Comunicaciones
Retiro de iniciativa de diputada
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
Del Congreso del Estado de Jalisco, con iniciativa
Agenda política
Comentarios relativos al 28 de noviembre, Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayala
René Ricardo Fujiwara Montelongo, PNA
Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, PVEM
Francisco Tomás Rodríguez Montero, PRD
Maricela Velázquez Sánchez, PRI
Dictámenes a discusión
Que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, en materia de parcela escolar, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, para modificar el orden del día y discutir dictamen
Votación en lo general y lo particular
Que reforma la fracción VII del artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las diputadas y de los diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputadas y diputados. Por tanto hay quórum, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín (11:12 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal. Dígame, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano presidente, en razón de que en estos últimos dos días no ha habido Junta de Coordinación Política y en razón también de que el lunes pasado habíamos acordado tratar el tema que es ahora un escándalo por lo ofensivo y lo grosero de los bonos, remuneraciones extraordinarias y aguinaldos de los servidores públicos y de la alta burocracia y que en ese momento se había acordado un pronunciamiento sobre este tema de Presidencia.
Y dado que no he o no se ha logrado un acuerdo entre los grupos parlamentarios, le solicitaría se incluya en el orden del día el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre los bonos, remuneraciones extraordinarias y aguinaldos de los altos servidores públicos.
En todo caso plantearlo y si algún grupo parlamentario está en desacuerdo hacer valer su desacuerdo con el voto, pero es un voto que no se puede soslayar, que no se puede ocultar y que no se puede simplemente mandar a la congeladora o al olvido. Le pido, presidente, pueda consultar para incluir, consultar al pleno, a la asamblea, que se incluya este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para el tema que he señalado de manera muy sucinta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Dígame, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Dígame, diputado. En el mismo tono, este tema la verdad es vergonzoso para la Cámara de Diputados, en particular la Junta de Coordinación Política que dirige, la verdad, hay que decirlo, la dirige el PRI. Ahí tiene mayoría el PRI, el Verde, con el Panal; aparentan que dirigen otros, pero el PRI es el que está ahí maniobrando la situación, obviamente en contubernio con los que están ahí, en la mayoría ésta que se fábrica.
Es vergonzoso porque ya los medios dan cuenta, ya había el compromiso de discutirlo ayer y sabemos que no lo quieren discutir, porque la Cámara se vuelve tapadera del Poder Ejecutivo. Aquí les aprueban esos aguinaldos y luego mediáticamente quieren controlar la cosa y no quieren discutir el tema.
Fíjense, el salario, aguinaldo de este señor Carstens, va a ser 50 años de vida de cualquier trabajador, porque hay trabajadores en este país que ganan dos pesos por hora, 14 pesos diarios. Es oprobioso. El salario del presidente, un día del salario de Peña Nieto, equivale a nueve años de salario de un trabajador, de un obrero en relación al aguinaldo del presidente.
Sí valdría la pena que usted se fajara el día de hoy, pusiera a consulta de esta asamblea, discutiéramos este tema y tomar medidas aquí en la Cámara de Diputados que eviten que esto siga en la opinión pública denostando a los diputados.
No todos estamos en la línea de la mayoría que tiene el PRI y que en la Junta, con el PAN y el PRD, quieren maniobrar este tema. Que se discuta, que se abra la discusión sobre este tema, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Yo lo que le puedo decir es que esta Presidencia estará atenta; incluso haré las consultas pertinentes con la Junta de Coordinación Política para ver si va a llegar el acuerdo. También que si llegara una propuesta en los términos del Reglamento para modificar el orden del día, la someteremos de inmediato a consideración de la asamblea. Es lo que puedo hacer. Le ruego a la Secretaría poner a discusión el acta de la sesión anterior.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta. Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente. Es para solicitarle la comparecencia del responsable del Fonden en relación a la contingencia que ocurrió con el huracán Ingrid y Manuel. Necesitamos conocer en esta Cámara cómo se va a distribuir exactamente el presupuesto en cada uno de los estados, con el objeto de vigilar todos esos recursos para que se apliquen correctamente.
Además habíamos solicitado en esta Cámara –se hizo el acuerdo por la Junta de Coordinación Política– que se le solicitaría la flexibilización de las reglas de operación del Fonden, ya que algunos estados, como en el caso de Guerrero, no contaban con los recursos suficientes para poder pagar la contraparte.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Esta comparecencia puede ser solicitada por la Junta o incluso por una de las comisiones. Haré llegar la solicitud correspondiente. Le voy a dar el trámite al comentario que usted ha hecho para que se proceda conforme al Reglamento.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Belaunzarán. Dígame, diputado ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente para que quede establecido en el Diario de los Debates y hacer un respetuoso exhorto a mis compañeros diputados, a que no reproduzcamos lo que está sucediendo en el Senado.
Ahí quizás por las prisas de sacar una reforma energética antes de navidad, están haciendo a la ligera la reforma política que es tan importante. Apenas se empieza a conocer qué es lo que resolvieron y lo que empieza a vislumbrarse es un Instituto Nacional de Elecciones que es una simulación, que es al gusto de los gobernadores. Es prácticamente, lo digo con todas sus letras, dar gato por liebre, además escamoteando lo acordado en el Pacto por México, entre otras cosas de la Constitución del Distrito Federal y abajo, insisto, de lo que se pactó en ese acuerdo.
Lo que quisiera decir, y ese es el exhorto a todos mis compañeros diputados, a que nosotros no reproduzcamos esa prisa y nos tomemos con toda seriedad lo que significa la reforma política, el cambio de régimen, etcétera, que no lo hagamos sobre las rodillas y que no sacrifiquemos el rigor en esa reforma tan importante por prisas ajenas al interés de fortalecer nuestra democracia. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención ya quedó registrada en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la diputada Lilia Aguilar Gil, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el 26 de septiembre de 2013, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Social.
El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentra publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio del Congreso del estado de Jalisco con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros: en relación a los acontecimientos en el estado de Oaxaca y el clima de violencia que está viviendo entre maestros y padres de familia, al grupo de Nueva Alianza nos preocupan las consecuencias terribles que puedan resultar de una posible confrontación por lo que han llamado la recuperación de las escuelas que han estado en paro de labores desde hace casi tres meses.
Más allá de cualquier consideración política, consideramos urgente que el gobierno del estado garantice la integridad física de los padres de familia y maestros que, en el afán de que las niñas y los niños oaxaqueños reciban la educación que se merecen por derecho, ahora se les pretenda amenazar con tomar acciones violentas y desmedidas en contra de ellos.
Nadie puede estar en contra de la libre manifestación y expresión de las ideas, pero tampoco podemos permitir que éstas se lleven a cabo con el fin de intimidad y agredir a las personas. Nada justifica la violencia sobre las personas.
Hacemos, señor Presidente, un atento llamado a las autoridades locales para hacer prevalecer el estado de derecho en Oaxaca, un llamado a garantizar el derecho humano de las niñas y niños oaxaqueños a recibir educación de manera oportuna y proteger la integridad de maestros y padres de familia quienes, ante la imposibilidad de que sus hijas e hijos recibieran clases, se organizaron para que la pérdida de los días escolares afectara lo menos posible a los estudiantes. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Juan Luis Martínez. Dígame, diputado.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez (desde la curul): Es en relación al mismo tema. En relación a los maestros democráticos de la Sección 22 del estado de Oaxaca, y eso pasa porque las leyes que aquí se votan, pues es sin previa consulta, sin consenso de la mayoría de ellos y son maestros verdaderos que están en la lucha social, por un país que se está cayendo a pedazos y están saliendo en la defensa de los intereses del pueblo de México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez. Dígame, diputada.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Únicamente para sumarme en todo lo que está solicitando la diputada Rincón Chanona, pero además de exhortar y exigir a las autoridades locales, pedir y exigir también a la autoridad federal en materia de educación, en lo que corresponde a su responsabilidad de coordinación con los gobiernos de los estados, se dé una urgente solución a este tema.
Hoy que los padres de familia tomaron en sus manos la responsabilidad de sacar a flote la educación de los niños, son tratados como delincuentes por un gobernador y por autoridades locales, tratando de proteger a los maestros que estaban de vacaciones en la ciudad de México en manifestaciones. Respaldamos ampliamente la solicitud de la diputada Chanona, pero pedimos que se sume también a esta exigencia a la autoridad federal. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Roberto López.
El diputado Roberto López Rosado (desde la curul): Señor presidente, primero quiero señalar que el asunto que se ha presentado en Oaxaca es parte solamente de la repercusión que significa el haber impuesto una ley que se señala es una reforma educativa.
Quiero primeramente señalar, que una verdadera y auténtica reforma educativa tiene que tomar en cuenta a los verdaderos actores de la educación. Y, sin duda alguna, que no coincidimos con diversos métodos de lucha que se han presentado, pero indudablemente la lucha de los trabajadores de la educción de este país, de los maestros democráticos, es una lucha justa en la que explica claramente que las causas que se han presentado son defendibles.
A mí me consta que la Sección 22 tiene una propuesta educativa y que han sabido con dignidad y verdadero decoro, defender los principios y los valores de esta propuesta educativa que están ellos presentando y que ahora mismo estarán por iniciar con un acuerdo que se ha tomado a nivel estatal.
En segundo lugar. No creo que sea un asunto de competencia del gobierno del estado. El gobierno de Gabino Cué, nos queda muy claro, ha sido un gobierno tolerante, incluyente, abierto y que con toda la sensibilidad ha respaldado a las demandas de los trabajadores de la educación. Se ha puesto del lado de la razón de muchos de sus planteamientos y desde aquí digo; los trabajadores de la educación de Oaxaca, del país tienen la razón y finalmente la razón tendrá que salir adelante. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Este clima de polarización es resultado de legislar sobre las rodillas y amparados en las bayonetas y en un cerco militar, sin escuchar los legítimos derechos de los maestros a ser escuchados.
Una ley se puede imponer en un Congreso amurallado, pero no se puede aplicar si no hay el consenso del pueblo y nos parece que esta ruta atropellada e impositiva se sigue presentando con una reforma política ramplona, sólo para ser moneda de cambio de la entrega del petróleo.
Ya basta de estar legislando en este modelo pactista que ha resultado un fracaso y una puerta a la polarización del país. Ésa es nuestra propuesta.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Mire, presidente, gracias por darme la voz y yo lo que tengo que decir, que a nosotros el régimen no nos engaña, que el PRI, el PAN y un sector del PRD le pegaron al avispero con los maestros y pretenden todavía seguir pegándole al pueblo de México, quieren dar un albazo el día 12 de diciembre para ponerle el último clavo al ataúd de los mexicanos con la reforma energética, y tienen una propaganda que hemos dicho, ya hay un Hitler a la mexicana.
Ustedes, más bien, diputados, y sobre todo los que son del sector de maestros, nada más que eso es evidente que no lo van a hacer, deberían estarles exigiendo a los gobiernos que atiendan las demandas de los maestros.
Miren, en Veracruz, días pasados la televisión estuvo jode y jode ahí, que una maestra había atacado a unos policías. Y ustedes saben que no fue así, ustedes saben que se violan los derechos de los maestros, que los están reprimiendo permanentemente.
Y en el caso de Veracruz hoy mismo hay tremendas movilizaciones de padres de familia y de maestros, exigiendo que el gobernador se digne a atenderlos, y obviamente ni el gobernador ni Peña Nieto atiende a los maestros, porque los quieren acabar, los quieren masacrar.
Deberían de parar ese clima de linchamiento, porque al pueblo de México no lo van a engañar. Y ojalá estos maestros que vienen aquí a pedir, de verdad se hubieran puesto a trabajar y no tuvieran los 200 mil comisionados que tuvo Elba Esther Gordillo en su sindicato charro.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Roberto López Suárez, después el diputado Ricardo Monreal y luego vamos a continuar con el orden del día, porque éste no es el tema a discusión. Bueno, anoto a los que lo habían pedido.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Es otro tema pero va un poco ligado. Hace un rato el diputado Alejandro Cuevas y un servidor recibimos a un grupo importante de vecinos, y recibimos, entre comillas, y lo digo claramente, porque gracias al cerco que tiene la Cámara de Diputados es inaccesible, que en muchas de las ocasiones diputados o diputadas podamos recibir a gente.
Y en ese sentido quisiera hacer una pregunta, a usted como presidente de la Mesa en turno, y una solicitud. La pregunta sería, ¿cuál es el motivo por el que se tiene el cerco a las afueras de la Cámara de Diputados en estos momentos?
Y la solicitud sería, a nombre de vecinos y vecinas que recibimos hace un momento, le pedimos, y también como diputado, que puedan retirar el cerco que tienen a las afueras de San Lázaro, es algo excesivo, innecesario y que además afecta a los vecinos de la delegación Venustiano Carranza y a todo aquel que transita por Congreso de la Unión. Muchas gracias y espero la respuesta.
El Presidente diputado José González Morfín: Haré llegar su petición al presidente de la Mesa Directiva. Sonido en la curul del diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano presidente. A mí me da mucha tristeza escuchar este tipo de posiciones políticas de linchamiento social. El Congreso, estoy convencido, lejos de estimular la violencia o criminalizar la protesta o incluso, sonreírse frente a la inconformidad social o ignorarla, es equivocado.
No puede el Congreso seguir avivando y seguir generando un clima de crispación y de linchamiento contra los maestros. Creo que el Congreso debería hacer un llamado al diálogo, a que el gobierno los atienda y a que se reconduzca un proceso de conciliación o de reconciliación con los maestros de México.
Hoy mismo, presidente, he presentado un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, porque en Zacatecas, por haber protestado contra la reforma educativa hoy hay cuatro maestros detenidos: Benjamín Villa, Miguel Medina, Diego López, Juan Zapata.
Es decir, detienen a los maestros y los delincuentes andan libres. Detienen a los maestros por hacer manifestaciones sociales, por protestar legítimamente contra esta reforma educativa que les ha afectado y que la repudian. Y por esa razón hago un llamado, presidente, para que el Congreso lejos de estimular mayor rencor, mayor odio, mayor división social haga llamados de conciliación y de que el gobierno atienda esas inconformidades y reclamos sociales. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Hay tres compañeras, compañeros diputados que me han pedido hacer uso de la voz desde su curul, después de ellos vamos a continuar con el orden del día. Son la diputada María Sanjuana Cerda, el diputado Gaudencio Hernández y la diputada María del Rosario Merlin.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para reiterar que estamos advirtiendo a tiempo que no se caiga en una confrontación de padres de familia, maestros, alumnos, aduciendo lo que se tenga que aducir, lo que tenemos que evitar es una confrontación entre ellos. Aquí no se está cuestionando el derecho a la libre manifestación ni se está cuestionando ninguna otra cosa. Advertimos a tiempo que cada quien asuma la responsabilidad.
Y, al mismo tiempo un exhorto respetuoso a algunos compañeros que me antecedieron en la palabra, no es con falta de respeto como nos tenemos que dirigir. Pido respeto para el partido que represento porque nunca he subido a la tribuna ni he tomado la curul para descalificar a ningún partido político, por lo tanto asumo que el respeto es lo que nos debe conducir en esto en este sagrado recinto. La advertencia es a tiempo, solamente lo estamos haciendo así.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Gaudencio Hernández.
El diputado Gaudencio Hernández Burgos: Señor presidente, sólo para manifestar mi reconocimiento a todo el magisterio que seguimos trabajando y laborando desde el aula. Quiero reconocer a los maestros verdaderos que siguen desde el aula demostrando que el Ejecutivo federal nos ha dado hoy el espacio para que verdaderamente se reconozca el profesionalismo del maestro.
Tuvo la coordinadora también el espacio para manifestar sus inquietudes y sus propuestas y nunca lo hizo. Quienes tuvimos la oportunidad de estar trabajando por el bien y por el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación aplaudimos la reforma al 3o. y al 73, la reforma educativa, y que desde aquí va nuestro reconocimiento para todos esos maestros y maestras que desde el aula ponen en alto el nombre de Veracruz, de nuestro estado, y el nombre de México.
Y decirles que en Veracruz hay una mesa abierta al diálogo para que todo aquel maestro que quiera ser escuchado pueda acercarse y serán atendidas legítimamente sus demandas, pero desde aquí el reconocimiento para el magisterio nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada María del Rosario Merlín.
La diputada María del Rosario Merlín García: Gracias, presidente. Y también desde aquí hacer el llamado y el exhorto al presidente de la República y a los compañeros diputados, que somos y seguiremos siendo la voz y el lema muy trillado, que tu voz llegue al Congreso. Es hoy el momento en que cuando las leyes se aprueban a quienes se les van a aplicar mínimamente tenerlos que escuchar, tenerlos que consultar.
Lo que está pasando es consecuencia de la represión legislativa, del tabú que se tiene para ni siquiera permitir consultar a la ciudadanía las leyes que están agraviando. La CNTE es el sector que más ha luchado por los beneficios, por el magisterio democrático y los derechos.
Y por supuesto que estamos por la profesionalización del magisterio. Soy maestra, y de vocación, y estamos asumiendo los estragos que aún aquí en este Congreso nos impiden mayoriteándonos por consigna haber votado unas leyes que agravian al magisterio. Y no hablo de la profesionalización, las leyes también que agravian en lo laboral a todo el magisterio de México.
Decirles y exhortarlos, no nos arrepintamos después cuando este gobierno asuma y se declare un gobierno fallido, cuando con sus leyes que están votando de manera mayoritaria, no son respetadas ni el propio gobierno federal es respetado al ni siquiera consultar a la ciudadanía.
Decirle también a los compañeros y compañeras diputadas, que el hecho de la manifestación es un derecho que tenemos y que como consecuencia de no estar atentos al diálogo permanente, no solo del sector magisterial, sino de todo los sectores del país; lo que está provocando este gobierno y estas votaciones, que se vota por consigna es unir a los mexicanos en contra de estas leyes que atropellan los derechos ciudadanos mexicanos.
Por último decirle, no es posible que nos mantengan cercados, creo que aquí todos los diputados: es agobiante estar dando vueltas y vueltas, estar encarcelados en este recinto que es de la ciudadanía, que nos pagan con los impuestos de los mexicanos, que los vecinos ya están...
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que concluya para poder proseguir con el orden del día, diputada.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): ... también hartos de ello. Y que asuma su responsabilidad igual, como presidente de la Mesa, esto que está aconteciendo en la historia de México. Gracias, presidente, por su tolerancia.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son comentarios relativos al 28 de noviembre, Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayala. Tiene el uso de la voz, para referirse a ello, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente; con el permiso de la asamblea. El 28 de noviembre de 1911, se suscribió el Plan de Ayala, elaborado en Ayoxuxtla, Puebla, como respuesta a una serie de agravios que vulneraban al sector campesino en México.
Hoy, a la distancia que establecen 102 años de dicho suceso, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza representa una responsabilidad histórica conmemorar y reflexionar sobre algunos los elementos de mayor relevancia plasmados en el Plan de Ayala, sobre todo si asumimos que se trató de una expresión que demandó la transformación de las relaciones de producción y distribución de las cuales eran objeto los campesinos mexicanos.
En este marco de conmemoración consideramos que uno de los legados de valor inconmensurable de dicho plan es la capacidad que tiene para demostrar que el Estado mexicano puede transitar de un modelo de tenencia y sobreexplotación de la tierra, hacia uno que democratice la propiedad, que otorgue certidumbre presente y futura a las familias mexicanas; al mismo tiempo que anteponga una visión sustentable de su aprovechamiento, sin vulnerar la accesibilidad de los recursos en el futuro.
Para ello, a poco más de un siglo de estos acontecimientos históricos, las y los mexicanos hemos optado por construir el México de las instituciones y es donde desde este ámbito que podemos generar los cambios que nuestro país requiere.
Es por esta convicción institucional, que quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos ciertos de que el auténtico espíritu de justicia plasmado en el Plan de Ayala se proyectara al presente en la medida en que establezcamos las bases jurídicas de un nuevo modelo para el desarrollo del campo mexicano, garantizando la viabilidad económica y social, tanto de las familias mexicanas, como de quienes participan en la cadena productiva, sean pequeños o grandes productores.
Es evidente que las vicisitudes que en los últimos años ha enfrentado el sector campesino están relacionadas con actitudes de abandono y marginación. De ahí la trascendencia de construir un nuevo paradigma agrícola.
Para lograr este cometido es indispensable que con voluntad política y responsabilidad social, juntos, sociedad y gobierno, contextualicemos nuevamente el papel que desempeña el campo en el desarrollo nacional, así como los sistemas de producción y tecnificación que se han implementado en los últimos años.
Desde esta perspectiva tenemos la obligación de replantear las políticas sociales y orientarlas hacia la formación de capital humano en el campo, a la inversión y al desarrollo, así como para evitar la degradación del suelo, la contaminación de la tierra, el agua y la protección de todas las especies. Es decir, repensar asertivamente el sector agrario de nuestro país.
Debemos dejar atrás la visión paternalista que impera respecto a nuestro campo, postura que se ha traducido en mayores índices de pobreza, además de que ha vulnerado notablemente la sustentabilidad de los recursos naturales disponibles.
Compañeras y compañeros diputados, si es la historia y su peso es la que juzgará nuestro trabajo legislativo, es el momento de asumir con plena responsabilidad y valentía la oportunidad que como representantes se nos presenta de plasmar a través de la ley un nuevo paradigma respecto a la aguda situación que impera en el campo mexicano.
Debemos honrar y valorar con una visión crítica del presente las exigencias que en el pasado dieron luz al Plan de Ayala. El México que todas y todos anhelamos nos exige la construcción de un modelo para el desarrollo sustentable.
Con convicción democrática y participativa respecto al futuro del campo mexicano, hagamos lo posible y caminemos juntos hacia esta nueva ruta. Por su atención y paciencia, muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Univer, campus Colima, que están hoy aquí invitados por el diputado Miguel Ángel Aguayo López. Bienvenidos a la sesión. También para los alumnos y alumnas del Cebetis 181 del municipio de Paracho, Michoacán, que están aquí hoy invitados por el diputado José Luis Esquivel Zalpa. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra también para referirse a este tema de agenda política, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy conmemoramos el 102 aniversario de la expedición del Plan de Ayala, realizado por el general Emiliano Zapata.
Zapata constituye la figura más congruente e incorruptible del movimiento armado iniciado por Madero en noviembre de 1910. Existe la versión que cuando niño vio llorar a su padre frente a la enorme injusticia. Jesús Sotelo Inclán, en su libro Raíz y Razón de Zapata, nos describe el siguiente diálogo:
–Padre, ¿por qué llora? –preguntó.
–Porque nos quitan las tierras.
–¿Quiénes?
–Los amos.
–¿Por qué no pelean contra ellos?
–Porque son poderosos.
–Pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan.
–El destino del pueblo de Anenecuilco ha sido pelear siempre por sus tierras y los hombres que nacen en él, están unidos a ese inflexible destino. Así Emiliano Zapata desde pequeño supo adivinar cuál era el suyo–. Hasta aquí la cita de Sotelo Inclán.
Cuando en octubre de 1910 Madero promulga el Plan de San Luis Potosí, Zapata y el campesinado de Morelos se sienten profundamente atraídos por el contenido del artículo 3o., párrafo tercero de dicho Plan.
En este ordenamiento Madero se comprometía a restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de los que se les despojó de un modo tan arbitrario y se declaraban sujetas a revisión tales disposiciones.
Una vez que la primera etapa de la revolución concluye con los Acuerdos de Ciudad Juárez, en mayo de 1911 y la convocatoria a elecciones en la que Madero obtuvo el triunfo. Al asumir éste la presidencia de la república, no emprendió acciones para la solución de los graves problemas que enfrentaba la clase campesina y obrera.
Ante el incumplimiento por parte de Madero de resolver el problema agrario restituyendo tierras, Emiliano Zapata expide el 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala.
En ese documento Zapata desconoce a Madero como presidente y se compromete a restituir las tierras a quienes hayan sido privados de ellas de manera abusiva.
Éste es el gran mérito del Plan de Ayala, restituir las tierras a los propietarios legítimos que habían sido despojados de ellas.
Compañeras y compañeros diputados, ningún otro contingente armado fue combatido por el Ejército del gobierno como lo hicieron en contra del Ejército Libertador del Sur. En esta represión se hermanaron tanto Huerta como Carranza.
Sólo la traición logró asesinar a Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Lograron asesinar la presencia física de una persona, pero no asesinar el principio de que “la tierra es de quien la trabaja”.
Los diputados del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con la clase campesina del país, para que se dote a los campesinos de mayores apoyos para la producción agropecuaria y garantizar la soberanía alimentaria. Pugnaremos por el contenido del artículo 127 constitucional en su fracción XX que establece el concepto de desarrollo rural integral, para que sea cumplido a cabalidad.
Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos con nuestros hermanos de clase, los campesinos de México, en la defensa de sus legítimos derechos. Por eso hoy, 28 de noviembre del 2013, al cumplirse 102 años de la expedición del Plan de Ayala, a una sola voz decimos: Zapata vive, vive. La lucha sigue, sigue. Viva el General Emiliano Zapata.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Saludamos y les damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de licenciatura del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, invitados por el diputado Juan Isidro del Bosque.
También a los alumnos y maestros de la normal General Juan Crisóstomo Bonilla, del estado de Puebla, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado José Enrique Doger. Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para referirse a este tema el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores: la celebración, la conmemoración del 102 aniversario del Plan de Ayala hoy puede decirse que ha sido traicionada.
El pensamiento de Zapata ha sido ninguneado; los ideales y principios por los que lucharon sus seguidores y los revolucionarios de 1910 hoy han sido traicionados. Incluso la celebración, el recordatorio de este 102 aniversario del Plan de Ayala luce como luce la asamblea: desflemado, sin energía, sin atención de nadie. Vean las cámaras; que el Canal del Congreso haga un paneo y es impresionante el desinterés, la falta de civismo de la mayoría. No hablo de los que están atentos, a los que siempre les he expresado mis respetos, hablo de las butacas, curules vacías en una celebración trascendente que nos invita a reflexionar sobre el tema que nos ocupa.
En efecto, a 102 años de este movimiento que encabeza Zapata y que se plasma en el Plan de Ayala, hoy se enfrenta esta celebración a dos batallas o a dos fuegos: el olvido colectivo, por un lado, y el ninguneo de la clase gobernante por el otro.
Es más, hoy debo de decirles que luce esta asamblea tan desierta y tan de poco interés que estos jóvenes que hoy nos visitan de algunas universidades de provincia mantienen mayor atención, mayor decoro y mayor recordatorio a esta celebración. Cada vez son más los mexicanos que poco o nada saben sobre el significado de esta fecha.
A finales de 1911, un grupo de revolucionarios encabezados por Emiliano Zapata, iniciaron una dura travesía, desde los cálidos valles de Morelos para dirigirse a las frías montañas de Ayoxustla, en el estado de Puebla.
La intención era alejarse del asedio militar al que eran sometidos para después serenamente plasmar en el documento los ideales de la revolución campesina que había iniciado en el pueblo de Anenecuilco, municipio de Villa de Ayala.
La cuestión era de la mayor importancia, porque ante el triunfo del Movimiento Maderista, su demanda sobre la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas debía y podía desvirtuarse.
De esta manera se inició la discusión y redacción del plan libertador de los hijos del estado de Morelos o Plan de Ayala, bajo la dirección del mismo Zapata y del profesor rural Otilio Montaño. El eje de su argumentación era la urgente resolución del problema agrario que había olvidado cumplir Madero, aún cuando estaba contemplado en el Plan de San Luis.
A 102 años de distancia, es pertinente preguntarnos si la fiebre de reformas que el país ha conocido en los últimos meses corresponde al sentido reformador de la Revolución Mexicana o es una experiencia contraria a ésta.
La reforma laboral, que de pe a pa desmantela la cobertura de seguridad social, los derechos laborales y hasta la capacidad de organización sindical de los trabajadores, es la negación y la abrogación práctica de los principales postulados de este movimiento revolucionario.
La reforma educativa en su aspecto formal y aspiracional, educación pública y de calidad para todos, es lo más cercano al programa educativo de la Revolución Mexicana; sin embargo, la modalidad impositiva y antipedagógica de su instrumentación, es lo más parecido al autoritarismo porfirista...
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes poner atención al orador.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente, pero es inútil. El Bronx está en su máximo apogeo, pocos son los que ponen atención, y gracias por la llamada de atención.
Les puedo comentar, ciudadanos diputados, que estas aspiraciones del Movimiento Armado de Zapata han sido traicionados, nada hay que celebrar. Las contrarreformas presentadas y aprobadas por la mayoría de ustedes dan contrasentido a los planteamientos originales de Zapata, vean ahora, en lugar de buscar diálogo, conciliación, reencuentro, lo que esta Cámara busca es endurecer, criminalizar, perseguir a los maestros. Nosotros no estamos de acuerdo.
Nosotros estamos con los maestros porque son fieles herederos de estas aspiraciones de la lucha armada de Zapata. Los campesinos ahora –concluyo, presidente–, los campesinos ahora están abandonados por estos gobiernos neoliberales. Están abandonados a su suerte.
Lamentablemente el campo sufre una agonía, no hay quien lo rescate, hay una enorme corrupción, hay un enorme abandono y ustedes ausentes, ausentes lamentablemente. La historia pronto se los reclamará. Presidente, gracias por su tolerancia.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con la venia de la Presidencia. Hace más de un siglo, en un día como hoy en Puebla, el ejército zapatista firmó el Plan de Ayala redactado en labor conjunta por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. En el Plan de Ayala el Ejército del Sur se desmarcó del movimiento de Francisco I. Madero, exponiendo los ideales agraristas clásicos del primer constitucionalismo social del mundo, la restitución de las tierras usurpadas y el reparto agrario de los grandes latifundios, ideales prometidos por Madero, los cuales no fueron atendidos.
El Plan de Ayala, además de recoger las demandas de los campesinos del país, colocó la problemática agraria en el centro del debate nacional. Las promesas de grandes cambios hechas por Madero fue un poderoso imán que atrajo a los revolucionarios para combatir al gobierno de Porfirio Díaz, sin embargo se presentó un problema; entre los insurgentes el orden de prioridades era distinto según la región, muy distinta era la concepción agraria de los hombres del norte comparada con la de los sur.
Para éstos últimos lo urgente era la recuperación de la tierra y la dotación de tierras comunales, en cambio para los norteños lo mejor era fraccionar los grandes latifundios con la finalidad de crear pequeños ranchos donde pudieran ejercitar funciones de libre propietario.
Hoy, como hace un siglo, seguimos con los mismos problemas; la tierra se repartió concentrándose nuevamente, en la actualidad ya casi no quedan tierras ejidales. El campesino debe emigrar o sembrar o buscar alternativas distintas a la legalidad o al agrarismo.
La agricultura en el sur es de subsistencia. En México la mayor parte de los pequeños agricultores se encuentra en condiciones de pobreza, se requiere de manera urgente que el gobierno relance políticas destinadas a dinamizar el campo no sólo para incrementar la producción de autoconsumo, sino para incursionar en los mercados libres.
Un representante de la FAO en México, Nuria Urquía, señala que los pequeños productores agrícolas en nuestro país son alrededor de 4 millones y generan apenas el 12 por ciento de producto agrícola del país. Afirma que el 70 por ciento de los productores del campo viven en pobreza, obteniendo de ingresos 17 mil pesos anuales.
Según la Sagarpa, el próximo año se destinará un presupuesto de 12 mil millones de pesos para incentivar la agricultura familiar, el problema es que muchos de los recursos producidos por los trabajadores agrícolas son absorbidos por los intermediarios, que son los que obtienen gran parte de las ganancias.
Gracias a la lucha infatigable de los zapatistas, amparados por el Plan de Ayala que lucharon hasta alcanzar su objetivo político, es que convirtieron el campesinado en un interlocutor importante ante el Estado mexicano.
De esta manera los zapatistas y los campesinos se convirtieron en protagonistas de la historia de México, como siempre debió suceder. México tiene el potencial de ser altamente exportador si se mejora la situación de los pequeños y medianos productores, con acceso a créditos, transferencia de tecnología y posicionamiento de los mercados.
Este aniversario debe servir para reconocer la importancia de los campesinos, y sobre todo, de las mujeres de este sector, las cuales son el motor de sus comunidades. Emplean hasta 16 horas al día produciendo, transformando y vendiendo alimentos; caminan varios kilómetros, recogiendo materiales para generar combustible para cocinar sus alimentos y llevando agua de los ríos y pozos a sus casas, y además cuidan a sus hijos y a sus animales, todo esto sin recibir reconocimiento por su valioso servicio.
Desde aquí, a nuestro gobierno y a las instituciones de gobierno, les pido que haya sensibilidad, capacidad y voluntad política para atender eficazmente los reclamos del sector agrícola, que concentra históricamente a los sectores más desfavorecidos del país.
En un día como hoy y la mejor manera de honrar la memoria del general Emiliano Zapata, es poner en marcha políticas públicas encaminadas a hacer más productivo el campo, a hacerlo autosuficiente, a devolverle el vigor necesario para la soberanía alimentaria. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero agradecer y saludar la presencia en esta sesión de la excelentísima embajadora de Malasia en México, la señora Dato’ Jamaiyah Yusof, que hoy nos honra aquí con su presencia, en razón de que estuvo en la instalación del Grupo de Amistad México-Malasia, que preside el diputado Enrique Reina. Bienvenida, señora embajadora, es un gusto tenerla aquí y también es un gusto que podamos tener un grupo de amistad con su país. Felicidades.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero: Con su venia, diputado presidente. Apreciables diputadas y diputados, el 28 de noviembre, en Ayoxustla, Puebla, aquel solitario punto de la sierra se transformó en un animado campamento revolucionario, en el que multitud de hombres, cruzado el pecho por las cananas a medio llenar de cartuchos y en la mano callosa y morena, la carabina aun oliente a pólvora, se apretaban en un abigarrado conjunto, comentando los recientes sucesos e interrogándose sobre el objeto de aquella cita que todos presentían importante.
En el interior de un jacal que les había servido de albergue, el general Emiliano Zapata Salazar y el profesor Otilio Montaño Sánchez discutían sobre cosas que los de afuera no podían oír, a pesar de sus deseos y curiosidad.
Al fin, el primero, en medio de su amabilidad, de pie en sardo de la puerta del jacal indicó: “esos que no tengan miedo que pasen a firmar”. Y acto continúo, el profesor Montaño, de pie, junto a una mesa de madera pequeña y de rústica manufactura, que como histórica reliquia conservan los vecinos de Ayoxuxtla, con su voz áspera y gruesa, y su acento de educador pueblerino dio lectura al Plan de Ayala.
Una música compuesta por líricos de Miquetzingo, llevada ex profeso, lanzó al aire las notas del Himno Nacional y después de oírlas religiosamente y de que hubieron hablado J. Trinidad Ruiz y otra vez el profesor Montaño, se procedió a la jura de la bandera. El acto fue imponente y conmovió a aquellos rudos y aguerridos luchadores. Así se firmó el Plan de Ayala, aquel 28 de noviembre de 1911, según lo relata el general Gildardo Magaña, en su obra Emiliano Zapata y el Agrarismo en México.
Hace 102 años que hoy justamente se cumplen y que nosotros como buenos mexicanos estamos obligados a rememorar y a tener muy presente esa lucha revolucionaria que dio origen al importante dispositivo constitucional contenido en el artículo 27.
Y es que Zapata y sus hombres, como ahora nosotros, pensamos que la Revolución se hizo para derramarse en realidades sobre el pueblo y no quedarse en un mero objetivo partidista, o como se entendía en aquella época, un mero objetivo político. Ayer como ahora el país no deseaba cambios solamente políticos sino una transformación económica y social.
El Plan de Ayala recibe su nombre en razón de que la lucha agrarista de Emiliano Zapata nace en el pueblo llamado en esa época Villa de Ayala, hoy Ciudad de Ayala, en el estado de Morelos, y por necesidades de carácter militar y estratégico, los zapatistas se habían refugiado en las serranías del estado de Puebla, lugar en donde se encuentra Ayoxuxtla, hoy municipio de Huehuetlán el Chico, en ese lugar, como ya es historia, se firma ese valioso documento, documento que además puede considerarse como uno de los primeros testimonios por escrito que existen en el mundo demandando justicia social, concepto que hasta entonces les parecía ridículo a las clases dominantes.
El Plan de Ayala plantea, a diferencia del Plan de San Luis de don Francisco I. Madero, una verdadera revolución, toda vez que contiene disposiciones que tienden a trastocar el régimen jurídico, económico y social imperante en el México de 1911.
Hoy se cumplen 102 años de la firma de aquel histórico y valioso Plan de Ayala. Lo recordamos y ciertamente invitamos a que el Plan de Ayala nos sirva como punto de partida para reflexionar sobre las realidades del México de hoy, sobre las difíciles condiciones de vida de los campesinos mexicanos, que en multitud emigran buscando justificadamente un horizonte de vida digno para sus familias.
Por hoy, viva el recuerdo de Emiliano Zapata, del Plan de Ayala y de todos quienes con su vida lo sostuvieron y lograron una mejoría cierta pero insuficiente para la clase campesina mexicana.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, desde esta máxima tribuna de la nación hago un respetuoso exhorto, legislemos con congruencia a nuestra historia, debemos respetar las luchas revolucionarias y los logros alcanzados con tanta sangre derramada, no olvidar los principios y lema de este Plan, que hoy a más de 100 años recordamos y que continúan más vigentes que nunca, reforma, libertad, justicia, ley; repito, reforma, libertad, justicia y ley.
En estos días y a poco tiempo de la necesaria discusión energética a la que deberemos entrar es necesario citar y reflexionar sobre parte de lo que estaba afirmando aquel miércoles 28 de noviembre de 1911 por la Junta Revolucionaria de Morelos en el numeral sexto, que a la letra dice:
Hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sobra de la tiranía y de la justicia venal entran en posesión de estos bienes desde luego los pueblos y ciudadanos que tengan los títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores.
Lo digo claro, las reforman han sido y serán la vías para el desarrollo de nuestro país, pero éstas deberán conservar el espíritu de quienes a través de los años han luchado, y es así que debemos modernizar sin privatizar. Es nuestra oportunidad, como legisladores, de honrar a nuestros antepasados, con una revolución de ideas reformistas sin trastocar los ideales alcanzados que tanto han costado a este país.
Lo que es de los mexicanos para los ciudadanos a quienes les debemos el hecho de estar aquí y a quienes debemos seguir manteniendo en la conducción central y la dirección estratégica d la industria energética, que también es tierra. Que viva México y que viva Zapata. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Libertad, justicia y ley. Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala en noviembre de 1911, firmado por él y por Otilio Montaño. En los artículos 6o. al 9o. establecía la restitución, dotación y nacionalización de las tierras, montes y aguas.
La restitución se haría a los pueblos y ciudadanos que tuvieran títulos de propiedad. Para la dotación se les expropiaría a los monopolizadores la tercera parte de sus propiedades, preveía indemnización. Se nacionalizarían las propiedades del enemigo destinando dos terceras partes a las indemnizaciones de la guerra, así como a las pensiones de las viudas y los huérfanos de la revolución.
El Plan de Ayala recogió proclamas del Plan de San Luis Potosí y también del Partido Liberal Mexicano, puesto que se consignaba la exigencia del cumplimiento del primero, así como las expropiaciones que demandaba el segundo.
El Plan de Ayala exigía al presidente Madero el cumplimiento cabal de las reivindicaciones de los campesinos con respecto a sus tierras. En el Plan de Ayala se reconoce la propiedad privada, la presencia de Dios y se ignora la lucha de clases. Su mayor importancia radica en que canalizó con sencillez las inquietudes campesinas y en la tenacidad con que Zapata lo defendió.
Señoras diputadas y señores diputados, en Acción Nacional creemos firmemente que las comunidades del campo, y en especial las que se encuentran en extrema pobreza, deben ser el centro de una política integral capaz de generar una nueva sociedad rural fundada en la solidaridad de sus miembros y en la promoción de la dignidad de las personas humanas, es decir, en la humanización del campo y todo lo que esto requiere.
Es preciso que el gobierno y la iniciativa de los particulares promuevan una organización competitiva de la producción agroalimentaria, agropecuaria y forestal para enfrentar con éxito la creciente integración económica de las naciones. Esta política integral debe incluir un sistema de financiamiento social acorde con las necesidades y circunstancias del campo, la creación de infraestructura, la gestión de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la cadena productiva, la comercialización, el aprovechamiento de los productos y ventajas comparativas de cada región y la plena seguridad jurídica de la propiedad de la tierra.
El Plan de Ayala que hoy remembramos y conmemoramos en días recientes, reclamaba el derecho que asistía a los campesinos sobre su tierra. La tierra es de quien la trabaja, habría dicho Zapata; en aquel México latifundista las proclamas de Zapata fueron una de las cimientes más poderosas, más pródigas y más generosas que convirtieron a la Revolución Mexicana y a la Constitución de 1917, en la primera revolución y en la primera Constitución social del siglo XX.
Para la firma de este plan, Zapata les dijo a todos los ahí presentes, señores, quien no tenga miedo que pase a firmar. Los presentes en ese acto recibieron el documento con entusiasmo, pues daba un cuerpo a los anhelos agraristas de los zapatistas. En la ceremonia de la firma del Plan de Ayala se hizo el juramento a la bandera nacional y una banda entonó nuestro Himno Nacional.
Ante la falta de tribunales y autoridades imparciales que hicieran justicia al campesino, entonces Zapata se alzó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz y los suyos lucharon con denuedo, se expandieron por todo el estado, tomaron la ciudad de Cuautla, Morelos, esto fortaleció la toma de Ciudad Juárez a manos de Francisco I. Madero y con la toma de Juárez terminó por capitular finalmente el dictador Porfirio Díaz, esto en mayo de 1911 y lo estableció por escrito en el Plan de Ayala en el sexto punto y con esto quisiera terminar.
Como parte adicional al plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, los montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes, inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante tribunales especiales que se establezca en el triunfo de la revolución.
Compañeros, diputados y diputadas, hoy vale la pena recordar este lema: Libertad, justicia y ley, a los diputados y a las diputadas que no tengan miedo, que pasen a firmar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Juan Pablo Adame Alemán. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos de la escuela primaria Liceo de México, municipio de Iztapalapa, estado de México, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, saludamos y damos la bienvenida a alumnos de la Universidad Anáhuac de Sahuayo, Michoacán, invitados por el diputado Silvano Aureoles Conejo. Sean también todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Velázquez Sánchez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Maricela Velázquez Sánchez: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, “La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir”, escribió con acierto Milán Kundera.
De ahí que hoy en esta sesión y desde esta tribuna recordemos el 28 de noviembre de 1911 como un parteaguas de la vida del México revolucionario. Conmemorar el 102 aniversario de la firma del Plan de Ayala, aquí, en el Palacio Legislativo, que es la casa del pueblo, como morelense me llena de orgullo. Morelos es tierra de caudillos; tierra de ideales; de luchas; de conquistas. Es tierra de hombres y mujeres que nunca aprendemos a rendirnos.
Emiliano Zapata, general de hombres libres, sigue vigente por su tesón, limpieza de ideales y estatura moral. “El que quiera ser águila que vuele; el que quiera ser gusano que se arrastre. Pero que no grite cuando lo pisen”, advirtió el caudillo.
Al conmemorar este día no sólo reconocemos un importante episodio de la historia nacional y una de nuestras mayores gestas revolucionarias, sino que también rendimos tributo a quienes dieron vida a tan importante documento para la edificación del México contemporáneo.
Mentes luminosas y, plumas sensibles, que supieron recoger y plasmar los anhelos de las y los mexicanos y ofrecer a las generaciones que les sucedimos importantes instrumentos jurídicos y políticos como la Reforma Agraria.
El Pan de Ayala, firmado por el Caudillo del Sur, fue una importantísima proclamación política cuyo valor de origen consistió en lograr una justa distribución de la tierra. Sin duda un documento concebido en el marco de la Revolución Mexicana para alcanzar una verdadera justicia social.
Teniendo como antecedente el Plan de Sal Luis y el tema reforma, libertad, justicia y ley, el Plan de Ayala proclamó la devolución de tierras y bienes a los municipios y a los ciudadanos en lugar de ser propiedad de grandes hacendados y confirmó la naturaleza agraria de la Revolución Mexicana.
Para el Grupo Parlamentario del PRI y para las y los diputados cenecistas, el 28 de noviembre cobra un profundo significado, toda vez que da cuenta de un movimiento cuyos principios y vida de sus caudillos fueron el eje rector de la vida nacional.
El ideal revolucionario está más vigente que nunca. La justicia, la distribución de la riqueza, la lucha contra el hambre y la pobreza, nos obligan a retomar los valores fundamentales que han sido unificadores.
Un México desarrollado, progresista y de oportunidades para las y los mexicanos sólo puede partir de la base de la sociedad, porque gobernar sin la sociedad no es gobernar.
Por ello estoy cierta de que en nuestros tiempos guardar lealtad a la ideología revolucionaria, significa revigorizar el espíritu del Plan de Ayala, lo cual necesariamente implica propiciar una mayor participación social en la toma de decisiones, significa comprometernos con una adecuada rendición de cuentas y significa también impulsar el honesto y transparente ejercicio de las acciones públicas.
Desde esta Cámara estamos en la obligación de luchar con el mismo vigor contra los que impiden nuestro crecimiento como nación. Si en verdad queremos corresponder con lealtad al Plan de Ayala, debemos, en sustitución de las armas, usar la fuerza de nuestras ideas para trazar un rumbo más cierto y justo para las familias campesinas, porque para nadie es desconocido que es en el campo mexicano donde existe mayor pobreza, mayor rezago y menores oportunidades.
Hoy estamos llamados a reactivar al campo mexicano y a fortalecerlo; debemos luchar por alcanzar la soberanía alimentaria. Para superar el rezago se requiere voluntad de largo aliento, pero también de políticas públicas verdaderamente eficiente que conviertan la actividad agropecuaria en motor del desarrollo y una garantía para la mejora de los ingresos y la calidad de vida de las familias campesinas.
La renovación de la reforma agraria en nuestros días, requiere de un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas, que tengan como propósito reestructurar la tierra y la actividad agrícola para aumentar su productividad y alcanzar mejores niveles de competitividad.
El nuevo espíritu reformista en materia agraria, nos urge a invertir en nuevas tecnologías, a eficientar los esquemas de comercialización, a fortalecer un esquema de garantías para la producción, y sobre todo a tener lealtad con los productores mexicanos y los productos nacionales.
En suma requerimos adecuar los postulados del Plan de Ayala para responde a las nuevas circunstancias del mundo globalizado en donde por encima de cualquier interés tenemos que privilegiar a las y a los mexicanos que viven en el campo.
En la CNC y en el grupo parlamentario del PRI, estamos empeñados en superar los retos y el rezago que aún existen, hasta convertir al campo en una actividad productiva rentable y generadora de ingresos para las familias, que sean palanca de desarrollo nacional.
Reforma, libertad, justicia y ley, justicia social, tierra y libertad, soberanía alimentaria y desarrollo, son los postulados en cuyo espíritu se sintetizan los anhelos de millones de mexicanos; abrazarlos y hacerlos nuestros, debe ser un compromiso irrenunciable, un deber asumido como representantes populares, y una obligación ética con el pueblo mexicano. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Maricela Velázquez Sánchez.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 70...
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Orihuela. Dígame, diputado ¿con qué objeto?
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Con el objeto de que hoy 28 de noviembre, conmemorando este 102 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, no solamente sea una conmemoración, compañeros diputados y diputadas. Quiero llamar la atención de este Poder Legislativo para que no nos conformemos solamente con conmemorar.
Sentimos, percibimos que en nuestro país el sector agropecuario es uno de los sectores donde se está generando una gran inconformidad por las políticas aplicadas. Este Poder Legislativo tiene la obligación de atender todos los reclamos que están surgiendo en todos los rincones del país: la gran inconformidad por el desabasto alimentario, la gran inconformidad por la baja en los precios de los granos, como el caso del maíz, el sorgo, el problema de los productores de caña de azúcar.
Hay un gran problema en nuestro país en el sector agropecuario que no podemos soslayar porque aparentemente aquí estamos legislando para resolver los problemas, pero no los estamos resolviendo en las regiones.
Por eso, Presidente, solicito que este Poder Legislativo establezca una mesa de análisis sobre la situación del campo para que, como Poder Legislativo, a tiempo podamos prevenir los conflictos sociales que se están gestando en nuestro México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. Tiene el uso de la palabra el diputado Blas Ramón Rubio Lara para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Blas Ramón Rubio Lara: Con su permiso, señor Presidente. Con permiso, compañeras diputadas y diputados. Vengo ante esta máxima tribuna a fundamentar como ponente el dictamen de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria para regular la administración de las parcelas escolares.
La parcela escolar, como lo señalé anteriormente, viene siendo una institución histórica del derecho agrario que ha sido regulada por diversos ordenamientos jurídicos, desde el Código Agrario de 1940 y que actualmente la encontramos regida por el artículo 70 de la Ley Agracia del año de 1992.
Al igual que los dos citados códigos agrarios, la vigente Ley Agraria de 1992 es omisa en cuanto a la aplicación de los productos generados por la parcela escolar, pues el artículo 70 remite al reglamento interno del ejido sobre el uso de la misma.
En esta reforma al artículo 70 de la Ley Agraria, en cuanto al uso y destino del usufructo de la parcela escolar, el principal objetivo es que se aproveche con más eficiencia y más transparencia la aplicación de dichos recursos económicos y que se destinen éstos a mejorar las instalaciones, conservación y mantenimiento de los edificios escolares.
En esta tribuna hemos escuchado intervenciones no sólo una vez, sino en varias ocasiones sobre el mal estado en que se encuentran las escuelas rurales del país y que requieren de manera urgente rehabilitar su infraestructura en general, pero hay que reconocer que contamos también con instituciones en buen estado y de buena calidad.
Por eso nace esta iniciativa, ya que en la actualidad cuenta la gran mayoría de las escuelas rurales del país con un gran patrimonio como lo es la parcela escolar. No es posible que a través de tantos años no se hayan destinado más recursos a la infraestructura escolar como lo contempla la ley, además que no se siga aprovechando a los alumnos en las prácticas agrícolas como lo establece la misma.
También precisa esta reforma, que sean los órganos de representación ejidal a través del presidente, el secretario, el tesorero y el consejo de vigilancia respectivamente, quienes administren dichos recursos económicos obtenidos de dicha parcela.
En este sentido hacemos vigente las disposiciones jurídicas de la Ley Agraria, que en sus artículos 32 y 33 dice: son facultades del comisariado ejidal representar, administrar, todos los bienes del ejido, enfrentar pleitos y cobranzas, y de cuidar los intereses de todos los ejidatarios, entre otras.
Quiero agradecer de manera muy especial a mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, y de manera anticipada agradecer a todos ustedes, diputadas y diputados, su respaldo y apoyo a favor de esta reforma que dice: decreto por el que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.
Artículo Único. Se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria para quedar como sigue:
Artículo 70. En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de las prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido.
La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar corresponde al ejido y será administrada por los integrantes del comisariado ejidal y comunal, y por el consejo de vigilancia, actuando conjuntamente quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente.
El 100 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que generen la parcela se destinarán a través del comisariado ejidal a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de la que se trate, así como la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos.
En caso de agotarse el dominio pleno sobre la parcela escolar, tendrá preferencia en el derecho del tanto la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, por regla general tampoco podrá enajenarse de los derechos parcelarios de la misma; sin embargo, por cambio de destino podrá permutarse por acuerdo de asamblea.
El contrato de permuta se celebrará con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea; se otorgará por escrito sin intervención de testigos ni notificar ni renunciar al derecho del tanto que señala el artículo 80 de esta ley y será ratificado ante notario.
El Registro Agrario Nacional cancelará los certificados parcelarios de los permutantes y les expedirá los nuevos certificados parcelarios. El certificado que se expedirá a favor del ejido deberá especificar que la tierra estará destinada a la parcela escolar.
Preferentemente, la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello, por acuerdo de la asamblea podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso.
En todos los contratos, actos y trámites previstos por esta u otras leyes en las que sea parte el ejido, incluyendo los señalados en este artículo, se tendrá por acreditada la existencia y personalidad del núcleo de población mediante la documentación agraria del ejido y la representación del comisariado con el acta de asamblea en la que fue electo, inscrita en el Registro Agrario Nacional. Cuando se requiera facultad especial de la asamblea, deberá exhibirse el acta respectiva.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Blas Ramón Rubio Lara.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general y en lo particular, y para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos del Instituto Villa de Cortés, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, a alumnos de la Universidad Autónoma del estado de México, municipio de Chimalhacán, licenciatura de derecho, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean todas y todos bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Gracias. Con su venia, presidente. Honorable asamblea, el dictamen que presenta la Comisión de Reforma Agraria aborda un asunto que por su herencia histórica resulta fundamental para el fortalecimiento de dos conquistas alcanzadas por el proceso revolucionario; la movilidad social que significó la educación y los beneficios que debiera generar la explotación racional de la tierra.
Ambos aspectos se pretendieron materializar a través del establecimiento de la parcela escolar como un sustento a la educación rural, a fin de abatir el analfabetismo e integrar a las comunidades rurales en un proyecto de nación, mediante la adquisición de conocimientos y competencias necesarias para su participación plena en la sociedad que se estaba forjando.
En 1940 se instituye la parcela escolar con el propósito de que las escuelas rurales contaran con un terreno destinado a satisfacer sus necesidades e impulsar la investigación, la enseñanza y las prácticas agrícolas, así como la agricultura del propio ejido.
De esta manera se establecieron las condiciones para que los alumnos de las escuelas rurales recibieran una educación agrícola que los capacitase para desarrollar todas las labores de la producción agrícola, y que con ello cooperaran con las comunidades y núcleos ejidales en la práctica de métodos de cultivo y organización de pequeñas industrias agropecuarias.
Hoy la realidad es otra y el campo mexicano no se encuentra ajeno a ello. Con la actual Ley Agraria de 1992, el reparto agrario culmina y da paso a un proceso de privatización e individualización de la propiedad y en ese proceso la parcela escolar quedó regulada en sus propósitos originales. Sin embargo, no contempló la regularización de su administración, lo que generó desavenencias en las comunidades ejidales.
Consideramos que este vacío legal es atendido con la reforma aquí propuesta al artículo 70 de la Ley Agraria. Asimismo, valoramos positivamente que el 100 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela escolar, se destinarán a través del comisariado a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos, que mucha falta hace.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, con el propósito de fortalecer los nexos de cooperación entre la educación y el campo, entre la escuela y la comunidad a la que pertenece.
No debemos soslayar que actualmente existen 130 mil 175 escuelas rurales de educación básica y media superior en el país, en las que estudian más de 6 millones de estudiantes. De acuerdo con el IX Censo Ejidal del año 2007, se registraron 31 mil 514 ejidos, de los cuales 24 mil 649 registraban parcela escolar.
Datos del censo ejidal del año 2001 permiten observar que en México existían 30 mil 305 propiedades sociales, de las cuales apenas un poco más de 25 mil contaban con parcela escolar.
En función del ritmo de decrecimiento de las parcelas escolares se estima que en el presente año sólo el 18.5 por ciento de estas escuelas tiene un espacio para fomentar la enseñanza, la investigación y la difusión de las prácticas agrícolas. Estas cifras nos muestran que existe una creciente demanda social por atender las necesidades de las escuelas rurales, lo cual nos obliga y compromete a no invisibilizar la realidad de este sector educativo.
Compañeras y compañeros diputados, con el voto a favor del presente dictamen daremos un paso en la dirección correcta, a fin de lograr una educación con equidad, pero debemos redoblar los esfuerzos para fortalecer la educación rural.
Nuestro compromiso también es con las niñas y niños y jóvenes que viven y estudian en el medio rural, para que aprendan nuevas y mejores técnicas de producción, que les permitan encontrar opciones en el campo y contribuyan con el desarrollo de sus comunidades.
Recuperemos los propósitos originales de la parcela escolar, para que la escuela rural asuma su función social de contribuir en la solución de los problemas que más apremian a su población, como la pobreza, migración y exclusión social, no resueltos aún y que lamentablemente crecen día con día.
México enfrenta grandes desafíos en cuanto a su soberanía alimentaria. Impulsar la investigación, la enseñanza y el desarrollo de mejores prácticas agrícolas, desde la parcela escolar de las escuelas rurales, puede fortalecer nuestra capacidad de producir los alimentos en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Lucila Garfias Gutiérrez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el pleno de esta soberanía recibió de la Comisión de Reforma Agraria un dictamen respecto de una iniciativa presentada por el compañero legislador Blas Ramón Rubio Lara, sobre un proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan cuatro párrafos al artículo 70 de la Ley Agraria en materia de parcelas escolares.
Sobre el contenido de la iniciativa, y del dictamen, aludidos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su inconformidad, rechazo y consecuentemente, su voto en contra por los motivos que a continuación se expresan.
Hagamos un ejercicio de memoria, compañeros y compañeras legisladoras. La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló en una guerra civil.
El Plan de Ayala, que por cierto hoy estamos conmemorando el 102 aniversario de su promulgación, propuesto por Zapata, adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían dado pie al latifundio.
El proceso de la reforma se inició con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, emitida por Venustiano Carranza en Veracruz.
Es así cuando el 6 de enero de 1992, 77 años después, perversamente el presidente Salinas de Gortari impulsó una reforma al artículo 27 constitucional, porque en los hechos se permitió la privatización del ejido, piedra angular de los movimientos libertarios en nuestro país.
Ese golpe artero de salinas a la reforma agraria de 1915, no sobra decirlo, se inscribe dentro de las normas del neoliberalismo que tanto año ha hecho a nuestro país.
Posteriormente, en noviembre del 2012, otro presidente, Felipe Calderón, trató de que la privatización del ejido fuera consumada en su totalidad, enviando al Senado una propuesta para adoptar colectivamente el régimen de propiedad privada que se encuentra pendiente de dictaminar en comisiones del Senado, seguramente esperando un momento oportuno para pasarla sin mayores sobresaltos.
En tiempos del presidente Cárdenas, la parcela escolar, que es una institución histórica del derecho agrario, como lo cita el iniciante, fue regulada por diversos ordenamientos jurídicos, desde el Código Agrario de 1940, que en nuestros tiempos aparece en el artículo 70 de la Ley Agraria de 1992.
Sobre el tema de las parcelas escolares del ejido, sobre el que diserta el promovente, opinamos que cumple funciones básicas y primordiales en el mantenimiento y sobrevivencia de lo que queda de esa institución agraria. Educa a los niños y jóvenes en las prácticas agrícolas y ganaderas que le dan identidad y desarrollo económico al ejido y fomenta la cohesión social de los miembros de él, desde temprana edad, formando en ellos los valores de solidaridad y cooperación.
Basados en los elementos anteriores vemos en el proyecto presentado elementos que en vez de fortalecer van en contra de estas funciones. Una de las principales tesis de la iniciativa de dictamen consiste en la manera en que se pretende legislar para administrarlas.
Actualmente el Reglamento Interno del Ejido norma el uso de la parcela escolar y el dictamen va en el sentido de que la propiedad, posesión y explotación de la parcela sea administrada por el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, quienes podrán contratar créditos y otorgar en garantía el usufructo parcelario sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la que se le informará anualmente. En otras palabras, se deja al arbitrio de dos instancias de dudoso carácter plural y representación el destino de la parcela escolar.
La iniciativa marcaba que los productos, utilidades e ingresos que genere la parcela debieran destinarse en un 80 por ciento a través del comisariado a rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como adquisición de mobiliario y equipo escolar, y el 20 por ciento restante a los maestros. Esto es ilógico, porque entonces la SEP cómo participa en estos asuntos de inversión.
El dictamen corrige y amplía 100 por ciento los recursos destinados a los fines señalados y además es unilateral la aplicación de los fondos. En nuestra opinión en todo caso la inversión debería emplearse a equipo agrícola y a aperos de labranza. Adicionalmente en el dictamen se prevé que el producto de la explotación se pueda aportar a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, asociación en participación y otras figuras jurídicas que conllevan el flujo de la privatización.
Otro punto en el que estamos en desacuerdo es el referente al inicio del párrafo cuarto del dictamen comentado, donde se anota que en caso de adoptarse el dominio pleno sobre la parcela escolar tendrá preferencia, es decir, derecho al tanto la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Esta disposición no cuenta con el beneplácito del Partido del Trabajo, porque en todo caso la parcela escolar debería quedar a favor dl Estado mexicano.
En mérito de lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra de la propuesta presentada ante esta soberanía, y conmina a los compañeros legisladores a hacerlo en el mismo sentido. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Tiene ahora el uso de la palara el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, la tenencia de la tierra en México ha sido resultado de un conjunto de reivindicaciones políticas, económicas y sociales. Sin embargo, el ordenamiento de la propiedad rural, la atención a los conflictos y el desarrollo agrario aún en días asignan importantes retos para el Estado mexicano.
Han sido muchos los cambios que ha sufrido la propiedad en nuestro país, y por ende los derechos sobre la misma. Pero ninguno tan fuerte como para frenar la pobreza, la migración del campo a las ciudades y con ello el bajo rendimiento productivo en este importante sector.
Ello explica el insipiente avance para alentar la calidad de vida de las personas que trabajan en el campo, donde los conflictos agrarios, la falta de mercado, la mala y mínima implementación de programas gubernamentales, la burocratización de los procedimientos para la solución de los conflictos agrarios, la deficiente delimitación de las propiedades, así como un mal manejo y seguimiento casi nulo de políticas implementadas por el gobierno, han tenido como resultado que actualmente estemos padeciendo una de las peores crisis en el campo mexicano.
Un claro ejemplo de lo anterior, es lo relativo a la parcela escolar, en la que podemos señalar en términos generales, y dada su naturaleza, debiera ser entendida como aquella extensión de tierra a disposición de los alumnos y maestros de las escuelas rurales con fines educativos esencialmente.
La legislación agraria vigente de febrero de 92, establece que en cada ejido la asamblea resolverá sobre el deslinde de la superficie que se estime necesaria para el establecimiento de la parcela escolar. No obstante que las escuelas son titulares de los derechos ejidales que ampara la parcela escolar, en la mayoría de los casos prevalecen los intereses particulares de las autoridades de este núcleo social que la otorgan en arrendamiento o la fraccionan o la trabajan para así ir fomentando la desaparición de dichos programas educativos.
Estas acciones son emprendidas en contravención a lo señalado por la ley, pues en ellas se establece que la parcela escolar, solo debe destinarse a los fines antes señalados, por ende, no se puede rentar, prestar, trabajar para sí y mucho menos se debe fraccionar o vender por ser inalienable, imprescriptible e inembargable.
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconocemos la trascendencia de la educación rural, pues consideramos que por medio de acciones como éstas se permitirá la reivindicación de las parcelas escolares en el proceso educativo, sin dejar de mencionar que la efectividad de toda medida implementada, necesariamente supone la conjunción de diversos factores que permitan la reproducción del escenario esperado.
Es por lo que consideramos que éste es el momento en que debemos imprimir un mayor sentido social y reactivar estos espacios de capacitación agrícola, a fin de elevar el nivel de calidad y productividad en el campo.
Compañeras y compañeros, a propósito del 102 Aniversario del prócer Emiliano Zapata, el campo mexicano sigue en el total abandono, en el olvido y la total marginación. Nuestros campesinos están de rodillas y este Congreso legislativo no hace absolutamente nada.
Por eso, compañeras y compañeros también, quiero aprovechar esta máxima tribuna del país, para denunciar la alta burocracia. En el año 2010 las comunidades de San Lorenzo y Peña Blanca, Pápalo, pertenecientes al municipio de Concepción Pápalo del estado de Oaxaca, sufrieron severos daños y muy a pesar de que existe un decreto presidencial para que estas comunidades sean reubicadas, la alta burocracia de los personajes que dirigen la Semarnat y la Sedatu han actuado con total miopía y un desinterés total.
Por eso lo hago público, porque es un caso similar que puede darse, como lo tan lamentable y lo que pasó en La Pintada, Guerrero, que luego fue noticia nacional y no sé qué está esperando la Semarnat y la Sedatu, si solamente hasta que haya muertos para que actúen.
Por eso hago un llamado urgente a los titulares de estas dependencias, que se atienda con prontitud y deje en la burocracia y deje en la holgazanería, que por eso les pagamos con los recursos del pueblo de México para que hagan su trabajo. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Juan Luis Martínez Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a ciudadanas y ciudadanos que nos visitan del municipio de Huimilpan, estado de Querétaro. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los estudiantes que nos visitan de la Universidad Vasco de Quiroga del Estado de Michoacán, invitados por el diputado Salvador Ortiz García. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. La Constitución Mexicana de 1917 fue la primera Constitución de tipo social en el mundo, pues recogió los derechos fundamentales provenientes de la Carta Magna expedida en 1857, inspirada en los grandes movimientos políticos del siglo XVIII.
Al mismo tiempo que se consagraron las principales prerrogativas sociales emanadas de la Revolución Mexicana, el dictamen en tratamiento conjuga precisamente derechos humanos como el derecho de toda persona a recibir educación con aquellos derivados del tipo de propiedad colectiva establecidos por nuestra Ley Fundamental, pues éste pone a discusión el tema de la parcela escolar, la cual administra la asamblea del ejido y los propios ejidatarios son quienes disponen de ella y la cual pretendió ser un sitio de práctica para la enseñanza de los alumnos adscritos a las escuelas públicas de las comunidades rurales del país.
Esto se entiende muy bien dentro del contexto nacional de principios del siglo anterior donde la economía del país era eminentemente agrícola y, por ende, las nuevas generaciones debían adiestrarse en la labor económica preponderante en la actualidad.
Si bien los tiempos son diferentes, también es cierto que es necesario continuar con la técnica de la agricultura, tan necesaria para contribuir de esta manera a la soberanía alimentaria del país y la enseñanza de los oficios.
Por lo cual en ánimo de aprovechamiento, la bancada del Partido Verde en esta Cámara de Diputados considera positivo el texto del dictamen puesto a discusión, ya que incorpora novedades para la administración y beneficio del ejido, además de continuar contribuyendo al desarrollo de la educación.
En este sentido se destacan consideraciones como seguir manteniendo a favor del ejido la propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar, misma que ahora es administrada por los integrantes del comisariado ejidal y comunal y por el consejo de vigilancia.
Se establece como nuevo texto que el 100 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos generados por la parcela, se destinen a través del comisariado a la rehabilitación y ampliación de conservación de la escuela rural, así como la adquisición de mobiliario, equipo escolar para los alumnos. Con ello se contribuye al mejor desarrollo de los educandos, quienes primordialmente son niños y jóvenes y por ende se le debe de proveer de mayores oportunidades de desarrollo.
Sobre la parcela escolar puede optarse por un dominio parcial o pleno, siendo que en caso de adoptarse el dominio pleno sobre ella, tendrá preferencia en el derecho del tanto, la Secretaría de Educación Pública Federal, lo cual está acorde con el objetivo de enseñanza del inmueble. Se establece asimismo la prohibición de no poder enajenarse los derechos de la parcela escolar, no obstante ahora sí podrá permutarse por acuerdo de la asamblea.
El acto jurídico de la permuta se llevará a cabo con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea otorgándole por escrito pero sin intervención de testigos y sin notificar ni renunciar al derecho del tanto y será ratificado ante un notario.
Creemos que ese dictamen cuenta con otra virtud consistente en otorgarle al ejido un derecho de preferencia para explotar la parcela escolar, ya que la asamblea podrá acordar que la misma sea objeto de arrendamiento, usufructuo oneroso, aparcería, a asociación en participación o cualquier otro contrato traslativo de uso, con lo cual la asociación agraria adquiere un nuevo medio para hacerse de recursos y en su caso no mantener sus propiedades sumidas en el ocio colocando en el texto legal, además, que en el tiempo máximo de los respectivos contratos no podrá ser mayor de tres años, con lo cual se asegura que su validez y subsistencia dependerá de permitirse a los alumnos respectivos a realizar sus prácticas agrícolas como ya lo apreciamos.
Son muchos los beneficios que se desprenden del presente dictamen para el régimen agrario, histórico, en México. Por lo cual la bancada del Partido Verde emitirá su voto a favor del mismo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Héctor Narcia Álvarez. Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Oliver Darien del Cid, embajador de Belice en México, quien ha asistido al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Belice, que preside la diputada Gabriela Medrano Galindo. Sea usted, señor embajador bienvenido a esta Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, además de lo que se ha dicho aquí por quienes me han antecedido en el uso de la voz, quiero compartir con ustedes lo siguiente:
Del análisis histórico de la legislación agraria, la parcela escolar es una institución jurídica que nace con el derecho agrario y que ha sido regulada por el legislador ordinario desde el Código Agrario de 1940.
Este proyecto de reforma del artículo 70 y que adiciona cuatro párrafos a la Ley Agraria se discutió ampliamente en la Comisión de la Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados en virtud de que los núcleos de población ejidal no han sido beneficiados por la explotación y el usufructo de la parcela escolar.
Es preciso señalar que la reforma del artículo 70 de la Ley Agraria se debe aprobar por esta soberanía, toda vez que desde la reforma constitucional de 1992 que llevó a la expedición de la actual legislación agraria, no se ha podido limitar la enajenación y el aniquilamiento de la propiedad ejidal.
La introducción de la figura jurídica del dominio pleno fue la parte central de la reforma constitucional al 27 en 1992. El objetivo era la privatización de los núcleos de población ejidal. Sin duda alguna cobra vida lo dicho por los académicos y luchadores en la defensa de la propiedad ejidal que advirtieron que los ejidatarios con estas reformas perderían sus tierras, no saldrían de la pobreza y el campo mexicano no superaría, en el futuro inmediato, la crisis estructural que vive desde hace 40 años.
Después de 21 años de la reforma constitucional en materia agraria tenemos como resultado que los núcleos de población ejidal que colindan con las 56 zonas metropolitanas y que adoptaron por la figura constitucional del dominio pleno fueron aniquilados, no se respetó la parcela escolar, la propiedad común y el asentamiento humano donde habitaba la población ejidal. Durante estos años tenemos que se ha venido contraviniendo el texto constitucional en materia agraria.
En tal virtud, compañeras y compañeros diputados, recuerdo que en diciembre del 2012 en esta misma tribuna señalé que con las modificaciones que se le hicieron a la ley de la administración pública federal no se garantizaba que las políticas públicas que aplicaría la Sedatu protegería la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales ni la protección de sus tierras para el asentamiento humano y para las actividades productivas que conciernen a la parcela escolar. Al contrario, el objetivo central de esta reforma ordinaria fue la de dividir, fraccionar y enajenar los ejidos que colindan con las zonas metropolitanas que tiene nuestro país.
Compañeras y compañeros, por la marcha del desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de los conjuntos habitacionales se convirtieron en avecindados o ejidatarios, contraviniendo la legislación agraria. El objetivo: obtener los beneficios del dominio pleno y, mediante esta figura, adquirieron las tierras parcelarias y se las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias.
Los grandes desarrolladores inmobiliarios desarrollaron jugosos negocios millonarios con la complicidad de representantes de comisariados ejidales, autoridades municipales y funcionarios de los gobiernos estatales e incluso algunos gobernadores de los estados de la república fueron grandes promotores y beneficiarios de estas políticas corruptas del desarrollo urbano territorial.
Por este motivo y como los reglamentos de los núcleos de la población ejidal no contemplan la protección y usufructo de la parcela escolar en beneficio de los ejidatarios, es que se propone la presente reforma al artículo 70 de la Ley Agraria.
Por ello, compañeras y compañeros, y en función de la experiencia por haber sido presidenta de una sociedad de padres de familia, y precisamente tener una parcela escolar, creo que uno de los aspectos más destacables de esta reforma, es que el 100 por ciento de los productos y utilidades liquidadas, e ingresos que genere la parcela, se destinarán a través del comisariado a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos.
¿Y por qué decimos esto? Porque nos consta que en muchos ejidos el comisariado ejidal tiene como caja chica los recursos, las utilidades que genera la parcela escolar, y con esta disposición se le atan las manos, y va precisamente a quien originalmente fue destinado que es a las escuelas, pero sobre todo a los alumnos para que aprendan la actividad agropecuaria, porque hoy nuestros jóvenes en el campo no ven opciones allá, y bueno, si no son de alguna manera enseñados en las parcelas escolares desde su educación inicial, con mayor razón.
Entonces es necesaria la aprobación de esta reforma al artículo 70, así es que, compañeras y compañeros, ojalá el voto de todas y de todos sea a favor por esta bondad que tiene en este aspecto la ley agraria, y es oportuno también el comentario que en términos generales hay que voltear los ojos al campo.
La situación de la población rural y, sobre todo de nuestros productores, es verdaderamente difícil, caótica; todos los sectores de la producción del campo viven dificultades, algunos por una sobreproducción como es el caso de la caña de azúcar que hoy no tiene precio y los cañeros están en cartera vencida, incluso algunos sin poder pagar la cuota del seguro social y que van a quedar desprotegidos este próximo año; pero otros, por no producir lo que se requiere.
¿De qué estamos hablando? De que necesitamos un estado rector, un gobierno que se interese por el campo y que verdaderamente vaya definiendo la directriz de la producción, y en este contexto con una producción ordenada podremos salir adelante en el déficit que hay con relación a los alimentos.
Así es que, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, es oportuno que todos unamos los esfuerzos para que los productores del campo salgan de ese atolladero en el que se encuentran por el abandono del gobierno, la falta de créditos oportunos y la falta de precio a sus productos. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, antes de que iniciara la gestión de la administración federal de 1988-1994, Acción Nacional dio a conocer a la opinión pública, concretamente el 16 de noviembre de 1988, su exigencia en el sentido de los actos que dicho gobierno fueran encaminados inmediata y decisivamente en el sentido de modificar las estructuras económicas, sociales y educativas del país, de manera que avanzáramos hacia una sociedad más justa, más libre, más participativa y en la que el pluralismo fuera la parte integrante de la estructura del Estado.
Entre otros puntos, en aquél entonces el PAN demandó la restructuración de la legislación y la política agraria con miras a lograr:
Primero. Elevar el nivel humano del campesino.
Segundo, el recuperar, conservar y fomentar el recurso natural de la tierra para propiciar la producción y la productividad agropecuaria.
Tercero. Fomentar la agricultura y la explotación racional del agro mediante las formas constitucionales de propiedad de la tierra y del ejido; propiedad comunal y pequeña propiedad, así como la corrección del minifundismo ejidal y no ejidal y garantizar la seguridad jurídica, política y fáctica de las formas de tenencia establecidas en la Constitución.
Cuarto. Garantizar al campesino los recursos necesarios para asegurar el abasto nacional y con el fruto de su trabajo lograr un nivel económico suficiente y decoroso.
Quinto. Reafirmar a la pequeña propiedad como base del sistema de tenencia de la tierra, y
Sexto. Establecer un mecanismo de fijación de precios justos de garantía para los productos del campo, en beneficio de los productores ejidales y no ejidales.
En este contexto, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 27 constitucional, acción legislativa que hoy en día nadie duda de que fue la reforma constitucional que cambió el rumbo del campo mexicano.
Cabe señalar que en el año de 1992 Acción Nacional llevaba más de cinco décadas señalando al campo como uno de los principales problemas de México, y en efecto, entre otro de los postulados fundamentales que durante medio siglo había venido sosteniendo Acción Nacional incluidos en la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma del artículo 27 constitucional de 1992, podemos señalar el dar mayor certidumbre en la tenencia de la tierra; el liberar al campesino y a su familia de distintas formas de servidumbre; el respeto y el apego a las formas de vida en la comunidad, el reconocimiento de la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio; el respeto a la libertad de los productores rurales, la protección de sus comunidades y el reconocimiento pleno de su autonomía.
Derivado de dicha reforma constitucional, el 26 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Agraria, cuyo artículo 70 establece, desde su promulgación, que en cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza, divulgación de prácticas agrícolas que permitan el uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar.
En términos de la ley en materia, a la parcela escolar se le da la misma protección que a las tierras destinadas al asentamiento urbano. Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide en el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, que se somete a la consideración del pleno en este momento, en el sentido de que se requiere recuperar la parcela escolar para iniciar la preparación de los alumnos de las zonas rurales y periurbanas, para que reciban una educación apropiada que los capacite para desarrollar e innovar la producción agrícola y que la escuela tiene como función apoyar el desarrollo de capacidades para atender a los problemas y necesidades más importantes de la población.
También celebramos la modificación que hizo la Comisión de Reforma Agraria a la iniciativa dictaminada para que, en este caso, se adopte el dominio pleno sobre la parcela escolar, tendrá preferencia en el derecho del tanto, la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, pues efectivamente, resuelve la contradicción legal que se señala en el dictamen.
Y finalmente, apoyamos que la totalidad de los productos, utilidades líquidas, ingresos que genere la parcela escolar se destine a la respectiva escuela rural, pues será de beneficio para sus alumnos.
En consecuencia, Acción Nacional hace una cordial invitación a las diputadas y diputados de esta legislatura, a pronunciarnos a favor del dictamen, pues estamos convencidos que con esta reforma estamos mejorando la calidad de vida de la niñez y los jóvenes del medio rural, y procura la unión libre, permanente y fecunda del ser humano con la tierra. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Felipe de Jesús Almaguer Torres. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Morales Flores, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jesús Morales Flores: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, John Womack llamó la sagrada escritura de los zapatistas al Plan de Ayala, suscrito en Morelos el 25 de noviembre y proclamado en Ayoxustla, Puebla, el 28 de noviembre de 1911. Cumple hoy 102 años de haber expuesto el por qué de la rebelión agraria de los campesinos mexicanos, que fue causa de la insurgencia social más grande del siglo XX.
El Plan de Ayala trasciende el enfoque meramente político y militar al de otros planes de insurrección que se habían dado en México, pues no solo desconoce al presidente Francisco I. Madero y reconoce como jefe de la Revolución a Pascual Orozco, quien en caso de no aceptar dicha jefatura, quedaría encabezada por el propio Emiliano Zapata.
Busca, en esencia, la restitución de tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y el reparto de la tierra de los grandes hacendados que concentraban gran parte del territorio nacional, lo que le da el carácter plenamente social y reivindicador.
Bajo el lema de reforma, libertad, justicia y ley, el plan redactado por el profesor Otilio Montaño reconoce a los campesinos como propietarios originarios de la tierra y forma parte del acervo ideológico que años más tarde habría de incorporarse a la Constitución mexicana.
Porque el derecho a la tierra, al trabajo y al usufructo por los pueblos y las comunidades rurales pusieron el acento en la pobreza y desigualdad que había prevalecido por décadas, confinando a los pobres a las servidumbres más ancestrales. Por eso destaco que el Plan de Ayala ese el parteaguas que dio a la Revolución su sentido más popular, más amplio y legítimo de lucha política y militar. Por eso los campesinos mexicanos buscan un campo diferente, donde es urgente apoyar a quien hace producir la tierra con una clara visión de los retos globalizadores.
La industrialización, en mediana y gran escala de los productos del campo, es la salida más viable para el agro mexicano, misma que requiere protección económica y capital de riesgo. Así lo plantea la Confederación Nacional Campesina, porque sabemos que la globalización exige una organización moderna y tecnificada. Si persistimos en esta visión, habremos de honrar cabalmente la celebración de la firma del Plan de Ayala, documento señero que sigue inspirando los ideales de los campesinos.
Compañeras y compañeros, impulsar al máximo la producción agropecuaria nacional y alcanzar la seguridad alimentaria para que los productores rurales eleven su nivel de vida, asegurar que los mexicanos tengamos alimentos de la más alta calidad y con precios accesibles, y atender los problemas concretos de productividad del campo a través de un esfuerzo sin precedente de educación y capacitación para la mano de obra adulta del campo, son objetivos planteados en el programa de gobierno del presidente Peña Nieto.
En este proyecto de dictamen y la iniciativa que le da origen, presentada por nuestro compañero Blas Rubio, se conjugan dos aspectos de los principales ejes del proyecto que compartimos e impulsamos con el Ejecutivo federal: el desarrollo del campo y el fortalecimiento de la educación.
Las parcelas escolares son espacios, que si bien, como señala el promovente, son una institución histórica del derecho agrario mexicano, quedaron en el mismo olvido y desatención prestada al campo mexicano por muchos años.
De acuerdo con la Ley Agraria vigente, la administración y regulación de la parcela escolar depende del reglamento interno de cada ejido, sin que la mayoría de ellos, es decir, de los ejidos, cuenten con dicho reglamento que provoca una normativa, por lo que han surgido problemas con el manejo de las parcelas escolares.
Actores involucrados en el tema han señalado que las escuelas no se benefician de la renta de la parcela o de su producción, que muchos años han sido invadidas o vendidas y que las escuelas quedan al margen de sus beneficios. Por tanto, es necesario subsanar la falta de dispositivos regulatorios generales, estables y homogéneos, plasmando esta regulación en la Ley Agraria.
No obstante los problemas que enfrenta es necesaria la subsistencia y el fortalecimiento de esta figura, para que se convierta en el instrumento que catapulte el desarrollo de los ejidos, que brinde a los alumnos de las poblaciones rurales educación agropecuaria y pertinente.
Siendo la escuela un espacio preeminente de interacción y cooperación social se aportan a las comunidades y núcleos ejidales, puede ser de la mayor relevancia para el progreso de las mismas, contribuyendo al perfeccionamiento de métodos de cultivo y organización agroindustrial.
Compartimos en la comisión dictaminadora la convicción de que es necesario obtener, mediante los cultivos emprendidos y las pequeñas industrias, que se establezcan rendimientos económicos para beneficio de las propias escuelas y por supuesto para atención de las necesidades más importantes de la población.
Todo ello con la visión para que el desarrollo del campo se realice bajo criterios de sustentabilidad, aprovechamiento racional de los recursos y apropiación de los más recientes desarrollos científicos, tecnológicos y cultuales.
Son claros los ajustes realizados por la comisión y estamos de acuerdo con sus dispositivos que se proponen para subsanar la laguna que hasta ahora se tiene en la regulación de las parcelas escolares, estableciéndose entre otras las siguientes:
Que la propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar corresponden al ejido y será administrada por los integrantes del comisariado ejidal y comunal, y por el consejo de vigilancia, actuando conjuntamente con facultades para contratar créditos y otorgar en garantía el usufructo parcelario.
Que el 100 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que generen la parcela se destinarán a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural, que preferentemente la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello por acuerdo de la asamblea podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso y que dichos contratos tengan una duración máxima de tres años.
Consideramos que el fortalecimiento de las parcelas escolares puede ser un inicio para dar paso a una transformación del paradigma de la educación en el campo, dirigida no sólo a los aspectos propios del entorno, sino a la formación de estudiantes con posibilidades de integrarse con éxito a sus comunidades, al país y al mundo, preparados para vivir e interactuar como ciudadanos del mundo global y vivir con mucha dignidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Jesús Morales Flores. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para hablar a favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el agro nacional atraviesa quizá por la etapa más crítica y más injusta que haya padecido época alguna, por eso quiero decirles que tengamos cuidado en esta reforma.
Una de las posiciones políticas que más me han honrado en mi vida pública, amigos de la CNC, fue haber sido secretario de la Liga de Comunidades Agrarias en Zacatecas, a una corta edad, y les quiero decir, los que saben del campo, hablo no de los campesinos nylon, de los campesinos que trabajan la tierra, les quiero decir que uno de los principales problemas que van a presentarse con la aprobación de esta ley será en los ejidos y comunidades, por la siguiente razón:
Las parcelas ejidales destinadas a la parcela educativa siempre han sido administradas por los maestros rurales del ejido o la comunidad, incluso la ley actual en el artículo 70 que proviene del Código de 1940 señala que la Asamblea General de Ejidatarios solo determinará la superficie que se destinará a la parcela escolar.
Y dice la ley: Será el reglamento interno del ejido, el que determine cómo se administra. Y el reglamento interno en donde hay en los ejidos y comunidades, dice: Se administra por padres de familia y autoridades educativas. Es decir, maestros incluyendo al director de la escuela.
Les quiero decir otra cosa; las parcelas educativas, muchas de ellas tienen resolución presidencial y hay títulos parcelarios en favor de la escuela o en favor de la Secretaría de Educación Pública. Luego entonces tenemos que ser cuidadosos para no generar conflictos en el ejido.
Si nosotros estamos planteando con esta reforma que sea la Asamblea General de Ejidatarios, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia quienes tengan ahora la administración y el control de la parcela educativa, en el campo se van a generar conflictos entre los maestros y padres de familia con la autoridad ejidal.
Yo provengo de un pueblo donde se venera al Santo Niño de Atocha, el ejido de Fresnillo. El ejido de Fresnillo, como muchos otros ejidos, tiene 140 mil habitantes y los ejidatarios que quedan son 80, 90 o 200 ejidatarios. Ya esas parcelas educativas ya son zonas urbanas; ya no son parcelas educativas.
Qué va a pasar ahora con esta reforma en donde le vamos a entregar a la autoridad ejidal, que es presidente, secretario y tesorero y consejo de vigilancia, los que decidan sobre la parcela. Y esa parcela la tiene la escuela en donde los padres de familia, ninguno, es ejidatario. Los padres de familia son los que deciden con los maestros el destino del usufructo la parcela educativa. Por cierto, por naturaleza jurídica, estas parcelas son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es la naturaleza jurídica del régimen de tenencia de la tierra ejidal y comunal.
Los amigos de la CNC que saben de lo que estoy hablando –termino presidente-, saben que tengo razón. Estoy haciendo una propuesta para atenuar, para atenuar en el artículo 70, estableciendo que no puede suprimir la presencia de los maestros y de los padres de familia. No puede decidirlo sólo la autoridad ejidal y el consejo de vigilancia, porque van a generar graves conflictos en los ejidos y comunidades.
Tengan mucho cuidado. Yo viví en carne propia este asunto en ejidos y comunidades. Los comisariados ejidales no manejan actualmente la parcela educativa. A partir de la reforma, entonces los comisariados ejidales van a decidir sobre la parcela ejidal que no ha decidido en los últimos 60, 70 años, y va a generar un conflicto social de dimensiones extraordinarias.
Suprimen la autoridad del maestro, suprimen la autoridad del padre de familia; le regresan la parcela al comisariado ejidal, y van a ver lo que va a suceder en la práctica. Se los estoy diciendo con toda honradez y con toda honestidad. Conozco el asunto y conozco los problemas que se van a desatar.
Presidente, le solicito lea mi propuesta que no resuelve el fondo, atenúa y se involucra a maestros y a padres de familia en el fin último de esta parcela educativa. No es tan simple. No voten sólo por votar. Reflexionen por favor.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Monreal. Con todo gusto en unos momentos lo haremos. Esta Presidencia solicita su atención para destacar la presencia en este salón de sesiones de quien es presidente europeo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que se encuentra de visita de trabajo en nuestro país. Sea usted nuevamente bienvenido a México y esta Cámara de Diputados, señor José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra. Señor diputado Salafranca, le deseamos una productiva y muy grata estancia en México. Sea usted bienvenido. Proceda la secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación presentada por la comisión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Texto propuesto, artículo 70: la propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar corresponden al ejido y será administrada por los integrantes del comisionado ejidal y comunal y por el Consejo de Vigilancia, así como la directiva de padres de familia y de maestros de las escuelas, actuando conjuntamente, quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario, sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por la comisión al artículo 70.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo más oradores registrados, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 405 votos a favor, 2 abstenciones y 10 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia informa que se recibió el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también la solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día. De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se modifica el orden del día. Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): No sé si fui yo la que no escuché qué es lo que está proponiendo que se incluya en el nuevo orden del día, pero creo que antes de pasarlo a votación nos gustaría conocer cuál sería la modificación que se está proponiendo.
El Presidente diputado José González Morfín: Está ya publicado en la gaceta electrónica y con mucho gusto les podemos hacer llegar una versión impresa que ya también está circulando en este momento. Pero se puede consultar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Son las modificaciones que había hecho el Senado. Ya se puede consultar electrónicamente en la gaceta, diputada. En el monitor de su curul está y se está distribuyendo en papel también.
El Presidente diputado José González Morfín: Modificado el orden del día, informo a la asamblea que el dictamen de referencia se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y está disponible en los monitores de sus curules. Para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad. Cumplido este requisito, le voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea si se autoriza que se someta discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado José Sergio Manzur Quiroga, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Saludo con mucho gusto a un grupo de ciudadanas y ciudadanos provenientes de municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por el diputado Isidro Moreno. Bienvenidas y bienvenidos todos.
El diputado José Sergio Manzur Quiroga: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores: el presente dictamen tiene como finalidad el fortalecimiento del marco legal relativo al manejo y planeación de la política fiscal, elevando a una política de Estado el manejo de las finanzas públicas. Por lo tanto, se proponen las reformas siguientes:
Fortalecer la regla actual de balance para transitar hacia una regla de balance estructural implícita, otorgando con ello mayor solidez a la conducción macroeconómica. El establecimiento de un ancla fiscal de mediano plazo con base en los requerimientos financieros del sector público. También adecuar diversas disposiciones del marco legal para mejorar la operatividad de las finanzas públicas.
En este sentido, la propuesta plantea incorporar una regla de balance estructural mediante el establecimiento de un tope máximo al crecimiento del gasto corriente del 2 por ciento, de tal suerte que en épocas en que el comportamiento macroeconómico del país observe una tendencia positiva, se puedan generar ahorros y garantizar una mayor calidad del gasto público.
Por consiguiente, se incluye dentro del artículo 2o de la ley los conceptos: gasto corriente estructural y límite máximo del gasto corriente estructural.
El presente dictamen modifica el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de incorporar un límite fiscal de mediano plazo basado en los requerimientos financieros del sector público, esto como medida complementaria al equilibrio ya previsto en este artículo en su primer párrafo, lo cual servirá para dotar de mayor certeza y transparencia a nuestros indicadores macroeconómicos, así como un monitoreo más adecuado de la salud financiera del Estado mexicano.
Derivado de lo anterior, se prevé una serie de adecuaciones para el fortalecimiento de la operatividad de las finanzas públicas, entre las cuales se encuentra el acotamiento de la exposición de riesgos de éstas en los criterios generales de política económica a aquellos que resulten más relevantes y en el corto plazo, esto para ser congruentes con el principio de anualidad del presupuesto, lo que permita que en el transcurso del ejercicio fiscal los ejecutores del gasto emprendan acciones que permitan cumplir con el paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión.
Se prevé la entrega a la Cámara de Diputados de la información relativa a la metodología y criterios utilizados para la estimación de ingresos, la cual deberá incluirse en la publicación en el Diario Oficial de la Federación relativa al calendario mensual de ingresos derivado de la propia ley.
Por otro lado, se considera conveniente la eliminación del artículo séptimo transitorio de la minuta enviada por la Cámara de Senadores, que establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014 a través del Fondo de Desastres deberá contemplar recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura pública que hubiere sido afectada por los huracanes Ingrid y la tormenta tropical Manuel.
La eliminación que se propone obedece a que el artículo sexto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014 aprobado por esta Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado, ya establece la creación de una reserva especial para el Fondo de Desastres para atender y mitigar los daños causados por fenómenos climáticos en el estado de Guerrero, así como dispone lo relativo a la realización de estudios de preinversión y, en su caso, proyectos ejecutivos por parte de la banca de desarrollo.
Concluyendo, en términos generales, el dictamen que presento ante esta soberanía contiene disposiciones que implican beneficios para niñas, niños y adolescentes, quienes son considerados como grupos vulnerables, incluye reglas que permiten que el ejercicio del gasto público federal se apegue a criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia, resultando el mejoramiento de la gestión pública, proponiendo para ello medidas en materia de servicios personales, de bienes y servicios, así como reglas para contar con un ejercicio del presupuesto responsable. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión en lo general. Para hablar en contra tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Para ratificar nuestro voto en contra de este dictamen, que es parte del peloteo parlamentario, de manoseo y desaseo con el que se han venido manejando algunos temas entre ambas Cámaras, como el día de ayer en que se modifica la Constitución a partir de una fe de erratas en el caso del IFAI, dejando un precedente ominoso en la historia legislativa del país.
Nosotros desde el principio manifestamos nuestro desacuerdo en el gasto excesivo del gobierno federal, un gasto insultante en el que los ciudadanos tienen que apretarse el cinturón, pagar más impuestos, más gasolinazo y más deuda, y el Ejecutivo federal y la burocracia dorada siguen ganando sueldos, bonos, salarios, aguinaldos y gratificaciones de escándalo, como el caso multicitado del gobernador del Banco de México y ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
Ése es sólo un ejemplo de que hay una burocracia dorada que vive al margen del pueblo, el cual tendrá que pagar un diciembre y sobre todo un enero terrible a partir del año que entra. Por eso no podemos avalar este dictamen, que no es precisamente responsabilidad hacendaria.
Valoramos sí que se corrija el tema del transitorio del Senado, por virtud del cual estaban invadiendo la facultad de la Cámara en materia presupuestal, pero no queremos dejar de soslayar que se sigue privilegiando un gasto corriente excesivo, que no fluyen los recursos a los estados y los municipios y por esa razón los gobernadores y sobre todo los presidentes municipales se convierten en pedigüeños cada diciembre, y por eso los escándalos de las Comisiones de los moches, porque lo que hay es un mal reparto fiscal y no hay federalismo hacendario en el país. Por eso tienen que estar litigando y esta Cámara se convierte en un bazar, en un mercado cada vez que se aprueba el Presupuesto de Egresos.
Por esa razón no estoy de acuerdo en esta reforma, porque de esta manera como se construyen las leyes vendrá ya también de botepronto y sin mayor reflexión una reforma política mocha, que será la moneda de cambio para una reforma energética, en la cual el día de la Virgen o como regalo de Navidad le quieren entregar a los mexicanos el despojo del petróleo.
Por eso, celebramos lo que ha trascendido, que el Partido de la Revolución Democrática queremos que nos lo confirmen sus representantes, pero es una buena noticia para el país, que ha abandonado el Pacto por México, a raíz de la cerrazón del gobierno de poner de lado el tema de la reforma energética y de construir una reforma política inocua únicamente como moneda de cambio para la reforma energética.
Ojalá volvamos a cerrar filas, todos, para impedir el atraco a la nación, el robo del siglo del petróleo y podamos, junto con diputados nacionalistas, diputados que privilegien los recursos del país, aún de otros grupos parlamentarios, podamos impedir este despojo a la nación.
Ya basta de saqueos, ya basta de presupuestos inflados para burocracia dorada, ya basta del centralismo fiscal de la república y ya basta de la simulación, como bien lo ha dicho el diputado Monreal. Vamos hacia adelante, pero no podemos avalar este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Compañeras y compañeros, queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones de un grupo de destacados académicos y funcionarios internacionales y nacionales, entre los que destacan el diputado Carlos Aragonés Mendiguchía, el doctor José Tudela Aranda y el doctor Javier Díez Zaera, de España; el doctor Jorge Lanzaro y el doctor Pablo Sciarra, de Uruguay; el doctor Jean Paul Vargas Céspedes, de Costa Rica; y por parte de México, el doctor Héctor Fix-Fierro Zamudio, el doctor Diego Valadés y el doctor Daniel Armando Barceló Rojas, quienes participan en las Cuartas Jornadas de Derecho Parlamentario México-España.
Estas Jornadas son organizadas por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta Cámara, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación para Estudios Parlamentarios y del Derecho Autonómico Manuel Giménez Abad.
La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida y les desea el mayor éxito en sus trabajos y durante su estancia en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la voz el diputado Jorge Salgado Parra, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Jorge Salgado Parra: Con su permiso, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática trabaja de manera propositiva en la construcción de México, cumple con los acuerdos que suscribe de trabajo con los demás grupos parlamentarios y reconoce que una adecuada planeación en la política económica de México resulta de extrema importancia ante un actual panorama tanto internacional como nacional de inestabilidad económica, que podría afectar negativamente a la población mexicana. Por eso insistimos en la necesidad de mecanismos eficientes de evaluación y de análisis estratégico del gasto.
Esta Cámara de Diputados es adecuado prever medidas para fortalecer el marco de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y que dichas medidas coadyuven a mantener la estabilidad macroeconómica del país, y así, esta Cámara de Diputados aprobó establecer un mecanismo de balance estructural.
Asimismo, estimó adecuado el establecer un límite máximo del gasto corriente estructural para cada ejercicio fiscal, mismo que definirá una trayectoria de crecimiento moderado para dicho gasto.
Lo anterior deriva en que si en algún ejercicio fiscal se estime u obtiene mayores ingresos, el gobierno no podrá aumentar su gasto corriente por encima de dicha trayectoria, con lo que se contribuirá a mejorar el balance presupuestario cuando el producto interno bruto se encuentre por arriba de su nivel de tendencia y permitirá generar un mayor ahorro a lo largo del ciclo económico.
La iniciativa tiene por objeto fortalecer los ingresos y egresos federales. Entre los que el presupuesto destaca establecer las definiciones de gasto corriente estructural, la inversión física y financiera directa y el límite máximo de gasto corriente estructural.
Dos. Incluir en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la federación, la meta anual de los requisitos financieros del sector público. El límite máximo de gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal y las proyecciones de este límite para un periodo de cinco años adicionales.
Establecer en los criterios generales de política económica los riesgos más relevantes que enfrentan las finanzas públicas en corto plazo, debiendo para ello acompañar la propuesta de acción para enfrentarlos.
Asimismo, mencionar de manera categórica y agradeciendo el hecho de que se incluyeran en el artículo séptimo transitorio los 7 mil millones de pesos para la reestructuración del estado de Guerrero, que tuvo una grave afectación por los fenómenos hidro-meteorológicos Ingrid y Manuel, y que muy atinadamente, en esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en todo el articulado se menciona la propuesta de que todos los grupos parlamentarios estuvieran de acuerdo para esta iniciativa.
Y por último, señalar que en caso de que en el cierre del ejercicio fiscal se observe una desviación respecto a la meta de los requerimientos financieros del sector público, mayor al equivalente en un 2 por ciento del gasto neto total aprobado, la Secretaría de Hacienda deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe trimestral del ejercicio. Y obviamente, mantener muy en claro que quien tiene la responsabilidad en caso de subejercicios, por parte de los organismos federales, estará atento a esta Cámara de Diputados, ya que es la única facultad en términos de la Constitución para poder analizar, en caso de subejercicios, las reasignaciones que se requieran hacer para el caso necesario de que existan estos mismos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es que lo menos que puede uno decir es que son mañosos. Realmente debería decir uno que son tramposos, porque quieren meter de contrabando, con el pretexto andan corriendo, en corrillos. Yo estoy seguro que ningún diputado tiene la velocidad de leer lo que se está votando. Sin embargo, y desgraciadamente los que lo votaron a favor, y hablo a mi nombre muy personal, como diputado federal, la verdad creo que ni vieron lo que votaron a favor, como seguramente ustedes lo van a votar igual.
Y obviamente no es nada más algo ligero, como es que habíamos metido lo de Ingrid y Manuel, y que el Senado, y que hay que corregir estos pequeños errores, no. Mire, en el cuarto transitorio el límite e gasto corriente estructural para 2014, 15 y 16, que no debe ser mayor al 2 por ciento en términos reales, en cuanto a lo que autoriza la Cuenta Pública, ustedes con esta aprobación van a quitar esa limitación que se tiene para el 2014.
Y evidentemente, aparte de que esto va a generar un déficit fiscal al ejercicio 2015, mayor al 2 por ciento, evidentemente que ustedes en el fondo lo que quieren aquí aprobar es darle más facilidades al Ejecutivo para que siga incrementando el gasto corriente. Eso es lo que está en el fondo de esta supuesta enmienda que están presentando ustedes aquí.
Yo por eso digo que no cabe duda son mañosos, que son tramposos. Y eso obviamente en la calle, en el pueblo, no lo van a poder resolver. Finalmente van a llegar los primeros días de enero y el pueblo va hasta chillar por las medidas que ustedes están tomando en materia económica.
Y la apuesta que están haciendo ustedes, sobre todo los del Pacto por México, los que están avalando a Peña Nieto, por más que digan que están contra la reforma energética, los que están validando la agenda de Peña Nieto, ahora que en próximos días van a querer meter en un madruguete guadalupano las enmiendas a la reforma energética, van a estarle clavando puñaladas al pueblo de México en cuanto a las necesidades reales, como ya lo ha demostrado aquí Videgaray con esta política económica que a un año de gobierno es cada vez más empobrecimiento, más carestía.
Y mentira que ustedes con lo que proponen vayan a mejorar esta economía, y menos con estas medidas y con estas mañas que ustedes están haciendo. Es evidente que, en lo personal y a nombre de muchos mexicanos, tenemos que subirnos a esta tribuna a denunciar las trampas, la marrullería y lo tramposos que son con este tipo de enmiendas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, para hablar en contra, el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, miren, nosotros vamos a votar en contra por congruencia, pero esta modificación que está planteando la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados nos parece atendible. Les voy a decir ¿por qué? Primero porque se establecen reglas para el uso racional del gasto público y se establece una corrección en el párrafo séptimo, una corrección con la que coincido.
Les voy a decir, ¿por qué? La Cámara de Senadores en un afán injerencista, intentando copiar a Robin Hood, estableció en el séptimo transitorio un fondo de 7 mil millones de pesos para reparar o atender los desastres que ocasionó el huracán Manuel e Ingrid, solo que a la Cámara de Senadores y a sus juristas les falló, dado que la naturaleza jurídica del presupuesto solo le corresponde a la Cámara de Diputados. Todo lo que tenga que ver con ingresos, presupuesto, cuenta pública, le corresponde a la Cámara de Diputados como Cámara exclusiva.
Por eso es que cuando nos envían la minuta, junto con el paquete hacendario, la Cámara de Senadores, ésta ley particular, la Ley de Federal de Responsabilidad Hacendaria no se aprueba, ¿por qué? Porque contenía el artículo séptimo transitorio que establece este fondo de recursos económicos que no le correspondía al Senado de la República asignar. Si votamos en contra, no es por la naturaleza y el contenido de esta reforma, lo hacemos por congruencia.
Pero, en efecto, es loable, el que se le diga al Senado: no actúes de manera injerencista. Esta discusión tiene muchos años. El Senado reclama participar en el presupuesto y la Cámara de Diputados reclama participar en la política exterior y en el nombramiento de embajadores y cónsules. Ésta es una vieja discusión que no se ha logrado atenuar ni ponernos de acuerdo con el Senado. Yo he tenido la suerte de también ser senador y esta discusión cada año se revive y dicen los senadores: ¿por qué los diputados son los únicos que deciden el presupuesto? Pues porque la Constitución y la ley lo establecen como facultad exclusiva.
Por esa razón, nosotros queremos fijar nuestra posición con toda seriedad, porque son temas que no pueden mantenerse en el olvido y la Cámara debe de mantener su facultad exclusiva en esta naturaleza presupuestaria. Por esa razón quise argumentar y razonar nuestro voto; o mi voto en lo personal. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos con mucho gusto a los integrantes de la Fundación Josefa Vergara, del estado de Querétaro, que se encuentran hoy aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión y a la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 404 votos a favor, 0 abstenciones, y 14 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 404 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional.
Pregunte ahora la Secretaría a la asamblea si se autoriza que el Senado de la República remita al Ejecutivo federal el proyecto de decreto sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se autoriza que la Cámara de Senadores remita al Ejecutivo federal el proyecto de decreto sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Se autoriza.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz la diputada Adriana Hernández Iñiguez.
La diputada Adriana Hernández Íñiguez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 152, 157, 170 a 180, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3o., de la Ley General de Desarrollo Social.
Se trata de un dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., fracción VII, y el artículo 19, fracción III de la Ley General de Desarrollo Social.
Fundamentalmente esta iniciativa en su origen propone la modificación de la fracción VII del artículo 3o., de la Ley General de Desarrollo Social, para sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”.
En la modificación a la fracción III del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar el término de discapacidad, y que este grupo de personas se considere prioritario y de interés público dentro del financiamiento y el gasto.
Las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y la de Atención a Grupos Vulnerables, tras haber realizado un análisis profundo y a conciencia de la iniciativa en cita, resolvimos emitir un dictamen haciendo modificaciones a la misma, en el sentido de darle viabilidad a la primera propuesta de reformar la fracción VII del artículo 3o., de la Ley General de Desarrollo Social, no así al artículo 19, fracción III del mismo ordenamiento jurídico en virtud de considerarlo improcedente.
Efectivamente es imprescindible armonizar nuestras normas jurídicas en esta materia, no solamente con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino con los convenios y tratados internacionales como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para el efecto de ayudar a igualar las oportunidades para las personas con discapacidad y respetar irrestrictamente sus derechos.
En lo tocante a la reforma en el artículo 3o., fracción VII de la Ley de Desarrollo Social, sí es procedente la modificación de mérito porque es necesario adecuar, armonizar y actualizar el término capacidades diferentes al de discapacidad.
De conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, párrafo que fue reformado el 13 de abril de 2006 y el 6 de octubre de 2011, de acuerdo a sendas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Actualmente el término de capacidades diferentes no cuenta con fundamento etimológico, médico ni académico. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que el término capacidad tiene varios significados, entre los que destacan: aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo, aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación; por lo tanto, todas las personas contamos con cualidades, capacidades únicas y diferentes a otras, por lo que el término aludido califica a cualquier persona, tenga o no una discapacidad.
El término de capacidades diferentes ha causado grandes confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales, incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, por lo cual la reforma a la fracción VII del artículo 3o de la Ley General de Desarrollo Social se considera procedente, ya que al sustituir el término capacidades diferentes por el de discapacidades se armoniza la norma con la Carta Magna.
La Ley General de Desarrollo Social cumple con lo señalado en las motivaciones de la iniciativa; por lo tanto, la modificación al 19, en su fracción III, se considera innecesaria. Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables determinamos dictaminar en sentido positivo, con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o, fracción VII, y el artículo 19, fracción III de la Ley General de Desarrollo Social, por lo que consideramos que la reforma a la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social debe quedar de la siguiente manera:
VII. Respecto a la diversidad, reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquiera otra para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias. Es cuanto, compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y diputados: de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actitud son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.
Según las estimaciones que versan en el informe mundial sobre la discapacidad emitida en el 2011, de la población mundial al 2010; es decir, más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad, o sea, alrededor del 15 por ciento de la población mundial.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que al año 2010 en el territorio nacional existen más de 5 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 5 punto por ciento de la población total del país, pero para reconocer la vulnerabilidad de este sector es importante resaltar que la definición lingüística debe de ser de discapacidad y no el de capacidades diferentes, motivo propicio para señalar que el término de discapacidad fue el consenso al que llegaron más de 70 países en su participación en el marco de los trabajos de las Naciones Unidas, quienes emitieron un dictamen que aprobó el pleno en su idioma original, el inglés, concepto traducido al español y determinado como discapacidad que se incorporó en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en 1990.
A partir de entonces, se asumió el uso y la aplicación del término discapacidad, definición que ha tenido la intención de identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial y con ello eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos.
La Convención Internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, instrumento internacional ratificado por México, utilizó el término de discapacidad y lo definió como deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones que los demás.
Es propicio considerar que la reforma en el artículo 1o de la Constitución Política publicada el 4 de diciembre de 2006 sustituye el término de personas con capacidades diferentes por el de discapacidad para quedar de la siguiente manera:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por lo tanto, en congruencia con el término establecido en los acuerdos internacionales y ahora con la Constitución Mexicana, el término adecuado para referirse a las personas que tienen alguna discapacidad, es personas con discapacidad.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconoce que tanto el Estado como la sociedad tenemos un enorme compromiso moral para propiciar el bien común y el bienestar de toda la población, especialmente de aquellos que viven o se encuentran en estado de vulnerabilidad como es el caso de las personas con alguna discapacidad.
Pugnamos por la permanencia y creación de mejores políticas y programas de gobierno como principal instrumento para garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Es por eso que daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, es de todos conocido, como ya se señaló, que el actual término utilizado, capacidades diferentes, etimológicamente hablando no tiene fundamento. El utilizar ese término ha originado que exista una serie de desavenencias en aspectos cotidianos al hacer referencia hacia personas que se encuentran en estas condiciones.
Hoy en día decir que estamos hablando de una persona con capacidades diferentes es visto por muchos como una referencia confusa y discriminatoria. Las Naciones Unidas utiliza el término y el concepto de discapacitados. Para ajustarnos precisamente a esta terminología es que se presenta la siguiente reforma.
En tal sentido, el propósito de este dictamen a la fracción, la reforma a la fracción VII del artículo 3o de la Ley General de Desarrollo Social es el de evitar que sigan existiendo confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales que han implicado retroceso por utilizar el término capacidades diferentes en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se ha manifestado en defender a toda costa, no sólo el respeto de los derechos de la personas con discapacidad en el plano normativo, sino en un plano práctico y efectivo, para velar por todos sus derechos y además por ver una efectiva realización de sus derechos humanos de manera prioritaria.
Con base en las consideraciones antes señaladas y para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales o ajustarnos a ellos y también a la terminología utilizada por nuestra Constitución Política, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados.
De acuerdo a la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía establecida por la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La discapacidad refleja la consecuencia de la deficiencia desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo.
Según cifras del Inegi, hasta 2010 había alrededor de 5 millones 739 mil 270 mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad, es decir, más del 5.1 por ciento de nuestra población se encuentra en situación de vulnerabilidad por esta causa. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas señala que representa el 10 por ciento de la población mundial.
En los últimos años se han creado diversos programas de atención y de impulso al desarrollo de aquellas personas que padecen alguna discapacidad. A través de programas gubernamentales y de luchas sociales se ha logrado colocar el tema de los discapacitados como un asunto colectivo, en el que es necesario la intervención gubernamental y social, quedando lamentablemente en las más de las veces en el simple papel, en una norma jurídica muerta e incluso en sólo buenas intenciones.
Como consecuencia, el gobierno mexicano no ha logrado garantizar la atención a la población mexicana con discapacidad, y por ende, garantizar el respeto y tutela a sus derechos fundamentales.
Pero aún, no hemos logrado socialmente siquiera darles un trato digno igualitario que les permita acceder a una vida normal, con oportunidades de desarrollo y en un ambiente armónico, como en justicia y en derecho les corresponde.
En los últimos años se ha dado un debate amplio y extenso sobre el término adecuado para referirse a las personas con alguna discapacidad. Después de un consenso en más de 70 países, como aquí se ha señalado, el pleno de la Organización de las Naciones Unidas decidió que la forma correcta era la palabra discapacidad. Esto ocurrió en 1990, en México, como consecuencia, tenemos 23 años de atraso al respecto, ya que ni siquiera ese término había sido acuñado.
Hasta el día de hoy es común utilizar la expresión personas con capacidades diferentes, como aquí se ha señalado, para referirse a este grupo, por demás, vulnerable de nuestra sociedad. Con la modificación propuesta, armonizamos la Ley General de Salud con nuestra norma suprema y eliminamos expresiones peyorativas para referirse a quienes sufren una discapacidad, sea física, intelectual o sensorial.
Una de las más importantes funciones de esta Cámara, sin duda, es actualizar el marco jurídico de nuestro país, para mantenerlo acorde a la realidad y en este caso congruentemente con la internacional, siempre con miras de lograr el beneficio de las y los mexicanos, atendiendo el principio de progresividad de los derechos humanos.
Este dictamen de reforma, sin duda, es un avance pero no es suficiente. En este país necesitamos impulsar más y mejores programas de atención para las personas con discapacidad, hagámoslo y dejemos las palabras y pasemos verdaderamente a las acciones.
Son millones de mexicanas y mexicanos que lo merecen, y sin duda, lo necesitan.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, la fracción de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, porque las personas con discapacidad merecen un trato digno, igualitario y justo, sin discriminación, sin maltrato de ninguna especie. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a los integrantes de la Cámara de Comercio de Ciudad Obregón, que están aquí, encabezados por su presidente, Arturo Nat, pero están también Vite Islas, Jesús Mares, Jorge Saldamando, Gustavo Cárdenas, Edgar Manriquez, Reynaldo Montelongo, Andrés González, Julio Vázquez y Mauricio Olaya. Todos integrantes de la Cámara de Comercio invitados aquí por el diputado Mario Sánchez y por el diputado Faustino Félix. Bienvenidos todos a la Cámara y a la sesión. Tiene ahora la palabra la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su permiso, presidente. Señoras y señores legisladores. La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es un instrumento jurídico internacional que se encarga de la protección de los derechos humanos de las personas en esta condición. Entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y hasta el momento ha sido ratificada por 138 países.
Las personas con discapacidad representan el 15 por ciento de la población mundial. Es decir, que existen 650 millones de individuos que debido a su condición encuentran numerosos obstáculos en la sociedad para su desarrollo, sin contar que a menudo son estigmatizados, incluso, por sus propios familiares.
Cabe destacar que como consecuencia a la discriminación a la que son sometidas las personas con discapacidad padecen mayor pobreza, desempleo y sufren de tasas más altas de mortalidad que las demás personas. Esto representa una condicionante muy seria para su desarrollo, que muchas veces es pasado por alto.
Lograr la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede tener una gran repercusión social y económica para países como México, donde la disparidad entre ricos y pobres es francamente indignante.
La experiencia en marcha en otros países nos muestra que el hecho de brindar a las personas con discapacidad mayores espacios para participar en el proceso de desarrollo, es algo con lo cual se beneficia a toda la sociedad en su conjunto.
Es por tanto imperioso que las políticas de desarrollo de países como el nuestro se construyan a partir de un enfoque amplio, igualitario, capaz de propiciar para todas las personas, especialmente las más desprotegidas, como es el caso de los discapacitados, oportunidades de alcanzar una mejor calidad de vida.
Por lo anterior, el Partido Verde ve con beneplácito el proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social, con el cual se propone cambiar el término capacidades diferentes por discapacidad, referente al principio de respeto a la diversidad de las políticas de desarrollo social.
Si bien el uso del término personas con capacidades diferentes ha sido popularizado en los últimos tiempos, con afán de sonar políticamente correcto y no lastimar susceptibilidades, lo cierto es que éste puede resultar impreciso debido a las siguientes razones: no define la discapacidad. Todas las personas poseemos capacidades diferentes, lo cual no significa que todos tengamos alguna discapacidad.
Esta definición no está contemplada en los instrumentos internacionales, como ya dijimos, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que dispuso el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea, personas con discapacidad, por lo cual este término se considera el único correcto a nivel mundial.
En síntesis, actualmente el Movimiento Internacional de Personas con Discapacidad defiende a la discapacidad como parte de la identidad cultural de quienes la padecen y promueve asimismo un sentimiento de orgullo por ser diferentes.
Finalmente, cabe señalar que la propia convención sostiene y defiende que todas las personas tienen el mismo valor por el simple hecho de ser seres humanos. Por ello, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México respalda la reforma en comento. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Honorable asamblea, antes que nada quisiera saludar el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables, con respecto al dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social, mediante la que se establece la sustitución del término de personas con capacidades diferentes por el de personas con discapacidad.
Una vez realizadas todas las acciones parlamentarias necesarias para la reforma en comento me permito, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, esgrimir algunos argumentos que considero de suma importancia.
Como integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables de esta Legislatura, y más aún como presidenta del Comité de Información, Gestoría y Quejas, me he podido dar cuenta de la inmensa desatención que el Estado mexicano otorga a las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea de carácter motriz, intelectual, auditiva o visual, por mencionar algunas.
Aunado a ello es importante recordarles a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, que mi partido ha sido, es y será garante de salvaguardar los intereses de las mexicanas y de los mexicanos que se encuentran en esta situación.
Es menester recordarles desde esta tribuna que existe un gran sector de la población que se encuentra en esta situación, 5.1 por ciento según datos del Inegi hasta el 2010, por eso la importancia de fijar una posición juta e inmediata respecto a este tema.
Cuando hablamos de discapacidad reconocemos que las personas que se encuentran en este supuesto carecen de la plenitud de alguna función para desarrollar sus tareas cotidianas, como el grueso de la población lo hace. El término de discapacidad es de carácter universal, cuyo origen es latín, y que está compuesta de varios prefijos, como: dis, que significa divergencia; capere, que significa agarrar; más el sufijo dad, que significa cualidad.
Ahora bien, nuestro país como firmante en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se obliga a legislar en esta materia, ya que el artículo 1 de esta legislación internacional reza que personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que el interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Es por eso que es necesario hacer mención que un mundo globalizado se turna necesario que las leyes sean claras, certeras, para estar adecuadas en el contexto mundial.
Por otra parte, el término capacidades diferentes es un término que el PRD considera como incierto, gris y de carácter discriminatorio. ¿Por qué digo esto, compañeras y compañeros legisladores? Por una simple razón, por el simple hecho de ser individuos todos los mexicanos contamos con capacidades diferentes, basta que hagamos un ejercicio en este recinto y podremos observar que cada uno de los aquí presentes tienen cualidades que no necesariamente compartimos los demás.
Resulta importante resaltar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014, los y las diputadas de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, defendimos la permanencia del recurso asignado a la formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud en el anexo 13, con un monto de más de 60 millones de pesos, de los cuales desde ahora les adelanto, esperemos se apliquen con ética y profesionalismo y que seremos férreos vigilantes de que se apliquen de manera efectiva en beneficio de estos ciudadanos.
Finalmente, quiero manifestar que recibimos con agrado y beneplácito esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social. Pero quiero, a nombre de mi partido, el de la Revolución Democrática, desde esta tribuna, exhortar y comprometer a todos ustedes para que en el tiempo que nos queda de esta Legislatura, que dicho sea de paso es bastante, aprobemos todas las reformas necesarias para dignificar las condiciones de vida en general de estos compatriotas ejemplares.
Y concluyo con una reflexión, corríjanme si no estoy en lo correcto. En las participaciones deportivas en donde México ha participado a nivel internacional, los logros más importantes y las mayores satisfacciones las hemos recibido de personas que cuentan con alguna discapacidad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz, el diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado.
El diputado Raúl Paz Alonzo: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, el dictamen que el día de hoy discutimos representa fortalecer la protección de los derechos humanos y dar un paso más en pro a la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad.
La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por México a finales de 2001 y aprobada el 13 de diciembre de 2006 y, adoptada por nuestro país en el 2008, ha representado un instrumento internacional sobre la protección, respeto y goce pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En México se calcula que viven alrededor de 5.7 millones de personas con alguna discapacidad, las cuales en su mayoría se encuentran en niveles altos de marginación. Eso las hace víctimas de una doble discriminación, tanto por su estado físico como económico. Por ello se han hecho esfuerzos para garantizar el goce de sus derechos y buscar su plena incorporación a la sociedad.
El artículo 1o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
En ese sentido, el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, particularmente el de la no discriminación, es una obligación que nos atañe a todos y que nos compromete a promover una cultura de respeto e inclusión hacia este sector de la sociedad.
Aun cuando existe un nuevo paradigma en el tema de la discapacidad sigue permaneciendo un lenguaje erróneo que resulta peyorativo y discriminatorio. Términos como personas minusválidas o personas con capacidades diferentes han quedado totalmente rebasados.
La razón de esta nueva clasificación es la aplicación de un lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad en la que, ésta, sea la interacción de las características del individuo con el entorno y contexto social.
En la nueva clasificación se estableció el término discapacidad, pues ésa abarca distintas dimensiones, deficiencias de función y deficiencias de estructura; limitación en las actividades y limitación en la participación.
Por lo tanto, el dictamen que hoy se presenta es congruente con los acuerdos internacionales, con la Constitución Mexicana y con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por lo que consideramos que la modificación propuesta al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social es acorde y consecuente con el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Compañeras y compañeros diputados. Acción Nacional votará a favor de este dictamen pues estamos seguros que significa no sólo promover el uso adecuado del lenguaje sobre la discapacidad, sino que contribuye al respeto e inclusión. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Paloma Villaseñor Vargas, del grupo parlamentario del PRI.
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hemos escuchado en voz de la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la diputada Adriana Hernández, el dictamen que de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Social se emitió con relación a la iniciativa de decreto que suscribí para reformar los artículos 3º., fracción VII; y décimo noveno, fracción III de la Ley General de Desarrollo Social.
Las mencionadas comisiones unidas consideraron procedente sustituir el término “capacidades diferentes”, por el de “discapacidad”, propuesta correspondiente al texto del mencionado artículo 3º., fracción VII de la ley en comento. Su adecuación se inserta en el concepto técnico de que toda ley debe estar escrita de manera correcta e inteligible para todos. Con la reforma se borra cualquier confusión y ambigüedad normativa sobre los sujetos a que alude el párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No olvidemos que toda norma jurídica demanda claridad vinculada a la precisión y a la concisión.
Respecto a la reforma propuesta para adicionar el párrafo tercero del artículo décimo noveno, las comisiones consideraron improcedente incorporar el término de discapacidad de manera explícita, dentro de la denominación de los programas prioritarios y de interés público, cuyos recursos para su operación no podrán disminuir por mandato de ley, a excepción de lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los argumentos que sustentaron la improcedencia fueron, cito: “Las personas con discapacidad se encuentran implícitas en la fracción VI del artículo décimo noveno de la ley en cita, cuando se define a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad”.
Por otra parte se sustenta que: “La norma vigente reúne el principio jurídico de ser general y abstracta, por lo que pretender incorporar de manera específica a las personas con discapacidad, rompe con tal principio, lo que es improcedente por técnica legislativa”.
Compañeros diputados, ésta es una ocasión propicia para comentar en voz alta algunas consideraciones que van más allá del sentimiento de atender a la discapacidad en sus diferentes manifestaciones.
Debemos convencernos de que la lógica de lo razonable es lo que conduce a mirar hacia al porvenir, a partir de una realidad que reclama una legislación eficaz en el tiempo y, desde luego, en la forma.
Lo anterior en virtud de que si bien toda ley responde al principio de la generalidad y de la abstracción, en ocasiones olvidamos que necesariamente el legislador debe producir una norma individualizada, transformando los términos abstractos y genéricos en preceptos concretos y singulares, lo cual evita caer en imprecisiones y ambigüedades. Por lo menos eso es lo que se afirma en el derecho parlamentario y de manera específica por los especialistas en la técnica legislativa.
A mayor abundamiento, no debemos olvidar que existen normas jurídicas individuales referidas a un grupo perfectamente determinado con son las personas con discapacidad.
Por otra parte, cuando hablamos de la congruencia y de la adecuación de la ley debemos entender la idea de vincular la realidad social y los valores, los valores y los fines u objetivos, los objetivos y la realidad concreta, los fines y los medios. La meta será siempre, como en el caso que nos ocupa, dar al proyecto de ley un contenido con sentido humanista y armonización con el resto del andamiaje jurídico.
Conviene entonces revisar a fondo y de manera puntual los términos que se proponen y aquéllos en los que se juzga la procedencia o improcedencia de un dictamen, lo cual nos lleva a reflexionar que no existe antagonismo al hablar de discapacidad con una apertura programática, prioritaria y de interés público en materia de desarrollo social.
Por el contrario. Las cifras de personas con discapacidad van en crecimiento alarmante y más temprano que tarde representarán un costo social muy alto y una erogación del Estado que aún no imaginamos, si no se atienden con la prioridad y el interés público que este fenómeno demanda desde ahora.
Sin contravenir el sentido del dictamen que hoy discutimos, sí es posible convenir que lo principal en una ley es la claridad en el uso del lenguaje y que resulta discutible el término de vulnerabilidad, toda vez que, como se ha dicho aquí, podemos afirmar que cualquier persona es vulnerable a un sinfín de circunstancias y eventualidades.
En este orden de ideas, la vulnerabilidad en esta ley no necesariamente está englobando a las personas con discapacidad, alegato de fondo que se debe revisar para evitar que los presupuestos asignados a la atención de las personas con discapacidad se reduzcan en términos reales por no estar considerados en los criterios que definen a los programas prioritarios y de interés público señalados en la multicitada Ley de Desarrollo Social.
Mucho tenemos que analizar y debatir. No me queda más que agradecer a los diputados de todos los partidos que se manifestaron solidarios con este punto de vista y pedir a esta soberanía su voto aprobatorio en los términos de este dictamen. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, Presidente. Desde luego que apoyamos y aprobamos este dictamen de las comisiones. Nos parece adecuado ajustar la terminología, la denominación a los estándares internacionales y creemos que en el uso del lenguaje está el respeto, está el grado de importancia que le reconocemos a los temas.
Pero me parece que el asunto de la atención y la garantía de los derechos de las personas con alguna discapacidad, trasciende un asunto eminentemente semántico, terminológico o de definición. Requiere de una política de estado enfocada a su atención para generar políticas transversales e integrales que atiendan a casi 6 millones de mexicanos.
Los vacíos del Estado los llenan los particulares en la mayoría de las ocasiones y son evidentemente de resaltarse fundaciones como Teletón, en el caso de los niños, o algunas otras que no tienen la visibilidad del apoyo de los medios más importantes del país, pero que de manera callada, de manera altruista entregan una gran vocación para atender a este sector de la población mexicana.
Pero insistimos en que desde el Estado tiene que buscarse políticas públicas más eficaces, sobre todo cuando al fenómeno de las personas con discapacidad en cuanto al núcleo poblacional que es un número muy importante se han ido sumando más personas por la violencia, por los daños colaterales que la delincuencia y que la polarización social y de seguridad pública estamos viviendo en el país.
Por eso creemos que el Estado mexicano tiene que ser proactivo, y por eso recordamos que cuando la discusión de la reforma para la pensión universal para los adultos mayores, por ahí la diputada Adriana González y nosotros también estuvimos de acuerdo, se propuso que también desde el Estado mexicano y como una garantía constitucional, se estableciera una pensión para las personas con discapacidad, sobre todo porque discapacidad y pobreza van de la mano, y como aquí se dijo atinadamente por un compañero diputado, a la situación difícil que enfrentan millones de mexicanos, se suma la exclusión, la pobreza, la desatención e incluso, la desintegración familiar. Por eso hacemos votos porque estas comisiones puedan retomar el tema de una manera integral, y esto represente una reforma de carácter constitucional.
Nosotros también queremos subrayar los esfuerzos públicos gubernamentales que ya se hacen en algunas partes del país, y particularmente lo que se viene haciendo en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde el ayuntamiento que preside Luis Walton, ha destinado cada cuatro meses un apoyo de 2 mil 400 pesos a todas las personas que tienen discapacidad, integrando un padrón superior a mil personas, y esto es una inversión de casi 8 millones de pesos, pero creo que si el Estado interviene más, se podrá atender de mejor manera esta situación. Es cuanto y votaremos a favor de esta enmienda.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 398 a favor, cero abstenciones y cero en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, que reforma la fracción VII del artículo 3o de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que se recibió del diputado Rodimiro Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 Bis y 15, de la Ley Minera, el cual se turna a la Comisión de Economía para dictamen.
También se recibió del diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por diputados integrantes del PRI, la cual se turna a la Comisión de Pesca para dictamen.
Se recibió iniciativa, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Federal de Derecho de Autor y de la Ley de Inversión Extranjera, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD y PT, la cual se turna a Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para opinión.
Se recibió del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Compañeras y compañeros, en los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las Comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:17 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 3 de diciembre de 2013 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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