Comunicaciones
De la Junta, con cambios en comisiones
Del Instituto Nacional de Migración, con informe
Iniciativas de diputadas y de diputados
Patricia Guadalupe Peña Recio, PRI
Carlos Humberto Castaños Valenzuela, PAN
Mario Francisco Guillén Guillén, PVEM
José Francisco Coronato Rodríguez, PMC
René Ricardo Fujiwara Montelongo, PNA
María del Carmen Martínez Santillán, PT
Flor de María Pedraza Aguilera, PAN
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Que adiciona una fracción VI, al artículo 48 de la Ley de Migración, fundamentación
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdo de la Junta, relativo a los grupos de amistad
Turno a comisiones de iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencias el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 275 diputadas y diputados; por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: (11:19) Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes de comisiones ordinarias y especiales que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado, comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio del Instituto Nacional de Migración, con el que remite el informe de los avances financieros de los programas de protección a migrantes, así como el acumulado correspondiente al tercer trimestre de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Me han pedido la palabra el diputado Gerardo Liceaga y el diputado Huerta Ladrón de Guevara. Sonido en la curul del diputado Gerardo Liceaga. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Liceaga Arteaga Gerardo (desde la curul): Gracias, presidente. Muy buenos días y buenos días a todos.
Es para solicitar respetuosamente un minuto de aplausos para una selección mexicana de niños triquis que jugaron un campeonato mundial en Argentina, y que lo han hecho muy bien ganando todos los partidos por una diferencia no menor a 30 puntos. Jovencitos de muy escasos recursos y que nadie les hace absolutamente publicidad ni caso.
Creo que es un tema de Cámara, si somos los representantes de jóvenes que quieren hacer algo en el deporte y que han puesto el nombre de México muy en alto. Ojalá me pueda regalar esa solicitud, señor presidente, un minuto de aplausos para esta selección triqui de Oaxaca que ganó en Argentina un título muy merecido.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto se obsequia.
(Minuto de aplausos)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara. ¿Dígame, señor diputado, con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Mire, señor presidente, yo no le voy a pedir un minuto de silencio por la selección nacional de fútbol, yo lo que le quiero solicitar es que usted como presidente nos lleve el día de hoy a un minuto de silencio de esta Cámara de Diputados por el asunto del consejero vacante.
Ya le hemos dado muchas vueltas al asunto, ya el Tribunal nos está requiriendo que se cumpla la ley. Ya es tiempo que este Congreso debata el tema, tome una resolución. Ya ayer vinieron los responsables de los Institutos Estatales Electorales, sabemos que hay una intención de las cúpulas partidarias de seguir estos mecanismos de repartos de cuotas, ahora a través del Instituto Nacional Electoral que su partido esté promoviendo, entre otros.
Nosotros pensamos que ya no hay que darle vueltas al asunto y que asuma usted su responsabilidad como presidente, lo incluya en el orden del día y resolvamos esto antes de que se meta esta Cámara en más problemas con los órganos judiciales del país.
Yo le quisiera solicitar que lo introduzca la orden del día o nos explique cómo vamos a debatir este tema en esta Cámara, según las resoluciones que hemos leído del Tribunal.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado Huerta. He sido informado formalmente y por escrito -aquí tengo el documento- por la Junta de Coordinación Política, que están enterados de la obligación de este pleno de la Cámara de Diputados de pronunciarse en los términos precisos en que lo ha establecido la última comunicación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el propio escrito se me informa que el día de hoy miércoles el asunto será tratado en la Junta de Coordinación Política.
Mantendremos al pleno informado y por supuesto a usted, que además es integrante de ese órgano.
Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher. Dígame diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Buenos días, señor presidente.
Va de nuez. Es la segunda vez después de dos oficios enviados a la Mesa Directiva, que le solicito respuesta por escrito de la razón por la que no se me ha turnado la iniciativa de modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una iniciativa presentada en esta Cámara y que sí tiene razón de ser turnada a la Comisión de Igualdad de Género porque sí es de su competencia la defensa, protección y garantía de los derechos humanos, en especial de los derechos sexuales y reproductivos.
Por lo que le solicito, por favor, que no se eche en saco roto mi solicitud, es mi derecho y me parece que no es correcto que se violenten los reglamentos internos de esta Cámara.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado Malú Micher. Le informo que el día de hoy no sesionó la Mesa Directiva, estamos convocados para sesionar el día de mañana a las 8:30 de la mañana y le garantizo que recibirá usted respuesta por escrito.
Sonido en la curul del diputado Roberto López. ¿Dígame, diputado, con qué objeto?
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente, solamente para que nos pudiera informar de la solicitud que se hizo de la junta de la Comisión de Derechos Humanos sobre la iniciativa que presentó el diputado Sotomayor y en la cual se solicita por la presidenta de la comisión y algunos integrantes de la misma, sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuál es la respuesta de la Mesa Directiva?
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado. Le informo en los mismos términos. El asunto está agendado para ser tratado en la sesión de Mesa Directiva el día de mañana a los 8:30 de la mañana. Y así ocurrirá.
Sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro. ¿Dígame, diputado, con qué objeto?
El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto también de pronunciarme de que es más que merecido el minuto de aplausos para los niños triquis de Oaxaca que ganaron este campeonato, en Argentina, de basquetbol.
Pero también cuestionar que sigue siendo el discurso de simulación solamente y de folclor, porque eso no se refleja en presupuesto, sobre todo en los estados, como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, principalmente, que tienen y albergan una población indígena mayoritaria y que los recursos no llegan y no son suficientes.
En la Comisión Nacional del Deporte existen algunos programas que están relacionados con los juegos autóctonos, de los cuales no somos, mucho menos las comunidades y los jóvenes y niños deportistas, informados de los recursos que se instrumentan por esta vía.
Requerimos que la Comisión Nacional del Deporte de esta Cámara de Diputados juegue un rol importante y que no solamente sean el mero folclor y los aplausos fáciles para reconocer esta labor titánica en estos rubros.
Necesitamos concientizarnos y sensibilizarnos más para que se reflejen recursos. No bastan los aplausos para que sigamos, los indígenas, trascendiendo, cosechando triunfos que lamentablemente, nuestras instituciones corruptas, como la Federación Mexicana de Fútbol, con el acompañamiento de las televisoras, hoy tenemos un desastre, recientemente ayer, que se da con esta selección mexicana de fútbol.
Por otro lado, en el mismo sentido, expresar que esperaba que la Junta de Coordinación Política, como se ha hecho en otras fechas, también importantes, pudiéramos celebrar en la agenda política el día 12 de octubre, que lamentablemente en nuestro calendario reza como Día de la raza. Los pueblos indios no somos animales para que se nos siga tratando como razas, somos seres humanos, somos sujetos de derecho público.
Ojalá la Junta de Coordinación Política retome este tema y en breve estemos discutiendo en la agenda política de esta Cámara el tema del Día de la dignidad y resistencia de los pueblos indígenas.
Y exhorto a mis demás compañeros diputados para que hagamos lo propio. Y que demos la discusión y que demos el análisis y que demos el debate. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Carlos de Jesús Alejandro. Sus palabras quedan registradas en el Diario de los Debates.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Víctor Jorrín. Dígame, señor diputado, con qué objeto.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, para tratar un asunto de seguridad nacional. El director de Conagua declaró la semana pasada que no pudo hacer el aviso correcto de la contingencia porque no cuenta con el equipo suficiente en todo el país para poder evaluar las cantidades de agua que podrían caer sobre la República Mexicana, y en especial en el estado de Guerrero.
La preocupación es que si no contamos con el equipo suficiente, seguimos en alto riesgo, el país. Por eso la importancia de que la Junta de Coordinación Política turne a quien considere pertinente y que se haga el estudio y la evaluación de Conagua, para ver si existen o no existen los equipos o si la falla fue por falta o por un error humano o por falta de equipo. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Patricia Peña Recio, a nombre del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Octavio Paz Lozano.
La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio: Con su permiso, señor presidente. A nombre del diputado Luis Armando Córdova Díaz, y del mío, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del poeta y pensador mexicano Octavio Paz Lozano.
Octavio Paz se formó en el conocimiento y reflexión crítica de las corrientes renovadoras e ilustradas de México, en la que –transacción de los siglos XIX y XX– a lo largo de su vida se construyó como una de los más grandes interlocutores, filósofos, escritores, politólogos y pensadores del mundo occidental.
Nación en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, hijo de Josefina Lozano y Octavio Irineo Paz, intelectual militante de la Revolución Mexicana y que tuvo influencia en el programa social e ideario de Emiliano Zapata. Octavio Paz Lozano publica su primer libro, Luna silvestre, en 1931, en la editorial Fábula, cuando contaba con una edad de 17 años.
Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM. Su despertar político fue precoz, y ya en el año de 1937 viaja a España como integrante del Comité Mexicano de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), junto con él también, el poeta Carlos Pellicer y es allí donde conoce al chileno Pablo Neruda. Escribe en apoyo de la causa republicana el poema No Pasarán y los poemas de España publicado para levantar el espíritu de los combatientes en el frente de batalla.
Por su primera producción ensayística comparte el espíritu fundacional de la cultura posrevolucionaria. El laberinto de la Soledad corresponde con la vertiente abierta por José Vasconcelos con La Raza Cósmica y Samuel Ramos con El perfil del hombre y la cultura en México.
Es director y responsable de diversas publicaciones, de la mayor importancia cultural para nuestro país: Barandal, Taller, El Hijo Pródigo, Plural, Vuelta. En estas publicaciones lo mismo edita a los más importantes filósofos del siglo XX, que a los ensayistas en política y economía de la sociedad posindustrial. Colabora en las más importantes publicaciones de México y América Latina.
En sus antologías de poesía mexicana reflexiona sobre la centralidad de esta expresión artística en el pensamiento y quehacer cultural de nuestro país, destacan particularmente: Laurel y Poesía en Movimiento.
Su pensamiento lo mismo abarca la antropología que la política; la erótica y la mística; la filosofía y la poesía. En todas estas expresiones su tema fundamental es México. El imaginario social de los mexicanos del siglo XX, se enriquece con su obra al crear uno de los horizontes más amplios en el que los mexicanos nos encontramos y representamos. Su obra literaria y ensayística ha sido traducida al inglés, al francés, al ruso, al japonés y al alemán; idiomas en que sus obras cuentan con varias ediciones.
En 1968, Paz renuncia como embajador en la India, a causa de su indignación ante la solución violenta del movimiento estudiantil de 1968. Posteriormente, Paz da cuenta en su libro Posdata, de una reflexión profunda, que desarrollará en los siguientes años, y que presagia el advenimiento de una nueva era democrática en México.
Como director del suplemento Plural, sufre de la censura y persecución en el derrocamiento del Consejo Editorial del periódico Excelsior, entonces dirigido por Julio Scherer García. Funda la revista Vuelta en 1976, publicación con la que continúa su tarea por la refundación política, literaria y filosófica del México del siglo XX.
Entre los reconocimientos que tuvo en su trayectoria Octavio Paz, destacan el premio internacional de Poesía; el premio del Festival de Poesía de Flandes; el Premio Jerusalén de Literatura; el Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro Niza; el premio Miguel de Cervantes; el premio internacional Menéndez Pelayo; el premio Alexis de Tocqueville; y, desde luego, el premio Nobel de Literatura de 1990. Además el premio del Príncipe de Austria de 1993 y la Gran Cruz de la Legión de Honor Francesa en 1994.
Sobre la democracia en México advertía de la necesidad de fortalecer al Poder Legislativo y convertir al Judicial en un verdadero guardián de la ley. Este equilibrio y limitación de poderes debería venir acompañado de un cambio promovido desde la sociedad civil.
Por todo lo ya mencionado, y con los fundamentos expuestos con el motivo de los festejos para celebrar el centenario del natalicio de Octavio Paz, debemos rendir homenaje a éste gran mexicano, a éste gran pensador, constructor de la democracia moderna con un programa de celebraciones que inicie con la inscripción con letras de oro del nombre del escritor del premio Nobel, el mexicano Octavio Paz Lozano, toda vez que la patria y la nación se construyen tanto con los actos heroicos como las obras simbólicas en que se nutre y funda la identidad y el imaginario social, y que con nuestra cultura creada con los grandes mexicanos que establecemos el diálogo con las culturas del mundo. Por su atención, compañeros legisladores, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Patricia Peña Recio. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Sonido en la curul del señor diputado Fernando Belaunzarán. Dígame, señor diputado Belaunzarán ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Simplemente para adherirme, yo diría con entusiasmo, a esta iniciativa de que se inscriba en letras de oro el nombre de Octavio Paz.
No se entendería, me parece, lo que es el México de la segunda mitad del siglo pasado sin su obra, lo que podríamos decir el forjamiento de la conciencia nacional, el debate con nosotros mismos, consigo mismo, la nación, sin la obra de Octavio Paz como poeta, como analista, como promotor de libertades, de la democracia, etcétera. Entonces me adhiero con entusiasmo si es que me lo permite quien suscribe la iniciativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Belaunzarán. De no haber inconveniente por parte de la proponente, pondremos a su disposición la iniciativa.
Sonido en la curul de la diputada Adriana González Carrillo. Dígame, diputada ¿con qué objeto.
La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Muy buenos días, presidente. Debo decir primero que nada que me da mucho gusto que el grupo parlamentario del PRI haya presentado nuevamente esta iniciativa.
Sólo quisiera pedirles que hiciéramos los cambios en los criterios que hace unos años con dedicatoria para obstaculizar que se pusiera en letras de oro el nombre de Octavio Paz, se modificara.
Actualmente en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se ha desechado porque no ha habido voluntad política para modificar esos criterios y reducir de 20 años de fallecido el que fuera candidato, a 15 años que es necesario hacerlo para poder poner en letras de oro el próximo año que se cumplen 100 años del natalicio de don Octavio Paz.
Sólo felicitar la propuesta; pero si lo que queremos hacer realmente tenemos que empezar por cambiar los criterios que hoy obstaculizan aún el que pongamos el nombre en letras de oro en el muro de honor, de don Octavio Paz.
El Presidente diputado Ricardo Anaya cortés: Muchas gracias, diputada Adriana González Carrillo. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Sonido en la curul de la diputada Peña Recio, proponente de la iniciativa. Dígame, diputada ¿con qué objeto?
La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): Nada más para expresar que mi grupo parlamentario está de acuerdo en que se sumen más diputados para que se lleve a cabo esta iniciativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Peña Recio.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley del Servicio Militar.
El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el servicio militar es idealmente un acto de formación cívica y de corresponsabilidad generacional con la patria. Todos los mexicanos, cumplidos los 18 años de edad, tenemos la obligación, según nuestras leyes, de instruirnos militarmente para la defensa de la soberanía. Este precepto, más histórico que práctico, prevalece intacto en nuestros cuerpos normativos. México ha transitado por más de 50 años sin intervenciones en donde se requiera la presencia de las reservas del servicio militar.
El servicio militar en México es un proceso de trámite burocrático de la juventud mexicana, ya que se busca más la certificación y liberación de la cartilla militar que la instrucción en las armas y la defensa de la patria.
Cierto es que el ejército a lo largo de estas generaciones ha trabajado arduamente en la formación de jóvenes en apoyo a las comunidades y su entorno. No es difícil ver todos los sábados a jóvenes trabajando en la reforestación de áreas verdes, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, playas o caminos.
Los jóvenes conscriptos de las diversas generaciones que llegan a la mayoría de edad son puestos manos a la obra en guía y tutela de nuestras fuerzas armadas. Este esfuerzo no es nada despreciable.
En 1985 México vivió una de las experiencias más dolorosas de su historia. El gobierno dejó vistas de su incapacidad para solventar las necesidades de la población en los sismos del 19 y 20 de septiembre, cuando cientos de edificios fueron dañados, sin mencionar la cifra casi incuantificable e irreparable de vidas humanas finadas por la tragedia.
La autoridad quedó rebasada y, ante su incompetencia, miles de personas de organizaron para la atención del desastre. Ese año se marca por el nacimiento de grupos organizados de la sociedad civil dando paso enseguida a formas para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.
La protección civil se define como el conjunto de normas y conductas solidarias y participativas que efectúan concertadamente la sociedad y las autoridades, llevando a cabo acciones tendientes a la prevención, auxilio, rehabilitación y reconstrucción para la salvaguarda y la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, frente a la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre.
Ocurridos los lamentables sucesos provocados por los huracanes Ingrid y Manuel y las muestras de apoyo solidario que a consecuencia de ello movió la participación de miles de jóvenes en diversos estados de nuestro país es que pongo a consideración de ustedes la siguiente modificación a la Ley del Servicio Militar.
Propongo que la instrucción militar de los jóvenes conscriptos tenga una formación en materia de protección civil y primeros auxilios, obteniendo con ello un certificado que acredite su aprendizaje en dichos rubros.
La formación de jóvenes clase a clase, generación tras generación vendrá a cambiar para bien, la cultura de la prevención y la protección en nuestra sociedad. De la misma manera, propongo que los jóvenes que se instruyen en materia de protección civil formen las primeras reservas para coadyuvar con el Ejército y la Marina en caso de contingencias que así lo ameriten.
La idea es formar un grupo de respuesta ciudadana con el adiestramiento y las herramientas necesarias para atender las contingencias futuras. Hace unos días las y los jóvenes de México nos dieron ejemplo de amor por su tierra y solidaridad con su gente. Hace unos días, miles de jóvenes se organizaron para ayudar en la recolección víveres, reconstrucción de viviendas, limpieza de espacios comunes, entre otras nobles actividades, para menguar los efectos de los huracanes.
Esos jóvenes sin instrucción especializada en riesgos y contingencias, son la muestra del espíritu solidario que guarda el mexicano sobre sus vecinos y comunidad. Son ejemplo de esperanza y fraternidad. Esos jóvenes pueden ser la diferencia entre el querer y el hacer, y siendo claros, entre salvar una vida y dejarla fenecer.
Si damos instrucción en materia de protección civil, esos jóvenes tendrán no sólo las ganas, sino el conocimiento para emprender labores inmediatas de atención ciudadana. Es un ejercicio para encauzar su ímpetu y disposición en ayudar a los necesitados.
Instruyamos a los jóvenes en materia de protección civil, vamos dándoles herramientas para que puedan hacer lo mejor por su patria. Nada fortalece más la civilidad de un joven, que el trabajo por los suyos y su entorno.
Llamo a los presentes a reflexionar en torno a esta iniciativa, la decisión de hoy puede ser la diferencia del mañana. La naturaleza es caprichosa y no tiene palabra de honor. Los jóvenes sí la tienen y la refrendaron en este período de contingencias.
Por eso demos paso a un sistema de formación en protección civil a los prestadores del Servicio Militar. Sigamos el ejemplo que nos ha puesto la juventud en la encomiable tarea de velar por nuestro país como la herencia más hermosa que tenemos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Carlos Castaños Valenzuela. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o y 111 de la Ley de Migración.
El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la factibilidad de la aplicación de la ley se halla innegablemente en función de la claridad. El bueno uso del lenguaje y la precisión jurídica de la norma, una máxima transversal y universal para todo cuerpo normativo.
Por ello, nuestra labor al momento de llevar a cabo una de nuestras tareas fundamentales en este honorable recinto legislativo, que es la de elaborar las leyes, debe tomar en consideración tres actividades confluentes: una científico-jurídica, otra política y una técnica, cada una responde a objetivos distintos.
Mientras que las dos primeras aportan el contenido, los fines y la oportunidad de proyecto, la técnica jurídica la conceptualiza en normas. Esto es, el estudio científico y la política únicamente proveen la materia prima de la norma, la técnica jurídica por su parte la moldea y adapta para lograr su realización práctica.
Todo esto, compañeros y compañeras, porque si bien es cierto que la promulgación de la Ley de Migración en el año 2011 fue un avance innegable que logró reunir en un único cuerpo normativo todas las disposiciones relativas al fenómeno migratorio internacional con el fin, entre otros objetivos, de simplificar y ordenar los procedimientos migratorios administrativos; de establecer las bases de la política migratoria, de ceñir la actuación de la autoridad a reglas claras y precisas, pero también lo es, compañeros, que como toda ley es susceptible de mejoras tanto en su contenido como en su forma.
Sobre ésta última, es nuestro deber como legisladores una vez que cualquier legislación ha sido expedida o promulgada, promover la modificación de aquellas disposiciones en ella establecidas que representen o puedan representar un factor que impida su correcta aplicación, o simplemente que resulten imprecisas o incorrectas desde el punto de vista jurídico.
Tal es el caso de un concepto clave en la Ley de Migración, y me refiero al concepto de la situación jurídica migratoria de aquellas personas que arriban o transitan por nuestro país.
Éste, compañeras y compañeros, es un concepto central de la Ley de Migración, pues uno de sus objetivos es la búsqueda de otorgamiento de seguridad y en su caso de certeza jurídica para los extranjeros que arriban o transitan en el país, así como la garantía irrestricta la respecto de sus derechos humanos.
Con tal objetivo, el texto legislativo en diversos de sus capítulos y sus respectivos artículos se ocupa de asignar diversas categorías migratorias con obligación y derechos específicos, así como de subrayar que se garantizará el ejercicio de los derechos humanos de los extranjeros, con independencia de su situación jurídica migratoria.
Esta garantía constituye el núcleo central de los preceptos que conforman el Título Segundo de la Ley, pues el primero de sus artículos establece que el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, y de las disposiciones jurídicas aplicables con independencia de su situación migratoria. El concepto de condición migratoria se refiere, por tanto, a una situación estrictamente jurídica.
En virtud de lo anterior, destaca la redacción vigente del artículo 111, que a la letra señala: El instituto resolverá la situación regular de los extranjeros, presentados en un lapso no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.
Amén de la inconstitucionalidad de este artículo, he de subrayar que técnica y jurídicamente lo que el instituto debe de resolver es la situación jurídica migratoria de los extranjeros presentados, a fin de determinar si ésta es regular o irregular. La disposición actual es un contrasentido.
En este tenor la presente iniciativa pretende subsanar este importante hierro conceptual a través de la modificación a la definición del concepto de situación migratoria en el artículo 3o. de la ley, así como del mencionado artículo 111.
El primero de ellos para quedar como sigue:
Artículo 3o. Fracción XXVIII. Situación migratoria. A la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones. Y tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas.
Y el segundo, artículo 111. El instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un lapso no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Marino Miranda Salgado. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados. La presente iniciativa tiene por objeto coadyuvar a reconocimiento y la instauración de la educación con responsabilidad ambiental, el reconocimiento dentro de nuestro marco jurídico y nuestro modelo educativo, no únicamente centrada ésta en la sensibilización y conservación del medio ambiente, sino desde el fortalecimiento de la sostenibilidad, por lo cual resulta elemental consagrarla en nuestra Carta Magna.
La educación con responsabilidad ambiental debe ser el eje de nuestro sistema educativo nacional, para que se desarrolle desde la escuela una solida cultura ecológica. El tema de la educación para el desarrollo sostenible, como materia central de la UNESCO, tiene por objeto la integración y la comprensión del respeto de nuestro medio ambiente dentro de todos los aspectos educativos.
Tenemos que entender que si educamos a los niños ahora no tendremos que castigar a los adultos del mañana.
México cuenta con una gran diversidad biológica. Su topografía, su variedad de climas y una compleja historia tanto geológica y biológica y cultural.
México se encuentra dentro de los primeros lugares de su riqueza en especies y una gran diversidad ecológica en América Latina y El Caribe.
En México están presentes nueve de los once tipos de hábitat y 51 de las 191 eco regiones identificadas. Pero es lamentable que a la fecha no se entienda que con actividades irresponsables el hombre está causando severos daños, está deteriorando nuestro medio ambiente.
Tenemos problemas como el calentamiento global, la destrucción, la reducción de la capa de ozono, la contaminación y la lluvia ácida, por mencionar algunos.
El deterioro ambiental es producto del rápido avance de las fronteras agrícolas, forestales, ganadera, urbana, el avance de la mancha urbana. Todo este avance pone en serio peligro los ecosistemas de nuestro país.
Ante tales amenazas tenemos que estar conscientes que debemos actuar con estrategias concretas si queremos seguir disfrutando de esta gran riqueza con que cuenta nuestro país.
Bajo este orden de ideas, en el estado de Chiapas se implementó un programa pionero en el país, que se denominó Educar con responsabilidad ambiental.
Parte fundamental de éste es el desarrollo de contenidos educativos que estimulan entre la niñez y la juventud la generación de nuevos conocimientos, valores y actitudes que fomentan prácticas sustentables y saludables con el medio ambiente.
A su vez, crean conciencia en las niñas y niños de Chiapas sobre la gran responsabilidad que tiene el ser humano en la conservación del medio ambiente.
El primer paso de este programa fue el lanzamiento de libros de texto sobre educación ambiental. Este programa ha causado gran expectativa porque contiene cuatro líneas temáticas y además de conceptos básicos como el suelo, el agua, la diversidad del mundo vivo y el cambio climático.
Incluye, además, el desarrollo anual de un proyecto integrador en el que se aborda un caso de estudio para que el estudiante se forme mediante la construcción de soluciones aplicables a su ámbito escolar, familiar y comunitario.
La siguiente etapa de este programa versa sobre la capacitación a los docentes y la implementación de un mecanismo de evaluación de material didáctico para estar en condiciones de ajustarlo en las siguientes reediciones.
Dicho proyecto significa un gran cambio para el futuro de Chiapas y con esta iniciativa se pretende que se considere en todo el país.
Este programa ha sido reconocido por destacados ambientalistas de talla nacional e internacional. Lo han descrito como una gran estrategia de la administración pública. De igual manera, de igual forma, han comentado que esta programa armoniza y hace compatible el cuidado del medio ambiente con el desarrollo social que requerimos todos.
Necesitamos reestructurar nuestra cultura ambiental, debemos tener la visión de conservar nuestros ecosistemas naturales, los bosques, las selvas, los ríos, los lagos. Tenemos que comprender, diputadas y diputados, que el agua no es un recurso infinito, que la basura no puede ser arrojada en cualquier lado, porque tendrá impacto en la salud humana y en los ecosistemas.
Ante estos razonamientos esgrimidos, y que han sido compartidos por los distintos actores que han hecho posible el programa al cual he hecho referencia, la finalidad de esta iniciativa es formar nuevas generaciones de ciudadanos con una visión diferente, en la que asimilen que los humanos somos parte de la naturaleza, que nos beneficiamos de ella y que al hacerlo intervenimos en su funcionamiento.
Que debemos controlar dichas intervenciones para que en el propósito de alcanzar mejores condiciones de vida no destruyamos a la naturaleza; que logremos lo que estamos buscando, el desarrollo sustentable; así como estando conscientes de que conocer las soluciones y tener el conocimiento para implementarlas puede ser el motor de la transformación y la esperanza, compañeras diputadas y compañeros diputados, de una vida mejor y sustentable.
Por tal motivo presento ante ustedes, a esta honorable Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Desde el primer año de primaria se impartirá la educación con responsabilidad ambiental bajo el esquema de un programa que desarrolle contenidos educativos que estimulen entre la niñez y la juventud la generación de nuevos conocimientos, valores y actitudes que fomenten prácticas sustentables y saludables con el entorno y el medio ambiente.
Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Salud Mental.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, permítanme manifestarles que la presentación de esta iniciativa de Ley General de Salud Mental no es casual, sino causal.
Como bien saben ustedes, el pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que se estableció con la finalidad de sensibilizar a los miembros de la sociedad universal acerca de los problemas que implica la salud mental.
Paradójicamente, de igual manera, ése mismo día, 10 de octubre, se instauró también como el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
La democratización de la salud en México es un tema pendiente en la agenda nacional, los esfuerzos que se han hecho hasta ahora y la prioridad de estos ha sido determinada por los niveles de cobertura en el territorio y la descentralización, mas no por la manera de como se brindan estos servicios o por la capacidad de decisión de quienes tienen acceso a ellos. México necesita un sistema universal de salud que sea inclusivo, eficiente, humano, económicamente saludable para la población y vinculado al desarrollo del país.
Actualmente, uno de los rubros más vulnerables y abandonados de nuestro sistema de salud es la atención, sin duda, a la salud mental, cuya situación no es muy distinta a la del resto del sector.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
De igual manera, pone énfasis en la pertinencia de que todos los países cuenten con legislación en materia de salud mental, toda vez que ésta resulta imprescindible para proteger la vulnerabilidad específica de las personas con trastornos mentales.
En los últimos años se han realizado diversos trabajos con la intención de impulsar planes de acción para la atención de la salud mental en México, que han quedado solo en buenas intenciones.
Es imprescindible e impostergable implementar una estrategia integral y coordinada en esta materia, que permita la creación de una Ley de Salud Mental que considere el tema desde una visión que rebase los aspectos biológicos y enfrente el problema de las enfermedades mentales desde la perspectiva de los factores socioeconómicos que influyen en su atención.
La dimensión y características de las enfermedades mentales no son ampliamente conocidas y es difícil, aún en pleno siglo XXI, encontrar estadísticas confiables sobre la epidemiología, así como el impacto que tienen en el bienestar de la población.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en México, entre las principales quince causas de pérdida de vida saludable, se encuentran las enfermedades psiquiátricas y neurológicas que representan en conjunto el 18 por ciento del total, seis de ellas están relacionadas de alguna manera con los trastornos mentales y las adicciones, como los homicidios y violencia, accidentes de vehículos motor, enfermedades cerebro vasculares, cirrosis hepática, demencias, consumo de alcohol y trastornos depresivos.
Por otro lado, la depresión por sí sola afecta al 17 por ciento de la población con problemas mentales, seguida de las enfermedades que llevan a generar lesiones autoinfringidas, con un 16 por ciento; la enfermedad del Alzheimer y demencia con un 13 por ciento; la dependencia al alcohol representa el 12 por ciento; la epilepsia el nueve por ciento; la psicosis un siete por ciento; la fármacodependencia y estrés postraumático representan el cinco por ciento cada uno de ellos; y el 16 por ciento corresponde a otros padecimientos mentales.
Actualmente la enfermedad del Alzheimer afecta al 10 por ciento de los adultos mayores en el mundo. En México la cifra de adultos que sobrepasan los 65 años de edad está alrededor de 6.5 millones de personas, lo que permite suponer que más de medio millón de adultos mayores son potencialmente susceptibles de padecer esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en América Latina y el Caribe, 17 millones de adolescentes de 14 a 16 años sufren de algún trastorno psiquiátrico que amerita atención en el primer nivel.
Considerando el número de adultos mayores en nuestro país, se puede inferir que más de 10 millones de mexicanos sufrirán depresión en algún momento de sus vidas, lo que afectará como consecuencia de manera definitiva su desempeño económico y social.
Frente a un panorama con las dimensiones descritas, los principales problemas que enfrenta nuestro sistema de salud en términos de su capacidad de respuesta a los problemas de salud mental, son, entre otros, la infraestructura insuficiente con una distribución inadecuada y de difícil acceso; personal especializado, también insuficiente y mal distribuido en el territorio nacional. Asimismo, la carencia de recursos económicos para brindar un servicio adecuado con la infraestructura existente.
Pero lo más importante y trascendente de todo esto es la falta, compañeras y compañeros, de un marco jurídico especializado para la materia, lo que se traduciría en la ya iniciativa mencionada Ley General de Salud Mental, que si bien existe a nivel local en varias entidades federativas, no se ha logrado materializar a nivel federal.
Una norma de estas características significaría sin duda un paso enorme hacia el mejoramiento y cobertura de los servicios de salud en un México que son imprescindibles para el desarrollo de una sociedad más justa, competitiva y humana. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado José Francisco Coronato Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al mexicano clavadista Yahel Castillo Huerta, campeón Centroamericano y del Caribe; medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación 2013; Premio Nacional del Deporte 2011, invitado por el señor diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Sobre pocos temas se ha generado una polémica tan permanente y aguerrida como lo es el aborto, estudiado y analizado desde innumerables puntos de vista como el médico, el ético, el jurídico, el moral, el religioso, el social, y por supuesto, el de derechos humanos y el derecho a la vida.
El Estado mexicano en nuestra Constitución Política y a través de la firma y ratificación de varios tratados internacionales, protege los derechos sexuales y reproductivos de los individuos, quienes pueden decidir de manera libre y responsable el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos, así como el derecho a alcanzar el mayor nivel de salud sexual y reproductiva posible.
Lo cierto es que aun con todos los instrumentos nacionales e internacionales de protección, gran parte de las mujeres de nuestro país no tiene acceso a los servicios ni a la información necesaria para ejercer de manera plena y responsable sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que los embarazos no deseados y por consecuencia los abortos, son una realidad que ocurre día a día poniendo en riesgo la salud física y emocional de un amplio sector de nuestra población.
Las cifras, compañeras y compañeros legisladores, son determinantes. Una de cada tres mujeres adultas y más del 40 por ciento de las adolescentes, quedan embarazadas sin desearlo o planearlo.
Esto se traduce en una elevada demanda de interrupciones de embarazos. Se estima que cada año se realizan más de 1 millón de abortos inducidos en el país.
La desigualdad de poder entre hombre y mujeres, las normas socioculturales de género, que influyen en el comportamiento de las relaciones sexuales provocan que muchas mujeres no expresen y mucho menos exijan sus deseos y preferencias. Incluso en la relación al uso de anticonceptivos, se someten a disposición de su pareja.
Según la última Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres, publicada en 2009, el 8 por ciento han sido obligadas a tener relaciones sexuales con su pareja en contra de su voluntad; aunado a esta situación muchas mujeres son violentadas no sólo de manera física, sino también psicológicamente.
De tal suerte que cuando estas mujeres se saben embarazadas y deciden abortar, se convierten de nuevo en víctimas ante la persecución y criminalización de la que son objeto.
La interrupción de un embarazo está relacionada con sus derechos fundamentales, con su libertad, con su salud y con su vida. Es una decisión que está más allá de convicciones religiosas, morales o políticas; es una decisión multifactorial y por ende, subjetiva.
Dado el contexto de un marco jurídico muy restrictivo en relación al tema, la falta de recursos económicos y la criminalización de la que son objeto, miles de mujeres se ven obligadas a practicarse abortos en condiciones de alto riesgo para su salud y para su propia vida.
En este sentido en Nueva Alianza estamos conscientes de que toda mujer que decide interrumpir su embarazo, tiene el derecho de abortar en un sistema de salud seguro donde no ponga en riesgo su propia vida.
Sin embargo es imperante que podamos unificar y armonizar las leyes en el Código Penal Federal para que la despenalización del aborto se aplique de igual manera en todo el país y de esta forma brindar las mismas condiciones hospitalarias y de salud a las mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional.
En Nueva Alianza estamos decididos a brindar los mecanismos necesarios que permitan salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo ante de las 12 semanas de gestación.
Desde nuestra concepción como instituto político nos hemos dado a la tarea de impulsar el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales y la equidad entre los miembros de nuestra sociedad. Somos un partido joven comprometido con las causas sociales y los derechos humanos y si hoy presentamos una iniciativa potencialmente polémica que no quepa duda que lo que nos anima es el anhelo de ampliar la libertad individual de quienes representamos.
Señor Presidente, solicito que la iniciativa que presento se turne a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen. Agradezco su paciencia y atención. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputado René Fujiwara. Túrnese a las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género. Diputada Rocío García, dígame con qué objeto.
La diputada María del Rocío García Olmedo (desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente para solicitarle respetuosamente al señor diputado si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El proponente no tiene inconveniente, por lo que la Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa. Sonido en la curul del diputado Doger. Dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado José Enrique Doger Guerrero: (desde la curul): Presidente, Solicitar que la iniciativa que acaba de presentar el diputado Fujiwara se pueda turnar también a la Comisión de Salud, dado que es un problema de salud el que se ha planteado en la iniciativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En principio no habría ningún inconveniente, diputado. Trataríamos el asunto en reunión de Mesa Directiva el día de mañana para que quede turnada a dos comisiones porque tres implicaría ya un pleno de casi 120 personas, pero con todo el ánimo de resolverlo como usted lo está pidiendo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia del Presidente. Diputadas y diputados: la sociedad y el Estado tienen causas e intereses por los que se debe velar y defender. De ahí la necesidad de que exista un organismo esencial encargado del ejercicio de esas funciones, misión que recae en el Ministerio Público.
El Ministerio Público tiene una gestión importante y en muchos casos es de suma relevancia en razón de que defiende el interés público. En el país el Ministerio Público es una institución moderna, creada en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en cuyo texto, siguiendo la teoría francesa, se estableció que el ministerio público estaría a cargo del procurador general de la República, y demás funcionarios, quienes serían nombrados y removidos por el titular del Poder Ejecutivo federal.
En México han sido innumerables los casos en los que se ha utilizado el ministerio público federal como un órgano de represión y control político. Los casos más connotados, entre otros, han sido: el encarcelamiento en 1959 de Demetrio Vallejo y Valentín Campa; el encarcelamiento del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros en 1960; la fabricación de delitos a los estudiantes del Movimiento de 1968; el encarcelamiento de José Revueltas y Heberto Castillo. Como se podrá advertir, el ministerio público se ha convertido en un instrumento de represión, control político y social. La falta de autonomía del procurador general de la República y demás personal, los han sometido a voluntad del titular el Ejecutivo.
Derivado de lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa radica en reformar el artículo 102, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello con la finalidad de dotar al ministerio público federal de las características siguientes:
1. Será un organismo constitucional autónomo.
2. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
3. Sus funcionarios serán nombrados por el propio procurador y ya no por el Poder Ejecutivo federal. El procurador general de la República será nombrado por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado. La inamovilidad del procurador, el cual solamente será cesado de sus funciones en el término del Título Cuarto de la Carta Magna. Son precisamente la autonomía del ministerio público federal la inamovilidad del procurador general de la República, lo cual dotaría a esta institución de una verdadera independencia.
Lo anterior, para que actúe apegado a los procedimientos científicos que determine la responsabilidad de una persona y no las consignas políticas. La independencia y la autonomía del ministerio público tendrán varias ventajas como las siguientes:
Favorecerá el desarrollo de los servicios públicos especializados; lo liberará de las influencias políticas y atenderá mejor su desarrollo económico financiero; tendrá una autonomía de carácter técnico-financiero e impedirá la concentración perniciosa del poder y, otorgará una libertad al ministerio público a efecto de que actúe en base a los principios constitucionales y legales, y no al capricho del presidente de la República en turno.
Por todo lo anterior expuesto, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara, que esta intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondientes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María del Carmen Martínez Santillán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Emilse Miranda Munive, a nombre del señor diputado Leobardo Alcalá Padilla, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 189 del Código Penal Federal, y suscrita por la diputada Martha Gutiérrez Manrique, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Emilse Miranda Munive: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, a nombre de los diputados Leobardo Alcalá Padilla, de la diputada Martha Gutiérrez Manrique y del mío propio, vengo a eta alta tribuna a presentar iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 189 del Capítulo Cuarto; Delitos contra funcionarios públicos, del Código Penal Federal.
La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten. Si un ciudadano tuviera derecho a hacer lo que éstas prohíben ya no sería libertad, pues cualquier otro tendría el mismo derecho. Montesquieu.
Nuestra Carta Magna reconoce que las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Es por esto que en México podemos manifestarnos y transitar libremente sin ningún tipo de represión por nuestras autoridades, pero no debemos olvidar que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Es necesario citar esta frase célebre de Benito Juárez, ya que jamás se deben de perder los valores y el respeto entre la autoridad y el ciudadano y viceversa.
Por qué digo esto. El artículo 6o de la Constitución lo explica. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; provoquen algún delito o perturbe el orden público.
En días pasados las manifestaciones que se dieron en nuestro país se vertieron violentas en contra de las fuerzas del orden público. Esto es preocupante. No debemos olvidar que nuestros policías sólo están cumpliendo con su trabajo, como cualquier otro trabajador o profesionista que lo hace dignamente.
En el artículo 1o constitucional se establece: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional; por el género; la edad; las discapacidades; la condición social; las condiciones de salud; por las religiones; las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y la libertad de las personas, que es algo muy valioso.
¿Por qué refiero la discriminación? Porque pareciera que ciertos grupos quieren dividir al país y a los policías quieren señalarlos como los malos, como los represores, cuando ellos son los encargados de cuidarnos y de protegernos.
Vivimos en un México con nuevos tiempos y diferentes necesidades, por lo que es necesario entender, convivir y respetar a nuestros policías, a través de más información a nuestra población sobre las obligaciones, necesidades y logros en este ámbito, que ha sido muy golpeado por mucho tiempo por el fenómeno social de la corrupción.
La corrupción ha traído consecuencias negativas que han impedido el desarrollo armónico del país y que han afectado principalmente a las esferas de la administración pública, generando desconfianza en las autoridades y las instituciones.
Por ello es necesario dar credibilidad a través de la información correcta y oportuna sobre el trabajo que realiza el buen policía. El policía debe de sentirse protegido por las instituciones a las que él sirve y que tiene el respaldo legal para su protección por el ejercicio correcto de su trabajo.
En días pasados fueron agredidos más de 32 policías, algunos gravemente, y como en nuestros Códigos Penales Federal y del Distrito Federal no se considera una falta grave, lamentablemente los agresores están libres.
En virtud de lo anterior proponemos subir la penalidad por el delito de agresión que se cometa en contra de un servidor público o agente de la autoridad cuando esté cumpliendo con su deber.
Le solicito, señor presidente, se inserte íntegro el contenido de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Y túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Mirna Hernández. ¿Dígame, diputada, con qué objeto?
La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (desde la curul): Sí, gracias. Pedir a la diputada Emilse que nos permita adherirnos a esta importante propuesta, que por supuesto coincidimos con sus opiniones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si la diputada no tiene inconveniente, la Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa.
Esta Presidencia rectifica el trámite a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, presentada por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Protección Civil, para dictamen, y a la Comisión de Marina, para opinión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Flor Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante en la cual se crea el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal.
El Distrito Federal es la entidad que más contribuye al PIB nacional, históricamente más del 20 por ciento del total. Actualmente contribuye con un poco más del 17 por ciento y forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, que junto con otras entidades es la tercera zona metropolitana más grande del mundo con 20.2 millones de habitantes, 1.3 veces más la población de Beijín.
Genera cerca del 60 por ciento del impuesto sobre la renta y 48 por ciento del impuesto al valor agregado. Algunos ejemplos del costo que absorbe la Ciudad de México por ser sede de los poderes federales son los siguientes: concentran la población de 8.7 millones de personas, 2.5 veces la población de Uruguay.
El 75 por ciento de la actividad financiera nacional se desarrolla en el DF y cuenta con el 17.3 del total de las instituciones bancarias del país.
Los 12 institutos nacionales de salud que existen en México se encuentran ubicados en el territorio de la capital. Los subsidios más altos que otorga el Distrito Federal son al agua y al transporte público. De éste último, es obvio que la población que se beneficia no son solamente los 8 millones de personas que vivimos en la ciudad, pues diariamente aquí conviven, trabajan y se transportan entre 12 y 15 millones de personas provenientes de nuestros estados vecinos.
En la ciudad de México existen más de 100 predios asociados a la administración pública federal. La ley establece que están exentas de pagar el impuesto predial a la ciudad y hasta hace muy poco se negaban a pagar el servicio de agua.
Con la presente iniciativa se propone la creación del Ramo general 42, Fondo de Capitalidad, para compensar con recursos federales al DF, hasta por un monto equivalente al 30 por ciento de la inversión física realizada en el ejercicio fiscal anterior por el DF y que se situaría en aproximadamente unos 9 mil millones de pesos, mismos que se destinarían a cubrir gastos de inversión en servicios públicos básicos como en materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos sólidos, transporte público, salud y seguridad pública, entre otros.
No se trata de darle un cheque en blanco al gobierno del DF sino de compensar este tipo de erogaciones que ha venido realizando desde hace muchos años el gobierno de la ciudad, y que conforme al espíritu de federalismo fiscal debe atender el gobierno federal.
Los diputados de Acción Nacional traemos a esta Cámara una propuesta que no está basada en un acuerdo de dudosa conveniencia sino en un análisis real de las necesidades de los capitalinos. Defenderemos la integridad del recurso en cuestión, para que no se convierta en material de compensaciones a particulares o de apoyo a campañas electorales, más que adelantadas para determinados actores políticos.
Si dejamos contemplado el Fondo de Capitalidad para un mero asunto presupuestal y administrativo, no le otorgamos el suficiente respaldo jurídico, motivo por el cual consideramos conveniente llevar este recurso de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que le otorgará mayor certidumbre sobre su permanencia y buen uso, con candados que evitan la discrecionalidad de su destino.
Por ello, contemplamos el rubro de infraestructura. La ciudad demanda soluciones y Acción Nacional está dispuesto a llegar a los consensos necesarios para impulsar este fondo, pero sin albazos de por medio.
Todo consenso derivado de la inclusión de propuestas está destinado al éxito. No permitamos que un tema tan urgente sea centro de la desconfianza del ciudadano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos ante el pleno del órgano legislativo lo siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adicionan los artículos 47-A y 47-B de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 25. –Se adiciona la fracción
IX. Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad.
–Y se adicionan
Artículo 47-A. El Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, de hasta el 30 por ciento de la inversión física realizada en el ejercicio inmediato anterior por parte del gobierno del Distrito Federal con recursos propios.
Este Fondo se entregará mensualmente, en los primeros 10 meses del año por partes iguales al Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el articulo 47-B de esta ley.
Artículo 47-B. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, reciba el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al financiamiento de obra, acciones sociales básicas y a inversiones que directamente amplíen y le den mantenimiento a la oferta de bienes y servicios básicos en materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos sólidos, transporte público masivo, vialidades, salud y seguridad pública en el Distrito Federal.
Los recursos federales asignados al fondo serán intransferibles a otras actividades y deberán erogarse íntegramente en el año en que se reciban, para resarcir las erogaciones efectuadas que demanda la población flotante que todos los días acude al DF. Para el efecto deberá llevarse un registro de los servicios de salud, transporte público y seguridad pública.
Para este fin se deberá aperturar una cuenta bancaria independiente para la recepción y registro de las operaciones del fondo, que permite identificar de manera específica y clara el destino y cumplimiento de los objetivos y metas de los recursos del fondo.
El DF, una vez suscrito el convenio de colaboración administrativa con la federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda, recibirá el 100 por ciento de recursos previstos en términos del artículo 47-A de esta ley, del que corresponderá cuando menos el 25 por ciento de las demarcaciones territoriales de la entidad que se distribuirá entre ellas conforme a la participación que tengan en la estructura del presupuesto delegacional.
Las autoridades del DF responsables de la ejecución de las obras señaladas en el presente artículo –concluyo, señor presidente–, respecto de dichas aportaciones, invariablemente deberán:
1. Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban de las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiaros.
2. Promover la participación de sus comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.
3. Informar a sus habitantes al término de cada ejercicio sobre los resultados alcanzados.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Flor Pedraza Aguilera. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera preguntarle a la diputada Flor de María Pedraza si puedo suscribir la iniciativa que está presentando el día de hoy. De ser afirmativo, simplemente complementar lo que ella ha mencionado.
Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acuerdos que se hacen públicos, porque decisiones que ha tomado el Ejecutivo y esta Cámara de Diputados han atentado contra el derecho de muchas personas en nuestro país y necesitaríamos un fondo de capitalidad en 32 entidades de la República.
Sin embargo, veo con buenos ojos que se tenga esta disposición hacia el Distrito Federal, como una forma de admitir responsabilidad o culpa por los conflictos que aterrizan en el Distrito Federal.
Por otro lado, me parece que habría que complementar esta iniciativa al agregar los fondos de infraestructura y asistencia social, que durante 15 años le han sido negados y que al parecer en este acuerdo en lo oscurito, que una fuerza de siete grupos parlamentarios en la Cámara ha acordado con el Jefe de Gobierno, por supuesto que podríamos estar de acuerdo, siempre que se haga de forma transparente y conforme a los mecanismos que marca la Constitución y los Reglamentos de la Cámara. Es cuanto, diputado presidente.
Y agradecería mucho a mi diputada, Flor de María Pedraza, que me permitiera suscribir esta iniciativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted diputado Gerardo Villanueva. No teniendo inconveniente la diputada proponente, la Secretaría pone a disposición la iniciativa y sus palabras quedan registradas en el Diario de los Debates.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Jorge Sotomayor, ¿con qué objeto?
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Con el mismo objeto. Para solicitarle a la promovente, si me permite suscribir la iniciativa, ya que la vemos con buenos ojos en Acción Nacional, porque consideramos que la única manera de darle sustentabilidad a esta ciudad es mediante la ley y no mediante acuerdos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No teniendo inconveniente la proponente, la Secretaría pone la iniciativa a su disposición.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con el permiso del pleno. Evidentemente que a todos los estados nos interesan los fondos, por eso vale la pena que en esta discusión del presupuesto se pueda analizar esa situación y poder así atender muchas problemáticas que tienen las entidades del país.
Me parece interesante que la fracción, si no me equivoco del PT, se esté sumando a la propuesta de poder pugnar en este país por la autonomía del Ministerio Público. Hay que decirlo, desafortunadamente esta institución en nuestro país cada día es más vulnerable. Al pueblo de México le expreso que de acuerdo a lo que establece el 102 constitucional el procurador o procuradora del país se nombra de una terna a propuesta del presidente de la República y que finalmente en la vía de los hechos, siempre queda el que más conviene al presidente, a los intereses.
En nuestro grupo parlamentario consideramos que este órgano fundamental del Estado mexicano debe de estar en condiciones de cumplir con los grandes retos que le imponen en estos tiempos la delincuencia organizada, la escalada de violencia y la inseguridad pública que se vive en la mayoría del territorio nacional.
Es grave –indiscutiblemente- el deterioro de la PGR. En los últimos 10 años se ha acentuado por el cotidiano manejo político de sus asuntos aplicando criterios ajenos a la investigación de los delitos, procuración de justicia y por supuesto también la administración de justicia, sumando la agresividad con la cual se ha movido en ese país la delincuencia organizada, la comisión frecuente de delitos, su a veces ineficacia para investigar hechos delictuosos y que en todo el país lo puede corroborar. De 100 averiguaciones previas que se consignan, solamente del cinco por ciento se obtienen sentencias condenatorias.
Por eso estamos proponiendo que se reforme este dispositivo constitucional para que sean los ciudadanos, las organizaciones civiles, quienes presenten propuestas para que ocupen ese cargo tan importante en nuestro país; y que sean los senadores de la República, con el voto de las dos terceras partes, la nominación o nombramiento previa emisión de su convocatoria y análisis de su perfil. No sólo que sean abogados, no sólo que se diga que tienen experiencia, sino que se compruebe fehacientemente con documentos, que tienen conocimiento en la materia, principalmente en la investigación.
En ese mismo orden de idas precisamos que si el Senado de la República no llegase a acuerdos en la nominación, sea la Cámara de Diputados la que siguiendo el mismo procedimiento tenga que nombrar al procurador o procuradora de este país. Termino, mi amigo. Sé que el tiempo le ocupa y le preocupa.
Estamos precisando también que en los casos de los periodos de receso de ambas Cámaras, tendrá que hacer la nominación la Comisión Permanente. Y no sólo ello, precisamente hoy en la mañana en reunión de seguridad pública con la mayoría de los gobernadores de este país, pidiendo una prórroga para certificar a los policías.
En ese sentido estamos proponiendo también que se reforme el numeral 21 constitucional, que se traduce exclusivamente en que el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal y que tiene bajo su mando una policía. Y en ese sentido agregamos que no sea una policía convencional, una policía improvisada; no lo digo en el ánimo –termino, presidente–, de expresarme mal del policía; responsabilidad nuestra, la responsabilidad de todas las instituciones.
Proponemos una verdadera policía científica, una policía bien preparada, una policía que tenga a su disposición los instrumentos necesarios para que en el debido proceso legal, en el proceso legal que se sigue en todos los juicios, se puedan sostener las averiguaciones previas.
Ahí está el ejemplo, le acaban de conceder el amparo a una compañera dirigente magisterial. Y qué bueno que esté dando la batalla porque ahí se demuestra que debe cambiar en todos los aspectos la institución del Ministerio Público para que sea independiente, autónomo, en todos los sentidos y en el marco del tema legal constitucional. Gracias, señor presidente por su consideración.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Catalino Duarte Ortuño. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió del señor diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los artículo 45, 45 Bis1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: en representación de la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara, me permito presentar ante ustedes el dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
En el presente dictamen la comisión expresa su interés en reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para plasmar nuevas realidades que faciliten los procedimientos para que la autoridad disponga de los vehículos que no son reclamados y son abandonados por particulares en los patios de permisionarios, provocando así el desordenado hacinamiento de vehículos, con graves consecuencias en el medio ambiente.
Asimismo, esta comisión reconoce que la presente problemática del abandono de vehículos inicia por cuestiones legales, pero se agrava por cuestiones financieras derivadas de la estadía en las pensiones o corralones que generan un costo diario, el cual en la mayoría de los casos, en poco tiempo sobrepasa el valor del vehículo, provocando que el propietario decida no reclamar y obtener su recuperación, ya que le cuesta más pagar el arrastre y la pensión que lo que vale el bien.
La comisión que dictamina concuerda con la iniciativa en relación a la saturación de los depósitos, pues en el año 2005 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes publicó los lineamientos para la transferencia y enajenación de vehículos acumulados en los depósitos de permisionarios federales, en el que estimó en aproximadamente un millón de vehículos en dichos depósitos.
Han transcurrido más de siete años sin que se registren avances significativos en el proceso de desalojo de los depósitos y por el contrario desde entonces han continuado acumulándose vehículos en los depósitos, agravándose mayormente la problemática a tal extremo que se estima que ahora deben de ser no menos de un millón 250 mil vehículos existentes en los depósitos de los permisionarios federales.
En este sentido, la comisión que dictamina considera procedente reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ya que la falta de normatividad al respecto, ha provocado que gran cantidad de vehículos sean abandonados sistemáticamente por las autoridades y por sus propietarios, sin que se cubra pago alguno a los permisionarios de grúas por los servicios proporcionados, constituyéndose así en un factor de gran descapitalización y empobrecimiento del sector.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora está de acuerdo en adicionar un artículo 45 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con el objeto de establecer el mecanismo de notificación que la autoridad tiene que llevar a cabo frente a los particulares. Asimismo, adicionar un artículo 45 bis 1, para especificar cómo se llevarán a cabo las notificaciones y los plazos a las que se refiere la presente ley.
De la misma manera, esta comisión está de acuerdo en la adición al artículo 55 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pues establece que los vehículos respecto de los cuales el interesado no manifieste lo que a su derecho convenga, por disposición legal causarán abandono a favor del gobierno transcurridos noventa días naturales contados a partir de la notificación llevada a cabo al momento de retirarlos de la circulación.
Por su parte, la adición al artículo 55 bis 1 establece que la autoridad federal notificará al interesado los plazos para que a partir de ello manifiesten lo que a su derecho convenga y bajo el apercibimiento de que no hacerlo entonces los bienes causarán abandono a favor del gobierno federal.
Asimismo esta comisión con la adición del artículo 55 bis 2 propone simplificar las notificaciones que el permisionario debe informar a la Dirección General de Autotransporte Federal para que por disposición legal se consideren abandonados aquellos que no estén sujetos a procedimientos administrativos jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación bajo protesta de decir verdad por parte del permisionario, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación correspondiente por el medio que se estime más eficaz.
Por lo anterior, la comisión que dictamina también adiciona seis artículos transitorios:
El segundo, para que los permisionarios informen de acuerdo al Reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de causar abandono en favor del gobierno federal.
En el tercero transitorio se propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes automatice los sistemas de control e información de los permisionarios.
En el cuarto transitorio se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita los lineamientos que regulen lo establecido en el artículo 55 bis 2, dentro de los 30 días siguientes, en tanto se expide el reglamento de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento de depósitos de vehículos auxiliares de la autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses.
Por otra parte, la comisión que dictamina propone un quinto transitorio con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del programa y modernización de reordenamiento del autotransporte federal.
Finalmente, esta comisión considera relevante dejar claramente establecido en un sexto transitorio que los ingresos provenientes de la venta de vehículos que actualmente existen en los depósitos de guarda y custodia, y sean estimados en la hipótesis del abandono después de haber permanecido menos de cinco años en los patios de los permisionarios, se estará a lo dispuesto al artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal en el marco del presente decreto.
En este supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con el 30 por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga.
Asimismo, en el caso delos vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósitos de guarda y custodia en locales permisionarios, serán adjudicados en forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El permisionario federal aportará a la Dirección General de Autotransporte Federal el 1 por ciento de los ingresos que obtenga por este concepto, descontando los gastos administrativos mencionados en el presente párrafo, para el desarrollo de un sistema automatizado de control e información de los permisionarios del autotransporte federal.
Por último, para finalizar quiero reconocer la amplia participación de todas las fracciones parlamentarias de la Comisión de Transportes, de diferentes organizaciones y expertos que contribuyeron en el estudio y análisis de la iniciativa que permitirá dar mayor certeza jurídica a los permisionarios, a los ciudadanos y a la autoridad federal.
En virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión de Transportes, que por unanimidad aprobamos este dictamen, sometemos a su consideración el mismo solicitándoles su voto aprobatorio, reiterándoles el compromiso de esta Comisión para articular iniciativas que fortalezcan la calidad y la calidez de los servicios del autotransporte federal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente.
Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está de acuerdo con esta iniciativa y con el presente dictamen, que tiene por objeto que los automóviles que sean retirados de circulación y que estén en depósitos federales puedan ser declarados en abandono a favor de la Federación.
La iniciativa pretende resolver el problema del gran número de automóviles que están en claro y evidente estado de abandono, que además se van acumulando en los depósitos concesionados, aumentando el número con los automóviles que van entrando cada día y que no son reclamados por los propietarios, ocasionando graves problemas para el entorno ecológico por los aceites, gasolinas y materiales no biodegradables que afectan el medio ambiente, además de la afectación económica que esto representa.
De esta forma, los vehículos que sean declarados en abandono se enviarán al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, y parte de los recursos que se obtengan se destinarán a mejorar el autotransporte federal y de carga del país.
Asimismo, consideramos que éste es el primer paso para actualizar el sistema de depósitos mejor conocidos como corralones, y para que los servicios prestados a la ciudadanía no sean motivo de cobro excesivo y violaciones a sus derechos.
Consideramos correcto que se establezca en el dictamen, que hoy está a discusión, el artículo tercero transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga que automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios de los depósitos vehiculares en un plazo no mayor de 18 meses.
Además, la emisión del reglamento de los servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos tendrá que velar por los intereses y protección de los derechos de los usuarios de estos servicios, como lo señala el artículo cuarto transitorio del dictamen.
Por último, los recursos obtenidos de la venta de los vehículos en estado de abandono se destinarán en un porcentaje de 70 por ciento a la modernización del autotransporte federal de carga y el 30 por ciento a los permisionarios federales; mientras que los automóviles con más de 5 años de abandono se darán en adjudicación directa a los permisionarios, quienes aportarán el 1 por ciento con el objetivo de la implementación del sistema automatizado de control de los depósitos vehiculares.
De acuerdo a lo expresado, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza concuerda con el principal objetivo de esta iniciativa y consideramos que servirá para empezar a resolver una problemática rezagada por cuestiones administrativas, que por muchos años ha causado efectos negativos en la sustentabilidad de la riqueza ecológica de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La Comisión de Transporte de esta soberanía ha presentado un dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1, 55 Bis 2, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, derivado del manejo de vehículos abandonados en parques vehiculares en el territorio nacional.
Debemos mencionar que el documento aludido, presentado por el compañero legislador Maldonado Hernández, ha sido profusamente articulado con datos correspondientes al tema que nos ocupa.
La intención del legislador obedece al propósito de que la autoridad competente pueda disponer de los vehículos que no son reclamados por quienes tienen derecho a los mismos, y lograr la consideración legal y expedita del abandono de dichos vehículos.
Se propone establecer un mecanismo de notificación que la autoridad deba llevar a cabo para que los propietarios o poseedores de vehículos que se encuentren en los supuestos determinados por las diferentes autoridades federales sean depositados, guardados y custodiados en locales autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El punto central de la propuesta reside en que el número de vehículos en las condiciones descritas se ha vuelto inmanejable, porque no solo origina gastos de mantenimiento, contamina el entorno en que están guardados y a fin de cuentas no hay quien cubra los costos y los vehículos, que además pueden haber generado adeudos por derechos. En caso de ser subastados no alcanzan para liquidar dichos costos.
En estas condiciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo comparte con la comisión dictaminadora la opinión de que se disponga de herramientas legales para los vehículos no reclamados y que son abandonados por particulares, y que provocan el desordenamiento y hacinamiento de vehículos, con consecuencias en el medio ambiente.
En estas circunstancias también convalidamos la opinión de la comisión mencionada, en el sentido de que es procedente modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autopartes federal, en el sentido comentado.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen que la Comisión de Transporte ha presentado ante esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, muchos son los factores que han provocado que a lo largo del tiempo hayan aumentado los días en que se rebasan los límites de contaminación en nuestro país, ya sea por ozono o por partículas suspendidas de óxido de carbono o de óxido de azufre.
Las actividades humanas que más contaminan son el uso de vehículos, plantas generadoras de electricidad y el uso de otros combustibles, mientras que las de origen natural están vinculadas con las actividades volcánicas, el suelo y la vegetación.
Según la Universidad Nacional Autónoma de México, cerca de 38 mil personas mueren por cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares e infecciones respiratorias entre el año 2001 al 2005, a causa de altos índices de contaminación al que estamos expuestos y los depósitos precisamente de vehículos abandonados pues son de alta contaminación.
Se calcula que los daños generados por la contaminación representan un costo equivalente al 4.4 por ciento del producto interno bruto. La intensa actividad de las industrias, junto con accidentes como fugas, derrames e incendios durante el almacenamiento, transporte o trasvase de sustancias en la disposición clandestina e incontrolada de residuos, contribuye en gran medida a la contaminación de suelo, según datos proyectados por la Semarnat.
El número de sitios contaminados, aun en la estimación más conservadora, asciende a varios miles de lugares, cuyo riesgo potencial es desconocido. De acuerdo con datos publicados por el Inegi en 2000 la superficie de suelo degradado por causas de contaminación en 1999 fue de 25 mil 967 kilómetros cuadrados.
Uno de los daños más graves de este problema es que ocasiona trastornos en la salud de las personas, tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta, y problemas respiratorios, bajo determinadas circunstancias algunas sustancias químicas que se hallan en el aire contaminado que provocan el cáncer y problemas cerebrales, trastornos del sistema nervioso, así como las lesiones pulmonares y de las vías respiratorias, e incluso la muerte.
En este sentido cabe mencionar que tan sólo cuatro de cada 10 mexicanos conocen la calidad de aire que respiran y aún así no hay suficiente claridad acerca de qué hacer con la información, es decir, no se indica cuáles son las medidas preventivas que deben tomar para proteger su salud.
Es por esta razón que debemos tomar medidas precautorias, con el fin de coadyuvar a que los agentes contaminantes no destruyan el medio ambiente y que no se afecte la salud de los habitantes de nuestro país.
Uno de los factores que más contamina el medio ambiente es la circulación de automóviles que no están en óptimas condiciones y circulan por las calles, avenidas y carreteras. Un ejemplo de ello son los autotransportes de carga, pasaje y turismo, y los que transitan por caminos y los puentes de jurisdicción federal.
Es por esto que se debe hacer una verificación contante de las condiciones físicas y mecánicas de los automóviles en general, al igual que de la emisión de contaminantes de los autotransportes de carga, pasaje y turismo, siendo ésta una medida que ayudará a prevenir este tipo de contaminación.
Sin embargo no es suficiente, necesitamos informar a la gente de las consecuencias que trae consigo la contaminación para la formación de conciencia en cada uno de ellos, para así poder evitarla.
Son tantos los efectos contaminantes, que para que exista una real solución debemos crear un sistema que esté en pro del bienestar ecológico del país y la ciudadanía, ya que esta propuesta no acabará con el problema de raíz.
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen que hoy se presenta. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, señor presidente; con su permiso, compañeras diputadas, compañeros diputados. Nuestro orden jurídico establece como un derecho humano a la propiedad, sistemáticamente también lo hacen diversas convenciones internacionales y las que la refiere y lo respetan; pero en este espacio subrayamos, como bien lo decía la teoría de lo social, que ningún derecho es absoluto; en este caso, la propiedad debe respetarse en atención a la dignidad de las personas siempre y cuando con él no se trastoque ni el orden público, ni al interés social.
En este sentido, el dictamen puesto a discusión en esta ocasión tiende, con su redacción, a armonizar las ideas mencionadas; es decir, preservar los derechos de propiedad de las personas, sin demeritar al orden público.
En concreto, se pretende concederles beneficios a las autoridades administrativas perteneciente al rubro de los transportes; en concreto, en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para proveer a la autoridades administrativas los procesos de ley cuya finalidad sea facilitar la disposición de los vehículos no reclamados y por ende abandonados por los particulares en los espacios de los permisionarios.
Los llamados corralones son depósitos vehiculares para retener los vehículos automotores por faltas a los dispositivos de tránsito, estos generan costos por los servicios prestados, como el cuidado de los vehículos ante posibles asaltos de grupos delincuenciales que trafican con autotransportes, el acomodo de autos, el valor por la pensión afectada del automóvil en estos corralones, entre otros.
Todo lo anterior, en suma, en muchas ocasiones sobrepasa el valor del vehículo, provocando con ello que el propietario no reclame su propiedad, sobre todo porque también son modelos viejos, lo cual los hace menos atractivo a su retorno al patrimonio de las personas.
En este entorno, si un particular decidiera optar por acudir por su propiedad, éste deberá considerar el aumento del gasto por concepto de arrendamiento y, en general, el costo financiero no recuperado.
Lo anterior sin reflexionar demasiado los focos de contaminación ambiental derivada de los óxidos ferrosos y de los escurrimientos de aceites, ácidos y combustibles y del hacinamiento que pueda provocar la carrocería de estos vehículos y de ser un lugar propicio para roedores, insectos y reptiles, entre otros múltiples factores como la pérdida de elementos reciclables que bien podrían ser aprovechados.
La solución propuesta a los problemas mencionados es establecer por escrito un sistema de notificación personal y excepcionalmente por edictos o instructivos a los propietarios. Con ello se pretende asegurar el derecho de audiencia y el debido proceso.
Con este dictamen proveemos una solución jurídica sin afectar a los particulares elevando así el nivel de vida de los vecinos de los depósitos vehiculares; se mejora el ambiente también; se utiliza el reciclaje y podrá, se ser el caso, contribuirse de modo eficiente y adecuado a las arcas municipales, ya que actualmente se generan los costos por los arrendamientos de los corralones, pero incluso puede ser motivo para que con la venta de estos coches que ya no son reclamados, las arcas municipales se puedan fortalecer enormemente.
Por eso en la fracción del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Manuel Arias Pallares, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. La iniciativa de dictamen que hoy nos ocupa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene como finalidad solucionar la problemática que representa la acumulación de vehículos automotores que se encuentran retenidos por la Procuraduría General de la República o por mandato judicial en los depósitos de guarda y custodia en sitios permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales son denominados popularmente corralones.
El abandono de los vehículos incautados en dichos depósitos genera focos de contaminación ambiental que se agravan en la presencia de fauna nociva con afectación al suelo, al subsuelo y a mantos freáticos y atrae a la delincuencia por el robo de autopartes.
En el año 2005 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del gobierno federal, estimó en más de un millón de vehículos localizados en estos depósitos. A la fecha se estima el volumen en una cifra que supera el millón 250 mil los vehículos ubicados en los depósitos permisionarios federales.
El dictamen plantea facilitar los procedimientos para que la autoridad pueda disponer de los vehículos que no sean reclamados por quienes pudieran tener derecho sobre los mismos, generando una situación jurídica de abandono. Se pretende facilitar su enajenación o destrucción sin limitar los derechos de los particulares para su recuperación.
En las reformas de la ley que hoy discutimos se establecen procedimientos precisos de notificación a los interesados o a sus representantes legales, para que una vez que sean notificados de la existencia de una declaratoria de abandono del vehículo, cuenten con un plazo de 90 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga, como lo estipula el artículo 55 Bis-1 de esta ley, precisando que de no ser así, los bienes se declararán en abandono en favor del gobierno federal y con ello sea posible su subasta.
La iniciativa es exhaustiva en cuanto al procedimiento de notificación que será personal y en el domicilio de los interesados. De no encontrarse a la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente. Y, si no espera o se niega a recibir la notificación, se fijará un instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos públicos que deberán contener un resumen de la resolución a notificar.
En todo caso los particulares cuando se subaste un vehículo que esté en interdicción judicial podrán acudir a tribunales manifestando sus derechos a salvo.
El proporcionar datos faltos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones penales, civiles o administrativas que pudieran surgir y esto será causal de revocación del permiso.
El dictamen incluye seis artículos transitorios para que los permisionarios se informen de acuerdo al reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de causar abandono a favor del gobierno federal.
El dictamen plantea a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes automatice los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses.
Asimismo dentro de los 30 días siguientes emitirá los lineamientos planteados por el artículo 55 Bis 2 para la elaboración del listado de los vehículos susceptibles de ser declarados en abandono, en tanto se expide el reglamento de los servicios de arrastre y salvamiento y depósito de vehículos auxiliares del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses.
Por otra parte la comisión que dictamina propone un quinto transitorio con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal.
Por último en un sexto transitorio se establece que los ingresos provenientes de la venta de los vehículos que actualmente existen en los depósitos de guardia y custodia, sean estimados en la hipótesis de abandono después de haber permanecido menos de cinco años en los patios del permisionario.
Se estará a lo dispuesto al artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, resarciendo con un 30 por ciento de los ingresos que se obtengan por este concepto, los gastos de arrastre y pensión de los permisionarios y el 70 por ciento restante se destinará al programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga.
Para los vehículos que hayan permanecido por más de cinco años en custodia, los recursos se destinarán conforme al artículo 89 recién señalado a cubrir los gastos del permisionario federal, destinando un porcentaje al desarrollo de un sistema automatizado de control e información de permisionarios de autotransporte.
La aprobación de este dictamen contribuirá en buena medida a poner orden y regularizar con certeza jurídica el funcionamiento de los depósitos de vehículos, abatiendo el desorden, contaminación ambiental y la delincuencia en torno a estos sitios, planteando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estricto control de la operación de estos depósitos permisionarios, así como el padrón de los vehículos que se encuentran retenidos, como pasos que contribuyan a la mejora y modernización del autotransporte federal.
Por ello la fracción parlamentaria del PRD votará a favor del siguiente dictamen. No omitimos hacer el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que deberá mejorar el sistema de control en los corralones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados: en esta iniciativa propone el diputado Fernando Maldonado poner de una vez por todas fin a la problemática de los corralones en el tema de grúas, de almacenamiento de vehículos que están obsoletos y abandonados.
No es un tema menor, es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchos años y por alguna circunstancia nunca logramos ponernos de acuerdo las partes involucradas para poder llegar a una solución. No nos ponemos de acuerdo las autoridades, en este caso nosotros, la Cámara de Diputados, de cómo solventar esto; no se ponía de acuerdo la autoridad, SCT, ni los involucrados, en este caso los permisionarios de grúas.
Es un problema delicado y creo que se logró atender perfectamente bien porque principalmente se cuidaron las formas, pero sobre todo se atendió el fondo del problema y el fondo es muy sencillo: se respetó a los involucrados y se les consultó, se tomó la consulta de la SCT y entendimos su problemática, se consultó a Hacienda y al SAT para poder buscar los mecanismos adecuados que permitan solventar y seguir adelante.
También se consultó y se tomó en cuenta a los afectados y a todos los involucrados, en este caso a los concesionarios.
Logramos sentarnos todas las fracciones parlamentarias y logramos llegar a un acuerdo de tal forma que vamos a atender no sólo un problema económico, que no deja de ser importante pero no es el más importante; tenemos un problema de seguridad.
En estos corralones se fomenta mucho la delincuencia organizada, se fomenta mucho la inseguridad y se fomenta mucho el tráfico de partes de vehículos robados a través del desorden que existe en ellos. Tenemos y debemos atender esta circunstancia.
Tenemos un problema ecológico, un problema que genera contaminación por incendios, un problema que genera contaminación por derrame de líquidos contaminantes al subsuelo y un problema que genera robos y una serie de desperfectos en el medio ambiente.
Asimismo le estamos dando también certeza jurídica al propietario del vehículo, le estamos dando certeza jurídica al que prestó el servicio y les estamos dando certeza jurídica a las autoridades para que puedan lograr un desalojo justo y conforme a derecho.
Por eso nos congratula ser parte de este dictamen que se logró de la mano de todos los partidos y de todos los legisladores y se logró por unanimidad.
Quiero darles las gracias a todos los compañeros. Acción Nacional está de acuerdo en apoyar al 100 por ciento estas iniciativas que generan bienestar, que generan posibilidades, que generan certeza jurídica, pero sobre todo ponen por delante el bien común, el bien general por encima de los bienes individuales.
Por eso Acción Nacional de manifiesta a favor y estamos de acuerdo en que esta iniciativa siga adelante y la apoyaremos y apoyaremos todas aquellas iniciativas que generen un bienestar para los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene la palabra el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la situación en que se ha manifestado hasta la actualidad en los locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha sido un problema creciente, el cual impacta a los permisionarios, a las autoridades federales, así como a los mismos dueños de los vehículos.
El arrastre y la pensión de los vehículos a los patios de estos locales representan en la mayoría de los casos, un severo costo para los propietarios, los cuales llegan a superar el valor del bien, generando que los mismos no sean reclamados y se vayan acumulando en detrimento del medio ambiente y de la imagen urbana.
La acumulación de los vehículos en los patios de los permisionarios federales también ha generado una afectación económica por los gastos de arrendamiento, mantenimiento, administración, vigilancia y el constante reacomodo de los vehículos, los cuales tienen que ser cubiertos por los permisionarios.
El abandono y acumulación de los vehículos provoca derrames de aceites, ácidos, combustibles y corrosión de los metales, los cuales se vierten en el suelo de los terrenos propiciando la presencia de contaminación ambiental afectando así los mantos friáticos y el subsuelo.
Todo esto se debe a la falta de procedimiento que permita a las autoridades llevar a cabo la enajenación de los bienes o determinar en qué momento se puede causar el abandono a favor del gobierno federal.
El dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración establece una serie de reformas, las cuales consideramos acertadas, ya que permitirán que se subsanen las deficiencias en la legislación vigente, solucionando así un problema que ha durado o ha perdurado desde hace varios años.
Establecer un procedimiento por el cual se determinen de forma clara y precisa los lineamientos a seguir a partir de que se lleve a cabo el retiro de la circulación del vehículo, la notificación del interesado que manifieste lo que a su derecho convenga hasta finalizar con la recuperación del vehículo o decretar el abandono del mismo, reducirá el número de vehículos asignados en los depósitos.
La aprobación de estas reformas no sólo traerá consigo la disposición de los más de un millón de vehículos abandonados, sino que representará una reducción en la polución, ya que se disminuirán los agentes contaminantes a que hemos hecho referencia.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que con acciones como las que se contienen en el mismo, se habrá dado un paso importante hacia la concreción de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, dirigidas a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador, que preserve nuestro patrimonio natural, que genere riqueza y competitividad y empleo.
Agradezco y reconozco a todos los grupos parlamentarios la suma a este proyecto y que será en beneficio de muchos ciudadanos, que gracias a ellos la totalidad de nosotros estamos aquí. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y al no haber artículos reservados, ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a reiniciar la votación. Les pediría que pudieran todos emitir su voto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 419 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para fundamentar el dictamen por la Comisión, tiene el uso de la voz el diputado Rafael Micalco Méndez, hasta por cinco minutos.
El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en días pasados a la Comisión de Seguridad Pública fue turnada, para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. La propuesta que se dictamina busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incorporar a representantes de la sociedad civil, a ciudadanos con reconocida trayectoria a través de diferentes mecanismos que serán determinados en fechas posteriores.
Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano encargado de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas y continuas, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública en el país.
También establece los lineamientos para la formulación de políticas generales en la materia, vigila los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal.
Dicho lo anterior, es de entenderse que la iniciativa tuvo aceptación de todos los grupos parlamentarios de la comisión, por lo que se dictaminó en sentido positivo, haciendo las adecuaciones que se consideraron precedentes.
Por ejemplo, el incorporar a cinco representantes de la sociedad en lugar de tres, que eran los que se habían propuesto en un inicio. Al momento de aprobar la iniciativa, los legisladores consideramos que la propuesta era oportuna en razón de que en la medida que representantes de la sociedad civil vigilan y participan en las instancias de toma de decisiones, cualquiera que sea la materia los funcionarios se ven obligados a participar con mayor profesionalismo y pulcritud, tratándose del ámbito de la seguridad nacional.
En nuestro país cada día de manera más activa los ciudadanos se involucran más en las cuestiones públicas, se informan, analizan, dan seguimiento y proponen opciones al quehacer gubernamental, por lo que las acciones de combate a la delincuencia se fortalecen con lo que aporta la sociedad.
Se ha conseguido dar un carácter preventivo y no sólo reactivo de la policía, se deja atrás un sistema centralista por uno de seguridad ciudadana. Se busca el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La misma autoridad ya estaba atendiendo esta inquietud, pues casi a la par en el Consejo Nacional de Seguridad también se acordó que fueran cinco los integrantes que se sumaran de la sociedad civil para que, en su caso, pudiera estar la sociedad integrada y supervisando las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad.
Como se asienta en el dictamen, tratadistas y especialistas en la materia reconocen que en un entorno democrático se requiere el fortalecimiento de la sociedad civil respecto de las instituciones, y sobre todo, frente a aquellas que históricamente se alejaron más de un esquema colaborativo con la sociedad, como lo fueron hasta hace poco las encargadas de la seguridad pública del país.
Asimismo, dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano operativo del sistema, se prevé la existencia de un centro nacional de prevención del delito y participación ciudadana. Por lo que esta reforma no solo fortalece la ya existente, sino que coadyuva a trabajar unidos en contra de la delincuencia.
El propósito de la iniciativa que nos ocupa es altamente encomiable, ya que la incorporación de la sociedad civil organizada, al órgano máximo de seguridad pública, representa cambio de paradigmas desde el más alto nivel de esta esfera.
En razón de lo anterior, pido a ustedes su voto a favor del presente dictamen, que constituye un paso importante a favor de la seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Estimadas compañeras, estimados compañeros diputados. Comienzo dándole las gracias a la Comisión de Seguridad Pública y a su presidente Guillermo Anaya Llamas, por haber tomado en cuenta esta propuesta que hago, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Muchísimas gracias.
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, de un estado de derecho, el cual genera condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados estén exentos de todo peligro, daño o riesgo.
La participación ciudadana en un tema como la seguridad pública es fundamental, ya que permite tener visiones más cercanas a la problemática que se vive y tener un mejor análisis de la realidad con propuestas de solución.
La demanda de participación ciudadana es cada vez más latente, por lo que se deben abrir los canales necesarios en temas relevantes para que se recupere la confianza en las instituciones y que se aporten propuestas que permitan el combate frontal a la delincuencia e impunidad.
El dictamen que la Comisión de Seguridad presenta a ustedes, con base en mi iniciativa, tiene grandes ventajas, como lo son las siguientes:
Primero. Asegurar la voz ciudadana, permanente y autónoma en el Consejo de Seguridad Nacional Pública, en el que se enriquecerá el debate sobre el tema de seguridad.
Segundo. Promover la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública, además de reforzar acciones de participación ciudadana.
Tercero. Contribuir en la construcción de una política pública de Estado que contribuya con acciones de seguridad pública y fortalecimiento de los derechos humanos.
Con la aprobación de este dictamen estamos frente a una gran oportunidad de seguir generando canales de participación en temas relevantes, específicamente en el de prevención y combate del delito, creando plataformas de participación y representación ciudadana sostenible y efectiva, que se construya en conjunto con las autoridades.
En el ámbito social, la seguridad y la justicia han pasado a ser un objeto de análisis y críticas constantes, lo cual es entendible por la exigencia ciudadana que requiere ser atendida de manera urgente, eficiente y oportuna, por el gobierno en sus tres niveles.
Con la finalidad de sumar esfuerzos, en la obligación de ofrecer seguridad, a la cual está obligado el Estado, se propone que integrantes de la sociedad civil sean parte del Consejo de Seguridad Nacional, para que su voto, sus puntos de vista expongan claramente la realidad en la que vivimos y promovamos con ellos mayores canales de participación y decisión por parte de los ciudadanos.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza votará a favor del dictamen y los invito a que apoyen esta propuesta, en la cual se fortalecerá la participación ciudadana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Con la venia de la asamblea. Primero felicitar al iniciador, al diputado Bribiesca, porque esta iniciativa aunque pareciera muy sencilla porque cambia en el artículo 12, sobre el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el podrá invitar a la sociedad civil con contará con cinco invitados permanentes de la sociedad civil, que pareciera poco importante al menos en tema de iniciativa, el fondo es de verdad –creo– de mucha importancia.
Primero tendríamos, para entender esta iniciativa, que marcar la diferencia entre seguridad pública, seguridad ciudadana y lo que hoy conocemos como seguridad nacional, que es lo que da la pauta para la creación de estos consejos.
La seguridad nacional que hoy se maneja como similar a la seguridad pública tiene que ver con un concepto de guerra, compañeros diputados; es decir, es como el Estado se preparaba en viejos tiempos para la guerra y para las invasiones de otros países.
Este concepto de seguridad nacional evolucionó para lo que hoy se conoce o en el tema de seguridad pública se conoce como las guerras internas que conocimos muy claramente en el sexenio de Felipe Calderón; es decir, como el Estado enfrenta los retos de seguridad que tiene al interior de su país.
Es por eso entonces que adquiere relevancia esta iniciativa. No se puede hacer seguridad nacional, pensando en una guerra interna, sin pensar en seguridad ciudadana. No se puede pensar en hacer seguridad pública solamente con pistolas y policías sin pensar en la participación de los ciudadanos.
Es decir, no hay forma en que en este país, sobre todo en el estado de criminalidad en el que nos encontramos, pensemos que solamente con policías, con patrullas y con armas vamos a cubrir y vamos a poder atacar y acabar con el crimen organizado. Esto no va a suceder.
Solamente con la participación de la ciudadanía y con un nuevo paradigma internacional que se llama seguridad ciudadana, que hace corresponsables a los ciudadanos no solamente de la seguridad de nuestra casa, no solamente de la seguridad de nuestros parques o de nuestros barrios, sino también de la seguridad que está relacionada con nuestros pares y de la seguridad que está relacionada con nuestro Estado.
Es entonces que en esta teoría de política pública nos volvemos los ciudadanos corresponsables de mantener el orden público, junto con el Estado, porque no hay forma en que haya tantos policías como delincuentes, al menos no en este país.
¿Qué es la trascendencia? Es que no solamente le pidamos la obligación a los ciudadanos de que participen en defender su casa, su barrio y en este paradigma de seguridad ciudadana, sino que además los hagamos también parte de estos consejos que toman decisiones y que tienen un contacto directo con las autoridades para poder fijar las estrategias de seguridad pública y de seguridad nacional. No podemos pedirles a los ciudadanos solamente obligaciones y no darles atribuciones.
Éste es el fondo real de la iniciativa del diputado Fernando Bribiesca, que nos parece que es una iniciativa extraordinaria y vamos a votar a favor de ella. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. La democracia es una forma de vida y como consecuencia se traduce en una forma de gobierno a través de la cual se avala el ejercicio de la voluntad del pueblo, cuyo carácter debe de expresarse siempre mediante mecanismos que garanticen a éste el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos con atención a los principios de igualdad, libertad, pluralismo y tolerancia.
Contrariamente a lo que generalmente se piensa, la democracia no se reduce a la facultad que tiene la población de elegir a sus gobernantes; pues ésta es también el derecho de los ciudadanos de participar activamente en las políticas públicas que diseñen estos.
Asimismo, la democracia como régimen político o forma de ejercer el poder público, resulta ser una condición necesaria para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos fundamentales.
La figura de la participación ciudadana es una prerrogativa consagrada en nuestra Carta Magna, como bien lo saben ustedes en los artículos 25 y 26, como son también reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros.
En este sentido, la participación ciudadana debe necesariamente incidir en la vida democrática de nuestro país y, por tanto, en el forjamiento y construcción de todas las instituciones públicas de todos los órdenes de gobierno. Pese a lo anterior en México, contamos con instituciones que no generan respeto, ni el más mínimo grado de credibilidad desafortunadamente, claramente derivado de la ineficacia en la prestación de servicios públicos. Funcionarios corruptos todavía sin el menor sentido social, propiciando inclusive violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La seguridad nacional debe entenderse como el conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y culturales que las autoridades gubernamentales emprendan para garantizar la integridad territorial, el bienestar social y la soberanía con apego a los principios constitucionales.
Lo cierto es que hoy por hoy, la sociedad mexicana enfrenta una de las peores crisis en su historia en lo que al ámbito de seguridad pública se refiere, pues de conformidad con la Encuesta México Confía en sus Instituciones 2012, la policía es la institución que genera mayor desconfianza ocupando el penúltimo lugar de las 15 instituciones públicas analizadas.
Lo anterior se traduce en que el forjamiento de los niveles de seguridad en el país y la confianza en sus instituciones debe ser una prioridad nacional en la que, a través de personal debidamente capacitado, se permita conformar organismos de seguridad pública sólidos, eficaces y honestos.
En este sentido y, en atención a que el Consejo Nacional de Seguridad es la instancia superior de coordinación y definición de las políticas públicas sobre la materia y, dada la importancia que este tema reviste tanto para las instituciones públicas y privadas y para la sociedad civil en su conjunto, es que los integrantes del Grupo legislativo de Movimiento Ciudadano coincidimos con la necesaria integración de cinco miembros de la sociedad civil como parte permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De tal forma que éstos puedan participar de manera activa en el establecimiento de instrumentos y políticas públicas integrales que permitan dar cuenta verdaderamente a los requerimientos que en materia de seguridad pública tenemos como sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, nuestra fracción legislativa votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Aunque en este momento somos pocos, espero que la atención sea también al contrario; que sea bastante en virtud de que es un tema muy importante para la seguridad nacional la participación ciudadana.
Como partido Verde, apoyaremos esta iniciativa que ha presentado nuestro compañero diputado del Partido de Nueva Alianza, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.
De acuerdo a los tratadistas que se ocupan del estudio relativo al funcionamiento del Estado, corresponde al Poder Ejecutivo como una de sus funciones primordiales, garantizar la seguridad pública en todo el territorio nacional.
Esta seguridad es aquella de la cual deben disfrutar todos y cada uno de los miembros de la sociedad para el ejercicio de sus libertades públicas y de todas las actividades ciudadanas que, en el marco de la ley, tienen lugar en el ámbito privado.
La garantía de estos derechos está expuesta claramente en las constituciones, no solamente en la General de la República, sino en la de las entidades federativas cuando se refieren a la protección de la vida con todos sus atributos, así como los bienes de índole patrimonial.
Si bien queda claro que la tarea de garantizar la seguridad pública es una función que corresponde esencialmente al Poder Ejecutivo, lo cierto es que los otros dos Poderes del Estado también juegan un papel fundamental en la materia, principalmente como garantes del respeto al Estado de derecho, ejerciendo de esta manera un control sobre los cuerpos de seguridad de los que dispone el Estado y en las cuales se asienta la capacidad coercitiva del mismo.
En México, sin embargo, durante mucho tiempo no existió la posibilidad de llevar a cabo un control democrático sobre los aparatos estatales de seguridad que garantizara el respeto irrestricto a los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna, en virtud de que la cultura republicana y de pluralismo que hoy impera en nuestro régimen político no se instauró sino hasta fechas relativamente recientes.
La transición democrática ha hecho posible poner en la mesa del debate temas como la convivencia de la participación del Poder Legislativo en asuntos relacionados con el control de las agencias de seguridad, del mismo modo que se ha propuesto una mayor colaboración con el Poder Ejecutivo Federal y con los demás niveles de gobierno, es decir, las entidades federativas y los municipios.
Más aun a la luz de los buenos resultados a que ha conducido los procesos de ciudadanización de los cuales han sido objeto los modelos de seguridad pública en varios países, lo que se discute hoy es la pertinencia de incluir a la sociedad civil en cada vez más espacios done se toman decisiones encaminadas a preservar la vida, la familia, las posesiones de los ciudadanos.
Uno de estos espacios es precisamente el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de funciones como establecer los instrumentos y políticas públicas tendientes a cumplir los objetivos y fines del Estado en materia de seguridad; promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el sistema y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito, así como de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del sector.
No obstante la relevancia de las atribuciones que la ley establece a favor del consejo hasta ahora, a pesar de haberse promovido en más de una ocasión, se ha mantenido al margen del proceso decisorio en materia de seguridad pública tanto al Poder Legislativo como a la sociedad civil, pues ninguno de sus representantes tiene la posibilidad de incidir realmente en las decisiones adoptadas por el pleno de la entidad referida.
El decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene la finalidad de que el consejo cuente con cinco representantes de la sociedad civil, pero además el presidente de la comisión Nacional de los Derechos Humanos en calidad de invitados permanentes representa un avance importante en el esfuerzo de adecuar nuestro marco jurídico para consolidar la participación ciudadana en las tareas de planeación y supervisión de las acciones relacionadas con la seguridad pública.
Con ello se pretende que en el consejo se vea reflejada más fielmente la nueva dinámica del sistema político mexicano que hoy cuenta con auténtica división de poderes y con una sociedad crecientemente participativa.
No se puede soslayar el hecho de que todos los días aparecen nuevas formas de criminalidad cada vez más organizadas y sofisticadas, lo cual exige una mayor coordinación entre el gobierno y la sociedad para preservar la vida, la integridad y el patrimonio de la población.
Aumentar el número de efectivos policiacos e imponer penas más severas ya no es suficiente para alcanzar niveles de seguridad aceptables. Ello sólo puede lograrse si se avanza en la consolidación de un sistema nacional de seguridad pública incluyente, al mismo tiempo que participativo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con el permiso del pleno. El dictamen que hoy nos convoca tiene antecedentes directos que no podemos olvidar, entre ellos la reforma al numeral 21 de nuestra Constitución del 2008, en donde se introdujeron los principios básicos a los que debe ajustarse la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre ellos la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
Fue propuesta de la izquierda representada en la L Legislatura la que señaló la creación del Centro Nacional de Participación Ciudadana y Prevención del Delito dentro de la estructura organizacional del sistema nacional con la finalidad de establecer el mecanismo operativo por el cual se hiciera efectivo el derecho de la comunidad para participar en la implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad.
Si bien resulta acertado que el dictamen que hoy discutimos tiene su origen en una iniciativa del Partido Nueva Alianza, debemos señalar que lo que hoy aprobamos es una vieja demanda de las organizaciones de la sociedad civil y constituye una necesidad para la correcta implementación y rediseño de la política de seguridad.
No obstante, no debemos exagerar. El logro que esta modificación constituye el pasado 31 de julio del 2012, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nombró a cinco consejeros ciudadanos, y que en la vía de los hechos, lo único que estamos haciendo es la legalización de una situación que de facto ya existe.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Sesión XXXIII del 31 de agosto de 2012, resolvió la invitación a cinco representantes de la sociedad civil por medio de una comisión mixta integrada por diversos gobernadores y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se abocó a partir de las propuestas realizadas por rectores universitarios. Comprendió una más amplia participación de la sociedad civil que la prevista por la iniciativa.
Los nombrados fueron Alejandro Martí, presidente de México, SOS; María Elena Morera, presidenta de la Causa en Común; Héctor Larios Santillán, coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano; Arturo Valenzuela, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Julia Monarrez, académico del Colegio de la Frontera Norte, quienes de manera transitoria ocuparán el cargo durante dos años, supliéndose de manera escalonada, según lo consigna esta reforma legal.
Es importante resaltar que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se encuentra plenamente comprometido con la participación ciudadana, principalmente en la seguridad pública.
Es por ello que en su momento propusimos que la comunidad y la sociedad civil sean quienes participen en el diseño, implementación y redireccionamiento y evaluación de todas las políticas públicas en la materia, en los tres ámbitos de gobierno para que sea la propia comunidad quien señale sus necesidades y evalúe a los elementos policíacos, de acuerdo con su desempeño. No hay mejor opinión respecto al desempeño de la función pública que la propia opinión de la comunidad; de esto, nos encontramos plenamente convencidos.
Asimismo –según el propio texto constitucional- la propia comunidad deberá evaluar a las instituciones de seguridad pública y, de esta manera, cumplir cabalmente con sus propios mandatos.
En el dictamen que se discute hoy, debemos reconocer, se produce un gran avance en términos de la participación social; sin embargo, debemos señalar con mucha claridad, debemos estar pendientes en la designación de los ciudadanos en este tema. Deben ser ciudadanos honorables que también tengan experiencia y no solamente ello, que sean avalados por las instituciones académicas que tienen experiencia en el tema.
Hay que decirlo, que lo sepan porque en muchos de los casos lo único que podemos obtener en este tema, a pesar de que el fondo de la iniciativa es buen podemos encontrar sólo la simulación.
Termino diciendo. No debe ser la propuesta del ciudadano a modo del Ejecutivo, que cumpla con esos requisitos porque de lo contrario la iniciativa quedaría en papel y el pueblo de México lo que quiere es seguridad, seguridad y más seguridad. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Víctor Serralde Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Víctor Serralde Martínez: Compañeros diputados, compañeras diputadas, la inseguridad pública que nos afecta a todos debe ser combatida desde todos los frentes y por todos nosotros.
En este sentido, cualquier propuesta que busque mejorar el marco normativo aplicable debe ser analizada y apoyada, si consideramos que aporta las acciones para dar seguridad a nuestras familias, a nutro patrimonio y por supuesto también a nuestra persona, en nuestros hogares y en las calles por donde transitan todos los ciudadanos.
El dictamen que estamos discutiendo, recaído en la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 12 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue presentado por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por el diputado Bribiesca para ser precisos, fue considerado procedente en la Comisión de Seguridad Pública porque institucionaliza la participación de la sociedad civil.
Se busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incorporar a representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Actualmente, el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala quiénes integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública y establece que se podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública.
Con la reforma que se propone mediante este dictamen, se busca que el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuente con cinco invitados permanentes, representantes de la sociedad civil, es decir la sociedad civil ya no podrá ser invitada sino que ahora formará parte del Consejo. Por lo tanto, sus observaciones, propuestas y críticas contribuirán en el órgano de la mayor jerarquía en la materia, toda vez que en ese Consejo se encuentran presentes el propio presidente de la república y el secretario de Gobernación, entre otros.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública dice al artículo 14 de la Ley, que tienen, entre otras, las siguientes atribuciones.
Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continúas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de seguridad pública.
Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública.
Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito.
Promover la homologación y el desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública, y evaluar sus avances.
Vigilar que los criterios para la distribución de los recursos de los fondos de aportaciones federales se observen las disposiciones establecidas de la Ley de Coordinación Fiscal.
Formular propuestas para los Programas Nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito.
Para un órgano con esas atribuciones es procedente que entre sus integrantes se encuentren representantes de la sociedad civil, que hagan escuchar la voz de los ciudadanos, que día a día sufren el problema y que esos representantes, con la experiencia con que cuentan, aporten conocimiento, experiencia y capacidad para la adecuada toma de decisiones en el Consejo Nacional.
La participación ciudadana en materia de seguridad pública ha sido muy activa. Desafortunadamente en algunos casos los ciudadanos han tenido que salir a la calle a organizarse para exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo, para denunciar el contubernio existente entre elementos de seguridad y de delincuentes.
Hemos conocido de personajes que han realizado investigaciones por su cuenta y que han resuelto casos donde las autoridades responsables han fracasado. Teniendo este antecedente, es de reconocer el esfuerzo de la sociedad civil, por eso deben incorporarse algunos de sus principales figuras al Consejo y nutrirlo de experiencias y de las reflexiones necesarias.
Sabemos que en los órganos colegiados, la incorporación de la sociedad civil a través de sus representantes se enriquece, ya que estas organizaciones cada día participan en más espacios donde su voz es escuchada y realizan trabajos que están directamente ligados a los ciudadanos.
En nuestro país, en los últimos tiempos, los ciudadanos se involucran más en las actividades públicas. Como en toda democracia no sólo se ejercen derechos y se cumple con obligaciones, sino que se participa activamente en las múltiples actividades de la sociedad.
Reconociendo esa realidad, este dictamen, aprobado en la Comisión de Seguridad Pública, contribuye y reconoce ese impulso ciudadano. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen, pues con ello reformamos un instrumento jurídico que contribuirá a contar con participaciones activas, serias y responsables en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María del Carmen García de la Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María del Carmen García de la Cadena Romero: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la visión integral de la sociedad con relación a la seguridad pública se ha visto gravemente afectada por los hechos de violencia que se han suscitado durante los últimos años.
El constante ataque a bienes jurídicos tutelados como la vida, la seguridad personal y la propiedad a términos por trastornar la vida de los mexicanos, diversos sectores de la sociedad han manifestado su desconfianza hacia los procesos empleados para contener la ola delictiva que afecta al país, así como a los sistemas de impartición de justicia, siendo estos rubros objeto de constantes críticas y reclamos.
La existencia de organizaciones no gubernamentales es no solo ejemplo loable del despertar ciudadano y democrático, sino síntoma de lo mucho que falta por hacer en materia de seguridad lo que obliga a que sus aportaciones sean tomadas en cuenta por todos los niveles de gobierno.
El combate a la delincuencia, como cualquier otra política pública es controversial, pero dado a que este fenómeno ha venido afectando a todos los estratos de la sociedad es necesario el apoyo a la misma, apoyo que debe significar un margen de legitimidad que demuestre el consenso hacia la actividad que en ese rubro despliega el Estado mexicano.
El dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración propone la incorporación de representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad pública, lo cual consideramos acertado, ya que con estas acciones se generarán canales para la participación ciudadana en la prevención y combate al delito, lo que brindará certeza a la sociedad sobre las decisiones que se tomen en esta materia.
Permítanme enfatizar que al contar con la presentación de la sociedad, al momento de la toma de decisiones en el tema de seguridad pública, se recuperará la confianza en estos años anteriores que se había perdido la institución de seguridad pública.
Compañeros y compañeras legisladores, uno de los principios básicos de ese gobierno es el contar con la participación ciudadana de los temas de interés nacional, por los que al ser la seguridad pública uno de ellos, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, por eso estamos a favor de esta iniciativa de reforma al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y nos parece adecuado porque esperamos que estos cinco representantes de la sociedad civil sacudan el inmovilismo al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se ha convertido en un lugar para el juego de los espejos, donde los gobernadores y el Ejecutivo federal no hablan con la crudeza ni toman las decisiones necesarias para enfrentar el grave problema de la seguridad pública.
Se ha dicho que ha bajado la delincuencia, y lo presume el secretario de Gobernación, pero lo cierto es que los delitos de secuestro han sufrido un aumento considerable, del 27 por ciento más que en el ominoso sexenio anterior, que hubo 100 mil muertos con Felipe Calderón.
Sin embargo, ahora hay más delitos de secuestro y las extorciones van en un claro aumento, donde se han registrado casi 4 mil 500 en lo que va del presente año, casi un 20 por ciento más que en el 2012. Es decir, más extorsiones y más secuestros en lo que va de la actual administración.
Por eso esperamos que estos cinco representantes de la sociedad civil sacudan a ese consejo, porque el 70 por ciento de los mexicanos –según una encuesta de México Unido contra la Delincuencia– considera que la inseguridad no solamente no ha bajado, sino que está aumentando en el país. Y los delitos de alto impacto, como el robo, las lesiones dolosas, el homicidio y los ya citados secuestros y extorsiones, aumentaron 8.2 por ciento entre febrero y abril del presente año.
Es decir, van a la alza estos delitos a pesar de todo el esfuerzo para ya no hablar del tema y relegar el tema de la inseguridad a las páginas interiores de los periódicos. La realidad es que no se puede tapar el sol con un dedo y negar la realidad. Y por eso vemos bien esta iniciativa, pero creemos que hay que hacer otros esfuerzos.
Por eso nosotros queremos también que la Comisión de Puntos Constitucionales no solamente dictamine las iniciativas del pacto o del presidente, sino que también por ahí dictamine una iniciativa que presentamos para reformar el artículo 2 y 21 de la Constitución, donde proponemos la constitucionalización de las policías comunitarias, estas policías que han surgido en Guerrero, en Michoacán, y en otros lugares del país, ante la incapacidad de los cuerpos policiacos estatales, federales y municipales para responder a este grito desesperado de la sociedad.
Nosotros creemos que la participación ciudadana y comunitaria no puede restringirse únicamente a tener a cientos como invitados al Consejo Nacional de Seguridad. Si en los pueblos están organizando, démosles rango constitucional a través de una reforma al 21, donde se establezca —concluyo, presidente— que la seguridad pública podrá ser brindada por la federación, el Estado, los municipios y las comunidades conforme a la ley. Es decir, aprovechemos esta energía social y entre todos abatir el principal problema del país y cuando no hay seguridad pública un Estado fracasa y actualmente hay un fracaso porque la inseguridad pública no se ha frenado, sigue a la alza.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refieren el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Les damos más cordial bienvenida y saludar la presencia aquí de los invitados al seminario denominado: Enseñanza e Investigación y Asistencia Técnica al Campo, que organizó la Comisión de Reforma Agraria y están hoy aquí invitados por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta de la comisión. Bienvenidos a la sesión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde la curul): A favor.
El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 430 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI, al artículo 48 de la Ley de Migración. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz, la diputada Amalia García Medina.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros; señor presidente. Esta adición VI, al artículo 48 de la Ley de Migración, tiene como objetivo poner en el centro el interés superior de niñas, niños, que para nosotras, para el Estado mexicano, para todos es fundamental.
¿Y de qué trata este artículo, esta adición que se propone a este artículo? Se trata fundamentalmente de que los deudores alimentarios cumplan con su obligación. Y en la parte del artículo 48, en la que se refiere a la salida del territorio nacional, se establece que deban antes de dejar territorio nacional cumplir con ese compromiso que es ineludible y que además está garantizado por nuestra propia ley.
¿Por qué la proponente hizo este planteamiento? Porque se tienen los datos precisos que señalan que alrededor del 67 por ciento de los deudores alimentarios no cumplen con ese compromiso; 67 por ciento es una cifra verdaderamente alarmante.
Esta adición establece que no podrán dejar territorio nacional -por supuesto garantizándose todos los derechos a las personas previamente-, quienes sean deudores alimentarios si han sido morosos por más de 60 días, si han sido denunciados por el acreedor alimentario, si han sido vencidos en juicio; si, a pesar de ello continúan incumpliendo, y por supuesto si se dan todos y cada uno de estos supuestos, entonces se aplicará esta reforma, esta ley.
De tal manera que lo que se ponga en el centro, reconociendo que el derecho de libertad de tránsito, de viajar, de cambiar de residencia es un derecho esencial, también considera la proponente –y así lo ha reconocido la Comisión de Asuntos Migratorios y por eso estamos a favor de esta reforma- que el derecho de los niños y niñas a su sostenimiento, es un derecho que está en nuestra Constitución. Está en distintos instrumentos internacionales que ha respaldado el propio Estado mexicano. Creemos que el bien superior de niñas y niños debe ser garantizado.
No es una iniciativa ni un planteamiento inédito. Existe en otros países. Yo quiero hacer referencia especialmente a naciones de nuestro propio continente como Costa Rica y como Argentina, de tal manera que esta reforma lo que haría es poner a México en condiciones de avance, tal y como se ha dado en otras naciones.
Estamos seguros, puesto que hubo un análisis, un debate; hubo una revisión a fondo en la Comisión de Asuntos Migratorios antes de la propuesta de esta reforma, que en el pleno de esta Cámara seguramente se estará a favor. Es a lo que las invitamos y los invitamos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que presenta ante este pleno la Comisión de Asuntos Migratorios para adicionar una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, sin duda contribuye a fortalecer el andamiaje jurídico que permita al Estado mexicano cumplir con su obligación constitucional de tutelar el interés superior de la infancia.
La adición sometida a consideración pretende que la autoridad migratoria impida a los deudores alimentarios salir del país, con el propósito de salvaguardar el derecho a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes que por alguna razón sus padres se han separado.
Consideramos que la propuesta aprobada por la comisión responde a una realidad social en la que los mayores perjudicados son las hijas e hijos, quienes a la separación de sus padres quedan en la indefensión económica.
De las 570 mil parejas que contrajeron nupcias en el 2011, 91 mil 285 tramitaron su divorcio, esto es 16 de cada 100 casamientos en México, situación que afecta principalmente a los hijos, ya que además de soportar el sufrimiento de la separación de sus padres, ellos deben adecuarse a las nuevas condiciones económicas de la familia.
La aprobación de este dictamen representa un avance en la atención de las necesidades de los hijos e hijas de parejas separadas, pues la tendencia indica que el 67 por ciento de los padres desatiende la manutención de sus hijos luego del divorcio.
Obligar a los deudores alimentarios a cumplir con este compromiso es una medida a favor del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
Como grupo parlamentario también estamos convencidos que para dar operatividad a la norma será necesario establecer los mecanismos para que al emitir un fallo de este tipo los juzgados notifiquen inmediatamente al Instituto Nacional de Migración a fin de que se haga posible el cumplimiento de este mandato y que la persona que lleve más de 60 días que ha dejado de aportar la pensión para sus hijos, no pueda salir del país.
Por lo que el voto del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza será a favor de este dictamen, mismo que está sustentado en la obligación que tenemos de legislar a favor de la niñez y juventud, como un principio básico para edificar una sociedad igualitaria y equitativa, pues un país que aspira a mejorar los niveles de bienestar social, no puede soslayar la importancia de procurar a quienes se convertirán en un futuro en las y los mexicanos que sostendrán a nuestra nación.
En esta etapa los hijos necesitan todo el apoyo y los recursos económicos necesarios para su desarrollo integral.
Nos corresponde como padres velar por su alimentación, educación, salud y vivienda y garantizar a que vivan en un ambiente armónico y adecuado a su sano esparcimiento.
Así también el Estado mexicano y sus autoridades, tienen la obligación de aplicar la ley para garantizar que así sea.
En ello radica la importancia de esta adición; ya que como señala la proponente, quienes tienen recursos para salir del país, cuentan con las posibilidades de cumplir con su responsabilidad y quien sale por razones de trabajo, demuestra que tiene la fuente de ingresos que le permite corresponder con la manutención de sus hijos.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que en la consolidación de nuestro Estado de derecho la protección de los derechos humanos es y será la máxima prioridad, más aún cuando se trata de velar por el interés superior de la infancia, ya que además de ser nuestra obligación como legisladores, es un imperativo moral como sociedad. Es cuanto, presidente, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores: el propósito de la norma que votaremos es un tema de justicia para infinidad de niños y sus madres, quienes son acreedores alimentarios y a quienes por una u otra razón el deudor alimentario no entrega la pensión correspondiente.
Se trata de impedir que quienes no han cumplido con su obligación de cubrir alimentos en un período mayor de 60 días puedan abandonar el territorio nacional.
El artículo 48 de la Ley de Migración establece las excepciones a la autorización de salida del territorio nacional de mexicanos y extranjeros. Según se desprende del texto del dictamen, el 67 por ciento de los deudores alimentarios no cumplen sus obligaciones y el 67.5 por ciento de madres solteras no recibe pensión alimenticia.
Estos datos nos muestran la gran vulnerabilidad en la que los menores se encuentran. Tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta última en su artículo 4o, párrafo octavo, establecen el principio del interés superior de la niñez y la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio del interés superior del niño y las obligaciones que de él derivan se ve vulnerado cuando quien teniendo la obligación de proporcionar alimentos no lo hace y además pretende salir del país. Con esta adición al artículo 48 de esta ley se impedirá a quien no cumpla con su obligación alimentaria por más de 60 días abandonar el territorio nacional.
Cabe señalar que con esta reforma no cambiaría el régimen establecido en las normas sustantivas y procesales en los diversos códigos civiles de cada una de las entidades federativas de la república en relación precisamente al cumplimiento de la obligación alimentaria y a los procedimientos de ejecución que trae aparejado.
A quienes integramos esta Legislatura nos corresponde proveer todo aquello que sea indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos de nuestras niñas y niños, particularmente el de recibir alimentos.
Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Lorena Méndez Denis: Muy buenas tardes, Presidente de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros diputadas y diputados. El posicionamiento sobre la prohibición para salir del país a todas aquellas personas que no hayan incumplido con su obligaciones alimentarias, es una adición de la fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.
La libertad de tránsito prevista en la Constitución consiste en el derecho que tienen todas las personas para desplazarse o circular libremente por el territorio de un Estado, así como de entrar en él o salir y de elegir libremente en él su lugar de residencia.
En concordancia con el derecho en comento, toda persona puede migrar o visitar otro país siempre y cuando no exista impedimento legal alguno, como sería el caso de quienes se encuentran siendo procesados por delitos comunes, supuesto en el cual la ley puede prohibirles salir del país.
Un derecho del mismo nivel que el de tránsito, es el que tienen los niños y los adolescentes a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, tan es así que el artículo 4o de nuestra Carta Magna establece la máxima obligación a cargo del Estado de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, los que incluye la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos y el del Estado de prever lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez.
Así también, el mismo precepto constitucional dispone además que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Nuestra legislación civil vigente define a los alimentos como una contraprestación a favor de ciertas personas que la misma ley determina a cargo del padre, la madre o de los hijos según, sea el caso.
La garantía y protección que debe dar al menor para el caso concreto, se darán en virtud de que la condición de inmadurez en que se encuentra para valerse por sí mismo, y a causa de que éste no ha alcanzado tampoco su pleno desarrollo biológico, psíquico ni tampoco social.
Lo anterior coloca al menor en un estado de incapacidad temporal, haciendo necesaria la existencia de un pronunciamiento a cargo de una autoridad competente, con la máxima responsabilidad de preservar y proteger sus derechos.
No obstante la importancia que reviste el cabal cumplimiento de la pensión alimenticia a favor de un menor de edad, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no perciben este beneficio.
Incluso existen casos de importantes figuras públicas que incumplen con sus obligaciones alimentarias sancionadas por un juez en materia familiar. Por citar alguno de éstos, el presidente de la República que ha sido señalado públicamente por evadir su responsabilidad a favor de su acreedor alimentista.
En este entendido, el dictamen propuesto implica una norma de carácter general que sancionaría por igual tanto a un ciudadano, un funcionario o un servidor público e, incluso, en lo particularmente mencionado al titular del Ejecutivo federal, impidiéndole salir del país de forma legal.
Por todo lo anteriormente expuesto es que es lo integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, coinciden en la necesidad del establecimiento de un control a través del cual se impida la salida del país a los mexicanos que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias.
Sin embargo, no podemos olvidar que pese a los importantes avances legislativos en nuestro país para garantizar pensiones alimenticias a los menores, muchos de los progenitores irresponsables han encontrado cobijo en las negligencias de las autoridades a la hora de hacer efectivos los mecanismos para reclamar su cumplimiento, por lo que debemos implementar los mecanismos necesarios para el estricto cumplimiento administrativo de las medidas sancionadas en la materia y con ello proteger en todo momento la vulnerabilidad de los acreedores alimenticios. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México los indicadores estiman que aproximadamente un 60 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticio como consecuencia de diversas argucias de las cuales se valen los deudores alimentarios para evadir esa responsabilidad, argucias que incluso llegan al extremo del cambio de residencia con el pretexto de hacer uso de la garantía que les es conferida por virtud del artículo 11 de la Carta Magna, en el que señala que toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudarse de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Sin embargo, dicho precepto legal de igual manera establece las restricciones al referido derechos de tránsito, el cual por principio se encontrará subordinado a las facultades de las autoridades judiciales y administrativas, seguido de las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
De igual forma, como bien apunta la iniciativa que hoy se somete a votación en esta soberanía, en otra de las limitaciones de dicho derecho encuentran su fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 12 señala que el derecho a la libre transitabilidad no podrá ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hayan previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto.
Para lo anterior, también resulta aplicable por analogía lo pronunciado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis correspondiente en la novena época, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, página 2788, que señala que en la concurrencia y tensión entre derechos fundamentales, como son el de la libertad de comercio y los relativos a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, lo que amerita es utilizar el método de proporcionalidad en la ponderación para resolver la controversia.
Dicho método implica respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que producen en otros derechos e intereses constitucionales. Así, el objetivo es que el resultado del balance entre ventajas y desventajas siempre derive en un resultado positivo, entendiendo que el beneficio supere al daño a partir de un equilibrio entre las razones pertinentes y que se atiendan en la medida de lo óptimo posible para casos concretos.
Es precisamente en estos aspectos fundamentales a los cuales debe atender ese principio de proporcionalidad, cuya observancia es obligatoria en toda controversia de carácter alimentario.
Muchos son los argumentos que pueden exponerse para determinar la ponderación entre derechos fundamentales. Como ya se ha dicho, habremos de sujetarnos a los elementos específicos de cada situación.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos seguros de que no existe elemento alguno que indique que el derecho al libre tránsito se encuentra por encima del derecho a la satisfacción de las necesidades de los niños y de los adolescentes, necesidades que no recaen en otra cosa que no sean elementos básicos de subsistencia y desarrollo, como lo son: los alimentos, la salud y la educación.
Dicha obligación tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de interés social y de orden público, por lo que esa obligación jurídica al no cumplirse tendrá una sanción que será la condena al pago de una pensión alimenticia, fijada por el juzgador.
Sabemos que el problema no radica en la determinación de la obligación ni en la determinación del sujeto obligado a otorgar los alimentos. Lo que la iniciativa a votación sugiere, es garantizar que estos últimos no se sustraigan de la ley y de su cumplimiento. Que el derecho al libre tránsito, e incluso cambio de residencia, no se pondere nunca por encima de un derecho vital.
Por ello, las diputadas y los diputados de mi bancada nos pronunciamos a favor de la adición de una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, la cual implica el impedimento de salir del país a los mexicanos que dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de 60 días; adición, que además de necesaria, resulta fundamental para fijar precedentes, no sólo en el tema de alimentos, sino en todas aquellas garantías que se encuentran controvertidas y que requieren de modificaciones a la legislación aplicable para la debida garantía de su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, bajo las siguientes consideraciones:
El artículo 1o. de la Constitución General de la República establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
El artículo 4o. de esta misma, nuestra Constitución, señala que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
México forma parte de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y por tanto, es obligatoria la observancia de esta medida.
Por otra parte, en el numeral 1 del artículo 3, de esta Convención Internacional, se establece que en todas las medidas concernientes a los niños y las niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño o niña.
En el numeral 2 de este mismo artículo, se señala que los Estados parte se comprometen a asegurar al niño o la niña, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él o ella ante la ley. Y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Congruente con todo lo anterior, debemos subrayar que el artículo 303 del Código Civil Federal, expresamente establece que los padres están obligados a dar alimento a sus hijos e hijas.
Encontramos todo este fundamento en materia legal. Sin embargo, creemos que lo más importante, lo que tenemos que analizar y destacar es la realidad que se vive en nuestro país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en nuestro país hay 30 millones de mujeres que son madres, de ellas el 18 por ciento vive sin el apoyo de su pareja, el 14 por ciento de las madres solteras no poseen ningún ingreso monetario. Según datos de organizaciones no gubernamentales, se estima que el 67 por ciento de los deudores alimentarios incumplen injustificadamente su obligación.
De acuerdo con lo establecido por la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en mayo de 2011 se establecieron datos importantes sobre la situación en la que se encuentra nuestro país respecto a la obligación de otorgar alimentos, reportando los siguientes datos: tres de cada cuatro niños o niñas, hijos de padres separados, no reciben pensión alimenticia.
Una tercera parte de los hogares de nuestro país son sostenidos por mujeres. Once punto ocho millones de madres viven en situación de pobreza.
Las entidades que concentran el mayor porcentaje de madres de familia en condición de pobreza multidimensional son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.
La proporción de nacimientos por situación conyugal de la madre es: un 45 por ciento se encuentra en unión matrimonial, un 44 por ciento se encuentra en unión libre y un 11 por ciento se encuentra soltera.
De los datos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se puede desprender la situación en la que se encuentra nuestro país, que es muy grave respecto a las pensiones alimenticias, dejando de manifiesto la necesidad de regular el cumplimiento de esta obligación, pues las cifras que se presentan resultan alarmantes al considerar que la falta de cumplimiento de dicha obligación repercute directamente sobre personas que no cuentan con la capacidad de obtener, por sí mismos, los recursos necesarios para su sano desarrollo.
Los estudios realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos también arrojan los artificios de los que se valen los deudores alimentarios para evadir su responsabilidad.
Entre los principales están: el deudor dolosamente manifiesta que su salario es inferior al que realmente percibe. El deudor se coloca intencionalmente en estado de insolvencia. El deudor no desea cumplir con la obligación alimentaria. El deudor es trabajador eventual. El deudor cambia de domicilio, donde no sea posible ubicarlo.
Finalmente, según el periódico El Economista, 11 mil 577 trámites por demanda de alimentos se realizaron ante el Tribunal Superior de Justicia, tan solo del Distrito Federal, en el periodo de 2010.
Por todo lo anterior, convencidos de la urgente necesidad de legislar en esta materia, votaremos a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo: Señoras legisladoras y señores legisladores, de acuerdo con la exposición de motivos del presente dictamen el derecho a recibir alimento se define como la facultad jurídica que tiene el acreedor alimentista para exigir al deudor alimentario lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo del matrimonio, del divorcio y del concubinato, que el artículo 303 del Código Civil Federal establece la obligación de los padres de dar alimentos a los hijos; el 165, que este derecho es preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos.
Que en los términos del 308, alimentos, comprende la habitación, la comida, el vestido, la asistencia médica, en caso de enfermedad, y además respecto de los infantes y adolescentes también comprenden los gatos de educación para proporcionarles un oficio o profesión honestos conforme a sus circunstancias personales, destacando que la obligación alimentaria es un deber de interés social y orden público.
El derecho de alimentos puede definirse como aquel que tiene todo individuo para obtener todo aquello que es necesario para vivir plenamente. Así que no es el derecho alimentario la posibilidad que tiene una persona para recibir alimentos propiamente dichos, significa mucho más. Incluye lo necesario para estar bien nutrido, para vestirse, para tener un techo, para recibir la educación y para tener asistencia médica.
Merece la pena mencionar que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana, y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas en los planos nacional e internacional orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de los derechos humanos.
En términos generales el derecho a recibir alimentos recae en la persona que no puede proveérselos por sí mismo, sea por su incapacidad física, mental o por ser menores de edad, así como también tiene derecho a pedirlos quien a su vez los proporciona por ejemplo en el caso de una pareja, casados o no, los cuales contribuyen en común al sostenimiento del hogar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 25 y 11 respectivamente, reconocen al derecho de alimentos como un derecho fundamental del hombre. Esto resalta la importancia y el objeto que la obligación alimentaria tiene respecto de los menores y que quedan de manifiesto en la Constitución, en las leyes nacionales y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México en esta materia.
Entre esos instrumentos internacionales que podemos mencionar, se encuentran la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, por lo que hace que la convención sobre el derecho del niño, consideramos importante destacar, que en su artículo 3o., que establece que en los Estados, parte en este sentido, se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley y, con el fin, tomarán en sí todas las medidas legislativas y medidas adecuadas.
Esto es muy importante y el objetivo de la presente modificación a la Ley Nacional de Migración consiste en impedir que las personas que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan de territorio nacional hasta en tanto no cubran el total de su adeudo; por lo tanto, busca la salvaguarda del derecho humano a la alimentación y, en consecuencia, del derecho humano a la vida.
Como lo establece, el segundo resolutivo del dictamen en este sentido, correlaciona la suspensión del derecho al libre tránsito que recaería sobre un deudor alimentario. En un amplio análisis y profundo debate se expresó, para llegar a tal situación, que tendrían que cumplirse varios supuestos, porque no estamos atentando contra el libre tránsito, tiene que ver lo siguiente: que quien pretende viajar es deudor alimentario, que ha sido moroso por más de 60 días, que ha sido denunciado por el acreedor alimentario, que un juez ha conocido su caso, que ha sido vencido en su juicio, que a pesar de ello continúe incumpliendo y desee ausentarse del país; dándose todos y cada uno de los supuestos anteriores, de manera indiscutible el que debe prevalecer es el derecho a recibir alimentos en los términos que expresan las leyes.
En este sentido, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, propone que en su artículo 48, la fracción VI quede como sigue: Las personas que en su carácter de deudoras alimentarias dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, por un periodo mayor de 60 días, previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes, para efectos de esta fracción y tratándose de extranjeros, el instituto definirá su situación migratoria y resolverá con base a lo que se establezcan en otros ordenamientos y en el reglamento de esta ley.
Señoras y señores legisladores, el derecho a la alimentación es universal. La omisión de esta responsabilidad pone en serio peligro a la salud, así como la integridad física de la persona e incluso de sus posibilidades a un desarrollo integral.
Por su apoyo, y sobre todo Acción Nacional, apoya este dictamen para sobre todo salvaguardar los derechos humanos en el Estado mexicano. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María Carmen Segura López: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67.5 por ciento de las madres solteras o jefas de familia no reciben pensión alimenticia, lo que demuestra una clara inoperancia de las normas aplicables en esa materia, así como también un menoscabo de los derechos de miles de menores de edad.
Al considerar que el incumplimiento de dicha obligación repercute directamente sobre las personas que no cuentan con la capacidad de obtener por sí mismos lo necesario para su sano desarrollo, debemos reflexionar sobre los mecanismos que actualmente son utilizados por los deudores alimenticios para evadir sus responsabilidades y con esto establecen mecanismos idóneos para dicha problemática.
El artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que son obligaciones de las madres, los padres y todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, el garantizarles satisfactores primarios entendiéndose éstos como comida, habitación, educación, vestido y salud. De la misma forma el citado artículo resalta que las normas establecerán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para garantizar el cumplimiento de estos deberes.
En nuestro país, como es de conocimiento general, la pensión alimenticia se fija tomando en cuenta las necesidades de quienes la necesitan y las posibilidades de quien está obligado a proporcionarla, para lo cual se toma como referencia si la persona que se encuentra obligada a proporcionarla recibe un salario o, bien, si es un profesionista laborando por su propia cuenta.
La reforma que hoy tenemos a nuestra consideración resulta acertada, ya que como oportunamente se ha establecido tanto en el dictamen como en la iniciativa que dio origen al mismo, el que las personas tengan posibilidades de poder llevar a cabo viajes al extranjero sean éstos por motivos personales o laborales, hace suponer que cuentan con la estabilidad económica necesaria para llevar a cabo el pago de la pensión a la que están obligados.
Llevar a cabo la restricción del derecho de libertad de tránsito de los nacionales que se encuentran en mora en el pago de alimentos hasta en tanto no cubran el total de su adeudo, permitirá responsabilizar a los padres que incumplan con sus obligaciones disminuyendo considerablemente el número de deudores alimentarios en el país.
Restringir la salida al extranjero al cumplimiento de una obligación no es nuevo en nuestro sistema jurídico y, por tanto, no es contraria a nuestro orden constitucional. Recordemos que de conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley del Servicio Militar Nacional, las empresas de transporte terrestres, marítimas y aéreos que expidan boletos o transporten mexicanos de edad militar al extranjero sin que éstos hayan recabado la autorización correspondiente, incurrirán en una multa; mientras que las autoridades de migración están obligadas a exigir a todos los mexicanos que pretendan salir del país, presenten la autorización respectiva.
Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que resulta fundamental garantizar el goce de los derechos de alimentación, asistencia médica y educación de los acreedores alimenticios.
Por tal motivo es de suma importancia contar con la norma que permita alcanzar dicho fin. El interés general de los niños, niñas está por encima de todos. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora para hablar a favor del dictamen tiene la palabra la diputada Fernanda Schroeder Verdugo.
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo: Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “debe de ser garantizada la función protectora hacia la infancia”.
Si bien es cierto existe la libertad de tránsito, también ésta puede estar limitada por una resolución judicial o porque hay responsabilidades de tipo criminal, civil o alimentaria. De tal manera que debe garantizarse que los deudores alimenticios cumplan con sus obligaciones.
Por lo tanto si ya existe una orden del juez para que paguen la pensión alimenticia y no cumplen tal y como lo señala el artículo 4o., de la Constitución que obliga a velar por el interés de la niñez y a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación de los niños, niñas y adolescentes, entonces la prioridad es y debe ser su bienestar.
Por lo tanto y en congruencia con nuestra Constitución y la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia, los diputaos de la fracción parlamentaria del PRI y en lo personal como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, estamos a favor de la adición de la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 425 votos a favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo no reservados para su discusión. Se informa a la asamblea que, en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo de los dictámenes enlistados con los números 3, 4 y 5, en el orden del día.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que hay dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política en relación con los grupos de amistad. Uno por el que se integra el Grupo de Amistad México-Colombia y otro que son cambios de integrantes de junta directiva de diversos grupos de amistad. Están publicados en el sistema electrónico. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si son de aprobarse los cambios.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquese. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, la economía procesal de la Secretaría es inaudita. No sabemos ni lo que aprobamos; al menos deberían de dar los nombres de los cambios o movimientos que se están proponiendo porque votamos a ciegas.
Siento que están muy cansados, pero al menos, por razones obvias, deberían de dar a conocer qué movimientos, qué comisiones, en qué casos para tener claridad en lo que se está aprobando. Ojalá y tengamos más cuidado en la Secretaría.
El Presidente diputado José González Morfín: Le agradezco su comentario, diputado. Están publicados en la gaceta electrónica y así lo hemos hecho tradicionalmente. Pero tomo en cuenta lo que usted acaba de decir, con mucho gusto.
El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que se recibió de la diputada Aleida Alavez, del Grupo Parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Coordinación Fiscal y abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
También se recibió del diputado Edilberto Algredo Jaramillo, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cual se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:35 horas): Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne con motivo del 60 Aniversario del Sufragio Femenino en México, que tendrá lugar mañana jueves 17 de octubre de 2013, a las 10 horas, y al término de la misma, sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
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