Comunicaciones
De la Junta, con cambios en comisiones y grupos de amistad
Retiro de iniciativas de diputada y de diputado
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Secretaría de Gobernación, con informe de Pemex
De la Cámara de Senadores, con devolución y remisión de minutas y solicitud de dictaminación
Dictámenes a discusión
Discusión en lo general y fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Agenda política
Comentarios relativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Dora María Talamante Lemas, PNA
Zuleyma Huidobro González, PMC
Martha Lucía Mícher Camarena, PRD
Carmen Lucía Pérez Camarena, PAN
María Guadalupe Sánchez Santiago, PRI
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Proposiciones de diputadas y de diputados
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 258 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:12 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de junta directiva de las Comisiones de Marina y de Desarrollo Metropolitano; y de los Grupos de Amistad con la República Árabe Saharaui y de Alemania, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobadas. Comuníquense.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio del diputado Javier Filiberto Guevara González, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral al artículo 3; y se reforma el numeral 4 del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada el 17 de julio de 2013, sea retirada de la Comisión de Gobernación.
El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 22 de mayo de 2013, sea retirada de la Comisión de Economía.
El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de diversas autoridades seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Tercer Informe Trimestral 2013, respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficios de la Cámara de Senadores con los que devuelve los expedientes de las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese también a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la Cámara de Senadores oficio por el que remite solicitud de los senadores: Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General del Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público para su atención.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Cámara de Senadores dos oficios con los que remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que reforma las fracciones VII y IX del artículo 28 y adiciona la fracción IV al artículo 1, las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3, un artículo 10 Bis, un capítulo II denominado De la política con perspectiva gerentológica, con los artículos 10 Ter y 10 Quarter al título cuarto, una fracción III al artículo 14 y una fracción IV al artículo 27 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, de la Ley de Vivienda, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley General de Población, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para opinión.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensan los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. Está devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.
El Presidente diputado José González Morfín: En razón de que no se encuentra el diputado Julio César Moreno, le voy a dar el uso de la voz para fijar la posición del Grupo parlamentario de Nueva Alianza, al diputado Luis Antonio González Roldán, y posteriormente escucharemos la fundamentación del diputado Julio César Moreno. Adelante, diputado.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados: en estricto apego al procedimiento legislativo establecido en el inciso e) del artículo 72 constitucional, hoy discutimos de nueva cuenta las modificaciones realizadas por la Colegisladora a la reforma constitucional en materia de Transparencia, reforma que ha sido analizada y debatida en un amplio diálogo democrático y plural en ambos órganos legislativos, en el que todas las voces han sido escuchadas en un marco de respeto y tolerancia.
No podía ser de otra forma, ya que las modificaciones que se someten ante esta soberanía son de la mayor trascendencia para garantizar un derecho humano fundamental de las mexicanas y los mexicanos.
Es de considerar que este derecho a la información es una piedra angular que define a en Estado democrático. La transparencia sobre los asuntos públicos posibilita que la toma de decisiones esté orientada de manera fundamental al interés general, ya que la menor opacidad en las instituciones públicas y gubernamentales permite que la rendición de cuentas sea un mecanismo efectivo de control ciudadano.
Desde un momento inicial Nueva Alianza entendió la importancia y alcance de la reforma que concede al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el carácter de autonomía de cualquier otra instancia gubernamental, condición esencial para realizar con suficiencia su valor, garante de la transparencia amplia, aspecto que solo nuestra Constitución Política puede otorgar.
Igualmente, nuestro instituto político concedió, en su momento, la aprobación a la reforma que en cumplimiento a los preceptos constitucionales pasó a la colegisladora para dar cauce pleno al proceso legislativo y a su propio proceso legislativo, obteniendo un producto que, sin duda, fortalecerá a aspectos tan importantes como la rendición de cuentas, la confianza, la participación ciudadana y con ello la legitimidad del quehacer público.
Hoy reiteramos nuestro beneplácito por la reforma constitucional, valoramos positivamente la conversión de la institución como organismo constitucional autónomo, con la plena certeza de que un organismo independiente asegurará el libre acceso al ciudadano a la información pública y protegerá de manera efectiva los datos personales de las mexicanas y los mexicanos.
De igual forma, consideramos que la extensión de los sujetos obligados a proporcionar información en los casos en que se trate de recursos públicos es una medida que contribuye a reforzar la transparencia y rendición de cuentas de sus actos, sin importar jerarquía ni material ni territorial.
La minuta que nos envía la colegisladora refuerza lo que ya se había logrado en esta Cámara de Diputados, establecer el periodo de siete años para el encargo de los comisionados, facultar a los órganos constitucionales autónomos para interponer controversias constitucionales e incorporar en los artículos transitorios el procedimiento para la ratificación y designación de los nuevos comisionados, son aspectos positivos que igualmente incorpora el Senado de la República.
Sin duda, los ajustes a la reforma, propuestos por la Cámara de Senadores, a los artículos 6, 73, 105, 111, 116 y 122 de nuestro ordenamiento constitucional supremo, así como los relevantes transitorios, complementan e integran de manera sólida y eficiente el nuevo carácter del instituto garante de la información pública y de la protección de datos en el ámbito federal y la extensión de los principios rectores de dichos preceptos, a los ámbitos de las entidades federativas.
Advertimos, en la última instancia, que la disposición en comento ubica, efectivamente, al ciudadano como benefactor de un derecho humano. Un derecho, con una connotación activa, que permitirá a todo ciudadano dar cauce cierto a su intención de conocer y valorar los programas, acciones y resultados de las instancias de gobierno.
Señoras y señores legisladores, la reforma que se somete a esta soberanía, adquiere la virtud de vincular a gobernado y gobierno como partícipes de una dinámica de ejecución y supervisión fundamental para la confianza y el desarrollo de nuestra nación.
El paso que estamos a punto de dar en materia de transparencia es trascendental. Es trascendental y urgente para nuestra nación. Es trascendental y urgente para el empoderamiento del ciudadano.
Pues en un ejercicio de análisis y acuerdos se pueden establecer consensos, que no dejan de tener diferencias de pensamiento y de principios, pero que representan un pleno avance enorme en el que todos los entes de gobierno y de interés público quedan sujetos a la rendición de cuentas, a producir la información de sus actividades, a producir todas aquellas resoluciones y darlas a conocer, y a ofrecer, con plena pulcritud y transparencia la información pública del interés general.
Convencidos, convencidos de que esta reforma contribuye a consolidar la democracia de nuestro país, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará hoy, como lo hizo hace algunos días o meses, quizás, a favor de la minuta del Senado de la República, para que de manera inmediata se pronuncie el Constituyente permanente sobre la materia. Hagámonos cargo de la situación, es una norma que es exigencia ciudadana. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Vamos ahora sí a escuchar la fundamentación del dictamen por parte del diputado Julio César Moreno Rivera.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, distinguido presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales someto a discusión, y en su caso, aprobación de esta honorable asamblea, las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores a la minuta con las modificaciones al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia.
Con la discusión de dicha minuta estamos por concluir, como lo establece el artículo 72 constitucional, el proceso legislativo de la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas que el 23 de agosto del presente año remitimos a nuestra colegisladora para su aprobación.
Tenemos presente que es un tema controversial, sin embargo, nuestra pretensión esencial es la de legislar en función de una transformación trascendente de las instituciones del Estrado, atendiendo al compromiso que como legisladores tenemos con cada mexicana y con cada mexicano de dotarlo de elementos, de instituciones, que estén a la altura de sus demandas respecto a la transparencia y rendición de cuentas.
Debemos recordar que este proyecto llegó en su carácter de minuta a este órgano legislativo el pasado diciembre de 2012, y que fue turnada para la elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Con la primera reunión, celebrada el 12 de marzo del presente año, se inició el trabajo legislativo en el seno de las comisiones, el cual cabe mencionar que se realizó desde la perspectiva de cada uno de los grupos parlamentarios, con el principal fundamento de enriquecer el proyecto en materia de transparencia y rendición de cuentas, y con ello generar una verdadera democracia participativa, que es lo que todos queremos y que estamos construyendo para nuestro México.
Es imprescindible mencionar que en cada una de las reuniones celebradas destacaron las participaciones de todas las diputadas y de todos los diputados que integran cada una de las comisiones dictaminadoras, mismas que se realizó con un esmero determinante de hacer una reforma constitucional apegada a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
En ese tenor el pasado 22 de abril, después de consensar nuestros puntos de vista, se lograron acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios para realizar los cambios necesarios al proyecto, es por ello que en dicha reunión plenaria aprobamos el dictamen.
Recordemos, señoras legisladoras y señores legisladores, que la importancia del tema nos llevó el 23 de agosto de este año a celebrar una sesión extraordinaria con el único fin de aprobar la reforma constitucional en materia de transparencia. Esta sesión que fue particularmente especial por haberla realizado fuera de este recinto, se destacó la magnífica participación de ustedes legisladores y en este rubro coincidimos que nuestra obligación fundamental es la de construir un Estado democrático, transparente, con pleno y cabal ejercicio en la rendición de cuentas, ambas acciones y prácticas constituyen una responsabilidad de todos los entes del Estado en sus diversos órdenes de gobierno.
Compañeras y compañeros legisladores, estamos de acuerdo que una transparencia clara y precisa fortalece al ejercicio de Estado y coincidimos que la transparencia es un poderoso instrumento democrático del que nadie puede sustraerse y se materializa cuando plasmamos los recursos idóneos que posibiliten el acceso a todos los ciudadanos a la información y a la rendición de cuentas.
Bajo los anteriores argumentos, aprobamos y remitimos a nuestra colegisladora, el proyecto de decreto en el que la Cámara de Senadores trabajó bajo las mismas ideas que nosotros, teniendo a bien realizar algunas modificaciones que desde su óptica robustecen esta reforma constitucional.
Del trabajo legislativo realizado en la Cámara de Senadores, se reformó el artículo 6o. para establecer precisiones respecto de la federación y de la imparcialidad del organismo; asimismo el encargo de los comisionados será de siete años, para el caso de los artículos 116, en el inciso ñ); De la Base Primera, del párrafo quinto del artículo 122 se insertaron algunas precisiones a los textos de estos artículos.
Asimismo, se modificó el inciso l) a la fracción I del artículo 105, facultando al organismo en materia de transparencia a interponer controversias constitucionales en su materia. El argumento que sustentaron nuestros compañeros colegisladores consistió en dotarlo de plena legitimación activa para que a través de este órgano autónomo se pueda llevar un pleno control constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y a la rendición de cuentas.
Por último, en las disposiciones transitorias la colegisladora consideró pertinente modificar el artículo 3o. precisando los mecanismos para la designación del nuevo organismo autónomo garante en materia de transparencia y acceso a la información.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, los exhorto a comprometerse con esta trascendente reforma constitucional y que a través de su voto a favor, los aquí presentes logremos proveer de las herramientas jurídicas constitucionales para que el Estado tenga un funcionamiento eficiente y eficaz de sus instituciones, que generen estándares de vigilancia, respecto a la transparencia y rendición de cuentas de los Poderes públicos y de su pleno ejercicio en la gestión pública.
Pero además, se fortalezca y genere una verdadera cultura de valores, de transparencia, como un elemento primordial para la democracia de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz, el diputado José Alberto Benavides Castañeda. Quiero saludar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Elena Garro. También de la telesecundaria La Esperanza, del municipio de Ecatepec, estado de México que están aquí invitados por la diputada Lucila Garfias. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión. Adelante, diputado.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Gracias, presidente. La transparencia en la información y la rendición de cuentas, entendidas como elementos que si bien no la determinan, permiten la construcción de la calidad gubernamental desde una base sólida.
La transparencia debe orientarse hacia la efectividad social, pues ésta siempre debe de contar con más y mejor información para la toma de decisiones de los ciudadanos usuarios de los servicios públicos, quienes deben elegir y actuar en consecuencia pero también para los funcionarios a cargo de la política, quienes deberán considerar esta información para corregir, redefinir o mejorar la política y las acciones que se deriven en todas las áreas de gobierno, siempre de acuerdo a los intereses de la sociedad.
La minuta que hoy se recibe no da como resultado el gran avance que necesitaba el país en materia de transparencia. En algunos aspectos se incurre en un retroceso caracterizado por un centralismo que otorga un poder exclusivo de manera innecesaria que poco abona hacia un sistema claro y objetivo de rendición de cuentas.
Con las modificaciones hechas a la Constitución, el IFAI tendría competencia sobre los órganos de transparencia de los estados y del Distrito Federal. Con el mecanismo de designación de los comisionados sigue la esencia del reparto de poder a través de las cuotas a favor de los partidos mayoritarios, lo que implica una simulación de autonomía. Los órganos autónomos estructurados de esta manera carecen de legitimidad democrática.
Decepciona ver cómo no se establecieron en este proyecto verdaderos vínculos con la sociedad lo cual era de suma importancia hacerlo, ya que vinculando la participación social ciudadana con la transparencia y la rendición de cuentas desde la base del sistema, existiría la posibilidad de construir y consolidar una inserción activa de la sociedad lo que implicaría una mayor presión hacia un gobierno transparente. El exigir por una clara rendición de cuentas es un derecho y como tal los ciudadanos pueden ejercerlo, conocerlo, difundirlo y apropiarse de él como un bien público.
La modificación hecha al artículo 105, fracción I de la Constitución para que las decisiones del órgano encargado de velar por la transparencia puedan ser motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anula la posibilidad para que el Estado actúe realmente con transparencia. Esto por una mera cuestión de administración operativa en la cual el tiempo de vida de las solicitudes será un factor trascendental.
Lo anterior, sumado a la facultad para impugnar las decisiones del IFAI por parte del consejero Jurídico de la Presidencia, representante de los intereses públicos y privados de la Presidencia de la República, representan una simulación y enorme traba para la demanda de la transparencia.
La transparencia no es un asunto cualquiera con el que simplemente se tenga que cumplir legislando sobre la materia. La transparencia es un medio a través del cual nos podemos acercar hacia una armonía social en el que informar deje de ser un simple buen gesto de los gobernantes. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado José Alberto Benavides Castañeda. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas de los órganos públicos son asignaturas pendientes en el país.
Las normas jurídicas que se creen, que vayan encaminadas a la transparencia y la rendición de cuentas, nos parecen loables. Sin embargo en el presente caso, en la discusión de esta minuta que proviene del Senado, nos parece que el contenido es insuficiente, incompleto, incluso tibio, timorato, y lo más grave es que adolece de vicios, tiene vicios en el procedimiento legislativo.
Creemos que frente a la enorme corrupción que prevalece en el país, frente a la decadencia política que se profundiza, frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la república de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos, sobre todo cuando se conmemoran eventos históricos.
¿Por qué afirmo que es incompleta, tibia, timorata, insuficiente y con vicios en el procedimiento? Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos lo saben, se erige como la norma fundamental de validez del sistema jurídico nacional.
Los preceptos constitucionales no son obviamente, de observancia voluntaria o de buena fe para los órganos del Estado. Atentos al principio de legalidad, los órganos del Estado están obligados a cumplir con la ley, son la ley fuente de validez de sus actos.
Por eso me refiero al contenido que dispone el artículo 72 constitucional en su inciso E. Este inciso E señala: Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la cámara revisora, la nueva discusión de la cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.
De acuerdo a nuestra Carta Magna, una vez que un proyecto haya sido modificado por la cámara revisora, regresará a discusión a la de origen, quien de manera imperiosa deberá de concentrar su discusión únicamente sobre lo desechado o sobre las adiciones, sin poder alterar de manera alguna los artículos aprobados.
En este caso particular, la revisora pretende incluir nuevas modificaciones a la discusión, lo que vulnera el artículo 72 en su inciso E, pues aun y cuando procesalmente no es oportuna la inclusión, en esta Cámara de Diputados estamos aceptando la discusión y estamos aceptando la modificación del proyecto original, en franca violación a la Constitución.
Prueba de ello es que la modificación planteada al artículo 105, fracción I, que fue discutida en el Senado incluye, dentro de las modificaciones al artículo 105, la posibilidad para que el IFAI pudiera promover controversias constitucionales en la materia que le corresponde. Es decir, altera el contenido de lo discutido y viola el Senado la Constitución al alterar el procedimiento al que estamos obligados a observar.
En esta Cámara, que tuvo el carácter de revisora, se suprimió dicha facultad, recuérdenlo, por considerar que la misma ya se encuentra contenida en forma implícita en el inciso i) de la fracción I del citado artículo 105.
En este sentido correspondía a la colegisladora que se pronunciara respecto a tal modificación, sin que la misma tuviera la facultad para incluir de nueva cuenta algún cambio a lo planteado. Sin embargo, la Cámara de Senadores de nueva cuenta efectuó modificaciones a dicho artículo, lo que vulnera, repito, el mandato constitucional al que está sometido este órgano legislativo.
Igualmente es de llamar la atención que en el trámite de este asunto no es la primera violación al procedimiento que se presenta, pues el mismo fue tramitado sin que materialmente existiera una iniciativa promovida por alguno de los facultados en el artículo 71 de la Constitución.
Lo anterior se afirma debido a que, con la aprobación de reformas a telecomunicaciones, se quedó sin materia la iniciativa promovida en relación al tema que hoy se discute, pues las modificaciones que se introdujeron al artículo 6o constitucional dejaban carente de fundamento al planteamiento primigenio.
No obstante, la Cámara de Senadores, en una clara inobservancia a la Constitución omitió este hecho y subsanó tal vicio modificando el carácter de la iniciativa primigenia sin que existieran elementos para ello, y mucho menos las facultades para operar en esta forma.
Tales vicios al procedimiento constituyen un riesgo para la validez de la reforma, pues si bien se trata de una reforma constitucional de la cual el contenido no se encuentra sujeto a controles jurisdiccionales, el procedimiento en que la misma es aprobada, debe y tiene que ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un simple amparo –creo yo- de cualquier ciudadano respecto a la vigencia de la norma sería suficiente para invalidar toda la reforma, pues no existen elementos que sustenten el apego a la Constitución en el proceso de discusión y aprobación de la misma. Tal cosa reviste una gravedad inusitada que nosotros estamos preocupados.
Pareciera que la forma tan desaseada en que se aprobará esta reforma tiene el objetivo de dejarla vulnerable. Dejar vulnerable el contenido de la misma, pues si bien la transparencia gubernamental es un objetivo deseable, el proceso en que se introduce a nuestra Constitución la priva de la certeza de un proceso adecuado y válido.
Este asunto sentará un precedente de violación a la Constitución que atenta contra la fuente misma de validez el sistema jurídico nacional. Hoy las violaciones al proceso corresponden para incluir en la Carta Máxima, en la Carta Magna un propósito noble, pero en el futuro no sabemos qué intereses operen en este sentido.
Lo más grave de todo esto es la ausencia de la discusión en este recinto. Aceptamos casi sonrientes las violaciones a nuestra Constitución, dejamos que la discusión y aprobación de iniciativas se hagan en lo oscurito, del llamado Pacto por México.
Por más que pretendan darle a nuestra Constitución un valor disminuido, constituirla como una constitución de letra muerta, un documento de mera retórica, no podemos dejar de lado que se trata del fundamento de validez de todo el sistema y el instrumento programático de la nación.
Su disminución tendrá como consecuencia el debilitamiento del estado. Estoy preocupado, ciudadano presidente, por este procedimiento inadecuado; un procedimiento que carece de validez, que tiene vicios de origen y que lamentablemente será susceptible de ser impugnado, la ley misma.
Y los actos de autoridad que emita este órgano pueden estar afectados de validez en sus propios actos o conductas. Por eso es que mi preocupación es mayor, me hubiera gustado que discutiéramos con mayor profundidad, porque les queremos decir que estamos de acuerdo con el propósito de la transparencia y la rendición de cuentas.
Como dijera el preopinante, el diputado Benavides, no es la panacea. Las propias controversias pueden ser usadas de manera artificial o mañosa en contra del IFAI o en contra de la transparencia, y las modificaciones que aquí se hacen alteran el proceso legislativo.
Estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos en contra de procedimientos viciados de origen que, lamentablemente, generan confusión en el ciudadano que observa todos los días la ley y observa la aplicación de la misma por los órganos del Estado. Por su atención, muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Laura Ximena Martel Cantú, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Verde.
La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Partido Verde Ecologista de México se encuentra a favor de la minuta enviada por el Senado y que hoy se somete a su consideración; porque la transparencia y la rendición de cuentas son una exigencia de todos los mexicanos y porque el combate a la corrupción es una condición sine qua non para el desarrollo de nuestro país.
En las sociedades contemporáneas el vínculo entre gobernabilidad y democracia radica en el principio de la soberanía popular y en sus manifestaciones concretas, como son los actos y acciones de gobierno.
El acceso a la información pública y la transparencia es un tema medular de los derechos humanos, el cual, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es la garantía fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a ser informada, así como a la protección de sus datos personales.
El derecho a la información y la transparencia son bases muy importantes del sistema democrático, lo defiende de inclinaciones autocráticas al tiempo que protege las libertades y los derechos ciudadanos.
Como sabemos, la democracia norma los derechos y obligaciones de los actores sociales, políticos y económicos. Nadie tiene derechos sin obligaciones. Nadie tiene libertades ilimitadas porque implicaría vulnerar, restringir o suprimir las libertades de los demás.
Ahora bien, el derecho a la información en sí mismo no garantiza un rendimiento de cuentas objetivo, veraz y oportuno, sino que debe complementarse con un organismo autónomo, con capacidad técnica para evaluar los procesos y resultados.
Son muchas las ventajas de legislar con responsabilidad sobre la materia que hoy nos ocupa, ya que se fomenta el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática del estado de derecho. Permite ejercer un escrutinio activo de los gobernados acerca del desempeño de los servidores públicos y de las empresas privadas que operan bajo concesión pública o realizan actividades con cargo a los presupuestos públicos.
Facilita que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para tomar decisiones en relación a su esfera privada o respecto de los asuntos que gestionan en la pública, así como para reducir la discrecionalidad, la impunidad y la complicidad en el ejercicio de la función pública.
De manera destacada, recordemos que esta reforma constitucional incluye, entre otros sujetos obligados, a partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o sindicato que reciban o ejerzan recursos públicos.
La rendición de cuentas y el acceso a la información son dos componentes esenciales de cualquier gobierno democrático. Constituyen mecanismos de gobernabilidad, haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, abriendo nuevos canales de comunicación entre el Estado y los diversos actores sociales.
Por ello, la importancia de contar con un organismo garante fortalecido, dotado de autonomía constitucional, y sobre todo, que goce de la confianza y el aval de la sociedad. Un organismo fuerte constitucional y moderno implica una transformación cultural profunda, en la concepción y práctica del servicio público, ya que significa someter a la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio crítico de la sociedad.
El concepto de transparencia se refiere a la apertura y flujo de información de las organizaciones políticas y burocráticas al dominio público, volviéndola accesible a todos los posibles actores interesados, permitiendo su revisión y análisis y la detección de posibles anomalías.
La falta de transparencia es un foco potencial de abuso de poder y corrupción, de ahí la necesidad de un organismo garante que esté a la altura de las exigencias y expectativas ciudadanas.
La transparencia implica que la información esté disponible sin trabas o requisitos, que sea comprensiva al incluir todos los elementos relevantes, que sea confiable y de calidad, y que permita tanto una contribución al diseño de públicas como a dar certidumbre y confianza a los sectores productivos y a sus inversionistas.
El gobierno democrático debe ser transparente para mostrar su funcionamiento y estar sujeto al escrutinio público y debe rendir cuentas para explicar y justificar sus acciones, de tal suerte que los gobernados ejerzan su potestad sobre los actos de gobierno.
Para nadie es un secreto que el fenómeno de la corrupción está estrechamente ligado a la falta de transparencia y a la ausencia de responsabilidad por parte de la autoridad, en este sentido, es que se fortalecen los principios rectores del organismo garante, se establecen las bases generales de su funcionamiento, se amplía el catálogo de sujetos obligados, se obliga a las instituciones públicas a generar información de calidad y se subsanan las lagunas, evitando interpretaciones a modo.
Las leyes y la Constitución no son inamovibles, sino dinámicas y perfectibles, en este sentido, considero que es éste un paso más que da continuidad a la evolución democrática de México.
Pensamos que aún el órgano de control para el organismo garante es inacabado, pues no podemos negar la importancia de una contraloría interna que cuente con el aval de una de las Cámaras del Congreso, evitando así el monopolio del poder, por lo que anuncio que en su momento presentaré una iniciativa al respecto.
El flujo eficaz y legitimado de las decisiones políticas en las sociedades democráticas modernas, requiere del equilibrio y el fortalecimiento a las instituciones líderes en los tres Poderes de gobierno.
Señores legisladores, nosotros estamos convencidos de que la adecuación de la norma constitucional será una de las transformaciones legislativas más trascedentes en los años recientes.
Representa un avance para transparentar la gestión pública, dar acceso a los ciudadanos a información pertinente y tenderá a fortalecer la confianza en las instituciones, con base en el conocimiento de su funcionamiento y sus resultados, y tendrá también el efecto de elevar el nivel de exigencia a los servidores públicos.
Por un México con transparencia y rendición de cuentas es que votaremos a favor de las modificaciones que hoy se presentan. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Hay legislaciones que marcan, así como la legislatura de 1994 a 1997 puede ser marcada por haber dado autonomía al Instituto Federal Electoral y todo lo que eso representó para la democracia del país ahora el IFAI autónomo, la fortaleza que le estamos dando con esta reforma también marcará a esta legislatura.
Por tanto, será un elemento que nos podrá tener orgullosos toda la vida. Porque más allá de que uno puede calificar o descalificar con palabras prácticamente cualquier cosa, los hechos darán la razón.
Apenas empiece a funcionar este nuevo IFAI autónomo veremos los resultados. Porque hay un elemento clave en este punto, que es la inatacabilidad de las resoluciones. El hecho de la inatacabilidad va a hacer que se cumpla lo que podemos llamar la auditoría ciudadana, que es la transparencia.
Ahora no van a buscar o no van a poder buscar muchas dependencias cómo le dan la vuelta, cómo reculan, cómo evitan dar a conocer las cosas que tienen que ser del dominio público.
Ahora, simplemente tendrán que acatar lo que diga este IFAI fuerte, fortalecido, que además, efectivamente, ahora también va a poder defender sus atribuciones mediante la controversia constitucional.
Nosotros hemos diagnosticado bien que un problema de México ha sido el presidencialismo autoritario. Hemos sabido leer bien la historia y decir, el presidencialismo autoritario ha traído arbitrariedad, corrupción, impunidad.
Un elemento clave para el equilibrio y los contrapesos es la creación de estos órganos autónomos. Son órganos autónomos que equilibran el poder y la fuerza del presidencialismo. Por supuesto, también es correcto buscar que los órganos autónomos tengan equilibrios y contrapesos. En una democracia nadie puede ser absoluto, nadie puede ser todo poderoso.
Hay, lo habíamos comentado muy bien, cuando lo discutimos, al principio de este periodo, las modificaciones al IFAI, con aquella excepción del consejero jurídico de la presidencia, que en dado caso podría meter un recurso de revisión.
Aun en esa extraordinaria, digo extraordinaria porque a algunos les preocupa que esto suceda. Yo he dicho, yo pago por ver que eso suceda. Porque en un sistema en donde un órgano autónomo, con el poder que le hemos dado al IFAI y el Poder Ejecutivo tengan una confrontación, una controversia, un diferendo y sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dirima ese diferendo, esa diferencia, entre el órgano autónomo y el Poder Ejecutivo, es un país en el que quiero vivir.
Es un correcto esquema constitucional para una república democrática, que la Suprema Corte pueda ser en ese dado caso, que insisto, va a ser excepcional, quiero ver que suceda alguna vez, en ese caso va a ser –insisto– un país en donde nos podamos sentir orgullosos por ver esa discusión pública en el máximo tribunal de la nación, entre el Poder Ejecutivo y un órgano autónomo fortalecido como el que estamos haciendo. Ése es un diseño constitucional de un país democrático, por eso digo que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos.
Por supuesto, éste no es el fin del camino. Ninguna legislación es el fin del camino. Ya lo estamos viendo, en 1996, cuando salió el IFE autónomo y se fortaleció el IFE tampoco fue el fin del camino, estamos próximos a ver cómo fortalecemos la autonomía de ese órgano tan importante electoral. Y así, como no fue el fin del camino el IFE autónomo, seguramente no será el fin del camino esta legislación, pero que nadie minimice el tamaño del paso que hemos dado.
Quienes nos lo va a agradecer son los ciudadanos que van a tener respuestas prontas y expeditas a sus dudas, y van a ser los ciudadanos que también van a ver como en caja de cristal lo que sucede en los organismos públicos, a todo aquel organismo que reciba recurso público.
Por supuesto, hablaba de que faltan algunas cosas, una de ellas importante es que llevemos la transparencia hasta el último rincón del Poder Legislativo, que pongamos el ejemplo, faltó poner como sujetos obligados a los grupos parlamentarios. Es el paso que falta, hacia allá tenemos que insistir, pero este paso que se dio ahora es muy valioso y haríamos mal en escamotear el mérito.
Por eso, quiero reconocer aquí el logro –lo llamaría– histórico de la sociedad civil, que ha pugnado por la transparencia. Hace poco hemos dado una discusión muy polémica, muy intensa sobre la reforma hacendaria. Lo que tiene que venir junto con esta reforma hacendaria es que haya mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor eficacia en el gasto, combate a la corrupción.
En ese sentido el IFAI autónomo sirve, y sirve muy bien para ese propósito, aunque no sólo tenemos que conformarnos con eso. Está todavía atorada la Comisión Anticorrupción en el Senado, tenemos que buscar y culminar a nuestros compañeros senadores para que destraben la Comisión Anticorrupción, que tiene que necesariamente también por lo menos en el área penal tener autonomía para que no vaya haber complicidad en ese órgano tan fundamental.
Fueron por cierto compromisos de Enrique Peña Nieto, de campaña, que aún estamos esperando. Hoy con este punto en la transparencia avanzamos en ese sentido, pero falta –insisto– el combate a la corrupción. Y ene l combate a la corrupción no puede haber impunidad para nadie, por eso es importante que quien vaya a hacer las funciones de fiscal en ese órgano no vaya a ser dependiente del Poder Ejecutivo, igual que como estamos buscando que esta transparencia, con este órgano autónomo, no vaya a tener las presiones del Poder Ejecutivo, también tenemos que hacer que la parte penal del órgano anticorrupción sea independiente de esas presiones.
Yo creo que estamos, es correcto que nos congratulemos con este avance. La sociedad civil fue partícipe y protagonista de esto; por eso yo quiero darles el mérito también a las organizaciones civiles de transparencia que pusieron el dedo en la llaga y no han dejado de insistir en la necesidad de la transparencia y tenemos, por cierto, que llegar hasta sus últimas consecuencias en la transparencia. También, insisto, que el Poder Legislativo tiene que poner ejemplo en eso y en este punto todavía nos falta un trecho que avanzar y ojalá tengamos nosotros el arrojo para dar ese paso próximamente.
Pero yo me congratulo de esta ley que seguramente o más bien no tengo la menor duda que será histórica por el avance en la democracia del país en la participación ciudadana para esto. Lo importante es que ahora vamos a tener un órgano constitucional autónomo en materia de transparencia con decisiones inatacables y por lo tanto que ayudarán a que la sociedad pueda estar enterada de lo que sucede en las instituciones públicas. La vida pública es eso, pública, y por lo tanto tiene que estar al alcance de todos los ciudadanos.
Quiero decir que a mí no me preocupa, insisto, esa pequeña excepción del consejero jurídico de la Presidencia, porque en el momento que haya ese recurso de revisión lo que harán es darle notoriedad a aquello que se quiere ocultar y sería contraproducente, y además —insisto— la transparencia no solo es que el ciudadano pueda conocer, la transparencia también es la discusión pública, el debate público; y la transparencia también es generar cultura de transparencia, cultura de la vida pública, cultura del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y de que los ciudadanos sean partícipes de lo que sucede en la vida pública, y por supuesto que el debate público en el máximo nivel como es en la Suprema Corte genera cultura, como generó cultura democrática el debate en la Suprema Corte sobre la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal o sobre los matrimonios igualitarios en el Distrito Federal.
Eso creó cultura, también una cultura democrática que tenemos que agradecer por lo que se avanzó en ese debate tan importante. Yo me congratulo y felicito a todos nosotros por ser partícipes de esta reforma histórica en materia de transparencia. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Fernando Belaunzarán Méndez.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos de la Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, de Cuautitlán, estado de México. Invitados por el diputado Francisco Javier Fernández Clamont. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Asimismo a líderes de Santa Inés, estado de México. Invitados por el diputado Francisco Javier Fernández Clamont. Bienvenidas, bienvenidos.
Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Marcos Aguilar Vega, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, señor presidente. Es sabido por todos los mexicanos que la aspiración que tenemos como Estado democrático implica la incorporación de tres elementos en los Estados modernos: la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública.
Generalmente en voz de los políticos cada uno de estos conceptos son tergiversados y confundidos. La realidad es que cada uno de uno de ellos implica alcances muy importantes que, en opinión personal, hoy representan el único y mayor reto que tiene nuestro país para transitar a un verdadero Estado democrático.
Cuando hablamos de transparencia debemos referirnos particularmente a aquella política pública que permita a cualquier ciudadano someter al escrutinio público las acciones de un gobierno.
Cuando nos referimos a la rendición de cuentas, nos referimos particularmente al mecanismo a través del cual los gobernantes informan de los resultados de su gestión gubernamental o legislativa.
Cuando nos referimos al derecho de acceso a la información pública nos estamos refiriendo particularmente a una prerrogativa que tiene cada ciudadano para acceder a la información que está en poder de un órgano público y del cual es depositario; pero cuyo único propietario es ese ciudadano mexicano.
La reforma constitucional que finalmente hoy concluye en el Congreso de la Unión modifica ocho artículos del texto constitucional. Representan sin duda alguna un avance muy importante para nuestro país en uno de ésos tres elementos para acceder a ser un Estado democrático.
Con esta reforma México vivirá, no tengo duda, una profunda transformación en el tema. Con esta reforma vienen instituciones más fuertes, procedimientos más claros para los ciudadanos y, por supuesto, más sujetos obligados a otorgar la información de la cual son depositarios.
Esta reforma debiera ser entendida para cada uno de nosotros como una reforma de carácter estructural con el mismo nivel de importancia que una reforma educativa, que una reforma en materia de telecomunicaciones, que una reforma en materia energética; porque, si en México accedemos a un desarrollo democrático no tengo duda que podremos acceder a un desarrollo en lo económico.
Aún faltan reforma de carácter legal que derivarán de esta reforma constitucional y que deberán fortalecer la estructura jurídica en nuestro país. En un país donde la corrupción está enquistada; y para alcanzar el anhelo de ser un Estado democrático, hoy este Congreso aporta a todos los mexicanos un nuevo marco jurídico.
Han participado ya las dos Cámaras, tanto la alta como la baja; la de origen y la revisora, aportando cada día más elementos para construir una verdadera reforma en materia de acceso a la información pública. Tengo el anhelo de que esta reforma motive a los ciudadanos comunes y corrientes a que participen en la construcción de la democracia mexicana.
Estoy convencido que a pesar de estos avances aún falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer porque debemos empatar la agenda tanto en materia de transparencia como en materia de rendición de cuentas. En ambos rubros este país aún tiene un enorme rezago en el ámbito internacional. Falta que entendamos que estos temas no solamente con una reforma de carácter constitucional transformarán a México.
La reforma en materia de acceso a la información; la reforma en materia de transparencia y la reforma en materia de rendición de cuentas, implican un nuevo esquema cultural de cada mexicano.
Esos tres conceptos para que se conviertan en una realidad, no necesariamente requieren únicamente de una reforma a la Constitución. Estos conceptos deben ser inherentes a las personas, deben de ser inherentes a los ciudadanos.
No es transparente aquel que está en una institución, que ha titulado la ley que le ordena cumplir facultades y atribuciones, como una ley de transparencia. El que es transparente lo va a ser dentro y fuera del gobierno, en la acción ciudadana, en la acción común.
Estoy convencido de que en México se requiere valor para ser transparente, valor para rendir cuentas y valor para acceder a la información pública. Que sean los mexicanos los beneficiarios de esta transformación a la Constitución y que sea por ellos por quienes demos este gran paso en materia constitucional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Marcos Aguilar Vega Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la presidencia. Es muy grato para una servidora poder esta tarde ser la portavoz del posicionamiento de esta trascendental reforma a nuestra Constitución, a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional.
Cuando Enrique Peña Nieto inició su campaña a la presidencia de la república en el 2012, hizo públicamente cinco compromisos. Uno de ellos era dotar a la institución encargada de garantizar la transparencia en el país, de autonomía, para que con ello le permitiera mayor eficacia y eficiencia en el quehacer a dicha institución y que pudiera avalar verdaderamente porque la información pública esté al alcance de toda la ciudadanía.
El grupo parlamentario del PRI votará a favor de la minuta que fu enviada a esta soberanía por parte de la Cámara de Senadores, porque estamos plenamente convencidos de que es urgente y necesario garantizar de manera sustantiva el derecho constitucional a la información en todos los ámbitos de nuestra vida pública.
Los antecedentes en materia de transparencia son vastos y ya han sido enumerados por mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra en esta tribuna. En esta Cámara, la Cámara de Diputados, cuando trabajamos esta reforma todos los partidos políticos nos regimos por un principio máximo: todos queremos más transparencia, todos queremos mayor rendición de cuentas.
Es imprescindible en nuestra vida democrática la transparencia y es imprescindible darle respuesta con ella a una permanente exigencia ciudadana. Estamos convencidos de que hoy la coincidencia entre partidos debe refrendarse para avanzar en el objetivo de airear la vida pública y mejorar la relación entre gobierno y sociedad, con mucho mejores instrumentos legales para el fortalecimiento de nuestra cultura democrática, una cultura y una práctica de acceso a la información pública, donde las excepciones sean cada día menos y donde cada día sean más los ciudadanos que tengan interés en conocer y en interesarse en saber sobre las cuestiones públicas que todos los días se tratan.
La rendición de cuentas y la transparencia van de la mano en una gestión de gobierno moderno y democrático como el que estamos empeñados en construir de la mano de Enrique Peña Nieto. Con la aprobación hoy de las reformas en materia de transparencia coadyuvamos al presidente Peña a cumplir un compromiso que debe de ser indeclinable en toda la administración pública para que pueda ser eficaz.
Es momento entonces, como dice Fernando Belaunzarán, de saborear un triunfo por pequeño que sea. Es momento de reconocer a todos aquellos compañeros diputados y senadores que invirtieron horas y esfuerzo para hoy culminar finalmente esta reforma.
Es entonces cuando reconozco a Marcos Aguilar Vega, cuando reconozco a Enrique Flores, a Betsi Yañez de Acción Nacional, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Silva, al diputado Fernando Sárate, al propio diputado Fernando Belaunzarán, quienes son del Partido de la Revolución Democrática, a mis compañeras diputadas Ximena Martel y Ruth Zavaleta del Partido Verde, al diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Nueva Alianza.
La paciencia y tenacidad de mis compañeras de partido, diputada Alejandra del Moral, diputada Flor Ayala. Pero sobre todo reconocer a la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara de Diputados, la diputada Areli Madrid Tovilla quien, ante cualquier adversidad, estuvo siempre al pie del cañón, anteponiendo su deber con México, anteponiendo su responsabilidad ante su propia salud y anteponiendo la vocación de servir ante todas las cosas.
Celebremos los avances, compañeros diputados. Más sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos. Pongamos el ejemplo. Todo aquel ente que ejerza recursos públicos es sujeto obligado de transparencia.
Pero también sirva este momento para reconocer los grandes retos como la comisión nacional anticorrupción, como las leyes reglamentarias que nos falta aprobar, como las sanciones que debemos de imponer y, por qué no, hasta el tema de género en la conformación del nuevo órgano garante.
Ha sido verdaderamente intenso y dilatado el proceso de discusión que hoy concretamos con esta minuta. Pero de lo que no debemos tener ninguna duda es que se encamina a un objetivo ampliamente compartido en beneficio de la sociedad y de sus instituciones democráticas.
Con la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en un órgano constitucional autónomo se da un paso histórico en el proceso que inició en el 2002 cuando surgió el IFAI, abocado únicamente en ese momento a la información en poder de la administración pública federal.
Se refuerza así el carácter de los órganos de transparencia incorporándolos de manera expresa en el texto constitucional. Se estrecha la coordinación con la entidad de fiscalización superior de la federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de información estadística y geográfica.
La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hemos previsto que no existan vacíos legales a la interpretación. De ahí que en el texto que hoy estamos por aprobar se hayan incorporado tres hipótesis en los artículos transitorios. La primera consiste en la posibilidad de que los cinco comisionados que actualmente integran el IFAI continúen en sus cargos hasta la culminación del mandato que se les confirió de origen, con base en el nuevo procedimiento ya aludido. De solicitarle al Senado su inclusión y que obtengan las aprobaciones de las dos terceras partes de los presentes de la Cámara de Senadores.
La segunda hipótesis, con la posibilidad de que solamente alguno o algunos de los actuales comisionados que forman parte del organismo puedan ser parte del nuevo organismo, misma que puede presentarse en el supuesto de que uno de los cinco comisionados no soliciten su continuidad o no sean ratificados por el Senado.
Y una tercera hipótesis consistente en que se tenga que hacer la designación de la totalidad de los integrantes del nuevo organismo garante, ya sea porque ninguno haya solicitado que se les valide ante el Senado o porque simple y sencillamente ninguno de ellos sea aprobado para continuar en el cargo.
En los tres casos, se busca asegurar las designaciones con el principio de la renovación escalonada de los integrantes del nuevo organismo garante. Con lo anterior queda colmado al extremo el alcance e interpretación respecto a la vinculación entre los artículos tercero y cuarto transitorio de la reforma que establecen los supuestos para la debida integración y designación de los titulares del organismo autónomo de la materia.
Compañeras y compañeros diputados, éste es un logro compartido. Finalmente un logro compartido, en el que logramos poner los acuerdos más allá de los desacuerdos, en el que bajo un mismo techo estamos proveyendo la unanimidad en torno de la transparencia como una pauta de gobierno.
El principio es que todos estamos de acuerdo en que debemos de concretar avances para que los gobiernos rindan cuentas y que se obligue a implementar prácticas mucho más eficientes que respondan con efectividad a las demandas sociales, no solamente de los ciudadanos, sino de cualquier persona.
En el detalle ciertamente tuvimos desacuerdos, pero afortunadamente hemos logrado transitarlos, y hoy arribamos nuevamente, unidos en un consenso, convencidos de que no hay otra forma de hacer vigente y efectiva nuestra vocación democrática más que con apertura en un diálogo transparente y abierto como nos los demanda la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lizbeth Loy Gamboa Song. Están a discusión en lo general y en lo particular los artículos: 6o, fracción VIII, párrafos primero, octavo y décimo; 73, fracción XXIX T; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción VIII; 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ) y, el tercero transitorio, modificados por la Cámara de Senadores.
Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Corrijo, hablará antes el diputado Ricardo... Ya está aquí el diputado. Hablará a favor, el diputado Reyes Gámiz.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, derivado del hecho de que estamos absolutamente convencidos de que uno de los valores más importantes de la vida democrática es la transparencia.
Para nosotros, que hemos estado en esta legislatura comprometidos en impulsar reformas que verdaderamente beneficien a la democracia desde los cimientos sin simulaciones, el que hoy se dote de mayor fortaleza al IFAI es un logro fundamental para construir instituciones más sólidas.
Éste es un camino en el que hoy estamos avanzando con valentía y firmeza, con exigencias claras hacia nuestras instituciones. Desde esta tribuna, como legislador de izquierda, como perredista, reafirmo nuestro compromiso para hacer de esta brecha un camino que se entienda.
No es suficiente con transparentar y dotar de mayor fortaleza a esta institución. Urge, y esta es una tarea pendiente que ya no podemos soslayar, impulsar la construcción del instituto anticorrupción. Que se transparente el ejercicio público y que también se sancione a quien incurra en falta al ejercerlo.
Al avanzar en esta reforma, compañeras y compañeros, se fortalece a la transparencia y demuestra que en este Congreso hay vocación democrática y ésa es la tarea y el compromiso de las diputadas y los diputados del PRD.
Finalmente diría: hagamos de este asunto, de esta reforma no solamente un ejercicio de parabienes. Hay dos tareas concretas que en el marco de esta aprobación sugiero que esta Cámara debería atender.
Primera. Que el comité de transparencia, que no existe en la Cámara de Diputados y que es el que se encarga de atender, entre otras cosas, la evaluación y el uso de los recursos públicos que se nos dotan, se instale a la brevedad posible.
Segunda. Que los recursos que los diputados federales han aplicado en proyectos específicos para estados y municipios se transparenten para evitar esas interpretaciones que hoy, en el marco de notas periodísticas de los famosos moches, han estado lastimando mucho la función de todas y todos los legisladores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz.
Para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, compañeras y compañeros diputados, ésta es una reforma que a diferencia de otras que se han procesado fast track, es una reforma que ha tenido que recorrer un largo y sinuoso camino.
Primero, estuvo congelada largo tiempo, después tuvo que esperar que quedara firme la reforma de telecomunicaciones que había llegado posteriormente a la reforma de transparencia, y finalmente, en aquella sesión, en el Centro Banamex, se aprobó en un periodo extraordinario.
Nosotros, en Movimiento Ciudadano, estamos a favor de la transparencia, pero a favor de una transparencia real, no una transparencia simulada. Una transparencia retórica o una transparencia que recoge el discurso de lo políticamente correcto, pero que al mismo tiempo establece candados que vienen en detrimento de este postulado. Queremos transparencia total y no solamente la apariencia de transparencia.
Y nos parece sano lo que decía el diputado Reyes Gámiz, que se transparente todo lo legislativo, cómo se vota, cómo se toman decisiones, cómo se canalizan recursos, cómo se ejercen recursos de esta Cámara y de los grupos parlamentarios. Me parece que el buen juez por su casa empieza y ése debiese ser un ejemplo, no solamente al país, sino a los otros Poderes que se mantienen en total opacidad.
Por ejemplo, Petróleos Mexicanos, donde estuvo el director general, el pasado miércoles, y se le preguntó que si no había conflicto de intereses en que él fuera miembro del Consejo de Administración de la empresa OHL y luego esta empresa adquiriera contratos jugosos en el sector energético, y con un desparpajo y un cinismo, el director simplemente dice: es que ganaron las licitaciones. Pero cómo fueron los concursos, por qué no se excusaron. Todo eso es parte de la transparencia y eso, desgraciadamente, no se está combatiendo en el país.
Y por un lado, en el artículo 6o. constitucional, se establece que las resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables, pero por otro lado, se pone el candado de la seguridad nacional.
Y para mí sí es un tema preocupante, no es un tema menor, que el consejero jurídico del gobierno, un empleado del presidente de la república pueda ser el sensor para estar litigando qué es o no asunto de seguridad nacional, me parece un asunto grave.
Por ahí hay quien dice que esto será tema de una ley secundaria, pero es como los contratos de utilidad compartida en la reforma energética. Nada se dice en la propuesta de reforma constitucional sobre candados a los contratos de utilidad compartida, si serán solamente para aguas profundas, qué porcentaje de utilidad y quién va a operar. Todo esto es para una ley secundaria.
De igual manera, aquí en el tema de seguridad nacional se está yendo a la legislación secundaria y en un Estado que tiende al autoritarismo, el tema y la bandera de la seguridad nacional se puede usar como coartada, como pretexto o como muralla para la transparencia. Por eso, nosotros en aquella sesión lo expresamos y por eso expresamos nuestro voto en contra.
Ahora, efectivamente hay algunas cosas buenas, lo de las controversias constitucionales. Pero si bien, en un Estado constitucional de derecho ésta es una vía que fortalece el constitucionalismo, nos parece que también, como aquí ya se advertía, pueden utilizarse estas controversias constitucionales alegando conflicto de competencias para dilatar la transparencia.
Y veríamos, entonces, al Banco de México, simulando una controversia para no dar información al IFAI o algunos otros organismos autónomos. Por eso nosotros advertimos de este riesgo que está implícito en la reforma que hace el Senado.
No podemos soslayar y con ello concluyo, el tema de la violación de procedimientos. Ya lo dijo el diputado Ricardo Monreal, hay una violación al artículo 72. El Senado no se pronunció sobre lo que aprobamos, le metió mano nuevamente a la reforma constitucional. Si bien se puede decir que fue para algo bueno, me preocuparía que dejáramos un grave precedente para que en otras reformas el Senado vuelva a hacer lo mismo.
Y hablando del Senado, no ha resuelto el tema de la minuta de deuda de los estados y municipios. Sigue durmiendo el sueño de los justos y la Cámara ha sido omisa. Tampoco ha resuelto, el Senado, el tema de la Comisión Anticorrupción. Y Comisión Anticorrupción y Transparencia van de la mano, si no está chueco el modelo, está incompleto, está trunco. Y en eso el Senado, que ha sido tan solícito para algunos temas, está incurriendo en una grave omisión legislativa.
En el tema de las cuotas de la rotación y la manera de nombrar a los miembros del IFAI, nos preocupa que se siga privilegiando el reparto de cuotas partidistas. Este modelo ni le ayuda al país y ni siquiera le ayuda a los partidos proponentes porque el que pierde es México, porque la transparencia queda subordinada a los jefes partidistas que de esa manera inhiben que esta práctica sea real.
Por eso nuestra posición en congruencia con el voto que dimos cuando vino la reforma y en virtud que no se corrigió el tema de seguridad nacional. Ésa es mi posición como diputado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hace algunas semanas, cuando estábamos en el periodo extraordinario, subí a tribuna para manifestar mi posición personal y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de que iríamos a favor de la minuta que nos había enviado el Senado y del dictamen que en consecuencia se había realizado en esta Cámara de Diputados.
En lo personal siempre voy a estar a favor de todo lo que abone a consolidar la transparencia y la claridad en el manejo de los recursos públicos en este país, por diminuto que sea el paso, siempre es loable que haya transparencia y que haya un claro demérito de la opacidad.
Lo que hoy estamos aquí debatiendo tuvo su origen en la Cámara de Senadores, posteriormente nos erigimos en Cámara revisora, regresó al Senado, que le hizo modificaciones, y hoy lo tenemos casi a punto de aprobar para que surta efectos en beneficio de la sociedad mexicana.
El dictamen, su origen, en aquella ocasión lo dijimos, nos parecía loable que elevara a rango de autonomía constitucional a los órganos encargados de procurar la transparencia tanto a nivel federal como local. Consideramos loable que se estableciera también la obligatoriedad de revisar la transparencia en partidos políticos, en sindicatos, en personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos.
Hoy lo que se plantea en esta minuta que no ha enviado el Senado son cuando menos tres puntos, en los cuales quiero hacer énfasis. El primero tiene que ver con que se establece claramente la vigencia del tiempo en que estarán en funciones los nuevos comisionados de estos órganos de transparencia, que el tiempo será de siete años, conforme a lo que establece la reforma que se hace en el artículo 6o. constitucional, fracción VIII, párrafo décimo.
Se señala también, se especifica, la personalidad jurídica de este órgano constitucional, para poder plantear controversias constitucionales derivado de la reforma que se plantea al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente, en el transitorio tercero se detalla con extrema especificidad la forma en que serán sustituidos los comisionados de este órgano garante de la transparencia en el país.
Por eso estoy en esta tribuna, para pedirles su voto a favor de este dictamen, porque me parece loable los avances que se tienen en materia de transparencia, pero también me parece loable que ambas Cámaras del Congreso de la Unión podamos arribar a un consenso y construir un proyecto de reforma constitucional que vaya en beneficio de transparentar la vida pública en nuestro país.
En lo personal reconozco el esfuerzo que se ha hecho en la Cámara de Senadores y creo que es justo valorar a su vez que la Cámara de Senadores haya aceptado las reformas y las adecuaciones que esta Cámara de Diputados en su legítimo derecho de Cámara revisora tuvo a bien hacer para consolidar y perfeccionar el dictamen que se nos envió.
Espero que el voto mayoritario de esta Cámara de Diputados sea a favor de este dictamen y que sea un voto a favor de la transparencia, un voto a favor de la claridad, un voto a favor del derecho de las mexicanas y de los mexicanos para conocer el origen y el destino de los recursos públicos. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y a los ciudadanos del municipio de Tequisquiapan, del estado de Querétaro, que nos acompañan en esta sesión. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En esta Cámara se percibe un ambiente de cordialidad, armonía, yo diría hasta alegría. Pero fíjense que no es por la navidad; no. No solo es por el atraco que preparan en torno a la reforma energética, a la cual ya le apuestan hasta los iluminatis del PRD, sino además porque somos parte de la cúpula burocrática de este país que percibe aguinaldos cerca o superiores a los 200 mil pesos. Esto en un país de 12 millones de extremadamente pobres, más de la mitad del país sumergido en la pobreza; transparencia que es necesaria en el manejo de las grandes modificaciones y gratificaciones que reciben los mandos medios y superiores, no solo los federales, sino los estatales y municipales.
La actuación de los titulares de las dependencias, de los tres niveles de gobierno, atentan ahora contra los principios que proponen sean rectores del órgano responsable de la transparencia de la información gubernamental. Claro, medalla de oro la Presidencia de la República, presidencia de mentiras.
Miren, la fortaleza de un sistema político democrático se mide por la funcionalidad y observación de los principios de imparcialidad, legalidad, certeza, objetividad y transparencia. Y en el dictamen que hoy presentan se sostiene un diseño institucional en la integración del organismo garante de la transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales que no es viable para garantizar la autonomía e independencia en su desempeño.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Huerta, me permite. Sonido en la curul del diputado Roberto López. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Si me acepta una pregunta el orador.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, con mucho gusto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí la acepta el orador. Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Nada más quisiera preguntarle diputado amigo, si a usted le consta que a todos los diputados nos dieron un aguinaldo de 200 mil pesos, porque a un servidor no fue así y yo creo que a una buena parte o casi a todos los diputados del PRD tampoco.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No, no se hagan bolas. Les van a dar y les van a dar mochada, como ya les dieron ahora con las etiquetaciones y más cosas. Eso, tranquilos y a las pruebas nos remitimos, para eso va a estar el Ifai y luego para aclarar este tipo de cosas.
Pero miren, ustedes mismos son testigos y actores de la inoperancia del procedimiento. Este organismo se integrará por siete comisionados para su nombramiento en la Cámara de Senadores previa realización de una amplia consulta a la sociedad a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto en las dos terceras partes de los grupos presentes, nombrarán al comisionado que debe cubrir la vacante siguiendo el proceso establecido por la ley. El procedimiento para esta designación no es desconocido para esta Cámara. No funciona, no es garante de la autonomía e independencia de los designados.
Claro ejemplo lo tenemos con los consejeros electorales del IFE que aún no se han designado por falta de supuestos consensos en la Jucopo, en la Junta de Coordinación Política, subordinando independencia y autonomía del órgano constitucional a los intereses partidistas por encima de la legalidad y la observación de los principios constitucionales que nos obligan.
Por eso vemos al pobre Silvano todos los días hecho bolas y queriendo explicar lo inexplicable. El que manda en la Jucopo es el PRI y ahí tienen el control, por eso no dejan que avance eso.
Lo que sí está claro es que el fracaso del procedimiento afecta autonomía e independencia del órgano tomado desde su origen. ¿Cuándo se ha consultado a la sociedad de quiénes deben integrar los órganos autónomos? ¿Qué transparencia e interés general salvaguardan los grupos parlamentarios en la integración de sus propuestas? Falacias como la propuesta de Peña Nieto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción; o el desmantelamiento de la Secretaría de la Función Pública, si la corrupción está a la alta.
Ya en redes sociales hay un nuevo vídeo que se llama Las ratas invaden a México. Véanlo, ya es una emergencia nacional. A la mejor hasta hay una madriguera aquí en la Venustiano Carranza. Revisen en redes esto.
Nosotros sabemos que la designación atenderá cuotas partidistas de los grupos parlamentarios mayoritarios en el Senado con lo cual restan autonomía e independencia y vician de origen el desempeño profesional de quienes sean propuestos por los propios grupos parlamentarios.
No sólo esto. Para una mayor degradación de la autonomía e independencia, el nombramiento que supere las cuotas partidistas podrá ser objetado por la Presidencia de la República. Estos filtros subordinan a ciudadanos que pretenden desempeñarse como comisionados a factores reales de presión que medran su independencia y corrompen de origen la imparcialidad y legalidad de su desempeño.
Aún más. Por si fallara el control político, establecen la revisión de las resoluciones del órgano responsable a través de la controversia constitucional que proponen en la adición de un inciso, el l), en la fracción I del artículo 105 constitucional en el dictamen. Con ello eliminarán la determinación de que las resoluciones del IFAI son definitivas e inatacables medrando la garantía de acceso a la información gubernamental.
Estamos frente a una reforma que vulnera la autonomía del IFAI, puesto que la continuación de los actuales comisionados como miembros del nuevo organismo se sujeta a la aprobación de las dos terceras partes de los senadores previa petición que hagan los mismos comisionados de su ratificación. Esto es, su ratificación queda sujeta al acuerdo político de los grupos parlamentarios.
Por lo tanto, ustedes están usando los cambios constitucionales para eliminar la autonomía e independencia de los miembros del IFAI. ¿Dónde quedó el PAN? En la bolsa del PRI. Pobre México con estas Cámaras de Senadores y Diputados, salvo obviamente honrosas excepciones como pretende ser el de la voz y una veintena de diputados, aunque griten.
Yo les hago un reto. Salgan a la calle y pregúntele al pueblo de México qué piensa de los diputados y ¿saben qué piensa? Le da más asco la Cámara de Diputados que las ratas que están inundando este país. Les digo una cosa más. Salgan a preguntarle al pueblo de México qué piensa de Peña Nieto.
Culmino, presidente. Eso es lo que les preocupa. Que Peña Nieto no está abajo cinco ni 10 puntos porcentuales en su imagen; está como 30 puntos abajo. Salgan a ver al pueblo y pregúntenle qué piensa de Peña Nieto; pregúntenle qué piensa de ustedes. Esa es la transparencia que el país requiere. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene el uso de la palabra la diputada Areli Madrid Tovilla, para hablar a favor.
La diputada Areli Madrid Povilla: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, las reformas constitucionales en materia de transparencia que ahora se presentan, sientan las bases para la creación de un sistema más eficaz de acceso a la información pública, de la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país.
Voluntad política, voluntad política de un gobierno se necesita para un gran empuje en reformas urgentes y necesarias para la sociedad.
Interés de los legisladores, lo cual acá, quiero felicitar y manifestar; esta iniciativa, señores, esta iniciativa que va a favorecer a la sociedad, está demostrando, ningún gobierno se puede llamar democrático sin un sistema adecuado de rendición de cuentas, para lo cual se vuelve indispensable un efectivo ejercicio del derecho a la información pública.
Estudios publicados por el CIDE, que no podemos pasar por alto, muestran las principales deficiencias en nuestro sistema de acceso a la información, entre las que destacan la calidad de la misma y el poco ejercicio de ese derecho. Esto desde luego derivado de la falta de cultura en materia de transparencia.
Por otra parte México tiene que estar a la altura de los retos mundiales. La Organización Internacional de Transparencia, en un total de 174 países que fueron evaluados en el 2012, México ocupó el 105 en la escala internacional.
Por el contrario Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, son las naciones con mejores resultados en transparencia; ubicando también a Canadá como el país del continente americano con mayor puntuación en transparencia, seguido de Uruguay y Chile.
Que estos países se encuentren posicionados e los primeros lugares, no es producto de la causalidad, sino de la existencia de un sistema jurídico que fortalece a los organismos encargados de la protección de este derecho y hace más efectivo el mecanismo de este acceso y defensa del mismo, además del fomento a una cultura de transparencia.
Por eso nuevamente señalo, qué bueno que existan legisladores que entiendan que nuestro trabajo aquí en la Cámara es apoyar a la sociedad, que nuestro trabajo en esta Cámara es buscar instrumentos jurídicos que nos ayuden, en este caso de transparencia, a que los órganos garantes estén mayormente protegidos. Eso es lo que tenemos que hacer.
Reformas constitucionales en materia de transparencia son fundamentales en la vida democrática de nuestro país, ya que establecen las bases para hacer más eficiente y garantizar el acceso a la información en México, incluyendo demandas de la sociedad y aportaciones de los estudios en la materia.
Uno de los logros más relevantes de la presente reforma es la autonomía constitucional. Los abogados saben, todos saben que se otorga esta autonomía constitucional a la institución defensora del acceso a la información en México, ya que actualmente su naturaleza es la de un órgano garante. Esto requiere de bases, de esas bases que le permitan ejercer la libertad de sus funciones, sin importar qué tipo de autoridad se trate.
México tiene importantes antecedentes, lo tenemos que tomar en cuenta, organismos que trabajan con autonomía constitucional. Véase por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, el Tribunal Agrario, lo cual dota a éstos de una completa libertad para actuar bajo un único mandato, señores, el de la ley.
La actuación de estos organismos constitucionales no está sujeta a ninguno de los tres poderes de la Unión, no guarda relación de vínculo —lo dice con claridad— o dependencia con ninguno de ellos, por lo que a partir de ahora el órgano encargado de sustanciar los mecanismos y procedimientos de acceso a la información pública gozará de plena autonomía constitucional.
Y qué decir del mayor número de sujetos obligados. A partir de la presente reforma se tendrán obligaciones de rendir cuentas a través de un sistema de acceso a la información pública entes como los sindicatos, fideicomisos, fondos públicos, partidos políticos, quienes hasta el día de hoy transparentan en el IFE y en general todos aquéllos que manejan recursos públicos.
Es una reforma positiva, es una reforma de avanzada. Hacen falta muchas cosas, desde luego, pero hay que recordar, compañeros legisladores, que toda ley es perfectible y todo paso que se da para ayudar a la sociedad es muy bueno.
Aquí estamos garantizando que la información sea mayor y mejor, que la información esté actualizada. Aquí estamos dejando con claridad que el organismo garante en materia de transparencia tendrá la facultad de atracción y revisora de las resoluciones de los organismos estatales de transparencia. Así como la de interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales sólo en el caso de que se ponga en peligro la seguridad, se toman algunas acciones.
La obligación de transparentar a los tres niveles es novedosa y excelente. Excelente la federal, la estatal y la municipal, porque si revisamos lo que actualmente existe, hoy sabemos perfectamente que todo se dedica más al nivel federal. Necesitamos ampliar, necesitamos señalar que los actos de autoridad y toda la información que se posea, tiene que ser pública obligándolos con ellos a cumplir constitucionalmente la normatividad.
Con relación, y permítanme terminar con ello. Con relación a la designación de los siete comisionados que integran el órgano garante del IFAI, estos nombramientos de quienes desempeñan tan honroso cargo, deben ser bajo los más estrictos aspectos y criterios de idoneidad.
Permítame que insista, un aspecto que no se puede eludir, es el referente a la ética de los servidores públicos, los cuales deben de cumplir con la normatividad que regula su actuar. Están obligados a cumplir con la responsabilidad y honestidad. Sí, señores, si hay transparencia se mejora la gobernabilidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted diputada Areli Madrid Tovilla. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Durante varias décadas, la gestión pública fue un asunto privado y cupular; impenetrable para el ojo ciudadano. La brecha que separaba a lo que podía conocer los gobernados y lo que realmente sucedía en los órganos de gobierno, era abismal. Las autoridades ejercían un control directo sobre la información que generaban y decidían con absoluta discrecionalidad si ésta era publicada, mutilada, censurada u ocultada sin más criterios que la de la conveniencia, la simulación y oportunismo del poder público.
Por fortuna hemos avanzado de aquél sistema de complicidad, de patrimonialismo y de opacidad. Quedó claro que la democracia añorada, esa con la que algunos todavía soñamos, era incompatible con las viejas prácticas del régimen. Hoy ya nadie cuestiona que la transparencia y el derecho a la información sean elementos intrínsecos de una democracia moderna y que todo gobierno que oculte o restrinja información pública, y no garantice su acceso pleno, es un gobierno autoritario, opaco y carente de legitimidad.
La expedición en 2012 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la reforma al artículo 6o constitucional en 2007, dieron vida a nuestro actual sistema de transparencia y rendición de cuentas, y los criterios que han generado el IFAI y la propia Suprema Corte de Justicia en la materia, revisten el derecho a la información pública de un sólido contenido garantista. Gracias a ello, los principios de máxima publicidad y transparencia poseen un fundamento jurídico, político y socialmente incontrovertible.
Es cierto que nuestro sistema resulta insuficiente, que se ha visto rebasado y que difícilmente dará para más como se encuentra ahora. Hoy son evidentes sus alcances, sus limitaciones y sus defectos. De ahí la necesidad de una reforma de gran calado que revitalice este derecho fundamental y fortalezca el andamiaje institucional que garantiza su cumplimiento efectivo.
Sin embargo, también es cierto que durante la etapa final del proceso legislativo operó una opacidad lamentable. Recordemos aquella noche en la que sesionamos en un centro bancario, asediados por la tozudez de ignorar al magisterio y recibimos las modificaciones al dictamen sobre transparencia en hojas recicladas a escasos minutos de su discusión, si es que hubo tal cosa.
¿O acaso ya olvidaron que la gran mayoría de nosotros conocimos por primera vez el resultado de las oscuras negociaciones a las que llegaron una decena de potentados, cuando se procedía votarlas al vapor? ¿Para qué sirve una Cámara de Diputados de 500 personas cuando 490 se abstienen de deliberar?
Fue por ello que nos opusimos desde un inicio a este jaloneo intolerable. Nos opusimos a que la Presidencia pudiera revertir las resoluciones del organismo garante en materia de transparencia, puesto que no le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órganos de transparencia y que, al mismo tiempo, le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a través de la cual todos los órganos de la administración pública federal podrán impugnar las resoluciones del IFAI, bajo la supuesta bandera de la seguridad nacional. Es decir, todo y nada, vulnerando el principio de inatacabilidad por el que tanto hemos luchado.
Primeramente, porque el concepto de seguridad nacional es peligrosamente ambiguo y, sin duda, dará lugar a abusos por parte de una figura que históricamente se ha dedicado a vetar todo aquello que afecte los intereses del señor Presidente de la República.
Segundo, porque la Suprema Corte ya determinó que los sujetos obligados por la Ley de Transparencia no pueden interponer recursos ante las decisiones del IFAI, solo los particulares gozan de este derecho. Por eso la reforma tiene vicios alarmantes de inconstitucionalidad, ya que la Consejería Jurídica no es una instancia especializada en materia de acceso a la información pública.
Al permitir esta caprichosa excepción, los ciudadanos verán afectado su derecho de acceder de manera rápida y expedita a la información que requieren.
También nos opusimos al deficiente procedimiento de elección de sus comisionados y a que la política contaminara su investidura. Nos opusimos al veto presidencial en su designación, es por ello que votamos en contra del dictamen y apelamos a la sensatez del Senado para que subsanara el desastre ocasionado.
Lamentablemente, no hay cambios sustanciales en todo lo señalado, pero esta discusión y votación ya se tuvieron en su momento. Ahora nos toca determinar con respecto a los cambios realizados por el Senado, entre los cuales destacamos de forma positiva lo siguiente.
Primero. Que los sujetos obligados a transparentar sus gastos son todos aquellos, sin excepción, que reciban o administren dinero del erario público; entre los que se encuentran los municipios de los estados, los jueces, magistrados, partidos políticos y sindicatos. También el Poder Legislativo y, por ende, los grupos parlamentarios que dependen presupuestalmente de él.
Y segundo. La inclusión expresa de los alcances para la presentación de controversias constitucionales por violaciones a los principios de actuación del organismo garante en materia de transparencia, y desde luego, la inclusión del inciso l) que permite que todo los órganos autónomos, entre ellos y frente a la federación y el Congreso, puedan denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invasión de sus competencias.
Coincidimos en que este proyecto, aunque perfectible, resulta de enorme relevancia y trascendencia y que viene a mejorar el dictamen antes aprobado en esta Cámara de Diputados. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Luisa María Alcalde Luján.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores, de conformidad con el artículo 231, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos que fueron modificados por la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos 6o., fracción VIII, párrafos primero, octavo y décimo; 73, fracción XXIX; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción VIII; 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ); y el tercero transitorio.
(Votación)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a las y los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, de las carreras de Relaciones Internacionales, Derecho y Ciencias Políticas, invitados por la diputada Marisa Ortiz Mantilla. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad para el Desarrollo de Puebla, campus Tlalnepantla, Puebla, invitados por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.
Igualmente damos la bienvenida a profesores y alumnos de la Universidad de Matehuala, estado de San Luis Potosí, invitados por el diputado José Everardo Nava Gómez.
Y también damos la más cordial bienvenida a ciudadanos del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Damián Vidales Zepeda (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 424 votos a favor, 4 abstenciones, 16 en contra, por tanto, contamos con mayoría calificada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos 6o, fracción VIII, párrafos primero, octavo y décimo; 73, fracción XXIX-T; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción VIII; 122, base primera, fracción V, inciso ñ) y el tercero transitorio modificados por la Cámara de Senadores.
Aprobado en lo general y en particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tiene el uso de la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Luis Olvera. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Luis Olvera Correa (desde la curul): Sí, presidente, para un agradecimiento. Diputadas, diputados, deseo –si mis compañeras y compañeros de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social me lo permiten– a nombre de ellos y del mío propio agradecer al Comité de Administración la provisión de agua, de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, en las instalaciones de esta Cámara de Diputados. En la comisión celebramos este acontecimiento, que desearíamos se mantuviera lo que resta de la legislatura.
La reciente reforma hacendaria dejó para la empresa cooperativa la carga de 500 millones de pesos por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios, cifra que ni en sus mejores años les ha dejado la venta de sus productos. Con esta medida aliviaríamos en algo las finanzas de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual.
Desde la Comisión de Fomento Cooperativo –y agradecería lo hiciéramos como Cámara del Poder Legislativo– hagamos un llamado a nuestra colegisladora, y los otros dos Poderes de la Unión, para que implementen medidas que permitan a las sociedades cooperativas desarrollarse y conservar los empleos que en estos momentos generan. Reiteramos nuestro beneplácito con la adquisición a Pascual del agua en la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención. Adelante, diputada Dora María Talamante Lemas.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Gracias, presidente. Con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la ONU refiere que la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global, que hasta un 70 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de violencia en su vida.
En México el 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido por lo menos algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual, a lo largo de la relación con su actual o última pareja. Esto de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares.
Estas vergonzosas cifras sólo nos llevan a reiterar que la violencia contra las mujeres y las niñas no deben ni puede ser tolerada en ninguna de sus formas ni manifestaciones. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que prevalece y la persistencia de desigualdad por razones de género en todos los ámbitos de la vida, situación que se refiere en que nuestros ingresos sean menores a los que reciben los hombres.
Hoy día las mujeres reciben un salario 30 por ciento menor que los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, por sus condiciones de madres, muchas mujeres no pueden ser consideradas para censos laborales.
Entre los tipos de violencia que más prevalece se encuentran las que se genera en la pareja y en el ámbito familiar, lo más lamentable es que existe la creencia que son conductas normales y hasta reconocidas por la sociedad, que refuerzan un sistema androcéntrico de dominación que nos limita a cumplir roles de subordinación.
Desigualdad y violencia son términos que no pueden entenderse sin la presencia de los estereotipos de género, por lo que debemos continuar promoviendo la eliminación de los estereotipos en todos los espacios incluyendo el ámbito educativo, familiar y en los medios de comunicación.
A 14 años de que las Naciones Unidas declararan el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, continúa la lucha para garantizar una vida libre de violencia. Hoy niñas y mujeres alzamos la voz para rechazar y denunciar la realidad que nos afecta como mujeres, como país y como humanidad.
Este día emblemático nos recuerda que en 1960 Las hermanas Miraval fueron torturadas y asesinadas en la República Dominicana por su activismo político en contra de un gobierno dictador. Año con año las cifras son alarmantes y nos confirman que mujeres y niñas son violentadas en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad.
Para mí grupo parlamentario, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer constituye no solo una conmemoración, sino un punto de partida para reflexionar sobre los avances alcanzados y los retos a enfrentar para erradicar la violencia que se ejerce contra quienes representamos cerca de 58 millones en México.
Diariamente estas prácticas se manifiestan en lesiones físicas, abusos, acoso, hostigamiento sexual, trata de personas por prostitución, feminicidio y toda forma de limitación y exclusión en contra de las mujeres por razón de género.
Compañeras y compañeros legisladores, este día no debe ser solo un pretexto para la retórica de buenas intenciones. En Nueva Alianza estamos convencidos que aun a las modificaciones legislativas se requieren indudablemente ajustes a la educación y a la cultura para favorecer el cambio de mentalidades y la eliminación de los estereotipos de género que obstruyen la transición a la igualdad sustantiva por lo que impulsamos y revisamos los programas de prevención orientados a la educación.
También es necesario trabajar en la capacitación en materia de derechos humanos, del personal que trabaja en la procuración de justicia, la impunidad que persiste en las instituciones manda a los agresores un mensaje de incompetencia y transmite a las víctimas una enorme desconfianza en las autoridades, a pesar de lo que hemos avanzado es visualizar los diferentes tipos y modalidades donde ocurren las violencias.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos necesario reforzar las acciones diarias para hacer efectivo el derecho a la mujer a vivir libre de violencia y discriminación. Reconocemos que con la finalidad de hacer funcional y eficiente la alerta de género en nuestro país, el día de ayer el Ejecutivo federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por supuesto la revisaremos e integraremos en la ley en la medida que realmente sea aplicable y un instrumento eficaz que permita a las mujeres proteger y garantizar sus derechos humanos.
Desde esta tribuna hagamos un llamado que desde los diferentes ámbitos de competencia, Poderes de la Unión, sociedad en general, iniciativa privada y los medios de comunicación, veamos este día como una gran oportunidad para encaminar y ratificar nuestro compromiso diario y desde nuestras expectativas, funciones y atribuciones prevengamos y erradiquemos cualquier tipo y modalidad de violencia contra las niñas y mujeres de nuestro México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, en noviembre de 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaro el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Esta fecha se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
Lamentablemente el panorama internacional en esta materia no ha cambiado mucho. Según Naciones Unidas, hasta el 70 por ciento de las mujeres alrededor del mundo sufren violencia en su vida.
La violencia contra las mujeres es de muchas formas. Física, sexual, sicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta su edad mayor y son consecuencia de la discriminación, de negación de acceso a la justicia y la persistencia de desigualdades por razón de género. Naciones Unidas reconoce que este tipo de violencia afecta e impide el avance en muchas áreas incluidas la erradicación de la pobreza, el derecho a la paz y a la seguridad.
Lo anterior sucede a pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otros, la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada por cierto por México en 1981, igual que los demás instrumentos mencionados.
En el ámbito doméstico nuestra Carta Magna y diversos ordenamientos como la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres; y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconocen la necesidad de combatir éste grave problema social. No obstante, la realidad está muy alejada de dicha normatividad.
Según el estudio Violencia feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010, en el periodo 2001-2010 solamente en el estado de México ocupó el primer lugar en feminicidios. Sucedieron dos mil 860 asesinatos violentos contra mujeres. El mismo estudio menciona que en 2010 se registraron en México dos mil 335 defunciones femeninas con presunción de homicidios; es decir, 6.4 mujeres cada día.
Por otra parte, según la Encuesta Nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares 2011-Inegi, en México 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufre algún tipo de violencia. La encuesta reveló que 11.5 por ciento de los mexicanos, hombres y mujeres, justifica los golpes que se pueden propinar a una mujer.
Peor aún. El Inegi destacó que 13 de cada 100 mujeres en México han sido golpeadas, amarradas, pateadas; han sido objeto de ahorcamiento u asfixia o agredidas con armas por sus parejas. Además, a siete de cada 100 les han exigido, forzado u obligado a tener relaciones sexuales.
Estas cifras son alarmantes, pues reflejan profundos problemas que venimos arrastrando como sociedad, y lo más triste es que son muchos los que perciben esta realidad como aceptable. La pregunta que persiste es: ¿por qué no logra erradicarse la violación contra las mujeres?
Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la fecha no se ha cumplido, que es el caso Campo Algodonero, el feminicidio de dos menores de edad, y de una joven mayor de 18 años, para extraerles órganos, para venta de órganos y la cantidad vienen involucrada toda la problemática de Chihuahua, Juárez, de las desaparecidas que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a esta sentencia, desgraciadamente, por algo que se llama impunidad y esa es la respuesta por la cual no se logra erradicar la problemática de violencia contra las mujeres.
Mientras las autoridades federales, locales y municipales y los órganos jurisdiccionales principalmente, no terminen con la impunidad que impera en este aspecto, seguirá siendo una quimera para la mayoría de las mujeres y especialmente para las que se encuentran en estado de pobreza, los derechos que deben de garantizarse de conformidad con nuestra Carta Magna y con los instrumentos internacionales a una vida precisamente en la que no exista violencia de ningún género. Los diputados y diputadas del Partido del Trabajo hacemos votos porque se dé un alto a esta violencia. No más feminicidios, no más golpes, no más azotes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente; 2013, un año más en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día en el que se nos da una vez más la oportunidad para reflexionar y recapacitar sobre nuestra responsabilidad que como sociedad legisladoras y legisladores debemos asumir, ya que la violencia de género ha sido y sigue siendo en muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible.
Tristeza, impotencia y coraje son las sensaciones que se respiran debido a exacerbada dimensión que ha tomado esa problemática, sin que se asome ninguna señal de justicia.
Este día también es una ocasión para exigir a las autoridades para que cumplan con sus funciones y que garanticen de forma efectiva la seguridad y protección de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las mujeres y niñas.
Parece utópico que algún día pueda alcanzarse la eliminación de la discriminación, de los abusos y de la violencia que se ejerce de forma cotidiana en contra de las mujeres y niñas, tanto en ámbitos privados como públicos, para dar paso a una cultura de igualdad, de respeto y de justicia.
La violencia abierta o sutil o la amenaza de recurrir a ella se utiliza como una forma de control sobre la vida de las mujeres y ese miedo se transmite de generación en generación. La violencia contra las mujeres es la expresión más grave de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder y de dominio que siguen ejerciendo los hombres y mujeres sobre las mujeres.
Se manifiesta en todas las esferas de la vida social de los distintos ámbitos públicos y privados y se trata del ejercicio abusivo de la fuerza física, síquica o sexual por el que una persona inflige intencionalmente un daño a otra para que acate su voluntad, es decir, para someterla.
Pero reflexionemos un poco acerca de las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y niñas en todo el mundo; tal vez algunas les parezcan conocidas. La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia familiar. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero sentimental actual o anterior que por otra persona. Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; les pueden infligir quemaduras o tirar ácido en la cara, pegar o violar y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles.
Algunas mujeres pueden creer que merecen los golpes por alguna acción equivocada de su parte. Otras mujeres se abstienen de hablar sobre el maltrato porque temen que su compañero las lastime aún más, por revelar secretos familiares o posiblemente por avergonzarse de su situación. Podemos sumar la violencia sexual, la física, pero la violencia sicológica o mental es la que incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso o reclusión y privación de la libertad.
Se ha informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no es la violencia misma, sino la tortura mental y vivir con miedo y aterrorizada y de la violencia económica, esa que limita los recursos físicos, financieros y personales.
Hablemos de la trata de mujeres, ya que cada año miles de mujeres en todo el mundo son engañados, coercidas, secuestradas o vendidas en condiciones similares a la esclavitud y son obligadas a trabajar como prostitutas, trabajadoras domésticas, trabajadoras en fábricas en condiciones de explotación o como esposas.
Las trabajadoras domésticas son vulnerables a las agresiones violentas tales como el maltrato físico y la violación de parte de sus patrones.
O hablemos de la mujer que es objeto de burla, marginación y abuso cuando los medios de comunicación la utilizan como objeto sexual paras promociones de productos o programas de televisión diseñados para incitar el deseo sexual.
La discriminación se utiliza para someter a las mujeres, subordinarlas o segregarlas, ignorando sus habilidades, talentos y capacidades individuales y anulando o desconociendo sus derechos como el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, el derecho a ocupar las mismas posiciones laborales o políticas que los hombres, a percibir el mismo ingreso que un hombre por el mismo trabajo que realicen, a educarse, a acceder a la justicia y a tener las mismas oportunidades.
Con frecuencia las mujeres que ingresan a las prisiones ya han sido víctimas de violencia. La violencia contra la mujer recluida en instituciones y prisiones puede ser generalizada. La naturaleza del maltrato puede abarcar desde el acoso físico o verbal hasta la tortura sexual y física.
Diversos informes sobre las mujeres reclusas han revelado que los guardias las desnudan, colocan grillos en sus tobillos e inspección de sus cavidades corporales. Las mujeres de muchos países informan haber sido violadas mientras se encontraban en centros de detención.
Podemos hablar del acoso sexual, de la violencia contra la salud reproductiva o de la mutilación genital femenina o de la violencia laboral o en la educación, del matrimonio precoz forzado o la violencia institucional, esa que es definida por los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Por ejemplo, cualquier trato o comentario que se reciba en una institución pública y que atente contra la dignidad humana de la víctima “si bien que le gustó”, “aguántese”, “la matriz sólo sirve para dos cosas, para dar hijos o problemas”. O bien, cuando al levantar una denuncia el servidor público duda de la palabra de la víctima y la responsabiliza de la violencia que ha vivido ni tampoco respeta su privacidad y confidencialidad “no se queje”, “es su marido”, “regrese a su casa”, “no lo haga enojar”, “usted lo provocó”.
Ser mujer no puede continuar siendo una experiencia asociada a la desigualdad, la discriminación y la violencia en ningún lugar del mundo. La responsabilidad de que nazcan y crezcan niñas en un ambiente seguro, de que tengan acceso a una buena educación y de que tengan la posibilidad de ser algún día mujeres independientes emocional y económicamente, es una tarea fundamentalmente de todos.
La necesidad del aumento de la sensibilidad de hombres y mujeres ante la injusticia social es el primer paso de un largo camino aún por recorrer, en donde la meta debe ser crear condiciones que favorezcan y aseguren el desarrollo pleno de las potencialidades y capacidades de las mujeres en cualquier lugar del mundo.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hacemos un llamado a todas esas mujeres que padecen este problema, a que dejen atrás sus miedos, valórense, sean fuertes a las adversidades. No acepten de ninguna manera humillaciones y abusos, ustedes merecen ser respetadas y amadas. Por favor, recobren su libertad y su dignidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted diputada Zuleyma Huidobro González.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, qué bueno que el tema sobre género y precisamente este tema de violencia contra las mujeres se ha podido tocar en dos ocasiones en un lapso de menos de 10 días.
Y es que quiero mencionar algunos datos que a propósito ha realizado o ha emitido la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, 70 por ciento de las mujeres a nivel mundial han experimentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Mujeres y niñas representan 80 por ciento de las víctimas anuales de la trata internacional de personas; 70 por ciento de ellas con fines de explotación sexual.
Un estudio realizado en Europa reveló que el 60 por ciento de las mujeres víctimas de la trata de seres humanos había experimentado violencia física y/o sexual antes de ser objeto de este delito, señalando la violencia basada en el género como un factor determinante de la trata de mujeres.
En los países de la Unión Europea, 45 por ciento de las mujeres sufren insinuaciones sexuales no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo. Pero vean este dato: en Estados Unidos 83 por ciento de las niñas de 2 a 16 años han experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas públicas.
Sudáfrica tiene el mayor índice del mundo de violaciones denunciadas a la policía. En 2012 se documentaron 64 mil, es decir 175 violaciones por día. En este mismo país 28 por ciento de los hombres consultados afirmaron que habían violado a una mujer o a una niña en algún momento de su vida.
Cada año son asesinadas 66 mil mujeres y niñas a nivel mundial. Según informes de la Organización Mundial de la Salud 70 por ciento de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o ex parejas.
En América Latina y El Caribe, de cada 100 mujeres, 69 han sufrido violencia física por parte de sus parejas. En la región de América Latina y El Caribe 47 por ciento de las mujeres han sido víctimas al menos de un ataque sexual durante el transcurso de su vida.
He dado estas cifras intencionalmente seleccionadas para demostrar que no existe una región del mundo que se salve de este problema. Zacatecas y Yucatán –porque aquí en esta tribuna regularmente pasamos a hablar de lo negativo, pero yo quiero resaltar lo positivo de nuestro país– son los estados con la menor incidencia de violencia hacia las mujeres. En 2011 registraron menos de un homicidio por cada 100 mil mujeres.
En febrero de 2007 se promulgó en México la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se reformó precisamente aquí, por esta legislatura, en enero de 2013. Aun con estas herramientas, solo 25 por ciento de las mujeres casadas o unidas que son violentadas presentan una denuncia.
Compañeras y compañeros, cada vez que pasamos a esta tribuna a resaltar este tipo de problemas tenemos la sensación de que a pocos les interesa escuchar o analizar estas problemáticas; sin embargo, vuelvo a insistir porque a veces cuando bajo de esta tribuna incluso algunas compañeras me mencionan que no me debería meter en estos temas.
Pero es responsabilidad de nosotras y de nosotros, como representantes populares, dar la voz en esta alta tribuna de aquellas mujeres que por vergüenza, por pobreza o por desconocimiento no van a alzar la voz ante las herramientas que tienen. No alzan la voz ante un Ministerio Público por el temor que les da ser señaladas. No alzan la voz ante la sociedad precisamente porque no quieren afectar su imagen o a su familia.
Esas son cosas que nosotros tenemos que trabajar desde alta tribuna cambiando las normas, pero también tenemos que generar una nueva cultura de la igualdad, como en todo tiempo lo hemos manejado en este lugar.
También, compañeras y compañeros, tenemos que tomar en cuenta que no podemos ser indiferentes y que aquellos y aquellas que hoy detentamos el poder somos los que tenemos que encabezar la lucha por aquellas que hoy no tienen voz, porque están muertas. Pero también por aquellas que pudieran estarlo porque nosotras nos quedemos calladas. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Ruth Zavaleta Salgado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, en un día como hoy, hace más de 50 años, tres mujeres, Minerva, Patria y Teresa Mirabal, fueron brutalmente asesinadas, desaparecidas, golpeadas, violadas, asfixiadas, por atreverse a pensar diferente, por participar en la vida pública, por ser mujeres y por ser altamente inteligentes.
Por eso hoy en memoria de las hermanas Mirabal, a 31 años del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, levantamos la voz una vez más y así lo haremos año con año, para denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas, en todos sus ciclos de vida y en todos los ámbitos de realización.
Por eso hablamos de las violencias, porque una violencia viene acompañada de otra. Es muy difícil que una violencia económica no venga acompañada de una violencia psicológica, pero además, puede que en tu casa no seas víctima de violencias, pero en la escuela, en el trabajo, en el partido, en la institución o en la calle sí lo seamos.
Por eso, compañeras y compañeros, las cifras hablan por sí solas. Las cifras hablan de la confianza que las mujeres comienzan a tener en las instituciones, pero también hablan de la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas.
Compañeras y compañeros, la trata de personas, la violencia en la familia, violadas por sus hermanos, por sus abuelos, por sus tíos; la violencia en el transporte público, el hostigamiento laboral, son un tipo de violencia y causan daño, porque la violencia es lo que se hace y lo que se deja de hacer, por eso el gobierno puede cometer violencia, como lo dice Belém do Pará, por no actuar en consecuencia, por no prevenir, por no sancionar y por no atender la violencia contra las mujeres.
Recordemos que la violencia es un abuso de poder. Recordemos que es una violación a los derechos humanos y la mayor muestra de discriminación contra las mujeres. Compañeras y compañeros, no es fácil hablar de esta violencia, hace muchos años se burlaban de nosotras y nos decían que era un asunto privado, que era un asunto que no competía al Estado. Es competencia del Estado respetar, garantizar y proteger todos los derechos de las mujeres.
Por eso, de acuerdo a las reformas constitucionales y al primero constitucional, los derechos de las mujeres que se han contenido en los tratados internacionales ahora son ley.
Y por eso las autoridades se encuentran obligadas a capacitar, se encuentran obligadas a escuchar, a respetar y a proteger.
Por eso, hoy conmemoramos el 25 de noviembre y recordamos a todas esas niñas adolescentes, adultas mayores, indígenas, discapacitadas, lesbianas, heterosexuales, mujeres despedidas, mujeres contratadas, mujeres jóvenes que han vivido violencia.
Si yo les pidiera a ustedes que levantara la voz quien ha conocido algún caso de violencia, les puedo asegurar que levantaríamos la mano las 500 diputadas y diputados. Porque ella fue víctima de maltrato, porque él le truena los dedos cuando habla con ella, porque él le limita el dinero, porque no le permite ir a ver a su madre, porque no le permite vestirse de determinada manera, porque en su escuela el maestro le pidió un favor sexual y sabrá Dios cuántos testimonios tenemos.
Hoy quiero hacer hincapié en unas cifras nada más. Quiero decir que las mujeres no denuncian por miedo. Las mujeres no denuncian porque tienen mucho miedo a la venganza. Tampoco denuncian por un estigma, porque saben que cuesta mucho trabajo denunciar y enfrentarse a la violencia. Las mujeres soportan la violencia por dependencia económica, por miedo y por dependencia emocional.
El miedo paraliza a las mujeres, disminuye su autoestima y las incapacita para tomar decisiones. No encuentran la salida. Las mujeres necesitan ayuda, pero una ayuda no misógina, una ayuda de red, una ayuda que les ponga todo a su alcance, justicia para las mujeres. Por eso compañeras, cuando la violencia creemos las mujeres que va a disminuir, es cuando más aumenta.
Hay que hablar de los ciclos de violencia. De la fase de tensión, de la fase de acumulación de tensión, de la fase de explosión y de la fase de luna de miel. El problema es que las mujeres acuden a las autoridades en el momento en que el agresor no está mal. En que el agresor le dijo que la quería, que la adoraba, que no había a hacerlo, queriendo romperle o casi sacarle un ojo. Ése es el problema, que las mujeres acuden en el momento en que él está mucho más calmado.
Por eso, compañeras, necesitamos conocer estas tres fases, estas tres etapas que van in crescendo. Yo no entiendo por qué las mujeres víctimas de violencia creen que el hombre va a cambiar. Porque le preguntas a testimonios de historias y te dicen, yo creía que él iba a cambiar y no lo hacen.
Por eso es tan importante para nosotras, diputadas y diputados, que legislemos. Estamos revisando la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en dos figuras: en la alerta de género y en las órdenes de protección.
En este país no les interesa a los gobernantes prevenir los feminicidios. Se han aliado en su aquelarre misógino y machista todos los gobernadores para no permitir que se declare una alerta de género, como si los gobernadores hubieran asesinado a las mujeres. Ellos no han sido quienes han provocado esos asesinatos, por eso vamos a avanzar en la alerta de género para que haya un grupo de expertas que determinen qué debe hacerse.
Por último, señor presidente, quiero decirles que hagamos a un lado todos los mitos, no es cierto que a las mujeres les guste ser golpeadas, no es cierto que a las mujeres les guste el maltrato, las mujeres tienen miedo, y el miedo no anda en burro. Saben de la venganza, saben que ha habido dictámenes y sentencias a favor del agresor, saben que si van y denuncian pueden regresar a sus casas y las van a matar, por eso necesitamos legislar para sacar la cultura del miedo y avanzar en la cultura de la denuncia.
Y nos unimos a la campaña del señor Ban Ki-moon y al color anaranjado, el color de la esperanza, el color de una vida libre de violencia, y nos unimos también por supuesto a todo lo que las mujeres necesitan.
Larga vida a las mariposas, a ese capullito que luego se transforma en mariposa, porque eso es lo que somos las mujeres, queremos larga vida y queremos a los hombres a nuestro lado, pero no a hombres golpeadores. Ni una muerta más, ni un golpe más, ni un paso atrás en lo ya logrado. Muchas gracias, diputadas y diputados.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Malú Mícher Camarena.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra las mujeres y las niñas afecta directamente a las personas, al tiempo que daña nuestra humanidad común.
Éste fue el mensaje que el día de ayer nos dio el secretario general de Naciones Unidas, quien en esta conmemoración procura concientizar a la población mundial de la imperiosa necesidad de la eliminación de cualquier tipo de violencia, física, psicológica, emocional, sexual, por crímenes de guerra, en el exilio y en el refugio cometidas contra las mujeres.
En nuestro país, de acuerdo a estadísticas proporcionadas por el Inegi, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o cualquier otra persona u otras personas. Esta problemática sin duda es un asunto complejo, que es necesario e impostergable atender.
El gobierno mexicano, desde las administraciones panistas, mostró voluntad política para erradicar este grave problema social, así se sentaron las bases para implementar las recomendaciones de diversos órganos internacionales de derechos humanos y para cumplir las obligaciones que el derecho internacional impone respecto a hacer real y efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ante ello, las autoridades mexicanas se han mostrado activas en distintos niveles de gobierno para aumentar la sensibilización de la opinión pública en relación a la violencia hacia las mujeres.
También han producido avances en la aprobación de legislación y creación de varias instituciones oficiales para abordar las necesidades de las víctimas de violencia en el ámbito familiar.
Un avance fundamental en el ámbito legislativo fue la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que retoma el concepto jurídico internacional de violencia contra las mujeres e incluye modalidades de violencia como la violencia sexual, institucional en la comunidad, la violencia familiar y la violencia feminicida.
Sin embargo, a poco más de seis años, después de su entrada en vigor se observa con preocupación la falta de coordinación eficaz entre los diferentes órganos que la componen. Por ejemplo, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; ésta última, por cierto, acéfala de titular desde hace seis meses.
Es urgente ante la situación de violencia que se vive en nuestro país hacia las mujeres, actualizar el marco normativo vigente y exigir su aplicabilidad irrestricta en las 32 entidades del país.
Compañeras y compañeros, la violencia hacia las mujeres en México es un flagelo social vergonzoso, pero toda la sociedad, mujeres y hombres, debemos hacerle frente, sin miedo, sin reservas, a todo el conglomerado de factores que pueden generarla.
En el Grupo Parlamentario del PAN, sabemos bien que hablar de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la justicia es un aspecto central de los esfuerzos destinados a ayudar a las mujeres a convertirse en socias igualitarias, en la toma de decisiones y corresponsables en el desarrollo de la nación.
Sin justicia las mujeres carecen de representación y poder, y no ocupan el lugar que les corresponde por derecho. Por ello, en nuestro grupo parlamentario actuamos en consecuencia con la idea de que con un ordenamiento jurídico y sistemas judiciales adecuados, las mujeres pueden prosperar, contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto y ayudar a mejorar estos mismos sistemas para las generaciones que disfrutaran de ellos en el futuro, nuestras hijas e hijos por igual.
Es urgente que el presupuesto que etiquetamos desde esta Cámara, para atender esta situación, también sea eficiente, transparente y aplicado a cabalidad, ya que en 2013, por ejemplo, de 18 programas incluidos en el anexo 12 destinados a prevenir, a atender o sancionar la violencia hacia las mujeres, hoy se mostraron subejercicio al presentar el tercer informe trimestral.
Compañeras y compañeros legisladores, es evidente que la eliminación de la violencia hacia las mujeres sigue siendo un desafío en nuestro tiempo. Por ello, hoy nuestro grupo parlamentario exige al Ejecutivo federal, se nombre ya a la titular de la Conavim, se active el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos Contra Violencia hacia las Mujeres con la participación de las 32 entidades federativas.
Por nuestra parte, hoy refrendamos el compromiso de colaborar comprometidamente con nuestras compañeras en la Comisión de Igualdad de Género a fin de impulsar los cambios necesarios en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En Acción Nacional creemos primordialmente en el respeto a la eminente dignidad de la persona humana. Por tal motivo condenamos cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia las mujeres en nuestro país y no nos cansaremos de levantar la voz por ello. Gracias, señor presidente, es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena.
El diputado David Pérez Tejada Padilla (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado David Pérez Tejada. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado David Pérez Tejada Padilla (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias por otorgarme el uso de la voz. Aquí quiero hacer pública una denuncia de un crimen que no se encuentra totalmente esclarecido en el estado de Baja California, del cual yo provengo.
Es un caso de violencia sexual física y emocional hacia una niña de 10 años de edad que murió el pasado 17 de noviembre en el municipio de Ensenada, Baja California. Hasta ahorita se encuentra prófuga la pareja sentimental de la madre que se encontraba divorciada.
El proceso del legislativo siempre es frustrante y un poco lento, entonces desde aquí hago un llamado a las autoridades judiciales tanto de mi estado como de la PGR para que coadyuven en esclarecer el crimen de ésta pequeña niña.
Con los posicionamientos que han dado mis compañeras que me han antecedido en el uso de la voz, yo creo que es pertinente y solidario que guardemos un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia y han fallecido. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Con todo gusto terminando la lista de oradores lo propondremos a la asamblea.
Sonido en la curul de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Sí, diputado, gracias. Es a propósito de lo comentado por mis compañeras por la conmemoración del día internacional.
Efectivamente, ayer mientras el Movimiento Amplio de Mujeres se organizaba para visibilizar y denunciar las diferentes formas de violencia que existen hacia nosotras con diferentes acciones en todo el país, los cuerpos de dos mujeres fueron hallados colgados en un puente peatonal de la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas.
Como legisladores, como legisladoras de este país, no podemos pasar este hecho por alto. Exijamos a las autoridades el pronto esclarecimiento de éste y todos los asesinatos. Organicemos la indignación en esta Cámara de Diputados –el dolor- y levantemos la voz por nosotras y por las que por desgracia y, por falta de gobierno, ya no están con nosotros. No seamos cómplices del feminicidio. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Voy a dar el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y después atenderemos la solicitud del diputado David Pérez Tejada.
La diputada María Guadalupe Sánchez Santiago: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En el año de 1999, el 25 de noviembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que fue elegida en memoria del asesinato que aquí ya se mencionó, ocurrido en 1960, en la República Dominicana, de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
El principal objetivo de este día es sensibilizar a la población de uno de los problemas a los que se enfrentan miles de mujeres y niñas, el cual sigue siendo estructural, vigente y alarmante.
De acuerdo a los datos de la ONU que ustedes ya han escuchado, al menos 2 millones de mujeres y niñas son traficadas cada año para someterlas a la prostitución, esclavitud o servidumbre.
Se calcula que más de 130 millones de mujeres y niñas que viven hoy, han sido sometidas a la ablación genital, sobre todo en África y en algunos países de oriente medio. En el caso de América Latina, la ONU resaltó que la violencia de género contribuye a la inseguridad general de la región, además de que es una amenaza al desarrollo humano, a la salud pública y los derechos humanos.
En México, de acuerdo al INEGI, 73 de cada 100 mujeres mayores de 15 años, ha padecido algún incidente de violencia ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona. Aproximadamente un 48 por ciento de las mujeres de más de 15 años, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación tanto de unión libre, matrimonio o noviazgo. Y 1.2 millones de mujeres han enfrentado violencia física muy grave o extrema que ha puesto en peligro su vida.
Es menester no perder de vista que la violencia hacia las mujeres tiene diferentes manifestaciones y ocurre en todos los ámbitos de la vida independientemente de la edad, escolaridad o condición socioeconómica de víctimas y victimarios.
La violencia contra las mujeres impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra la seguridad, el establecimiento de la democracia y desde luego, las posibilidades de desarrollo nacional.
Para el grupo parlamentario del PRI, la violencia y desigualdad que sufren las mujeres en México, es y ha sido una prioridad.
Estamos ciertas de la necesidad de emprender acciones decididas y concretas en pro de la igualdad, de la equidad, de la justicia y de la instauración de una cultura incluyente y no discriminatoria.
Por ello hemos decidido acompañar las iniciativas, las políticas públicas, estrategias y programas del Ejecutivo federal en la materia, además de impulsar desde esta Cámara las medidas legislativas necesarias a favor de todas las mujeres mexicanas. La violencia hacia las mujeres compromete a la sociedad en su conjunto, es decir, es un asunto que compete a los dos sexos, a las instituciones públicas y a las organizaciones civiles.
Hoy es necesario asumir que se requiere impulsar el cambio de paradigmas en lo más profundo del tejido social. Entender que visibilizar la problemática, posibilitar el acceso a nuevas y mejores oportunidades, así como el empoderamiento democrático de las mujeres es una necesidad y una demanda impostergable.
La cultura de la denuncia no comienza invitando a las mujeres para que acudan a las autoridades, pues la denuncia no es un acto de ánimo o de simple voluntad personal. La cultura de la denuncia comienza desde y en los poderes del Estado ante hechos evidentes.
Una manera de denunciar es no ocultar, es no dejar pasar como algo natural hechos aberrantes como el de Irma López Aurelio. Impulsar una nueva cultura es dejar en claro que la violencia de género constituye un delito que recae no solamente en la víctima, sino lastima a la sociedad.
Todo el peso de la ley debe recaer en los victimarios pero, al mismo tiempo, el Estado debe contribuir a la adquisición de nuevos modelos de relación entre mujeres y hombres en todas y cada una de las esferas de la vida cotidiana.
Este día es una oportunidad para reconocer la magnitud de la problemática, pero el resto de los días debemos continuar sin tregua la lucha para erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres en los hogares, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación, en las instituciones públicas, en el campo, en las leyes, en la impartición de justicia, en los partidos políticos y en las organizaciones sociales.
Emprender acciones contra la violencia de las mujeres y las niñas significa, desde nuestro ámbito de competencia y desde nuestra vida cotidiana, un compromiso irrenunciable a favor no sólo de las mujeres, sino a favor de la humanidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. María Guadalupe Sánchez Santiago.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de presidentes municipales del estado de Puebla invitados por el diputado Rafael Micalco Méndez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Esta Presidencia obsequia el minuto de silencio en memoria de todas las mujeres y niñas que han perdido la vida producto de la violencia, solicitado por el diputado David Pérez Tejada. Solicito a las, a los diputados y a las personas que nos acompañan en galerías ponerse de pie.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de publicidad de dictámenes. Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI y 3o., segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o., y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
De la Comisión de Desarrollo Social, con Proyecto de decreto que reforma los artículos 6o, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de divulgación de la Ciencia y la Tecnología.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 341 bis de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Javier Orihuela.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Muchas gracias presidente. Solamente, compañeros diputados y compañeras diputadas, para extenderles una invitación para que aprovechemos el esfuerzo que han hecho las Comisiones de Energías Renovables, de la Automotriz, de Cambio Climático, para que asistan a la exposición sobre energía renovables que hemos establecido aquí en el patio de esta Cámara de Diputados.
Nos gustaría que todos los diputados pudieran pasar a los stands y preguntar sobre este tema tan importante en el marco de la reforma energética. Las comisiones que hemos organizado esta exposición nos interesa mucho que en la reforma energética se introduzca el tema de las energías renovables como la verdadera soberanía energética que necesitamos en México.
Igualmente los estamos invitando para mañana al foro sobre energías renovables, un debate sobre lo mismo, en el marco de esta discusión que a nivel nacional se está dando sobre la reforma energética.
Creemos que la reforma energética no solamente debe ser una reforma petrolera, sino una reforma que nos permita llegar a la soberanía a través del uso de las energías renovables. Invitamos a todos los diputados y diputadas para que nos informemos sobre estas energías. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ya quedó registrada su intervención.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día y de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade para que investigue la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados.
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el PEF 2013.
El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Salvador Romero, perdón.
El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): Señor presidente, con su permiso. Abundando en la exhortación que hace unos segundos hizo el diputado Javier Orihuela, invitar a todas las compañeras legisladoras y compañeros legisladores al foro que celebraremos mañana sobre el tema de energías renovables en el salón Legisladores, a partir de las 11:30 de la mañana, bajo tres paneles.
El primero, políticas públicas hacia la transición energética; el segundo, fondos y financiamiento para las energías renovables; y el tercero, sobre el ámbito de ciencia y tecnología.
Nos acompañan el señor gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu; el subsecretario de energía, el subsecretario de Semarnat, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el Premio Nobel de Química, don Mario Molina, con una conferencia magistral, y funcionarios de Sagarpa, Fira y Firco.
Es un evento del más alto nivel para tomar conciencia de la necesidad impostergable de emigrar de energías fósiles hacia energías renovables. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También su intervención ya quedó registrada en el Diario de los Debates. A petición del diputado Jorge Rosiñol, el punto de acuerdo se pospone para la siguiente sesión y, en consecuencia, tiene la palabra por cinco minutos el... Ah, ¿siempre sí? Perdón. Entonces, ya le había dado el uso de la voz al diputado Jorge Rosiñol Abreu.
El diputado Jorge Rosiñol Abreu: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; asimismo, que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
Es preciso señalar que para que el Estado pueda cumplir con la obligación que le mandata el texto constitucional, resulta indispensable que cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo las acciones para el desarrollo de la infraestructura deportiva.
Es notoriamente conocido que la orientación y el destino del gasto en poder se detalla anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En él se especifica el monto y destino de los recursos económicos de los que el gobierno dispondrá en cada ejercicio fiscal, y el del año 2013 no fue la excepción.
En resumen, el Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento jurídico financiero para la planeación de las erogaciones que realizará el gobierno federal en el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
En el caso del tema del deporte en México, corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, el desarrollo de la política del Estado, incorporación masiva de la población a la cultura física y el deporte, para lo cual dispone de recursos presupuestales de carácter federal.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, fueron aprobados por esta Cámara de Diputados recursos para el desarrollo de la infraestructura deportiva. Sin embargo, a la fecha se ha generado un subejercicio que se calcula en más de 40 mil millones de pesos.
Es preciso señalar que tengo conocimiento de que el subdirector general del Deporte, que es el encargado de llevar a cabo las acciones administrativas para la erogación de la tercera parte del presupuesto federal deportivo para este año, mediante el memorándum SGD/192/2013, ordenó que no fueran entregados los recursos públicos para la realización de los proyectos de infraestructura de este año.
Ello, en el municipio del Carmen, Campeche; Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, del estado de Veracruz; Camargo, del estado de Tamaulipas; Tonila, del estado de Jalisco; Joquicingo y Zacualpan, del de México; y Choix, del estado de Sinaloa, todo ello por un total de 17 millones 139 mil 950 pesos.
El pasado 1 de julio del año 2012, el entonces candidato a la Presidencia de la República, por la Coalición Compromiso por México, ofreció un discurso una vez que se conocieron los resultados electorales que le favorecieron, y cito textualmente sus palabras: “Reitero lo que dije en este mismo auditorio durante mi campaña, quien no tenga un compromiso firme con la democracia, las libertades y la transparencia, no tiene cabida en este proyecto de transformar a México”.
Así, con el compromiso asumido por el titular del Ejecutivo, es por ello que he decidido presentar esta proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía exhorte al titular de la Conade para que instruya a su contralor interno a que investigue y finque responsabilidades a los funcionarios involucrados en el acto de obstrucción de la liberación de los recursos para infraestructura, impidiendo que se lleven a cabo los proyectos para ese fin en los lugares citados. Asimismo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Conade, liberen dichos recursos.
Habría que recordarles a estos funcionarios de la administración pública federal, que el Constituyente de 1917 estableció, con claridad meridiana, la división de Poderes y que por ende, ningún poder público se puede sobreponer a otro.
Es importante que esta soberanía demuestre a los ciudadanos de este país, que por sobre las diferencias partidistas es capaz de obrar la justicia, igualdad e imparcialidad en pro de la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado José González Morfín: Si la Secretaría tiene dudas, vamos a pedir que se abra el tablero de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal, solamente sobre el trámite, en el entendido que el voto a favor es que sí se considere de urgente resolución y el voto en contra es que no se considere de urgente resolución. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. 205 votos a favor, 203 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf:
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con esta fecha nuestro compañero legislador Jorge Rosiñol Abreu presentó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, referido básicamente a dos temas: el primero. Exhortar al titular de la Conade a que investigue y finque responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el titular de la Subdivisión General del Deporte.
Y segundo. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Conade a que procedan a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva, aprobados para que fueran etiquetados en una ampliación presupuestal para el 2013.
La Conade debe su creación a la emisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte expedida por el Congreso de la Unión y publicada el 23 de abril de 2013. En ella se prevé el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, Sinade, y dentro de este organismo la Conade es el integrante del mismo.
La ley que da origen a los organismos citados menciona, en su artículo 20, que el director general de la Conade será designado por el presidente de la República y que el órgano de vigilancia de ella, artículo 23, estará integrado por un comisario propietario y su suplente, que a su vez será nombrado por el secretario de la Función Pública en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Se mandata, por su parte, en el artículo 26 del ordenamiento aludido que el órgano de control de la Conade estará a cargo de un contralor interno con obligaciones y facultades reglamentadas en las disposiciones legales respectivas.
En razón de lo establecido en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, de los funcionarios públicos, y de precisamente de las últimas reformas que se acaban de aprobar por esta Legislatura, las disposiciones constitucionales relativas al IFAI, a la transparencia en el ejercicio presupuestal, los diputados y las diputadas de la fracción parlamentaria del Parido del Trabajo votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de la nación, los mandatos ahí contenidos son de observancia general y constituyen el fundamento de validez de cualquier norma o acto administrativo. De acuerdo al artículo 74, fracción IV, corresponde a la Cámara de Diputados discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
Lo anterior indica que una vez que el proyecto de presupuesto es enviado por el Ejecutivo los integrantes de la Cámara de Diputados son quienes lo discuten y emiten, señalando de forma precisa el uso de los recursos de acuerdo a las necesidades de cada dependencia del Ejecutivo y los proyectos que se sustenten.
Sin embargo, en el último ejercicio se ha reportado en distintos momentos el subejercicio por parte del gobierno federal, pues en el último reporte de la situación financiera del gobierno, elaborado por la Secretaría de Hacienda, en el cual pone en claro que el gasto total acumulado asciende a 1 billón 692 mil millones de pesos, cifra que representa apenas el 42 por ciento del presupuesto total autorizado para el presente ejercicio fiscal, aun cuando ya han transcurrido casi 70 por ciento del año.
Más grave resulta que, tal y como se enuncia a través del punto de acuerdo que hoy se está discutiendo, los recursos sean detenidos e incluso cancelados por un funcionario de la Conade, quien en exceso de sus facultades pretende suprimir una partida presupuestal aprobada.
Con la decisión de este funcionario se provocará la suspensión de los proyectos de infraestructura deportiva, correspondiente a los municipios de El Carmen, en Campeche; u Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta de Veracruz; Camargo, en Tamaulipas; Tonalá, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan, del estado de México; y Choix, Sinaloa, que en su conjunto suman la cantidad de 17 millones 139 mil 950 pesos.
Más grave aún es que la privación de los recursos tenga tintes partidistas, cuando se denuncia la casualidad consistente en que tales recursos serían destinados a municipios gobernados por el Partido Acción Nacional.
La conducta del funcionario en cuestión, el subdirector general del Deporte de la Conade, el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno, carece de sustento legal que valide su actuar, pues de ninguna forma se encuentra revestido de la facultad para cancelar el ejercicio de recursos en proyectos específicos; es más, su conducta inclusive es contraria a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues un funcionario pretende cancelar la asignación presupuestal señalado por el Presupuesto de Egresos de la Federación, conducta que a todas luces resulta escandalosa y excesiva.
En esos términos, el grupo parlamentario que represento, de Movimiento Ciudadano, votará a favor de este punto de acuerdo para exhortar a las autoridades pertinentes para que investiguen y procedan de la forma que corresponda en contra de este funcionario, así como suprimir el ejercicio indebido de sus funciones que perjudicará a los habitantes de los municipios antes señalados. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Le damos la bienvenida al presidente municipal de Tila, Chiapas, el arquitecto Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, así como a los integrantes de su cabildo que están hoy aquí invitados por la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Bienvenidos a esta sesión y a la Cámara de Diputados.
También saludamos a un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey que invitó, y nos acompañan hoy, la diputada Aurora Aguilar Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas todas. Adelante, diputada.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea. Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el deporte es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestra población, pues a través de él es posible redireccionar el porvenir de una nación hacia la conformación de una sociedad más sana, segura, libre de adicciones y con la posibilidad de generar espacios en donde el deporte se convierta en el instrumento para una mayor convivencia y cohesión entre los mexicanos.
Es por ello, que todo esfuerzo para mejorar la infraestructura deportiva de nuestro país, se convierte en una posibilidad no solo para fomentar el deporte, sino también para reestructurar nuestro tejido social, de manera que cualquier subejercicio que se presente no solo en el ámbito deportivo, sino en cualquier otro es preocupante, pero también es una clara muestra de que las necesidades y prioridades de nuestro país frecuentemente obligan a nuestros dirigentes a redireccionar el gasto hacia otros sectores que tengan mayor prioridad.
Esto no es nuevo, así lo hemos observado ya en otros gobiernos, más aún cuando ya nos encontramos al final del ejercicio presupuestal de 2013, en donde evidentemente será difícil ejercer los recursos no utilizados oportunamente.
Por ello, el artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el presupuesto de egresos. La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.
Asimismo, el artículo 59 del ordenamiento mencionado establece que las dependencias podrán realizar el traspaso de recursos de gastos de inversión y de obra pública a gasto corriente con la autorización de la secretaria, de manera que la propia ley prevé lo que de alguna manera este punto de acuerdo está proponiendo.
La Secretaría de Hacienda tendrá que dar cuenta no sólo del subejercicio que se menciona en la proposición a discusión, sino de todos aquéllos que se hayan generado durante el ejercicio presupuestal 2013.
Adicionalmente, en el informe de la Cuenta Pública correspondiente también se harán no sólo las observaciones pertinentes, sino del mismo se podrán desprender responsabilidades hacia servidores públicos que no hayan cumplido a cabalidad con sus mandatos presupuestales, por lo que nuestra legislación contempla ya mecanismos para el control y fiscalización del Presupuesto de Egresos.
Sin embrago, nuestro Grupo Parlamentario reitera su compromiso con el deporte y con la transparencia presupuestal haciendo valer los mecanismos previstos para ello en nuestra legislación. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, deseo respaldar el punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a sancionar a los funcionarios que pretenden violentar los acuerdos de esta Cámara; y que se liberen los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para infraestructura deportiva.
Éste no es un fenómeno exclusivo de Conade. También ocurre en Conaculta y en otras dependencias donde los funcionarios federales no han sabido ejercer el recurso y las obras no han iniciado, cuando ya prácticamente termina el año.
Además, el abuso en Conade no se limita a los municipios que son señalados en el punto de acuerdo del diputado Rosiñol, sino que esto se ha generalizado. Hay muchos municipios más que se encuentran en la misma situación. Aun cuando los proyectos existen y han sido revisados hasta el cansancio, simplemente los recursos no se entregan por ocurrencias, inventos y trabas burocráticas para lastimar a los municipios del país.
Es increíble la pretensión evidentemente ilegal y arbitraria de parte de un funcionario menor para querer frenar la determinación expresa de esta soberanía. Aceptar estas acciones que van más allá de un simple retraso, equivale a violar la división de poderes y las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados. Es regresar al tiempo del autoritarismo y la discrecionalidad.
El subejercicio es un mal que de manera urgente hay que desterrar ante la gravedad de los hechos ocurridos durante este año, cuando se registraron subejercicios por más de 28 mil millones de pesos.
Ahora que ya se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, sería inaceptable que se presentara el mismo fenómeno. Por esta razón el PRD hace un llamado al Ejecutivo federal para elevar los niveles de eficiencia y oportunidad en la operación del gasto.
Cuando los funcionarios incurran en subejercicios reiteradamente, sería un signo de buena voluntad política, que los destituyan del cargo. Es inaceptable que si ya se les autorizó un presupuesto, los funcionarios simplemente no lo puedan ejercer, como sucedió en el presente ejercicio fiscal. Desde el PRD estaremos pendientes para que se cumpla con el calendario del gasto y de ninguna manera es tolerable que existan subejercicios.
Cuando no se gasta el dinero para los fines que señala el Presupuesto, en realidad se afecta a la gente, pues las obras y proyectos se suspenden, se posponen o cancelan. El PRD condena los subejercicios y vigilaremos que el gasto sea eficaz. Por eso pedimos en al Ejecutivo federal que más allá de lo que estipule la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, si un funcionario no puede, que sea destituido del cargo.
Ya basta de subejercicios, ya basta de malas decisiones que sólo entorpecen la aplicación de los recursos públicos; ya basta de funcionarios que desconocen sus obligaciones y que actúan en el colmo de la ineficiencia.
Compañeras y compañeros, este caso no puede quedar impune. La Cámara de Diputados debe hacer respetar sus acuerdos y facultades, deben fincarse las responsabilidades administrativas a estos funcionarios que a unas cuantas semanas de que concluya el año no han podido o no han querido ejercer el recurso autorizado.
Con toda claridad debemos de mandar un mensaje al Ejecutivo demandándole la aplicación del recurso y sobre todo, advirtiendo que en el ejercicio 2014, estaremos muy atentos para que nunca más se padezca otro caso de ineficiencia como el que hoy se presenta. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Alejandra López Noriega, del grupo parlamentario del PAN.
La diputada Alejandra López Noriega: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es necesario insistir en que el deber de esta Cámara es el de velar por el debido y pleno cumplimiento del derecho constitucional de la cultura física y la práctica del deporte.
Compañeros diputados, los invito a que demos una muestra al pueblo de México de que esta Legislatura tiene entre sus prioridades la transparencia y la gestión eficiente de los recursos, que no está dispuesta a permitir la impunidad y que es partidaria de que los órganos de impartición de justicia cumplan con su objeto y misión.
Los municipios señalados en el punto de acuerdo pueden haber sido afectados por una mala gestión. Ello representa la conculcación de los derechos de los mexicanos a un derecho humano. Por ello es necesario que se investigue y en su caso se impongan las sanciones correspondientes.
En el Partido Acción Nacional vigilaremos que estos actos no sucedan. Esto no puede quedar impune y solicitamos se investigue a los funcionarios involucrados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente tiene la palabra el diputado Felipe Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Felipe de Jesús Muños Kapamas: Muchas gracias, señor Presidente. Permítanme informarles, compañeros diputados, que este asunto no debería haber llegado hasta este lugar. Éste es un problema burocrático al que nos hemos enfrentado no solamente en el PRI, sino en el PAN, en el PRD, en todos los partidos porque no salen a tiempo los recursos que están etiquetados para el programa de infraestructura deportiva municipal.
Esto se ha estado resolviendo poco a poco a base de presión que hemos ejercido nosotros los diputados en la misma Comisión de Cultura Física y Deporte, en la Conade. En un principio no estábamos de acuerdo porque consideramos que es una muestra pequeña, solamente 10 municipios, que tienen problemas por diversas razones. Muchos por culpa de los mismos municipios, otro por diferentes problemas burocráticos.
Lo que pedimos es que esto se amplíe, se vaya no solamente a estos 10 municipios, sino que se vaya a todos los municipios restantes, y por eso platiqué con el diputado promovente para que autorizara una modificación al resolutivo donde diría lo siguiente:
“Se exhorta al titular de la Conade para que revise el estado que guardan los procedimientos para la liberación de los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados por el PEF en el 2013.”
Ésta sería la modificación al resolutivo y hacemos más amplia la petición y no solamente sobre 10 municipios que, les informo, de esos 10 seis es culpa directa de los municipios; o tienen un adeudo o tienen algún problema específico, o en el terreno no comprobaron que el terreno es 100 por ciento municipal y por esas razones no llegaban los recursos directos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Me informa el diputado promovente y el grupo parlamentario que lo propone que han encontrado consenso sobre una nueva redacción.
Voy a pedir a la secretaría dé lectura al resolutivo propuesto y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Para que no haya ninguna duda le pediría a la Secretaría que lo lea nuevamente, y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Modificación al resolutivo. Se exhorta al titular de la Conade para que revise el estado que guardan los procedimientos para la liberación de recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el PEF 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el acuerdo con la modificación planteada, comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Genaro Ruiz Arriaga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de la Sagarpa, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se graven nuevamente con una tasa del 20 por ciento el arancel de importación del limón persa.
El diputado Genaro Ruiz Arriaga: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a este pleno para exponer un tema de enorme preocupación para el sector agrícola de nuestro país, que de no tomarse las medidas necesarias afectará no sólo a más de 19 mil productores de limón persa que existen en México, sino también a 4.5 millones de jornales que esta actividad genera anualmente, y nos permite un ingreso en divisas por el orden de los 4 mil 500 millones de pesos.
El pasado 15 de mayo el titular del Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, cancelando el gravamen impuesto del 20 por ciento por kilogramo a la importación del limón persa.
El decreto forma parte de la medida emergente y necesaria establecida por el gobierno federal para ampliar la oferta a la población y disminuir el precio del cítrico, ya que las condiciones climáticas como las heladas y fitosanitarias como el huanglongbing bajaron la producción y provocaron su encarecimiento.
Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la variación del precio obedece, sobre todo al ciclo natural de este cultivo, que se cosecha todo el año con mínimos en temporada invernal de noviembre a marzo y máximos entre los meses de mayo y septiembre, fechas en la que el producto llega a bajar su precio considerablemente, cuyo promedio por kilo pagado al productor en el año de 2012 fue de 6 pesos con 90 centavos en subasta, pero en mayo de este año, disminuyó incluso, hasta el peso con 50 centavos.
El costo de producción de un kilo de limón persa se estima en 1.70, es decir, de mayo a octubre el productor pierde un poco de dinero; pero de noviembre a abril éste tiene un precio promedio de 10 pesos con 65 centavos en campo. Es ahí donde se compensa de la temporada baja y logra equilibrar su economía.
Otro factor que contribuye a generar una variación del precio hasta convertirse en un problema es la distorsión del mismo que hacen los acaparadores, intermediarios y las grandes cadenas de autoservicio, quienes sin razón, por las mismas fechas en que se canceló el arancel habían aumentado los precios del cítrico hasta alcanzar los 17 pesos, con un margen de 15 pesos con 50 centavos por kilo que los productores no recibieron, pero que los consumidores finales sí tuvieron que pagar.
Estos datos han sido expuestos en dos reuniones con funcionarios federales, quienes han coincidido en que, de continuar vigente la medida, habría un impacto en la economía de los productores debido a los ciclos climatológicos totalmente inversos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.
En Brasil, que cuenta con 6 mil hectáreas sembradas de lima persa desde hace tres años y 25 años de experiencia en el manejo de la inocuidad y la trazabilidad, los meses de más calor se registran de noviembre a marzo y pueden alcanzar los 30 grados centígrados.
En cambio, durante junio, julio, agosto y la mitad de septiembre el invierno se hace presente y las temperaturas bajan hasta los seis grados centígrados, lo contrario exactamente de lo que ocurre en México.
En nuestro país son 7 meses en los que se aplica 60 por ciento de la inversión para producir 2 mil 400 millones de pesos en esta temporada invernal, que es cuando el precio se recupera para el productor. Pero el mantener la apertura de las fronteras afectaría gravemente a una cadena agroalimentaria que funciona eficientemente.
Los cítricos son los frutales más importantes en México, con un valor de la producción de casi 10 mil millones de pesos, más de la cuarta parte aportada por el limón persa con sus 96 mil hectáreas sembradas en el territorio nacional.
Con sus 600 mil toneladas al año, Veracruz aporta más de la mitad del millón 152 mil toneladas, que convierten a México en el productor más importante de este cítrico en el mundo, actividad que genera además 700 mil empleos temporales y un millón 400 mil empleos indirectos.
Pero esta entidad no solo cuenta con el primer lugar en la producción de limón persa a nivel nacional y mundial, sino que ahí se asienta más de 80 por ciento de la industria de la transformación con 84 de las 107 empacadoras del país; además de jugueras, deshidratadoras, enceradoras, entre otras.
La industria representa para México una importante entrada de divisas de 3 mil 200 millones de pesos para los veracruzanos, lo que es posible gracias a que 11 mil productores cultivan casi 45 mil de las 96 mil hectáreas de limón persa de los 17 estados productores del país.
De no aplicarse nuevamente el arancel del 20 por ciento, todos los productores nacionales de este cítrico se verán afectados. El mercado será utilizado por los agricultores extranjeros al ser muy atractivo y sin trabas, lo que permitirá usar estrategias de precios bajos y desplazar a los limones nacionales, afectando a toda la cadena productiva de esta agroindustria, orillando a los productores a dejar de invertir y ocasionando un caos general en el mercado nacional.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la necesidad de que aprobemos este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 4o., fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, se grave nuevamente con una tasa del 20 por ciento el arancel de importación del limón persa, mediante las modificaciones de la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se considera de urgente resolución. Tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señor presidente. Estimados legisladores, legisladoras, en Nueva Alianza consideramos que la responsabilidad del gobierno al implementar sus políticas de carácter fiscal y arancelario, adquiere un carácter relevante para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, siempre y cuando estas medidas sean adecuadas y oportunas a la circunstancia para la que están destinadas.
Una de las ventajas del libre comercio es alentar la competitividad y ofrecer mejores condiciones de precio al consumidor final. Sin embargo, debe existir la necesaria racionalidad económica al momento de flexibilizar nuestras fronteras para ampliar o reducir la oferta de productos o servicios, a fin de no afectar la competitividad y condiciones del mercado interior.
De lo contrario, de no actuar con esa racionalidad económica, el gobierno puede contribuir al menoscabo de la competitividad de los productores nacionales, y en este caso en particular de uno de los mercados más importantes de la economía nacional, como es el caso del limón persa o limón sin semilla, como comúnmente lo conocemos.
A pesar que desde el año de 1975 comenzó a introducirse este tipo de limones en los mercados de la Ciudad de México, o limas, como lo conocen en Estados Unidos, su cultivo a escala comercial comenzó a desarrollarse a mediados de la década de los ochenta, principalmente en Veracruz, Tabasco y Yucatán.
Lo anterior, gracias al auge de la demanda de diversas variedades de limones para usos industriales en el mercado norteamericano, pasando a ser nuestro país, en los últimos años, su proveedor a nivel internacional con casi 2 millones de toneladas por año, con un valor de producción de 5 mil millones de pesos.
Este mercado genera divisas por casi 270 millones de dólares, donde competimos con países tan diversos como la India, Argentina, China o Brasil. Para completar la importancia de la producción de limón persa en México, cabe señalar que genera casi 2 millones de empleos directos e indirectos, beneficiando a inversionistas, productores, asesores técnicos, jornaleros, empacadores, industriales y comerciantes que participan en esta cadena productiva.
En este contexto, el punto de acuerdo en discusión plantea un problema específico que debe resolverse de inmediato. Se plantea en el resolutivo un exhorto a que diversas dependencias del Ejecutivo federal graven nuevamente, con una tasa de 20 por ciento, el arancel de importación de limón persa.
Apenas en mayo del presente año, el Ejecutivo federal decidió eliminar el arancel del 20 por ciento, aduciendo una situación de desabasto en limón persa, originado, sobre todo, por fenómenos meteorológicos.
Sin embargo, esta situación aunada a los ciclos de producción del producto, coloca a los productores en una situación muy difícil que se agravaría con la entrada libre de arancel de limón persa proveniente del extranjero.
Lo que ahora se nos plantea en el punto de acuerdo es que los productores nacionales pueden hacer frente a la demanda, en virtud de lo cual es necesario proceder a restituir el arancel del 20 por ciento a la entrada de este limón. Porque de otra manera, nuestros productores saldrían seriamente perjudicados.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza otorga su voto a favor del punto de acuerdo, porque protege una importante actividad productiva, generadora de divisas y empleo en las microrregiones donde estos se establecen.
Es por ello que reiteramos a favor a este punto de acuerdo y congruentes con el propósito de Nueva Alianza de beneficiar en lo posible a los productores e impulsar su desarrollo, establecemos nuestro voto a favor. Es cuanto, señor diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Jaime Bonilla Valdez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, se ha hecho llegar al pleno de esta soberanía un proyecto de punto de acuerdo de obvia o urgente resolución para gravar, de nueva cuenta, la importación de limón persa. Mediante esta modificación de la tarifa respectiva de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.
La exposición de motivos que plantea nuestro compañero legislador Genaro Ruiz Arriaga, es profusa para sustentar su conclusión, con la que coincide el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y consiste básicamente en lo siguiente.
En mayo de 2013, el Ejecutivo federal, en uso de las facultades que le confieren la Carta Magna, la Ley de comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, emitió un decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, cancelando el gravamen impuesto de 20 por ciento por kilogramo a la importación del limón persa, el limón sin semilla, cuyo origen se remonta a enero de 2002.
La importación referida tuvo su origen para paliar la disminución en la producción de las diversas producciones de los cítricos y así ampliar la oferta para atender los incrementos de precios.
Son atendibles las motivaciones que hace nuestro compañero, consistentes en que los periodos de producción, se significan en dos durante cada año y la consecuente variación de precios en los mismos.
Las reuniones sostenidas por diputados de la Comisión de Agricultura con servidores públicos de la Sagarpa y de Economía, han concluido en que de mantenerse la política señalada se generaría un impacto en la economía de los productores.
No está por demás mencionar que el estado de Veracruz es el primer productor de limón sin semilla, no nada más en México sino en el mundo entero, con el 68 por ciento de la misma. Por lo anterior, la propuesta del legislador Ruiz Arriaga, es atendible para evitar que el mercado no sea aprovechado por los productores extranjeros, en detrimento de los nacionales, y así evitar el desplazamiento de 1 millón 400 mil empleos que se generar.
El exhorto de las dependencias federales mencionadas en el documento base de esta participación es considerado por nosotros como indispensable para regular el mercado y el insumo citado. En mérito de lo anterior el Partido del Trabajo votará a favor del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, planteado aquí en esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, ciudadano presidente. Diputadas y diputados, el limón persa, conocido en México como el limón sin semilla y en Estados Unidos como lima de Persia y lima de Tahití, es un fruto ácido, de producción media y preferido por su buena calidad para exportar como fruta fresca.
El cultivo de dicho producto, con poco más de 10 años de haberse introducido en el país, es uno de los productos de exportación más dinámicos dentro del sector agrícola, como porcentaje tiene aún una significación escasa y fuera del estado de Veracruz donde se concentra el cultivo su importancia regional es nula. México padece, como vicio de origen, el monopolio en la comercialización del producto dentro de los Estados Unidos, ejercido por las compañías introductoras de McAllen, donde se coloca la mayoría de las exportaciones.
Otro factor que adicionalmente contribuye a generar el problema es la distorsión del precio que hacen los acaparadores intermediarios y las grandes cadenas de autoservicios, quienes sin razón en las mimas fechas en que se canceló la medida arancelaria aumentaron los precios del cítrico hasta alcanzar los 17 pesos con un margen de 15 pesos y 50 centavos que los productores no recibieron, pero que los consumidores tuvieron que pagar.
Al remitirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos observar que en el artículo 131 establece que s facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional y que el Ejecutivo federal podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras.
De igual manera, el artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contempla que corresponde a la Secretaría de Economía formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. En tanto a la fracción III, le faculta para establecer la política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas en coordinación con las dependencias competentes; y a su vez, la fracción V le obliga a estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y de crédito público.
Es por ello, que la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente punto de acuerdo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Felicitar al diputado Genaro Ruiz Arriaga, promovente de este punto de acuerdo, porque sin duda es algo con lo que coincidimos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde y vale la pena mencionar que éste es un problema que ya habíamos nosotros señalado en la comparecencia del secretario de Economía; la competitividad no solo está en la micro, pequeña y mediana empresa, sino también la tenemos en el campo, un sector de lo más estratégico para la economía del país.
Y, en su momento, manifestamos que las políticas públicas que se implementan con base en esas facultades –que ya señaló el compañero que me antecedió– para implementar una política arancelaria acorde a lo que requiere nuestra economía, tiene que tener una capacidad de respuesta a la necesidad del mercado.
Eso fue precisamente lo que planteamos al señor secretario de Economía, que en su momento este arancel, por ejemplo, como el limón, debió ajustarse o debe ajustarse ya a las medidas que exige esa producción nacional, esas medidas que requiere para abaratar o para más bien darle un precio justo a este producto en el mercado nacional.
Desde hace algunos años, la importación de alimentos ha provocado una grave vulnerabilidad de la economía agroalimentaria; la falta de una política pública correcta, como señalábamos, ha hecho que incluso haya una cierta escasez de algunos alimentos porque no tenemos una capacidad de acción o de respuesta inmediata a esa problemática.
En este contexto, el punto de acuerdo que se encuentra a discusión cobra gran relevancia, toda vez que una prioridad para nuestro país debe ser lograr la protección de nuestro mercado agrícola y consolidar el consumo de productos nacionales como lo es este cítrico.
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de cítricos, siendo 23 estados de la República Mexicana los productores, cultivando 550 mil hectáreas y 2.2 millones de toneladas de limón persa y mexicano. Así, este sector resulta un motor importante de nuestra economía por lo cual deben procurarse las mejores condiciones para su crecimiento.
Si bien la reducción del arancel existente tuvo lugar debido a circunstancias climáticas muy particulares que provocaron una distorsión en el mercado en particular en el precio de este producto, hoy estas circunstancias han cambiado y el consumidor final nos exige una reacción como gobierno ante tal circunstancia.
La actividad limonera hoy en día representa serios problemas de plagas, el cambio climático, envejecimiento de los huertos, escasez de agua, poca tecnificación de las huertas, un manejo y mantenimiento mínimo y precio bajo durante la mayor parte del año, bajo rendimiento para hectáreas, es precisamente porque el productor nacional no tiene la capacidad de respuesta en relación a la venta.
Es ahí donde nosotros debemos de fortalecerlo y precisamente donde existe la necesidad de subir este arancel a como estuvo en algún momento antes de 2012, con el fin de que los productores nacionales –repito– no se vean afectados y nuestro mercado no se vea distorsionado.
Por ello, nuestro grupo parlamentario apoya la proposición que se encuentra hoy a discusión, más aún cuando se sabe que existe una sobreproducción de más de 10 mil toneladas al año que, aunado a la inundación de importaciones de este producto, se provoca un importante impacto negativo en la cadena productiva de este sector a nivel nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Valentín González Bautista, del Grupo Parlamentario del PRD.
Saludo y doy la más cordial bienvenida a esta sesión a un grupo de invitados provenientes de Pachuca, Hidalgo, que están hoy aquí –valga la redundancia– invitados por la diputada Mirna Hernández Morales. Bienvenidos y bienvenidas todos.
El diputado Valentín González Bautista: Con su autorización, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Valentín González Bautista: Compañeras, compañeros diputados. Hace uno días esta soberanía aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación y, dentro de él, asignó recursos para el Presupuesto Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable del país.
El monto del presupuesto aprobado ascendió a la cifra de 338 mil 669 millones de pesos; 12 mil millones de pesos más con respecto al presente año. Al menos a 10 secretarías del gobierno federal se les responsabiliza para el ejercicio puntual, transparente y eficaz de este recurso. Dentro de estas secretarías se encuentra la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Sagarpa.
Estamos tratando el apoyo que con políticas públicas, programas, debe el Ejecutivo federal hacer realidad para que los productores agropecuarios, acuícolas, ganaderos, forestales, puedan mejorar sus condiciones de vida, para eso son los recursos del pueblo, que deben aplicarse para los productores y sacarlos de los niveles de pobreza, de marginalidad y de atraso que vienen padeciendo por décadas.
El punto de acuerdo que se trata, presentado por el diputado Genaro Ruiz Arriaga, es correcto y lo consideramos procedente. Los productores de cítricos en nuestro país, son una de las ramas productivas que debe recibir el apoyo, el respaldo de las políticas públicas y de esta soberanía.
Los datos estadísticos ya se han mencionado aquí, pero hay que destacar que al menos 100 mil hectáreas deben de estar destinadas a este producto. De esas 100 mil, los dos estados de la república que aportan la mayor parte de la producción, casi el 78 por ciento, están los estados de Veracruz y Tabasco.
Pero también es importante la participación de estados como Michoacán, Oaxaca, Yucatán, Chipas, que también tiene productores de cítricos y particularmente de limón persa. El valor de la producción que alcanza una cifra superior a los 100 mil millones de pesos, una cuarta parte se estima, lo aportan los productores de este cítrico.
Por esa razón consideramos procedente, y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este punto de acuerdo, en el que se considera que es urgente y de obvia resolución exhortar a los titulares de las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se grave nuevamente con una tasa de 20 por ciento, el arancel de importación de limón persa, como se contiene en el punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Juan Bueno Torio: Compañeras, compañeros diputados, el Partido Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo, pues consideramos de vital importancia que se fortalezca la cadena productiva del limón, particularmente del limón persa.
Por mucho tiempo se ha venido desarrollando esta actividad en el campo mexicano, particularmente en mi estado de Veracruz, que es el mayor productor de este tipo de limón en nuestro país.
Es precisamente ahí donde se han hecho inversiones importantes de parte de los productores para ir consolidando una mejor calidad, para ir conquistando nuevos mercados no sólo el mercado mexicano, sino también el mercado de exportación. Mucho limón de este tipo se envía a Europa, a los Estados Unidos, a Canadá.
Si bien hemos pasado por circunstancias de escasez en la producción que provocaron en diversos momentos el incremento de precios, el pago que recibe el consumidor en nuestro país está muy lejos de ser también satisfactorio para los productores.
En aquel momento en que subió el precio del limón porque la cadena de distribución lo encareció, el productor recibió en promedio el año pasado 6.5 pesos por kilo y en los centros de distribución, en el Distrito Federal, se vende por encima de 22 pesos. Dónde está el problema.
El problema está en que la Profeco no está haciendo adecuadamente su trabajo para evitar que la concentración de este producto en poquitas manos provoque un incremento artificial en los precios del producto.
Como consecuencia de eso, la Secretaría de Economía quita los aranceles del 20 por ciento que empezará a impactar negativamente en los propios productores porque cuando tienes un mercado sobre ofrecido como éste, es mercado de compradores. Al quitar el arancel, qué se va a provocar: que la sobre producción que hay en Centroamérica –y en este momento es verano en Centroamérica y es cuando mayor producción de limón tienen– vendrá ese limón a impactar en el mercado mexicano, con consecuencias graves, funestas para los productores de México y particularmente para los productores del estado de Veracruz.
Por eso, compañeras, compañeros, el Partido Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo para exigirle a la Secretaría de Economía que vuelva a poner el arancel correspondiente del 20 por ciento a la importación de limón de otros países hacia México. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene la palabra la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Verónica Carreón Cervantes: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: nuestro país se encuentra posicionado como el principal productor de limón en el mundo con el 13 por ciento de la producción mundial, seguido por la India con el 12 por ciento, Irán con el 9 por ciento, así como Argentina y Estados Unidos con el 8 por ciento.
En el campo mexicano se destacan dos variedades de este producto: el limón mexicano con semilla y el limón persa sin semilla, las cuales en conjunto, suman una producción anual superior a los 2 millones 132 mil 900 toneladas.
El valor de la producción rebasa los 6 mil 300 millones de pesos. Esta producción da beneficio socioeconómico a productores, asesores técnicos, jornaleros, empacadores, industriales y comerciales. Más del 80 por ciento de la producción se concentra en 5 estados, siendo éstos: Veracruz, Colima, Michoacán, Oaxaca y Yucatán.
En específico, la producción del limón persa en nuestro país se concentra en Veracruz, con un 66 por ciento de la superficie sembrada, y en Tabasco con un 19 por ciento, sumando así un total del 75 por ciento.
Gracias a las condiciones climáticas que se encuentran en las diferentes regiones del país, es que el limón se puede cosechar durante todo el año, en las cuales encontramos mínimos en temporadas invernal de noviembre a marzo y máximos de mayo a septiembre.
El limón mexicano y persa, además de desarrollarse cada uno en regiones delimitadas, tienen mercados diferenciados, ya que el primero se designa al mercado nacional, y ya el segundo, tiene como destino principal la exportación.
Sin embargo, ha venido incrementando su participación en el consumo nacional, además de complementar el abasto nacional en épocas de baja producción del limón mexicano; la eliminación del arancel a la importación del limón persa, genera grandes estragos al campo mexicano, ya que permitirá que productores de otros países importen a nuestra nación su producción, hecho que afectará el precio de venta. Con los productores nacionales, se verían obligados a reducir de forma drástica sus precios de venta, disminuyendo así sus ganancias.
Lo anterior fomentará que cada año se tenga que sembrar menos hectáreas, ya que los costos de producción serían rebasados por las ganancias generadas, con lo que no sólo se verían afectados los productores, sino también los jornaleros, ya que se tendría que reducir la contratación de los mismos.
Es por esto que consideramos pertinente la propuesta formulada por nuestro compañero, el diputado Genero Ruiz, y que al volver a establecer el arancel del 20 por ciento a la importación del limón persa se protegerá al campo mexicano, a los productores y a los miles de empleos que se crean gracias a la producción de este cítrico.
Compañeras y compañeros legisladores, es importante que defendamos al campo mexicano. No debemos afectar a los productores nacionales, y menos cuando la producción del limón se encuentra estable. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PRI, se pronunciará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muy buenas tardes y gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Agotada la lista de oradores voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, suscrito por los diputados del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, éste es un punto de acuerdo que he planteado que sea tramitado de obvia o urgente resolución. Contiene un asunto de justicia social.
Por cierto, agradezco al Partido del Trabajo que me haya cedido el turno de la obvia o urgente resolución. Les correspondía a ellos y me cedieron el turno para presentarlo. Espero que mañana nos concedan el turno para presentar otro relativo a esta información que ha surgido de Mony de Swaan y De la Sota, que son asuntos de gran corrupción en el país.
Pero déjenme platicarles de qué es este asunto que hoy estamos planteando. Como ustedes saben, en la última década, un poco más de los últimos 10 años, el Estado mexicano ha sido marcado por una ola de violencia. Pero además, aunado a la violencia, la sangre, el miedo que continúa expandiéndose por todo el territorio nacional como consecuencia inmediata de la pésima estrategia de seguridad que se ha implementado desde hace varios años.
Por esa razón en algunas regiones del país, como Chiapas, Guerrero y Michoacán, sobre todo en Guerrero, se ha venido desatando una violencia contra dirigentes sociales. A raíz de las concesiones mineras, grupos del gobierno o escuadrones militares han estado presionando a grupos sociales, a dirigentes sociales.
El clima de inseguridad que se vive en el país y en esta región de Guerrero es inadmisible. Tan es así que hay presos que nosotros estimamos son presos de conciencia, presos políticos, hombres y mujeres que, siendo dirigentes de sus comunidades, están siendo procesados fuera de su domicilio por delitos como el terrorismo y otros que, lamentablemente, los encuadran, los tipifican para someter a proceso a estos dirigentes.
Esto es lo que está sucediendo en Guerrero. Ustedes saben que en Guerrero hay una ley que regula la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, esta ley fue aprobada por el Congreso y tiene que ver con esta institución popular autónoma y voluntaria de control territorial, de vigilancia y administración comunitaria y de justicia en escala regional.
Esta ley tiene más de 18 años, actualmente la CRAC aglutina aproximadamente 20 mil habitantes de diversas comunidades y este tipo de organizaciones son por usos y costumbres y surgen por la necesidad de agruparse, defender sus intereses, defender a la comunidad.
A últimas fechas, en los últimos meses, estas comunidades y estas organizaciones han sufrido la persecución, el hostigamiento, la violencia, y yo creo que es justo que planteemos el que se investigue lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando con este tipo de organizaciones.
Por cierto, agradezco la disposición del Grupo Parlamentario del PRI, porque me han ofrecido votar a favor si modificábamos tres puntos. Los he modificado, para efecto de que no quede impune el asunto de impartir justicia a estas comunidades y a estas organizaciones.
He modificado el artículo 3o., en donde se establecía un exhorto a la Secretaría de Gobernación para revisar el carácter de presos políticos, de un grupo de personas que nosotros así los consideramos, pero he modificado para que se revise el estatus jurídico de estas personas que son, entre otros, Néstora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morelos Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximiano, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González, Ángel David Chonita Molina, y que actualmente algunos de ellos están sometidos a proceso.
¿Qué es lo que estamos planteando? Por cierto también, el diputado Carlos de Jesús Alejandro también ha planteado aprobar este punto de acuerdo, si nosotros agregamos un punto o sustituimos un punto, que es el primero, para quedar como sigue.
Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en uso de sus facultades inicie una investigación exhaustiva por presuntas violaciones a los derechos humanos en los procesados que ya referí y que me parece correcto este agregado que dejo en la Secretaría para su incorporación y para también tener el voto favorable del PRD.
El punto cuarto, señala que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, para que cese el clima de violencia de persecución contra comunidades y organizaciones en este territorio y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación, los días 20 de marzo y 19 de agosto de 2013.
Es decir, se solicita lo más elemental, por eso es que modificamos los puntos de acuerdo para lograr la unanimidad. Yo deseo que el Partido Acción Nacional también se sume, ayer lo planteamos con sus coordinadores, con sus representantes y ayer se obsequió el que hoy se tratara este asunto como de obvia y urgente resolución.
Como ven, también en el punto quinto, en donde nosotros exhortábamos al gobierno federal, hemos modificado también ese punto para que el gobierno del estado de Guerrero, en el marco de sus competencias pueda generar estas condiciones de diálogo, de equilibrio y cese de violencia y de persecución contra las comunidades.
Como ven, hemos dado paso a intentar este acuerdo porque es de justicia. Miren, la gente de Tixtla, donde estuve hace unos días, vive con temor, con terror, con un hostigamiento y una persecución creciente por los gobiernos. Merecen ser atendidos, nadie los escucha.
Lo único que planteo –termino, presidente– lo único que planteo son asuntos de elemental justicia para ellos, de investigación profunda, porque nosotros sostenemos que son presos políticos y sostenemos que se han violado, en su contra, los derechos humanos más elementales. Pero además, son indígenas, dirigentes campesinos de los más pobres que hay en el país. Por eso elevamos la voz, para poder generar condiciones de equilibrio en esta Cámara y poder solicitar la investigación profunda en estos casos de injusticia social. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Le pediría que me dejara la propuesta, porque voy a pedir a la Secretaría que antes de que se consulte si se considera de urgente resolución, para que todos tengamos conocimiento del tema, que se pueda dar la lectura a los resolutivos con las modificaciones planteadas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Cambio la redacción en el segundo. En relación con el punto de acuerdo se propone la siguiente redacción:
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en uso de sus facultades inicie una investigación exhaustiva por presuntas violaciones a los derechos humanos en los procesados Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González, integrantes de policías comunitarias en el estado de Guerrero, pues existen fuertes indicios de violación de sus garantías procesales desde el momento de su detención y que hoy se les mantiene incomunicados de sus familiares en centros de readaptación social de alta seguridad en los estados de Nayarit y Oaxaca, respectivamente.
Segundo. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el ejercicio de sus facultades acumule y atraiga los expedientes de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, los cuales recibieron flagrantes violaciones al debido proceso establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que revise el carácter y estatus jurídico de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina.
Cuarto. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero, para que cese el clima de persecución y violencia contra las comunidades y organizaciones en el territorio guerrerense y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación los días 20 de marzo y 19 de agosto de 2013 para el caso particular.
Quinto. Se exhorta a los gobiernos, para que en el marco de sus competencias cese la persecución y violencia en contra de las comunidades y sus organizaciones en todo el territorio nacional. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo, con las modificaciones a las que se le ha dado lectura, se considera...
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Añorve.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Señor presidente, lo que habíamos platicado con el ponente, en el quinto punto, es el exhorto a los gobiernos para que se continúe la investigación en el marco de sus competencias. Se lo pongo a consideración...
El Presidente diputado José González Morfín: Si no tiene inconveniente el diputado Monreal...
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Si no tiene inconveniente el diputado Monreal.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Sí, presidente, estamos de acuerdo en el quinto punto.
El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo, entonces con esa última modificación consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se considera de urgente resolución. Y en consecuencia está a discusión y tiene la palara para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Astudillo. Dígame, diputado.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para dar cuenta brevemente, presidente, como se ha dado aquí en otras ocasiones que no nos hemos podido poner de acuerdo, reconocer el consenso que se dio en este punto de acuerdo y que a nombre del Partido Verde Ecologista de México estamos nosotros dispuestos a que todos los asuntos que se tengan que tratar y que se tengan que deliberar el resultado es lo que estamos viendo el día de hoy, las fuerzas políticas a favor de un punto de acuerdo, a favor de la integridad y de la seguridad de las personas, en este caso del estado de Guerrero. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Adelante, diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Digo, quién va a estar en contra de que Nestora Salgado, Gonzalo Molina, presos políticos por ser policías comunitarios, estemos exigiendo, y de otros compañeros, su libertad, pero México es más allá de Guerrero.
Miren, el artículo 17 constitucional dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; su servicio será gratuito, quedó en consecuencia prohibido el acoso judicial.
Diputados, cuáles son las razones de los grupos de autodefensa más allá que en Guerrero estén legalizados. La primera, la sobrevivencia, sobrevivir al secuestro, la extorsión o el asesinato que impunemente comete la delincuencia organizada que actúa y opera en las comunidades en las que habitan y trabajan en grado extremo y grave con la complacencia y complicidad de elementos de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales e incluso con elementos de las Fuerzas Armadas.
Otra razón, la desesperación de su vulnerabilidad ante estructuras de gobierno que no solo actúan en su protección, sino que actúan como halcones de los criminales, funcionarios de los gobiernos estatales y federales –y hay que subrayar esto– que los ignoran o evaden cumplir con sus funciones o atribuciones en materia de seguridad pública.
La respuesta mediática, esto es la criminalización o el encarcelamiento en este caso. Su exhibición como responsables de violar derechos de otros ciudadanos, de alterar el supuesto orden en sus municipios y comunidades de portar armas prohibidas. En los medios de comunicación no se hace público que en su actuar, salvo honrosas excepciones, ninguno de los grupos se ha rebelado contra las instituciones del Estado, se rebelan contra la complicidad y corrupción de los cuerpos de seguridad que han sido colaboradores en actos criminales; no desconocen los límites de actuación, e incluso no han opuesto resistencia armada a las acciones de las fuerzas militares en actos de control o contención de las autodefensas.
En el caso de la detección en flagrancia acuden a los cuerpos policiacos y las Fuerzas Armadas para la entrega de los delincuentes. Existe, digámoslo, una tolerancia o visto bueno de mandos castrenses y de la policía federal quien en el territorio despojado por la delincuencia entienden las razones de la defensa ciudadana, entienden su desesperación por la permanente angustia de saber si tiene permiso para vivir un día más o para saber de la seguridad de padres, hermanos, hijos, madres; el asunto no debe ser mediático pues.
A un año del gobierno de Peña Nieto, no se garantiza la seguridad de los mexicanos en los territorios secuestrados por la delincuencia, el índice de las víctimas crece, las investigaciones ministeriales no sirven, no garantizan el tan trillado acceso a la justicia, por lo que deberíamos de pensar en forma más seria la reforma a la autonomía del Ministerio Público.
La razón de las autodefensas no es la revolución, no han anunciado que buscan el poder por el poder, exigen seguridad en su vida cotidiana; seguridad que se perdió por la colusión y corrupción de las autoridades; exigen el derecho a la vida, a no pagar derecho de piso a la seguridad de sus familiares.
¿Cuáles serían las razones para que esta Cámara de Diputados no se pronunciase a favor del auxilio de miles de mexicanos que en este momento son víctimas de la delincuencia? Es necesario que ustedes o sus familiares –culmino, presidente–, es un asunto serio y hablan de unidad aquí, tenemos que pedir tantita tolerancia.
¿Tenemos que esperar a que sus familiares sean sujetos de la delincuencia para entender las razones de la autodefensa? Una razón más, la dignidad. Las autodefensas son muestras de dignidad, de coraje de quien se encuentra acorralado y no tiene más camino que ofrecer su vida por los suyos, por su propia vida.
Por eso, diputados, más que gritar deberían, de, como parte de la estructura estatal que no puede mantenerse indiferente a la situación de violencia e inseguridad... Miren nada más, cómo les preocupa la seguridad de los ciudadanos. No cabe duda.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que pueda ir concluyendo con su intervención, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No nos podemos mantener indiferentes a la situación que vive el pueblo de México ante la delincuencia organizada. Sean respetuosos de esta dignidad y exijámosle al Estado mexicano, a la Presidencia de la República que funcione atendiendo al interés de la población vulnerable en todos los rincones de este país. Hagamos viable la exigibilidad de de derecho a la justicia y seguridad pública.
Sí, les urge; les urge irse. No les preocupa la gente, pero aquí era necesario decir –culmino, presidente– que no tan solo es Guerrero, sino en todo el país y más con las medidas que ustedes están aplicando en política económica, se va a extender este fenómeno. Así que reflexiónenlo y hagan un acto de constricción a su conciencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. En primer término reconocer y celebrar el acuerdo y la disposición de los grupos parlamentarios para pronunciarse por un tema que tiene que ver fundamentalmente con los derechos humanos, el debido proceso, la justicia y las reivindicaciones de los pueblos y las comunidades.
Nosotros distinguimos claramente lo que son los grupos a autodefensa de lo que son las policías comunitarias, porque en el caso del estado de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria, encuentra sustento en el artículo 2o. fe la Constitución Política de la República y en la Ley Estatal 701 del estado de Guerrero, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, todo esto es en el marco de un Estado democrático y constitucional de derecho.
Estos grupos surgen como respuesta ante la incapacidad de las policías regulares para poder salvaguardar los derechos más elementales como es la protección de la vida, de las propiedades y de la familia de miles de mexicanos.
Por esa razón nos parece muy adecuado que se haya llegado a este consenso para evitar que haya esta satanización, esta criminalización y esta persecución a dirigentes sociales y a dirigentes de estos cuerpos comunitarios. Por esa razón nosotros estamos a favor.
Y también señalamos con preocupación y reprobamos que en las últimas semanas y meses ha habido una serie de asesinatos de dirigentes sociales en el estado de Guerrero. Queremos llamar la atención particularmente de la compañera Rocío Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que fue victimada hace escasos días y que aquí se guardó un minuto de silencio que fue obsequiado por esa Cámara y Rocío Mesino fue arteramente asesinada, en Atoyác de Álvarez, en el estado de Guerrero. Pero ha habido otros crímenes.
Por eso el punto de acuerdo que hoy se va a votar es muy importante porque es poner en la palestra nacional un tema que trasciende las fronteras de esta entidad sureña y que representa un tema de justicia, un tema de justicia y un tema también de reivindicación social y de protección a estas comunidades.
No ayuda al país un clima de polarización ni ayuda el país que los líderes sociales sean criminalizados. Por eso reconocemos la disposición de esta Cámara y por eso vamos a votar a favor de este acuerdo que tiene el consenso de los grupos parlamentarios. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir ahora a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que se recibió de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual se turna a Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
También se recibió iniciativa de la diputada Leslie Pantoja Hernández, también del grupo parlamentario del PAN, con proyecto de decreto que reforma los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
Y se recibió iniciativa de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del PRD, con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
Finalmente también se recibió iniciativa de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del grupo parlamentario del PAN, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa por el Centenario de los Defensores de Veracruz en 1914, la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Compañeras y compañeros, en los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (16:12 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 27 de noviembre a las once horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve treinta horas.
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