Minuto de silencio por los decesos y la situación lamentable en Filipinas
Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno de iniciativas
De la Junta, con cambios en comisiones
Retiro de iniciativa de diputada
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con acuerdos, proposicones y devolución y remisión de minutas
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Agenda política
Comentarios relativos al Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres
Dora María Talamante Lemas, PNA
Nelly del Carmen Vargas Pérez, PMC
Guadalupe Socorro Flores Salazar, PRD
Acuerdos de la Junta de coordinación Política
Con modificación del orden del día para declaratoria de publicidad de dictamen
Dictámenes a discusión con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Turno a comisiones de iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 305 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:11): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Luis Miguel Ramírez. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): Presidente, muy buenos días. Para hacer de su conocimiento que hoy estaré presentando de urgente y obvia resolución un exhorto al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, por el incremento inusual de secuestro y extorsión que tenemos en el estado.
Le estamos turnando a la Mesa para que le pueda dar la mayor celeridad posible y estamos pidiendo a los diputados del estado de Morelos se sumen, dado que el estado de Morelos se encuentra por encima de los estados de Michoacán y de Tamaulipas, que presentan el mayor índice de delincuencia. Estamos por encima de ellos. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted. Queda registrada su intervención y le daremos el trámite que corresponde.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Rocío Reza. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Es con el asunto de los acontecimientos en Filipinas, en donde pido para que este Congreso tenga un pronunciamiento.
En un estado de calamidad en el que se presenta este país y el pueblo de las Filipinas, tres cosas. Uno, en relación al pronunciamiento de este Congreso. Segundo, para que guardemos un minuto de silencio por tanta muerte, por tanta situación tan lamentable en este lugar. Y tercero, para que hagamos un exhorto al gobierno mexicano para que envíe la ayuda necesaria al pueblo filipino. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Y esta Presidencia concede el minuto de silencio, solicitado por la diputada Rocío Reza. Solicito a las y a los presentes ponerse de pie.
(Minuto de silencio)
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado José Luis Muñoz Soria. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. En el mismo sentido que la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, pero quisiera solicitarle a la Junta de Coordinación Política que retomara el asunto de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Filipinas y que pudieran revisar la posibilidad de que aportáramos cinco días de salario, aunque es una cantidad pequeña seguramente sumada con la que otros pueblos hagan podrá aliviar un poco la situación de nuestros hermanos de Filipinas. Eso sería todo, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Transmitimos su solicitud a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente, el objeto de hacer denuncia y un exhorto al Ejecutivo, para que pare esa ola de extorsión hacia nuestros connacionales que vienen a México nuevamente. No es justo que día con día sean extorsionados nuestros migrantes que retornan a nuestro país, que ya le pare la policía judicial, de caminos, que en lugar de proteger desprotege a la ciudanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, señor diputado.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): Sí, señor presidente, quiero expresar la preocupación que varios jaliscienses me han externado por dos hechos lamentables ocurridos en mi entidad. Y uno de ellos tiene que ver con el audio de las declaraciones de una regidora en Guadalajara, en donde hizo revelaciones ante su propio equipo de presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia.
Y también, en segundo caso, el presidente municipal de Zapotlanejo, quien no sabemos con precisión bajo qué circunstancia participó en una película de narcotraficantes, según se informa desde ayer en medios de comunicación y cuyo video está en redes sociales.
Quiero dejar sentado, señor presidente, que mientras algunos políticos buscan el cumplimiento de su responsabilidad en el ámbito que les corresponde, otros pretenden destacar mediante el escándalo, lo cual le da la razón al ciudadano para criticar el servicio público.
Es necesario, presidente, que las autoridades responsables implicadas revisen estos dos casos y den cuenta de ello a la ciudadanía. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada, queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El segundo punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de iniciativas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable, asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de las siguientes iniciativas:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Presentada por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, el 9 de octubre de 2013. Se turna a las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada por el diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 31 de octubre de 2013. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación para opinión.
Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente Diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de junta directiva y de integrantes de la Comisión de Radio y Televisión; del Parlamento Latinoamericano; y de los Grupos de Amistad con Alemania, Georgia y Nigeria, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente Diputado José González Morfín: Gracias. Aprobadas. Comuníquense.
El Presidente Diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con el oficio de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, por el que se solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada el 24 de septiembre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
El Presidente Diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió de la Cámara de Senadores oficio con el que comunica que aprobó acuerdo para que el Senado de la República coordine los trabajos correspondientes en el marco de los eventos en torno al Centenario del fallecimiento del doctor Belisario Domínguez.
El Presidente diputado José González Morfín: De enterado.
El Secretario diputado José González Morfín: Se recibió de la Cámara de Senadores acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, asigne recursos necesarios a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el fin de prevenir los incendios forestales a nivel nacional.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibió de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, mayores recursos a los programas de capacitación rural para los jóvenes, presentada por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase el primer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Se recibió de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de ampliación de la administración portuaria integral de Veracruz, denominada Veracruz II, presentada por el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase el segundo resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Se recibieron de la Cámara de Senadores 20 proposiciones con puntos de acuerdo suscritas por senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios por los que solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 se consideren recursos necesarios para determinados rubros.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un título vigésimo séptimo al Código Penal Federal denominado “De los delitos cometidos contra la libertad de expresión”, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Oficio de la Cámara de Senadores con el remite minuta con proyecto de decreto que deroga el artículo 128 del Código Civil Federal.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en otro apartado del orden del día el siguiente punto es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, el diputado Miguel Sámano Peralta.
El diputado Sámano Peralta va a fundamentar los dos dictámenes enlistados de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por lo cual se le concede el tiempo necesario para ello.
El diputado Miguel Sámano Peralta: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, quiero agradecer la confianza del presidente y de mis compañeros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para presentar a su nombre, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, los proyectos de dictámenes siguientes.
Primero. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que reforma y adiciona el Reglamento de la Cámara de Diputados en sus artículos 157 y 158.
En razón de lo anterior, destaca que es responsabilidad del Ejecutivo federal contar con un instrumento eficaz que guíe las actividades de la administración pública, creando con ello un canal de comunicación con la ciudanía para que se conozca la estrategia a seguir en bien de la nación.
La obligación antes descrita está contenida en el artículo 26, párrafo cuarto de nuestra Carta Magna, donde se estable que en el sistema de planeación democrática del Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley. Ello da sustento a la Ley de Planeación que sienta las bases y principios básicos del Plan Nacional de Desarrollo. En dicha norma se detallan las actividades que deberá desempeñar el Congreso de la Unión, destacando las siguientes:
Realizar el examen y emitir opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo; recibir el informe de las acciones y resultados de su ejecución, en el que se incluirá el contenido de las cuentas anuales de la hacienda pública federal y del gobierno del Distrito Federal, y conocer el avance y grado de cumplimiento así como el desarrollo, resultados y relación de las facultades o funciones de los secretarios de Estado en relación a la planeación nacional.
Aun y cuando la Constitución y la Ley mencionada establecen el papel del Congreso de la Unión en dicho proceso, resulta paradójico que dentro de la normatividad que regula las actividades del Poder Legislativo no existen disposiciones determinadas en la materia. En ese sentido, los proyectos de decreto que se ponen a su consideración permitirán vincular legalmente el trabajo de las Comisiones legislativas con el sistema de planeación democrática, armonizándolos con las disposiciones que fueron objeto de reforma el año pasado en la Ley de Planeación.
Adicionalmente, la aprobación de estas reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y al Reglamento de la Cámara de Diputados permitirán establecer de forma específica las atribuciones de las Comisiones legislativas en función de control evaluatorio; dar seguimiento al desempeño del Ejecutivo en la materia y realizar el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados, es importante mencionar que la propuesta original fue presentada en una iniciativa para reformar, tanto la Ley Orgánica del Congreso como el Reglamento de esta Cámara de Diputados. No obstante, atendiendo a la técnica legislativa las reformas se ponen a su consideración en dos dictámenes, debido a que los cambios al Reglamento de la Cámara de Diputados competen única y exclusivamente a esta soberanía.
Por otra parte, la reforma propuesta a la Ley Orgánica del Congreso, de ser aprobado por esta Cámara, tendrá que enviarse al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Compañeras, compañeros, por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, ponemos a la consideración del pleno los citados dictámenes y solicitamos su voto a favor de ambos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen, y para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortíz Ahlf.
Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, de Veracruz, que están aquí invitados por la diputada Mariana Dunyaska García. Bienvenidos a la sesión. Gracias por acompañarnos.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeras legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma el numeral 3, artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El propósito de esta reforma es precisar en nuestra Ley Orgánica, en particular en el artículo 39, numeral 3, la referencia del artículo 26, apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
La Ley de Planeación establece en sus artículos 5o., 6o., 7o., 8o., entre otros, que el Congreso intervendrá, por ejemplo, ambas Cámaras, al aprobar la Ley de Ingresos; la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y conocer la cuenta pública de cada ejercicio fiscal.
El Ejecutivo federal al presentar dichos instrumentos deberá señalar la correspondencia que hay respecto al Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes.
En la actualidad el Poder Legislativo desarrolla tareas de control respecto al Poder Ejecutivo, en tal virtud en los artículos 26, apartado A, párrafo cuarto y 93, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorgan esta competencia.
Sin embargo, dichas disposiciones tienen que incorporarse de manera expresa en la norma que organiza el funcionamiento de las cámaras del Congreso, como ahora ocurre con el artículo 39, numeral tercero.
Ésta es una reforma fundamental, porque permite el funcionamiento de las tareas de evaluación de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo, respecto de los grados de avance de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo y también de la forma en que el gasto público se está ejerciendo en el año fiscal.
Si bien es cierto esta reforma es un avance, para los diputados y diputadas que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sigue siendo una prioridad que el Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado por el Poder Legislativo y que no solo sea sometido en los términos del artículo 5º de la Ley de Planeación para su examen y opinión.
Toda vez que el siguiente dictamen que presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma el Reglamento de la Cámara de Diputados, será en vinculación con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, anunciamos que nuestro voto será favorable en ambos ordenamientos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Honorable asamblea, en un estado democrático, moderno, como lo es la nación mexicana, el gobierno está diseñado para, de forma representativa, cumplir con las necesidades de la ciudadanía, consecuencia inminente de dicha actividad es la rendición de cuentas de los mandatarios que ostentan el poder representativo del pueblo mexicano.
Dentro del aparato gubernamental, el Poder Legislativo juega un papel de capital importancia en la realización de la democracia nacional, principalmente como agente de equilibrio interno de fuerzas políticas, llevándolo a una importante redefinición de su papel frente al Poder Ejecutivo.
La Institución Legislativa, como umbral de desarrollo discursivo de la vida social debe optimizar constantemente el ejercicio de sus tres competencias básicas: la creación de leyes, la articulación con la sociedad y la función de supervisión. Especialmente en lo que toca a la actuación del Poder Ejecutivo.
Y en esta última función reside la revitalización que impulsa la reforma de nuestra Ley Orgánica, así como a los artículos 157 y 158 del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
El gobierno mexicano elabora, como cada sexenio, un Plan Nacional de Desarrollo, mismo que representa la directriz de los objetivos a cumplir durante ese periodo.
Al establecer estos objetivos de la política nacional se refrenda el compromiso establecido en nuestra Constitución, regulado en la Ley de Planeación que considera la aplicación de las normas en la búsqueda del equilibrio del ejercicio del gobierno, mismo que ha permitido construir un clima de libertades sociales y ha dado viabilidad al proyecto nacional a lo largo de las últimas décadas.
Por lo anterior se busca dotar al Congreso de mejores herramientas para supervisar, a nombre de la ciudadanía, el desempeño del gobierno y su apego al Plan Nacional de Desarrollo, sin olvidar la imperante necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de las comisiones legislativas para cumplir con las reformas a la Ley de Planeación de 2012.
Esta norma tiene como fin ordenar racional y sistemáticamente las acciones de gobierno para transformar la realidad del país, entendida como el principio que encausa las actividades de la administración pública. Con ello, el Congreso contará con la capacidad de análisis y supervisión a un instrumento que es origen y destino para las políticas públicas emanadas del poder Ejecutivo. Y me refiero, como ustedes saben, a supra mencionado Plan Nacional de Desarrollo.
Es de considerar que los aspectos de la política pública establecidos en los Planes Nacionales de Desarrollo parten de un diagnóstico que se gesta del análisis de las condiciones en que se encuentra el país, proponiendo soluciones específicas a las necesidades detectadas. Así, la administración pública en turno refrenda la confianza depositada buscando su retribución con políticas sociales que permitan a la población el acceso a mejores niveles de vida.
Orgánicamente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, ha fiscalizado las acciones del gobierno en lo referente al gasto público y emitido observaciones a las dependencias obligadas para resarcir las fallas detectadas.
El Congreso ha desempeñado un papel fundamental en el uso de información dentro del ciclo presupuestario, sin embargo carecía de claras facultades de participación para el seguimiento y vigilancia de uno de los instrumentos rectores de las políticas públicas nacionales.
Ante tal situación, y por la relevancia intrínseca que adquiere que la representación popular depositada en el Congreso de la Unión evalúe la actuación del Ejecutivo en su cometido de lograr el desarrollo nacional, es que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza otorga su voto a favor de esta reforma, congratulándose de ser parte de este gran avance en el fortalecimiento al necesario ejercicio de la planeación y rendición de cuentas a la nación.
En tal sentido, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en cada una de las comisiones en las que participamos, estamos atentos y participes de lo que mejor convenga a México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Saludamos y damos la bienvenida a la Cámara de Diputados y a esta sesión a un grupo de estudiantes de la Preparatoria Basilio Cantabrana, de Chiconcuac, estado de México, que están hoy aquí acompañándonos, invitados por el diputado Víctor Serralde Martínez. Bienvenidos a la sesión.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me voy a referir al dictamen que tiene que ver con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General. Mi compañero Alfonso Durazo hablará de las reformas correspondientes al Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.
Nos parece que este dictamen es, sin duda, un avance en las facultades del Congreso de la Unión, ha habida cuenta de lo que dispone el artículo 26 constitucional en su Apartado A y el artículo 93, que hablan del Sistema Nacional de Planeación Democrática y en particular del Plan Nacional de Desarrollo, como el instrumento rector de las políticas públicas de una administración gubernamental.
Sin embargo, y no obstante que votaremos a favor de este dictamen, nos parece que las comisiones ordinarias del Congreso, y particularmente de esta Cámara, debiesen no solamente tener un control evaluatorio de los objetivos y resultados del Plan Nacional de Desarrollo, sino sobre todo un control vinculatorio; es decir, que las observaciones, análisis y recomendaciones de las comisiones ordinarias de las Cámaras sean atendidas por el Poder Ejecutivo.
No solamente como un asunto de control específico de estas políticas, sino como una medida correctiva. No basta la evaluación si los resultados son pobres o catastróficos, sino que es necesario corregir este desempeño. Por eso, nosotros abogamos porque el carácter del control que hagan las comisiones tienda a ser vinculatorio para el Ejecutivo federal.
Por ejemplo, si revisamos el Plan Nacional de Desarrollo tiene dos ejes temáticos, de los cuales sus resultados al momento actual han sido francamente pobres, francamente deplorables, francamente sin resultados; me refiero en primer término al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de ir por un México en paz.
Lo hemos dicho varias veces, que el único cambio en la política de combate a la crimen organizado ha sido un cambio semántico, un cambio discursivo. En el gobierno de Felipe Calderón se hablaba de guerra contra el crimen organizado y en el gobierno de Enrique Peña Nieto se habla de ir por un México en paz, es decir, se rebuscan las palabras, pero la estrategia sigue siendo la misma.
Por eso, si fuéramos a una reforma de fondo, la Comisión ordinaria de Seguridad Pública, por ejemplo, podría hacer recomendaciones sobre el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y estas recomendaciones tendrían que ser atendidas por el secretario de Gobernación y el comisionado nacional de Seguridad Pública.
Por eso creemos que es fundamental que a este paso, que se ha dado en nuestro marco legislativo, sigan medidas adicionales para vigilar el desempeño de las carteras del Ejecutivo federal, pero al mismo tiempo para que el Ejecutivo y el Legislativo sirvan de manera corresponsable en la solución de problemas.
Otro objetivo, por ejemplo, que queda francamente pobre en las metas del Plan Nacional de Desarrollo es el objetivo de un México próspero, que era otro de los postulados del Plan Nacional de Desarrollo.
Precisamente hace unos días el Banco de México acaba nuevamente de ajustar la meta de crecimiento económico para este año a menos de un dígito, a 0.9 por ciento. Es decir, va a la baja vertiginosamente la tasa de crecimiento económico.
Entonces, bajo la propuesta ideal de un control vincularotio las Comisiones de Economía y de Hacienda, ordinarias de la cámara, tendrían que hacer recomendaciones para corregir este rumbo económico en declive del país.
Pero, insisto, esto será seguramente un siguiente paso. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón y consideramos que esta reforma a la Ley Orgánica en su artículo 39 es un primer paso en esa dirección. Por esa razón votaremos a favor del presente dictamen.
El Presidente Diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Ruth Zavaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con la venia, presidente. Antes que nada quiero agradecer a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por este dictamen, esta iniciativa que propusimos en la fracción del Verde Ecologista a iniciativa mía, y que tiene el objetivo principal de lograr que la Cámara de Diputados y, en general el Congreso de la Unión, tengan las facultades que requieren para verdaderamente cumplir con su función de control hacia el Poder Ejecutivo.
Como ustedes saben, en todo país es importante tener los instrumentos de planeación –esto ya lo tenemos nosotros en nuestra Constitución en el artículo 26- para que se pueda evaluar a los gobiernos respecto a lo que plantean, en nuestro caso, cada sexenio.
Cada seis años aquí en México, a diferencia de otros países que tienen otro tipo de planificación, tenemos que aprobar aquí en la Cámara de Diputados un Plan Nacional de Desarrollo en el que no participamos, no estamos nosotros haciendo comisiones de trabajo para poder participar, y en este dictamen no estamos discutiendo esta propuesta en esos términos, sino que en este dictamen nosotros lo que nos proponemos es que se establezca en cada comisión ordinaria que haya indicadores para poder evaluar el trabajo que realiza el gobierno federal.
Obviamente esperamos que esta iniciativa se pueda no solamente aprobar en lo que respecta al Reglamento, sino también a la Ley Orgánica. En el caso de la separación que se hizo fue práctica parlamentaria, porque por una parte en el Reglamento participa sólo la Cámara de Diputados y en la Ley Orgánica tiene que participar también el Senado.
Sin embargo esta propuesta, compañeras y compañeros, permite que las comisiones ordinarias tengan indicadores para que cada vez que viene el gobierno a hacer sus comparecencias por medio de las secretarías, podamos nosotros evaluar entre lo que nos están presentando como propuesta de gobierno, lo que se está proyectando en el Presupuesto y los resultados que estamos teniendo.
Como ustedes saben, cada vez que viene un secretario ha sido coyuntural la participación de nosotros para estarlo cuestionando o para estar elogiando lo que está realizando el gobierno federal.
En este caso tener indicadores permitiría que nosotros, la Cámara de Diputados en este caso y en el caso del Congreso de la Unión, tengamos posibilidades objetivas de calificar respecto al trabajo y no respecto a la coyuntura política.
Cuántas veces no en la glosa del gobierno federal hemos tenido la sensación de que estamos perdiendo el tiempo porque no logramos captar cuáles son los avances que se tienen que tener de resultados.
No basta con hacer mil o 10 mil acciones, lo que tenemos que calificar es cómo estamos transformando los diferentes aspectos que estamos calificando en los secretarios que vienen a comparecer.
Y esto es lo que pretende esta iniciativa, darle mayores facultades a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión para tener las herramientas adecuadas y hacer una calificación hacia el trabajo que se está haciendo en el Poder Ejecutivo.
Cabe mencionar, compañeras y compañeros, que en los sistemas parlamentarios en donde emana el gobierno del Poder Legislativo, no existe este problema porque tienen que ser aprobados los planes nacionales de desarrollo y los legisladores participan al interior de la planificación.
En el caso mexicano donde hay un presidencialismo y que tradicionalmente el gobierno realiza sus planes nacionales, esto que estamos aprobando hoy sería parte de la compensación que necesitamos tener para realmente cumplir con nuestro papel de equilibrio y división de poderes.
Espero, compañeras y compañeros, que esta iniciativa, este dictamen hoy que se presenta precisamente para modificar el Reglamentos y la Ley Orgánica; el Reglamento en sus artículos 150 y 158 y la Ley Orgánica en el 39, sea aprobado por esta honorable asamblea y podamos en el futuro, poder tener mayores herramientas de evaluación para los funcionarios públicos que están cumpliendo con un papel en nuestra sociedad y nosotros cumpliríamos con mayor eficiencia con el nuestro. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, para fijar la posición del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidente. Son dos los deberes universales y fundamentales que debe cumplir el Estado mexicano. Uno, seguridad y dos, bienestar para toda la población. De ahí que la tarea de gobernar es una responsabilidad compartida. En la democracia la división de poderes ayuda y contribuye a este propósito, así lo ha asumido el Partido de la Revolución Democrática, que ha venido impulsando la transformación del Estado mexicano rígido y presidencial, a tener uno más abierto y participativo.
Desde este recinto y desde esta tribuna, hemos impulsado la transformación de este país al modificar las leyes y normas que rigen su desarrollo y desempeño.
Vigilar la calidad del gasto público ha sido para nosotros un imperante, ya que es uno de los principales instrumentos de crecimiento y desarrollo del país. De ahí nuestro interés en ampliar y democratizar la Ley de Coordinación Fiscal en la década de los 90 para beneficiar a estados y municipios.
Promovimos también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con esta ley se evita el dispendio, se promueve la transparencia en el uso y ejercicio de los recursos y se evita la opacidad. Obliga a todos aquellos que hagan uso de recursos públicos a decir en qué los van a ocupar, cómo los van a ejercer y qué beneficios se esperan.
También impulsamos la transformación de la revisión de la cuenta pública. A la fecha se han realizado dos reformas constitucionales, las de 1999 y las del 2008 que han creado y fortalecido el sistema constitucional de fiscalización superior en nuestro país.
Con estas reformas ampliamos las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Cámara de Diputados para dotarlas de mayores desempeños, analizando y fiscalizando la asignación de recursos públicos.
El empeño del legislativo federal y del Partido de la Revolución Democrática en lo particular es acabar con la discrecionalidad, opacidad y corrupción que prevalecen en el manejo de los recursos públicos por parte de las autoridades y niveles de gobierno responsables de su ejercicio e impulsar así la transparencia y la rendición de cuentas.
Si bien reconocemos que se ha avanzado en materia de modernización gubernamental, también asumimos que falta mucho por realizar. Reconocemos –y hoy lo hago desde esta tribuna– que el tema sobre el Plan Nacional de Desarrollo en muchos de sus aspectos ha sido relegado; sin embargo, no lo puede seguir siendo más.
El Plan Nacional de Desarrollo, como lo concibe nuestra Constitución en sus artículos 25 y 26, es el principal instrumento de ejercicio de gobierno que ha de realizar el Ejecutivo federal. Desde este instrumento de organización y planeación se trazan las principales políticas económicas y sociales que se han de llevar a cabo durante el sexenio de gobierno.
El paso que hoy queremos dar pretende, como los anteriores, fortalecer al Estado mexicano. Nuestra intervención es por apoyar y sumarnos a la propuesta de reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Nuestro voto a favor tiene por objeto reformar los artículos mencionados, toda vez que vinculan el trabajo de evaluación de nuestras comisiones legislativas con la planeación democrática, armonizando estas disposiciones con la ley de planeación recién reformada en el año 2012.
El paradigma de la administración pública federal debe evolucionar en nuestro país. El Legislativo federal debe contribuir con este propósito. Lo que hoy se propone es evaluar el Plan Nacional de Desarrollo a través de indicadores de desempeño para la medición de sus avances y la evaluación de resultados.
El buen gobierno y la calidad de su administración pública no pueden quedar sólo en el mero anhelo inspiracional. Deben trascender a nuevos estándares institucionales y de armonización jurídica.
Por ello apoyamos esta reforma, pero seguiremos insistiendo en la reforma constitucional para que el Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado por la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Alberto Díaz Trujillo para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Alberto Díaz Trujillo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un sistema nacional de planeación que deriva de manera indirecta en derechos considerados en un sentido amplio, los cuales están referidos en lo siguiente:
Que la planeación sea democrática en sentido de que se dé intervención a los sectores sociales. Que se imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
Que se establezcan los procedimientos de participación ciudadana, así todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a que el Estado elabore el Plan Nacional de Desarrollo en observancia de lo dispuesto en este precepto, y que lo elabore de manera democrática con la intervención de los restantes poderes y de los sectores sociales, y que el Poder Ejecutivo lo cumpla a cabalidad.
Por ello, los obligados a cumplir con este derecho somos: el Estado mexicano a través de los poderes federales y locales; el presidente de la República como responsable de la elaboración y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, y el Congreso de la Unión, que para ejercer la función del control sobre el Poder Ejecutivo debe de contar con las capacidades institucionales suficientes para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se adhiere a la responsabilidad de armonizar los mandatos legales para dar lugar a una mejor regulación y dar paso a acciones políticas concretas, en particular para analizar aquellas que son de índole gubernamental, lo que redundará en un ejercicio democrático del poder público al verificar si en efecto el Ejecutivo realiza aquellas funciones que él mismo designó. Lo que implica llevar a la práctica el mandato representativo que el pueblo nos otorgó con su voto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Zamora Morales.
El diputado Fernando Zamora Morales: Con su venida, diputado vicepresidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Zamora Morales: En el contexto de una sociedad democrática que pondera el respeto a los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos la planeación gubernamental es una tarea cotidiana y primordial para la actividad humana. Es una labor de reordenación de las actividades gubernamentales y distribución de los recursos financieros que se realiza democráticamente.
Toda vez que, en su concepción y ejecución se incluye la participación de la sociedad, lo cual es indispensable ya que haciendo partícipes a los ciudadanos, se contribuye a evaluar la eficacia y el impacto que tienen los programas y políticas públicas en el bienestar de la sociedad.
Con la aprobación del dictamen que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será posible que el Poder Legislativo a través de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados evalúe el desempeño del Poder Ejecutivo en materia de planeación democrática, para lo cual se deberán establecer indicadores de desempeño que permitan analizar a cabalidad las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. De este modo la planeación se llevará a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá atender la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en nuestra Carta Magna.
En armonía con lo anterior y considerando que una de las facultades más importantes que tiene el Congreso de la Unión es aquella que le permite revisar las acciones del Ejecutivo federal y su gabinete, dando contenido al régimen de contrapesos, la reforma a los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene como objetivo el fortalecimiento de la facultad revisora que tiene la soberanía con relación al Plan Nacional de Desarrollo, estableciendo una herramienta de evaluación y revisión de las acciones del gobierno federal para coadyuvar con el Ejecutivo federal en el fortalecimiento y legitimidad de sus acciones.
Es importante señalar que esta herramienta que vamos a aprobar no es un instrumento por el cual se tenga que calificar al gobierno del país, ya que se perdería la naturaleza de la presente reforma, sino que será a través de esta facultad de revisión que los diputados tendremos el deber de proponer y con ello colaborar al desarrollo y mejoramiento de las acciones de gobierno.
Compañeras y compañeros diputados, la evaluación de las estrategias gubernamentales tiene un papel fundamental en el mejoramiento de la gestión pública, es un componente modernizador que involucra a gobernantes y gobernados.
Siendo nuestra convicción el contribuir al crecimiento de nuestro país mediante instrumentos que permitan lograr una gestión pública orientada a resultados y que se traduzca en el bienestar de la sociedad, una vez más los diputados del Grupo Parlamentario del PRI otorgaremos nuestro voto favorable a estas reformas, porque estamos conscientes que de esta manera estamos contribuyendo a alcanzar la transformación y la grandeza de nuestra patria, México. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos con mucho gusto la presencia de un grupo de alumnos y alumnos de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, Anáhuac Sur, del primero y del tercer semestre, que están hoy aquí invitados por el diputado Fernando Zárate Salgado. Bienvenidos a la sesión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Su nombre diputada.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (desde la curul): A favor.
El diputado Rubén Acosta Montoya (desde la curul): A favor.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio León Mendívil (desde la curul): A favor.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Augusto Morales López (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 435 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por 435 votos, el proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, mire presidente, yo, queda constancia que he estado preocupado porque se cumpla la Constitución, en particular el tema de los consejeros electorales. Y consta que estuve en contra de la convocatoria.
¿Por qué es importante este antecedente? Porque está muy turbio, está muy enrarecido el ambiente esta elección.
Ya ayer los consejeros vigentes del IFE, en los medios están opinando sobre todos estos bandazos que hay en la Cámara de Diputados para nombrar a los consejeros faltantes. Que por cierto, yo estoy esperando una resolución del Tribunal porque no se siguen nombrando. Le consta a usted.
¿Cuál es el tema en concreto? En concreto es que ayer el secretario de la Cámara, el señor Mauricio Farah se excusa de una parte del proceso, aduciendo lo que está en el fondo de la realidad. Él es parte ya de un conflicto de intereses.
Yo estuve presente en la reunión de la Jucopo, llegó con los paquetes que presentaron los distintos partidos y él excusa aduciendo una realidad. Está en un conflicto de intereses pero no ha renunciado a la Cámara. Es lo que corre en corrillos. Él sigue en el conflicto de intereses. Y además, lo que es más grave, él por su relación privilegiada con los coordinadores de los grupos parlamentarios, ya todos saben que va encabezando la propuesta del Revolucionario Institucional.
Hemos criticado, evidentemente, que no es un mecanismo oportuno que los partidos se repartan las cuotas. Y mucho menos sabemos que ya, aunque diga el de a su lado que no, sabemos que ya traen el acuerdo de nombrar a cuatro, dos el PRI, uno el PAN, uno el PRD y los otros cinco los nombrarán desde el Pacto contra México.
Pero lo que le quiero decir es que usted como presidente debe estar igual de preocupado, quisiera saber –ojalá esté equivocado–, usted me diga, si hay una renuncia, me puedan obsequiar una copia de la renuncia y retirar mi palabra de gente que piensa que no se está cumpliendo con el procedimiento legal que el señor Mauricio Farah está en un conflicto de intereses y convendría que usted nos lo aclarara.
Ojalá él hubiera ya renunciado y todavía podríamos pensar bien de él, pero ha convencido a todos, inclusive al compañero Ricardo Monreal, ya leímos en los medios, pero está una situación...
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado. No tengo información.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, culmino. Él está en una situación de privilegio por su relación con los coordinadores parlamentarios. Y entonces es una farsa todos los otros 64 ciudadanos que se han inscrito...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le ruego que concluya, su intervención formará parte del Diario de los Debates.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, que si usted me dice como presidente si tenemos copia de la renuncia del secretario.
El Presidente diputado José González Morfín: No tengo más información de la que tiene usted, diputado, pero su intervención quedará registrada.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputad Eloy Martínez.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde la curul): Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeros. Pues únicamente para resaltar la labor de jóvenes mexicanos, presidente, que han puesto en alto el nombre de México en la NASA, que es la Agencia Nacional del Espacio de los Estados Unidos, al haber obtenido el segundo lugar en un concurso denominado International Air and Space Program, en su edición de 2013.
Ellos desarrollaron un robot llamado Hubble M3, que está destinado a la exploración de Marte. Son jóvenes cuyos nombres son José Antonio Galicia, Héctor Enrique Nieto y Rafael Ríos, de entre apenas 12 y 14 años. Nos demuestra el talento para la ciencia y la tecnología en México.
Y, bueno, para aprovechar también, ahora que estamos con el asunto del presupuesto, para pedir a los compañeros se incremente el presupuesto a la Agencia Espacial Mexicana, contamos con el talento como lo podemos ver de la población en México, de los jóvenes, para los temas del espacio, y es por eso importante apoyar a la Agencia Espacial.
Nada más este fin de semana, presidente, vivimos un asunto u poquito delicado en nuestro país, cuando un satélite que estuvo en órbita de decaimiento, cayó el pasado domingo, estuvo a punto de caer en nuestro país.
Esto no trascendió mucho en medios, 60 minutos antes de que pasara sobre territorio mexicano este satélite se destruyó cerca del Antártida, pero si hubiera sobrevivido 60 minutos más algunos fragmentos de este satélite hubieran caído sobre México, en algunas poblaciones densamente habitadas.
Se hicieron algunos llamados a Protección Civil, a la Secretaría de Gobernación, no hubo respuesta. En otros países sí se trabajó este asunto, se alertó y se comenzó a aplicar protocolos de protección civil. No ocurrió así en México.
Y, bueno, queremos hacer un llamado ahora que se aprobaron y aprobamos recientemente esta nueva categoría de riesgos espaciales. Entonces, son estos dos asuntos los que quería tratar.
Y, bueno, reiterar que es importante incrementar el presupuesto de la Agencia Espacial, ellos están proponiendo para este tipo de asuntos que pusieron en riesgo a México un sistema satelital de alerta temprana para la protección de la población ante desastres naturales. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención quedará registrada.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Víctor Jorrín.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, presidente. Tengo perfectamente ubicada la importancia que tiene el día de hoy y esta semana el presupuesto, así como la agenda política, sin embargo una de las preocupaciones más grandes que tengo es el tema de los niños que están sin escuela.
Quiero que este Congreso pudiese hacer las gestiones correspondientes para que se exhortara a la autoridad correspondiente que está haciendo las negociaciones, que lleguen a un acuerdo con los maestros, no es posible que miles de niños sigan con escuela, ya viene el periodo de vacaciones nuevamente y va a ser imposible recuperar sus clases. Lo importante es que a través de la gestión del Congreso podamos llegar a un acuerdo con el CNTE y con todos los maestros que están presentando sus disidencias en contra de la reforma educativa. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sus palabras quedarán registradas.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano presidente, como fui aludido por mi amigo Ladrón de Guevara, a quien le tengo respeto y consideración por su congruencia; yo expresé un comentario del cual me hago responsable.
Uno de los candidatos que surgió en la lista de los 64 es en efecto Mauricio Farah, y lo que yo afirmé hoy lo ratifico, que en el desempeño de su función en esta Cámara, al menos lo que a mí me consta, es que ha sido eficiente y que se ha comportado de manera plural.
Sobre su pasado y sus vínculos no tengo ningún elemento, pero como ser humano y como un funcionario me parece que es respetable; así lo he considerado. Cuando afirmo esto sé el peso de mi posición política y lo reitero, en el desempeño de su función en esta Cámara yo no lo conocía antes, lo conozco desde hace 10 meses, pero al menos ha sido atingente.
Si la Junta de Coordinación Política considera que los candidatos deben de renunciar o están inhabilitados por ser funcionarios, creo que debería emitirse lineamientos generales para que todos se sometan a reglas generales. Yo no tendría ningún inconveniente para que así sea y no influya, como dice el compañero Ladrón de Guevara, conflicto de intereses; creo que a todos nos conviene.
Yo tengo muy poca confianza en el órgano electoral actual, soy de los que ha cuestionado el desprestigio al que lo han sometido, al IFE, los consejeros electorales del IFE, y por eso confío en que lo que surja en esta nueva era, en este nuevo procedimiento, sea lo mejorcito que tenga el país, porque debemos de confiar en construir un IFE imparcial, objetivo y profesional y no lo que vino a degenerar el actual IFE que son presuntos delincuentes en materia electoral. Muchas gracias, presidente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, por alusiones.
El Presidente diputado José González Morfín: No, diputado, me parece que es totalmente improcedente.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Discúlpeme, diputado, le di la palabra fuera, estamos en la discusión de decretos. Me parece que el diputado Monreal respondió a sus alusiones personales. No hay ningún asunto a discusión, diputado. Su intervención quedó registrada y la de él quedará registrada.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 157 y 18 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, es mi derecho, fui aludido.
El Presidente Diputado José González Morfín: No le conculco ningún derecho. A ver, sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Es totalmente improcedente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul). Presiente, yo le agradezco porque usted ha sido muy respetuoso del Reglamento y fui aludido. Yo nada más quiero dejar algo que quede constancia. No son asuntos personales, el problema de fondo –y yo sigo insistiendo– él mismo lo reconoció -por eso se excusó-, hay conflicto de intereses. Y fondo es forma, y aquí mismo se está demostrando.
El señor, si quiere concursar, que renuncie en lo inmediato y, si no, que decline a la candidatura para no dejar en liviandad a todos los demás. Es cuanto.
El Presidente Diputado José González Morfín: Bien. Vamos a dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El dictamen está a discusión.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, solicito el uso de la palabra.
El Presidente Diputado José González Morfín: Ya le di la palabra al diputado Durazo; inmediatamente después le consultaré con qué objeto, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados. En Movimiento Ciudadano respaldaremos este dictamen que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo deseo dejar ante ustedes una serie de reflexiones esperando les merezcan algún valor.
En primer lugar, señalar que el artículo 26 de la Constitución establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo no es un programa de gobierno expuesto como propaganda. Debe tener un contenido social y objetivos concretos, pero no en los términos que sólo sean mejores a juicio de los gobernantes, sino que deben obedecer al mandato constitucional explícito que se establece en el artículo 26 de la Constitución en los siguientes términos.
Que los fines del proyecto nacional, contenidos en esta Constitución, determinarán los objetivos de la planeación. Y al final del artículo 26 se establece con toda claridad que en el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley.
Sin embargo, la Ley de Planeación en su artículo 5o. reduce esa disposición al hecho de que el presidente de la República remitirá al Congreso de la Unión para su examen y opinión. Y más adelante dice que el Poder Legislativo formulará asimismo las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.
Es decir, reduce de manera notoria la intervención de esta Cámara respecto a la valoración del Plan Nacional de Desarrollo.
La modificación que actualmente estamos discutiendo, adiciona los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara, a fin de ampliar la facultad, otorgar la facultad al Congreso de conocer en los términos más amplios el programa de gobierno elaborado por el Ejecutivo federal. Ello nos parece, por supuesto, un avance, sin embargo también nos parece insuficiente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, establecen, como ya lo he mencionado, la facultad del Congreso General para intervenir en la construcción del proyecto nacional, no sólo para opinar sobre su propuesta.
Con la presente modificación esa intervención del Congreso, tan importante como la señala la Constitución y lo reconoce el Ejecutivo, en la ley se reduce a una simple opinión sobre el plan y a observaciones sobre su ejecución.
La división de poderes establecida por nuestra Constitución no es una división de trabajo, sino una organización compleja de competencias para impedir el abuso de un poder sobre el otro, según la célebre definición de Montesquieu: “que el poder detenga al poder”.
La Constitución crea los órganos y divide a los poderes pero también los controla, es decir, también crea los sublímites. Por ello el Poder Legislativo tiene como uno de sus objetivos principales, controlar al Poder Ejecutivo y esto no puede hacerlo con simples opiniones sobre el Plan Nacional de Desarrollo y con observaciones sobre su ejecución y adecuaciones al propio plan como lo establece la Ley de Planeación.
En este contexto el Congreso debe examinar y si es preciso modificar el Plan Nacional de Desarrollo para que se adapte a la realidad nacional. Es decir, el Congreso debería aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente vigilar su cumplimiento.
Expresada nuestra simpatía por este dictamen, dejo a ustedes estas reflexiones, esperando les merezcan alguna consideración. Muchas gracias por su atención y gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Los diputados federales de Acción Nacional vamos a votar a favor del presente dictamen porque nos parece muy importante el objetivo del mismo, que es fortalecer las capacidades institucionales del Congreso, para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
Como nosotros sabemos, el artículo 26 de nuestra Constitución establece un Sistema Nacional de Planeación que deriva de manera indirecta en derechos considerados en un sentido amplio, los cuales están referidos a lo siguiente:
Por un lado, que la planeación sea democrática en el sentido de que se dé intervención a los diferentes sectores sociales. Por otro lado, que se imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. Y por otro lado también que se establezcan los procedimientos de participación ciudadana.
Por lo tanto, todos los habitantes del Estado mexicano tienen derecho a que el Estado formule este Plan Nacional de Desarrollo en observancia de lo dispuesto en este precepto y que además lo elabore de manera democrática, con la intervención de los restantes poderes y de los sectores sociales interesados.
Por lo tanto, los que estamos obligados a cumplir con este derecho somos, por un lado, el Estado mexicano a través de los poderes federales locales y, por otro, el propio presidente de la república, pero también el Congreso de la Unión para poder ejercer esa función que es inherente a nuestra existencia, que es la de controlar al Poder Ejecutivo.
Pero para poder ejercer esa función de control, los legisladores debemos de contar con las capacidades institucionales suficientes para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
En este punto radica la importancia de este dictamen que hoy se discute, ya que al reformar estos artículos, el 157 y el 158 del Reglamento y con ello vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática, ejerceremos un mandato más controlado, pero sobre todo más justo para nuestros electores, que conocerán la manera como se cumple con este Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se adhiere a esta propuesta. Consideramos que los diputados estaremos en la posibilidad de estudiar a fondo tanto el contenido como la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y esto sin duda redundará en un ejercicio democrático del poder público y podremos verificar si el Ejecutivo realiza aquellas funciones que él mismo se designó.
Por supuesto esto nos resultará también útil a la hora de elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, toda vez que contaremos con la evidencia para entender qué es lo que se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se registraron 408 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 408 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz la diputada Elizabeth Yáñez Robles.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura en un acto de congruencia con la postura que como comisión hemos mantenido a favor de los derechos humanos, la profesionalización y evaluación de los cuerpos policíacos, presentamos ante esta asamblea el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional Pública.
Es preciso mencionar que el artículo 1o de nuestra Carta Magna establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, el artículo 21 de la Constitución instituye que la seguridad pública se regirá por los siguientes principios: legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.
Es en este marco, dentro de una convicción derecho-humanista y de tener una policía con altos estándares de legalidad, honradez y profesionalismo, que surge la necesidad de un mecanismo que asegure que los integrantes de las instituciones de seguridad pública sean los servidores públicos que merece México.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública entrada en vigor el 3 de enero de 2009, previó dicho instrumento consistiendo en las evaluaciones de control de confianza como requisito para quienes pretenden ingresar, permanecer o ser promovidos dentro de las instituciones de seguridad pública, consistiendo en un proceso denominado “certificación”, que de acuerdo al artículo 96 de este ordenamiento consiste en: el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidos por el Centro de Control de Confianza correspondiente para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
El objeto de este proceso enlistado en el artículo siguiente, consiste, entre otros, en el reconocimiento de habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos pero también a identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales.
Para ello, en la evaluación del control de confianza se hace uso de un enfoque multidisciplinario e integral, que dentro del actual modelo nacional de evaluación y control de confianza se compone por pruebas toxicológicas, médicas, psicológicas, socio-económica y poligráficas. Para estos fines desde la entrada en operación de las evaluaciones en control de confianza, tanto la Federación como las diversas entidades federativas han puesto en funcionamiento centros estatales para esta materia, que al día de hoy, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se encuentran plenamente certificados y con una cobertura nacional.
Desde luego la implementación de medidas de evaluación de confiabilidad de los servidores públicos encuentra dificultades, la resistencia al cambio, la falta de personal o infraestructura así como los factores políticos, o en ocasiones de índole criminal. Han retardado el cumplimiento de la meta original que para la totalidad del personal de las instituciones de seguridad pública se encuentre evaluado.
Asimismo, la naturaleza de estas pruebas, que a pesar del interés público que las justifica, es percibida por algunos como invasiva, ha originado cuestionamientos acerca si el modelo en cuestión es suficiente para lograr su objetivo final, que no es otro que la seguridad de las y los mexicanos.
Es por ello que esta Comisión coincide en el propósito del autor de la iniciativa, en el hecho de que si bien ya existe el sustento de diversas disciplinas científicas vale la pena incluir el concepto de objetividad como parte de los procesos de evaluación y control de confianza, así como el que desde el dispositivo legal se deje asentado el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad del evaluado, ya que más allá de entes en abstracto estamos en presencia de personas que son parte de la comunidad como todos nosotros.
Resulta por ello lógico y hasta inevitable que aquellos a quienes se encarga la noble y vital función de la protección de la vida, propiedad, derechos y libertades de los mexicanos, también les sean respetados dichos derechos fundamentales. Asimismo, se consideró encomiable abonar a la finalidad del diputado iniciante añadiendo la Unidad de Integralidad como un principio que deben guardar los reportes finales, y donde se asocien las distintas pruebas para que no exista un mayor peso de una sobre otra y exista una legitimación de este proceso, que permita que no haya lugar a dudas de que cumplió con su objetivo.
Se tiene que seguir viendo hacia adelante, la ciudadanía exige una policía en quien pueda depositar su confianza. Necesitamos fortalecer los criterios que nos ayuden a confirmar la confiabilidad del personal de los elementos de las corporaciones policiacas que ya existen, y de encontrarse nuevas y mejores maneras de lograr recuperar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones policiales incorporadas.
Por ello, los legisladores que conformamos esta Comisión de Seguridad Pública presentamos y sometemos a votación de esta representación popular, el dictamen en sentido positivo de la iniciativa, ya que consideramos robustece el actual esquema y nos permite seguir en perfeccionamiento de un proceso, que mientras más acabado será mucho más benéfico, tanto para los policías como para todos nosotros. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Antes de la ronda de posicionamientos, quisiera saludar a la presidenta municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, a la contadora Adriana Solórzano, que está hoy aquí invitada por la diputada María Concepción Navarrete Vital. Bienvenida.
También saludamos a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Latinoamericano de Pachuca, Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado Francisco González Vargas. Bienvenidos a la sesión.
También a los alumnos y maestros del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, que están aquí invitados por el diputado Edilberto Algredo Jaramillo. Bienvenidos todos a esta sesión.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes de la gran responsabilidad que tienen el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios respecto a las instituciones de seguridad pública, ya que debemos de contar, en todo el país, con cuerpos policiacos confiables, honrados, mejor capacitados, con absoluto respeto a los derechos humanos y con gran cercanía a la gente.
Para lograrlo, en enero de 2009 se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, la cual requiere que estos cuerpos de seguridad realicen una certificación de confianza con métodos que especialistas han desarrollado para lograr avanzar al ideal que se requiere respecto a la seguridad pública.
A fin de cumplir estas certificaciones, los estados tuvieron que crear los centros estatales de control de confianza, preparar y contratar personal poligráfico y psicológico. Sin embargo, muchos del personal que aplican los exámenes no tienen el cuidado suficiente para que los policías examinados sean cuidados sus derechos humanos.
Los grupos policiacos tienen que presentar cinco exámenes: poligráfico, médico, psicológico, toxicológico y de entorno socioeconómico. Durante la primera parte de la prueba les realizan exámenes médicos de la vista, odontológico, psicológico y psicométrico.
Luego, les dan un descanso de media hora para que tomen alimentos. La parte más fuerte de la prueba del poligráfico oscila entre tres o cuatro horas. La mayor parte de los examinados coinciden en que el examen de polígrafo viola los derechos humanos que en el poligrafista es agresivo, ya que se trata de un cubículo de tres por tres, con una cámara de circuito cerrado, donde solo está el policía y el poligrafista.
Para iniciar los colocan en una silla que tiene sensores en el asiento. Les ponen sensores en las muñecas, dedos, pecho, cabeza y en la sien.
Primero les realizan preguntas contradictorias para evaluar cómo reaccionan ante la mentira. Solo lo hacen para medir cómo reaccionan a la verdad y a la mentira. El poligrafista se torna sumamente agresivo y se pone a preguntar cosas del trabajo y les dice que no les cree. Que le digan que si trabajan para tal o cual grupo criminal. Que cuánto reciben. Les empiezan a meter miedo. Incluso, les hacen preguntas personales.
Lo que buscan es que se pongan nerviosos. Todo el tiempo el examinador sale del cubículo para cierto momento inspeccionar a través de la cámara y ver cuáles son sus reacciones.
La labor del poligrafista es ser siempre agresivo. Les preguntan lo mismo una y otra vez. Después de uno o dos meses les llama un agente de policía federal para informarles que hará una visita a su casa. Durante la inspección el visitador se mete hasta la cocina, visita los cuartos, el vehículo, le toma fotografías a su vehículo, al exterior de su casa y a sus alrededores.
Finalmente, después de un tiempo les hacen llegar los resultados de estos exámenes a sus jefes, los cuales se concretan a decir si son confiables o no. En el caso de que hayan sido rechazados no les informan cuál o cuáles de los exámenes no fueron aprobados. Simplemente les dicen: estás despedido.
Como resultado de este trato, en todo el país se han presentado un sinnúmero de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos por parte de los policías examinados. Toda vez que se considera que sus derechos han sido violados.
Es por ello que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen. Toda vez que siempre hemos apoyado, al respecto, todo lo que es apegado al respeto de los derechos humanos.
Es necesario tener policías honestos en todo nuestro país, por lo que coincidimos en que los exámenes de confianza son un filtro importante para lograr este objetivo. Sin embargo, estos se deben realizar con un estricto apego a la protección de los derechos humanos de los examinados mejorando los criterios.
No olvidemos que los policías honestos son los que protegen a la ciudadanía. Son los que muchas veces arriesgan su vida para salvaguardar la de nosotros. Por ello, es necesario seguir velando por los derechos de ellos y de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palara, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Coronato Rodríguez.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, como ustedes bien saben, toda norma jurídica debe tender, necesariamente, a satisfacer necesidades del sector social para el cual están dirigidas. Esto es lo que jurídicamente se le denomina la legitimidad de dicha norma.
En ese orden de ideas deseo manifestar con una gran emoción y convicción que el dictamen que hoy nos ocupa para reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el de la Policía Federal, mediante el cual se pretende generar el marco referencial, a través del cual el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá llevar a cabo la implementación, ahora sí, de los Exámenes de Control de Confianza que le permitan a las instituciones de seguridad pública el contar verdalmente con las y os servidores públicos, que sin duda merece y necesita los miembros de nuestra sociedad mexicana.
Este dictamen, como bien saben, se deriva de una iniciativa de un servidor, derivada de la preocupación y ocupación que me generó el que hoy por hoy tengamos –valga la expresión– en la calle a verdaderos elementos policiales probos, eficientes, profesionales, inhibiéndoles inclusive del derecho sagrado que tenemos lo seres humanos para ejercer un oficio o profesión como lo reconoce el artículo 5o. de nuestra Carta Magna al haber sido boletinados a través de Plataforma México y, por el contrario, que verdaderos delincuentes se encuentren todavía incorporados y camuflados como consecuencia en las instituciones públicas que convergen en la materia de la seguridad pública.
Bajo esa premisa se generó la presente iniciativa, a la cual debo reconocer que fue complementada con la participación por demás sensible y profesional de nuestro compañero diputado José Alberto Rodríguez Calderón y, por supuesto, con la sensibilidad del presidente de la Comisión de Seguridad Pública y, por supuesto, de mis compañeras y de mis compañeros integrantes.
Hoy por hoy para nadie es noticia que en el ejercicio del poder policiaco, y por ende del monopolio del uso de las armas para la protección de los integrantes de la sociedad, se ha desdibujado y nos hemos topado de frente con la participación dentro de los cuerpos policiales con actos de corrupción, que en la infinidad de ocasiones han irrumpido y violentado la armonía de nuestra sociedad.
Ello ha derivado en la imperiosa necesidad de seleccionar y profesionalizar a los servidores públicos que ya forman parte de las instituciones de seguridad pública o de aquellos que aspiran a formar parte de las mismas.
En estricto sentido el objetivo de los Exámenes de Control de Confianza es la implementación de los procesos mediante los cuales opere un sistema de reclutamiento y selección ágil y confiable, que permita el ingreso de los candidatos más capaces a los organismos, encargados de la administración y procuración de justicia.
La necesidad de encontrar criterios que ayuden a confirmar la confiabilidad del personal de las corporaciones policiacas ha provocado el uso de herramientas poco objetivas, como el polígrafo, prueba que no está avalada científicamente como un medio confiable para determinar que los sometidos a ellas están realmente acreditados o no para desempeñar un cargo en la dependencia de que se trate.
Así pues, resultan necesarias las evaluaciones de control de confianza, de desempeño de entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a los aspirantes y a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública como parte del profesionalismo del personal, de la profesionalización del personal y la evaluación continua a estos, cuyo propósito es fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia.
Siempre realizados con el más amplio, respeto y protección de los derechos humanos de las personas a las que se les practiquen, ya que de ninguna manera podemos permitir que se violenten garantías constitucionales, como son la integridad física, la intimidad y dignidad humana so pena de conocer el grado de confiabilidad de un individuo o para juzgar sobre el desempeño de su trabajo, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad.
Este dictamen contando su voto aprobatorio y en su momento con la de la colegisladora, conllevara a que dichos exámenes sean objetivos, su evaluación sea en forma integral y no desasociada y subjetiva como se había venido realizando, como consecuencia bajo el respeto irrestricto de sus derechos humanos, de las y los servidores públicos evaluados y, por si fuera poco que no lo es, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación de Pruebas de Confianza será el ente supervisor y verificador de que dichos principios sean respetados en la operatividad de todos los centros estatales y del Distrito Federal inclusive. Es cuanto.
Compañeras y compañeros, y en consecuencia, por supuesto con una absoluta congruencia y convicción, los integrantes de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta iniciativa y dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Saludamos con mucho gusto la presencia aquí de los alumnos de la Universidad del Valle de México, de la licenciatura de relaciones exteriores, Campus Guadalupe, que están hoy aquí invitados por la diputada Ruth Zavaleta.
También saludamos a un grupo de mujeres empresarias y profesionistas del estado de Durango, que están aquí invitados por el diputado Jorge Herrera Delgado. Bienvenidas todas a la sesión.
Tiene la palabra, el diputado Felipe Arturo Camarena García, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Una de las funciones primordiales del Estado moderno es garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, asegurando el disfrute para toda la población de las libertades públicas y el ejercicio de todas las actividades sociales que propicien el progreso y la prosperidad de un marco de orden y de tranquilidad.
Un Estado democrático de derecho se construye sobre la base de una seguridad pública corresponsable en la que todas las instancias investigadoras y sobre todo las agencias policiales federales, estatales, la del Distrito Federal y los municipios, tengan como objetivo compartir garantizar la paz pública que merecen todos y cada uno de los mexicanos.
En nuestro país el reto de la seguridad pública es enorme, pues todos los días aparecen nuevas formas de criminalidad cada vez más organizadas y sofisticadas, más violentas y con mayor capacidad de hacer llegar sus tentáculos de poder corruptor a casi cualquier ámbito de la sociedad.
Lo anterior exige un mayor grado de profesionalización y confianza por parte de los cuerpos policíacos y de los ministerios públicos para cumplir adecuadamente con la tarea de preservar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de la población.
Con la finalidad de garantizar que el personal colabore en una institución policial cumpla con el perfil requerido en los aspectos toxicológico, sicológico, ético, médico y físico, se impulsó la creación del Centro Nacional de Control de Confianza, comunidad responsable de atender las etapas de reclutamiento, selección, evaluación y permanencia en el marco del servicio nacional de carrera policial. Igualmente este proceso ha sido replicado en todas las entidades federativas.
Lo anterior, a efecto que de además de los conocimientos y la ética necesarios, los policías tengan un claro compromiso institucional del servicio que garantice la atención adecuada a los ciudadanos.
En el marco de una estrategia firme de desarrollo de la labor policial y combate a la corrupción, se ha llevado al cabo en todo el país miles de evaluaciones que darán paso a la conformación de los cuerpos de seguridad que siguen en la situación actual de inseguridad que se vive en nuestro país. Es decir, policías con un alto grado de profesionalización y confianza en el desempeño de sus funciones.
Derivado de este proceso se han ido depurando paulatinamente los cuerpos policíacos de todo el país, destituyéndose de sus cargos a aquellos elementos que no cumplieron con los requisitos de permanencia establecidos en la normatividad respectiva.
No obstante el avance que significó el hecho de implementar los exámenes del Centro de Control de Confianza en todo el país, existe quienes han señalado que éstas son violatorias de la intimidad y la dignidad de quienes son sometidos a ellas. Asimismo, se ha mencionado que la calificación de quienes pasan por las pruebas es totalmente subjetiva, lo cual ha derivado en un alto índice de reprobación.
El hecho de que en las pruebas de control aíslen a quien se está sometiendo a ellas separándola de cualquier contacto o comunicación con otras personas, ha sido equiparado con la sensación que se experimenta con la prisión preventiva. Además, se ha dicho que la actitud de los interrogadores es muy similar a la de los investigadores que tratan de obtener el interrogatorio bajo una confesión. Algunas de las preguntas realizadas indagan incluso en las cuestiones más personales del interrogado, por lo cual se estima que están e invaden la intimidad de las personas.
En casi todas las comisiones locales de Derechos Humanos se encuentra un buen número de quejas por parte de los policías reprobados que alegan que sus derechos fueron vulnerados en el proceso de evaluación.
Por motivos como éstos, algunas organizaciones de la sociedad civil han solicitado revisar los exámenes del control de confianza para obtener los perfiles adecuados a la política de procuración de justicia y seguridad pública que demanda el país.
La iniciativa en estudio, la cual reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y la Ley de la Policía Federal con la finalidad de que las pruebas de control de confianza se realicen con estricto apego al respeto a los derechos humanos, representa una acción legislativa orientada a solventar los problemas que han presentado en el proceso de depuración de las policías y ministerios públicos.
Por este motivo el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de la misma. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Con el permiso de la asamblea, con la venia del compañero presidente. El dictamen que hoy nos convoca tiene antecedentes directos que no podemos olvidar, entre ellos, la reforma al artículo 21 constitucional del 2008, en donde se introdujeron los principios básicos a los que debe ajustarse la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
Fue propuesta de la izquierda representada en la Sexagésima Legislatura, la creación del Centro Nacional de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, dentro de la estructura organizacional y del sistema nacional, con la finalidad de establecer los mecanismos operativos por el cual se hiciera efectivo el derecho de la comunidad para participar en la implementación y evaluación de las políticas en la materia.
Sin quitarle mérito a la iniciativa y al dictamen que hoy discutimos, tiene origen en una iniciativa del Partido de Nueva Alianza.
Debemos señalar que lo que hoy aprobamos es una vieja demanda de las organizaciones de la sociedad civil y constituye una necesidad para la correcta implementación y rediseño de las políticas de seguridad.
No obstante, no debemos exagerar el logro que esta modificación representa. El pasado 31 de julio de 2012, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nombró a cinco consejeros ciudadanos; lo único que estamos haciendo, es la legalización de una situación que ya de facto existe.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XIII sesión celebrada el 31 de agosto del 2012, en su acuerdo 10/33/12, resolvió la invitación a cinco representantes de la sociedad civil, por medio de una comisión mixta integrada por diversos gobernadores y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de las propuestas realizadas por sectores universitarios y comprendió una más amplia participación de la sociedad civil que la prevista por la iniciativa.
Los nombrados fueron: Alejandro Martí, presidente de México SOS; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Héctor Larios Santillán, coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano; Arturo Valenzuela, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, de Ciudad Juárez, Chihuahua; y Julia Monarrez, académica del Colegio de la Frontera Norte, quienes de manera transitoria ocuparán el cargo durante dos años, supliéndose de manera escalonada, según lo consigna la reforma legal.
Es importante resaltar que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se encuentra plenamente comprometido con la participación ciudadana, principalmente en la seguridad pública. Es por ello que en su momento propusimos que la comunidad y la sociedad civil sean quienes participen en el diseño, implementación, direccionamiento y evaluación de todas las políticas públicas en la materia en los tres ámbitos de gobierno para que sea la propia comunidad quien señale sus necesidades y evalúe a los elementos policiacos de acuerdo con su desempeño.
No hay mejor opinión respecto al desempeño de la función pública que la propia comunidad. De esto nos encontramos plenamente convencidos. Asimismo, según el texto constitucional, la comunidad deberá evaluar a las instituciones de seguridad pública y de esta manera cumplir cabalmente con sus propios mandatos.
En el dictamen que se discute hoy –debemos reconocerlo– se produce un gran avance en términos de participación social; sin embargo, debemos señalar que este mismo esquema de intervención comunitaria en las políticas de seguridad pública debe de aplicarse, sin lugar a dudas, en las primeras leyes locales, con el objetivo último de establecer un parámetro uniforme de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas en la materia.
No es menor el reconocimiento y la influencia de que gozan las organizaciones de la sociedad civil y ha sido muy importante su participación para el redireccionamiento no sólo de las acciones implementadas por las autoridades, sino también de las reformas legales como las que hoy aprobamos.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de que se reforme el artículo 12 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública para incluir a cinco representantes de la sociedad civil en este sistema y puedan, desde esta posición, hacer oír la voz de todas y todos los ciudadanos para lograr por fin una paz duradera después de tantas vidas se han perdido en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero saludar y dar la bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la escuela República de Liberia que hoy nos acompañan, invitados por el diputado Luis Espinosa Cházaro. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión.
Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Consuelo Argüelles Loya.
La diputada Consuelo Argüelles Loya: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el tema que hoy nos ocupa en esta deliberación legislativa es de la más alta importancia, ya que involucra dos de los más grandes valores en una democracia: los derechos humanos y la seguridad pública.
Hoy México más que nunca necesita elementos confiables, eficaces, profesionales, honrados que respeten la legalidad, pero sobre todo que la entiendan, y a los derechos humanos dentro
de sus cuerpos policíacos.
En nuestro país vemos con tristeza cómo existen brotes de violencia en diversos municipios y obviamente, en la mayoría de los estados. En muchas ocasiones es por falta de interés de los gobernantes, o simplemente por parte de la estrategia de ellos mismos, los cuales no han dado fruto hasta el día de hoy.
Es por ello que ante un vacío en las directrices y en el aspecto estratégico, debemos volver a lo básico y dignificar, profesionalizar y enaltecer al servicio policial. No es secreto que en la actualidad la ciudadanía no siente identificación con los elementos policiacos, la ciudadanía no cree en el cuerpo policial. La desconfianza, el rechazo y, en muchas ocasiones el temor que estos mismos generan como figura, los lesiona al tejido social.
Los actores políticos desde el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, debemos de poner de nuestra parte para restablecer la relación entre población y policía para contribuir en la consecución de los fines de la seguridad pública.
Esto partió de la ley que establece las bases de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los esfuerzos por parte de los tres poderes y los distintos niveles de gobierno han sido evidentes.
Un ejemplo de ello, fue la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública como un órgano de coordinación y que ha contribuido a crear estándares para la labor policial, haciéndola más profesional.
En el 2005 se perfeccionó con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad que rige el sistema desde el 3 de enero del 2009. Este cuerpo normativo de gran relevancia contempló disposiciones fundamentales, pero sobre todo para que nuestros policías correspondan a un México democrático.
Entre ellas contamos con disposiciones que crean esquemas de instancias de coordinación y repartición de competencias, una verdadera carrera profesional policial basada en derechos y en obligaciones de quienes integran las instituciones de seguridad pública, formación, certificación y desarrollo social.
Ésta no va a ser una simple encomienda jurídica, va a ser la encomienda que tenga todo gobernante, la encomienda que tengamos como mexicanos. Vamos a exigir la excelencia del seguimiento del control de la confianza de los policías.
El control de confianza existe y es un tema político desde su creación, pero es el único tema que tenemos que darle uniformidad a todos los actores políticos porque es la necesidad en la que tenemos, de que nuestras instituciones policiales sean confiables.
La Constitución, la que prometimos cumplir y hacer cumplir al entrar en funciones como legisladores, en su artículo 21 habla de los principios para las instituciones de la seguridad pública que tienen que ser objetivos, leales, legales, profesionales, honrados y con respeto a los derechos humanos.
Es por ello que necesitamos las mejores policías y los mejores policías, y en Acción Nacional sostenemos nuestro compromiso con el bien común al respaldar este tipo de acciones.
En Acción Nacional respaldaremos el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, ya que corresponde a nuestra ideología, pero sobre todo y lo más importante, corresponde lo que es mejor para los mexicanos.
Nuestros principios panistas, como el respeto a la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común, encuentran eco en la propuesta del diputado Coronato, ya que en materia de dignidad humana se busca que los evaluados sean protegidos en sus derechos humanos a la hora de pasar por control de confianza, y que esto se realice con objetividad.
Es oportuno señalar que esto es sólo una parte en la que podemos hacer efectivo el sistema de control de confianza, se requiere de la misma más alta conciencia cívica y voluntad política de los gobernadores y de los alcaldes para cumplir el cometido que, desde 2009 existe para tener una mayor confiabilidad en los policías.
Cuando probamos la prórroga en días pasados, su servidora en esta tribuna recalcó que los estados tendrían que solventar sus evaluaciones faltantes del personal en activo bajo la responsabilidad de que, de no hacerlo dichos elementos quedarán sin empleo y bajo el riesgo de que la formación que fue una inversión del recurso del Estado mexicano sea desperdiciada, o peor aún, aprovechada por los grupos criminales.
En Acción Nacional en la votación de este dictamen está participando en pro de un fin que debemos perseguir todos los políticos de este país, que es la seguridad de los mexicanos. En el PAN lideramos con ejemplo y llamamos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a que lo hagan también. Solamente así, el anhelo de un México tranquilo, con justicia y respeto a la legalidad y a los derechos humanos dejará de ser un simple mero anhelo. Si le va bien a México, nos va bien a todos. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI tiene el uso de la voz la diputada Regina Vázquez Saut.
La diputada Regina Vázquez Saut: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, México busca que sus instituciones gubernamentales sean fuertes, eficientes, capaces y confiables a fin de que puedan enfrentar los grandes retos nacionales. Contrario a esta imperiosa necesidad, es preocupante que las instituciones de seguridad pública gocen de un mínimo de confianza entre los ciudadanos, de lo cual nos dan cuenta diversos instrumentos de medición de la opinión, algunos de los cuales señalan que la Policía Federal cuenta con un 51 por ciento de confianza por parte de los mexicanos, mientras que las policías locales y municipales tan sólo tienen un 42 por ciento y 38 por ciento, respectivamente.
Éste y otros hechos obligan al Estado a evaluar, calificar y certificar los integrantes del Sistema de Seguridad Pública, esto a fin de reclutar y considerar la permanencia de los elementos de las corporaciones policiacas, valiéndose para ello de diversos métodos, los cuales se ha procurado que tengan un sustento científico y técnico y que su aplicación se realice con estricto respeto a los derechos humanos.
Esta función es de una complejidad tal que ha sido imposible dar cumplimiento a los plazos para certificar a los cuerpos de seguridad estatales y municipales, por lo que se ha hecho necesario prorrogar los plazos para concluir esta labor, tema que por cierto fue abordado hace apenas unos días en esta máxima tribuna de la nación.
Si de por sí la certificación es una tarea compleja por el número de sujetos a quienes se debe de evaluar, el ejercicio de dicha facultad se torna más difícil si tomamos en cuenta que los instrumentos utilizados para tal efecto son difíciles de utilizar e interpretar por parte de los profesionales que lo requieren.
Todo lo antes señalado busca hacer de la función policiaca una forma de vida, una elección de ejercicio profesional que redunde en beneficio del servicio público y de la gobernabilidad del país. Ninguna idea que tienda a la mejora del sistema de evaluación de las policías está de más.
En ese esfuerzo, es necesaria la coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero también la concurrencia de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, máxime si tomamos en consideración que la autoridad municipal y estatal es ejercida por funcionarios provenientes de todos los partidos políticos.
Es por ello que los legisladores del PRI otorgaremos nuestro voto a favor del dictamen que hoy se discute, puesto que el mismo tiene como objetivo reiterar el necesario respeto a los derechos humanos, a la preservación del rigor científico a lo largo de los procedimientos de certificación.
De aprobarse las reformas a los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal, se habrá avanzado en este propósito, por lo que convocamos a los demás representantes populares a que otorguen su voto favorable a las mismas.
De ajustarse las evaluaciones a los parámetros, que se hace referencia en el dictamen, se habrá avanzado de manera importante en la recuperación de la legitimidad, por parte de los ciudadanos hacia sus instituciones de seguridad pública.
Toda vez que la población estará segura de que los funcionarios encargados de protegerlos fueron certificados bajo sólidas bases científicas, pero con respeto a sus derechos fundamentales. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De viva voz.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 436 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación.
Para fundamentar el dictamen por la Comisión, se concede el uso de la tribuna a la diputada Adriana Hernández Iñiguez.
La diputada Adriana Hernández Iñiguez: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La minuta que se presenta a la consideración de ustedes, la cual fue aprobada por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Educación Pública y Servicios Educativos estriba fundamentalmente en obligar a la autoridad administrativa a adecuar formatos o documentos necesarios para realizar cualquier trámite, con la finalidad de evitar la existencia de distinciones entre las personas que tienen ambos apellidos de las que tienen un solo apellido.
En este sentido se busca reconocer y respetar el ejercicio del derecho de identidad de niñas, niños y adolescentes para que en el acta de su nacimiento sean registrados con los apellidos del progenitor que los reconozca y se utilicen para este caso y para las personas en general, el término apellido o apellidos en los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite.
Para los efectos mencionados, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación Pública y Servicios Educativos, consideramos que es imprescindible reformar el último párrafo del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y adicionar una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, haciéndolos armónicos, congruentes y compatibles con el artículo 58 del Código Civil Federal, que establece las características y especificidades de las actas de nacimiento. Toda vez que este último numeral establece que el acta de nacimiento contendrá el nombre y apellidos que le correspondan.
Es decir, se refiere a que los registros de los niños llevarán ambos apellidos del progenitor que los reconozca, así como también de niños expósitos o abandonados.
No existe ningún ordenamiento jurídico nacional, disposición que determine que el nombre del hijo sea integrado con el apellido paterno y materno ni el orden en el cual deben inscribirse, ya que se trata de una costumbre propia de los países de América Latina.
El derecho a la identidad fue adoptado por la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificado por nuestro país el 21 de octubre de 1990, en cuyo artículo 7º establece que el niño tiene derecho a un nombre, nacionalidad y a conocer a su padres.
En tanto, en su artículo 8º obliga a los Estados parte a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad, que incluye su nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.
De tal forma, si un niño se ve privado de alguno de estos derechos el Estado tendrá que prestar la asistencia y protección con el fin de restablecer su identidad.
Las autoridades administrativas, tanto los registros civiles de las entidades federativas como las autoridades educativas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deben promover la estandarización de formatos, formularios o cualquier otro documento análogo, para asentar en ellos los apellidos que le correspondan, sin que haya distinciones de ninguna especie, sean del padre o la madre que reconozcan a las niñas, niños y adolescentes y a las personas en general.
Por otra parte, de acuerdo a cifras del Inegi, al día de hoy existen 4.5 millones de madres solteras que representan el 9.5 por ciento del total de madres del país, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, realizado por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El presente dictamen a la minuta en comento representa en sí misma la lucha permanente que debe existir contra la discriminación y aspirar como mexicanos y mexicanos a poder gozar de una vida plena de derecho a ser registrado o inscrito con los apellidos de quien los reconozca como hijos, sin ser sujetos de alguna discriminación por prejuicio o racismo.
El derecho a la identidad comprende el derecho a ser registrado y el derecho a tener un nombre, apellido o apellidos, los cuales deben ser garantizados por el Estado y a la vez fortalecen la tutela de los derechos humanos. También es un derecho innato e inherente al ser humano. Un derecho humano inalienable, porque permite al ser humano posicionarse como persona sujeto de derechos y obligaciones, y el derecho que tiene una persona de ser reconocido como poseedor de una identidad propia e inconfundible.
En virtud de las consideraciones antes expuestas las diputadas y los diputados, integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación Pública y Servicios Educativos, consideramos que las reformas que se pretenden realizar a las normas jurídicas antes aludidas son necesarias para el efecto de que sean compatibles con la situación actual de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy está a discusión es de suma importancia para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país en la formación de su identidad como un derecho fundamental.
En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza estamos conscientes que nuestra sociedad ha evolucionado y con ello sus necesidades. Por lo que consideramos oportuna la votación y aprobación del presente dictamen, que tiene por objeto la modificación a los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo, que sea requerido para la realización de cualquier trámite en el que se establezcan los términos, apellido o apellidos, y no apellido paterno y apellido materno, como actualmente ocurre.
De esta manera avanzamos en la eliminación de la discriminación en la jerarquización de apellidos de las niñas y niños, ya que por años hemos realizado una distinción del apellido paterno y materno debido a que nuestro sistema jurídico mexicano tiene como herencia el derecho romano y la figura de parte de su familia.
En 1829, en el estado de Oaxaca, se expidió la primera acta de nacimiento. Aunque los requisitos no eran los mismos la esencia era similar, ya que había que establecer primero el apellido paterno y posteriormente el apellido materno.
Para el año de 1935 se introduce en el Registro Civil, el uso del formato preimpreso para el acta de nacimiento, en el que se homogenizan los datos que debe contener; sin embargo el orden de los apellidos se mantiene de la misma forma; lo que demuestra que por años se ha inducido a realizar una diferencia entre aquellas personas que solo tienen un apellido y los apellidos de la madre, generando incertidumbre en el menor ante la falta de elementos en su nombre.
Para el caso de las madres solteras, el problema consiste en que enfrentan cuestionamientos porque sus hijos tienen los mismos apellidos que ella. Por otra parte la Unicef ha manifestado que la identidad es un derecho fundamental de las niñas y niños desde su nacimiento, siendo ésta necesaria para beneficiarse de otros derechos.
Sabemos que este tipo de propuestas impulsan y generan cambios en nuestra sociedad, ya que por generaciones se ha realizado una distinción entre los apellidos, olvidando lo importante de los elementos integrantes del nombre; es la formación de una identidad para los niños y las niñas que los reconoce como miembros de una familia. Es importante fomentar la igualdad y reconocimiento de ambas filiaciones para eliminar este factor de discriminación.
Por otro lado, por parte del Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el Inegi, refirió que las familias biparentales representan el 70.9 por ciento y las familias monoparentales representan el 15.4 por ciento.
Esto nos da una idea del beneficio que traerá la presente reforma, porque más de 3 millones de familias monoparentales tendrán mayor certidumbre sobre su identidad documental, además del reconocimiento de todas las personas que deben de ser iguales ante la ley y tienen los mismos derechos.
Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza sumamos nuestros votos a favor del presente dictamen, que adapta los formatos requeridos para realizar trámites en diversas instituciones, ya sean públicas o privadas, y estamos convencidos de que debemos subsanar prácticas discriminatorias ancestrales, además nos queda claro que este dictamen representa una acción de justicia para el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente, y gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a la sesión, a un grupo de alumnos de la Universidad La Salle, de la licenciatura en derecho y de relaciones internacionales y economía, que están aquí invitados por el diputado Juan Pablo Adame. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión.
También saludo a un grupo de jóvenes dirigentes de la CNOP, que invitó el diputado Héctor García García; también bienvenidos a la sesión.
Tiene la palabra, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación y Servicios Educativos han sometido a la atención del pleno de esta soberanía, un dictamen referente a modificar el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, y adiciona la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación en materia de educación de los formatos y documentos para evitar la discriminación. El dictamen tiene su origen en la minuta que la Colegisladora envió a la Cámara de Diputados para su estudio, análisis y aprobación en su caso.
El punto central de la minuta aludida se refiere a que derivado de que en los formatos y documentos en uso en las diferentes dependencias federales, estatales y municipales previstos en las leyes y reglamentos en vigor, no consideran las diversas posibilidades de asentar los nombres y apellidos de las personas y se originan situaciones en las que resultan afectadas en sus derechos humanos.
La minuta señala como objetivo fundamental no establecer diferencias entre todas aquellas personas que cuenten con dos apellidos o con un solo apellido, razón por la que considero de importancia que la sociedad mexicana deje atrás estereotipos anquilosados que además son obsoletos.
La discriminación anotada cobra mayor relevancia cuando se trata de menores de edad que no comprenden a cabalidad el problema, por lo que en obvio de situaciones no deseadas se ha legislado atinadamente por la Colegisladora en tal sentido.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen en comento. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente Diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la diputada Zuleyma Huidobro González.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias, presidente. Desde el momento en que nacemos toda persona tiene derecho a obtener una identidad contemplando el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad, debido a que es la prueba de la existencia como parte de una sociedad y es lo que nos caracteriza y diferencia de los demás.
En México todo niño debe de ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido.
Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta de que por diferentes situaciones en ocasiones las niñas y niños no son registrados con sus dos apellidos, solamente con uno; inclusive se les denomina hijos de padres desconocidos, hijos adulterinos, incestuosos, expósitos y abandonados, así como adoptivos y de concubinato, entre otros calificativos.
Las reformas propuestas el día de hoy son avances en trámites administrativos y qué bueno que se hagan, pero para lograr evitar la discriminación en niñas, niños y adolescentes tenemos que emprender acciones más contundentes. Es fundamental que en nuestro Código Civil se plantee la no discriminación de niñas, niños y adolescentes por su origen.
Hace unas semanas presenté una iniciativa con el fin de contrarrestar dicho problema, ya que en la actualidad coexisten distintas clases de hijos bajo regímenes normativos que ponderan diferentes filiaciones. Esto da una tipología del absurdo comprendida en las distintas legislaciones civiles y familiares de las diferentes entidades de la república.
Existe todo un catálogo de denominaciones ofensivas en claro detrimento de los derechos humanos elementales.
Como sabemos, es imprescindible señalar que cada hombre, mujer y niño tiene el derecho de estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación.
No obstante ni las convenciones internacionales ni las leyes secundarias han servido para proteger a las niñas, niños y adolescentes por el hecho circunstancial de su nacimiento.
Resulta impostergable revisar la mayor parte de los códigos civiles de la república mexicana en cuanto a las normas de derecho familiar, para eliminar las que discriminan a los hijos por su origen o por las relaciones sexuales de sus padres. Es una realidad que atenta contra los derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, de la mujer, del hombre y de la familia en general.
Deben desaparecer las denominaciones de los hijos adulterinos, incestuosos, de la cárcel, de madre desconocida, huérfanos, de la calle, expósitos, abandonados, adoptivos, de padre desconocido, legitimados, de concubinato y de matrimonio.
Pero que desaparezcan tales denominaciones en materia de filiación no constituye sólo un asunto de carácter terminológico, implica también la formación de derivaciones contradictorias y nocivas que repercuten en la implementación de la norma que las tutela.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen; pero proponemos que no sólo se hagan dichas modificaciones en la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Ley General de Educación, sino que además se profundicen reformas en el Código Civil con el objetivo principal para que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en un ambiente sano. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, señor presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados, la discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades.
La discriminación se ha enfocado histórica y sistemáticamente en contra de quienes en una sociedad son diferentes al resto de las personas por su apariencia física, religión u otro rasgo.
Esto ha provocado asignarle la denominación de “grupos vulnerables” a quienes se hallan en este supuesto.
Según la Convención de los Derechos del Niño, todo infante tiene derecho a una identidad y es obligación de todos respetarla, pues atiende a la dignidad del ser humano en cuestión y además por ser la carta de presentación para con la sociedad.
La situación de vulnerabilidad a la cual están sometidos los niños debido al acoso escolar y a la discriminación, debe de ser contenida, ya que la niñez es una etapa de formación, desarrollo, aprendizaje y por ende tiene mayor sensibilidad a los efectos externos, los cuales pueden producir secuelas que podrían influir de manera negativa por el resto de sus vidas.
Por lo tanto es necesario proporcionar todos los medios para procurar la integridad física y psicológica de todo menor. Los niños en este entendido deben de ser sujetos pasivos de la máxima protección que podamos brindarles las instituciones del Estado, respetando sus diferencias.
El caso de poseer sólo un apellido o dos no debe ser motivo de burlas, maltratos o discriminación, pues cualquiera que sea propenso a dicha condición ni mucho menos a sus cualidades físicas o mentales no debe demeritar ningún derecho dado por la Constitución ni por ningún tratado internacional.
Un estudio de esta soberanía reveló que en México existen cinco millones de madres solteras, separados o viudas, quienes en muchas ocasiones, al igual que sus hijos, son sujetos de discriminación. Estas cifras nos muestran un severo problema de las madres solteras.
Por ello, el gobierno y la sociedad deben unir esfuerzos para luchar en contra de esto, pues finalmente el beneficio no solamente es para un grupo definido, sino para todo el género humano.
Es por todo esto que en el Partido Verde apoyamos la reforma al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se propone adecuar los formatos, formularios y documentos necesarios para realizar cualquier trámite con la finalidad de que se evite la discriminación a los niños que cuenten con un solo apellido.
De igual manera estamos a favor de la adición de la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación donde se impone a las autoridades educativas utilizar formatos, formularios o cualquier otro documento similar, estableciendo el término, apellido o apellidos.
De esta manera se busca generar equidad y evitar la discriminación de las madres solteras, las cuales por lo menos, como dijimos, son cinco millones, y a la protección de sus hijos.
Estamos seguros que la propuesta beneficiará a un importante número de niños que en la actualidad son expósitos, niños recién nacidos, abandonados, de padre desconocido o nacidos fuera de la convencionalidad del matrimonio o incluso de errores a la hora de llevar a cabo el registro ante autoridades civiles.
Además, volvemos a manifestar nuestra postura positiva al dictamen en discusión pues con reformas como éstas se superan anacronismos como el tradicional reconocimiento de las filiaciones paterna y materna, considerando a ambas como similares.
Estamos ciertos que conviene seguir dando pasos que rompan paradigmas. Trabajemos juntos para ello. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde creemos importante seguir desarrollando las políticas tendientes a generar espacios libres de discriminación y un ambiente de pluralidad y tolerancia, y esta reforma abona a conseguir el objetivo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: en México, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el derecho a la identidad es un elemento fundamental para el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.
Desde el momento de su nacimiento, los niños y las niñas necesitan contar con una identidad. Para ello, el primer paso es inscribir su nacimiento en los registros públicos para contar con un nombre y con apellido.
Estamos conscientes de la importancia que tiene el registro de nacimiento, plasmado en un documento público denominado acta, ya que es a través de ésta que se establece la identidad del niño o la niña, su origen, su nacionalidad, así como una serie de derechos como el derecho a suceder, a ser reconocido, entre otros afines.
El registro de nacimiento no sólo otorga al recién nacido el reconocimiento legal de su existencia e identidad, sino que además indica que la niña o el niño han adquirido pertenencia. En contraposición una niña o un niño cuyo nacimiento no ha sido registrado, corre el riesgo de exclusión, se le niega la posibilidad de ejercer su derecho pleno de la identidad y el de un nombre reconocido con apellido o apellidos; se le dificulta acceder a su derecho a la educación, a la salud, al cuidado, a la protección, y aquellos derechos a ejercer en edad adulta a la participación ciudadana y a la protección.
El niño o niña cuyo nacimiento no ha sido registrado, se encuentra expuesto además, al tráfico de menores, al abuso y a la explotación en todas sus formas. Por ello, el registro de nacimiento es un derecho humano así reconocido por diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño.
De la Convención sobre los Derechos del Niño señalaremos que de manera puntual establece en su artículo 7o, que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Por su parte, el artículo 8 manifiesta que los estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares.
Dentro del marco jurídico nacional, la Ley del Protección para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad.
Datos del porcentaje del Registro de Nacimiento de la Población menor de un año en 2010, proporcionada por la Red de los Derechos de la Infancia, la Redim, en su informe La infancia cuenta del 2012, nos menciona que un total de dos millones cien mil 500 niños y niñas, lo que representa tan solo el 79.4 por ciento de esta población, cuenta con registro oportuno.
Esta cifra muestra que aun deben aplicarse acciones eficaces para lograr la cobertura total en el país para dar respuesta a ese más del 20 por ciento que no ejerce este derecho, y es que en efecto, estamos frente a una problemática mayúscula que debemos de resolver de la mejor manera, ya que no existe en el marco normativo del país alguna disposición que ordene que el nombre del hijo o hija será integrado con el apellido materno y materno ni el orden en el cual deben de inscribirse.
Por eso, el dictamen que vamos a aprobar tiene que ver con una reforma al artículo 22 de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, y adicionar la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación.
Se trata de una reforma contenida en la minuta remitida por el Senado de la República, donde existe la obligación de las autoridades de adecuar los formatos o documentos necesarios para realizar cualquier trámite con el fin de evitar la existencia de distinciones entre las personas que tienen ambos apellidos, sobre las que tienen un solo apellido.
En este cambio en los formatos o formularios que se ha requerido para la realización de cualquier trámite va a uniformizar, va a facilitar y optimizar el correcto registro de nacimiento de las niñas y los niños.
Cabe señalar además que impulsamos esta reforma porque estimamos que actualmente en México la ausencia de registro de nacimiento afecta en mayor medida a las niñas y niños que pertenecen a la población pobre y marginada, como niñas y niños indígenas, migrantes o hijos de migrantes que viven en áreas rurales, así como en zonas remotas o fronterizas.
Por todo lo expuesto, compañeras y compañeros, el Partido de la Revolución Democrática votará favor del presente dictamen, porque estamos plenamente convencidos que a partir de esta reforma las niñas, niños y adolescentes podrán ejercer plenamente el derecho a su identidad, a fin de que sean registrados con base en los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite que utilicen el término apellido o apellidos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Genaro Carreño Muro.
El diputado Genaro Carreño Muro: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, un derecho que tienen los niños al momento de su nacimiento es su inscripción ante el Registro Civil, ya que con ello adquieren una identidad legal. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia comenta que la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derecho y responsabilidades, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y la colectiva de las personas.
De acuerdo al INEGI, los datos que proporcionan los registros administrativos de nacimientos indican que en 2011 se registraron 2.6 millones de personas, 82 fueron de niños menores de un año de edad, lo que significa que el 18 por ciento de las personas que se registraron ese año tenían un año o más, lo que en muchas entidades federativas es considerado un registro extemporáneo o tardío.
Tres de cada cuatro personas que se registraron tardíamente son niños de uno a 14 años, de los cuales la distribución porcentual, según escolaridad de la madre y lugar donde reside marcan un contexto de desigualdad socio-económica y regional que limitan el ejercicio de este derecho.
Desafortunadamente, aunado al registro tardío de los menores de edad, existe otra situación que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, los menores registrados de madres solteras, de quienes sus parejas optaron por eludir su responsabilidad y no se hacen cargo de ellos.
La consecuencia es que los niños son condenados a sufrir discriminación y señalamientos por parte de sus compañeros en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, pero mayormente en los planteles educativos por la situación afectiva que viven.
Compañeras y compañeros diputados, lamentablemente ésta es una situación complicada para los hijos, porque económica y afectivamente se encuentran desprotegidos, además de que en el Registro Civil quedan registrados únicamente con el apellido materno.
Definitivamente estos son aspectos que influyen en su conducta y en su estado de ánimo para desenvolverse en su crecimiento personal. Sin embargo, como bien se expone en el dictamen que discutimos, otros casos en que los niños no son registrados con el apellido del padre seguido del de la madre ocurren de acuerdo con los supuestos legales, cuando se trata de niños expósitos o de cuando son padres desconocidos en cuyo caso el juez del Registro Civil le dará un nombre y apellidos.
Es por todo ello que votaremos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a favor del dictamen de la minuta que hoy discutimos, porque con las modificaciones que se proponen se logrará que cada entidad federativa procure que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite contengan, al término, apellido o apellidos, pero además esta disposición deberá de ser promovida también por las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias para la realización de cualquiera de sus trámites.
Con estas adecuaciones se evitará la existencia de distinciones entre las personas que tienen ambos apellidos de las que tienen un solo apellido. Entre los principales beneficiados están las niñas, niños y adolescentes, que serán registrados por sólo uno de los progenitores. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Saludamos a los alumnos del curso ambiental de la carrera de biología, de la FES Acatlán, que están hoy aquí invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga. Bienvenidos a la Cámara.
Tiene la palabra la diputada Isela González Domínguez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Isela González Domínguez: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. En el año de 2011 se efectuaron diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos que significaron un gran avance para los mexicanos, permitiendo, entre otras cosas, que el Estado garantice el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna, proscribiendo así cualquier acto que conduzca a la exclusión y fomente la distinción de las personas en cualquier ámbito.
Sin embargo, el INEGI señaló que existen 4 punto 5 millones de mujeres que son madres solteras, las cuales, al igual que sus hijos, son sujetos de discriminación, enfrentándose a la desigualdad laboral, educativa, social y económica.
Entre las prácticas discriminatorias de los hijos de las madres solteras prevalece la diferencia entre las niñas y los niños que tienen un apellido o dos, generando especulaciones negativas entre las filiaciones paterna y materna, lo que se traduce en un grave fenómeno de exclusión.
Cabe resaltar que eso también es un problema para los hijos de padres solteros, ya que en el Consejo Nacional de Población ingresó a partir del año 2002 como parte de sus estadísticas a los hombres que cuidan solos a sus hijos, destacando que del año 2000 al 2008 los hogares encabezados por el padre, sin una pareja, incrementaron de 3 punto 4 por ciento al 4 punto 1 por ciento.
Es vital destacar que el reconocimiento del derecho a la identidad, en el caso de los hijos de madres y padres solteros se hace efectivo mediante la inscripción del nacimiento de los niños, niñas y adolescentes en el Registro Civil.
Con ello no solo se otorga el reconocimiento legal de su existencia, sino que además se ubica el sujeto como parte de una familia, asegurando así su sentido de pertenencia a una comunidad, a una nación.
La inscripción ante el Registro constituye el primer paso para el reconocimiento de derechos de aplicación posterior, tales como el acceso a los servicios de salud o educativos. Así como también debe ser vista como un seguro contra el abandono. Entendida como una institución que es fruto de la modernidad, la función registral ha sido, desde sus inicios, una garantía de respeto a los derechos de las personas dentro de un Estado laico y republicano. Pero como cualquier otra creación humana debe ser adecuada a la realidad para así hacerla funcional.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, con la finalidad de procurar que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen el término apellido o apellidos, con el objeto de que se ejerza plenamente el derecho a la identidad.
Apoyaremos con nuestro voto la adición de la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, para que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, también adecuen los formatos y documentos para evitar la discriminación y se establezca en ellos el término apellido o apellidos.
De esta manera se tomarán medidas tendentes a establecer condiciones de efectiva igualdad en la educación. Tenemos la seguridad de que las presentes reformas constituyen un paso firme en la búsqueda de igualdad entre los mexicanos. Es cuanto, compañeros y compañeras. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene finalmente el uso de la voz, para hablar a favor, la diputada Socorro Flores Salazar.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al cual pertenezco, en relación al proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, e la iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y adiciona la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación en materia de educación, de formatos y documentos para evitar la discriminación.
La minuta que da origen a este dictamen se gestó desde el 2007 y ese día se discute en el pleno, después de seis años de rezago. Hoy tenemos el deber de reivindicar. El dictamen tiene como objetivo fundamental no establecer diferencias entre todas aquellas personas que cuenten con apellidos o con un solo apellido.
Con ello se pretende establecer en la normatividad, que es materia del presente análisis, la obligación de las autoridades para adecuar los formatos y documentos necesarios para realizar cualquier trámite, con el propósito de evitar la existencia de distinciones entre las personas que tienen ambos apellidos de las que tienen un solo apellido.
Esta diferencia, que puede parecer menor, de acuerdo a cifras oficiales del Inegi afecta a más de 4 millones de mexicanos, sobre todo hijos de madres solteras que por no contar con dos apellidos reciben un trato diferenciado que se expresa de inicio en una serie de limitaciones para realizar diversos trámites ante las autoridades.
En el actual contexto una de las apremiantes necesidades del país se refiere a la promoción de la inclusión y la equidad. Un reto que los legisladores debemos impulsar con acciones afirmativas es evitar la discriminación de los niños y adolescentes que se encuentren en esta situación.
La vulnerabilidad que enfrenta la niñez en México está basada fundamentalmente en dos razones:
La primera es que las niñas y niños forman parte de un grupo que al estar en proceso de formación y desarrollo mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, por ejemplo, para acceder a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos, y en general a cualquiera de los derechos reconocidos. La segunda es que frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es poco visible en relación con otros grupos d la población.
Los legisladores que integramos ambas comisiones consideramos que las leyes federales que se pretenden reformar requieren de particularidades como las que se proponen, a fin de que sean compatibles con la situación actual de la sociedad en México.
Lamentablemente la discriminación hacia quienes solamente cuentan con un solo apellido limita a una buena parte de los mexicanos en su desarrollo económico, social y político; y evita el acceder a la educación, a la salud, al empleo, al deporte, a la cultura, entre otros aspectos, al ser discriminados por tal motivo.
Por ello, las niñas, los niños y los adolescentes son particularmente importantes, un ambiente donde existe la igualdad de oportunidades, de acceso a la educación, a la salud y el esparcimiento, por mencionar algunas, es una condición importante para su desarrollo integral que les permita ir hacia una edad adulta con todos sus derechos.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ve en la aprobación de esta minuta un acto de congruencia con los principios democráticos que nos dan origen.
Por lo anterior, el dictamen que se propone a consideración de ustedes, señoras y señores legisladores, establece en el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el artículo 33 de la Ley General de Educación, la finalidad para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad y de acuerdo a las normas de cada entidad federativa se procuren los formatos, formularios o cualquier otro tipo de documentos que sean requeridos para la realización de cualquier trámite, utilicen en el término apellidos o apellido.
En tal virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor la iniciativa. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores. Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De viva voz, diputados, por favor.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 436 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E, del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es: comentarios relativos al Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres.
Se han registrado para hablar por sus grupos parlamentarios, en primer lugar la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, que tiene la palabra, hasta por siete minutos.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, presidente; compañeras y compañeros diputados. Los asesinatos de mujeres por razones de género representan el extremo y la culminación de violencia contra las mujeres, producto de un sistema que contribuye a la violación de sus derechos humanos en los diferentes ámbitos, conformada por el conjunto de conductas discriminatorias que pueden conllevar impunidad social y del Estado.
Ante esto, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las mujeres sus derechos humanos fundamentales, con acciones que permitan prevenir toda forma y situación que las vulnere y, en su caso, atienda, sancione e investigue con debida diligencia los flagelos que se cometan en su contra y por supuesto establezca medidas para erradicar estas prácticas que impiden nuestro pleno desarrollo y bienestar.
A pesar de que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado como un mandato nacional e internacional, la violencia contra las mujeres en todas sus formas y modalidades persiste en nuestro país como una violación sistematizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género.
Son muchos los esfuerzos que se han realizado para abatir éstas vergonzosas formas de violación a los derechos humanos. Con la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en el año 2007, se establecen de manera clara las atribuciones específicas de medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, incluyendo la violencia feminicida.
Gracias a los aportes científicos y académicos de investigadores de nuestro país y el mundo se han logrado avances y, hoy día, ya se nombra, define y se encuentra tipificado a nivel federal éste lamentable delito contra las mujeres.
No obstante es necesario seguir abonando en el tema. Por ejemplo, para la armonización, a fin de que se logre en toda la República Mexicana se tipifique el feminicidio de manera adecuada y armonizada con lo que estipula el Código Penal Federal y cuando se establezcan medidas legislativas para la investigación diligente por parte de las autoridades correspondientes.
A pesar de los aportes del marco jurídico, el problema ha alcanzado índices alarmantes. Entre 2006 y 2012 los feminicidios de nuestro país aumentaron en un 40 por ciento de acuerdo al Informe de Sobrevivientes Defensoras, mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala, elaborado por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nóbel en enero de 2012.
Asimismo, el Estudio Violencia Feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas en 1985-2010 que realizaron en colaboración ONU Mujeres, la Comisión de Feminicidios de la LXI Legislatura y el Inmujeres, muestran que en 2010 ocurrieron un promedio de 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. Estas cifras no pueden ser más que llevarnos a pronunciarnos y reiterar que los feminicidios son simplemente inaceptables.
El problema en nuestro país es muy grave, de acuerdo con el Estudio Nacional Sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia para las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavin).
En los municipios contiguos geográficamente que registran una tasa de crecimiento de homicidio contra mujeres, se encuentran el estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Durango, Sonora, Guanajuato y Veracruz.
Como vemos, garantizar plenamente los derechos humanos de las niñas y mujeres sigue siendo un asunto pendiente del Estado mexicano. Por ello es necesario la coordinación y vigilancia de acciones integrales que impidan la configuración de cualquier tipo de violencia, incluyendo la institucional.
Es decir, de la impunidad por parte del Estado en el acceso a la justicia de las mujeres afectadas y sus familias, acciones para la formación, capacitación y especialización permanente de operadores de justicia, así como para verificar el cumplimiento de la aplicación de un protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, que incluyan la búsqueda de oficio como una medida tendiente a proteger la vida y libertad de las mujeres.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que días como hoy que nos permiten visualizar problemas lamentables como el feminicidio en México, son oportunidad de revisar y reforzar lo que nuestro mandato le corresponde para erradicar este delito cometido contra las mujeres.
Compañeras y compañeros, sin politizar un problema persistente en nuestro país, exhortamos a las autoridades competentes para que desde sus atribuciones y jurisdicción, actúen de una debida diligencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar este penoso flagelo y se garantice de manera efectiva la integridad física y emocional de todas las niñas y mujeres de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Me complace mucho que esté usted presidiendo en el momento en que se lleva a cabo este punto del orden del día.
Con la venia de la asamblea. “Si las matan es porque se lo merecen, porque andan por ahí con minifaldas en la calle levantando la tentación y el deseo de los hombres”. Esto, compañeros diputados, evidentemente no es un dicho mío, sino del ex gobernador Francisco Barrio, que se enfrentó al gran problema feminicida en Chihuahua y nunca tuvo el valor, no solamente de aceptar el fenómeno, sino de atender a las madres y a los familiares de las mujeres desaparecidas; no sabía qué hacer con este nuevo fenómeno social y nos culpaba a nosotras las mujeres, por el uso de las minifaldas.
El feminicidio, como ya se ha dicho en esta tribuna, es la forma extrema de violencia hacia las mujeres por razones de género. El odio de género, compañeras y compañeros diputados, existe. Tenemos que aceptarlo, tenemos que enfrentarlo porque no existirá otra manera en que lo podamos resolver.
La violencia contra las mujeres es, pues, en el feminicidio, el producto de la violación no solamente de nuestros derechos humanos que pueden llevar a la impunidad, como ha sucedido en este país y culminar con el homicidio que tiene sus bases, si, entendámoslo, aceptémoslo, en el odio a las mujeres. ¿Por qué razón? Eso es algo que tenemos que llegar al fondo, entender y atacar.
El 6 y el 7 de noviembre del año 2001, ocho cuerpos de mujeres fueron hallados en un viejo campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es lo que para nosotros en Chihuahua comúnmente se conoce como el asunto del campo algodonero.
Fueron tiradas, abandonadas a la intemperie; no solamente estaban violentadas sexualmente, sino también físicamente. Estas mujeres que fueron dejadas a la intemperie ahí también fueron dejadas por el Estado.
La denuncia de la desaparición se había realizado meses anteriores por sus familiares y las autoridades, en aquel entonces el gobernador Patricio Martínez, no habían hecho caso de este fenómeno en Chihuahua.
Después de un proceso judicial de ocho años, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró culpables en México. La Corte señaló que la principal causa del feminicidio es la discriminación de género, no solamente el asesinato, sino la discriminación en general.
Es entonces cuando surge en México este Día Nacional de Erradicación de Feminicidio a la Desaparición de las Mujeres.
Por más que se diga que ha habido avances, no ha sido formalmente proclamado este día ni tampoco han sido claros los avances que hay para evitar y erradicar la discriminación de las mujeres. Este espacio en la agenda del orden del día es un ejemplo claro. Pareciera que éste es un tema de mujeres gritando y clamando solamente para que les pongan atención. Esto es un fenómeno social, señores y señoras diputados, que deberíamos de atender.
Según el estudio de violencia feminicida, en México se registraron en 2010 dos mil 335 defunciones feminicidas con presunción de homicidio, es decir, escúchenme bien, 6.4 mujeres cada día.
Las asociaciones civiles argumentan que entre 2011 y 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres, pero sólo 115 fueron investigados por el feminicidio. Qué es lo que sucedió con la cruzada contra el crimen organizado de Calderón. El feminicidio pasó a segundo plano y pareciera que los asesinatos de odio hacia las mujeres se confundieron, se mezclaron con los asesinatos del crimen organizado.
De acuerdo a estudios ya presentados en el país, 60 por ciento de los casos de las desapariciones de mujeres y ahora de adolescentes se dan en los estados de Chihuahua —desgraciadamente mi estado—, Coahuila, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
El perfil de las víctimas, porque hay perfil de las víctimas, es que se trata de mujeres de entre 20 y 40 años que realizan trabajos con salarios bajos. Es entonces éste, pues, no solamente un tema de discriminación de género, sino pareciera también un tema de discriminación económica.
El Estado ha dicho que ha avanzado en cosas; en efecto, se aprobó la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, en 2007, y muchas otras cosas. Pero aquí hay que reconocer algo con mucha claridad: casi todos los esfuerzos y los avances que se han dado en el tema de feminicidio vienen desde la sociedad civil.
Desde aquí, desde esta tribuna, mi más alto reconocimiento a las asociaciones civiles, a las ONG que en mi estado, Chihuahua, han sacado el tema y no han dado ni un paso atrás para defender a sus hijas desaparecidas y tratar de buscar la verdad.
Las Mujeres de Negro, las Mujeres de Rosa, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, todas estas mujeres que son verdaderas luchadoras sociales, han llevado este tema hacia adelante. Las madres de familia y de mujeres desaparecidas y asesinadas, no se les ha hecho justicia a pesar de su activismo. Necesitamos, desde esta Cámara de Diputados, tomar en serio el tema del feminicidio. La comisión de la que soy parte, no puede ser tomada como una cosa curiosa que solamente cubre un espacio en la agenda.
Terminaría diciendo solamente dos cosas: el impacto social del odio de género no permite que las sociedades se desarrollen de manera equitativa, es más, está comprobado que detiene el desarrollo no solamente social, sino también económico de los países.
Compañeras y compañeros diputados, si creemos que el tema del feminicidio y la erradicación de la violencia contra las mujeres es un tema de “viejas”, entonces nunca vamos a avanzar en este país.
Les digo, demos la importancia a este tema, la importancia que merece, y entonces apoyemos a las organizaciones civiles que han llevado este tema adelante, y tengamos el valor y tengamos también la visión de tener y de atacar la violencia de género como se merece.
Agradezco este espacio y agradezco a la Junta de Coordinación Política que finalmente hayamos podido subir este tema a la agenda, y agradezco su atención a los pocos que la dieron. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señora presidenta. Históricamente han sido las mujeres quienes más han sufrido el peso de la violencia, la desigualdad, la explotación y la discriminación. Y aunque en los últimos años la legislación de nuestro país ha dado signos de pequeños avances en la materia, no hemos logrado erradicar estas conductas tan deleznables.
Para la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres, es la forma más extendida de violación a los derechos humanos. En nuestro país, el nivel de feminicidio alcanzó su punto más alto en el año 2010, cuando se calculaba que diariamente eran asesinadas 6.4 mujeres por violencia de género.
El 25 por ciento de estos crímenes se encontraban en cinco municipios en ciudad Juárez y Chihuahua; en el estado de Chihuahua, en Tijuana, en Baja California, en Culiacán, Sinaloa, y en Ecatepec, estado de México.
Aunque las cifras de los organismos varían, en febrero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, resaltando que desde el año 2000 se habían documentado 372 asesinatos de mujeres, que la mayoría de los atentados habían ocurrido en el hogar de las occisas. Todas ellas fueron humilladas, torturadas, maltratadas, atemorizadas y golpeadas hasta la muerte. Toda quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas y amenazadas. Vivieron la impotencia y la indefensión más extrema.
Como mencioné, las cifras son variables, de acuerdo a los datos del informe Violencia feminicida en México, en nuestro país han ocurrido 36 mil 606 feminicidios de 1985 a la fecha y el aumento fue más drástico durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando los crímenes aumentaron en más del 100 por ciento.
El estado de Chihuahua arroja las estadísticas más catastróficas, pues la entidad fronteriza se encuentra 15 veces arriba de la media mundial en asesinatos por violencia de género. La misoginia, la ignorancia, la cultura, el desarraigo, la inacción, la impunidad y la sordera de las autoridades son las principales causas de este grave delito.
En el estado de México las cosas no son tan diferentes, en esa entidad más de mil 500 mujeres han sido asesinadas con exceso de violencia en los últimos 8 años, y el gobierno federal se ha opuesto en reiteradas ocasiones a la emisión de la alerta de género.
El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la alerta de violencia de género como el conjunto de las acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. De acuerdo al mismo ordenamiento de alerta, se emitirá cuando los delitos contra la vida y la seguridad de las mujeres perturben la paz social, cuando exista un agravio que impida el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o los organismos de derechos humanos, los organismos de la sociedad civil o internacional lo soliciten.
Seis punto cuatro asesinatos al día, de los cuales 95 por ciento quedan impunes. Les recordamos que la inacción ante los feminicidios constituye violencia institucional, convirtiéndolo así en un crimen de Estado. Todas y todos aquellos que se han opuesto a la emisión de la alerta de género en el estado de México son directamente responsables de que los homicidios sigan sucediendo en esa entidad.
Ejemplos como el que acabo de mencionar son la muestra de que no bastan la legislación y los discursos, hacen falta los hechos, hace falta la concientización en especial de los representantes de los partidos sobre la violencia que a diario en todo el país y en todos los ámbitos sufren las mujeres mexicanas.
Conmemoramos el Día Nacional contra el Feminicidio, en Movimiento Ciudadano esperamos que este día no sólo sea para escuchar discursos demagogos. No podemos permitir un país acostumbrado a la violencia, no podemos cruzar los brazos y voltear hacia otro lado como si nada pasara; vivimos en un país ahogado en la corrupción, en la impunidad, en la desigualdad, en el hartazgo, el terror, el crimen y los feminicidios.
Es nuestro deber actuar por el bienestar de México y con discursos no lo vamos a lograr. Esperamos que las miles de mujeres asesinadas con exceso de violencia a lo largo de todo el territorio nacional nos dejen un aprendizaje, que su sufrimiento sirva para crear consciencia, para lograr el impulso de verdaderas políticas públicas que protejan al género femenino y concienticen sobre las dificultades que a diario enfrentan muchas de ellas, las mujeres quienes históricamente han sufrido con mayor fuerza el peso de la violencia, la discriminación, la desigualdad y la opresión. Ni una muerta más. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, presidenta. Diputados y diputadas, a nombre de la fracción del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vengo a esta tribuna para llamar la atención sobre recordar este día tan triste, que fue el 6 de noviembre, que desde 1993 viene recordándose, desafortunadamente, en nuestro país, pero también hacer un recuento de lo que hemos hecho desde el Poder Legislativo y lo que se ha hecho en las instituciones, y a preguntarme y a preguntarles, ¿qué vamos a hacer? Cuando lo que hemos estado haciendo es insuficiente para enfrentar la problemática que crece día a día respecto a la violencia contra las mujeres.
¿Qué es lo que hemos hecho? Esta soberanía, desde la LX Legislatura destinó un recurso que se ha ido multiplicando, en ese tiempo de 7 mil millones de pesos y ahora de 20 mil millones de pesos y se pretende que para el siguiente año sea de 24 mil millones de pesos, para dirigir una política que se llama de transversalización de perspectiva de género.
Esta política pretendía que el recurso que se le daba a más de 20 instituciones, incluyendo a los militares y a la gente de diferentes instituciones que tienen que ver con el ámbito de la justicia, pudieran promover e impulsar un proyecto que generara igualdad de género, pero también que enfrentara la situación de la violencia contra las mujeres.
La Cámara de Diputados, en especial, y el Senado de la República, han aprobado sendas reformas a la Constitución respecto a los derechos humanos de las mujeres y derechos políticos, pero también hemos emitido leyes contra la violencia familiar hacia las mujeres, hemos emitido leyes de la igualdad entre mujeres y hombres, y hemos emitido normas, reformas a la norma penal para constituir el delito de feminicidio, tanto en lo federal como en lo estatal.
Solamente faltan tres estados, que no voy a decir su nombre porque luego me reclaman los diputados que lo mencione, pero hay tres estados que no han tipificado este delito. Sin embargo, no ha sido suficiente ni que reformemos la Constitución ni que emitamos leyes nuevas ni que tengamos un presupuesto importante para enfrentar esta problemática.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y desde mi punto de vista, diputados y diputadas, es precisamente buscar que todo esto que estamos haciendo sea medido, que haya rendición de cuentas de los gobiernos estatales y del gobierno federal.
También tenemos que buscar que la sociedad civil organizada tenga una mayor participación en estos temas. Pero sobre todo, compañeras y compañeros, no simular que en esta soberanía les interesan estos temas, sin verdaderamente enfrentar la problemática, no solamente con recursos y normas sino generando una nueva cultura contra la violencia hacia las mujeres.
Y esto lo menciono, compañeros y compañeras, porque la semana pasada se pospuso discutir este tema, pero el día de hoy son pocos los legisladores que les interesa estar escuchando esta discusión de análisis político respecto a lo que está pasando con las mujeres.
Si bien es cierto, aquí vinieron a declarar los representantes del INEGI, de que no había un reporte oficial respecto a los feminicidios como tales, en los estados de la República y a nivel federal, también es cierto que cuando el Estado mexicano se presenta a la rendición de cuentas respecto a los derechos humanos, se han emitido alertas respecto al incremento del asesinato de mujeres en el país.
Hay varios estados que están mencionados y no vamos a hacer de esto un problema político. Tenemos que verlo como un problema que tenemos que enfrentar desde diferentes aristas. Sí seguir dando recursos, sí seguir reformando normas, pero sobre todo, darles seguimiento y pedir la rendición de cuentas en todos los ámbitos. Qué está haciendo la Procuraduría General, cómo está combatiendo la impunidad en estos asesinatos. Qué están haciendo las procuradurías locales, qué están haciendo los congresos locales para darle seguimiento y darle equilibrio de poder en los estados de la República para que les rindan cuentas respeto a estos temas.
Compañeras y compañeros, con éste, muchos de los temas que son relevantes para generar condiciones de igualdad, para generar condiciones de no discriminación y generar condiciones de resguardo y protección de los derechos humanos, pareciera que son temas secundarios para esta honorable asamblea.
Le pido a los legisladores, solicito a mujeres y hombres que pongamos mayor atención, principalmente en esas comisiones especiales, y desde luego, solicitar que la Comisión de Igualdad de Género siga dándole seguimiento a este importante tema y a los reportes que a nivel internacional se están dando para que se puedan corregir las políticas públicas y pueda haber mayor cobijo y protección para el sector de las mujeres.
Este tema, compañeras y compañeros, sé que quizás en el discurso suena muy frío, pero cuando una madre de familia se enfrenta en el estado de Chihuahua, en cualquier estado, a que maten a su hija y no haya justicia para ella. A que maten a su hermana o a su madre y no haya justicia para ella. O cuando nos toca a nosotros que a nuestros familiares o que a nuestras hijas o nuestras hermanas les suceda un problema de estos, es cuando enfrentamos una realidad que no vemos cuando estamos en esta soberanía. Y es a lo que apelo a ustedes, a su sensibilidad para que este tipo de temas no pasen desapercibidos y pongamos mayor atención y pongamos mayor énfasis en cómo enfrentarlos y esos cómo podamos resolverlos en conjunto para poder enfrentar la problemática. Muchas gracias. Es cuanto, diputados y diputadas. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su venia, diputada presidenta. Señoras diputadas y señores diputados, precisamente por este grave problema que tenemos en nuestro país, que son los feminicidios, fue creada la Comisión Especial para darle seguimiento puntual y exhaustivo a los feminicidios registrados en nuestro país.
Una de las expresiones más extremas de la violación a los derechos humanos de las mujeres es la violencia. La violencia es sólo uno de los recursos de la fuerza humana, el más primitivo, impulsivo, rudimentario y brutal.
Es inseparable de la agresividad, de la destrucción, y se halla siempre asociado a la guerra, al odio, a la dominación y a la opresión. La violencia contra las mujeres adopta diversas formas de discriminación, humillación, tortura, golpes, hambre, mutilación, llegando a las más extremas, que es el feminicidio.
En México es enorme el problema del feminicidio, no existen estadísticas completas, muchos de esos crímenes no son reportados y por lo tanto no se reflejan en las estadísticas, sin embargo hay indicadores que ponen en evidencia una gran incidencia de mujeres asesinadas al año.
No sólo la cantidad preocupa, sino que el feminicidio muchas veces se acompaña de violencia sexual y tortura. La impunidad de los feminicidios por razones de discriminación es más alta en comparación con otros crímenes.
La violencia de género se documenta diariamente por las expresiones de la sociedad civil organizada, por los organismos de derechos humanos, así como de informes al día que los medios de comunicación emiten claramente. Para muestra la Comisión Interamericana de derechos Humanos ha emitido 20 recomendaciones a México para atender la violencia feminicida, sin que ninguna instancia competente otorgue una respuesta oportuna al respecto.
En días pasados México reprobó el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el resolutivo indica que tiene 188 recomendaciones que lo condenan. Ante la preocupación por el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer Estados miembros de la ONU recomendaron a México combatir la impunidad y garantizar condiciones de bienestar para este grupo.
Para la sociedad civil organizada los casos de violencia feminicida, del hostigamiento al asesinato están argumentados, hay volúmenes inmensos de pruebas y contundencias en los testimonios, pero ello sólo ha conseguido que los gobiernos e instancias responsables de atender esta grave situación sólo busquen salidas inaceptables de la impunidad cotidiana a una respuesta sistemática, que busca ocultar y minimizar el problema.
De acuerdo a datos publicados del 2007 a junio de 2012 sólo en tres estados del país se perpetraron 4 mil 112 homicidios contra las mujeres. El organismo de Amnistía Internacional recomendó al Estado mexicano, a través del documento, información de Amnistía Internacional, para el Examen Periódico Universal de la ONU, dar prioridad a las medidas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres que se da en el país, especialmente en las entidades que tienen un elevado índice de denuncias de asesinatos y ataques contra mujeres y niñas.
En los últimos años se ha pedido que se active la alerta de género en 11 estados de la república. Las organizaciones de la sociedad civil han solicitado declaratorias de alertas de violencia de género al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aunque ninguna ha sido aceptada en cinco años de existencia del mecanismo. Hay casos inadmisibles en el país y no hay respuesta, los gobiernos desestiman las peticiones de alerta de género que están en la ley, pero que nadie las respeta.
El informe, Feminicidio en México, de la Cámara de Diputados, señala que para 2010 se registraron 2 mil 335 muertes femeninas con presunción de homicidio, es decir, 6.4 al día. Esta cifra muestra que respecto de los últimos 25 años, el año 2010 fue el más violento para las mujeres.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sostiene que entre 2001 y 2010 ocurrieron 14 mil 991 muertes por homicidio en mujeres, de ellos 5 mil 900 datan del periodo 2008-2010. La tasa de homicidios dolosos de mujeres para 2010 fue de 4.5 por ciento por cada 100 mujeres, esta cantidad superó el promedio global reportado por el Continente Americano, que fue de 4 e implica un retroceso de 14 años para el país, que desde 1996 no reportaba tasas similares.
En el país se cometen diariamente 6.4 feminicidios por día, según datos de ONU Mujeres, desde 1985 y hasta junio de 2013 se tenían registrados 33 mil feminicidios. Hago un exhorto respetuoso, pero a la vez enérgico al Estado mexicano para que ponga atención y que no se sigan cometiendo este tipo de delitos y de igual manera para que operen los mecanismos de protección que mandata la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La no acreditación del feminicidio se debe que aunque se cuenta con un tipo penal en los códigos penales, no se han modificado las leyes orgánicas de las Procuradurías de Justicia y estatales y del Poder Judicial, para obligar a los servidores públicos a investigar de manera pertinente estos casos.
Hagamos en este día un compromiso político de promover sin regateos una reforma integral de la Ley General de Violencia, ya que es necesario hacer mejoras a la alerta de violencia de género y en el otorgamiento de órdenes de protección. Para 2013 indicadores señalan que de los 58 mil hechos de violencia registrados solo se han otorgado órdenes de protección a 7 mil.
También requerimos que las procuradurías estatales rindan informes puntuales y precisos sobre los casos de feminicidios, pues prevalece la falta de claridad en los registros y la no coordinación entre autoridades para generar información. Las cifras muestran la simulación que existe en materia de violencia de género en el país, que ha sido minimizado por autoridades de distintos niveles, pero que a nivel internacional no ha pasado desapercibido y ante los ojos del mundo crece la sensación de que en México el solo hecho de ser mujer nos hace vulnerables.
La violencia contra las mujeres es un problema social de interés público; los Estados deben atender los compromisos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, que los obligan a emprender las acciones necesarias para frenarlo; honorable asamblea, pasemos de las palabras a los hechos. Tenemos la gran responsabilidad y la oportunidad de aprobar desde esta Cámara mayores recursos para atender, sancionar y erradicar el problema de violencia de género y de violencia feminicida en el país.
La sensibilidad que mostremos hacia este tema tiene que verse reflejado en la aprobación de mayores recursos en el Presupuesto de Egresos 2014, para trabajar en materia de prevención; la prevención desde la violencia en el noviazgo que, a final de cuentas, termina en un feminicidio. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada Guadalupe Flores.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra la diputada Blanca Jiménez Castillo, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Blanca Jiménez Castillo: Con su permiso, diputada presidenta. El día de hoy nos ocupa una realidad que nos obliga a sumar esfuerzos más allá de cualquier color partidista. Es con el objetivo de salvaguardar de manera eficiente los derechos humanos y en especial el de las mujeres a una vida libre de violencia.
Entre otros tipos de violencia que existen contra las mujeres se encuentra el feminicidios, que es y se traduce en la muerte violenta de las mujeres por razones de género, ya sea en el ámbito público o privado por parte de cualquier persona.
Se entiende como un fenómeno social y cultural pero además político, que atenta contra la vida de las mujeres y que adquiere una forma continua de violencia sexual donde prevalecen los actos violentos, aunado al desequilibrio de poder entre los sexos en las esferas políticas, económicas y sociales.
Este fenómeno, ahora tipificado como delito, se encuentra contemplado dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 325 del Código Penal que, entre otras disposiciones, a la letra dice: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Sin embargo, a pesar de esta protección que ius puniendi garantiza en este sentido, actualmente la violencia contra las mujeres continúa en aumento. En ello lamentablemente vemos cómo cada día y cada cifra que hoy las mujeres que me han antecedido, las diputadas presidentas vemos la realidad que se vive real en este país.
De acuerdo con el reporte elaborado por las premios Nóbel Jody Williams y Rigoberta Menchú, y presentado el día 3 de noviembre de éste presente año, en México los feminicidios han aumentado un 40 por ciento. Por lo tanto, resulta prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra las mujeres no sólo por razones humanitarias, sino por una grave violación a los derechos humanos.
Ante tan lamentable situación, se demuestran una vez más las carencias y la falta de compromiso que ha tenido el gobierno federal para asegurar la defensa de los derechos humanos, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Los feminicidios y otras agresiones, cuyo sustento se encuentra enraizado en cuestiones de género, ponen de manifiesto la impunidad y la falta de protección y la ausencia de programas y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres dentro de la sociedad, aumentando con ello aún más la situación de inseguridad que viven las mujeres día a día en México.
Con el objetivo de actuar en congruencia y con lo establecido dentro de nuestra Carta Magna, es imperante velar siempre y en todo momento por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y necesitamos, compañeras y compañeros diputados, hacer una realidad esta velación de los derechos de las mujeres; no más erradicación de la violencia; no permitamos, porque en nuestras manos está en nuestras manos, legisladoras y legisladores, que hagamos énfasis y que exijamos a los gobiernos que den cumplimiento a cuáles han sido sus acciones.
Hoy, amigas y amigos, cabe mencionar que actualmente contamos dentro de nuestro marco jurídico con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia., así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belen Do Pará, la cual en su artículo 3o., establece: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado”.
No obstante, resulta sumamente frustrante el hecho de que a pesar de la existencia de un marco normativo que proteja a las mujeres a una vida libre de violencia y que garantice su desarrollo integral dentro de la sociedad, el número de crímenes en materia no disminuya, por tanto resulta altamente indignante que situaciones de violencia sean una realidad constante dentro de la vida de miles de mujeres, niñas mexicanas.
Señoras y señores legisladores, el feminicidio se ha convertido en uno de los principales factores que lesionan el libre desarrollo psicosocial y psicosexual de las mujeres y las niñas, se trata de un interés mundial, de una cuestión de lesa humanidad, sobre todo cuando es producto del crimen organizado internacional que involucra a autoridades del gobierno.
Son asesinatos motivados por misoginia que implican el desprecio y el odio hacia las mujeres y las niñas; expresan situaciones extremas de violencia, así como un continuo terror que se manifiesta en contra de ellas, que incluye diversas formas de humillación, así como la aceptación de que mueran como resultado de prácticas sociales de desprecio, de maltrato físico y emocional.
Por lo anteriormente expuesto, para Acción Nacional resulta una prioridad garantizar los mecanismos necesarios que permitan a las mujeres gozar efectivamente de una vida libre de violencia, en donde el flagelo de los crímenes en materia de género nunca más vuelva a ser una realidad dentro de la vida de las familias de México.
Acción Nacional reconoce plenamente las prácticas de común dignidad de las mujeres y hombres que con su común carácter de sujetos y agentes responsables, colaboran en la construcción, animación y dirección de la sociedad, para evitar la discriminación, y la violencia existentes contra la mujer en la familia, en el trabajo, en la política y en las demás esferas sociales, lo cual es inaceptable. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último, tiene la palabra la diputada Tanya Rellstab Carreto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Tanya Rellstab Carreto: Muy buenas tardes, compañeros diputados. Con su venia, Presidenta. Si bien las acciones realizadas para erradicar y disminuir el feminicidio no han alcanzado el impacto deseado, no tenemos por qué no reconocer lo logrado. Es un tema que nos atañe a los tres órdenes de gobierno y a los poderes.
No podemos permitirnos sólo enfatizar en lo que hace falta, en lo que se ha dejado de hacer por falta de recursos o a veces hasta por cuestiones de impunidad o por propia conveniencia política.
En el estado de México, como en los demás estados de la república y en el propio Distrito Federal, se han realizado grandes acciones que tienden a disminuir este fenómeno que no sólo afecta a la mujer, sino a su familia y al entorno social que la rodea.
Esta tarea es compartida entre la federación, los estados y los municipios, pero también la sociedad civil ha jugado un papel importante; sus observaciones y comentarios nos han permitido redireccionar el trabajo organizado y estoy segura que unidos podemos lograr más.
Negar la situación que se vive sería agravar más este problema. No podemos negar lo que está a simple vista de todos. Tenemos que conjuntar acciones que nos permitan no sólo decir lo que pasa, sino lo que tenemos que hacer cada uno desde nuestra trinchera para lograr desaparecer este mal que se ha convertido en un problema de salud pública.
Aquí, en esta Cámara de Diputados, se han hecho grandes esfuerzos, descomunales, desde hace ya muchos años por lograr que en cada uno de los estados y el Distrito Federal se homologuen los criterios de atención al feminicidio.
La iniciativa de un código penal único propuesta por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, permitirá que nadie que realice un acto criminal como lo es el feminicidio, logre evadir la justicia por el sólo hecho de realizarlo en otro estado.
Está fundamentado que muchas de las víctimas son trasladadas a otros estados donde no está tipificado, o la pena es menor. Partiendo desde este concepto, desde el gobierno federal que está haciendo su parte, toca también a los estados y al gobierno del Distrito Federal a hacer la suya. Nadie puede evitar esta responsabilidad por ser de una idea diferente o ideología, porque la situación es común.
En el estado de México tenemos más de 15 millones de habitantes, de los cuales más del 51 por ciento son mujeres, y de acuerdo con la ONU Mujeres, el estado de México se ubica en el lugar 14 a nivel nacional de este tipo de delitos.
Pero es también en el estado de México donde se han tomado medidas inmediatas e innovadoras como la creación del Consejo Mexiquense para la atención de la violencia de género y feminicidio, cuya conformación es única en el país en donde participan todas las dependencias de administración pública y de nuestros poderes.
Sus integrantes harán labor de supervisar las agencias del ministerio público en donde se tramiten las investigaciones de dichos delitos, y esto conllevará a proponer políticas para que el servicio sea mejor, para que se diseñen esquemas de capacitación y para que sensibilicemos al personal de estas áreas.
También he de decir que en el estado de México se cuenta con el sistema estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Es necesario prevenir y también encontrar y castigar a los responsables de esos asesinatos, porque la impunidad alienta a la comisión de más crímenes de odio contra las mujeres, y en el estado de México se está trabajando en ello. No es una tarea que se termina con la sentencia de quien comete tan atroz acto, sino que se tiene que generar toda una cultura de prevención y de erradicación.
En otras acciones para atender y prevenir la violencia de género, fue la tipificación del delito del feminicidio la creación de la subprocuraduría de atención especializada en delitos relacionados con la violencia de género y la fiscalía especializada en feminicidios, organismo que cuenta con 98 agentes del ministerio público especializados en el tema.
Apoyar a una mujer, es apoyar a toda una familia, porque somos el eje fundamental de esta sociedad. Y, por supuesto, que al igual que los hombres, hacemos un papel muy importante. No hemos bajado la guardia ni en el estado de México ni en todo el país. En materia de protección jurídica hoy tenemos jueces y magistrados especializados en este tema para combatir estos delitos que afectan a la sociedad.
Todo lo realizado parece insuficiente, pero ha rendido sus frutos, los cuales están a la vista de todos. No podemos ser triunfalistas, pero lo hecho es ejemplo claro de que vamos por el camino correcto. Es compromiso de este gobierno federal y de los estatales impulsar acciones focalizadas, inmediatas y transversales para prevenir los feminicidios, el peor de los delitos cometidos contra las mujeres, contra nuestras familias y por supuesto contra la sociedad mexicana.
En el estado de México también se sigue capacitando a los funcionarios de nivel estatal y municipal para potenciar todos los recursos humanos y financieros. Tenemos que profundizar el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para que en verdad nos acerquemos a la meta de erradicar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres.
A nivel nacional nuestro presidente de la república, Enrique Peña Nieto, ha puntualizado que son las autoridades quienes deben poner el ejemplo de compromiso con la igualdad de las mujeres, un compromiso plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo que ha establecido la perspectiva de género como uno de sus tres ejes transversales.
Para las mujeres mexicanas y para nuestros hombres mexicanos un solo caso de feminicidio es indignante, por lo que llamo a todos los órdenes de gobierno y en especial también a nuestros presidentes y presidentas municipales como la autoridad más cercana a la gente, para que transversalicen sus acciones con perspectiva de género.
En el estado de México, en el estado de Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz y otros estados del país estamos en alerta permanente, trabajando a favor de las mujeres. No podemos esperar para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Diputadas y diputados, subir a esta tribuna y exponer datos y estadísticas es fácil, pero realizar propuestas y soluciones para combatirla no lo es. Por ello y para ello se necesita de un análisis minucioso que no permite al sesgo, que por el contrario, esté basado en un método y no la ocurrencia sino en la concurrencia de ideas. Por ello, invito a todas mis compañeras y compañeros diputados de cada una de las Comisiones, que con el ímpetu que muestran en esta tribuna y en el trabajo a diario legislativo y de gestión social, luchemos por presupuestos y acciones que tengan perspectiva de género para poderle dar pronta solución a este tema, y no sea a corto plazo sino que perdure para el futuro de nuestras familias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada Tanya, y precisamente por la envergadura de este tema no quise interrumpir el discurso, porque varias intervenciones si no es que todas las de las legisladoras que hablaron a nombre de sus Grupos Parlamentarios, hacen hincapié de lo que implica el feminicidio en este país; la humillación, la violación, la tortura, el maltrato hasta la muerte de las mujeres, y de las recomendaciones que tenemos como Estado mexicano, de la ONU, para afianzar más las tareas de prevención y el combate a la impunidad.
Esta Presidencia hace un llamado respetuoso, pero como diría la diputada Guadalupe Flores, enérgico, a todos los poderes de este país para que se atiendan estos resolutivos de la ONU y podamos así no darle una importancia menor al tema de feminicidios en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que como parte de las actividades conmemorativas del Día de los Defensores de Veracruz de 1914, se sume a los festejos del 100 aniversario mediante la emisión, para el año 2014, de un timbre postal conmemorativo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo
Primero. Esta honorable soberanía hace un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo federal, a que como parte de las actividades conmemorativas del Día de los Defensores de Veracruz en 1914, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del 100 aniversario mediante la emisión, para el año 2014, de un timbre postal conmemorativo de dicho suceso.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a que a través del organismo descentralizado de la administración pública federal, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se gestione la emisión, para el año 2014, de un billete conmemorativo como parte de los festejos del Día de los Defensores de Veracruz en 1914.
Es cuanto, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría si se aprueba, en votación económica.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las dependencias respectivas, consideren la opinión de la Cámara de Diputados en la construcción de las reglas de operación.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias respectivas, a fin de que la Cámara de Diputados sea consultada para construir las reglas de operación, estableciéndose los espacios de razonamiento para consensuar los acuerdos necesarios, con el objetivo de que ésta soberanía, a través de las comisiones ordinarias del sector social y agropecuarias, vean reflejadas las observaciones, opiniones y propuestas, y se retomen los resultados de análisis, de evaluaciones sobre el tema de reglas de operación de los diferentes programas, actores rurales y los beneficiarios de los mismos.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias respectivas, para que al elaborar las reglas de operación a las que se sujetarán los programas y fondos federales, consideren las propuestas que presenten los gobiernos de las entidades federativas, los grupos sociales y organizaciones campesinas, los pueblos y comunidades indígenas y particularmente las que presente la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se ha anotado para hablar en pro de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mario Rafael Méndez Martínez y tiene la palabra hasta por tres minutos.
El diputado Mario Rafael Méndez Martínez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se asignan las sumas destinadas a los programas relacionados con el desarrollo social y que son financiados mediante subsidios y transferencias.
De acuerdo con el decreto deben ser operados bajo normas adecuadas en cada programa, conocidas como reglas de operación.
Además, el decreto enlista los programas que están sometidos a tales reglas, con el objeto de asegurar la aplicación oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos.
Estas normas en los hechos han resultado ser unas de las causantes de los subejercicios en el gasto público. Pareciera que están diseñadas para que en los programas sociales federales no se cumplan sus lineamientos. El exceso de requerimientos y sus limitados tiempos inhiben a la población objetivo de allegarse de los beneficios que ofrecen estos programas, por lo que resulta de gran relevancia que se dé una solución a esta problemática.
Los programas sociales que opera el gobierno federal de manera directa o a través de convenios de coordinación con estados y municipios están sujetos a reglas de operación. Es necesario establecer los mecanismos que flexibilicen dichas reglas para lograr los niveles de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de los objetivos que los justifican. Como sabemos, estas reglas señalan quién o quiénes son sujetos a recibir los apoyos de estos programas, sus alcances en cobertura, calidad y cantidad, así como los requisitos para acceder a ellos.
Dichos programas y sus reglas de operación, tal y como han sido instrumentados en los últimos años, han propiciado que el desarrollo en la producción de alimentos y la generación de empleos e ingresos sean en detrimento de los productores y sus familias, dado lo burocrático y poco transparente en el manejo de los instrumentos y sus reglas, lo que ha propiciado mayor desigualdad y pobreza. Asimismo, han favorecido la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Las reglas de operación se han acompañado de un patrón de crecimiento que se expresa muy polarizado entre sectores exitosos y sectores marginados.
De acuerdo a la investigación, el 20 por ciento de los productores más grandes concentran el 80 por ciento del total de estos recursos y el 80 por ciento, pequeños y medianos productores, solo alcanzan el 20 por ciento de los subsidios.
Desde otra óptica, las reglas de operación pueden minimizar estos sesgos en la medida en que sean claras, transparentes y faciliten dar respuesta a las necesidades nacionales en la producción de alimentos. Es fundamental en un pacto social y económico. Esto implica tener presentes las grandes necesidades del medio rural y de sus hombres y sus mujeres. Ello contribuiría también al compromiso del Ejecutivo federal en uno de sus ejes estratégicos que tienen que ver con la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Favorecería a reducir la alarmante dependencia alimentaria, la pobreza. Generaría empleos e ingresos dignos a las familias del campo.
Necesitamos una visión integral de los problemas y una revisión de las estrategias y sus instrumentos.
Por lo menos en la última década los actores rurales han tenido experiencias que los han enseñado una y otra vez que no se puede avanzar sólo con la buena voluntad de los funcionarios y de los actores rurales. Lo que se requiere ahora es una normatividad que busque mejoras para el medo rural, es llevar al marco jurídico los acuerdos en torno a las reglas y en un primer paso real y legítimo para ello es necesario cambiar la ley.
Esto implica que las observaciones, opiniones y propuestas de beneficiarios sobre reglas de operación lleguen a las comisiones de la Cámara de Diputados, se ajusten a los intereses nacionales, que puedan ser incluidas y analizadas en un ambiente democrático que contribuya a la toma de decisiones. –Termino, presidenta.
Es conocido que una vez aprobado el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable es el Ejecutivo federal quien tiene la facultad de diseñar las reglas de operación, metodologías, procedimientos y convocatorias, lo que elimina la participación real del Legislativo en la construcción y operación de los instrumentos, además excluye la participación de los beneficiarios de herramientas que deberían perfeccionarse en condiciones de equidad y democracia.
Es sobre esta base que se podrían elaborar las reglas de operación desde una perspectiva diferente, que facilite el acceso a los recursos a todos los individuos, organizaciones campesinas y de productores, a través de criterios y procedimientos que simplifiquen su operación, eviten los subejercicios del presupuesto, entre otros.
Asimismo, evitar que no reduzcan los montos presupuestales asignados al sector rural y se haga una entrega oportuna y transparente de los recursos autorizados, que se respeten los calendarios aprobados en el Programa Especial Concurrente, que no haya subejercicios ni recortes, como ha venido sucediendo por una u otra razón. De igual manera, que los recursos públicos sean entregados con criterios institucionales sin vinculación con las dinámicas y preferencias partidistas de los servidores públicos, que sean estos federales, estatales o municipales.
Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reitera su compromiso con el campo mexicano, por lo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la Cámara de Diputados sea consultada por las dependencias responsables para construir las reglas de operación a las que se sujetarán los programas y fondos federales que considere esta propuesta, que presenten los gobiernos de los estados, los grupos sociales, organizaciones campesinas, pueblos y comunidades indígenas, particularmente las que presente la Cámara de Diputados.
Estas modificaciones representarían un avance que permitirá garantizar los derechos de las comunidades indígenas y el de los pequeños y medianos productores, organizaciones campesinas, el cual es un derecho inaplazable que ya no podemos eludir. Es todo, señora presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para sumarnos a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Y felicitar al compañero diputado Mario Rafael Méndez Martínez, porque efectivamente en los laberintos burocráticos y en las reglas oscuras de operación se pierde la oportunidad para múltiples grupos del sector rural de promover y canalizar recursos para sus organizaciones, entidades y pueblos, por eso nos parece pertinente. Nosotros estamos de acuerdo y felicitamos al promovente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado, queda registrado.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul del diputado Añorve, por favor.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar, por supuesto, al presidente Rojo, al diputado Escajeda, para felicitar al Grupo Parlamentario del PRI y los demás grupos parlamentarios que lograron este acuerdo, porque entendemos que nuestras organizaciones campesinas también están haciendo foros a nivel nacional para poder concretar este acuerdo y llevar este barco a buen puerto. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado, queda registrado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Reglas para la discusión y votación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
Primera. El objeto único de las presentes reglas es determinar la forma y los términos en que se discutirá y votará en sesión de pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2014.
Segunda. El dictamen se hará del conocimiento del pleno en el momento en que se publiquen las pantallas electrónicas de sus curules en el salón de sesiones y/o en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria y podrá ser incorporado al orden del día de la sesión en que se presente recibir dispensa de trámites y someterse a discusión de inmediato. Si hubiere voto particular, se estará a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tercera. La discusión en lo general se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
a) El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o uno de los integrantes podrá exponer los fundamentos del dictamen, hasta por 10 minutos.
b) Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por 10 minutos, un orador por cada Grupo Parlamentario en orden creciente.
c) Para hablar en contra o en pro del dictamen se abrirá una ronda de intervenciones, hasta seis oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Al término de la ronda el presidente preguntará, si el asunto está suficientemente discutido, después de leer la lista de oradores aún inscritos en ambos sentidos; si la respuesta fuere negativa se abrirá una nueva ronda hasta de tres oradores en cada sentido. Al término de la discusión se procederá a votar el dictamen en lo general.
d) Las reservas deberán presentarse por escrito y se registrarán ante la Mesa Directiva, indicando con claridad si se reservan artículos y anexos o, ambos, del dictamen para su discusión. En este caso las y los diputados deberán precisar con exactitud el párrafo, fracción o inciso de los artículos o el rubro, ramo, programa, partida o concepto de los anexos que se reservaren; o, bien, los artículos que se pretendieran adicionar al proyecto de decreto conforme a lo siguiente:
Uno. Cada reserva deberá presentarse en escrito por separado aunque la misma se refiera a diversos artículos o anexos, siempre y cuando mantenga unidad temática.
Dos. Todas las propuestas de modificación o de adición a artículos o a anexos considerados en el proyecto de decreto, deberán entregarse a la Mesa Directiva en hoja membretada sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora. De ninguna manera se admitirán reservas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.
Tres. Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades por modificar o adicionar. Si se trata de anexos deberá precisarse el número de los mismos, el ramo o rubro, así como el programa a que hagan referencia, señalando su ubicación en el proyecto.
Cuatro. En el supuesto de que la reserva implique la creación o incremento de la erogación, la diputada o diputado que la presente deberá señalar la correspondiente fuente de financiamiento identificando el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto, señalando en qué parte del decreto se ubica de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cinco. La recepción de las propuestas de modificación o de adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general del dictamen.
Seis. Una vez que se haya verificado que la reserva reúne los requisitos señalados en este inciso, serán rubricadas por los Secretarios en funciones que en su oportunidad defina la Mesa Directiva durante la sesión, a efecto de proseguir su trámite en los términos de las presentes reglas.
Siete. Asimismo, se entregará a la diputada o diputado que realice la reserva el acuso de recibo respectivo debidamente rubricado por los Secretarios de la Mesa Directiva.
Ocho. La Mesa Directiva únicamente registrará para su discusión las reservas integradas debidamente y deberá rechazar aquéllas que no satisfagan lo establecido en el presente instrumento.
Nueve. Una vez que la Mesa Directiva hubiere registrado las modificaciones que se pretendan realizar a los artículos y anexos o, a ambos, para su discusión en lo particular, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos o anexos no impugnados del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.
e). Si el dictamen es aprobado en lo general por la mayoría de los votos de las y los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos y anexos o, ambos, reservados.
Cuarta. La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera:
a) Harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno de las y los diputados que hubieren reservado artículos y anexos o ambos
b) Luego de la intervención de la diputada o diputado que hubiere reservado el artículo o anexo, y presentada la propuesta de modificación o de adición, se consultará a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta
c) Si la propuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo o anexo en cuestión se reservará para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular
d) Si la respuesta es afirmativa, podrán hablar un orador en pro y otro en contra de la propuesta hasta por tres minutos cada uno.
e) Luego de las intervenciones anteriores, la secretaría consultará a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación o la adición propuesta. Si la respuesta fuera negativa se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, el artículo o anexo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto con la modificación o la adición aceptada al término de la discusión en lo particular de los artículos reservados
f) La consulta a la asamblea para determinar si se aceptan o rechazan las modificaciones o adiciones propuestas, se realizará en votación económica. Cuando hubiere duda fundada a juicio del presidente, se procederá a votación nominal
g) Agotada la discusión en lo particular, el presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados, que se votarán en conjunto; señalará con claridad cuáles quedaron en los términos del dictamen y cuáles se votarán con la modificación o adición aceptada. Posteriormente la secretaría recogerá la votación nominal respectiva. No habrá discusión alguna dado que la misma ya se produjo
h) De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se podrá solicitar la votación por separado de un artículo o anexo reservado
V. Durante la discusión en lo general y en lo particular del dictamen, se presentará un asunto y/o suceso no previsto en estas reglas, será resuelto por la Mesa Directiva
VI. En términos del numeral 2 del artículo 221 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a través de su junta directiva será la responsable de hacer las correcciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara y realizará sólo las adecuaciones de estilo, cálculo, ajuste de cifras y cantidades que sean necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por el pleno. La Mesa Directiva vigilará que se cumpla, antes de remitir el proyecto.
Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación en pleno.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de noviembre del 2013. Firma la Juna de Coordinación Política. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría que dé lectura a este comunicado.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Junta de Coordinación Política.
Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente
Con fundamento en el artículo 64, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente una modificación al orden del día de la presente sesión a fin de incluir en el apartado de dictámenes con dispensa de trámites el siguiente dictamen: de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Atentamente. Signado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se autoriza. Se informa a la asamblea que el dictamen de referencia se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, por lo que para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los números 11 y 12 del orden del día.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo listados en el orden del día con numerales 11 y 12.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobados. Comuníquense.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo que no están reservados para su discusión. Se informa a la asamblea que, en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo inscritos en el orden del día en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo listados en el orden del día con los números 3, 4, 5, 6 y 7.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último de los dictámenes, se devuelve al Senado para los efectos de la fracción del artículo 72 constitucional.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a Manuel Quiñones, presidente municipal de Tecoanapa, Guerrero; Severo García, presidente municipal de Ayutla y de Taxco, Salomón Majul, invitados por el diputado Manuel Añorve Baños. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se recibió de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
Se recibió del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 335 y 337 y adiciona un artículo 335 Bis, al Código Penal Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Se recibió de diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se levanta la sesión y se cita para...
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul de la diputada Verónica Juárez. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. Para comentarle la Comisión de los Derechos de la Niñez y también la Comisión de Grupos Vulnerables en el marco del Aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez, que es el próximo 20 de noviembre, y también en el marco del Día Internacional de la Tolerancia, el día de hoy distribuimos entre ustedes un listón morado para que podamos portarlo y que seamos promotores de ello.
Y de igual forma, estamos invitando a todos y a todas las diputadas para que mañana a las 10 de la mañana podamos estar en el edificio A, porque vendrán unos niños y niñas a convocarnos a participar en el marco de este evento a promover la tolerancia y el buen trato.
Nosotros esperamos contar con la presencia de los más diputados y diputadas que puedan asistir, porque me parece que la participación que podamos tener como legisladores y ser promotores de la tolerancia y del buen trato, va a decir mucho de nosotros. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Queda registrada la invitación, diputada.
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul del diputado Alfredo Zamora. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Muchas gracias. Solamente para hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto para que, en esta revisión que se está haciendo en la integración del mismo, se vea la posibilidad de asignar mayores recursos al tema de salud.
Nuestro país requiere, a la fecha, una mayor infraestructura hospitalaria, requiere mayores recursos para el seguro popular, de tal manera que este tema de salud que falta mucho por atender, los mexicanos se vean beneficiados y esta situación que lacera a muchas familias, puesto que afecta su patrimonio al buscar resolver este tema, pues sea en beneficio de ellos.
Básicamente es exhortar a la Comisión de Presupuesto, precisamente, para que en esta distribución de recursos, se asigne un mayor presupuesto al tema de salud. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (15:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 13 de noviembre de 2013 a las 16 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 14:30 horas.
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