Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno de iniciativas
De la Junta, con cambios en comisiones
Retiro de iniciativas de diputada
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, con informe semestral
De la CNDH, con informe sobre los hospitales psiquiátricos
De la SEP, con informe de tercer trimestre de 2013
De la Secretaría de Hacienda, con informe sobre la deuda pública
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De los Congresos de Chihuahua, Coahuila y Guerrero, relativos al PEF 2014
De la Cámara de Senadores, con proposiciones con punto de acuerdo
Dictámenes
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y en lo particular
Agenda política
Comentarios sobre la situación de la seguridad pública en el estado de Michoacán
María Sanjuana Cerda Franco, PNA
Martha Berenice Álvarez Tovar, PAN
Eligio Cuitláhuac González Farias, PRI
Proposiciones con punto de acuerdo
Acuerdo de la Junta, en relación al cambio de integrantes de comisión
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 291 diputada y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:20 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura. Le ruego ponerla discusión.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.
Sonido en la curul del diputado Rosendo Medina Filigrana. Dígame, diputado.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Antes de que continúe la sesión quiero nada más hacer hincapié en un llamado respetuoso, pero urgente y enérgico al gobierno federal y en especial a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos por la explosión del Pozo Terra 123 en la comunidad Oxiacaque, Nacajuca, Tabasco.
Es un pozo que se encuentra en uno de los principales yacimientos que tenemos en tierra firme, que es el campo C, y es un pozo que se ubica a escasos dos kilómetros de comunidades indígenas, de comunidades chontales que han padecido de inundaciones, que les han afectado su vida económica y que hoy con esta explosión, señor presidente, están expuestos a todos ese humo tóxico que está saliendo, que está afectando su salud, que está afectando a sus animales, sus plantaciones.
Por eso quisiera que quedara en acta y que pudiéramos más adelante, en esta Cámara, de manera urgente, tomar cartas en el asunto porque son hermanos chontales que están padeciendo una situación que no se merecen, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención quedará ya, o ya forma parte del Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Gracias, señor presidente. El día de ayer un grupo de 10 ex trabajadores migratorios en el Hemiciclo a Juárez se estaban manifestando para que se les entregue el apoyo por parte del fideicomiso que se les fije en esta Cámara presupuesto, fueron rodeados aproximadamente por 180 granaderos. No se vale que personas de la tercera edad tengan que ser rodeados por 180 granaderos, como viles delincuentes; cuando los delincuentes andan en la calle, cuando los delincuentes se dedican a quemar policías.
Les pido de la manera más atenta aquí en el Congreso de la Unión lo que corresponde a la Comisión de Presupuesto, fijemos ese presupuesto para liquidar a nuestros ex braceros. No puede ser posible que estemos condonando deudas cuando no podemos pagar deudas a nuestros ex braceros. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También su intervención quedará asentada en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Sebastián de la Rosa.
El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Gracias, presidente para comentar a este pleno a esta asamblea, que miro con mucha preocupación. El día de hoy se publica una posición que fijó el presidente de la república el día de ayer, en torno al desarrollo del campo mexicano.
Ha expresado el presidente de la república que el campo mexicano cambiará de rostro, que emprenderá acciones para que el campo se convierta en una palanca de desarrollo. Así lo dice la nota del día de hoy, en un evento que tuvo ayer en Nayarit. Sin embargo, yo no veo que haya la disposición para que en el Presupuesto sea reorientado el gasto productivo y se está priorizando el gasto social.
Anoche fueron agredidos productores mexicanos que el día de hoy pretenden realizar una marcha, precisamente porque lo que están reclamando es que el presupuesto en el PEC no refleja las intenciones que el presidente de la república ha expresado no sólo ayer sino en otros momentos. Por eso el día de hoy quiero que quede asentado que diputados del sector rural del Grupo Parlamentario del PRD, y espero que diputados y diputadas del sector rural de todos los Grupos Parlamentarios, podamos asumir una posición en torno a esto y realmente podamos reorientar el presupuesto desde el PEC para que estas cosas que se han dicho sean realidad y no se queden en discurso.
Pero yo quiero decir, compañeros diputados y diputadas, que es necesario que esa sensibilidad discursiva pase a una sensibilidad económica, pero sobre todo que este tipo de marchas, que este tipo de luchas por transformar el campo mexicano no sean reprimidas y al contrario, sean atendidas para resolver sus demandas. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También su intervención forma ya parte del Diario de los Debates.
Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se... Perdón, sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, en efecto, el día de hoy arriban al Distrito Federal caravanas de productores de frijol de los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua. También estarán presentes productores de sorgo, de Morelos y Guanajuato y también de Sinaloa, del Bajío. Y habrá una marcha de maquinaria por el Paseo de la Reforma hasta la Secretaría de Gobernación.
Veo que, en efecto, en esta Cámara, los legisladores deberíamos ser más solidarios con la demanda de los productores del país. Los campesinos en México están abandonados a su suerte. Los campesinos en México están desesperados, no hay quién pueda ayudarlos ni atenderlos.
Hoy los productores de frijol, los campesinos de frijol de Zacatecas están marchando, y hoy todos los diputados estamos recibiendo un obsequio, un morral del gobierno de Zacatecas. Dispendio.
Deberían ser más cuidadosos y atender a sus pueblos, y aquí se vienen a placear con lambiscones alrededor gobernadores, cuando sus pueblos están abandonados. Ah, y no sólo quede una mera propuesta, sino que se agende. Lo que propongo es que agende, señor presidente. Lo que propongo es que se agende...
El Presidente diputado José González Morfín: Que se retire un poco del micrófono, diputado Monreal, para que se escuche.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Lo que propongo, presidente, es que se agende. Se agende en esta sesión el tema del campo mexicano. En agenda política discutamos por qué razón los productores del país están marchando en su desesperación y en su abandono.
Repetía porque se vició el sonido, que mientras lo productores de Zacatecas en su desesperación los frijoleros están marchando en búsqueda de apoyo, hoy recibimos en esta Cámara obsequios los 500 diputados del gobierno, que es un despilfarro, cuando yo preferiría que se los entregaran a los campesinos y no hacer actos aquí de relumbrón, que lo único que provocan es mayor irritación social.
Ojalá y se agende, ésa es mi propuesta para discutir el tema de los productores de México que están al borde de la desesperación y de la extinción.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El diputado Pedro Porras Pérez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Pedro Porras.
El diputado Pedro Porras Pérez (desde la curul): Yo creo que hoy hemos escuchado una serie de discursos, tanto del presidente como del secretario de la Sagarpa, donde se pretende que haya mayor productividad en nuestro país, supuestamente apoyando a nuestros productores.
Pero el discurso con la realidad choca. Hoy, en esta marcha donde miles de campesinos acuden a esta ciudad por la desesperación y el abandono que se ha tenido a sus implementos de trabajo como son tractores, animales y que vienen en esa desesperación, porque hoy todos sabemos que los precios de los productos del campo, de los granos, específicamente, está cayendo, y que el campo no ha sido rentable.
Y que hoy el secretario de Agricultura y Sistemas de Riego de Sagarpa ha reconocido que la política hacia el campo ha sido un fracaso. Pero vemos que siguen implementando la misma política.
Yo creo que esta Cámara de Diputados deberíamos ser sensibles para que a tiempo atendamos un sector que requiere la atención de esta Cámara y de nuestras autoridades, como son los productores y los campesinos de este país que nos dan de comer.
Por tanto, hoy, por supuesto que nos solidarizamos con los que hoy están marchando en esta ciudad y hacemos suyas sus demandas, como es la reorientación de los programas, como es la creación de un banco que efectivamente dé crédito específico a los productores, un crédito más barato, porque nosotros estamos convencidos que solamente atendiendo al campo vamos a poder combatir la pobreza en este país.
Por tanto, nos solidarizamos y reprobamos la represión que han sufrido los campesinos de este país ayer por la noche. Y hoy que hay una serie de retenes en las entradas a estas ciudades. Hoy podrán detener a estos campesinos, pero si no intervenimos a tiempo, seguramente no va a ser posible, más adelante, retener la irritación que existe en el campo. Gracias, presidente.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Catalino Duarte.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): En el mismo sentido, presidente. Me parece muy acertada o acertados los razonamientos del diputado de Movimiento Ciudadano, de Zacatecas, en el sentido de que sólo en el discurso se menciona a los campesinos. Es la realidad, están abandonados.
Y propongo que precisamente en la agenda política se establezca de manera puntual la atención al campo. Tengo conocimiento de que está en sesión permanente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Y, si en verdad los compañeros diputados y las compañeras diputadas del PRI y del PAN dicen que apoyan al sector productivo, es el momento propicio para que den la cara, para que el contesten al pueblo de México y hagan una propuesta congruente y se pueda modificar la propuesta que ellos están señalando en el gasto, tanto el PRI como el PAN, insisto, que se toque en el tema en la agenda política, porque en la vía de los hechos los productores de este país están abandonados, en especial aquellos que también producen maíz, que es el principal insumo que consumimos nosotros los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: En agenda política tenemos el tema de seguridad púbica, pero esta Presidencia estará atenta de que la Junta de Coordinación Política pudiera hacer algún agregado de un tema adicional en la agenda política. Hay un procedimiento para modificar el orden del día, entonces pues tenemos que ceñirnos a él.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Para que esta Cámara de Diputados haga un llamado al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México para que respeten la libertad de tránsito de los campesinos, agricultores, barzonistas que se están preparando para hacer una manifestación pacífica.
Tenemos conocimiento que ya se les está reprimiendo, sobre todo a los barzonistas y nos parece muy grave que no solo se les reciba con nuevos impuestos, con aumentos al diesel, a los combustibles, con terrorismo fiscal, sino que ahora también se les reciba con toletes.
Esta militarización y este régimen policiaco no permite la libre expresión y me parece que este Poder Legislativo tiene que pronunciarse, porque no es posible que mientras ellos están sufriendo incomodidades, penurias y golpes, haya gobernadores como el de Zacatecas, Miguel Alonso, que faraónica se pasea en este recinto y además despilfarra recursos que bien podrían servir para el campo de Zacatecas. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a dar el uso de la voz, brevemente, desde su curul, a la diputada Gisela Mota y a la diputada Yazmín Copete y vamos a continuar con la sesión. La modificación del orden del día tiene un procedimiento que no depende de esta Presidencia; entonces yo pediría que se hiciera la petición a través de la Junta de Coordinación Política para que pudiéramos darle el trámite que corresponde. Sonido en la curul de la diputada Gisela Mota.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): Presidente, respaldando la petición del diputado Monreal.
El día de ayer el presidente de la República, en el estado de Nayarit dio un discurso recordando sus promesas de campaña, dice que busca la soberanía alimentaria para el país, que busca la producción del 75 por ciento de los alimentos en el país. Pero paradójicamente en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación hay un crecimiento de 14 puntos en lo global y en el Programa Especial Concurrente que es el presupuesto para el campo solamente hay un crecimiento de 3.9 por ciento.
Yo pido ahorita congruencia a los diputados del Revolucionario Institucional, para que se someta en esta sesión el tema del campo en México; creo que no puede quedarse solamente en el discurso, tiene que haber una congruencia de parte de los diputados de todas las fracciones parlamentarias. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, la diputada Yazmín Copete.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sin duda alguna hemos escuchado diversos discursos de Enrique Peña Nieto. Pero son eso, discursos.
El hecho de que los campesinos se manifiesten es una muestra clara del abandono que existe precisamente en el campo, y no solamente van a ser hoy los productores de frijol o de sorgo; en días pasados fueron los cañeros, pero también los citricultores y los cafetaleros atraviesan por una situación muy difícil. Y Efectivamente se tiene que aumentar el presupuesto destinado al campo.
No es impidiendo el paso a esta Ciudad de México como se van a resolver los problemas; menos aún reprimiendo las manifestaciones. Es atendiendo los problemas de fondo y los problemas de fondo es que hay hambre, pero tampoco se va a combatir con estos programas asistenciales que suelen ser electoreros, manipulados para fines políticos.
Luego entonces se requiere al frente de la Secretaría de la Sagarpa a una persona que conozca el campo, que conozca sus problemas. Enrique Martínez y Martínez es un pésimo secretario.
En consecuencia, compañeras y compañeros diputados, todos, de todas las fracciones, debemos pronunciarnos y en consecuencia actuar por un presupuesto mayor para el campo, si no queremos que al rato esto se vuelva un problema de dimensiones inimaginables, porque la gente quiere ser atendida. Es cuanto, diputado presidente, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Honorable asamblea. La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguientes:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, el 17 de octubre del 2013. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal, para opinión.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal el 17 de octubre del 2013. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal, para opinión.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria de los artículos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 constitucionales en materia de derechos al libre acceso a la información, las tecnologías de la información y la comunicación y los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, el 17 de octubre de 2013. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen, y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Asuntos Indígenas y Especial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para opinión. Cinco de noviembre de 2013; firma el diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. A ver, sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Con mucho respeto, señor presidente, quiero manifestar mi sorpresa de que una iniciativa que fue presentada el 17 de octubre, o sea, poco menos de un mes, y que por cierto por mandato constitucional tiene que ser aprobada antes o más bien en los primeros días de diciembre, hoy se esté turnando a comisiones adicionales a las que ya estaba turnada.
Me sorprende inclusive que esté siendo turnada a comisiones especiales par a opinión; si de por sí ya comisiones unidas en términos de Comunicaciones y Transportes y en términos de Radio y Televisión ni siquiera han convocado para poderse poner a analizar esta iniciativa porque citar a comisiones unidas es ya algo aparentemente imposible, ahora turnándola a tres más, siento que más viene estamos tratando de hacer que no se dictamine esta iniciativa, cuando al final de cuentas creo que esta Cámara de Diputados tiene el honor y el deber de precisamente hacer su trabajo como legisladores iniciando el análisis de una iniciativa que no tiene que ser la que sea aprobada, pero que sí por lo menos sirve de base del debate.
Al final de cuentas, lo que está sucediendo aquí es simplemente una forma de imponer nuevamente más obstáculos a una iniciativa que ninguno, ni el presidente de radio y televisión, ni el presidente de la Comisión de Comunicaciones han querido siquiera iniciar el debate.
Supongo que están esperando el proyecto del Ejecutivo; sin embargo, creo que no será negativo el que empecemos estas discusiones y cuando llegue el proyecto del Ejecutivo comparemos, pero no hay ningún fundamento para que en este momento, casi un mes después de que fue presentada la iniciativa, se turne a tres comisiones y además sean especiales.
Quisiera, por favor, que tomasen en consideración más bien el que éstas ya fueron turnadas a las comisiones, que las comisiones a las que fueron turnadas, que es la Comisión de Comunicaciones y la Comisión de Radio y Televisión, sean conminadas a que de manera inmediata se convoque a analizar y debatir esta iniciativa para que en última instancia estemos listos para poder votar la iniciativa que resulte precisamente de este debate, antes de que concluya el plazo constitucional que nos fue impuesto. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Yo llevaré su planteamiento con mucho gusto a la Mesa Directiva. La Mesa Directiva acordó turnarla para opinión a estas comisiones, a petición de las juntas directivas de las mismas; las opiniones no son vinculantes y no estorban para nada el trabajo de las comisiones que la tienen para dictamen.
Con mucho gusto llevo su planteamiento a la Mesa Directiva para que tome en cuenta la posición aquí expresada.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Le solicito amablemente que se conmine a las comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones a las que ha sido turnada para que se inicien los trabajos.
El Presidente diputado José González Morfín: Es que la Mesa Directiva no tiene facultades para conminar. Hay plazos establecidos en el Reglamento, diputada, pero ni la mesa ni el Presidente tienen facultades para conminar a nadie en esta Cámara. Yo llevo con mucho gusto su inquietud a la Mesa Directiva para la próxima sesión.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Usted, presidente, tiene la responsabilidad de hacer que el Reglamento se cumpla.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedará registrada en el Diario de los Debates y lo haré del conocimiento de la Mesa Directiva, diputada. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno y se actualizan los registros parlamentarios.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. En relación a cambios de integrantes y de junta directiva de comisiones ordinarias especial y de grupo de amistad que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.
Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo embajador de Bulgaria en México, Hristo Georgiev Gudjev, que está hoy aquí invitado por el diputado Jesús Oviedo Herrera. Le damos la más cordial bienvenida y celebramos que los lazos de amistad en nuestros dos países se fortalezcan con esta relación con la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficios de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, por los que solicita que sus iniciativas con proyecto de decreto que reforman la Ley General de Asentamientos Humanos, sean retiradas de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte al 30 de septiembre de 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase al director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis para consulta de todos los diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de la Secretaría de Educación Pública dos oficios con los que remite informes de las unidades responsables correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones de educación media superior y superior, para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2013.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Es sobre esta comunicación? Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, estamos viendo en la Gaceta Parlamentaria que hay una comunicación que dirige el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela Rodríguez, remitiendo al Presidente de la Mesa Directiva esta información.
Nos parece que es información de primer orden porque habla del endeudamiento y de la fórmula para distribuir la recaudación federal participable. Nos parece que este tema no puede quedar simple y sencillamente en tomar nota de que se recibió la comunicación, y yo le pediría a la Mesa Directiva, a nombre de los diputados de Movimiento Ciudadano, que nos hagan llegar los anexos donde se está informando sobre la deuda pública del país, porque precisamente por el volumen tan grande de endeudamiento que hay por eso votamos en contra de la Ley de Ingresos. Por eso le pedimos respetuosamente copia de los anexos, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Como corresponde a los informes trimestrales, se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento, y no tengo ningún inconveniente en que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano también los tengan.
Sí, le digo que en la Gaceta Parlamentaria están ya los tres anexo -aquí los estoy viendo- en PDF, que se podrían en este mismo momento descargar de la Gaceta Parlamentaria, pero yo veré que se los hagan llegar, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de diversas autoridades, tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso, y por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse al promovente y a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Cuatro oficios de los Congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila y Guerrero, con los que remiten acuerdos por los que se solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destinen partidas suficientes para rubros específicos.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la Cámara...
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento. Sonido en la curul del diputado Jorrín.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de respaldar este exhorto que está haciendo el Congreso del estado de Guerrero, solicitando recursos adicionales. Ya en la sesión pasada habíamos comentado la importancia de atender este tema, porque Guerrero requiere, para equilibrar el pari passu que se está dando con el Fonden, requiere más de 5 mil millones de pesos, los cuales no los tiene.
Sería muy importante que los diputados de Guerrero, así como todos los diputados de las diferentes fracciones apoyaran así como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, nos apoyaran con este exhorto que hace el Congreso del estado de Guerrero, porque es urgente el que tenga los recursos para reactivar toda la economía del estado de Guerrero.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la Cámara de Senadores, proposición con punto de acuerdo por el que solicita al titular del Ejecutivo federal informar cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales y las razones por las cuales se solicita retroactivamente mayor endeudamiento público con cargo al presupuesto de 2013, presentada por los senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Cámara de Senadores, veintinueve proposiciones con puntos de acuerdo, suscritas por los senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios, por los que solicitan que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se consideren recursos necesarios para determinados rubros.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
Quiero destacar su presencia y dar la más cordial bienvenida a este salón de sesiones, y a la Cámara de Diputados, a un grupo de alumnos de la preparatoria del Instituto Oxford, de Celaya, Guanajuato, que están el día de hoy aquí, invitados por el diputado José Luis Oliveros. Bienvenidos a la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que destine la aplicación de los recursos excedente que se recauden de la inminente reforma hacendaria a programas sociales y productivos en su parte sustantiva.
Vamos a ver los resolutivos e inmediatamente después lo pondremos a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: La honorable Cámara de Diputados exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que destine la aplicación de los ingresos excedentes que se recauden con la inminente reforma hacendaria a programas sociales y productivos en su parte sustantiva y no los asigne al gasto corriente.
Segundo. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo, con estricta observancia de los principios de transparencia y rendición de cuentas, la distribución y verificación de la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y firma la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión y se han inscrito, en los términos del Reglamento, para hablar en contra el diputado Ricardo Monreal y en pro el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro. Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, les pido su atención porque es un tema para mí muy importante, al que no pude sustraerme en su debate y discusión.
Lo que se está solicitando al pleno para su aprobación es un exhorto. Fíjense ustedes, un exhorto al secretario de Hacienda para que destine la aplicación de los ingresos excedentes que se recauden a programas sociales.
Desde la presentación de la miscelánea fiscal, en Movimiento Ciudadano denunciamos que la reforma tendía únicamente razones recaudatorias, descuidando el aspecto más importante de las finanzas en este país: el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Así el gobierno pidió que se aprobaran más ingresos, pero lo anterior no vino acompañado de lineamientos paralelos que permitieran un gasto equitativo, social y transparente.
Lo anterior se evidencia en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. El Ejecutivo ha solicitado 4 billones 479 mil 954 millones de pesos, de los cuales, 3 billones 486 mil, 78 por ciento corresponde a gasto programable.
Y se ha presupuestado un gasto corriente que asciende a 2 billones 679 mil pesos, lo que representa un incremento del 10 por ciento en términos reales, en contraste con el año que está corriendo. En cambio sólo plantea 807 mil millones de pesos al gasto de inversión.
Ahora bien, esta inminente reforma, que fue aprobada por la mayoría, ocasionará en el poder adquisitivo de los ciudadanos con menores recursos un daño irreparable. Hoy la Junta de Coordinación Política, sin nuestra firma, plantea que estos recursos que sean resultados de excedentes de la recaudación se destinen a inversión y no a gasto corriente.
Pudiera ser correcto el planteamiento, pero –miren– más de fondo es mi discusión. Lo que estamos planteando, señores legisladores, la Cámara de Diputados, que tiene facultad exclusiva en el Presupuesto de Egresos en su aprobación, estamos planteado un tímido exhorto a la Secretaría de Hacienda, cuando debimos establecer una regla jurídica clara en la Ley de Ingresos, estableciendo la obligación de Hacienda para destinar los recursos excedentes a este tipo de gastos sociales e inversiones.
Es decir, renunciamos a nuestra facultad de establecer en una ley la obligación de Hacienda. Y ahora, a través de un exhorto, tímidamente le pedimos a Hacienda que los recursos extraordinarios puedan ser destinados al gasto social o inversiones.
¿Saben qué es lo que pasa en la realidad? Que el exhorto no es vinculante. Es decir, el secretario de Hacienda ni siquiera leerá el exhorto. En cambio, en la Ley de Ingresos hubiese sido conveniente establecerlo de manera categórica y no un simple exhorto.
Ahora bien, les planteo lo siguiente, ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, estamos en tiempo para que esta disposición pueda plasmarse en el Presupuesto de Egresos. No nos quedemos con el simple exhorto, legislemos.
Como es una facultad exclusiva en el presupuesto nosotros podemos establecer en un transitorio o en el cuerpo del dictamen del Presupuesto de Egresos esta norma, que obligue a la Secretaría de Hacienda que todos los recursos excedentes que se recauden se destinen a gasto social y a gasto de inversión, y no a gasto corriente.
Es decir, lo que les planteo es que en lugar de un simple exhorto, que son –como lo he dicho muchas veces– llamadas a misa, en lugar de un simple exhorto lo traslademos al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es más, estaría dispuesto a firmar y aprobar este punto de acuerdo si va a acompañado con esta posibilidad y con este acuerdo del pleno, de que la misma disposición que se plantea ahora mediante exhorto vaya al dictamen del Presupuesto de Egresos para que sea obligatorio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no quede en un mínimo, tenue y quizá débil argumento de exhorto al que nadie le hará caso. Hagamos valer nuestras razones, el propósito es bueno. Hagamos pues en la ley, establezcamos el carácter obligatorio para que todo mundo lo respete. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el acuerdo es de aprobarse.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con las declaratorias de publicidad.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Marina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza se ponga a discusión y votación, de inmediato.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea, si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Marina se ponga a discusión y votación, de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, el diputado Raúl Santos Galván Villanueva.
El diputado Raúl Santos Galván Villanueva: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Raúl Santos Galván Villanueva: Acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
La comisión dictaminadora está consciente de que hoy por hoy la economía se desarrolla en un entorno global, donde el transporte marítimo se constituye en la columna vertebral del comercio mundial. En este aspecto, México cuenta con una privilegiada ubicación geográfica con más de 11 mil kilómetros de litoral y 107 puertos y terminales marítimas que le permiten un fácil acceso a rutas comerciales de navieras que lo enlazan con los mercados más importantes del Norte, Centro y Sudamérica, así como con los comercios asiáticos y europeos, circunstancia que da a los puertos mexicanos una proyección internacional.
Pero también existen aspectos adversos como la contaminación y los fenómenos meteorológicos que afectan bienes y personas en mares y costas; o los actos terroristas que, ante la falta de seguridad y protección, se constituyen en potenciales amenazas para la seguridad de buques e instalaciones portuarias.
Así las cosas, surge la necesidad de proteger las vías de navegación por agua, las instalaciones marítimo-portuarias, los buques y al personal que en estos espacios labora, por lo que la comunidad mundial emitió normas internacionales para prevenir la contaminación, para la salvaguarda de la vida humana en la mar y para fortalecer la protección marítimo-portuaria.
En este contexto, México ha ratificado importantes instrumentos internacionales destacando el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar y el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar y sus diversas enmiendas como las medidas especiales para incrementar la protección marítima, que dieron origen al Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias también conocido como Código PBIP.
Al ser México parte de citados instrumentos internacionales, las disposiciones ahí contenidas le resultan obligatorias y, en tal razón, en el 2007 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina acordaron fortalecer la seguridad en los recintos portuarios y en las vías generales de comunicación por agua, mediante la creación de los Centros Unificados para la Protección Marítima, también conocidos como Cumar, en los que concurren las capitanías de puerto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los mandos navales por parte de la Secretaría de Marina.
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-218 es fortalecer el marco legal en materia de protección marítima, pero dicha protección no se encuentra considerada en la legislación vigente; por lo tanto, el propósito del presente dictamen que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea es incluir citada responsabilidad en el orden jurídico que regula a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Con la aprobación del dictamen que nos ocupa, las actividades en materia de protección marítima y portuaria de ambas secretarías quedarán sustentadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en la de Ley de Puertos; y en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, donde claramente se precisarán las atribuciones que a cada una le corresponde, sin posibilidades de conflictos jurisdiccionales o de que se interfieran entre sí.
La comisión que dictamina percibe que la reforma y adiciones a dichas leyes tienen la finalidad de precisar las atribuciones que corresponde ejercer a estas dependencias del Ejecutivo federal, coordinando sus acciones y estableciendo que la autoridad en materia de búsqueda y rescate, protección marítima y portuaria en las zonas marinas mexicanas es la Secretaría de Marina.
La necesidad de proporcionar seguridad a las vías de navegación, puertos, terminales y otras instalaciones marítimas portuarias, es un asunto de la mayor relevancia. Efectivamente, al emitir el presente dictamen se estima conveniente la aprobación en sus términos, toda vez que permitirá que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Puertos y la de Navegación y Comercio, queden armonizadas entre sí y con lo dispuesto en la normatividad internacional en materia de búsqueda y rescate, salvamento, seguridad y protección marítima.
Compañeras y compañeros legisladores, el desarrollo de nuestra nación enfrenta retos que requieren de urgente atención, por lo que se vuelve un imperativo que los puertos mexicanos, además de centro de transferencia de mercancías integrados en cadenas de transportes, sean también eficaces y seguros.
En mérito de las razones expuestas, señoras y señores diputados, es que someto a la consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto que atiende el importante tema de la búsqueda, rescate, salvamento, seguridad y protección en los mares y costas mexicanas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que presenta la Comisión de Marina, aborda un aspecto fundamental para la seguridad nacional de nuestro país: la protección marítima y portuaria.
Además de la importancia del transporte marítimo en el comercio mundial, los compromisos del Estado mexicano con los tratados internacionales en la búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana, son aspectos que deben de estar incorporados a nuestro marco jurídico vigente.
Coincidimos con el dictamen propuesto por la comisión, de establecer claramente y sin ambigüedad las facultades y responsabilidades de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la tarea de proteger nuestros mares y puertos.
En el contexto actual de intensificación del crimen organizado por el control del mercado ilícito de sustancias prohibidas, la seguridad portuaria es un asunto de la mayor trascendencia.
La coordinación interinstitucional, intergubernamental, resulta fundamental para contrarrestar la entrada de sustancias ilícitas que fomenten el mercado de las drogas en México, más aún, cuando 17 entidades federativas cuentan con amplias extensiones de litorales.
Consideramos positivos que los centros unificados para la protección marítima y portuaria queden definidos y establecidos en la Ley de Puertos.
El Cumar, definido como grupo interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la aplicación de las medidas de protección marítima y portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, así como una instancia coordinadora de las acciones que realicen las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de protección marítima y portuaria.
De igual forma consideramos necesario con este dictamen, reconocer el valor, patriotismo y compromiso de la Secretaría de Marina, por llevar a cabo acciones necesarias para proteger los mares y puertos de nuestro país.
Compañeras y compañeros diputados, México requiere hoy el compromiso de todas las fuerzas políticas para lograr mayores acciones de coordinación que conlleven a proteger nuestro territorio nacional y la vida de las personas.
Ratificar la responsabilidad del Estado mexicano en la búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en el mar es un compromiso ineludible con el derecho internacional. Proteger los mares y puertos mexicanos significa un paso decidido para fortalecer nuestra seguridad nacional.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Marina por el que reforman diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Puertos y de Navegación y Comercio Marítimos.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con las valoraciones que la Comisión de Marina establece en el dictamen. Compartimos la necesidad de adecuar nuestro marco jurídico interno a los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito como es el caso del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y las medidas especiales para incrementar la protección marítima.
En el caso particular de las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se reforma la fracción V del artículo 30 a efecto de establecer con precisión las atribuciones de la Secretaría de Marina respecto de las zonas marítimas mexicanas en el cumplimiento del orden jurídico nacional y en particular para la búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar.
Sin lugar a dudas, el mar proporciona importantes recursos para la subsistencia del ser humano, pero también el mar enfrenta innumerables riesgos por parte de los pescadores. Muchos de ellos registran debidamente su salida de puerto, pero hay otros pescadores que salen sin proporcionar ninguna información y en los que la seguridad de sus buques es nula, con lo que se pone en riesgo su seguridad y en ocasiones su vida.
Es la Secretaría de Marina la que coordina y realiza las actividades de búsqueda y rescate de estas personas y la que logra, en la mayoría de los casos, restituirlas sanas y salvas a sus hogares.
En el artículo 30 de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XVII se establece la atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo relativo a la inspección de los servicios de la marina mercante y la coordinación con la Secretaría de Marina en la aplicación de medidas en materia de protección marítima y portuaria.
Esa disposición es de gran relevancia dado el intenso tráfico comercial que se realiza en los puertos mexicanos y coadyuvará en la detección y combate de operaciones ilícitas que desafortunadamente en nuestros puestos se realizan.
Asimismo, compartimos las modificaciones que se proponen a la Ley de Puertos en el artículo 2o para incluir las definiciones de Cumar y de protección marítima y portuaria y en el artículo 19 Bis donde se establece la coordinación de las secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes en la aplicación de medidas de protección a la infraestructura portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios.
Por último, coincidimos en las reformas propuestas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo en donde, en aras de la protección de nuestros puertos, en el artículo 49 Bis se faculta a las capitanías de puerto, a requerimiento de Cumar, para negar o dejar sin efectos el despacho de las salidas de cualquier embarcación como medida precautoria ante la existencia de riesgos que puedan afectar la seguridad del tráfico marítimo.
Compañeras y compañeros legisladores, por las razones antes expuestas el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor de este dictamen.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, ciudadano presidente. Diputadas y diputados, vengo a hacer nuestro posicionamiento como presidente de la Comisión de Marina, no sin antes tengo que darles las gracias a mi compañera diputada y a los diputados integrantes, porque siempre hemos sacado los dictámenes por unanimidad, y espero que también este pleno lo haga, puesto que hemos salido a todos los lugares a ver qué es lo que se necesita en los puertos, los astilleros y esto es parte de lo que recogimos todos los integrantes.
México está en un lugar privilegiado, tiene 11 mil 122 kilómetros de litorales, con cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, lo que ha permitido a nuestro país contar con una riqueza abundante en materia marítima, ya sea para extracción de crudo como para propiciar alrededor de un millón 397 mil 620 toneladas de pescado.
Asimismo, el país cuenta con 19 puertos de altura y 21 puertos de cabotaje destacando la importancia de los ubicados en Cayo de Arcas en Yucatán, siendo el más relevante del país, pues a través de éste sale del país el 80 por ciento del crudo que se exporta y despachan 67 millones de toneladas de mercancías del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz; de Manzanillo, en Colima; el de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y el de Veracruz, por donde ingresan el 75 por ciento de los vehículos importados.
No obstante, a la fecha no existe en México un sistema determinado que permita garantizar la seguridad en la zona de litorales nacionales. Lo anterior, es sumamente grave en consideración a las amenazas existentes en tales ubicaciones como lo son las inclemencias del tiempo, el contrabando y el tráfico de drogas, prueba de ello es que se ha permitido que el puerto de Lázaro Cárdenas hoy se constituya como la principal entrada de precursores para la elaboración de drogas y que para su recuperación se tenga que implementar un fuerte dispositivo de seguridad, pues no existen las medidas preventivas para que ello ocurra.
Por lo anterior, mediante la iniciativa que hoy se discute se pretende delinear de forma clara un sistema para la seguridad en esa zona, primeramente estableciendo el mando exclusivo de la Marina en lo concerniente a la búsqueda y rescate en el vertimiento de desechos del mar y la protección marítima y portuaria.
Para el desempeño de sus funciones en las materias señaladas, se dispone la creación del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria, por sus siglas Cumares, que siempre que hemos sabido nos lo han pedido las zonas militares, los puertos, los astilleros y todas las personas que laboran ahí, que es precisamente que se ha encargado de decomisar muchas toneladas de estupefacientes, de contrabandos y que no estaban reguladas, hoy estamos dando ya el marco jurídico que tanto nos habían pedido.
Por lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde viene a manifestar su apoyo a esta iniciativa, y además felicitar al diputado promovente, el almirante y diputado compañero nuestro, Raúl Santos Galván, felicitarlo porque esta iniciativa que reforma y adiciona distintas disposiciones jurídicas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos, no sólo es un acto de precisión como bien se señala en el dictamen, de coherencia jurídica, de sistematización, es un acto de justicia también.
Es un acto de justicia porque dentro de las cosas que la Armada de México, lo que conocemos como la Marina realiza y de manera muy atinada, es precisamente aspectos tan relevantes para el ser humano como el rescate, la búsqueda de personas que por azares del destino, por accidentes se encuentran en peligro, se encuentra en peligro su vida, y faltaba incluirlo como una de las grandes responsabilidades, porque más que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque no cuenta con los recursos, es la Secretaría de Marina, la Armada de México, la que lleva a cabo acciones importantes para la salvaguarda de la vida humana, como es la búsqueda y el rescate de las personas.
Por eso decía que es, además de un acto de precisión, es un acto de justicia. De justicia para esa gran institución, que no nos cansamos de repetirlo a diario todos nosotros y muchos mexicanos -estoy seguro-, de que esta gran institución, así como el Ejército también, siempre está presente apoyando al pueblo de México en las desgracias provocadas por fenómenos naturales, pero también en las desgracias provocadas por la violencia criminal.
Hoy está la Marina, el Ejército, en Michoacán, pero ayer estuvo en Tamaulipas. Ayer también estuvo en Guerrero ayudando a muchos guerrerenses. Antes, recuerdo en 2011, en Manzanillo, cuando un huracán, el huracán Jova nos pegó muy duro por allá y ahí estaba la Armada de México, la Marina, ahí estaba el Ejército.
Pero bueno, retomando esta iniciativa, decirles que nos congratulamos porque son varios aspectos. Uno, es el de precisar esta responsabilidad que lleva a cabo la Armada de México, que es el rescate y la búsqueda para la salvaguarda de la vida humana, pero también vienen dos temas importantes que vale la pena destacar.
Una función que ya tiene derivado de un acuerdo presidencial pero que faltaba contemplarlo en la ley, que es el de constituirse en la autoridad para el vertimiento de desechos, fuera de aquellos relacionados con aguas residuales, que le compete a la Semarnat.
Aquí es importante destacarlo, porque en muchas ocasiones esta acción descontrolada de verter al mar desechos materiales provoca daños ecológicos a veces irreversibles e irremediables, por eso es importante que se precise esta facultad que ya la tenía la Armada de México.
Por cierto, la Armada de México tiene que autorizar un formato hache, para el vertimiento de cualquier material en el mar o en cuerpos de aguas, sobre todo, en el mar. Pero les decía, es un aspecto que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente.
Y otro aspecto importante que ya participa, como aquí se ha dicho por parte de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, es el de la protección marítima y portuaria. Es decir, esta acción que realiza de manera coordinada la Armada de México con las capitanías de puerto que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que tiene que ver con una serie de acciones coordinadas para mantener y proteger las instalaciones portuarias y marítimas.
Por cierto, derivado de todo esto que confluye en un Centro Unificado para la Protección Marítima Portuaria, llamado Cumar, derivado de todo esto ha habido una serie de acciones de decomisos, de drogas, de dinero, incluso también, importantes en el país.
Como bien lo señala el diputado y almirante Santos, del 2007 al 2012 ha habido acciones muy importantes en materia de combate al narcotráfico y a las actividades ilícitas, de ahí que nos congratulemos, que apoyemos esta propuesta del diputado Raúl Santos Galván, y que manifestemos el pleno respaldo a esta iniciativa que reforma y adiciona distintos artículos de algunas de las disposiciones jurídicas en vigor. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD.
Y aprovecho para saludar a un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM. Que están hoy aquí invitados por la diputada Karina Labastida. Bienvenidos a la Cámara de Diputados y es un gusto tenerlos aquí en la sesión.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. El papel que la Armada de México ha desempeñado en los últimos años en tareas de seguridad no solo ha evidenciado su carácter leal e institucional al servicio de la patria, sino que ha dado prueba de eficacia y compromiso en la batalla contra el crimen organizado ante la incapacidad de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
El dictamen con proyecto de decreto que ahora se discute, en parte atiende una de las demandas justas que en diversos momentos nuestras Fuerzas Armadas han expresado. Poner al día el marco legal e institucional de nuestros organismos armados para que desempeñen de forma clara y eficiente las funciones que el mando civil les ha asignado en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.
Si bien la reforma se inserta en la lógica de la seguridad hemisférica, no cabe duda que la protección a nuestros puertos marítimos e instalaciones es un asunto de seguridad del Estado que no puede ser ignorado por las y los legisladores. Y, por el contrario, debe hacerse la parte que nos corresponde, haciendo las modificaciones necesarias al marco jurídico nacional para que la vigilancia y protección marítima, en sus diferentes acepciones, tenga la certeza legal en todas y cada una de sus acciones.
El tema central que toca este dictamen es la incorporación y adecuación de las diversas normatividades federales para cobijar, dentro del marco legal a los centros unificados para la atención de incidentes marítimos y portuarios conocidos como Cumar, que operan desde 2007 por medio de un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina Armada de México.
El cual tiene como objetivo tomar medias en contra de amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico en puertos e instalaciones estratégicas del país.
Dicho de otra manera, lo que se pretende es plasmar en la ley lo que ya opera en los hechos. En razón de que el Cumar se ha convertido en una instancia fundamental para la vigilancia y protección marítima.
En estos centros concurren las capitanías de puerto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los mandos de la Armada de México, estableciéndose las acciones de coordinación entre ambas.
Con el objetivo de hacer más eficiente la operación, vigilancia, supervisión e inspección de los puertos mexicanos. De ahí la necesidad de adecuar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y definir las responsabilidades y funciones de cada una de las secretarías en materia de los Cumar.
Como se menciona en el dictamen, actualmente operan 14 Cumar en todo el país, que se ubican en los puertos de Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Acapulco, Salina Cruz y Progreso.
Gracias a su operación, entre 2007 y 2012 se ha dado el aseguramiento de millones de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como armas, divisas y gran cantidad de mercancía ilícita.
No está de más mencionar que esta iniciativa ha recibido el aval técnico-jurídico tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de la Secretaría de Marina Armada de México.
Igualmente, quiero resaltar el trabajo de coordinación que ambas instancias tuvieron con la propia Comisión de Marina, por lo que se trata de un proyecto incluyente y que ha generado consensos entre las diversas fuerzas políticas al interior de dicho cuerpo legislativo.
Asimismo, cabe destacar que quienes integramos la Comisión de Marina hemos tenido la oportunidad de asistir a diferentes instalaciones portuarias en visitas de trabajo, pudiendo testificar la eficiencia de los Cumar que ha tenido en el manejo de la seguridad y el control de las actividades marítimo portuarias, al tiempo que hemos corroborado el alto grado de aceptación que la Armada de México tiene entre la población civil.
Por todas estas razones las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, cumpliendo siempre con responsabilidad nuestra parte a favor de recuperar y garantizar la seguridad del Estado y sus habitantes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Germán Pacheco Díaz, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Germán Pacheco Díaz: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Germán Pacheco Díaz: En la Comisión de Marina reconocemos que actualmente la economía se desarrolla en un entorno globalizado o el transporte marítimo se constituye como la columna vertebral del comercio. Solamente en México más del 80 por ciento de las mercancías que entran a México y salen de nuestro país es por medio marítimo, por puertos y terminales.
Con la finalidad de regular las actividades de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la materia de búsqueda y rescate, y protección marítima y portuaria, se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Portuarias Federales a la Ley de Puertos y a la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, en las que quedarán perfectamente definidas las atribuciones que a cada una de las Secretarías les corresponde ejercer.
Por eso, el Partido Acción Nacional hemos impulsado reformas históricas que requiere el país, y una muestra es una de ellas. Por ejemplo, en el 2004, cuando surgió la problemática de la seguridad en los puertos se declararon como seguridad nacional y fue cuando surgió el Código PIP, que es Protección de Puertos e Instalaciones Portuarias.
En el 2007, durante la administración de Felipe Calderón, la Secretaría de Marina impulsó y fortaleció las organizaciones optimizando y especializando las operaciones del sistema de búsqueda y rescate con personal y equipo especializado.
Asimismo, el 3 de diciembre de 2007 entraron en vigor las operaciones de los primeros Centros Unificados de Protección Marítima, como sus siglas dice Cumar, que fue en el puerto de Altamira, en el puerto de Veracruz, en el puerto de Manzanillo, y ene l puerto de Lázaro Cárdenas. Posteriormente siguieron los puertos de Tampico, Tuxpan, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Progreso, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, y Salina Cruz.
A partir de las instalaciones de estos centros se ha contribuido significativamente en la protección de los puertos, de las vías generales de comunicación por agua y tierra, y al personal que en ellos labora, así como de los buques y los tripulantes de las mismas. Sin embargo, a partir de la creación de estos centros, entre el 2007 y 2008, se ha logrado el aseguramiento de más de 16 mil 409 mil 800 pastillas de pseudo-efedrina, más de 2 millones de kilogramos de precursores químicos, más de 40 mil kilogramos de cocaína, más de 25 mil millones de dólares, así como armas diversas.
Consideramos, que todas las actividades relacionadas con la Marina son un área de oportunidad que han sabido aprovechar directamente, por lo que seguiremos impulsando las reformas que permitan potenciar esta actividad, tanto en la actividad como del comercio marítimo.
Por lo antes señalado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto damos una felicitación a las Fuerzas Armadas, en lo particular a la Secretaría de Marina, por esa labor que ha surgido y esa protección que han brindado a los puertos de México.
Me da gusto, normarlo ya del ramo jurídico, como lo dijo la compañera anteriormente, que surgió esto y había un convenio, pero hoy, hoy en día lo que necesitamos es una certeza jurídica, pero lo vimos en el presupuesto anterior, donde para este rubro al contrario de aumentar el presupuesto, bajo.
Hoy lo que queremos es que este presupuesto no nada más sea el ramo jurídico, queremos presupuestos para instalaciones portuarias, queremos presupuestos para los Cumar. Hoy en día, para su conocimiento, señores diputados, contamos yo creo que nada más con uno, en el Puerto de Altamira, que tiene todas las especificaciones, que tiene un departamento de búsqueda y rescate, tiene un departamento de acción inmediata para aquellos terminaleros que están siendo acosados por el crimen organizado.
Nada más un comentario, en el Puerto de Altamira, el incremento del cobro de piso por el crimen organizado ha aumentado un 37 por ciento; pero en Tamaulipas se dice que no pasa nada; un 37 por ciento el cobro de piso en el Puerto de Altamira.
Por eso, por lo antes señalado, apoyamos la reforma en comento, tiene la firme convicción de que este proyecto representará un beneficio tanto a corto como mediano plazo para la ciudad mexicana.
Nuevamente, por mi conducto, compañero diputado almirante Galván, hágale un extenso reconocimiento a mi almirante, secretario, tanto al almirante Solano, jefe de Estado Mayor, al almirante Castañón Zamacona y al almirante Lendeche, que de veras se han preocupado, la primera zona naval por el estado de Tamaulipas. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene, finalmente, el uso de la voz, el diputado Arnoldo Ochoa González, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Arnoldo Ochoa González: Con su venia, señor presidente; compañeras diputadas y diputados. En el entorno económico en el que actualmente se desarrollan las naciones, los puertos mexicanos se constituyen como un elemento fundamental de la política comercial y desempeñan una función preponderante en el desarrollo de la economía, no solo a nivel local o regional, sino también en América del Norte y la cuenca del Pacífico. México tiene una ubicación geográfica estratégica, al tener colindancia con Estados Unidos, sus más de 11 mil kilómetros de litoral y sus 107 puertos, lo posicionan como un punto estratégico a nivel mundial para las actividades portuarias.
En la actualidad los puertos mexicanos se consideran mucho más seguros y eficientes. No obstante lo anterior, debemos reconocer que su nivel de operación aún sigue estando en desventaja con los puertos asiáticos, europeos y de Estados Unidos. México debe de mejorar su infraestructura portuaria y su operación para figurar en los centros logísticos internacionales de manera preponderante.
Lo anterior se debe principalmente a condiciones climáticas que afectan los litorales mexicanos, la falta de tecnología e infraestructura adecuadas y las deficiencias de seguridad en las zonas portuarias.
La Secretaría de Marina, en aras de dar cumplimiento con los diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado en materia de seguridad de protección marítima y portuaria, ha tomado el liderazgo en torno a la realización de actividades de protección y salvaguarda de las actividades en los puertos mexicanos, con los recursos humanos y materiales que se le asignen para el cumplimiento de sus funciones de orden militar conferidas a la Armada de México.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el desarrollo costero, marítimo y portuario de nuestra nación es una problemática que requiere de urgente atención. Es necesario que los puertos mexicanos sean centros logísticos integrados en una cadena de transporte continua, eficaz y segura.
Por ello, el dictamen que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea reviste una importancia fundamental en torno al cumplimiento –y lo subrayo- de los compromisos internacionales de los que México es parte integrante. Asimismo se contempla la protección de las instalaciones portuarias como objeto de la Ley de Puertos, se define el concepto de protección marítima y portuaria y se establecen atribuciones, organización y funcionamiento de los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria, conocidos como Cumar, en una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina.
Todo esto encuentra eco en las reformas y adiciones que se proponen a través de este dictamen para la Ley de Navegación y Comercio Marítimos a fin de armonizar las facultades, para lo que se establecen atribuciones para la Secretaría de Marina en materia de protección marítima y portuaria, búsqueda y rescate y se constituyen funciones y obligaciones en caso de desastres o vertimientos; y una coordinación entre la Secretaría de Marina y los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria en materia de protección marítima, portuaria y búsqueda de rescate.
En este proyecto coincidimos todos los partidos. Sabemos que hemos avanzado. Requerimos cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero también necesitamos ser claros en el sentido de que tenemos una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, para fortalecer el mundo marítimo y portuario, no sólo cumplir con nuestros compromisos internacionales, sino buscar a través del desarrollo portuario, mejores beneficios, mejor crecimiento económico, mejor seguridad y generación de empleos. Muchas gracias, compañeros.
Y por último, felicito a nuestro compañero Santos Galván, por haber promovido esta iniciativa en la que concordamos todas las fracciones. Y respetuosamente desde aquí reconocemos las funciones que en materia de seguridad la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes brindan a nuestras instalaciones marítimas y portuarias. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Les damos la más cordial bienvenida y saludamos la presencia aquí de un grupo de alumnos de la Preparatoria Oficial 24 del municipio de Naucalpan estado de México, invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval. Bienvenidas y bienvenidos.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 400 a votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o y adiciona un párrafo al artículo 8o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados: en la actualidad, las comunicaciones, el manejo y el intercambio de datos personales se han convertido en una práctica habitual lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales lo utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
El uso extensivo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones ha permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean utilizados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados y que sean transmitidos a instancias diversas a las que el titular de los datos confió la información; ello indubitablemente viola la esfera de privacidad de las personas.
La evolución tecnológica ha desarrollado diversas formas de identificar a una persona por sus características biométricas y genera una gran cantidad de datos personales. Esta información, la información biométrica, corresponde a los datos relacionados con las características fisiológicas de los individuos como reconocimiento facial, su huella dactilar, el análisis de la imagen del dedo, el reconocimiento del iris, el análisis de la retina, entre otros.
Estos datos en momento alguno han sido incluidos en nuestro jurídico vigente. Es por eso que se debe salvaguardar, mediante las leyes, que no lleguen los datos a otros destinos, como ha sucedido en el pasado, o que puedan ser utilizados para la comisión de ilícitos o fines distintos.
En México desde distintos ámbitos se están conformando bases de datos donde se almacenan y tratan datos sensibles a través de la información biométrica. En virtud de ello, coincidimos en que resulta indispensable actualizar el actual marco normativo para garantizar la protección de los datos personales del individuo en todas sus manifestaciones, incluyendo los de los menores de edad que también sus datos sensibles han sido ya tratados.
Debemos recordar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental que los datos personales sean protegidos. Un pilar básico y fundamental de un efectivo sistema de protección de datos personales es la garantía de la seguridad de la información, entendida como la implementación de medidas legales, administrativas, físicas y técnicas eficaces para garantizar y velar por la integralidad, confidencialidad y disponibilidad de nuestros datos personales, ello contribuye a minimizar los riesgos y acciones en contra de nuestra propia información personal.
En Nueva Alianza, existe un firme compromiso en favor de la protección de datos personales y el derecho a la privacidad. Ante los riesgos inherentes del desarrollo de la tecnología, es necesario garantizar estos derechos con la instrumentación de las leyes necesarias para protegerlos.
En el Partido Nueva Alianza compartimos la finalidad que se pretende lograr con esta propuesta consistente en fortalecer el marco jurídico de la protección de los datos personales en posesión de los particulares en dos aspectos eminentemente fundamentales: los datos biométricos de las personas y la protección de los menores de edad en sus datos personales.
Esta reforma representa una ampliación sobre el tratamiento y la tutela de los datos de identificación de la persona, lo que conlleva a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la dignidad de la persona y al respeto irrestricto al derecho a la vida privada.
Así es como en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos de la importancia, de la seguridad de la población y de sus datos, que para salvaguardarse por quienes lo detenten.
Estimadas y estimados señores legisladores, al emitir nuestro voto a favor de la reforma al artículo 3o, fracción VI y la adición de un párrafo sexto al artículo 8o de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, sabemos que atendemos el sentir de los mexicanos en la protección de su información personal de aquella que en un futuro pudiera producirse. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, antes de empezar, desde esta más alta tribuna mandamos nuestra solidaridad a todos los agricultores que se están manifestando por nuestro campo mexicano que se encuentra devastado y con gobernantes que padecen de miopía sin ninguna atención.
La protección de datos personales es un derecho que permite controlar la información que compartimos con muchos ciudadanos, así como que dicha información sea usada de manera adecuada para evitar daños a la privacidad de los ciudadanos.
El artículo 16 de nuestra Constitución Política reconoce el derecho fundamental a que los datos personales sean protegidos, por ello todas las personas físicas y morales que cuenten con bases de datos como escuelas, hospitales, médicos, aseguradoras, empresas, están obligadas a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado. Dichos alineamientos están enmarcados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
En la era de las comunicaciones el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas privadas, las cuales utilizan nuestra información para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Empresas como Facebook y Yahoo se alimentan con los datos que día a día aportan sus usuarios y a la fecha no pueden garantizar la privacidad de éstos.
Como podemos ver, la misma tecnología que nos permite conectarnos es la que también genera nuevos riegos para la seguridad de la información personal. La evolución tecnológica y científica ha generado avances que facilitan la vida de las personas y empresas, logrando mejoras a la comunicación y la simplificación de trámites y servicios, consiguiendo así que las autoridades adquieran nuevos retos en materia jurídica.
Dichos avances ayudaron a la creación de los sistemas biométricos, sector que jurídicamente debemos tomar en cuenta para su pronta atención, ya que éste juega un rol fundamental en los procesos de reconocimiento de personas. Con esto se ha aumentado la recolección e intercambio de datos, ya que los gobiernos se apoyan en la biometría para identificar a las personas; autenticar su identidad en sistemas informáticos; reforzar la seguridad pública en aeropuertos y ciudades; restringir el acceso a sitios seguros tanto físicos como virtuales, sin embargo este rubro, al no estar debidamente regulado la información que genera puede llegar a manos de particulares que pueden dar un uso indebido de ésta.
Con esto se ha vulnerado también a uno de los sectores más importantes de la población, como son los menores de edad, ya que por su inocencia no conocen los riesgos que trae consigo la revelación de su información, creando un ambiente total de inseguridad. Por tanto éstos deben ser protegidos.
Hoy en día los desafíos en nuestro país para una mejor protección de datos debe enfocarse en la prevención y en la concientización. Si queremos que cada persona se haga responsable de la información que en forma voluntaria difunde, que aprenda a clasificar y a cuidar sus propios datos, necesitamos mecanismos eficientes que coadyuven en la defensa de los ciudadanos sobre cualquier instrucción y difusión de datos privados.
Estas razones por las cuales Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en que se incluyan en la definición de datos personales sensibles la identificación biométrica, además de prever que en un tratamiento de datos personales, si el titular es un menor de edad el consentimiento siempre deberá estar avalado por la autorización del padre o tutor y su validez deberá ser verificada por el responsable de tratamiento de dichos datos.
Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
Tiene ahora la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Mónica García de la Fuente: Gracias. Con su permiso, presidente. El proyecto de dictamen que el día de hoy les presenta la Comisión de Gobernación, con la propuesta de modificación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares es especialmente relevante por las razones que a continuación les expondré.
Como bien saben, nuestra Carta Magna prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. En consonancia, este Congreso expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con la finalidad de garantizar el referido derecho.
La legislación vigente expedida en 2010 nos coloca como un país de avanza en la materia y si deseamos mantener dicho estado, es necesario adecuar nuestra ley de conformidad con nuestra realidad cambiante.
Debemos reconocer que la tecnología avanza a pasos agigantados, lo que ayer parecía inconcebible es hoy una realidad. Entre los avances se encuentra la posibilidad de recabar, con tecnología accesible a los particulares, los aspectos físicos y fisiológicos de cualquier persona.
Ante esta situación, la diputada Areli Madrid Tovilla acertadamente propone incluir a los datos biométricos como datos personales sensibles. Incluir en dicha categoría a los datos biométricos permitirá evitar cualquier clase de uso indebido y de falsificaciones e impedir el robo de identidad. Aplaudo esta propuesta por todos los beneficios que acarreará a los particulares y por su espíritu garantista.
En segundo término. La iniciativa propone que si el titular de los datos es menor de edad, el consentimiento nunca se presumirá tácito. Esta modificación equipara el tratamiento que los particulares deben dar a los datos personales de los menores con el régimen que deben cumplir los sujetos obligados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Ley General de Población.
Es un acierto indiscutible en virtud de que esta modificación protege la identidad de los más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes mexicanos. En este sentido, el dictamen que se presenta es el complemento ideal a la iniciativa que presentamos el diputado Tomás Torres y su servidora el pasado 9 de octubre, y que tiene como finalidad última establecer que el Registro Nacional de Menores y la expedición de la Cédula de Identidad Personal sean servicios de interés público que preste el Estado.
Además, se define a la Cédula de Identidad para que menores con una identificación gratuita que contiene los diversos datos personales de los menores y protege, tanto la identidad jurídica como el nombre, la CURP, el nombre de los padres, así como la física, el rostro, el iris y las huellas dactilares del menor.
En consecuencia, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos en la obligación que tenemos como órgano legislativo, de propiciar normas de este tipo, que es por esto que reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Las leyes responden o deben responder a los cambios vertiginosos que las sociedades enfrentan, de manera que sean útiles y capaces de adaptarse a las necesidades que los diversos contextos implican.
El avance tecnológico y de la información que experimentamos en los últimos años es donde se han materializado muchas de las cosas que anteriormente eran dignas de la ciencia ficción.
Nos obliga a reflexionar y poner al día nuestros marcos normativos para regular, de manera adecuada, toda esta escala de transformaciones globales.
En recientes días hemos visto cómo el papel de la tecnología y la información en la era global, la cual tantos beneficios ha traído consigo.
También puede ser utilizada de manera perjudicial para influir o controlar la agenda, ya sea de individuos investidos con poder político, instituciones, inclusive, estados mismos.
El tema de la confianza y el de la ética en las relaciones internacionales ha colocado sobre la mesa el debate el asunto de la regulación de las tecnologías y la protección de datos. Aunque el tema global citado, desde luego escala otro tipo de discusión, en la que por cierto, el Estado mexicano debiera hacer un llamamiento más enérgico para condenar el espionaje del que ha sido objeto.
En este contexto interior debemos tomar como un mal ejemplo estos casos internacionales para que en virtud de garantizar el derecho a la privacidad de las personas actuemos en consecuencia y actualicemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares para que cumpla su función de salvaguardar de manera efectiva los datos sensibles de las y los mexicanos.
Por ello, el presente dictamen tiene como objetivo garantizar el respeto a la privacidad, dignidad e información de las personas a partir de los cuatro derechos fundamentales que toda persona tiene sobre su información: acceso, rectificación, corrección y oposición.
Al respecto, el tema biométrico es una manera de identificación y clasificación de las personas, cada vez más recurrente y utilizado en diversos ámbitos en el que los rasgos físicos, biológicos o de comportamiento son el medio de identidad de los individuos.
Estos datos, generados por la biometría, deben ser considerados como sensibles, dado que se relacionan con el nivel más íntimo de su titular, pues no solo revelan una identificación superficial sino que nos muestran características de origen étnico-racial. Incluso, su estado de salud.
Por tanto, la biometría como avance tecnológico garantiza la integridad y la autenticidad de los datos recabados de manera que estos son operacionalmente eficaces. De ahí que sea indispensable tomar medidas protectoras adicionales, a fin de salvaguardar la privacidad e integridad de las personas.
No debemos olvidar que pese a que virtualmente las formas de identificación biométrica son imposibles de olvidar o robar, y difíciles de adivinar, los sistemas biométricos sí son vulnerables a los ataques, sobre todo en lo concerniente a la base de datos y su mal uso.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática somos conscientes de la necesidad de adecuar el marco regulatorio para que brinde la certeza y protección completa que conlleva a establecer a los datos biométricos como una categoría específica dentro del marco de protección a la información personal.
En ese sentido, la regulación legal de los datos biométricos ayuda a prevenir ambigüedades que puedan generar controversias y además establece las reglas necesarias para el correcto resguardo de la información sensible de las personas. Por estas razones es que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos de la escuela primaria Círculo Mexicano de Integración Educativa, que están hoy aquí muy contentos invitados por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena. Bienvenidos a la sesión.
Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado José Arturo Salinas Garza.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, durante los últimos años este Poder Legislativo ha dado grandes avances en la protección y defensa de los derechos humanos, y de los derechos que también consagra nuestra Constitución en materia de datos personales.
Actualmente los avances tecnológicos han desarrollado técnicas de recopilación de información biométrica para la obtención de datos personales, lo que nos obliga en este Congreso a avanzar en la actualización de nuestro ordenamiento jurídico en materia de protección de datos perenales y que haga efectiva la obligación de las autoridades de garantizar su ejercicio correcto, sobre todo basado y vigilando que cualquier persona pueda llegar a tener la disposición de información de estos datos. Es justamente la consecución de este fin lo que se discute el día de hoy en este dictamen.
Como sabemos, el uso y control de los datos concernientes a cada persona es un derecho fundamental protegido por nuestra Carta Magna y, por tanto, garantizado mediante mecanismos de protección idóneos, como lo hace en este caso la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Si bien esta ley establece lo que se entiende por datos personales, existen algunos datos que pueden determinar la identidad de una persona y que por ello deben ser considerados como tales, ya que por su propia definición y naturaleza corresponden a identificar a su titula.
Tal es el caso de los datos biométricos, los cuales son considerados como aquellos rasgos físicos o biológicos de un individuo que identifican a una persona como única del resto de la población, entre los que se pueden mencionar las huellas dactilares, los datos del iris, retina del ojo, rasgos faciales, entre otros.
Sin embargo, estos datos al no encontrarse considerados como datos personales podría argumentarse que estos no deben ser protegidos. Por ello, y para evitar que aquellas personas físicas o morales que tuvieran en su posesión algunos de estos datos les den un mal uso es que este dictamen considera oportuno agregar estos datos en la reforma que hoy se discute.
Se considera correcta la adición de los datos biométricos dentro del listado de datos personales sensibles que prevé la Ley Federal de Protección de Datos Personales, además de especificar las obligaciones que tienen los tutores de los menores en edad de la materia.
En este segundo tema es muy importante y oportuna la inclusión en el dictamen de la reforma al artículo 8o. de la misma ley, con la finalidad de proteger de igual forma los datos personales de los menores, ya que hace indispensable la autorización del padre, madre o tutor para la utilización de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Civil Federal y no se presuma tácito; esto para dar certeza y seguridad a la información que se ha recabado en los últimos años para la implementación de la cédula de identidad personal.
Compañeros diputados, en Acción Nacional estamos ciertos que las leyes deben de evolucionar conforme la actualidad lo demanda y más aún cuando se trate de derechos fundamentales del ser humano, lo cual es una de las principales acciones que debe llevar a cabo cualquier Estado, ya que ello genera seguridad jurídica, y por tanto bien común en la sociedad.
Por ello, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen y reafirmamos nuestro compromiso por fomentar la protección de la privacidad de los datos personales de las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Hago uso de la palabra para pedir el voto a favor del dictamen que hoy se discute, toda vez que para los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, la protección de los menores de edad, de sus datos personales, son elementos indispensables para asegurar su autonomía y su decisión en cuanto a los alcances de su vida privada.
El resguardo de los datos personales y el derecho a la vida privada son valores respetados en todas las sociedades democráticas y por ello es obligación de todo gobierno garantizar su resguardo y protección mediante los instrumentos adecuados para que la información de identidad de la población se mantenga dentro de la esfera de la vida privada.
Actualmente, los avances tecnológicos permiten contar con mayores niveles de seguridad y acceso a instalaciones y sistemas, así como la implementación de base de datos para hacer más fácil y rápida la identificación de las personas, la base de construcción de los sistemas biométricos consiste en la utilización de propiedades únicas de las personas, como son las huellas dactilares y el ADN.
Por ello, existen una serie de riesgos en torno a su utilización que es importante conocer para proveer de las correspondientes medidas de protección a la población. Es decir, una legislación que permita hacer frente a esta nueva problemática que es de mayor importancia en la salvaguarda de la privacidad de la población.
Con la aprobación del presente dictamen, mismo que deriva de una iniciativa de nuestra compañera diputada Areli Madrid Tovilla, estaremos implementando medidas para la protección de niños, niñas y adolescentes, en torno al uso de sus datos personales y especialmente en su componente biométrico.
Las presentes reformas incluyen la identificación biométrica como parte de los datos personales sensibles, con lo que sea objeto de protección por parte de la legislación federal y que nuestro país se encuentre a la vanguardia en torno a la regulación de su uso.
Además de lo anterior, se establece que el consentimiento para la utilización de datos personales en el caso de los menores de edad nunca será táctico, debiendo constar en todo momento la autorización del padre, madre o tutor, cuya validez será verificada por el responsable del tratamiento de los datos conforme a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.
Compañeras y compañeros legisladores. La utilización de la biometría es un motivo de profundas restricciones y es necesaria su regulación desde el punto de vista de la protección de derechos y libertades fundamentales de las personas, por lo que es fundamental considerar los fines para su utilización y, en especial, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, así como evaluar las ventajas e inconvenientes que su uso traen, ya que en todo momento se encuentra en riesgo la vida privada de las personas. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y, al no haber artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación).
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 373 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un párrafo al artículo 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre la situación de seguridad pública en el estado de Michoacán. Se han registrado para hablar sobre este tema la diputada María Sanjuana Cerda Franco; el diputado Alberto Anaya Gutiérrez; el diputado Ricardo Mejía Berdeja; el diputado Ernesto Núñez Aguilar; la diputada Verónica García Reyes; la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar; y el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías. En consecuencia, tiene el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. En medio de un clima de incertidumbre y zozobra, hoy México trata de conciliar el sueño.
Municipios como Matamoros en Tamaulipas; Lázaro Cárdenas o Apatzingán en Michoacán, mantienen a la población en sus casas, refugiados de esa ola de violencia que aterra también otras ciudades en nuestro país. Es cierto, se trata de una guerra heredada que de origen se asumió vacía en el ámbito estratégico e inerte en el sentido de una planeación.
En este contexto acudo ante esta máxima tribuna para expresar algunas de las preocupaciones que invaden desde hace algunos años a millones de ciudadanos a lo largo del territorio nacional.
¿Hasta cuándo vamos a resolver el problema de la inseguridad y del crimen organizado? ¿Hasta cuándo asumiremos que este problema requiere de acciones y programas con una estrategia integral que comprometa coordinadamente a los poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno? ¿Hasta cuándo las y los mexicanos que estudiamos, que trabajamos o que simplemente transitamos con libertad podremos volver a las calles y caminar con la tranquilidad de que hay un Estado de derecho que impera ante cualquier acto que transgreda el mandato de la ley? ¿Hasta cuándo vamos a percibir en la realidad lo que en distintas leyes reformamos en materia de seguridad y legalidad?
Compañeras y compañeros diputados, los principios de libertad y seguridad se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan, de manera que debemos asumir que se trata de garantías fundamentales que están intrínsecamente ligadas a los principios de legalidad y del Estado de derecho, pilares fundamentales de una democracia. Sin embargo nuestra realidad en los últimos años dista notablemente de la legislación.
Hoy es evidente que para los miles de familias de Michoacán o Tamaulipas, la ley simplemente no existe y por eso la necesidad de que el gobierno federal a través del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal, recobre las responsabilidades de seguridad en estas entidades.
El problema no es menor, en eso tenemos coincidencia. Es evidente que la percepción de inseguridad permea en una parte importante de la sociedad mexicana y esto termina por impactar en el desarrollo económico y social de nuestro país.
La frialdad de las cifras muestra la realidad lacerante de nuestro sistema de seguridad pública y de procuración de justicia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2013, elaborada por el INEGI, la tasa de delitos durante 2012 fue de 35 mil 139 por cada 100 mil habitantes de 18 y más años, mientras que en 2011 la tasa fue de 29 mil 372 delitos por cada 100 mil, esto es un incremento de 5 por ciento en solo un año.
Hoy las y los mexicanos nos sentimos inseguros, así lo muestran los índices sobre la percepción de inseguridad que aumentó del 66.6 por ciento en 2012, a 72.3 por ciento en este año. Aunado a lo anterior, lo más preocupante es la cifra negra de la denuncia, es decir, los delitos donde no se inició alguna averiguación previa. En el 2012 ésta ascendió a 92 por ciento, es decir, cerca de 25.5 millones de delitos no fueron denunciados.
Los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son atribuibles a la autoridad ya sea porque consideran que la denuncia es una pérdida de tiempo o, lo más grave, no confían en el Ministerio Público.
Inseguridad, impunidad y desconfianza hacia las autoridades responsables de procurar justicia son elementos cuya combinación nociva explican en mucho lo que está pasando en gran parte de nuestro país.
En los últimos años, el Congreso de la Unión ha expedido una serie de reformas legales que van desde cambios a la Constitución, como la modificación y creación de leyes que otorgan más atribuciones a la autoridad, incrementando la capacidad de acción del Estado a fin de combatir con más y mejores mecanismos a los grupos delincuenciales que operan en territorio nacional.
Lo anterior sin menoscabo de los esfuerzos presupuestales que anualmente se realizan para dotar al rubro de seguridad pública de los recursos suficientes que permitan a las autoridades de los tres niveles de gobierno hacer frente a este problema que acecha a la población.
Compañeras y compañeros legisladores: la federación, los estados y los municipios cuentan hoy con las herramientas jurídicas institucionales para llevar a cabo acciones coordinadas de duro enfoque proactivo y no reactivo que se traduzcan en seguridad y tranquilidad para las familias mexicanas.
En Nueva Alianza estamos conscientes que para resolver el flagelo de la inseguridad la ciudadanía no puede esperar un día más. Insisto, el marco jurídico está dado; ahora se requiere un replanteamiento de la estrategia que nos permita evaluar permanentemente, desde su etapa de construcción hasta su ejecución, si vamos en la dirección correcta. Que nos permita regresar a la ciudadanía la seguridad que tanto añora.
Sólo así, con mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas podremos estar seguros de que estamos en el camino correcto. Hacer un mejor país en el que el día de mañana nuestros hijos puedan caminar con la tranquilidad que algún día tuvimos.
Desde el Congreso daremos seguimiento a las acciones implementadas por los distintos órdenes de gobierno para acabar con la impunidad que aqueja a nuestro sistema de justicia, vigilaremos que los recursos destinados a la seguridad pública sean aplicados con eficacia, eficiencia y transparencia para dotar a los cuerpos de seguridad de la capacidad para afrontar el desafío del crimen organizado.
Exhortamos a todos los actores involucrados a trabajar arduamente para recobrar la confianza de la ciudadanía porque la falta de denuncia de los delitos sólo facilita el trabajo de los delincuentes.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que para combatir a la delincuencia de manera eficaz requerimos de una política integral de seguridad pública y de confianza hacia todos los órdenes y autoridades de gobierno. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: El Partido del Trabajo quiere expresar su punto de vista en relación con los hechos tan lamentables y la inseguridad que priva no nada más en el estado de Michoacán, sino en todo el país.
Indudablemente que estamos de acuerdo en que se realicen acciones en las que no solamente se vea involucrados el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, los cuerpos policiacos, el ejército y la marina o el gobierno estatal y municipal. También creemos que debe de coordinarse con la sociedad en su conjunto, pero queremos hacer la reflexión de por qué esta situación.
Se vive desde el 2000, desde nuestro punto de vista, una estrategia deliberada para introducir al país en forma masiva, armas de todo calibre, no nada más fusiles de asalto, sino morteros, lanzagranadas, ametralladoras Barret, calibre 50, antiaéreas. Eso a ciencia y paciencia y con la complicidad del gobierno mexicano que no ha puesto un límite a este tipo de acciones.
De entonces a la fecha hemos visto, no nada más en Michoacán, sino en muchas regiones del país, que el crimen organizado ha infiltrado a todos los niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Empezaron dándoles recursos a manera de soborno para contar con su complicidad, pero hoy la situación es que en muchos lugares, prácticamente las autoridades se han convertido en empleados del crimen organizado; es decir, numerosos municipios del país están ya gobernados directamente por el crimen organizado.
Los policías se encuentran en sus narco-nóminas y no están para proteger a la población, sino para protegerlos a ellos o bien en coadyuvar en sus acciones de delitos. En esa perspectiva estamos viviendo una situación de un estado fallido, un estado que no es capaz de defenderse a sí mismo, como hoy ocurre en el estado de Michoacán u ocurre también en el estado de Tamaulipas, particularmente en Matamoros.
Un estado que no es capaz de garantizar la integridad, la seguridad, no es capaz de garantizar las propiedades, las posesiones, o bien, la seguridad de las familias y la integridad de las personas. Un estado, que no tiene capacidad para imponer el Estado de derecho.
Estamos nosotros también preocupados, porque en muchas regiones del país se han formado de manera paralela un verdadero narco-Estado; es decir, narco-gobiernos que son los que imponen leyes, que son los que cobran piso, los que realizan secuestros, que son también los que en forma sistemática están haciendo desapariciones y lo que es más grave, acciones de reclutamiento a manera de leva, como ocurría en la Revolución Mexicana, cuando a los distintos grupos delincuenciales se debilitan, están recurriendo a acciones de reclutamiento forzoso con muchos de los jóvenes que en la mayoría de las ocasiones, ante la falta de una política económica y una política social que les garantice empleo, que les garantice educación, que les garantice posibilidades y oportunidades de vida para poder desarrollarse, están también encauzándose por la salida falsa de incorporarse al crimen organizado.
En el caso concreto de Michoacán sí urge que se implemente una coordinación en todos los órdenes de gobierno, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Urge también que de alguna otra manera la sociedad en su conjunto también colabore para que ese tipo de situaciones puedan controlarse.
Urge desde luego que cambiemos el modelo económico que permita crecimiento, que permita también oportunidades de educación a los jóvenes, que permita y posibilite desarrollo en el campo, que permita impulso a la pequeña y mediana empresa y en general detone también desarrollo y empleo para los jóvenes.
Ver la situación de la solución del crimen organizado solamente con acciones del Ejército y de fuerza es equivocado, deben de ser políticas sociales. Deben de ser programas de empleo, deben ser programas de becas para los jóvenes. Debe ser impulso al desarrollo regional y sectorial. Debe de ser un cambio radical al modelo económico que desde 82 a la fecha se ha convertido en una verdadera fábrica de pobres.
En tanto no es vea este problema de manera integral, en tanto no se tenga claridad que es el cambio de modelo económico lo que nos ha llevado a esta situación de violencia, las cosas no van a terminar. No es con acciones policiacas únicamente; es con programas sociales como este problema va a poderse resolver de manera integral. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, ayer en la Junta de Coordinación Política se planteó este tema para ser parte de la agenda política del día de hoy, y se discutió que no sólo es Michoacán, en general es todo el país o la mayor parte de los territorios de la república.
Nuestro país es un Estado enfermo y sus patologías son de diferente naturaleza. Las hay económicas, políticas y sociales y vivimos graves problemas de gobernabilidad, cohesión social y armonía comunitaria. A esto le sumamos la inocultable recesión económica y la falta de empleos para millones de jóvenes del país.
Sin embargo, la más grave enfermedad de la república es que se encuentra corroída por el cáncer del crimen organizado. Cáncer que está enquistado en las estructuras de poder del país y este cáncer sin duda amenaza con colapsar a nuestro Estado.
La inseguridad es el principal desafío para el estado democrático del país. Y hay que decirlo con todas sus letras, la estrategia de combate al crimen organizado que inició Felipe Calderón Hinojosa y que lleva a cabo el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, ha sido un reverendo fracaso.
Como una gran ironía del destino, donde inició en diciembre de 2006 un nuevo modelo de política de combate a la inseguridad, es donde se vive el entorno más sanguinario. En este país crecen día con día las extorsiones, los secuestros y vastos territorios siguen siendo presa de la delincuencia organizada.
Michoacán, para infortunio de este gran y hermoso estado del país, es la expresión más dramática de la putrefacción que se vive, y es sin duda y por grave que se diga, el origen de un narcoestado, de un estado fallido.
La debilidad estructural del gobierno ha permitido el involucramiento de las corporaciones policiacas por parte de la delincuencia organizada, lo que ha traído como consecuencia el control territorial de regiones enteras por parte de diferentes grupos delictivos del país.
Este deterioro y esta inseguridad, compañeras y compañeros diputados, no es producto de generación espontánea ni es una calamidad bíblica. Tiene su origen en gran medida en la manera como se constituye el poder político en el país.
La mercantilización de la política, la inoperancia de los órganos electorales, el derroche de recursos que se ocupan para que algunos lleguen al poder, ha generado que algunos busque en el financiamiento, en dinero, de los grupos de la delincuencia organizada.
Las consecuencias de ello están a la vista. Cuando se pacta con el crimen, se reciben recursos ilegales y se compran cargos públicos en colusión con la delincuencia o los poderes fácticos, la autoridad se encuentra maniatada ante esos suprapoderes.
Del cobro de facturas pasan a las amenazas y de las amenazas a los actos criminales y hoy lo que estamos viviendo es que pasan ya a los actos terroristas. Al abrirle y facilitarle el paso a los grupos delincuenciales, acaban por hacer presa de su poder corruptor y criminal a comunidades, pueblos y ciudades enteras.
En Michoacán se ha creado un estado dentro del Estado. Un estado criminal paralelo, donde la delincuencia cobra impuestos ilegales a través de las extorsiones del llamado cobro de piso.
Por eso insistimos, origen es destino y la ilegitimidad del acceso al poder mancha la conducción del gobierno. No basta la fuerza del Estado. No bastan los despliegues policiacos. No basta que se inunden las carreteras y calles de policías y del Ejército para afianzar la gobernabilidad de un Estado.
Es imprescindible la autoridad moral del gobernante. Sea federal, estatal o municipal. Los gobernantes que surgen de procesos manchados no tienen la autoridad para imponer el orden. Quien negocia con grupos criminales para abastecerse de recursos económicos o amedrentar a sus adversarios termina por someterse a ellos.
Cuántos gobernadores, cuántos alcaldes y aun cuántos legisladores han incurrido en el financiamiento ilícito de narcotraficantes o miembros de la delincuencia organizada. Cuántos han negociado plazas, posiciones en mandos policiacos para financiar sus campañas y proyectos políticos.
Los más cínicos, incluso, en su apetito insaciable de poder no vacilan en negociar posiciones y plazas con grupos de la delincuencia que se encuentran enfrentados. Y ahí está el saldo a la vista. Ahí está la nociva intervención del crimen organizado en los aparatos de seguridad pública.
La sombra de Michoacán permea en todo el territorio nacional. Es hoy la realidad política de este México convulsionado y lastimado, de este México polarizado. Lo mismo en Michoacán que en Matamoros, Tamaulipas, donde la alcaldesa llama a los ciudadanos a no salir de sus casas, o en la Laguna, en Torreón, donde cierran los comercios ante la incapacidad de las policías.
Por eso, podemos afirmar con toda responsabilidad, que el modelo policiaco represivo ha fracasado. Y que este gobierno no cumple con su función básica y esencial: garantizar la paz y la seguridad de la población.
Tampoco ayuda a recuperar la concordia social y la seguridad, la república de agravios en que han sometido al país con reformas lesivas.
Hoy, prácticamente no hay un sector que no haya sido golpeado, lo mismo trabajadores, maestros, campesinos, clases medias, habitantes fronterizos, empresarios, ninguno ha dejado de ser golpeado por reformas lesivas y ahora por el linchamiento mediático desde los aparatos de poder.
Si no se construye desde abajo un nuevo modelo de coexistencia política y social, la república terminará por derrumbarse.
Sin un cambio verdadero y un nuevo rumbo para la nación este país no podrá salir adelante. Por eso, y concluyo con ello, es fundamental que comparezca el gabinete de seguridad nacional.
Hoy, hace unos momentos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmaba que se va a pacificar Michoacán y Tamaulipas. Lo que queremos son hechos y no palabras, y lo que queremos es rendición de cuentas para recuperar la seguridad de Michoacán y la seguridad de todo México. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como bien se ha dicho aquí por algunos compañeros, el tema de seguridad no es exclusivo de un estado, tampoco y mucho menos exclusivo de una persona como se ha querido señalar.
Y la verdad que los michoacanos, quienes sí vivimos allá, quiénes sí sabemos cómo se viven las cosas en el estado, sabemos que hay una situación mucho muy compleja, mucho muy difícil, pero por muy lejos jamás hablar de un estado fallido o de un estado de ingobernabilidad.
Y me parece completamente irresponsable que diputados, que seguramente hace mucho que ni siquiera van a Michoacán, hoy vengan a decirnos que ellos son la panacea y hablar de autoridad moral.
Como el diputado que me antecedió, que viene a decir que se ocupa autoridad moral para borrar. Según él su amigo el presidente municipal de Acapulco, Guerrero, Walton la tiene. Y recordarle que el municipio de Acapulco es de los que más tiene hoy asesinatos, y esto está documentado. Entonces, por qué su amigo no lo ha podido resolver si estamos hablando que esto se resuelve con autoridad moral.
Miren más, también, no es permisible que senadores también de otros partidos políticos, como lo han hecho por sacar raja política, por estar pensando en el 2015, vengan a hablar con la mano en la cintura y con una sonrisa de lado a lado de que se ocupa desaparición de poderes en Michoacán.
Así no le ayudan a nuestro estado, eh, por mucho así no le ayudan a nuestro estado. Y si lo hacen por compañerismo de amigos senadores y amigos diputados de esta entidad y que están pensando ya en el 2015 franco favor nos hacen.
Por eso nosotros, hoy en la fracción del Partido Verde Ecologista, por supuesto que nos sumamos a las acciones que se puedan emprender a favor de este estado, que sabemos que son muchas las necesidades, que sabemos que son muchas las acciones que se requieren, pero porque fue un estado en el que por egos personales de Felipe Calderón, por egos personales de Leonel Godoy, gobernador en ese entonces, que no se hablaban, que no se podían coordinar, que se volteaban y se enseñaban la lengua, eso es lo que permitió que la delincuencia creciera de manera exponencial en este estado y eso es lo que permitió que no se avanzara en el tema de seguridad.
Y quieren culpar ahora a un gobierno que lleva apenas un año y medio, y que todo es por culpa de este gobierno priista. Eso no se vale, es completamente irresponsable señalarlo en esa medida.
Nosotros creemos que para poder resolver el problema en Michoacán, y no solamente en Michoacán, porque también es irresponsable solamente focalizar a un estado, es un tema, un problema nacional. Creemos que la manera en que le vamos a poder ayudar es tarea de todos los que estamos aquí, de las 500 diputadas y diputados que formamos parte de esta Legislatura y que vamos a poderle ayudar a Michoacán el 15 de noviembre, el día que vamos a votar el presupuesto, ése día le podemos ayudar a Michoacán y no con declaraciones ocurrentes, no con declaraciones absurdas que solamente pretenden sacar raja política.
Los michoacanos estamos cansados de actores políticos que no son de allá, que con la mano en la cintura hacen declaraciones irresponsables y que solamente vienen a polarizar más el tema y que nada le abonan a la entidad.
Hoy por fin, hay una coordinación entre el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y esas acciones se empiezan a reflejar en estas zonas que han estado marginadas por mucho tiempo. Por eso el crimen organizado empieza a dar sus patadas, porque ahora así empieza a ver este trabajo de coordinación, este trabajo de inteligencia que tanto se requiere en esta entidad.
Pero también, cómo vamos a poder resolver el problema que tenemos; ayudándole con programas sociales. Éste es un tema de descomposición social y que no se generó en un año, que no se generó en un año y medio, que se generó –repito– por 10 años de malos gobiernos en Michoacán del PRD y por 12 años de malos gobiernos a nivel federal. Eso es lo que tiene a Michoacán en esta severa problemática y ahora con mucha irresponsabilidad quieren señalar a un gobierno de un año y medio; no se vale.
Entonces, ocupamos bajar muchos programas al campo, ocupamos bajar muchos programas para empleo, porque eso es lo que permite que los muchachos volteen a ver al crimen organizado ante la falta de oportunidades. Por eso, repito, si realmente quieren ayudar a Michoacán, no es con declaraciones ocurrentes, no es con absurdos en medios de comunicación; es el 15 de noviembre al votar ese presupuesto.
Y si estamos hablando de gobernantes con alta moral, Fausto Vallejo Figueroa es uno de ellos, ha sido cuatro veces presidente municipal de Morelia y siempre ha dejado excelentes resultados y cuentas con cero observaciones, que no cualquiera lo hace. Eso es lo que ocupamos, gobernantes serios, como Fausto Vallejo Figueroa, pero ocupamos una clase política responsable, ocupamos una clase política que se comprometa de a de veras y que no solamente ande haciendo declaraciones absurdas, repito.
Por eso nosotros exhortamos a que se siga dando esa coordinación entre gobierno federal y que se siga dando esa coordinación entre gobierno del estado para ver acciones contundentes como la que estamos viendo hoy en el municipio de Lázaro Cárdenas, que era uno de los que estaban más copados por el crimen organizado y que, sin duda alguna, a la brevedad posible, veremos resultados tangibles y que después se podrán replicar seguramente en las demás regiones que hemos venido viviendo problemáticas. Por eso los invitamos, repito, a que este 15 de noviembre nos sumemos en favor de Michoacán. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, la diputada Verónica García Reyes.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para alusiones personales, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No procede, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Bueno desde aquí...
El Presidente diputado José González Morfín: No hay un tema a discusión, el Reglamento dice que es un tema deliberativo y son las posturas de los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Aquí, permítame. Termino ahora, presidente, voy a hacer uso de la palabra desde aquí. Yo nunca hablé de Fausto Vallejo, pero hay quien le puso el saco. Y, sí, el gobierno de Fausto Vallejo ha sido nefasto.
Somos representantes de la nación, aquí somos diputados de todo el país y he conocido Michoacán; he estado varias veces y he acompañado a mi compañero y amigo Silvano Aureoles, que seguramente hubiera hecho un mejor gobierno que este personaje que ha sido nefausto y siniestro para Michoacán.
El Presidente diputado José González Morfín: Discúlpeme, diputado, pero ése no es el tema que se está discutiendo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Y usted, diputado, en lugar de ser lambiscón debería votar en contra de tanto impuesto para la gente de Michoacán. Ya basta de diputados lambiscones y levantadedos como usted.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica García Reyes: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputados. Quiero comentarle al diputado Ernesto Núñez, con todo respeto, que el que da explicaciones no da resultados. Resultados necesitamos en Michoacán. No queremos explicaciones ni excusas. Hoy queremos resultados.
Hoy Michoacán me duele. Hoy nos duele a muchos hombres y mujeres quienes vemos la violencia en el estado, la cual ha venido creciendo de manera preocupante y notoria. Hoy no pretendemos examinar el pasado para hacer señalamientos ni acusaciones o fincar responsabilidades estériles. Sólo espero ser la voz de muchos hombres y mujeres que esperan resultados sólo para vivir en paz.
Las confrontaciones entre la delincuencia organizada, las fuerzas federales y estatales y las propias organizaciones de los habitantes, han sido cada vez más frecuentes dejando a la mayoría de la población en la indefensión absoluta.
En medio de esta violencia las finanzas del estado sufren de una insolvencia grave que deriva en la falta de servicios públicos fundamentales, el incremento de la deuda pública y como consecuencia, la desactivación económica que ha dejado a muchas empresas en quiebra o al borde de ésta.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Colegio de Economistas del estado de Michoacán, señalan que los empleos directos en el sector turismo han ido a la baja. La derrama económica disminuyó de 11 mil 500 millones de pesos en el 2006 a 9 mil 900 millones en el 2012. El producto interno bruto de la actividad turística estatal bajó de 8.9 por ciento a 8.6 por ciento.
Por si lo anterior fuera poco, han salido del estado empresas que contribuían de manera importante al desarrollo económico. Estas cifras son contundentes. Michoacán vive no sólo una crisis política y de seguridad, sino también una grave crisis económica.
En consecuencia es indispensable que el Estado mexicano en su conjunto tome medidas financieras y presupuestales que garanticen al empresariado de Michoacán la reactivación de la actividad económica en el estado.
En los últimos días se ha agudizado con fuerza la problemática de inseguridad en la entidad hasta llegar a la realización de actos de sabotaje a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en diferentes puntos de la entidad.
En otros momentos hemos vivido episodios de violencia y hemos denunciado la gravedad de la situación de la cual somos víctimas los habitantes de todo a lo largo y ancho del estado, en el que se sufren las amenazas, el secuestro la extorsión, el cobro ilícito de derechos de piso y venta de protección, so pena de represalias que conllevan a la posibilidad de perder la vida.
No obstante, el día de hoy amanecimos con la noticia de que tropas del Ejército Mexicano y la Marina Armada han tomado el control civil y administrativo literalmente del Puerto de Lázaro Cárdenas, cuarto en importancia a nivel nacional, destituyendo a más de 250 policías municipales.
Adicionalmente, cifras no oficiales sitúan alrededor de 920 las víctimas mortales de estos enfrentamientos únicamente en lo que va del año. Esto no es sólo una situación grave, es un peligro, es un grave riesgo para la seguridad y el orden público y es deber del Estado mexicano resguardar el único bien jurídico fundamental de la población, cuya pérdida no se puede resarcir: la vida de todas y todos los habitantes de Michoacán.
Compañeros legisladores, sumemos esfuerzos no solamente haciendo un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales, para garantizar el orden público, sino para que en el uso de nuestras facultades generemos mejores situaciones presupuestales para el estado de Michoacán.
Resulta por ello importante no sólo que se refuerce la presencia de los agrupamientos de seguridad y los mecanismos de coordinación entre las fuerzas militares y policiales de los tres ámbitos de gobierno para que los ciudadanos no se vean obligados a tomar las armas en propia defensa, por lo que debemos de establecer que las políticas que deben implementar contengan una orientación integral que atienda no sólo las contingencias inmediatas del acontecer cotidiano de la vida en la entidad, sino también las causas fundamentales que generan esta situación y en consecuencia, atender los problemas estructurales que afectan a toda la población.
Es por ello que el día de hoy levantamos la voz para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno atiendan de manera urgente la situación de emergencia en el estado de Michoacán de Ocampo, para que juntos generemos las condiciones necesarias y todos los poderes del Estado mexicano en los diferentes ámbitos de gobierno, proporcionemos los recursos que permitan la solución a esta grave situación.
Como hemos señalado en ocasiones anteriores, es deber del Estado mexicano desde su fundación, pero primordialmente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 10 de junio del 2011, establecer las condiciones indispensables para que todas y todos los habitantes del territorio mexicano, así como por quienes transitan por él, gocen a plenitud de sus derechos.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos parece de elemental responsabilidad hacer los llamados necesarios en la búsqueda de una solución integral al problema, que nos lleve de verdad a la recomposición del tejido social; no es con actos de represión estatal, sino una dimensión necesaria e insustituible de las funciones del Estado y que tiene que ser correspondiente con la promoción y protección de los derechos humanos.
El construir poner en ejecución una serie de estrategias y acciones puntuales deben estar pensadas para superar en primer término la situación de emergencia que vive el estado, no para duplicar los contenidos, tampoco para sustituir las responsabilidades que a cada quien nos corresponde, pues debemos iniciar por ser plenamente conscientes de la trascendencia de las decisiones que en estos momentos tomemos.
Es necesario el acuerdo para superar la emergencia con el mejor método que nos permita la movilización a todas y todos los actores políticos, para que desde nuestras trincheras podamos generar las mejores condiciones para el pleno establecimiento de la normalidad democrática en el estado., a partir de puentes de diálogo, entendimiento y respeto para poner lo mejor de nuestro trabajo, con empeño y dedicación en el camino de las soluciones posibles.
Por ello retomo las palabras del coordinador de mi bancada: “la política hoy más que nunca en Michoacán debe de retomar su esencia y vocación natural como el arte de la solución de los problemas”.
Sin duda que los que ahora enfrentamos las los michoacanos, son de una gran magnitud que nos rebasan a todos si actuamos de manera aislada. Es necesaria la articulación para presentar un frente común de la mano con la sociedad, con las organizaciones y sectores económicos, académicos y políticos, para no convertirnos en espectadores y críticos de esta realidad ya que no se puede ocultar.
Compañeras y compañeros, es tiempo de dejar atrás los intereses y las acciones particulares y actuar de una manera integral en el desarrollo del estado de Michoacán de Ocampo, convirtiéndonos en los constructores de los cimientos sobre los que podemos edificar un estado diferente. Es cuanto, señor diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: soy de Michoacán, vivo en Michoacán y me quedaré en Michoacán. Desde hace 10 días hemos sido testigos de cómo en el estado de Michoacán han atacado tres instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, dejando sin electricidad a unas 420 mil personas. Han muerto por lo menos 33 ciudadanos en los enfrentamientos entre agentes de seguridad y miembros de las llamadas autodefensas y han arremetido con bombas molotov gasolineras en varias ciudades, entre las que se encuentra Morelia, capital del estado de Michoacán y sede de los poderes.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos preocupa que se minimicen estos hechos puesto que son eventos que laceran y vulneran a la ciudadanía. La violencia ha se recrudecido en todo el país y Michoacán es hoy en día la cima más visible del problema.
No es posible afrontar este tipo de eventos sin una estrategia sólida y eficaz porque en México el tema de seguridad no se puede improvisar. A la gendarmería, que fue propuesta de campaña de la actual administración, se le asignó partida presupuestal y, entre declaraciones contradictorias del presidente y del secretario de Gobernación, seguimos esperando su implementación.
La violencia y la falta de gobernabilidad se han incrementado y arraigado. Desde hace cinco meses, el Ejército, la Marina y la Policía Federal tienen elementos asignados a Michoacán y aunque han llevado a cabo operativos con el fin de recuperar el orden público y la paz en la entidad, esto evidentemente no se ha conseguido y el desorden, la proliferación de delitos y las manifestaciones ciudadanas ahí están.
El estado de Michoacán ha perdido el control de zonas completas de su territorio, especialmente en la región llamada tierra caliente, donde los ciudadanos se sienten imponentes a causa de la falta de protección por parte de las autoridades federales.
Compañeras y compañeros diputados: la crisis en Michoacán es un asunto de seguridad nacional. El gobierno federal debe invertir de manera inteligente y contundente contra los grupos criminales que llevan años operando en la entidad y que amenazan con diseminarse al resto del país.
Hacemos un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que se implemente una estrategia basada en la inteligencia y focalizada en los municipios con foco rojo en el tema de seguridad. El Estado, debe tener el monopolio de la fuerza legítima para que pueda llamarse Estado, en su función de garantizar el orden y la paz pública, así como el Estado de derecho.
Desde esta Cámara las diputadas y diputados del PAN, llamamos a un gran acuerdo nacional para resolver la situación que viven los michoacanos. Los tres Poderes de la Unión, junto con el gobierno estatal debemos unirnos para analizar con seriedad y fuera de protagonismos y cálculos electorales las causas de esta problemática para arrancarla de una vez y de raíz, de manera que no vuelva a arremeterse; con inteligencia y contundencia se puede operar con apego al estado de derecho y sin faltar a los derechos humanos, pero no podemos seguir permitiendo que el Ejecutivo federal y estatal sigan volteando la mirada ante los hechos.
Hoy, es tiempo de desafiar a la desesperación con la esperanza. Los michoacanos tenemos mucho por qué luchar, aun cuando llevamos días siendo testigos de eventos que lastiman, que dañan y debilitan nuestro estado, pero no nos alienta a continuar hacia adelante.
Michoacán ha destacado por su gente trabajadora, que lucha y que se esfuerza día con día, gente que históricamente ha demostrado su grandeza. Debemos impulsar a Michoacán, consideramos su posición geográfica, estratégica en el mapa nacional para no sólo sembrar, sino transformar y comercializar.
Aprovechemos el puerto de Lázaro Cárdenas, pero también el Bajío en La Piedad y Puruándiro que pueden ser aliados y proveedores de Guanajuato.
Es momento de tomar en cuenta estas grandes oportunidades para apoyar el Presupuesto de Egresos del 2014, recursos para infraestructura hídrica, carretera, para apoyar más a las universidades y a la educación media superior y becar a miles de jóvenes que necesitan una oportunidad, que necesitan un apoyo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Eligio Cuitláhuac González Farias, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, ojalá que los conflictos de Michoacán se resolvieran con discursos, seguramente ya lo hubiéramos resuelto hace mucho tiempo, porque además a algunos les quedan muy bonitos los discursos.
El Grupo Parlamentario del PRI respalda al gobierno del estado de Michoacán que encabeza de manera legal y sobre todo legítima, Fausto Vallejo Figueroa, y quiere dejar muy claro, también, que las acciones que han ocurrido en Michoacán los últimos días son el resultado de la intervención decidida, frontal, seria, con determinación del gobierno federal en el tema de seguridad en la entidad.
Por eso también reconocemos lo que ha hecho el gobierno federal y no hay que hacernos bolas, lo que ha habido de reacción delictivos obedece a que la estrategia federal en contra del crimen organizado está dando resultados. Así de sencillo, así de claro, y hoy está Michoacán en la ruta correcta.
Evidentemente tenemos rezagos, evidentemente tenemos problemas, problemas que hemos reconocido, que ha reconocido el gobierno de la entidad que ha solicitado el apoyo federal, pero está en la ruta correcta, y la ruta correcta se llama coordinación institucional y hoy tenemos a un gobierno federal perfectamente coordinando acciones, no solamente en materia de seguridad sino también en materia de desarrollo social, de infraestructura y hoy Michoacán necesita y requiere el apoyo de todos nosotros.
Qué bueno que hoy se toca este tema aquí en la Cámara, qué bueno que hay un interés de todos los grupos parlamentarios por Michoacán. Yo espero que este interés por Michoacán se refleje también en el Presupuesto, que es una tarea que nos toca aquí en Michoacán, porque nuestro asunto no se resuelve con discursos, se resuelve con recursos y ocupamos de todos nosotros para que le vaya bien a Michoacán.
Estamos en la ruta correcta, la coordinación ha funcionado. Seguramente veremos en los próximos días más manifestaciones de violencia en esta zona que está perfectamente focalizada, que comprende 13 municipios de la entidad, la famosa llamada tierra caliente, pero es el resultado de esta acción del gobierno federal.
Nuestro reconocimiento al presidente de la república por el interés mostrado, no sólo en materia de seguridad sino en todos los otros órdenes, porque Michoacán ocupa ahora de todos nosotros para generar mayores condiciones de desarrollo.
Esperamos que en el Presupuesto, como bien decía mi compañera y amiga, la diputada Berenice, Michoacán ocupa infraestructura y ocupa proyectos de desarrollo social, ocupa proyectos culturales, de educación que permitan a los habitantes de Michoacán, de esta zona geográfica de la entidad, poder superar los rezagos que tiene desde hace muchos años, sin echarle la culpa a nadie.
Aquí podemos repartirnos culpas, el asunto es que no avanzamos. Hoy ocupamos echarnos menos la culpa y ponernos a trabajar todos en la trinchera que nos toca. Por eso celebramos en el Grupo Parlamentario del PRI este interés que hay en el pleno porque se toque el tema de Michoacán.
Nosotros haremos lo que nos toca, trataremos de destinar mayores recursos para que Michoacán cuente con obras de gran calado en materia de infraestructura y que ayude a la estrategia de seguridad del gobierno federal. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día y de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Sonora y al Ejecutivo federal a extender el ámbito de aplicación del programa Sólo Sonora a los límites de la entidad.
El diputado Faustino Félix Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, el turismo extranjero por carretera representa una importante actividad generadora de divisas y empleos en Sonora.
Más del 70 por ciento de los extranjeros que visitan esta entidad federativa ingresan en sus propios vehículos a través de los cinco puntos fronterizos con Arizona. Por tal motivo, en 1996, a iniciativa de los prestadores de servicios turísticos de Sonora y con el respaldo del gobierno del estado, se combino con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el programa Sólo Sonora, mejor conocido como Only Sonora, mismo que otorga facilidades a los turistas extranjeros para ingresar en sus vehículos al territorio sonorense.
El esquema del programa Only Sonora se concibió como un dispositivo de fomento al turismo al permitir la introducción de autos, motocicletas, vehículos recreativos, mediante un sencillo trámite especial, sin la necesidad de realizar el engorroso trámite de importación temporal.
Las condiciones geográficas y de infraestructura carretera de Sonora permiten establecer un control para facilitar este programa, así el Only Sonora funcionó dentro de los límites del estado logrando un impacto positivo en la afluencia del turismo carretero en todo el territorio sonorense, para lo cual se estableció un módulo en el poblado de estación Don, en el límite con el estado de Sinaloa, para realizar el trámite de importación temporal cuando el turista decidiera salir del límite marcado por el programa e ingresar al interior del país.
El convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado que dio origen a este programa, fue ratificado el año 2000. Sin embargo, a partir del año 2005 el programa se modificó limitando las facilidades para la introducción de los vehículos de turistas extranjeros, a sólo dos terceras partes del territorio del estado de Sonora, quedando por fuera regiones con gran potencial turístico, como lo es el Pueblo Mágico de Álamos, Ciudad Obregón y los valles y playas de la región del yaqui, del mayo, incluyendo aquí los ocho pueblos de las comunidades de la tribu yaqui. A partir de entonces ha quedado documentado el impacto negativo que esta medida ha tenido, disminuyendo la afluencia y estancia de los turistas extranjeros en la entidad.
Bajo estas consideraciones y con la certeza de que la ampliación de este programa, todo el territorio sonorense, generaría un estímulo importante para incrementar la afluencia turística en la entidad y la consecuente generación de empleo y derrama económica en la región, proponemos ante este pleno de esta honorable Cámara de Diputados, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Sonora, para que adopten las medidas necesarias para extender en el ámbito la aplicación del programa Sólo Sonora, Only Sonora, a los límites del estado, como estaba originalmente concebido.
Diputados, les pido que aprobemos este punto de acuerdo por urgente u obvia resolución, para que ambos gobiernos, el federal y estatal, puedan tomar las medidas y considerar que esta acción pueda iniciar durante el ejercicio del 2014. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, qué gusto venir a hablarles de un estado grande, de un estado joven, de un estado con mucho potencial y desarrollo. Y cómo no he de sentirlo si es mí estado, por lo que desde aquí envío un fraterno saludo a todas y a todos mis paisanos.
Sonora es el segundo estado más grande a nivel nacional. Nuestros 179 mil 355 kilómetros cuadrados representan el 9.1 por ciento de la superficie del país. Además, contamos con mil 209 kilómetros de litorales, casi el 11 por ciento del total nacional.
Pero al visitar Sonora se puede disfrutar de mucho más que playa. Cuenta con lugares históricos, desierto, sierra y ríos. Todos estos lugares con sonorenses cálidos y amables que siempre los recibirán con los brazos abiertos y una sonrisa en el rostro. Pero a pesar de los más de 6 mil millones de pesos de derrama económica que se registraron en Sonora el año pasado, no todo el estado es aprovechado por quienes nos visitan.
Prácticamente el 90 por ciento de nuestros turistas ingresan al estado vía terrestre, particularmente proveniente del vecino estado de Arizona, en los Estados Unidos de América. Reconociendo que la promoción del turismo es de carácter estratégico, así como el uso de las carreteras, el medio principal de ingreso.
En 1996 se instauró el programa Only Sonora o solo Sonora, el cual permite a los turistas extranjeros, a los mexicanos residentes en el extranjero ingresar sus vehículos sin cubrir alguna cuota de importación temporal de sus unidades.
El área geográfica que en su momento fue definida, se amplió hasta establecer una zona libre de circulación de vehículos extranjeros, la cual comprende tan solo 17 municipios de la entidad.
En 1995, un año antes de iniciar el programa ingresaron a Sonora, por los cruces fronterizos que colindan con el estado de Sonora, casi 30 millones de vehículos personales y de pasajeros.
En contraste, el año pasado ingresaron poco más de 21 millones 600 mil unidades. Eso quiere decir que en estos 17 años que ha estado vigente el programa, hemos dejado de recibir más de 8 millones de unidades que traen turistas norteamericanos a Sonora. Además de que no se aprovechan en todo su potencial los más de 7 mil 302 kilómetros de carreteras federales y estatales de mi estado, y que conectan hacia otros puntos de la república mexicana.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, programas estatales de reconocido éxito como éste, el cual el vecino estado de Chihuahua ya ha iniciado sus gestiones para replicarlo en la totalidad de su territorio, no deben ser limitados.
Mantenerlo en sus actuales condiciones geográficas provocará que regiones y municipios de gran potencial turístico, como Álamos, Ciudad Obregón, el Valle del Yaqui, Ures, Aconchi, Arizpe, Banámichi, Huepac, Bacoachi y Baviácora, entre sus atractivos de comida, artesanías, ecoturismo y monumentos, queden fuera de los beneficios directos que ha traído la industria turística en estos 17 años o dejar de aprovechar los casi 20 mil cuartos que se ofrecen en el estado desde una estrella hasta gran turismo.
Se perdería el potencial de la pesca deportiva en las presas Álvaro Obregón y Adolfo Ruiz Cortines, y ya ni digamos los beneficios que podrán acarrear los más de 23 mil sonorenses y sus familias que trabajan en restaurantes y servicios de alojamiento.
Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y de manera personal con muchísimo gusto apoyamos el punto de acuerdo, pues creemos firmemente que el ampliar este programa pasando de los 17 municipios a los 72 que comprende todo mi estado se aprovechará una de las principales opciones de desarrollo que sin duda es una actividad turística, pues los ingresos que se derivan impactarán positivamente a todos lo sonorenses. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Es un gusto subir a posicionar en este punto de acuerdo como vecino del estado de Sonora, porque sin duda es un programa fundamental para el impulso del turismo.
Los que tenemos la oportunidad de conocer el estado de Sonora sabemos de su gran potencial turístico y de la necesidad que tiene de implementar incentivos que mejoren la calidad de la percepción que se levan los turistas de ese estado.
Hoy sabemos que este programa comprende sólo un tercio del estado y que, si bien facilita el tránsito, aún así compartimos la opinión del diputado Faustino Félix en este sentido de que debe ampliarse. Sin duda sería de gran beneficio para los sonorenses, resultaría un gran impulso a su actividad económica.
Y además sabemos que el gran atractivo que tienen las ciudades de Álamo, de Ciudad Obregón, y el Valle del Yaqui es tal, que merece que ese programa se extienda a esas ciudades y que de esa forma los turistas tengan la oportunidad de conocerlo sin un trámite burocrático que entorpece el visitar esas ciudades, además de un gato innecesario en términos de hacer una importación temporal de un vehículo sólo por una visita que va a ser un beneficio para ese estado, porque va a provocar una derrama económica importante.
Nosotros, en particular vamos a votar a favor de este acuerdo y lo vemos necesario para todas las ciudades fronterizas del país y agradecemos de nuevo al diputado Faustino Félix Chávez, que haya promovido este punto de acuerdo, porque sin duda va a ser una gran idea para los demás estados del norte del país el que lo promovamos y que impulsemos una política que beneficie el turismo en los estados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Rubén Acosta Montoya. Tiene el uso de la palabra, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. El turismo en Sonora es una de las principales vertientes de desarrollo para algunas regiones de nuestro estado, así mismo constituye una importante fuente generadora de divisas.
El turismo extranjero en el estado de Sonora por carreteras representa más del 70 por ciento, mismo que se introduce en la mayoría de los casos a la entidad, a través de los cruces fronterizos con Arizona.
El Programa Only Sonora, conocido también como Sólo Sonora, es un programa único en el país, que permite introducir los vehículos del visitante extranjero por cualquiera de los cinco puntos fronterizos del estado, ya sea San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco, Agua Prieta y el puerto de Guaymas, al territorio sonorense, hoy hasta los límites con Empalme, sin tener que cubrir ningún permiso, ni trámite, ni pago alguno por el vehículo que se interna.
Estamos convencidos los diputados y las diputadas del Partido de la Revolución Democrática, que extender los límites de este programa hasta los límites del estado de Sonora, constituye por supuesto un importante avance, sobre todo porque se dejan fuera regiones con importante potencial turístico como son las ciudades de Álamos, de Ciudad Obregón, el valle del Yaqui, por supuesto también los municipios de la sierra y del río Sonora.
Actualmente, al no formar parte de los límites de estas regiones es necesario tramitar la importación de vehículos de manera temporal. En diciembre de 2009, el Congreso del estado de Sonora aprobó solicitar la adopción de las medidas pertinentes para que los turistas provenientes de los Estados Unidos de América que se internen a la entidad vía terrestre puedan hacerlo sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos.
Hay que recordar que ya en algún momento fue de manera total el territorio de libre circulación, el territorio del estado de Sonora y por ello consideramos muy pertinente que pueda volver a serlo; es muy importante la derrama económica que se genera en todos los municipios y que finalmente en esta situación económica que padece todo el país, a Sonora le urge implementar medidas que puedan amainar toda esa problemática económica y a eso, por supuesto, hay que agregar también –no hay que olvidar– el tema de la homologación del IVA en la frontera que también tendrá un impacto muy negativo en toda nuestra región norte y particularmente en el estado de Sonora que hoy justamente comentamos.
En noviembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un convenio suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Sonora para la facilitación de la internación e importación temporal de vehículos a esta entidad federativa a los turistas extranjeros y a los mexicanos residentes en el extranjero, para internarse al noroeste de Sonora sin tener que tramitar un permiso de importación temporal de vehículos, siempre y cuando se hubiera internado por cualquiera de éstos cinco puntos fronterizos que ya mencionamos.
En aquél ordenamiento legal se estableció la obligación por parte del estado de Sonora para instalar un módulo del Programa Sólo Sonora en el municipio de Empalme, para atender a los turistas que deseen viajar más allá de este punto, para lo cual en esta localidad debe realizar los trámites de importación temporal.
Cabe señalar que este módulo empezó a funcionar en diciembre de 2005 y se mantiene en operación hasta la fecha por la prórroga realizada entre ambos niveles de gobierno que fuera publicada en el Boletín Oficial del estado el 17 de enero de 2007.
Esperamos que este exhorto encuentre eco en los gobiernos, tanto estatal como federal y el programa se amplíe hasta los límites del estado de Sonora.
Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro. Tiene el uso de la palabra el diputado Máximo Othón Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Máximo Othón Zayas: Con su permiso, señor presidente. Señores y señoras legisladores. En relación a este asunto me gustaría precisar que ya es añeja esta situación, ya que desde 1996 el gobierno federal y el gobierno constitucional de Sonora suscribieron un convenio de colaboración administrativa a través del cual se confirió al gobierno del estado de Sonora -y a través de la entonces Secretaría de Finanzas- facultades de la verificación fiscal vehicular y para la implementación de un programa denominado Only Sonora.
Dicho programa se aplicaría a través de la Secretaría de Turismo del estado, mediante el cual las personas que ingresan a territorio sonorense y por cualquiera de los puertos fronterizos colindantes con los Estados Unidos de América, podrían introducir vehículos de propulsión mecánica sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos, como una medida para incentivar el turismo en la entidad; a fin de seguir impulsando el turismo.
En el 2000 se le dio continuidad al programa Only Sonora a través de su publicación en el Boletín Oficial del gobierno del estado, reafirmando el compromiso entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Sonora.
De igual forma en el mes de noviembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que: “el gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebraron un convenio para el otorgamiento de facilidades para la internación de vehículos a extranjeros y mexicanos residentes en el extranjero, que ingresen al estado para cualquiera de los cinco puertos fronterizos de Sonora como San Luis Río Colorado, Sonorita, Nogales, Naco, Agua Prieta y el Puerto de Guaymas, Sonora”.
La propuesta en los términos presentados la vemos bien, ya que consideramos prioritario analizar con toda responsabilidad la conveniencia de extender el ámbito de aplicación del programa Only Sonora, a límites de la entidad.
Esto con el fin de evitar efectos negativos a esta entidad fronteriza, ya que nuestra prioridad es proteger la actividad económica y turística de la entidad y del propio país.
No debemos perder de vista que la internación de vehículos extranjeros al país, se encuentra regulada por el gobierno federal y a consecuencia debemos cuidar que Sonora no sea una entidad receptora de vehículos ilegales, receptora de chatarra que dañe el medio ambiente.
En Acción Nacional siempre impulsaremos el turismo y más en un estado como en el caso de Sonora que representa un importante destino turístico reconocido a nivel internacional, mismo que por su historia y belleza atrae la presencia de turistas locales, nacionales e internacionales, que a la postre representan una importante fuente de ingresos para sus habitantes.
Por lo anterior, señalo, votaremos a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Máximo Othón Zayas. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. La importancia del turismo es ampliamente reconocida por ser una actividad que contribuye de manera muy significativa a la creación de empleos y por ser una de las principales fuentes de dividas para los países receptores.
Este sector económico es uno de los más dinámicos al mantener numerosos vínculos con otros segmentos de la economía.
Uno de los aspectos destacados del turismo internacional es el desplazamiento transfronterizo de consumidores, situación que repercute en beneficio de productores y prestadores de servicios turísticos locales, quienes aún viviendo en zonas alejadas o siendo posiblemente trabajadores no calificados, encuentran en esta actividad la posibilidad de exportadores vendiendo sus artesanías, participando en eventos culturales o trabajando en hospedajes turísticos.
En México la presente administración ha venido definiendo que el turismo es una actividad prioritaria y estratégica para el desarrollo nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que la materia turística ofrece áreas de oportunidad muy importantes, pues la situación no es tan próspera como debiera ser.
En los últimos 30 años, en lo que respecta a los turistas internacionales, se ha mantenido una tasa media de crecimiento anual del 2 por ciento, que resulta baja, lo cual ha significado que del 2000 al 2011 pasáramos del lugar siete al lugar número 10 en la recepción de turistas internacionales y del lugar 12 al 23 en el ingreso de divisas, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial del Turismo.
El crecimiento del sector turístico a nivel mundial, así como la enorme riqueza humana, natural, cultural e histórica de nuestro país, son factores que debemos aprovechar integralmente, impulsando estrategias de promoción que atraigan a un mayor número de visitantes internacionales.
En ese sentido, consideramos que son relevantes las acciones encaminadas a abonar en el cumplimiento del objetivo de abrir a México al mundo y que el mundo venga a México. Por lo tanto, apoyamos la propuesta de que las autoridades analicen y en su caso adopten las medidas necesarias para extender los límites del estado, como funcionó oficinalmente el Programa Sólo Sonora, conocido también como Only Sonora.
Con esta acción el beneficio para la introducción de vehículos sin permiso, trámite o pago alguno se extendería a regiones de vital potencial turístico como Álamos, Ciudad Obregón y el Valle del Yaqui.
Como sabemos, hay segmentos turísticos que necesitan un impulso especial como son el turismo cultural, eco-turístico y de aventura, así como el de salud, deportivo, de lujo, de negocios y de reuniones.
En Sonora, el desierto, la montaña y el mar se unen para crear un espacio único donde puedan visitarse ciudades llenas de historia; sus ambientes culturales religioso, musical, deportivo y gastronómico crean una atmósfera turística de gran atractivo.
Por lo tanto, es preciso apoyar estas acciones para apuntalar la posibilidad de que esta entidad se fortalezca como enclave hospitalario y generoso de puertas abiertas para quien lo quiera visitar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Eugenia de León Pérez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país a fin de mitigar el impacto económico y social que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en aquellas regiones y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Eugenia de León Pérez: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, diputada.
La diputada María Eugenia de León Pérez: Compañeras y compañeros diputados, desde que se presentó la Miscelánea Fiscal a esta soberanía, en Acción Nacional hemos sido reiterativos en denunciar a la sociedad que la simulación de la reforma que presentó el Ejecutivo federal es a todas luces una reforma con tintes recaudatorios y sin beneficios sociales, una reforma que planteó el Poder Ejecutivo y que de forma mercenaria fue avalada por las fracciones del PRI y la mayoría del PRD.
Resulta inverosímil, oprobioso y hasta cruel que el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, haya hecho esta homologación del IVA para la zona fronteriza en plena y franca recesión económica que azota el mundo entero.
Los efectos devastadores de esta decisión serán a muy corto plazo para nuestros connacionales que residen en las franjas fronterizas de nuestro país. Serán muchos los daños que esta Miscelánea causará a la población mexicana y a su sector empresarial; es una Miscelánea Fiscal que congela cualquier posibilidad de avance económico de nuestro país porque pretende sacar recursos de quienes hoy ya pagan altos impuestos, lesionando severamente el patrimonio construido con grandes esfuerzos por la mayor parte de los mexicanos.
Por ello continuaremos expresando nuestro profundo rechazo a la propuesta y a toda la reforma planteada. Uno de los efectos más devastadores de la reforma aprobada se observará en la zona fronteriza de nuestro país al aumentar el IVA del 11 al 16 por ciento, representando un duro golpe a la economía de la región y, sobre todo, el nivel de vida y el bienestar de sus habitantes.
La propuesta representa un freno al proceso de desarrollo y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de la región fronteriza, dentro de los cuales se encuentran aquellos que colindan con los Estados Unidos de América, pero también Baja California Sur, Quintana Roo y Chiapas.
Además, la reforma va en contrasentido de lo que en su momento señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación al referir al trato diferencial que debe de darse a la región fronteriza del país. El gobierno federal y los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, al parecer desconocen el impacto negativo que la reforma generará en el mediano plazo.
Dadas las condiciones en las que se encontrará el consumidor fronterizo, la única consecuencia que podemos señalar es una inmediata disminución de la actividad económica regional, menos competencia y, en consecuencia, los niveles de recaudación de los gobiernos locales y el federal, hacer menos de lo que se proyecta para el próximo ejercicio fiscal.
Por lo antes mencionado, nuestro grupo parlamentario hace un llamado al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, implementen de manera inmediata un programa emergente para la frontera sur y norte de nuestro país en apoyo a los consumidores, a las Pymes y a los sectores maquilador, manufacturero, de exportación y turístico, que permita resarcir los efectos devastadores que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en las regiones fronterizas del país.
Recordemos que la zona fronteriza no vive las mismas condiciones que el resto del país, hacer caso omiso de esta realidad lo único que generará es un incremento considerable de la pobreza, hará de la zona fronteriza una región más cara y menos competitiva. Los efectos de esta medida se verán agravados aún más en la zona fronteriza, si consideramos el cúmulo de efectos negativos que generará la reforma fiscal en su conjunto, como por ejemplo la eliminación del régimen simplificado; el incremento de las tarifas del IEPS a diversos productos; las menores posibilidades de deducción de las personas físicas en gastos como los hospitalarios y transporte escolar; la eliminación de la deducibilidad de las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador, por citar algunos.
Acción Nacional considera que este atentado a la economía de las zonas fronterizas del país tendrá impactos más graves a los ocasionados por los eventos climatológicos que han azotado a gran parte del territorio nacional, es por ello que resulta inexplicable la falta de sentido común, de sensibilidad y solidaridad con la población que vive en esta región, aparte de la inseguridad que tenemos.
Nuestro Partido reafirma el compromiso asumido en la sociedad mexicana, pero sobre todo con la población que habita en la franja fronteriza de nuestro país, y por ello solicitamos al Ejecutivo federal la creación de un programa emergente que permita resarcir las pérdidas que generará la aplicación del nuevo impuesto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María Eugenia de León Pérez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.
De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que celebre la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación al cambio de integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de la Comisión Especial de Evaluaciones del Programa Especial Concurrente, que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Único. La Cámara de Diputados solicita al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, haga del conocimiento público las razones por las que se ha decidido cancelar, en el plan de negocios 2014-2018 de la paraestatal, la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. En el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera, el ex presidente Felipe Calderón dio a conocer que se haría una nueva refinería para el país.
Como todos recordaremos, esta refinería que se llamó Bicentenario, después de un amplio debate entre diferentes gobernadores se tomó la decisión de que se construyera en Tula, Hidalgo.
Sin embargo, en días pasados se difundió la noticia que en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos para el 2013-2017 se estaba excluyendo este tema. Y ello no podemos desvincularlo de unas declaraciones del director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, donde cuestionaba el tema de la refinación y argumentaba que refinar petróleo crudo no es negocio.
Y ahora el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell también, en un evento, pone en entredicho y prácticamente anuncia la cancelación de esta refinería en el estado de Hidalgo, en Tula.
Por esa razón, nos parece que a esta Cámara le urge tener claridad sobre lo que está pasando, porque nos parece que hay una deliberada estrategia de ir desmantelando las actividades de Petróleos Mexicanos frente a la inminencia de la intentona por ir a una reforma energética privatizadora.
Nosotros queremos saber a ciencia cierta cuál es la decisión del gobierno federal, si va o no va la refinería en Tula, Hidalgo, sobre la cual además se han invertido cuantiosos recursos, más de 4 mil 400 millones de pesos para el rubro de de investigación y estudios de pre inversión.
Nos parece una grave irresponsabilidad que el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell esté dando por cancelado un proyecto, el cual se anunció con bombo y platillo, y además, tenía por objeto terminar con el desabasto de gasolina.
Cada mes la gente sufre gasolinazos y el gobierno cierra refinerías. Vaya paradoja. Por esa razón apoyamos este punto de acuerdo y nos parece que en éste, como en otros temas, urge más información sobre lo que se está haciendo en el sector energético del país.
Porque da información sobre negocios al amparo del poder, sobre ex funcionarios, como en la licitación del gasoducto Los Ramones, y es tiempo que no se tiene claridad.
Por esa razón, apoyamos esta propuesta y reconocemos el esfuerzo de la Junta de Coordinación Política, así como lo hemos cuestionado otras veces, que en este tema no haya ataduras.
También esto fue una propuesta que viene hoy en la Gaceta, del diputado Monreal, de su servidor y también el diputado Trinidad Morales lo planteó el día de ayer. Es justo reconocer y por eso nuestro voto será a favor de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado don Ricardo Mejía Berdeja. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se aprueba.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (desde la curul). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que celebre la firma del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la búsqueda de la justicia colectiva es el ideal más alto al cual se puede acoger el servidor público.
Encontrar mejoras paulatinas en las instituciones de la nación para cambiar la vida de todos los ciudadanos, es el paro que puede llevarnos a construir un México mejor. En donde cualquier persona tenga la libertad y los medios para alcanzar su felicidad.
El reconocimiento amplio de los derechos universales del hombre se enmarca dentro de esta búsqueda, como un logro de la sociedad actual que ve con cada vez más extrañeza el sufrimiento de un grupo numeroso de gente.
En México tenemos deshonrosos casos, en los que los derechos de alguna colectividad han sido violados. Por tanto, es menester actualizar nuestra legislación para dotarles de elementos para su defensa.
Nueva Alianza es el partido liberal de las causas sociales. El partido de los jóvenes, de los indígenas, de las mujeres y de los maestros.
Estamos plenamente convencidos de convertirnos en la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente a las necesidades y exigencias de todos los grupos de la sociedad.
Y es por eso que ponemos a su consideración el presente punto de acuerdo en el que proponemos que el Estado mexicano firme el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a partir de éste se hacen operables y amplios los derechos contenidos en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
El Estado mexicano ratificó el pacto el 23 de marzo de 1981, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos. Esto es justicia igualitaria para todos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce derechos en estos ámbitos y compromete a las partes a trabajar para la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Esto incluye los derechos laborales y los derechos a la salud, a la educación, el derecho a la alimentación, a los beneficios del progreso científico y el derecho a tener un nivel de vida digno.
En esta sociedad del conocimiento, en donde competimos como nación a nivel global, es de vital importancia el dotar a nuestra a nuestros ciudadanos con las garantías para desarrollarse plenamente.
De tal suerte, el protocolo facultativo de este Pacto Internacional sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de éste. Con ello el gobierno mexicano demostraría su compromiso hacia os derechos humanos, pasando de las palabras a la acción en la batalla por la justicia colectiva que tanto hemos buscando.
La entrada en vigor del protocolo, el 5 de mayo de este año, después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, pues reconoce la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de personas o grupos que afirmen que sus derechos en virtud del pacto han sido violados.
Los denunciantes deben antes haber agotado todos los medios domésticos, y no son permitidas las quejas anónimas o las que se refieran a hechos ocurridos antes de que el país en cuestión ratificara el protocolo. Esto garantizará y generará los incentivos para que nuestro país actualice sus procesos de justicia antes de la entrada en vigor de este protocolo.
Este protocolo genera motivos trascendentes para que los estados fortalezcan los mecanismos para la protección de estos derechos humanos, ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido el objeto es complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para lograr justicia en cada asunto social.
El protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginados a que denuncien las violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, y a demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre la puerta para dar respuestas oportunas del comité dependiente del protocolo a violaciones graves y sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación.
Esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es una búsqueda activa de la justicia colectiva. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza los invita a votar a favor del presente punto de acuerdo y que juntos vayamos construyendo esperanza para fortalecer un sistema en el que puedan creer los individuos, los ciudadanos, de todos los estratos, de todos los trasfondos y de todos los colores. Nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras generaciones nos lo agradecerán. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, señor diputado don René Fujiwara Montelongo. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se considera de urgente resolución. Está a discusión. Tiene el uso de la palabra, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados. Un paso trascendental en el derecho internacional de los derechos humanos fue precisamente dotar de subjetividad jurídico-internacional a las personas, al individuo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento de suma importancia en el ámbito internacional y en la materia de derechos humanos, contiene precisamente cuáles son los derechos humanos que se deben de respetar a toda persona sin discriminación alguna, porque carecía en el momento en que fue signada la declaración de obligatoriedad, surgieron dos grandes instrumentos internacionales, precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Éste último es un instrumento que contiene, entre otros, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a una niñez, en fin, un sinnúmero de derechos fundamentales y que al lado de los derechos civiles y políticos vienen a constituir la columna vertebral del derecho internacional de los derechos humanos.
Para, precisamente gocen de garantía y efectiva protección las personas de estos derechos, se requieren de mecanismos de exigibilidad a los estados y para que puedan exigir estos derechos se requieren establecer mecanismos de queja, de reclamación, lo que se ha denominado órganos cuasi jurisdiccionales o jurisdiccionales de protección de los derechos humanos y que los individuos o los propios estados puedan acudir a presentar estos reclamos. Eso es precisamente el mecanismo que se está contemplando en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Por estas consideraciones es de suma importancia que lo ratifique nuestro país, en miras a la entrada en vigor de este instrumento internacional. Va a dotar de una mayor efectividad y va a lograr la implementación efectiva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
También hay otras consideraciones de congruencia por parte del Estado mexicano para ratificar este instrumento, estaríamos actuando acordes con el artículo 89, fracción X, por cuanto uno de los principios de la política exterior de México es precisamente el del respeto y garantía de los derechos humanos.
Por todas las consideraciones antes mencionadas, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votará a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada doña Loretta Ortíz Ahlf. Tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy por hoy, para nadie es noticia que en nuestro país se está padeciendo un grave deterioro de las condiciones generales de vida en un cada vez mayor número de mexicanas y mexicanos a consecuencia, en gran medida, por la implementación de políticas de mercado que han dado prioridad al aumento de indicadores macroeconómicos aun por encima del bienestar de la población.
Los derechos económicos, sociales y culturales son un conjunto de prerrogativas de las denominadas de tercera generación, las cuales están vinculadas a la satisfacción de las necesidades más básicas de las personas en los rubros de trabajo, alimentación, salud, vivienda, seguridad social, educación, cultura, agua y medio ambiente.
La protección de estos derechos cobra importancia dado que constituyen la base para la preexistencia de las personas. Son también las herramientas que les permite alcanzar un mejor nivel de vida en el que puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar al máximo sus capacidades.
La reducción de las desigualdades y asimetrías que existen entre los miembros de una sociedad es una de las principales aspiraciones de este conjunto de derechos. Así, dicha salvaguarda requiere que el Estado interfiera pero que además actúe para procurar la plena efectividad de dichos derechos y así cumplir con su obligación de garante. Actualmente los derechos económicos, sociales y culturales están reconocidos como derechos humanos en diferentes instrumentos internacionales y aprobados por México.
No obstante lo anterior, el Estado mexicano ha actuado negligentemente al desconocer casi por completo las obligaciones y responsabilidades que se desprenden de la firma de los documentos anteriormente mencionados pues hoy, de conformidad con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la economía mexicana se encuentra clasificada entre las peores del mundo con un desarrollo productivo relativamente bajo, con tasas de desigualdad y pobreza de las más altas de los Estados miembros de la organización.
Por lo que la ratificación por parte del Estado mexicano al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es sin duda necesario con motivo de las deficiencias que vive nuestro país en materia de este reconocimiento y respeto a los derechos fundamentales. La sociedad precisa contar con un mecanismo de esta naturaleza en apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, tal como lo precisa el punto de acuerdo objeto a discusión.
Por ello quiero señalar que Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Felicito a nuestro compañero, el diputado René Ricardo Fujiwara, por esta iniciativa. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Francisco Coronato Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Con mucho gusto saludamos a los aunque sea pocos, pero compañeros que están aquí presentes. Con gusto apoyamos la iniciativa de Nueva Alianza para que nuestro país ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Opiderc.
Pero permítanme compartir el razonamiento que nos lleva a esta decisión: justicia que no es aquí y ahora, no es justicia. Enfrentamos un sistema de justicia que en el mejor de los casos nos da miedo, desde ver encaminarse hacia nuestro coche a un policía de tránsito, hasta esperar por lustros una resolución en tribunales; desde ser indiferentes a las muchas personas en las cárceles esperando sentencia, hasta escuchar sobre las fugas multitudinarias en cárceles de alta seguridad.
Por otra parte, en medio de una escala de accesibilidad al sistema judicial, estamos, nosotros, la clase media, quienes aunque no confiamos en el sistema, podemos pagar para que nos defiendan.
Pero en la base de la pirámide están los grupos vulnerables que no pueden ir más allá en la defensa de sus derechos.
Veintitrés por ciento de la población vive sin acceso a la alimentación, 22 por ciento sin acceso a la salud, 22 por ciento sin los servicios básicos a la vivienda y un 62 por ciento de la población no tiene seguridad social.
Los más afectados en estos derechos, por supuesto suelen ser mujeres sin educación formal, indígenas, discapacitados y aquellos en pobreza extrema.
México es uno de los países más desiguales del mundo. Nuestro deficiente de Gini es una vergüenza, como dijo el compañero, considerando que somos parte de la OCDE. Somos los ricos de entre los pobres o somos los pobres de entre los ricos.
Sabemos que tenemos derechos pero no sabemos cómo ejercerlos. En México frecuentemente estos derechos no se pueden reclamar o garantizar. Ante la inefectividad o inaccesibilidad de los mecanismos de justicia, los derechos fundamentales pierden su esencia, pero nuestro temor a la impartición de la justicia en México es un hecho.
Las primeras instancias de justicia son y serán nacionales, nadie va a invadir nuestra soberanía o nuestra autonomía, pero sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos, obliga a México a adoptar medidas y leyes internas que emanen de los tratados internacionales.
Es decir, existen mecanismos internacionales para la presentación de quejas e incluso para arrancar un proceso de reparación de daños.
El Sistema Universal de Derechos Humanos fue creado en 1966 y México se adhirió al sistema hasta 1981, curiosamente 15 años de diferencia que si recuerdan, son una época negra de la historia de la justicia en México.
El Protocolo Facultativo de este sistema se aprobó en el 2008 y México aún no lo ratifica, como ha tenido a bien informarnos el diputado Fijuwara; de eso se trata la iniciativa.
Ahora ¿en qué consiste el Protocolo? En que México valide tres procedimientos de protección de los derechos humanos: la comunicación entre estados; comunicaciones individuales o grupas y en un procedimiento de investigación.
El Protocolo, por más aburrido que suene el título, trabaja a través de un comité de expertos internacionales que examinan las quejas que tengamos y puede iniciar investigaciones sobre las violaciones graves a los derechos consagrados en el pacto, que son los derechos universales.
Ojo, no se trata de una instancia internacional que nos vaya a castigar sobre el derecho incumplido a la alimentación, sino de que esos ciudadanos afectados tengan derecho a presentar su queja ante instancias internacionales para proteger su dignidad.
Debemos familiarizarnos, amigos, compañeros, con términos tan difíciles de pronunciar pero tan importantes como justiciabilidad o exigibilidad de nuestros derechos. En nuestra joven democracia los estados, incluyendo México, estos mecanismos internacionales se convierten en un incentivo de reconocimiento o reprobación de la opinión pública internacional para cumplir con la obligación de dar acceso a la justicia y de dotar de mecanismos para ese exceso.
En México, esta exigibilidad y justiciabilidad están directamente relacionadas con el acceso a la información del sistema judicial. Hay avances. La digitalización de los procesos es un hecho. En los últimos 10 años se ha dotado a lo largo del país de miles de computadoras para los juzgados, se han iniciado los juicios orales.
Como conclusión, hacemos votos para que el Ejecutivo ratifique cuanto antes el PIDESC, que es el protocolo del que hemos estado hablando, para fortalecer el sistema de protección otorgando la posibilidad de exigirlos ante instancias internacionales. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a miembros de comités seccionales y delegados municipales del municipio de Cuautepec Hidalgo, invitados por el señor diputado don Francisco González Vargas. Sean toda y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, diputado Presidente. Una de las reformas constitucionales más trascendentales para nuestro país en materia de derechos humanos al artículo 1o publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 constituye uno de los avances para el pueblo mexicano, dado que coloca a la persona y sus derechos en el núcleo de la actividad del Estado.
Por ello la importancia de que en todo Estado democrático sea indispensable que existan mecanismos nacionales e internacionales, ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones a sus derechos humanos. Pero lo más importante es la reparación del daño por parte del Estado.
Actualmente los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen una doble responsabilidad para el Estado miembro dirigida a personas titulares de derechos como la comunidad internacional.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos tales como el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la cultura, entre otros.
Todos los estados que han ratificado el Pacto se comprometen a respetar, garantizar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación.
En el 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto, que le da facultad al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conformado por un cuerpo de expertos encargados de monitorear los avances del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde examina las demandas interestatales cuando un estado parte considere que otro estado parte que no cumple con sus obligaciones derivadas del Pacto.
Es así como el Estado mexicano ratificó dicho pacto el 23 de marzo de 1981, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la reforma en Derechos Humanos de 2011.
Con ello, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el goce efectivo de estos derechos; sin embargo, la brecha es muy amplia ante las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado mexicano.
En la actualidad es de vital importancia para México ratificar el presente protocolo, debido a la relevancia que están tomando hoy en día sus políticas públicas que necesitan ser vinculadas con prestar mayor atención y dar mayor cobertura a los rubros de salud, educación, trabajo y vivienda, sin olvidar la protección social, ya que actualmente los grupos que sufren mayor discriminación son los jóvenes, mujeres y pueblos indígenas que padecen los más altos índices de pobreza que reflejan la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la exigencia de estos derechos.
Cabe mencionar que este tema de inicio lo propuso mi grupo parlamentario, así como el PAN, y lo bloquearon y votaron en contra los de Nueva Alianza; sin embargo, hoy celebro que se retome y, sobre todo, que se apruebe para el bienestar de nuestro país.
Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, pues la ratificación de este instrumento internacional es un paso muy significativo a la implementación de mecanismos internacionales que permitan fortalecer la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, permitiendo el acceso a la justicia y atendiendo las violaciones graves a través de los procesos de investigación correspondiente. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores: el día de hoy nos ocupa un tema que pone de manifiesto la oportunidad que tiene el Estado mexicano de llevar a cabo un importante esfuerzo en beneficio de toda la sociedad, atendiendo a los compromisos internacionales y salvaguardando los derechos humanos en apego a los principios constitucionales. El respeto y garantía de los derechos humanos constituye la piedra angular sobre la que descansa la razón de ser del Estado de derecho.
Lo anterior se logra mediante las disposiciones contenidas a través de nuestras normas jurídicas que deben de ser acatadas por toda la comunidad internacional.
El artículo 89, fracción X, de nuestra Carta Magna establece, entre otros, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos como uno de los principios de acción política exterior, por lo tanto resulta un deber constitucional garantizar el establecimiento de aquellos instrumentos internacionales que permitan alcanzar dicho fin.
De igual manera, en nuestra Constitución Política se encuentran contemplados el derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda en el artículo 4o, al trabajo en el artículo 123; a la educación en el artículo 3, mismos que se encuentran contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin embargo, como bien lo expresan los datos presentados en el punto de acuerdo, se presenta una ausencia para la reclamación de los mismos, por lo que vemos que existe la urgente necesidad para la firma y posterior ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se establecen los mecanismos de denuncia e investigación para el cumplimiento del Pidec.
En dicho Protocolo las partes firmantes se comprometen en el artículo 1o a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para examinar las denuncias de personas o grupos que afirman que sus derechos, en virtud del Pacto, han sido violados, respetando en todo momento la soberanía de los Estados parte al establecer en el artículo 3, que los denunciantes deben antes haber agotado todos los medios y no sólo permitan las quejas anónimas o las que se refieran a hechos ocurridos antes de que el país en cuestión ratificara el Protocolo, salvo que estos hechos hayan continuado después de esa fecha, así como la facultad del Comité de permitir información y hacer recomendaciones a los países firmantes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, 8 y 9, y los firmantes pueden también optar por permitir al Comité escuchar quejas de otros Estados parte del instrumento contemplado en el artículo 10.
Lo anterior toma una importante consideración si tomamos en cuenta la posición de México en el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde nuestro país afirmó que asegura trabajo en el fortalecimiento del Consejo de los Derechos Humanos, por lo que presentó una candidatura para ser miembro de este órgano durante el periodo 2014-2016, con la finalidad de propiciar un tratamiento objetivo y eficaz de la situación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, para llevar a cabo su labor con eficiencia dentro del Consejo, se requiere de la congruencia necesaria para cumplir y garantizar los derechos contemplados en el Pidec por medio de la ratificación de este Protocolo Facultativo.
Bajo esta tesitura a favor de la defensa de los derechos humanos, merece la pena recordar lo sucedido en el marco de la XVII sesión del examen periódico universal, y en el que el pasado miércoles 23 del presente mes se colocó al Estado mexicano en la palabra para ser evaluado como segunda ocasión en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos, en donde 89 países se inscribieron en la ronda para presentar su posicionamiento y expresar públicamente sus recomendaciones al Estado mexicano.
El informante, previo entregado a México por las organizaciones de la sociedad civil, destacaban carencias en seguridad y acceso a la justicia, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, el arraigo, la tortura, las desapariciones forzadas, así como la exclusión y la violencia hacia grupos vulnerables, como los indígenas, migrantes y mujeres.
Señoras y señores legisladores, la entrada en vigencia del protocolo facultativo representa un logro a la sociedad civil, que llevó a cabo una serie de movilizaciones y campañas alrededor del mundo, convocando a los estados a la ratificación del instrumento.
El día de hoy nos unimos al llamado al Ejecutivo federal, y posteriormente, al Senado de la República, para que congruentes con sus obligaciones de Estado en materia de derechos humanos, hagan accesible a la población este mecanismo internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, procediendo a su pronta firma y ratificación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María Teresa Jiménez Esquivel.
Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Buenas tardes. Con permiso de la Presidencia, con permiso de las diputadas y diputados presentes en esta sesión. Debemos recordar que las reformas en materia de derechos humanos, que se llevaron a cabo en el año 2011, se convierten, sin lugar a dudas, en un parteaguas positivo en materia de derechos humanos para nuestro país.
Estas reformas para la protección de los derechos humanos protegen los derechos fundamentales de los seres humanos, y obligan también a las instituciones gubernamentales a velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la ley suprema y de la legislación en materia de protección, y de efectivo cumplimiento y ejercicio de estos derechos inherentes a las personas.
Recordemos que nuestro país es miembro y ha suscrito 177 tratados internacionales desde el año de 1949. Estos tratados internacionales dan la pauta para garantizar jurídicamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, que por el simple hecho de la existencia de las personas protegen y tutelan el ejercicio y el derecho a una vida digna, a una vida que se lleve de forma adecuada a los mínimos fundamentales para respetar la dignidad humana.
Como es bien sabido, este multicitado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue ratificado por nuestro país, como ya se mencionó, en el año de 1981, salvaguarda diversos derechos, insisto, fundamentales para asegurar una vida digna para las personas, como es el derecho al libre trabajo, al trabajo equitativo y satisfactorio, a la libertad sindical y de huelga, a la seguridad social, a la protección a la familia. A los menores, a tener un nivel adecuado de vida, a la difusión, desarrollo de la ciencia y la cultura, entre otros.
Estos derechos son altamente trascendentes para la vida armónica de un país y son los que se garantizan de forma extrajudicial por el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no tiene otra finalidad más que proteger a las personas y grupos de personas que consideren violentados sus derechos enunciados en este pacto internacional a través de un comunicado presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual tiene a su vez, la potestad por el pacto internacional ya anteriormente enunciado y tienen la obligación de dar trámite correspondiente y, en su caso, establecer la violación o la no violación de los derechos por parte del Estado integrante de dicho pacto.
Es por eso que en el punto de acuerdo presentado por el diputado René Fujiwara es de gran relevancia para nuestro país, ya que tiene como único objetivo, más allá de la simple formalidad de suscribir un protocolo, ampliar, verdaderamente, la protección de los derechos por parte de todas las instituciones gubernamentales.
Tomemos en cuenta que los derechos humanos son amplios. Que estos derechos no se limitan a las decisiones de gobierno sino que conforme a lo que hemos citado previamente, a la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos derechos dan mayor certidumbre y protección jurídica a los seres humanos.
No solamente votaremos de forma afirmativa por este punto de acuerdo presentado por el diputado Fujiwara, sino que ante nuestros compañeros diputados me congratulo por el presente punto de acuerdo, ya que es a través de éste que se dará la pauta para la aplicación de los derechos humanos y la protección de los mismos de una forma efectiva, así como el reflejo de la preocupación que existe en esta Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, respecto a la verdadera protección y garantía de los derechos fundamentales desde el marco internacional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Pedro Ignacio Domínguez Zepeda. Para efectos...
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputada, con qué objeto.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, diputado presidente, para que quede asentado en el Diario de los Debates sobre este punto, comentar que al Grupo Parlamentario del PRD le da mucho gusto que hayan cambiado la posición Nueva Alianza y el PRI, que ahora se congratula por la aprobación del mismo punto, cuando éste fue propuesto por senadores del PRD durante el periodo de la Permanente.
Desafortunadamente lo bloquearon, al final se votó en contra. Y bueno, agradecer que en ese sentido el Grupo Parlamentario del PAN sí estuvo siempre a favor del mismo, no así los que ahora quieren enarbolar una bandera que, la verdad, debería haber sido aprobada desde hace cuatro meses. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. Si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se formula posicionamiento y un respetuoso exhorto a los titulares del Ejecutivo federal y estatal respecto a la situación de violencia en el estado de Michoacán.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo.
Primero. La seguridad es una función básica del Estado, vita para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la aplicación de la fuerza legítima para la protección y el funcionamiento legal de una democracia, y es ineludible la promoción y protección de los derechos humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados formula respetuosamente un llamado a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno de Michoacán, relativo a la reorientación de una estrategia de seguridad y desarrollo implementado en el estado de Michoacán. Y nos sumamos a los esfuerzos y acciones que, en uso de nuestras facultades, nos permitan acompañar para la construcción de un estado con garantías plenas para sus ciudadanos.
Tercero. Que desde nuestra responsabilidad sumamos esfuerzos y pedimos a todos los sectores de la sociedad que unifiquemos las acciones que nos permitan el fortalecimiento, desarrollo social y económico de la entidad con la generación de empleo y el compromiso con la educación y la cultura, pues si bien es cierto que son diferentes deben caminar en paralelo para que puedan ser sustentables o sostenibles.
Firma la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
Se recibió de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 159 y 160 de la Ley de la Propiedad Industrial. Túrnese a la Comisión de Economía para su dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (15:46 horas): Se levanta la sesión. Y se cita para la que tendrá lugar el jueves 7 de noviembre de 2013, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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