Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turnos
Retiro de proposición con punto de acuerdo de diputado
De la Cámara de Senadores, con proposiciones y minutas
Del Congreso del Estado de Colima, con iniciativa
Dictámenes
Votación del artículo 264, numerales 3 y 4, en términos del dictamen
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, fundamentación
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanas y ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 379 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:20 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se encuentra a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunican modificaciones de turno.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de las siguientes:
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley Federal de Aeropuertos emitida por la Cámara de Senadores el 16 de marzo de 2006.
Se turna a la Comisión de Transportes para dictamen.
De igual manera a la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga la fracción V del artículo 47 de la Ley de Aviación Civil remitida por la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2005.
Se turna a la Comisión de Transportes para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher. Dígame diputada, con qué objeto.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Buenos días, señor Presidente. Quiero decirle que en dos oficios turnados a la Mesa Directiva hemos solicitado el turno a la Comisión de Igualdad de Género la iniciativa que se presentó para modificar el artículo 1o de la Constitución relacionado con el derecho a la vida desde la concepción. He sido enterada que en la Mesa Directiva no se encuentran argumentos para turnar esa iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género.
Quiero presentarle a usted mi mayor extrañamiento por eso porque la Comisión de Igualdad de Género tiene como fundamento el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva de las mujeres sí es competencia de la Comisión de Igualdad de Género.
Pero además le quiero decir que he entregado en sus oficinas el alegato por el cual defendemos y argumentamos que se turne a nuestra comisión, por segunda vez en una petición, esta iniciativa. Le solicito por favor que nos den respuesta por escrito.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Estaré muy atento a su comunicación, diputada.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibió oficio del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, por el que solicita que se retire proposición de punto de acuerdo de los registros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registrados parlamentarios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de la Cámara de Senadores ocho proposiciones con puntos de acuerdo, suscritas por los senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz y José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por los que solicitan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se consideren recursos necesarios para determinados rubros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que declara el año 2013 como “Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio del Congreso del Estado de Colima con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 24; adiciona dos párrafos a la fracción IV, y reforma el numeral 5 de la fracción VI del artículo 29 Bis 3, y adiciona el artículo décimo cuarto transitorio a la Ley de Aguas Nacionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe Arturo Camarena García, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Muy buenos días, compañeros diputados que se encuentran presentes en esta sala de pleno. El día de hoy subo a esta máxima tribuna con el objeto de poner a consideración de ustedes, el dictamen que ha tenido a bien aprobarse en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y desde luego destacar el trabajo que ha venido haciendo no solamente en general toda la comisión, sino en particular el presidente de la misma, nuestro compañero diputado Marcos Aguilar.
Este dictamen versa sobre la regulación de cabildeo, el cual es un tema de suma relevancia dentro de las actividades parlamentarias y aún cuando ya se encuentra regulado en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en virtud de su importancia, es pertinente incorporar reformas a la regulación de esta figura.
Es una realidad que en diversas partes del mundo esta actividad está relacionada directamente con el desempeño del Poder Legislativo y en ocasiones del Ejecutivo, basta mencionar como ejemplo el caso de los Estados Unidos, donde se creé que una de las razones principales por las que el sistema de gobierno no funciona mejor, es porque hay mucha influencia de grupos especiales de interés y cabildeos dentro del gobierno.
El cabildeo profesional consiste en la utilización sistemática de mecanismos de vinculación de grupos sociales con quienes toman las decisiones públicas, que buscan le sean acordes a sus intereses o necesidades, lo cual puede derivar en prácticas deleznables y actos de corrupción.
Así las cosas, el presente dictamen conlleva a regular en forma adecuada esta figura, para que a través de su reglamentación se inhiban este tipo de situaciones, y a su vez, permitir a quienes tenemos la oportunidad de desempeñarnos en el cargo de legislador, realizar adecuadamente nuestras tareas, y sobre todo, en beneficio de la sociedad mexicana.
Es imperante puntualizar que el objeto primordial de este dictamen es contribuir a un honesto desarrollo de nuestras actividades en respeto de la ley y de la ciudadanía. Es decir, se pondera garantizar a la sociedad que nuestras tareas estarán fuera de prácticas corruptas y por encima de intereses de grupos en particular.
Por ello es que el dictamen propone delimitar quiénes pueden desarrollar el trabajo de cabildeo, siendo justo que quienes se encuentran en el ejercicio de un encargo o puesto del servicio público se abstengan de dicha práctica, ya que su actividad se debe centrar en el desempeño de este encargo, ya sea por elección o nombramiento lo deben realizar con toda su atención, en bien de los ciudadanos.
De la misma forma se limita a los cónyuges y parientes hasta el cuarto grado, de los funcionarios públicos, para realizar esta actividad durante el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior, porque como se menciona, se debe ponderar realizar las funciones públicas de manera clara y honesta en beneficio de la sociedad, sin que medien suspicacias o actos que pongan en entredicho este actuar.
Pues es de conocimiento general que en la actualidad existe, por parte de la sociedad, desconfianza hacia el ejercicio de los cargos públicos, y en particular, de la representación popular.
Por ello, se insiste en la necesidad de regular claramente todas las actividades que permitan generar esa confianza de la ciudadanía en sus instituciones, pues constituye el principal pilar para sostener un estado democrático de derecho, sin que ello signifique la negación a realizar esta actividad. Por el contrario, una clara regulación y limitación de ésta permitirá en forma correcta su ejercicio como lo requiere la nación.
Compañeros, los límites no acortan la libertad, por el contrario, permiten ejercerla dentro de los marcos legales de nuestro Estado de derecho reconocido por la sociedad.
De la misma forma, se acota el número de quienes pueden realizar estas actividades, puesto que una de las consecuencias que conlleva a la proliferación de cabildeos o grupos de interés en la disminución de responsabilidad pública y la rendición de cuentas, ya que estos grupos no rinden cuentas a nadie, se encuentran fuera de control alguno por parte de la población.
Del mismo modo, también se propone impedir que quienes desempeñen el cargo de diputado federal aceptar cualquier tipo de dádiva o pagos por personas que realicen cabildeo o de quienes pretendan influir en las decisiones de la Cámara de Diputados y que, en todo caso, este tipo de conductas sean sancionadas conforme a las leyes, inserción que prohíbe expresamente a los diputados y a las diputadas conducirse de esta forma y que, en su caso, evidentemente sean acreedores a las sanciones que prevén los ordenamientos correspondientes.
Por todo lo expuesto, compañeras y compañeros, los exhorto a votar a favor del presente dictamen, toda vez que el mismo busca el beneficio para nuestras tareas legislativas y sobre todo pretende otorgar la confianza de los ciudadanos hacia este país. Muchas gracias.
Y qué lamentable que una vez más seguimos viendo el poco interés y la poca responsabilidad de muchos compañeros diputados. Éste es un tema muy importante, porque ya basta de actos de corrupción desde la Cámara de Diputados. Y si no ponemos orden nosotros quién podrá hacerlo. ¿Esperaremos a que venga la LXIII Legislatura a hacerlo? ¿O está en manos de nosotros? Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, señor diputado Felipe Arturo Camarena García.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados, Nueva Alianza apoya el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentada a ustedes.
El cabildeo en la Cámara de Diputados ha sido analizado por nuestra soberanía, de tal forma que se han establecido normas generales relativas al procedimiento del registro de los cabilderos y las actividades que estos realizan.
El cabildeo es una actividad que se establece como una práctica política que requiere de un profundo análisis para lograr su profesionalización, a fin de que la información que se maneja se base en principios de igualdad, participación y construcción de consensos entre los actores involucrados. Si bien alrededor de esta práctica se tiene una percepción negativa en cuanto a la falta de rendición de cuentas, es deber de nosotros como legisladores profundizar en su análisis y mejorar este tipo de prácticas.
Experiencias internacionales nos reflejan que países, como en Estados Unidos de América se ha puesto a llevar acciones de auditorías a cabilderos en ambas Cámaras. En Perú se establece en su reglamento los derechos y obligaciones; en Canadá, se obliga a la presentación de un reporte de actividades de manera semanal o mensual; e incluso en casos como Colombia que exige una certificación para llevar a cabo esta práctica.
Es imprescindible dar certidumbre al cabildeo, por lo que es sancionable que en la ejecución de funciones se acepten dádivas u obsequios de cualquier tipo o pago que pueda influir en la toma de decisiones; es por ello importante reforzar acciones que den parámetros de transparencia y rendición de cuentas.
Nuestro Reglamento en materia no específica el número de cabilderos que se requiere en una comisión determinada, pero sí es responsabilidad como legisladores de establecer un proceso de estudio para saber qué comisiones requieren de más cabilderos y con qué número de ellos se puede trabajar.
Los esfuerzos que se destinen a mejorar la actividad de los cabilderos requieren una tendencia de profesionalización y la transparencia en sus actividades, además de la reglamentación de informes y mejores mecanismos para llevar a cabo una evaluación de actividades; es por eso que los invitamos a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
Esta Mesa Directiva saluda a los presidentes municipales del estado de Jalisco, que nos acompañan de: Zapotlán el Grande, Tamazula de Gordiano, Zapotiltic, Sayula, San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, Amacueca, Tapalpa, Tecalitlán, Pihuamo, Gómez Farias y Tuxpán; todos del estado de Jalisco. Invitados por el señor diputado Salvador Barajas del Toro. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra, la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hago uso de esta tribuna para manifestar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En el Título Octavo, Capítulo Tercero de los artículos antes mencionados, se regula lo referente a la actividad del cabildeo.
Durante muchos años ha sido práctica recurrente que personas físicas, en representación de personas morales, realicen gestiones ante esta Cámara de Diputados para favorecer a sus representados. Dicha actividad no estaba sujeta a reglas y era utilizada como medio de presión a los legisladores u otorgamiento de diversas dádivas, particularmente en la discusión de los temas fiscales.
La Cámara de Diputados introdujo en su Reglamento la actividad de los cabilderos al señalar que deben registrarse ante esta soberanía para poder realizar su actividad. Sin embargo, es pertinente establecer controles para quienes se acercan a esta Cámara a realizar las actividades mencionadas.
Por ello, en el dictamen que hoy discutimos se propone la adición de los numerales 3 y 4 del artículo 264; en el numeral 3 para prohibir que los servidores públicos no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad de cuarto grado.
En el numeral 4 se propone establecer un límite máximo de personas acreditadas para actividades de cabildeo; hasta 20 por comisión y dos por cada persona moral inscrita. En el supuesto de que exista un número mayor de solicitantes, la mesa directiva resolverá lo conducente.
Con estas medidas se pretende evitar, como sucede en ocasiones, que sea mayor el número de cabilderos que estén en la Cámara realizando la actividad mencionada que el número de integrantes en este órgano legislativo.
Por su parte, en el artículo 265 se prohíbe categóricamente que las diputadas y los diputados acepten dádivas o pagos en efectivo por parte de los cabilderos; y que, en el supuesto de que así ocurra, dicha conducta será sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; o la legislación penal, según corresponda.
Esperamos que esta medida logre poner un coto o eliminar la nefasta práctica del tráfico de influencias y que quien realice esta actividad enfrente las consecuencias legales que se requieran.
Por estas consideraciones votaremos a favor del dictamen que se nos presenta. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la señora Anna Lindstedt, embajadora para Cambio Climático, del gobierno sueco, invitada por la diputada Marisa Ortiz Mantilla. Sea usted bienvenida.
Asimismo damos la más cordial bienvenida a estudiantes y profesores de la licenciatura en derecho, de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la diputada Delvim Bárcenas Nieves. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos.
La diputada Merilyn Gómez Pozos: Gracias, presidente. Contar con un instrumento que permita una verdadera representación de la sociedad, erradicar los actos de corrupción y tener un control estricto sobre las actividades de los cabilderos, fueron mis motivaciones para presentar la iniciativa que hoy nos ocupa.
Nos encontramos ante un dictamen que recoge varias de mis propuestas pero que deja espacios para que persistan algunas malas prácticas que anteponen los intereses económicos sobre la representación ciudadana. La motivación de mi iniciativa era permitir que todas las voces sean escuchadas y que encuentren en esta Cámara solución a sus demandas.
Desde la LVII Legislatura a la fecha se han hecho importantes esfuerzos para regular las actividades del cabildeo sin consolidar una norma que de fondo regule democráticamente esta actividad. Actualmente es considerado cabildero sólo aquellos individuos ajenos a esta Cámara que representen a una persona física o moral, con el afán de conseguir un interés económico.
Si bien es cierto que la actividad de los cabilderos tiene algunas ventajas como otorgar una mejor información a los legisladores, acceso al conocimiento especializado y un fortalecimiento de las vías de comunicación, lamentablemente la regulación en México sobre el tema sigue siendo insuficiente para conseguir que ese instrumento verdaderamente sirva como un motor de democratización de las decisiones públicas.
Entre los cabilderos finalmente acreditados destacan intereses sólo de grandes corporaciones y no del ciudadano común. Aun cuando existe la restricción al número de cabilderos por comisión, el Reglamento carece de un apartado que fije el límite de estos actores por el concepto de persona moral. Ante esta omisión es posible que un solo consorcio, empresa o transnacional, cuente con una gran cantidad de representantes dentro de esta Cámara.
Derivado de lo anterior aplaudimos el respaldo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Reglamentarias al retomar en el dictamen la propuesta de incluir dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados, la restricción de que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
Asimismo, el establecer un número máximo de 20 individuos por comisión y dos por persona moral inscrita para realizar actividades de cabildeo dentro de la Cámara resulta de suma importancia.
Sin embargo, insistimos que en el numeral 2 del artículo 263 se debe eliminar que el cabildero es aquella persona que realice acciones por las que obtenga un beneficio material o económico, ya que esto vicia el comportamiento de un mecanismo que tiene como propósito la representación e inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones.
No dejaremos de insistir. Si nuestro país desea transitar a una verdadera agenda colectiva donde la toma de decisiones de los poderes públicos cuente con la mayor pluralidad posible, donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ser cabilderos, donde existan mejores condiciones para transparentar la toma de decisiones y donde las organizaciones y grupos representativos de la sociedad encuentre una plataforma para ser escuchados, es necesario establecer mejores lineamientos para el funcionamiento del cabildeo.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen, con las reservas que merece. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado Presidente. Compañeras, compañeros diputados: quiero iniciar haciendo un reconocimiento a la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el acierto que tuvo de presentar esta iniciativa que va en el ánimo de transparentar, de hacer más claro y de luchar contra las posibles corruptelas que se pudieran dar al interior de esta Cámara.
En los últimos años se ha dado una práctica al interior de la Cámara que coloquialmente se le llama el cabildeo y que otras legislaturas tuvieron a bien iniciar reglamentando y definiendo qué se entiende por cabildeo.
Así, en el texto actual de nuestro Reglamento se define que se entiende por cabildeo toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara en lo individual o en conjunto para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros.
Por eso nos parece importante esta iniciativa, este dictamen, esta reforma que se hace al Reglamento porque va en el afán de hacer más clara esta actividad de cabildeo, va en el afán de impedir que quienes seamos servidores públicos o nuestros familiares, en tanto que estamos en la función pública, puedan realizar actividades de cabildeo al interior de la Cámara.
Va también en el sentido de regular el número de personas que en lo individual o como persona moral pueden realizar estas actividades de cabildeo y va también en el sentido –y me parece importante destacarlo– de prohibir cualquier dádiva, pago en efectivo o en especie que pudiera recibir alguna diputada o diputado por favorecer a estos cabildeos.
Lo anterior me parece que va en clara concordancia con el artículo 109 constitucional que señala la responsabilidad de nosotros los servidores públicos. Y sí quisiera destacar el hecho de que no se trata, como escuché por allí en los pasillos que alguna persona dedicada al cabildeo se quejaba, que decía que no es delito ser familiar de servidor público; por supuesto que no es delito ser familiar de servidor público. Lo que es delito, es que nos aprovechemos de la afinidad, de la consanguinidad de un servidor público para poder sacar ventaja a favor de algo, y para obtener una dádiva, una prestación por ese trámite que hagamos.
Por eso está bien que reglamentemos esta actividad. Si de pronto un familiar de nosotros, si de pronto nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra hija, nuestro hijo, descubre que su vocación es ser cabildero, entonces que espere a que concluyamos la función pública o, en consecuencia, pidamos licencia para no obstaculizar esa votación espontánea que le surge a este familiar.
Por eso me parece importante, y reitero la felicitación a la diputada Merilyn Gómez Pozos por esta acertada iniciativa. No se trata de que hagamos las reformas a posteriori de que se tengan hechos lamentables al interior de la Cámara, se trata de que la Cámara tenga la visión para prevenir lo que pudiera acontecer y lo que pudiera generar corrupción al interior del trabajo legislativo.
Aquí estamos previniendo que pudieran darse ese tipo de situaciones y estamos trabajando en el ánimo de consolidar la credibilidad y la imagen de la Cámara frente a la sociedad mexicana.
Espero, y lo digo a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, que en las reservas que se van a presentar dentro de algún momento, no se pretenda desvirtuar y cambiar el sentido de lo que en lo general vamos a aprobar, seguramente, en esta Cámara de Diputados.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor de esta reforma porque queremos que haya transparencia en la Cámara, porque queremos que haya límites al tráfico de influencias, porque queremos que nadie saque ventaja del hecho de ser familiar de un funcionario público, porque queremos consolidar a la Cámara de Diputados como un espacio digno del cual se sientan orgullosos las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado don Rosendo Medina Filigrana. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el señor diputado Rubén Camarillo Ortega.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Muchas gracias, presidente. Vengo a anunciar el voto a favor del Partido Acción Nacional de esta iniciativa que modifica el artículo 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de los diputados.
Ya aquí, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, han puesto de manifiesto el por qué me parece que es importante que estos dos artículos, estas modificaciones sean votadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de los diputados.
Se me ocurren básicamente tres razones fundamentales: la primera es que el buen juez por su casa empieza. Si queremos los diputados y las diputadas exigirle transparencia, rendición de cuentas, prácticas anticorrupción al Poder Ejecutivo, me parece entonces que los diputados y las diputadas estamos obligados a ir a favor de todas aquellas iniciativas que nos den la posibilidad de acreditar que los diputados y las diputadas estamos en disposición de poner el ejemplo.
Los cabilderos son múltiples, es un fenómeno que no es nuevo pero que ya en el pasado ha generado situaciones que han avergonzado a esta Cámara de los Diputados. Recuerdo uno de los casos más famosos, en donde diputados de una de las comisiones dictaminadoras en el paquete económico hace ya casi 10 años, aceptaron un viaje patrocinado por las empresas cigarreras en medio prácticamente de la discusión de los impuestos que se debían de poner a esos productos, a los cigarros.
¿Con qué calidad moral, un diputado o una diputada podía ejercer su voto con entera libertad, cuando ya había aceptado una dádiva, un pago anticipado con un viaje a Mónaco, al gran premio Fórmula 1? Esto nos demuestra que es necesario que la Cámara siga avanzando en estos temas de transparencia y de rendición de cuentas. Es importantísimo que mandemos el mensaje correcto.
Si yo como diputado, el día de hoy estoy en el ejercicio de esta honrosa función, debo estar seguro, debo de asegurarme que no hay la posibilidad que un familiar mío indebidamente esté haciendo cabildeo, probablemente usando mi nombre para gestionar tal o cual apoyo a tal o cual iniciativa.
Esto que estamos el día de hoy legislando deja plenamente claro que no habrá posibilidad que haya gestiones indebidas por partes relacionadas con los diputados y con las diputadas, y por otro lado también queda perfectamente claro que habrá consecuencias, que habrá responsabilidades para aquel diputado o aquella diputada que acepte indebidamente dádivas, por no decir sobornos, de empresas o de particulares que quieran beneficiarse de la posición de algún diputado en alguna Comisión.
Me parece que es relevante discutir este tema el día de hoy, porque precisamente estamos en medio de la temporada más clara de cuando puede haber conflicto de intereses en la gestión de un diputado.
Estamos discutiendo el paquete económico, va a haber personas e intereses, grupos que se manifiesten a favor o en contra de tal o cual impuesto; vendrá también la discusión del Presupuesto, en donde habrá grupos, asociaciones o personas físicas que querrán gestionar legítimamente para conseguir tal o cual proyecto, pero lo que no debe de haber por ninguna circunstancia es que el legislador tenga un conflicto de intereses.
Por eso, compañeros y compañeras, la convocatoria es para que unánimemente esta Cámara de Diputados se manifieste a favor de una vez por todas dejar claro que aquí, en esta Cámara, se vale el cabildeo, pero se vale también y es muy importante que el conflicto de intereses esté ajeno a cualquier gestión de estos cabilderos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Rubén Camarillo Ortega.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Darío Zacarías Capuchino.
El diputado Darío Zacarías Capuchino: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, para nadie es secreto que el ejercicio de la función legislativa ve sometido o presione de diversas índoles que busca la protección de intereses, la formulación de propuestas, la ubicación de temas específicos en la agenda pública.
Que quede claro, el cabildeo se vuelve una forma de participación justificada de quienes tienen interés de generar una interlocución con el Poder Legislativo para así expresar el sentir de quienes buscan ser escuchados por los representantes populares.
En el año 2010 fue publicado el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, ordenamiento en el que se introdujo la figura del cabildeo, estableciéndose así su definición, requisitos y límites, dicho intento por regular el cabildeo resultó especialmente valioso dada la importancia de la participación de los sectores sociales y privados en la actividad legislativa, debido a que ésta aporta información amplia y detallada, así como propuestas que enriquecen el trabajo legislativo, empero las leyes son construcciones humanas, dinámicas y por ello se hace necesario adecuarlas a las necesidades actuales.
Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del dictamen que adiciona a los numerales 3 y 4, al artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer la limitante acerca de que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto lugar.
Asimismo, apoyamos que se regule el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo dentro del Palacio Legislativo, especificando que será de 20 personas por cada comisión y 2 por cada persona moral inscrita.
Pugnamos por la transparencia en las decisiones de la Cámara de Diputados, ya que debemos garantizar que la aprobación de los asuntos tratados en esta soberanía sea para el beneficio popular, por lo que votaremos a favor de la adición de los numerales 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento. A fin de que los servidores públicos de este órgano legislativo, en ningún momento acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de personas que realicen cabildeo. Y en su caso, que quienes incurran en dicho supuesto sean sancionados en términos de las leyes de responsabilidades o en la legislación penal.
Finalmente, también manifestamos nuestro acuerdo con la idea de que a fin de evitar conflictos de intereses, los servidores públicos no puedan llevar a cabo actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, así como tampoco sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
Compañeros legisladores, la dignificación del ejercicio público debe empezar por nuestra propia casa, que es la del pueblo.
El correcto desempeño de las funciones encomendadas debe ser una constante por parte de los funcionarios a quienes se les ha delegado la importante responsabilidad de formular las leyes necesarias para el progreso y el desarrollo democrático de la nación.
Thomas Jefferson señalaba que la clave de un buen gobierno se basa en la honestidad. Y tal es el espíritu de la reforma que ahora se pone a nuestra consideración, por lo que no dudaremos en otorgar nuestro voto favorable a la misma. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado, don Dario Zacarías Capuchino. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión, en lo general, los siguientes diputados. En pro, el diputado Ricardo Monreal Ávila, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y el diputado Roberto López Suárez. Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, nuestro país es rehén de corrupción y de hipocresía política. No puede permitirse continuar con la simulación jurídica y la impunidad. Lamentablemente, las mayorías legislativas mecánicas irreflexivas impiden se legisle más materias delicadas como es ésta, la del cabildeo en el Congreso.
A todos nos beneficiaría. A todos nos resulta importante que la regulación de esta actividad –que se ha convertido una gran actividad que soporta y tolera corrupción, tráfico de influencias, impunidad– pueda regularse en el país. Existen 549 grupos de cabilderos registrados en la Cámara y es irresponsable no someterlos a normas de conducta estricta y general.
Esta reforma fue propuesta por Movimiento Ciudadano, a través de Merilyn Gómez Pozos, pero debo advertirles, ciudadanos legisladores, que fue cercenada y por tanto es una reforma mocha, es una reforma light, insuficiente y descafeinada. Sería indispensable presentarla y aprobarla de manera integral, de no hacerlo sería otro engaño a la ciudadanía, por eso presentaremos reservas para modificar y ampliar el contenido de las normas.
Es escandaloso que haya cabilderos que otorguen y ofrezcan 1 millón de dólares por cada artículo modificado, pero más escandaloso es que haya quienes lo acepten. Y más indigno es que no haya investigaciones, indagatorias y consecuencias penales. Trascurre como una mera información y pasa como un mero anécdota mediático.
A través de esta jurídica figura, de esta figura moral, se han escudado y ocultado verdaderos pillos y truhanes que trafican con influencias e incurren en conflicto de intereses. Y afuera aparecen como grandes demócratas, personas con prestigio y respetabilidad, siendo en realidad simples pelafustanes, ladrones de cuello blanco.
Esta reforma está llegando tarde. Para todos aquellos que señalan que es inconstitucional lo que había propuesto la diputada Merilyn les quiero decir que llega tarde 138 años. En 1875 la Cámara de Representantes de Estados Unidos exige el registro de esta figura. En 1927 los estados de dicho país ya contaban con una legislación sobre el tema; en 1946 se publica la primera Ley de Regulación de cabildeo en Estados Unidos de América; en 1948 Australia aprueba la Ley de Registro de Cabilderos; en el 85 Canadá promueve su ley sobre el tema; en el 93 Estados Unidos de América aprueba la Ley de Divulgación de Actividades de Cabildero; Ucrania en 1998 y Escocia en el 2002.
Por eso llega tarde, y aparte insuficiente, cercenada, y lamentablemente no cumple los propósitos que nos habíamos hecho los diputados de Movimiento Ciudadano. Ciudadano presidente, haremos reservas en su momento, veo poco interés en la asamblea, seguramente están con los cabilderos, recibiendo ofrecimientos de millones de dólares, poco les interesa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Estamos atentos a la presentación de sus reservas. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. Felicitar, en primer término, a la proponente, la diputada Merilyn Gómez Pozos, por esta iniciativa transformadora del Congreso; y por otro lado, a esta comisión que ha venido haciendo aportaciones sustantivas para mejorar y transparentar el trabajo parlamentario; a su presidente Marcos Aguilar, también nuestro reconocimiento.
Hay dos tipos de cabildeo: el cabildeo legislativo que es objeto de esta regulación y el cabildeo de los grandes grupos de poder económico en el país con el gobierno. Debemos, por un lado, distinguir lo que es cabildeo en su acepción de tráfico de influencias, de corrupción política, en su acepción de ser moneda de cambio para favores en función de la conducta política del legislador, de lo que es el diálogo y la democracia participativa.
El tema del cabildeo, compañeras y compañeros diputados, es el tema de la corrupción política, del tráfico de influencias, de los negocios al amparo del poder que son temas que han marcado la vida política del país.
De manera escandalosa, a partir de los años oscuros del salinismo depredador, corrupción política y privatización han ido de la mano; el adelgazamiento del Estado, su transformación y privatización ha sido el instrumento para que funcionarios públicos hagan negocios al amparo del poder. El interés que ha movido a la camarilla neoliberal y tecnocrática en el poder es hacer negocios a cargo del interés nacional y del Presupuesto público.
Servidores públicos pasan de la administración pública al sector privado de manera incesante y viceversa. Por eso decía el diputado Alfonso Durazo –no sin razón- que se están quedando sin cabilderos muchas empresas porque éstos se han convertido en funcionarios públicos. De cabildero a funcionario y luego de funcionario a cabildero. Ése ha sido el camino.
Pero los verdaderos cabilderos son aquéllos que fueron servidores públicos y ahora aparecen como representantes de empresas o viceversa. Emilio Lozoya, director de Pemex; Alberto Beaurregard, exdirector de Finanzas de Pemex, antes de estos cargos eran consejero y director de Finanzas de OHL México. Esta empresa a su vez tiene la participación de otros distinguidos exfuncionarios como Carlos Ruiz Sacristán, que ahora a través de la empresa Sempra ha ganado negocios jugosos en el gasoducto Los Ramones en la primera etapa de la licitación; en el gasoducto que va también a Guaymas. Es decir, traficantes de influencias.
Por eso nosotros estamos a favor de esta iniciativa, pero es un paso para acabar con la corrupción política en México; un primer paso porque la historia –insisto-, desde el salinismo, ha sido la corrupción.
Quien firmó los pagarés del Fobaproa como subsecretario con Zedillo, Martín Werner, apareció después en la empresa Goldman Sachs. Georgina Kessel, de secretaria de Energía, a funcionaria de Iberdrola. Luis Téllez, de secretario de Comunicaciones, a presidente de la Bolsa y también funcionario de Sempra. Es decir, ha habido todo este entreveramiento entre los funcionarios y las empresas privadas haciendo negocios al amparo del poder.
A partir de 1997, llegaron al Congreso cuando el PRI pierde la mayoría en 1997. Es a partir de ahí cuando han empezado a operar estos cabilderos en la Cámara –concluyo, presidente.- Y, ahora, a partir de la reforma energética y la reforma hacendaria, han convertido la Cámara en una subasta, en un mercado y los cabilderos actúan como aquél programa de Atínale al precio, viendo de cuánto con cada legislador.
Por eso qué bueno, Mery, por tu iniciativa, pero falta más. Falta más para acabar con esta lacra política del país que es los negocios ligados al poder público.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. También para hablar a favor tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Roberto López Suárez: Gracias, señor presidente. Felicito también a la diputada proponente de esta iniciativa y sobre todo a la comisión y al presidente de Régimen y Reglamentos, porque procesamos esta iniciativa, ahora dictamen, precisamente con la idea de regular el funcionamiento de los cabilderos aquí en la Cámara de Diputados.
Hay que entender que esto no es un delito cuando se hace con transparencia, con eficacia y sobre todo para el beneficio de la ciudadanía.
Difiero de Ricardo Mejía cuando señalaba que a partir de 97 estos entes empezaron a funcionar en la Cámara de Diputados. Se empezó a funcionar con los cabilderos desde Miguel de la Madrid, en 1982. Y no solamente en la Cámara de Diputados, sino en la agenda binacional con los Estados Unidos.
Una de las agencias principales que operaba y que ahora se ha transformado y que sigue operando, es Hannaford Company, que en los temas binacionales sigue operando con cabilderos donde se pagan millones de dólares por los temas que a ellos les interesan.
Con Carlos Salinas de Gortari se intensificó este trabajo y subieron millones de pesos que se gastaban desde la Presidencia de la república para el funcionamiento. Ya con el tratado de libre comercio, esto prácticamente se empezó a tratar de “regular”.
Y les voy a dar un dato. En el periodo de Vicente Fox se gastaron 11 millones de dólares en cabilderos, desde el gobierno, para la agenda binacional. Y creo que nadie lo ha comentado salvo el diputado Monreal, el escándalo de la empresa Price Quarter House Cooper, que los vemos operar día con día aquí en los pasillos de la Cámara de Diputados.
Es más, me atrevería decir, sin temor a equivocarme que en las corraletas hay cabilderos ahorita y otros están en el restaurante de esta Cámara de Diputados haciendo su trabajo y cobrando millones de pesos y dólares, sobre todo por los temas polémicos que conocemos.
La guerra que se tiene ahora entre algunas empresas del impuesto al refresco, es una de las actividades principales que los cabilderos están realizando hoy en la Cámara de Diputados y pareciera que no pasa nada.
Yo diría que este dictamen por el cual debemos de estar orgullosos desde la Comisión de Reglamentos, da un esfuerzo especial, sobre todo para regular esta actividad.
Quisiera decir que desde el PRD estaremos de acuerdo con las reservas que presenta el Partido Acción Nacional y las de Movimiento Ciudadano porque hay que ir más allá, no es suficiente lo que obtuvimos con este dictamen.
Entonces llamaría no solamente a que votemos a favor de este dictamen, sino que las reservas que vienen con el PAN y Movimiento Ciudadano, el PRD hace eco y vamos a sumarnos, por supuesto, para que vayamos a perfeccionar esta modificación que es por el bien del pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. No habiendo más oradores registrados se considera suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han recibido seis reseras para discusión de los siguientes artículos: 264, numeral tres, del diputado Ricardo Monreal Ávila; 264, numeral 4, diputado Alfonso Durazo Montaño; 264, también numeral 4, en una primera parte, diputado Ricardo Mejía Berdeja y en una segunda parte el mismo 264, numeral 4, del mismo diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El 264, adición de un numeral 5, diputado Fernando Rodríguez Doval y finalmente 265, numeral 2, del diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Señor Presidente, se emitieron a favor 457 votos, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 457 votos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra el señor diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 264, numeral 3, a nombre del diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: una de las exigencias ciudadanas más radicales y consistentes en el país es la de acabar con la corrupción que se ha vuelto sistémica en nuestro país, una corrupción descarada y muchas veces premiada.
México ocupó el lugar número 106 de los 176 países evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción 2012 del Banco Mundial. Este solo dato nos da idea de la necesidad de tomar cartas en el asunto desde esta representación.
Una de las prácticas que más refuerza la corrupción radica en la estructura denominada por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz como capitalismo de cuates, el cual permite que no sean los más talentosos o los más capacitados los que ocupen un puesto, sino aquéllos que se encuentran cercanos al Ejecutivo federal.
Lo anterior resulta de suma gravedad, ya que en este tipo de modelo no tan solo no se fomenta la competencia, sino que no se incentiva la meritocracia; por lo contrario, alimenta el concepto de privilegios, de posiciones dominantes, de nudos sindicales y de oligarquías.
Para terminar con este vicio en un asunto que debe ser intrínsecamente ciudadano como lo es el tema del cabildeo, en la iniciativa que da origen a este dictamen propusimos que se estableciera como candado, que deberían pasar dos años para que aquellos que han desempeñado cargos como funcionarios públicos, pudieran ser cabilderos.
Se ha dicho aquí en esta tribuna, se han dado los nombres de funcionarios –ahora funcionarios y antes ejecutivos de empresas- que han pasado de un bando a otro con toda naturalidad.
Creemos que dejar pasar dos años para que aquellos que se han desempeñado como funcionarios no es un requisito de la mayor exigencia; creemos que es aceptable y deberíamos impulsarlo en este pleno.
El derecho comparado internacional, por ejemplo, nos permite observar que dicha condición no sólo es deseable, sino necesaria. En países como Chile, Colombia y Estados Unidos, se establece una restricción de hasta tres años para personas que hayan ocupado un cargo oficial antes de poder dedicarse a tareas de cabildeo.
Por lo anterior, nos sorprende que el dictamen eliminara una medida tan trascendental. En Movimiento Ciudadano no permitiremos que los intereses de grandes grupos y de partidos políticos sigan dominando el cabildeo. Es necesario que este instrumento funcione para dar representación y voz a los ciudadanos comunes.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al numeral 3 del artículo 264 del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo, 264 y 2 y 3 al 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue.
Artículos 264, numeral 3. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y, hasta dos años después de haber finalizado las mismas, así como sus cónyuges y sus parientes por su consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
Agregado: del mismo modo, no podrán asumir cargos en la administración pública federal aquellas personas que hayan realizado actividades de cabildeo en los últimos dos años.
Someto a su consideración esta propuesta, esperamos –dado su carácter razonable en beneficio de la población– contar con su respaldo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted diputado don Alfonso Durazo Montaño.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación)...
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación)...
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el tablero electrónico de votación por tres minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación.
(Votación)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, invitados por el señor diputado Juan Pablo Adame Alemán. Sean ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Asimismo, damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Continente Americano, plantel Celaya, invitados por el señor diputado Agustín Miguel Alonso Raya. Sean también ustedes bienvenidos.
Asimismo, a estudiantes provenientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del estado de Michoacán, invitados por el señor diputado Antonio García Conejo.
Damos también la más cordial bienvenida a alumnos de la secundaria Alfonso Reyes, del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Irazema González Martínez.
Los votos a favor son para que sí se admita a discusión, los votos en contra son para que no se admita a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 210 votos a favor, 233 en contra, cero abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Mayoría por la negativa. Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 264, numeral 4.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Nuevamente con una reserva complementaria. En la anterior proponíamos a ustedes que los funcionarios, que quienes hubiesen sido funcionarios no pudiesen dedicarse al cabildeo sino hasta dos años después, y a la inversa, quienes estuviesen en el cabildeo no pudiesen incorporarse en tareas del Ejecutivo, sino hasta dos años después. Lamentablemente no contó con la mayoría una propuesta tan elemental. Esperamos que ésta sí cuenta con el respaldo de ustedes.
Miren. Resulta sorprendente que en el proyecto de decreto que adiciona los numerales que estamos discutiendo sobre cabildeo, se eliminara la propuesta original de Movimiento Ciudadano, presentada a través de la diputada Merilyn Pozos, para que no sólo los cabilderos que actualmente son aquellos individuos que obtienen un beneficio material o económico por representar los intereses de grandes empresas, puedan realizar su actividad dentro de la Cámara de Diputados.
La eliminación de la propuesta de Movimiento Ciudadano permitirá que el padrón de cabilderos siga integrado exclusivamente por representantes de los intereses de grandes corporaciones y no del ciudadano común.
Este año, por ejemplo, se registraron los cabilderos de grandes trasnacionales, de poderosos grupos empresariales, de cigarreras, licoreras, telefónicas y automotrices, así como de influyentes despachos de profesionales de consultoría.
Debido a las restricciones que hoy estamos abordando sobre cabilderos, quedaron excluidos -fíjense ustedes compañeros, les pido que pongan atención- los representantes de organizaciones no gubernamentales, los representantes de asociaciones sin fines de lucro u otras organizaciones que trabajan a favor de grupos vulnerables que impulsan iniciativas sociales o causas ciudadanas a las que afectan las decisiones de esta Cámara o requieren de presupuesto.
Si se aprueba en los términos dictaminados, estos representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales no podrán acudir a la Cámara a traer la voz de los ciudadanos comunes, por eso proponemos a ustedes una reforma o someto a la consideración de la asamblea la siguiente reserva, el numeral 4 del artículo 264 del dictamen de proyecto que aquí se ha presentado, para quedar de la siguiente manera.
Artículo 264, numeral 4. El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de 20 por cada comisión y 2 por cada persona moral inscrita, en caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o personal moral, la mesa directiva acordará lo conducente.
Y aquí viene el agregado que proponemos, compañeros les pido que pongan atención para que voten a consciencia, para que sepan lo que van a votar. Se agrega: El padrón de cabilderos podrá incluir a aquellos individuos, ajenos a esta Cámara, que representen a una persona física, organismo privado o social, aún cuando no obtengan un beneficio material o económico por las actividades realizadas.
Esperamos que esta reserva cuente con el apoyo mayoritario de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los que estén por la negativa (votación). Señor presidente, no está clara la votación.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 114, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación.
(Votación)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la escuela Preparatoria Oficial Número 92, del Valle de Chalco, Solidaridad, estado de México, invitados por el diputado Arturo Cruz Ramírez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 217 votos a favor, 231 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Mayoría por la negativa. Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar dos reservas al artículo 264, ambas del numeral 4.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Vamos a plantear dos reservas, donde va a quedar claro quién quiere transparencia y quién no quiere transparencia, porque los intereses económicos y comerciales que hay detrás de ciertas decisiones pues son muy jugosos para quienes hacen de la política o de la actividad pública un negocio lucrativo y no un asunto de convicciones de defender posturas de cara a la nación y de sus electores.
La transparencia legislativa implica seguir la pista al dinero, quién está detrás de cada cabildero, quién está detrás de cada decisión, y que esta información sea del conocimiento público, que todos los ciudadanos sepan cómo actúan los legisladores, cómo se dejan influir, quién cabildea en la Cámara qué proyectos legislativos.
Por eso la propuesta que sometemos a su consideración es agregar al artículo 264 dos pequeños párrafos, que vendrían a transformar esta actividad y vendrían a hacer una realidad la transparencia legislativa.
Lo que proponemos es lo siguiente:
Los cabilderos deben entregar información financiera y comercial específica, que permita conocer el origen y destino de los recursos erogados en su función. Esta información debe concentrarse en libros y registros detallados, sujetos a ser inspeccionados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en cualquier momento que ésta lo requiera.
Asimismo, las personas acreditadas tendrán la obligación de rendir un informe a la Junta de Coordinación Política al final de cada periodo ordinario de sesiones, en el que detallen las actividades efectuadas durante ese periodo y el correspondiente receso. Dicho informe será publicado en la Gaceta Parlamentaria para efectos de que sea conocido por la sociedad.
Es decir, lo que estamos planteando es transparencia total en el cabildeo. ¿Cuánto gastan los cabilderos? ¿En qué lo gastan? ¿Con quién se reúnen? ¿Y qué actividades desarrollan? Yo estoy seguro que aquí nos van a acompañar los diputados federales del PRI; no creo que ellos no quieran que se informe de los gastos que realizan los cabilderos, que se informe con quién se reúnen, con qué diputado y que sus electores en cada distrito o circunscripción sepan cómo se realice; a menos que lo publicaron de Price waterhouse está ofreciendo hasta un millón. Si realmente se quiere transparencia, no habría porque someternos al tablero, sería abrumadora la votación.
Pero si lo que se quiere es opacidad para que no se sepa con quién hablan los personeros de Chevron, de Exxon, de Halliburton, de Shell, en la reforma energética, y de cuánto es el negocio de los contratos de utilidad compartida, definitivamente van a votar en contra de esta reserva.
Por eso nuestra exhortación es, a que vayamos a fondo. Ya se dio un primer paso con la iniciativa de la diputada Gómez Pozos. Ya se dio un segundo paso con el dictamen aprobado de la comisión.
Pero vayamos hasta el fondo, como en otros Congresos de países democráticos, seguirle la pista al dinero; un informe detallado de gastos y un informe detallado de actividades. Ésa es, compañero presidente; compañeros diputados y diputadas, la propuesta de adición al artículo 264, numeral 4. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva relativa al artículo 264, concretamente adicionar un numeral 5.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Por supuesto los diputados de Acción Nacional nos congratulamos de la aprobación de este dictamen. Nosotros insistimos en que no hay que satanizar el trabajo de los cabilderos, pero sí hay que regularlo, sí hay que establecer reglas claras y también, como ya se ha comentado en esta tribuna, transparentar lo que estos personajes vienen a hacer aquí a la Cámara de Diputados.
Por eso es que nosotros queremos ahora proponer una reserva. ¿En qué sentido iría esa reserva? Bueno, hoy en día en este dictamen que acabamos de aprobar, en el numeral 4 se establece que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara será de 20 por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita.
Nosotros queremos que estas disposiciones también apliquen a aquellos individuos que siendo ajenos a esta Cámara representen a una persona física, organismo privado o social y que no tenga un beneficio material o económico en razón de dichas actividades.
¿Cuál es el objetivo de esta reserva? Es evitar la simulación. Es evitar que un cabildero hoy en día pueda presentarse como representante de una institución sin fines de lucro y que, en cambio, esté llevando a cabo la misma actividad aun cuando quizá por abajo del agua sí esté percibiendo un ingreso.
Por eso nosotros también, sumándonos a lo que ya en esta tribuna han dicho los compañeros de Movimiento Ciudadano y del PRD, queremos ahora también poner reglas más claras para que esta actividad pueda llevarse a cabo con total transparencia.
En ese sentido, me permito, a los compañeros diputados de todas las fracciones, solicitar el voto a favor de esta reserva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado don Fernando Rodríguez Doval. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados y, habiéndose admitido a discusión, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto con la modificación aceptada por la asamblea, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Finalmente tiene el uso de la palabra, a nombre del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para presentar reserva al artículo 265, numeral 2.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeros y compañeras, vengo a presentar la reserva al artículo 265 en su numeral 2. Mediante los cabilderos, los grupos de interés buscan apoyo legislativo para insertar sus propias iniciativas y verlas prosperar sin ocupar un asiento legislativo y es por eso que coincidimos en la importancia de su regulación.
Sin embargo, la percepción negativa sobre esta actividad ha sido reforzada por casos en los que los cabilderos persuaden a legisladores a través de medios ilegales o poco éticos y la Cámara de Diputados no es la excepción.
En el 2004 la modificación de la Ley de Juegos y Sorteos, en cuanto a la instalación de casinos generó que los cabilderos presionaran a las y los legisladores ofreciéndoles viajes a las Bahamas, Las Vegas y Montecarlo, a fin de que conocieran cómo operaban estos negocios en estos lugares.
En el 2005 el entonces diputado federal panista Miguel Toscano, denunció que un grupo de diputados, un senador y funcionarios de la Secretaría de Gobernación habían sido invitados por la empresa tabacalera a presenciar una carrera de Fórmula Uno en Montecarlo. Con el viaje que realizaron los legisladores la pretensión de esta empresa era no aumentar el gravamen en las cajetillas de cigarros dentro de la Ley de Ingresos del año 2006.
También en el año 2005 con la llamada ley Televisa y su aprobación por unanimidad, y en menos de 10 minutos, se dio una muestra clara del trabajo de los cabilderos a favor de esta empresa.
¿Qué origen y destino tienen los recursos con los que los cabilderos cumplen sus funciones? ¿De qué forma y con qué procedimientos también lo hacen?
Durante esta Legislatura diversos diputados y diputadas han denunciado que cabilderos de empresas refresqueras presionan a los legisladores federales con dádivas o con amenazas de dañar su imagen si aprueban el impuesto a refrescos, como propuso el gobierno federal en su iniciativa hacendaria.
Invitaciones a comidas en donde se advierta a las y los legisladores sobre los peligros de votar a favor de más impuestos, con la amenaza de que tales hechos cancelarían su carrera política. Son tan sólo algunos de los ejemplos que han acontecido en esta soberanía.
Por esos motivos consideramos indispensable que se conozca el origen y destino de los recursos empleados por los cabilderos durante el desempeño de sus funciones y que esta información pueda estar sujeta a revisión continua por parte de la Mesa Directiva.
Además consideramos que dado que existen diversos beneficios que no necesariamente se encuentran incluidos en la esfera de los pagos en efectivo o en especie, la limitante a los beneficios que puedan recibir las y los legisladores deben de ser aún mayor.
Por lo antes expuesto someto a consideración de la comisión, la siguiente reserva ya planteada en donde queda como sigue:
“Las diputadas y los diputados o el personal de apoyo, no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo, en especie o cualquier otro tipo de beneficio de cualquier naturaleza, por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de esta honorable soberanía”. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 264, numerales 3 y 4 en los términos del dictamen, la adición de un numeral 5 al artículo 264, aceptada por la asamblea, y el artículo 265, numeral 2, con la modificación aceptada por la asamblea. Dígame diputado Mejía Berdeja, con qué objeto.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para que pueda separar la votación, Presidente. Hubo varias reservas que no prosperaron presentadas por Movimiento Ciudadano y por el PRD fundamentalmente. Luego están dos que se aprobaron, la del diputado Rodríguez Doval y la que presentó el diputado Juan Luis Martínez, para que quede claro el sentido de la votación en cada una.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema electrónico de votación para proceder a la votación del artículo 264, numerales 3 y 4, en los términos del dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 431 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado el artículo 264, numerales 3 y 4 en los términos del dictamen por 431 votos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación relativa a la adición de un numeral 5 al artículo 264 presentada por el diputado Rodríguez Doval y aceptada por la asamblea y al artículo 265, numeral 2, presentada por el diputado Juan Luis Martínez, con la modificación también aceptada por la asamblea.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación.
(Votación)...
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 437 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada la adición de un numeral 5 al artículo 264 y el artículo 265, numeral 2, con la modificación aceptada por la asamblea.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de restricciones para practicar el cabildeo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se pongan a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se pongan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado José Isabel Trejo Reyes, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor presidente. Honorables diputadas y diputados de la Cámara Baja del Congreso de la Unión: en primer lugar no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con quien trabajamos para la integración de este dictamen correspondiente a la Ley Aduanera, agradecerles su disposición y apertura para el diálogo y los acuerdos adoptados en beneficio de nuestro país.
Hoy expongo ante ustedes los resultados de los trabajos relacionados con los dictámenes, primero éste que someteremos a su consideración, correspondientes al decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, así como posteriormente el del Código Fiscal de la Federación, correspondientes todos a las iniciativas del Ejecutivo dentro de la denominación del paquete de reforma hacendaria para el Ejercicio Fiscal 2014.
Debo resaltar que los días 25 y 26 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2013, nos reunimos para llevar a cabo cuatro foros en audiencias públicas en atención, y siguiendo los acuerdos alcanzados por la Junta Directiva de esta Comisión legislativa y de las distintas fuerzas en esta Cámara, con la intención de analizar a detalle los distintos decretos enviados por el Ejecutivo federal.
Se contó con la participación de 105 representantes de empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, diversos profesionistas y académicos, a fin de conocer su opinión sobre las propuestas contenidas en las iniciativas citadas. Hoy seguimos trabajando en sesión permanente de la Comisión, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato constitucional de aprobar la Ley de Ingresos de la Federación a más tardar el 20 del presente mes, por parte de esta honorable Cámara de Diputados.
De la Ley Aduanera. Por lo que hace al dictamen de esta iniciativa, debo comentar que el mismo es el resultado de análisis y valoración de todos los trabajos de las citadas audiencias públicas, como de los diversos cambios, propuestas y mejoras que se han considerado convenientes y que han sido expuestas en el seno de estas Comisiones por los distintos grupos parlamentarios, sus diputadas y sus diputados.
Derivado de ello, se concluyó que ante la dinámica mundial y apertura generalizada de mercados, México requiere de atraer inversión, facilitar el comercio exterior, brindar mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales a todas las empresas, y en especial a las pequeñas y medianas, impulsando la inversión en infraestructura y modernización de las aduanas para alcanzar ritmos mayores de crecimiento de la economía mexicana, aprovechando la privilegiada posición geográfica de nuestro país y la vasta red de acuerdos y tratados comerciales de los que México es parte en el mundo, por lo que para el logro de dichos elementos sin duda es necesario contar con mecanismos aduaneros modernos, sólidos y seguros.
En este entendido, en el dictamen que se somete a consideración de ustedes, diputadas y diputados, se comprende la gran amplitud de medidas resaltando entre su contenido los temas siguientes, entre otros se regula el sistema electrónico aduanero a través del cual se efectúan los pagos de las contribuciones y cuotas compensatorias respectivas a fin de reducir costos a cargo de las empresas y optimizando la interacción de los particulares con el quehacer gubernamental.
De igual manera, el empleo del sistema electrónico permite.
Primero. Certidumbre jurídica a los contribuyentes.
Segundo. Concentrar los trámites y pagos de un mismo portal electrónico.
Tercero. Ofrecer conectividad a agentes privados que operan en la cadena de suministros.
Cuarto. Interconecta dependencias del gobierno federal incluyendo aduanas y socios comerciales.
Quinto. Disminución en el uso del papel, y
Sexto. Simplifica trámites incorporando el uso de la firma electrónico avanzada.
Establece la opcionalidad del uso de los agentes aduanales, acabando con lo que se decía que era un monopolio. Para llevar a cabo el despacho aduanero con esto, los importadores o exportadores podrán realizar sus trámites directamente a través de la figura de un representante legal.
Con lo anterior, los importadores o exportadores que así quieran, podrán realizar directamente en las actividades del despacho aduanero de sus mercancías o contratar a un agente aduanal o a un representante legal y así llevar de manera integral el proceso de importación-exportación, otorgando mayores opciones a los usuarios de comercio exterior, promoviendo la competitividad e innovación en los prestadores de servicios, que reditúe en mayor valor agregado para los usuarios del comercio exterior, es decir, los mexicanos.
Cabe aclarar que la novedosa figura de representante legal para los efectos, debe de cumplir ante la autoridad con requisitos que le permitan llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías bajo esquemas de seguridad, tanto para la soberanía nacional como para los usuarios del comercio exterior, tales como: contar con una relación laboral con el importador o exportador, estar al corriente en sus obligaciones fiscales y demostrar experiencia o conocimientos en la materia de comercio exterior.
De igual manera se establecen obligaciones de los importadores que opten por despachar sus mercancías a través de representante legal, deberán cumplir, a fin de salvaguardar, el debido control que de las mercancías de procedencia extranjera deban asegurar las autoridades aduaneras en los puntos de entrada y salida de las mercancías del país, así como la responsabilidad solidaria del representante legal ante el fisco federal.
En relación con los recintos fiscalizados estratégicos, éstos se podrán habilitar en cualquier parte del territorio nacional, a diferencia de lo que actualmente, que requieren colindancia con algún recinto aduanero portuario, lo cual propiciará inversión en cualquier zona del país, en la que resulte factible el establecimiento de estos centros de producción, almacenamiento y distribución de mercancías, con independencia, que se encuentren en entidades federativas, que cuenten con oficinas aduaneras o no.
Lo anterior, sin detrimento de los debidos controles de la autoridad que ejerce sobre las mercancías de procedencia extranjera que se internan al país, al contar con los medios tradicionales y los tecnológicos de control sobre las instalaciones del recinto y las personas que sean autorizadas por administrarlos y operarlos.
Por otro lado, siguiendo con la apertura en la prestación de servicios relacionados con el comercio exterior, se permite que cualquier persona moral que cumpla con los requisitos pueda solicitar la autorización a Servicio de Administración Tributaria, para prestar el servicio de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, lo que propiciará servicios de mayor calidad y valor agregado en beneficio de la comunidad importadora y exportadora.
De igual forma, la reforma a la citada ley elimina el segundo reconocimiento, cubriendo dicha revisión de la carga a través de un mecanismo de revisión, mediante la inspección no intrusiva de las mercancías, lo cual consiste en el análisis de imágenes de mercancías y medios de transporte, generados por medios tecnológicos, con lo que se optimiza y agiliza el despacho aduanero.
En lo que se refiere a derechos de los contribuyentes se establecen facilidades para la rectificación de pedimentos, cambio de régimen de mercancías y regularización de las mismas, lo que incentiva el cumplimiento en las disposiciones fiscales y aduaneras, y procura que los importadores y exportadores tengan mayores opciones para realizar sus operaciones conforme a las razones de negocio frente al dinamismo del comercio exterior.
Finalmente, es de señalar que México ha firmado diversos acuerdos bilaterales, por lo que resulta necesario encaminar la ejecución de acciones de colaboración mutua para que nuestro país fortalezca sus esquemas ampliando los mecanismos de cooperación institucional e internacional existentes, relativos a la aplicación de tecnología y el intercambio de la información.
Con esto será posible sumar el esfuerzo de distintas agencias de gobierno e información disponible en territorio nacional y en el extranjero, a fin de contar con controles más eficaces y eficientes, sin que por ello se vea interrumpido el flujo comercial.
Por todas estas razones, señoras y señores diputados, esperamos su voto a favor. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Isabel Trejo Reyes.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, para México modernizar sus instrumentos comerciales, arancelarios y aduaneros adquiere un carácter primordial, ya que mejorar los indicadores de nuestro comercio internacional significa, en muchos sentidos, elevar la calidad de vida de las y los mexicanos.
Y para tal propósito, el papel que nos corresponde como Poder Legislativo es fundamental, pues atendemos con suma responsabilidad y sensibilidad las urgencias del país.
La economía de México ha ido cambiando notablemente en las dos últimas décadas. Ha dejado de lado las políticas de sustitución de importaciones para favorecer una orientación hacia el exterior.
Somos uno de los principales exportadores del mundo y por ello se requiere modernizar y poner al día nuestras disposiciones normativas, a fin de mejorar nuestra competitividad y que éstas sean acordes a lo que demanda el comercio internacional.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está consciente de que las reformas a la Ley Aduanera se propusieron bajo una visión de simplificación de los procedimientos aduaneros, con la intención de que se refleje un incremento de la dinámica comercial en las importaciones y exportaciones.
Asimismo, pretende dotar de certeza jurídica a los usuarios del comercio exterior. Implementar el uso de medios tecnológicos y establecer el intercambio de información entre autoridades a través de sistemas electrónicos.
Derivado de lo anterior, se debe reconocer que el esquema planteado trae consigo beneficios a los usuarios del comercio exterior en el mediano y largo plazo.
Dentro de los objetivos de la presente iniciativa sobresale la facilitación al comercio internacional, la modernización de las aduanas conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La eliminación de barreras comerciales mediante el otorgamiento de seguridad a los usuarios del comercio exterior, así como implementar mejores sistemas de análisis de riesgo.
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, que hoy presentan su dictamen, bajo una visión macro de análisis a la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, se avocaron a hacer un análisis profundo de las motivaciones de transparencia, modernización, simplificación de procesos y garantías de seguridad jurídica que se identificaron como posibles áreas de oportunidad para fortalecer la propuesta de reforma a la referida ley.
Por lo que respecta a los representantes legales de despacho aduanero, personas morales, se aprobaron requisitos que deberá reunir el representante legal de las personas morales que promueven despacho de mercancías sin intervención de un agente aduanal, así como la responsabilidad directa y solidaria en que puede incurrir quien promueva el despacho de mercancías sin agente aduanal.
Para Nueva Alianza la profesionalización es un tema de vital importancia, por ello se reconoce que se han sometido los agentes aduanales a evaluación anual en los términos de las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria.
Por otro lado, se aprobó la adecuación de los supuestos para la cancelación de la patente aduanal para el caso de que permita un tercero el uso de la patente y con ello se obtenga lucro o explotación de la misma.
Actualmente las exportaciones de México llegan a más de 80 países, suman más de 20 la red de Tratados y Acuerdos de Libre Comercio y tenemos un volumen comercial positivo, pero nos hace falta mejorar muchos aspectos del comercio internacional. Y uno de estos aspectos es el sistema aduanero, que en nuestro país ha quedado rezagado ante la modernidad.
La demanda internacional para controlar la entrada y salida de mercancía hace necesario establecer mejores mecanismos para responder de manera eficaz y segura al comercio transnacional, que a diario desplaza sus mercancías en gran parte del mundo.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, conscientes de la importancia económica y social que representa dotar de eficacia, eficiencia y modernidad el flujo de intercambios comerciales realizados por el país, es que apoyamos con nuestro voto a favor de este dictamen a la Ley Aduanera, creyendo firmemente que con estas reformas a la ley se contribuirá de manera sustancial a mejorar el dinamismo comercial de México en el exterior. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. El Partido del Trabajo da su posicionamiento general y anuncia que dará su votó a favor sobre esta Ley Aduanera, porque consideramos que el objetivo final de esta reforma, más allá de todas estas mejoras de eficiencia administrativa, de eficiencia logística y eficiencia en el proceso de modernización del sistema aduanero, el objetivo de esta reforma que nos hace avanzar es acabar con el monopolio de los agentes aduanales.
Evidentemente –y como espero que muchos de ustedes sepan– no se logra finalmente eliminar la figura de agente aduanal, porque hablando de cabilderos –y cabilderos internos en esta Cámara de Diputados–, bueno, pues la reforma del presidente, que en este caso era de avanzada en este tema, se llevó a un término medio que era llevar el representante aduanal para eliminar al agente aduanal al representante legal. Y, bueno, pues digamos que los cabilderos no nada más están en los pasillos de San Lázaro.
Pero hablemos de datos duros. ¿Por qué es importante eliminar la figura o el monopolio, no eliminar la figura, sino el monopolio que tenía el agente aduanal? Actualmente en México existen solamente 875 agentes aduanales, en Estados Unidos de América existen 11 mil. La Ley Aduanera española, por ejemplo, requiere la intervención de un agente de aduanas o un representante indirecto, mientras que en México no se puede hacer ninguna transacción, es decir, el 94 por ciento de las transacciones de la balanza comercial de este país se tienen que hacer en tierra a través de un agente aduanal.
Estamos hablando que el impacto económico, que la figura de los agentes aduanales y ahora los representantes legales tienen en el país es de transacciones de mercancías de hasta 22.4 millones de dólares.
¿Qué es otra de las cosas que nosotros vemos positivas sobre esta reforma? Bueno no solamente da la democratización en el tema de que ahora los ciudadanos podamos manejar a través de un representante legal de las empresas, el tema del manejo de mercancías en las aduanas, sino que también además facilita el despacho de mercancías.
Es decir, esta reforma que, como insisto, pretendía también quitar el monopolio del despacho en el comercio exterior que concentraban los agentes aduanales, permite ahora el despacho en un lugar distinto al autorizado a fin de optimizar la logística al despacho de mercancías.
Además, pareciera que no es importante, pero se permite la apertura del comercio a través de medios ferroviarios que estaba inclusive desde el Tratado de Libre Comercio y que ni siquiera se había cambiado la Ley Aduanera para facilitar el tránsito de mercancías en este tema.
Se cambia además, se da la posibilidad de ampliar el tema de recintos fiscalizados estratégicos que antes solamente podían estar en las fronteras, ahora en las fronteras y en los puertos; ahora pueden estar en cualquier parte del país y pueden ser además puestos en manos de privados por licitaciones que haga la Secretaría de Hacienda.
En este tema nos gustaría decir que una gran preocupación que tenemos y que presentaremos una reserva al respecto, es que estas licitaciones se hagan de manera muy cuidadosa, para que estos recintos estratégicos no se hagan o no se tengan por delincuentes y luego ahora tengamos delincuentes que puedan ser representantes legales y tengan recintos estratégicos y estén traficando mercancías.
Finalmente, porque tengo poco tiempo, creo que es importante hablar de otra de los grandes logros de esta reforma, me parece a mí, que es el tema de la herencia de las patentes que tenían o que tienen los agentes aduanales. Finalmente esto es algo que para democratizar este tráfico de mercancías se ha quitado y ahora la Secretaría de Hacienda va a determinar a través de un concurso, quiénes son los que pueden ser representantes legales y quiénes son también los que pueden ser también agentes aduanales para quitar esta mafia que estaba dañando mucho la balanza comercial de este país y también la actividad comercial.
Yo agradezco mucho. Reiteramos que el Partido del Trabajo votará a favor, porque entendemos que tiene cuestiones de mucho avance esta iniciativa, aunque presentaremos tres reservas sobre el tema de la gradualidad para entrar en los sistemas tecnológicos, que no solamente sean a través de Internet. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en la Ley Aduanera. Con su venia, señor presidente.
Si bien es cierto reconocemos las debilidades que actualmente existen en las aduanas de nuestro país, es verdad que existe una gran corrupción; es verdad que existe una gran deficiencia todavía; es verdad que en las aduanas se permite todo tipo de irregularidades. Sin embargo, en el análisis que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha hecho, es que se pone en riesgo la seguridad nacional.
En este momento son alrededor de 900 agentes aduanales y aún así no se pueden controlar, la Secretaría de Hacienda no los puede controlar. Si se permite que se abra a más, estamos hablando a la mejor de alrededor de 100 mil agentes aduanales. Esto va a implicar entonces que cualquier particular no regulado en la ley, pueda promover el despacho aduanero sin la intervención obligatoria de los agentes aduanales.
Implica eminentemente riesgos a la operación del comercio exterior, a la seguridad nacional, a la seguridad de la salud pública, la sanidad animal e inclusive el peligro al uso de recursos de procedencia ilícita.
Por otro lado, no se prevén reformas para fortalecer facultades en materia de piratería en su valuación, triangulación u otros tipos de fraude cometidos en las 49 aduanas del país. Igualmente no se prevé ninguna medida para fomentar la transparencia ni para erradicar la corrupción que por muchos años ha perjudicado seriamente al sector.
Por el contrario, se están desmantelando controles como la ratificación de datos del pedimento, cambio de régimen de importación temporal o definitiva, regularización de mercancías, la apertura de prevalidadores a cualquier interesado y la posibilidad de que cualquier persona sin registro, autorización, responsabilidad ni control alguno tramite operaciones, permitiendo que los contrabandistas cuenten con mecanismos para evadir todo tipo de controles.
Desmantelamiento de controles aduanales pone en riesgo la seguridad nacional, la reducción fiscal, la protección a la sociedad, permitiendo que mercancías prohibidas puedan pasar. Se viola también la propiedad intelectual, el tráfico ilícito de armas, drogas y dinero; incluso el terrorismo.
Ningún país moderno puede darse el lujo de afectar su capacidad fiscalizadora. Si se buscan verdaderas oportunidades para impactar de manera positiva el comercio internacional, primero deben revisar e implementar los cambios institucionales necesarios a los procesos y procedimientos internos; procesos sencillos, transparentes y predecibles; personal honesto y capacitado que garanticen la seguridad jurídica y que tengan un impacto positivo, directo y en el largo plazo y que sean visibles para los usuarios.
Por lo anterior México debe plantearse una modernización proactiva en las aduanas con una visión de largo plazo basada fundamentalmente en la gestión profunda del riesgo mediante una mejor utilización de la información.
Se requiere una reingeniería de los procesos que junto a la reestructuración del marco normativo y a herramientas informáticas más robustas y modernas, simplifique la actividad del comercio exterior y elimine los actos de corrupción.
La globalización de la economía mundial y la apertura comercial han sido detonantes en el intercambio de bines y servicios entre los países, lo cual aunado a la privilegiada ubicación geográfica de México, ha permitido que en los últimos años las importaciones y exportaciones mantengan un continuo crecimiento.
Nosotros, Movimiento Ciudadano, vamos a votar en contra porque se están vulnerando las medidas de control que la aduana en este momento tiene; así como también estaremos votando en contra de la reforma fiscal, que seguramente muchos de ustedes han analizado y que sabemos viene a lesionar siempre a la gente que menos tiene, a los empresarios pequeños, a los transportistas, a la gente de a pie. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el diputado Rubén Acosta Montoya.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy es un día importante para nosotros y para todo México porque inicia la discusión de la reforma hacendaria e inicia con un instrumento legal, con un dictamen que se construyó, y esto lo debo de resaltar, con la capacidad de negociación y por qué no, de conocimiento en la materia de las diferentes fuerzas políticas que participan en las comisiones de Economía y de Hacienda.
Felicitar a los integrantes de estas comisiones y felicitar también a los presidentes de las mismas por su gran capacidad de negociación y porque es un documento que definitivamente nos ayuda a construir un sistema aduanero mejor que nos va a facilitar el comercio al interior y al exterior de nuestro país.
Al mismo tiempo debemos resaltar que este dictamen incorpora no sólo la visión del Poder Ejecutivo federal y del Poder Legislativo, sino también la de la sociedad en su conjunto.
En este Congreso se hicieron grandes esfuerzos por escuchar a las diferentes voces que se sentían afectadas de manera positiva o negativa por este dictamen y esto hoy se ve reflejado como un consenso de los diferentes puntos de vista de la sociedad en su conjunto también.
Una de las premisas de este dictamen y que hoy también lo incorpora, es que se modernice el comercio en México. Sin duda lo estamos haciendo al establecer distintos mecanismos que facilitan ese intercambio comercial.
Lo primero y diría yo de los puntos que más resaltan en este dictamen es el cambio de figura en el recinto fiscal estratégico. Hoy se pueden sólo establecer estos recintos fiscales estratégicos pegados a aduanas o bien a puertos. Con este dictamen lo vamos a poder hacer en distintas partes del territorio nacional, lo que va a facilitar la transformación de esas mercancías y del propio despacho aduanero.
Otro tema fundamental que no se ha resaltado mucho tanto en esta tribuna como en los medios de comunicación es el apoyo al sector ferroviario. Sin duda esta iniciativa ve en este instrumento de transporte un importante medio de transporte para el intercambio comercial y hoy lo fortalecemos en esta iniciativa también permitiendo que la infraestructura que se utiliza para este fin pueda ser importada de manera temporal hasta por 10 años, con la opción de que pueda ser importada de manera definitiva.
La tecnología y la tecnificación de nuestras aduanas no quedaron ajenas en esta propuesta. Hoy vemos una tecnología y una tecnificación en estas aduanas a través de este dictamen que van a facilitar no sólo que la autoridad pueda enfocar su vigilancia a las contribuciones de manera más focalizada, esto es, no gastar esfuerzos en materia de burocracia, de tramitología y mejor focalizarla a la supervisión aduanera.
Pero al mismo tiempo estamos ayudando al importador y al exportador, les estamos desregulando sus trámites, los estamos simplificando de manera tal que se permite el uso de todos los documentos digitales, firma y sello digital, simplificación de documentos en papel, comunicación entre dependencias que también se hace a través de este sistema y al mismo sistema la conectividad entre agentes privados y públicos, así como conectividad con el exterior, con los países de donde provienen estas mercancías.
Sin duda ése es otro beneficio que en términos administrativos, en términos de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de comercio exterior representa un beneficio también para las empresas.
La eliminación del segundo reconocimiento aduanero sin duda es otro paso fundamental que da este dictamen porque en primer lugar es una figura que hoy ya prácticamente no se usaba en las aduanas, a pesar de que estuviera establecida en nuestro marco legal, y al mismo tiempo somos congruentes con nuestros socios comerciales. De los pocos socios comerciales que manejaban esta figura éramos nosotros.
Sin duda todas estas decisiones son congruentes para mejorar nuestro intercambio comercial con los 40 socios comerciales que tenemos.
Algo muy importante que debemos de resaltar también es que esta iniciativa en ningún momento ha visto como adversarios o enemigos a los agentes aduanales; por el contrario, son figuras que hoy han contribuido al México que tenemos, al intercambio comercial estratégico que tenemos con más de 40 naciones a través de más de 10 tratados comerciales y éste no es un paso a desaparecerlos; por el contrario, es simplemente establecer la figura de representante legal aduanero es simplificar un paso más a las empresas que por rutina incluso ya saben qué clasificación arancelaria les corresponde, qué producto se puede ingresar en el punto de entrada de la mercancía al país y qué restricciones o regulaciones arancelarias o no arancelarias tiene esa mercancía.
Por esa razón creo que es muy atinado también que se establezca la figura de representante legal, pero más atinado aún fue, por parte de este Congreso, establecer algo que no venía en la iniciativa del Ejecutivo: requisitos para que seas representa legal, el que tengas conocimiento en materia de comercio exterior, el que seas una persona física en cumplimiento de tus obligaciones fiscales y, sobre todo, que seas empleado de la empresa, es algo muy importante.
La responsabilidad solidaria, sin duda, era algo fundamental que tenía que estar en este dictamen. La responsabilidad solidaria de ese representante legal, y al mismo tiempo que cumpla con los requisitos o con la mayoría de los requisitos que cumple también un agente aduanal.
Si bien se han mencionado algunas modificaciones relevantes que cambiarán la forma de operar de nuestras aduanas, éstas no son todas. Hay muchas más que enriquecen esta actividad, y que sin duda el Partido Verde apoyará con su voto a favor a través de la aprobación de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática se pronuncia a favor del dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Economía, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera de acuerdo a los objetivos que alcanzan la reforma de dicho ordenamiento legal.
Cabe destacar en el documento la incorporación de adecuaciones y propuestas en las que el propósito ha sido coincidir con facilitar el comercio, impulsar la modernización de las aduanas, la inversión en infraestructura y la actualización e incorporación de mejores prácticas y procesos en materia aduanera.
Se ha previsto en el presente dictamen que en todo momento el ingreso y salida de mercancía se realice en apego a los mecanismos que la seguridad nacional demanda, fomentando al mismo tiempo la transparencia y simplificación de trámites relacionados con el comercio exterior.
Por lo tanto, es indispensable contar con un marco normativo claro y transparente reconociendo el uso de medios tecnológicos a través de los cuales se promuevan las importaciones y exportaciones, se impulse la apertura comercial para usuarios del comercio exterior y se establezca el intercambio de información entre autoridades de forma ágil a través de sistemas electrónicos.
Entre los avances que se reconocen al presente dictamen, se pueden enumerar las siguientes:
Uno, se establece que el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías en recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo, será por siete días en lugar de cinco.
Se establece que el representante legal que promueva el despacho de mercancías deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales, ser mexicano, acreditar relación laboral con la empresa y acreditar experiencia y conocimientos en materia de comercio exterior.
Adicionalmente se establecen obligaciones a los representantes legales que hagan el despacho aduanero. Y aquí no hay que buscarle la trampa ni el engaño, no es esto, se busca acabar con el monopolio de los agentes aduanales y de crear una nueva figura que tenga las responsabilidades sin contar con las patentes, pero sí las obligaciones que actualmente tienen los representantes aduanales, quienes por cierto las patentes son hereditarias y hoy con esta reforma lo dejan de ser. Ahora sí verán lo que los maestros sienten para presentar examen y perder sus plazas.
Excepción de responsabilidad solidaria, salvo cuando se utilicen los servicios de un agente aduanal y éste no resulte responsable. Se establece la obligación para que el SAT publique las reglas de carácter general y las que se establecen los lineamientos para la aplicación de los exámenes para los agentes aduanales.
Se establece la excepción de que cuando se altere sólo información estadística, no se inicie la cancelación de la patente. Se establece que la sanción pecuniaria no sea uniforme para los tres supuestos de infracción cometidos en el artículo 184 A, y están contenidos en el artículo 184 B. Se diferencian las multas dependiendo de la infracción.
Por último, se establece que los registros fiscales estratégicos se extiendan más allá de las colindancias de los estados fronterizos. Esto va a permitir que estados que no sean colindantes con estados fronterizos puedan gozar de estos beneficios y crear competitividad y generar empleos.
Amigos diputados, amigas diputadas, las reformas que hoy empezamos a discutir en el pleno en materia hacendaria y fiscal en este paquete para 2014, no son varita mágica para resolver todos los problemas económicos por los cuales atraviesa nuestro México y atraviesa la mayoría de los países del mundo, pero sí contribuirán en buena medida y por eso vamos en pro a crear mecanismos que ayuden al mejor desarrollo de la nación.
Por tal motivo, pedimos a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el voto a favor de esta propuesta. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Juan Bueno Torio, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
Si me permiten, déjenme dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Londres, de Querétaro, del primer semestre de derecho, que están aquí invitados por el derecho Marcos Aguilar. Bienvenidos a la sesión.
El diputado Juan Bueno Torio: Con su venia, presidente. El PAN definitivamente votará en contra del paquete fiscal que presentó el presidente Peña Nieto, porque es una propuesta en la que encontramos una clara regresión y va a promover la recesión económica de nuestro país. Es un catálogo de las peores prácticas que el PRI le ha impuesto a los mexicanos durante sus gobiernos.
El PAN siempre ha actuado a favor de los ciudadanos y de las medidas económicas que generan estabilidad y bienestar, pero lo que tenemos frente a nosotros dista mucho de ser la reforma social que beneficia a los que menos tienen. Dista mucho de ser la propuesta hacendaria que comprometió Peña Nieto en su campaña; comprometió una propuesta que alentara el crecimiento económico y la generación de empleos, y esta propuesta definitivamente no lo es.
Hoy estamos padeciendo una desaceleración muy severa en la economía de nuestro país y con la pretensión que está teniendo el Ejecutivo en este momento va a implicar una recesión, que provocará despidos, provocará desempleo y se caerá el mercado interno.
No ha planteado una reforma contracíclica que ayude a salir a nuestro país del bache. Por el contrario, está planteando un gasto excesivo, 10 por ciento por encima del presupuesto del año pasado que pretende financiar con deuda, una deuda que van a tener que pagar las futuras generaciones.
Ya lo dijo el secretario Videgaray el día de ayer en una entrevista, que en los ochenta México se convirtió en una fábrica de pobres. Queremos decirles en este momento que el PAN no se prestará a contribuir a crear una nueva fábrica de pobres en nuestro país.
Esto que está proponiendo Peña Nieto no es como decía, mover a México. Es una propuesta que va a servir para congelar a México, porque pretende sacar recursos públicos de quienes hoy ya pagan impuestos, pretende sacar recursos públicos, además de la deuda, de quienes hoy son causantes y están desarrollando una cultura del esfuerzo para mejorar su patrimonio y sus condiciones de vida.
Es una reforma regresiva que va a impedir que las empresas generen mayor riqueza y que haya mayor inversión para que el país progrese. Debemos recordar que es en la empresa en donde se genera la capacidad productiva y de transformación del país y con esta propuesta de Peña Nieto el país no va a ir en ese sentido, por eso la rechazamos totalmente, como rechazamos conjuntamente con los ciudadanos de México, la intención de ponerle IVA a las colegiaturas, a las hipotecas y a las rentas y compra-venta de las viviendas.
Por eso, compañeras y compañeros decimos, que el PAN como un partido serio se ha sentado a la mesa de análisis y de discusión. El PAN ha hecho sus propuestas y como tales entendemos que esta iniciativa, que este dictamen que ahorita discutimos en este momento sobre la Ley Aduanera es un instrumento...
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos respeto al orador. Creo que tenemos que acostumbrarnos a escucharnos los unos a los otros. Estamos hablando del paquete económico, es la primera de las iniciativas del paquete económico que se pone a discusión, es la Ley Aduanera, y pido respeto para el que está haciendo uso de la palabra, porque creo que es la única forma como podemos entendernos. Adelante, diputado.
El diputado Juan Bueno Torio: No obstante, que la propuesta de Peña Nieto es una miscelánea fiscal recaudatoria, hemos contribuido en una construcción de una mejor Ley Aduanera como la que se discute en este momento, misma que vamos a apoyar con nuestro voto a favor.
Igualmente, hemos reconocido que el PRI reguló en la intención del Ejecutivo, en la que traía en este código de terrorismo fiscal, y como se han corregido los elementos también el PAN votará a favor de este instrumento. Sin embargo, compañeras y compañeros, queremos hacer del conocimiento que esta propuesta del presidente Peña es una propuesta unilateral. No se confunda la gente con mencionar que esto surgió del Pacto por México. En este momento Peña Nieto tendrá que asumir las consecuencias de esta reforma tan desastrosa que someterá al país en una desaceleración y en una depresión económica.
Amigos, diputados del PRI, ayuden a su compañero de partido, ayúdenlo a que reconozca lo que clama la gente en la calle. La gente pide mejores salarios, más empleos, no más impuestos a los que siempre están pagando los impuestos. Ayuden a su compañero de partido, a Peña Nieto, a que rectifique esta propuesta fiscal que va a dañar las estructuras sociales y económicas de nuestro país.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene, finalmente, en la ronda de posicionamientos, el uso de la voz, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con el permiso de la Presidencia, acusamos recibo, los legisladores del PRI y compartimos, por supuesto, los costos y los aciertos que el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, está realizando en beneficio de los mexicanos y no permitiremos que haya también una inconsciencia gobernativa porque apenas el pasado presidente de la República se decía el presidente del empleo.
El día de hoy, a nombre de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, venimos a respaldar el conjunto de modificaciones en materia aduanera. Lo hacemos convencidos de la necesidad de contar con un marco normativo claro y transparente que estimule las importaciones y las exportaciones, que brinde una protección más eficaz contra las prácticas ilícitas de comercio internacional y que establezca nuevos mecanismos para la información y la seguridad jurídica del contribuyente.
Los diputados del PRI, con este respaldo y con este voto, de nueva cuenta hacemos evidente nuestro compromiso de hacer de nuestro país una nación más competitiva que impulse el desarrollo y que atraiga mayor inversión.
Las medidas contenidas en la iniciativa de Ley Aduanera que hoy nos ocupa, permitirá, sin lugar a dudas, impulsar a México al siguiente nivel en las mejores prácticas aduaneras, algunas de ellas reconocidas en diversos acuerdos, tratados o convenios internacionales y otras presentes en los distintos foros de discusión en los que participan las economías más dinámicas del mundo.
Por ello, habremos de dotar a la legislación de condiciones propicias para fomentar que el flujo comercial sea cada vez más ágil. Que el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y fiscales sea cada vez más sencillo. Que la comunidad importadora y exportadora cuente con mejor información que le permita trazar sus operaciones de comercio exterior con mayor flexibilidad, atendiendo a razones legítimas de negocios.
Simplificar los trámites en la aduana, a fin de incorporar en la actividad exportadora a las empresas que deseen incursionar en el comercio exterior. Dotar de herramientas y mecanismos de control más eficientes acordes con los avances tecnológicos, que permita a las autoridades aduaneras realizar las funciones propias sobre las mercancías con mayor efectividad, propiciando también con ello beneficios en la eficiencia en la cadena logística.
En este orden de ideas las medidas incluye, entre otras, la adopción de un marco normativo claro y transparente para el uso de medios electrónicos en los trámites de comercio exterior, así como el uso de firmas electrónicas y sellos digitales en sustitución de la presentación física de los documentos aduaneros y fiscales.
Con el objetivo de agilizar el flujo comercial en las aduanas, optimizar el despacho aduanero, y atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio, la iniciativa propone la eliminación del segundo reconocimiento aduanero.
En concordancia con la facilitación se dispone el reconocimiento aduanero único y se privilegia la utilización de medios no inclusivos en el examen de mercancías que redundan en disminuir tiempos y costos en la operación, generando mayor certidumbre y asertividad en las revisiones.
Asimismo, con la finalidad de fomentar la competencia y apertura para los usuarios del comercio exterior, esta iniciativa establece que cualquier persona moral que cumpla con los requisitos pueda solicitar la autorización del Servicio de Administración Tributaria para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos, lo cual generará un mejor servicio y mayores opciones en beneficio de los importadores y exportadores.
Siguiendo la tendencia internacional se hace opcional la contratación del agente aduanal y, de la mano de esto, se elimina la figura del apoderado aduanal. Se permite a los importadores y exportadores efectuar directamente el despacho de sus mercancías sin intermediario alguno, es decir, sin emplear a un agente aduanal, sino a través de su representante legal con quien deberá acreditar tener una relación laboral conforme a la legislación aplicable.
Es importante mencionar que con los importantes cambios a la Ley Aduanera diversos importadores tendrán la opción de despachar sus mercancías con un representante legal, pues el espíritu de la Ley Aduanera por ningún motivo es el de restringir el uso de la representación legal; sino al contrario, de abrir la posibilidad que varios importadores o exportadores realicen sus operaciones a través de un representante.
También es importante destacar que con la reforma se elimina la posibilidad de que los agentes aduanales transfieran los derechos de sus patentes, pues se deroga la figura del agente aduanal sustituto, inhibiéndose con ella la venta de patentes y la mala tradición de heredar las mismas.
Se establece la posibilidad de habilitar recintos fiscalizados estratégicos, y esta facilidad permitirá promover el desarrollo de centros de transformación, exhibición, comercialización, entre otros, en cualquier parte del país.
Por último, y no menos importante, la iniciativa incluye dentro de todas estas medidas de simplificación y facilitación otras más, pero cobran relevancia la apertura en las rectificaciones de las declaraciones aduaneras la posibilidad de cambiar de régimen aduanero, sujetándose a las distintas formalidades, así como la regularización de las mercancías propiciando la autocorrección y el cumplimiento de las disposiciones en beneficio de los usuarios del comercio exterior y de la certeza jurídica de los diversos eslabones de la cadena.
Estamos dejando claro y de manifiesto los legisladores, no nada más del PRI, sino de todas las expresiones, que en esta Cámara se privilegia el consensó y el acuerdo. No podemos permitir que algunos tiren la piedra y esconden la mano. La mayoría de los diputados de todas las expresiones verán reconocidos en los textos de esta reforma aduanera y de las demás, de la reforma fiscal, sus propuestas y sugerencias. Muchísimas gracias a todos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, informo a la asamblea que han sido reservados, por la diputada Lilia Aguilar Gil, el artículo 36, el 36-A y el 40; por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el artículo 40; por la diputada Martha Leticia Sosa, el artículo 163 y el 163-A y por el diputado Arturo Salinas Garza, el artículo 167.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del CBTIS 66, de Jiutepec, Morelos. Invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero; bienvenidos a la sesión.
También a un grupo de alumnos de la Universidad de Colima, de Relaciones Internacionales. Invitados por el diputado Salvador Barajas. Bienvenidos todos a la sesión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente hay 443 votos a favor, 0 abstenciones y 24 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos no reservados por 443 votos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, para presentar sus reservas al artículo 36 y 36-A, la diputada Magdalena Núñez Monreal.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. La presente reserva al artículo 36 y 36-A tiene por objeto establecer que esta propuesta contenida en estos artículos, sobre trasmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento de la información que se dispone en el mismo artículo, mediante el denominado sistema electrónico aduanero, sea una alternativa más para realizar dicho despacho y no el único medio.
Es decir, se pretende conservar el derecho de los usuarios del comercio exterior, a realizar de manera física los trámites en comento y, además, a darle la opción de utilizar el sistema electrónico aduanero. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que en nuestro país el equivalente al 30 por ciento de los hogares del país solamente tiene acceso a esas tecnologías. Así, el acceso a estas tecnologías avanzadas y al Internet todavía no es universal en nuestro país.
De esta manera, sustituir por completo el trámite de manera física del comercio exterior por un sistema exclusivamente electrónico, pondría en serias dificultades a aquellos usuarios que a la fecha no cuentan con el acceso a esta tecnología.
En ese sentido, la presente reserva busca beneficiar a esos usuarios, así como a los micros, pequeños y medianos emprendedores que estuvieran en posibilidades de realizar los trámites de manera física al sustraerles los costos de adquirir los dispositivos electrónicos para cumplir con la obligación de llevar gestiones por medios digitales. Con esta reserva pretendemos legislar con la intención de que no existan prácticas discriminatorias para ningún usuario del comercio exterior.
Así, en el Grupo Parlamentario del Partido del trabajo refrendamos nuestro compromiso co la modernización y eficiencia de una actividad que resulta vital para la economía del país y el bienestar de sus habitantes, pero como lo estamos señalando, sin que existan prácticas discriminatorias ni haya emprendedores o personas físicas que por no tener acceso a esta tecnología estén sin posibilidades de realizar el uso de este tipo de comercio exterior y estén completamente fuera del trámite por no –repito- tener acceso a las tecnologías y al Internet.
De tal manera que reiteramos que nuestra reserva es en el sentido de que los trámites para este tipo de comercio no sean exclusivamente a través de medios electrónicos o digitales, sino que se contemple también como se está en este momento realizando, también trámites en físico de éste tipo de comercio. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Núñez Monreal.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. Se desechan. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para presentar su propuesta de modificación al artículo 40.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: La presente reserva tiene por objeto preservar el texto del párrafo segundo del artículo 40 de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, en cuanto a la creación de la figura de representante aduanal a través de la cual los particulares, es decir, personas físicas, pueden promover directamente el despacho aduanero de sus mercancías sin la intervención obligatoria de los servicios profesionales prestados por los agentes aduanales.
Esto permitiría, por un lado, hacer opcional la intervención del agente aduanal, acabando así con el monopolio de las facultades que mantienen dichos agentes sobre estos trámites actualmente, y por otro lado generar una amplia oferta de servicios especializados en el mercado a través de los representantes aduanales, quienes estarían en competencia entre ellos mismos y con los agentes aduanales.
Consideramos que la redacción del dictamen referente a representantes legales no generaría la misma oferta de servicios especializados sobre comercio exterior que se busca mediante la propuesta de creación de la figura representante aduanal.
Con la presente reserva se pretende legislar con la intención de generar una mayor profesionalización y eficacia en el despacho de las actividades del comercio exterior.
Cabe apuntar que en diversas instituciones de educación superior existe precisamente la especialización de agente aduanal o representantes aduanales y a los cuales los estaríamos dejando sin la posibilidad de poder ejercer esta actividad profesional.
Por las razones señaladas refrendamos en el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con la modernización y la eficacia de la actividad que resulta vital para la economía del país y el bienestar de los habitantes.
El texto de la reserva puntualiza lo siguiente: “Las personas morales que promuevan el despacho de las mercancías sin intervención de un agente aduanal tendrán la obligación de realizar el despacho aduanero a través de un representante aduanal que deberán acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria en los términos y condiciones que se establezcan en el reglamento. Dicho representante cuando menos deberá reunir los siguientes requisitos:...” Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada Ortíz Ahlf.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, para presentar su reserva o su propuesta de modificación al mismo artículo 40.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados, esta es la primera ley de las que integran la llamada reforma hacendaria y es momento de congruencias, porque hemos escuchado discursos grandilocuentes, cuestionando la política económica, cuestionando el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto pero, oh sorpresa, votan la misma iniciativa. Y para Movimiento Ciudadano es importante la congruencia.
Nosotros estamos en contra de la reforma hacendaria en todas sus partes, desde la ley Aduanal, pasando por el Código Fiscal de la Federación y desde luego la Ley del Impuesto sobre la Renta y las demás disposiciones fiscales porque nos parece un juego convenido en que se declara una cosa y se vota otra, se hacen campañas en contra de la reforma hacendaria y ya vino la primera y votaron a favor y vendrá la segunda, el Código Fiscal, y votarán a favor. Para nosotros la reforma hacendaria es un todo y vamos a votar en contra de toda la reforma hacendaria.
Los impuestos nunca son evidentemente del agrado de los ciudadanos, pero más cuando siempre van dirigidos a un solo sector, cuando los grupos de interés y los grupos privilegiados siempre encuentran rendijas para que sigan utilizando sus ganancias, sin que haya proporcionalidad fiscal, como lo establece la Constitución.
Ya por ahí a la consolidación fiscal le encontraron una salida para que las 400 empresas más poderosas del país sigan actuando impunemente a nivel fiscal. Por otro lado, ya hay un terrorismo fiscal que, aunque quitaron el artículo 5 del Código, sigue habiendo varias cuestiones que no son del agrado de los ciudadanos.
Coincidimos en que en una época de recesión económica es un error aumentar los impuestos; esto lo sabe cualquier alumno de economía de primer grado y desde luego la tozudez del gobierno federal en aumentar los impuestos, en imponer un régimen de terrorismo fiscal, es una mala receta para el país. Es el camino al despeñadero, es el camino a que sigamos acrecentando el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y que los empresarios y los pequeños comerciales prefieran irse a la informalidad.
En este sentido no podemos hacer menos la Ley Aduanera. El agente aduanal es la persona física que tiene una patente para realizar sus actividades, que lleva un registro, que tiene experiencia y que así desempeña las labores. No puede ser adecuado que ahora, bajo la figura de representante aduanal, se pierdan los controles y cualquier empresa pueda tener esta figura.
Nos parece que no le pegan solamente a los agentes aduanales, sino que esto implica riesgos para la operación del comercio exterior, para la seguridad nacional, para la salud pública, para la sanidad animal e incluso el peligro de usos de recursos de procedencia ilícita.
Miles de armas se introducen ilegalmente cada día de Estados Unidos a México. Hay más de 13 millones de armas ilegales; está todavía por ahí el tema de Rápido y Furioso, y ahora con esta reforma podremos abrir la puerta a que representantes aduanales se conviertan en agentes que van, no solamente a desequilibrar una actividad ya regulada del agente aduanal, sino también convertirse en un peligro para la seguridad y para la seguridad nacional.
Por esa razón estamos planteando una reserva, para que el representante aduanal cumpla con una serie de requisitos, que no haya tal discrecionalidad porque nos parece, por un lado, que se introducen riesgos y, por otro, no dudamos que se quiere inducir al contribuyente a errores para que con este afán confiscatorio se le carguen nuevas multas y nuevos gravámenes.
El representante aduanal tendría que ser mexicano por nacimiento, acreditar vínculo laboral con el importador; también tendría que comprobar experiencia y conocimiento en la materia aduanera conforme lo determine el Servicio de Administración Tributaria en los términos y condiciones que se establezcan en el Reglamento.
Tendrá que comprobar experiencia y conocimiento. No simple y sencillamente abrir por abrir, con los riesgos que implica para el país y para una profesión que tampoco podemos satanizar.
Por eso planteamos esta reserva al artículo 40 y pedimos a la Mesa Directiva la someta a consideración.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Mejía.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Leticia Sosa, para presentar sus reservas al artículo 163 y 163-A.
Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos del CBTIS 66, de Jiutepec, Morelos, que están aquí invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, presidente. Honorable asamblea; diputados, diputadas: he pedido hacer uso de la voz para reservar lo que en el dictamen que nos ocupa, habla de derogar el artículo 163, en su fracción VII, y el artículo 163-A de la Ley Aduanera.
Quiero recordarles que desde 1958 la Secretaría de Hacienda emitió un acuerdo estableciendo las normas para que los agentes aduanales pudieran designar personas que los sustituyeran en caso de fallecimiento o incapacidad física.
En ese acuerdo se decía: la persona designada como sustituto deberá comprobar que ha formado parte de la sociedad que explota la patente o prestado servicios efectivos en la agencia de que se trate, cuando menos con cinco años de anticipación a la fecha en que sea designado como sustituto y satisfacer, desde luego, todos los requisitos que se exijan para ser agente aduanal, inclusive el de garantía.
Queda pues, muy claro, compañeros diputadas y diputados, que no era una herencia ni una venta lo que en ese tiempo, 1958, la Secretaría reconocía como derecho del agente aduanal. Este acuerdo se ratificó en 1967, reconociendo que el desempeño de las funciones de agente aduanal es una actividad de interés público por su naturaleza, y que por lo mismo se requería que existiera continuidad en su desarrollo así como la conservación del patrimonio formado por las inversiones realizadas.
La Ley Aduanera de diciembre de 1981 estableció en su artículo 144 que la patente era personal e intransferible, pero que en caso del fallecimiento del titular, si hubiera sustituto autorizado se permitiría a éste, bajo su responsabilidad, la continuación de las operaciones durante un plazo de tres meses.
Esta figura también quedó incluida en el artículo 194 del Reglamento de la Ley. Así, compañeros, compañeras, se generó el derecho por una parte de los agentes aduanales, para designar agente aduanal sustituto, y por otra parte el derecho del sustituto para que al ocurrir el fallecimiento, incapacidad física permanente o retiro voluntario del titular, se le otorgara la patente aduanal respectiva.
Es el razonamiento de lo valioso de la negociación que emprende el agente aduanal; la inversión en materia de muebles e inmuebles; la seguridad de la fuente de trabajo para todos los trabajadores de una agencia aduanal y es el hecho también de que nunca se da la duplicidad de funciones, pues el sustituto sólo asume cuando falta el titular permanentemente, los razonamientos que permitieron que en la actual Ley vigente el artículo 163, en su fracción VII reconociera como un derecho del agente aduanal el designar por única vez a una persona física ante el SAT como su agente aduanal adscrito, para que en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o retiro voluntario, éste lo sustituyera previo, previo, insisto, previo examen de conocimientos técnicos a que se refiere la fracción IX del artículo 159, mediante examen aprobado dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha en que vaya a ejercer la sustitución, tal como lo prevé el artículo 163 A de la misma Ley en comento.
Hoy, las Comisiones dictaminadoras, en consonancia con la propuesta presidencial, derogan los artículos en comento. Hoy, que los derechos humanos tienen más vigencia que nunca, se pretende que desconozcamos el que se ha logrado por quienes realizan funciones de interés público y coadyuvan en la vigilancia y control del comercio exterior.
Los invito, compañeros, compañeras, a reflexionar y a no permitir esta transgresión, poniendo a su consideración que la fracción VII del artículo 163 y el artículo 163 A queden en los términos vigentes y que no se deroguen como lo propone el dictamen.
Quitar el derecho a todos no es la solución para frenar las malas prácticas de algunos malos elementos que se dan en todas partes. Muchos ven en esto un patrimonio que lo cuidan y lo respetan, debe haber mecanismos para que se vaya contra los malos elementos y no contra los agentes aduanales que cumplen su trabajo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite, se desecha. Tiene finalmente en este apartado de reservas el uso de la voz el diputado Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una reserva al artículo 167.
El diputado José Arturo Salinas Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional me permito presentar reserva al artículo 167 del dictamen que reforma a la Ley Aduanera, bajo los siguientes argumentos.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, señala que en el caso de los procedimientos de suspensión, cancelación y extinción de la patente de agente aduanal, la autoridad contará con un plazo de dos años posteriores a la fecha en que tenga conocimiento de la realización de los hechos u omisiones que configuren la causal para iniciar procedimiento.
Sin embargo, el texto de esta iniciativa que está incluido en el dictamen, es omiso en señalar durante qué periodo de tiempo puede otorgarse esta posibilidad a la autoridad para que tenga conocimiento.
Al respecto, los diputados de Acción Nacional consideramos conveniente modificar la redacción del artículo 167, ya que en materia fiscal y aduanera, por seguridad jurídica de los contribuyentes, existe la figura de la caducidad, que consiste en la pérdida de las facultades de las autoridades fiscales para ejercer sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras por el transcurso del tiempo, que es hasta de cinco años de la conducta o hecho generador.
A fin de garantizar la seguridad jurídica del gobernado se propone precisar que la autoridad por ningún motivo podrá iniciar un procedimiento de cancelación, suspensión o extinción de la patente de agente aduanal cuando haya transcurrido más de cinco años, a menos de que la conducta infractora o por su naturaleza sea continua o continuada. Es decir, que se prolongue a través del tiempo y que no haya cesado durante los cinco años.
De no hacerlo así caeríamos en el absurdo que una operación realizada en 1980, a la que se le detectó irregularidad en este año, pudiese provocar el inicio de un procedimiento de cancelación o suspensión de una patente aduanal, lo que haría que las facultades de las autoridades aduaneras no tuvieran límite de tiempo.
En Acción Nacional estamos convencidos que con esta modificación estamos brindando seguridad jurídica y siendo consistentes con las disposiciones fiscales contempladas en el Código Fiscal de la Federación, que es supletorio de la legislación aduanera.
En consecuencia, se propone adicionar al segundo párrafo del artículo 167, el siguiente texto: por ningún motivo la autoridad podrá iniciar un procedimiento de los señalados en este párrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de las causales de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer a patente, hayan ocurrido con más de 5 años de antigüedad, a menos que la conducta infractora del agente aduanal, por su naturaleza no sea instantánea y se prolongue en el tiempo, caso en el cual los cinco años se computarán a partir de que dicha conducta haya cesado.
Por lo anteriormente expuesto, yo invito a todos los compañeros y compañeras diputados, a votar a favor de esta propuesta. Presidente, la reserva ha sido entregada en tiempo y forma y le rogaría que se pusiera a votación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Salinas Garza.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se admite a discusión. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, se acepta la propuesta.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, para recoger la votación nominal de los artículos 36, 36 A, 40, 163 y 163 A, en los términos del dictamen. Y el artículo 167 con la modificación aceptada por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 36, 36 A, 40, 163 y 163 A, en sus términos, y 167 con la modificación aceptada.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 419 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los artículos 36, 36-A, 40, 163 y 163-A, en los términos del dictamen; y el artículo 167, con la modificación aceptada por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Isabel Trejo Reyes para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputadas y honorables diputados de esta Cámara baja del Congreso de la Unión, hace rato discutimos y aprobamos la Ley Aduanera y en ese contexto y en ese paquete de reformas fiscales nos toca ahora discutir y votar las reformas relacionadas al Código Fiscal de la Federación.
En la iniciativa del presidente venía en conjunto con otras leyes a reformar. Las comisiones decidimos que lo mejor era separar el Código Fiscal de la Federación, por eso lo estamos votando en este dictamen.
En estos términos explicados, entonces, la parte de la iniciativa relativa al Código Fiscal de la Federación, planteada por el Ejecutivo federal, tiene como objetivos centrales los siguientes:
1. Introducir nuevos procedimientos simplificados que estimulen la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
2. Otorgar facilidades a los contribuyentes a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo la figura del buzón tributario con el que los contribuyentes podrán vía electrónica interactuar en tiempo real con la autoridad fiscal para lo relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Como ustedes saben, es uno de los signos de los tiempos en la comunicación.
3. Esclarecer a los contribuyentes la manera en la que deben cumplir con sus obligaciones fiscales, tal es el caso de la manera en la que integrarán la contabilidad a través de los medios electrónicos.
4. Incentivar el cumplimiento espontáneo de los deberes tributarios.
5. Dotar a la autoridad fiscal en un marco legal que le permita disminuir en lo posible y más rápido la complejidad y los tecnicismos aclarando el sentido d las disposiciones fiscales.
Estos objetivos permitirán a los contribuyentes contar con mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos. Ésa es la intención. Que permita captar nuevos contribuyentes y que inviertan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como elemento d competitividad en las actividades empresariales en México.
Lo anterior atiende a que como es por muchos percibido, México cuenta con un porcentaje considerable de la población que obtiene sus ingresos en la economía informal, con un grado considerable de incumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual ha permeado en la conciencia de los contribuyentes cumplidos provocando un desánimo e incentivos a evadir sus impuestos con aquello de que las reformas van en contra de los mismos de siempre.
Por tal motivo, con la aprobación del dictamen relativo a la iniciativa del Código Fiscal de la Federación que hoy sometemos a su consideración, se refrenda el firme compromiso de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público en impulsar medidas que lleven a facilitar la comprensión y el cumplimiento de las disposiciones fiscales que estimulan la incorporación a la formalidad y que simplifiquen el pago de los tributos generando condiciones para contar con un sistema tributario aún más sólido y eficiente en beneficio del país.
Hay que resaltar que derivado de los trabajos de las comisiones, el dictamen que hoy se somete a consideración es el resultado de análisis y valoración de la iniciativa propuesta en más de 60 artículos revisados a la iniciativa original.
La presente iniciativa contemplaba la creación de una cláusula antielusión, la cual evitaría la elusión fiscal por fraude a la ley, siempre que se detecten prácticas y operaciones que carecen de una razón de negocios; y por lo tanto las consecuencias que generaron no fueron gravadas y a pesar de que debieron serlo es entonces que la autoridad podrá proceder a gravar la conducta, eliminando así la elusión realizada en fraude a la misma.
Sin embargo, acorde con criterios jurisprudenciales, esta comisión coincide que la interpretación estricta a la ley no implica que mediante una interpretación letrista de ésta se pueda cometer el fraude a la ley.
Por lo anterior, se estima que no es pertinente la modificación que se propone, pues la autoridad cuenta con los elementos jurídicos para analizar, no solo la forma, sino el fondo de los actos y operaciones a las que los contribuyentes atribuyen efectos fiscales, así como para resolver en consecuencia y por lo tanto eliminamos el contenido del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación en los términos en que se proponía.
De igual forma, respecto al domicilio fiscal, se propone dotar a las autoridades fiscales de información de los cuentahabientes, que estos mismos les proporcionan a las entidades financieras y de esta manera se puedan facilitar las prácticas de actos de fiscalización en los domicilios de los contribuyentes.
En otro orden de ideas, la presente iniciativa propone la creación de un buzón tributario, el cual permitirá tener una mejor comunicación entre la autoridad y los contribuyentes. En este buzón se podrán notificar diversos documentos y actos administrativos, así como dar cumplimiento a los distintos requerimientos por parte de la autoridad.
En relación con los delitos fiscales, la iniciativa de ley sanciona a los sujetos que tienen la obligación, en virtud de las disposiciones legales, de un contrato o de los estatutos sociales de las personas morales de impedir conductas que afectan al fisco y que como resultado de su actuar no cometen delitos y omisión.
Ésta es de las más importantes, puesto que se coincide igualmente con la intención de establecer los casos en que determinados profesionistas o consejeros deben considerarse responsables, previas las formalidades procesales respectivas de la comisión de un delito con motivo de su actividad profesional, estimando sin embargo innecesario precisar alguna o algunas ramas profesionales en específico, señalando más bien que se trata del ejercicio independiente de las funciones de consejería, asesoría u otros, con el mismo fin de orientar la actividad contributiva de la persona a quien prestan servicios.
Por cuanto a la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas por créditos fiscales de las empresas, se estima que esta medida empleada en su justa proporción conlleva a combatir las acciones de defraudación fiscal, como lo es en los casos en los que los socios o accionistas utilizan una sociedad con la sola intención de defraudar a terceros o burlar la aplicación de la ley utilizando a la sociedad como un vehículo para evadir responsabilidades, por lo que sólo en casos de mucha gravedad y así lo ameriten, se justifica que la responsabilidad solidaria ante el fisco trascienda el patrimonio de los socios o accionistas.
Respecto de las contribuciones que se hubieren causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad, cuando tal calidad en la parte del crédito fiscal que son con los bienes de la misma no alcance con los bienes de la sociedad, entonces el fisco irá sobre el patrimonio de los socios, pero solamente hasta el monto del crédito hipotecario, que es lo mismo que las cuentas bancarias cuando se embargaban por cantidades que constituían la totalidad de los fondos, y ahora las cuentas bancarias solamente podrán ser embargadas hasta por el monto del crédito fiscal.
Esto es, entre otras cosas, las reformas que hicieron los diputados en relación con la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Diputadas y diputados, en realidad en las comisiones creemos que hicimos un buen trabajo y creemos que el Código Fiscal ha quedado en términos de proteger al contribuyente, pero de darle elementos también al fisco, al Estado mexicano, para que cada vez más mexicanos que tengan actividad económica contribuyan y también los contribuyentes tengan el respeto por sus derechos al pie de la letra.
Si, le estamos dando al Estado facultades expresas –no discrecionales- y también a los contribuyentes facultades expresas para defender sus derechos. Esperamos su voto, compañeras diputadas y compañeros diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don José Isabel Trejo Reyes.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Agradezco mucho su generosidad para dejarme abrir la discusión de este tema, señor presidente. Con la venia de la asamblea. No quisiéramos dejar de señalar, antes de entrar al posicionamiento en forma del Código Fiscal –lo decimos obviamente como siempre, con todo el respeto que nos merecen los diputados en lo individual-, la incongruencia en los posicionamientos del Partido Acción Nacional en esta tribuna, que viene y posiciona en contra pero vota a favor.
El ejercicio del chantaje, pareciera, se está volviendo una práctica en esta Cámara de Diputados y en el PT venimos a hacer una práctica parlamentaria diferente. No estamos por la práctica del chantaje sino que queremos ser congruentes.
Es por eso, porque no estamos buscando ni raja política ni quedar bien hacia afuera y también quedar bien hacia adentro, que venimos a posicionar sobre este Código Fiscal, en contra, porque creemos que en general pone en manos de una dependencia administrativa, actividades persecutorias y de despojo.
No es, compañeros diputados, la atribución del Estado perseguir o aterrorizar a los ciudadanos o tratar a través de métodos de coacción y hasta persecución, hacer cumplir a los ciudadanos el pago de impuestos.
No podemos a través del terrorismo fiscal pretender cubrir el gran hoyo que dejará Pemex después de la reforma energética.
Es por eso que el PT dice: no estamos a favor de una reforma hacendaria que imponga impuestos a la clase media y a los ciudadanos y que los afecte en su vida y en su bienestar y tampoco estamos a favor de un Código Fiscal que trata de aterrorizar o de utilizar medidas de terrorismo fiscal y que tendrá graves consecuencias para obligar a los ciudadanos a pagar estos impuestos que ahora se pretenden traer a discusión a esta Cámara de Diputados.
Porque seamos realistas ¿por qué la gente allá afuera no paga impuestos? Porque no vemos los resultados, porque no vemos que tangiblemente si pagamos nuestro impuesto vamos a tener pavimentada nuestra calle; porque no vemos que tangiblemente si pagamos impuestos vamos a tener resuelto nuestro alumbrado público. Por eso la gente no paga impuestos.
El pensar que ir a aterrorizarlos, buscarlos, tratar de intervenir en sus cuentas bancarias y cobrarnos a lo chino eso va a hacer que los ciudadanos crean más en las instituciones y paguen sus impuestos, es una gran falacia.
¿Qué es lo que hace este Código Fiscal y por qué el PT se posiciona en contra? Primero trata de hacer, dicen, entrar a los informales a la formalidad. ¿A través de qué? A través de ir y fiscalizarlos en sus lugares de trabajo y tratar de hacerlos entrar a un sistema tributario que no está ni simplificado ni siquiera es justo para ellos cuando los informales quieren de verdad entrar a un sistema económico formal y de certeza, pero no se les ha permitido porque lo único que se hace es perseguirlos y eso es lo que pretende también esta iniciativa.
Segundo, el tema de pretender que a través de las cuentas bancarias y solicitar los RFC en las cuentas bancarias se pueda después cobrar Hacienda –disculpen el término- a lo chino, ya sea a través del dinero que está en estas cuentas de los ciudadanos o que está en nuestro domicilio fiscal cuando se considere que estamos rompiendo con clausulas de evasión o con clausulas de anti-elusión.
Esto causaría no solamente una profunda crisis y actividades económicas recesivas, sino inclusive nosotros vemos una reducción en el marcado interno y quiebras en las Mipyme.
Y permítannos terminar diciendo por qué. La clausula de elusión que tiene como centro esta reforma en el Código Fiscal, que permite que Hacienda no solamente diga en qué régimen vas a estar, sino que pueda inclusive y lo pongo e los términos más prácticos, cambiar tu declaración de impuestos y decir: “lo que tú estás declarando no es válido y no es cierto, sino que yo creo y pienso que será de esta manera”.
Y de eso, además cobrarse a través de nuestras cuentas bancarias, crea que esta dependencia no administrativa que es la Secretaría de Hacienda no solamente esté aterrorizando, sino que además se esté metiendo en atribuciones que no le corresponden.
Recordemos cuál es el papel del Estado y el principio constitucional básico: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Darle estas atribuciones a Hacienda es simplemente llevarnos a un terrorismo fiscal que no podemos permitir ni avalar.
Éste es claramente, en congruencia, el posicionamiento del PT y votaremos este Código Fiscal en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene el uso de a palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Esta presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Preparatoria Oficial número 220 del municipio del Valle de Chaco Solidaridad, estado de México, invitados por el mismo diputado Arturo Cruz Ramírez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco. Señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores: la reforma hacendaria es una de las reformas estructurales largamente aplazadas en México. Desde hace muchos años se han multiplicado los indicios que reflejan una debilidad estructural de la hacienda pública mexicana.
Tenemos una baja capacidad recaudatoria; en promedio recaudamos la mitad de lo que recaudan los países de la OCDE. Incluso si la comparación la hacemos con otros países de América Latina sale a relucir la precariedad fiscal del Estado mexicano.
Las finanzas públicas dependen en una tercera parte de la renta petrolera, además de que no hemos podido ampliar la base de contribuyentes ni incentivar el cumplimiento convencido de las obligaciones fiscales ni de los ciudadanos pequeños contribuyentes ni de los grandes grupos económicos.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza ha mostrado una abierta disposición a analizar con responsabilidad la propuesta de reforma hacendaria del presidente de la república en un afán de identificar fortalezas y debilidades para plantear aportaciones que contribuyan a fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado en beneficio de la economía y de la sociedad.
Las reformas al Código Fiscal de la Federación contribuyen a actualizar el sistema de injusticia tributaria, aportan certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecen reglas más estrictas para cerrarle el paso a prácticas que constituyen quebranto a la hacienda pública y fraude a la ley.
Nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen porque incorpora las reservas que propusimos para mejorar la iniciativa. Ha sido ampliamente conocida la serie de preocupaciones que despertó la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación, sobre todo en lo que se refiere a las atribuciones excesivas que otorgaban a la autoridad fiscal que en algunos pasajes ponían en riesgo los derechos de los contribuyentes y dejaban a éstos en una situación cercana al estado de indefensión.
Bajo ninguna circunstancia era aceptable lo que se proponía en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación porque otorgaba a la autoridad fiscal la facultad de determinar la existencia de un crédito fiscal sin más bases que la mera presunción de prácticas u operaciones del contribuyente que aunque, formalmente no actualicen un acto ilícito, carezcan de racionalidad de negocios.
Es decir, la autoridad fiscal tendría facultad de interpretación más allá de lo que expresamente establece la legislación fiscal para determinar presuntos delitos fiscales y el adeudo correspondiente.
Nosotros consideramos que en efecto, existen prácticas que realizan las personas físicas y morales que constituyen los actos elusivos que dan lugar a prácticas u operaciones, que si bien no actualizan un delito fiscal específico, generan por consecuencia un aprovechamiento indebido en detrimento del erario federal.
Sin embargo, la justicia del sistema tributario y la vigencia del estado de derecho no se pueden basar en facultades interpretativas de la autoridad fiscal, porque de esa manera propician exceso y arbitrariedades en detrimento de la certidumbre a la que tiene derecho todo contribuyente.
En el mismo sentido mencionamos la reserva que presentamos respecto a lo establecido en el artículo 28 en su fracción IV, en el sentido de que los contribuyentes deberán ingresar mensualmente su información contable a través de internet.
Propusimos, y fue aceptado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se estableciera una disposición para que en la reglamentación de esta obligación se reconociera que existe una gran desigualdad en el país, de tal manera que una buena cantidad de contribuyentes no podrán cumplir con esta disposición, sea porque no cuentan con la tecnología necesaria, o porque en las regiones donde se ubica no hay acceso a internet.
También rechazamos la disposición de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas aplicada de manera indiscriminada, porque esa disposición llevaba implícita una injusticia que tendría serios efectos en la estabilidad de las empresas, pero concordamos con la decisión que al respecto asumió la comisión dictaminadora al establecer que la responsabilidad solidaria solamente aplicará a los socios o accionistas que hayan tenido control efectivo de la empresa.
De igual forma, propusimos la eliminación de lo dispuesto en el artículo 95-B, que responsabilizaba a personal penalmente, a profesionistas contables o jurídicos e, incluso, a sus auxiliares por acciones que deriven en un delito fiscal.
Esta disposición era inaceptable porque además de adjudicar responsabilidades de manera arbitraria inhiben la práctica y el desarrollo profesional.
Compañeras y compañeros diputados, el Código Fiscal de la Federación es un componente fundamental para normar el sistema tributario y fortalecer la hacienda pública nacional.
Nueva Alianza reconoce el esfuerzo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para enriquecer la iniciativa que planteó el Ejecutivo. Asimismo reconoce la opinión que en su oportunidad vertió la Comisión de Economía al respecto.
El objeto de nuestro trabajo ha sido que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. El imperio de la justicia en el diseño y proceso de las obligaciones fiscales favorecerá el convencimiento de los contribuyentes y otorgará legitimidad a nuestro sistema tributario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María Sanjuana Cerda Franco. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, en Movimiento Ciudadano nosotros consideramos que todo el paquete fiscal es una verdadera afrenta y es una canallada aprobar leyes injustas, que perjudican a la mayoría de la población y que se aprueban sin ningún recato, sin ningún pudor, sin ninguna reflexión.
Este paquete fiscal que contiene diversas modificaciones a diversas leyes, caminan en agravio de la nación porque, lejos de aumentar impuestos, lejos de establecer climas de terrorismo fiscal, primeramente deberíamos impulsar una política de combate a la corrupción que en este país se ha elevado a rango constitucional, y que ya no causa ningún asombro que se presente en todos los niveles del gobierno y de la administración pública.
Primeramente debería agotarse esta lucha contra la corrupción y en segundo término el que el gobierno se ajustara en su gasto superfluo y excesivo, de lujos que generan desvergüenza y cinismo.
No se pueden aprobar nuevos impuestos o una política de terror sin que antes se hubiese implementado una política auténtica de austeridad republicana. Es un engaño hablar de una reforma fiscal equilibrada, equitativa y progresiva. Esto ha concertado, ha generado un malestar generalizado porque es meramente recaudatoria, regresiva y depredadora de las clases medias y de los campesinos.
Ningún estado de bienestar empieza generando tanta inconformidad. Existen numerosas razones para argumentar que estas reformas propuestas vienen a generar un clima de terror. Ha trascurrido casi un año del actual gobierno y dentro de este año se han presentado reformas abusivas contra la población. A pesar de que se tiene sobradamente el impacto mediático y enormes gastos en los medios de comunicación, no han podido introducir al colectivo ciudadano que México esté creciendo y que esté en un buen nivel.
La terca realidad se opone, por eso nosotros no podemos avalar este clima de terror que ahora se genera a partir de las propuestas que contiene este Código Fiscal de la Federación. Resulta menester mencionar que los cambios planteados originarán verdaderamente un clima de persecución fiscal, donde se tiene un claro interés en facilitar el ejercicio de facultades de las autoridades fiscales, dotándolas de dispositivos que permitan un mayor control a los contribuyentes, que se permita que los deudores de impuestos sean publicados en la página del SAT, aun cuando no exista un crédito fiscal firme; que se amplíe el plazo máximo de caducidad de los créditos fiscales a 10 años y que se trate por igual a los que no pagan porque no tienen recursos y a los que no lo hacen de manera fraudulenta, provocará que los contribuyentes se vean inmersos en un acoso fiscal constante.
La modificación al artículo 17 H del Código Fiscal de la Federación, contradice el principio de presunción de inocencia, ya que si durante el procedimiento administrativo de ejecución el contribuyente no puede ser localizado, se supondrá que incurre en prácticas ilegales. No obstante, dicha situación puede deberse a circunstancias diversas que no corresponden necesariamente a prácticas ilícitas.
Con el cambio anterior se da a la autoridad la capacidad de realizar sus operaciones de manera totalmente discrecional, además son poco claros los mecanismos y criterios para que la autoridad decrete si puede o no localizar a un contribuyente.
De igual forma se elimina la división que existe entre las figuras de evasión y elusión, pues la primera es no pagar haciendo engaños, aprovechando errores, falsificando documentos y alterando la contabilidad; en cambio la elusión es dejar de pagar porque no se cuenta con el dinero para hacerlo, debido a la realización de pagos de necesidades básicas o por cuestiones que tienen que ver con la manera en que se realizó su planificación fiscal de forma legal, lo cual no le convierte en evasor.
Ciudadano presidente, con esta sala semivacía y con el virus de la gripa rondando a los diputados, poco entusiasmo se observa por la discusión y usted al tocar la campana no nos da oportunidad de desarrollar este tema que contiene el Código Fiscal de la Federación.
Le voy a solicitar, presidente, pueda plasmar este documento en el Diario de Debates. Ojalá y la Junta de Coordinación Política pudiera proveer un mayor tiempo para la discusión de este asunto tan importante para la nación.
Sé que hay gente que le interesa, aquí mismo observo gente que pone atención a lo que se está discutiendo, pero cada vez es inútil la discusión porque la decisión ya está tomada. Lo que están cometiendo, señores diputados, es una canallada contra el pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Así quedará en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Tomás Torres Mercado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Tomás Torres Mercado: Estimado y respetable señor presidente, no sólo en nombre de mi grupo parlamentario el Verde Ecologista, sino a título de mi responsabilidad política y de mi propia concepción política, debo iniciar reconociendo, por cierto no solo colega sino paisano, como quien me ha precedido en el uso de la voz, al diputado Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Y lo mismo Mario Sánchez también, aunque son de Acción Nacional no les quita el mérito del esfuerzo y de su trabajo. De vedad, nuestro reconocimiento.
Pero a todos. Miren, siempre es muy sencillo, construir puede no solo un discurso sino hasta una pieza oratoria desde la visión de qué, lo que hacen otros no puede reconocerse si puntualmente no recoge la posición del adversario.
Yo digo, en este caso, que lo que estamos discutiendo es un dictamen que reforma, que adiciona disposiciones del Código Fiscal de la Federación y que formó parte del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo federal ha presentado al Congreso. Y por cierto, de la facultad originaria, es decir, primero quien debate y discute y vota esto es la Cámara de Diputados.
Y puede construirse ese discurso insertándolo en el conjunto de las iniciativas, que por cierto, le recuerdo, son once.
Esto es solamente Código Fiscal de la Federación, ¿qué es esto? Es la ley que señala cuáles son las contribuciones a cargo de los gobernados para poder proveer, en la esfera de sus necesidades, la administración pública. Dime de dónde saco para darte educación o para pagarles a los diputados, como se llame, dieta o salario en una relación subordinada finalmente al ingreso nacional. Se construye con la recaudación, pero lo que ahora discutimos es, ¿quién está obligado a pagarla y cuál es el procedimiento?
Nos hemos pronunciado por principios de legalidad, de seguridad y de certidumbre jurídica. Es cierto que la iniciativa, colegas, contemplaba la cláusula anti elusión, dándole facultades a la autoridad fiscal para meterse, incluso, en la cabeza de quien realiza un acto jurídico para decir, no era compra venta de un inmueble, era de acciones. Y se le dio vuelta para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Vamos a darle certidumbre jurídica manteniendo un principio de estricta aplicación e interpretación de la ley fiscal, como opera en otras materias, como la penal: no hay delito si no hay ley. Es lo mismo.
Generó gran debate, por qué no decirlo, la responsabilidad solidaria de las personas físicas frente a la responsabilidad fiscal y legal en general, de las personas morales. Hay un principio básico, la sociedad responde hasta el total de su capital social, de su propio patrimonio y no de las personas físicas que son accionistas. Sin embargo, se establecen casos en donde siendo la persona moral medio para la consecución o para la evasión fiscal se vaya al patrimonio, en hipótesis específicas.
Pudiera, estimados colegas, debatir cada uno de los artículos contenidos en el dictamen. No puede cuestionarse la generación automática del Registro Federal de Contribuyentes con la apertura de una cuenta bancaria, porque esto no implica necesariamente una causación fiscal. Pero sí creo que si hay un país de malos cobradores también hay una relación unívoca, hay malos pagadores de impuestos.
Cuidamos los puntos fundamentales de legalidad del contenido del dictamen, por lo demás sólo les diré que este espacio es propicio para decir que se recogieron propuestas no sólo de Acción Nacional –no sólo de Acción Nacional–, no sólo del PRD. Y no quiero, para no decantar esos aportes, sino decir que hubo trato digno y se escuchó en el desarrollo de los trabajos a la representación también de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, del Partido del Trabajo, evidentemente del PRI y, bueno, de quien les está hablando, del Partido Verde.
Es un producto, es un bien público de la pluralidad representada en esa Cámara. Nadie se adjudique que es producto de un prohombre en el Congreso. Pero tampoco admitiremos la destrucción de su contenido sin argumentos sólidos. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la palabra la diputada Karen Quiroga Anguiano, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Karen Quiroga Anguiano: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, la política económica que ha tomado el actual Poder Ejecutivo federal para el año que se próxima requiere necesariamente de a aprobación de diversas reformas, que sin duda nuestro país necesita para la eficaz recaudación y distribución de la riqueza.
Nuestro partido siempre ha pugnado por seguir un método de trabajo conjunto, constructivo, que escuche la opinión del trabajador, de los expertos, de la iniciativa privada, de las autoridades, que permite el debate y la reflexión ordenada, porque no podemos olvidar que ésta es la casa del pueblo.
El Partido de la Revolución Democrática tiene el deber, como portavoz de los mexicanos más necesitados y como grupo social con una visión de izquierda, de defender a los que menos tienen y ponderar el principio: que paguen más los que más tienen, y no quien más necesita.
Pero esto no es suficiente, sino que expresamos el sentir de los millones de mexicanos que se verán afectados por las diversas modificaciones a las leyes vigentes, de no cumplir con una visión justa y viable; la consolidación de una economía eficaz se verá truncada.
En el Partido de la Revolución Democrática, tenemos claro que las modificaciones que se contemplan en el Código Fiscal de la Federación son de vital importancia para la transformación del México que se necesita, dotan al Ejecutivo federal de todas las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo primordial que es la recaudación, mismas que deben ser proporcionales y equitativas de acuerdo a los principios establecidos en nuestra Constitución.
Hemos hecho un esfuerzo para evitar el resquicio de la ley, que permita que empresas como Televisa no cumplan con sus obligaciones; esto es un logro de todos los partidos. En este contexto, nuestro partido aplaude el avance de la propuesta de modernizar el procedimiento fiscal recaudatorio y la plataforma digital.
Felicitamos la incorporación de medidas estrictas y correctivas a los contribuyentes defraudadores, como son: el desaparecer o no poner a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad; cuando sean objeto del ejercicio del ejercicio de las facultades de comprobación; el utilizar los comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes simuladas o ilícitas; el omitir en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, o la eliminación dolosa, o el desaparecer el domicilio fiscal durante el desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución.
No queremos que en nuestro país ocurra nuevamente otro caso donde empresas fantasmas como Inizzio, Efra, Atama o Alquino, que fueron objeto de gran escándalo, carecían de un domicilio fiscal real, fomentando el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
Por otra parte, la implementación y adaptación de las tecnologías de la información al sistema tributario de México permitirán estar a la vanguardia para el debido cumplimiento del pago de las contribuciones, ésta deberá ser gradual y consistente. Lo anterior, en virtud de que hay todavía ciertas regiones en el país que aún no cuentan con la cobertura tecnológica suficiente para adaptar los cambios que se presentarán.
Por esta situación es menester que el propio Poder Ejecutivo federal impulse una amplia campaña de difusión del nuevo esquema de comunicación electrónica denominado Buzón tributario, que promueva e informe a los millones de contribuyentes de la República, la nueva plataforma tributaria para que este proyecto sea una realidad.
Respecto a la simplificación administrativa que se está poniendo en práctica, reconocemos las bondades de las nuevas formas de notificación: de la presentación de solicitudes, avisos y demás documentos en medios electrónicos y digitalizados; el uso de las tecnologías de la información para acercar a la autoridad con el ciudadano hace que el procedimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales sean más expeditos para el beneficio del contribuyente, además de que no tendrá ningún costo. Esta simplificación es un objetivo común que tenemos como partido para eliminar trámites burocráticos y así brindar servicios de mayor calidad.
Propiciará un aumento en la recaudación de los impuestos y permitirá una mayor eficiencia en el actuar de la administración pública federal, inhibiendo al mismo tiempo la evasión fiscal.
En cuanto a la firma electrónica consideramos que es una herramienta ideal que garantizará la inalterabilidad, autoría, autenticidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones.
Nuestro partido recibe con los brazos abiertos toda esta revolución tecnológica plasmada en nuevas reformas, pero siempre bajo una perspectiva que busque la igualdad y protección de los grupos más vulnerables y necesitados, donde impere la seguridad jurídica de los contribuyentes y se reparta la riqueza justamente.
Es importante destacar que estas reformas permitirán el pago de contribuyentes con tarjeta de crédito o débito; el requerimiento en materia de devoluciones por medios electrónicos; el fomento de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; la contabilidad por Internet a través de sistemas informáticos; la obligación del uso del comprobante fiscal digital por Internet; y la simplificación de comprobantes fiscales.
Por lo anteriormente expuesto, el PRD votará a favor en lo general y en lo particular del dictamen de reformas al Código Fiscal de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aurora Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez: Con su venia, señor presidente. El dictamen que en este momento se somete a consideración, versa sobre la iniciativa de decreto de Código Fiscal enviada a esta soberanía por el Ejecutivo federal y que hoy votaremos con las modificaciones acordadas, fruto de escuchar la voz ciudadana expresada en los diversos foros que al respecto organizó atinadamente la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado José Isabel Trejo.
El planteamiento general del dictamen clasifica en 40 modificaciones la propuesta del Ejecutivo federal y fue corregida en diversas disposiciones. Quiero hacer énfasis en esto. Fue corregida en beneficio de los contribuyentes, situación que el PRI y el gobierno priista aún se niegan a otorgar a los ciudadanos, manteniendo la postura de cargar con más y más injustos impuestos a las personas físicas y a las fuentes generadoras de empleo de nuestro México en leyes como el IVA y el Impuesto Sobre la Renta.
Con toda responsabilidad Acción Nacional, de la mano de los ciudadanos, propuso y defendió cambios en disposiciones que pretendían dotar a la autoridad fiscal de facultades discrecionales y arbitrarias en aspectos como la determinación de una cláusula antielusión básica, la notificación de cualquier comunicación de la autoridad hacendaria, exclusivamente vía correo electrónico, la vaga e ilegal extensión de la responsabilidad solidaria a cualquier socio o accionista, la inconstitucional responsabilidad penal de abogados y contadores en las conductas de omisión que generan delitos fiscales y la pretendida eliminación del derecho a utilizar la figura del dictamen de los estados financieros por parte de los contadores públicos certificados.
Nos abocamos a corregir aquellas imperfecciones legislativas y medidas abiertamente inconstitucionales e ilegales que causaban agravio a millones de contribuyentes, particularmente a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales, a los ciudadanos cautivos por el fisco; esos ciudadanos que son los que siempre pagan y a quienes el gobierno pretendía tratar con disposiciones que rayaban en terrorismo fiscal.
Corregimos pretensiones como establecer una clausula anti-elusión que dotaba a la autoridad hacendaria de facultades para determinar discrecionalmente la tipificación de un delito de fraude a la ley sin que estuviera fehacientemente comprobada la responsabilidad del contribuyente.
Dijimos no a configurar responsabilidad solidaria de los accionistas para que estos respondieran con su patrimonio en relación con la determinación de un crédito o de una multa fiscal.
Dijimos no a imponer que abogados y contadores fuesen sujetos con la calidad de garantes tratándose de delitos fiscales sin que se establecieran claramente las conductas delictivas que generarían dicha responsabilidad penal.
Dijimos no a dotar a la autoridad de la facultad de notificar exclusivamente al correo electrónico cualquier aviso de comunicación vía buzón tributario, lo cual hubiese generado un claro perjuicio para el contribuyente respecto a la certeza jurídica de los actos de la autoridad hacendaria.
Estos son claros ejemplos, entre otros, que la iniciativa del Ejecutivo federal está plagada de impresiones y de deficiencias.
La propuesta de Código Fiscal como la reforma hacendaria en su conjunto, requirió y requiere cirugía mayor, cirugía que tenga como objetivo que el esfuerzo de los contribuyentes se vea reflejado en más y mejores servicios y condiciones de inversión y generación de empleos para los mexicanos.
Por lo antes expuesto el grupo parlamentario del PAN celebra los acuerdos a los que se arribaron en la comisión dictaminadora. A nuestro juicio estas modificaciones garantizan la certeza jurídica para contribuyentes y previenen la arbitrariedad de la autoridad hacendaria en la determinación de sus actos y resoluciones.
No se equivoque el diputado Mejía Berdeja, que creo que ni siquiera está ya en el recinto. Ah, allá estás, diputado. No se equivoque usted, diputado. Tal vez no escuchó usted bien nuestro posicionamiento. El PAN es un partido serio, es un partido responsable. Defendemos la posición favorable de la Ley Aduanera y del Código Fiscal, porque se arregló lo que estaba mal.
Para nosotros el país no puede estar a expensar de posturas irreflexivas y populistas. Nunca verán los mexicanos a Acción Nacional en contra de todo y a favor de nada, como es práctica común en su partido.
Votaremos a favor de este Código Fiscal corregido, votaremos a favor de los millones de ciudadanos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y en forma, votaremos a favor de la legalidad y el estado de derecho en la certeza de los actos de las autoridades hacendarias. En suma, a favor de todos aquellos mexicanos que exigen de su gobierno cuentas claras y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que al final son sus contribuciones y que deben estar siempre destinadas al crecimiento y desarrollo de México.
La voz de los ciudadanos expresada por el PAN surtió efecto. El PAN ha estado desde su origen formado por ciudadanos. Somos el partido de los ciudadanos, el partido responsable que siempre escuchará y dará batallas que la sociedad mexicana nos exige a los políticos, que sin duda la sociedad merece y que el PAN defenderá siempre. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Por alusiones personales.
El Presidente diputado José González Morfín: En fijación de posiciones las mociones –y la de alusiones personales es una moción– no proceden, diputado. Está en el 104 del Reglamento clarísimo, y no lo puedo poner tampoco para rectificación de hechos.
Usted está en la lista de oradores en contra del dictamen y las rectificaciones de hechos son solamente para los que no están en la lista. Espere su turno y le doy el tiempo necesario. Gracias, diputado.
Finalmente, en esta ronda de posicionamientos tiene el uso de la voz el diputado José Luis Márquez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Luis Márquez Martínez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: en lo que se refiere a la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación que sometió el Ejecutivo federal, el presidente Enrique Peña Nieto, representó un gran avance para nuestra tarea de mejorar la legislación, y en específico destacamos los siguientes objetivos.
a) simplificar la vida de los contribuyentes, fortalecer los derechos e invitar a los ciudadanos a la formalidad. El dictamen moderniza el intercambio de información y comunicación entre la autoridad y los contribuyentes, a través del uso de nuevas tecnologías, por ejemplo el buzón tributario que permite agilizar la comunicación y ahorrarle costos a ambas partes al momento de intercambiar información.
Asimismo, se modifican las disposiciones que permiten esclarecer los contenidos y criterios contables que deben de ser presentados por los contribuyentes para que puedan hacerlo de manera sencilla y fácil, sin necesidad de saber de contabilidad.
b) Herramientas para mejorar la recaudación e incentivar el pago espontáneo. Una de las prácticas que más preocupa al Grupo Parlamentario del PRI es la del tráfico de comprobantes fiscales que consiste en expedir y vender comprobantes fiscales que cumplen con todos los requisitos legales, pero que amparan operaciones que nunca existieron o que son por cantidades muy superiores a las verdaderas y que se traducen en deducciones e incluso en devoluciones que en la realidad nunca sucedieron.
Se realizaron diversas reuniones con las autoridades hacendarias para cuestionar y solicitar explicaciones sobre las situaciones que motivaron dichos cambios. Pero también se escuchó a la sociedad civil en todos sus sectores, para contar con las experiencias que los contribuyentes tienen frente a la autoridad hacendaria.
Derivado de dicho ejercicio democrático se modificaron más de 60 artículos de la iniciativa, ya sea para enriquecer aquellas reformas en donde había coincidencia de los grupos parlamentarios o modificar aquellas en donde no había coincidencias, pero también diferencias.
Los cambios más relevantes son los siguientes:
1. Buzón tributario.
Artículo 17-K. Aquellas notificaciones que tienen como efecto que empiece a correr un plazo legal perentorio son de vital importancia, por lo que se considera prudente crear un régimen de transitoriedad a la posibilidad de que la autoridad haga notificaciones mediante el buzón electrónico y así éstas se realizarán a partir del 30 de junio del 2014 para las personas morales y del 1 de enero del 2015 para las personas físicas.
2. Responsabilidad fiscal solidaria de accionistas.
Artículo 26. Se modifica la iniciativa para limitar la responsabilidad solidaria de los accionistas y que ésta sólo se aplique cuando exista un control efectivo de la sociedad y sólo será aplicable para aquellos casos en donde la sociedad realizó las conductas más nocivas que derivaron en fincar un crédito fiscal o que el socio tomó las decisiones más importantes.
3. Tráfico de comprobantes.
Artículo 69-Bis. El PRI coincide en que se debe sancionar penalmente a quienes expidan o adquieran o enajenen comprobantes fiscales simulados, por lo que se establece que las conductas, además de derivar en la determinación de un crédito fiscal, se tomarán como actos simulados por los delitos que establece el mismo Código Fiscal.
4. Prescripción de créditos fiscales.
El régimen vigente en materia de prescripción de créditos fiscales presentaba un vicio enorme y que la autoridad hacía mucho. La autoridad podría reiniciar en un plazo de cinco años a través de una gestión de cobro y no existía límite para la misma, es por eso que se decidió limitar a 10 años, independientemente de las gestiones de cobro que la autoridad realice.
5. Eliminación de la obligación de dictaminar estados financieros.
Si bien se comparten algunas de las razones por las cuales el Ejecutivo sugirió dicha eliminación, se considera que la dictaminación tiene elementos rescatables, por lo que se estima necesario que se mantenga de manera opcional para contribuyentes que tengan ingresos gravables superiores a 100 millones de pesos.
6. Se elimina el artículo 5 que contenía la cláusula anti-elusión.
Por lo anterior, y en virtud de que el Grupo Parlamentario del PRI legisla y apoya las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto, pero sobre todo legisla escuchando a los ciudadanos, votaremos a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de quienes posicionaron a sus grupos parlamentarios, tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Vemos que la verdad no peca pero incomoda, y nosotros somos una oposición genuina y auténtica, no una oposición simulada; una oposición que gasta millones de pesos en propaganda, en carteles espectaculares para oponerse a la reforma hacendaria, y están a punto de votar el Código Fiscal de la Federación a favor. Puro juego simulado para los electores, pero la realidad es que están en contubernio con el PRI y además no pueden ir más lejos por el enorme saldo de corrupción y el desastre de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Los miles de muertos, la pobreza, los casos de corrupción y tráfico de influencias son fantasmas que los persiguen y por eso en el PAN presionan, hacen campañas pero en el lecho del Pacto por México, en la alcoba del Pacto por México acaban siempre votando todo juntos.
El Código Fiscal que hoy se propone es una ley draconiana, abusiva, persecutoria, injusta e inconstitucional. Reconózcanlo, va contra el principio de presunción de inocencia, va contra el debido proceso e incluso va por establecer penas de infamia para los contribuyentes, para los empresarios que ahora van a ser exhibidos por todos lados, incluso con sus clientes como supuestos delincuentes o criminales fiscales. Eso es lo que se va a aprobar.
La cláusula antielusión del artículo 5o era el exceso mayor, pero lo que aquí se está legislando no es menor; ir contra el secreto fiscal, establecer un mecanismo para inducir al error en las notificaciones con el buzón hacendario, es decir facilitarle el trabajo persecutorio a la Secretaría de Hacienda ante su ineficacia para cobrar impuestos, ante su ineficacia para manejar la economía del país.
Por eso insistimos en que con Enrique Peña Nieto y el Pacto por México todo mundo es presunto evasor, hasta que demuestre lo contrario, y por esa razón nosotros vamos a votar en contra de esta reforma al Código Fiscal de la Federación.
Por acá se hablaba también de algunas empresas que han defraudado, como Monex, como Alquino, como Efra, pero se le dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y no ha hecho nada, porque son favoritos del régimen y los cubren con el manto de la impunidad.
¿Por qué habríamos de creer ahora que con esta reforma fiscal van a ir contra ellos? Nosotros por eso vamos a votar en contra y estamos también en contra del impuesto en las fronteras y estamos en contra del impuesto a los pequeños contribuyentes, a los transportistas.
Nosotros en Movimiento Ciudadano estamos con los contribuyentes y con los ciudadanos, no estamos para hacerle el trabajo sucio a la Secretaría de Hacienda y aprobar un régimen draconiano, un Código Fiscal depredador. Y como dice Monreal, sigan chiflando, chiveros.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: En esta Cámara se ha perdido todo. Recuerdo que había hasta un Bronx auténtico, ahora es un Bronx arrabalero y había una burbuja más o menos decente, ahora la burbuja se ha disminuido, se ha extinguido y sus representantes no pueden contener a este Bronx arrabalero.
Miren, no se desesperen, no griten, no chiflen, porque lo que está en discusión es muy delicado y muy serio, nada menos que reformas al Código Fiscal de la Federación. Voy a tratar de introducirme al tema, porque el dictamen que está a discusión es verdaderamente terror lo que propone, ustedes me dicen si no es así y háganlo con toda seriedad.
En esta reforma se propone boletinar en la página del SAT a aquellos contribuyentes que se encuentran como no localizados ante la autoridad fiscal o impedidos de otorgar los comprobantes fiscales válidos para efecto de la contabilidad, y estipula, ciudadanos legisladores y legisladoras, que se avisará a las personas con quien se haya realizado alguna operación de tipo comercial o de negocio. ¿No les parece a ustedes injusto, contradictorio?
Es evidente que al disminuir la confianza en la interacción de los agentes económicos se causará un efecto negativo, no sólo en la recaudación de impuestos, sino en la actividad económica del país, al mismo tiempo, sin duda, se va a desincentivar el sector formal y fomentará aún más la informalidad.
De acuerdo con el Inegi, ustedes lo saben muy bien, ya ocupa la informalidad el 60 por ciento de la fuerza laboral. Miren ustedes, el Servicio de Administración Tributaria afirma, entre otras cosas, que se han podido identificar a patrones que están presentes en las sociedades que realizan tráfico de comprobantes fiscales, tales como, obtener un objeto social muy amplio -casi todos los que son miembros de una sociedad así lo hacen-, comprobantes cuyo pago por operaciones consignadas es sólo un porcentaje sin proporción a las mismas, porque el SAT no tiene personal idóneo o suficiente para las operaciones que se especifican. Por esa razón, ahora se le carga la mano al contribuyente, porque los ingresos del contribuyente no tienen proporción a las características del establecimiento. Por eso es muy grave lo que está pasando en esta reforma que proponen en el dictamen.
De aprobarse, la propuesta del artículo 69 B, la autoridad fiscal procederá a notificar no solo en el buzón del aludido, sino a través, fíjense ustedes, de la página de Internet del SAT, o bien, mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Van a notificarle a las empresas o a sociedades que presenten un comportamiento al que me refiero, es decir, esto viola aquí y en cualquier parte del mundo el secreto fiscal. Por eso, yo les pido razonemos con toda seriedad.
En el dictamen, con este proyecto concluyo, al derogarse diversas disposiciones de Código Fiscal, se considera que la conducta de un contribuyente, de omitir el pago de los impuestos, es peor que la de un delincuente, un homicida, porque se extiende el plazo de prescripción de las facultades de las autoridades administrativas, de cobro a 10 años. Actualmente la extinción de los créditos fiscales concluye a los 5 años. Concluyo, presidente.
Es decir, ciudadanos legisladores, de vedad, los llamo a que reflexionen. A mí no me preocupa si los partidos de manera electorera afirman una cosa y hacen otra, es un asunto de cada partido. Nosotros estamos actuando con congruencia, porque no se vale engañar a la población. Votaremos en contra de estas modificaciones y votaremos en contra de la reforma hacendaria. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero informar a la asamblea que han sido reservados el artículo 17 H por la diputada Nelly del Carmen Vargas, el 26 por el diputado Silvano Blanco, el 29 B por la diputada Aleida Alavez, el 32 A por la diputada Margarita Licea y la diputada Alliet Bautista, que también reservó el 32 B. El artículo 46 por el diputado Silvano Blanco, el artículo 69 por el diputado Francisco Coronato, el 69 B por la diputada Aleida Alavez y el diputado José Luis Valle, el 84 A y el 84 B por la diputada Alliet Bautista, el 143, incisos b) y c) por el diputado Carlos Angulo y el 146 por el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
También ha sido reservada por el diputado Tomás Torres Mercado, una disposición transitoria del Código Fiscal de la Federación. Es la adición de una fracción X al artículo segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, le ruego a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y de los artículos no reservados del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 407 votos a favor, 2 abstenciones, 57 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos no reservados por 407 votos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su reserva al artículo 17-H.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presiente. Uno de los pilares jurídicos de cualquier Estado moderno es el principio de presunción de inocencia. Este importante precepto subraya que toda persona inculpada por delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
La modificación al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es contraria a este principio, pues supone que el contribuyente incurre en prácticas ilegales si durante el procedimiento administrativo de ejecución no se le localiza o no puede ser localizado, situación que puede deberse a diversas circunstancias que no necesariamente se relacionan con prácticas ilícitas.
Dicho cambio en el código da a las autoridades tributarias un margen muy amplio y discrecional en sus operaciones, además es poco claro los mecanismos y criterios para que la autoridad decrete si puede o no localizar a un contribuyente.
Este procedimiento, combinado con el endurecimiento de las penas en faltas relacionadas con el fisco, podría fácilmente clasificarse como terrorismo fiscal. Se borra además la división que existe entre las figuras de evasión y elusión, pues la primera es no pagar haciendo engaños, aprovechando errores, falsificando documentos y alternando la contabilidad.
En cambio, la elusión es dejar de pagar porque no se cuenta con el recurso para hacerlo, porque se hicieron pagos de necesidades básicas o por cuestiones que tiene que ver con la manera en que se realizó su planificación fiscal de forma legal, lo cual no los convierte en evasores.
Debe tomarse en cuenta que existe una diferencia sustantiva entre desaparecer y no poder ser localizado. El Estado posee el peno y legítimo derecho de cobrar impuestos para su funcionamiento, pero debe ser enmarcado dentro de ciertos límites, y esta medida puede exceder esos límites y ser violatoria d los derechos del contribuyente.
Existen otras alternativas antes que la notificación, acusación, por medio de un buzón, para que los contribuyentes adquieran la cultura del pago de impuesto. Se deben dar oportunidades al contribuyente, darle facilidades para que pueda pagar y no la inmediata amenaza; además, para que los ciudadanos cumplan sus obligaciones para con el Estado, el Estado debe cumplir sus obligaciones para con los ciudadanos.
Y tal como ha insistido este Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en diversos espacios, los ciudadanos deben de tener la certeza que sus impuestos son manejados con austeridad, rectitud y transparencia y no para el enriquecimiento de funcionarios públicos.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva:
Único. Se reforma el artículo 17-H del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:
Artículo 17-H, X. Las autoridades fiscales:
a) Detecten que los contribuyentes en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas.
b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución, el contribuyente desaparezca.
c) En ejercicio de las facultades de comprobación, detecten que el contribuyente desaparezca durante el procedimiento, no ponga a disposición o no presente su contabilidad; o bien, se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
d) Detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si la reserva de la diputada Vargas Pérez, se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite. Se desecha. Tiene ahora la palabra, el diputado Silvano Blanco, para presentar su reserva al artículo 26.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente; con el permiso de las legisladoras y los legisladores. Puntualizar que efectivamente se hizo un esfuerzo en la Comisión de Hacienda con el ánimo de irle quitando las situaciones más ásperas que traía la iniciativa del Ejecutivo, no se terminó de quitar del todo los aspectos negativos, pero sí de manera mayoritaria señalar que se modifica el tema del artículo 5o., así como venía.
El artículo 95, del cual voy a solicitar, presidente, una moción de ilustración para que la secretaria pueda leer cómo venía la redacción del artículo 95-B, por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría atienda la petición del diputado Blanco Deaquino y que pueda leer cómo venía el artículo 95-B.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo 95-B. Los profesionistas contables o jurídicos, o sus auxiliares y los agentes aduanales o sus auxiliares, serán penalmente responsables de los delitos previstos en este código cuando, derivado de un contrato, convenio o cualquier otro acto que implique asesoría o desarrollo de la actividad profesional sugieran, asesoren, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí por interpósita persona, mecanismos vinculados con esquemas ilícitos o incumplimiento a obligaciones fiscales que deriven de un delito fiscal.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, secretaria. Adelante, diputado.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Y así como este artículo venían una serie de articulados, por eso decíamos nosotros que ahí en el Código Fiscal venía implícito lo que se le dio a conocer como terrorismo fiscal en los medios de comunicación.
Es decir, no fue una concesión graciosa de parte del Ejecutivo modificar no sólo este artículo, sino otros que tienen que ver con el tema de las visitas domiciliarias, venía de una forma más dura en contra del contribuyente. Esto es derivado del propio proceso político que se da de la negociación.
En ese sentido, esos artículos que afectaban gravemente a los contribuyentes de nuestro país salieron del dictamen, pues derivado precisamente de la propuesta del PRD y de otros partidos inquietos, porque efectivamente se lesionaba de manera muy grave a los contribuyentes de nuestro país.
Por eso nosotros queremos señalar que vamos a estar insistiendo en el derecho que tenemos como diputados. Es decir, la forma en cómo a veces al interior de la comisión y de la mayoría de las comisiones se pretende que a veces ni siquiera ese derecho que nos otorga el Reglamento que tenemos en las comisiones, se pueda reservar el diputado o la diputada artículos en las comisiones.
Pero igual, ese derecho que tenemos a que en el pleno nosotros podamos hacer ejercicio de ese derecho indistintamente del resultado de la votación, ya sabemos que hay acuerdos previos, sabemos en qué términos se va a dar la votación, pero aún así nosotros tenemos el derecho de tratar de respaldar al contribuyente o al ciudadano mexicano.
Por eso nuestra propuesta en términos del artículo 26 que tiene que ver con la responsabilidad solidaria, ahí en ese artículo en su fracción X, si bien se prevé que la responsabilidad del socio o accionista no deba exceder la aportación hecha al capital social agregando que fue una aportación del PRD en ese sentido.
Pero en el segundo párrafo de esa fracción refiere: La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación por la contribución omitida en la parte en que no se logre cubrir con los bienes de la empresa.
Aquí decimos nosotros que se abre la posibilidad para que la responsabilidad del contribuyente sea mayor al capital aportado.
Algunos podrán tener alguna visión distinta de las cosas, pero nosotros estamos proponiendo, para tener una mayor certeza de que este párrafo de la fracción X sea derogado en este sentido y nosotros poder efectivamente darle más elementos al socio o accionista para que no pueda pagar una cantidad mucho mayor al porcentaje del capital social aportado.
Insisto, hay en este sentido opiniones diversas; algunos dicen bueno, esto no afectaría porque viene una redacción ahí abajo que de alguna forma puede limitar esto, pero conociendo nosotros la forma en cómo actúa el Estado mexicano, preferimos mejor darle mayor seguridad al contribuyente y por eso estamos planteando de que se derogue el párrafo segundo de la fracción X. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Blanco Deaquino.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite; se desecha. Tiene la palabra la diputada Julisa Mejía Guajardo, a nombre de la diputada Aleida Alavez, para presentar sus reservas al artículo 29-B y también 69-B.
La diputada Julisa Mejía Guajardo: Gracias, diputado presidente. Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a formular reserva a los artículos 29-B y el 69-B del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
El dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha sido modificado en 30 puntos que permiten mayor certidumbre fiscal a los contribuyentes y detiene los posibles abusos de las autoridades en este país.
Es por ello que invito que apoyen estas dos modificaciones que propongo para darle mayor certidumbre al contribuyente sin dañar la capacidad de fiscalización que tiene la Hacienda.
Por un lado se debe permitir que los esfuerzos de simplificación administrativa complementen la propuesta de uso ampliado de medios electrónicos a fin de emplearlos también para las retenciones que se efectúen a las contribuciones, el cual, por cierto, no es posible para sueldos y salarios.
Con el propósito de contar con toda la información que la autoridad fiscal requiere a través de estos medios y estar en posibilidad de eliminar en breve tiempo la obligación de presentar declaraciones informativas, de retenciones y de expedir constancias.
Pero una situación es la obligación de expedir los comprobantes fiscales por los ingresos recibidos y otra muy diferente la facilidad y complementariedad para que un contribuyente pueda deducir sus gastos mediante comprobantes alternos que han merecido, por su tipo de operación y control financiero, el reconocimiento de que también son eficaces medios de información y fiscalización como los estados de cuenta impresos o electrónicos que expidan las entidades financieras, las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular o las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria con los requisitos que ha autorizado la autoridad y que en su momento implicó la intencionalidad de lograr una simplificación administrativa y reconocer operaciones que en la práctica no emiten comprobantes fiscales, pero sí tienen la intervención de un fedatario público, como lo son las escrituras públicas y demás documentos con fe pública.
Sería prudente que para evitar una cacería fiscal de forma o de fondo se pudiera aceptar que sigan siendo comprobantes fiscales.
También es plausible que la autoridad impida que un comprobante que fue expedido por operaciones inexistentes o por contribuyentes no localizados no producen o no produjeron efecto fiscal alguno, pero permitirle a la autoridad fiscal que tenga efectos generales para todas las operaciones con todos los contribuyentes con los que hayan tenido relaciones de negocios me parece, nos parece un exceso, ya que no permite que las demás operaciones demuestren que sí fueron reales e impide la posibilidad del contribuyente a ser oído y vencido ante las instancias respectivas, pudiendo generarle contingencias fiscales incalculables y además –agregamos– la forma de conducirse de los auditores al practicar sus facultades de revisión para calificar como inexistentes operaciones en donde, al mostrar algún documento, la autoridad lo califica como no válido.
Ponemos a los contribuyentes en riesgos que pueden terminar generando cierres de enormes negocios. Como efectos secundarios están el desempleo o malas prácticas fiscales para favorecer competidores de grupos no favorables a un poder político o al poder político en turno.
Si aspiramos a un estado de justicia que respete los derechos de los contribuyentes no hagamos posibles los cambios propuestos que nos dañan, sino al contrario, apoyar los objetivos de las autoridades fiscales en el país.
Para tener una mejor contribución requerimos apoyo verdadero a los contribuyentes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ruego a la secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Mejía Guardado.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. Se desechan. Tiene la palabra la diputada Margarita Licea González para presentar su propuesta de modificación al artículo 32 A.
La diputada Margarita Licea González: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso del diputado presidente, me permito presentar la reserva a la cual se propone modificar la redacción propuesta en el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativo al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.
La propuesta es reducir a 50 millones el límite de ingresos para dictaminar los estados financieros para efectos fiscales, a fin de permitir a las empresas pequeñas y medianas a ejercer este derecho.
Al 31 de diciembre de 2012 existe un millón 500 mil contribuyentes aproximadamente como personas morales en México, de las cuales 90 mil, aproximadamente, optaron por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.
En el 2010, el Ejecutivo federal eliminó la obligación de dictaminar; sin embargo, más del 90 por ciento de las empresas obligadas continuó con el dictamen por considerar que es un instrumento de valor que le permite tener la tranquilidad del deber cumplido.
Comparto a ustedes, compañeras y compañeros diputados, algunos detalles de este análisis:
Resulta discriminatorio establecer un monto mínimo de ingresos acumulables de 100 millones de pesos como requisito para que una persona moral pueda optar por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, y pone en desventaja a las empresas con mediana o poca capacidad administrativa frente a aquellas que tienen mayor capacidad. Es decir, para las pequeñas empresas la fiscalización por parte de las autoridades tendrá un costo mayor, ya que deberán pagar las multas por diferencias en impuestos determinados como consecuencia de las auditorías directas que hará el SAT.
Excluye a la mayor parte de las empresas consideradas como pequeñas que contribuyen a la generación de la mayoría de los empleos. La pequeña empresa aporta el 24 por ciento de los empleos en nuestro país, según el censo económico del 2009.
Las empresas pequeñas y medianas generan aproximadamente el 20 por ciento del PIB nacional. Beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas que son las empresas del futuro.
Perjudica a nuestro propio empresariado mexicano ya que las pequeñas y medianas empresas en su mayoría son mexicanas y no internacionales.
Dificulta la fiscalización de las pequeñas empresas.
Si se elimina o se reduce a la mitad el monto de ingresos, se contribuirá a que las pequeñas y medianas empresas cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales y ayuda a incrementar la recaudación para las arcas de la nación.
Por lo tanto, entonces, concluyo considerando necesario al menos reducir a la mitad del requisito de ingresos acumulables para que una persona moral pueda optar por hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Esto contribuirá a mitigar la desventaja de las pequeñas y medianas empresas frente a las empresas de mayor capacidad administrativa, así como reducir el costo de fiscalización e impulsar y beneficiar a las empresas del futuro.
Por las consideraciones anteriores, propongo a este pleno que el artículo 32 A del Código Fiscal de la Federación quede en los términos que a continuación expongo.
Artículo 32 A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 100 millones de pesos, que el valor de sus activos determinados en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a 79 millones o que por lo menos 300 de sus trabajadores le hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación sus estados financieros por un contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo, las entidades paraestatales de la administración pública federal.
Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado.
Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros, formulado por un contador público registrado, deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general que a efecto emita el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 15 de julio del año inmediato anterior.
Por lo tanto, el 32 A la propuesta es que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 500 millones, y el valor de sus activos determinado en los términos de la reglas de carácter general al efecto emita la Secretaría de Administración Tributaria, puedan optar por esta opción. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Repita la votación económica y si hay duda abrimos el tablero.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado José González Morfín: Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación sobre el trámite, en el entendido que el voto a favor es porque se admita a discusión, el voto en contra es porque no se admita a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos correspondientes al artículo 144, numeral 2. Ábrase el sistema de votación por tres minutos.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 167 votos a favor, 0 abstenciones y 228 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia no se admite, se desecha. Para presentar su reserva al mismo artículo 32 A, tiene el uso de la voz la diputada Alliet Bautista Bravo.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Señor presidente, muchas gracias. Compañeras y compañeros, la reserva que traigo es exactamente la reserva al artículo 32 A y que efectivamente considero que en los términos en que se redactó el dictamen, que hoy se pretenda sobre el Código Fiscal, resulta innecesariamente a favor de las grandes empresas.
Sobra señalar la certidumbre y los beneficios que proporciona en términos de dictaminar los estados financieros por contador público autorizado, esto beneficia tanto a las autoridades fiscales como a los contribuyentes que puedan ejercer la opción en términos del artículo 32 A.
Sin embargo, me llama mucho la atención que siendo un beneficio opcional, porque así lo dice el dictamen, la pregunta es, ¿por qué dejar ese beneficio sólo a las empresas que obtienen más de 100 millones de pesos?
Como estaba establecido anteriormente, podría ser opcional para todos. Entonces, me parece que este beneficio, porque solamente optar para los contribuyentes en términos del artículo 52 y que limite sólo a las empresas con ingresos superiores a los 100 millones.
Por eso propongo que se reforme el artículo 32 A del dictamen a discusión, porque ese beneficio no debe limitarse a un grupo de contribuyentes que se definan por los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio anterior o el valor de los activos que posean o por el número de trabajadores que les hayan prestado servicio en cada uno de los meses de ejercicio inmediato anterior.
Si hay alguna empresa de menor tamaño, que decida acogerse a ese beneficio, que de ninguna manera implica elusión o defraudación fiscal, se le debe dar la oportunidad de aprovechar esa práctica, que como señalé, da certidumbre a la autoridad y al contribuyente.
Por esa razón propongo esta reserva, que la opción de dictaminar los estados financieros por contador público autorizado, en el artículo 32 A sea igual para todos. Que sea igual para todos los contribuyentes, con las mismas condiciones establecidas en dicho artículo, sin distinción alguna. Ésa es la reserva, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Bautista Bravo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha. Tiene ahora la palabra la misma diputada Alliet Bautista Bravo, para presentar sus reservas al artículo 32 B, 84 A y 84 B en un solo momento.
La diputada Alliet Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Propongo reservas también a los artículos 32 B, 84 A, 84 B, preocupada por el impacto que puede tener esta disposición a las condiciones de administración de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Pero también me preocupa la orientación de esta disposición, que en este caso, a las instituciones financieras y a las sociedades cooperativas los convierte en instrumentos de fiscalización para que vigilen el comportamiento tributario de los ciudadanos y ciudadanas.
Por una parte se presenta como un avance la eliminación del impuesto a los depósitos en efectivo y por la otra se establece, en el código de las instituciones financieras, que deberán cuidar que los contribuyentes estén dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
Lo anterior según las fracciones V y IX del artículo 32 B del dictamen relacionado con el Código Fiscal, toda vez que no es un deber el obtener el Registro Federal de Contribuyentes de todos los socios de las sociedades cooperativas, ya que dicha circunstancia constituye un deber jurídico a cargo del Servicio de Administración Tributaria, según se desprende del catálogo de imperativos que le corresponde, en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aunado a que esto incrementa los costos administrativos, que en añadidura, a los demás deberes jurídicos que les corresponden a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las distintas disposiciones que regulan su funcionamiento se afectaría, de manera importante, la sostenibilidad de dichas personas morales integrantes del sector social de la economía. Que en razón de su teleología no persiguen un fin lucrativo sin considerar que en este tipo de sociedades, más del 50 por ciento de las personas que la integran son amas de casa que no desarrollan actividad empresarial o generadoras de otros ingresos, y en consecuencia cuyo objeto fundamental lo constituye la satisfacción plena e inmediata de sus necesidades individuales y colectivas.
Por ello propongo eliminar la fracción XIV del artículo 84-A, así como la fracción IX del artículo 84-B, con el propósito de que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo no tengan el deber jurídico de expedir estados de cuenta en función de las operaciones de crédito que ellos mismos realizan, previa autorización al efecto del Sistema de Administración Tributaria, toda vez que –como he manifestado con antelación– dichas personas morales no tiene por finalidad esencial la constante de la búsqueda de una ganancia o de una utilidad mayor, sino solamente procurar una mejora sustancial en su nivel de vida de todas estas personas que componen las cooperativas, lo que inexorablemente constituye el principal diferendo de las mismas con el resto de las sociedades consideradas por ministerio de ley como mercantiles.
Estamos hablando del sector social, estamos hablando que la gente se constituye para que ellos mismos puedan ahorrar y de ahí mismo puedan tener créditos. No se les puede dar el trato igual a los desiguales. No podemos darles ese trato. Entendamos que tenemos un sector social de la economía y esa parte de la sociedad se auto-organiza para poder tener sus propios créditos, ya que en la banca mercantil no les es posible obtenerlos.
Esta parte es muy importante, ya que –como les digo– más de la mitad de las personas que están como socios de las cooperativas de ahorro y préstamo son amas de casa, son personas que reciben remesas del extranjero, y que ahora aparte tienen que registrarse, tienen que pagar más impuestos. Por favor, esperaría que consideraran esta reserva y que pudieran votarla a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Bautista Bravo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten a discusión. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Silvano Blanco, para presentar su propuesta de modificación al artículo 46.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con el permiso de las compañeras legisladoras y de los compañeros legisladores. Sí que cada vez está uno más consciente de la forma en cómo se dan los acuerdos al interior del Congreso, no está uno exento de eso.
Pero pues no deja uno de inquietarle el hecho de que, derivado a que hay una negociación anterior, las votaciones sean en el mismo sentido de abrir éste, que en teoría es el espacio de discusión del Poder Legislativo y negarse a debatir. Es decir, simple y sencillamente utilizar la mayoría mecánica, irracional, pero es parte de ese proceso de disciplina, pero no se abona mucho a dignificar al Congreso, ni a la propia actividad de cada uno de nosotros; pero bueno, cada quien actúa en consecuencia en ese sentido.
Nosotros, inclusive al interior del propio PRD, pues a veces no somos tan bien vistos, por el hecho de que ahí también quieren imponernos la disciplina y también evitar la situación de que uno haga uso de ese derecho que tiene de reservarse los artículos y emitir la opinión que cree uno pertinente.
Pero bueno, ahí esos compañeros de izquierda que están llegando a acuerdos con el gobierno federal, bueno pues nosotros les damos la bendición también en ese sentido; pero bueno cada quien es responsable de sus actos y por eso nosotros hacemos un esfuerzo, por tratar de dignificar la actividad para la cual uno fue electo.
La reserva tiene que ver, respecto al artículo 46, en ese sentido, en su fracción IV, les estamos proponiendo de que se haga un agregado, tiene que ver con el tema de las visitas domiciliarias y lo que nosotros estamos ahí proponiendo, una redacción que se incorpore a lo que ya está en el párrafo cuarto.
Dice: en la última acta parcial que al efecto se levante, será mención expresa de tal circunstancia debiéndose motivar y fundar las consideraciones para cuantificar los hechos u omisiones detectadas. Es decir, por qué nosotros planteamos el hecho de que en esta acta parcial, en la última acta parcial, se funde y motiven las consideraciones para cuantificar los hechos u omisiones detectadas.
Es de vital importancia para el contribuyente que se funde y motive efectivamente la actuación del funcionario público en ese sentido, por todas las arbitrariedades que se dan en las actuaciones de estos funcionarios.
Algunos podrán referir, de que quizá está en el artículo 38, donde habla que todos los actos administrativos de los funcionarios deben de fundarse y motivarse; pero curiosamente en la práctica se considera esto no un acto administrativo. Otros podrán decir está en el artículo 16 y efectivamente si la Constitución prevé que todos los actos deben de fundarse y motivarse, aquí lo único que propician es que el contribuyente tenga que pagar un abogado para que lo defienda cuando las acciones arbitrarias no sean fundadas ni motivadas.
Para nosotros sí es de vital importancia que quedara de manera expresa esta redacción ahí y por eso el planteamiento de manera concreta.
Vamos a seguir, en nuestro caso, insistiendo en defender al ciudadano, en defender a los contribuyentes y cada quien –reitero– que asuma la responsabilidad que tiene que asumir con esta función que tiene. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. Tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para presentar su reserva al artículo 69.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar la siguiente reserva al artículo 69 del dictamen con proyecto de decreto del Código Fiscal de la Federación al tenor de la siguiente exposición de motivos:
En México la recaudación tributaria se funda en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las personas físicas y morales que se conoce como recaudación primaria y que constituye alrededor del 95 por ciento de la recaudación federal por ingresos no petroleros.
En este sentido, el principio de confidencialidad que se otorga a los contribuyentes como lo es al de la seguridad y que la información que obtenga la autoridad será utilizada con estrictos fines recaudatorios, ello genera la confianza indispensable para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Por el contrario, la violación al secreto fiscal atenta contra el estado de derecho y puede provocar un daño en la confianza que deben tener los contribuyentes hacia las autoridades que obtienen y administran la información sobre su situación fiscal con el consecuente detrimento en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
El quebrantamiento del secreto fiscal constituye un atentado irresponsable en contra de los derechos de los contribuyentes, pues además de que se ha utilizado indebidamente información parcial sobre aspectos de su situación fiscal sin mediar procedimiento formal alguno, se han hecho afirmaciones concluyentes e imputado presuntas responsabilidades que sólo corresponde hacer a las autoridades administrativas y judiciales competentes, dentro del marco de las garantías consagradas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando el principio de legalidad y seguridad jurídica, entre otros.
El proyecto de reforma hacendaria presentada por el gobierno federal contempla que aquellos contribuyentes que se encuentren como no localizados ante la autoridad fiscal o impedidos de otorgar los comprobantes fiscales válidos para efectos de la contabilidad, sean boletinados en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como ya lo había señalado con antelación Ricardo Monreal. Además, se les avisará a aquellas personas, dice, con quienes hayan realizado alguna operación de tipo comercial o de negocios.
Lo anterior causará un efecto negativo sin duda no sólo en la recaudación de impuestos, sino en la actividad económica del país, pues mermará la confianza en la interacción de los agentes económicos; al mismo tiempo se desincentiva al sector formal y se fomenta la informalidad, la cual, de acuerdo al Inegi, ya ocupa el 60 por ciento de la fuerza laboral.
Es indudable que el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos para incrementar su recaudación, combatir la evasión y castigar a quienes incurran en delitos de la materia. Sin embargo estas tareas deben realizarse a través de mecanismos transparentes y en el marco de la legalidad, que no afecten los derechos de los contribuyentes y no por supuesto se violen derechos fundamentales como incluso el derecho a la seguridad jurídica y al principio reconocido internacional como lo es al de la presunción de inocencia.
Estas características no se cumplen en este proyecto de ley cuando se dice en el primer párrafo del artículo 69 que “no resulta aplicable respecto del nombre, denominación, razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes, de aquellos que tengan a su cargo créditos fiscales firmes o que estando inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes se encuentren como no localizados”.
Estos supuestos son además poco claros y presentan un amplio margen para la discrecionalidad de la autoridad, dejando en indefensión a los contribuyentes frente a ella.
Derivado de lo anterior someto a la consideración de esta asamblea la siguiente reserva. Suprimir las fracciones I y III del artículo 69 del proyecto en aquellos casos en que se tengan a su cargo créditos fiscales firmes y en aquellos en que estando inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes se encuentren como no localizados. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite; se desecha. Tiene la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para presentar su propuesta de modificación al artículo 69-B.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, si la cantidad de diputadas y de diputados que estamos presentes en este recinto fuera directamente proporcional a la importancia del tema que hoy nos ocupa, cualquiera diría, y con razón, que es un tema intrascendente.
Igualmente si la atención que se le está prestando al tema que hoy os ocupa y el estudio que se le haya dedicado al mismo estuviera en relación directa con su relevancia, igualmente cualquier ciudadano diría que lo que hoy en esta LXII Legislatura se está tratando, es completamente irrelevante.
Sin embargo sabemos que mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones de los contribuyentes es fundamental para lograr los objetivos de la política fiscal propuestos para que los beneficios y los objetivos planteados por el Estado mexicano se apliquen y se logren.
Este esquema debe desarrollarse en el marco de la legalidad y siempre buscando el beneficio del contribuyente.
Sin embargo las adiciones propuestas al Código Fiscal de la Federación no observan esos supuestos pues resultan muy agresivos para las actividades de los contribuyentes, rayando incluso en el terrorismo fiscal.
El Servicio de Administración Tributaria afirma que “se han podido identificar patrones que están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales, tales como tener un objeto social muy amplio, comprobantes cuyo pago por operaciones consignadas es sólo un porcentaje sin proporción a las mismas, que su personal no es idóneo o suficiente para las operaciones que especifican, que sus ingresos no tienen proporción a las características del establecimiento, ingresos en el ejercicio casi idénticos a sus deducciones, prestan servicios y a la vez reciben servicios por los mismos montos, entre otros”.
Conforme a la propuesta, la autoridad fiscal procedería a notificar no sólo en el buzón del aludido, sino a través de la página de internet del SAT y mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación a las empresas o sociedades que presenten el comportamiento arriba indicado.
Es decir, el SAT funcionará como juez de las empresas y sancionará poniendo en tela de juicio la legalidad en el funcionamiento de las empresas aun y cuando posteriormente conceda audiencia, réplica y posterior corrección.
Este procedimiento resulta pernicioso para el desarrollo y el buen nombre de las empresas que sí cumplen con sus responsabilidades tributarias. Además de violentar el secreto fiscal, el mecanismo contraviene el principio de presunción de inocencia que afirma que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, pues transmite la obligación de demostrar inocencia a la parte acusada.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva. Único. Se modifica el artículo 69-B propuesto en el dictamen con iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte de manera inequívoca —esto es lo que nosotros estamos pidiendo que se le agregue a este artículo: tres palabras— de manera inequívoca que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios a producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días, contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Valle Magaña.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite, se desecha. Tiene la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, para presentar su reserva al artículo 143. No lo veo, ah, perdón. Adelante, diputado, al artículo 143, incisos b) y c).
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros: hay un adagio del derecho romano que dicta Dura lex sed lex, ¿a qué nos referimos con esto? Que viviendo en un estado de derecho tenemos sí, mucha molestias para muchas personas, pero esas molestias para muchas personas son para poder proteger el entramado general del derecho que va dirigido de una manera precisa a que haya un orden, a que haya justicia, a que se respete el derecho de los demás.
Un elemento esencial del Estado de derecho dictado de una manera contundente por nuestra Constitución, es de que toda persona física y toda persona moral tiene el inalienable derecho de defensa de sus intereses dentro de un estado de derecho en donde existe un procedimiento a seguir, en donde las resoluciones de las autoridades deben de estar debidamente motivadas y fundamentadas, en donde la autoridad no puede comportarse de una forma arbitraria.
Dentro del Código Fiscal de la Federación existe una serie de procedimientos precisamente dirigidos a proteger ese derecho, es el derecho de legalidad en donde la autoridad tiene un límite, el límite de la autoridad es lo que marca la ley; el límite de los particulares es en donde no hay una prohibición expresa.
Dentro de este sistema jurídico que han adoptado los países civilizados del mundo, se encuentra México, pero ahora tenemos, por desgracia, en nuestro dictamen, una serie de artículos o de disposiciones, mejor dicho, que vienen contenidas en el artículo 143, incisos b) e inciso c).
En el inciso b) en particular, se está limitando los días para poder interponer los recursos a 15 días. Nuestra propuesta es de que vengan estos términos, a los términos que se han acostumbrado en el entramado jurídico del Código Fiscal de la Federación y el Derecho Fiscal a 45 días.
Esto en particular a la siguiente situación que voy a describir. Cuando un particular se ve involucrado en una violación supuesta de una disposición de índole fiscal que genere un crédito fiscal, y la autoridad fiscal vaya contra esa persona física o moral, es también de estado de derecho que la autoridad quede protegida mediante una garantía amplia y esa garantía amplia es la fianza, la prenda, la hipoteca, cualquier tipo de garantía que esté autorizada tanto por la legislación civil como por el propio Código Fiscal de la Federación.
En el caso en particular, las compañías afianzadoras que gozan de una concesión como instituciones auxiliares de crédito, tienen una serie de disposiciones que las rigen para poder responder por un tercero, garantizando por un tercero poder responder cabalmente de acuerdo con la extensión de la garantía otorgada.
En este caso en particular quiero yo mencionar lo siguiente. Se han eliminado del Código Fiscal de la Federación los derechos de defensa que estas compañías afianzadoras pueden tener.
Al eliminarse esos derechos de defensa lo que vamos a ocasionar es que cuando un particular, sea persona física o moral, se vea involucrado en un problema con el fisco, para garantizar su interés fiscal no va a poder ya acudir a las afianzadoras, porque las afianzadoras, al denegarles esta disposición del Código Fiscal que se propone, su derecho de defensa, simple y sencillamente no las van a afianzar. Y la consecuencia es que la persona va a tener que depositar una caución en efectivo o va a tener que hipotecar sus bienes con un costo mucho más grande que el costo que representa el pagar una prima a una compañía afianzadora.
En esa tesitura, compañeras y compañeros, les solicito muy atentamente reconsideren poder retornar a este sistema de derecho que tiene todo país, en el sentido de que la afianzadora también está sujeta a las garantías que dicta nuestra Constitución de debida defensa, misma que se les deniega por parte del Código Fiscal de la Federación.
En caso contrario, lo que va a suceder, casi, casi se los puedo asegurar, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la nueva Ley de Amparo que aquí aprobamos en esta Cámara de Diputados, va a dictar una resolución declarando inconstitucional el precepto y ordenándonos como Poder Legislativo, a que repongamos este derecho de defensa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, para presentar su reserva al artículo 146.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La prescripción en términos generales es una figura que sanciona la inactividad en la ejecución de un derecho, tanto para particulares como para la autoridad.
Esto es fundamental porque da certeza jurídica, establece plazos perentorios y no deja abierta la posibilidad de que se establezcan actos de molestia contra los particulares, contra los contribuyentes.
Las autoridades fiscales tienen todas las herramientas, tienen todas las armas para fiscalizar y echar a andar el procedimiento administrativo de ejecución. Sin embargo, pareciera que lo que ahora tienen es poco y ahora se establece el buzón fiscal y se darán por notificado, incluso sin consultar su correo electrónico.
Pero por si esto no bastara, ahora el plazo de la prescripción se amplía al doble, un 100 por ciento más, cinco años más. Las facultades de la Secretaría de Hacienda ahora van a ser 10 años. O sea, más derechos para la autoridad y menos derechos para los ciudadanos.
Lo anterior representa un verdadero atropello para los contribuyentes y un premio para las autoridades fiscales que han sido incompetentes. Todo el personal, todos los auditores, todos los actuarios, todos los contadores del Sistema de Administración Tributaria serán ahora insuficientes y requiere ahora el fisco cinco años más. Cinco años más para estar indagando en el historial tributario de los contribuyentes y tratar de encontrar hasta por debajo de las piedras, como se dice coloquialmente.
En caso de aprobar esta reforma, particularmente al artículo 146, estaremos dándole todavía más tiempo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso hablamos en Movimiento Ciudadano, que todo este entramado de reformas al Código Fiscal de la Federación constituye en los hechos un código del terror fiscal.
Un código donde se establecen menos derechos para los ciudadanos y más facultades para la Secretaría de Hacienda. Nosotros creemos que no se puede premiar la incompetencia del fisco con más años, para estar generando actos de molestia en los contribuyentes.
Por esa razón, la reforma que estamos planteando, la reserva, tiene que ver con lo siguiente. El plazo para que se configure la prescripción nunca podrá exceder de cinco años, contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigible.
Esto es, en el artículo 146, quinto párrafo, para hacer congruente el primer párrafo del 146 con el quinto párrafo y no que mediante subterfugios, notificaciones al aire o por medio del buzón se siga ampliando el plazo hasta 10 años.
Por eso creemos que esta propuesta es de estricto derecho, de estricta justicia tributaria, va en concordancia con la Constitución, y pedimos, en consecuencia, el voto a favor de esta reserva. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite, se desecha. Tiene, finalmente, la palabra, el diputado Tomás Torres Mercado, para proponer la adición de una fracción X al artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Tomás Torres Mercado: Yo debo, estimados colegas, anticiparles, diputadas, diputados, de que en la realidad los asuntos que de manera legítima los compañeros han ido presentando por su orden, bajo la modalidad de reservas, su tratamiento y su votación en este pleno de alguna manera fue prefigurado ya en los trabajos de la comisión o de las comisiones el día de ayer.
Yo traigo a la consideración de ustedes, y lo digo con absoluto respeto, y no solo con respeto sino con reconocimiento a mis colegas de Movimiento Ciudadano, porque, particularmente al señor coordinador, el diputado Monreal, hay una capacidad robusta para el debate y para el planteamiento, para el argumento. ¿Y por qué no también decirlo? Con fertilidad de ideas.
Pero algunos, los que tenemos en esto un poco menos de esfuerzo, es necesario que distingamos las instituciones jurídicas. Aquí se ha dicho que el Código Fiscal de la Federación, en la parte que estamos adicionando dice: violenta principios de legalidad y de seguridad jurídica, particularmente en la prescripción.
Y debo puntualizarles, sobre todo los que hemos transitado por las escuelas o facultades de derecho, que hay una diferencia radical, central en saber qué es caducidad, qué es la preclusión y qué es la prescripción.
La preclusión es la pérdida de un derecho de naturaleza procesal porque uno no lo ejerce en el plazo que la ley señala. Tienes 15 días para interponer una demanda de amparo en tales hipótesis. No lo haces, precluyó tu derecho de accionar.
En cambio, la caducidad, la caducidad que contempla, que no traigo mis espejuelos, tengo que comentárselos sin leer, la caducidad es la falta de acción en materia fiscal de parte de la autoridad ejerciendo su facultad de comprobación, es decir, inicia una visita o una auditoria, tiene permanentemente que ir desplegando actos tendientes a la determinación de un crédito, y si no puede declararse caduca su facultad.
La ley vigente, diputados, diputadas, el código en los términos vigentes señala cinco años para la caducidad en lo que hace a la facultad de comprobación y cinco años más en ciertas hipótesis. ¿Cuáles? No hubo una declaración, el contribuyente no se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
Hay casos en que la ley dice: no son cinco, sino 10. Pero, ojo, colegas, la aportación que traemos a la consideración de ustedes es para ponerle límites a la prescripción. La prescripción es una institución diferente a aquellas dos, preclusión y caducidad, que son procesales o adjetivas. Con la prescripción se adquiere o se pierde un derecho por el transcurso del tiempo.
La prescripción en este momento, amigos, está considerada en la Ley Fiscal en un plazo de cinco años. Es decir, un crédito fiscal puede cobrarse en un lapso de cinco años, contados a partir del momento en que se hace exigible ese crédito.
Pero fíjense ustedes, por eso les pido su voto a favor y porque creo que hay coincidencia del PRD, del PRI, del PAN, procuro con respeto –como luego también lo plantean– me acompañen o nos acompañe Movimiento Ciudadano, porque es en beneficio de la seguridad jurídica frente a los actos d autoridad, y Nueva Alianza por supuesto y el Partido del Trabajo, por esto:
Si el plazo de prescripción es de cinco años –óiganlo bien– se interrumpe por una gestión de cobro. Es decir, falta un día para que transcurran los cinco años y se le notifica al contribuyente que está en curso el cobro, pues fíjense que se interrumpe por otros cinco años. Y va llegando al décimo año y se notifica nuevamente una gestión de cobro, y vamos a 15 años, y podemos a perpetuidad con la sola gestión de cobro hacer imprescriptibles los créditos fiscales.
Mi apreciado y respetado presidente, solo digo que démosle certidumbre jurídica a los gobernados y también al recaudador démosle plazo para que haga efectivas las facultades que conforme a la ley tienen.
Déjeme sólo agregar, apreciado diputado presidente, González Morfín, que también se les señala un plazo de gracia al SAT, ¿por qué? Porque si entra en vigor en enero esta disposición pueden caer decenas de miles de asuntos que ya serían incobrables. Démosle un plazo para que se pongan a trabajar y también que no se les castigue, en términos de responsabilidades administrativas, porque no hayan hecho las gestiones procedentes. Por su paciencia nuevamente, de verdad gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tengo que consultar si se admite a discusión y después, diputado Monreal.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se admite a discusión. Tiene la palabra, el diputado Ricardo Monreal. En la discusión o para alusiones personales, como usted prefiera.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ya vas a gritar. No tienes remedio. Sea por dios. Ciudadano presidente; hay un libro que en la secundaria nos obligan a leer, los que procedemos de escuelas públicas, se llama: La vida inúti, de Pito Pérez. Y, en un pasaje interesante un maestro rural pierde su casa, frente al uso de la elocuencia, en un momento de dificultad.
Inicia el incendio y dice el maestro, al noctámbulo aquél que gritaba las doce en sereno: id y sonar, id y sonar el bronce cóncavo y plañidero antes de que el más voraz de los elementos incinere mi paupérrima morada. Y se lo dice un maestro rural en la sierra. El noctámbulo dice: qué quieres decir. –Se quema la paupérrima morada–. Y estando inclinado sobre las maderas calcinadas un leñador sube lo que quedó en un burro y dice: morador de las selvas umbrías, dónde creéis que llevad ese fardo de maderas calcinadas y en ese rústico pollino. Y le dice el leñador: eso lo será usted, pinche roto, se aprovechan de su dinero para humillar al probe.
Y lo que aquí vino a decir, el preopinante, es simple y sencillamente una verdad, que es la preclusión, que es la prescripción y que es la caducidad; cualquier aficionado al derecho lo sabría, cuáles son los términos de una y otra y donde se aplican; no es necesario la elocuencia, ni es necesario este tipo de argumentos vacíos.
El problema es que el Código Fiscal de la Federación viene a perjudicar a la clase empresarial y a todos los ciudadanos. El problema es que el Código Fiscal de la Federación es un instrumento de terrorismo fiscal. Y como dijera otro viejo adagio: aunque la mona se vista de seda, terrorismo se queda. Es un instrumento terrorista por más que le quieran justificar con elocuencia jurídica –que aplaudo–, pero que finalmente el tema es otro.
Por eso no cabe, porque si ustedes leen con atención nuestros argumentos, incluso los esgrimidos por Francisco Coronato y por Ricardo Mejía, verán que son impecables en la redacción y en la propuesta.
Que no se confunda. El Código Fiscal de la Federación que hoy se está aprobando es un instrumento de terrorismo fiscal; de acoso fiscal contra los ciudadanos. Y aunque la mona se vista de seda, terrorismo se queda.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta que fue admitida a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 17-H, 26, 29-B, 32-A, 32-B, 46, 69, 69-B, 84-A, 84-B; 143, incisos b) y c); y 146 en los términos del dictamen; además de la adición de una fracción X al artículo segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación que fue aceptada por la asamblea.
La diputada Margarita Licea González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada.
La diputada Margarita Licea González (desde la curul): Presidente, para pedir se vote por separado el 32-A del resto de los artículos, por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: No fue aceptada la propuesta, diputada. Se tiene que votar en los términos del dictamen, por eso lo estoy haciendo así. Si se hubiera admitido la propuesta yo estaría totalmente de acuerdo, pero no se aceptó su propuesta. Hay que votar el artículo en los términos, no puede quedarse ese vacío jurídico ahí.
Háganse los avisos. Adelante.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 17-H, 26, 29-B, 32-A, 32-B, 46, 69, 69-B, 84-A, 84-B; 143, inciso b), inciso c); 146; y la adición de una fracción X al artículo segundo transitorio al Código Fiscal de la Federación.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente se emitieron 357 votos a favor, una abstención y 94 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los artículos 17-H; 26; 29-B; 32-A; 32-B; 46; 69; 69-B; 84-A; 84-B; 143, incisos B y C; y 146 en los términos del dictamen. Aprobada la adición de una fracción X al artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta a la Cámara de Senadores se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por el pleno.
El Presidente diputado José González Morfín: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (17:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 16 de octubre a las once horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve treinta horas.
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