Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno
De la Junta, con cambios en comisiones y grupos de amistad
Retiro de iniciativa de diputada
De la Secretaría de Gobernación, con respuesta a punto de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con proposiciones con punto
Minuto de silencio por los fallecidos en el accidente del 5 de octubre en Chihuahua
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Luis Armando Córdova Díaz, PRI
María del Socorro Ceseñas Chapa, PRD
María Sanjuana Cerda Franco, PNA
Elizabeth Vargas Martín del Campo
Marcos Rosendo Medina Filigrana, PRD
Dictámenes
Votación en lo general y lo particular
Que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Que adiciona una fracción XV al artículo 5o de la Ley de Organizaciones Ganaderas, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes en sentido negativos
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 258 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum para sesionar.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:06 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se encuentra a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía extiende su reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México y a la Policía Federal, así como a diversas aerolíneas comerciales por su participación en el puente aéreo que conectó al Puerto de Acapulco con el resto del país, presentada por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Secretaría de Gobernación para dictamen. México, D. F., a 8 de octubre de 2013, diputado Ricardo Anaya Cortés.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de grupos de amistad, comisiones ordinarias, especial, que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules. En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la diputada Lilia Aguilar Gil, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 75 y 79 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del 2 de octubre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Justicia.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo relativo al conflicto social por la construcción de una presa hidroeléctrica en Olintla, Puebla.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis de la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo y se reforman diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal, presentada por las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social para su atención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de la Cámara de Senadores dos acuerdos aprobados y 11 proposiciones con punto de acuerdo suscritos por senadores de diversos grupos parlamentarios por los que solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 se consideren recursos necesarios para determinados rubros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Pedro Domínguez Zepeda. Dígame, señor diputado.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): Con el objeto de solicitar un minuto de silencio, señor presidente. Como seguro es del conocimiento de las señoras y señores diputados, el pasado día 5 de octubre tuvo lugar un trágico y lamentable incidente en la ciudad de Chihuahua, donde perdieron la vida ocho personas en un espectáculo público organizado por la presidencia municipal de Chihuahua y siete de las personas que se vieron afectadas se encuentran aún en un estado crítico.
El gobierno del estado inició, desde el primer momento y por conducto de la Fiscalía General del estado, la investigación necesaria para imputar las responsabilidades correspondientes y ejercer la acción penal contra él o los responsables de tan lamentable incidente a efecto de que se aplique con todo rigor el peso de la ley y que no haya impunidad de ningún tipo en este incidente.
Por ello y haciendo votos para que la tristeza de estas familias y el luto que viste el corazón de los chihuahuenses –y esto lo digo de verdad, de todo corazón, Chihuahua se encuentra de luto– no sean utilizados como argumentos político-partidistas, respetuosamente los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI por Chihuahua le solicitamos, señor Presidente, tenga a bien proveer lo necesario para que se guarde un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sobre el mismo asunto me ha pedido la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Gracias, presidente. Precisamente confirmo la petición de mi colega compañero, en cuanto al minuto de silencio, pero además quisiera agregar que ojalá pudiera aceptarnos presentar un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para turnar este asunto a la investigación, más que a la investigación al conocimiento del ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que precisamente contemos con una visión objetiva en el gobierno de Chihuahua en atención a los asuntos ocurridos en el estado.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le daremos el trámite que corresponde. Me pide la palabra para el mismo asunto la diputada Rocío Reza. Sonido en su curul.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Únicamente para sumarme a esta petición de los diputados del PRI por el estado de Chihuahua, de este hecho lamentable que ha entristecido a las familias en la ciudad de Chihuahua y en mi estado completo, y asimismo el solicitar el que se deslinden responsabilidades de este hecho tan lamentable. Es cuando, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín, ¿es sobre el mismo asunto, señor diputado?
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): El mismo asunto. Solamente que quiero comentarle que cómo es posible que en el caso de Chihuahua en donde hay más de siete personas afectadas con su vida, ya se está procediendo a la investigación y en el caso de todos los difuntos que tenemos por la contingencia y en el caso de Conagua, el director todavía no se sabe nada acerca de si se le va a efectuar algún juicio. Debe ser pareja la ley para todos, para el de Conagua y para el de Chihuahua.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su expresión. Esta Presidencia concede el minuto de silencio como ha sido solicitado. Pido a las legisladoras y a los legisladores ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió del diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Carlos Octavio Castellanos Mijares y Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya he concedido la palabra al orador, inmediatamente después le preguntaré con qué objeto, diputado.
El diputado Luis Armando Córdova Díaz: Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, con las fuerzas políticas que convergen en el Pacto por México, el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto dio un paso firme en la consolidación democrática de nuestro país al presentar la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, propuesta que se centra en estimular la competencia entre las empresas prestadoras de servicios en la materia.
Define las telecomunicaciones como un servicio público de interés general, y reposa en una sólida construcción basada en los derechos humanos. Cito: Las tecnologías de la información y los servicios de radio difusión y telecomunicaciones se han convertido en un instrumento básico de participación social y desarrollo económico. Esto es así porque favorece las libertades de expresión y difusión, el acceso a la información y potencializan el crecimiento económico, la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el crecimiento, la difusión de las ideas y la cultura, entre otros aspectos.
En sus principales conceptos señala la iniciativa como principios fundamentales el derecho a la información; a la libertad de expresión; el derecho al acceso de las tecnologías de la información, la telecomunicación, el Internet y banda ancha.
Dos. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestadas en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Tres. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestada en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población; preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento a los valores de la identidad nacional y contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional.
Además, la propuesta legislativa se funda en una estructura de los derechos humanos ligados a la libertad de pensamiento, acceso a la información y libertad de expresión con la finalidad de que el Estado tutele estos derechos y garantice su observancia por medio de la ley.
El artículo 3o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea oralmente, por escrito o en forma expresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
La reforma formulada por el Ejecutivo federal ahora es una realidad al ser una ley debidamente promulgada, gracias al apoyo y la voz creativa de las fuerzas políticas comprometidas con la construcción democrática en México. En este contexto consideramos que es necesario hacer una propuesta complementaria, fundada en un desarrollo consecuente de los principios que se han mostrado.
Fundamenta en esta reforma constitucional, en la medida en que se han identificado plenamente la esfera de la competencia, la espera del interés y la definición de medios de comunicación como públicos.
Resulta, entonces, primordial en la tarea del Poder Legislativo el crear el marco jurídico para consolidar el Estado democrático; es decir, el Estado en donde se ven representadas todas las comunidades y en el que se afirme y se preserve la rica diversidad cultural que caracteriza a nuestro México en el mundo.
El contenido del artículo 2o. constitucional muestra la labor de legislaturas precedentes, en las que se expresa la necesidad de la inclusión de las comunidades indígenas como indispensables en la configuración del Estado mexicano, plural e incluyente. Pero, además, el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos internacionales que protegen y defienden el horizonte de los derechos de las comunidades indígenas.
Por lo antes mencionado, es que llamamos al concierto de las fuerzas políticas democratizadoras en México para que una vez más se pronuncien y apoyen esta iniciativa que tiene como base conceptual todo lo mencionado. Pero un principio de equidad fundamental que las comunidades indígenas no solo gocen de la declaración de poseer y administrar sus medios de comunicación sino que gocen del compromiso del Estado mexicano para tener la capacitación y las condiciones materiales que les permitan operar dichos medios de comunicación.
Por eso, la reforma constitucional que estoy presentando a esta soberanía, para lograr su apoyo propone adiciones al 2o artículo constitucional en su fracción VI, y que debe decir así: extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.
El Estado garantizará las condiciones técnicas y financieras para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir y operar, y administrar medios de comunicación. En los términos que las leyes de la materia determinen.
Financiará la asistencia técnica de las comunidades indígenas para proveerlas de los conocimientos y medios necesarios cuando los cambios tecnológicos pongan en riesgo la operación de sus medios de comunicación. Concluyo, presidente.
El Estado mexicano está comprometido con todos los medios de comunicación, incluso, los operados por particulares para respaldarlos en el salto tecnológico. Pero aquellos medios que ya se habían definido como públicos y que están considerados en el artículo 2o constitucional, parecen no estar presentes en el debate nacional de los medios de comunicación.
Compañeras y compañeros diputados, manifestemos nuestra voluntad de consolidar al México moderno, competitivo y democrático, un interlocutor en el concierto de las naciones en el mundo, pero además, fundado en el respeto de los derechos humanos y en la equidad con nuestras comunidades indígenas.
Pasemos de un principio constitucional declarativo a un principio constitucional que materialice los derechos de los declarados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Córdova Díaz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Hay un asunto que el pleno de la Cámara tiene que conocer y resolver sobre el particular. Me refiero a una notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se recibió en esta Cámara el pasado 2 de octubre y que está puntualmente resolviendo lo siguiente:
Único. Se requiere al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión que informe a esta sala superior sobre el cumplimiento de la referida ejecutoria en los términos precisados.
Se refiere al nombramiento del consejero electoral que deberá suplir a Sergio García Ramírez, y que es un proceso inconcluso y que ya fue motivo de una sentencia judicial. Lo importante de este requerimiento es que lo hace directamente al pleno de la Cámara de Diputados, es decir, a esta soberanía integrada.
Ya se dio cuenta del orden del día. Pero, por ser un requerimiento judicial dirigido directamente al pleno, solicito que se pueda agendar para dar respuesta, toda vez que esta Cámara ha sido omisa para responder al día de hoy a esta sentencia judicial.
Entonces, pido, presidente que –dado que es un requerimiento dirigido directamente al pleno–se pueda incluir en el orden del día para procesar este tema tan importante y relevante para la vida democrática del país.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para el mismo asunto me piden la palabra el diputado Huerta Ladrón de Guevara y el diputado Roberto López. Sonido en la curul del diputado Huerta, y después le daré la palabra al diputado López.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Bueno, gracias, presidente. Mire, en principio usted ha sido un presidente muy prudente, y se le reconoce. En este sentido creo que lo que plantea el diputado Mejía es correcto, y usted lo sabe. Usted es responsable de atender estos requerimientos. No puede la Junta de Coordinación Política abrogarse, con la mayoría del PRI, del PVEM y el Panal, pues decisiones que competen al pleno de la Cámara.
Es más, ayer estuve presente en la Junta y oí cuando se les planteó: bueno, pues propongan un nombre, ya que el pleno decida si sí o si no. Ahora, lo grave es que ya también se vencieron los términos para emitir la convocatoria de los otros cuatro consejeros.
Evidentemente ustedes saben que ya estamos fuera de tiempo, a no ser que sea una maniobra que los incluya –a usted– y eso sería lo grave, señor presidente; que ya sabemos que los del pacto contra México, como es costumbre, abrogándose el control sobre esta Cámara de Diputados y el Congreso en general quieran madrugar con su propuesta política, que la están poniendo como candado para aprobar las otras reformas lesivas a la nación.
Y que evidentemente entonces usted, su prudencia que lo ha caracterizado, lo vuelva, ya que su partido está en ese pacto, ustedes han estado empujando con el PRI y el PRD a que primero se apruebe lo del Instituto Nacional Electoral y que por lo tanto estén sofocando aquí el cumplimiento de la ley. Esto es grave porque la Cámara debe de cumplir la ley, aquí hacemos las leyes y se tienen que cumplir y se tiene que cumplir las resoluciones del tribunal.
Por eso creo que es oportuno que sí, en este orden del día, se proponga al pleno este punto, lo debatamos y lo resolvamos conforme a la ley, es lo que hemos estado pidiendo y lo exigimos ahora.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Roberto López, dígame, ¿con qué objeto?
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido que el diputado Mejía, solicitaría que nos informara en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, cuál va a ser el procedimiento para dar cumplimiento a este requerimiento legal, en el sentido de que la Cámara de Diputados en el pleno discuta el requerimiento que se ha hecho mención por parte del diputado Ricardo Mejía.
Sí me gustaría, nos ilustrará aquí al pleno de la sesión, cuál sería el procedimiento a seguir; y en todo caso yo le pediría, al igual que los diputados que acaban de hacer uso de la palabra, que se pudiera agendar en la próxima sesión la discusión para que se desahogara el requerimiento judicial. Si no es así, pediría que nos explicara cuál sería el procedimiento a seguir. Gracias.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Leobardo Alcalá, dígame, ¿con qué objeto?
El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Muchas gracias. Solamente para felicitar al diputado Luis Armando Córdova. Sé que muchos quizás no lo hayan escuchado en su exposición; pero cuando se vino la reforma de telecomunicaciones hubo algunos huecos y creo que hoy se salda uno de ellos, que es el de someter a la comunidad y a las comunidades indígenas a tener igualdad, a tener equidad en todo el tema de comunicaciones. Esto en la modificación del párrafo número seis del artículo 2o. de la Constitución. Por tanto, solicitarle al diputado el podernos adherir a su particular iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Como ustedes saben, esta resolución está dirigida a la Junta de Coordinación Política y, efectivamente, deberemos dar respuesta a la misma en los términos en los que está establecido. Lo acordaremos a la brevedad para que pueda cumplirse con esa resolución puntualmente y en los términos en los que el propio documento lo establece. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Si bien el oficio o la notificación, hasta donde tenemos conocimiento, se dirigió a la Junta de Coordinación. El resolutivo es inequívoco; dice: Se requiere al pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, en todo caso simple y sencillamente se le remite a la Junta para que lo procese, pero quien debe resolver y quien debe tratar el tema es el pleno de la Cámara.
Es precisamente lo que le estamos pidiendo, señor presidente, que pueda, si bien verse en este momento o agendarse, porque el requerimiento es puntual. Se requiere al pleno –no a la Junta-, al pleno de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Huerta, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias. Yo le insisto mucho que haga caso de su prudencia. Esto ya no se puede omitir. ¿Qué estamos esperando, a que mañana o pasado en el Senado los del pacto contra México nos madruguen con una iniciativa y ya no tengamos que cambiar cinco, sino los 11; y que ya ni la Cámara de Diputados ni nadie, en su mayoría, tenga una discusión profunda de esto?
Nosotros decimos que las cúpulas partidistas, tal vez usted no esté enterado; ahora, si es de la cúpula de su partido y está usando la Presidencia para la maniobra que se está haciendo por el pacto contra México por el Ejecutivo de lanzar una iniciativa centralizadora del poder y regresar a lo que hemos estado viendo, va a ser muy grave. Esto ya no lo pueden ocultar. Abran esta discusión el día de hoy mismo. Es nuestra petición, presidente.
La Junta de Coordinación está siendo omisa –no de ahorita- desde hace muchos meses para proponer un nombre, y ésa es una maniobra del PRI y sus dos aliados que tiene y que hacen mayoría en la Jucopo -no ensucien a su partido-; a no ser que sea una maniobra –insisto- del pacto contra México.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado. La Junta de Coordinación Política es el órgano responsable y claramente establece, efectivamente, la resolución un requerimiento al pleno de la Cámara de Diputados para informar a la Sala Superior sobre el cumplimiento.
Estamos en espera de que la Junta de Coordinación Política nos remita el asunto. Lo resolveremos en Mesa Directiva y garantizamos que cumpliremos puntualmente con la resolución que requiere, efectivamente, diputado Mejía, a este pleno –lo subrayo-, informe a la Sala Superior. En esos términos será cumplida la resolución. Diputado Gutiérrez de la Garza, dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Sobre el mismo tema, diputado presidente, para señalar que el día de ayer en reunión de la Junta de Coordinación Política se acordó enviar en el transcurso del día de hoy o a más tardar el día de mañana, el comunicado correspondiente; por cierto, reunión de la Junta de Coordinación Política en la que estaba presente nuestro compañero y amigo, el diputado Mejía Berdeja. Esto con la finalidad, señor presidente, de continuar con la sesión en la que tenemos a su vez, independientemente de iniciativas, dictámenes muy importantes como es el de la Ley de Igualdad de Mujeres. Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Estamos en espera de ese comunicado pero efectivamente será este pleno el que resolverá e los términos. Dígame, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Una precisión adicional, diputado presidente. Al resolver el incidente de inejecución de sentencia la propia Sala Superior estableció que en caso de que la Junta de Coordinación Política no remitiera al pleno una propuesta, sería directamente el pleno quien en ejercicio de su facultad deliberativa y en los términos de la ley debiese desahogar el procedimiento. Es decir, si no llega la propuesta de la Junta de Coordinación, directamente el pleno tiene que agotar el procedimiento y votar uno a uno los aspirantes a consejeros hasta que resultare uno con las dos terceras partes. Y de no ser así, se daría por concluido este procedimiento.
Entonces lo que no queremos es que haya más dilaciones. Si ya, si no hay un escrito de la Junta de Coordinación Política, el pleno puede abordar el asunto directamente. Eso es lo que quería precisar.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención; esperamos de manera pronta el comunicado de la Junta de Coordinación Política para cumplir con la resolución en los términos precisos en que está establecida.
Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy tengo el agrado de presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para crear y promover un cuarto fin de semana largo en el país, con los objetivos de incrementar la derrama económica y promover y coadyuvar al desarrollo del sector turístico en el territorio nacional.
La experiencia acumulada desde el establecimiento en el 2006 de los tres fines de semana largos que ya existen, ha demostrado que la estrategia se ha catapultado al sector turístico, impulsando principalmente por el turismo doméstico, el cual contribuye con el 80 por ciento del volumen total de turistas a nivel nacional, quienes en promedio tienen una estancia de 3.3 días con un gasto promedio diario cercano a los mil 400 pesos.
La inclusión de estos días con carácter de obligatorio ha incrementado la ocupación hotelera de entre el 80 y el 100 por ciento, el flujo de visitantes y la derrama económica que tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía mexicana.
Las estadísticas presentadas por la Secretaría de Turismo y por la Confederación Nacional Turística de México, son por demás alentadoras, las cuales indican que un fin de semana largo puede generar 250 millones de dólares, por lo que su ampliación implicaría una derrama de mil millones de dólares anuales, contando con un cuarto fin de semana largo en el país, con el consiguiente efecto multiplicador en otros sectores y sobre todo en el nivel de empleo.
Son muchos los destinos que se benefician por la implementación de los fines de semana largos. La gran mayoría reciben visitas vía terrestre. Por mencionar sólo algunos ejemplos, diríamos que la Riviera Maya recibe visitantes de Tabasco, Campeche y Yucatán. Los pueblos mágicos del centro del país, que son varios, como Huasca de Ocampo, Zacatlán o Tepoztlán en Puebla, reciben visitantes de la Ciudad de México, de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, de Querétaro, de Jalisco.
La Ciudad de México recibe visitantes de Puebla, de Guadalajara, de Morelos, del estado de México, de Querétaro y del centro del país. Acapulco recibe visitantes en un fin de semana largo principalmente de la Ciudad de México, de Morelos y de otros lugares cercanos a este importante puerto turístico.
Puerto Peñasco recibe visitantes de Chihuahua, de Hermosillo o de Baja California. Lo mismo pasa con Ensenada. Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita que reciben visitantes de Guadalajara, de León y de otros municipios del centro del país y por supuesto es una derrama importante para estos dos lugares turísticos del Pacífico.
La ciudad de Monterrey recibe visitantes de Tamaulipas, de Saltillo, de Torreón y de algunos otros municipios cercanos y sobre todo con la oportunidad de visitar los cuatro municipios conurbanos: Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe.
Quisiera también decirles que en el ejemplo particular la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, un destino de playa que por su ubicación geográfica recibirá visitantes de Jiménez, de Camargo, de la capital del estado de Chihuahua y por supuesto de Parras de la Fuente, de Saltillo, de Torreón, de otros municipios de Coahuila y gente de los estados de Zacatecas y Aguascalientes.
Debo decir que próximamente, el 17 de octubre, cuando sea la apertura de la súper carretera Durango-Mazatlán, que nos llena de orgullo a los sinaloenses y a los duranguenses, seguramente la ciudad de Mazatlán tendrá la oportunidad, en un fin de semana largo, de generar una derrama económica importante.
Por lo tanto, un fin de semana largo propicia un traslado carretero fuera de las localidades donde se radica y permite que todos los estratos sociales se beneficien, dado que su implementación incide sobre el consumo y disfrute de servicios como son restaurantes, cafeterías, balnearios, ferias, museos, exposiciones y entretenimiento en general.
Asimismo, hay que recordar que una de las características del turismo doméstico es el aprovechamiento de la infraestructura carretera, la cual es utilizada por el 90 por ciento de los turistas nacionales.
Aunado a lo antes mencionado, con la implementación de los fines de semana largos también se ha logrado disminuir el ausentismo laboral generado por faltas ocasionadas por la extensión de la celebración de conmemoraciones oficiales, ya que los trabajadores prefieren una disminución en sus percepciones económicas a sacrificar la oportunidad de contar con un día más, un día adicional de convivencia familiar o de esparcimiento.
Del mismo modo y a manera de contraste, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señala que los mexicanos son quienes más tiempo dedican al trabajo. En promedio los mexicanos trabajan casi 10 horas al día, en comparación con la media de los países que integran la organización. Esto hace que sean no ocho horas de trabajo, sino hasta 10 horas.
Por lo anterior es importante destacar que los tiempos que comparten quienes trabajan con sus familias, son menores a los que permanecen en el ámbito laboral, esto hace evidente la necesidad de los mexicanos por incentivar su armonía social al compartir más tiempo familiar en un fin de semana largo más.
De tal manera que el fin de semana largo que se propone no sólo propiciará una mejora en la calidad de vida de las personas, una mayor convivencia familiar, sino además fungirá como un atenuador de las presiones tanta laborales como sociales, una mayor reducción del ausentismo laboral, el incremento de la productividad no sólo del sector turismo sino de la economía nacional en su conjunto, y la reducción de la estacionalidad de muchos destinos del país.
Ante ello, compañeras y compañeros diputados, es importante la implementación de un fin de semana largo adicional, y para ello considero que en su análisis y discusión –termino, presidente– entiéndase, el turno deberá darse por esta presidencia, si usted así lo considera, a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, a la Comisión de Turismo. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Como lo ha solicitado, se turna a Comisiones Unidas...
El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Martín Heredia. ¿Dígame, diputado?
El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (desde la curul): Presidente, buenos días. Para pedirle al proponente, el diputado Dorador, si puedo adherirme a su iniciativa, firmarla y también a la misma vez recomendar a los miembros de la Comisión de Turismo que podamos signar esa iniciativa que creemos que es muy benéfica para el turismo de este país.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ya el diputado Dorador ha dicho que por supuesto que está de acuerdo, entonces quienes deseen suscribir la iniciativa lo puede hacer aquí en la Secretaría y se turna a Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Turismo, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias, presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con permiso, diputado presidente. Esta iniciativa respaldada también por la diputada Aleida Alavez, la diputada Lorenia Valles, Julisa Mejía, Gloria Bautista, Guadalupe Flores, Javier Orihuela, Carlos de Jesús, Víctor Nájera, y esperamos que haya obviamente, la oportunidad a sumarse algunas y otros diputados.
Someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Entre las propuestas presentadas por el titular del Ejecutivo dentro del paquete económico para el 2014, destaca la referida al impuesto sobre la renta. Se ha reiterado la importancia de la progresividad, de la tasa impositiva como un instrumento que posibilita la justicia social; sin embargo, este argumento resulta muy endeble porque en realidad no contribuye a mejorar el equilibrio entre quienes ganan más y aportan más a Hacienda Pública.
En nuestro país el tema de la proporcionalidad y progresividad de las contribuciones ha sido un debate falso. Nunca el gobierno federal ha enfrentado el compromiso de gravar con tasas significativas la renta. La propuesta que presentamos el día de hoy tiene como objetivo enmendar la propuesta presentada por el secretario de Hacienda y en verdad gravar más a quienes tengan mayores ingresos.
En mi calidad de legisladora estoy convencida de que debemos impulsar y empujar todas las acciones que encaminen a conseguir una mayor competencia en la calidad y precios de los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores. Denunciar y combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas que obstruyen esa competencia, así como las acciones que de manera individual o en conjunto realicen las empresas en contra de los intereses colectivos o en detrimento del desarrollo democrático, laboral y cultural del país, así como del medio ambiente.
La fracción IV del artículo 31 de nuestra Constitución señala puntualmente que es obligación de todas las y los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así sea de la Federación, del Distrito Federal, del estado o municipio en que residan, de tal manera, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo en materia de ISR señala cómo la mayoría de los análisis de investigadores y especialistas del tema de las finanzas públicas requieren mayores recursos para reducir la pobreza y desigualdad, mejorar la política social y promover el crecimiento económico, así como impulsar la redistribución de la riqueza mediante el gasto social y un esquema tributario progresivo. Sin embargo, todos conocemos la falta de equidad y proporcionalidad del sistema fiscal del país, esta característica de nuestro modelo no es una casualidad o una imperfección legal, los poderes fácticos han sometido al Congreso y de manera permanente quienes terminan pagando más impuestos son quienes menos ganan.
México es un país que ha fomentado una brecha enorme entre ricos y pobres, la concentración de la riqueza ha sido denunciada en foros nacionales e internacionales, pero nunca se han presentado iniciativas que modifiquen esta realidad ni observamos voluntad suficiente para enmendar estas grandes desigualdades. Esperamos que hoy sea lo contrario.
Para poder revertir las enormes asimetrías que padece nuestro país debemos modificar nuestra concepción sobre lo que entendemos y esperamos de la política estrategia hacendaria, sin modificar la concepción y los alcances de la Ley del ISR será imposible alcanzar la justicia tributaria tan anhelada e imprescindible para modificar y resolver todos los problemas que tiene el país.
Millones de ciudadanos, como lo muestran los resultados de las mediciones de la pobreza, han mermado su nivel de vida y cancelado la posibilidad de tener movilidad social. Hoy sin temor alguno de equivocarnos, podemos afirmar que dos terceras partes de la población se encuentran en situación de vulnerabilidad, y de mantener estos esquemas fiscales débiles estarán condenados a mantenerse en esa situación e incrementar en número hasta su inanición.
La propuesta del gobierno en materia de ISR es aún tibia, la progresividad no se nota y no se identifica el escalonamiento de la misma. La tarifa vigente presenta ocho tramos que inicia como límite inferior de cero y concluye con un límite superior de los 392 mil 841 pesos con 97 centavos, aplicando una tasa tan solo de 1.92 al 30.
Durante los últimos 25 años la Ley del ISR ha presentado modificaciones que ni han incrementado los ingresos de la hacienda pública ni han permitido lograr un equilibrio entre los beneficios y las cargas de la cooperación.
En 86 existían 28 tramos hasta que en 2005 hubo una disminución que llegó a 5, y en 2008 alcanzó los 8 que están vigentes hasta hoy. El Ejecutivo solo crea un tramo más, que va del medio millón en adelante.
Nuestra propuesta deja la tabla en 12 tramos, lo cual permite el escalonamiento y progresividad muy clara para ingresos superiores al medio millón, a los 750 mil, un millón, 10 millones y en adelante; con gravámenes de 30, 31, 32 y 40 por ciento. Esta propuesta se diferencia del Ejecutivo porque subraya la proporcionalidad de contribuyentes con mayores ingresos. Termino, presidente.
La progresividad no es un anhelo o concesión de un gobierno, es una urgencia que este país requiere para enmendar los grandes problemas que afronta y no podemos esperar más. Solicito que sea incorporado de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. Por un error mío... La diputada Ceseñas tiene dos iniciativas agendadas hoy, yo anuncié la de la Ley Federal del Trabajo y, como todos escuchamos, fue la del ISR.
Entonces, esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de insertarse íntegra en el Diario de los Debate, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Aprovecho también la oportunidad para turnar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del trabajo de la misma diputada Ceseñas Chapa.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y alumnas de la Secundaria Técnica número 13, “General Lázaro Cárdenas”, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí hoy invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Bienvenidos a la sesión.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, quiero presentar hoy una iniciativa de reformas a la Constitución en sus artículos 4o. y 73. ¿A qué me refiero? El activo más importante que tiene el Estado mexicano, sin lugar a dudas, es su gente; es el pueblo de México.
El activo más importante de su gente, de la nación mexicana, es su territorio, con su vastedad, con todos sus recursos. Pero ¿cuál es la visión que debemos tener con relación a los mexicanos y cuál es la visión y perspectivas que debemos tener con relación a la conservación de su territorio?
Desde luego que tenemos que pensar en mexicanos que sean sanos, que sean fuertes, que tengan un intelecto capaz de afrontar los grandes retos que presenta ante ellos este siglo que comienza.
También tenemos que pensar en un territorio en el que puedan desenvolverse sanamente, un territorio cuidado, un territorio en el que nosotros podamos disfrutar de todos los beneficios que éste nos proporciona.
La verdad es que nuestra Constitución ya contempla como un derecho fundamental, un derecho humano así reconocido también en convenios internacionales, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano.
Son derechos humanos que están previstos en el artículo 4º constitucional, para los cuales se otorgan garantías, garantías que son requisitos y lineamientos que las autoridades deben cumplir antes de poder afectar a cualquier mexicano en sus derechos fundamentales.
¿Qué es lo que sucede? Tratándose de los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano, la verdad es que se establece el principio, se establece la prerrogativa que nos corresponde a todos nosotros como mexicanos.
Es concomitante, desde luego, de una obligación del Estado mexicano de hacer cumplir y de ver por ellos, pero están limitadas.
La verdad de las cosas es que la responsabilidad ambiental y los daños que se puedan ocasionar al medio ambiente sí dan lugar a la obligación de reparar ese daño, pero la participación que tiene el gobierno del Estado en consumar los procedimientos para lograr la reparación del daño en materia ambiental son sumamente limitados.
Lo mismo sucede en materia de salud, la Ley General de Salud que expide el Congreso establece algunos lineamientos generales, a través de los cuales las autoridades en materia de salud pueden velar porque la publicidad no sea engañosa, porque los servicios de salud se proporcionen con oportunidad a la gente, pero las políticas se antojan limitadas.
Hoy tenemos ante nosotros una iniciativa del presidente de la República que propone la incorporación de impuestos que graven la emisión de contaminantes al medio ambiente, con lo cual, desde luego, se impulsa una nueva protección a la salud.
A pesar de que existe este fundamento constitucional que el presidente de la República está utilizando correctamente, a fin de presentar su iniciativa, consideramos que debemos dar un mayor impulso a las políticas del Estado, tratándose de la preservación del medio ambiente y de la protección a la salud.
Y es por eso que propongo, así como establece el derecho humano a la salud y al medio ambiente el artículo 4º constitucional la incorporación de un nuevo mecanismo de participación estatal, tendente a hacer válido y a materializar y a hacer efectivo este derecho humano.
¿A qué me refiero? Debemos pensar en la posibilidad de implementar políticas públicas, también como políticas económicas tendentes a privilegiar la salud de los mexicanos y la conservación de su patrimonio principal, que es su territorio.
En el artículo 4º constitucional, además de incorporar la nueva política que vendría a abrir lo que podría ser y denominarse como un nuevo derecho tributario ambiental, mecanismos que permitan al Ejecutivo, que permitan al Ejecutivo a través de las leyes que expide el Congreso General, el otorgamiento de incentivos a favor de aquellas personas que velen tanto por la preservación de la salud como del medio ambiente.
¿Cuál sería la redacción con la que podría quedar incorporada esta reforma al artículo 4º constitucional? Y permítanme leérselas.
En el artículo 4º, actualmente se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicio de salud.
Propongo que se incorpore esto. También la ley deberá definir las bases y modalidades para la implementación de políticas de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas o que perjudiquen a la población para el establecimiento de gravámenes especiales que desmotiven la distribución de alimentos y productos que carezcan de valor alimenticio, cuyo consumo represente un riesgo para la salud. O también, de estímulos que incentiven las acciones que llevan a cabo los particulares para disminuir los riesgos para la salud.
Ahí está, no solamente es el establecimiento del gravamen, sino también la posibilidad de que el gobierno incentive y dé beneficios a aquellas personas que, dedicadas a una actividad comercial o industrial, velen por proteger la salud de los mexicanos, el principal activo de nuestro Estado.
En otro párrafo, adelante, el mismo artículo 4o. constitucional prevé que toda persona tiene derecho a un medioambiente sano para el desarrollo y bienestar; y el Estado garantizará el respeto de este derecho, pero cómo o va a garantizar. Y aquí propongo que se incorpore esta sección:
La ley establecerá los gravámenes que, de acuerdo con el impacto ambiental causado –y hallar una proporcionalidad del gravamen–, deban pagar aquellas personas que realicen actividades comerciales o industriales que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente o también los estímulos que impulsen la ejecución de acciones tendientes a su protección y conservación.
Esta redacción del artículo 4o. constitucional desde luego que viene a complementar el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, y abre un nuevo paradigma en lo que debe ser la relación del gobierno y los particulares, y sobre todo el gobierno y los particulares con relación al medio ambiente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Cuéllar. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Alfredo Zamora, por favor. Dígame, diputado.
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Los diputados de Baja California Sur –Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante, y un servidor– queremos compartir con el pleno y con todos los ciudadanos de nuestro país que Baja California Sur cumple hoy 39 años de convertirse de territorio a estado.
Y lo quiero destacar porque los sudcalifornianos se han destacado precisamente por ser gente trabajadora, que le está aportando lo mejor a nuestro país y que hoy tenemos un gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, que está haciendo el mejor esfuerzo para sacar adelante este estado y a la gente, que –como lo he dicho– día a día hace su mejor esfuerzo. Y por ello una felicitación para todos los paisanos y compartir este hecho tan importante para nosotros. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención ya forma parte del Diario de los Debates.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: La diputada López Moreno. Dígame. Sonido en la curul de la diputada López Moreno, por favor.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle que la iniciativa que acaba de presentar el diputado Cuéllar sea turnada, para opinión, a la Comisión de Medio Ambiente.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. Queda turnada para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y para opinión a la Comisión de Medio Ambiente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 86 Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esta iniciativa que presentamos el diputado Ricardo Monreal y su servidor es encaminada a fortalecer a los usuarios, a los consumidores de diferentes servicios privados o públicos, de los cuales tiene que firmar contratos de adhesión.
Como ustedes recordarán, en días pasados se aprobó un dictamen de la Comisión de Energía, por virtud del cual se autoriza la creación de organizaciones de consumidores; el propósito de ese dictamen, hoy ley ya aprobada, tiene como finalidad fortalecer a los consumidores de abusos, de prácticas desleales de comercio, de acaparamiento y de diferentes situaciones anómalas que se dan en el comercio.
La presente iniciativa que presentamos a nombre de Movimiento Ciudadano, va encaminada al mismo propósito, la revolución de las comunicaciones, el desarrollo tecnológico ha provocado un volumen masivo de contrataciones de productos y servicios. Esto ha ocasionado, que en lugar de que cada empresa haga un contrato con cada consumidor, se establezcan contratos ya predeterminados donde se establecen cláusulas para poder llevar a cabo esta operación comercial.
Según la Ley de Protección al Consumidor, un contrato de adhesión es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las clausulas de un contrato ordinario.
Los contratos de adhesión son aplicados por compañías; sin embargo esto ha dado pie a cláusulas abusivas, por virtud del cual quien contrate estos servicios está a merced de los abusos, de las fallas del servicio de las comisiones y de sobrecostos a los servicios.
Los contratos de televisión de paga y de telefonía celular son los servicios que más molestias ocasionan en los ciudadanos de este país, quién no ha escuchado o vivido en carne propia las fallas del servicio de telefonía móvil, la pérdida de señal, el costo de llamadas, el sobrecargo de tarifas. En resumen, los contratos de adhesión son utilizados maliciosamente para obtener un lucro indebido.
México cuenta con 98 millones de líneas de telefonía móvil y 44 millones de personas con servicio de televisión de paga. En la Procuraduría Federal del Consumidor, el 40 por ciento de las quejas son contra proveedores de telefonía celular; el 34 por ciento contra empresas de telefonía de paga y el 14 por ciento corresponden a otros servicios de telecomunicaciones.
Aquí se vanaglorian algunos de la reforma en telecomunicaciones, pero en realidad estas reformas no llegan a los usuarios de servicios porque se siguen cometiendo abusos y corruptelas de parte de esas empresas, y esto no es exclusivo del sector privado. Qué decir de la Comisión Federal de Electricidad; y qué decir incluso también de las empresas de aviación que también cargan sobrecostos o a veces sobrevenden excesivamente sus vuelos.
Por todo ello, estamos proponiendo esta reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que sean inválidas las cláusulas abusivas que establezcan incremento de precios por servicios, accesorios, financiamientos o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y que estén consignadas en forma específica.
Lo que estamos proponiendo, en síntesis, es legislar para los consumidores y para los ciudadanos. Por eso esta reforma es una reforma que creemos que debe prosperar en el seno de la Comisión de Economía, para seguir fortaleciendo a los usuarios de estos servicios. Ése es el fin.
No más prácticas abusivas; no más contratos de adhesión que tienen cláusulas tan pequeñas que son prácticamente imperceptibles, pero que implican abusos desmedidos para los consumidores. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias. Señoras y señores legisladores. La iniciativa que hoy someto a consideración de esta asamblea busca corregir una grave anomalía de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que vulnera los derechos de seguridad social de los trabajadores al Servicio del Estado.
Me refiero al artículo 25 de la Ley del ISSSTE donde se establece lo siguiente. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla parcial o totalmente durante 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses el entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo.
Esto significa que si el patrón deja de enterar las cuotas, aportaciones y descuentos, el trabajador y su familia podrían perder la protección de los seguros, prestaciones y servicios que componen sus derechos de seguridad social. Tal disposición es inaceptable porque conculca derechos constitucionalmente consagrados.
Por esa razón el 19 de junio de 2008, a partir de miles de solicitudes de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional lo contenido en el segundo y tercer párrafo del artículo 25 de la Ley del ISSSTE.
El entero de las cuotas es responsabilidad de la dependencia, no de los asegurados, a quienes no se les podrán suspender los seguros, prestaciones y servicios por incumplimiento en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos.
¡Qué quiero expresar con esto? Miren, legisladoras, legisladores, al trabajador se le descuentan puntualmente sus aportaciones, sus cuotas, pero la entidad se tarda meses en enterar al ISSSTE y eso deja en estado de indefensión al trabajador y a su familia.
La Suprema Corte ya declaró inconstitucional estos párrafos del artículo 25. Por ello nuestra iniciativa consiste en que debemos salvaguardar los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias y recordar que a nivel internacional existe una tendencia a expandir la seguridad social en un esquema de universalidad que permita superar deficiencias e inequidades en la protección social de la población.
La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos”.
Pero eso que establece la OIT es contravenido cuando alguna dependencia o algún estado no entera las aportaciones de los trabajadores y el trabajador desde el momento que se le descuentan, sabe y piensa y siente que está protegido, pero no sabe que su patrón, en el estado, no enteró las cuotas al ISSSTE.
En tal sentido el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza que ha seguido con atención esa anomalía, proponemos la modificación a los párrafos de ese artículo y con eso estamos contribuyendo también a que la seguridad social independientemente de la situación laboral de las personas, deba de ser universal y para eso tenemos que armonizar aquello que está fuera de orden en la ley.
Tenemos que construir un sistema basado en el principio de sostenibilidad fiscal, es decir, que el financiamiento de las pensiones universales, el seguro de desempleo, el acceso de todos a los servicios de salud, se cubra sin recurrir a un endeudamiento incontrolable.
La seguridad social por la que lucha Nueva Alianza, debe construirse sobre los pilares de la cobertura para todos, las prestaciones esenciales y la calidad de los mismos. Es decir, que todos tengan acceso a servicios de calidad en todos los rubros de seguridad social para superar situaciones como las que por ejemplo nos ofrece el Seguro Popular que ni es de calidad ni cubre en los hechos ciertas enfermedades y padecimientos de alta gravedad.
Para lograr todo eso es indispensable poner en orden el marco jurídico correspondiente porque si no podemos corregir disposiciones legales declaradas inconstitucionales, menos podremos edificar un sistema jurídico-institucional complejo para garantizar una seguridad social incluyente y sostenible.
Por todo lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa proponemos reformar el párrafo segundo y derogar el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley del ISSSTE con el objeto de dejar claramente establecido que en ningún caso el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios a que está obligado prestar.
Esta reforma legal es indispensable y debería concitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios y estamos seguros que así será. Por su atención y apoyo muchas gracias, muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de 80 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, campus Lagos de Moreno, que están hoy aquí invitados por el diputado José Noel Pérez de Alba. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Elena Cano Ayala, a nombre de la diputada María de la Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada María Elena Cano Ayala: Con su permiso, diputado Presidente. A nombre de la diputada María de las Nieves García Fernández y mío propio, presento a esta soberanía la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Diputados y diputadas: en el 2002 la Organización Mundial de la Salud definió a la farmacovigilancia como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales con el objetivo de identificar información, nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes.
Derivado de esta definición, el 15 de noviembre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana que tiene por objeto establecer los lineamientos sobre los cuales se deben realizar las actividades de farmacovigilancia y define al Centro Nacional de Farmacovigilancia como el organismo dependiente de la Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de farmacovigilancia en el país y que participa en el programa internacional de la materia de la Organización Mundial de la Salud.
Los retos que enfrenta nuestro país para impulsar acciones que garanticen la seguridad de los medicamentos que se comercializan en el país son grandes, dado que éstos son un insumo de primer orden para la atención de la salud.
Es por ello que resulta prioritario contar con un marco legal y normativo eficiente actualizado orientado a la obtención de resultados que permitan visualizar los riesgos que pudieran ocasionar los medicamentos, así como la manera de prevenirlo. De igual forma, resulta indispensable que este marco normativo permita el desarrollo y la aplicación de políticas públicas.
Con esta premisa la Secretaría de Salud publicó en 2004 la Norma Oficial Mexicana 220, con el objetivo de sentar las bases para establecer el Centro Nacional de Farmacovigilancia, el cual sería el encargado de recoger y procesar todas las notificaciones de posibles reacciones adversas.
El Centro Nacional de Farmacovigilancia ha sido seleccionado como una de sus metodologías principales para la detección de reacciones adversas, la notificación espontánea, que es la vigilancia pasiva, ya que a través del tiempo ha demostrado su utilidad para detectar reacciones adversas nuevas y graves, además de tener como ventaja una amplia cobertura de la población en virtud de su sencillez y bajo costo.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos es de vital importancia adecuar el marco legal a las mejores prácticas internacionales. Esto permitirá a la autoridad sanitaria hacer un cambio paulatino y ordenado hacia un enfoque de autorización de insumo para la salud que privilegie la vigilancia posmercado sobre el análisis de evidencia documental periódica; es decir, migrar hacia un esquema basado en un análisis contiguo de riesgo sanitario.
Es imperativo para México empezar un proceso de armonización gradual de regularización, de modo tal que permita un fortalecimiento en los procesos de farmacovigilancia para el control sanitario de medicamentos y vacunas y de tecnovigilancia, en el caso de los llamados dispositivos médicos.
Por estas razones, la presente iniciativa plantea medidas legales en tres principales vertientes:
1o. Elevar a rango de ley el programa permanente de farmacovigilancia, así como sus funciones y responsabilidades.
2o. Asegurar que todos los profesionales de la salud conozcan los mecanismos para presentar reportes de reacciones adversas. En este sentido que se propone hacer obligatorio que todas las instituciones de educación superior en las que se impartan las carreras de medicina y enfermería incluyan a la farmacovigilancia en sus planes de estudio.
3o. Desarrollar mecanismos para incentivar la participación de la sociedad en general, toda vez que los medicamentos de libre venta pueden ser empleados sin la consulta previa de un especialista y pueden generar reacciones adversas.
Para lograr esto se busca generar conciencia respecto de los riesgos involucrados con los posibles efectos adversos y reacciones secundarias del consumo de medicamentos de libre venta. Para este efecto la presente iniciativa busca regular la publicidad e insumos para la salud en dos sentidos:
1. Hacer obligatorio que en la publicidad emitida por cualquier medio de comunicación se incluya la información referente a las posibles reacciones adversas causadas por dichos medicamentos.
2. Prohibir que se utilicen spots publicitarios concatenados, a efecto de presentar información que pudiera resultar engañosa respecto de insumos para la salud.
Diputadas y diputados, esperamos contar con el apoyo en la Comisión correspondiente, de todos ustedes, y también en eta soberanía para la aprobación de la presente iniciativa. Por su atención, muchas gracias. A la diputada María de las Nieves mi agradecimiento por permitirme concederme el alto honor de estar en esta tribuna.
Hasta aquí mi intervención, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor.
La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, la actual dinámica de la economía, la necesidad de proteger los derechos de los integrantes de la cadena comercial, en especial la de los consumidores y la urgencia de establecer mecanismos que permitan fortalecer el poder adquisitivo, exigen del Estado mexicano una actualización constante de las funciones de los organismos que regulan estas actividades.
En este contexto, se considera necesario propiciar mejoras en el quehacer que realiza la Procuraduría del Consumidor, a fin de que cuente con más y mejores herramientas para cumplir con sus tareas.
Hay que tener en cuenta que el objetivo de la Ley del Consumidor es resguardar los derechos de los consumidores en las relaciones de consumo y la autoridad encargada de ello es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. La Profeco –lo sabemos- es la parte que custodia los derechos de los consumidores que somos todos. En este sentido, el contenido de mi proyecto se centra en dos ejes.
El primero, fortalecer a la figura del procurador del Consumidor, y el segundo, robustecer a la Profeco en la instrumentación de sus facultades, pero en equilibrio ante el sector productivo, es decir que su discrecionalidad no se convierta en arbitrariedad.
Para fortalecer al procurador del Consumidor se plantea establecer un periodo fijo de su cargo de 4 años, renovable en el cuarto año calendario del sexenio presidencial. Ello evitaría la debilidad institucional de ese funcionario ante las instrucciones del presidente de la república e impediría que esa institución responda estratégicamente a los intereses políticos.
Además, le fijaría la obligación de hacer pública su declaración patrimonial para que pueda verificarse si existe un incremento sospechoso en su patrimonio que no concuerde con sus ingresos.
Mi proyecto propone establecer, específicamente, criterios técnicos sobre el perfil que debe reunir ese funcionario en el momento de su nombramiento y a la par señala con precisión las causas bajo las cuales podrá ser removido, como son las siguientes:
Usar dolosamente la información de la Profeco en beneficio o en contra de algún tercero. Proveer en forma dolosa información para la toma de decisiones, entre otras, particularmente graves que perjudiquen el buen servicio público.
Respecto a la Profeco, propongo su fortalecimiento institucional mediante obligaciones de transparencia y que se fijen metas bianuales para poder evaluar su desempeño. Asimismo se añadiría un canal de comunicación para que los comerciantes notifiquen comentarios respecto a los verificadores de esa institución.
También incluye crear la figura del verificador encubierto, para comprobar la calibración de los instrumentos de medición, como básculas. Estas acciones seguramente abonarán a la certeza jurídica de la Profeco, a la consolidación de una institución sólida y confiable, y lo más importante, a proteger de manera mejor los derechos de nosotros los consumidores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Elizabeth Vargas. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Muchas gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presento hoy es una reforma al artículo 63 de la Constitución, en su segundo párrafo, y va encaminada en el ánimo de generar un régimen realmente republicano en el cual las legisladoras y los legisladores federales no seamos diferentes a las reglas que rigen la labor, el trabajo del resto de los mexicanos.
Hoy, a como está redactado el artículo 63 constitucional en su fracción II, dice que se entiende también que los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncia a concurrir hasta el periodo inmediato llamándose desde luego a los suplentes.
Ésta es una excepción que va en contra de la lógica y del trabajo actual de la Cámara de Diputados, porque establece un tramo muy largo de hasta 10 inasistencias para las legisladoras y los legisladores. Pero además, ni siquiera establece de manera clara una periodicidad sino que se interpreta, se deriva que etas 10 inasistencias son a lo largo del periodo, dado que en la última parte dice: se renuncia a concurrir hasta el periodo inmediato, lo cual hace interpretar que es durante un periodo que se darán estas inasistencias.
Esto, desde mi particular punto de vista contribuye de manera determinante al lamentable ausentismo que tenemos en la Cámara de Diputados.
Y no es una preocupación nueva, es una preocupación que viene de muchos años y que quisiera ilustrarlo mencionándoles a ustedes parte del proyecto de reforma constitucional que envió Venustiano Carranza al Constituyente de 1917.
Y en aquel tiempo, cuando se estableció este actual artículo 63 constitucional, se argumentaba que se pretendía impedir, y cito textualmente: “el abuso que sentó sus reales en las cámaras mexicanas en la época del general Porfirio Díaz, consistente en no concurrir a las sesiones aquellos ciudadanos que residían fuera del Distrito Federal y así cobraban sus dietas sin la menor justificación”. Fin de la cita.
En aquel momento de 1917, las sesiones del Congreso eran distintas a las de ahora. Se sesionaba diariamente, ahora sesionamos dos veces a la semana, de tal manera que las 10 inasistencias exceden, incluso, el plazo de un mes, porque en un mes solamente concurrimos, en tiempos normales, en 8 ocasiones, a esta Cámara de Diputados.
Lo anterior es contrario, por ejemplo, a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 47, fracción X señala que es causa de recisión laboral, y cito textual, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Fin de la cita.
Más aun, la reciente Ley General del Servicio Profesional Docente, que se aprobó en esta Cámara hace algunos días, en su artículo 76 señala textualmente que con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada será separado del servicio.
De tal manera que nos estamos poniendo estrictos con el resto de los mexicanos, pero somos incapaces de ponernos estrictos con nosotros mismos y con nuestras ausencias en esta Cámara de Diputados.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, esta mañana vengo a proponerles a ustedes que reformemos el artículo 63 constitucional y que quede de la siguiente forma: se entiende también que los diputados o senadores que falten en tres ocasiones consecutivas a las sesiones de un mes, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente en su respectiva cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose, desde luego, a los suplentes.
Ojalá esta iniciativa cuente con el respaldo de todas y de todos ustedes, y que mandemos una clara señal a las mexicanas y a los mexicanos de que no queremos un régimen de excepción para las diputadas y para los diputados, sino queremos un régimen republicano donde todas y todos los mexicanos seamos iguales y tengamos las mismas reglas. Muchas gracias, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Marco Rosendo Medina. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Es que la iniciativa que acaba de presentar mi compañero diputado, Marcos Rosendo, es parecida y complementaria a una que también estoy suscribiendo, entonces le pediría al diputado Marcos Rosendo si no tuviera inconveniente en que me permitiera suscribirla.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si el diputado no tiene inconveniente la Secretaría la pone a su disposición.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasmos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y a los ciudadanos que nos acompañan del estado de Querétaro. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. Asimismo damos la más cordial bienvenida a las invitadas y a los invitados del señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, provenientes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rocío García Olmedo para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María del Rocío García Olmedo: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pasado 3 de abril recibimos turno para estudio y dictamen en Comisión de Igualdad de Género de la minuta que reforma diversos artículos de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Dicha minuta responde a una iniciativa presentada en el 2007 durante la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en Cámara de Senadores. Su propósito, ampliar el objetivo de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, precisar algunos conceptos y definiciones para favorecer su comprensión con promover la igualdad de trato y oportunidades, erradicar la violencia contra las mujeres y eliminar el lenguaje sexista y los estereotipos de género, entre otros.
Tras un largo proceso legislativo, la Mesa Directiva de Cámara de Senadores determinó revisar asuntos pendientes y ratificó el turno de dicha minuta, la cual fue nuevamente enviada a esta Cámara de Diputados.
Esta Comisión de Igualdad de Género, coincide con la colegisladora, en que el propósito de las reformas es incorporar en la ley la obligación del Estado, de implementar medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados familiares.
Reconocemos también, que las reformas propuestas contribuyen al ejercicio de los derechos y las libertades de las mujeres y los hombres, así como el pleno respeto de los principios democráticos de igualdad y de no discriminación.
Por ello, asumimos como propios los argumentos del Senado en su mención del artículo 4o. de la Constitución General de la República, como referente y garante del principio de igualdad, así como de su capacidad constitucional, de suplir las deficiencias y omisiones de la ley en la materia y desechamos algunas de las modificaciones que resultaban reiterativas.
El presente dictamen reconoce que la colegisladora realizó una lectura sistémica de los nuevos conceptos que se incorporan, tales como acciones afirmativas, discriminación, discriminación contra la mujer, igualdad de género, igualdad sustantiva, perspectiva de género y transversalidad; por lo que fue necesario homologar el lenguaje con los criterios establecidos y reconocidos en el ámbito internacional, mejorando la redacción de la propuesta original para hacerla congruente con las leyes específicas que abordan la discriminación y la no violencia contra las mujeres.
No omito mencionar, que estas modificaciones son necesarias y, desde luego, resultado de un análisis integral y de un oportuno ejercicio de armonización y homologación de los conceptos desde la perspectiva de género, con visión integral y de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Al aprobarse el presente decreto en sus términos, estaremos contribuyendo al logro de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.
Fortalece también, por otra parte, las acciones de promoción de la igualdad en los ámbitos civil, laboral, personal, familiar, educativo, económico y con los servicios de salud, ordenando mecanismos y medidas específicas para cada ámbito.
Garantice el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en estos ámbitos y reconoce las diferencias generando las condiciones para que no exista violencia ni discriminación en contra de las mujeres a través de acciones legislativas y políticas públicas coherentes con la realidad y eficaces, única manera de contribuir al bienestar de las mujeres y hombres y a la justicia en una sociedad democrática.
Con ello estaremos aportando también elementos para el cumplimiento formal de las obligaciones del Estado de ser el garante de las políticas, de atender y de erradicar la discriminación contra las mujeres específicamente a través de la aprobación de las presentes reformas, modificaciones y adiciones a la Ley General de Igualdad Entre Mujeres y Hombres.
Por lo anterior expuesto, pedimos su voto a favor de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, la fracción I y las actuales fracciones II y III que pasan a ser VII y VIII del artículo 5; las fracciones V y VI del artículo 17; las fracciones II y III del artículo 33; el primer párrafo y las fracciones X y XI del artículo 34; las fracciones II y III del artículo 37; las fracciones IX y X del artículo 40; y las fracciones II y III del artículo 42, adicionando las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 5 recorriéndose las subsecuentes; las fracciones VII, VIII, IX, X y XI del artículo 17; fracción IV del artículo 33; fracción XII del artículo 34; fracción IV del artículo 37; fracción XI del artículo 40; y las fracciones IV y V al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.
Por su voto a favor, compañeros legisladores y legisladoras, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Rocío García Olmedo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En los últimos años el Estado mexicano ha transitado en la incorporación de mecanismos jurídicos que responden a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos.
Desde el Congreso de la Unión se han mostrado resultados trascendentes que permiten avanzar en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. En este proceso el día de hoy votaremos un dictamen de la Comisión de Igualdad y Género que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que a siete años de ser promulgada por el Estado mexicano, necesitamos seguir la ruta de una política de Estado eficaz.
Esta reforma incluye, entre otros aspectos, la obligación del Estado de implementar medidas que le favorezcan, la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados familiares.
Asimismo se aborda un aspecto fundamental en las urgencias estructurales para avanzar en nuestro desarrollo democrático. Es decir, expresa de manera clara la igualdad sustantiva y de trato.
En la Comisión de Igualdad coincidimos con la necesidad de transitar de esta igualdad formal establecida en nuestra Carta Magna y leyes secundarias, a la igualdad real que se refleja de manera tangible en los derechos de todas las mujeres de nuestro país.
Este dictamen que resulta de una minuta de la Cámara de Senadores, propone precisar los conceptos y definiciones que erradican la violencia contra las mujeres y elimina el lenguaje sexista y los estereotipos de género.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este proyecto que reforma la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Reafirmamos la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta de las y los mexicanos, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas frecuentes que están basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
La aprobación de esta reforma es un logro importante. No obstante es necesario seguir trabajando en la armonización de las demás leyes secundarias a fin de transversalizar y garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para mujeres y hombres cualquier acción que se programe tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas o culturales, en las instituciones públicas o privadas.
Garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos es una cuestión de Estado. Nuestro compromiso como legisladoras y como legisladores, es ratificar, reivindicar y garantizar los derechos humanos de las mujeres como un compromiso cotidiano y no sólo como un asunto de mero formalismo jurídico o político.
Por lo anterior y en congruencia, los invito a votar a favor y seguir fomentando los cambios de actitud entre hombres y mujeres, desde los diferentes ámbitos donde nos desempeñamos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que la Comisión de Igualdad de Género nos presenta.
Votaremos a favor del presente dictamen porque en el contenido normativo que se nos propone se pretende alcanzar una debida igualdad entre los géneros; por ejemplo en el artículo 5o que actualmente consta de cuatro fracciones, se amplía a nueve fracciones pero definiendo de mejor manera los conceptos.
En estas acciones afirmativas se define como el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se agrega el concepto de igualdad sustantiva, perspectiva de género, discriminación contra la mujer entre otras.
De igual forma, en el título tercero de la ley vigente se establece el diseño de una política nacional en materia de igualdad y en el artículo 17 en seis fracciones se contienen estas políticas.
En el dictamen se propone adicionar las fracciones VII a la XI de este artículo. Existen además temas de alto impacto como adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres o la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
Además, el establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que la igualdad entre hombres y mujeres a final de cuentas sólo es resultado de un proceso educativo, en donde la idea central es el respeto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre.
No podemos soslayar que la realidad en el país es que, no obstante ser las mujeres mayoría poblacional y ciudadana, no se tiene el peso específico a su mayoría numérica que a su mayoría numérica le corresponde.
Desde los medios de comunicación electrónica, la televisión en particular, la imagen de la mujer es utilizada como estereotipo de un tipo de belleza determinado sólo para vender determinados productos. Es tiempo ya de que se elimine este abuso en el manejo de la imagen femenina.
Las mujeres no sólo somos una cara bonita o un cuerpo seductor; somos ante todo seres pensantes que a través del acceso a la educación o al trabajo pretendemos ayudar a la superación de nuestras familias.
Debemos entender, pues, que las mujeres no sólo somos imagen, sino fundamentalmente seres pensantes capaces de realizar todas las actividades con los mismos ideales de superación para trascender en todos los ámbitos que se han sectorizado únicamente para los varones.
Como mujeres legisladoras hemos luchado por la igualdad que si bien es cierto hemos avanzado, todavía tenemos mucho camino por recorrer.
Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo las atribuciones que las leyes en la materia le otorgan para impedir el abuso que de la imagen de las mujeres se hace en los medios de comunicación para imponer estereotipos de consumo.
Por todas estas consideraciones, votaremos a favor de este dictamen que hoy se nos presenta. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputada Magdalena Núñez Monreal. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. El dictamen que hoy se somete a consideración de este pleno busca la incorporación de nuevos términos, objetivos, lineamientos y acciones que se deberán implementar en la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Históricamente han sido las mujeres quienes más han sufrido el peso de la violencia, la desigualdad, la explotación y la discriminación, y aunque en los últimos años la legislación de nuestro país ha dado signos de pequeños avances en la materia, no hemos logrado erradicar estas conductas tan deleznables.
En el dictamen que ahora pretendemos aprobar se incorporan nuevas definiciones que deberán ser consideradas por la legislación nacional para los programas que impulsa y encabeza el titular del Ejecutivo en materia de equidad, términos como el de discriminación contra la mujer, igualdad de género, igualdad sustantiva o perspectiva de género se adicionan para impulsar un marco normativo de verdadera equidad entre hombres y mujeres.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano siempre ha impulsado políticas de igualdad y contra la violencia de género. Vamos con la iniciativa porque son los temas de importancia nacional que nuestra línea socialdemócrata siempre ha encabezado.
Nosotros no somos de doble moral como los que subirán a esta tribuna con un discurso igualitario, pero que en los hechos harán lo contrario, pues se opondrán a emitir una alerta de género por feminicidios en el estado de México a despenalizar el aborto en todo el país.
Los que unos minutos darán una postura escudándose en la defensa de los derechos de las mujeres son los mismos que impulsan iniciativas constitucionales que las criminalizan y encarcelan por decidir sobre su cuerpo; los mismos que prefieren el silencio cómplice frente a los asesinatos antes que alertar sobre los feminicidios en un estado gobernado por su partido. Más de mil 500 mujeres han sido asesinadas con exceso de violencia en el estado de México en los últimos ocho años, y en Tabasco hay un aumento a esta problemática.
El gobierno priista de la entidad del estado de México respaldado por los legisladores de su partido se ha puesto en reiteradas ocasiones a la emisión de la alerta. Ejemplos como el que acabo de mencionar son la muestra de que no basta la legislación y los discursos, hacen falta los hechos, hace falta la concientización, en especial de los representantes de los partidos, sobre la violencia que a diario en todo el país y en todos los ámbitos sufren las mujeres mexicanas.
Por último, no quisiera dejar pasar el tema de la iniciativa presentada en las últimas fechas por algunos diputados de Acción Nacional, en la que proponen reformar el artículo 1o de nuestra Carta Magna, para criminalizar a las mujeres que decidan sobre su cuerpo. Aun así subirán esta tribuna pugnando por la igualdad, los derechos y las libertades de las mujeres mexicanas. Éste es el doble discurso que se debe eliminar en esta tribuna.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen, porque tenemos que seguir avanzando en la protección de nuestras mujeres, en lograr un país sin discriminación, con igualdad y sin violencia de género. Votaremos a favor porque no puede haber más mujeres encarceladas por abortar ni estados, donde a pesar de los miles de feminicidios el silencio de las autoridades sea más fuerte que el grito de auxilio de las mujeres desprotegidas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, presidente. Estimada y honorable asamblea, ni porque es el aniversario el voto de la mujer nos cumplen con lo que nos deben. Claro, nos deben ustedes que se dictaminen las acciones afirmativas en la Comisión de Gobernación, que el Tribunal Electoral ya tuvo a bien aprobar, y obligar a los partidos políticos para que hoy tuviéramos una asamblea con una presencia histórica de mujeres. Eso falta que se sesione en la Comisión de Gobernación y está congelado por algunos compañeros –lo vuelvo a insistir- que son de izquierda y pidieron que se pospusiera la discusión, y no por pegarle a los compañeros de izquierda, porque todos estuvieron de acuerdo al final de posponer la discusión.
Entonces es una deuda que tienen con nosotros para festejarnos el 60 aniversario del voto de la mujer. Ésas son las cosas que nosotros queremos decirles aquí en este Congreso de la Unión, en esta honorable asamblea que nos deben, porque los discursos, tal y como escuchamos a la compañera. Bueno, no sé si la escucharon porque estos temas regularmente no les gusta escucharlos, escucharon a la compañera hablando precisamente de las cosas que se han propuesto en esta tribuna en detrimento de los derechos de nosotras, en lugar de darnos más posibilidades nos empiezan a limitar.
Compañeras y compañeros diputados y diputadas, esta reforma que les pido que voten a favor, es una reforma que presentó el ex senador Manuel Velasco, hoy gobernador de Chiapas, por eso la importancia para nosotros de venirles a convencer de que es una reforma no solamente importante, sino indispensable, pero no sólo porque el compañero es del Verde Ecologista y la propuso, sino porque han venido durante estos días diversos funcionarios y funcionarias de la administración pública a rendir cuentas de lo que es el Anexo 12, antes Anexo 10, que se peleó para darles recursos a las instituciones para generar una nueva condición de cultura, de igualdad entre mujeres y hombres.
Lamentablemente, a pesar de que esta honorable asamblea ha tenido a bien aprobarle un recurso extraordinario a este rubro, no tenemos el impacto y los resultados que las mujeres deseamos que se tenga. Hombres y mujeres, porque muchos de los hombres nos apoyan, muchos compañeros; precisamente por eso podemos lograr las reformas, porque las mayorías en los Congresos locales y federal son hombres y nos han apoyado. Pero no tenemos esos resultados por estas deficiencias que hoy vamos a aprobar.
A esta Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres le hacen falta cosas, como qué es la discriminación, la discriminación contra la mujer y es una cuestión importantísima y fundamental que se ponga y se defina la ley.
Otra cuestión que maneja esta reforma es qué significa la igualdad sustantiva. Muchos legisladores aquí en la Cámara de Diputados, aun cuando nosotros somos los responsables de reformar y crear las normas, no sabemos qué significa la igualdad sustantiva y no estaba definido en la norma.
Otra cuestión importantísima, nada más voy a nombrar tres porque son muchísimas, es que se establezca que en el sistema educativo se integre precisamente la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres.
Estos son cambios fundamentales, compañeras y compañeros, porque a partir de estas definiciones en la norma es cómo vamos a poder obligar a los gobiernos y sancionarlos --como ya lo hacen en Nuevo León, que es el único estado que lo hace así--, sancionar a aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con el gasto para que se pueda revisar y evaluar si hay verdaderamente una transformación en el concepto, en la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres.
Estas reformas, estas definiciones, estas cosas que hoy estamos discutiendo son las que nos permiten tener las bases para tener una referencia de calificación respecto a lo que damos de gasto nosotros y la efectividad de lo que se hace en el Poder Ejecutivo.
Por eso es tan fundamental poder votar a favor estas reformas, por lo que a nombre de la fracción del Verde Ecologista vengo a pedirles que toda esta honorable asamblea vote a favor de esta minuta, que ya tiene desde 2007 que se presentó la propuesta y que el Senado de la República tuvo a bien retomarla por las compañeras que allá están y enviarnos esta minuta que espero que sea votada hoy y por fin se pueda seguir haciendo justicia de género, justicia a las mujeres, principalmente, que es el sector que está siendo más beneficiado con estas reformas. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted, diputada Ruth Zavaleta Salgado.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para aclarar que se ha mencionado en dos ocasiones la iniciativa que presentamos el miércoles pasado a favor de la vida. Decir que no se trata de criminalizar o no el aborto.
Se trata únicamente de reconocer los derechos de los no nacidos a partir del momento de la fecundación. Es más amplio que solamente hablar de aborto, que es un debate que debemos abrir y que creo e invito a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales a que no guarden esta iniciativa en un cajón, a que realmente abramos el debate en comisiones, le demos para adelante y México sepa de lo que estamos hablando. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra la diputad Lorenia Iveth Valles Sampedro.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. El posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD es a favor del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género. Toda vez que las modificaciones planteadas a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres son encaminadas, sobre todo, a conciliar la vida laboral con la familiar, de mujeres y hombres.
El trabajo y la familia son ámbitos que aparentemente pertenecen a dinámicas distintas: una pública, otra privada. Sin embargo, lo que ocurre en cada uno de estos ámbitos afecta fuertemente al otro.
Lograr la conciliación del trabajo con el cuidado de las y los integrantes de las familias es un gran desafío al que se enfrentan especialmente las mujeres y se complica mucho más durante periodos de crisis económica y social, como es el caso de nuestro país actualmente.
Las mujeres que deben trabajar fuera de su hogar para generar ingresos que les permitan atender sus necesidades económicas y las de sus hijos e hijas, así como las de otras personas integrantes de su familia que están a su cargo.
Muchas veces llevan completamente la carga a cuestas solas. En otros casos aportan al sostenimiento de su hogar junto con su pareja u otra persona de su familia. En la mayoría de los casos, además de su trabajo fuera del hogar son las únicas que dedican tiempo a los cuidados, los afectos y las tareas no remuneradas en el hogar.
El uso del tiempo propio, el uso del tiempo libre, incluso, el uso del tiempo en beneficio del hogar y de las personas integrantes de las familias es cada vez un bien más escaso. Y la falta de éste tensiona la relación entre estos ámbitos, lo que afecta gravemente la salud y el bienestar de las mujeres, su calidad de vida y la de sus familias. Puesto que las responsabilidades del cuidado familiar recaen generalmente en las mujeres.
Algunos estudios en diferentes países nos indican que incluso, hoy por hoy, las mujeres dedican más horas al trabajo remunerado que los hombres.
Aunque lo anterior no fuera la generalidad de los casos, cuando las horas de trabajo remunerado y no remunerado se suman, las jornadas de las mujeres son muchísimo más largas que las de los hombres y por esta razón ellas tienen más cargas y más cansancio, así como menos tiempo para la formación, para actividades políticas, tiempo libre, para atención de su propia salud o simplemente para descansar.
Aquí radica, precisamente, la base de la situación de desventaja en que las mujeres se encuentran en el mercado laboral y tiene importantes efectos en las mujeres y en sus vidas personales. Pero también en los objetivos de la reducción de la pobreza y la igualdad de género, debido a que en la medida en que ellas se incorporan al mercado de trabajo es mucho menor que la medida en que lo hacen los hombres en el hogar, lo que genera, lo que se le ha llamado doble jornada.
Hoy, a pesar de que cada vez más mujeres trabajan fuera del hogar y comparten con los hombres la tarea de proveer ingresos a sus familias, no se ha producido un cambio real en la distribución de las tareas del cuidado familiar, pues no son compartidas, en muchos de los casos, por los hombres en las familias.
Y esto, en el caso de que haya un hombre con quién compartirlas, porque muchas de las familias en México están a cargo de mujeres.
La aprobación de este dictamen permitirá el establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y a la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Las autoridades competentes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo. Así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales; en la formación y promoción profesional; en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas; y en la filiación y participación en organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier otra organización cuyas personas integrantes ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán acciones tendientes a garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, tales como medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.
El Grupo Parlamentario del PRD nos hemos comprometido en nuestra agenda legislativa a promover reformas con perspectiva de género, que tutelen la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar o personal, el reconocimiento y reparto equitativo de las actividades domésticas, las licencias de maternidad y paternidad, la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la industria maquiladora, y la protección de los derechos de las y de los adolescentes trabajadores.
La reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en esta materia son el primer paso para formular los apoyos necesarios para las mujeres en el trabajo, especialmente para las familias de menores recursos que, a falta de conciliación, trabajo, familia, muchas veces deben dejar a sus hijos e hijas o familiares con enfermedades o alguna discapacidad en casa sin atención o retirando a algún hijo o hija mayor de la escuela para que se pueda hacer cargo de esas tareas. En ocasiones optan cuando es posible llevar a las niñas y a los niños al trabajo, lo cual puede exponerlos a peligros o arriesgarlos al trabajo infantil.
Finalmente quiero enfatizar que estas reformas también son tendientes a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención, que constituyen otra forma de discriminación, que las mujeres enfrentan en sus ambientes laborales y obstaculizan o impiden la permanencia en el empleo y las violenta.
Por lo que, una medida que disminuya la discriminación y merme dichos obstáculos será la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación a partir de la aprobación de este dictamen que comentamos. Los invitamos a todas y a todos en este pleno a que votemos a favor de esta iniciativa. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Valles. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional...
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Zamora, ¿con qué objeto?
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente, solamente para subrayar, hablando del tema de los derechos de las mujeres, que recientemente –bueno– en medios de comunicación se dio a conocer que una mujer había dado a luz fuera de un hospital. Me parece que es muy lamentable que estas cosas se sigan dando –la diputada Zavaleta decía que se les debe mucho a las mujeres– y me parece que tenemos que hacer algo más.
Si bien es cierto aquí estamos dando las herramientas jurídicas legislativa para que se mejore en los hechos la verdad es que desafortunadamente en muchos estados, en muchos municipios, no hay cambios sustanciales.
Creo que tenemos que alzar la voz más fuerte, porque es inaceptable que se sigan dando estos hechos, y que no es solamente un hecho aislado de que un hospital niegue la atención a una persona que lo requiere urgentemente, sino que es un tema generalizado, donde con toda la insensibilidad se les niega esta oportunidad, ahora sí que a hombres y mujeres. Parece que tenemos que ser muy puntuales y que desde esta Cámara reprobemos esos hechos para que no se vuelvan a repetir. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Zamora. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores. En Acción Nacional siempre hemos estado comprometidas y comprometidos con rechazar, corregir y sancionar toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por cualquier razón, incluidas las de sexo, con reconocer plenamente las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y hombres y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor del presente dictamen, que modifica diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en consecuencia con el compromiso que tenemos con el adelanto de las mujeres, la justicia, la igualdad y el respeto a las libertades humanas.
Lo haremos así, porque creemos que las modificaciones propuestas abonan al reconocimiento mutuo del valor propio entre los hombres y las mujeres, y al hecho de que deben responsabilizarse el uno y la otra compartiendo las tareas que le corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.
Para nosotros, sin duda la lacerada dignidad de aquellas mujeres violentadas física, sexual, emocional y psicológicamente debe ser reparada, protegida, defendida y amparada por el Estado mexicano. No podemos permitirnos ser flexibles en este tema, los estados tienen la obligación de proteger a la mujer de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar atención a las víctimas, el incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable.
Debemos ser firmes y aplicar para ello los estándares de derechos humanos más altos, acordes a nuestra Constitución, a fin de lograr que el ejercicio del derecho a la no discriminación, a la igualdad entre mujeres y hombres, y a una vida libre de violencia para las mujeres, sea real y no quede asentado en las leyes como un mero pronunciamiento que denote solo buenas intenciones.
La discriminación y la violencia son incompatibles con un Estado que se precia de ser moderno y democrático. Hoy expresamos nuestro voto a favor del presente dictamen y las invitamos a todas y a todos, no solo a votar a favor, sino a actuar consecuentemente con la defensa de la dignidad de las mujeres y por el ejercicio real de sus derechos humanos.
Finalmente es nuestra responsabilidad, como sociedad, reconocer el desarrollo pleno de la democracia. Sólo será integral si conseguimos eliminar la discriminación que ha dado origen a una relación desigual entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales.
Sumemos esfuerzos para que la conciliación entre lo público y lo privado deje de ser un anhelo; para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deje de ser un ideal.
Compañeras y compañeros, seamos consecuentes y tengamos el valor y la entereza de aprobar las reformas que nuestras mujeres mexicanas necesitan para ejercer realmente sus derechos, porque en estos tiempos ni nuestras diferencias ni nuestras semejanzas, deberían ser una razón para que unos dominen, exploten o maten a otra. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago.
La diputada María Guadalupe Sánchez Santiago: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. En el año 2006 fue publicada la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, la cual tiene el objeto de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como proponer los mecanismos tendientes al cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados, por lo que sin duda fue un notable avance para el respeto por la dignidad humana y la igualdad de género este dictamen que hoy está a su consideración.
La igualdad de género es uno de los elementos centrales tendientes a la sostenibilidad que permite que cada miembro de la sociedad respete a los demás, ocasionando el mejor desempeño de los mismos. Basta de estereotipos que limitan el desarrollo de las actitudes y aptitudes de mujeres y hombres.
Es urgente modificar la perspectiva sociocultural que elimine los prejuicios de inferioridad y superioridad en el género. La sociedad se encuentra en constante movimiento por lo cual es momento de adecuar las normas jurídicas a las demandas actuales. Hagamos uso de nuestro derecho de presentar, discutir y aprobar los proyectos de reforma a las leyes.
Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de ampliar el objetivo de la ley en comento, precisar los conceptos y definiciones contenidas en el texto de la misma con el propósito de homologar la legislación en la materia y evitar confusiones en su aplicación, así como fortalecer los lineamientos de la política nacional en materia de igualdad tendientes a promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres y la utilización del lenguaje sexista.
Es menester del Estado implementar medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres. De esta manera se fomentará la corresponsabilidad en las diferentes facetas de la vida, es decir, en el empleo, en la familia, en el ocio y en el tiempo personal; facilitando la consecución de la igualdad efectiva de género e impulsando la paridad de oportunidades.
Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación del presente dictamen impulsaremos acciones tendientes a procurar el respeto de los derechos como son: la igualdad, la libertad, la no discriminación, así como la convivencia de las mujeres y hombres en el ámbito político, económico y social.
Por eso, compañeras y compañeros les sugiero que nos apoyen en esta iniciativa que va a fortalecer la igualdad entre las mujeres y los hombres de este país. Muchísimas gracias, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María Guadalupe Sánchez Santiago.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se han reservado artículos en lo particular, se pide a la secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanas y ciudadanos líderes del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Isidro Moreno Árcega. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se registraron 449 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Sonido en la curul del señor diputado Jhonatan Jardines. Diputado Jardines ¿con qué objeto?
El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): Primeramente, señor diputado presidente, para felicitarlo por la conducción que ha tenido de la Mesa Directiva, hacer ese reconocimiento a su grupo parlamentario por la inversión política que tiene en usted.
Y segundo, para pedirles unos minutos a los diputados de esta Legislatura, que puedan tomar en cuenta un material que se les distribuyo al inicio de la sesión que habla del impuesto que se está solicitando hacia las bebidas azucaradas.
Aquí se ha hablado de salud y todos sabemos que el problema de obesidad en nuestro país representa más de 40 mil millones de pesos para su atención. Ojalá en esta Legislatura no nos dejemos presionar por esas empresas para que sea un impuesto que se pueda aprobar a favor. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Queda puntualmente registrada su atención en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Luis Oliveros Usabiaga para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros, honorable asamblea; me encuentro en ésta la más alta tribuna de nuestro país para presentar el dictamen de la Comisión de Juventud que tiene una reforma de mayor importancia pues establece los lineamientos necesarios para dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de una certeza jurídica institucional que todo organismo requiere para su perfecto funcionamiento.
Presento el proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8, fracciones I y II de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Hoy en día la población juvenil constituye un factor dinámico en el contexto social, económico y demográfico de las naciones, por lo que en el marco de las transformaciones que caracterizan esta época, los jóvenes se presentan como protagonistas de estos cambios.
Según los datos del Consejo Nacional de Población existen en México poco más de 37 millones de jóvenes. El panorama de los jóvenes no es nada alentador; las cifras dadas a conocer por el Coneval en julio de este año nos reflejan de los jóvenes se encuentran en una lamentable situación de pobreza. Los resultados confirman que en México tenemos 21.8 millones de jóvenes en pobreza, de los cuales 4.7 se encuentran en extrema pobreza.
A esto se suma el bajo nivel de confianza por parte de los jóvenes hacia las instituciones. Según la primera encuesta iberoamericana de la juventud, los jóvenes en México desconfían de su gobierno, de la justicia, de la policía y de la democracia, a diferencia de sus pares en Chile, Brasil y Argentina.
A esto le adherimos que los jóvenes desconfían seriamente de los políticos y rechazan su mediación para la solución de conflictos y que el 56 por ciento de ellos piensa que los gobiernos están poco interesados en los jóvenes.
Las y los legisladores debemos cambiar esta preocupante perspectiva. El dictamen que hoy ponemos a su consideración, mismo que se constituye a raíz de la iniciativa del diputado René Fujiwara, reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud cuyo objetivo es transformar el Instituto Mexicano de la Juventud en un organismo descentralizado de la administración pública paraestatal, no sectorizado, que sea de utilidad pública e interés social con el fin de dotar las herramientas necesarias para este organismo.
Por lo que se refiere al artículo 8 de la misma ley, cabe señalar que la creación del instituto dependía de la Secretaría de Educación Pública hasta el pasado 29 de marzo cuando, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, el Instituto Mexicano pasó a ser un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social y dejó de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública, por lo que esta comisión considera oportuno que el presidente de la junta directiva sea el secretario de la cabeza del sector, que en este caso es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Asimismo, y con la finalidad de elevar el nivel y la jerarquía de los integrantes de la junta directiva del Instituto, comentarles que ésta es la última instancia de quienes toman las decisiones políticas de alto nivel para la juventud de este país. Me queda claro que deben de tener la suplencia de los integrantes de esta junta directiva el nivel de director general adjunto o equivalente.
Es de suma importancia que quienes toman estas decisiones en materia de juventud sean personas con una alta responsabilidad en la administración pública. México requiere que les demos a los jóvenes el lugar preponderante que merecen.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud somete a la consideración de la honorable asamblea el proyecto de decreto del artículo 1o y 8o en la fracción I y II de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
A nombre de mis compañeras y compañeros de la Comisión de Juventud, les pido su voto a favor. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeros y compañeras, hace unos meses mi compañero, el diputado René Fujiwara presentó ante esta soberanía el proyecto que reforma los artículos 1o y 8o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Con ella se otorga autonomía presupuestal al instituto al convertirlo en un organismo descentralizado no sectorizado, además busca garantizar la sustentabilidad de su presupuesto al estipular explícitamente que nunca este instituto podría recibir menos recursos que el año anterior a fin de asegurar el apoyo gubernamental a nuestro sector juvenil.
En México, el panorama para los jóvenes es poco alentador. Según el estudio de la OCDE, Panorama de la Educación 2013, tenemos el tercer porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan en los 34 países que integran el organismo. Tenemos alrededor de 25 por ciento de los jóvenes en México que no trabajan ni estudian, porcentaje que se ha mantenido estable por más de una década.
Además, 72.6 por ciento de los jóvenes mexicanos que trabajan gana 5 mil 500 pesos o menos al mes, según datos aportados en la Encuesta Nacional de Valores de la Juventud del 2012. Aunado a esto, cuatro de cada 10 jóvenes ocupados reportaban no tener ninguna prestación, mientras que una proporción similar se declaró sólo tener acceso a los servicios de salud.
Es claro que hay cosas que hay que cambiar: las condiciones materiales y de empleo de la juventud no son el único problema que los aqueja, sino el acercamiento apático que el sector tiene hacia esos problemas. Nuestra tarea en el Legislativo debiera ser devolver la esperanza a los jóvenes, de que las cosas pueden cambiar institucionalmente.
La juventud no renovará la política ni las instituciones ni la vida de nuestro país sólo por el hecho de ser jóvenes. Es necesario proveer de los mecanismos para la manifestación adecuada y el Instituto Mexicano de la Juventud es el instrumento idóneo para hacerlo.
El dictamen presentado por la Comisión de Juventud que en este momento discutimos es una reforma en la dirección correcta, ya que esboza los lineamientos para establecer la conformación de la Junta Directiva del Instituto, y sin embargo es limitada en cuanto a sus alcances. A pesar de que en este momento estamos avanzando en la materia, los invito a que sigamos buscando formas creativas para empoderar los jóvenes de México.
Compañeras y compañeros legisladores, podemos lograr que los mexicanos compartan los sueños de inclusión, de justicia y de una democracia auténticamente participativa, podemos hacer realidad los planteamientos que han forjado nuestra nación desde el principio. Para ello necesitamos caminar las rutas que nos acerquen a ese ideal.
Canalizar el cambio de una manera proactiva y ordenada puede ser la gran aportación de los diputados de esta LXII Legislatura a este proyecto de nación llamado México. Por eso los invito a que votemos a favor de este dictamen y que sigamos avanzando en la materia de juventud. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán.
La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el hablar de la descentralización forzosamente nos hace referirnos a cuestiones de autonomía tales como; los funcionarios de mayor nivel tienen la libertad de concentrar la solución de problemas, pueden plantear una estrategia común para toda la dependencia, tomar decisiones en el aspecto financiero así como el reclutamiento, la capacitación del personal y el mantenimiento de sus instalaciones.
Estas características son las que se proponen para dar un cambio total al Instituto Mexicano de la Juventud y lograr mayor autonomía de gestión y operatividad, aspecto que en definitiva puede garantizar que la implementación de sus actividades se sujeten conforme lo dispone la propia Ley. De esta manera, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que los programas sociales y las políticas públicas emanadas del Instituto realmente enriquecerán la calidad de vida de nuestros jóvenes.
Es de recordar que estos jóvenes representan cerca de la tercera parte del total de los habitantes de nuestro país, y en este sentido replantear que una institución sólida, dedicada a la atención de ellos, pueda ser la encargada de tener firmes convicciones en cuanto a brindarles capacitación y orientación sobre diversos temas cotidianos para interactuar con la sociedad, resulta un tema de crucial importancia en nuestros días.
Es indispensable señalar que esta propuesta elevará el nivel de jerarquía de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto, quienes en última instancia son los que toman las decisiones de alto nivel con respecto a la definición de la política de juventud en México.
La determinación que en esta Comisión se considera es que los suplentes de dicha Junta deben tener nivel de director general adjunto o equivalente. Ello para que quienes toman las decisiones en materia de juventud sean personas con una alta responsabilidad en la administración pública, preparadas para tomar decisiones.
Sin lugar a dudas, se trata de una propuesta de avanzada que deja en manos de personas calificadas parte del rumbo de la vida de nuestros jóvenes. Las ventajas que ofrece la descentralización del Instituto Mexicano de la Juventud nos dan la pauta para votar a favor de la propuesta. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, solo un dato para reflejar ante ustedes la relevancia de las modificaciones que hoy se están impulsando en esta Cámara de Diputados.
Según datos de la Organización de la OCDE, 24.7 por ciento de los jóvenes mexicanos, es decir aquellos que están entre los 15 y los 29 años, no tienen ninguna oportunidad ni de empleo ni de trabajo. Esta cifra pone, lamentablemente, a nuestro país en el tercer lugar de los países de la organización en este rubro.
Consecuentemente, hablar del Instituto de la Juventud Mexicana es hablar de una institución que tiene una responsabilidad fundamental como aquella que es impulsar las políticas públicas dirigidas a esta población mayoritaria del país.
No obstante, la responsabilidad que tiene el Instituto de la Juventud Mexicana, la Secretaría de Educación Pública lo ha sectorizado o ha reducido también la dimensión de sus responsabilidades. Consecuentemente, además ha adherido de facto a esa secretaría como una dependencia más, no obstante de organismo sectorizado.
Vale la pena reflexionar ante ustedes que la sectorización de los organismos públicos fue creada para guardar la coherencia de las políticas públicas y para que los fines buscados en una dependencia no se contrapusieran con los planteamientos generales del Estado mexicano.
Sin embargo, en la actualidad la sectorización se ha traducido en un alineamiento institucional de facto a la secretaría correspondiente. Y esto es lo que le ha pasado al Instituto de la juventud mexicana, reduciendo en gran medida su autonomía de gestión, su eficacia, y por supuesto, la capacidad para cumplir con sus propios fines.
Con la reforma propuesta se pretende liberar al instituto, para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para el cumplimiento de sus fines sin las restricciones que actualmente le impone su actual condición administrativa.
Igualmente se pretende modificar la conformación de la junta directiva del propio instituto, para que ahora sea presidida por la secretaria o por el secretario de desarrollo social, con lo que se pretende un enfoque más global de la problemática que atiende.
Por estas razones informo a ustedes que los legisladores de Movimiento Ciudadano apoyaremos la iniciativa. Esperemos que no se convierta más en un recurso escénico y que se traduzca en una eficacia de la dimensión que reclama el problema de los jóvenes mexicanos, que como mencionaba a ustedes, el 24 por ciento de ellos no tiene ninguna opción ni de estudio ni de trabajo.
Ojalá coincidamos en impulsar, no obstante, la insuficiencia de las modificaciones, pero dado su carácter positivo coincidamos en sacarla adelante con el apoyo de todos los participantes en este pleno. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palara la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con la venia de la Presidencia. A principios de 2012 la población mundial superó los 7 mil millones de personas, de los cuales los menores de 30 años representan poco más de la mitad.
Según un documento elaborado por la UNESCO, el 89.7 por ciento de los jóvenes vive en países emergentes o en vías de desarrollo como el nuestro. Desafortunadamente, cerca de 75 millones de jóvenes en todo el mundo se encuentran desempleados y se espera que dadas las condiciones por las cuales atraviesa la economía internacional, la tasa se mantenga a niveles altos durante los próximos años.
La ONU señala que los jóvenes son un factor determinante para el cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico de las sociedades en las que viven.
No obstante, este segmento poblacional enfrenta serios obstáculos para liberar el potencial que encierra, pues los adultos no confían en los jóvenes y muchas veces son discriminados por el simple hecho de no tener experiencia. En otras palabras, a los jóvenes no se les brindan espacios adecuados y suficientes para aprender, experimentar y emprender.
La juventud es una etapa de preparación para que las personas se incorporen adecuadamente a la sociedad de manera productiva. Es justo en este periodo cuando se adquiere autonomía y se prestan cambios importantes en la vida de los individuos. Por lo cual esto resulta un parteaguas entre el éxito y el fracaso, entre una vida plena o una vida de estancamiento.
Por desgracia nuestro país el bono demográfico con el que hoy contamos está siendo desaprovechado, pues las políticas públicas encaminadas a garantizar a los jóvenes aun desarrollo óptimo no han resultado del todo adecuadas.
Muestra de ello son los datos arrojados por el informe Panorama de la Educación 2013, presentado por la OCDE, el cual reveló que México tiene más de 7 millones 300 mil ninis, jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan.
Por otra parte, la tasa de desocupación de los jóvenes a nivel nacional durante el primer trimestre del 2013 fue de 8.4 por ciento, lo cual pone de manifiesto que la falta de oportunidades es uno de los problemas que más aqueja a la juventud mexicana.
En el Partido Verde consideramos que dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de autonomía técnica, operativa y de gestión hará posible que éste cuente con una administración más eficaz, ágil y eficiente para cumplir con los objetivos estratégicos que le asigna el Estado y brindar con ello una mejor atención a los jóvenes que suman más de 38 millones de mexicanos.
Asimismo consideramos que el hecho de que el Injuve esté coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, como propone el dictamen a discusión, permitirá que las políticas pública destinadas a la juventud sean elaboradas con un enfoque social, lo cual propiciará la ampliación de las oportunidades a las cuales los jóvenes tienen acceso, principalmente en cuanto se refiere a su incorporación al mercado laboral.
A nuestro parecer la reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, puesta a la consideración de esta asamblea, incrementa los supuestos en los cuales el Estado se obliga a brindar apoyo a los jóvenes, con lo cual se pretende ensanchar el ámbito de actuación de las instituciones públicas, de manea tal que éstas intervengan para favorecer la integración social y laboral de este importante segmento de la población.
Por lo anterior, nuestra fracción votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos de que los jóvenes no sólo representan el futuro, sino que son el presente, la fuerza y la esperanza de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponda ahora el uso de la voz al diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fijo postra respecto de la aprobación al dictamen que hoy se nos presenta y que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Una ley promulgada el 6 de enero del año de 1999 y que en 14 años ha tenido solo cinco reformas legales, la última fue el 14 de mayo de este año.
Por eso comparto la aprobación del dictamen que busca transformar al Instituto Mexicano de la Juventud para consolidar que sea un organismo descentralizado de la administración pública federal, que sea de utilidad pública e interés social, con el fin de dotar a este organismo rector que proporciona directamente atención a la juventud de México con la suficiente autonomía para que se actuar sea en un marco de transparencia y rendición de cuentas para ejercer con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas públicas, programas, proyectos y acciones que el instituto debe de realizar, de acuerdo con las competencias establecidas en la ley y que pretende ampliar también los espacios para el seguimiento y la evaluación que desde la sociedad se debe de dar, ya que los estados democráticos y sus instituciones se basan en la confianza de la ciudadanía.
Por ello, resulta indispensable blindar su actuar de propósitos ajenos a la institución y establecer sistemas efectivos de evaluación para su monitoreo y seguimiento. El presente dictamen también busca que la junta directiva del instituto se integre por 17 miembros, de los cuales 10 serán miembros propietarios y ahora será presidente de la junta directiva, la Secretaría de Desarrollo Social y, en consecuencia, la Secretaría de Educación Pública pase a ser parte de los integrantes.
De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda, en nuestro país existen más de 36 millones de jóvenes, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 son mujeres. Por ello se requiere de políticas públicas que activen la participación de las y los jóvenes como actores activos, desde donde se puedan generar los cambios que mejoren las acciones, los proyectos y los programas implementados por parte de los tres niveles de gobierno, todo esto con el firme objetivo de garantizar de manera sustantiva la amplia gama de derechos de las juventudes de nuestro país.
Reitero, el presente dictamen es un avance para el fortalecimiento de nuestras instituciones que representan a los jóvenes, pero aún falta mucho más para poder generar participación juvenil, bolsas de trabajo para los jóvenes.
Por eso en estos días presentaremos una iniciativa que de manera plural y concientizada impulse la participación de los jóvenes en el ámbito social, de salud, de educación, en lo económico y turístico, entre otros rubros, que tanto han demandado y se han acercado con su servidor para que sean apoyados.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática irá a favor del presente dictamen y seguiremos trabajando a favor de las y los jóvenes mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a esta sesión de la Cámara de Diputados, a un grupo de alumnos de la Universidad Londres, de la carrera de derecho, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a la sesión.
Tiene la palabra el diputado Humberto Prieto Herrera, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Humberto Armando Prieto Herrera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Uno de los temas de mayor trascendencia para el desarrollo en nuestro país es atender las necesidades de la juventud mexicana, por lo cual todos debemos trabajar a fin de generar acciones contundes para elevar la calidad de vida de los jóvenes y promover su desarrollo integral.
Nuestro país cuenta con un amplio sector juvenil. Son 31 millones de jóvenes de acuerdo con el Inegi, por ello somos las y los jóvenes un componente fundamental de la sociedad. Buscamos participar amplia y constructivamente en todas las tareas y en todos los ámbitos de la vida nacional. No obstante, buscamos tener una mayor presencia en la toma de decisiones que nos permita aprovechar todo nuestro potencial en la construcción de un mejor país.
Sin embargo, actualmente los jóvenes enfrentamos una serie de problemas en diversos ámbitos, sobre todo económico y sociales y particularmente en materia de educación, empleo, salud, inseguridad y participación social.
Es justo reconocer que en nuestro país en los últimos años se han alcanzado logros importantes que buscan brindar mayores oportunidades de desarrollo en los jóvenes, sin embargo aún se requiere de acciones eficaces para brindar una mayor atención a las necesidades y demandas de la juventud, lo cual sin duda implica fortalecer la gestión del Instituto Mexicano de la Juventud y a su vez dotar a las y los jóvenes de oportunidades de participación en los distintos ámbitos de la vida nacional.
El dictamen que hoy se presenta a discusión que reforma los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se inscribe en este contexto. Dotarlo de autonomía técnica y de gestión permitirá que el instituto lleve a cabo sus funciones de manera más eficaz, lo que a su vez fortalece su toma de decisiones y organización.
La autonomía técnica implica que los organismos descentralizados gocen de mayores facultades de decisión, lo que les permite una acción más eficaz y oportuna en todos los asuntos que les corresponde atender.
Por otra parte, la autonomía de gestión es entendida como la atribución que se detenta para decidir sobre su propia organización, recursos y funcionamiento. Así, ellos mismos expiden sus estatutos orgánicos y por supuesto, esto en estricta observancia de la ley.
Adicionalmente con la reforma al artículo 8o, se armoniza la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el acuerdo del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2013 y con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada en diciembre de 2012 y que faculta a la Sedesol para así fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva.
Este acuerdo expone que la dependencia llevará a cabo la integración de las juntas directivas de ambos organismos a fin de que las disposiciones sean acordes con sus atribuciones.
Por último, para que la junta directiva sea totalmente eficaz en sus propósitos ante la imposibilidad de conjuntar las agendas de los funcionarios involucrados, principalmente de los titulares de las secretarías de Estado, resulta de gran utilidad la suplencia por parte de funcionarios con un nivel de director general adjunto o equivalente. Esto con la finalidad de mantener la operatividad y funcionalidad ante la posible ausencia de los titulares que la integran. Esto con la intención de que los servidores públicos puedan cumplir de manera adecuada sus funciones conferidas ante la ley.
Compañeros legisladores, por lo anterior en Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen porque implica apoyar el desarrollo de las políticas a favor de los jóvenes. Somos conscientes de que lo que se haga ahora a favor de los jóvenes tendrá repercusión en su futuro inmediato.
En Acción Nacional estamos a favor de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Medina Fierro.
El diputado Ricardo Medina Fierro: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, en fecha 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual entró en vigor el día siguiente a su publicación.
Este decreto evolucionó la estructura de la Administración Pública Federal, categoriza adecuadamente a los organismos vigentes de la administración central, desconcentradas y paraestatales y determina los múltiples procesos y mecanismos de decisión del gobierno, constituyendo el primer paso relevante que permita al nuevo gobierno llevar adelante su gestión sustentada en la configuración de un gobierno debidamente coordinado, eficaz, orientado a resultados.
Dentro de los cambios efectuados a la dependencia de la Administración Pública Federal encontrarán la regularización de función de la Secretaría de Desarrollo Social cuyo objetivo es dar un impulso a las políticas sociales mediante el planteamiento de estrategias que combatan la pobreza, se ocupe de generar mejores mecanismos de integración entre mexicanas y mexicanos y sus grupos diversos para fortalecer una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación, motivándose esta reordenación en los siguientes planteamientos.
Derivado de lo anterior, el día 29 de marzo del presente año se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo como necesario que el Instituto Mexicano de la Juventud en coherencia a los programas y políticas públicas en materia de desarrollo social en relación con los jóvenes, quedara agrupado el sector a través de la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social.
En el Partido Revolucionario Institucional consideramos fundamental la participación de asistencia de los jóvenes que se desarrollan en la sociedad mexicana, ya que al garantizar el fortalecimiento de la entidad gubernamental encargada de velar por ellos, estaremos redireccionando una voz experta, las políticas públicas que se requieran para alcanzar un progreso en la consolidación de nuestro futuro.
Como se indica en el dictamen esa reorganización institucional contribuirá a ajustar, a mejorar y a operar los programas dirigidos a los jóvenes en nuestro país.
El Instituto Mexicano de la Juventud tiene la consigna de promover y fomentar la coordinación que asegure a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condición de igualdad y no discriminación, en el encargo de definir e instrumentar una política nacional que permita recuperar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país, así como proponer y orientar al Ejecutivo federal para organizar programas que mejoren las condiciones de salud y educación de los jóvenes directamente.
Coincidimos con este dictamen ya que la reforma prevista llegará a enriquecer la transformación que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realizará a la administración pública federal.
Por otra parte, consideramos importante garantizar la participación de la Secretaría de Educación Pública junto con la dirección del instituto, ya que juega un papel importante en las demandas de los jóvenes que solicitan educación, cultura y deporte.
Por ello a esta junta quedará integrada la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con siete miembros más. En un lapso de un año estará representada entre legisladores entidades federativas, asociaciones nacionales de universidades e instituciones de educación superior y jóvenes integrantes del consejo de seguimiento de proyectos y programas.
Los jóvenes exigen que ya no los hagamos esperar; por lo tanto, consideramos que el valor positivo de esta propuesta atenderá una demanda legítima que los jóvenes que diario nos hacen a cada uno de nosotros: certeza y congruencia en los programas dirigidos a los jóvenes y la participación directa de quienes toman decisiones concretas a favor de la juventud.
En conclusión, por lo antes expuesto, esta reforma estará fortaleciendo al instituto que vela y define los intereses de la juventud y enriquece los acuerdos que está realizando nuestro gobierno federal para transformar a nuestro país.
Las aportaciones que hoy hacemos a México se traducen en hechos y ése será legalmente un legado para nuestra tierra que hoy mueve a nuestro México querido.
Por otra parte, este dictamen muestra el diálogo que existe dentro de la Comisión de la Juventud de esta soberanía. Nuestra postura puede discrepar obviamente, pero siempre se buscará el respeto mutuo al debate que hacemos los diputados integrantes de esta comisión, sobre todo si va dirigido al sector que se encuentra vulnerable ante la realidad de nuestra nación y nuestro mundo.
Nuestro reconocimiento a quienes forman parte de esta comisión. Debemos de seguir trabajando para buscar el beneficio de la juventud. Muchísimas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le ruego a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 1o y 8o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 5o de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Salvador Barajas del Toro, hasta por cinco minutos.
El diputado Salvador Barajas del Toro: Muchas gracias, presidente, con su permiso. La democracia como concepto que verbaliza en acciones que tienen como efecto el transparentar el ejercicio de la cosa pública. En este sentido, uno de los elementos que más coadyuvan a que esta transparencia se dé, es precisamente la información.
En todos los casos la transparencia y la información suelen ser como el aceite que permite al engranaje institucional funcionar adecuadamente y de la mejor manera, de su exitosa existencia nos valemos para maximizar los beneficios que estas prácticas democráticas conllevan, como es la consecución de una círculo virtuoso que redunda en beneficios al conglomerado social que se ha dado por dichas instituciones.
Ésta me parece que es la esencia de la iniciativa que nos ocupa en la que se proyecta adicionar la fracción XV al artículo 5o de la Ley de Organizaciones Ganaderas, misma que fue presentada por el diputado Raudel López López y que en la Comisión de Ganadería votara a favor de manera unánime.
La reforma sujeta a discusión en este momento tiene como objetivo de la información de los programas y apoyos gubernamentales encaminados de los programas y apoyos gubernamentales del sector pecuario para que se aplique y difunda mediante las organizaciones ganaderas a todos los miembros, dado el carácter asociativo de las mismas y de la coordinación para la realización de la actividad ganadera de nuestro país.
La reforma –vale aclarar– no está cuestionando el que se dé o no se dé en estos momentos la información, sino que se le garantice que la información que se dé fuera de coyunturas, signos o colores políticos, llámese si el Ejecutivo es de un color o de otro, tanto al frente de las organizaciones ganaderas como del gobierno.
Y es que aunque la misma ley establece que la secretaría respectiva del ramo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se debe de coordinar con las citadas organizaciones pecuarias para difundir los programas gubernamentales que vinculan el trabajo de todo este engranaje institucional, este trabajo de difusión, de información, no quede a la merced de la buena voluntad de las partes, sino que la misma ley esté ahí para recordarles y garantizar que la práctica se realice haya o no haya sinergia entre ambas partes.
Es precisamente que la adición de esta fracción al artículo no es menor, porque como decía, en el espíritu conlleva la esencia de su principio democrático que puede producir el citado círculo virtuoso de, a más información de los programas, mayor número de beneficiados y mayor crecimiento de la actividad económica del sector. De lo que se trata, pues, es de democratizar aún más la información, de socializar aún más los programas de incentivos gubernamentales en pos de una mayor repercusión de los programas en los productores.
Hoy el esfuerzo del Ejecutivo federal y de la propia Secretaría está encaminado a rediseñar los programas para que los apoyos sean eficientes, oportunos y mejor aplicados para que lleguen a un mayor número de beneficiados, con reglas de operación también más eficientes y sencillas.
Es loable apoyar este tipo de iniciativas que complementan el gran objetivo de abatir el rezago en el ejercicio presupuestal. Es por eso que la Comisión de Ganadería y a través de un servidor como presidente, venimos a respaldar y apoyar esta iniciativa, esperando contar con el apoyo de los integrantes de esta legislatura. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, presidente. Honorable asamblea, los problemas que enfrenta el campo mexicano son múltiples y muy variados, pues en su productividad recae una parte importante del abasto con el que cuenta el país para mantener sus niveles de vida.
De acuerdo con el devenir mexicano, a partir de la década de los 60 la sociedad mexicana comenzó un proceso de transición rural a urbana, implicando la migración hacia los núcleos poblacionales que ofrecían un crecimiento en sus niveles de vida. Esta transición marcó un cambio importante en las formas de producción, pues ésta pasó de ser agrícola a manufacturera en muy poco tiempo y el lamentable olvido del agro mexicano.
Como país hoy estamos sufriendo de estas desafortunadas decisiones, pues quienes optaron por permanecer en el agro deben enfrentar la omisión de las políticas públicas que se han dirigido principalmente a los habitantes urbanos. Asimismo, los productores agrícolas mexicanos deben hacer frente a los embates de la naturaleza en sus muy diversas formas, como las sequías que se han presentado con mayor recurrencia, o las lluvias torrenciales como las que sufrimos hace unos días, así como la falta de apoyos para atenderlos.
Aunque reiteradamente hemos reconocido que nuestro país requiere de los esfuerzos que a diario realizan estos trabajadores, tenemos que reconocer que los hemos olvidado y dejado a su suerte tanto en el reconocimiento como en la implementación de políticas, pues es sabido que les permiten procesos más ágiles, la atención pronta a sus demandas y demás elementos que les otorguen un trato equitativo con otros productores.
El análisis de la situación a la que se enfrenta el agro mexicano ofrece un panorama complicado, pues somos testigos de ciclos de temporal cada vez más inestables que impactan de diversas formas a la producción agrícola, ganadera, pecuaria y pesquera.
En materia agrícola somos testigos de ciclos inestables en las temporadas de sequías o lluvias, lo que impacta directamente a la producción de diversos productos en las 22 millones de hectáreas con que cuenta el país, pues registramos regiones que mantenían varios lustros en sequía y otras que constantemente sufren de inundaciones y heladas.
Los estados del norte del país han sido los más castigados por la sequía, mientras que los del centro y sur por las heladas e inundaciones, respectivamente. Tales efectos son resentidos por los productores ganaderos, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, en los últimos 3 años el hato nacional ha registrado el descenso del 25 por ciento, pasando de 30 millones en 2001, a 22.5 millones de cabezas de ganado este año.
Somos conscientes que debido al cambio climático la cadena productiva agrícola es más frágil y que la ausencia o excesos de lluvias marcan el destino de empresas completas. Así, ante fenómenos de sequía, los ganaderos deben optar por vender su hato antes de completar el ciclo de engorda, sacrificar e incluso dejar morir a su ganado.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza se une a las consideraciones que buscan que en el agro mexicano se cuente con la certeza jurídica que permita que los recursos destinados a estos productores lleguen en tiempo y forma; sobre todo porque los procesos de las dependencias en ocasiones han sido muy tardadas y cuando llegan a los solicitantes casi siempre esto es fuera de tiempo.
Otro de los beneficios que consideramos importantes del dictamen en cuestión es que a través de sus propias organizaciones los interesados se informarán de los programas, las convocatorias y los temas de su interés, a fin de optimizar recursos y procesos, evitando el intermediarismo que retrasa la llegada de los mismos e incluso los pervierte en provecho de otras actividades que no son las destinadas.
Al establecer como obligación de estos organismos la difusión entre todos sus asociados de los programas de apoyos gubernamentales encaminadas al sector, sin duda damos un paso en beneficio de estos productores. Sin embargo, es claro que tendremos que seguir trabajando para que en el futuro cada productor, sin necesidad de pertenecer a una organización, cuente con información y acceso voluntario a los programas y políticas gubernamentales que requiere.
Convencidos del beneficio de esta medida es que el Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza dará el voto a favor de la presente iniciativa. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, son innumerables los graves problemas que el sector agropecuario ha tenido y tiene en el país. Diversos factores externos, tanto naturales como humanos, han contribuido a su decadencia y la ganadería no ha sido la excepción.
Las sequías, inundaciones y epidemias son una constante en la vida diaria de los ganaderos, los cuales han visto perdido en su totalidad su patrimonio. Son éstas las situaciones, entre otras más, en las que los programas del gobierno federal deben tener una aplicación real directa. Sin embargo, su desconocimiento ha originado que pocos se beneficien de los mismos.
Es precisamente la divulgación de los programas de apoyo a este sector, uno de los temas olvidados por las asociaciones ganaderas, dado que la ley de la materia ha sido omisa.
Es por ello que al contemplar en la Legislatura la obligación de difusión por parte de las asociaciones ganaderas, de los programas de apoyos federales, se logrará una mayor y mejor aplicación y aprovechamiento de los mismos.
Con lo anterior se logrará un crecimiento productivo, económico del sector ganadero, contemplando nuevas opciones de los financiamientos, producción y de venta.
Por ello, el dictamen que se somete hoy a consideración de este pleno enmarca la importancia de tener igualdad en el acceso a los apoyos que en el estado se proporcionan al sector ganadero. Dichos apoyos no solo deberán ser para grandes productores, sino también para criadores en pequeña escala, los cuales no cuentan con la posibilidad de acceder a los apoyos por falta de orientación, pero sobre todo, del conocimiento.
Los programas que la Sagarpa ofrece son vistos como una utopía, pues pocos productores acceden a ello. Por ende, es importante que en el interior de las asociaciones ganaderas se dé conocimiento en tiempo y forma de los programas sociales a los que pueden acceder para incrementar su producción.
Compañeras y compañeros, en el Partido del Trabajo consideramos que los factores que mejoran la correcta aplicación de los programas sociales, no solo en el sector ganadero sino en todos los ámbitos, son la flexibilidad de las reglas de operación. Dotando de esa manera de información clara y precisa sobre los tiempos, requisitos y alcances de los programas que se ofrecen, pues en eso recae el éxito de los mismos.
Que los recursos económicos destinados a estos programas se utilicen y no se regresen a la federación por subejercicio. Ello ante la falta de solicitantes que desconocen de los mismos.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen como un ejercicio de transparencia que plantea la reforma dictaminada, esperando que los ganaderos mexicanos se beneficien con los programas destinados a este sector. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada María Fernanda Romero Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada María Fernanda Romero Lozano: Muchas gracias. Muchos son los motivos que le dan al campo gran importancia económica y social, pues de éste depende el suministro de alimentos, la provisión de materias primas para la industria, así como el equilibrio y biodiversidad ecológicos, convirtiéndolo en eje estratégico nacional.
Sin embargo, el contexto del sector rural es poco favorable, el proceso de urbanización, el crecimiento demográfico acompañado de una alta marginación y la globalización han propiciado un constante deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, dejándolos en situaciones de pobreza comparables a las de países con economías de menor tamaño que la nuestra. La cara de la pobreza del país se refleja en la cara de nuestro campo mexicano debilitado y olvidado.
En las últimas décadas el sector rural ha sido afectado de forma importante por las recurrentes crisis económicas, al tiempo que ha sido prácticamente relegado por el modelo productivo del país. Prueba de ello es que cerca del 50 por ciento de los ingresos de este sector proviene de actividades no agrícolas.
Aunado a lo anterior, pese a que México posee una gran diversidad ecológica, gran parte de su territorio no tiene las características óptimas para el desarrollo de las actividades agrícolas, por cerca del 50 por ciento del territorio nacional es desértico o montañoso y el 63 por ciento del territorio nacional es malo para las actividades rurales.
Tales hechos han propiciado que en los últimos años el sector agropecuario se caracterice por un ritmo de crecimiento menor al de otros sectores, así como una mayor volatilidad que da como resultado un mayor riesgo en la producción.
Algunos segmentos y productos del sector han crecido y prosperado, pero únicamente los que provienen de grandes empresas agroindustriales enfocadas a la exportación, lo que ha propiciado una marcada polarización de nuestro campo.
Pese a la existencia de escasos ejemplos exitosos el desarrollo agropecuario no es el óptimo, prueba de ello es que la contribución de la economía rural al PIB y su capacidad para generar ingresos a los productores se han reducido dramáticamente. El sector agrícola apenas representa el 6.8 del PIB nacional.
Por otra parte, en México la población rural se estima actualmente en 26 millones de personas, pero dos de cada tres mexicanos que viven en pobreza extrema están en el campo. Coneval afirma que la pobreza en el medio rural afecta al 64.5 por ciento de su población, mucha de la cual vive de las remesas provenientes de Estados Unidos y del autoconsumo.
La necesidad de fortalecer al camp es evidente, actualmente la Sagarpa destina gran parte de su presupuesto en otorgamiento de apoyos a productores. Estos apoyos son de vital importancia para el desarrollo del campo, pues representan para los productores fuentes de ingreso, crédito productivo, insumos, y la posibilidad de ampliar su infraestructura y capacidad productiva. No obstante esto muchos productores no logran acceder a ello, debido a falta de información o del desconocimiento total de los programas, convocatorias, requisitos y fechas.
Ante este escenario desfavorable las organizaciones campesinas, en específico las organizaciones ganaderas, pueden y deben fungir como un enlace entre el gobierno y los productores, para recibir la información de los programas de apoyo de los distintos órdenes de gobierno y difundirlas entre sus agremiados.
También debe evitarse todo subejercicio. Es necesario que la totalidad del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal sea ejercido y los productores no pierdan apoyos que pueden ponerlos en igualdad de circunstancias con sus competidores internacionales, y de esta manera proteger la economía agropecuaria de México tal como lo hacen los países desarrollados.
El campo pasa por una situación complicada, no dejemos que sigan siendo equivocadas las políticas públicas en materia agropecuaria, debemos apoyar políticas que articulen a los pequeños productores a grandes canales de distribución.
Es necesario que los apoyos y programas gubernamentales de campo sean entregados a todos los interesados sin hacer distinción y beneficiando a unos cuantos o, en su defecto, utilizar el recurso para otros fines que no se ven reflejados en este sector.
Por las razones anteriormente citadas votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
La participación de todos los integrantes de asociaciones ganaderas, el conocimiento de los beneficios de los programas gubernamentales y una adecuada política pública debe estar encaminada a mitigar la pobreza, la marginación y la migración de nuestros campesinos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra, el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos provenientes de Pachuca, Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado Víctor Velasco. Bienvenidos a la sesión.
El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. La ganadería es una actividad de gran importancia en México por su aporte a la economía y al desarrollo nacional, el alto valor nutritivo que tienen los productos provenientes de la industria la convierten en una pieza fundamental para garantizar a la población a acceso a una alimentación sana, suficiente, balanceada y de calidad.
Se estima que el sector ganadero representa el 45 por ciento de la producción agropecuaria en el país y éste genera más de un millón de empleos remunerados y permanentes, sin contar que además impulsa el desarrollo de otras industrias relacionadas, con lo cual contribuye a la ampliación de la planta productiva y la oferta laboral.
Aunque la actividad ganadera ha sido tradicionalmente una historia rentable, en los últimos años, al igual como ocurre en términos generales con las actividades agropecuarias, ésta se ha enfrentado a un panorama complejo, derivado de varios factores entre los que destacan severas sequías que ha provocado el cambio climático en diferentes regiones del país; así como el alza constante del costo de los insumos que se utilizan para la producción.
Lo anterior ha hecho necesario incrementar los estímulos al sector pecuario, a través de la transferencia de recursos económicos para garantizar la continuidad de ésta importante fuente de empleo e ingresos, cuyo deterioro impactará significativamente en el desarrollo nacional. Los apoyos estatales están encaminados a fortalecer al sector, elevando la productividad y competitividad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, sin descuidar otros fines igualmente valiosos como cuidar que el aumento de la producción no implique en el deterioro del medio ambiente; o, bien, preservar la riqueza genética pecuaria de nuestro país.
Para superar con éxito los retos a los cuales se enfrenta el sector ganadero en México, las asociaciones o uniones de productores juegan un rol muy importante. La organización de los productores rurales es valorada como uno de los factores más significativo para el desarrollo de las actividades agropecuarias.
A través de la asociación ha sido posible la obtención de mejores rendimientos por parte de los productores ganaderos, tanto en los procesos productivos primarios como en la industrialización y comercialización de los productos.
Nuestro país cuenta con una larga tradición organizativa en el sector ganadero, cuya fuerza y proyección se vio reflejada desde 1936 en una ley, la cual ha sido de gran utilidad para el desarrollo de la ganadería mexicana.
Actualmente en México existen más de dos mil asociaciones de productores que combinan la protección de los derechos de los asociados con la promoción de las actividades productivas que realizan.
Cabe resaltar que las organizaciones ganaderas no son simples asociaciones privadas reguladas por el derecho común, pues ésas son consideradas de interés público y en consecuencia se rigen por ordenamientos del mismo carácter. Esta situación implica que las organizaciones ganaderas agrupadas bajo el derecho público, tienen de manera natural preferencia en los apoyos y estímulos que aporta el gobierno a los productores.
El precepto anterior contemplado por la propia ley tiene su fundamento en el hecho de que esta clase de organizaciones realizan tareas primordiales que redundan en el beneficio colectivo desde el punto de vista económico y social.
En virtud de que los ganaderos organizados gozan de preferencia en la asignación de los apoyos que otorga el sector público, resulta conveniente que las asociaciones brinden a sus integrantes la información necesaria para conocer los beneficios de los programas gubernamentales con la finalidad de que su distribución sea lo más equitativa posible, de manera tal que éstos sean aprovechados por todos los productores del sector.
Por lo aquí expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, con objeto de que los programas de apoyos gubernamentales encaminados al sector tengan mayor y mejor difusión. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Como preámbulo comentaré a ustedes que es preciso señalar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo 143, fracción I, señala que las organizaciones de la sociedad rural podrán difundir los programas oficiales y otros instrumentos de la política del campo.
Sin embargo esta legislación no ha sido suficiente, ya que cada año el Programa Especial Concurrente de la Sagarpa presenta graves subejercicios porque la dependencia federal no cuenta con una política de comunicación permanente para que los productores del campo mexicano conozcan de los proyectos productivos y de manera concreta los que tienen que ver con la ganadería.
Pero no sólo es la falta de una política de comunicación de la Sagarpa. Con las organizaciones de la sociedad rural los titulares de esta dependencia del gobierno federal en los últimos tres sexenios, han sido insensibles para atender las necesidades de los productores del campo mexicano, sobre todo cuando se ven afectados por la especulación y la manipulación que imponen en los precios de los productos alimentarios en el mercado mundial las empresas trasnacionales, como es el caso tan sonado del azúcar. Y en el caso de la ganadería con los graves problemas de sequía e inundaciones.
En la presente administración contamos con un secretario, el señor Martínez y Martínez, prácticamente sordo, ciego, ante la problemática que se vive. Pareciera que aplica fielmente una política que se vivió en el sexenio pasado en el estado de México, donde quien a su paso como gobernador de esa entidad, impuso una política en donde los problemas de alto impacto, de corrupción o de organizaciones no afines al PRI no fueran atendidas por los titulares de las secretarías responsables y olvidar las demandas o denuncias de la ciudadanía para que se pudrieran o se olvidaran.
Recientemente incluso hemos escuchado a diputados del PRI que se han quejado, que han cuestionado a los secretarios del gobierno por no atender las llamadas de gestión de los legisladores.
Uno de ellos que estuvo recientemente, fue el secretario de Hacienda y bueno, en este sentido porque él es el responsable de hacer cumplir con el Presupuesto de Egresos otorgados a la secretaría y por no evitar los altos indicadores del subejercicio del presente año.
Compañeras y compañeros legisladores, por estos motivos tenemos que aprobar este proyecto de decreto para dotar de mayores facultades a las organizaciones del campo mexicano, para que conozcan los proyectos de los cuales van dirigidos a su sector, esto es, que son los beneficiados y los lleven a mejorar la producción ganadera del país, pero también para reclamar a los titulares del gobierno federal que cumplan con las funciones normativas que en su conjunto el Congreso de la Unión les mandata. El que cada ganadero tenga la oportunidad de conocer, por medio de su organización, todos los apoyos gubernamentales encaminados a este sector representa para nuestro país, desde un punto de vista social, productivo y económico, una certeza de igualdad de oportunidad y esto conllevará un mejor nivel de desarrollo plural sustentable.
El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero, Apícola, es la continuación sin duda alguna, pero además teniendo una nueva visión de impulso a la productividad y adopción de tecnologías, así como apoyo al ciudadano y mejoramiento de los recursos naturales de las áreas ganaderas.
También abre su cobertura para atender a la ganadería bovina productora de carne y con el doble propósito en el sistema de pastoreo para la producción de leche de bovino en sistemas familiares, a la producción caprina y apícola.
Asimismo, en la búsqueda de una mayor equidad en los beneficios, se dan apoyos diferenciados para las diferentes escalas de productores.
Compañeras y compañeros legisladores: esta Cámara para el presente ejercicio designó cuatro mil 350 millones de pesos para este programa, para este sector ganadero; sin embargo, dichos apoyos muchas veces no son utilizados por el desconocimiento de los mismos ganaderos. Por tal razón debemos aprobar este dictamen.
El Partido de la Revolución Democrática al cual pertenezco dará su voto a favor porque sin duda alguna es un avance en beneficio de la sociedad, y todo lo que sea para beneficio jamás el PRD regateará su apoyo. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Raudel López López.
El diputado Raudel López López: Con su permiso, presidente. El dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas nos plantea la problemática de la que muchos de nosotros hemos sido testigos en nuestros distritos.
El poco acceso a la información por parte de todos los integrantes de las organizaciones ganaderas de nuestro país y a su vez esta problemática impacta en el desarrollo económico tanto local como nacional.
En cuanto a niveles de apoyos gubernamentales, éstos han alcanzado cada año mayor porcentaje en los ejercicios fiscales; sin embargo, la información para el acceso a los programas de apoyo no están regulados, no hay una obligatoriedad en cuestión de la difusión. Esto constituye a nivel nacional una falta de equidad entre los productores y por consecuencia un diferente crecimiento entre ellos.
Todo esto se viene traduciendo a depender de la buena voluntad de cada líder de las organizaciones.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al igual que en la Comisión de Ganadería, de la cual soy secretario, siempre hemos estado al pendiente de una mejor distribución de todos los apoyos federales, ya que en nuestro país es de suma importancia impulsar el crecimiento, pero que sea un crecimiento justo, lateral e igualitario entre todos.
Por otra parte, uno de los mayores derechos que tiene una persona es y será el libre acceso a la información. Esto aunado con la participación de cada productor, resultará en un beneficio cada vez mayor a la proporción de su conocimiento y su decisión de participar o declinar en los mismos programas.
Basta ya de que sean siempre los mismos los que tengan acceso a estos beneficios. Basta de que los coyotes se aprovechen de este vacío legal aún existente. Basta ya de que sólo ciertas cúpulas de líderes sean siempre los mismos beneficiarios de estos programas.
México es un país rico en recursos naturales y con gran potencial para el desarrollo de la ganadería, pues tenemos una amplia superficie de kilómetros cuadrados que permiten la cría y desarrollo de diferentes tipos de ganado.
Adicionalmente cuenta con una diversidad de climas y especies susceptibles de ser creadas como son las más comunes el ganado bovino, el porcino, el ovino, entre otros muchos.
La propia Sagarpa ha reconocido que entre las debilidades que limitan el desarrollo del sector ganadero está el marco legal y normativo. La carencia de regularización para que organizaciones difundan los programas federales y esto resulta la poca inversión privada y gubernamental, la carencia de tecnologías para la obtención de mejores razas y la falta de coordinación institucional y la baja prioridad que se otorga a las actividades del campo.
Nosotros como Poder Legislativo es nuestra obligación realizar leyes donde lo que se busque sea el crecimiento como un conjunto total y no sólo a grupos de particulares.
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 3o, fracción XVI se debe dar difusión de los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en vista de la importancia que reviste la protección jurídica de todos nuestros productores ganaderos.
La presente iniciativa propone una pequeña modificación al artículo 5o de la Ley de Organizaciones Ganaderas, pero es una muy profunda en cuanto a su fondo, ya que puede ser la punta del lanza para que demás leyes en materia del campo hagan lo propio, pues debe ser obligación legal la difusión de todos los programas federales entre los integrantes de todas las asociaciones del ramo.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional votaremos de manera positiva el dictamen del proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 5o de la Ley de Organizaciones Ganaderas a fin de proteger el acceso a los programas federales por parte de todos los productores ganaderos de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene la palabra el diputado Genero Ruiz Arriaga, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
Aprovecho para saludar la presencia aquí del alcalde de Tezontepec, Hidalgo, Azael Hernández Cerón, que nos acompaña y está invitado por la diputada Adriana González. Bienvenido, alcalde.
El diputado Genaro Ruiz Arriaga: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la encargada de establecer programas y acciones tendientes a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales. La emisión de programas de apoyo al sector permite que esta productividad, competitividad y sustentabilidad de la ganadería esté orientada no sólo a la producción de carne sino también a la obtención de leche, huevo, miel, lana y otras de interés zootécnico, con lo cual los apoyos permiten realizar toda una amplia gama de actividades muy importantes.
Sin embargo, la falta de conocimiento por parte de los productores sobre la existencia de estos, de los trámites a realizar, de la imposibilidad del traslado a las dependencias para iniciar las gestiones correspondientes, entre otras circunstancias, ocasiona que no se cumpla con algún requisito y no se pueda ser beneficiario de los mismos.
Actualmente es fundamental la difusión de los beneficios contenidos en ellos, ya que el sector ganadero ha sufrido graves consecuencias económicas derivadas del efecto del cambio climático. Entre ellos las constantes inundaciones o bien las sequías que azotaron hace no muchos años y meses a buena parte de nuestra geografía, fenómenos que produjeron la muerte de miles de cabezas de ganado.
Como una muestra de la necesidad de difundir ante los productores los alcances de los programas, recordemos que durante el último periodo de receso fue presentada una proposición con punto de acuerdo a través de la cual se exhortó a la Sagarpa a hacer pública la información respecto a las erogaciones realizadas con el 1.8 por ciento del presupuesto del Procampo.
Asimismo, la Cámara de Diputados asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 4 mil 350 millones de pesos a Progan, para el apoyo del sector ganadero, sin embargo dichos recursos muchas veces no son utilizados por el desconocimiento de los mismos productores.
Por lo anterior, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que adiciona la fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas con el propósito de que uno de los objetivos de dichas organizaciones sea de difundir entre todos sus asociados los programas de apoyo gubernamentales encaminados hacia su sector.
Es una realidad innegable que con la aprobación de ese dictamen se dotará de certeza jurídica para que los productores conozcan, identifiquen y reciban los beneficios de los programas; rompiendo así las barreras que impidan la cobertura de aquellos dedicados a impulsar el aprovechamiento y crecimiento del sector pecuario, y que de esta manera, con base en una información adecuada, se tenga la libertad de decidir sobre la participación o la declinación de los mismos.
Si cada productor tiene la posibilidad de conocer por medio de su organización sobre los apoyos gubernamentales enfocados al sector, esta circunstancia representa para nuestro país una importante contribución en materia de certeza e igualdad de oportunidades, lo que vendrá a privilegiar un mejor nivel de desarrollo rural sustentable.
Mi reconocimiento al diputado Raudel por esta iniciativa que demuestra su interés y preocupación porque nuestra gente del campo tenga mayores elementos para el desarrollo de sus actividades. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 100-Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en el Senado mexicano. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene la palabra la diputada María del Rocío Corona Nakamura.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el dictamen por el que se adiciona un artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear en la Cámara de Senadores el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto.
El dictamen que hoy ponemos a su consideración atiende a una minuta enviada a esta Cámara por el Senado de la República en sesión ordinaria del día 5 de marzo de 2013, con el fin de crear, en la Cámara de Senadores, el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género.
Esta comisión se dio a la tarea de analizar el contenido de la minuta referida y encontró elementos suficientes para dictaminarla en sentido positivo. Con la aprobación de este dictamen se pretende que el Senado de la República celebre una sesión solemne en el mes de marzo de cada año para hacer entrega de dicho reconocimiento.
A la sesión solemne se invitará a los titulares y las titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, titulares de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las universidades e instituciones educativas del país.
El motivo principal de la iniciativa presentada en el Senado por las legisladoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, es reconocer, cito textualmente, un párrafo de la iniciativa que las mujeres comenzaron a participar activamente en áreas de desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado años atrás.
Pero ni las leyes ni las convenciones sociales ni la sociedad en general han reconocido aun, debidamente, el papel fundamental que la mujer desempeña de forma destacada en la lucha por los derechos humanos y la igualdad de género en México.
Concluyo la cita. Es importante destacar que actualmente no existen reconocimientos promovidos desde el Congreso mexicano, que se entreguen a mujeres cuya labor se distinga por su contribución nacional al desarrollo de nuestro país.
No sobra precisar que el apellido Carrillo Puerto ha destacado a través de nuestra historia por la contribución y trayectoria política de Felipe Carrillo, en tiempos de la Revolución.
Sin embargo, poco se sabe y reconoce la labor de su hermana Elvia, quien dio importantes aportaciones en el ámbito de la protección a los derechos humanos, así como la formación de indígenas mayas en Yucatán.
Y al mismo tiempo, constituyó un pilar dentro de la lucha anti reeleccionista en la época maderista. Elvia fue una de las primeras mujeres que como bandera de lucha adoptó la postura de solicitar a los supremos poderes de la nación el derecho de votar de las mujeres. Asimismo, ella fue la primer mujer en México electa como diputada.
A Elvia Carrillo Puerto se le puede reconocer, entre otras cosas, por ser una mujer yucateca, socialista a la altura de su tiempo y una de las mejores mentes del momento.
El trabajo destacado de Elvia fue perseguido y minimizado por los gobiernos posteriores al de Madero, que la sacaron de su propios estado y evitaron que continuara en el ejercicio de cargos públicos. Antes de su muerte en 1967 los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines reconocieron la lucha de Elvia, le otorgaron premios como veterana de la Revolución.
En tal sentido esta dictaminadora concuerda con la opinión de las promoventes, respecto a reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el reconocimiento, fortalecimiento, defensa y ejercicio de protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en cualquier ámbito de la vida pública.
Por todo lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen, y solicitamos su voto a favor. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Estimadas diputadas y estimados diputados, al final del siglo XIX, a lo largo y ancho del mundo, el papel de las mujeres se reducía principalmente al cuidado del hogar, a ser madres y, en el mejor de los casos, a ser educadoras. Ése fue el tiempo que le tocó vivir a Elvia Carrillo Puerto, quien en 1878 vio la luz en el pueblo de Motul, a 44 kilómetros de Mérida, Yucatán.
Desafortunadamente en el contexto histórico mexicano el predominio masculino ha detenido durante mucho tiempo las posibilidades de aportación de las mujeres, se ha segregado, y con esto ha detenido también el desarrollo nacional. Ése es el México que a muchas mujeres les ha tocado enfrentar, el no reconocimiento, la infravaloración, la falta de oportunidades y el olvido de sus esfuerzos para hacer de este México un México mejor.
Desde su infancia Elvia supo de las inquietudes de otras mujeres, que como ella se hicieron conscientes de la injusticia con la que eran tratadas y de la doble moral de la sociedad hacia ellas, situación que a 137 años desafortunadamente la sociedad mexicana aún reproduce sin importar edad, condición económica o nivel de instrucción académica.
Ver la pobreza de cerca le permitió ser consciente de las desigualdades sociales, la explotación, las necesidades y la urgencia por cambiar esta situación, en especial de las mujeres, conciencia que fortalecería el espíritu de quien con el tiempo sería llamada La Monja Roja. Casada a los 13 años, madre y viuda a los 21, fue taquígrafa, maestra y activista en la rebelión de 1910.
Con estas convicciones, en 1912 formó la primera organización campesina femenina para incorporar en la política agraria los derechos de las mujeres; las ideas sobre el control natal y el amor libre en el Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México en 1923 fueron propuestas suyas; sin embargo, la solicitud del voto femenino fue una convicción común y sería su bandera de batalla, aunque ésta no se cristalizó hasta 30 años después, el 17 de octubre de 1953.
Sus esfuerzos hicieron posible la primera representación femenina en el cabildo de Mérida, para la maestra Rosa Torres G. en 1922. Al año siguiente el Congreso yucateco recibió a las primeras diputadas en el estado y en el país, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero.
Sin embargo, por órdenes de Adolfo de la Huerta, la regidora Rosa Torres fue renunciada falsificando su firma, mientras que las diputadas Beatriz y Raquel fueron hostigadas al grado de tener que dejar su curul, e incluso Elvia fue escoltada por militares hasta dejar Yucatán.
Ese mismo año con la Promulgación del Derecho al Voto Femenino en San Luis Potosí, presentó su candidatura, ganó en las urnas y posteriormente fue despojada. La lucha de esta mujer incansable terminó con su muerte, tras la ardua batalla de hacer visibles los derechos de las mujeres mexicanas.
Honrar a las mujeres con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, por su destacada labor en la defensa, protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país, es admitir el trascendental papel que asumen actualmente las mujeres mexicanas.
Con la aprobación del presente dictamen, el Senado de la República será la instancia responsable en distinguir a una mujer con este reconocimiento el 8 de marzo de cada año, fecha con que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Que sirva tal reconocimiento, a todas aquellas mujeres que desde su ámbito, día con día se enfrentan a la exclusión por género; a todas aquellas que con tesón y perseverancia han logrado superar el paradigma para el cual su destino estaba dictado y predeterminado; a todas aquellas mujeres que han dado su vida por lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres.
Con el voto a favor del dictamen, abonamos a hacer efectivas las carencias de quien con su obra puso en alto sus convicciones y es pieza fundamental en la conformación del Estado mexicano. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expreso nuestra intención de votar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En este artículo 100 Bis que se propone adicionar se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto que el Senado de la República deberá entregar en sesión solemne durante el mes de marzo de cada año.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la creación de este reconocimiento, ya que se rinde un justo homenaje a una mujer vanguardista, a una incansable luchadora por la obtención del voto femenino y a una mujer que siempre estuvo al lado de los oprimidos en su natal Yucatán y en el país.
La vida de Elvia Carrillo Puerto deja traslucir una luchadora tenaz y sistemática en contra de la exclusión de que eran objeto las mujeres. Fue hermana de Felipe Carrillo Puerto y, junto con él, participó en la creación y consolidación del histórico Partido Socialista del Sureste.
Al igual que Felipe, enfrentó la persecución de la aristocracia henequera en Yucatán, sin embargo sus sólidas condiciones de izquierda nunca le hicieron menguar en la intensidad de la lucha.
Sin lugar a dudas, su intensa actividad política en la península se vio favorecida por un gobierno progresista como lo fue el del general Salvador Alvarado. Sin embargo, el levantamiento de Adolfo de la Huerta y el asesinato de su hermano Felipe, en enero de 1924, impidieron que las ideas progresistas y de vanguardia siguieran aplicándose en Yucatán.
Ella supo siempre que el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres pasaba necesariamente por su acceso al sistema educativo, ya que de esta manera estarían en condiciones de transformarse ellas y transformar sus condiciones materiales de vida.
Elvia Carrillo Puerto fue una sufragista convencida. Luchó para que las mujeres pudieran votar y ser electas, situación que se alcanzó hasta 1953 en virtud del decreto publicado el 17 de octubre de ese año que establece que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres.
Dentro de pocos días se conmemorará en México el LX aniversario del otorgamiento de voto de las mujeres en las elecciones federales. Esto sin duda fue un logro de muchas mujeres, entre ellas de Elvia Carrillo Puerto.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos con satisfacción que este reconocimiento se otorgue durante el mes de marzo de cada año. Lo deseable es que sea el 8 de marzo, en donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sabemos que este reconocimiento se da como resultado de la lucha de infinidad de mujeres por tener un México más justo y más democrático.
Sabemos que la lucha de Elvia Carrillo Puerto es la lucha de cientos de miles de mujeres y que a final de cuentas, cuando se honre a una en particular, con este premio se está honrando a todas.
Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El dictamen que hoy se discute tiene por objetivo la creación del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, día internacional cuyo objeto es el promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.
La lucha femenina por ejercer el derecho a votar en México, comenzó entre los años 1884 y 1887 cuando por primera vez la revista femenina Violetas del Anáhuac fundada por Laureana Cruai González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.
Hacia 1910, diversas asociaciones se unen a Francisco I. Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, las cuales protestarían por el fraude en las elecciones, donde demandaban la participación política de las mujeres mexicanas.
En 1923, en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa, diputada de izquierda al congreso local en el quinto distrito, aun cuando las mujeres en México carecían del derecho al voto. Aunque tiempo después renunciaría a su encargo ante las amenazas de muerte que recibió.
Elvia Carrillo Puerto luchó por el control de la natalidad, la libertad, sexual, el divorcio y especialmente por el derecho al voto de las mujeres en México, por los derechos de las mujeres indígenas, campesinas mayas y las obreras mexicanas.
El presidente Lázaro Cárdenas en 1937 envió al Congreso la iniciativa que modificaba el artículo 34 de la Constitución, que permitiría al sector femenino ejercer el sufragio. No obstante bajo el argumento de que el voto femenino pudiera verse influenciado por la iglesia, la misma familia revolucionaria decidió no concluir el proceso legislativo.
El tema no volvió a discutirse hasta que Miguel Alemán llegó al poder, pero no tuvo el suficiente impulso para que el voto femenino se lograra a nivel federal. Fue hasta finales de 1937 en una de las primeras jornadas electorales realizada en Chiapas, donde la mujer mexicana finalmente ejerció un derecho injustamente negado por décadas.
Sin embargo el gobierno con un sistema fraudulento se hizo presente y más tardaron las mujeres en votar que en ser reprimidas violentamente. Tal es el caso de la activista de nombre María Herrán, quien murió defendiendo el sufragio efectivo del que tanto presumía el sistema político mexicano. El 3 de julio de 1955, quedó registrado en la historia política de México como la primera vez que la mujer mexicana emitió su voto en las elecciones federales.
Las mujeres a lo largo de la historia política en nuestro país han participado activamente en áreas de desempeño laboral y profesional, pero aún las leyes ni la sociedad en general, han reconocido debidamente el papel fundamental que la mujer desempeña de forma destacada en la lucha por sus derechos humanos y la igualdad de género.
En Movimiento Ciudadano estamos a favor de reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el reconocimiento, fortalecimiento, defensa, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en cualquier ámbito de la vida pública.
En la vida política actual se ha logrado la equidad de género y el rechazo de la idea de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, siendo un gran componente de la democratización.
En el Senado de la República ya se cuenta con la presea Belisario Domínguez, que es otorgada a las mujeres y a los hombres mexicanos cuya actividad pública los ha distinguido por su entrega al servicio de México y en la Cámara de Diputados se otorga un distintivo en honor a Eduardo Neri. Sin embargo, la presea Elvia Carrillo Puerto será la primera que se otorgará a las mujeres que han puesto en alto el nombre de México.
Estamos a favor de que a través de la creación del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto se logre reconocer a todas aquellas mujeres que han desempeñado una gran labor a favor de México, ya que la presencia activa de las mujeres en movimiento se ha hecho evidente en todos los ámbitos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Teresita Borges Pasos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos: Con su venia, señor Presidente. Como yucateca es un orgullo para mí presentarme con este tema tan especial. Los derechos de las mujeres son uno de los asuntos más importantes en las diferentes agendas de la vida pública. Desde diversos ámbitos se lucha para hacer efectiva la igualdad respecto de los hombres.
Las batallas para lograr condiciones más equitativas para las mujeres en lo público y en lo privado llevan al menos un siglo en este país y en el tránsito se ha logrado el sufragio para la mujer, se ha avanzado en cuestiones de acceso a la educación, a la salud, a los salarios más paritarios.
Sin embargo, poco se ha reconocido dentro de esta lucha la labor de las mujeres que, como Elvia Carrillo Puerto, han realizado acciones en materia de derechos humanos y de asuntos de construcción de igualdad de género. Su labor no se ha visibilizado y menos aún reconocido, pese a tratarse de que ha aportado a la construcción de nuestro país.
Los referentes que empleamos en las celebraciones del 8 de marzo de cada año suelen no necesariamente remitirnos a reconocer a las mujeres mexicanas que desde sus ámbitos de la vida pública han defendido y fortalecido la defensa y el ejercicio de este tipo de derechos.
Me congratulo con la propuesta que un grupo de legisladoras presentó en el Senado de la república para crear un reconocimiento que lleve el nombre de Elvia Carrillo Puerto, el cual se pretende que año con año se otorgue a una mujer que haya destacado por su labor en el reconocimiento, defensa y protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país.
Por eso en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que la celebración del Día de la Mujer para nosotros debe ir más allá de una efemérides. Es importante que con este galardón se distinga a las mujeres que como Elvia Carrillo Puerto han defendido los derechos de las mujeres y han incidido para lograr que la igualdad de los géneros avance.
Éste será el reconocimiento entregado por parte del Congreso federal a las mujeres destacadas en estos ámbitos para su contribución al desarrollo del país y corresponderá a los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género elegir a la ganadora de esta condecoración.
Hagamos un poco de historia. Elvia Carrillo Puerto fue una mujer perseguida por los gobiernos posteriores al de Francisco I. Madero, inclusive desterrada de su estado natal, Yucatán. Enaltece que sea el nombre de una mujer como ella el que lleve este galardón. Sigamos luchando por un país más justo, más solidario, donde nos reconozcamos hombres y mujeres como iguales. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Alicia Ricalde Magaña, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña: Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores diputados, para los seres humanos pocas situaciones son tan gratificantes como celebrar la trayectoria de vida de nuestros semejantes. Más aún, cuando se trata de enaltecer figuras que se han ganado su lugar en la historia, aunque nos hayamos empeñado en olvidarlas.
Con el reconocimiento que se quiere establecer en el artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se logra rescatar a una de las figuras más emblemáticas de la lucha feminista en México, Elvia Carrillo Puerto, quien brilló con una luz tan intensa que junto con su hermano Felipe Carrillo Puerto dieron a la patria lo mejor de sí mismos en un México que había padecido de manera permanente la injusticia, pero que al levantarse en armas durante la Revolución buscó establecer condiciones igualitarias que se reflejaron en distintos ámbitos como el laboral y el agrario.
En este contexto nace y crece Elvia Carrillo Puerto, quien conspiró en contra del gobernador Olegario Medina, encendiendo en Yucatán lo que se ha considerado como la primera chispa de la Revolución Mexicana.
Esta época de transformaciones trajo como consecuencia una modificación en el esquema del rol femenino en la sociedad mexicana como una derivación del papel activo que jugaron las mujeres en la contienda. Una de esas mujeres fue Elvia, quien se sumó al Movimiento Antirreeleccionista de Francisco I. Madero en su tierra natal, y realizó una campaña intensa a favor de los derechos políticos de la mujer, lo que redundó en la primera organización femenina de campesinas en México.
Cabe señalar que esta notable mujer organizó entre 1915 y 1918 diversos grupos feministas y fundó el Partido Socialista Obrero de Yucatán, que sería conocido después como un partido socialista del sureste.
En 1919, viajó a la ciudad de México para pedir al gobierno de Venustiano Carranza que se incluyera el debate del voto femenino en las cámaras legislativas, y a pesar de que perdió la batalla en ese momento, no cesó en su propósito, ya que fue la primera mujer mexicana electa diputada en el Congreso de Yucatán, en el año de 1923, junto con Beatriz Peniche Barrera, tía abuela de nuestra compañera diputada Beatriz Zavala, y Rita Cisero. Ellas fueron las primeras mujeres diputadas que fueron votadas sin poder ser votadas, o sea las primera plurinominales.
Sus luchas políticas no terminaron ahí, Carrillo Puerto fue amenazada, perseguida y expulsada de su estado por los generales que asesinaron a su hermano, y sobrevivió a tan peligroso momento histórico. Cuando regresó a Yucatán continuó buscando el voto femenino, esfuerzo que se vio coronado en 1953 con la modificación al artículo 34 de la Constitución Política, que otorgó la igualdad de derechos políticos a las mujeres.
Este reconocimiento que se hace a la memoria de Elvia Carrillo Puerto y que además servirá para distinguir a investigadoras notables en el campo de los derechos humanos y de estudios de género, constituye una celebración al esfuerzo de las mujeres que como ella lucharon por un México más igualitario, más justo y más plural. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respalda esta propuesta, porque sólo en un clima de fraternidad podremos superar nuestras diferencias.
Como atinadamente afirmó Simón de Beauvoir: en los dos sexos se desarrolla el mismo drama de la carne y del espíritu, de la finitud y la trascendencia, ambos tienen la misma necesidad esencial uno del otro y pueden extraer de su libertad la misma gloria. Si supiesen saborearla no ostentarían la tentación de disputarse falaces privilegios y entonces podrían hacer la fraternidad. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Alicia Ricalde. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado William Renán Sosa Altamira.
El diputado William Renán Sosa Altamira: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es para mí como yucateco un honor dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al dictamen sobre el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, mujer yucateca ilustre defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.
Es sin duda el siglo XX la centuria de las mujeres, el inicio de una etapa de reconocimiento a su contribución en el desarrollo de la sociedad, el punto de arranque hacia su fortalecimiento como sujetos de derecho, como ciudadanas de primer orden. A las convulsiones acaecidas durante los primeros años del siglo inmediato anterior se sucedieron diversas luchas que trajeron como consecuencia la participación de las mujeres en los asuntos públicos, fuera a través del voto o en algunos casos en acciones revolucionarias.
Mustafá Kemal Atatürk dirigió sus esfuerzos a otorgar derechos políticos a las mujeres, diferenciándose así no sólo de sus vecinos árabes sino incluso de los países occidentales, en donde el derecho al voto femenino aún era una utopía. “En la sociedad turca las mujeres no se han quedado atrás frente a los hombres en cuanto a la ciencia, la educación y a la cultura. Se puede decir que ellas han sido incluso más adelantadas”, llegó a afirmar el constructor de la Turquía moderna.
Mientras tanto, Alexandra Kolontai trabajaba afanosamente por cambiar el estado de servidumbre al que habían sido destinadas las mujeres en la Rusia zarista, para lo cual participó destacadamente en el proceso revolucionario que llevaría a los bolcheviques al poder. El resultado de ello fue la aprobación del divorcio en la Unión Soviética y el establecimiento de guarderías y salarios de maternidad.
Tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, países industrializados como el Reino Unido y Estados Unidos, se vieron agitados por los movimientos sufragistas que buscaban el otorgamiento del voto a las mujeres.
México no fue ajeno a este movimiento. La participación de las mujeres durante la Revolución trajo consigo un proceso de toma de conciencia que, aunque lento, terminaría por integrarlas a la vida política y a los beneficios del desarrollo.
Es en ese contexto que surge la figura de Elvia Carrillo Puerto, yucateca de ideas socialistas que dedicó sus esfuerzos a la emancipación de las mujeres, al calor del proceso profundamente reformador que encabezara su hermano Felipe Carrillo Puerto, quien también lucharía por llevar a la práctica los ideales revolucionarios de la época.
Elvia, quien fuera legisladora en su estado natal, se destacó por su lucha a favor de las mujeres, en especial aquéllas que eran víctimas de terribles injusticias, indígenas, obreras, campesinas, madres solteras.
Conocedora de la fuerza del conocimiento, buscó siempre el acceso de todas a la educación, pero no una basada en los dogmas y usos de la época, sino en el uso de la razón y la inteligencia como elementos de progreso y bienestar.
Nos complace sobremanera otorgar al Senado nuestra aprobación para que se establezca una presa a favor de aquellas mujeres que se han destacado por su labor en la defensa, protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Dicho reconocimiento, el primero en su tipo que otorgará la colegisladora, constituye una forma de recuperar la memoria de una mujer cuyas causas y ejemplos siguen vigentes.
Como yucateco, como mexicano, me siento profundamente orgullosos de que mujeres como Elvia Carrillo Puerto haya escrito con letras de oro su biografía e historia ejemplar. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Sosa Altamira. Esta Presidencia saluda a los integrantes de la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, Sonora, y a su presidenta María Elena Moreno Durazo, invitados por el diputado Cuauhtémoc Galindo. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a la presidenta municipal Alma Leticia Reyes Guerra, presidente municipal de San Dimas, Durango, invitada por el diputado Ricardo Monreal Ávila.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se emitieron 414 votos a favor, 0 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en el Senado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo que no han sido reservados para su discusión. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo los dictámenes que sí han sido reservados, identificados con los números 1, 5 y 6 del orden del día.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne en la que la Cámara de Diputados otorgará la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913, que tendrá lugar el día de mañana, 9 de octubre de 2013, a las 10 horas, y al término de la misma a la sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
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