Comunicaciones
De la Junta, con cambio de integrante en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea
Retiro de iniciativa de diputada y de diputado
De diversas autoridades, con respuesta a punto de acuerdo
De la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso, con acuerdo
Del Congreso del Estado de Sonora, con acuerdo sobre el PEF 2014
Del Banco de México, con informe relativo a la inflación
De la Junta, relativa a la delegación que asistirá a la Interparlamentaria México-Canadá
De la Junta, que designa a las representantes de la Cámara ante la Junta de Gobierno del Inmujeres
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, PAN
Carlos de Jesús Alejandro, PRD
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
José Antonio Hurtado Gallegos, PMC
María Fernanda Schroeder Verdugo, PRI
Angélica Rocío Melchor Vásquez, PRD
Dictámenes
Votación en lo general y lo particular
Minuto de silencio por la muerte asesinato del Ygnacio López, presidente municipal de Santa Ana Maya
Reanudación de la discusión en lo general
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdo de la Junta, relativo a la comparecencia del director de Pemex
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:19 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano presidente, quiero expresarle mi indignación porque Conaculta, la Cámara de Diputados y el gobierno de Zacatecas invitaron a la ciudadanía a visitar a los artesanos y productores de Zacatecas, del día 4 al 8 de noviembre, según consta en las miles de invitaciones que se repartieron; lo que no se cumplió y se actuó en contra de las disposiciones de los órganos de dirección de esta Cámara.
Pero mi indignación, aparte del trato indigno –valga la redundancia– es por la ruindad y la perversidad del gobierno corrupto de Alonso, de Miguel Alonso, en donde en la prensa oficial en Zacatecas, los oficialistas han pretendido endilgarme lo sucedido aquí con el robo a los productores, y eso no lo puedo permitir, ni admitir; todo por no ser un lambiscón de este gobernante corrupto, que mal gobierna Zacatecas. Fue una grosería inadmisible lo que le hicieron a los productores y artesanos de Zacatecas; haberlos invitado y haberlos corrido antes de que se concluyera la fecha. Por eso, presidente, se debe dar una explicación y hasta una disculpa a los productores y artesanos de Zacatecas.
Estoy enterado, presidente –extraoficialmente, quiero que usted me lo confirme–, que el gobierno corrupto de Zacatecas contrató una empresa; esta empresa subcontrató a otra; y ésta otra subcontrató a otra para instalar los módulos, el escenario y las tarimas. Eso habla de un gran negocio y una gran corrupción. Tres veces subcontratar un escenario y Zacatecas muriéndose de hambre.
Por eso yo le pido que nos aclare y que usted, como Presidente de la Mesa Directiva, diga lo que ocurrió en realidad, porque en Zacatecas hay siempre una campaña de linchamiento a mi persona por la prensa oficial, la que no voy a permitir; les voy a contestar desde aquí a cada uno de éstos que son pistoleros y sicarios del gobierno.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Efectivamente, diputado Monreal, la empresa encargada del montaje ha asumido plenamente la responsabilidad del pago de estos objetos extraviados y está claro que usted no tiene responsabilidad alguna en este asunto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Adolfo Bonilla. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Adolfo Bonilla Gómez (desde la curul): Señor presidente, entendemos el sentido de respuesta que ha dado esta honorable Cámara. Compartimos por supuesto la indignación de que han sido objeto los expositores zacatecanos. No solamente se trató de algunos objetos que desaparecieron en este tema que manejan con el tema del montaje.
Lo que sí yo quiero dejar muy claro es que los expositores zacatecanos se mantienen, sabemos que tenemos productos tanto artesanales que se están ofreciendo y que son de gran calidad; pero me parece lamentable que se utilice este evento para denigrar la imagen de un mandatario zacatecano, para eso hay que tener la cola corta para tener el pico largo y de ninguna manera permitimos que se señale como culpable a un mandatario de un hecho que se atribuye a la Cámara de Diputados, a una empresa en lo particular o que se quieran poner el saco de un señalamiento que no he escuchado que provenga de ninguno de los legisladores zacatecanos ni del propio gobierno del estado.
Sí nos sentimos indignados, sí nos sentimos molestos, pero en verdad nos denigra más como zacatecanos que un legislador con la estatura de un ex gobernador del estado se venga a manifestar en esos términos, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado; quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Dígame, diputado ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, simplemente decirle que ni soy monaguillo ni pajecillo del corrupto de Alonso. No voy a de ninguna manera, a ceder en mi posición de crítica.
Uno de los derechos que me ampara la Constitución es que no puedo ser reconvenido. Y yo no me referí a legislador alguno, dije “la prensa oficial del gobierno”. Y hay dos columnas hoy en Zacatecas, casi escritas de la misma manera, donde cobardemente, ruinmente, me atribuyen a mí que soy el responsable del robo y de lo que les sucedió a los artesanos y me parece que eso no lo puedo admitir, no lo puedo permitir, lo repruebo porque en Zacatecas no hay una sola nota que salga de mí; solamente cuando hay notas negativas, y eso por supuesto sabemos de dónde proviene.
Voy a darle la lucha de frente a este gobierno corrupto y vamos a rescatar a Zacatecas, se lo aseguro.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, diputado Ricardo Monreal Ávila. Sonido nuevamente en la curul del diputado Adolfo Bonilla. Si fuera sobre el mismo tema, le pido cerremos, diputado, no están permitidos los diálogos. Dígame.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez (desde la curul): Concluyo y de ninguna manera estoy reconviniendo al señor legislador y mucho menos le digo monaguillo, sino le diría padre y hermano de una gran familia de gente que ha vivido toda la vida del erario.
En verdad, simplemente quiero dejar muy claro que la postura de nosotros es de sentir un agravio para los zacatecanos por eso que les sucedió a los expositores. Es todo, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Dígame, diputado Monreal. Si fuera sobre el mismo tema, le pido concluyamos; no están permitidos los diálogos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ahí concluimos, Presidente. Le voy a decir una cosa. Él ataca a mi familia, él es hijo de José Bonilla Robles; se han apoderado de terrenos, estaciones de radio, dinero. Y ahora están con dignidad intentando culparme.
Mi familia es honesta. Desde el día que salí de gobernador trabajo. Su padre, desde que salió del gobierno, no ha trabajado y él tampoco. Son parte de la misma ruindad.
Si así quieren el debate, así se los vamos a dar. No le tengo ningún temor ni ningún respeto a esta familia de caciques que han hecho tanto daño a mi pueblo, Fresnillo, Zacatecas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe la Secretaría. Proceda a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se presunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se informa el cambio de un integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés. De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Oficio de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentada el 29 de mayo del año, en curso sea retirada de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Oficio del diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, presentada el 18 de octubre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada, Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, secretario. Sonido en la curul del diputado Antonio García Conejo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Era para hacer un llamado a los compañeros, que es muy penoso que una cuestión donde se perdieron objetos de los queridos artesanos de Zacatecas, pues lo estuvieran haciendo, lo llevaran a otro rumbo. La verdad era un llamado al respeto y obviamente exigir que se investigue a fondo, y que se esclarezcan los hechos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el que remite acuerdo relativo a la fecha del orden rotatorio para el relevo de las representaciones en la presidencia y sus secretarías.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se le asigne una partida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio del Banco de México por el que remite informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Felipe Camarena. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más para dejar asentado, primero el reconocimiento al posicionamiento que usted ha manejado ante los medios de comunicación.
El día de ayer, en el periódico Milenio, sale una nota en relación tanto a usted como a presidente del Partido Acción Nacional, rechazan la campaña contra el voto fiscal emitido por los diputados. Creo que cada uno de nosotros y de parte de nuestros grupos parlamentarios somos responsables del voto emitido en la reforma hacendaria. Lo que no se vale, y es algo que se deslinda el coordinador del estado de Guanajuato, diciendo que deslinda de todo el Partido Acción Nacional por el terrorismo fiscal.
Le puedo decir que la semana pasada, en el estado de Guanajuato, pagado por Acción Nacional salieron fotografías de todos y cada uno de los 14 distritos con sus diputados referentes y cómo habían hecho la votación. Es algo que no debemos permitir.
No me da pena, no me da pena, Ricardo. Con mucho gusto he dicho y lo asentaré, cuál fue mi voto, lo que no se vale es que sean candil de la calle y oscuridad de su casa, que vengan a decir una cosa ante los medios de comunicación y estén haciendo otra cosa totalmente distinta en el país. No solamente Guanajuato, lo hicieron y exhibieron a todos, entonces ellos están instigando a la violencia, están siendo actores directos y es algo que aprecio directamente a usted como Presidente de la Cámara, que ponga orden también dentro de su Grupo Parlamentario. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Sonido en la curul del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Luis Alberto Villarreal García.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. Yo creo que el diputado que me antecedió en la palabra tiene muchas confusiones. La primera de ellas es que el terrorismo fiscal no lo hacen los ciudadanos, sino lo hace Hacienda y que mucho de lo que él y su partido aprobaron tiene connotaciones de terrorismo fiscal contra los contribuyentes.
Si la transparencia de cómo y qué votamos los legisladores no es un derecho de los ciudadanos, entonces se equivocó de parlamento y se equivocó de país. El hecho de que cada quien se haga cargo de manera responsable de cómo votó y por qué voto, y le rinda cuentas y no le dé cuentos a los ciudadanos, es una obligación de los legisladores y así la asimismo en el PAN.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates, diputado Luis Alberto Villarreal García. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. ¿Dígame diputado, con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sobre el mismo tema, presidente. Me parece que cada quien tiene que asumir las consecuencias de su voto. No puede haber opacidad, no puede haber pantanos legislativos donde se pierde cómo se votan decisiones que le afectan a millones de mexicanos. Evidentemente, nosotros no creemos en las campañas de odio, pero sí creemos en la transparencia legislativa.
Creo que la Cámara de Diputados, como un esfuerzo institucional, tiene que seguir difundiendo cómo se votan decisiones que afectan o que comprometen el futuro de los mexicanos, porque, por ejemplo, en el Senado de la República no se puede dar seguimiento a votaciones pasadas, se esconden las votaciones.
Creo que es un buen testimonio que en la Cámara de Diputados todo mundo conozca cómo se vota. Y quien votó por más impuestos, pues la gente que lo sepa; quien lo rechazó, también. No creo que deba ser un tema que escandalice a nadie. Cada quien que se haga responsable de sus actos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ¿dígame, diputado, con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, gracias. Mire, presidente, esto la verdad es que sí es muy importante para los ciudadanos. Sí es correcto que se sepa.
Aquí no se puede ya engañar al pueblo de México. Nosotros lo dijimos en su momento, lo dijo Andrés Manuel en plaza pública, desde el extranjero Peña Nieto acordó con el PRD la reforma hacendaria, hoy por más berrinches que hagan ya quedó claro.
Y dos. Con el PAN acordaron la entrega de la renta petrolera a los privados extranjeros, ya hasta oímos sus declaraciones públicas, de que en efecto, Acción Nacional ya está en la entrega del petróleo a los extranjeros. Eso, obviamente, el pueblo va a estar muy atento al quehacer de los legisladores y nadie se debe espantar.
Los que están espantados son los ciudadanos cada vez que sesiona este Congreso, porque tiro por viaje es lastimar al pueblo de México. Ojalá que esto sirva para que reflexionen sobre lo que van a hacer con la entrega de la reforma energética. Tengan cuidado, porque eso sí no va a aguantarlo ya el pueblo de México.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Miguel Alonso Raya, ¿dígame, diputado, con qué objeto?
El diputado Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, con el objeto de hacer algunas precisiones.
Primero. El Partido de la Revolución Democrática lo que discutió lo discutió públicamente. Hubo legisladores que fijaron una postura en un sentido y otros que lo hicimos de otra manera. Y los acuerdos fueron transparentes y nuestras intervenciones públicas, y no ocultamos nada de eso a nadie.
La Cámara, están publicados los votos en qué sentido se hicieron cada uno. Hicimos e influimos para hacer modificaciones de las iniciativas que mandó el Ejecutivo y eso ahí está, como testimonio.
No acordamos nada en ningún lado con Peña Nieto respecto a lo que se dice, negamos categóricamente eso. Nosotros no ocultamos nuestros acuerdos, los hacemos y los hacemos con transparencia y debatimos con claridad y no ocultamos nuestras intervenciones a nadie.
Negamos, no aceptamos las actitudes intolerantes y el linchamiento, pero cada quien que se haga responsable de lo que hace. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa la delegación de diputadas y diputados que asistirá a la Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de México los días 15 y 16 de noviembre del año en curso.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo.
Primero. Se designa la delegación de diputadas y diputados que participará en la XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en la ciudad de México los días 15 y 16 de noviembre del año en curso.
Por el Grupo Parlamentario del PRI
Diputado Eloy Cantú Segovia
Diputado Javier Treviño Cantú
Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez
Diputado Alejandro Rangel Segovia
Por el Grupo Parlamentario del PAN
Diputada Adriana González Carrillo
Diputado Juan Bueno Torio
Diputado José Ángel González Serna
Por el Grupo Parlamentario del PRD
Diputado Fernando Zárate Salgado
Diputada Amalia Dolores García Medina
Por el Partido Verde Ecologista de México
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández
Por Movimiento Ciudadano
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal
Por el Partido del Trabajo
Diputado Jaime Bonilla Valdez
Por Nueva Alianza
Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas.
Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a las diputadas representantes de la Cámara de Diputados de esta Legislatura ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura designa como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres a las siguientes diputadas:
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Tanya Rellstab Carreto, diputada Adriana Hernández Íñiguez.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada María Celia Urciel Castañeda, diputada Margarita Licea González.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Martha Lucia Mícher Camarena, diputada Julisa Mejía Guardado.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputada Judit Magdalena Guerrero López.
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Lilia Aguilar Gil.
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas.
Segundo. Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se recibió de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 301 y adiciona un artículo 307 Bis a la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Adriana Fuentes Téllez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Adriana Fuentes Téllez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Quiero pedirles el apoyo de todos y cada uno de ustedes para esta iniciativa, la cual es muy noble y consta en instalar bebederos de agua potable en todas las escuelas públicas y privadas. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados en cuestiones de obesidad y de diabetes infantil y juvenil.
El problema de sobrepeso y obesidad se ha acentuado en México, registrando un incremento significativo en los últimos años. Por su magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad, y de manera particular la diabetes, representan ya un grave problema sanitario que afecta de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico del país.
El problema es tal, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el segundo país con mayor obesidad, al ubicarse en 30 por ciento de su población adulta, superado sólo por Estados Unidos de América.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud en 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de adultos en México fue del 71.3 por ciento, lo que representa 48.6 millones de personas. La prevalencia de obesidad en este grupo fue del 32.4 por ciento y la de sobrepeso del 38.8 por ciento.
Indicadores de México, respecto a países seleccionados, nos muestra que México tiene el número uno en el índice de masa corporal de 30, con el 32.8, siendo que Estados Unidos de América ocupa el número dos con el 31.8; Brasil, tercer lugar con el 19.5 y el Reino Unido con el 24.9.
Además, ocupamos el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas. Este diagnóstico ha sido compartido por la actual administración.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se afirma que la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de esta enfermedad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática.
Además de los costos que significa para el sector salud, la atención de las enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad, debe considerarse que existen otros costos indirectos asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos relacionados con la muerte prematura y la reducción de la productividad laboral, así como los problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra enfermedades crónicas no transmisibles.
Asociado a este problema se encuentra el consumo de bebidas azucaradas, el cual se ha duplicado entre los adolescentes y se ha triplicado entre los adultos, fenómeno que resulta preocupante toda vez que esta clase de productos poseen una alta densidad energética y un nulo aporte nutricional.
Partiendo del hecho de que la formación de hábitos alimenticios se adquiere durante la edad escolar, proponemos a través de la presente que se facilite a los educandos la disponibilidad de alimentos saludables y de agua potable justo en los centros escolares.
Dicha medida busca revertir una inercia presupuestaria que se traduce en que el gasto para la disponibilidad de agua potable en las escuelas sea menor al siete por ciento respecto del total que se invierte en educación básica.
La adopción de esta medida evitará no sólo que los alumnos opten por el consumo de bebidas azucaradas, sino que incidirá favorablemente en sus consumos de hábitos que tienen.
Si estamos siendo innovadores al fijar impuestos a los factores alimenticios que inciden en la obesidad, debemos serlo también al rescatar la infraestructura de oferta de agua de calidad en las aulas, para así fomentar hábitos alimenticios saludables.
Por ello, a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores es que presento ante esta soberanía la presente iniciativa que reforma la Ley General de Infraestructura Física y Educativa, la cual busca establecer bebederos en las escuelas públicas y privadas, de forma tal que se garantice un abasto de agua en forma gratuita y de calidad para el consumo humano. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Adriana Fuentes Téllez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez Piña. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de reconocer en esta iniciativa por supuesto la necesidad que existe en todas las escuelas públicas de que existan bebederos.
Para el Partido de la Revolución Democrática sería muy importante, si nos lo permitiera quien ahora promueve esta iniciativa, el podernos adherir, pero preguntarle también si estaría en la disposición de poder poner en esta iniciativa el que no solamente puedan existir bebederos en todas las escuelas, sino que podamos poner que se cuente en este Presupuesto para que en todas las escuelas públicas del país se cuente con agua potable.
Actualmente el 40 por ciento de las escuelas en el país no cuentan con este servicio que es indispensable para poder lograr el propósito que tiene esta iniciativa. En ese sentido hago esta propuesta a quien ahora presenta esta iniciativa, para garantizar este derecho que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes de México, pero que sería importante que pudiéramos garantizar en principio que pudiéramos contar con agua potable.
Un dato más: en el estado de Oaxaca, para ilustrar, hay 2 mil 500 escuelas que no cuentan con agua potable, por consecuencia nos parece indispensable que es fundamental en principio que podamos contar con este beneficio para todas las niñas y niños y por supuesto complementarla para que existan bebederos en todas las escuelas públicas del país. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Si los proponentes no tienen inconveniente, la Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa y la discusión se dará en el seno de la comisión a la que ya ha sido turnada.
Sonido en la curul de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dígame, diputada ¿con qué objeto?
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Si la proponente nos permite, quisiéramos adherirnos y comentarle que es una de las iniciativas más sensatas, probablemente una de las 30 más sensatas que he escuchado en este año y medio que tenemos aquí.
Quisiera también apoyarla en cuanto a que en las escuelas privadas también se lleve a cabo esta iniciativa. Inclusive que el INEGI en el censo que está llevando a cabo actualmente en las escuelas, se ocupe de incluir esta variable.
Y finalmente que el Presupuesto que estamos por aprobar, vaya más allá de las campañas de comunicación social y que efectivamente se vuelva forzosa la iniciativa. Diputada, muchas, muchas felicidades y muchas gracias a nombre de los niños en el país.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, diputada. Sonido en la curul de la diputada María Concepción Ramírez. Dígame, diputada ¿con qué objeto?
La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (desde la curul): Sí, para felicitar esta iniciativa y solicitarle que se acumule a una iniciativa que presenté en ese mismo sentido, que ya está en comisiones y que además también estoy pidiendo que sea en espacios públicos como en jardines y otros lugares públicos y que se apruebe rápido porque esta iniciativa está apoyada por los dos grupos ,ya está en comisiones porque hace 15 días así la pasé; que le demos agilidad porque este es un tema de salud, importante y que está ahorita haciendo un problema en nuestro país el tema de la obesidad. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está en el orden del día, diputada, el turno de la iniciativa a que usted se refiere; en un momento más la turnaremos y efectivamente la turnaremos a la misma comisión como usted lo solicita. Sonido en la curul del diputado René Fujiwara. Dígame, diputado ¿con qué objeto.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Únicamente para felicitar a la proponente de esta iniciativa, por la sensatez, por la sensibilidad que está mostrando también en esta presentación y para solicitarle permita adherirnos a su iniciativa por parte de un servidor y por parte también del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El Presiente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Si los proponentes no tienen inconveniente, la Secretaría la pondrá a su disposición. Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas Chapa. Dígame, diputada ¿con qué objeto?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias, señor presidente. El tema de esa iniciativa es muy sensible y se respalda, pero informar a esta soberanía que ya hay una iniciativa y de hecho hay una aprobación por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la instalación de bebederos de agua potable en todas las escuelas de este país. Entonces ya existe.
Reconocemos la propuesta, pero es importante que este pleno tenga conocimiento. Inclusive la proyección presupuestal elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas de esta Cámara que tuvo a bien entregar a la Comisión de Presupuesto para que tomáramos nuestra definición, ya está en manos de la Secretaría de Hacienda. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Sonido en la curul de la diputada Patricia Lugo. Dígame, diputada, con qué objeto.
La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Presidente, para congratularme de que haya bastante acuerdo respecto a los bebederos. Hace un año yo presenté algo al respecto. Desgraciadamente no fue incluido en el presupuesto, pero me alegra que este año ya esté.
En mi propuesta añadía eso de que esté en los parques públicos y en los jardines porque hay muchos lugares donde las personas no tienen los recursos económicos y es necesario incentivar la activación física. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Alejandro Rangel Segovia. Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Alejandro Rangel Segovia (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con el único propósito de expresar nuestra congratulación a esta iniciativa y a las posibilidades que ya se han manifestado para que se concrete un tema de la mayor importancia social y educativa para las niñas y niños, como se ha manifestado.
Asimismo, adherir la solicitud para quienes están gustando de gastar recursos en espectaculares para señalar las fotografías de quienes aquí votan por una cuestión u otra, cuando estos resultados de la reforma hacendaria y social ya comiencen a plasmarse y hacerse concretos, que es el espíritu de todas las votaciones que hemos realizado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Sonido en la curul de la diputada Adriana Fuentes Téllez, promovente de esta iniciativa. Dígame, diputada, con qué objeto.
La diputada Adriana Fuentes Téllez (desde la curul): Presidente, sólo para agradecer el apoyo de los legisladores a esta iniciativa que acabo de presentar y decirles, porque estaban preguntando las diputadas, que sí se incluyeron escuelas públicas y privadas.
Muchas gracias y estaremos muy pendientes en la Comisión de Educación para que se dictamine muy pronto. Muchas gracias de nuevo, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul de la diputada Nelly Vargas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Dígame, diputada, con qué objeto.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Gracias, Presidente. Con el objeto de apoyar y respaldar la propuesta de mi compañera de la comisión de educación, la diputada Adriana Téllez. Me parece que es una iniciativa muy sensible eso de instalar bebederos en todas las escuelas, sobre todo públicas.
Pero además yo le agregaría que del impuesto que se incluye a las refresqueras, ese peso que se va a cobrar por litro, por qué no se orienta en el presupuesto para cubrir de agua potable a todas las escuelas públicas de este país y aquellas zonas que no cuentan con agua potable. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Doy cuenta, como me ha sido solicitado por la diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, que ha sido recibida iniciativa de su autoría con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del señor diputado Felipe Muñoz. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. También para adherirme a la iniciativa de la diputada Fuentes, pero pedirles que en la comisión donde turnen ustedes este importante asunto, también se contemple la posibilidad de que se instalen bebedores en deportivos, en lugares en donde los jóvenes también tiene actividad física, para que este importante primer paso que se está haciendo, pueda continuar en las áreas donde se reúne la juventud y la niñez de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Finalmente sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar Gil. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Con el mismo objeto, señor presidente. Primero para felicitar y no solamente la sensibilidad política y social de mi amiga y paisana, la diputada Adriana Fuentes, sino para a nombre del Partido del Trabajo sumarme a esta iniciativa y sumar a nuestra fracción a esta iniciativa, dada la relevancia que tiene. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención.
El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Reymundo Nájera Medina. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina (desde la curul): Presidente, también para respaldar esta iniciativa, aunque le quiero decir que esto no es nuevo en educación. Le quiero decir que hay subsistemas educativos en el país que de manera obligatoria ya tienen bebedores de agua potable instalados.
Me refiero concretamente al subsistema homologado de educación media superior y, como siempre, lastimosamente a veces algunas iniciativas con toda la buena intención llegan demasiado tarde, y ojalá se puedan concretizar de manera material. Y solamente para que quede claro, de que ya hay experiencias sobre este tipo en subsistemas educativos en el país. No es nuevo, pero bienvenida la iniciativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es responsabilidad ineludible de este honorable Congreso de la Unión contribuir en lo necesario para garantizar que el monto de los recursos que se destinan para la adquisición, arrendamiento o contratación de servicios de la administración pública federal se realice atendiendo a las mejores prácticas, respetando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez e imparcialidad.
El Estado mexicano tiene como una de sus principales tareas, la mejora y óptimo aprovechamiento de los recursos públicos para ser empleados conforme con los criterios establecidos en el artículo 134 de nuestra Carta Magna.
En los últimos años, las contrataciones que realiza el gobierno federal, han incorporado nuevas formas de comprar. Las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público que se realizaron en 2009, han generado formas innovadoras para el aprovechamiento de los recursos destinados a las contrataciones públicas que representan hasta un 40 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y un 7 por ciento del producto interno bruto de este país.
Ante este escenario resulta necesario emplear todos los recursos que nos ofrece la tecnología para que la administración pública se beneficie de la capacidad de las tecnologías de la información y comunicación, para fortalecer la calidad, la transparencia y la eficiencia del gobierno.
El empleo de las tecnologías reduce esfuerzos y optimiza el uso de los recursos en un escenario económico como el actual, en el que una planeación adecuada, una ejecución óptima y una evaluación pertinente posibilitan prestar mejores servicios, tanto transversalmente como de manera vertical a lo largo de toda la administración pública, incidiendo positivamente en la eliminación de riesgos derivados de una mala ejecución del gasto.
La OCDE destaca en su agenda estratégica de México, la importancia de maximizar estratégicamente los beneficios de las inversiones previas en gobierno electrónico. En este documento se establece que las adquisiciones públicas son susceptibles al desperdicio, al fraude y la corrupción debido a su complejidad, a la magnitud de los flujos financieros que generan y la cercana interacción entre el sector público y privado, por lo que se propone que las adquisiciones se reformen para vigorizar la confianza y la credibilidad en la forma que el gobierno contrata.
Ello permitirá la reducción de costos, el fortalecimiento de la eficiencia administrativa y el mejoramiento de la prestación de servicios. Una herramienta para lograrlo son las contrataciones electrónicas.
Por otra parte, la OCDE también ha señalado que el Estado tendría grandes ventajas si se diera prioridad al uso de procedimientos remotos en las contrataciones públicas y éstos fueran la regla general. Con esta medida se reducirían, por ejemplo los riesgos de colusión entre proveedores y se eliminarían espacios de oportunidad a la corrupción y comunicación entre compradores y proveedores.
Por lo anterior, la presente iniciativa busca establecer que todos los procesos de licitación que se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sean realizados en forma 100 por ciento electrónica, para contribuir a la modernización de la forma en que se contrata en el país, alinear los procedimientos de contratación con las mejores prácticas internacionales y contribuir a la máxima publicidad y transparencia que deben regir todas las compras que realiza al Estado.
Con esta iniciativa propongo que el uso del sistema electrónico de información pública gubernamental de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Compranet, se generalice para brindar a la sociedad mayor seguridad con respecto a la forma en que se emplean sus contribuciones, y ser el único medio para realizar licitaciones públicas, eliminando con ello formas de contratación obsoleta.
De los datos incorporados en Compranet en el año 2012 se compraron, se hicieron 133 mil 177 procedimientos, de los cuales únicamente el 15 por ciento se realizaron de manera electrónica, lo que representa un enorme área de oportunidad para incentivar la competencia y lograr mejores condiciones.
Quiero destacar que el uso de las tecnologías en las contrataciones públicas no es privativo de las dependencias y entidades de mayor tamaño ni restringen las operaciones de las de menor tamaño. En 2012 se identificaron entidades como el Centro Nacional de Metrología, que consistentemente realizó procedimientos electrónicos. Otro caso es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que realizó más de 200 licitaciones electrónicas.
En contraste, dependencias de mayor tamaño como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó mil 935 procedimientos presenciales y solamente 73 procedimientos realizados en forma electrónica, por lo que el tamaño de la dependencia o entidad de ninguna manera constituye un obstáculo para implementar los procedimientos de contratación, 100 por ciento electrónicos.
Compañeros y compañeras, el aceptar que las licitaciones públicas sigan siendo presenciales, es seguir fortaleciendo la discrecionalidad y corrupción de funcionarios públicos y proveedores. Reduzcamos los espacios de corrupción y de colusión, asegurando las mejores condiciones para el Estado, que le garanticen la transparencia y la legalidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Elizabeth Yáñez Robles. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, en Balancán, Tabasco, invitados por el señor diputado don Marcos Rosendo Medina Filigrana. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, damos la más cordial bienvenida a vecinas y vecinos de la delegación Álvaro Obregón, invitados por la diputada Lizbeth Rosas Montero. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias, señor presidente. El mes reciente pasado, el día 12 de octubre se celebra para el calendario oficial, marcando un día como el Día de la Raza, un día sin duda histórico, que los pueblos indígenas no festejamos, sino que es un día en la que los pueblos y las comunidades indígenas alzamos la voz para decir que es el día de la dignidad, de la resistencia y de la identidad de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos.
Es así como, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de acuerdo a lo siguiente.
El día 12 de octubre de 1492, tiene un significado histórico trágico para los pueblos indígenas, porque se trata de un día que marcó el principio de un cambio brusco en la vida de casi 200 pueblos indígenas que coexistían en el territorio mexicano hace 521 años. Hoy quedan poco más de 64 culturas.
Además, que en últimos años se han incorporado otras culturas mayas de Guatemala, a raíz de la guerra interna que vivió este país durante 36 años. Sumado al número de inmigrantes indígenas del Salvador, Ecuador y otros países de Centroamérica.
Sin duda, el 12 de octubre es una fecha infausta para los pueblos indígenas, que tiene un significado llena de injusticias pasadas y actuales, porque está asociada en la historia al dominio y a exterminio de millones de seres humanos, hombres y mujeres que vivieron en este hemisferio.
Y en efecto, del mismo modo, es una fecha coligada después con el comercio y la esclavitud, hermanos negros o afro descendientes que fueron comercializados como esclavos, y traídos, sin su consentimiento, desde África.
Un comercio que se prolongó durante 300 años y fue la más brutal y abyecta etapa de aquella conquista. Trescientos años de batidas, redadas, persecuciones y emboscadas que organizaban los blancos europeos.
América como África fueron saqueadas de su gente, arruinadas y destruidas. Quedaron despobladas vastas extensiones del continente.
Se dice que en la historia a veces es cuestión de suerte, del azar, ¿cuál fue la suerte de Cristóbal Colón, a quien se le asume el descubrimiento de América?
Pero qué hubiera pasado si Colón hubiese llegado a China y desembarcara. Sencillamente, no habría podido tomar posesión del territorio en nombre del rey de España, porque le hubieran salido miles y cientos de miles de ejércitos de caballería para impedirlo, porque los chinos en ese tiempo ya tenían pólvora y los caballos.
Esta historia, sin duda, del día 12 de octubre, que en nuestro calendario oficial reza como el Día de la Raza, hoy pongo a consideración de todas y todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, sabiendo que encontraremos en ustedes la sensibilidad mínima para que podamos reivindicar a nuestros pueblos originarios y a los pueblos afro mexicanos, que de acuerdo al artículo 2o constitucional, les dan el derecho, tienen el derecho legítimo de asumir estos derechos establecidos en este artículo para ser un pueblo equiparable a los pueblos indígenas.
Por ello, sin duda es importante esta propuesta de reforma a esta Ley del Escudo y la Bandera Nacional, junto con el Himno, para proponerles que podamos denominarlo como el Día de las Culturas Indígenas y Afro Mexicanas.
Sin duda, con ello estaremos haciendo justicia, también histórica a nuestros pueblos, al darle un contenido de este tipo, digno de resistencia y de identidad.
No podemos permitir ya que nuestro calendario oficial siga rezando como el Día de la Raza. La concepción, el concepto de raza en nuestra historia contemporánea, sin duda se adjudica a las razas, hablémosles de animales, de ciertas razas de este tipo, donde no podemos permitir ya que a los pueblos indígenas se pueda seguir festejando este día como el Día de la Raza.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, sé que encontraremos en ustedes la sensibilidad suficiente para que podamos aceptar, proponer y por supuesto, en su momento, aprobar esta propuesta de reforma al artículo 18, inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de esta Ley sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacional, para quedar como el Día de la Raza, el Día de la Dignidad de las Culturas Indígenas y Afromexicanas. Con ello estaremos sin duda haciendo historia y justicia también a nuestros pueblos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Carlos de Jesús Alejandro. Túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. Someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma, adiciona y modifica el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las fracciones XI y XII, y adiciona la fracción XIII del inciso a) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cumplimiento de los acuerdos aprobados por las comisiones ordinarias.
Sáinz Moreno, citado por la doctora Cecilia Mora Donatto y Elia Sánchez Gómez en su obra Teoría de la legislación y técnica legislativa, ha señalado que la calidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico ha dejado de ser un problema literario o lingüístico para convertirse en una exigencia constitucional, cuyo incumplimiento implica una obligación del principio de seguridad jurídica.
Agrega la doctora Mora que recobras la centralidad del parlamento, la importancia de todos y cada una de sus funciones, especialmente de la legislativa en el Estado democrático, es una tarea que apremia. Dicho fortalecimiento pasa necesariamente para racionalizar el mecanismo o, mejor dicho, la pluralidad de instrumentos de producción de normas legales.
A esto pretende contribuir la construcción teórica que aquí se ofrece. Persigue desde luego reforzar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, partiendo del principio democrático y representativo cuya encarnación más genuina es el parlamento. Para ello se requiere que sea éste y no otro órgano al que compete la elaboración de las directrices políticas de creación y evaluación de las normas con rango de ley.
Las premisas fundamentales que plantea dicha teoría derivan de las necesidades de racionalizar la producción normativa de los Congreso o generar –como se ha dado en llamarse de manera reciente– un nuevo diseño institucional para la producción de las normas con rango legal, un modelo que permita como mínimo una reflexión más detenida de las causas que motivan la aprobación de una ley, el impacto normativo que producirá dicha norma legal una vez incluida en el ordenamiento jurídico y la evaluación de los resultados provocados, una vez aplicada la misma.
Dicha teoría no pierde de vista que el problema de la elaboración de las leyes no es sólo un problema de buena redacción, sino también de exigencia para volver efectivos los principios de legalidad y de seguridad jurídica en que se inspira un genuino Estado de derecho. En concordancia con la doctora Mora Donato, resulta inminente que en la construcción de las normas sea aplicado un modelo que permita, en definitiva, los elementos antes citados.
Para ello, también es imprescindible hacer reformas al marco jurídico que nos rige específicamente dando solución a un grave problema que expondremos a continuación, y que tiene que ver con una de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política y en relación a las normas concernientes a las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto, establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, afecto de evitar lo acontecido en días pasados con la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.
Es importante resaltar que, una vez habiéndose aprobado por unanimidad de los diputados presentes, en la reunión ordinaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y que fue turnada la iniciativa del diputado Roberto López Suárez, cuyo objetivo es de la mayor trascendencia; en la sesión del pleno en la que se discutió el dictamen en comento, una vez aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, argumentando su perfeccionamiento y atendiendo las diversas preocupaciones escuchadas en el pleno, el titular de la Junta de Coordinación Política manifestó —cito textual—: Se regrese a comisiones el dictamen que está a discusión y con base al 33 y el 34 que usted citó, dirigiéndose al señor presidente de la Cámara de Diputados, como presidente de la Junta le solicito, sea retirado el dictamen, regresando a comisiones y habremos de entregar el artículo correspondiente en unos momentos. Consultando a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se regresa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Lo acontecido aquél día, nos motiva a la presentación de esta iniciativa, la cual tiene como finalidad la prohibición de devolver a la comisión a la cual fue turnada una iniciativa o minuta, un dictamen en sentido positivo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, siendo sólo procedente la anterior devolución, cuando así lo aprueben las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno.
Al respecto, en opinión de Miguel Ángel Camposeco Cadena, el dictamen es un acto de voluntad colegiada que reúne la decisión mayoritaria de los miembros integrantes de un órgano de instancia de decisión, denominado comisión de dictaminación legislativo o comisión dictaminadora. Como documento, constituye el elemento formal que acredita el cumplimiento de una etapa del procedimiento constitucional y reglamentario indispensable para la integración del acto legislativo.
El concepto antes citado nos permite entender la dimensión del alcance del dictamen, por lo cual, no es admisible que sea en votación económica y consultando a la asamblea la devolución de un dictamen a la comisión dictaminadora. Sin duda, estamos obligados a sentar las bases para un fortalecimiento real del Poder Legislativo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura de derecho, de la Universidad Autónoma del estado de Aguascalientes. Invitados por don Pilar Moreno Montoya.
Y a estudiantes de la carrera de derecho, de la Universidad Interamericana de Puebla. Invitados, nada menos que por el señor diputado Samuel Gurrión Matías. Sean ustedes muy bienvenidos.
Esta Presidencia también hace del conocimiento de la asamblea que se encuentran entre nosotros destacadas personalidades que están en esta Cámara con motivo de la Instalación del Grupo de Amistad México-Brasil.
Le damos la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador Marcos Leal Raposo López, amigo muy querido de esta casa.
Le damos también la bienvenida al diputado Julio César Delgado, al diputado Eurico Junior, a la diputada Magda Monfato, al diputado Alberto Filo y al ministro consejero Juliano Feres Nacimento. Sean ustedes muy bienvenidos y que su estancia en esta Cámara les resulte por demás grato.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos don José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes. Toca en turno exponer una iniciativa que presenté aproximadamente hace un año. Lamentablemente ésta fue desechada por no haber sido dictaminada en tiempo.
Y, como en aquél tiempo, de igual forma hoy les invito, les exhorto para que conjuntamente apoyemos esta iniciativa que cambiará a bien el rumbo de vida de millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos que mucho lo van a agradecer.
Todos sabemos que el bienestar social es una de l as más grandes responsabilidades del Estado. El tema de la justicia social es una obligación primordial para todo gobierno. La iniciativa que hoy presento está enfocada al tema del acceso a los créditos que otorga el Infonavit para la adquisición de una vivienda en cualquiera de sus formas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, Apartado A, fracción XII establece que toda empresa, agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada. Estará obligada, según lo determinan las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.
Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales viviendas.
Con base en lo anterior deben resaltarse dos cuestiones fundamentales:
Primera. La Carta Magna pone especial énfasis en que los créditos otorgados a los trabajadores deben de ser baratos y suficientes.
Segunda. Que el organismo que se establezca y administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, deberán tener carácter de utilidad social.
Sin embargo ambos preceptos no se cumplen en el artículo 44 de la Ley del Infonavit y que a la letra dice: “El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose este saldo en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.
“Asimismo los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine el consejo de administración. Dicha tasa no será menor del 4 por ciento anual sobre los saldos insolutos, sabiendo que los créditos se otorgan a un plazo no mayor de 30 años”.
Los argumentos que sustenta nuestra aseveración de que el artículo 44 de la Ley del Infonavit, tal y como está redactado, hacen imposible que se cumpla con lo estipulado por la Carta Magna, toda vez que el artículo 44 al establecer que el Infonavit cobra intereses sobre los saldos insolutos y también actualice el saldo de los créditos, no permite que el trabajador logre liquidar el crédito de su vivienda, pues cada año que pasa se le incrementa la deuda contraída; de esa manera el saldo nunca disminuirá y el trabajador no podrá liquidarlo en el plazo establecido y pactado.
Lo anterior indica que el Infonavit establece un doble mecanismo de interés que permite no sólo mantener el valor del dinero prestado, sino obtener una ganancia adicional a través del incremento de los saldos y de la diferencia que se cobra de los intereses originalmente pactados.
Lo que obtiene por el incremento del saldo, esto es contrario a la esencia para la que fue creada el Infonavit.
Otros elementos contundentes para derogar el artículo 44 de la Ley del Infonavit, es la situación económica tan precaria y problemática por la que atraviesa nuestro país.
Sabemos de la escasez del empleo y también sabemos que los que tienen empleo, tienen un salario mal remunerado, por lo que me pregunto ¿de qué manera el trabajador podrá solventar el pago de su vivienda si difícilmente logra llevar a casa lo indispensable para su sobrevivencia familiar?
Es una vergüenza que esta institución Infonavit se haya convertido en una empresa inmobiliaria, una empresa financiera, un negocio que lastima, afecta y lacera la economía de los trabajadores, además de las amenazas recibidas por los llamados despachos de cobranza que no son más que viles gansters, cuatreros, que utilizan este fin de cobranza para aterrorizar y atemorizar, como siempre, a los más pobres y desprotegidos, a nuestras hermanas y hermanos trabajadores, que son la base productiva de la nación, que han hecho crecer a tantos y a tantos empresarios mexicanos y extranjeros.
Amigas y amigos legisladores: me queda claro que en más de una vez no nos pondremos de acuerdo en lo que aquí discutimos, pero en esta ocasión y en muchas más me gustaría que coincidiéramos y fuéramos juntos en esta iniciativa.
En este momento es posible que miles y miles de trabajadoras nos estén viendo a través del Canal del Congreso, trabajadoras y trabajadores que confiaron y votaron por nosotros y que por ello estamos hoy aquí, en este recinto legislativo, para representarlos como ellos se merecen.
Por ello les reitero que le demos cauce unidos a esta iniciativa que propongo a fin de atenuar el grave problema de endeudamiento que se genera para las y los trabajadores mexicanos.
Concluyo, señor. Compañeras y compañeros legisladores: puedo asegurarles que con éxito de esta iniciativa nos vamos a sentir muy contentos y orgullosos de llevar con honor nuestra trabajo; créanmelo, nos vamos a sentir bien al representar a los más necesitados. Es cuanto, señor Presidente. Muchísimas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra por cinco minutos nuestra muy apreciable amiga la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la asamblea. La siguiente iniciativa, aunque pareciera fuera de todo tiempo político, al menos todo tiempo político que pretenda tomar rajada política de la desgracia de este país, tiene como objetivo venir a modificar la Ley de Protección Civil en relación a lo que tiene que ver con los recursos a los que se puede acceder después de desastres naturales como los que vivimos en septiembre, y no solamente la forma en cómo se puedan acceder, sino también la rapidez con la que se pueda acceder. Me explico.
Como todos ustedes recuerdan –y espero que así sea– en el mes de septiembre las tormentas tropicales, que luego se convirtieron en huracanes Ingrid y Manuel, azotaron a nuestro país dejando al menos a la mitad de la extensión geográfica de la república en una situación completamente desastrosa.
Los daños causados se vieron reflejados en 18 de las 32 entidades federativas, dejando aproximadamente 157 muertes y han afectado a más de un millón de personas en todo el país.
Qué es lo que dejan en evidencia Ingrid y Manuel. Primero la falta de sensibilidad de los gobiernos, desde el municipal hasta el federal. Los excesos de los mismos gobiernos y la confusión y hasta los dimes y diretes políticos que se pueden dar alrededor de un desastre donde hay afectados que perdieron todo, y cuando digo todo es absolutamente todo.
Estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz dejaron ver no solamente la mala reacción de los estados y municipios y las autoridades responsables de protección civil, sino actos de corrupción en la asignación de derechos para la construcción de vivienda, la mala planeación urbana; pero además, la corrupción posterior en la asignación de los recursos para dar seguimiento a los desastres.
Una vez más las circunstancias obligaron a que se pidieran investigaciones y a que en esta tribuna hubiese debates acalorados, interminables sobre quién era el culpable; sin embargo, a los ciudadanos en estos estados de la República no les resolvía nada que vinieran aquí a echarse culpas y/o a defenderse.
¿Qué otra cosa queda en evidencia? La solidaridad de los mexicanos para con los afectados cuando a veces el gobierno se paraliza. Protección civil ha denunciado la falta de inversión para los sistemas de alerta sobre huracanes. México no cuenta con un sistema de alerta temprana para huracanes y tormentas como el de Estados Unidos o el de la misma Cuba.
En la actualidad, Conagua –no Protección Civil– recibe las mediciones hechas por la administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados Unidos, y es entonces cuando se emite a todas las autoridades federales y locales.
En gobiernos anteriores se han aprobado presupuestos para la construcción de un sistema de alerta temprana y aún no sabemos dónde están esos recursos. Las diputadas y los diputados, como siempre, solicitamos que se nos informara sobre el tema y seguimos esperando esta información.
Ahora pareciera que todo está en calma, como esta Cámara, que tiene poca atención y que tiene también poco quórum, pero la verdad es que no es así. Hay gente, sobre todo en Guerrero, que ha perdido la vida, ha perdido su patrimonio, que ha perdido casi todo lo que tenía y que está esperando que el Estado y las instituciones le respondan.
¿Qué es la obligación de esta Cámara de Diputados? Más allá del debate, diría yo casi barato y político que se dio en esta Cámara, de llamar a las culpas, ¿qué es lo que nos queda en lo legislativo? Nos toca pues legislar y modificar las leyes para que podamos responder de forma efectiva a los desastres naturales, y ya pasada las tormentas literalmente, eso es lo que su servidora y el Partido del Trabajo estamos tratando de hacer con esta iniciativa.
Primero, proponemos modificar los plazos para emitir las declaratorias de emergencia, la declaratoria de desastre natural, así como establecer que la manifestación expresa para acceder a los recursos financieros de los instrumentos financieros de gestión de riesgo se consideren a través de solicitudes de dichas declaratorias; es decir, no requerimos un trámite democrático, sino solamente la realidad para poder asignar los recursos necesarios y poder responder a la ciudadanía de forma inmediata.
Y, segundo, cambiar la redacción para cambiar de cinco a tres días, el tiempo en el que se pueda acceder a los recursos que están en el conocido de manera común, como el Fonden.
Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa hemos decidido presentarla en este momento, precisamente para no hacerla una controversia política ni de partidos políticos No venimos aquí a señalar absolutamente a nadie, sino venimos a pedirle a esta Cámara de Diputados que hagamos lo que nos corresponda más allá de los señalamientos políticos y legislemos en la materia, para que no tengamos que esperar el año próximo otra tormenta u otro desastre natural y tengamos que estarnos lamentando aquí que no legislamos en la materia. Ésa es la petición y ésta es la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Lilia. Túrnese a la Comisión de Protección Civil.
Honorable asamblea, nuestros compañeros brasileños nos han comentado que se van a retirar en este momento de la sesión. Les reiteramos nuestra bienvenida. Ellos son invitados de la diputada doña Paloma Villaseñor Vargas, quien preside el Grupo de Amistad México-Brasil, pero quiero hacerles notar que está el diputado Julio César Delgado, que es el presidente del Grupo de Amistad Brasil-México.
Sean ustedes bienvenidos, amables portavoces del mensaje de amistad y compromiso que le envía este cuerpo legislativo a la Cámara de Diputados de la República Federativa del Brasil, un pueblo al que entrañablemente queremos mucho. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, doña Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Ley General de Desarrollo Social. Señor embajador, que esté usted muy bien.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hace algunos días en este recinto y en diversos medios de comunicación fue ampliamente reconocida la hazaña deportiva lograda por un grupo de niños triquis del estado de Oaxaca. De igual forma, a través de una publicación internacional nos enteramos que en Tamaulipas hay una niña cuyo potencial en matemáticas es comparado con el de uno de los grandes inventores de los últimos años, como ese Steve Jobs. Asimismo, conocimos la historia de otro grupo de niñas poblanas que lograron trascender en una competencia deportiva.
Estos ejemplos son sólo una muestra del potencial de nuestras niñas y niños, quienes en condiciones poco favorables, cuando no totalmente adversas, lograron trascender su propia situación personal y familiar. Estas historias comparten un aspecto común; son resultado del mérito personal de estas niñas y niños, así como de sus padres, maestros y entrenadores.
No son como quisiéramos, resultado de las políticas sociales implementadas por nuestros gobiernos mexicanos, por lo que debemos reconocer que aún tenemos mucho por hacer. La pobreza y la falta de oportunidades en distintas regiones del país hace cada vez más grande la brecha de desigualdad, impidiendo que las niñas y los niños puedan superar las expectativas de vida de sus padres.
Expertos en el tema han señalado que la política social, basada en transferencias monetarias y subsidios, no han logrado los resultados esperados para trascender el ciclo intergeneracional de la pobreza. Las cifras no nos dejan mentir, el 53.8 por ciento de la población infantil vive en pobreza. Nuestro país tiene el mayor índice de pobreza infantil dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sólo después de Israel.
Como la población es comparativamente joven y los niños representan casi la mitad de los pobres, en México la pobreza tiene consecuencias a más largo plazo que en otros países de la OCDE.
Según la Organización Mundial de la Salud, muchos problemas que sufren las y los adultos, pueden tener su origen en la condición de pobreza que padecen las personas durante la infancia, por ello se deben construir redes de protección social desde las diversas instituciones del estado, y establecer garantías primarias con respecto a derechos sociales de la infancia.
A la par, constituir a la escuela como un segundo hogar, en donde se les transmitan conocimientos que les ayuden a salir del círculo vicioso que la propia sociedad en muchas ocasiones le ha generado. Un espacio que debe también ser aprovechado para inculcar valores en materia de desarrollo social y plenitud de vida.
La política de desarrollo social, aún no se construye en los términos que establece la Ley General de Desarrollo Social. Por ende, nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera primordial reforzar el corpus de principios a los que debe sujetarse dicha política y adicionar el principio de interés superior de la niñez en el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, en aras de otorgarle la máxima prioridad, cuyo texto propuesto por nosotros es el siguiente.
El interés superior de la niñez implica la obligación para todas las autoridades en la toma de decisiones y actuaciones en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como la obligación del Estado de emprender todas las acciones, medidas y mecanismos necesarios que les permitan alcanzar el máximo bienestar posible, con base en el desarrollo de sus potencialidades.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Compañeras y compañeros diputados, presentamos a su consideración esta iniciativa para seguir cumpliendo con el deber de proteger, asegurar los derechos de la infancia, certificando que ellos merecen crecer en un entorno que garantice su supervivencia y desarrollo.
Solicitándoles además, respetuosamente, a que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 quede plasmado el verdadero interés y compromiso que tenemos con nuestras niñas, niños y adolescentes, para que las hazañas de los niños triquis o de paloma o de nuestras niñas poblanas sean la regla y no la excepción, como ha ocurrido hasta el día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
Esta Presidencia tiene el honor de saludar con mucho gusto y cariño a los alumnos del colegio Anáhuac, alumnos de Bachillerato, de Cuautitlán, estado de México, invitados aquí por nuestro amigo el señor diputado Francisco Javier Fernández Clamont. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes.
Esta Presidencia recibió de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, jalisciense para mayor abundamiento, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas, misma que se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, nuestra muy apreciable compañera, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, de Baja California, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley Agraria.
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo: Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la mujer en el medio rural realiza la lucha social más difícil, no solo desarrolla un papel fundamental en la vida diaria de familia, sino que también es proveedora de ingresos para su manutención y se ha convertido en factor de trabajo productivo para el propio núcleo de población. Su fortaleza en el trabajo y dedicación a la familia merecen nuestro reconocimiento.
La mujer rural es un ejemplo a seguir. El esfuerzo, la entrega, la lucha de las mujeres del campo en situaciones de desventaja y de tanta desigualdad, hace prueba de las capacidades y de las grandes reservas con que cuenta nuestro país. De ahí la importancia que este gobierno y esta Legislatura se ocupen de las reformas legales que social, económica y culturalmente estamos obligados a realizar.
En México viven más de 12 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de desventaja socioeconómica. En el país viven 25 millones de habitantes en localidades rurales. La mitad son mujeres. De acuerdo con el INEGI, en México existen 22 millones de hogares, 5 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23 por ciento del total de unidades domésticas.
En los últimos años la participación de la mujer en la producción de bienes y servicios ha sido significativa. No obstante lo anterior, programas presupuestales como el de la mujer en el sector rural, que busca la generación de ingresos mediante proyectos productivos, no han tenido el suficiente respaldo presupuestario para hacer frente al proceso de marginación del campo mexicano.
Compañeras y compañeros diputados, la problemática que expongo debe ser atendida desde un esquema relacionado con las formas asociativas para la producción, en el cual las mujeres pueden asociarse entre sí. A través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo. Por ello, el presente proyecto propone la adición de un artículo 113 Bis al Título Cuarto de la Ley Agraria, relativo a las sociedades rurales.
Mediante la propuesta se establecen los mecanismos jurídicos necesarios para promover la asociación de mujeres a través de la unidad agrícola industrial y que ésta sea reconocida como una sociedad rural.
El texto que se propone es el siguiente:
Artículo 113 Bis. Las mujeres mayores de edad o menores con familia a su cargo pertenecientes a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de cinco socias. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o de su abreviatura UAIM.
Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, y comercialización. Con la presente iniciativa se busca fortalecer los derechos de la mujer rural, proteger el patrimonio sobre la tierra y promover su desarrollo a través del trabajo productivo, reconociendo su papel, su trabajo y su fortaleza dentro del mismo medio rural. Muchas gracias por su atención, y buenas tardes a todos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Buenas tardes, doña Fernanda Schroeder. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora tiene el uso de la voz don Genaro Carreño Muro, del PAN, de Salamanca, Guanajuato, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a don Sergio Dávila, a don Alfredo Quijada. A don Sergio Dávila, de Tepache; a Alfredo Quijada, de Moctezuma; a Samuel Dávila, de Huachinera; a Hilario Mendoza, de San Javier; a Óscar Díaz, de Bavispe; a Carlos Elías Durazo, de Granado.
Todos ellos alcaldes de estos respectivos municipios. Y al diputado local Abraham Montijo. Todos del estado libre y soberano de Sonora. Invitados por su paisano, el coordinador general del Grupo Parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Sean ustedes muy bienvenidos, y que sus gestiones prosperen como estoy seguro que así será. Adelante, señor diputado. Le ruego me disculpe el saludo tan largo.
El diputado Genaro Carreño Muro: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hablar del progreso de México es hablar de infraestructura. Hablar de infraestructura es hablar de competitividad. Y hablar de competitividad es sin duda hablar de crecimiento y desarrollo.
La infraestructura contribuye a la comunicación y conectividad de nuestras poblaciones, fortalece el desarrollo regional e impulsa las actividades productivas, amplía la cobertura de los servicios, pero sobre todo mejora la calidad de vida de las poblaciones y, por supuesto, es una importante fuente de empleos.
El nivel de desarrollo que existe en nuestro país es diverso, en materia de infraestructura carretera, ya que hay sobre todo regiones que cuentan con una mejor conectividad y de articulación en sus carreteras, es decir, en sus vías de comunicación.
Esta situación se genera principalmente por la insuficiente inversión pública, que no permite atender las necesidades que demandan las entidades federativas en materia de infraestructura carretera, además de una correcta coordinación de los tres órdenes de gobierno para alcanzar estándares en el desarrollo de las carreteras.
Es prioridad que se impulse una red carretera uniforme que cumpla con los estándares de seguridad vial y que favorezca la conectividad y articulación de toda la red carretera en la que la integración de las entidades, los municipios y sus localidades sea de características uniformes, evitando divergencias en sus condiciones físicas y estructurales a fin de evitar accidentes viales.
Hoy en día nuestra red carretera nacional alcanza más de 374 mil kilómetros y sin embargo carece de una homologación que permita que las condiciones físicas, es decir, la construcción y el diseño, falta de mantenimiento correctivo y preventivo, insuficiente señaletica que presentan las carreteras estatales y municipales, sea uniforme con respecto a las carreteras federales, todo esto debido a que carece de una planificación vial.
Es preponderante para nuestra red de carreteras, que cuenten con una estandarización, con el objeto de que tengan las mismas características geométricas y estructurales en su construcción; de igual manera se apliquen programas periódicos de mantenimiento preventivo y correctivo en aquellos tramos carreteros que integran la conectividad entre caminos de jurisdicción estatal, con vías federales o de cuota.
Un aspecto relevante a considerar es que la Organización para la Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, proclamó el período 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar y reducir las víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.
Vale la pena señalar que México ocupa el séptimo lugar mundial y tercero en la región en cantidad de muertes originadas por accidentes viales y por esta causa fallecen al año 24 mil personas, estas cifras que evidencian un serio problema que requiere atenderse por los tres órdenes de gobierno a través de un marco regulatorio y una mejor política pública.
Actualmente, la red carretera de nuestro país suma 374,262 kilómetros, de los cuales 49 mil conforman la red federal. Las redes troncal e intertroncal de 24 mil kilómetros se consideran estratégicas, ya que conectan al 70 por ciento de las poblaciones del país. Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial.
A raíz de la proclamación del Plan Mundial que realizó la ONU, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 06 de junio del 2011, el Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el capítulo IV México Próspero en materia de infraestructura de transporte y logística se reconoce que la calidad en la infraestructura es baja y la conectividad del país debe incrementarse.
Dentro de las acciones que se plantean en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial se menciona: que se deberá participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y del transporte más seguro, a fin de impulsar diferentes puntos.
Mencionaré muy brevemente, la creación y mejora de la normatividad para las etapas de planeación, diseño y construcción; la mejora de la seguridad de la infraestructura vial; la aplicación de la tecnología y el desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios.
En relación a lo anterior, es importante mencionar que un número de accidentes viales se generan por las malas condiciones que presenta la infraestructura carretera. Esto se da principalmente en carreteras alimentadoras, entronques, caminos rurales de jurisdicción local.
Los beneficios que se tendrían directamente con la homologación de la red carretera, entre otros, sería la uniformidad de la red carretera, establecer criterios uniformes y, sobre todo, va a favorecer a aquellos vehículos que transiten, desde los automóviles, los camiones de pasajeros, camiones de carga y demás vehículos que pudieran transitar de manera segura por la red carretera.
La propuesta que estamos generando concuerda con lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo en el sector carretero y con la armonización de criterios para generar convenios de coordinación. La iniciativa de ninguna manera violenta la autonomía y soberanía que tienen los estados y municipios a nivel constitucional. Viene sobre todo a clarificar el marco de actuación.
Termino, señor presidente. Buscamos que se establezca que estos convenios y esta iniciativa, generen sobre todo las mismas especificaciones técnicas y estructurales que aplica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con criterios uniformes en la pavimentación, en la señalización y en la conservación de la red carretera nacional. Es importante precisar que los convenios también tienen como objeto vincular los programas, acciones y recursos para los estados y para los municipios.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal para quedar como sigue
Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte.
Artículo 25. La secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.
La secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios su paso por las poblaciones y dejando la vigilancia de regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales.
Asimismo, la secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales. Éstos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que establecen las normas federales.
Es cuanto, señor presidente. Solicito respetuosamente se incluya íntegramente esta iniciativa, así como el texto en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. Se inserta la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Transportes para dictamen.
Quiero saludar la presencia aquí de un grupo de estudiantes de Derecho Penal de la ENEP Acatlán, que están invitados por el diputado Roberto Ruiz Moronatti. Bienvenidos a la sesión.
También a los estudiantes de la Universidad Insurgentes, que hoy invitó la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos todos a la sesión.
También a algunos alumnos de la carrera de Economía y Finanzas y Administración Financiera del TEC de Monterrey, campus estado de México, que están aquí invitados por el diputado Fernando Zamora Morales. Bienvenidos.
También saludamos a un grupo de diputados locales de Durango que están aquí invitados por nuestros compañeros diputados del Partido Verde, por el diputado Ricardo Astudillo. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez: Con su permiso, señor presidente. Me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, ya que cuenta con 11 mil 592.76 kilómetros de cordón en su parte continental, sin considerar los litorales insulares.
Por su situación geográfica nuestro país presenta distintos climas y condiciones ambientales que propician una amplia biodiversidad en cuanto a especies y ecosistemas.
Al igual que en el resto del mundo, la zona costera mexicana es sitio importante para la ocupación humana. Si bien el porcentaje de mexicanos que habitan en esta zona es menor con respecto al porcentaje del total mundial, no deja de ser relevante el hecho de que se estima que en la zona costera mexicana habita aproximadamente la cuarta parte de la población nacional, situación que irá aumentando debido a la valoración de la misma en los últimos tiempos y al aumento de las actividades productivas que ahí se realizan, provocando migraciones.
De igual manera se puede decir que las tasas de natalidad de la zona costera son mayores que en otras regiones del país.
Para los pescadores ribereños que en parte tiene mucho que ver con su desigual competencia con la pesca industrial, se da en el sentido de la seguridad física.
Al irse degradando el ambiente y sobreexplotando los recursos, los pescadores ribereños tienen que buscar las presas cada vez más lejos en embarcaciones inadecuadas para largas travesías. Esto no ha pasado desapercibido para la FAO ni para la OIT.
La pesca en el mar es probablemente el trabajo más peligroso del mundo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que cada año se producen 24 mil muertes en el mundo en la pesca de captura.
Las consecuencias de estas pérdidas de vidas humanas afectan gravemente a quienes dependen económicamente de ellos.
Las viudas tienen a menudo un bajo nivel social y cuando no existe un Estado que respalde el bienestar de las familias y no se dispone de una fuente de ingresos alternativa, las viudas y sus hijos pueden encontrarse en la miseria.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 1o.: Se adiciona una fracción XXXII y se recorre en su orden las actuales fracciones XXXII a la LI del artículo 4o., y se adiciona un artículo 61 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Artículo 4o.: Para los efectos de esta ley se entiende por, fracción XXXII, pesca ribereña, la pesca comercial que se efectúa con propósitos de beneficio económico en aguas interiores o en aguas marinas. Se puede practicar a pie desde tierra, en aguas someras o con una embarcación sin cubierta corrida y una eslora total máxima de 12.5 metros.
Artículo 61 Bis. En los ambientes costeros del territorio nacional la secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, con la participación de representantes de productores de la región, Inapesca e investigadores, podrán decretar zonas de pesca ribereña basados en la capacidad de carga de los ecosistemas costeros. Las condiciones socioeconómicas y los valores culturales aportados por la pesca ribereña en la región en las zonas de pesca ribereña tendrán como objetivo:
1. El ordenamiento de la pesca realizada por las embarcaciones ribereñas.
2. El garantizar el uso de artes de pesca altamente selectivas y menos impactantes con el ambiente.
3. El fomentar la participación de los habitantes locales en las estrategias de manejo pesquero, y
4. El reconocimiento de los derechos históricos a los pescadores tradicionales.
Las zonas de pesca ribereña se delimitarán a partir de la línea de costa hasta una distancia de al menos 12 millas náuticas. No se permitirá el uso de artes de pesca de arrastre ni de artes de pesca fijas.
El tránsito en embarcaciones pesqueras que no se consideren ribereñas estará limitado exclusivamente a actividades de embarque y desembarque.
Agradezco a mis compañeros legisladores que suscribieron la presente iniciativa y asimismo, señor Presidente, solicito se plasme íntegro el documento en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Así se hará. La iniciativa se insertará íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Pesca para dictamen. Sonido en la curul del diputado René Ricardo Fujiwara.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Muchas gracias, diputado Presidente. Me gustaría solicitar también que se destinara para opinión a la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable la iniciativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente. Queda también turnada para opinión a la Comisión de Desarrollo Sustentable.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Terán Juárez.
El diputado Jorge Terán Juárez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dictamen con proyecto de decreto que hoy pone a su consideración la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, mediante el cual se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene como objeto primordial armonizar y homologar dicho ordenamiento con la reforma constitucional publicada en 2011 en el Diario Oficial de la Federación en materia de derechos humanos y desde luego con las reformas consecuentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La adición que nos ocupa establece como obligación de los servidores públicos del Distrito Federal que, las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en los términos de lo dispuesto por el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De aprobarse la adición que se propone, esta Cámara de Diputados puede estar satisfecha de haber concluido una importante etapa que da cuenta de una importantísima generación de reformas en materia de derechos humanos, la cual coloca a nuestro marco normativo a la vanguardia y en plena congruencia con los instrumentos internacionales suscritos por México.
Esta reforma, sin duda alguna, da respuesta a la ciudadanía y cambiará su percepción sobre los derechos humanos y su relación con los actos de abuso por parte de las autoridades. Tres virtudes fundamentales hay que reconocer a las reformas que antecedieron a la que hoy se plantea y, por supuesto, a esta misma:
1. Elimina la discrecionalidad de los funcionarios públicos para acatar o no las recomendaciones.
2. Siguiendo el principio jurídico de que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado, se obliga a los servidores públicos a responder a las recomendaciones que les presente el ombudsman.
3. En el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá ser pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por la Ley Fundamental y la ley en materia, mandatos lo anterior que, fortalece a los organismos de derechos humanos; otorgan certeza jurídica a los gobernados; refrendan el principio de legalidad; objetiva de nueva cuenta el derecho a la información, pero sobre todo, permite transparentar las acciones y omisiones de los servidores públicos, así como una adecuada y oportuna rendición de cuentas, dando paso a la exigencia de responsabilidades sin que medie ningún obstáculo para ellos.
Por un lado, el ombudsman se hace de mayores elementos para acudir al ministerio público a denunciar si así lo estima pertinente, pero además tiene la facultad de solicitarle a la Cámara de Senadores o en su receso a la Comisión Permanente, llame a comparecer a las autoridades o a los servidores públicos responsables a efecto de que explique el motivo de su negativa a cumplir con las recomendaciones.
En suma, lo que se propone es el ombudsman fuerte, la preservación del Estado de derecho, el establecimiento cabal de las obligaciones de los servidores públicos en materia de derechos humanos y transparencias. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la protección y garantía de los derechos humanos es un aspecto fundamental en la consolidación de nuestra democracia, por lo que este tema ocupa un lugar prioritario en la agenda legislativa de mi grupo parlamentario.
El dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, contiene una propuesta importante que fortalece el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Los órganos protectores de los derechos humanos constituyen un componente fundamental del Estado, amparadas en el orden jurídico mexicano, las Comisiones de Derechos Humanos forman parte esencial en la defensa y protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sobre todo cuando éstos se ven vulnerados por actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor público.
Las recomendaciones son un instrumento jurídico esencial para ejercer un medio de protección para las personas, su objetivo primordial consiste en señalar los servidores públicos que han violado los derechos humanos de un ciudadano y establecen las medidas que deben implementarse a fin de restituir esos derechos vulnerados.
Además de su importancia jurídica, las recomendaciones elaboradas por el ombudsman constituyen un instrumento o denuncia pública sobre aquellos servidores que hubiesen vulnerado los derechos de las personas. Al hacerse públicas las recomendaciones adquieren la legitimidad social que obliga a los servidores públicos a aceptarlas y cumplirlas, aunque en más de las ocasiones lamentablemente no sucede así.
Si bien, tanto en nuestra Carta Magna como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se establece la obligación para todos los servidores públicos a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos, esta reforma abona en el fortalecimiento de nuestro andamiaje jurídico. Con la aprobación de este dictamen, cuando un servidor público del Distrito Federal no acepte o cumpla con las recomendaciones emitidas, éste deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa en términos de lo que marca nuestra Constitución.
Reconocemos que la reforma fortalece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin embargo también debemos remarcar que su alcance es limitado, ya que se omite señalar una sanción específica por el incumplimiento de esta obligación.
La iniciativa que le dio origen y que fue presentada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fue restringida en su alcance inicial. Dicha iniciativa abordaba la propuesta desde una visión integral dirigida a los servidores púbicos de carácter federal. No obstante, la colegisladora envió una minuta que sólo reforma la Ley que rige las responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen porque tenemos la firme convicción de apoyar todas las propuestas encaminadas a proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos, pero también queremos señalar que este tema requiere de un análisis más profundo, a fin de establecer mecanismos eficaces de provean de un efectivo cumplimiento a las recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos en nuestro país.
La importancia que reviste impulsar medidas legislativas en materia de derechos humanos beneficia a la ciudadanía en el alcance máximo de sus libertades fundamentales, así como en el fortalecimiento del estado democrático de derecho.
Como partido liberal, somos receptores de la demanda social que nos exige implementar legislaciones progresivas e innovadoras, que respondan a las necesidades y a las expectativas de la ciudadanía.
En este sentido, Nueva Alianza y su Grupo Parlamentario está comprometido a realizar las propuestas legislativas pertinentes, que garanticen el efectivo cumplimiento del mandato constitucional por el respeto irrestricto de nuestros derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de ciudadanos del municipio de Tultitlán, estado de México, que están hoy invitados por el diputado Marco Antonio Calzada. Bienvenidos a la sesión, bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, el objeto de la reforma es, precisamente, fortalecer la efectiva protección de los derechos humanos.
Queremos destacar que el bien que se pretende tutelar es el cumplimiento de las recomendaciones que emiten los órganos defensores de los derechos humanos, previstos en el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A raíz del surgimiento de los ombudsman, es decir, de los organismos protectores de los derechos humanos, se les han ido otorgando facultades que varían de sistema jurídico a sistemática jurídico.
En el derecho comparado vemos instituciones de ombudsman mucho más fortalecidas, por cuanto sus resoluciones son obligatorias y no recomendaciones. Pero en nuestro sistema jurídico se optó porque sus resoluciones, las resoluciones de los ombudsman fueran únicamente con carácter recomendatorio.
A pesar de carecer de la obligatoriedad de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, en el momento en que se ideó o se racionalizó como fortalecerlo el que tuvieran un carácter vinculatorio, se pensó que era necesario nada más en razón del carácter moral de las instituciones o la importancia de los mismos ombudsman. Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido es que los servidores públicos se han negado a cumplir con las recomendaciones y ni siquiera emiten justificación alguna.
A raíz de la reforma constitucional de 2011, en que se colocaron las normas de derechos humanos al mismo nivel de las normas constitucionales y también de la reciente sentencia o tesis de la Suprema Corte de Justicia en que coloca a las normas de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución, llama la atención que la efectiva protección de los derechos humanos en cuanto a las recomendaciones que emitan los ombudsman, únicamente tengan el carácter de recomendación sin que precisamente se pueda llamar al servidor público a que justifique su negativa a cumplir con la recomendación, y en su momento, no solamente no justificar y cumplir la recomendación, sino hacerlo público.
Por estas consideraciones, es de suma importancia la reforma que se presenta, en particular, en el sentido de que se solicita que la autoridad que es llamada a cumplir con la recomendación y en caso que no desee hacerlo, justifique por qué razones no cumple con la recomendación y lo haga público. Esto es parte del derecho de acceso a la justicia. Toda autoridad está obligada a justificar, a motivar su actuar; de otra forma, el actuar de las autoridades sería un actuar arbitrio y contrario, no solamente a los derechos fundamentales, sino también a lo que es el respeto a las garantías individuales establecidas en nuestra Constitución.
En el dictamen que se nos presenta se pretende, además de establecer esta obligación de justificar y responder por el no cumplimiento de las recomendaciones y no hacerlo público, el que puedan ser responsables, de conformidad con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Desgraciadamente... Digo, es una solución que ahorita se nos presenta, pero también debería fortalecerse, no solamente a través de una responsabilidad de los servidores públicos y haciendo la reforma pertinente, en este caso, sino establecer un delito, incluso, una tipificación de un delito para aquel funcionario o servidor público que no justifique o motive el no cumplimiento de alguna recomendación de algún ombudsman o comisión de Derechos Humanos y que lo haga público.
Por todas estas consideraciones, a pesar de que representa un avance muy importante la reforma que hoy se nos presenta, consideramos que debería avanzarse más en este tema. El Partido del Trabajo va a votar a favor del presente acuerdo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Morelia, que están hoy aquí invitados por el diputado Ernesto Núñez. Bienvenidos a la sesión.
Del mismo modo, también saludo y les doy la bienvenida a los alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, que están aquí hoy invitados por el diputado Gerardo Galeano Rovirosa. Bienvenidos todos a esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Es preocupante el aumento de las violaciones a las garantías fundamentales de los mexicanos. De seis años a la fecha existe un incremento drástico de homicidios relacionados con el crimen organizado, desapariciones forzadas, arraigo, tortura, feminicidios, atentados contra periodistas y maltrato a migrantes.
No obstante lo anterior, el Estado mexicano ha incumplido con algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según datos del tercer informe de labores del titular de esta comisión, en el 2012, 36 recomendaciones, es decir, el 35 por ciento de las 93 totales por violaciones graves a derechos humanos fueron remitidas a las secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, Marina, Gobernación, y al Instituto de Migración por los delitos de tortura, cateos y retenciones ilegales, desaparición forzada y violaciones sexuales.
Igualmente, han crecido en gran medida las faltas a los derechos humanos. En el 2005 solo hubo una queja por tortura. En contraste, en el 2011 se registraron 2 mil 40 quejas por tratos crueles e inhumanos.
De igual manera, en el 2005 se tienen registradas 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad pública y en los recientes tres años la cifra subió un 84 por ciento, sobre todo en: cateos ilegales, detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas y desaparición forzada de personas.
A la fecha de hoy se tiene la tarea de investigar 2 mil 126 casos de desapariciones forzadas y 24 mil 91 personas han sido reportadas como extraviadas y no localizadas. En México las violaciones a los derechos humanos deben ser impulso de unidad para solventar injusticias y avanzar hacia una cultura de la legalidad, y así sumar los esfuerzos que sean necesarios a favor de los derechos de todas y todos los mexicanos.
Estamos a favor de este dictamen de ley, de reforma, bueno, que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que debemos establecer medidas que al menos hagan pública la decisión de los gobiernos con respecto a estas resoluciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque de esta forma estos servidores públicos estarán obligados a responder recomendaciones que les presenten los organismos y, en caso de no aceptar dichas sugerencias, estos servidores públicos tendrán que fundar, motivar y hacer pública su negativa. Y esto ayuda a la publicidad de las decisiones de los gobiernos.
No deja de ser para nosotros indignante que las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien está documentado, se le infringen, se le aplican al ciudadano común y corriente, resalta el golpe que se les aplica a los activistas sociales, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y fotorreporteros, a quienes se oponen a los mega proyectos, a las mineras o quienes se organizan contra los altos cobros de la energía eléctrica y del agua potable, hay que resaltar la persecución en el norte y en el estado de México de las mujeres y de las militantes feministas. Por eso nosotros vamos a votar a favor a la luz de una problemática que es escandalosa en este país.
Cabe señalar que independientemente de esta guerra que hay entre las bandas del narcotráfico y la supuesta persecución que hace el estado Mexicano, por cierto, sin una estrategia clara desde hace por lo menos ocho años, nosotros queremos señalar que esto tiene que ayudar a visibilizar otra cosa. Y esa otra cosa es la criminalización de la protesta social, porque buena parte del ataque a los derechos humanos se da –repito– en contra de activistas precisamente que defienden y difunden los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones, del señor Pak Gum Guang, vicepresidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Partido del Trabajo, de la República Popular Democrática de Corea; así como del excelentísimo señor embajador, An Kun Song, por supuesto de la República Popular Democrática de Corea, en México; así como de un grupo de funcionarios coreanos que están aquí hoy, invitados por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, y que hoy nos honran todos con su presencia. Sean ustedes bienvenidos y también sean portavoces de un mensaje de amistad de la Cámara de Diputados al pueblo y al gobierno de la República Popular Democrática de Corea.
Tiene la palabra, la diputada Laura Ximena Martel Cantú, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy se presenta tiene como objetivo homologar y dotar de la coherencia necesaria a la legislación secundaria en relación con la ley fundamental, compromiso incansable de esta Cámara en el ideal de perfeccionamiento de la norma jurídica.
El dictamen a discusión reviste de una importancia trascendental para el avance democrático del país, así como para el reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos en México.
Con la adición propuesta al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se armoniza el marco normativo secundario con lo ordenado en la ley fundamental, evitando vacios jurídicos sobre las obligaciones a que los servidores públicos de los tres Poderes de gobierno del Distrito Federal están sujetos.
Se otorga seguridad y certeza jurídica a los gobernados, en relación a su derecho a acceder a la información pública, así como en su garantía de legalidad y se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas a que todo servidor público está obligado.
Esta adición representa un avance importante en el régimen jurídico tutelar de los derechos humanos en México, toda vez que posibilita el mandato constitucional para su debida observancia. La discrecionalidad en los actos de quien ostenta la función pública contribuye a la opacidad gubernamental y, por ende, impide una auténtica transparencia y rendición de cuentas, tal y como lo exige nuestro régimen republicano y el Estado de México.
En este sentido, incorpora en la ley la obligación de los servidores públicos a responder las recomendaciones que les presenta el Ombudsman, así como a fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no acepten dicha recomendación, fortalece a los organismos de derechos humanos y privilegia el imperio de la ley.
Fortalece al Ombudsman, ya que sus recomendaciones no quedarán en el olvido, sino que al organismo garante de los derechos humanos se le reconoce autoridad para recibir una respuesta por parte de los servidores públicos, lo cual resultará un elemento fundamental para las actuaciones que decida emprender en la exigencia de responsabilidades.
Exigencia que involucra a este Congreso a través de la Cámara de Senadores y en su calidad de máximo representante de los intereses nacionales para hacer comparecer, a petición del Ombudsman, al funcionario público que hubiere manifestado su negativa para cumplimentar las recomendaciones. Es decir ya no es una simple sugerencia que puede pasar inadvertida, sino una recomendación que debe atenderse oportunamente y que amerita una responsabilidad por parte del funcionario público en caso de incumplimiento.
En razón de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México votará en sentido positivo el dictamen, sabiendo que de esta manera se continúa dando observancia plena y efectiva a las garantías de seguridad jurídica y legalidad que establece la Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos, a la vez que desde la ley se perfecciona el cabal desempeño de la función pública en lo que respecta al respeto a los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del señor Henry Cuellar, representante del Congreso de los Estados Unidos de América por el Parido Demócrata, que está aquí invitado por el diputado Marco Antonio González Valdez. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Le damos nuestros mejores deseos de que su estancia tenga toda la motivación y la satisfacción que merece. Gracias por acompañarnos.
Tiene la palabra el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen elaborado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta soberanía tiene por objeto que todo servidor público que no acepte o no cumpla cualquier recomendación emitida por los organismos defensores de los derechos humanos, ya sea nacional o locales, debe proceder a hacer pública su negativa fundando y motivando los argumentos que orientan su actuación, tal como lo mandata el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De la lectura del dictamen en comento se desprende que en la exposición argumentativa para avalar la modificación propuesta, se destaca el fortalecimiento de la actuación de los órganos de los derechos humanos en nuestro país.
De ninguna manera se trata de un asunto menor además de que no pasará desapercibido, pues no obstante que las recomendaciones emitidas por dichos organismos no tienen carácter vinculatorio, puede constituirse en un indicador de la situación que guarda la tutela de los derechos humanos a fin de adoptar las medidas conducentes en los casos en que sean rechazadas por algún servidor público.
De esta manera se estará abonando a conocer de manera pública y oportuna, a identificar a quiénes y cuáles son los niveles de autoridad que se resisten a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas según sea el caso que corresponda.
En un país donde la opacidad ha tomado carta de naturalización en muchos ámbitos de la esfera pública, la propuesta apoyada por el presente dictamen, puede convertirse en un instrumento que inhiba o evite la repetición de prácticas ocurridas al amparo de la fala de mecanismos de rendición de cuentas en el tema del respeto a los derechos humanos.
Conviene recordar que no obstante los avances logrados en la materia, aún persiste en el comportamiento de un gran número de servidores públicos la tentación de pasar por alto la observancia del marco normativo correspondiente, incurriendo en actitudes que luego de ser conocidas oportunamente, pudieran dar la oportunidad de ser sancionadas de manera ejemplar por las instancias correspondientes.
Son muchos los grupos o personas que debido a su condición socioeconómica de género, de origen étnico o nacionalidad, entre otros factores, son altamente vulnerables y pueden verse expuestos a la violación de sus derechos humanos, ante la preservación de inercias que no han podido ser desterradas del escenario nacional.
Desafortunadamente las condiciones de desigualdad que agobian a millones de mexicanos, generan las condiciones en que las violaciones a sus derechos humanos ocurren de manera constante a lo largo del territorio nacional, sin olvidar que el fenómeno de la migración ha propiciado episodios altamente reprobables, afectando en gran medida a las personas que se internan en nuestro país provenientes de otras naciones, intentando llegar al país vecino del norte.
La debilidad de la vida institucional que aún padece el Estado mexicano, exige concurso de todos los actores que puedan colaborar de manera decidida para revertir esta situación.
Corresponde al Congreso legislar en una materia de enormes repercusiones sociales como la que hoy nos ocupa, cumpliendo con el desempeño de una tarea esencial consistente en precisar el cuerpo normativo correspondiente, las disposiciones a que están obligados los servidores públicos que traten de evadir el cumplimiento de sus responsabilidades en lo que concierne a las recomendaciones emitidas por los organismos que velan por el respeto de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Saludo al presidente y regidores del municipio de Valle de Juárez, Jalisco; el presidente es José Manuel Chávez Rodríguez, que están hoy aquí invitados por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Bienvenidos a la sesión, bienvenidos a la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Omar Borboa Becerra, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Omar Borboa Becerra: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido Acción Nacional desde sus orígenes ha reconocido que los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia, son expresión concreta de la dignidad humana, de un pleno conocimiento y protección jurídica que depende de la existencia de un Estado democrático de derecho.
Por lo tanto el Estado a través de sus instituciones debe velar y proteger para fortalecer a quienes actúan en defensa de los mismos y justamente con esta reforma que aquí se discute es como se avanza para la consecución de tal propósito.
Este dictamen es el resultado de la actualización de nuestros ordenamientos jurídicos que debemos continuar revisando, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue aprobada en el 2011.
Como todos sabemos, en ella se fortaleció el carácter y las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableciendo que las autoridades que no cumplan con el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, deben comparecer ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente a efecto de que se explique el motivo de su negativa, cuando así se le solicite.
Esta disposición ha sido retomada en la Ley Federal de los Derechos Humanos, estableciéndose en su artículo 46 el procedimiento que debe seguirse, lo cual implica por sí una obligación a cargo de los servidores públicos federales y es considerada la aplicación que tiene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La reforma que estamos por aprobar tendrá una aplicación únicamente en el ámbito del Distrito Federal para los servidores públicos, órganos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
Sin lugar a duda, esta reforma contribuye a cubrir los vacíos que pudieran llegar a existir y en caso específico las referidas autoridades del Distrito Federal podrán ser responsables administrativamente por no aceptar o no cumplir recomendaciones que les dirija el órgano de derechos humanos nacional o local.
Con este dictamen lo que se pretende es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea un poquito más coercible porque anteriormente, como vulgarmente le llaman en los pueblos, eran como llamadas a misa: hacían recomendaciones, las cuales ignoraba completamente la autoridad. Con esto, lo que queremos proponer es que digan el porqué, que funden y motiven el porqué no cumplieron con esta norma o el porqué no aceptaron esta recomendación.
En Zapopan hubo una recomendación sobre algunas personas que hacen inspecciones de rutina y ya tuvimos un muerto. La semana pasada un policía baja a unos jóvenes para hacer una inspección de rutina, se dispara una bala y le da en la cabeza al joven de nombre Erik, y es muerto.
Por ese motivo y por muchos más es que apoyamos que las recomendaciones de derechos humanos digan el porqué no las aceptan para que se funde y se motive y posteriormente se les ponga alguna falta administrativa, si la autoridad no cumple o no lo ve así.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen toda vez que nuestras prioridades son velar por el respeto de todos los derechos humanos, el fortalecimiento a las atribuciones de los órganos encargados de la defensa, así como ha velado porque las autoridades respetan y protejan el ejercicio de este derecho fundamental. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la voz la diputada Mirna Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Mirna Velázquez López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, expresa su voto favorable al dictamen que aquí nos ocupa de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que preside nuestra compañera diputada Arely Madrid Tovilla. Por ello implica dar cumplimiento al mandato constitucional, particularmente de lo establecido en sus artículos 1o, 102 y 136.
Queda claro que todo acto de autoridad debe estar siempre fundado y motivado. La negativa de aceptar las recomendaciones de los organismos de protección a los derechos humanos legalmente reconocidos no puede ni debe ser la excepción. Es menester eliminar toda discrecionalidad de los actos de los funcionarios públicos porque ésta resulta tierra fértil para la corrupción y el abuso de autoridad.
El dictamen que aquí nos ocupa plantea una reforma necesaria que permite armonizar al marco normativo en la materia. Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sufrieron sendas adecuaciones, quedando pendientes la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que hoy nos ocupa.
Incorporar como obligación de los Servidores Públicos el hecho de que las recomendaciones que les presenta la institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y que en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá ser pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Renueva la vigencia de lo establecido en el propio artículo 47 sobre las obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
En suma, la reforma a discusión impide que los servidores públicos tomen las recomendaciones del ombudsman como asuntos menores y sin importancia, como asuntos que pueden ser simplemente archivados como si fueran cosa juzgada.
Evita que la observancia y respeto de los derechos humanos sea discrecional para los servidores públicos, y ello implica que de ahora en adelante comience un nuevo paradigma, en donde la cultura de los servidores públicos hacia los derechos humanos y sus organismos garantes irá más allá de la ética pública al que están obligados, sino que ahora esta cultura estará orientada por la ley y sujeta a obligaciones constitucionales y legales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 401 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen por la Comisión, el diputado José Guillermo Anaya Llamas.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta honorable asamblea el dictamen, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIX al artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La iniciativa en estudio, cuyo autor el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, fue aprobada en el seno de la comisión, dado que busca un propósito encomiable, que el Estado apoya a las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto consiste en la búsqueda de personas desaparecidas, sustraídas o extraviadas.
No cabe duda, que la participación ciudadana espontánea u organizada enriquece a la democracia, y tanto esta Cámara como la comisión que presido, han aprobado dictámenes con una senda vocación de acrecentar la intervención de la sociedad civil en los asuntos que afectan a su comunidad.
Un reconocimiento que el Poder Legislativo ha hecho de este particular, es la expedición de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya entrada en vigor se dio a inicios de 2004.
Este cuerpo normativo que es sobre el que versa el presente dictamen, establece una infraestructura jurídica por medio de la cual interactúan el Estado y la sociedad civil, fomentando las actividades que realizan las organizaciones del tercer sector que enlista su artículo 5o.
En el caso concreto de las personas desaparecidas y los menores de edad sustraídos o extraviados, el papel que juegan estas personas morales es esencial, ya que justo como menciona el licitante, en ocasiones la saturación de casos o la falta de recursos de organismos de seguridad pública y de procuración de justicia, y en ocasiones la falta de sensibilidad y pericia del personal encargado, desembocan en que el aparato gubernamental se torne insuficiente para la recuperación de las personas en tal situación, e incluso, para tutelar el derecho a la información y a la verdad de quienes integran estas organizaciones.
Esto, porque en general estas agrupaciones se conforman de familias o seres queridos de las personas de quien se desconoce su paradero, siendo esta causa común, tanto el origen de cohesión como la razón por la cual existe, en las mismas, una mayor persistencia en la búsqueda y en la asistencia de las autoridades.
Con este dictamen, la Comisión de Seguridad Pública pretende ir más allá en la tutela de los derechos humanos, para que no solamente se garantice el derecho a formar o participar en las organizaciones de la sociedad civil con este noble objeto, sino también el que se fomenten sus actividades a través de los mecanismos previamente establecidos para ello por nuestro país.
Cabe señalar, que diversos diputados de esta comisión hemos tenido contacto con organizaciones del objeto que se pretende fomentar con la iniciativa, tales como Fundem, Fundec, CADHAC, el Centro Fray Juan de Larios, entre muchos otros, y sus experiencias nos han enriquecido en el trabajo legislativo, por lo que expresamos nuestro más sentido reconocimiento a su labor.
De dichas oportunidades de aprender de quienes de primera mano saben lo que es desconocer el paradero de un ser querido y la lucha y los sacrificios que implica su búsqueda, nos percatamos de que no solamente es la persona desaparecida, sustraída o extraviada sino también sus familiares y allegados, quienes son víctima de estos funestos acontecimientos.
Por ello, en los trabajos de esta comisión, decidimos ampliar la esfera en fomento, pretendida en la iniciativa original, para que no solamente se apoye a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la búsqueda de las personas con paradero desconocido, sino también que se fomente a aquellas que pretendan apoyar a quienes emprenden dicha búsqueda, ya que en muchas ocasiones pierden su empleo, su tranquilidad y hasta su salud.
Con este dictamen las y los diputados que formemos parte de la Comisión de Seguridad Pública, reiteramos un compromiso con la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos, por lo que esperamos contar con el apoyo de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don José Guillermo Anaya Llamas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, estando ya a discusión, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Antes de comenzar quisiera felicitar a la Comisión de Seguridad Pública por este esfuerzo que están haciendo, de empoderar a la sociedad civil. De verdad, muchas felicidades al presidente, Guillermo Anaya.
Compañeras y compañeros diputados, el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública tiene como objeto adicionar una fracción XVIII Bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de incorporar la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados, y de personas mayores de edad desaparecidas como objeto de fomento en los términos de dicha legislación.
La sustracción o extravío de menores y de personas desaparecidas se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, el caso de menores de edad que caen en situaciones que atentan a la dignidad, como la pornografía, tráfico de órganos o adopción ilegal indican cifras preocupantes.
La atención de las instituciones públicas a estas problemáticas resultan insuficientes, por lo que la participación ciudadana resulta indispensables, y por ende, debe ser auxiliada y reconocida.
La desaparición de una persona es una tragedia para el agraviado, sus familiares y para la propia comunidad.
Muchas familias no solo se encuentran en la tragedia, sino que además tienen que lidiar con las consecuencias derivadas como la pérdida repentina de ingresos y de la prestación de servicios sociales como de la salud o la vivienda.
Es importante sumar los esfuerzos de todos los actores y poner a disposición los recursos necesarios para incrementar la búsqueda de estas personas.
En México son muchas organizaciones que se dedican a esta noble tarea, sin embargo, actualmente la ley omite sus respectivas atribuciones, referente al apoyo a las autoridades competentes en la atención, búsqueda y localización de las personas en comento.
El presente dictamen es oportuno y necesario, por eso Nueva Alianza votará a favor del mismo. Es necesario ampliar en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil las facultades a las organizaciones civiles para que puedan continuar trabajando con el respaldo de la ley hombro a hombro con las autoridades competentes, a fin de que en conjunto –gobierno y sociedad– podamos contribuir todos con los recursos disponibles para la búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados, y de personas mayores de edad desaparecidas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Fernando Bribiesca Sahagún. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. La dolorosa realidad de las personas desaparecidas no puede ser más que superada por la dolorosa zozobra de no saber de las familias dónde se encuentran nuestros seres queridos.
Nosotros, en Chihuahua, vivimos no solamente en carne propia desde la década de los 90 la participación de las sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas, sino que en encabezamos a través de muchas organizaciones de sociedad civil, que deben ser dignas de reconocer –y cuando digo encabezamos lo digo como chihuahuense, no como activista de estas organizaciones, porque hay que darle valor a quien valor merece–, y organizaciones que han participado para la búsqueda de mujeres desaparecidas a causa de los feminicidios en Chihuahua deben ser reconocidas como pioneras para que una iniciativa como ésta sea una realidad.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que finalmente el Estado reconozca que no puede todo y no puede contra todos. La colaboración de la sociedad civil no habla más que de la elaboración del contrato social, que muchos de nosotros consciente y otros de manera inconsciente hemos firmado y tenemos con el gobierno.
El reconocimiento del Estado de su incapacidad para poder hacer frente a situaciones como la búsqueda de personas desaparecidas y el reconocimiento del esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a la búsqueda de personas, ya sean sus familiares, ya sean sus vecinos, o cualquier interés que puedan tener sobre grupos en específico, niños desaparecidos, mujeres desaparecidas, adultos mayores desaparecidos, el reconocimiento del Estado es también el renacimiento de que la sociedad organizada mexicana tiene un impacto y que es –valga la redundancia– reconocida por el Estado.
¿Qué es lo que sucede con estas organizaciones de la sociedad civil actualmente? Son ciudadanos comprometidos, madres de familia, tías, abuelas, padres, que se dedican a esta labor social, por decirlo entre comillas, de ayudar a las autoridades casos y cosas que están sin resolver en la desaparición de personas. Lo hacen sin recursos, sin reconocimiento y muchas veces poniendo en riesgo su propia vida, como sucede con los desaparecidos relacionados con el crimen organizado.
Estas personas, ciudadanos de la sociedad civil, ciudadanos de a pie, están pues realizando una labor de Estado, sin el reconocimiento del mismo y sin el apoyo tampoco de éste. Esta iniciativa viene a hacer este reconocimiento, pero además tendrá como consecuencia que estas asociaciones civiles puedan tener el apoyo financiero que así lo requiere.
¿Por qué nos parece de la mayor trascendencia? Porque finalmente el sistema de justicia en este país aún no funciona, esperemos que así sea, pero aún no funciona y entonces no podemos dejar la investigación en un Ministerio Público que está completamente paralizado e incompleto y no podemos dejar en un Ministerio Público la investigación de nuestros seres queridos y de nuestras personas, de nuestros vecinos que han desaparecido.
Entonces el reconocimiento de estas organizaciones civiles para que vengan a coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas, no solamente da un paso en el sistema de justicia de este país, quiera o no quiera reconocerse de esta manera, sino también en el reconocimiento del sistema democrático del mismo, cuando reconocemos la coadyuvancia y la cooperación que puede tener una sociedad civil organizada en el papel y las actividades del Estado.
Nosotros nos congratulamos de esta iniciativa, votaremos a favor y creemos que éste, como muchas otras iniciativas que han pasado desapercibidas en este pleno, es un paso para que la sociedad civil mexicana se fortalezca y llegue un momento, aunque tengamos un gobierno pequeño, y una sociedad civil fortalecida. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida, a invitados que nos acompañan del estado de Querétaro. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, a estudiantes de la preparatoria del Colegio Panamericano de Texcoco. Invitados por la diputada Erika Funes Velázquez.
Lo mismo que a estudiantes y maestros de la licenciatura en criminología, también de la Universidad Autónoma de Querétaro. Invitados por la diputada Delvim Barcenas Nieves.
A alumnos del Grupo Educativo IMEI, Plantel Tepotzotlán, estado de México. Invitados por el diputado Juan Carlos Uribe Padilla.
Finalmente también, a estudiantes del Colegio de Bachilleres, del municipio de Pajacuarán, provenientes del estado de Michoacán. Invitados por el diputado Antonio García Conejo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Adelante, por favor, señor diputado.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Cada minuto en todo el mundo desaparecen miles de personas, desgraciadamente muchos son encontrados sin vida y de otros no se vuelve a saber de su paradero.
En México las cifras de desaparecidos difieren entre instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Por ello no se tiene con exactitud una cantidad precisa de las personas extraviadas.
Según informes de la Procuraduría General de la República, en el periodo 2005-2006 se reportaron alrededor de 32 mil niños robados o desaparecidos. Para el 2009 los datos fueron de 45 menores de edad. El Senado de la República dio a conocer que durante el periodo 2007 al 2011 los niños desaparecidos en México ascendían a 150 mil.
Por otro lado, las organizaciones civiles establecen que en México han desaparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos seis años, de los cuales el 58 por ciento tienen entre cuatro y 12 años. Las cifras no oficiales por las mismas agrupaciones dedicadas a la búsqueda de menores, señalan que en el país desaparecen anualmente 45 mil mexicanas o mexicanos.
Esta gran tragedia que padece México no es de números y estadísticas. Es de personas que día a día sufren. Niños, niñas, adolescentes, personas de la edad de oro que sus vidas han sido truncadas de manera violenta.
Los lugares donde más alto índice de desapariciones son el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco. En el país no existe una base de datos oficiales que indiquen la cantidad de identidad de los desaparecidos, por lo que debemos dar herramientas e importancia a la sociedad civil, ya que muchas veces son los únicos con interés para rescatar a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Con el apoyo de la sociedad civil el gobierno deberá cumplir de manera más eficiente el propósito de incorporar la atención, búsqueda y localización a las personas desaparecidas. Debemos poner un alto a los casos que atentan contra la dignidad de las personas.
La incapacidad de las autoridades de nuestro país en materia de seguridad –esto es de prevención-, procuración, administración y reinserción social, es cada día más evidente. No son capaces de brindar atención, protección y justicia a las y los mexicanos. Por ello la ciudadanía se ha visto en la necesidad de involucrarse y participar en la búsqueda de los desaparecidos en nuestro país.
En varias regiones de las entidades federativas son cada vez más frecuentes los esfuerzos de las ciudadanas y ciudadanos para organizarse en cuestiones de seguridad al imponer sus propias policías, lo que les da más seguridad y tranquilidad. Sin embargo, es un signo de ineficacia e ineficiencia de los órganos del Estado.
No es posible que las autoridades no atiendan la preocupación de miles de personas que sufren por ser extraviados. Es reprobable la actitud indiferente que hay respecto del tema. La mayoría de las veces la respuesta de las autoridades es un simple: fue un ajuste de cuentas seguramente; cuando existen miles de miles de seres humanos inocentes.
La impotencia y desesperación de la sociedad, la ha llevado a ser cada día más participativa e involucrarse más en temas que corresponden a los gobernantes. Son muchos las ciudadanas y ciudadanos que manifiestan su apoyo para disfrutar de un país seguro y estable. La participación de la ciudadanía empieza a jugar un papel primordial en materia de seguridad pública. Por ello quienes alzan la voz para ser escuchados por el gobierno clamando por un país seguro, en paz, libre de delincuencia.
La colaboración de las mexicanas y mexicanos es esencial en materia de desapariciones y por ello debe de ser incentivada y reconocida.
Como consecuencia, las y los diputados de Movimiento Ciudadano, estamos y votaremos a favor de este dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que modifica y amplía las facultades de las organizaciones de la sociedad civil. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Francisco Coronato Rodríguez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, primeramente quiero reconocer el gran trabajo de la Comisión de Seguridad Pública que preside mi amigo el diputado José Guillermo Anaya Llamas y que el día de hoy está teniendo este dictamen a discusión de todos nosotros, y que tiene una trascendental importancia.
Ya decía Aristóteles que: “el hombre es un ser eminentemente social”. Y como ser eminentemente social se organiza para llevar a cabo diversas actividades culturales, sociales, políticas, económicas, literarias, y en este caso de carácter de seguridad.
Es importante el dictamen que hoy discutimos porque a través del reconocimiento de aquellas asociaciones que tienen como finalidad el coadyuvar con las autoridades para la búsqueda, localización, de las personas desaparecidas, sean menores, sean mayores de edad; de aquellas personas que han sido víctimas de delitos en los cuales han sido desaparecidas o bien de violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada de personas, podemos empoderar a la sociedad a fin de que pueda coadyuvar con los órganos de gobierno.
La participación social es importantísima porque es una forma mayor de la democracia en la cual cada uno de los individuos puede alzar la voz, es un derecho además, una garantía, un derecho humano consagrado en nuestra Constitución en el artículo 9.
Por tanto el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de esta reforma y votará a favor de esta reforma porque es a favor del pueblo de México, en congruencia a las reformas que han sido aprobadas por esta soberanía popular y en las cuales el Partido Verde Ecologista de México siempre ha votado a favor de los mexicanos.
Habrá quienes nos critiquen, habrá quienes descalifiquen nuestro actuar, pero el Partido Verde Ecologista de México es un partido responsable que piensa primeramente en los ciudadanos y en su beneficio.
Por eso hoy votamos a favor, porque es una reforma, igual que las que hemos votado a favor, en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con la venia, diputado Presidente. Para el Grupo Parlamentario del PRD es este tema uno de los fundamentales a tratar el día de hoy en esta sesión, ya que el dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto en donde se adiciona la fracción IX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para que ellas puedan, en coadyuvancia con la autoridad de todos los niveles, fomentar este apoyo en la atención, en la búsqueda y en la localización de los menores sustraídos o extraviados y de personas mayores desaparecidas y asistencia a las víctimas indirectas afectadas por estos actos, es un tema para nosotros prioritario.
Está demostrado afuera, en la sociedad, el trabajo que han venido realizando durante muchos años las organizaciones ciudadanas que, sin ningún afán de lucro o ganancia personal, se han abocado precisamente a hacer esa labor con el único fin de que esos niños regresen a sus hogares.
Sabemos que son muchas las causas de este extravío de los menores; muchos de ellos son robados por sus padres de familia. Éste es un tema importante porque recientemente se legisló para que este delito, en el caso de algunos estados, se pueda sancionar con mayor rigor. Que aquel padre de familia que sustraiga a su hijo en este afán de venganza conyugal sea sancionado por la ley.
Pero también tenemos el caso de muchos miles de niños que abandonan sus hogares, compañeros diputados y diputadas, por maltrato físico, maltrato emocional o maltrato verbal.
Lo otro que tenemos que reconocer en México ante esta grave crisis de seguridad, tiene que ver con la sustracción de menores para otro tipo de fines como es la prostitución y la pornografía infantil.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD celebra que estas organizaciones puedan legalmente hacer esta función. Coincido con mi compañera del PT que esta función debería también contar con recursos, que este Congreso pueda considerar etiquetar a esas organizaciones ciudadanas que han demostrado a lo largo de estos años, que han hecho una labor que ha arrojado resultados concretos en la localización de menores para que puedan tener un recurso para seguir haciendo esta labor, y exhortar también a las empresas que tienen la posibilidad de vender sus productos masivamente y que han coadyuvado al poner las fotos de los menores de edad como muchas empresas, en este caso de leche, u otras que puedan apoyar en esta labor. Exhortar a que también haya incentivos fiscales para que así, cada vez más la búsqueda y la localización entre todos, pueda ser más eficiente y arroje mejores resultados.
Otro tema fundamental sobre este dictamen, precisamente tiene que ver con la protección de estos menores, y en ese sentido también sería importante revisar la parte de que esta Cámara tiene la gran oportunidad de poder ir por un registro de los menores, que los menores puedan tener también un documento de identidad más allá del acta de nacimiento, con fotografía, con huella digital, con muestra de sangre para saber su tipo sanguíneo, para que también pueda haber mayores elementos para su localización.
El grupo parlamentario felicita a la Comisión de Seguridad por la aprobación de este dictamen, y teniendo en cuenta, incluso, que las cifras son verdaderamente a veces increíbles, yo no me iría ni con los 32 mil ni con los 42 mil que decía Movimiento Ciudadano. Sabemos que hay más de 150 mil niños extraviados en el caso muy particular de México, y a nivel Latinoamérica se habla de más de 500 mil. Y yo creo que las cifras aún son cortas. Ojalá y sigamos en esta Cámara fomentando este tipo de dictámenes propositivos para la sociedad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Lizbeth Rosas Montero. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rocío Reza Gallegos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Aleida Alavez Ruiz. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Lamentablemente tenemos una noticia que se suma a los sucesos que ocurren en el estado de Michoacán y creo que nos tienen que poner a todos los poderes de este país a trabajar en una resolución ya pronta, porque asesinaron al presidente municipal de Santa Ana Maya, a Ygnacio López. Él fue asesinado esta madrugada y acababa de regresar de 15 días de huelga de hambre afuera del Senado de la República, y denunció extorsión por parte del crimen organizado. Él regresa a Michoacán, y es ahí asesinado.
Yo pediría, además de un minuto de silencio por este terrible suceso que se suma, insisto, a los que vienen pasando en Michoacán, pues también que como Cámara de Diputados tomemos cartas en el asunto por todo lo que está pasando en este estado y que necesitamos dar respuestas como un poder que somos, de este país. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Aleida Alavez Ruiz.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Es para el mismo objeto? Sonido en la curul de la diputada Magdalena Núñez. Dígame, diputada.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): Gracias presidente. De la misma manera que la diputada Aleida, a nombre de nuestro grupo parlamentario queremos hacer una denuncia y un exhorto enérgico a las autoridades competentes para que se vaya al fondo de este asunto.
Ya se decía, hace apenas dos semanas estuvo él en huelga de hambre, estuvo aquí en la Cámara de Diputados, estuvimos acompañándolo y hoy nos sorprende esta lamentable noticia, que desafortunadamente parecieran ya nada más números que son cifras lo que nos dan, pero realmente es una gran tragedia lo que está sucediendo en nuestro país, no solamente en Michoacán, así es que nos sumamos a esa demanda de investigación de justicia y de que la Cámara nos comprometamos y hagamos lo necesario para que esta violencia y toda esta situación se pare ya en el país. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Esta Presidencia obsequia el minuto de silencio que ha sido solicitado. Ruego a las y a los presentes ponerse de pie.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias. Sonido en la curul de la diputada Nelly Vargas. Dígame diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le manda nuestro más sentido pésame a la familia del alcalde que fue asesinado. Es un momento importante en esta Cámara, de reconocer que las cosas no están bien en Michoacán. Es importante poner en el centro y en el poder de las decisiones que algo urgente hay que hacer en Michoacán.
Hace aproximadamente un año tres jóvenes de Movimiento Ciudadano que fueron a hacer una labor importante de capacitar otros jóvenes, fueron desaparecidos en un municipio muy conocido, en Paracho, en Michoacán. Volvemos a levantar la voz desde Movimiento Ciudadano para que la Procuraduría General de la República continúe con la búsqueda y el asesinato de estos jóvenes de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo hacer una reflexión profunda los legisladores hoy en esta sesión, de que tenemos que hacer algo gobierno federal, Legislativo y el Poder Judicial, para poner en el centro de las decisiones estrategias inmediatas y acciones claras para poner orden en Michoacán. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén del crimen organizado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, y agradezco su comprensión, la diputada Rocío Reza Gallegos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su permiso, presidente. Desde luego comentar que Acción Nacional se une al exhorto para que se esclarezcan los hechos en Michoacán, con este lamentable acontecimiento.
Las desapariciones junto con las sustracciones y extravío de menores son problemas sumamente dolorosos para la sociedad mexicana, la zozobra que genera el desconocimiento del paradero de una persona cercana de una comunidad o una familia, es un dolor evitable que en la actualidad no ha sido suficientemente remediado.
De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en nuestro país se han presentado 18 mil 955 desapariciones, contando únicamente las que se llevan en dicha base de datos, lo cual nos deja ver que este problema tiene alcance realmente preocupante, y más aún cuando existe disparidad entre las cifras para poder dimensionar con precisión el problema.
Organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch han dado cuenta de las graves deficiencias institucionales con las que cuenta nuestro Estado para hacer frente a la problemática de las desapariciones, lo cual puede hacerse extensivo al extravío o sustracción de menores.
La falta de una respuesta inmediata y oportuna por parte de las autoridades y el desistimiento después de un plazo de tiempo, a la par de una mala cultura de asumir que un desaparecido es una persona que se dedica a actividades ilícitas o la minimización de su circunstancia, son apenas algunos de los problemas que se encuentran dentro del proceso burocrático de las procuradurías del país para la atención de este fenómeno.
Aunado a esto, existe en muchas ocasiones la intervención de los familiares o seres queridos en las investigaciones, por el desinterés y por la delegación expresa de estas tareas en ellos por parte de las autoridades, lo cual los pone en serios problemas que afectan su patrimonio, su integridad e incluso la pérdida de sus vidas.
Por todas estas razones, las personas que han sufrido una pérdida encuentran en la desgracia que comparten una razón para agruparse y emprender juntos la investigación para esclarecer las circunstancias que orillaron al desconocimiento del paradero de sus allegados, de ahí se deriva la gran relevancia que tiene la sociedad civil organizada en el rubro de las personas desaparecidas, sustraídas o extraviadas, en muchas ocasiones es gracias a sus esfuerzos que se encuentran indicios, que por falta de recursos o de interés la autoridad no puede detectar por sí misma.
La Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, cuya iniciativa fue presentada por el diputado panista Miguel Gutiérrez Hernández, a nombre de la Comisión de Participación Ciudadana en la LVIII Legislatura, pero sobre todo, ampliamente impulsada por organizaciones de participación ciudadana, ha sido una herramienta valiosa para que exista una mejor coordinación entre el sector público y el tercer sector, y para que exista un acceso a recursos a este último.
Los familiares y seres queridos de los desaparecidos, tanto de los que se organizan para coadyuvar con el Estado, y en ocasiones, a instarlo en su búsqueda, tanto ellos como los que no, reciben un fuerte impacto en sus planes de vida, postergando decisiones, abandonando empleos o intentando recuperar el ingreso que implicaba la persona que desapareció, sin contar las graves implicaciones psicológicas que conllevan la zozobra y el temor de que pueda sucederle a otra persona cercana.
En Acción Nacional vamos a votar a favor de este dictamen, ya que reconocemos que enaltece la dignidad humana en distintas dimensiones. Por un lado, en la medida a que puede ayudar a que una persona extraviada recupere a su familia y su normalidad, así como su honor; por otro, se apoya a los que son también víctimas de estas pérdidas, tanto para emprender la búsqueda como para que recuperen su tranquilidad, su salud y se mantengan con posibilidades de subsistencia, y desde luego, dignifica a la persona humana al reconocer, inequívocamente, lo fundamental que es en un Estado democrático la intervención de la sociedad civil.
Cuando la sociedad se dé cuenta del poder real que tiene, las cosas en este país serán distintas, porque entonces podrá, la propia sociedad organizada, exigir una actuación contundente por parte de los gobiernos.
Es la sociedad quien puede redireccionar cuando los gobiernos se exceden o desatienden su propia función.
En Acción Nacional le apostamos a una sociedad más participativa, más actuante, más demandante, que de forma propositiva coadyuve para que tengamos gobiernos con mejores resultados. Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene finalmente, el uso de la voz, para fijar la posición el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco.
El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Creo que la exposición que hemos dado todos los grupos parlamentarios es un asunto que me parece muy relevante para el fortalecimiento de las actividades que realizan en la actualidad cientos de organizaciones de la sociedad civil.
Como todos sabemos, el trabajo de la sociedad organizada ha cobrado fuerza a nivel internacional, como una herramienta de participación social de auxilio a las actividades gubernamentales, incluso, como una forma de contrastar lo que se hace desde el sector público.
Con fecha 15 de mayo del 2013 presenté ante la Comisión Permanente de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX Bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de incorporar como objeto de fomento y apoyo, en los términos de dicha legislación, a aquellas organizaciones en materia de atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos y extraviados y de personas adultas desaparecidas, así como de ayuda a las víctimas y sus familias.
Existen, en nuestros días, una lamentable situación que viven familias en varios estados del país, debido al incremento de personas sustraídas, desaparecidas o extraviadas.
Esta problemática ha sido reconocida por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes han implementando protocolos y esquemas de atención. Pero también, de manera paralela se han formado numerosas organizaciones, constituidas por familias de las víctimas y ciudadanos, las cuales realizan un trabajo exhaustivo para tratar de localizar a los niños extraviados, raptados o bien, adultos desaparecidos, ya sea por su cuenta o en auxilio de las autoridades.
Si bien es cierto, no existe una sola fuente de información, algunos datos permiten darnos cuenta que la magnitud de la problemática requiere de la suma de todos los esfuerzos para tratar de combatirla. Por ejemplo, según los datos señalados por la Procuraduría General de la República en 2011 desaparecen en promedio 45 mil menores de edad al año, y cifras acumuladas hasta ese año alcanzaban 75 mil niños.
De igual forma, aún cuando las organizaciones señalan que al menos 70 por ciento de los casos son producto de disputas familiares por la tutela de los menores, también existen casos que obedecen a los móviles de robo, tráfico de menores, con el objeto de explotación sexual, así como fines laborales, adopciones ilegales, entre otras. En cuanto al número de adultos desaparecidos se estima que se pueden alcanzar los 26 mil casos, situación que a todos nos lastima.
Por ello es que considero fundamental concretar esta adición, para que a través de ley podamos generar para las organizaciones beneficios como los que son: su fortalecimiento institucional mediante el apoyo para ser más profesionales; acceder al registro federal de organizaciones, así como instrumentos como la clave única de inscripción o Cluni; acceder a apoyos y estímulos públicos; gozar de incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos; recibir donativos y aportaciones en términos de las disposiciones fiscales, y además ordenamientos aplicables; acceder a los beneficios que se deriven de convenios o tratados internacionales; a recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objetivo y actividades en el marco de los programas que al efecto formule. Con estas acciones estaremos dando un reconocimiento legal a su actividad, así como un reconocimiento social a sus resultados.
En ese mismo sentido quiero compartir con ustedes, entre los argumentos estimados por la comisión dictaminadora se encuentran, que el artículo 21 de la Constitución federal reconoce dentro de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública el rol de la participación de la ciudadanía para coadyuvar en fines de la seguridad pública elevándolo a rango constitucional.
Que la participación de la ciudadanía es vital en apoyo a las autoridades para la atención, búsqueda y localización de personas extraviadas, sustraídas o desaparecidas; y que este hecho es reconocido incluso en el marco de instrumentos internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ratificada el 8 de marzo de 2008 por nuestro país.
Que esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión d Seguridad Pública, y otras más, han tenido contacto con organizaciones, cuyo objeto social es el que aquí se ha tratado y que por ello se cuenta con una fuente directa de la problemática particular que sufren los integrantes de la misma comisión.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, pensemos en las víctimas de esta circunstancia porque constituyen un grupo de alta vulnerabilidad que ve afectado sus derechos, ve mermado sus recursos y su patrimonio, así como comprometiendo su desarrollo personal y familiar ante la tragedia de esta naturaleza.
La labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el Estado mexicano en su conjunto y dentro de éstas aquellas que atienden el reclamo de la familias para dar el paradero de las personas especialmente de los niños y jóvenes que deben recibir todo el apoyo de las instituciones de gobierno y de la sociedad en general. La participación organizada de la sociedad es sin duda invaluable y merece ser reconocida y fortalecida desde todos los puntos de vista.
De tal suerte, pongo a su consideración esta posibilidad de reconocer a la participación ciudadana y a la labor de estas organizaciones que hacen su mejor esfuerzo en un tema tan sensible mediante este acto legislativo. Por su atención, por sus comentarios, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le ruego a la Secretaría, que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho, que hoy nos acompañan aquí. Invitados por el diputado Silvano Aureoles Conejo. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión. Gracias por acompañarnos.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputados, por favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Augusto Morales López (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 398 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Guadalupe Flores Salazar.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. El día 6 de noviembre se conmemora en México, el Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres; por ello, quiero hacer un exhorto respetuoso, pero a la vez enérgico, a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva, para que tengamos sensibilidad hacia el tema del feminicidio. No es posible que un tema tan delicado y que merece toda nuestra atención sea agendado hasta el último y no sabemos si se vaya a tocar.
Por ello, solicito que se considere este tema y que por supuesto que es de suma importancia, para todo el país, atender esta problemática y solicito sea considerado para los posicionamientos. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención formará ya parte del Diario de los Debates.
El diputado Israel Moreno Rivera (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Israel Moreno. Dígame, diputado.
El diputado Israel Moreno Rivera (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero abonar un poquito al tema de lo que ya habíamos tomado hace rato, de lo del crimen organizado. Yo había solicitado una proposición de punto de acuerdo, donde estoy solicitando que se creara un fondo transversal para poder apoyar a todas las familias desplazadas por el crimen organizado y que además la situación que se entorna en todos los estados del país cada vez va en aumento.
Este fondo transversal, el cual estoy solicitando, son dos mil millones de pesos porque hay familias que totalmente dejan abandonado su hogar, su trabajo, incluso familias completas donde este crimen organizado los tiene totalmente detectados y que a su vez las familias ya no se pueden reintegrar a su sociedad.
Yo solicito que por favor, presidente, este tema no lo dejemos de lado -lo había pasado a comisión-. Ojalá que estemos al pendiente. Invitar a los diputados que estén interesados en esta intención por parte del PRD, ojalá que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido a la curul de la diputada Nelly Vargas. Dígame, diputada.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Gracias, presidente. Para solidarizarme con la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios y solicitarle atentamente, presidente, que no se baje de la agenda política del día de hoy los comentarios y discusión del tema de la erradicación de feminicidios y la desaparición de mujeres. Es un tema que no se puede dejar a un lado y es un tema que nos preocupa a millones y millones de mujeres. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Julisa Mejía.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarme a la solicitud de la diputada Guadalupe Flores, para que no se saque de la agenda política el tema de la conmemoración de la Erradicación de los Feminicidios en México. La ONU da como un dato fundamental que en México diariamente se asesinan a 6.4 mujeres. Es importante que tomemos el tema el día de hoy Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar. Adelante, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Señor presidente, no solamente para unirme a la petición de la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, sino como promovente de esta agenda política que el día de ayer se aprobó en la Junta de Coordinación Política, solicitar a esa Presidencia y a la misma Junta no solamente que no se baje de la agenda, sino que tampoco juguemos con los tiempos para que quede hasta el final y no haya un pronunciamiento de esta Cámara de Diputados sobre un tema que es latente y una problemática que es tan grave, como el tema del feminicidio.
La desaparición de mujeres y el asesinato de mujeres por obvio de género, es un tema que tenemos que enfrentar y aceptar y, aunque queramos dejarlo pasar en esta Cámara de Diputados, existe allá afuera. El negarlo y el tratar de dejarlo pasar en el orden del día, solamente demuestra nuestra falta de sensibilidad social y nuestra falta de solidaridad con las mujeres que son víctimas de esta agresión de género.
Yo le solicitaría no solamente a esta Mesa Directiva, sino también al órgano político que dirige esta Cámara de Diputados que si no se va a tratar el día de hoy –porque ayer fue el Día Nacional para la Erradicación del Feminicidio–, se pase para el día martes en un punto del orden del día que sea aceptable y que le dé el debido lugar que merecen las mujeres de este país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputada. Los comentarios que aquí se han expresado sobre este tema los haremos del conocimiento de la Junta de Coordinación Política para que lo tome en cuenta para la próxima sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo, que no están reservados para su discusión. Estos son los que se encuentran en los lugares 11, 12, 13 y 14 del orden del día. En consecuencia pido a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo que están en los numerales 11, 12, 13 y 14 del apartado correspondiente del orden del día.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día con los números 11, 12, 13 y 14. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados, comuníquense.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo que tampoco están reservados para su discusión. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día con los números 4, 5 y 6.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día con los números 4, 5 y 6. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo; archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último de los dictámenes, se devuelve al Senado para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
A continuación tenemos otro dictamen en sentido negativo que no está reservado para su discusión pero que se pidió que se votara por separado. En cumplimiento al artículo 87 del Reglamento, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el número 3 de la lista correspondiente, del apartado correspondiente del orden del día.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con el número 3 del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el punto de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin, ante la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acuerdo.
Primero. Se solicita la comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, al director general de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin, para que exponga y explique el plan de negocios de Petróleos Mexicanos que recientemente fue anunciado.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados a que a la brevedad informe a la Junta de Coordinación Política la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo la realización de la comparecencia del funcionario público al que se refiere el resolutivo primero de este acuerdo.
Tercero. El formato de la comparecencia a que se refiere este acuerdo será determinado por la Mesa Directiva de la Comisión de Energía.
Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Transitorios. Primero. El presente acuerdo entrará el vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de noviembre del 2013. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el acuerdo. Se ha inscrito para hablar a favor el diputado Ricardo Mejía y me está pidiendo la palabra la diputada Adriana González Carrillo, desde su curul.
La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Muchas gracias, Presidente. Para solicitarle sea incluida en dicha comparecencia la Comisión Especial de PEMEX que ha venido trabajando constantemente sobre diversos temas.
Recientemente tuvimos una visita a la refinería de Salamanca y pudimos constatar el trabajo que se está haciendo para reconfigurar la refinería.
Me parece muy importante que se pueda hacer esa comparecencia con la Comisión Especial de PEMEX incluida.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. El acuerdo viene signado en su totalidad por los coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política y viene solamente ante la Comisión de Energía.
Yo podría, en lo que se desarrolla la sesión, plantear la posibilidad de que la junta hiciera suya su propuesta para que lo considerara.
Voy a darle el uso de la voz al diputado Ricardo Mejía que va a hablar a favor del acuerdo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Presidente. Esta fue una decisión que celebramos de parte de la Junta de Coordinación Política: la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin.
Nos parece que esta Cámara de Diputados no puede ser omisa sobre diversos temas que ocupan hoy la agenda nacional y que tienen que ver con la reforma energética, con Petróleos Mexicanos, con el tema de la refinería de Tula, Hidalgo y con un conjunto de temas que hacen obligada la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos para saber los acuerdos y negociaciones que comprometen el futuro del patrimonio nacional, particularmente en un tema tan sensible, con tantas raíces históricas y que representa la principal fuente de riqueza del país, como es el petróleo, pues hay que acudir a la prensa internacional.
El presidente Enrique Peña Nieto, en junio, en el Diario de Londres Financial Times, adelantó que iba a presentar una reforma constitucional para abrir la privatización del petróleo nacional. Refirió que se requerían cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados; es decir, trasladar la renta petrolera a particulares y de manera destacada a empresas como Exxon, Chevron, Halliburton y todas aquellas que están como tiburones esperando para hacerse el patrimonio nacional.
Y ahora es el Wall Street Journal el que establece que ya hay una negociación muy avanzada entre el gobierno y el Partido Acción Nacional para ir más lejos en la privatización. No sólo contratos de utilidad compartida, sino contratos de producción compartida. Pagar con crudo, con petróleo a estos inversionistas con lo cual se está asegurando la venta del patrimonio nacional.
De esta manera vemos que Emilio Lozoya es la cabeza de playa de un grupo de mercaderes, de traficantes, de vendedores de quinta porque venden lo que no es suyo, el patrimonio nacional. Emilio Lozoya fue miembro del Consejo de Administración de la empresa OHL, que es la empresa que ha venido ganando algunas licitaciones o algunas adjudicaciones de parte del sector energético.
Lo que estamos viendo es que no es la falta de recursos para invertir; no es que les interese la productividad. Todo es un negocio para unos cuantos, y precisamente también nos interesa que se hable de esta empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, que es intermediaria para la contratación de 10 plataformas petroleras.
Y ahí en esta empresa hay accionistas, como son los casos del hijo del ex Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; están también los ex directores de Pemex, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel. Es decir, es una camarilla de traficantes de influencia que brincan de la Secretaría de Energía, de la dirección –concluyo, presidente- para hacer negocios, todo a costa del patrimonio nacional.
Por eso es muy importante, queremos escuchar qué nos dice Emilio Lozoya. Sabemos que no tendrá argumentos, que todo es un negocio para ellos no para el país. Y, desde luego, que por esa razón estamos de acuerdo que haya rendición de cuentas, que haya transparencia. Ya Emilio Lozoya, ya Pedro Joaquín Coldwell han ido al Senado y qué bueno que vienen a la Cámara de Diputados, a la Casa del Pueblo, a rendir cuentas de esta gran traición a la patria que quieren concretar. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado José Antonio Rojo García de Alba. Dígame, diputado.
El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): Diputado presidente, solicitarle de la manera más atenta que en caso de ser aprobada esta comparecencia, seamos convocados los diputados del estado de Hidalgo.
En lo personal represento al distrito de Tula, donde recae este proyecto y habrá que recordar que el estado de Hidalgo aportó los terrenos, mil 500 millones se endeudó para dar los terrenos en este proyecto, y nos interesa saber. Por lo tanto, de la manera más atenta solicito, señor presidente, nos puedan convocar con derecho a voz. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: También, igual que en el caso anterior, haremos llegar la petición a la Junta de Coordinación Política, pero de hecho todos los diputados estamos autorizados para acudir a cualquier sesión de Comisiones de la Cámara de Diputados.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado, ¿con qué objeto? No le puedo dar la palabra, estoy obligado a preguntar si está suficientemente discutido. Es solamente un orador, lo dice el Reglamento, entonces ya no puedo concederle el uso de la voz. Se pasó el tiempo y el registro de oradores.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica... dígame, diputado. Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, primero escuche y ya luego usted podrá decir. Tranquilo, yo sé que usted ya quiere que acabe la sesión, pero tiene que escucharnos.
Mire, muy importante que nos diera la palabra, porque pocas veces puede uno celebrar algún acuerdo de la Junta de Coordinación, y éste, aunque insuficiente porque realmente deberían de venir al pleno a dar la cara los funcionarios del gobierno federal en este tema, que es muy polémico en el país. Muchos pensamos que inclusive ya hay un acto de traición a la patria y que muchos diputados pueden estar metidos en problemas, incluido usted, porque a lo mejor hasta su partido ya está en esas negociaciones que en Washington se están llevando para entregar el petróleo.
Entonces es necesario hablar de esto. Ya habrá oportunidad, vamos a estar al pendiente de dar nuestros puntos de vista cuando se dé este debate, y usted no debería de tomar una decisión de no permitir hablar a un diputado. Es todo.
El Presidente diputado José González Morfín: No le impedí hablar, diputado, le dije que solamente en el debate ya no era posible porque estaba obligado a seguir con el trámite correspondiente. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alcaldes veracruzanos que están hoy aquí invitados por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, son la alcaldesa de Amatitlán y los alcaldes de Oluta, Medellín y Tlacotalpan. Bienvenidos todos a la sesión. Gracias por acompañarnos.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en los términos del artículo 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:12 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de noviembre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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