dentro de sus atribuciones se encuentra la de realizar, promover y difundir los estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles, mismos que servirán para el diseño de políticas públicas en materia de juventud, y combatir las complejas realidades de los jóvenes de este país.
Estoy seguro de que el tema de juventud amerita una puntual y eficaz coordinación entre los distintos Poderes de la Unión. Por ello la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo para conocer a fondo y de manera puntual las problemáticas de la juventud, y que serán de gran utilidad para legislar en la materia atendiendo a la realidad de los jóvenes de este país.
Tomando en cuenta que hoy México tiene 36.2 millones de jóvenes con características peculiares de tipo social, económico y político, es indispensable que las acciones afirmativas del Poder Legislativo correspondan a estas realidades. Por esta razón se pretende que dictaminemos el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, agregando dos fracciones al artículo en mención y así otorgar al director general del Instituto la facultad de remitir a las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios de investigación relativos a la problemática y características juveniles, así como difundir los proyectos de desarrollo de la juventud y el seguimiento de las acciones y de los programas y sus propuestas.
Decía Aristóteles que el adquirir desde jóvenes tales o cuales talentos, no tiene poca importancia, es de absoluta importancia, y por eso este proyecto se les presenta para su decreto y está publicado en la Gaceta Parlamentaria, solamente quiero recordarles que hoy los integrantes de la Comisión de Juventud estamos conscientes de la necesidad del Congreso de la Unión, esté informado puntualmente sobre las problemáticas juveniles que hay en México y que así pueda legislar de manera oportuna, y por lo tanto, les pido atentamente, se analice este proyecto de decreto y sea votable favorablemente, para que así el Ejecutivo se disponga a sancionarlo y publicarlo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en recientes participaciones, desde esta honorable tribuna, he sido muy empático de la responsabilidad constitucional que se nos ha encomendado como legisladores, en el sentido de generar y modificar aquellas leyes que contribuyen a consolidar un marco jurídico sólido y con sentido social.
¿Qué quiero decir con esto, compañeras y compañeros diputados? Que los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, coincidimos con las iniciativas como la que ahora discutimos, toda vez que coadyuvan a garantizar los principios republicanos y democráticos, de transparencia y de rendición de cuentas que ambas son pilares del Estado mexicano.
En consecuencia, votaremos a favor del presente proyecto de dictamen, que permite al Congreso de la Unión conocer a profundidad los estudios e investigaciones que el Instituto Mexicano de la Juventud genera en temas que interesan a las y los jóvenes de México.
Sin embargo, es importante que reconozcamos que el espíritu del Poder Legislativo en México debe ser la creación y la modificación de leyes vinculatorias, que se traduzcan en acciones y políticas públicas articuladas y que deriven en mayor presupuesto y acciones para mitigar los profundos problemas que aquejan a mi generación.
En otras palabras, reformas como las que ahora discutimos, recobran mayor trascendencia, solamente si logramos establecer los mecanismos necesarios que comprometan al Estado mexicano a rendir cuentas de las políticas y acciones emprendidas en todos los ámbitos del gobierno, especialmente en materia de juventud.
Con ello, quiero expresar que los informes e investigaciones que se hagan llegar a esta soberanía no pueden convertirse en el objetivo último de las políticas en materia de juventud, mucho menos terminar en letra muerta en un archivo histórico.
Sin menoscabo del esfuerzo, en términos económicos, que implica la elaboración de dichos reportes, debemos considerarlos sólo como instrumentos de diagnóstico. Lo importante es que a partir de ello se implementen políticas encaminadas a transformar las condiciones en las que actualmente viven millones de jóvenes mexicanos.
El compromiso histórico de cada uno de nosotros, quienes integramos esta Legislatura, debe ser que aprobemos reformas e iniciativas de fondo que permitan mejorar las condiciones de desarrollo de cada uno de los jóvenes de este país.
En este sentido, quiero concluir mi participación haciendo dos llamados muy respetuosos. El primero, a votar a favor del presente proyecto de dictamen, aprobado en el seno de la Comisión de Juventud, porque es un paso más en la dirección correcta de este camino aun por recorrer en materia de jóvenes.
Y finalmente, exhortar a que juntos emprendamos un ejercicio permanente de reflexión, con el objetivo de mejorar y fortalecer aquellas propuestas en materia de juventud para que sean pertinentes, oportunas y eficaces, auténticas políticas públicas focalizadas en la implementación y en la mejora de la calidad de vida de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias al señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. El Estado mexicano se encuentra controlado por una minoría que utiliza el poder público para su beneficio.
El neoliberalismo, con sus políticas autoritarias, centralistas, clasistas, mercantilizantes, privatizadoras, desnacionalizantes han marginado a nuestra juventud, despojándoles de esperanza y de expectativas.
México es un país de jóvenes, así lo demuestra el Censo de Población y Vivienda 2010, el cual revela que los mexicanos entre los 12 y 29 años de edad suman 36.2 millones, lo que representa casi el 33 por ciento de los habitantes del país.
La edad promedio de la población en nuestro país se ubica entre los 26 años, inferior al promedio mundial que es de 28 años. Y es evidente que el gobierno federal no ha podido ser capaz de manejar y aprovechar el llamado bono demográfico de los jóvenes. Esto en particular en lo que respecta al mercado laboral.
Según datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación, la población económicamente activa se compone de 48 millones 732 mil personas, de las cuales más del 30 por ciento son jóvenes, por su parte la Unidad de Mercado Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo destaca que un 23 por ciento de los jóvenes ni estudia ni trabaja, y un 68 por ciento lo hace pero en el sector informal.
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 también, en México había en ese año un total de 822 mil 563 adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad que no asistían a la escuela, es decir, un 30.5 por ciento de la población olvidada por el sistema educativo de nuestro país.
En números absolutos las magnitudes son preocupantes, pues de los 4.18 millones de alumnas y alumnos que iniciaron el ciclo escolar 2010-2011 hubo 625 mil 142 que dejaron sus estudios. La mayoría de los casos por razones económicas.
En campaña nuestro candidato del Movimiento Progresista manifestaba algo aparentemente simple pero que reviste una gran profundidad, Andrés Manuel López Obrador decía –y en cada lugar donde se paraba encontraba eco–: Los jóvenes tienen que estar en la escuela o en el trabajo. Sin embargo, el sistema les da tres opciones: la migración a los Estados Unidos, la delincuencia organizada.
Y nosotros creemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y es indispensable darle esta facultad al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, es lo menos que podemos hacer en políticas de coordinación.
Cuando el Estado mexicano falla, cuando el Estado les falla a los jóvenes, la delincuencia organizada está ahí y la delincuencia n le está fallando a la juventud. Y hay que decirlo con esas palabras, así de grave está la situación.
Sin embargo, los jóvenes del campo que se están convirtiendo en migrantes, también tenemos que buscar desde estas instituciones restablecer el campo y recuperar a los jóvenes, porque sin sangre nueva el campo no tiene futuro.
Quiero recuperar una frase que se oyó mucho en el marco de la campaña política del 2012, las dificultades que enfrentan las democracias sólo se solucionan con más democracia. Y los jóvenes fueron ejemplo de lucha, de resistencia, de propuesta y de denuncia el año pasado.
Justo es que, ante esta exigencia desde democratización real del país y que se atrevieron a dejar las universidades para tomar las calles, parte de estos estudios y de estas políticas que estaría revisando el Congreso de la Unión también considere su voz la propuesta de los jóvenes y los movimientos sociales, políticos y culturales que ellos están protagonizando. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan Hidalgo. Invitados por el diputado José Antonio Rojo García de Alba. Bienvenidos a esta sesión.
Tiene el uso de la voz, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, seño presidente; honorable asamblea. Es bien sabido que a causa de los cambios demográficos acontecidos en el mundo en las últimas décadas, la juventud ha cobrado gran relevancia, pues en muchos países como el nuestro caso, la cantidad de jóvenes supera al número de cualquier otro grupo poblacional, ya que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, aquí en México existen 36.2 millones de personas consideradas jóvenes, que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad.
No obstante la importancia de la juventud para la actividad económico-social del país, por ser el principal componente de la población en edad de trabajar, hasta el momento el Estado mexicano no ha sido capaz ni en el ámbito gubernamental, ni en el legislativo, de generar leyes y políticas pública que atiendan de manera adecuada las necesidades de este segmento de la población.
El número de jóvenes con el que hoy cuenta México ha alcanzado su máximo histórico y esta situación extraordinariamente favorable, de contar con una fuerza de trabajo con enorme potencial, por el talento y el empuje que aportan las nuevas generaciones al desarrollo nacional, no volverá a repetirse en mucho tiempo.
Desafortunadamente de manera paradójica, la juventud de nuestro país se enfrenta a un panorama poco alentador caracterizado por la prevalencia de altos niveles de desempleo, marginación, violencia y problemas de adicciones entre los jóvenes.
Derivado de lo anterior, los miembros del Poder Legislativo estamos obligados a legislar en materia de juventud, con el objeto de garantizar a los jóvenes la protección de sus derechos fundamentales, así como su desarrollo integral.
La juventud demanda del gobierno: Que se diseñen políticas públicas, que le aseguren un mayor acceso a una educación de calidad, que fomente la creación de más y mejores empleos, que les garanticen así mismo el acceso a la salud sin ningún tipo de discriminación y que abran mecanismos para su participación en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Pero se debe señalar también, la imperiosa necesidad de que los responsables de tomar decisiones para revertir la situación actual de la juventud en nuestro país cuenten con información clara, confiable, precisa y relevante sobre la juventud mexicana que les permita identificar las principales problemáticas a las que se enfrenta y establecer las alternativas de solución de las mismas que sean más viables.
Asimismo, lo anterior resulta del hecho de que la juventud no es un grupo homogéneo sino que, por el contrario, cuenta con características sociológicas, económicas y culturales muy diversas.
Así pues, en el país confluyen varias juventudes con marcadas asimetrías entre sí, definidas principalmente en función de las desiguales estructuras de oportunidades de los diferentes grupos de jóvenes para acceder a determinados bienes, particularmente aquellos que proporciona el Estado.
Esto significa que existen grupos de jóvenes que están más y mejor educados de otros; o, bien, grupos que están organizados que ejercen una ciudadanía más activa y se sitúan en una posición más ventajosa respecto a los demás en cuanto se refiere por ejemplo a tener acceso a la justicia, conseguir un empleo, obtener un lugar para estudiar en alguna institución pública de educación superior o influir en las decisiones públicas.
Los jóvenes que se encuentran en condición de pobreza o aquellos que viven en zonas rurales no necesariamente comparten las mismas demandas e intereses de aquellos que pertenecen a las clases medias o que viven en espacios urbanos.
La acción gubernamental y la intervención de la sociedad encaminadas a convertir a los jóvenes en protagonistas del progreso nacional a partir del desarrollo de sus capacidades, es algo que requiere de una guía, de una herramienta que sirva de apoyo en esta toma de decisiones. Es por ello que esta herramienta de información lo puede ser el Instituto Mexicano de la Juventud, que puede resultar de gran utilidad para nosotros los legisladores.
Por ello en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente proyecto de decreto que adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que el director general del mismo esté obligado a remitir a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Saludo con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de 5o. y 6o. de primaria del Colegio Americano, que están hoy aquí invitados por el diputado Fernando Cuéllar Reyes. Bienvenidos a la sesión.
Tiene el uso de la voz la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados. La realidad de los jóvenes en México es por todos conocida.
En resumen, más de 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y de estos la mayoría son mujeres y jóvenes.
Poco más de la tercera parte de la población del país, esto es, alrededor de 35 millones de mexicanos, son jóvenes. El bono demográfico en México se ha desperdiciado.
Es apenas en esta Legislatura cuando se aprobó una reforma educativa incompleta, misma que no alcanza para aprovechar la fuerza creativa de la juventud, que tiene vigencia limitada y que al menos en este ciclo dejaremos ir sin aprovechar su enorme potencial.
Por eso esta iniciativa que representa un cambio aparentemente menor, en realidad significa que para nosotros los jóvenes el primer paso para construir una visión de nación que no sólo incluya, sino que aproveche nuestro enorme potencial.
Reza una máxima de ingeniería: “si no mides, no controlas”. El hecho de que a partir de ahora el Injuve esté obligado por ley a entregar un informe sobre el estado general que guarda la juventud mexicana, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, nos permite por fin diseñar desde la Cámara las iniciativas que permitan incluir a esta fuerza creadora basados fundamentalmente en la realidad concreta que vive nuestro país.
No es casual que las iniciativas propuestas hasta hoy poco o nada han hecho para revertir la situación de vulnerabilidad que vive la juventud.
No es casual que hoy más de 7 millones de jóvenes tengan cancelado su futuro. Y ¿cómo podría ser diferente si ni el Legislativo ni el Ejecutivo se habían preocupado lo suficiente por al menos conocer la realidad concreta que vive un tercio de la población mexicana?
Por ello el Grupo Parlamentario del PRD en la comisión primero y en este pleno ahora, apoyará este dictamen, en un primer paso para acercarnos a la realidad de los jóvenes.
Más importante aún es que este ejercicio de conocimiento forme parte de un trabajo sistemático, tal y como lo establece la adición propuesta al artículo 12 de la Ley del Injuve.
No habrá pretexto ya para que las Cámaras propongan ahora las iniciativas que nos permitan aprovechar la fuerza creativa de la juventud; no habrá pretexto tampoco para que este sector deje de ser el sector invisible de las políticas públicas en México.
En concordancia con este dictamen que permitirá conocer el estado que guarda la situación de la juventud en México, aprovecho este espacio para comentarles que en la agenda de los jóvenes en este momento se encuentra la democratización de los medios de comunicación y les comento también que el movimiento Yo soy 132, ante la Cámara de Senadores y ante la Cámara de Diputados, a través de diversas senadoras y diputadas, propusieron una ley de telecomunicaciones que obviamente no se le dio trámite. Sin embargo los ejes centrales de esta ley son: la democratización de los medios de comunicación, la eliminación de monopolios y duopolios y que se garantice el acceso a la sociedad civil al espectro radioeléctrico; en una tercera parte el Estado, en una tercera parte el sector privado y en una tercera parte la sociedad civil, en la que necesariamente tienen que estar incluidos los jóvenes.
Por ello, en unos minutos más que vamos a votar la ley de telecomunicaciones, veremos qué tan importante es para esta Cámara de Diputados la agenda de los jóvenes. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Humberto Armando Prieto Herrera: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El Instituto Mexicano de la Juventud ha sido desde su creación, en el año 2000, la instancia encargada de elaborar, publicar y difundir investigaciones en materia de juventud, entre otras funciones.
Algunas de las publicaciones más citadas son las relativas a la Encuesta Nacional de Juventud 2005 y 2010, así como la más reciente Encuesta Nacional de Valores de la Juventud, en el 2012. También tenemos los textos sobre emprendedurismo en los jóvenes.
Éstas y otras publicaciones buscan dar un panorama sobre la situación actual de la juventud y permiten comprender las circunstancias y retos sociales, políticos, culturales y económicos que tienen nuestros jóvenes mexicanos.
El Injuve es entonces una institución que ha encabezado un esfuerzo por estudiar y generar datos relativos a la juventud. Hasta el momento sus publicaciones han tenido gran réplica y han sido de utilidad para elaborar ensayos, documentos escolares, publicaciones de académicos e incluso como referencia para la elaboración de más investigaciones por otras instancias públicas y privadas que desean analizar el tema de la juventud en nuestro país.
Como principal generador de textos en la materia, resulta de suma importancia que el honorable Congreso de la Unión cuente con las publicaciones del Instituto Mexicano de la Juventud, especialmente considerando que de manera anual el Injuve publica entre ocho y 10 textos con amplios tirajes para su distribución en toda la república mexicana. Cabe destacar que en los últimos dos años el Injuve logró impulsar una cifra histórica de más de 40 publicaciones.
El primer paso para dar respuesta a los problemas que aquejan a la juventud mexicana es conocer a fondo su situación actual e incluso en algunos casos delinear posibles causas de los fenómenos y soluciones de política pública.
Cabe destacar que en el proceso de generación de textos, el Injuve ha puesto al joven no sólo como centro de análisis y como creador de soluciones. Algunos textos publicados emanan de la creatividad y análisis de los propios jóvenes expresados a través de concursos y proyectos como el Premio Nacional de la Juventud, el concurso Carta a mis Padres, donde los concursantes transmiten a sus padres un mensaje, y el Concurso Nacional de Debate Político, que fuera impulsado por los gobiernos humanistas de Acción Nacional.
Por todo lo anterior es muy importante que esta honorable asamblea, a través de la gestión de la Comisión de Juventud, cuente con un respaldo literario de estas publicaciones para poder legislar de manera más informada, en aras de legislar para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y así poder mejorar la vida de 36.2 millones de jóvenes que habitan nuestro país.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se muestra a favor de la iniciativa que fuera presentada por el senador Adolfo Toledo, mediante la minuta que envía la Cámara de Senadores y que pretende reformar y adicionar el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, agregando dos fracciones al artículo antes referido, otorgando así al director general del Instituto Mexicano de la Juventud el cual, cabe mencionar que hasta el momento, a más de 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha nombrado a este director. Es urgente y lo exhortamos a que lo haga de la manera más pronta.
Así el director general podrá tener la facultad para remitir a las mesas directivas de las cámaras del Congreso y al inicio de los períodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo los estudios e investigación relativos a la problemática y características juveniles, así como para difundir los proyectos de desarrollo de juventud y dar seguimiento a las acciones de los programas y por supuesto a sus propuestas.
Por lo anterior expuesto, invito respetuosamente a cada grupo parlamentario y a todos los diputados, a que sumemos esfuerzos y voluntades mediante el voto unánime de esta propuesta que habrá de darnos las herramientas que como legisladores necesitamos para trabajar por el bien común de los jóvenes mexicanos que han depositado sus más altas esperanzas en cada uno de nosotros. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la voz el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI suscribimos la aprobación del presente dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 del Instituto Mexicano de la Juventud, con el fin de institucionalizar el intercambio de información en el Instituto y entre las Cámaras de este Congreso de la Unión.
Estamos a favor porque la base de todo diseño de proyectos de legislación presupuestales y de políticas públicas, deben ser un diagnóstico certero.
Es muy común decir que los jóvenes son el futuro de nuestro país. Pero es poco común entender que el futuro es el resultado de lo que se hace o se deja hacer en el presente. Por tanto, el futuro de los jóvenes y del país que ellos tendrán en sus manos se conforma y se consolida en el presente del que todos somos parte.
Nosotros en lo particular debemos comprender que del desempeño de nuestra responsabilidad presente como legisladores jóvenes y del cumplimiento de nuestro compromiso actual con la juventud mexicana a la que representamos, depende ese futuro al que tanto se alude en el discurso, y que es, en efecto, el futuro de México y de los mexicanos que hoy son jóvenes.
Hemos explorado profundamente la importancia que tienen para nuestro país los 29.7 millones de jóvenes que oscilan entre los 15 y los 29 años que lo habitan, y que son la cuarta parte de la población, conjunto que como bien señala la comisión dictaminadora, comparta una rica heterogeneidad de realidades.
En la Comisión de Juventud de esta Cámara de Diputados estamos convencidos de que nuestra responsabilidad como legisladores debe partir de estas premisas y debe orientarse a la consecución de un propósito esencial, lograr que la educación, que el empleo, la salud, el medio ambiente sano, la participación de la vida social y política en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general, entre otros derechos humanos de los jóvenes, sean realmente y que se alcance gradualmente y firmemente a partir de la cual el desarrollo integral de la juventud sea la consecuencia más trascedente de la aplicación de las políticas públicas diseñadas en su beneficio.
Los factores socioculturales, económicos y geográficos marcan diferentes sustantivas en las formas en que los jóvenes de las regiones de nuestro país ejercen o dejen de ejercer sus derechos.
Observar estas diferencias es un factor clave para el éxito de las acciones dirigidas a este segmento de la población, llegar al nivel de detalle que permita formular estrategias diferenciadas conformes con las necesidades específicas de los diversos grupos de jóvenes, tendría que ser la base idónea para apuntalar las reformas legislativas que provean sustento normativo a una política de juventud integral en toda su expresión.
Evidentemente las expectativas y necesidades de un joven agrónomo en Sinaloa no son radicalmente diferentes a las que demanda una joven indígena en la comunidad de San Juan Chamula o un joven estudiante en el Distrito Federal. Atender en su particularidad estas características ubica con claridad los problemas que se quieren atenuar o las necesidades que pretenden atender, es el imperativo para trabajar eficazmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes mexicanos.
Al establecer que el Congreso de la Unión deba recibir periódica y regularmente publicaciones con información actual del contexto de los problemas que afronta la juventud, no estamos comprometiendo a trabajar con mejores elementos de análisis para generar mejores instrumentos legislativos y presupuestales, realizando acciones más certeras y oportunas.
De este compromiso los diputados del PRI refrendamos nuestra convicción y responsabilidad con la vanguardia del progreso de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para darle la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de octavo semestre de ingeniería petrolera, de la Universidad Olmeca de Tabasco, que están aquí invitados por nuestro compañero diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Bienvenidos todos a la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Como no hay otra intervención solicitada, le voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 456 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 456 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día, agenda política. Tenemos los comentarios de los grupos parlamentarios, relativos al Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez.
Tiene el uso de la tribuna la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras, señores legisladores, el personaje más emblemático de la historia independiente de México es el indígena zapoteco, cuyo natalicio conmemoramos el día de hoy, Benito Juárez.
Su vida y su obra es objeto de intensos debates, de profundas investigaciones, y sobre todo, de lecciones históricas que los mexicanos deberíamos aprovechar para proyectar un mejor futuro.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ha manifestado la adscripción liberal de su ideología. Creemos que un régimen de libertades constituye el mejor escenario para el florecimiento de la democracia, el desarrollo social integral, el pleno respeto a los derechos humanos y la expansión de una cultura de inclusión y respeto a las diferencias.
La primera connotación que evoca la figura de Benito Juárez tiene que ver con su apuesta histórica por el liberalismo, en un momento de enconada confrontación política y social en México. Juárez entendió que la profunda división, derivada de la falta de proyectos, acuerdos e identidad nacionales existentes al momento de la independencia, ameritaba fórmulas trascendentes de solución, basadas en la liberación de las fuerzas productivas, del pensamiento, de las creencias y del propio país.
La época de Benito Juárez nos mostró con gran claridad, que la división irreconciliable de los mexicanos puede llevarnos al desastre, al colapso social y económico y a la pérdida misma de la patria.
La polarización social, económica, ideológica, étnica y política que caracterizaba al México a mediados del siglo XIX, originó una situación de alta vulnerabilidad, que concluyó con la intervención francesa.
Frente a estas circunstancias, la generación de Benito Juárez tuvo la visión histórica de sentar las bases para fundar el Estado mexicano, a partir de la resistencia ante la intervención extranjera y una férrea defensa de la legalidad.
En esta conmemoración, ponderaré un aspecto poco comentado de la obra y pensamiento de Benito Juárez, en su faceta de forjador de instituciones, me refiero a la visión que el gran oaxaqueño tenía de la educación como instrumento de progreso, la libertad y la identidad nacional.
Tras la derrota del Ejército mexicano ante los invasores franceses, Juárez inició su larga travesía para establecer su residencia presidencial en Paso del Norte. En ese momento difícil de 1863, la república se reducía prácticamente a la férrea voluntad de un auténtico patriota.
Como escribió Justo Sierra en su evolución política del pueblo mexicano, en ese momento ante el Congreso y la Suprema Corte, habían sido disueltos y los gobernadores de los estados y su milicia locales sucumbían ante el Ejército francés, todo lo que quedaba de la soberanía mexicana estaba investido en Juárez y sus pocos ministros y oficiales militares.
La causa republicana estaba herida de muerte y Justo Sierra nos conmueve al reconocer la grandeza del alma de Juárez, aquel hombre sobre el que pesaban todas las dificultades, sin dejar por ello de confiar en el futuro de México.
En Benito Juárez encontramos la firmeza que proviene de una conciencia libre. El proyecto republicano y liberal se mantuvo incólume ante la ocupación del país y logró recuperar la independencia de una nación que pugnaba por dejar atrás el pasado colonial.
La Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa fueron parte de un difícil periodo que definió el curso del país hacia la conformación de un Estado moderno. El impulso hacia un cambio fundamental se debió a la brillante generación de líderes liberales de la que Juárez era parte y que tuvieron que derrumbar creencias, supersticiones y falsas doctrinas.
La tarea fue titánica porque el objetivo no era otro que la transformación social de México bajo una orientación republicana, democrática y laica.
Las leyes de Reforma y la Constitución de 1857 fueron promulgadas para suprimir privilegios, desamortizar la propiedad territorial y dar curso a un importante proyecto educativo que retomaba la vía ilustrada para poner fin a la subordinación de pueblo.
La separación de la Iglesia y el Estado fue la clave mayor de un proceso de emancipación que puso a México en la ruta de la modernidad política y permitió la afirmación del poder secular.
Ese logro hizo posible que al restaurarse la República en 1867, se constituyera un auténtico gobierno, capaz de resistir a las fuerzas que conspiraban contra el país y de ejercer su soberanía.
Juárez logró afirmar al Estado mexicano sin perder de vida que la democracia republicana es la antítesis del autoritarismo. El contraste entre el gobierno juarista y la dictadura de Porfirio Díaz estaría en la mente de los revolucionarios de 1910.
La figura histórica de Juárez va más allá de la del héroe y el estadista para asimilarse a la del educador libertario. Su pensamiento incluyó siempre la idea del avance social a través de la educación. Juárez asimiló la lógica interna de la reforma en el sentido de una transformación fundamental, a partir de la lucha contra la ignorancia.
Para el benemérito de las Américas, el Estado liberal solo podía ser definido realmente en el espacio de la educación pública, porque es ahí en donde pueden afirmarse las virtudes de una comprensión laica del mundo.
Se define así un giro educativo trascendental que impulsa la libertad de pensamiento al apartar las instituciones educativas de toda práctica confesional.
El concepto de educación pública adquirió una valiosa fundamentación en los debates que abrieron el camino a las Leyes de Reforma. Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, entre otros, rechazaron con fuerza el estancamiento y el dogmatismo para dar paso al espíritu de investigación, al avance de las ciencias y a la libertad ciudadana.
Sus ideas fecundaron las esperanzas de cambio que a lo largo del tiempo fueron modificando esa realidad inestable y desordenada de la que México surgió como nación independiente.
Benito Juárez se interesó por los problemas educativos desde el tiempo en que fue funcionario y gobernador de Oaxaca. Su ideal educativo era el de la enseñanza pública, laica y gratuita.
En esos conceptos veía la esencia del Estado nacional y los vinculaba a los altos valores de la democracia, la honra de austeridad, respeto, independencia y libertad.
En 1867, al concluir la guerra contra los franceses, el presidente Juárez invitó al doctor Gabino Barreda a emprender la reorganización de la educación pública, misma que estuvo representada por la creación de la Escuela Nacional Preparatoria.
La concepción liberal dio paso a las idea positivistas centradas en el orden y el progreso, pero no hay que perder de vista que esa reorganización educativa fue el triunfo de un pueblo que resistió la intervención extranjera y que se puso de pie para afirmar su libertad desde las escuelas.
La educación pública laica y gratuita es una conquista de los liberales del siglo XIX y de los revolucionarios del siglo XX, preservarla y desarrollarla es una tarea fundamental para el avance democrático de nuestro país en estos tiempos de cambio y de búsqueda de nuevas soluciones para viejos problemas.
El ejemplo de Juárez nos debe acompañar a cada paso hoy, y en cada decisión policía. En el legado juarista está una reserva de dignidad, libertad, generosidad y visión de largo alcance que no podemos perder. Benito Juárez es una presencia ética, siempre vigente, con la que podemos contrastar las acciones de quienes sólo persiguen intereses políticos. La inmensa altura histórica del liberal demócrata oaxaqueño nos permite distinguir entre los afanes de poder y las verdaderas aportaciones al progreso del país y a la libertad efectiva de los ciudadanos.
Al emprender las reformas que México necesita es preciso recordar la difícil condición que enfrentó Juárez para preservar la república y transformar la realidad nacional a partir de una profunda voluntad democrática. Su lucha contra los privilegios abrió el camino al Estado moderno, sustentado en la universalidad del derecho.
Por ese cause debemos conducir la acción legislativa, que es capaz de propiciar cambios fundamentales en beneficio de la sociedad. Con Juárez en la memoria y de acuerdo con su visión serena de la educación pública podemos decir que en efecto la instrucción es la base en la prosperidad de un pueblo, y a la vez el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder.
En Nueva Alianza conmemoramos con respeto el natalicio de Benito Juárez, y creemos que el mejor homenaje consiste en reflexionar sobre las lecciones que su obra histórica puede ofrecernos para hacer de México un mejor país. Qué viva Juárez siempre en la mente y en el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz, el diputado Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la conmemoración del 207 Aniversario del Natalicio del más universal de los mexicanos, don Benito Juárez García.
En un día como hoy, hace 207 años, en un agreste lugar de la sierra oaxaqueña, San Pablo Guelatao, nació don Benito Juárez. Desde pequeño enfrentó la adversidad, al morir sus padres se trasladó a la ciudad de Oaxaca en busca de los horizontes que la pobreza, ignorancia y marginación de la zona donde nación, no le podían ofrecer.
A los 13 años sin hablar español llegó a la casa de don Antonio, donde una de sus hermanas era empleada doméstica, de la mano de su padrino Antonio, aprende a leer y a escribir en español, y posteriormente se gradúa de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca.
Parecía que sus penurias económicas habían llegado a su fin, puesto que podía dedicarse al ejercicio libre de su profesión jurídica. Sin embargo, los avatares por los que atravesaba la República, lo obligaron a tomar partido entre los dos grandes grupos que disputaban el poder en el país: liberales y conservadores.
En 1847, como diputado federal, aprobó el préstamo que el Presidente Gómez Farías solicitó a la Iglesia para financiar la guerra contra los Estados Unidos de América, que de manera injusta nos había invadido y en lo que a la postre perderíamos más de la mitad de nuestro territorio.
Con ese acto, entre muchos otros, el licenciado Juárez se percató que los intereses de la Iglesia Católica en México no eran ni remotamente los intereses de la sociedad mexicana, pues a este grupo, la Iglesia, solo le interesaba incrementar sus riquezas y que no se vieran afectados sus intereses.
En octubre del 47, es designado gobernador sustituto en Oaxaca y en 1848 se le designa gobernador constitucional, cargo por el que es reelecto en 1849. En 1853, es desterrado junto con otros distinguidos liberales como don Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga, pasando por Cuba hasta Nueva Orleans.
Al estallar el primero de marzo de 1854, la Revolución de Ayutla, se traslada al actual estado de Guerrero para ponerse al servicio de don Juan Álvarez y contribuir al triunfo de la causa liberal. El Presidente Juan Álvarez, lo designa secretario de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos, a él corresponde la expedición de la ley que lleva su nombre, en la que se suprimen los tribunales especiales y los fueros de las corporaciones, con el propósito de lograr la igualdad de todos ante la ley. Desde luego la Iglesia y el Ejército se inconformaron ante dicha medida, habida cuenta que pretendían seguir contando con un régimen de excepción que siempre les favoreció.
Como resultado del Congreso Constituyente del 56-57 es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo del que solicita licencia para colaborar en el gabinete del Presidente Comonfort, quien al dar el golpe de Estado, el 17 de diciembre de 1857, se aparta del cargo que protestó cumplir para convertirse según sus propias palabras, en un vulgar golpista.
Comonfort ordenó aprehender al licenciado Juárez en las oficinas de Palacio Nacional, siendo liberado en enero de 1858 y ocupando la Presidencia de la República -que por disposición constitucional le correspondía-, instalando su gobierno en Guanajuato, para posteriormente trasladarse a Guadalajara e iniciando la guerra de los Tres Años o de Reforma, ya que el grupo conservador reclamaba para sí en la persona de Ignacio Zuloaga.
Al trasladarse a Veracruz en julio de 1859, expide en dicho puerto las Leyes que se conocieron como de Reforma, siendo la primera de ellas la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos en donde en los considerandos se establece que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero, es conseguir sustraerse de la dependencia de la autoridad civil.
Además, conforme al artículo 1o, entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero ha estado administrando con diversos títulos. Y en el artículo 3o, se estableció la separación entre el Estado y la Iglesia y que a la letra señala: Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra.
El gobierno de la República vence a la reacción el 22 de diciembre de 1860 en los llanos de Calpulalpan y regresa a la Ciudad de México en enero del 61. Ante la penuria económica el Presidente Juárez se vio obligado a promover una ley que suspenda el pago de la deuda pública por dos años. La presión internacional obliga al gobierno a dejar sin efectos la ley y seguir pagando como se pueda y donde se pueda.
En octubre de 1861 se integra con base en la Convención de Londres la Alianza Tripartida integrada por España, Inglaterra y Francia para exigir a México el pago de sus deudas. Con ese propósito arribaron a Veracruz la escuadra española, inglesa y francesa, lográndose una negociación exitosa con los gobiernos de España e Inglaterra.
Sólo permaneció en nuestro territorio la escuadra de Francia, evidenciando las intenciones de Napoleón III de imponer sus afanes intervencionistas en México. No obstante la grave situación de la patria, se logró armar al Ejército de Oriente designando al general Ignacio Zaragoza como comandante del mismo.
El 5 de mayo de 1862 se escribió la más hermosa de las páginas de las Armas Nacionales al derrotar en los cerros de Loreto y Guadalupe al invasor francés. Tan es así, que el propio general Zaragoza, en el parte enviado al presidente de la República el 6 de mayo, le expresa: Las Armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria y por ello felicito al primer magistrado de la República por el digno conducto de usted, en el concepto de que pueda afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el Ejército Mexicano durante la larga lucha que sostuvo; tuvo que pasar un año para que la ciudad de Puebla, al estar sitiada por 72 días, cayera en manos del invasor el 17 de mayo, no obstante la férrea defensa que encabezó el general Jesús González Ortega.
El presidente Juárez tuvo el mérito de reunir en torno a la defensa de la patria, a la más brillante generación de mexicanos: Ocampo, Arriaga, Prieto, Zarco, Santos Degollado, Zaragoza, Escobedo, y muchos más, cuyos nombres honran los muros de honor de este recinto, y por supuesto contar con el apoyo de la masa anónima del pueblo mexicano.
Esto permitió enfrentar la invasión francesa y lograr el 15 de mayo de 1857 en Querétaro, vencer a la farsa de imperio que desde Europa se pretendió imponer en México.
Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es importante que los mexicanos aprendamos de Juárez y de la generación de la reforma, que el principio fundamental que debe regir la actuación de todo servidor público, es la justa medianía.
Como dijera Melchor Ocampo: “servir a la patria es el mayor honor que un mexicano puede tener”. A 207 años del nacimiento del inmortal indio de Guelatao, nos queda el ejemplo de sacrificio y de amor a la patria.
Al servir a la república en un cargo público no se hace para enriquecerse al amparo del poder, no se hace para beneficiar a los amigos con concesiones ni contratos. Es más, como él lo dijo, se debe vivir en la justa medianía.
Por eso hoy 21 de marzo, a los 207 años, el grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebra el natalicio del inmortal indio de Guelatao y hacemos nuestra su frase que engalana este recinto de que: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Juárez nos enseñó que gobierno que no cuenta con el apoyo popular, no tiene viabilidad; que ningún gobierno puede enfrentar a los poderes fácticos como él lo hizo con la iglesia, si no cuenta con el apoyo de la gente.
Juárez vive en la memoria colectiva del pueblo de México; vive en los anhelos de superación de muchísima gente que como él, no tuvieron oportunidad y han tenido que vencer las adversidades. Termino, diputada presidenta.
En el pasado reciente un gobierno creyó que con sacar el retrato de Juárez de la Residencia Oficial de Los Pinos, se le sacaba de la memoria colectiva de la historia del país. Nada más falso. El espíritu de Juárez vive en cada mexicano que ama a la patria y que está dispuesto a transformarla anteponiendo el interés de la república a cualquier interés faccioso.
Por eso desde la más alta tribuna de la nación decimos con vigor: Viva el presidente Benito Juárez García; viva México.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado José Luis Márquez Martínez.
Aprovechamos para dar la bienvenida a los estudiantes en derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Jesús Morales Flores. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, aprovecho esta máxima tribuna del país para decirles a todas las comunidades indígenas del pueblo de México: to ba chonun, ndutiaca, so ñe nio so ñe ivacú, so ñe Rancho ingú Benito Juárez García. Un saludo fraterno a todos mis hermanos indígenas que habitan a lo largo y ancho de nuestra república mexicana.
La nación mexicana rinde el día de hoy un homenaje a uno de los personajes nacionales con mayor proyección a nivel mundial, don Benito Pablo Juárez García, nacido en la sierra zapoteca del estado de Oaxaca el 21 de marzo de 1806.
Es innegable la influencia que Benito Juárez tuvo dentro de la historia mexicana. Como abanderado del pensamiento liberal del siglo XIX fue promotor de reformas en materia de educación, instauró el registro civil, logró separar la injerencia eclesiástica de las decisiones del Estado, fue firme defensor del sistema republicano y del desarrollo a partir del trabajo y la propiedad privada.
Tuvo que lidiar con crisis políticas en distintos frentes. Por una parte, se confrontaba con los sectores conservadores de la política mexicana y, sin embargo, no dictó políticas que atentaran contra la libre expresión de las ideas.
Por otro lado, supo lidiar con gran convicción y dignidad con múltiples presiones internacionales, incluso con invasiones de potencias extranjeras, siendo México el único país que pudo derrotar a las fuerzas militares de la entonces potencia bélica francesa, bajo el mando de Napoleón III.
A su vez, su gobierno republicano resistió la imposición de un emperador extranjero, producto de un pacto entre conservadores mexicanos y la capacidad bélica y las armas de una potencia europea.
Hasta la fecha se recuerdan sus ideas de respeto: “Tanto entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, antecedente de lo que posteriormente se consagraría en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
Para su época fue un personaje visionario que enarboló ideales progresistas como los de democracia, educación, libertad y justicia.
Tenía 20 años Benito Juárez cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se graduó como licenciado en derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a expresar sus puntos de vista liberales y a participar activamente en la política.
En 1931 Juárez fue electo regidor del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez y al año siguiente diputado al Congreso del estado.
La energía con que defendió los intereses que representaba le valió que en 1846 fuera diputado por Oaxaca en el Congreso de la Unión.
Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, cargo que permaneció hasta 1852. Cuando fue diputado federal en la ciudad de México afianzó sus relaciones con los liberales.
En 1853 fue expulsado a Cuba por el entonces dictador López de Santa Anna, pero regresa en 1855 gracias al presidente Juan N. Álvarez, que lo nombró Ministro de Justicia e Instrucción.
Desde este cargo recortó los privilegios del clero y del ejército. Sus disposiciones legislativas que inspiraron la Constitución de 1857 de corte liberal, motivaron la reacción de los conservadores quienes se pronunciaron al año siguiente en el Plan de Tacubaya. Comonfort pactó con ellos, dio un golpe de Estado y encarceló a Juárez, lo cual fue el detonante de la Guerra de Reforma.
Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juárez que había conseguido huir, se convirtió en el presidente legítimo de acuerdo con la Constitución y estableció su gobierno en el estado de Veracruz.
En 1858 se convierte en presidente de México y al año siguiente promulgó la famosa Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; logró derrotar la dura oposición de los conservadores en 1860 con la ayuda de Estados Unidos, pero en 1862 los franceses invadieron a México e impusieron como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Benito Juárez lideró la resistencia; sus tropas derrotaron al usurpador y lo fusilaron en 1867.
Según fuentes históricas, la estancia en el poder el emperador Maximiliano no tuvo mayor éxito porque dicho personaje se enfrentó a un monstruo de tres cabezas.
Napoleón III quería tener injerencia en México a través del control de las decisiones del emperador mexicano, cosa a la que éste último se opuso rotundamente, lo que aunado a problemas al interior de Francia provocó que se le quitara el apoyo militar al emperador.
Juárez y los liberales naturalmente no lo aceptaban por su llegada violenta e ilegítima al poder, atentando contra el principio de no intervención entre naciones y porque contravenía a los principios democráticos republicanos y de independencia que ellos pretendían para nuestro país, y por su cercanía diplomática con el gobierno americano.
Hace unos cuantos años en Bolivia Evo Morales abanderó la llegada al poder del segundo presidente de origen étnico autóctono en América Latina, esto a casi 150 años de que Juárez asumiera por primera vez el poder, los pueblos indios de Bolivia encontraron representación en una persona con su mismo origen.
Juárez fue el primer presidente indígena y sigue siendo el único en una nación formada a partir del mestizaje, donde históricamente en los pueblos originarios han sufrido de la constante exclusión y a veces de una escandalosa humillación y abuso de poder por partes de quienes lo ostentan.
Es cortés reconocer el gran esfuerzo y los logros propios de alguien a quien su situación social lo desfavorecía; sin embargo, enarbolar esto de manera exagerada como se tiende a hacer, es muestra que aún vivimos en una sociedad sumamente desigual, donde los orígenes étnicos siguen siendo un estigma que cargan las comunidades indígenas. En un país donde gobernó un presidente de origen indígena uno pensaría que las condiciones de esos pueblos mejorarían, uno pensaría que se les daría un espacio de autonomía sin acotarlos a espacios controlados, sin pretender transformarles donde la inclusión, aunado al respeto de las cosmovisiones distintas convivan en una identidad de nación, no única y exclusiva sino un espacio multicultural.
En la época de democracia Juárez expandió por todo a lo largo y ancho del país la educación gratuita y laica, esperando que las celebraciones de natalicio del Benemérito de las Américas no sean como un mero estandarte político a ultranza, que su figura no sea usada por defender intereses mezquinos, sino abanderar causas de justicia y democracia.
Juárez fue un gran visionario en su época, pero qué lejos estamos, compañeros, qué lejos estamos de ellos. Hoy las cosas han cambiado y por mucho en detrimento de millones y millones de mexicanos, los obreros; las amas de casa; los campesinos; las comunidades indígenas, pues con las reformas estructurales que se están dando y que están pactando los poderes fácticos están sometiendo, están soslayando, están aniquilando la esperanza de millones de mexicanos para proveer o acceder a un mejor porvenir, como sucedió con la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de la Ley de Amparo, en detrimento de los núcleos agrarios, y ahora con la Ley de Telecomunicaciones que en próximos días aprobarán, en donde están excluidas las radios comunitarias, el único medio que sirve para comunicarnos los pueblos originarios y las comunidades indígenas, como el famoso Pacto por México, en donde excluyeron de manera brutal la opinión de las comunidades indígenas ahora con esta nueva Ley de Telecomunicaciones para que la misma mafia en el poder siga controlando los intereses del pueblo de México.
Por eso decimos nosotros que los partidos mayoritarios –y quiero aprovechar esta tribuna- no son congruentes, quieren utilizar el tan cacaraqueado programa Cruzada Nacional contra el Hambre, donde fueron excluidos muchos municipios de las comunidades indígenas en extrema pobreza y que viven en la total miseria. En donde pretenden utilizar nuevamente a las comunidades indígenas como botín político y caso de ello el estado de Oaxaca, la cuna del prócer, el más grande patricio que ha dado México.
Por eso, compañeras y compañeros, no se rasguen las vestiduras viniendo a decir acá que están a favor de las grandes mayorías. Ya lo dijo Juárez: “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado, y anteponiendo una disculpa. Una corrección para su nombre, diputado Juan Luis Martínez Martínez.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: “Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi patria y que amo la libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones”, Benito Pablo Juárez García.
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Partido Verde nos sentimos muy honrados de hacer uso esta tribuna para honrar la memoria de uno de los más grandes próceres de nuestra nación, a 207 años de su natalicio, nos referimos a don Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas, el constructor de patrias.
Don Benito Juárez nació un día como hoy pero de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Un pueblo al que nadie prestaba atención y en el que ni siquiera había escuela o Iglesia y en el cual apenas se hablaba español, lo cual no impidió que Juárez lograra terminar sus estudios de jurisprudencia y se convertirá a la postre en presidente de México.
A pesar que Juárez nació, como lo señala Fernando Benítez, en las postrimerías del periodo medieval y por la ascendencia indígena sufrió en carne propia las consecuencias del lacrante sistema de castas, propios de la época, éste es reconocido como el líder de una generación de liberales empeñados en la construcción de un nuevo país, de un país en el que las leyes se encontraran por encima del poder del clero, de los militares y de los hacendados, entre otras reminiscencias coloniales.
Si bien, en 1821 obtuvimos nuestra independencia de España, lo cierto es que en los hechos, tanto el pueblo como las instituciones, el territorio, había una inmensa cantidad de bienes muebles e inmuebles que se hallaban sometidos al poder de la Iglesia Católica.
El clero se había adueñado de las consciencias de la gran mayoría de los mexicanos y a su servicio, por increíble que nos parezca, se encontraba el Estado. Por tanto, hacía falta construir una nueva nación, pero había que hacerlo sobre bases democráticas, inspiradas en los más altos ideales de justicia, libertad e igualdad, y ése es precisamente el gran legado de Juárez.
El proyecto juarista puso por encima del poder de la Iglesia el interés superior de la nación, gracias a ello fue posible la organización jurídica de nuestro país, al que se pretendía dotar de una autonomía, reivindicando con ello la soberanía nacional.
Por lo anterior, Juárez representa un símbolo de la lucha en contra de la restauración del orden establecido en La Colonia, que el conservadurismo mexicano pretendía llevar a cabo.
La importancia histórica de Juárez es crucial para comprender la historia política de México en una época en el que el país necesitaba de una clase política a la altura de las graves circunstancias por la que atravesaba la nación.
La labor política de Benito Juárez fue decisiva para la configuración del México moderno. Él se convirtió en la piedra en el zapato de los más nefastos apetitos políticos. Aglutinó a los estamentos sociales más débiles y a la vez, numerosos. Y los convenció de la necesidad de transformar al país.
Gracias a las reformas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Juárez fue posible deshacer el monopolio de la justicia y poner a las instituciones civiles al alcance de todos los mexicanos.
Juárez fue un reformador incansable, forjador de la república, que se caracterizó siempre por su valor, su humanismo y su honestidad, cualidades que supo poner al servicio de la patria.
No podemos olvidarnos que Juárez pugnó por el ejercicio republicano del poder, al margen de los lujos y las extravagancias a los que la clase política nacional estaba acostumbrada.
Juárez sorteó con extraordinaria templanza y tenacidad las adversidades que enfrentó su administración. No se puede soslayar el hecho de que su gobierno haya sido en gran medida un gobierno itinerante que careció de una sede efigia y despachó prácticamente por todo el territorio nacional, huyendo del acoso y la persecución de que fue objeto por parte de las fuerzas conservadoras.
En suma, Juárez, su obra y su actuar representan un símbolo del espíritu republicano con quien todos quienes ocupamos cargos públicos estamos obligados a conducirnos.
Don Benito Juárez, un ejemplo de dignidad ante las ambiciones imperialistas de las potencias extranjeras. Y su legado debe imitarse si es que se quiere dignificar, al tiempo de engrandecer la noble tarea de gobernar. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina.
Saludamos a personas del voluntariado del Hospital General de Dolores Hidalgo, del estado de Guanajuato, invitados por la diputada María Esther Garza Moreno. Sean bienvenidos.
El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en el marco del natalicio de don Benito Juárez, benemérito de las Américas, queremos resaltar el estado laico, que para nosotros significa el gran legado para el Estado mexicano.
Porque consideramos que con él se instaura un nuevo paradigma constitucional. Con él da origen a la segunda a la Segunda República, pero también pensamos que al eliminar el oscurantismo en el que se había tenido a nuestro país se sientan las bases del libre pensamiento que ha dado origen al desarrollo tecnológico de nuestro país, que con todo y sus vaivenes actualmente lo estamos disfrutando.
Las leyes de reforma impulsadas por los políticos liberales, encabezados por Benito Juárez, fueron un conjunto de normas que dieron origen al Estado laico mexicano, suprimiendo el fuero civil para los religiosos y los militares, desamortizaron los bienes eclesiásticos, posteriormente se establecieron el registro y el matrimonio civil, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos, y con una inspiración federalista y republicana se promulga la Constitución de 1857, que establece una república federal y se denomina su Título I, sección I, De los derechos del hombre, con lo que se deja de lado el poder y la entonces desmedida influencia de la iglesia católica sobre nuestro tan noble y como siempre pueblo mexicano.
En este sentido, nuestra Constitución recoge este gran legado juarista. El artículo 3o. establece que la educación impartida por el Estado será laica y se mantendrá por completo ajena a las doctrinas religiosas, sin dejar de reconocer la libertad de culto establecida en el artículo 24 constitucional; o el artículo 130, que establece textualmente la separación del Estado y las iglesias.
Y, en este sentido, le vamos a tomar la palabra al secretario de Educación Pública. Uno de los productos que el día de ayer obtuvimos en la comisión debido a su comparecencia es que formemos una comisión entre funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y diputados para, previo muestreo, revisar la currícula de las escuelas privadas para ver hasta dónde efectivamente la enseñanza que se está impartiendo principalmente en el nivel básico está libre precisamente de eso que separó Benito Juárez con ese gran equipo de ilustres mexicanos que lo acompañaban.
Es bien sabido por más de uno de nosotros que aún en la actualidad la educación religiosa tiene una gran influencia en la currícula, y sobre todo en las escuelas particulares. Creo que no debemos permitir que esto se siga dando con la consideración de las autoridades educativas, porque siento que estamos traicionando ese gran legado juarista.
En este marco, el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática tiene como una de las líneas de su agenda legislativa el fortalecimiento de un Estado laico y ético, con vocación de servicio público, respetuoso de la libertad de culto, pero en el marco de los límites del respeto a la diversidad de creencias y a los derechos y libertades de las personas. No podemos permitir un retroceso en esta conquista histórica que inició el Benemérito de las Américas, y que ha costado sangre mantener a través de nuestra historia.
El Estado laico como elemento detonante del goce pleno de los derechos y libertades sin prejuicios, ni fanatismos.
En este sentido, nuestro grupo parlamentario considera que tiene algunos pendientes legislativos, entre ellos revisaremos que no entre en contradicción la reforma del artículo 24 con el artículo 40 constitucional. Tenemos pendiente la elaboración de la legislación reglamentaria del artículo 40 constitucional para dotar de contenido lo referente al Estado laico, desde una perspectiva de derechos humanos a partir del nuevo paradigma constitucional.
Hay que revisar la normatividad aplicable en los ámbitos educativos, social, laboral, agrario, de salud, entre otros, para evitar la discriminación por motivos religiosos, para materializar el pleno respeto a la diversidad y garantizar los derechos fundamentales.
La izquierda como una opción política, capaz de dirigir a nuestra sociedad, considera que el Estado mexicano del siglo XXI, está comprometido a defender y mantener su carácter laico y debe velar para que la educación responda a los principios establecidos en el artículo 3o. constitucional: democrática, crítica, alejada de todo fanatismo, científica y permeada con los más altos valores universales de la convivencia humana; la solidaridad internacional y los derechos humanos.
El Estado laico –hay que subrayarlo– no es anticlerical, sino por el contrario, establece las bases para el pleno respeto a la diversidad, a la libertad de culto, al derecho a la privacidad, a la intimidad, a la sexualidad, a la identidad de género, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Se han de establecer límites entre lo ámbito de lo público y lo privado, pues el Estado democrático es el que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas, justamente desde la claridad que permita la naturaleza laica del mismo. No podemos dar marcha atrás en las conquistas históricas que ha costado sangre a lo largo de nuestra historia. Es inaceptable regresar a un Estado confusional que permeo los primeros años de nuestro México independiente.
En ese sentido, y espero no lastimar a nadie, pero habrá que decirlo, consideramos que es aberrante cómo las autoridades, cómo el Ejecutivo federal vulnera el carácter laico de México presenciando y participando de un acto enteramente religioso, violando las legislaciones mexicanas vigentes; enviando un mensaje discriminatorio a los sectores de la sociedad que no comulgan con la ideología católica, inclinándose a promocionar y patrocinar a una confesión religiosa.
Nos pronunciamos en contra de prácticas que menoscaban el carácter laico del Estado mexicano por servidores públicos, estos últimos tienen el mandato por lección de una sociedad plural y diversa a la que representa, y en este entendido a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 25, tercer párrafo, expresa: Que ninguna autoridad federal, estatal y municipal puede asistir a un culto religioso en su calidad de servidores públicos.
Y si esto no es suficiente, me voy a permitir darle lectura a una de las grandes aportaciones que hace don Benito Juárez García en este marco de laicidad; y dice: Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Víctor Rafael González Manríquez.
Saludamos a alumnos del Instituto Universitario Francisco Ugalde de la ciudad de Tehuacán, Puebla, invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero. Bienvenidos.
El diputado Víctor Rafael González Manríquez: Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Conmemoración del Natalicio del Presidente Benito Juárez.
El 21 de marzo de 2013 se conmemoran 207 años del natalicio del ex presidente de la República Benito Juárez. A los políticos del presente nos corresponde nutrir una parte de nuestro pensamiento y acción en los hechos de la historia, asumiendo en su justa dimensión las luchas populares, la esta de los héroes y los sucesos que dieron forma a los cuatro grandes movimientos sociales que han definido el perfil del México contemporáneo. La Independencia; la Reforma; la Revolución; y la transición a la democracia.
Recordar la trayectoria del Presidente Benito Juárez nos obliga a considerar el valor de su legado que significa para México libertad y soberanía. Para eso tenemos que mirar tanto al hombre como a su tiempo, destacando en todo caso lo que la figura del Presidente Juárez representa en la definición del México actual y como parte fundamental del pasado común de todos los mexicanos.
Nosotros los panistas concebimos a los hombres, incluyendo desde luego a los héroes nacionales como seres humanos, capaces de tener aciertos y susceptibles de cometer errores. No son oportunas las remembranzas que describen a los personajes o al mito de perfección, como tampoco las condenas escritas desde la visión del rencor y la venganza, sino de verter los efectos irreversibles de procesos históricos y culturales que van más allá de las capacidades de hombres específicos por muy poderosos que han podido ser.
Ezequiel Chávez, ilustre humanista y miembro distinguido del Colegio Nacional, así como fundador del Partido Acción Nacional, nos ofrece una visión objetiva de la obra de Benito Juárez El ser Humano con Aciertos y Errores, escrita en el primer lustro de la década de los 40, la cual echa por tierra los fantasmas del supuesto antijuarizmo del PAN.
Cito: Aunque mezclados en gran número con motivo de acción reprobables y con erróneos conceptos de lo que fuera mejor para México, no cabe duda tampoco en que asimismo hubo motivos de acción superiores, conceptos de vida mejor dignos de respeto en varios de los jefes distinguidos del Partido Reformista.
Aunque Juárez no sea el hombre siempre admirable que llegaron casi a deificar muchos mexicanos, no es tampoco el hombre totalmente execrable que otros mexicanos han visto en él, que gobernado en lo más íntimo por la ambición personal de mando tuvo lealtad a sus convicciones políticas y supo oír a sus colaboradores.
Ahora bien, si se considera a Juárez como tantos lo hacen, como uno de los forjadores de la patria, no es claro que si así con conciencia se forjan juicios a su respecto, se tendrá que concluir que todo buen patriota deberá a lo menos superarlo.
Deberá sin duda hacerlo juntamente en fórmulas de concordia todo lo que él dividió y para este alto fin no será a fuerza combinar los empeños de todos los mexicanos sin lo cual la patria no llegara a ser una.
Los legisladores del PAN consideramos que el presidente Benito Juárez, ,como mandatario, tomó decisiones que como todo político en cualquier época oscilaron no sólo entre lo bueno y lo malo, porque también tuvo que optar varias veces como lo exponen los libros, entre el mal y el mal menor; entre alternativas que pudieron ir de uno o en otro sentido.
Por ello la historia da cuenta de la polémica y el impacto de determinaciones que sólo se atreven a tomar los grandes hombres de Estado.
No podemos olvidar que el presidente Juárez ejerció el poder en la época quizás más complicada e incierta en la historia de México.
La nación sufría una interminable guerra civil; la sucesión de planes y asonadas, una miseria e ignorancia generalizadas; un grave conflicto ideológico; la reciente mutilación del territorio nacional; una perenne debilidad institucional; carencia extrema de recursos; desorden interno e intervención extranjera.
Todos estos datos subrayan el dramatismo de los retos que hubo que afrontar el presidente Juárez, en las condiciones menos apropiadas para ejercer el poder, situación que dio lugar a una serie de decisiones controvertidas que han sido analizadas desde múltiples puntos de vista, desde su época y que marcaron el legado de Benito Juárez para México y para el mundo.
Benito Juárez, el hombre, fue formado en la fe y en la razón, predominando en su actuar político la segunda. Hombre de ideas y representante de una ideología liberal que explicó de manera resuelta y radical.
No fue extraño que ante las circunstancias en las que desarrolló su gestión y ante la naturaleza de su ideología personal, el presidente Juárez haya decidido recurrir a todos los medios a su alcance para mantener el poder, para construir a la república desde su perspectiva liberal y para intentar en lo posible establecer leyes e instituciones que respondieran a los problemas e insuficiencias que observó o padeció en carne propia a lo largo de su vida.
El resultado de esta obra se proyecta hasta el México del presente. Benito Juárez no fue ni mucho menos, un hombre que cediera o claudicara en la lucha por hacer realidad sus principios.
Su tesón y determinación se convirtieron en la voluntad que restauró la república y construyó el Estado laico.
Benito Juárez cultivó virtudes que deben destacarse más allá de las naturales pasiones y los inevitables errores en el ejercicio de la actividad política.
La austeridad republicana identificada en la imagen de un funcionario que no se enriqueció a expensas de su cargo, que mantuvo un patrón de vida digno y sin ostentaciones, que pese a todos los obstáculos, formó una sólida familia y que ante las adversidades, asumió una fortaleza interior y una capacidad de resistencia pocas veces vistas en la historia de México.
Su origen y su ejemplo de vida, son quizás una de las mejores formas para reprobar la discriminación que sufren las comunidades indígenas del país.
Muchos de los historiadores de la Reforma y de la historia oficial difundida por los gobiernos posrevolucionarios han colocado al presidente Juárez como la figura quizá más importante de la historia de México. Han encontrado, en el entorno adverso de aquellos años, las causas y explicaciones de su obra de gobierno, las sólidas razones para promulgar las Leyes de Reforma y para asegurar la hegemonía del partido liberal.
La gloria de combatir y derrotar a la intervención francesa y el Segundo Imperio han intentado crear dogmas laicos y reproducir perjuicios históricos ad hoc; han relegado con especial celo otros hechos históricos que empañarían la imagen y el ideal de Benito Juárez como héroe nacional. Los tratados, el aprovechamiento irracional de bienes eclesiásticos, las facultades extraordinarias.
No obstante, reconocemos y asumimos que el legado del presidente Benito Juárez se cuantifica específicamente en el rescate de la soberanía nacional y la supervivencia misma de México.
La separación de la Iglesia y el Estado, la noción constitucional de organizar a la república conforme a los principios de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, del sistema federal, la democracia y la división de poderes, sin considerar qué tanta vigencia haya tenido en su momento, así como la construcción de instituciones, cuya función para gestionar el bienestar prevalecen hasta nuestros días.
Es por ello que la obra del presidente Benito Juárez ocupa merecidamente el lugar que tiene en nuestra historia. Benito Juárez, el mexicano universal, el jefe de Estado, quien dio, al repetirla, contenido y dimensión a la frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”, convertida en un genuino axioma juarista.
El mexicano universal admirado por Víctor Hugo y por Garibaldi, honrado por el congreso de Colombia, declarado por el gobierno de la República Dominicana Benemérito de la América, el mexicano más reconocido en el orbe, orgullo de los liberales en todos los rincones del planeta.
Compañeras y compañeros legisladores: es rescatable para la política de hoy, para el humanismo político, recuperar una actuación inspirada en la determinación y la congruencia de personas que no se doblegan ante las circunstancias y que triunfan, más allá de las adversidades.
Éste es el reto de quienes hoy hacemos política desde una perspectiva humanista de inspiración superior a una visión meramente liberal. Ése es el ejemplo que recogemos los panistas de la obra del presidente Juárez. Es cuanto, señora ppresidenta.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del PRI en el uso de la voz el diputado Samuel Gurrión Matías.
Saludamos a alumnos de diferentes escuelas del municipio de Guadalupe Victoria del estado de Puebla, invitados por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios. Bienvenidos.
El diputado Samuel Gurrión Matías: “La democracia es el destino de la humanidad; la libertad, su brazo indestructible”. Benito Juárez García. Con su venia, señora presidenta.
Compañeras y compañeros diputados, mucho se ha escrito y seguramente se seguirá escribiendo en todas las latitudes acerca del primer presidente indígena de nuestra nación. No extraña, porque pocos personajes históricos resultan tan fascinantes como el impasible Juárez, y pocos tan determinantes para la construcción de un estado en medio de toda clase de adversidades.
Benito Juárez García fue un joven humilde, nacido en Guelatao, Oaxaca, una comunidad indígena y sumamente marginada. Uno de sus primeros grandes logros fue aprender el castellano ya que su lengua materna era el zapoteco.
Posteriormente logró insertarse en una sociedad que hasta cierto punto le estaba vedada a los indígenas de esa época, de la cual se convirtió en un exponente de especial relevancia, tanto así que fue constructor de un Estado nacional y de las normas que le dieron origen.
La mentalidad de Benito Juárez se inscribió en una de las tradiciones más propias de occidente, la creación de instituciones jurídicas. La trayectoria de Juárez es la de un hombre esforzado en todos los sentidos, que luchó contra las adversidades impuestas por los intereses nacionales y extranjeros. También fue consistente con sus ideas liberales y las defendió en todo momento; jamás se le vio flaquear en la defensa de lo que él creía justo.
En 1831, Benito Juárez, con apenas 25 años de edad, siendo un catedrático y abogado litigante, pasó a ser regidor de la ciudad de Oaxaca. En 1847 fue electo diputado federal. Pocos meses después asume la gubernatura del estado en medio de la invasión norteamericana. Como gobernador duplicó el número de escuelas, construyó caminos y fundó la Villa de Crespo, lo que hoy es el Puerto de Huatulco.
En 1854, Juárez se adhirió a la Revolución de Ayutla, a su triunfo el presidente Juan Álvarez lo designó Ministro de Justicia, hecho que lo llevó a insertarse de lleno en el acontecer político nacional.
En el período de Comonfort se impulsaron las Leyes de Reforma y después se llamó a un constituyente originario cuyo resultado fue publicado el 5 de febrero de 1857. El nuevo entramado legal, fue el acicate para una nueva guerra que comenzaría en 1858 y la cual Juárez jugaría un papel central como presidente interino tras la renuncia de Comonfort a principios de 1858.
A salto de mata, literalmente, Juárez condujo los destinos de la nación en medio de las disputas entre conservadores y liberales, entre la Iglesia y el Estado, entre los ricos y los más necesitados.
El poder de la Iglesia estaba en todas las actividades de nuestro país, ejercía funciones que le correspondían al Estado. Juárez con su pensamiento republicano visualizó un estado fuerte y laico, defendiendo siempre los valores liberales y la República.
Las fuerzas juaristas tuvieron que hacer frente a la invasión francesa, México demostró que aún sin grandes recursos podría vencer al ejército más poderoso del mundo de aquel entonces.
El presidente Juárez, al salvar la institución presidencial salvó a la patria, la defensa de la nación no la hizo Juárez en forma abstracta o personalista, en esos años difíciles para la nación defenderla era defender el estado de derecho que se encarnaba en la Constitución de 1857.
Hoy, en el Grupo Parlamentario del PRI retomamos el legado juarista para seguir construyendo una república sólida y democrática, y continuar dando certeza jurídica a nuestros ciudadanos.
La epopeya de Juárez sigue vigente porque nos dio patria, nos dio libertad, nos dio una república y nos brindó buena parte de las instituciones que son sagradas para todos los mexicanos. por ello hoy, como todos los años, recordamos la fecha de su natalicio rindiendo testimonio y nuestro profundo agradecimiento a un hombre que fue piedra angular al colocar las bases de un México moderno. Éste fue el oaxaqueño Benito Juárez. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se recibió del diputado Jaime Bonilla Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señora presidenta. Como diputado del PAN integrante del Grupo Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Según análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, en su índice de competitividad estatal 2010, denominado La caja negra del gasto público, cuyas cifras oficiales provienen del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el cual se desprenden datos que las propias entidades estatales han reportado al referido orden de gobierno.
Las cifras de sus egresos en sus distintos rubros, y en particular los gastos en los servicios personales, los cuales van en aumento en su nómina estatal, tanto en sus instituciones y órganos de gobierno, aunado a ello la falta de transparencia en su ejercicio correspondiente, proponiendo este estudio los límites de deuda de los estados así como el control del gasto de nómina, siendo importante limitar el gasto en burocracia a un 40 por ciento del gasto total, así como incluir dentro de los decretos de presupuesto de los tres órdenes de gobierno un tabulador de plazas de los servidores públicos, por lo que se considera necesario reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el gasto de inversión se privilegie sobre el gasto corriente.
Para esto, se propone reformar el artículo 4 añadiéndose un nuevo segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes de la citada ley, con el propósito de que en las disposiciones generales de ésta se establezcan parámetros que sustenten las propuestas de gasto corriente y de inversión que se presenten en los presupuestos de cada ramo ejecutor de gasto.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública, inversión física, inversión financiera, así como responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de gasto: Poder Legislativo, el Poder Judicial, los entes autónomos, los tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, las dependencias y las entidades.
Estos ejecutores de gasto establecerán parámetros cuantificables que les permitan definir porcentajes de gasto corriente y de capital en sus programas. Con base en esto, todos los ejecutores de gasto incluirán cada año en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, corridas de presupuesto donde se sustente su propuesta de asignación de gasto corriente y de capital. Asimismo, están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos, en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables.
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos.
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen al resto de las dependencias. Asimismo, la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes especiales dentro del margen de autonomía, previsto en el artículo 5 de esta ley.
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso, establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alfonso Inzunza Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de este pleno, tiene como propósito fundamental decretar la imposición de multas económicas y hasta prisión, a quien ilícitamente de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercialice camarón.
La medida respaldada por los compañeros que integran la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, por el estado de Sinaloa, propone así una adición a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal.
Se trata de una iniciativa que recoge una sentida inquietud de pescadores organizados, quienes lamentan el nivel que han alcanzado los casos de robo de camarón que siguen ocurriendo a pesar de los operativos de prevención y vigilancia.
La pesquería de camarón sigue siendo, hoy día, la de mayor importancia para el sector pesquero organizado, debido a su cotización, así como los rendimientos que arroja la captura directa y el cultivo de este recurso.
Se trata, pues, de una pesquería que ha mantenido un crecimiento sostenido, no obstante, diversas problemáticas determinadas en parte por el crecimiento demográfico en las regiones de captura.
Lo anterior ha derivado en un sobreesfuerzo pesquero, a cuya causa abonan, además y con gravedad, los constantes asaltos a barcos camaroneros por parte de comandos de piratas, así como a tractocamiones, incluidas plantas congeladoras.
El fenómeno en referencia, documentado con amplitud, contribuye a la denominada pesca ilegal no declarada. Todo ello, hay que decirlo con sus términos, se convierte en un lastre de graves consecuencias para las pesquerías de camarón, al verse afectado el sustento de miles de familias.
Por eso, los pescadores organizados han elevado su voz y su queja debidamente documentada ante las autoridades, demandando la detención de furtivos y un alto a los constantes asaltos de que son blanco, sobre todo, las embarcaciones de altura, unidades transportadoras y plantas procesadoras.
Se acumulan quejas y denuncias que exigen un hasta aquí a los hechos referidos, demandando la aplicación real de sanciones para los responsables, principalmente contra piratas que atracan portando armamento de alto calibre, quienes operan con total impunidad el tráfico y comercialización de una especie altamente cotizada, como lo es el camarón.
Con la medida legal que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, se busca aportar en lo fundamental una medida necesaria que contribuya a poner orden en las pesquerías de este recurso.
De esta forma, la normatividad en la materia estará viéndose fortalecida con un mecanismo legal en apoyo a las acciones de las autoridades y que será disuasivo de las irregularidades y lucrativas prácticas que se denuncian.
En esta proporción, los planes y programas encaminados no solo a resolver problemas sino también a ordenar, las pesquerías del camarón estarán siendo respaldadas con una acción de peso jurídico.
Por eso, compañeros, su apoyo será definitivo para que el camarón sea respetado por parte de los piratas que se dedican a esa ilícita actividad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, agradezco el respaldo y la oportunidad de presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y de un grupo plural de diputados, una iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución, con el objetivo de limitar el crecimiento excesivo de las deudas de entidades y municipios con una perspectiva federalista.
A diferencia de propuestas centralistas que buscan restarle facultades a los estados y municipios la presente iniciativa se sustenta en el respeto al pacto federal como característica del Estado mexicano. La deuda de entidades y municipios en diciembre pasado superó los 434 mil millones de pesos. Aunque nacionalmente apenas representa el 3 por ciento del PIB en algunos estados y municipios significa un riesgo para sus finanzas.
Los hechos en que se señala a los ex gobernadores, Humberto Moreira y Granier, evidencias conductas graves y muy probablemente delictivas, pero de ninguna manera justifican debilitar el federalismo ni que las entidades pierdan sus potestades.
Rechazamos una regresión histórica que pretenda manejar centralmente la finanza de los estados. No podemos regresar a un escenario anterior a 1847, cuando se consolidó el Estado federal como principio constitucional. Destaca que el endeudamiento excesivo se concentra en cinco entidades y algunos municipios. Es injusto que por esos casos se eliminen las potestades, incluso de las entidades que manejan responsablemente sus deudas.
La iniciativa propone alternativa a cinco problemas básicos:
1. Actualmente las leyes locales no garantizan que todos los compromisos de pago sean autorizados y transparentados. Para evitar lagunas en las leyes de deudas debe obligarse a las Legislaturas locales a que desde el momento en que aprueben los compromisos de pago lo hagan a justándose a principios constitucionales.
Se cuestionan los registros federales de deuda por incluir sólo las deudas que afecten participaciones. Pero lo conveniente no es ampliar el registro federal y la injerencia de la Secretaría de Hacienda sobre entidades y municipios, en lugar de ello debe consolidarse el registro de las obligaciones de pago en la Cuenta Pública para fortalecer el control por parte de las Legislaturas locales.
2. La redacción del concepto de inversión público-productiva es deficiente, al permitir que cada estado haga interpretaciones en sus leyes de deudas. Ello genera definiciones que permiten gastos distintos al uso racional del endeudamiento público e incluso financiar gasto corriente. Proponemos precisar el concepto de inversión público-productiva, y sobre todo eliminar que esta definición sea interpretada en las leyes locales.
3. En términos financieros no existe un límite sobre la capacidad de pago o la sustentabilidad de los compromisos. La iniciativa plantea un límite actualizable anualmente de los compromisos de pago en proporción a los ingresos susceptibles de comprometerse; es decir, la suma de los ingresos de gestión más las participaciones federales. La deuda no debe satanizarse, es un instrumento viable para alentar el desarrollo económico que debe limitarse en su autorización y utilización.
Proponemos que los funcionarios fiscales de las propias entidades federativas, en acuerdo con el Ejecutivo federal, propongan anualmente a los Congresos estatales la actualización del límite del endeudamiento, dejando que las Legislaturas, una vez que reciban el paquete económico por parte de los gobernadores resuelvan lo conducente. Así el financia miento se someterá a una disminución gradual.
Hoy, la mayoría de las entidades tienen compromisos inferiores al 70 por ciento de sus ingresos y participaciones, por lo que las medidas emergentes de control del gasto y ajuste financiero se focalizaran en casos graves, en el entendido de que ése límite disminuirá con acuerdos anuales.
4. En términos políticos, no existen garantías que impidan aprobaciones por mayorías incondicionales y sin analizar la deuda solicitada.
Proponemos que todas las solicitudes de endeudamiento se envíen a los Congresos y a los ayuntamientos con 60 días de anticipación. Además, si las obligaciones de una entidad o municipio representan 50 por ciento de los ingresos señalados se requerirá una mayoría calificada de dos tercios para su aprobación.
Finalmente, proponemos exceptuar al endeudamiento público de los secretos bancarios, fiduciario y fiscal para que prevalezca el conocimiento inmediato y general de los compromisos de pago.
Compañeros diputados y diputadas, los invito a valorar el ánimo federalista de esta iniciativa. No es momento de centralizar facultades de las entidades, es momento de impulsar un esquema transparente para las deudas locales.
Por otra parte, existe una disposición constitucional que expresamente reserva para la Cámara de Diputados, el inicio de todos los proyectos de decreto relativo a empréstitos, lo que en una interpretación literal incluye la regulación y los montos de la deuda pública, así lo dice el artículo 72, inciso H de la Constitución. Debemos apegarnos a ese precepto constitucional y más cuando no hay necesidad de interpretar lo que textualmente se señala como disposición particular y carece de sentido, poner en riesgo un acuerdo de fondo para mejorar lo relativo al endeudamiento.
En síntesis, los convoco a reivindicar la soberanía de la Cámara de Diputados y en materia de deuda sostener el federalismo con firmeza.
Para el Grupo Parlamentario del PRD, la discusión en materia de deuda debe abordarse con un enfoque federalista. Termino, señora presidenta. Le pido, compañera presidenta, que la iniciativa se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Escobar y Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5o. Bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa es presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena García.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, inicio la presente propuesta expresando que nuestra Carta Magna en su artículo 10o, reconoce el derecho que tenemos los mexicanos de poseer en nuestro domicilio armas para nuestra seguridad legítima.
Esta prerrogativa que se incluyó en nuestra Ley Suprema desde la promulgación de la Constitución de 1857 está relacionada directamente con el derecho a la vida y a procurársela. Asimismo, poseer un arma es un acto libre de determinación, pues son las propias personas quienes deciden ejercer o no el derecho de poseerla.
Sin embargo, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que la existencia de armas de posesión de la población civil ha traído efectos nocivos para la sociedad. Cuando las armas son utilizadas por civiles no sólo se generan costos para ellos mismos, sino que en muchas ocasiones las consecuencias alcanzan a otros miembros de la sociedad y generan costos al Estado derivados de la implementación activa de la seguridad pública, los servicios de salud y los órganos judiciales.
Con ello queremos decir que la decisión individual que toma una persona en pleno ejercicio de sus derechos de tener un arma en su domicilio puede, desgraciadamente, afectar a veces irreversiblemente a terceros.
En este orden de ideas, es bien sabido que hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de una relación directa entre la supresión del derecho de posesión de armas y la reducción automática de los índices de criminalidad, pues es conocido que los perpetradores de hechos delictivos utilizan armas de fuego conseguidas de modo ilegal y por ello no cuentan con un permiso para su portación, poniendo en duda la capacidad operativa de sus detentantes.
Lo anterior es el principal argumento que esgrimen aquellos que se oponen a que el artículo 10o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos pudiera ser eventualmente derogado, quienes además consideran que la posesión de armas funciona como un efectivo inhibidor de conductas delictivas.
No obstante, es inútil seguir ocultando las estadísticas de incidentes en los cuales se haya relacionada un arma de fuego. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos en los que alguien resulta herido o se pierde una vida por incidentes que involucran armas encontradas en el hogar?
De acuerdo a datos de la organización internacional Action New York on small arms, las armas pequeñas y ligeras causan todos los días aproximadamente mil muertes y tres mil personas heridas alrededor del mundo y están involucradas en el 40 por ciento de los homicidios y seis por ciento de los suicidios.
Cabe resaltar además que algunas especialistas como Magda Coss, autora del libro Tráfico de armas en México, advierte de situaciones tan preocupantes como el hecho de que la población de adolescentes que viven en hogares donde hay un arma aumenta 16 veces la posibilidad de que se cometa un suicidio. Coss, revela también que los jóvenes que terminaron con sus vidas con una pistola, el 82 por ciento consiguieron el arma en sus hogares.
Dada la situación descrita en el Partido Verde Ecologista, estamos convencidos de la imperiosa necesidad de impulsar acciones encaminadas a inducir la reducción de la posesión, portación y uso de armas de fuego en nuestro país, buscando con ello brindar una alternativa para quienes consideren que tener un arma en casa puede resultar una situación riesgosa y deseen de manera voluntaria y como un acto de conciencia deshacerse de éstas.
La Secretaría de la Defensa Nacional implementa en el territorio nacional dos programas que tienen por objeto recibir armas de fuego, de las que la población civil quiere deshacerse.
Uno de éstos se realiza de manera permanente y a través de éste la Secretaría de la Defensa recibe armas registradas ante ella misma por concepto de donación sin mediar contraprestación alguna.
El otro programa es la implementación, en coordinación con autoridades estatales y municipales, de canje de armas. Es decir, entrega de armas a cambio de computadoras, aparatos eléctricos, electrodomésticos, bicicletas, despensas o dinero en efectivo, sin mediar ningún tipo de preguntas ni investigaciones.
En virtud de lo anterior queremos proponer una adición al artículo 5o. Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para contemplar la realización de manera regular dos veces al año y en todo el territorio nacional de un programa nacional de desarme de la población civil, generadora de incentivos a la población para desprenderse voluntariamente de las armas de fuego en su poder.
La propuesta es que este programa de desarme tenga lugar en los primeros días de los meses de enero y de agosto de cada año por considerarse que son éstas las fechas en las cuales la población en general se encuentra más necesitada de recursos.
Al respecto deseo enfatizar que nuestro país debe aspirar a consolidarse como una nación de leyes e instituciones fuertes y sólidas con el objetivo intrínseco de salvaguardar fundamentalmente la integridad de las personas.
Son iniciativas que suscribimos conjuntamente con el diputado Arturo Escobar y Vega. Ojalá y todos los compañeros diputados presentes y ausentes, se puedan suscribir a esta iniciativa tan importante para contribuir en el desarme de armas y poder de esa manera contribuir a que los índices delictivos que se dan en nuestro país, puedan ir a la baja. Muchísimas gracias, compañeros diputados. Es todo, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Seguro Social.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, compañera presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo subo a esta tribuna para presentar la iniciativa de ley que regula la portabilidad de derechos pensionarios entre los apartados a) y b) del artículo 123 de nuestra Constitución.
Bajo esta perspectiva observamos que el sistema de seguridad social en nuestro país aún se encuentra en una etapa de transición muy lenta, de tal suerte que la parte administrativa a veces es la más difícil.
Es lamentable ver que en esta etapa quienes terminan padeciendo los estragos de un mecanismo austero e insuficiente para la atención del derechohabiente, sea en muchas ocasiones la población jubilada o pensionada; personas que en promedio tienen 60 y 70 años de edad, saben de lo que estamos hablando.
El beneficio ya reconocido como portabilidad de derechos de pensión entre el ISSSTE y el IMSS, es el mejor de los ejemplos para estos casos.
Debemos recordar que en febrero de 2009 fue celebrado entre ambas instituciones el convenio interinstitucional o de portabilidad para ofrecer la operatividad y entrega de la pensión. Este convenio tiene como precedente la constante demanda de reconocimiento de pensiones de ambos institutos, pero a través de una base de datos única que le permita a cada derechohabiente gozar de un sencillo movimiento para recibir las dos pensiones, según corresponda el caso de cada persona.
La finalidad de la firma de este convenio es precisamente devolver la certidumbre a cientos de personas jubiladas y pensionadas de que no se les harán perdedizos sus ahorros y prestaciones de una u otra institución, dependiendo de haber logrado cotizar lo suficiente para recibirlos en tiempo y forma, sin demérito de haber hecho el trámite conducente, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, de ser el caso.
Compañeras y compañeros diputados: es fecha de que este tipo de movimientos administrativos no ha rendido los frutos esperados y prácticamente la población derechohabiente jubilada o pensionada aún no consigue tan anhelado trámite.
Hablar de la unificación de pensiones por medio de una base de datos compartida entre ambos institutos significa un gran avance para brindar pronta y expedita una digna atención a esta población.
Como lo mencionamos en el cuerpo de la iniciativa, la idea central es hacer efectiva la portabilidad de derechos pensionarios entre los apartados A y B del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y brindar un sustento legal en las leyes respectivas para que esta parte sea una realidad palpable.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la propuesta de incluir en la ley del Seguro Social, así como del ISSSTE los aspectos legales que den sustento a la portabilidad de derechos pensionarios abre las puertas para que todas las personas en esta condición disfruten de sus prestaciones sin ninguna limitación administrativa.
En definitiva consideramos que esta iniciativa de ley es una propuesta noble y da la pauta para resolver un grave problema que ha prevalecido por muchos años.
En este sentido es pertinente mencionar que, por un lado, lo que hoy proponemos es modificar ambas leyes para que se reconozca la institucionalidad de ambas, mientras que, por otra parte, sea un derecho que por ley quede plasmado a favor de los trabajadores jubilados y pensionados.
De esta manera se logrará que quienes hayan prestado sus servicios laborales tanto en el sector público como en la iniciativa privada puedan tramitar y recibir una pensión única y dejar el tortuoso andar para estos efectos en cada una de las instituciones de seguridad social. Es cuanto, compañera diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o y 8o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, algunos piensan que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, y quizá sin pensarlo, minan las oportunidades de 36 millones de mexicanos que están construyendo el destino de la nación.
Nuestro país, se encuentra inmerso en un proceso de crecimiento inédito, de su población juvenil. Entre 1970 y 1990 los habitantes entre 12 y 29 años se duplicaron, y de 1990 al año 2000, creció en más de un 40 por ciento.
No obstante, el crecimiento de la juventud no se ha dado sólo en términos demográficos, sino también en los problemas sociales que afectan al sector, tales como la exclusión social, la falta de empleo, las carencias en educación, salud o espacios deportivos y culturales.
Estos problemas, como muchos otros, son más profundos y más sentidos entre los jóvenes del país. La situación de juventud mexicana es un asunto de la mayor relevancia. No resulta alarmante y doloroso darnos cuenta que el 72.6 por ciento de los jóvenes mexicanos que trabajan ganan 5 mil 460 pesos o menos al mes. Esto, de acuerdo a datos aportados por la Encuesta Nacional de Valores de la Juventud 2012.
Además en 2009, cuatro de cada 10 jóvenes ocupados reportan no tener ninguna prestación, mientras que sólo una proporción similar declaró tener accesos a los servicios de salud.
A pesar de lo anterior y a pesar de que los jóvenes conforman un tercio de la población nacional, es difícil vislumbrar una política integral de atención a la juventud, esto en todos los niveles de gobierno.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es muy importante ampliar los espacios de decisión de los jóvenes y garantizar una participación efectiva con mecanismos adecuados para lograr un desarrollo integral del sector.
Desde esta visión, presento ante esa soberanía el proyecto que reforman los artículos 1o y 8o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Dichas reformas están dirigidas a otorgar autonomía presupuestal al Instituto Mexicano de la Juventud al convertirlo en un organismo no sectorizado y garantizando la sustentabilidad de su presupuesto a lo largo de los años.
A pesar de que coincido con algunas compañeras diputadas de que el Injuve no puede solucionar todos los problemas de la juventud, en el marco institucional de la política juvenil, el instituto sí ocupa un lugar primordial, ya que es el encargado de proponer políticas públicas a favor de las y los jóvenes mexicanos y de otorgarle las herramientas necesarias en materias como: educación, salud, empleo y participación social, así como también ofrecer programas en los mismos rubros sobre los cuales los jóvenes puedan participar en el desarrollo del país; sin embargo, consideramos que el no contar con una autonomía presupuestal, su labor resulta insuficiente.
Compañeras y compañeros diputados, nuestra tarea como legisladores y legisladoras, es fortalecer las instituciones del Estado mexicano, más aún cuando a éstas se les confiere la responsabilidad de impulsar el desarrollo integral de nuestra sociedad.
En el caso de la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía, consideramos que puede contribuir de manera sustancial a un cambio en el modelo de atención a la juventud mexicana desde el gobierno.
A partir de esta reforma, se implementaría una política de Estado eficaz para ejercer el gasto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, gasto que actualmente es necesario sea coordinado por un organismo especializado.
Con este cambio, el Instituto se convertiría en una institución innovadora dentro del gobierno federal, a fin de garantizar a la juventud de México su desarrollo integral.
Todos los esfuerzos son relevantes en el fortalecimiento del rol que juegan los jóvenes en el siglo XXI, y a estos esfuerzos nos sumamos y nos comprometemos en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La juventud es algo dado, irrepetible y maravilloso, pero es también una condición temporal que se quita con los años. No desaprovechemos el impulso de la juventud para construir un México mejor, no permitamos que aquellos que la ven como una amenaza, impongan su visión y se limite uno de los activos más importantes que tiene la vida social de nuestro país.
Los jóvenes somos capaces de innovar, de administrar y de programar un presupuesto en beneficio de nosotros mismos. Las condiciones ya están dadas para hacerlo efectivo muy pronto y con ello aseguraríamos las políticas que darán sustentabilidad al proyecto de nación que juntos estamos intentando construir. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Juventud para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por diez minutos, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código Penal Único.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señora presidenta. Honorables curules vacías, hago una invitación al Canal del Congreso, a los medios de comunicación para que realicen una toma panorámica de este pleno. Es claro que no hay quórum y es una pena, una lástima porque la iniciativa que hoy se está presentando es de real importancia para la justicia de todos los ciudadanos.
Sueño con que se le dé la misma importancia, la misma urgencia que a otras iniciativas y que en menos de dos semanas, en menos de cinco sesiones de la Cámara, esté ya dictaminada en sentido aprobatorio, que no se acepte a discusión ninguna reserva que se le haga y que tal como se presenta, siga con el procedimiento legislativo. De sobra sé que por ser integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no será así, pero, “los hombres no son nada; los principios lo son todo”. Benito Juárez.
El día de hoy presento iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide el Código Penal Único. En las últimas décadas del siglo pasado y al iniciar al presente, la inseguridad en México y en gran parte del mundo ha proliferado como una de las expresiones más agudas de desequilibrio social, las conductas delictivas han crecido y diversificado, y la violencia ha aumentado de manera preocupante sin que las instituciones y las políticas encaminadas a enfrentar este problema hayan podido resolverlo.
Lo que más angustia a la gente en esta época es la inseguridad, el delito, la injusticia, la impunidad. A este fenómeno contemporáneo han contribuido, además de la limitación de recursos y la falta de formación profesional y ética de las corporaciones e instituciones encargadas de combatir el delito, viejas inercias que favorecieron la corrupción y la impunidad, y desde luego una deficiente operación, organización y coordinación entre las entidades federativas, la administración pública federal y los órganos encargados de administrar justicia.
Es predecible que si el Estado mexicano no actúa en la dirección correcta en las décadas por venir este problema se agravará como ha ocurrido en otras latitudes, por eso el objetivo central de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia de este proyecto es mantener una permanente lucha en contra de las conductas delictivas, a fin garantizar el amplio marco de libertades conquistado a lo largo de nuestra historia por todas y todos los mexicanos.
Ésta es una tarea ardua y supone un esfuerzo de coordinación operativa e institucional, pero también de reformas profundas a nuestras leyes y prácticas en todos los ámbitos de la prevención, la procuración y administración de justicia y readaptación social.
Sólo con una sólida estructura nacional integrada por la sociedad civil, los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, Congresos locales, Congreso de la Unión, Poderes Judiciales, federal y de los estados de la nación, podremos afrontar este reto.
La única forma de lograrlo es impulsando cambios estructurales, que transformen cualitativa y cuantitativamente los sistemas operativos y en especial el marco jurídico, que es el que debe crear las condiciones óptimas de desempeño de todos los órganos estatales, para combatir el delito y perfeccionar las instituciones garantes de la seguridad pública.
Está demostrado que uno de los obstáculos a vencer en la lucha contra la delincuencia, es la existencia de 33 códigos penales diferentes para un solo territorio geográfico, más un gran número de otros ordenamientos especiales, que regulan en forma diferente los tipos penales, los elementos que lo integran, las sanciones, su gravedad y modalidades.
Esta multiplicidad y pluralidad de legislaciones han dado origen a un orden penal nacional, con graves deficiencias en su aplicación, en su interpretación y en la adopción de un frente común en contra de la delincuencia. Junto con 32 códigos penales estales, también rige uno de carácter federal, la aplicación de esta ley tomando en cuenta la multiplicidad de jurisdicciones genera un permanente conflicto.
En primer lugar, el Código Penal Federal es obsoleto, porque se implantó en 1931, hace 74 años, cuando México tenía 16 millones de habitantes, ahora son casi 110 millones de habitantes. Es urgente una legislación moderna, nacional y eficiente.
La experiencia y los resultados demuestran que la normatividad contenida en 33 códigos es inoperante, porque es incapaz de contribuir a renovar el sistema legal penitenciario mexicano y facilitar su reestructuración.
Si se analiza la estructura de los delitos y como están tipificados en los códigos estatales, prácticamente el 99 por ciento de los tipos penales son todos iguales. Los estados y la federación deben unificar su criterio jurídico y fortalecer su capacidad de defensa, para que se pueda hacer un trabajo efectivo a favor de la comunidad.
Está claro que la diversidad legal obstaculiza la acción de la justicia, por lo que no existe razón alguna para mantener todos estos códigos. Gracias a esta diversidad, si un delincuente comete un delito en una entidad federativa, evade la acción de la justicia, trasladándose a otra en donde el delito no está tipificado o el tipo penal contiene más o menos elementos o las sanciones muy bajas, generando con ello una grave impunidad.
La mayoría de estos ordenamientos son copia del Código Penal Federal, con sus características propias de acuerdo a la región, a las costumbres y a las prácticas judiciales. Sin embargo, esta diversidad legal para juzgar hechos delictivos iguales dentro de un mismo territorio, pero con ordenamientos diferentes, lo único que ha generado son ventajas legales básicamente para los delincuentes, por lo que no existe razón alguna para mantener todos estos códigos.
Gracias a tanto ordenamiento, un gran número de delincuentes amparados en la soberanía de los estados se acogen a la posibilidad de delinquir pasando o transitando por diversas entidades, sin que se determine claramente qué autoridad es la competente o qué autoridad debe perseguirlo. En ocasiones, las mismas autoridades se deslindan de su responsabilidad, argumentando que la comisión del delito no se inició en su entidad.
Al regular en forma diferente los tipos penales, se generan también una serie de conflictos judiciales en cuanto a la interpretación de la ley que nos conduce, por lo tanto, establecer una gran cantidad de criterios jurisprudenciales, algunas veces contradictorias, y también se suscitan conflictos con la aplicación competencial de las leyes en razón del territorio.
Por todo lo anterior, se propone a esta soberanía establecer un Código Penal único, cuyo ámbito de aplicación sea todo el país. La regla general es que los delitos sean del fuero común y en forma excepcional, del fuero federal.
Con este Código Penal se evitará que haya una variedad de ordenamientos que regulen en forma diferente los tipos penales en relación a los elementos que lo integran, a sus modalidades, a la sanción y a la gravedad de los mismos.
También se logrará eliminar un Código Penal Federal que contiene tipos delictivos que nunca deberían haber sido de este fuero, como por ejemplo, el adulterio, la bigamia y otros.
El Código que se propone, con un ámbito espacial y material de validez para toda la República unificaría los tipos penales, los cuales deben contener los mismos elementos y las mismas sanciones y modalidades. Toda vez que un hecho ilícito siempre será delito, ya sea que se comenta en uno u otro estado y siempre será una conducta que lesione en la misma dimensión a la víctima.
En consecuencia, el tipo penal debe tener los mismos elementos del delito, las mismas modalidades, la misma gravedad y la misma penalidad, por lo que un mismo delito debe ser sancionado con la misma pena, sin importar el lugar donde se cometa.
En apoyo a esta iniciativa debo mencionar lo siguiente: ante el embate de la delincuencia y el crecimiento de los índices delictivos la sociedad y el Estado deben constituir un solo frente, la comisión de delitos, la gravedad de estos y el alto impacto social sobre las generaciones que son víctimas de esta inseguridad, no solo deforma perspectivas de desarrollo sino que además desalienta profundamente su confianza en las instituciones estatales que no cumplen su función esencial para garantizarla.
Son demasiados los riesgos presentes y venideros para cualquier país que no toma las decisiones a tiempo. Por eso, lograr la seguridad pública como estilo y forma de vida es el reto más apremiante para nuestro país. De ahí la importancia de transformar las estructuras institucionales y jurídicas en las cuales el Estado mexicano debe sustentar su seguridad.
Con esta iniciativa se abren enormes posibilidades para eliminar obstáculos en los cuales se ha sostenido la ineficacia y la corrupción de un aparato de justicia penal con la renovación del proceso.
Por todo lo anterior, la propuesta del Código Penal Único se inscribe como parte fundamental de una política de Estado del orden criminal.
Con este instrumento jurídico se van a homogeneizar las acciones de las entidades federativas y de la federación para enfrentar al delincuente.
Su estudio, discusión y aprobación por parte de esta honorable Cámara fortalecerá el federalismo en la medida que no hay detrimento de competencias sino una concurrencia de las mismas para preservar por la vía de la aplicación de la ley en el ámbito penal, la seguridad pública y con ello la unidad jurídica y política del Estado mexicano.
Compañeros diputados, también los invito a que la suscriban, así como suscribieron sin conocer la reforma constitucional sobre telecomunicaciones. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y...
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputada Mícher?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Para solicitar turno a la Comisión de Equidad de Género para opinión, si es tan amable.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Equidad y Género para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Con su venia, señor presidente, así como con la venia de los que responsablemente se encuentran en este momento en el pleno.
Mucho hemos hablado en los últimos años sobre los grandes volúmenes de deuda que han sido contratados por los gobiernos locales en algunas partes del país de una manera muy irresponsable, pero poco hemos hablado de la calidad –mejor dicho, de la muy mala calidad– de esta deuda.
Es por ello que quiero dedicar muy especialmente esta iniciativa al ex gobernador de Tabasco, a Granier; al ex gobernador de Coahuila, Moreira; de Veracruz, a Fidel Herrera; y a alguien que no es tan famoso pero que comparte plenamente las características de los tres mencionados previamente, a Natividad González Parás, de Nuevo León y a su sucesor –ya hasta se me olvidó como se llama–, Rodrigo Medina de la Cruz.
El propósito de la siguiente iniciativa es regular la deuda de los estados y municipios a través de hacer obligatorio el mecanismo de licitación de la misma, ya que en todos estos casos una característica que tuvo la contratación de esta deuda es que fue contratada en lo oscurito, de que no fue llevada a través de una licitación pública, por lo cual fue contratada con grandes, grandes tasas de interés.
Actualmente en México la obligación de brindar servicios públicos e invertir en servicios de infraestructura, como agua potable, alcantarillado, disposición de residuos sólidos, alumbrado público, arterias de tráfico urbano y carreteras locales que conectan una ciudad con otra, es responsabilidad de los gobiernos locales.
En los estados y municipios las participaciones y aportaciones federales son por mucho la fuente principal para financiar la infraestructura social básica. El avance de México en la descentralización del gasto público ha redundado en un aumento sustancial de los recursos disponibles para los gobiernos locales, particularmente a nivel municipal para el desarrollo de esta infraestructura básica.
El uso de los recursos por participaciones y aportaciones se ha caracterizado por su mala la administración al grado de poner en riesgo financiero a muchos gobiernos locales del país, que invariablemente los hace acudir como mecanismo alterno de financiamiento a la deuda.
La deuda es una opción importante para financiar la inversión pública en infraestructura. Algunos estados han establecido un límite legal de endeudamiento generalmente determinado como una proporción del presupuesto fiscal anual o de participaciones, lo cual obviamente en los casos y ejemplos mencionados no es el caso. Como el de Nuevo León, en donde la deuda se ha incrementado en un 300 por ciento en los últimos seis años. Los bancos pueden otorgar créditos a los gobiernos locales no clasificados, pero en esos casos las participaciones no se pueden usar como una garantía para el crédito.
El propósito principal de la regulación descrita es disciplinar a los mercados de deuda de los gobiernos locales, especialmente dentro del nuevo marco caracterizado por la ausencia de intervención federal.
Es menester seguir avanzando y consolidando la homogenización de las normas contables, como también en la calidad de la información fiscal proporcionada por los gobiernos locales. El mercado de capital ha surgido como una opción de financiamiento de los gobiernos locales, pero aún quedan algunos problemas que afectan su competitividad y futuro crecimiento. Prácticamente todas las emisiones tienen tasas variables.
Termino señalando algunos datos. A septiembre de 2012 el saldo de la deuda de estados y municipios ascendió a 406 mil 765 millones de pesos, que comparado con el mismo mes de 2011, se observa un crecimiento de la deuda estatal y municipal al ritmo de 9.6 real anual; sin embargo, si realizamos un análisis de largo plazo, el comportamiento de la deuda en las entidades federativas, los resultados son alarmantes y las posiciones de los gobiernos estatales no muestran cambios. Así ello en el 2011 la deuda ascendió a 390 mil 777 millones de pesos con respecto al 2000, ya creció ésta más de 136 por ciento en términos reales.
Si no asumimos con responsabilidad el problema que presenta actualmente la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales y sus municipios, ponemos en riesgo la estabilidad presupuestal no solo de éstos, sino también del gobierno federal ante eventuales condiciones de crisis económicas locales.
Por lo anterior propongo adicionar tres párrafos a la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 117, fracción VIII: Los estados no pueden en ningún caso para la contratación de cualquier crédito que necesite el Estado y los municipios, así como sus organismos descentralizados, estatales o municipales, se realizarán mediante la licitación pública en la adjudicación del crédito, previa acreditación de los licitantes.
Cada Secretaría de Finanzas del gobierno del estado u órgano homólogo, bajo su más estricta responsabilidad y garantizando en término de las leyes vigentes la imparcialidad y la equidad en las siguientes etapas: publicación de convocatoria o bases de licitación en el periódico o gaceta oficial del gobierno estatal, entrega de proposiciones cerradas, evaluaciones de proposiciones y adjudicaciones. Los gobiernos estatales y municipales que decidan contraer obligaciones de deuda deberán enviar a sus respectivos Congresos locales la convocatoria y bases de la licitación para su análisis y aprobación.
Cada Congreso local tendrá como plazo máximo 10 días naturales, una vez que haya sido recibida la petición formal de revisión y análisis de convocatoria. Finiquitado el proceso de licitación los licitantes deberán proporcionar la totalidad de información requerida, la cual deberá ser publicada en el periódico o gaceta oficial del gobierno del estado en un plazo no mayor a cinco días naturales, una vez realizada la adjudicación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a todos.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente.
El diputado Nestor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Presidente.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Enrique Flores y también del diputado Nestor Gordillo, el diputado Gabriel Cárdenas.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente, para felicitar al diputado Fuentes, y ver si me permite adherirme a su iniciativa y a la dedicatoria que hizo en el proemio de la misma.
El Presidente diputado José González Morfín: Me imagino que el diputado Nestor Gordillo y el diputado Gabriel Cárdenas quieren lo mismo. Y como no tiene inconveniente el diputado Víctor Fuentes, les pediría que pudieran suscribirla aquí en la Secretaría. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias. Para no desentonar con quienes me han antecedido, ojalá y así como se tuvo la intención de reglamentar los minutos de silencio, también se revise el Reglamento Interno de esta Cámara de Diputados para observar la asistencia permanente de quienes participamos en ella.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene usted razón, diputado.
El diputado Domitilo Posadas Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Honorable Asamblea. La iniciativa que se somete hoy a consideración plantea diversas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de resguardar los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía móvil en nuestro país.
Dichas reformas plantean establecer un plazo máximo de seis meses para los contratos que regulan la modalidad de post-pago, eliminando las condiciones de indefensión de los usuarios ante irregularidades en que incurran las compañías prestadoras de dicho servicio.
Lo anterior resulta imprescindible, pues de acuerdo con información dada a conocer por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en fecha reciente, sabemos que el número de las denominadas suscripción de post-pago en nuestro país alcanzaron los 5.6 millones de suscriptores en el año 2012.
En el documento intitulado Información y Comunicación para el Desarrollo 2012 -maximizando el móvil- elaborado por el Banco Mundial, se indica que el número de teléfonos celulares pasó de poco menos de mil millones a seis mil millones en el mundo en el periodo comprendido del 2000 al 2012, contribuyendo a modificar la vida de millones de personas generando nuevos negocios y transformando las maneras y formas de comunicación.
En el estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México y dada a conocer por el organismo internacional en el año 2012, localizamos información respecto a las tarifas que se cobran en nuestro país concernientes a las telecomunicaciones en general y a la telefonía móvil en lo particular.
En el documento mencionado se encuentra la afirmación siguiente: En México la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos precios entre los más elevados de los países miembros de la OCDE y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos. Fin de la cita.
Respecto a las tarifas de telefonía móvil que se cobran en México, el estudio de la OCDE considera que éstas se mantienen altas en relación con el promedio de los países integrantes del organismo.
Actualmente persiste una práctica en la que incurren las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil consistente en establecer largos plazos en la contratación para la modalidad de post-pago. Dichos plazos son fijados de manera unilateral y obligan a los suscriptores al cumplimiento de periodos prolongados en la utilización del servicio contratado sancionando a quienes desean modificar las condiciones de dichos contratos, afectando los intereses de los suscriptores en su componente económico.
Por lo que respecta a los ingresos de la industria de las telecomunicaciones durante el año 2002-2011, estos ascendieron a 2 mil 892 millones de pesos de los cuales un total de mil 420 millones de pesos corresponden a la telefonía móvil, representando el 49.1 de las ganancias del sector.
Estas ganancias multimillonarias se distribuyen en cuatro compañías que se han posicionado en ofrecer el servicio de telefonía móvil en el mercado mexicano; que el incremento en la utilización de la telefonía móvil exige preservar los derechos de los usuarios dando paso a una verdadera regulación de los prestadores del servicio.
Es por ello que se requiere avanzar en las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de dotarlas de mayores atribuciones en defensa de los usuarios de la telefonía móvil. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Economía y de Comunicaciones, para dictamen.
Antes de darle el uso de la palabra al diputado Salvador Arellano informo que se recibió una iniciativa de la diputada Raquel Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que viene suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, la cual se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos el diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Salvador Arellano Guzmán: Gracias, diputado presidente. Primero recordarle a mi amigo diputado de Acción Nacional, que le faltó un exgobernador de nombre “Etilio” González Márquez, gobernador del estado de Jalisco que recibió con una deuda de 6 mil millones de pesos y a los jaliscienses nos acaba de endeudar con 30 mil millones de pesos, para que lo tenga en cuenta.
Compañeras y compañeros diputados, con las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:...
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Que le detengan el reloj al señor diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Le reponemos el tiempo.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Señor presidente, señor diputado, me permito solicitarle que no se refiera usted a una persona que ha bebido, de esa manera.
Me parece que las personas que beben no deben en ningún momento ser discriminadas, y si el señor bebió, me parece que no es correcto que nos refiramos a él así.
Le solicito, por favor, que tengamos más respeto. Si hizo las cosas mal el gobernador, es otro tema, pero si el señor bebe, le solicito, por favor, y mire que no es ni de mi partido ni de mis grandes gustos, pero no me gustaría que se refirieran a nadie de esa manera.
Por lo tanto hoy, Día Mundial en Contra de la Discriminación, le solicito a usted que retire ese adjetivo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El diputado Salador Arellano Guzmán: Gracias, diputado, creo que no puedo ser intervenido. Ya estoy presentando mi iniciativa.
Se ha denominado profundización de la democracia a la participación ciudadana, más allá de lo electoral, a la búsqueda de equilibrio con el poder público. Estos procesos pueden ser relacionados con la presentación de iniciativas de ley por parte de los ciudadanos, postulaciones no partidistas a cargo de representación popular, consulta a las personas que se vean afectadas o beneficiadas sobre alguna reforma legal o algún acto de gobierno.
Es cierto, quizá hoy en día, a inicios del año 2013, aún no está consolidado en México el modelo institucional que permita acceder a estos mecanismos de participación ciudadana de manera eficaz y que también al interior de algunos partidos todavía existen políticos que siguen viendo a los ciudadanos como un botín o mejor dicho como el instrumento que les permita lograr el poder.
En el PRI estamos convencidos de involucrar más a la ciudadanía en la corresponsabilidad, el manejo y control de los asuntos públicos. Es un hecho que los diferentes mecanismos de participación ciudadana han llegado para quedarse; no son una moda pasajera o una tendencia efímera, son avances significativos que constituyen verdaderamente conquistas ciudadanas, lo que permitiría el fortalecimiento de gobiernos menos aislados y distantes de la gente y de sus necesidades.
Porque una ciudadanía mucho mejor informada y educada tendrá gobiernos que le tomen significativamente en cuenta. El ciudadano de hoy reclama nuevos espacios de participación.
En este contexto el presupuesto participativo es un instrumento de política pública necesario dentro de una democracia moderna. Es a través de esta herramienta que se desenvuelve una relación más estrecha entre las autoridades y la ciudadanía, con el objeto firme de propiciar acciones en conjunto tendientes a orientar un porcentaje de los recursos públicos a determinadas demandas que reclama la sociedad.
Los presupuestos participativos contribuyen a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, clarificando los compromisos asumidos con los ciudadanos de información puntual y certera para el análisis de los programas y políticas públicas que propician la rendición de cuentas.
El presupuesto participativo se ha adoptado recientemente en nuestro país, principalmente en el ámbito municipal, convirtiéndose en un instrumento político y a la vez de gestión, útil para que las autoridades, conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, definan el destino y orientación de los recursos públicos, en vinculación directa con los propósitos del plan de desarrollo de las instancias de que se trate.
El presupuesto participativo es una forma de gobierno público que intenta romper con la tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas, recorriendo a la participación de la población para la distribución de los recursos de inversión.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como sigue:
Artículo 115, fracción IV, inciso c). Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución. Asimismo, podrán reservar un porcentaje de los mismos para destinarla a la aplicación de presupuestos participativos, que atiendan las prioridades colectivas de la ciudadanía.
Compañeras y compañeros diputados, la participación ciudadana de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de todas las clases sociales de México y de la República, marcarán la diferencia en este sexenio por su participación en las decisiones de gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Enrique Flores. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Sí, diputado. Nada más para comentar que no me extraña del diputado que dijo que las mujeres eran como la tierra, pues no me extraña alguna referencia respecto al gobernador Emilio González Márquez. Y lo invitaría a que se adhiriera, si no le gustó la forma en que se pidió la deuda, a la propuesta del diputado Fuentes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, presidente. Estimadas legisladoras; estimados legisladores, me honra en estar aquí con todas y todos ustedes, por la posibilidad que me da el encargo de diputado federal de la fracción del Partido Verde Ecologista de México, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista.
El municipio en México es la célula fundamental del sistema político y el sistema jurídico mexicano. Su desarrollo es parte de un proceso evolutivo de cientos de años. La célula madre de la división política y territorial de México se encuentra en la estructura y formación del municipio, es parte del estado federal concebido en el artículo 115 de nuestra Constitución Política, su autonomía y el ejercicio de poder político tiene como base en pequeños territorios, en comunidades asentadas a lo largo y ancho del país caracterizadas por la diversidad y casos por formas primigenias y genuinas de desarrollo.
A pesar de ello, la situación del municipio es vulnerable en la actualidad, sobresalen los instrumentos de funcionamiento sistemático, ausencia de reglas claras y la falta de incentivos que promueven su desarrollo desde sus ámbitos locales.
Se ha llamado la atención sobre la necesidad de reformas estructurales políticas hacendarias, creación de nuevos fondos y liderazgo administrativo; falta de recursos económicos, financieros y humanos para el desarrollo integral y sustentable; poca participación social en la creación, diseño y seguimiento de control de políticas públicas; ausencia de liderazgo administrativo y formación y profesionalización de las autoridades municipales; abandono de estrategias ante la diversidad y la pluralidad municipal, rural, urbana e indígena en sociedades tradicionales y en proceso de modernización.
Lo peor de ello es el terrible crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública, que más allá de la responsabilidad administrativa de cada uno de ellos es esencial proveerlo de instrumentos e incentivos para su desarrollo integral.
La propia Auditoría Superior de la Federación ha considerado la necesidad de fortalecer los ingresos propios de los gobiernos locales, elevar la calidad del gasto y recuperar el equilibrio presupuestario; reformar el federalismo hacendario; regular el financiamiento y su destino.
Son muchos los cambios que se deben establecer en una reforma estructural municipalista, que por supuesto impulsaremos desde la Comisión de Desarrollo Municipal, que orgullosamente tengo el encargo de presidir. Son cambios que se realizarán con la convergencia de los actores involucrados y con el trabajo conjunto de los órdenes y Poderes del Estado en el ámbito nacional y local, pero principalmente con la participación de los municipios de nuestro país.
Esa convicción es la que nos alienta a la presentación de la presente iniciativa que crea el Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, que tiene por objeto formar cuadros con liderazgo administrativo, con visión de largo plazo, con un enfoque multidisciplinario que trascienda el conocimiento de la actividad variada y organizada desde la administración pública, que promueva el desarrollo integral del municipio, en donde se conjugue la experiencia con los nuevos conocimientos; que proporcione las estrategias de desarrollo de las burocracias desde los distintos órdenes y ámbitos ejecutores y deliberativos del ayuntamiento.
Se trata, pues, de promover la formación integral municipal con medidas preventivas, educativas, de profesionalización, instrucción y enseñanza de las prácticas gubernamentales que influyan en los administradores para competir por el liderazgo administrativo. Todo ello para detonar el desarrollo de los diferentes ámbitos de acción del municipio y prepararlo para los cambios estructurales venideros.
La formación es fundamental porque incentiva el desarrollo, la cooperación individual y colectiva; permite a las personas conocer los mejores instrumentos con los que cuenta para evolucionar la organización. Es una forma de educar y enseñar y perfeccionar la actividad profesional, técnica, tecnológica e incluso científica. Es una herramienta del progreso, es en esa formación.
Vale la pena reconocer el gran esfuerzo que han realizado organismos de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones académicas, asociaciones civiles, entre otros, por lo que es impostergable iniciar una actividad genérica articulada, sistemática, con planeación nacional, recursos suficientes, con la participación de los diferentes ámbitos del Estado y la sociedad en armonía con las necesidades municipales.
Se trata de un Instituto fundado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública con pleno respeto a la autonomía del municipio, bajo los principios de cooperación, coordinación, complementariedad y subsidiariedad de un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica de gestión, con una junta de gobierno, órganos de consulta municipal y social en el ámbito nacional y local, así como una estructura territorial en todas y cada una de las entidades federativas del país.
Será un organismo inédito en México, no vinculante, que no propicie la duplicidad de funciones o choque de administraciones y su desempeño estará basado principalmente en promover el desarrollo integral del municipio; acercar sus programas para colaborar en la formación integral; formar a los integrantes de los cabildos desde el momento de ser electos; dar seguimiento y asesoría de los proyectos de desarrollo integral y regional; instruir a los funcionarios municipales para la preparación de políticas públicas; orientar sobre estudios de eficacia, responsabilidad política y administrativa; enseñar planeación enfocada a lograr una programación de largo plazo; aleccionar sobre la programación, ejecución del Presupuesto de Egresos e Ingresos; instruir sobre la toma de decisiones, gobierno transparente y solución de conflictos.
Aquí hay un antecedente muy importante en esta legislatura, de los 500 compañeros diputados federales, hay 101 que fueron ex presidentes municipales, saben de esta urgente necesidad y sobre todo lo importante, que desde el momento que declaren autoridades electas a los presidentes municipales y sus cabildos, desde ese momento ese instituto se tenga que acercar y no estar esperando a que los munícipes busquen las estancias del gobierno federal o estatales para coadyuvar en su formación.
Entonces, es muy importante que ojalá podamos revisarlo con todos ustedes, que generemos este precedente, mucho muy importante, para que también aprovechemos el esfuerzo que han hecho organismos como el Inafed, pero que ha sido insuficiente porque no se ha podido aterrizar en todas las localidades.
Entonces, ojalá nos permitan avanzar en este sentido y por eso pedimos que nos suscriban todos los que han sido ex presidentes municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Sonia Rincón Chanona, a nombre de la diputada Cristina Olvera y de otros diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enarbola el derecho que asiste a todo habitante de nuestro país, para gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, disposiciones que obligan al Estado a garantizarlo.
Uno de los elementos que propician la diversidad de ecosistemas dentro de los 1964 millones de kilómetros cuadrados con que cuenta nuestro país, es la ausencia o abundancia de agua, la cual a lo largo del tiempo ha perfilado las diversas regiones naturales en que se divide México, permitiendo los asentamientos humanos.
Es así, que se crea un organismo específico en materia de preservación del vital líquido, a saber la Comisión Nacional de Agua (Conagua), que para los diagnósticos se sirve de la información que provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), entre muchos otros.
Ante la dificultad de atender cada uno de los aspectos de preservación del medio ambiente nacional, se ha dado paso a organismos específicos para que el diagnóstico, investigación, seguimiento y solución de problemas en aspectos medioambientales, entre los que se encuentra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, aunque la responsabilidad de establecer la preservación, control y vigilancia de los recursos hídricos del país recae orgánicamente en la Comisión Nacional del Agua y funge como el órgano administrativo sancionador, existe la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la cual tiene a su cargo, entre muchos otros, la encomienda de realizar funciones de verificación del cumplimiento de las normas.
Como parte de los procesos humanos, en México se producen 242 mil litros de aguas residuales por segundo, de los cuales solo 35 de cada 100 litros de estas aguas mantienen un proceso de tratamiento y los 65 restantes se vierten directamente a los cuerpos de aguas en ríos, lagos y mares, constituyendo un riesgo latente para la salud de la población, cifra a que se deben sumar los provenientes de la industria que desaloja 133 mil litros por segundo, de los cuales solo 15 de cada 100 son tratados.
Las aguas residuales no tratadas que se vierten al medio ambiente transportan residuos domésticos e industriales de muy diverso origen, entre los que se cuentan lodos, breas, metales pesados, solventes y aceites entre otros muchos. Incluso, residuos orgánicos que pueden ser infectocontagiosos, como los que se producen en los rastros.
A esta situación se deben sumar los residuos agrícolas y ganaderos que incluyen contaminaciones por fertilizantes e insecticidas y desechos animales, lo que puede provocar la aparición de padecimientos como cáncer en diversas formas.
Por situaciones como las anteriormente descritas, el desafío en esta materia será hacer efectivo el derecho de la salud mediante el saneamiento de los cuerpos de agua, por lo que será esencial el diseño de acciones y la vigilancia que reduzca su contaminación.
Para lograr estos fines y dada la importancia que reviste el cuidado de nuestros cuerpos hídricos, así como la vigilancia de sus diversos procesos, consideramos indispensable que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, dado su marco normativo tenga un papel más determinante en la vigilancia de los diversos aspectos del cuidado y preservación del vital líquido.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos de la importancia de conservar el gran capital natural con que cuenta nuestra nación, a fin de garantizar una vida digna para los mexicanos de hoy y del mañana.
Concebimos este compromiso aceptando la responsabilidad con las generaciones futuras de conservar los recursos naturales que le pertenecen tanto a ellos como a nosotros mediante propuestas responsables y efectivas.
Es por este razonamiento que sometemos a la consideración de esta honorable representación popular el decreto por el se que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuente con las facultades de autorizar y verificar la descarga de aguas residuales en el país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. De igual manera, con el permiso de mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, corriéndose la siguiente, y se reforma el artículo 59 de la misma, sobre la publicación de las normas jurídicas que permitan su socialización y cumplimiento.
El ser humano para preservar su especie requiere de un ente externo que así lo garantice dando como resultado al Estado, como lo reconoció Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social.
Por su parte el Estado para cumplir su alta y trascendente función requiere que las normas que rigen la vida social para que los gobernados puedan vivir en armonía y desarrollarse en una forma plena e integral, como tienen derecho, y que se encuentren debidamente establecidos en un marco normativo, las que en forma atingente en nuestro país se le conocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derechos humanos.
En concordia es fundamental no solamente la expedición de las normas jurídicas, sino además su estricto cumplimiento. Para ello su socialización y difusión dentro de todos los miembros de la sociedad, gobernantes y gobernados, resulta ser de la mayor importancia correspondiéndole como consecuencia al titular de Ejecutivo federal tanto su promulgación como su ejecución, proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia como lo consigna el propio artículo 89 de la norma fundamental.
En este sentido, la parte culminante del proceso legislativo, como sostenía Braulio, es la partida del nacimiento de la ley por cuanto a su existencia cierta, auténtica, y la reviste de fuerza coercitiva.
La publicación por su parte es el medio utilizado para dar a conocer el texto de la ley u otra norma jurídica a los habitantes de un país, realizándose mediante la inclusión del texto de la norma en el periódico oficial. Lo cual a todas luces resulta ser insuficiente, ya que dicho medio no se encuentra al alcance de la mayor parte de los gobernados.
Por lo que se estima necesario que el Estado –bajo la responsabilidad que le asigna ya el marco normativo– proceda a ampliar la difusión de las leyes, reglamentos y circulares de interés general, a efecto de contribuir así a la generación de una cultura de la legalidad y por ende del respeto irrestricto a la dignidad de todo ser humano, tal y como está previsto en el artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, a la que habría que adicionarse una fracción que garantice la difusión y publicación de las normas jurídicas que permitan, reitero, su socialización y cumplimiento.
A mayor abundamiento la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía, define como tiempos oficiales a los espacios con los que cuentan los organismos federales en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir sus mensajes a la ciudadanía.
Por su parte el reglamento de la ley en comento en su artículo 15, contempla la obligatoriedad de las estaciones de radio y televisión, a incluir gratuitamente en su programación minutos para el Estado, en los que además de los tiempos oficiales se encuentran los tiempos fiscales, los cuales consisten en el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y televisión concesionadas.
Por ello, se considera que el tiempo que se le asigna al Poder Legislativo para la difusión del trabajo que se desarrolla en el Congreso no es suficiente. De acuerdo a un estudio de parametría, la televisión aparece como el medio de mayor confianza entre los mexicanos, siendo así que 7 de cada 10 personas, o sea el 67 por ciento, menciona que les genera mucho o algo de confianza; por el contrario, solo 5 de cada 10 confía en la radio y en los periódicos.
Por lo tanto sería de suma importancia, que la televisión como medio idóneo de comunicación de los mexicanos coadyuve a que se enteren de los trabajos que realiza la Cámara de Diputados y su colegisladora y particularmente las normas jurídicas, adiciones y sus reformas.
Por ello, los diputados de Movimiento Ciudadano, consideramos que todos los mexicanos tenemos el derecho a conocer de forma, oportuna y veraz los trabajos que se abordan, discuten y se aprueban por las Cámaras del Congreso de la Unión, particularmente lo relativo a las normas jurídicas.
Por tal razón, es pertinente una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para que se amplíen los tiempos oficiales al Poder Legislativo. Aunado a que como legisladores, debemos fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que nos permita transitar hacia la consolidación de una verdadera democracia, participativa en nuestro país.
Sin duda, compañeras y compañeros, que la socialización de la norma jurídica entre los gobernantes y gobernados es fundamental para albergar los estadios de paz y armonía que necesitamos y merecemos, lo cual pretende coadyuvar a alcanzar la presente iniciativa a través del conocimiento, respeto y cumplimiento de las normas jurídicas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros. Desde el 9 de febrero de 2012, los legisladores del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los estados tenemos una deuda que saldar con la juventud mexicana.
Según se estableció en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional por el que se instituye la obligación del Estado de impartir la educación media superior, eran 180 días los que teníamos para adecuar la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia para hacer realidad ese derecho para todos los jóvenes y desafortunadamente no lo hemos hecho.
Es por ello que hoy estoy aquí en esta tribuna con el objetivo de presentar esta iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Educación, a fin de hacer operativa la reforma constitucional que hace obligatorio para el Estado impartir educación media superior.
Para Acción Nacional la obligatoriedad de la educación media superior supone que el Estado generalice el acceso a este nivel educativo. Es decir, asegure que todos los jóvenes ingresen y se mantengan estudiando hasta concluirlos y logren –desde luego– un aprendizaje de calidad.
Por ello considero importante mencionar que desde la pasada administración panista se inició un proceso de cambio estructural de la educación media superior que consistió en una reforma integral para la creación del sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad.
Lo anterior indiscutiblemente ha sentado las bases que, de institucionalizarse en la ley, permitirán la existencia de una estructura curricular propia de la educación media superior que permita y aliente la diversidad sin desconocer que todas las instituciones de este nivel son parte de un mismo subsistema.
De ahí que sea nuestro objetivo formalizar los avances que, en materia de educación media superior, se iniciaron en la administración federal pasada y continuar trabajando por consolidar un sistema eficaz y eficiente en el logro de otorgar a cada joven un espacio educativo de calidad en el nivel medio superior.
De esta manera se instituye en la Ley General de Educación al sistema nacional de bachillerato para impulsar la calidad de la educación media superior a partir de un marco curricular tendiente al desarrollo de capacidades humanas fundamentales establecidas en el artículo 3o. de nuestra Constitución.
Compañeras y compañeros. La cobertura y la calidad en la educación media superior constituyen un supuesto fundamental para que el país pueda dar respuesta a los desafíos de una economía globalizada en un marco de equidad e igualdad que beneficie a todos nuestros jóvenes.
Es muy importante que podamos legislar en la materia precisamente en el marco de la reforma estructural constitucional que aprobamos en materia educativa, porque si no aterrizamos y llevamos a legislación secundaria todas las propuestas que se requieren para superar la calidad de la educación en México, nos vamos a quedar solamente en la reforma constitucional y no vamos a lograr los objetivos de la calidad educativa.
En este marco debe inscribirse esta iniciativa y ese dictamen de la obligatoriedad y las condiciones de la educación media superior y de otros temas que votamos en los transitorios de la reforma educativa, como por ejemplo los métodos para tener calidad educativa, evaluación; por ejemplo el horario escolar extendido. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. ¿No se encuentra la diputada Jessica Salazar? Bueno, entonces continuamos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley General de Educación, la educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo de los menores de cuatro años de edad.
Esto implica que recibir educación y cuidados adecuados durante esta etapa, es fundamental para el correcto desenvolvimiento, autoestima y seguridad en nuestra infancia y por lo tanto de nuestra futura ciudadanía.
Actualmente se puede acceder a este tipo de servicios mediante dos esquemas. Por una parte tenemos las guarderías y estancias infantiles que forman parte del sistema de seguridad social en nuestro país y que son primordialmente una prestación social.
Para poder acceder a ellas se requiere necesariamente ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o en su defecto, acudir al Programa de Estancias Infantiles, para Apoyar a Madres Trabajadoras, para lo cual se requiere, entre otras cosas, no tener acceso al servicio del cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social o de otros medios y que al momento de solicitar el apoyo el ingreso per cápita del hogar no rebase la línea de bienestar económico tanto en áreas rurales como urbanas que el día de hoy es de mil 390 y 2 mil 201 pesos, respectivamente.
Por otra parte se encuentran aquellas instituciones públicas y privadas que al formar parte del Sistema Educativo Nacional proveen tanto una prestación social como un servicio público, siempre y cuando cuenten con la autorización o reconocimiento por parte de la autoridad educativa.
Estas instituciones, guarderías y estancias infantiles proporcionan a los padres un esquema flexible y mejor adaptado a las necesidades y requerimientos del sistema económico y del mercado laboral, el cual muchas veces requiere que además de proveer los cuidados y enseñanzas adecuados a los menores, permita a los padres la capacidad y libertad de decidir los horarios y el tipo del sistema educativo con el cual se desarrollarán sus hijos.
En ese sentido consideramos que cada esfuerzo que el Estado realiza para apoyar el correcto avance del sistema educativo, se traduce en un impulso para el desarrollo, modernización y progreso de nuestro país.
Es por eso que consideramos necesario que cada iniciativa en la materia promovida desde el gobierno, debe suponer el alcance más amplio de sus beneficios.
El 15 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que adicionó el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por el cual se otorga un estímulo de carácter fiscal a los contribuyentes, personas físicas, a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de servicio de enseñanza, correspondientes a los tipos de educación básica y media superior, cuando dichos pagos se realicen en instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.
Si bien la intención es loable y el decreto establece la deducción de los gastos realizados por los servicios de enseñanza que el Estado está obligado a prestar, no podemos dejar de puntualizar que no se incluyó al tipo de educación inicial que, como ya señalamos, es fundamental en el desarrollo temprano de las personas.
Además, pese a los esfuerzos realizados en la materia tanto por el sistema de seguridad social de prestaciones sociales y el sistema educativo, la atención que proveen las instituciones públicas en la materia no es suficiente para atender en su totalidad a los menores que requieren recibir este tipo de cuidados.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 del Inegi indica que en México el 38.3 por ciento de la población económicamente activa son mujeres, de las cuales 63 por ciento no cotizan ni han cotizado en el IMSS y/o en el ISSSTE, situación que no les permite tener acceso a las guarderías o instancias infantiles.
Además, por eso proponemos que un estímulo fiscal fortalece el sistema educativo nacional cuando el beneficio no es válido sólo cuando dichos pagos se realizan en instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación.
Con la disminución de los gastos generados por el concepto de colegiaturas se fortalece el sistema educativo.
Por todo lo anterior pongo a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto por el cual se adiciona el Capítulo IX de los servicios de la enseñanza contratados en establecimientos privados con autorización o reconocimiento de validez de estudios oficiales, del Título Séptimo de los estímulos fiscales, con los artículos 239, 240 y 241 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Ya se encuentra en el pleno y tiene la palabra por cinco minutos la diputada Jéssica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada Jéssica Salazar Trejo: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados: nuestro país es formalmente uno de los campeones mundiales en materia de equidad de género. Hemos suscrito todos los tratados y convenciones internacionales en la materia:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 1966: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José, Costa Rica; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en 1999; y la Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
Nuestra Constitución es un ejemplo a seguir en la materia. El artículo 1o establece los principios de igualdad y de no discriminación. El artículo 2o ordena la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo. El artículo 4o establece la igualdad entre mujeres, hombres y los derechos de las niñas y de los niños. Los artículos 14, 16, 19, 20 y 90 establecen el marco para la penalización de la violencia familiar. El artículo 34, el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres y los artículos 35, 36, 52, 56, 115 y 116, establecen diversas acciones afirmativas en la legislación electoral.
Contamos con leyes especiales para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Prevenir y erradicar la discriminación, sancionar y erradicar la trata de personas, la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Nuestros estados por su parte han emulado el nuevo paradigma de la equidad de género a la mexicana mediante la expedición de la legislación pertinente.
No obstante lo anterior, compañeros, diputadas y diputados, la realidad es otra.
En México, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existimos 115 millones 296 mil 767 habitantes, de los cuales 59 millones 541 mil 411 somos mujeres. Eso es, las mexicanas constituimos el 51.6 por ciento de la población. De las 85 millones 777 mil 703 millones de personas en edad de trabajar, los 45 millones 22 mil 743, el 52.5 somos mujeres.
No obstante lo anterior, tan sólo 19 millones 629 mil 131, el 38.2 por ciento, forma parte de la población económicamente activa; incluso, de éstas, un millón 50 mil 27 se encuentran desocupadas. El resto, 25 millones 393 mil 612, a pesar de encontrarse en los años más productivos de su vida, carecen de trabajo.
De acuerdo con ello, las mujeres son más, pero tienen menos empleos, además de que la mayoría lo hace en condiciones de desigualdad, tanto en el aspecto salarial como en lo relativo al ascenso en el empleo.
Por tal motivo, se propone adicionar un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta que otorga un estímulo fiscal a los empleadores, personas físicas o morales, que contraten mujeres.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone adicionar un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 222 Bis. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, del impuesto sobre la renta que empleen a personas del sexo femenino.
El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas señaladas en las fracciones anteriores.
Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta de la trabajadora de que se trate en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto de las trabajadoras a que se refiere el presente artículo, con las obligaciones contenidas en los artículos 12 y 15 de la Ley del Seguro Social, y la retención y entero a que se refiere el capítulo 1 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, para el caso de los contribuyentes cuya planta de trabajadores del sexo femenino acceda al 50 por ciento, sólo podrán deducir hasta 18 por ciento.
El Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Lo dispuesto en el presente decreto no será aplicable a los salarios devengados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto y que se paguen con posterioridad a dicha fecha a las personas que en el mismo se refiere.
Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Juárez.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar a quien presenta hoy la iniciativa. Preguntarle si nos permite adherirnos a esta iniciativa que va a favor de las mujeres, que me parece que todos los aquí presentes deberíamos de hacerlo también.
Aprovecho, señor presidente, este espacio para condenar enérgicamente la sentencia a muerte por lapidación, precedida de un acto de tortura pública consistente en 10 latigazos en la espalda, en contra de la joven tunecina Amina, de 19 años por difundir en las redes sociales una fotografía de ella con el pecho desnudo y con una frase escrita en árabe, en la que aboga por los derechos de la mujer.
Mi cuerpo es mío y de nadie más, y creo que esa expresión deberíamos de tenerla cada una de las mujeres y condenar este acto, y no solamente cada una de las diputadas y diputados que nos encontramos aquí, sino de todo el pueblo de México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó recogida. Estoy seguro que la diputada Jessica Salazar no tiene inconveniente en que usted suscrita esta iniciativa, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher, por favor.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para solicitar el turno para opinión de la Comisión de Equidad y Género. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto. También se turna la iniciativa de la diputada Jessica Salazar para opinión, a la Comisión de Equidad y Género.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.
La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Mi iniciativa es con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, en donde se trata de poner como delito grave en el Código Penal Federal, la pesca ilegal del pepino de mar.
El pepino de mar se encuentra amenazado con la extinción. La autoridad ha dispuesto épocas y zonas de veda, pero esto no ha sido suficiente. Desafortunadamente este tipo de prohibiciones han incrementando la pesca ilegal, que amenaza con la extinción de estas especies.
Lo razonable es impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, pero ya es sumamente urgente y necesario desalentar y de plano evitar estas conductas ilegales.
El pepino de mar es un organismo que vive en los fondos marinos en las zonas de coral y en las rocas. Son inofensivos, se alimentan de sedimento y limpian el fondo de los mares, esto es, funcionan como un filtro en el mar, lo que contribuye al equilibrio ecológico.
Se aprovecha para el consumo humano, pero también como medicina contra el dolor y los malestares estomacales y respiratorios. Los principales centros de consumo se localizan en Asia y Europa, muy especialmente en países como China, Japón y Corea del Sur.
En México, la captura del pepino se ha incrementado en forma tan grave y alarmante que ya amenaza seriamente con la extinción. El precio por tonelada resulta insultante, supera los 3 mil dólares, es decir, más de 36 mil pesos mexicanos en promedio, lo que hace muy atractiva su captura y la pesca ilegal.
En el 2012, la estimación de captura e ingreso se ubicó en unas 580 toneladas, con una derrama aproximadamente de más de 20 millones de pesos. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece infracciones y sanciones administrativas, pero esto no es suficiente.
El pasado 14 de febrero se publicó un nuevo acuerdo de veda para la pesca de todas las especies de pepino de mar en la zona marítima de la Península de Yucatán. Oficialmente se reconoce que las especies de pepino de mar representan un recurso biológico reciclador de materia en el ecosistema, que es vulnerable a los cambios ambientales y a la pesca, por lo que es indispensable su protección efectiva.
La veda tiene como finalidad inducir a la permanencia en las áreas de pesca y mantener la biomasa capturable, para que de esa manera se regenere y de manera sustentable sea esto, lo que produzca beneficios a los pescadores de Campeche y Yucatán.
No podemos perder de vista que es de suma importancia para el ecosistema marino en su conjunto, porque el pepino de mar realiza una función depurativa y de limpieza de los océanos muy importante.
Es por todo esto que la función del pepino de mar tiene una repercusión positiva y desencadenante en el medio ambiente. Su extinción, esto es muy importante compañeros, produciría un efecto devastador en el medio marino, por lo que su preservación es un imperativo de vital importancia.
Por eso estoy solicitando el apoyo de esta soberanía, para que esta conducta depredatoria del pepino de mar se tipifique como delito en el Código Penal Federal.
Esta iniciativa de ley tiene como antecedente inmediato el hecho de que la protección legal que estamos pidiendo para el pepino de mar ya es ley vigente para el abulón y la langosta.
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo único. Se reforma el artículo 420, fracción II Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 420. Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa a quien ilícitamente...
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y pepino de mar, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso. Y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa.
En los términos del artículo 164 de este Código se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen. A ver, sonido en la curul del diputado Enrique Aubry, por favor, y después de la diputada Gabriela Medrano y del diputado Sergio Chan.
El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (desde la curul): Gracias, presidente, solo para preguntarle a la diputada proponente si me puedo sumar a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No tiene inconveniente. Igual, el diputado Sergio Chan.
El diputado Sergio Chan Lugo (desde la curul): En el mismo sentido, presidente, para si la diputada permite, siendo también vecino del estado de Campeche, siendo diputado del estado de Yucatán nos permite adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: La diputada Beatriz Zavala es para lo mismo. La diputada Berzunza no tiene inconveniente, los que deseen suscribir la iniciativa, la dejamos en manos de la Secretaría. Y se turna a la Comisión de Justicia para dictamen. La diputada Gabriela Medrano.
La diputada Gabriela Medrano Galindo (desde la curul): Para solicitarle también a la diputada su permiso para sumarnos toda la bancada del Partido Verde Ecologista a su iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Pueden pasar a suscribirla aquí en la Secretaría. Ya la diputada Berzunza la aceptó. Y se turna, como lo dije, a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley que garantiza el derecho de réplica.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento ante ustedes esta iniciativa de ley que busca garantizar el derecho de réplica, también conocido como el derecho de rectificación o respuesta, considerado en nuestra Carta Magna en la reformas al artículo 6o. constitucional en el 2007, incluido también en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que señala que el derecho de réplica debiera reglamentarse en el 2008.
El principal objetivo de esta iniciativa que presento hoy es garantizar el derecho humano de la libertad de expresión, cuyo cumplimiento práctico se encuentra en manos de particulares, los propietarios de los diversos medios de comunicación. México no puede quedarse atrás en el cumplimiento y legislación de los derechos humanos, incluido el derecho de réplica.
El 6 de febrero de 1981 México ratificó su adicción a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este instrumento internacional, también llamado Pacto de San José, establece en su artículo 14 que: Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
No obstante a esto en nuestro país ha sido disfuncional e inoperante el derecho de réplica, por lo que es urgente que esta obligación sea aplicable a cualquier medio de comunicación acompañado de procedimientos más ágiles que existan en una nueva disposición legal que garantice acciones constitucionales, civiles, penales, administrativas para su debida aplicación.
Es tiempo de poner un límite responsable y justo a quienes utilizan los diferentes medios de comunicación como instrumento para la calumnia, la injuria, la mentira, que busca afectar el honor y la buena fama. No es un asunto que debe discutirse sólo en periodos electorales, se trata de reglamentar el derecho de cualquier ciudadano para que pueda exigirlo cuando sea afectada su imagen pública.
De ahí que no es la primera vez que este debate llega a esta tribuna, existen al menos 15 iniciativas presentadas desde el 2007 a la fecha, seis del Partido Acción Nacional, cinco del Partido de la Revolución Democrática, dos del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido Verde Ecologista de México, uno del Partido del Trabajo, que sin duda indican que el tema ha estado presente en las prioridades de las diputadas y de los diputados en las últimas tres Legislaturas, pero no ha habido voluntad política para sacarlo adelante.
Dado que consideramos que debe acordarse un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de réplica proponemos:
1. Que el derecho de rectificación pueda ser promovido de manera simple, directa e inmediatamente ante el medio de comunicación para replicar la información que se desea aclarar.
2. Se propone entre otras cuestiones que exista sanción para el medio de comunicación que haya negado este derecho al afectado, sanción que deberá ser considerada por un juez que otorgue hasta el doble del tiempo o espacio que corresponde a la réplica solicitada. En este sentido, presento ante esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, los exhorto a que hoy hagamos la diferencia, actuemos con determinación y voluntad política. Hagamos historia para que nunca más en este país exista persona, que resultado de un negocio mediático injustamente pierda lo que nos dignifica, orgullece y engrandece: El honor. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, don Raúl Paz Alonzo, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o., de la Ley General de Educación.
El diputado Raúl Paz Alonzo: Con su venia, señor presidente. La música ha sido pieza fundamental en el desarrollo y organización de la raza humana, a través de ella los pueblos han encontrado formas de identificarse y distinguirse de los demás, además de ser un fiel testigo y manifestación del momento histórico, político y social, muestra de la expresión armónica y estética del ser humano.
Sin duda, la música es un medio para trasmitir no solo sentimientos y emociones, sino también ideas y conceptos sobre nuestra idiosincrasia. La música es una herramienta eficaz para el aprendizaje y una mejor comprensión del lenguaje. Científicos de la UNAM descubrieron que la música genera mayor actividad en la zona del lenguaje del cerebro, lo cual podría servir para aminorar deficiencias y proporcionar mejores recursos terapéuticos en personas que presentan trastornos en dicho proceso.
Enseñar desde temprana edad a apreciar y comprender la música, así como operar un instrumento musical, permite desarrollar capacidades cognitivas y perceptivas. En diversos países, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia y Chile, la educación musical es una materia obligatoria dentro del sistema educativo básico y no se encuentra dentro de una asignatura general de apreciación o enseñanza artística como actualmente ocurre en países como México.
El Plan de Estudios de Educación Básica para el ciclo escolar 2011-2012 elaborado por la SEP, contempla la enseñanza artística, sin embargo no específica el tiempo destinado para el aprendizaje de la música.
Instruir la educación musical en la enseñanza básica, además de las ventajas cognitivas y perceptivas permite hacer efectiva la reforma constitucional al artículo 4o. publicada en abril de 2009, para la cual se establece el derecho de toda persona a acceder a la cultura y al disfrute de bienes y servicios de dicha materia.
Durante los últimos años hemos sido testigos de un resquebrajamiento en el tejido social, como consecuencia del embate de grupos del crimen organizado, que día a día permean a miles de niños y jóvenes ofreciéndoles paraísos falsos y la inmediatez del dinero y la fama efímera que tarde o temprano terminará arrancándoles la vida. La música puede convertirse en una opción para miles de niños y jóvenes de integrarse a su comunidad y alejarse de vicios y grupos delictivos.
Hoy más que nunca, su práctica y enseñanza en las escuelas públicas, permitiría garantizar a miles de niños y jóvenes una oportunidad invaluable y la esperanza de un mejor futuro más cordial, armónico y solidario.
Un servidor, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presenta esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a fin de que la enseñanza musical esté contemplada como uno de los fines de la educación que el Estado imparte y, con ello, que la SEP elabore los planes de estudio incluyendo una materia aparte, tanto para su instrucción como para su práctica. Éste es un paso más para abonar a un país más armonioso que deje atrás las notas rojas y dé paso a las notas musicales.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Fomentar, inculcar y desarrollar mediante la enseñanza desde la educación básica, la comprensión y práctica de la música para fortalecer el proceso educativo, cognitivo, social y cultural. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En clave sol, la turnamos a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
Don Miguel Sámano Peralta, del PRI, tiene usted el uso de la voz para presentar iniciativa con proyecto de que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. ¿No está don Miguel Sámano? Está en un trámite personalísimo e intransferible.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Andrés Eloy Martínez Rojas, ¿está? Adelante, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Vengo a proponer una iniciativa que tiene que ver con este asunto tan grave como lo es la obesidad y el sobrepeso que están afectando a todo mundo. México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial tristemente en estas estadísticas.
La obesidad y el sobrepeso son enfermedades crónicas que tienen múltiples causas, que se desarrollan a partir de la interacción de factores metabólicos, conductuales, psicológicos, sociales, celulares y hasta moleculares. Dicha patología se define como el exceso de grasa, es decir, el tejido adiposo en relación con el peso. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
El llamado Índice de Masa Corporal, IMC, pero en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros, es un índice utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos.
La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso como un índice de masa igual o superior a 25 y la obesidad como un índice de masa corporal igual o superior a 30. La misma Organización Mundial de la Salud menciona que el sobrepeso y la obesidad mundial actual, se consideran una problemática sumamente relevante.
En el mundo mil millones de adultos tienen sobrepeso, cifra que de no tomar las medidas pertinentes, superará los mil 500 millones en 2015. Aunado a esto, más de 300 millones son obesos. Cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso y aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de medianos y bajos ingresos.
Y qué decir de los niños; en el mundo hay más de 42 millones de menores de cinco años con sobrepeso. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen más probabilidades de sufrir enfermedades a edades más tempranas, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares que a su vez se asocian con un aumento de la probabilidad de muerte prematura y hasta la discapacidad.
A nivel mundial el sobrepeso y la obesidad causan muchas muertes. Entre los países con ese problema se incluyen todos los de ingresos altos y medios, ya que 44 por ciento de los casos mundiales de diabetes, 23 por ciento de cardiopatía isquémica y 41 por ciento de determinados cánceres, son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad.
Según datos de la OCDE, Estados Unidos es el primer país con mayor índice de obesidad en el mundo, teniendo el 33.8 por ciento; mientras que México ocupa el poco honroso, como ya lo decía, segundo lugar de obesidad en su población con el 30 por ciento y es una cifra que tiende a aumentar. De los mil 200 millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad en el mundo, 80 millones son mexicanos; de estos 70 por ciento sufren el primero y 30 por ciento por la segunda.
Existen causas que han conducido al sobrepeso y a la obesidad, entre ellas un descuido general de la dieta básica de los mexicanos y subestimar uno de los pilares fundamentales del desarrollo del país que es la educación.
Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de adultos a causa de padecimientos asociados a dichos problemas y de no establecerse estrategias que detengan el avance del sobrepeso y la obesidad en adultos y sobre todo en niños y adolescentes, enfermedades como diabetes, hipertensión, infarto a miocardio, cardiopatías, patología musculoesqueléticas y muchas otras más, cobrarán también muchas víctimas.
Por su parte la Secretaría de Salud considera que en territorio mexicano estas enfermedades han aumentado en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, mientras que la Federación Mexicana de Diabetes, en su estadística pública muestra que en nuestro país uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años tiene obesidad o sobrepeso y que las cifras de individuos enfermos de diabetes han aumentado exponencialmente durante la última década, ya que cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes, cada dos horas mueren cinco personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes de cada 100 pacientes con diabetes y 14 presentan alguna complicación renal. El 30 por ciento de los problemas de pie diabético termina además en amputación. De cada cinco pacientes con diabetes, dos desarrollan ceguera; esto hace además que México ocupe el décimo lugar en diabetes mundial y se estima que para el 2030 ocupe el séptimo puesto.
El problema con este asunto es que hemos pasado de la idea de que los niños obesos son saludables a tener cifras alarmantes acerca de las condiciones de salud de nuestros infantes. Sabemos que existe un problema; sin embargo, poco se ha hecho para resolverlo y para atacarlo.
La obesidad infantil es un problema serio de salud que debe interesarnos a todos, puesto que en un futuro nos afectará como sociedad. Las cifras y estadísticas que constantemente leemos son sólo un mínimo adelanto de lo que sucederá con nuestros niños cuando lleguen a la juventud y se encuentren enfermos o incluso incapacitados para estudiar y hasta para trabajar. Eso sin contar el costo que tendrá para los sistemas de salud pública atender a los numerosos enfermos que tendrán que recibir tratamiento de por vida para aliviar las enfermedades asociadas con la obesidad. Jóvenes que antes de cumplir 30 años tendrán severos problemas de vista o ceguera permanente, derivados principalmente de la diabetes.
El problema de fondo es el desequilibrio energético entre las calorías que se ingieren y las que se gastan. Las medidas para restablecer el orden son conocidas, aunque poco usadas, o aplicadas de manera equívoca.
En países industrializados como los Estados Unidos se incrementó notablemente el consumo de comida hipercalórica, mientras que en México también optamos por desplazar los alimentos de origen natural y consumir los de bajo valor nutritivo.
La obesidad suele ser el resultado de dicho desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. El aumento del consumo de alimentos muy ricos en calorías, sin un aumento proporcional de la actividad física, produce un aumento de peso. La disminución de la actividad física produce igualmente un desequilibrio energético que desemboca en el aumento de peso. Asociado a ello no podemos alimentarnos a base de comestibles chatarra, mismos que contienen grasas de mala calidad y muchos azúcares solubles y almidones modificados.
La población le deja mucho dinero a la industria de alimentos inadecuados, de acuerdo a un artículo titulado “Sobrepeso y obesidad en el niño y el adolescente”, del doctor Raymundo Paredes Sierra, de la Facultad de la UNAM, en donde da cuenta precisamente de cómo se ha vivido una transición de transculturalización.
Lo que proponemos en esencia es que se incluya en las etiquetas de los productos de bajo valor nutritivo la advertencia sobre las consecuencias de su consumo excesivo para la salud, de manera similar al etiquetado de bebidas alcohólicas y cigarrillos.
Aprobar esta iniciativa sería un verdadero regalo para la salud presente y futura de los jóvenes y de toda la población mexicana que se ve expuesta precisamente a la alimentación basada en alimentos chatarra. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Fue mucho. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora sí don Miguel Sámano Peralta, que ya regresó de sus deberes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Miguel Sámano Peralta: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados.
En ejercicio de mis facultades constitucionales y legales someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación conforme a la siguiente
Exposición de motivos
Se ha dicho con sobrada razón que para ser una sociedad desarrollada y moderna, es necesario generalizar el acceso a los servicios educativos de calidad y bajo principios de equidad.
Esta tesis cobra mayor importancia cuando se refiere a la necesidad de garantizar este derecho para aquellas personas que presentan alguna limitación física o sensorial que les dificulta acceder, permanecer y concluir satisfactoriamente una trayectoria escolar.
Según organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, mil millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad. Es decir, el 15 por ciento de la población mundial de esta cifra, el 80 por ciento vive en países en desarrollo y su gran mayoría enfrenta condiciones de pobreza.
De acuerdo con el Inegi, en México existen cerca de 6 millones de personas con discapacidad, esto es, el 5.1 por ciento de la población. Entre ellos, más de un millón tienen menos de 29 años, lo que los convierte en potenciales demandantes de programas y estímulos para poder asistir a la escuela.
La suscripción de tratados internacionales obliga a México a emprender acciones para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a una educación gratuita de calidad y en igualdad de condiciones.
Los mexicanos hoy contamos con una extensa legislación en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad, siendo unas más perceptibles, las pautas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la educación.
Específicamente, la Ley General de Educación habla en su artículo 41 sobre la atención especial que debe recibir este grupo de población; sin embargo, no precisa la existencia de apoyos de tipo económico o en especie, como el que nos ocupa en esta iniciativa y que refiere precisamente a los programas de becas.
En efecto, dentro de las grandes estrategias para promover la equidad en el acceso y permanencia de los alumnos a la educación, se encuentran los programas de becas escolares. Tradicionalmente los dos criterios para otorgar becas u otro tipo de apoyos económicos refieren al nivel de aprovechamiento escolar y la solvencia económica de las familias del estudiante. Creemos firmemente que es necesario preciar en la Ley General de Educación, en la fracción VIII del artículo 33, que las becas y demás apoyos económicos deben entregarse preferentemente a estudiantes que padezcan alguna discapacidad o que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.
Esta propuesta viene a fortalecer el andamiaje jurídico para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la educación y que con ello puedan participar de forma activa en la sociedad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Jesús Oviedo Herrera, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Diputada. Doña Joaquina Navarrete.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para pedirle de la manera más atenta al diputado Sámano, me pueda hacer favor de permitirme suscribir su iniciativa, ya que es un derecho de todos aquellos y aquellas discapacitados que por ley les debe corresponder. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Dice el diputado que es un honor que lo acompañe usted en su iniciativa. Adelante, diputado.
El diputado J. Jesús Oviedo Herrera: Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras diputados, los objetivos de esta iniciativa son simplificar el esquema de tributación de los recursos provenientes de las subcuentas para el retiro, gravando como ingresos por intereses los rendimientos generados por la inversión de los recursos existentes en la subcuenta SAT 92 y/o RCV, Retiro, Cesantía y Vejez según corresponda, y liberando las aportaciones efectuadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal, del pago de impuestos en razón de no integrar salario para el trabajador; generar claridad y transparencia al régimen fiscal aplicable a recursos destinados al retiro de los trabajadores, dejando libre de pago de impuestos las aportaciones realizadas por el trabajador, el patrón y el gobierno federal.
Los argumentos que justifican esta propuesta son que los recursos provenientes de las subcuentas y sistemas de ahorro para el retiro, 92 y RCV se encuentran sujetos a un sistema tributario complejo.
Especificar que los ahorros retirados con cargo a dicha subcuenta son gravados con el impuesto sobre la renta de acuerdo a la ley vigente, por tanto, se argumenta que esta situación impide al trabajador conocer el monto líquido de los recursos que le serán entregados al término de su vida laboral, pues el monto reflejado en los estados de cuenta y que son emitidos por su Afore, se observan disminuidos hasta en un 20 por ciento por el cálculo del impuesto que es retenido por dicha Afore al momento de entregar los ahorros para el retiro.
El planteamiento resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual grava con intereses los rendimientos de las aportaciones voluntarias y complementarias, realizadas por los trabajadores para su retiro.
En términos generales, con la propuesta se busca la simplificación en el régimen aplicable de los recursos de las subcuentas para el retiro. El costo-beneficio de la reforma propuesta, es exponencialmente favorable al trabajador en edad de retiro y que por diversas circunstancias no alcanzarán los requisitos necesarios para lograr una pensión universal en comparación con los perjuicios que pudiera ocasionar a las finanzas del Estado. Además, no existe razón para que las aportaciones voluntarias a las subcuentas sí estén en el Régimen General de Intereses y no así, las aportaciones obligatorias.
El impacto presupuestario es que en el último dato reportado por el SAT sobre esta recaudación del ISR, por la disposición de las subcuentas para el retiro, corresponde al ejercicio fiscal 2010 y es el equivalente al 0.06849 por ciento del total del ISR recaudado en ese mismo ejercicio fiscal.
Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan los artículos 109, fracción X, y artículo 158, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Señor presidente, solicito que la versión íntegra de esta iniciativa sea incluida en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así será, señor diputado. Insértese el texto íntegro. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra nuestro muy apreciable amigo don Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, presidente, con su venia. Hemos sido testigos de cómo una institución fundamental como el Instituto Federal Electoral se ha ido desgastando.
Es una institución que nos costó mucho trabajo construir, que tenemos que fortalecer, que tenemos que proyectar para el futuro, pero así lo dicen incluso algunas encuestas, el crédito moral o la credibilidad la ha perdido frente a la sociedad en buena medida.
Se ha dicho que quizá en esto tiene algo que ver las acusaciones, el debate en medio de las elecciones, etcétera, pero no sólo es eso. También es que en muchas ocasiones su actuar no ha estado a la altura de las circunstancias en momentos claves.
¿Y cuál es la crítica fundamental a esto? ¿Cuál es el cuestionamiento que se hace de la sociedad? No es un asunto solamente partidario o de elecciones sino que muchos editorialistas, académicos, intelectuales y ciudadanos le hacen al IFE.
El asunto de que sus miembros son elegidos por cuotas de partidos y que por tanto, al ser elegidos por cuota de partidos tienen, cuando están en su cargo, un compromiso a veces más que moral con aquellos que lo propusieron, lo promovieron y lo aprobaron.
De alguna manera ellos tienen que ser árbitros de quienes los nombran. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que los consejeros electorales no le deban su puesto a un partido político? Y de tal manera que su actuación sea independiente, como debe ser y no caiga en las concesiones. Como hemos visto que a veces hay bloques de consejeros que se constituyen y defienden una posición.
A veces, yo respeto a todos los consejeros, por supuesto, estoy como representante del Poder Legislativo ahí, les tengo consideración y creo que son gente de bien. Pero sin embargo, sí, no se puede ocultar que hay ciertos compromisos y que de esa manera a veces no predomina la razón.
Y en ese sentido, cómo podemos hacer que haya consejeros ciudadanos verdaderamente independientes de los partidos para que puedan ser árbitros eficaces y verdaderamente con autoridad moral frente a todos los miembros y no tengan que estar pagando el favor de su nombramiento. Ésta es una discusión que se ha dado en varios medios y hay varias propuestas.
Yo aventuré una, creo que puede haber otra más que también la mencionaré. Pero la propuesta que estamos haciendo en esta iniciativa es hacer primero una fuerte evaluación de los candidatos, que haya concursos de oposición para que efectivamente llegue gente verdaderamente preparada, de primera, que tenga todos los conocimientos necesarios para el tema. Para eso que haya un examen de oposición dado por universidades, por centros académicos, etcétera, que nos podamos poner de acuerdo.
Y ya que salen los más preparados, los que están con mayor conocimiento y que nos pueden dar certeza a todos, en ese caso, además cuidando la equidad de género, estamos pidiendo que siempre haya, en este momento, igual número de mujeres que de hombres que pudieran estar ahí, que se haga un sorteo de los ya más calificados. De tal manera que no se lo deban a un partido, de que no vaya a ser una cuota y que por tanto, el consejero no se sienta atado a esa fuerza política que lo propuso y lo puso a votación y por su cuota lo sacó como consejero.
Otra propuesta podría ser, hacer que el escalamiento de salida de cada consejero electoral coincidiera con uno por año, de tal manera de que solo nos pudiéramos poner de acuerdo por uno y, porque cuando nos tenemos que poner de acuerdo por más de uno, entonces cada quien pone un partido, pone el otro, proponen y finalmente, a veces lo menos importante es la entrevista, es la capacidad, son los conocimientos.
Ya vimos cómo desgastamos a muchas personas, muchas de ellas de primera, que estuvieron esperando un año tres meses en un proceso en el cual solo desgastamos su imagen, y finalmente, lo que acabó pasando fue que nos ponemos de acuerdo en cada partido pone una cuota.
Entonces, o hacemos esto de un sorteo entre los más calificados, de tal manera que no se lo deban a ningún partido o nos ponemos de acuerdo por uno por año, de tal manera que tengamos que buscar alguien que nos dé certeza a todos.
Pero creo que con eso fortaleceríamos una institución fundamental para el país, como el Instituto Federal Electoral, que lo necesitamos fuerte, vigoroso y –que es muy importante– con credibilidad.
Ustedes saben lo que le costó al IFE la reciente decisión sobre Monex, el desgaste fue brutal, precisamente me parece en gran medida por este problema de origen, porque tienen ese problema de que nos decidimos por cuotas, aunque sean gente de mucha capacidad, pero a veces hay compromisos, o eso se presume por la actuación que se ha tomado. Creo que con esto fortaleceríamos y les garantizamos verdadera autonomía a los consejeros electorales de esta manera. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno, diputado Belaunzarán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Don Javier López Zavala está?
El diputado Javier López Zavala (desde la curul): Sí, aquí estoy, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ah, pues tendremos el gusto de escucharlo, don Javier, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muy apreciable poblano.
El diputado Javier López Zavala: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados. Expongo ante ustedes con la brevedad de tiempo un resumen de la iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública.
El uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro en crecimiento y desarrollo para las entidades federativas. Algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento al realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones.
Esto ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios, cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar.
Y ha puesto en duda la viabilidad de las autoridades siguientes, a los que originalmente contrajeron la deuda pública, quienes dedican un monto excesivo de los recursos a pagar sin poder hacer o construir infraestructura nueva o propuesta propias a la campaña.
La incapacidad de los gobiernos locales para atender a sus obligaciones crediticias por lo general ha coincidido con la presencia de cualquiera de los siguientes factores o combinación de ellos: un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en el periodo fiscal, una desviación importante y creciente en la restauración de los ingresos pronosticados.
Éste es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los servidores públicos estatales y municipales, que considere de manera indispensable que la deuda contratada no exceda del periodo del ejercicio del gobierno que la contrata y por los conceptos y hasta por los fijados anualmente en los respectivos presupuestos.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que entre el 2000 y junio de 2012, la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo que puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores.
Más del 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación.
En este periodo la deuda subnacional creció de casi 106 mil millones, a casi 244 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios.
De los cerca de 138 mil millones de deuda contraída, 42 mil 710 millones fueron contratados entre 2000 y 2008; mientras que 95 mil 278 millones fueron adquiridos entre 2008 y el primer trimestre de 2012.
Mientras la deuda subnacional se duplicó, los ingresos estatales crecieron en sólo 57 por ciento, al pasar de 527 mil millones a 829 mil 646 millones de pesos, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96 por ciento de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de deuda, pues ésta representa más del 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del Ramo 28, rubro que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue la garantía de más del 80 por ciento de los créditos contratados. En esta situación se encuentran también Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Además, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de los estados Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado en quiebra.
Con esta iniciativa proponemos que en el caso de decidirse por endeudamiento, los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Deuda Pública respectiva.
En ese sentido, la iniciativa que presento pretende que la información financiera de los diversos órdenes de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible no solamente a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general.
Por ello, la iniciativa incluye tres características esenciales:
1. El establecimiento de reglas de transparencia para toda la información financiera generada por el ejercicio de recursos de deuda pública de las entidades y municipios.
2. La aplicación general de disposiciones armonizando la presentación de la información financiera.
3. Paralelamente en los Presupuestos de Egresos que especificarán los conceptos de inversión pública.
Estas permitirán establecer a nivel local mecanismos que garanticen cerrar espacios a la corrupción, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que permita involucrarse a mayor profundidad con los gastos del gobierno, aclarar las facultades que tienen los Congresos estatales de autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía.
Los Congresos de los estados deberán reformar la Ley de Deuda que incluya las características siguientes: Establecer bases claras, regular de manera eficaz y eficiente el uso de los recursos, incorporar la figura de un pagador independiente.
Sin duda los legisladores tenemos que distribuir o mejorar el marco jurídico federal que permita que las Legislaturas locales armonicen su legislación en materia de deuda pública. Éste es el nuevo paso que debemos de dar en torno a la democracia y a la transparencia.
Por ello en la iniciativa que estoy presentando a esta soberanía propongo reformar el artículo 115 y 117 de la Constitución Política en lo que considero que la deuda pública que se contrate para obra, reestructuración y financiamiento, se destine exclusivamente a inversión pública productiva que no exceda al ejercicio del gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del estado; además considere sólo hasta un monto previamente determinado de las participaciones programadas.
Por lo anterior, en esta reforma podemos ayudar a que los recursos con los que dispone el estado sean mejor utilizados. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Zuleyma Huidobro González, de MC, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código de Procedimientos Penales Único. Bueno, nada menos que tiene usted el uso de la voz.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el día de hoy vengo a presentar a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales Único. Ustedes recordarán, hace unas cuantas horas presenté ante esta asamblea el proyecto por el que se expedía el Código Penal Único.
El problema de la inseguridad se debe a múltiples factores. Entre los que corresponden directamente a la responsabilidad del Estado sobresale la falta de transparencia, la corrupción y la deficiente coordinación y operación de los órganos encargados de prevenir el delito; procurar y administrar la justicia, rehabilitar socialmente al sentenciado.
Una de las más graves consecuencias de esta tendencia es el crecimiento de la delincuencia y de la impunidad. La actitud del ciudadano frente a estas instancias es de desconfianza y escepticismo. Ante su incapacidad para encontrar en ellas la justicia, ha venido prescindiendo de su apoyo a pesar del sufrimiento moral y la pérdida material que significa el ser víctima u ofendido de un delito.
Lo más grave de este hecho es el cuestionamiento que hace la propia sociedad acerca del papel del Estado como responsable de garantizar el orden público y la justicia. Es cierto que se han heredado instituciones y prácticas añejas derivadas de un pasado autoritario, pero también debe de reconocerse que las deficiencias en materia de seguridad pública tienen su origen en la inoperancia de la ley.
En un estudio reciente del CIDE, en las cárceles de Morelos, del Distrito Federal y del estado de México, se informó que en una oficina del Ministerio Público el 80 por ciento de los internos entrevistados no fueron informados de su derecho a no declarar; el 70 por ciento no contó con un abogado defensor durante el tiempo que permaneció en la agencia; 72 por ciento no fue informado de su derecho de llamar por teléfono y el 91 por ciento no recibió explicación acerca de la diferencia entre Ministerio Público y el juez.
En los juzgados el 66 por ciento de los internos no fueron informados de su derecho a no declarar y el 80 por ciento de los internos no habló nunca con el juez; el 29 por ciento fue sentenciado anteriormente y el 27 por ciento no contó con un abogado al rendir la declaración.
Por otra parte cuando declararon, en el 71 por ciento de los casos no estuvo presente el juez durante su declaración; 59 por ciento no entendía el juicio y el 75 por ciento de los internos que estaban recluidos por robo simple, eran por montos menores a 6 mil pesos.
La reparación del daño no es realizable y prácticamente no existe, ya que todas las víctimas sin excepción, se quedan sin dicha reparación y aquellos que tienen la fortuna de que sus victimarios sea consignados, tiene que vivir un vía crucis interminable de amenazas y agresiones tanto por parte de los familiares de los acusados como por las mismas autoridades a lo largo de todo el proceso.
Los procesos penales se alargan hasta por más de dos años y la averiguación previa es prácticamente un juicio que se repite en los juzgados quebrantando el principio de justicia pronta y expedita.
Con el avance democrático del país la gente pide renovar aquellas instituciones que la vinculan de una manera directa con el Estado; por eso la demanda colectiva es que se realicen acciones para que éste cumpla con su deber esencial de garantizar la seguridad y recuperar la confianza en la justicia, reformando los mecanismos y leyes encargados de procurarla y administrarla.
De la seguridad depende la convivencia armónica, además de certidumbre para ejercer plenamente las libertades, desarrollar la creatividad y generar un marco de tranquilidad para trabajar, invertir, desplazarse con seguridad por todo el territorio nacional y sentir que la autoridad está presente en todos lados para prevenir el delito, sancionarlo y reparar el daño causado por quienes lo cometen.
Al presentar ante esta soberanía el proyecto de iniciativas en materia penal, debe argumentarse que las mayores críticas al sistema de justicia en México, en su procuración y administración, son la lentitud, la falta de transparencia y el exceso de trámites.
Ciertamente se han hecho esfuerzos considerables para que estas instituciones se modernicen, se hagan más eficaces y también más transparentes.
En la medida en que alcancemos una cultura de transparencia para someter al escrutinio popular el poder público, muchos de los problemas de corrupción e ineficacia que surgen del ocultamiento de la información, tendrán que desaparecer.
En materia de seguridad pública y justicia, tenemos que alcanzar los índices de transparencia propia de naciones avanzadas, devolviendo a esas instituciones su sentid original de garantes de las libertades y la equidad.
Por tanto, además de transparentarla se debe de reformar u marco jurídico a fin de dar a los mexicanos el derecho de defenderse y a que se les repare el daño.
Por esa razón se propuso a esta soberanía o a las curules vacías, la adopción de un código penal único para toda la república mexicana y ahora de manera complementaria se propone la iniciativa de código de procedimientos penales único.
La finalidad es fortalecer las estructuras judiciales locales y federales y simplificar la función de los órganos estatales encargados de prevenir el delito y procurar la administración de justicia.
Como parte de esta reforma integral al sistema de justicia penal, se considera integrar un solo frente de todas las autoridades ejecutivas y judiciales de los órdenes estatal, federal y contará con una legislación común.
De ahí la importancia de estos cambios que vienen a poner fin a la diversidad de codificaciones, propicia para evadir la justicia, y corrigen la omisión histórica al conceder al ciudadano la capacidad de defenderse.
A efecto de establecer la órbita de competencia, en el artículo 1o de este código se aplicará por parte de las autoridades federales en los procedimientos que se lleven por motivo de los delitos de este fuero y por las autoridades de los estados y del Distrito Federal por los delitos del fuero común.
De esta manera y en complemento al código sustantivo, se unifican y homologan así el conjunto de normas que requiere la autoridad jurisdiccional para administrar justicia en este ámbito.
Actualmente el ofendido no tiene recurso alguno, incluyendo el amparo, frente a las decisiones del Ministerio Público respecto a las diligencias que realiza dentro de la averiguación previa. Además, tampoco tiene recurso alguno en cuanto a los tiempos, lo cual convierte a la averiguación previa en un procedimiento sin control por parte del ofendido, quien se encuentra en total estado de indefensión.
Con las reformas que se proponen se reconoce a las víctimas del delito en su calidad de parte activa en el procedimiento penal a fin de que tengan derecho a defenderse directamente a través de un juicio oral ejecutivo, compactado y transparente. Con esta innovación se consolida el papel del Ministerio Público como representante y protector de la sociedad frente a la delincuencia, cumpliendo así con sus tareas de autoridad, pero sin ejercer el monopolio de la acción penal.
A la víctima y al ofendido se le da el carácter de parte activa en el juicio penal, con todos los derechos para denunciar directamente ante el juez interponiendo recursos procedentes y defender sus intereses y su causa durante todo el proceso.
El Código de Procedimientos Penales introduce una serie de innovaciones que tienen por objeto generar un procedimiento unificado y beneficioso para la comunidad, para las víctimas y fundamentalmente para la seguridad jurídica, los criterios jurisprudenciales y la aplicación competencial de las leyes.
El cambio más importante es cómo se reivindica la capacidad de defensa de los mexicanos en materia penal. Con las reformas que se proponen se suprime el monopolio que actualmente tiene el Ministerio Público de ejercer la acción penal, ciudadanizando de esta manera la justicia conforme a las reformas que se recogen en los artículos 3o, 4o, 5o, 6o y 7o que vienen en la iniciativa completa.
Las funciones del Ministerio Público quedan sujetas al proceso penal, a la vigilancia procesal del juez, de la parte ofendida y del probable responsable para que su función sea más transparente, eficiente y equitativa. Se compacta la averiguación previa y el proceso en un solo procedimiento que se desahoga ante el juez con la participación del Ministerio Público, del ofendido y del probable responsable, con la reducción sustancial de los tiempos procesales.
Con la participación del Ministerio Público o de la parte ofendida y del probable responsable la actividad de los jueces también se sujeta a un mayor control y transparencia.
Se establecen los procedimientos de averiguación judicial que comprenden las actuaciones practicadas inmediatamente con motivo de la comisión de un delito, tanto por el juez como por el Ministerio Público, de manera conjunta o separada con el ofendido o víctima, siempre que no exista detenido.
Asimismo, en el de preinstrucción se consideran las actuaciones de ambas instancias desde el momento en que un detenido queda a su disposición hasta que se dicte el auto de formal prisión, así como los procedimientos de sujeción a proceso o el de libertad por falta de elementos.
De la misma manera, se incorpora el procedimiento de instrucción integrado por las diligencias necesarias para que el juez pueda probar la existencia del delito, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal del inculpado.
Con este procedimiento sumario ágil, oral y compacto, en donde intervienen tanto el Ministerio Público como el juez, se evita la duplicidad de diligencias y de ofrecimiento y desahogo de pruebas innecesarias, y se reducen sustancialmente los tiempos para resolver un asunto, ya que actualmente casi toda la totalidad de las pruebas se desahogan en la averiguación previa, y se repiten en el proceso.
Con el propósito de resaltar la importancia de impulsar esta iniciativa, se menciona lo siguiente:
Con el nuevo Código de Procedimientos Penales, la justicia en este ámbito habrá de experimentar un avance sustantivo en la medida en que la congruencia normativa va a permitir a los ministerios públicos y a los poderes judiciales, tanto estatales como del Distrito Federal y de la Federación, a aplicar siempre la ley con la certeza de que los delincuentes en donde quiera que operen recibirán en cada delito, idéntica sanción.
Con este código adjetivo se corrigen no solamente deficiencias procesales y técnicas, sino que además de fortalece la coordinación y la cooperación entre autoridades judiciales, independientemente del lugar donde se cometen los ilícitos.
En la práctica de procuración y en las diversas fases del proceso, los cambios que se han introducido derivan de la experiencia histórica y, desde luego, por la demanda colectiva de cambiar el rostro de las instituciones de procuración y administración de justicia.
México necesita enfrentar el futuro con órganos estatales, confiables y eficientes que contribuyan a consolidar la gobernabilidad democrática sobre bases firmes de seguridad y justicia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Con opinión a la Comisión de Equidad y Género.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Y si me lo permite antes; diputada Malú Mícher estoy totalmente de acuerdo que también pase a la Comisión de Equidad y Género, para su revisión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Eso era todo, diputada Malú?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Sí.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad de Género, para opinión.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con su venia, presidenta, muchas gracias. El día de hoy cobra relevancia el que yo suba a esta tribuna porque vengo a hablar del respeto al derecho ajeno, porque ya lo dijo Benito Juárez, que hoy estamos celebrando su natalicio: entre los ciudadanos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y lo tenemos todos aquí arriba para recordárnoslo.
En este sentido, traigo a colación esta cita, porque como ustedes recordarán, cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta en este recinto, hubo actos vandálicos en la ciudad de México, hubo destrozos, hubo desmanes en el centro de esta hermosa capital.
¿Y qué pasó? Que los compañeros del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tuvieron a bien, por qué no, modificar al tipo penal para que éste no fuera grave y para que estos muchachos que eran culpables, estén libres el día de hoy. Y estén libres porque se modificó el Código Penal local amén de que se les dejara libres. Esto es una burla a las instituciones; esto es una burla a la ley.
¿Qué se hizo posteriormente? Pues juntaron su dinerito, los diputados locales, y digo del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, para que estos muchachos salieran libres siendo efectivamente culpables.
Por eso es que el día de hoy yo subo a esta tribuna para que ese tipo penal lo tengamos expresado en el Código Penal Federal. Ya basta de los desmanes que se están haciendo en los juegos de futbol soccer, ya basta de los desmanes que se están haciendo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; ya basta de los desmanes que se están haciendo en las preparatorias de la UNAM. Y por si fuera poco, estos muchachos dicen que están haciendo justicia, que están diciendo que están viendo que sean escuchados y como yo les digo, no se requiere destrozar cosas para manifestar lo que ustedes piensan.
Aquí ya lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, por eso es que yo vengo este día a presentarles esta iniciativa para crear un nuevo tipo penal, que se llamaría contra la paz pública, en el artículo 141 Bis, y les leo cuál es la propuesta.
Se le impondrán de 10 a 20 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas.
Las penalizaciones se incrementarán en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan total o parcialmente, la identificación de las características fisionómicas del sujeto activo. Esto significa que basta... perdón, no le escuché compañera. No soy fascista, soy una persona que reconoce que todos tenemos el derecho de expresarnos, pero nuestro derecho de expresarnos termina en donde empieza el suyo.
No podemos permitir que estas personas con un falso argumento, estén destrozando las cosas, y además, perdón que se los diga, pero si van a hacer destrozos que lo hagan con la cara descubierta, no con máscaras o capuchas.
No se vale que traten de no ser identificados. Basta ya de este tipo de acciones, por eso yo les pido que voten a favor esta iniciativa. Tenemos que tener un estado de derecho, y claro, que se respete al que quiera hablar, pero no se vale que se haga en contra de las personas.
¿Qué pasa con las personas que tienen un puesto en la calle? ¿Qué pasa con el que desafortunadamente ese día estacionó ahí su carro y pasaron estos vándalos y lo destruyeron? ¿Quién les va a pagar, contra quién se van a ir? No es justo que esto pase. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen. Sonido por favor a la curul del diputado Villanueva.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Le agradezco mucho la atención que tiene para darme el sonido.
Yo nada más le quiero recordar al diputado que acaba de hacer uso de la palabra que hoy es el día de Benito Juárez García, no de Gustavo Díaz Ordaz, que lo tenga bastante claro. Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido a la curul de la diputada Roxana, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Sí, presidenta, esto para comentarle al diputado que no se puede hablar de justicia cuando se condena sin elementos. Pero además, quiero decirle que cuando se quebranta la presunción de inocencia, tampoco es posible que se hagan esas alusiones a los que finalmente no se ha comprobado su responsabilidad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Sonido, por favor, a la curul del diputado Camarena.
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Gracias, diputada. Nada más hacerle la petición al diputado. Primero, felicitarlo porque creo que hay una congruencia que no se puede modificar el Código Penal ni los códigos procesales penales en beneficio de vándalos, como lo hicieron en la Asamblea del Distrito Federal.
Ojalá me permita suscribir su iniciativa, con muchísimo gusto, diputado. Y felicitarlo nuevamente.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Con todo gusto.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Sonido a la curul de la diputada Angelina Carreño.
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Para solicitarle, respetuosamente, al diputado, nos permita suscribir su iniciativa, porque en este México de instituciones, nadie por encima del Estado de derecho.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Diputado está de acuerdo con la suscripción?
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Sí, gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido a la curul del diputado Enrique Flores.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Sí, para felicitar al diputado Sotomayor por la iniciativa. Igual que el Partido Verde y el PRI, si nos permite suscribirnos a su iniciativa, diputado...
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Por favor.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): ...porque no podemos permitir que vándalos perjudiquen los bienes públicos y los bienes de los particulares. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido a la curul de la diputada Zuleyma.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Gracias. Para preguntarle al diputado promovente si de casualidad estuvo presente cuando presenté la iniciativa del Código Penal Único. No. Me queda claro. Porque precisamente y entiendo la preocupación y eso es de lo que hablaba la iniciativa que se presentó.
El problema es que los estados regulan un tipo penal y la federación aplica otra, con penas totalmente diferentes y demás. Me hubiera gustado mucho que usted hubiera estado presente cuando presenté la iniciativa, para que pudiera tener elementos cuando se hizo esta proposición desde Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Julisa Mejía.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Gracias, presidenta. Antes de que se discuta y se meta a discusión el tema del autoritarismo que propone el compañero diputado del PAN, quiero yo hacer un exhorto a la Procuraduría General de la República, para que sean garantizados los derechos humanos y la inmediata libertad del compañero ex diputado profesor Felipe Rodríguez Aguirre, que fue detenido en la carretera México-Toluca, cuando iba a realizar una manifestación en la plaza de la capital del estado.
Exijo a la Procuraduría la libertad inmediata del diputado, del ex diputado...
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A ver, orden por favor en la iniciativa que está presentando ahorita el compañero.
La diputada Julisa Mejía Guajardo (desde la curul): Solicito también, presidenta. Presidenta, solicito también que se garanticen los derechos humanos del compañero Felipe Rodríguez. No quisiera pensar que ése sea el método y el botón de muestra de la forma en que va a gobernar Enrique Peña Nieto, con autoritarismo y violación de los derechos humanos y del respeto de las libertades individuales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, a la curul de la diputada Alcalde.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Qué pena compañeros, pero sobre todo, la mayor pena es ver que un compañero. Somos de por sí pocos jóvenes en este Congreso y escuchar a una persona con estas expresiones. No sé si tú sabes que estos tipos penales son utilizados para reprimir a los jóvenes, que son utilizados para que no se expresen, para que no alcen la voz.
Lo que necesitamos es justamente lo contrario, compañeros. No queremos un gobierno autoritario y no nos van a callar. Porque nosotros no defendemos delincuentes, lo que defendemos es la libertad que se tiene de expresarse.
Así que, verdaderamente, me parece muy lamentable que seamos contados con las manos los jóvenes en este Congreso y que venga usted, seguramente, mandado por quién sabe qué persona, a provocar. Lamentable.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Esta Presidencia respetuosamente solicita que el debate se dé cuando el dictamen salga aquí a discusión, por favor.
Tenemos varias iniciativas, varios compañeros que tienen semanas esperando subir su iniciativa, compañeros. Yo creo que sí hay que tener, ya tuvimos un buen rato a discusión. Quien quiera adherirse al dictamen, aquí va a quedar para ustedes, a su disposición aquí en la Secretaría.
También aquí hay muchas manos que también quieren, aquí también. Yo creo que no es momento para la discusión. Pasamos a seguir con las iniciativas. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Adelante, diputada Navarrete.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta más alta tribuna de la nación a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 6, 8, 13, 17, y 19 de la Ley de Vivienda.
El derecho a la vivienda es un derecho humano y garantía constituida, otorgada y protegida por el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ser considerada el espacio territorial de la familia constituye el pilar que sustenta a la sociedad, que es la base del Estado mexicano.
La presente iniciativa tiene por objeto dejar claramente establecido que los programas de vivienda son parte del marco del Sistema Nacional de Vivienda y del Sistema de Planeación Nacional Democrática, y que –estos– se realizan con apego a los principios del desarrollo territorial planificado y sustentable con equilibrio de los diversos ordenamientos federales, estatales y municipales.
Y pretende promover que los poderes de la federación, los estados y los municipios, así como los entes, organismos y organizaciones privadas y sociales postulen y coadyuven en programas y proyectos de vivienda en estos programas, además establecer que la vivienda es un área prioritaria de carácter social para el desarrollo nacional.
Por ello, es necesario establecer que la federación y las entidades estatales, municipales –y en coordinación– establezcan políticas, programas y mecanismos que faciliten a las familias del sector no asalariados el acceso a los medios para adquirir o construir una vivienda digna o mejorar su vivienda, además de promover la creación o fortalecimiento de organismo o dependencias especializadas en desarrollo agrario, territorial, urbano y social en materia de vivienda que permita el fortalecimiento de la infraestructura orgánica, financiera, jurídica y social, que les lleve a evolucionar o establecerse como entes tanto sustentables en beneficio de su población no asalariada de menores ingresos.
Y que se faciliten los accesos al financiamiento público a través de entidades estatales y municipales, adicionales a las entidades privadas que los ofrecen. Y que el Ejecutivo federal canalice y destine directamente recursos federales a los estados y municipios a través del crédito o subsidio federal, estatal o municipal.
Además que se construyan estrategias y líneas de acciones para crear los mecanismos que permitan fortalecer a los estados y municipios en la creación de organismos paraestatales y de vivienda.
Así como para crear desarrollos urbanos, agrarios, rurales y sociales, infraestructura de proyecto y urbanización de suelo, para desarrollar los proyectos de vivienda económica progresiva, popular o social.
Así como crear las estrategias políticas y líneas de acción para crear mecanismos que permitan generar o fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, cooperativas o de solidaridad social dedicadas a la edificación, construcción y desarrollo de viviendas, y para la acción, propiedad o tenencia del suelo de vivienda a las familias beneficiarias a mejorar sus espacios de convivencia, estimulando la coparticipación de la población.
La presente iniciativa tiene como objeto dar a los municipios el papel prioritario y esencial que requiere en materia de vivienda, por ser el pilar básico del Estado y las entidades públicas más cercanas a la población y al suelo que se requiere para los proyectos de vivienda, por lo que se hace importante aprobar la iniciativa que se presenta.
Finalmente, solicito atentamente que esta iniciativa sea incluida en el Diario Oficial de los Debates. Muchísimas gracias por su atención, ya que es mi deber como diputada federal, del distrito 20, Netzahualcóyotl, estado de México y que además pertenezco a la Comisión de Vivienda, y desde esta más alta tribuna pido a la comisión y a todos mis compañeros y compañeras diputadas, y a la Mesa Directiva, que apoyen esta iniciativa. Es cuanto y muchísimas gracias, señora presidenta, diputados y diputadas. Un saludo a todos los mexicanos y mexicanas.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mirna Esmeralda...
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, a la curul de la diputada Lilia Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente para clarificar y hacer una moción, porque estamos ya por encima de las cinco horas que marca el Reglamento y obviamente todos sabemos que es porque no hay humo blanco en el tema de telecomunicaciones, pero hay un principio de seguir la ley y el reglamento, que dice que las sesiones ordinarias durarán cinco horas y que la extensión tendrá que ser aprobada por el pleno, artículo 36 del Reglamento y en el tema de los dictámenes, que si los dictámenes no están listos en comisiones, pues que esperen a que estén listos en comisiones para que puedan ser pasados a Mesa Directiva.
Si usted nos pudiese clarificar; y segundo decirle que estamos ya rompiendo el Reglamento, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Ahorita termina la participación de la diputada y sometemos a la asamblea si continuamos con las iniciativas o terminamos.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Ya se le había otorgado el uso de la palabra a la oradora. Terminando la oradora, con mucho gusto le damos seguimiento.
La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Con su permiso, señora presidenta; integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados federales. El día de hoy someto a la consideración de todas y todos ustedes, al pleno de esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma algunos artículos de la Ley General de Desarrollo Social y de Vivienda.
Redefiniendo la reserva territorial. En un sentido amplio la reserva territorial es toda superficie colindante con el área urbana de un centro de población o dentro de éste que sea susceptible de ocuparse óptimamente si no está construida o de renovarse y dignificarse si ya lo está.
Así hemos encontrado los últimos años en las ciudades más grandes del país y que van creciendo, una enorme ampliación en la reserva territorial que lo único que deja es cinturones de miseria, que deja aquellos hogares sin pavimentación, sin urbanización, sin electrificación, que da una calidad totalmente negativa para las familias que así lo habitan.
En el caso anterior, se encuentran las nociones de destinos, fines públicos que no se tienen, áreas destinadas para áreas verdes que no están concentradas en lo mismo, áreas deportivas que no funcionan y por supuesto generando un desagrado en la habitación y en las familias que habitan en estos sectores.
Por eso es muy importante avalar y contribuir a la propuesta en los cuatro ejes que Enrique Peña Nieto ha presentado a la nación para poder construir ciudad de una manera ordenada y reorganizar el tema de la vivienda en todo nuestro país, que verdaderamente garantice el derecho a la vivienda que las mexicanas y mexicanos tenemos.
Estimados diputados y diputadas federales, es evidente que para hacer frente a la urbanización popular con éxito se necesita una gestión de los gobiernos federal y local que haga posible la generación de un mercado mixto de suelo para cubrir las demandas de los diferentes grupos sociales y de los sectores productivos. Esto conlleva a dejar de pensar en que las reservas territoriales como producto de la forzosa participación estatal y permitir mayor libertad a los sectores social y privado.
También es importante contemplar el carácter inconcluso de las reformas municipales tendientes hacia la desconcentración administrativa y la descentralización gubernamental. Los gobiernos municipales no tienen autonomía financiera, dedican la mayor parte de sus recursos al gasto corriente y no al gasto de inversión. No cuentan con personal capacitado, tienen sistemas administrativos deficientes y finalmente no han alcanzado la autonomía política suficiente que les permita hacer frente a la demanda del tema de vivienda.
Los avances en la constitución de reservas territoriales permitirán un verdadero ordenamiento de las ciudades y una mejor gestión de su desarrollo. Lograrlo no es nada sencillo puesto que requeriría en primer término replantear el concepto de reservas territoriales y las formas mediante las cuales se constituyen.
Igualmente, sería necesario que los gobiernos municipales lograran articular el contenido y aplicación de los planes urbanos con la lógica de operación de los sectores popular e inmobiliario en las diferentes ciudades, y dar al mismo tiempo respuesta a las necesidades de inversión productiva.
A estas temáticas se refiere la iniciativa que hoy presento a esta honorable soberanía y que pretende darle un trato integral al asunto de las reservas territoriales que se han convertido en la problemática fundamental del crecimiento de las ciudades. Por eso requieren de un trato especial y que se les considere en su aspecto social como prioridad en el texto de la Ley General de Desarrollo Social.
De este modo, presento el proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos siguientes y que quedarían de la siguiente manera:
Son prioridad de interés público en el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: Los programas de adquisición y desarrollo integral de reservas territoriales por entidades federativas y municipios.
Artículo 38. El sistema nacional es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los gobiernos federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los sectores social y privado que tiene por objeto:
3-A. Facilitar recursos normativos, administrativos y de gasto a entidades federativas y municipios para adquisición y desarrollo integral de las reservas territoriales.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen.
Esta Presidencia con fundamento en el artículo 36 solicita a la Secretaría que consulte a la asamblea si considera continuar con la sesión del día de hoy.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta dar continuidad a la sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúa la sesión. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Lilia Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Obviamente, señora presidenta, usted ha dejado que la secretaria levante la votación de un quórum bastante limitado, para decirme que ya se votó. Lo que le diría es que la ley marca, el Reglamento marca que en efecto tendrá que ser aprobado por el pleno. Yo lo que le diría por respeto no solamente a esta asamblea, sino a los ciudadanos, que lo haga a través del tablero. Y le pediría que abra el tablero ahora porque no será la primera vez que usted repita una votación y creo que, ya se votó, pero no será la primera vez que sea para dar certeza a los mexicanos repita una votación y así se lo solicitamos, señora presidenta.
La Presidenta diputado Patricia Elena Retamoza Vega: No, compañera, no hay duda en la decisión, son bastantes los diputados que están presentes y no hubo duda en la votación como para someter a tablero. Sonido, por favor, a la curul del diputado Alfonso Durazo.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidenta, parece, con todo respeto, que se resiste a que le pidamos las cosas, de veras, con respeto, que es necesario hacer un escándalo para que se nos respete un derecho que administra usted como una concesión.
Si se trata de hacer estridencias para merecer su atención, eventualmente las haremos; ojalá no sea necesario. Pero creo, presidenta, que está votando de manera equivocada.
Hay una agenda que ya se desahogó y en todo caso la extensión de la sesión es en virtud de la necesidad de tiempo adicional para la agenda aprobada.
Por otra parte es evidente, presidenta, que están extendiendo artificialmente la sesión con el propósito de subir al pleno la Ley de Telecomunicaciones en horas en las que no haya mayor interés en debatir los puntos controvertidos de la iniciativa y eventualmente tampoco estén los medios para recoger oportunamente el debate.
Así es que si vamos a abordar la Ley de Telecomunicaciones, me parece elemental por su trascendencia que lo hagamos con responsabilidad; concluyamos esta sesión y reprogramémosla para cuando esté suficientemente debatido en comisiones el dictamen, presidenta, por favor y gracias por la atención.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Nada más le informo que no se ha agotado el orden del día y esta asamblea decidió continuar aun con los tiempos ya agotados. Gracias. Continuamos con la asamblea.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputada Presidenta. No obstante que se está violando el Reglamento de la Cámara y que sabemos que en este momento –hablo de algunos diputados– en lugar de ser representantes del pueblo están actuando como litigantes, como representantes de algunas empresas, ya sea de televisión, de radio o telefónicas.
Se está pasando del Pacto por México al pactito en lo oscurito. Es una vergüenza. Esta Cámara de Diputados se está convirtiendo en la oficialía de partes más cara del mundo y no puede ser que una vez que se han cumplido las horas para que la Comisión de Puntos Constitucionales ponga sobre la mesa el dictamen, que además 320 diputados firmaron sin leer, ahora resulta que lo que firmaron fue una vacilada porque resulta que no hay acuerdos. Qué vergüenza.
Estamos alargando esto para que se propongan iniciativas fascistas que reviven políticas de Gustavo Díaz Ordaz. Nunca había visto que un diputado tan elegante tuviera propuestas tan fascistas. Yo le sugeriría a la gente que tiene esas intenciones que de una vez propongan el delito de disolución social. A ver qué piensa el pueblo de México de sus posturas.
Diputada Presidenta, déjeme presentar mi iniciativa. Ustedes han negado el debate en esta Cámara. Te quiero ver a ti en la tribuna, diputado, para debatir, no a gritos, no seas cobarde, hay que debatir. Los únicos que hemos subido a debatir hemos sido los diputados de izquierda. No se vale que a gritos. Suba a debatir, diputado. No sea cobarde. Aquí es donde se tienen que plantear, con argumentos y no con gritos. Qué fácil es escudarse atrás de todas las diputadas del PRI. Suba al debate...
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Dejemos que termine con su tiempo, diputada, y ahorita vemos. Dejen que termine con su tiempo el diputado, por favor. Orden, gracias.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Yo le agradezco mucho, diputada presidenta. Las verdades duelen, pero hay que decirlas. Esta iniciativa la presentó ante el Senado de la República el Movimiento Yo soy 132, que deberían de estar muchos de esos jóvenes en las curules que de manera indebida están ocupando muchos de ustedes. O como por ejemplo el que me está injuriando desde su curul.
Ojalá sea bueno para debatir y no nada más para gritar. Desde allá qué fácil es escudarse en el anonimato. Lo esperamos aquí en el debate, diputado, porque en este momento sus jefes están acordando con Televisa y están acordando con las empresas telefónicas la Ley de Telecomunicaciones.
Y alguien tiene que decirles a ustedes y al pueblo de México, que están mal. Que están muy mal, y que el pueblo los está vigilando.
Enrique Peña Nieto le está mintiendo otra vez, ahora a través de ustedes, al pueblo de México. Y por eso el día de hoy estamos planteado... Mi diputado, gracias por sus porras, gracias por sus porras, en verdad, no esperaba menos de usted.
Diputada, diputada presidente le ruego, le ruego que ponga orden; le ruego que ponga orden, por favor, diputada. Diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Su tiempo también ya concluyó, diputado. Gracias.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputada. Nada más que paren de gritar los diputados y con mucho gusto concluyo. Con mucho gusto concluyo, diputados, nada más dejen de gritar. Denme oportunidad de terminar. Tengan respeto por el recinto.
Estoy empezando a tocar lo principal de la iniciativa que estoy presentando. Estoy haciendo visible las chicanadas que se hacen desde la Mesa Directiva. No me pueden acusar de denunciar lo que está mal en la Cámara, diputados.
Diputada, ¿va a ser debate a gritos o cómo va a ser este asunto? Vamos a continuar con la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional que modifica...
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Compañero, hay más oradores esperando presentar su iniciativa. Su tiempo termino.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Perdón, diputada. Perdón, diputada.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Hay más oradores esperando presentar su iniciativa. Su tiempo ya terminó. Gracias.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputada presidenta. Me está dando la autorización de concluir. ¿Se va a violar otra vez el Reglamento? No grite, diputado, sí lo escucho, sí lo escucho. No pierda las formas. Usted es un diputado con ideas fascistas, pero que yo respeto mucho.
Diputada, veo que no hay condiciones de seguir, ahí están los jóvenes que deberían de estar en esta tribuna. Yo los invito a que sigan luchando porque es una vergüenza lo que está pasando en esta Cámara. Es cuanto, diputada presidenta, le agradezco mucho toda su gentileza.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 2 A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Señora presidenta, para alusiones personales. Tengo derecho.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No hay alusiones personales, compañero diputado. No está a discusión el asunto, compañero diputado, no hay alusiones personales. Continúe, diputado Felipe de Jesús, por favor.
El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres: Con su permiso...
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por favor su turno, compañero Almaguer Torres.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Presidenta, disculpe que tenga este atrevimiento de subir a tribuna sin que usted me lo haya permitido, pero es importante que se establezca que no se me está permitiendo hacer uso de la voz...
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con mucha pena. Por favor, vamos a vernos en la necesidad de cortar el sonido. Córtese el sonido, por favor.
El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde esta máxima tribuna de la nación llamo la atención de todos ustedes, porque me parece que el tema que voy a exponerles así lo amerita.
En términos generales es un as unto que está relacionado con el federalismo, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, pero fundamentalmente sobre la entrega en tiempo y forma de los recursos que la Federación transfiere a los estados, municipios y Distrito Federal por concepto de la distribución del Fondo General de Participaciones.
En este contexto, nuestro federalismo conceptualizado como doctrina política o sistema político y constituido en una república representativa democrática federal, con estados libres y soberanos en lo que le atañe a su régimen interior, pero unidos en una federación y que además la soberanía de la construcción federal y la de los estados en ningún caso podrá contravenir las estipulaciones del pacto federal, tal como se establece en nuestra Carta Magna.
De esta manera, nuestra ley fundamental que a lo largo de 96 años de su constitución, en lo cual se precisa y rige su gobierno, división territorial y administración pública, es aplicado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En este orden de ideas, el municipio libre también forma parte del pacto federal y es considerado como el tercer nivel de gobierno y como la instancia para administrar libremente su hacienda municipal, y a pesar de varios esfuerzos de reformas legislativas, realizados en los últimos años, no nos ha sido posible atender las demandas de la sociedad por dos razones, por el crecimiento poblacional y por la falta de recursos económicos, pero con las reformas se ha logrado el fortalecimiento de las alcaldías que hoy en día son gobernados por diversos partidos políticos.
Aunado a lo anterior, es necesario que el proceso de distribución de los recursos, considerados como una de las herramientas del federalismo fiscal, realmente contribuya al abatimiento de la pobreza y la marginación, si los recursos del Fondo General de Participaciones son entregados en tiempo y forma a los municipios.
Sobre este apartado, expongo a ustedes que hay alcaldes que hacen bien su trabajo y que por ser eficientes en la aplicación de los recursos, al siguiente año la federación le asigna menos recursos. Por otro lado, existen muchos municipios que no reciben a tiempo los recursos y son observados por los órganos de fiscalización. A mí me parece que estas incongruencias se deben de subsanar aquí en el Congreso de la Unión.
En este sentido, es que solicité el uso de la palabra en esta tribuna, para someter a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Concretamente, la iniciativa lo que propone es contribuir, desde este Poder Legislativo, a que el proceso de entrega de los recursos por concepto de la distribución del Fondo General de Participaciones que transfiere la federación a los municipios, a través de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, sean entregados de manera ágil, oportuna, del conocimiento de la sociedad y que no excedan de 5 días hábiles en su ministración y el retraso de la misma dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargo que se establece en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Compañeras y compañeros legisladores, a mí me parece que es necesario puntualizar el sistema de coordinación fiscal, los esquemas, mecanismos legales y operativos, que permitan fortalecer la administración de los recursos de la hacienda municipal, particularmente sobre la distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones, máxime que cuando están orientados para el bien común.
Compañera presidenta, le solicito que el texto de la presente iniciativa se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Abel Salgado. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 367 Bis al Código Penal Federal.
El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, diputada presidenta. El que suscribe, diputado Javier Filiberto Guevara González somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley que adiciona el texto del artículo 367 del Código Penal Federal para agregar un nuevo artículo, a identificar como 367 Bis.
Exposición de motivos
La procedencia de las casas de empeño y de compra de metales preciosos es, en ocasiones, de procedencia dudosa e ilícita, lo que trae consigo la existencia de un mercado negro de compra y de venta de joyas, relojes y metales preciosos, poniendo al alcance de los consumidores artículos que provienen de personas que han sido víctimas de robo y asaltos, muchos de los cuales se realizan a mano armada.
Por lo anteriormente expuesto, y es indispensable fundamentar la siguiente parte de la iniciativa, donde se explica y se expone conforme a la ley la gravedad del robo y el asalto a mano armada.
Un asalto a mano armada es un tipo de robo en el cual el autor del delito causa la violencia a través de la intimidación o de realizar una afectación física a la víctima, mediante la utilización de armas, ya sean punzocortantes o de fuego.
Este tipo de robo implica una mayor gravedad en el simple motivo, por lo cual es muy habitual que este ilícito tenga una pena superior a la del robo sin la utilización de armas. El motivo esencial es que si bien el robo a mano armada es un delito que atenta esencialmente contra el patrimonio supone un mayor riesgo para otros bienes jurídicos protegidos como la vida o la integridad de las personas físicas.
En el derecho penal la víctima es la persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un delito. El daño no tiene por qué ser un daño físico, también puede ser víctima de delito que no haya sido producido por un daño corporal, un robo o una estafa. Siendo entonces el daño meramente patrimonial y el condenado por un delito debe resarcir a la víctima por los daños causados.
Si bien, dado que no siempre es posible revertir el daño, en muchas ocasiones se sustituye por una indemnización de carácter pecuniario.
Lo expuesto en lo anterior es un factor determinante para que exista la compra venta de artículos de alto valor sin saber si su procedencia es lícita. Por lo mismo es necesario regular las casas de empeño y las casas de compra de metales precios tal cual las vemos en la calle con el nombre de compramos oro y plata, ya que los asaltos tienen causa debido a que es sumamente fácil vender joyas y artículos de gran valor sin saber si su procedencia es lícita, así mismo dando a los asaltantes la facilidad de conseguir efectivo por su ilícito.
Propongo regular las casas de empeño mediante el uso de notas de compras o facturas para que éstas puedan recibir en prenda algún bien mueble, ya que en el 80 por ciento de los asaltos las prendas terminan en casas de empeño. El robo y la compra venta de artículos robados es un delito gravoso en el que tiene que ser castigado tanto el asaltante como la institución que participe en la compra, ya que en el caso de las casas de empeño, mismas en las que el único procedimiento que usan para tomar en prenda algún artículo es asegurarse que éste sea original, previa presentación de una identificación oficial, sin importar la procedencia del artículo empeñado.
Estos factores contribuyen a que continúe el robo a mano armada, afectando así a la sociedad. Por tanto, es de suma importancia comprobar que la prenda no sea de procedencia dudosa o ilícita.
Por lo anteriormente expuesto el suscrito somete a consideración del pleno de esta soberanía para estudio y dictamen a siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 367 Bis al Código Federal para quedar como sigue:
Artículo 367 Bis. Artículo 367 Bis. Los dependientes de las casas de empeño y de empresas dedicadas a la compra de metales preciosos deberán exigir de los deudores prendarios que comprueben la procedencia legítima de las prendas que reciban por medio de notas o facturas, y de no ser así serán sancionados castigado conforme a lo dispuesto en el artículo 370 de este código.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
Solicitan a esta Presidencia que informe a esta honorable asamblea que el dictamen ya se encuentra listo para pasar a segunda lectura.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez: Buenas tardes. Con el permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, enmarcada en la transición gubernamental del 2001se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro de los cambios, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), cede las funciones relacionadas con la pesca y acuacultura a la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Esta última secretaría, para poder llevar a cabo sus nuevas funciones como autoridad pesquera debería crear una entidad pública.
El 9 de mayo de 2001, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se llevó a cabo un evento organizado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, al cual asistió el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quezada.
El Presidente Fox anunció que la entidad pública que estaría a cargo de administrar los recursos pesqueros del país y conducir la política pública en la materia sería una comisión, bajo la figura de órgano desconcentrado adscrito a la Sagarpa.
De tal forma que en el Diario Oficial de la Federación del 5 de junio de 2001 aparece publicado el decreto por medio del cual que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Si bien, el pasar las atribuciones que el Poder Ejecutivo federal tiene respecto a estas importantes actividades a un órgano desconcentrado, fue una decisión polémica que encontró argumentos a favor y en contra, pero la sorpresa fue mayor cuando poco tiempo después cuando el entonces secretario de la Sagarpa, anunció de manera sorpresiva que la Conapesca tendría su sede en la ciudad portuaria de Mazatlán, Sinaloa.
El estado de Sinaloa habitado por gente honesta, trabajadora y hospitalaria tan solo cuenta con 36 mil 912 pescadores y acuacultores, de un total nacional de 271 mil 369, según datos del Anuario Estadístico de Pesca 2011.
De tal forma que la actual ubicación de la Conapesca sólo beneficia a 13 por ciento de los productores, aun sumando los del estado de Sonora, Nayarit y Baja California Sur, estos vienen a ser un total del 26 por ciento de todos los pescadores y acuicultores del país. Es decir, en el mejor de los casos, sólo para 26 por ciento de los productores del país la Conapesca tiene una buena ubicación geográfica.
Para el resto de los productores, cualquier asunto que requieran ver con dicha dependencia requerirá trasladarse a las oficinas centrales, lo cual conlleva un viaje largo, difícil y caro.
El que la Conapesca se encuentre en el extremo noroeste del país entorpece su interactuar con la misma Sagarpa, de la cual depende, y en las otras dependencias e instituciones con las que interactúa, ya que casi toda la administración pública federal tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México, motivo por el cual, varios de sus altos funcionarios, empezando por el comisionado, tienen que viajar cada semana en viaje redondo generando con estos gastos excesivos, afectando el pobre presupuesto con el que cuenta la Conapesca.
Abundando en lo anterior, el pensar que la Conapesca por estar en un puerto puede desarrollar de manera más eficiente y eficaz sus funciones es tan absurdo como pensar que la Secretaría de Marina cumpliría de mejor manera sus funciones si sus oficinas centrales estuvieran en el puerto de Veracruz, o en el puerto de Lázaro Cárdenas. Lo que en realidad se ha visto es que el tener la Conapesca en Mazatlán ha causado problemas tanto a los productores, como a los científicos y académicos que interactúan con la misma y hasta a los mismos funcionarios que en ella laboran, todo en detrimento del sector pesquero.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para quedar como sigue:
Artículo 7o. Las atribuciones que esta ley otorga a la federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo federal a través de la secretaría, salvo las que directamente correspondan al presidente de la República por disposición expresa de la ley.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y establecerá delegaciones en todos los estados de la federación, así como oficinas en todos aquellos lugares que se estime necesario.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor a los seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponde para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la Ciudad de México, Distrito Federal.
Tercero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro del Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, asignará los recursos necesarios y suficientes para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa a la Ciudad de México, Distrito Federal.
Cuarto. En todo momento y conforme a las leyes aplicables en la materia, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Conapesca que se vean afectados por la entrada en vigor del presente decreto.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Pesca para dictamen.
Saludamos a un segundo grupo de alumnos de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Abel Octavio Salgado Peña. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación.
El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas. Tomo esta tribuna para hacer la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 2o. de la Ley de Planeación. Es referente al tema de los niños.
El 20 de noviembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemoró el aniversario número 23 y ratificado el 21 de septiembre de 1990 en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el cual se vislumbran los derechos fundamentales de la población menor de 0 a 18 años a nivel mundial.
México quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de los niños, niñas y adolescentes que habitan en este país.
A más de dos décadas de este compromiso internacional, los avances en esta materia se definen como graduales y fundamentales.
Desde el punto de vista legislativo, cuando se alude a la incorporación del principio de interés superior de la niñez, mediante la reforma de los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o., y la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 12 de octubre del 2011, el citado principio constitucional establece que el Estado mexicano velará y cumplirá en todas las decisiones y actuaciones con este principio para garantizar de manera plena los derechos de la niñez y asimismo que dicho principio debe de guiar el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
De acuerdo con datos del INEGI, en el 2012 en nuestro país la población infantil asciende a 32.5 millones de niños y niñas entre cero y catorce años, que en términos relativos representan el 29 por ciento de la población total de nuestro país.
Asimismo la misma fuente revela que de acuerdo con la medición dimensional de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se estima que en el 2010 21.4 millones de niños menores de 18 años, se encontraban en situación de pobreza multidimensional.
Es decir, la situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos de uno de sus derechos en el desarrollo social o si sus ingresos no son suficientes para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas. Dicha cifra equivale al 53.8 por ciento de este grupo total de población.
En resumidas cuentas 9.8 por ciento de los niños en México, tienen rezago educativo; 29.8 por ciento de los niños no tienen acceso a la salud; 84 por ciento no tienen acceso a la seguridad social; 20.1 por ciento tiene carencia en la calidad y en sus espacios de vivienda; 19.8 por ciento de los niños no tienen acceso a los servicios básicos de vivienda y 29.5 por ciento no tienen acceso a una sana alimentación.
Con todos estos argumentos la iniciativa que hoy presentamos va encaminada a reformar la Ley de Planeación en la cual lo que estamos pretendiendo es que por ley en todos los planes de desarrollo que tiene el gobierno federal que establecer, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, exista una obligación de asignar una cantidad específica de recursos en programas etiquetados, focalizados a la niñez.
Actualmente, si ustedes observan, al paso de muchos años se ha peleado por los derechos de las mujeres, de la equidad de género, y al paso de los años se logró que en la Ley de Planeación exista una partida específica destinada a programas que impulsen este tema de la equidad de la mujer.
No sucede lo mismo con el tema de los derechos de los niños. La iniciativa que hoy planteamos va en ese sentido: que se reforme la Ley de Planeación para que exista la obligación de presentar en los presupuestos de egresos de la federación, estados y municipios, partidas específicas con programas e indicadores que garanticen el desarrollo de esta inequidad que hoy tenemos en nuestro país con el tema de la niñez. Muchísimas gracias. Es todo, presidenta.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 200 del Código Penal Federal.
Sonido en la curul de la diputada Juárez.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, Presidenta. Sólo para solicitarle que la Comisión de los Derechos de la Niñez pueda dar una opinión en torno a la iniciativa que acaba de presentar el diputado.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto se obsequia, diputada.
La diputada Marina Garay Cabada: Gracias, señora Presidenta. La suscrita, Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la siguiente iniciativa conforme a lo siguiente:
Durante los últimos años el sexing se ha vuelto una tendencia más común entre los jóvenes y adolescentes que viven en México sólo debido al creciente desarrollo tecnológico y la cada vez más fácil adquisición de dispositivos móviles con acceso a internet.
Sexing es un término proveniente de la lengua anglosajona, el cual ha sido adoptado y utilizado en el vocabulario de algunos académicos e investigadores a nivel nacional e internacional para referirse a la práctica realizada por adolescentes que se autorretratan o graban de manera sexual o erótica para luego enviar el material a sus parejas o amigos, a través de medios electrónicos.
A este respecto es posible decir que en el espacio cibernético es una gran red en donde comparten documentos, imágenes, videos a los millones de personas que tienen acceso, y por lo tanto una fotografía personal en manos equivocadas puede ser lesiva para la integridad de cualquier individuo.
No cabe duda que este problema se asocia con la baja protección de información personal en medios electrónicos, principalmente en los adolescentes; problemas derivados de la tecnología y de su mal uso.
Por ello, al ser la internet un espacio público y privado que aún no se encuentra regulado en su totalidad por el Estado, éste puede ser utilizado para dañar la buena imagen, la moral, el estado psicológico y la dignidad de los individuos. De ahí que un documento multimedia de carácter personal que sale de nuestras manos, puede cambiar nuestras vidas e incluso afectar gravemente nuestra reputación.
Ello hace evidente la necesidad de que la ley mexicana contemple de forma explícita términos como: sistemas informáticos, sistemas electrónicos y multimedia.
Proteger a los jóvenes mexicanos es una tarea que se encuentra en manos del Poder Legislativo, a través de la modificación y adiciones a nuestras leyes, creando limitaciones estrictas a quienes difundan documentos como fotografías y videos de menores de edad con algún tipo de contenido sexual o erótico.
El sexting es un problema que se extiende por una gran parte del mundo, teniendo sus propias particularidades de país a país.
Algunas opiniones especializadas en la materia aseguran que esta práctica se encuentra vinculada con la pornografía infantil, por lo que es necesario que se realicen las reformas y adiciones necesarias al artículo 200 del Código Penal Federal con el fin de fortalecer las sanciones a quienes difundan imágenes y material con contenido sexual o erótico de menores de edad.
En todo caso, la presente iniciativa pretende ser una medida para evitar que los individuos que difundan cualquier material pornográfico o erótico de menores de edad y que actualicen la regulación de los medios electrónicos.
Lo cierto es que además de las propuestas contenidas en la presente iniciativa, los padres deben trabajar con sus hijos desde el hogar con el fin de reforzar el conocimiento de los problemas derivados del sexting.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, someto a la consideración de esta soberanía el presente proyecto de decreto
Único. Se reforma y adiciona el artículo 200 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de 18 años de edad libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de un sistema informático o cualquier otro medio, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.
No se entenderá como material pornográfico o nocivo aquel que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, diputada Verónica. No me di cuenta. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Verónica.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. Nuevamente para solicitar que la Comisión de los Derechos de la Niñez pueda tener opinión en la iniciativa que ha presentado la diputada Garay, y además de felicitarla y saber si también es posible adherirse a la propuesta que ha presentado. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto se turna también para su opinión, a la Comisión de los Derechos de los Niños, pero solicitaría a la diputada Marina Garay si se puede adherir la compañera a su iniciativa.
Diputada Marina Garay, preguntan si se pueden adherir a su iniciativa. Gracias. Aquí queda a su disposición en la Secretaría.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Presidenta, también quisiera sumarme a la iniciativa.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aquí queda a su disposición para cualquier diputado que quiera adherirse a la misma.
Adelante, diputada Tovar.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de prevención de las adicciones en la población joven del país.
El motivo principal de esta iniciativa es el incremento drástico en el consumo de drogas lícitas e ilícitas entre las jóvenes y los jóvenes, generando uno de los problemas más severos de la salud pública en los últimos años. Las adicciones en México han penetrado a una población cada vez más joven, personas a partir de los 12 años ya iniciaron el consumo de algún tipo de droga.
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Adicciones, del año 2011, se ha demostrado que durante los últimos 10 años el número de jóvenes drogadictos se duplicó, al pasar del 0.7 por ciento en 2002, al 1.5 por ciento en 2011. El consumo de marihuana se triplicó tanto en hombres como en mujeres jóvenes, y el consumo de cocaína creció al doble entre las mujeres adolescentes durante los últimos tres años.
La encuesta reveló que en la actualidad el grupo de mayor riesgo para el inicio en el consumo de las drogas lícitas e ilícitas son las personas entre los 12 y los 17 años de edad, sobre todo en zonas urbanas donde el uso de los estupefacientes durante el último año fue d e1.9 por ciento contra el 1.5 en promedio, a nivel nacional.
La importancia de los números y porcentajes revelados por la encuesta de la Secretaría de Salud radica en una situación que a todas y todos nos debe de preocupar. Jóvenes mujeres y varones entre 12 y 17 años se han iniciado en el consumo de drogas, ya sea de alcohol, tabaco, marihuana o cocaína. El consumo de cualquiera de ellas tan temprana edad tiene graves consecuencias irreversibles, tanto en la salud como en sus entornos familiares y sociales, como por ejemplo, más de 7 millones de jóvenes ya son adictos al tabaco; más de 4 millones son alcohólicos crónicos; 3 por ciento de niñas y niños en edad escolar primaria ya presentan problemas de dependencia etílica.
Las mujeres jóvenes consumen cocaína en razón de 0.6 por ciento, mientras que la marihuana es la droga más consumida por varones jóvenes de zonas urbanas, con un nivel de 2.6 por ciento.
Las drogas se han convertido en una de las amenazas más graves para la juventud mexicana. Desde el 2008 no se ha disminuido su consumo, por lo contrario, las adicciones en México se han incrementado en la población adolescente y joven, si las cifras en sí son alarmantes, debo decirles que el incremento de las adicciones seguramente es mayor, pues difícilmente las personas jóvenes van a aceptar frente a una encuesta institucional que han consumido algún tipo de droga, la que tenemos frente a nosotros es un problema de salud pública de mayor dimensión.
Por ello es urgente que modifiquemos los programas y las campañas de prevención contra las adicciones, principalmente dirigidas hacia la población joven de nuestro país, que está iniciando con algún tipo de adicción a una edad cada vez más temprana.
Debemos reforzar la Estrategia Nacional de Prevención, que durante en los últimos 10 años no ha dado resultados, y que por lo contrario, se ha derivado en una situación cada vez más grave.
Uno de los objetivos principales de la iniciativa que hoy presento, es hacer visible a las y a los jóvenes del país, con un segmento de población con alto riesgo de caer en algún tipo de adicción, ya sea de sustancias legales como el tabaco o el alcohol, o de sustancias ilegales como la mariguana y la cocaína.
El Poder Legislativo debe contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance, para evitar que adolescentes y jóvenes, entre los 12 y 17 años, inicien con la destrucción de su vida por el consumo de drogas.
Es por ello, que propongo reformar los artículos 185, fracciones II y III, así como el 191, fracciones II, para que a través del Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, así como del Programa contra la Farmacodependencia, a cargo del Consejo Nacional contra las Adicciones, contemple la educación de las y los jóvenes como método de prevención para el consumo de drogas.
La educación sobre los efectos de las drogas de la salud, así como en los entornos familiares y sociales, debe ser prioritaria para la población que se encuentra entre los 12 y 29 años de edad, considerada de alto riesgo para caer en adicciones. Gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Luis Miguel Ramírez Romeros, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero: Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta. Estimados compañeros, el mes de enero fuimos invitados al estado de Baja California y ahí en Tijuana tuvimos la oportunidad de convivir con agrupaciones sociales que se dedican a ayudar a las personas con discapacidad.
Ahí nos enteramos y conocimos de una realidad que están viviendo muchos mexicanos que tienen familiares con discapacidad y seguramente muchos de ustedes, sobre todo, los diputados del norte del país viven y palpan con mayor dificultad o realidad esta situación.
Muchas personas que tienen discapacidad mental o discapacidad física requieren de aparatos eléctricos para poder subsistir, a veces son respiradores o productores de oxígeno para poder respirar. Estas personas si son de escasos recursos no tienen para poder pagar a veces la energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad si no pagan la energía eléctrica simplemente les suspende el suministro de energía, con lo cual pueden provocar en muchos casos la muerte de estas personas, que por su misma discapacidad no tienen la oportunidad de poderse defender.
Ante esta situación y ante los planteamientos hechos a los diputados de Acción Nacional, queremos compartirles a todos ustedes esta iniciativa.
Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada por ley para fijar las tarifas, los diputados de Acción Nacional solicitamos que en atención a la realidad social y a la realidad económica de nuestro país, y con la participación de la Comisión Reguladora de Energía, sean a quienes se les encomienda de manera escrita y precisa la elaboración de propuestas que debieran ser participadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en un trabajo conjunto, atendiendo a las necesidades y a la realidad socioeconómica que impera en la ciudadanía, se puedan establecer mejores criterios, loables, en apoyo a la atención de aquellas familias de escasos recursos, que tengan uno o varios integrantes con diferentes discapacidades.
Esto con la finalidad de dar un servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo los lugares con demanda y escasos recursos. Asimismo exigir al Estado que este sea un servicio que esté subsidiado para las familias que se encargan de personas con discapacidades diferentes, que requieran de aparatos de los cuales depende su vida en ocasiones y por falta de recursos a estas personas se les ha afectado con el corte del suministro eléctrico, por lo que su vida corre peligro.
Es necesario fomentar una política solidaria en apoyo a los sectores más desprotegidos para establecer y garantizar condiciones que aumenten sus posibilidades de desarrollo.
De acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, presentada en el 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, que al interactuar con distintos ambientes en el entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Al año 2010 las personas que presentan algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es actualmente la dependencia encargada de establecer y revisar las tarifas para el suministro y la venta de energía eléctrica, con la participación de otras dependencias competentes.
Esta situación provoca que las tarifas sean fijadas conforme a criterios recaudatorios, antes de tomar en cuenta las condiciones sociales y económicas de las familias mexicanas. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición:
Decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Reguladora de Energía, deberán fijar las tarifas especiales, ajustes, reembolsos o subsidios necesarios en atención y demanda a las personas con capacidades diferentes de escasos recursos, para proveer el consumo de energía para el manejo de aparatos especiales de forma ininterrumpida.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía contará con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar los decretos correspondientes y fijar las tarifas correspondientes a las personas con discapacidad.
Agradezco a los diputados que se han adherido de antemano a esta iniciativa. Estoy seguro que quienes han vivido o viven los calores y los fríos que se viven en el norte del país y quienes tienen un familiar con discapacidad o que depende de un aparato eléctrico para poder vivir comprenderán esta iniciativa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Energía para su dictamen.
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputada Paloma Villaseñor, sonido por favor, ¿con qué objeto?
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Presidenta, para comentarle a usted y a la asamblea que celebro que el día de hoy varios diputados han presentado iniciativas a favor de las personas con discapacidad.
Comentarle que el día de hoy, 21 de marzo, además de conmemorar el natalicio del presidente Benito Juárez y la llegada de la primavera, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, decretado por la ONU en el 2011.
Que no pase este día, presidenta, sin que esta Cámara lo menciones y se comprometa a luchar por las medidas necesarias en su beneficio, así como a tomar conciencia respecto a sus derechos, su inclusión y bienestar de las personas que tienen síndrome de down. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada, por la información.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Blas Ramón Rubio Lara para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Blas Ramón Rubio Lara: Con su permiso, compañera presidenta. Con permiso, compañeros diputados y diputadas. Los suscritos diputados de la fracción del PRI de Sinaloa, por mi conducto presento ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, en relación a la administración de la parcela escolar y su protección jurídica.
Creo, compañeras diputadas y compañeros diputados, todos los que estamos aquí conocemos en qué condiciones se encuentran todas las escuelas en las comunidades rurales. Algunas son ejemplo en cuanto a su infraestructura, en las condiciones en las que se encuentran, pero la gran mayoría de ellas están en muy malas condiciones.
Nuestras escuelas, más de 31 mil escuelas rurales, cuentan con un gran patrimonio que es la parcela escolar; y esta iniciativa va en ese sentido, de hacer mejor uso de los recursos que aportan esas parcelas para rehabilitar nuestras escuelas.
La parcela escolar es una institución histórica del derecho agrario mexicano. Sólo a modo de ejemplo, durante el periodo constitucional, iniciado en 1917, estuvo regulada entre otros ordenamientos por los artículos 145, 146 y 147 del Código Agrario de 1940. Actualmente está regida por el artículo 70, de la vigente Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 1992, siendo omisa en cuanto a la aplicación de los productos generados por la parcela escolar.
A juicio del suscrito el tema de la administración de la parcela escolar por su importancia debe de ser regulada en la ley y conferir tal administración al comisariado ejidal que es el representante legal y apoderado del núcleo de población.
En el país, actualmente existen 32 mil 201 ejidos y comunidades, hay comunidades que cuentan con dos parcelas escolares, primarias y secundarias, y podría haber escuelas que no tengan.
Por lo anterior y conforme a las consideraciones expuestas, presento a ustedes iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70, de la Ley Agraria para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el primer párrafo y se adicionan cuatro párrafos al artículo 70 de la Ley Agraria, para quedar redactado como sigue:
Artículo 70. En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, productividad, enseñanza y divulgación de las prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido.
La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, corresponden al ejido y será administrada por el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la que informarán anualmente.
El 80 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado ejidal, a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos, y el 20 por ciento restante, si lo hubiere, lo distribuirán entre los maestros del plantel.
No podrá adoptarse el dominio pleno de la parcela escolar, salvo en el supuesto previsto por el artículo 29 de esta ley. Por reglamento general, tampoco podrán enajenarse los derechos parcelarios de la misma; sin embargo, previo cambio de destino, podrán permutarse por acuerdo de asamblea. El contrato de permuta se celebrará con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea.
Preferentemente la asamblea escolar será explotada directamente por el ejido. No obstante ello, por acuerdo de la asamblea podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso o asociación en participación. Dichos contratos tendrán una duración máxima de tres años.
Las asambleas para autorizar, permutar la parcela y los contratos a que se refiere el párrafo anterior, se celebrarán con formalidades simples. En todos los contratos, actos y trámites previstos por ésta u otras leyes y los que sea parte del ejido incluyendo los señalados en este artículo, se tendrá por acreditada la existencia y personalidad del núcleo de población mediante la documentación agraria y la representación del comisariado ejidal con el acta de asamblea en la que fue electo, inscrita en el Registro Agrario Nacional.
Lo no previsto en este artículo se regirá por el reglamento interno del ejido o por los acuerdos de la asamblea respectivos.
Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, compañera presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria.
La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Las mujeres del campo mexicano a lo largo de la historia han tenido una participación preponderante en diferentes ámbitos del desarrollo gradual del país. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado valorar en su justa dimensión su verdadera aportación quedando sólo en un segundo plano.
La historia contemporánea y la Ley Agraria vigente muestran que los derechos agrarios de las mujeres no han tenido ese avance necesario, porque si bien la ley reconoce a las mujeres en su calidad de ejidatarias, no las visibiliza de manera directa. La ley no entrevé a las mujeres como iguales ni en el lenguaje ni en el contexto.
No exponemos este tema como una cuestión de boga, sino como una necesidad de alentar un cambio de fondo. Por ejemplo, se sabe que las mujeres, quienes ante la migración asumen de manera forzada un rol de proveedora para la familia, ocupan un rol de productora, de gestora y como defensora de la tierra.
Es necesario adecuar la Ley Agraria para contrarrestar por un lado el despejo, la discriminación de las mujeres en el medio rural, pero sobre todo para brindarles esa oportunidad en la mayoría de los casos negada.
En el informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, se expuso que la pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades y con la mínima participación en el proceso de adopción de decisiones.
Resulta de vital importancia que exista una mayor vinculación de las mujeres en la vida de los núcleos de población ejidal, lo cual en muchas ocasiones resulta imposible para ellas.
La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que constituye una condición necesaria para que se tenga en cuenta sus intereses.
Sin su participación y la incorporación de su punto de vista a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrá conseguir el objetivo primordial que es un desarrollo conjunto.
Una de las reflexiones presentadas en el avance político de las mujeres en la mira, publicadas por el Instituto Nacional de las Mujeres, expone que el objetivo más allá de que las mujeres y hombres sean iguales, es conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.
Uno de los mayores obstáculos para el logro y consolidación de esta superior, ha sido sin lugar a dudas la disparidad existente en el acceso de las mujeres a la participación política, así como la toma de decisiones.
En el año 2010 la Secretaría de Reforma Agraria, ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reconoció que el papel de la mujer en el campo cobraba cada vez más relevancia en el liderazgo y la toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades, contabilizando 38 mil 743 mujeres que ocupan cargos directos como titulares o suplentes en los órganos de representación y vigilancia en núcleos agrarios.
Una publicación de la Procuraduría Agraria expone que del total de titulares con derechos ejidales en México, el 19.8 corresponde a mujeres ejidatarias con derechos sobre la propiedad de la tierra.
Aun cuando no hay cifras exactas al respecto, la Procuraduría Agraria menciona que son 476 mil 579 mujeres con calidad agraria de ejidatarias.
Entonces si se consideran los datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano sobre las 38 mil 743 mujeres que ocupan cargos directivos, sólo el 8.5 por ciento de mujeres tienen participación en los órganos de los ejidos.
Es necesario impulsar una nueva dinámica social que fortalezca un desarrollo participativo gradual dentro de los ejidos y comunidades, promoviendo un crecimiento, sostenibilidad y mayor coerción social.
En consecuencia se considera que con la reforma propuesta se promoverá una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de las autoridades u órganos de los ejidos o comunidades.
En mérito de lo expuesto y suscrito, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria para quedar de la siguiente manera.
Artículo 37: “Para el caso de existir una o varias mujeres dentro del núcleo de población ejidal, se procurará que al menos una de las candidaturas a puestos de elección que integra el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán ser ocupadas por una mujer, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintos. Para las comisiones y secretarías auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal se procurará la integración de las mujeres”.
Por último, solicito atentamente a la Presidencia que se publique íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de la Reforma Agraria para dictamen.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.
La diputada Josefina García Hernández: Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados: hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Agraria.
En 1992 se reformaron el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria con el objetivo de dar por terminada la distribución de tierras por la vía de la reforma agraria.
La reforma se propuso generar una mayor flexibilidad en la tenencia de la tierra, para lo cual se ampliaron los derechos de los ejidatarios y de los comuneros para tomar decisiones sobre la forma de propiedad de sus terrenos y la libertad para asignar al sucesor de sus derechos agrarios.
Se trataba de promover un mercado de tierras que permitiera una reasignación más eficiente de la tierra, lo cual debiera dar incentivos a la inversión y, en el caso de la agricultura, permitiría unidades de producción más viables y por tanto incrementaría la productividad.
En este tenor, una vez terminada la distribución de tierras por la reforma agraria, en 1993 el gobierno federal inició un programa de certificación y regularización de ejidos y comunidades agrarias, conocido como Procede, con la finalidad de otorgar a los ejidatarios seguridad en la tenencia al hacer valer las tierras ejidales y comunales y los derechos de cada sujeto agrario, al tiempo de promover la elaboración del reglamento interno de cada ejido, a fin de que se afianzara la autonomía y participación de cada núcleo en la organización interna y en la autonomía de decisiones, lo que en muchos casos dio como resultado un mejor manejo de los recursos de las tierras de uso común.
En noviembre del 2006 se cerró el programa con una cobertura de certificación de más del 90 por ciento de los núcleos agrarios del país y 63 por ciento de la superficie rústica total. Se consideró que todos los núcleos agrarios habían sido informados sobre el programa, y aquéllos que no certificaron fue porque rechazaron el programa o porque tenían problemas jurídicos sin resolver.
Como seguimiento al programa Procede, en 2006 se establecieron otros como Formar, programa de fomento a la organización agraria que destina fondos para asistir en conflictos agrarios y en dado caso solventar acuerdos negociados entre las partes, y FANAR, Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularización, que utiliza fondos para asistencia técnica a ejidos y comunidades no certificados que desean llevar a cabo la regularización posterior al Procede.
En este contexto, el pasado 6 de enero el Presidente de la República, en el marco del 98 aniversario de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, refirió la modificación de la que fue objeto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu.
De acuerdo con los antecedentes y la actualidad del ordenamiento agrario, resulta evidente que sólo un porcentaje mínimo es objeto de regularización. Hoy, el crecimiento de los centros urbanos genera una nueva dinámica con respecto a los predios de propiedad social, que hacen totalmente oportuna la nueva denominación de la anterior Secretaría de la Reforma Agraria y provocan áreas de oportunidad en pro de los municipios.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y otorga facultades a los municipios en materia de planeación y de desarrollo urbano en el artículo 115. De igual forma es importante subrayar que quien se encarga de la prestación de los servicios públicos son los municipios a través de los ayuntamientos, y que éstos en un gran porcentaje a nivel nacional cuentan con un sistema registral y catastral que necesita ser fortalecido.
Desde esta perspectiva, esta reforma tiene diversas repercusiones que pueden ser observadas como aprovechables, para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, cuyo desarrollo urbano se ha llevado a cabo sobre tierras de propiedad social, y que debido a esta situación han perdido su vocación productiva y son destinadas a la vivienda.
Esta realidad amerita la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Registro Agrario Nacional, ya que en algunos casos puede presentarse la terminación del régimen ejidal, con el correspondiente proceso legal que conlleva y que se traduce también en un cambio de uso de suelo, facultad de los ayuntamientos en conjunción con los estados, lo que puede traducirse en el aumento de recursos al incrementarse la base contribuyente por concepto del impuesto predial, y en suma, puede entenderse como el incremento de la capacidad recaudadora de los municipios, con los beneficios que esto implica.
Lo anterior es así ya que al contar con el apoyo de la infraestructura, de la información actual y la que producirá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puede establecerse como un obligación de ésta, y del Registro Agrario Nacional al vincularse con los municipios para la transferencia de información registral y catastral, así como para coadyuvar con éstos para incorporar al desarrollo urbano las tierras que han perdido su vocación productiva, y que de esta forma, con el trabajo de los ayuntamientos se aumente su base contributiva y se multipliquen sus recursos.
En este entendido y aprovechando que la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo la perspectiva sistemática de nuestro orden jurídico precisa de reformas a otros ordenamientos.
Mediante la presente iniciativa propongo la modificación a la Ley Agraria para incorporar como obligación de la citada Secretaría y del Registro Agrario Nacional, transferir la información catastral de las tierras de propiedad social que se hayan incorporado al desarrollo urbano de los municipios, para que éstos actualicen y fortalezcan su información catastral y registral, lo que permitirá mediante las acciones correspondientes generar mayores recursos para los municipios que puedan ser destinados en los términos de la legislación vigente, a la prestación de más y mejores servicios. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, que fue creado en 1994 a raíz de una serie de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, relativas y buscantes de reforzar y darle fortaleza seria y real al Poder Judicial de la Federación.
Dichas reformas consistieron en modificaciones sustanciales a la integración y funcionamiento de la Suprema Corte, en ella se ampliaron los controles respecto a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y se creó el órgano denominado Consejo de la Judicatura Federal para separar a los órganos jurisdiccionales de tareas administrativas.
No obstante, desde su creación hubo críticas hacia l forma en cómo estaba conformado el Consejo, cuatro de sus miembros, incluyendo al presidente, que es a su vez presidente del Consejo y presidente de la Corte, provienen del Poder Judicial.
La composición del Consejo de la Judicatura tiene que establecerse de manera diferente al actual para que sus facultades de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, entre las que destacan el nombramiento de jueces y magistrados, puedan efectuarse también con plena autonomía.
El día de hoy con la manera en la que se conforma el Consejo de la Judicatura federal, el presidente del máximo tribunal de este país, que es la Suprema Corte, tiene a su vez la amplísima obligación de ver los asuntos administrativos y de carrera judicial.
Compañeras y compañeros diputados, estas dos facultades y obligaciones no son menores, son de gran trascendencia y es injusto que las realice la misma persona, pero además atenta totalmente contra la autonomía que buscamos en el órgano que decide quiénes van a ser los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Tenemos hoy que ser congruentes, en esta Cámara baja se ha hablado mucho de la autonomía de nuestros diversos órganos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura federal no pueden de ninguna manera escapar a estas obligaciones. Tenemos que garantizar que quien se encarga de la administración de los recursos del Poder Judicial de la Federación y de la carrera judicial tenga total independencia frente a las decisiones meramente jurisdiccionales.
Qué estoy proponiendo. Que se cambien los requisitos de integración del Consejo de la Judicatura Federal, para que el consejero presidente ya no sea más el titular de la Suprema Corte de Justicia y que los titulares, los consejeros de la Judicatura Federal sean los que decidan quién va a ser el titular de ese importante órgano.
Que hoy a partir de esta reforma, el Senado de la República conserve la facultad de proponer a tres, que el presidente de la república conserve la facultad de proponer a uno de los integrantes y que los otros tres salgan de entre los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, y que entre ellos siete elijan a quien va a ser el presidente de este importante órgano encargado de la administración y la carrera judicial en nuestro país.
Espero contar con su apoyo en las comisiones. Y le agradezco mucho a la Presidencia y su atención, compañeros diputados.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados, en 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, surgiendo de ella la Procuraduría Federal del Consumidor, como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores para prevenir abusos y garantizar relaciones de compra-venta justas.
El objetivo de la Procuraduría, de acuerdo con el artículo 1o. de esta ley, es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Para nadie es desconocido que la economía de nuestro país fija sus bases sobre el consumo personal e individualizado. La demanda de los productos y servicios principalmente estriba en la economía familiar, en el consumo que cada ciudadano realiza a través de sus decisiones tomadas en base en la información que posee de cada bien, servicio o producto adquirido.
Dentro de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, que en lo posterior referiré como Profeco, está el de proteger la economía de las familias, de prácticas y comportamientos comerciales abusivos de los proveedores de bienes y servicios, pero es necesaria proveerla de mayores facultades y herramientas, con la finalidad de estar en condiciones de garantizar que los consumidores sean informados con la objetividad y certidumbre jurídica sobre la oferta de los productos en el mercado nacional.
En el mismo sentido, la Profeco debe brindar información oportuna a los consumidores sobre posibles actos fraudulentos cometidos por los proveedores contra los consumidores finales, afectando éstos la economía familiar, siendo a través de información objetiva, derivada de los procedimientos y actividades reguladas por Profeco, como pueden prevenirse daños patrimoniales y morales, ya sea individuales y colectivos.
En países como Argentina, Panamá y Colombia, se tienen atribuciones expresas para que las autoridades de protección al consumidor publiquen información sin restricciones sobre la firmeza de sus resoluciones sancionatorias, actos de verificación, quejas o reclamaciones puestas por consumidores, dicha información se considera de carácter público.
En nuestro país figuras similares se regulan en diversas disposiciones, tales como la Ley Federal de Competencia Económica, en la que confiere facultades para publicar un extracto del inicio de las investigaciones realizadas por la autoridad competente.
El plan técnico, fundamental, de calidad de las redes del servicio local móvil, establece las facultades de la Cofetel para hacer pública la información que le sea entregada o reportada, salvo aquella que el concesionario entregue con carácter confidencial y la información obtenida durante las verificaciones. Ambos, observando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En este sentido, la presente iniciativa que el día de hoy someto a su consideración tiene por objetivo primordial fortalecer el papel de la Profeco como encargada de proteger y promover los derechos e intereses de los consumidores en el marco de los principios básicos de las relaciones de consumo, para que se informe oportunamente a los consumidores sobre el inicio de procedimientos, su resolución, la imposición y levantamiento de medidas precautorias y la información objetiva sobre el comportamiento comercial de los proveedores de bienes y servicios que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio.
Por ello, en la presente iniciativa propongo se adicione la fracción 23 al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:
Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
Publicar para conocimiento de los consumidores, en cualquier medio de comunicación, incluyendo los institucionales, los resultados de las acciones derivadas de los procedimientos previstos en la ley, así como de los actos de verificación y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios que permitan proveer de información relacionada con las prácticas comerciales y proteger los derechos de los consumidores.
Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, la Procuraduría podrá publicar un extracto del acuerdo de inicio de procedimiento por infracciones a la ley y la resolución que ponga fin a los mismos, a la imposición y levantamiento de medidas precautorias impuestas a los proveedores, así como información objetiva sobre el comportamiento comercial que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio.
Compañeros diputados, de aprobar la presente iniciativa estaremos dotando a la Procuraduría de mayores atribuciones, y sobre todo, estaremos protegiendo a los consumidores de los abusos de los prestadores de bienes y servicios.
Apelo a su buen criterio para que en su momento la voten a favor. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El diputado José Isidro Moreno Árcega: Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de mis compañeros diputados y diputadas. La propuesta que hacemos de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es la creación de un órgano político-administrativo que sea el órgano de gobierno de las delegaciones del Distrito Federal.
¿Por qué y con qué antecedente jurídico? Las reformas políticas al Distrito Federal han surgido desde el nacimiento de la Constitución de 1824 pasando por la Constitución de 1857, la Constitución del 17, y la reforma de1928, donde desaparecen las municipalidades en el Distrito Federal, creando un Departamento Central y las delegaciones.
Posteriormente, en las dos últimas décadas, en la reforma constitucional de 1993 y de 1996 permitieron el nacimiento de un estatuto de gobierno que regula las facultades de los órganos de gobierno del Distrito Federal, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Pero aún así falta democratizar el tercer nivel de gobierno del Distrito Federal.
Por ello la propuesta de ver que un órgano de gobierno en las delegaciones del Distrito Federal esté representado por los sectores sociales, que forman parte de las demarcaciones territoriales, como son: el obrero, el campesino, las mujeres, los sectores que conforman y tomen las decisiones de este órgano de gobierno representado en un colegiado y en una asamblea por decisiones democráticas de la mayoría.
Es a ello que nosotros hoy proponemos esta reforma, porque al particular punto de vista de nosotros no existe esa democracia esencial en el tercer nivel de gobierno, siendo el Distrito Federal capital de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, sede de los poderes federales y Distrito Federal. Sea el Distrito Federal la vanguardia y la punta de lanza dentro de la democracia de la intelectualidad de los empresarios, de la religión.
Por ello el tercer nivel de gobierno del Distrito Federal es hoy el momento de marcar con esta reforma una democracia profunda, una democracia que permita que tenga como objetivo particular que el tercer nivel de gobierno sea para mejorar los niveles de vida de cada uno de los ciudadanos del Distrito Federal en lo particular en empleo, en vivienda, en salud, en educación.
Por ello es importante, y pedimos a esta asamblea, que sumemos esfuerzos en la capital de los Estados Unidos Mexicanos para reformar el estatuto de gobierno y demos a las delegaciones un órgano plural, democrático y representativo.
Por ello pido a esta soberanía su respaldo y su propuesta de ser firmes, sumarse a esta iniciativa de reforma, dando pena democracia al tercer nivel de gobierno en esta localidad, que hoy es la delegación del Distrito Federal.
Por mi parte sería cuanto, y espero contar con el respaldo y el apoyo de la mayoría para demostrar que en las delegaciones del Distrito Federal debe existir un órgano democrático, representativo y popular, que dé una funcionalidad y una viabilidad a un gobierno democrático. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal para su dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Con su permiso, diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados. La iniciativa con proyecto de decreto que hoy vengo a presentar ante ustedes, se trata de derogar la fracción X Ter, del artículo 4o. y se reforma el artículo 19, primer párrafo, además se adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.
En la presente iniciativa se aborda el problema para delimitar el otorgamiento de créditos por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo a Entidades Financieras cuya situación económica provoque incertidumbre.
La historia del proceso legislativo para dar cumplimiento al párrafo séptimo, del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es arduo y poco se ha logrado cumplir con el derecho humano y la garantía individual de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa.
La Norma Ordinaria que mandata la Constitución es la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicada ésta en el 2001.
Los fondos y garantías que la Sociedad Hipotecaria Federal debería de destinar para que las familias disfruten de vivienda digna y decorosa los otorgaron en los últimos 12 años a las Sofoles-Sofomes y empresas constructoras, dándoles trato preferencial y con ello rescatarlas y beneficiarlas. En el primer trimestre de 2009, el gobierno de Calderón los rescato vía el endeudamiento público externo y lo grave fue que el rescate hipotecario e inmobiliario tuvo su origen en el Congreso de la Unión.
Los directivos de la Sociedad Hipotecaria Federal siempre negaron la existencia del rescate hipotecario e inmobiliario; sin embargo en el Informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 realizado por la Auditoría Superior de la Federación, el organismo fiscalizador resolvió con dictamen negativo, en virtud de que la Sociedad Hipotecaria Federal, en su autonomía de gestión actuó discrecionalmente para rescatar financieramente a los intermediarios financieros no bancarios, es decir, a las Sofoles-Sofomes.
Esto quedó registrado por la Auditoría Superior de la Federación, concretamente en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.
En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación realizó las primeras recomendaciones a la Cámara de Diputados y concretamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y le recomendó estudiara la posibilidad de reformar o adicionar la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para que se delimite el otorgamiento de créditos a las entidades financieras Sofoles, Sofomes, cuya situación financiera provoque incertidumbre, se condicione la autonomía de gestión de la sociedad para evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros no bancarios al rescatarlos de la quiebra, así como también para minimizar el riesgo de convertirse en administradora de cartera y comercializadora de bienes, descuidando su objeto social.
Finalmente recomendó derogar la fracción X Ter del artículo 4o. de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.
No obstante estas observaciones y advertencias de la Auditoría Superior de la Federación, este Congreso no hizo nada. El pasado 20 de febrero de 2013 la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de las auditorías practicadas a la Sociedad Hipotecaria Federal para el ejercicio fiscal 2011.
El organismo fiscalizador de la federación concluyó en la página 2 lo siguiente: Se observó que el Consejo Directivo de Sociedad Hipotecaria Federal utilizó criterios discrecionales en la autorización y otorgamiento de líneas de crédito, aprobar dispensas contractuales de excepciones normativas, dispensas a las Sofoles, Sofomes de la obligación de obtener cada año de una agencia calificadora de prestigio internacional Standard & Poor´s y Moody´s una calificación mínima de doble AA. Con estas prácticas se incumplieron los artículos 19, primer párrafo de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.
La responsabilidad de cumplir con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en los informes 2009, 2010 y 2011, eran principalmente de la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados de la LXI Legislatura que estaba integrada, entre otros diputados, por Jesús Alberto Cano Vélez, Mario Alberto di Costanzo, Sebastián Lerdo de Tejada, Claudia Ruiz Massieu, Jorge Carlos Ramírez –secretario ahora de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano–, todos estos servidores públicos del actual gobierno. Habría que ver si sus nombramientos no tienen alguna vinculación a los grupos de interés que durante los últimos 30 años han saqueado al país.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Artículo primero. Se deroga la fracción X Ter del artículo 4o. de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 19, primer párrafo de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para quedar como sigue:
El consejo no aplicará criterios discrecionales en la autorización, otorgamiento de crédito; tampoco aprobará dispensas contractuales, excepciones normativas; deberá garantizar la sana práctica y usos bancarios”.
Termino, presidenta. El artículo 3o. se adiciona, el artículo 29 Bis de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue:
Artículo 29 Bis: “La sociedad delimitará el otorgamiento de fondos, garantías y créditos a entidades financieras cuya situación provoque incertidumbre; evitar incurrir en tratos preferenciales con intermediarios financieros y no rescatarlos de la quiebra. La sociedad no se convertirá en administradora de cartera y comercializadora de bienes inmuebles otorgados en dación de pago por incumplimiento de las entidades financieras; no descuidará su objeto social para el que fue creada, de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa”.
Transitorio. Único: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputada presidenta, solicito a usted que el texto íntegro de la iniciativa sea incorporado en el Diario de los Debates. Gracias por su atención y por su tolerancia.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Así será, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Ruego a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea los puntos de acuerdo. Se continúa con la licencia del diputado Rafael Acosta Croda.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente.
Distinguido diputado presidente, con fundamento en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, numeral uno, fracción XI; 6, numeral uno, fracción XVI; 9, numeral uno, fracción II; 12, numeral uno, fracción III y 13, numerales uno, dos y tres, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted tenga poner a bien a consideración ante el pleno de esta soberanía mi presente solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal por el distrito XII con cabecera en el Puerto de Veracruz, a partir del día 21 de marzo del presente año, por tiempo indefinido y en consecuencia sea llamada mi suplente.
Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención de la presente. Quedo de usted, Rafael Acosta Croda.
Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se ruega a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Rafael Acosta Croda, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XII distrito electoral del estado de Veracruz, a partir del 21 de marzo del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, Presidenta. El día de hoy venimos a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el segundo numeral al artículo 55 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Qué nos motiva a hacer esta iniciativa. Compañeros y compañeras: la profesionalización del ejercicio político es fundamental para responder al encargo público al cual hemos sido llamados. Cumplir con este encargo de manera integral, con votos conscientes e informados para generar hoy parlamentarios al nivel de este gran país, votos sustentados y con toda la información que sea requerida para que también las aportaciones de cada uno y cada una de los legisladores sean tomadas en cuenta.
Mejorar el trabajo legislativo también es nuestra tarea. Hay temas relevantes en este sentido para generar mejores leyes, más y mejores leyes que estén al nivel de las mexicanas y los mexicanos que nos tienen en este valioso encargo.
El objetivo fundamental de la presente iniciativa tiene que ver con que nos sean entregados, junto con la convocatoria, todos los documentos, los dictámenes e información que debemos tener los integrantes de las comisiones desde el primer momento para que realicemos análisis concienzudos, para que vayamos a las comisiones a decidir, a aportar, a crecer, a desarrollar ideas que beneficien a México.
Ésa es la iniciativa que tenemos el día de hoy y que presentamos ante ustedes porque desafortunadamente el día de hoy no es una obligatoriedad. Cuando llega a nuestra oficina el tema de una reunión, sólo llega la hoja de la convocatoria y en más de una comisión recibimos el legajo de información en algunas ocasiones parcial o bien no lo recibimos y en otros casos desafortunadamente lo recibimos en el momento que ya se van a votar los dictámenes y que de alguna u otra manera no hay tiempo para revisarlos a conciencia.
Este trabajo tiene que ver con que cumplamos responsablemente con México, con que hagamos la diferencia, con que propongamos con conciencia aportaciones concretas que hoy México requiere en cada una de sus leyes.
Por eso es que esta sencilla reforma, esta sencilla iniciativa, lo único que tiene como objetivo es, que profesionalicemos el ejercicio del legislador como debe de ser, y que cada uno de los presidentes y presidentas de comisión tengan la obligación de entregar los dictámenes junto con la convocatoria, y que integren todos los documentos sin parcialidad, para que no solamente la junta directiva de la comisión tenga acceso a toda la información, sino todos los integrantes. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿No se encuentra el diputado Víctor Oswaldo?
El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Gracias, presidenta. Antes que nada quiero comentarles y reconocer que no estaba del todo preparado para presentar esta iniciativa, pero de una manera muy institucionalmente me mandaron a hacer tiempo, y con mucho gusto lo voy a realizar.
Es una iniciativa que versa en darle facultades a esta Cámara para poder legislar en tema de vivienda. Lamentablemente al día de hoy no las tenemos, lo que nos limita a poder generar una Ley General de Vivienda que haga obligatorios los lineamientos a estados y a municipios.
Pues ahí va. El propósito de la presente iniciativa se enfoca en la necesidad que existe de establecer un marco jurídico que asegure la conjunción de esfuerzo del gobierno en sus diferentes ámbitos para que la vivienda digna a la que se hace referencia en el artículo 4o constitucional, sea una realidad para todos.
Actualmente, en México la regulación en materia de vivienda no facilitad la coordinación o concurrencia adecuada entre las diversas instancias del poder público, de la Federación, de los estados, de los municipios, ya que existe una gran cantidad de ordenamientos legales que participan en la regulación jurídica habitacional, lo que en lugar de impulsar y agilizar esta actividad la entorpece.
Hoy en día la Constitución no le concede facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de vivienda, por lo que tampoco está facultado para emitir una Ley General en esta materia, como sucede en los casos de ambiente, salud o educación, entre otros. Hoy para el Congreso de la Unión el alcance en los trabajos legislativos se concentra en la materia se asentamientos humanos a pesar de que se trata de una materia donde coinciden regulaciones de los tres niveles de gobierno, por ello existe la necesidad de darle al Congreso federal la facultad de establecer responsabilidades para cada ámbito de gobierno de acuerdo con sus atribuciones, de manera que se generen mecanismos de coordinación entre gobiernos para construir una verdadera política de Estado, incrementar los elementos de gobernanza y conducción efectiva en la materia.
Por lo anterior, es necesaria una reforma constitucional que permita generar unidad y efectividad en los esfuerzos de los actores involucrados en el ramo de los tres niveles de gobierno, lo cual puede lograrse si se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de vivienda, así como para establecer las bases para la concurrencia de los tres niveles de gobierno.
A través de esta iniciativa se propone que la Constitución establezca que sea la Federación a través del Congreso de la Unión, la que legisle en materia de vivienda y que las entidades federativas y los municipios se ajusten a lo dispuesto por la legislación federal sin perjuicio de que los Congresos estatales puedan legislar en la materia.
Para armonizar la intervención del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, es necesario revisar el papel y responsabilidad que debe jugar cada ámbito de gobierno en la formulación y ejecución de las políticas y programas habitacionales.
A pesar de que el artículo 17 de la Ley de Vivienda establece que la Comisión Nacional de Vivienda debe de promover que los gobiernos de las entidades federativas expiden sus respectivas leyes en la materia, a la fecha no todas las entidades federativas cuentan con una Ley Estatal de Vivienda. Solamente existen 19 Leyes específicas de Vivienda emitidas por los Congresos de los estados y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La Ley de Vivienda constituyó el primer instrumento jurídico referido exclusivamente al sector de la vivienda y su objetivo ha sido establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda la familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. La presente iniciativa pretende generar mejores condiciones para que todas las familias ejerzan el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa en los términos que establece nuestra Carta Magna. Asimismo, se pretende coadyuvar en la generación de una mayor coherencia y unidad en la legislación en la materia de vivienda.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción, la 39 R, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad... fracción 39 R: Para expedir leyes de la materia de vivienda, estableciendo las bases de concurrencia entre el gobierno federal, los estados y los municipios, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo octavo del artículo 4o. de esta Constitución.
Esta iniciativa la he platicado con varios integrantes de la Comisión de Vivienda, una de ellas, el arquitecto Abel Guerra, quien me dio su visto bueno, qué lástima que un priista tan destacado como Abel no tenga un papel más importante que jugar en el priismo estatal. Sin lugar a dudas fuera bastante mejor gobernador que el que tenemos. Gracias, por su venia, presidenta.
La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
---o0o---