Actas de la sesiones preparatoria y anterior
Comunicaciones
De la Junta, con cambios en comisiones, comités y grupos de amistad
De diversas autoridades, con respuestas puntos de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con minutas e iniciativas
Dictámenes
Dispensa de trámites de diversos dictámenes
Que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración, fundamentación
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y en lo particular
Que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, fundamentación
Votación en lo general y en lo particular
Que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, fundamentación
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y en lo particular
Minuto de silencio por el fallecimiento de Pedro Ferriz Santacruz
Dictámenes en sentido negativo
Turno a comisiones de iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 359 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:16 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura de las actas de la sesión preparatoria y de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se les dispensa la lectura, tomando en consideración que han sido ya publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se les dispensa la lectura a las actas de la sesión preparatoria y de la sesión anterior, tomando en consideración que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a consideración las actas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Están a discusión las actas. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas las actas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Mesa Directiva, por el que comunica que durante le segundo receso del primer año de ejercicio se recibieron solicitudes de ciudadanos diputados, para retirar iniciativas y proposición, de conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Mesa Directiva por el que comunica que durante el segundo receso del primer año de ejercicio se realizaron modificaciones de turno a diversas iniciativas, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Mesa Directiva por el que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por el que se comunica que el diputado José Humberto Vega Vázquez manifestó su separación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y su incorporación al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa que durante el segundo receso del primer año de ejercicio, se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que se comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales, que se publicaron oportunamente en la Gaceta Parlamentaria de conformidad con el acuerdo aprobado el 23 de abril de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los oficios de la Junta de Coordinación Política, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueban.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Contestaciones a puntos de acuerdo. Se recibieron de diversas autoridades seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o, 65, 676, 69, 75 y 76, y adiciona los artículos 69, 75 y y 76 de la Ley General de Educación.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Marina para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y reforma adiciona diversos artículos de la Ley de Migración.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos Migratorios para dictamen
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un derecho minero al valor de la producción, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de jornaleros agrícolas, presentada por los senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Ascención Orihuela Bárcenas y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo por el que se adiciona con un punto 5 el numeral cuarto del diverso por el que se crearon los grupos de amistad que funcionarán en este órgano legislativo durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Acuerdo por el que se nombra al diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como representante permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Siguiente acuerdo. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Grupo de Amistad México- Nigeria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que funcionará durante la LXII Legislatura.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Siguiente acuerdo. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone modificar el orden de rotación de la presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para la LXII Legislatura.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes, con proyecto de reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria
de publicidad.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que se ha cumplido con este requisito de publicidad de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Migratorios, unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Protección Civil, de Salud y de Seguridad Pública, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se pongan a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se pongan a discusión y votación de inmediato.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110de la Ley de Migración.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la señora diputada Amalia García Medina, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Estimadas compañeras, compañeros: México ha ido avanzando en la protección de los derechos humanos. Las reformas que se hicieron a nuestra Constitución General de la República en la materia resultan esenciales para darle otra calidad a nuestra vida republicana y también, por supuesto, a nuestra democracia.
Cuando hablamos de migrantes, quiero aquí –antes de entrar en la materia– señalar que durante mucho tiempo organismos de la sociedad civil, también por supuesto, los propios y las propias migrantes y esta propia comisión de defensa, de protección, de promoción de los derechos de las y los migrantes, y esta asamblea, esta plenaria, la Cámara de Diputados, hemos señalado que los migrantes, las migrantes, deben ser protegidos en sus derechos.
Quiero saludar desde aquí que hace unos cuantos meses, muy recientemente en Ginebra, en las Naciones Unidas, se ha aprobado que ningún migrante y con ningún migrante se utilice el término de “ilegal”. Las personas no son ilegales, pueden estar indocumentadas, pero no son ilegales. Cuando se utiliza el término de “ilegal”, se les criminaliza, se les hace víctimas de atropello y se vuelven más vulnerables.
Quiero decir que, en concordancia con lo que nuestra Constitución señala sobre la protección a los derechos humanos de las personas, todas las personas que estén en territorio nacional, independientemente de su calidad migratoria, deben tener la garantía y la protección de sus derechos humanos.
En el caso de la reforma a los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración, de lo que se trata es de que en concordancia con el artículo 1o. de nuestra Constitución y con los tratados internacionales que ha signado México, garanticemos en los hechos de manera precisa y efectiva, esa protección a las y a los migrantes que llegan a nuestro territorio.
Quiero señalar que están en condiciones de mayor vulnerabilidad quienes no saben leer ni escribir. ¿De qué se trata con estas reformas al artículo 109 y 110? Se trata de que quienes no sepan leer ni escribir, estando en contacto con una autoridad migratoria mexicana, ésta tiene la obligación de leerle, de darle a conocer verbalmente todos sus derechos, los derechos consagrados en la Constitución y los derechos que están consagrados en los tratados de los que México es signatario; de tal manera que esa vulnerabilidad no se profundice porque tengan conocimiento de esos derechos.
En el caso de las mujeres, lo que se plantea en esta reforma a la Ley de Migración es que sea personal femenino quien atienda a las mujeres migrantes, porque tal como lo señala el relator especial sobre los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se tiene conocimiento y se ha documentado casos específicos de violación a los derechos de los migrantes, específicamente en este caso de las migrantes mujeres, y también de aquellos que no saben leer ni escribir.
De tal manera que estas propuestas de modificación a los artículos 109 y 110 se refieren a quienes no saben leer ni escribir para que se les dé a conocer inmediatamente todos sus derechos verbalmente, y en el caso de las mujeres para que la atención que se les brinde sea por personal femenino, por doctoras, por personal médico y de salud femenino.
Estoy segura que tendremos una votación aprobatoria. El dictamen en la Comisión fue aprobado por unanimidad y yo estoy segura que contaremos también con el respaldo de esta plenaria y que la Cámara de Diputados se distinguirá por hacer de esta Ley de Migración una ley garantista como debe ser, porque los migrantes y todas las personas somos portadoras de derechos, independientemente del lugar en donde nos encontremos.
Es un nuevo concepto el de la portabilidad de derechos y hay que hacerlo vigente con la aprobación a estas reformas.
Muchas gracias por su atención, y sobre todo por su respaldo y voto para que nuestra Ley de Migración se convierta en una de las leyes más garantistas y protectoras de los derechos humanos en el planeta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada doña Amalia García.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. En México actualmente hemos recibido más de 4001 mil personas que están cruzando nuestras tierras cada año. La problemática migratoria hasta hace aproximadamente dos décadas se consideraba una cuestión casi exclusiva del sexo masculino. No obstante, la movilidad social así como las crisis económicas a nivel mundial han erradicado este prejuicio, ya que cada vez es más común encontrarse en estaciones migratorias mujeres, reforzando el argumento que el tema migratorio va más allá de una cuestión de género.
Un estudio realizado por el Observatorio de Migración Internacional rebeló que en 2012 poco más de 12 mil mujeres centroamericanas fueron devueltas a sus países de origen por las autoridades migratorias de México y Estados Unidos.
Toda persona que vive un proceso de migración está marcada por situaciones de discriminación incluso en sus países de origen, lo que ha provocado la necesidad de buscar oportunidades en otro país, migrando de manera irregular, bajo condiciones de inseguridad, con escasos recursos económicos y ante el peligro de sufrir alguna situación violenta, explotación laboral o sexual, o incluso, perder la vida.
Debido a su condición de indocumentadas las mujeres migrantes son un sector de mayor vulnerabilidad, ya que en su viaje se ven obligadas a sortear de manera más aguada el sinnúmero de vicisitudes que afectan a los migrantes que se encuentran en tránsito en nuestro país, siendo víctimas de abuso o acoso sexual, tanto por grupos criminales como por las autoridades mexicanas.
De acuerdo con un estudio de amnistía internacional, seis de cada diez mujeres migrantes de Centroamérica, que atraviesan la frontera sur de México, sufren violación sexual.
Las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los migrantes en las diferentes fronteras del país, sin duda alguna forman parte de la descomposición social que padecemos, la cual pone al desnudo la indiferencia de nuestras instituciones en la atención del fenómeno migratorio.
Las cifras son contundentes, razón por la que surge la imperante necesidad de garantizar a las mujeres migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias el máximo respeto a sus derechos humanos, independientemente de su estatus legal o periodo de estancia en territorio mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, coincidimos plenamente en la indispensable necesidad de que el personal de seguridad, vigilancia y custodia de todas las áreas de estancia de mujeres en las agencias migratorias, pertenezcan exclusivamente al sexo femenino.
Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor y pido a esta asamblea que seamos sensibles, yo que conozco la situación migrante del estado de Oaxaca y he visto mujeres varadas en estas estaciones migratorias, ha sido una situación muy cruel la que están viviendo.
Y también, un poco para solidarizarnos con lo que nos han pedido legisladores de Guatemala, que hace unos días tuvimos oportunidad de estar en esta interparlamentaria, y uno de los temas más dolorosos que nos exponían es su preocupación por los migrantes, principalmente por las mujeres. Ojalá y este pleno pueda votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Loretta Ortíz Ahlf.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara de Diputados.
Sin lugar a dudas, la propuesta de reformas a los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración tienen un profundo sentido humanista, que pretende beneficiar a todas aquellas personas de otros países que ingresas a territorio nacional.
Y también tiene como intención el realizar estas reformas, el ajustarse a diversos instrumentos internacionales que México ha signado y que están muy lejos de garantizar los derechos humanos de los migrantes, no importa, así sea con legal estancia en el país o indocumentados.
Si los migrantes indocumentados en nuestro país están en una situación de alta vulnerabilidad, en donde son abusados en sus derechos humanos por prácticamente todas las corporaciones policiacas y organizaciones delictivas, nuestra responsabilidad como legisladores el proveer el marco jurídico que permita salvaguardar sus derechos fundamentales.
La razón de ello es porque precisamente todo migrante, independientemente de su situación en el país es persona humana y deben garantizarse los derechos fundamentales de que goza, en especial, el acceso a la justicia.
Durante muchos años nuestro país se ha convertido, como dice el refrán, en candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. Porque protestamos respecto al trato que reciben los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, pero no hacemos nada para mejorar el trato que los migrantes indocumentados o legales reciben en México.
Desde los horrendos crímenes en San Fernando, Tamaulipas, hasta el reciente accidente de tren llamado La Bestia, en donde murieron varios migrantes, el Estado mexicano no ha tomado las medidas pertinentes ni para evitar esas muertes ni para evitar los abusos de las corporaciones policiacas.
Por ello, es favorable la medida legislativa que se contiene en el dictamen, habida cuenta de que en el artículo 109, en su fracción IV, se establece como derecho de todo migrante que no sepa leer ni escribir, el que se le proporcione en manera verbal la información respecto a los derechos que le asisten. Y en el artículo 110 se establece que el personal médico, así como los de seguridad y vigilancia que realizan sus funciones en áreas de estancias de mujeres sea personal femenino. Estos dos artículos forman parte del capítulo 6o, denominado de los derechos de los alojados en estaciones migratorias.
De los estudios que se han hecho, precisamente de las estaciones migratorias, hay varios que afirman y entre ellos su servidora, que si en las cárceles no se cumple con los requerimientos que establecen las normas internacionales de que debe gozar toda persona humana, éstas serían las cárceles, hoteles de cinco estrellas, a cómo están los migrantes indocumentados en las estaciones migratorias.
Como se puede advertir, en el caso del artículo 109 los migrantes tienen el derecho de presentar quejas o denuncias ante la autoridad, pero en particular, quienes no saben leer están impedidos, uno, de conocer sus derechos. Y dos, de poder presentar una queja.
Por eso se establece la obligatoriedad de la autoridad para informar verbalmente de estos derechos. También en el caso del artículo 110 se establece la obligatoriedad de que el personal médico en esas estaciones sea femenino.
Por las consideraciones antes expuestas, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loreto Ortiz Alf. Para fijar ahora la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. Primero que nada quiero felicitar a la diputada Amalia García por el trabajo que han desempeñado en esta Comisión de Asuntos Migratorios; y a todos los integrantes de esa comisión, que votaron de manera unánime a favor d este dictamen.
Este dictamen propuesto a publicidad y ahora discutido será considerado favorablemente por todos los integrantes de mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pues estamos comprometidos con los derechos humanos y la igualdad de las personas, independientemente del lugar del que provengan, el color de piel, preferencias sexuales o el abolengo de las familias.
En el caso particular de México reconocemos tintes muy singulares por nuestra situación geográfica, ser vecinos de la primera potencia mundial, Estados Unidos, lo que hace a nuestro territorio un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
La misma presidenta de esta Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García, a invitación expresa de la diputada, mi amiga, Fernanda Schroeder y un servidor, asistió a un foro regional en atención a los migrantes, en el cual se pudo constatar la falta de recursos, de presupuesto que necesitamos asignarle al Instituto Nacional de Migración.
Pero en el marco del Primer Informe del presidente Enrique Peña Nieto quiero hacer un reconocimiento tanto al secretario de Gobernación como al comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, ya que se ha visto el trabajo reflejado en la zona fronteriza norte, particularmente de la cual provengo, a través de la instalación de un plan piloto, en el cual ya en Nogales y Tijuana, y en las próximas semanas Mexicali, tendremos un módulo de atención a la salud del migrante, que es parte de lo que trata este artículo 109 y 110 que estamos proponiendo modificar el día de hoy, a beneficio de la atención de la salud de las mujeres migrantes con personal de su mismo sexo y, por otro lado, la atención y orientación que se le pueda dar a los migrantes que son retornados ya sea repatriados o asistidos en la franja fronteriza, y que sabemos que es un tema que fue para nosotros, que somos provenientes de municipios fronterizos, pues un tema de compromiso de campaña que estamos cumpliendo en coadyuvancia con el gobierno federal y a través del cual hemos visto una contracción de cerca del 20 por ciento de los migrantes deportados y repatriados en el caso particular de Baja California.
Por otro lado, aplaudo la acción del gobierno federal, que hace un par de meses restablecieron los vuelos desde El Paso Texas hacia aquí, la Ciudad de México, porque sabíamos que era un problema el estar recibiendo estas personas tanto para los alcaldes, que son de municipios fronterizos, con tema presupuestal y tema de seguridad, en el caso del 40 por ciento que nos retornaban y tenían antecedentes criminales.
Es por ello que –para cerrar mi intervención– invitamos a todas las fuerzas políticas a que votemos a favor, para así en su momento tengamos la calidad jurídica de exigir reciprocidad.
Recordemos que 1 millón de mexicanos documentados e indocumentados –no ilegales, como bien aclaró la diputada Amalia García– están en los Estados Unidos y viajan constantemente, por ello celebramos que se luche asegurarles a todo migrante que ingresa a nuestro país, que sus derechos y obligaciones, así como de las instancias donde puedan presentar denuncias y quejas, se les asegure —además de a ellos— a las mismas mujeres una atención médica profesional con personal de su mismo sexo. Es cuanto, señor presidente, y a todos muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Pérez Tejada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas en 2010 había 213.9 millones de migrantes internacionales en el mundo; del total de ellos el 51 por ciento son hombres y 49 por ciento mujeres.
Por los expertos en la materia señalan que el fenómeno se feminizado al marcar paridad en estas cifras y cerca del 80 por ciento de los migrantes provenían de países en vías de desarrollo.
Por otro lado, la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, señala que anualmente ingresan al país alrededor de 150 mil centroamericanos, aunque es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil estiman que son alrededor de 400 mil los migrantes provenientes de esta región que ingresan a nuestro territorio.
En un estudio publicado por el periódico El Economista, en enero de 2013, da cuenta de que el periodo que comprende de 2006 a 2012 fueron alrededor de 883 funcionarios del Instituto Nacional de Migración sancionados por estar involucrados en actos ilícitos; tan solo en 2011 fueron sancionados por tal motivo más de 230 funcionarios del Instituto Nacional de Migración y en un estudio más pormenorizado se puede observar que en seis años se han detectado 883 funcionarios sancionados por abuso de autoridad y por estar involucrados en actividades ilícitas quienes han sido inhabilitados, suspendidos, destituidos, sancionados económicamente o amonestados, sin embargo éstas son las cifras oficiales.
Estamos completamente seguros que es un número muchísimo mayor de los funcionarios que desafortunadamente están involucrados en actos ilícitos en contra de las y los migrantes.
El director jurídico del Instituto Nacional de Migración reconoció que el personal de la institución se ha involucrado con redes de tráfico de personas y colaboran con el crimen organizado, por lo que se ha despedido a cerca de 500 servidores públicos que no pasaron los controles de confianza.
Esta situación prácticamente ha transformado al Instituto Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad. Para México la seguridad y la protección de las y los migrantes es un problema real no resuelto por las autoridades, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y organizaciones, ya que en muchos de los casos son las mismas autoridades de todos los niveles quienes nos revelan la gran cantidad de abusos en contra de las y los migrantes, lo que provoca una verdadera crisis humanitaria que convierte a los migrantes desafortunadamente en los nuevos esclavos de esta siglo.
Los migrantes son víctimas de una multiplicidad de delitos no sólo por parte del crimen organizado, como ya lo hemos comentado, sino también por los propios elementos del Instituto Nacional de Migración, de policías de cualquier orden de gobierno e inclusive de miembros de la Fuerza Armada y el Ejército, lo que genera un proceso de degradación y falta de legitimidad en las instituciones, las cuales faltan a su deber de cumplir con el objetivo para el que fueron creadas.
Esta corrupción ha sido histórica y práctica común que impide llegar a las y los migrantes a su destino de por sí adverso.
Por todo lo anterior, resulta necesario apoyar este dictamen que se presenta para garantizar que aquellos migrantes que no sepan leer ni escribir conozcan plenamente los derechos que les asiste como migrantes en nuestro país y por supuesto que las mujeres migrantes puedan tener atención médica de calidad, prestada también por mujeres y evitar con ello esta serie de violaciones a sus derechos humanos.
Recordemos que la Ley de Migración en su artículo 2, privilegia, pone por encima de cualquier otra situación, los derechos humanos de las y los migrantes. Con este dictamen abonamos en mucho y en gran medida y de una manera muy importante a que esos derechos puedan ser conocidos y, una vez conocidos, puedan ser ejercidos.
En ese sentido, el voto del Partido de la Revolución Democrática será a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado don Raúl Gómez Ramírez.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Señoras y señores legisladores. El día de hoy nos ocupa un tema que no hace otra cosa que salvaguardar los derechos humanos de la comunidad migrante atendiendo su condición de alta vulnerabilidad.
Este esfuerzo se traduce en que si un migrante ingresado a una estación migratoria no supiera leer ni escribir se le proporcionará la información verbalmente; asimismo para que las personas, el personal médico y de seguridad de las áreas de esta instancia para mujeres de las estaciones migratorias, sea de sexo femenino.
No debemos dejar de lado el hecho de que existen carencias importantes en este sentido, que nos obliga como Estado comprometido en la salvaguarda de los derechos humanos, a ejercer acciones contundentes que ofrezcan una asistencia de calidad para todas aquellas personas que han recurrido a la migración como forma parte de la mejora de la calidad de vida de sus familias.
Como bien lo establece el dictamen, la población migrante generalmente está constituida por personas en condiciones de ala vulnerabilidad que se acentúan cuando se trata de mujeres y menores de edad, que los hacen víctimas fáciles de grupos de delincuencia organizada y de abuso de algunas autoridades que violan sus derechos humanos y garantías constitucionales, más aún cuando las personas tienen condiciones de analfabetismo.
La población migrante, sobre todo cuando se trata de mujeres y niños, enfrentan una situación de riesgo considerablemente mayor a ser potenciales víctimas de la delincuencia organizada por medio de tráfico humano con fines de explotación sexual y en ocasiones por parte de las autoridades migratorias que no ejercen a cabalidad el principio de la legalidad de su acción, situación que se agrava de manera preocupante cuando el migrante se encuentra en situación de analfabetismo.
Señoras y señores legisladores, como lo hemos expresado en oportunidades anteriores, la migración ha sido hace mucho tiempo, la manifestación de la voluntad del ser humano por tener una mejor condición de vida y superar la adversidad.
Por lo tanto nuestro esfuerzo no debe de ser nunca menor, ya que de ser una nación que ha adquirido un compromiso internacional para la salvaguarda de los derechos humanos en donde se promueve el principio de la legalidad y equidad como piedra angular del Estado de derecho.
Las oportunidades de una asistencia efectiva debe de ser garantizada a todos por igual. Los migrantes -como lo he dicho en infinidad de ocasiones- no son delincuentes; son personas que ha buscado siempre la mejor condición de vida para sus familias, enfrentando graves peligros y dejando en muchas ocasiones a sus familias a la deriva.
Por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional será el partido que siempre luchará por los derechos de las y los migrantes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Raúl Gómez Ramírez. Finalmente para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Petra Barrera Barrera.
La diputada Petra Barrera Barrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: las prácticas llevadas a cabo durante los últimos años en las delegaciones e instancias migratorias del país, han ocasionado que no pocas ocasiones se vean vulnerados los derechos de los y las migrantes que se ven precisados a permanecer en tales estaciones.
Para nadie es un secreto que las personas día a día cruzan nuestras fronteras en busca de una mejor vida; sufren de diversas violaciones a sus derechos, lo cual se debe, entre otras causas, a que buena parte de estas personas no cuentan con estudios, lo que es resultado del desconocimiento de sus derechos.
Este hecho motiva que los migrantes al no saber leer ni escribir, se conviertan en víctimas debido a que desconocen los alcances de la documentación que se les presentan cuando se encuentran en las delegaciones e instancias de migración.
No sólo estos acontecimientos son los que vulneran sus derechos, ya que cuando hablamos de mujeres y niñas, nos encontramos con que la seguridad y bienestar de este sector, se ve vulnerado a raíz de la forma en que se llevan a cabo la labores de vigilancia por parte de las autoridades; es decir, por el hecho concreto de que las mujeres sean vigiladas o sean atendidas por médicos masculinos, lo que ha generado diversos grados de abusos.
Lo anterior cobra relevancia si tomamos en consideración que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el 20 por ciento de las personas que cruzan nuestras fronteras son mujeres.
No podemos permitir que en nuestro país ocurran desvíos de poder en demérito de las prerrogativas, los derechos de las y los migrantes; no podemos permitir que estos abusos se den por parte de los servidores públicos encargados de la protección y vigilancia a estos derechos.
Las reformas a la Ley de Migración que hoy tenemos a nuestra consideración son adecuadas, y por ello es que votaremos a favor, esto debido a que se encuentran orientadas a buscar se respeten los derechos de las migrantes en estaciones migratorias e instancias provisionales que existen en México.
Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI, se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que como lo han acertado los proponentes de la iniciativa, es tiempo de proteger los derechos de las migrantes que día a día cruzan nuestras fronteras, tal y como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en otras latitudes del planeta. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, diputada Barrera.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores, en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para ser discutido en lo particular, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 441 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 441 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de Migración. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Lourdes Adriana López Moreno, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y de Transporte, presentamos el proyecto de decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Con fecha 17 de febrero de 2011, los senadores Arturo Escobar y Vega, coordinador ahora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y el senador Francisco Agundis Árias, presentaron este proyecto que me parece fundamental para controlar afectaciones en diversos sitios por la contaminación constante que general el uso de neumáticos.
Los últimos años el aumento de la población ha generado un incremento exponencial en el consumo de neumáticos, en consecuencia la generación de estos residuos crece en la misma proporción.
Este creciente número de neumáticos usados generan una serie de residuos que ponen en alto riesgo diversos puntos de recolección, que a veces son aprovechados como vertederos, algunos mediamente acondicionados para tal objeto, como basureros y lamentablemente rellenos sanitarios, y otros, lamentablemente sin control, como espacios públicos, solares desocupados, predios abandonados, costados de carreteras, arroyos, lagunas, riberas de ríos, presas, canales hidráulicos, playas, etcétera.
Es importante señalar que por su diseño y composición de materiales duraderos, los neumáticos están pensados para soportar condiciones mecánicas y meteorológicas extremas, por ende, son altamente resistentes al ozono y a las bacterias, este hecho los hace indestructibles a mediano y largo plazo.
Además, representan focos de infección que favorecen la reproducción de insectos, roedores y fauna nociva. Recordemos que con las afectaciones por lluvias generan también altas problemáticas para generar condiciones para la desmedida presencia de mosquitos que llegan a ser transmisores del dengue.
Es importante señalar que estos neumáticos acumulados en distintos lugares generan también una acumulación de gases, lo que puede afectar por consecuencias fortuitas, derivadas de acciones premeditadas o accidentales, por combustión de neumáticos sin control, emitiéndose con ello grandes cantidades de hollín que son dispuestas en la atmósfera.
Consideramos que la estrategia que debe encaminarse en nuestro país debe tender a generar un programa gubernamental, políticas concretas para resolver este grave problema.
Lejos de distraer diversos recursos públicos de otros programas prioritarios que son utilizados para recolectar, transportar o almacenar de forma regular estos residuos, deberán ser encaminados para el reciclado de caucho, proveniente de neumáticos fuera de uso y con ello integrar y fortalecer un ciclo en la economía formal, que permita fomentar el consumo cotidiano de los productos derivados de caucho reciclado, en diversas áreas que se encuentran en la espera de un impulso real de esta manufactura.
Considero importante señalar que de acuerdo con cifras emitidas en febrero de 2013, por la Cámara Nacional de la Industria Hulera, en México, en el año 2012, la producción y consumo aproximado de neumáticos fue de 25 millones 700 mil, y la importación de neumáticos nuevos fue de 14 millones 900 mil.
Además la importación autorizada por la Secretaría de Economía en neumáticos usados fue de un millón 100 mil. Se estiman que entran al país por vía ilegal 3 millones de neumáticos, menos las exportaciones por 11 millones, lo que nos arroja un consumo anual promedio de 33 millones 700 mil neumáticos.
Esto nos da una idea de la cantidad de neumáticos que están afectando al medio ambiente en nuestro país, de ahí que proponemos establecer disposiciones normativas que fortalezcan la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos, con el propósito de que se puedan fincar responsabilidades a los fabricantes importadores y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos nuevos, renovados y usados, por incumplir con la formulación y ejecución de planes integrales de manejo de dichos residuos, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida, esto dentro de la Ley General de Residuos.
Pero también, hacemos una modificación adicionando un artículo 6 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer que en las concesiones que se otorguen para construir, operar, explotar, conservar y mantener caminos y puentes federales, puedan solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado, proveniente de neumáticos usados.
Con estas reformas a la Ley General de Residuos y a la Ley de Autotransporte buscamos que por un lado tengamos un programa de manejo integral para el uso de los neumáticos en desecho, y por otro lado, damos una salida a través del reciclaje de estos importantes residuos que generan una problemática muy grave en nuestro país, de contaminación.
Sabemos que contaremos con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en esta importante causa a favor del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está ahora a discusión en lo general. Se concede, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, a la diputada Cristina Olvera Barrios.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Transportes, contiene disposiciones normativas que fortalecen la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular la de los neumáticos.
Asimismo, se establece que se pueden fincar responsabilidades a los fabricantes, importadores y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos, nuevos, renovados, usados por no observar e incumplir la ejecución de los planes integrales del manejo de estos residuos bajo los principios de valoración y responsabilidad compartida.
Vale la pena señalar que en los últimos años el aumento progresivo de la población ha generado un incremento en el consumo de neumáticos a través de acceso de transporte, ya sea particular o público. Y como consecuencia, la generación de esta clase de residuos denominados llantas.
Lo anterior ha propiciado un creciente desecho de neumáticos usados que representa un gran riesgo para los puntos de recolección entre los propios basureros, espacios públicos, predios, abandonados a los costados de las carreteras, arroyos, lagunas, ríos, presas, canales hidráulicos y playas, entre otras.
No olvidemos que para la composición de los neumáticos se emplean materiales duraderos, preparados para soportar condiciones metálicas y meteorológicas extremas. Por ende, son altamente resistentes al ozono, situación que los hace indestructibles a mediano y a largo plazo, propiciando ser focos de infección.
También generan la acumulación de gases en los basureros, lo que tiene un gran impacto negativo en la ecología y en el medio ambiente, debido a la combustión de los neumáticos sin control, emitiendo grandes cantidades de ollín que son dispuestas en la atmósfera.
Consideramos que la estrategia debe permitir implementar un programa gubernamental y político, concentrado en resolver este grave problema y se fomente el consumo cotidiano de productos derivados de cauchos, reciclando en la vida diaria como impulso real de esta manufactura.
Nueva Alianza comprometido con un ambiente sostenible, pugnamos por la aprobación del presente dictamen y lograr un mejor impacto en el medio ambiente. Por lo anterior, compañeros diputados, los exhortamos a dar su voto a favor. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, doña Cristina Olvera Barrios. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Soto Martínez.
El diputado José Soto Martínez: Amigos diputados, compañeras diputadas, vengo a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Dentro de los muchos contaminantes que tenemos en nuestro país uno de los que más nos afectan son las llantas usadas, ya que su rehúso y reciclaje, así como su manejo y disposición eficiente, se hace muy difícil por su composición y difícil degradación.
La fabricación masiva de neumáticos y la dificultad para hacerlos desaparecer una vez usados constituyen uno de los más graves problemas medio ambientales de los últimos años en todo el mundo. Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricados, se requiere medio barril de petróleo crudo para fabricar una llanta de camión, lo cual provoca contaminación ambiental cuando no es reciclado.
La complejidad de la forma y de las funciones que cada parte del neumático tiene que cumplir se traducen también en la diversidad de los materiales que la conforman, el principal componente es el caucho, casi la mitad de su peso.
Tan sólo en el Distrito Federal se puede decir que de los 5.7 millones de llantas generadas, correspondientes al 100 por ciento, se recolecta solamente el 19.4 y se disponen el 5.22 por ciento, lo que supone que 4 millones 355 mil llantas usadas, el 75.74 por ciento, se encuentran dispuestas inadecuadamente o tienen un tratamiento inadecuado, como la quema incontrolada.
Las montañas de neumáticos formadas forman arrecifes, donde la proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos, que constituyen un grave peligro para la humanidad, como la infinidad de variedad de mosquitos que con su picadura causan graves enfermedades a los humanos.
Existen métodos para reciclar estos productos, pero faltan políticas que favorezcan el acopio y la implantación de industrias dedicadas a la tarea de recuperar y eliminar la forma limpia, los componentes peligrosos de las gomas, de los vehículos y de la maquinaria.
Sería importante que se compartiera la responsabilidad de este grave problema con los importadores y distribuidores de llantas usadas para el manejo de las mismas. Si bien el caucho vulcanizado de una llanta por sí solo no es tóxico, la perspectiva cambia si consideramos que en México se desechan 40 millones de llantas al año, es decir, 40 millones de estructuras, cada una de 24 mil centímetros cúbicos, en promedio, lo que representa en total más de 960 mil metros cúbicos; es como un enorme cubo de casi un kilómetro de altura de desperdicios no biodegradables que no se pueden reciclar de nuevo a su forma original, que son de difícil manipulación y de gran impacto en el paisaje.
Como consecuencia en México, solo el 2 por ciento de llantas se recicla y el 91 por ciento terminan en tiraderos clandestinos, que del 37.5 millones de toneladas de basura que se genera al año en el país, 60 por ciento llega a rellenos sanitarios, mientras el resto se va a tiraderos, a cielo abierto donde se queman y causan un grave problema al medio ambiente.
El diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales identifica que no todos los municipios han reglamentado el manejo de residuos y la mayoría de éstos se limita a regular la prestación de servicios de limpia.
El dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentado hoy; nuestro grupo parlamentario votará hoy a favor de esta iniciativa. Es muy grave. Los felicito; porque la quema de llantas está en todo nuestro país, cuando en otros países ya eso ya no existe, porque han hecho lo que se debe de hacer para cuidar el ambiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted, diputado José Soto Martínez.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ramón Sampayo Ortiz.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz: Con su permiso, señor presidente. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronuncia a favor por las siguientes razones. El desecho de neumáticos representa un severo problema de contaminación en el mundo. Se estima que cada año a nivel nacional se generan alrededor de un billón de llantas y que al término de su vida útil estarán contaminando nuestro medio ambiente.
En México se recicla en menos del uno por ciento de los residuos sólidos que se generan. Tan solo en la Ciudad de México se generan 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos. La disposición inadecuada de las llantas de desecho ha originado un deterioro ambiental y social de especial relevancia debido a las características propias de este tipo de residuos y por su lenta degradación.
En los tiraderos donde se almacenan los neumáticos se crean ambientes propicios para la proliferación de plagas que representan fuentes de enfermedades para los ciudadanos que se exponen a estos lugares.
Desafortunadamente en algunos lugares las personas se aprovechan de los basureros y minibasureros de llantas para quemarlas y obtener el alambre que posteriormente venden, sin sabe el grave daño que generan a los ecosistemas.
El desconocimiento, la negligencia de su manejo, ocasionan que las llantas de desecho sean arrojadas a la vía pública, a los arroyos, lo que incrementa los niveles de contaminación y de su alto contenido tóxico.
Hoy en día las comunidades se enfrentan de manera permanente al problema de la quema a cielo abierto de los neumáticos usados, por lo que la población ha quedado expuesta a las emisiones de humos y tóxicos que afectan la salud de los habitantes.
Es importante señalar que los procesos de combustión de llantas no controlados producen hidrocarburos policíclicos aromáticos, bióxido de nitrógeno y bióxido de azufre, así como monóxido de carbono y partículas suspendidas, siendo estos contaminantes dañinos para el ser humano.
El dictamen que se encuentra en discusión pretende regular e incluir a los neumáticos usados como un residuo de manejo especial. Prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, así como en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.
Establecer como obligación de los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores, a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con la norma oficial mexicana y sus planes de manejo, así como a establecer que las concesiones que se otorguen para la construcción, conservación y mantener los caminos de puentes federales, podría incluir dentro de sus características de construcción, el empleo de caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.
Esto también cabe agregar, que uno de los lugares donde más se asienta el problema de llantas usadas, sin duda alguna es en la frontera norte de nuestro país por la importación clandestina en muchos de los casos de llantas usadas.
El Partido Acción Nacional votará a favor el presente dictamen toda vez que es necesario regular el manejo de los neumáticos usados y al mismo tiempo crear una cultura ambiental a fin de abatir el problema que representan en nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente y por su atención muchísimas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, don Ramón Sampayo Ortiz. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Mario Carrillo Huerta, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta: Con su venia, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos tratando hoy un tema que tiene que ver con los efectos tan negativos que causa la contaminación ambiental, en este caso por los neumáticos que se desperdician y se vierten en tiraderos que no están controlados.
No vengo a parafrasear lo que ya se manera correcta, completa y tan clara expresaron aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra y sobre todo la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fue quien leyó el dictamen; pero sí me gustaría comentarles algunas de las reflexiones sobe las cuales se basa la decisión del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para votar a favor de este dictamen.
Y la reflexión fundamental que quiero hacer aquí, es que como todos sabemos, la preocupación por la contaminación ambiental igual que por la explotación inmoderada de recursos naturales tanto renovables como no renovables, aunque es reciente esta preocupación, quiero decirles que esta preocupación es real.
En algunos casos se ha tomado este tema como un tema de moda pero finalmente nos afecta a todos. Y la solución de los problemas, aunque nosotros pensemos que tiene que ver con la acción exclusiva del Estado para resolver las cosas, ese es un asunto meramente cultural.
La preocupación por el cuidado del medio ambiente nació desde mediados del siglo pasado, empezó a aparecer en la literatura y no fue sino hasta finales del siglo pasado cuando en México se tuvo la sensación de que había que actuar en consecuencia.
Fíjense que recientemente hemos visto que en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se han visto una serie de problemas y se han analizado, se han tratado y se han dictaminado a una tasa muy fuerte de producción.
¿Por qué? Porque no había habido antes de esta Legislatura una decisión franca, decidida, de empezar a resolver los problemas que ahorita no son tan fuertes, pero que en el futuro seguramente lo serán.
En el caso de la contaminación ambiental, sabemos que es causada simplemente por la incongruencia que tenemos entre nuestro actuar, nuestra descuidada forma de consumir y verter desperdicios, que siempre son mayores que la capacidad que tienen los ecosistemas para aprovechar y para sustituir lo que se requiere.
Esto no es solamente dependiente del crecimiento de la población y mucho tiene que ver también con las costumbres que tenemos y sobre todo también con el desarrollo económico que trae consigo un desarrollo industrial que muchas veces resuelve bastante la problemática de la asignación de recursos, pero que, si no se hace con cuidado, se causa este tipo de problemas.
Lo que quiero decir sobre la reflexión del Partido de la Revolución Democrática es que, para resolver estos problemas que ya identificamos como importantes, se requiere la acción decidida del gobierno y de la sociedad en general. Pero si el gobierno no actúa para sancionar a quienes no cumplen con la norma, es una letra muerta.
En el caso de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se está contribuyendo para hacer obligatorias las cosas que tenemos que hacer y que ya reconocimos que son importantes.
Me da gusto poder participar en este posicionamiento porque estamos de acuerdo en que si trabajamos como lo hemos hecho hasta la fecha, todos de manera conjunta con criterios de unificación en cuestiones que tienen que ver con la sociedad a partir del cuidado del medio ambiente, el PRD siempre va a estar a favor y siempre vamos a estar trabajando.
Enhorabuena a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ciertamente cuentan con nosotros y sí pedimos que todos y todas las compañeras diputadas y diputados vean la importancia de aprobar este dictamen para que continúe el esfuerzo de la LXII Legislatura en pro de un ambiente que nos sirva a todos. Muchas gracias. Gracias, Presidente por su tolerancia.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Carrillo Huerta. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Concepción Navarrete Vital para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Concepción Navarrete Vital: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores: en la presente administración se han efectuado cambios en la política ambiental en relación con el manejo de los residuos sólidos, de tal modo que de una simple recolección se dirige hacia una gestión integral que representa la única solución a la compleja problemática que en esta materia enfrenta nuestro país.
En este sentido, desde esa tribuna hemos emprendido una serie de acciones legislativas dirigidas hacia la gestión integral de los residuos sólidos.
En los últimos años el aumento de la población ha generado un incremento exponencial en el consumo de neumáticos y en consecuencia la generación de estos residuos crece de manera proporcional.
El propio diseño y la composición de las llantas hechas de materiales duraderos, pensados para soportar condiciones mecánicas y meteorológicas extremas, por ende son altamente tendientes a resistir al ozono y a las bacterias, lo que los constituye en un elemento altamente contaminante por ser virtualmente indestructible a mediano y largo plazo, además de ser focos infecciosos que favorecen la reproducción de fauna nociva, propiciando la acumulación de gases en los basureros, pudiendo afectar la calidad del aire sensiblemente por su quema.
El aumento del número de llantas usadas y desechadas sin control, representan un alto riesgo tanto para la salud como para el ambiente en diversos puntos de recolección, que a su vez, son aprovechados como tiraderos que pudieran ser, entre otros, los propios basureros.
Sin embargo, se llega a emplear como tales a los espacios públicos, a los jardines desocupados, a predios abandonados, costados de las carreteras, arroyos, lagunas, ríos, presas, canales hidráulicos, playas, etcétera, y esta situación debe de acabarse ya.
En el Partido Revolucionario Institucional saludamos a todas las propuestas que tienden a un manejo de residuos más amigable para el medio ambiente, y por ende, con la ciudadanía en general en el marco normativo al fortalecimiento de la gestión integral de los residuos, de manejo especial, y en particular la de los neumáticos, se encamina en el sentido propuesto.
Establecer las prohibiciones y las obligaciones relacionadas con la generación, el manejo y la disposición final de los residuos pretendiendo reducir el volumen de neumáticos usados que son dispuestos en rellenos sanitarios, en lotes baldíos, en cuerpos de agua y otros comúnmente utilizados como vertederos.
De este tipo de residuos, ya que se pretende fomentar su gestión, valorizándolos como materias primas para otros fines mediante su reciclado, es una tarea ineludible de esta legislatura.
En este mismo sentido, establecer que las concesiones que se otorguen para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán prever en sus características de construcción que se emplee el caucho reciclado provenientemente de los neumáticos usados; es un avance más que favorable en esta materia.
Tenemos que gestionar recursos y generar una conciencia que generalizada esté sobre la reutilización y el reciclado de materiales, más aún, cuando su inadecuada disposición genera un impacto ecológico considerable, como es el caso de los neumáticos.
Por lo expuesto, es necesario generar las condiciones de coordinación entre las autoridades federales y municipales para estar en condiciones de impulsar y multiplicar tanto la industria neumática como la del reciclaje y reutilización de sus productos, beneficiando al sector público y laboral a través de la generación de nuevos empleos y de nuevas industrias como la venta de materias primas y la generación de energía eléctrica, frenando así la problemática ambiental que el día de hoy representan los residuos neumáticos, logrando a la par beneficios económicos.
Yo creo que todos lo estamos viviendo en nuestros estados, la quema de llanta se hace indiscriminadamente. Tenemos pueblos totalmente contaminados porque en sus hornos, principalmente de tabique, lo incentivan con la quema de estos productos. Vamos ya por un mejor ambiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted. Agotada la lista de oradores se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para ser discutido en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 449 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 449 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Daremos ahora trámite a dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar lectura únicamente a los resolutivos de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Acuerdo.
Primero. En términos del acuerdo de creación del Consejo Editorial y su propia integración, se determina que el diputado Tomás Brito Lara presida el órgano referido para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Segundo. Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites administrativos pertinentes.
Acuerdo
Primero. En términos del acuerdo de creación del Comité de Administración y su propia integración, se determina que el diputado Guillermo Sánchez Torres presida el órgano referido para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señora secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los acuerdos. Comuníquense.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: En el siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Gracias. Esto además de ser un mecanismo para ver si así se les pone atención a los oradores, también es una muestra de lo que trata nuestra siguiente reforma, que es justamente una modificación al párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Las grandes urbes del mundo se encuentran inevitablemente expuestas a tener problemas de contaminación en diversas modalidades, lo que hizo necesario que se promulgaran leyes encaminadas a sancionar la contaminación del ambiente.
El ruido es un fenómeno contaminante y lo definen como un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, molestos e intempestivos, que producen efectos perjudiciales a la integridad física y psíquica del habitante urbano, con probabilidad de deterioro en su salud.
El libro Verde, de la Organización Mundial de la Salud, señala que el ruido urbano representa pérdidas económicas y es causa de trastornos psicológicos y sociales. Ante los efectos nocivos que el ruido provoca en la salud humana, varios países... ¿Ya quedó? ¿Ahora sí? Lo que me da gusto es que ahora sí están poniendo atención, compañeros legisladores.
Ante los efectos nocivos que el ruido provoca en la salud humana, varios países han legislado en materia de ruido urbano, y con ello han adoptado políticas encaminadas a monitorear y predecir la evolución del ruido urbano a través...
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Permítame, diputada. Se le suplica a todos los compañeros, diputadas y diputados, guardemos respeto. Gracias.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: ¿Con qué objeto, diputado Monreal?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Una moción de orden, presidenta. Resulta que no se escucha para acá. En esta ala, después de los golpes propinados se alteraron, no se escucha. Ojalá y que el servicio técnico nos pueda ayudar para que se escuche lo que la diputada está hablando y está exponiendo, porque nosotros estamos atendiéndola con respeto, pero hasta acá no se escucha lo que está diciendo.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado. Se solicita a la cabina de sonido haga los ajustes técnicos necesarios, por favor.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Muy bien. Continuamos entonces. Y por cierto, se escucharía mejor si muchos de ustedes guardaran silencio.
Esta comisión dictaminadora coincide en que la contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de zonas metropolitanas del mundo como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su calidad de vida, cuya solución implica grandes retos, no solo por la magnitud poblacional y la extensión territorial que abarcan sino por la complejidad que se da en estos espacios en ámbitos que van desde la planificación de los vastos territorios que ocupan, hasta la creación de instancias administrativas e institucionales que permitan actuar coordinadamente en las distintas instancias de gobierno, pasando por la provisión de legislación correspondiente.
En ese sentido, la modificación al párrafo tercero del artículo 156 de la LGPA propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca los mecanismos de coordinación pertinentes con los gobiernos estatales, el Distrito Federal y con los gobiernos municipales para establecer mecanismos de prevención de la contaminación auditiva.
Implementándose esto, desde luego, a todos los tipos de fuentes de contaminación auditiva que existen, tanto fuentes fijas como fuentes móviles. Esto va desde las actividades industriales, los vehículos automotores y todos los ruidos que seguramente ustedes, al escuchar en las calles los ven ya como parte de algo cotidiano.
La comisión propone que la Semarnat establezca estos mecanismos de coordinación antes descritos, con el objeto de brindar una herramienta de conformidad que permita a los mexicanos el goce de un ambiente sano, fuera de toda contaminación.
Es importante destacar que la contaminación auditiva es un problema que vivimos todos, principalmente quienes viven en las zonas más habitadas de nuestro país y de ahí la importancia de que todos podamos formar parte de establecer medidas de solución, y particularmente, esta iniciativa, insisto, busca que la Semarnat permita establecer medidas de control y de prevención a este grave problema que tenemos en todo el país. Muchísimas gracias, es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias a usted, diputada. Les informo que esta Presidencia está haciendo los ajustes técnicos necesarios del sonido.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Adelante, señor diputado Fernando Rodríguez.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Sí, gracias, presidenta. Fíjese que acá de este lado tenemos el problema contrario al que señalaba el diputado Monreal, acá se escucha bastante más alto que de costumbre, incluso hay eco en la parte de acá, entonces si lo pueden tomar en consideración.
Creo que la diputada que presentó la iniciativa pues logró su objetivo de contaminar auditivamente a esta Cámara, entonces ojalá que se pueda hacer el ajuste necesario. Gracias.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias. En vista de que necesitamos un ajuste técnico del sonido decretamos un receso durante cinco minutos.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Vamos a continuar la sesión, si me lo permiten. Para fijar posicionamiento, como Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Cristina Olvera hasta por cinco minutos.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con esta propuesta entendemos que el ruido es un fenómeno contaminante por ser un conjunto de sonidos mezclados y desordenados que resultan molestos, pues producen efectos perjudiciales en la salud de los ciudadanos de cualquier país y que se generan en la urbe cotidiana. En ese sentido coincidimos en los efectos nocivos que el ruido provoca a la salud.
Existen países que han legislado en esta materia, adoptando políticas encaminadas a acciones de mitigación sobre el ruido. El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza coincide en reconocer y pugnar por el respeto a los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos en la protección de la salud y de gozar de un ambiente saludable.
Consideramos una prioridad la oportunidad de establecer métodos que permitan aminorar los daños y perjuicios que ocasiona el ruido en la salud de todos los mexicanos y de toda la nación.
Los invitamos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a apoyar con su voto la aprobación de este dictamen. Ello permitirá un mejor control de la contaminación acústica ocasionada por el ruido desmedido generado por las actitudes cotidianas. Ésta es nuestra oportunidad de contar con una mejor legislación en la materia.
México, con respecto a este tipo de contaminación, podrá establecer a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, la información relacionada con la contaminación por ruido, vibración, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.
Asimismo se podrán formular los programas a fin de prevenir y controlar los tipos de contaminación acústica ocasionada por el ruido y contar con una herramienta en legislación que permita que todos los mexicanos gocen de un ambiente sano y saludable.
Nueva Alianza los invita y les pide el apoyo para que se reforme el párrafo del artículo 156 de la Ley de Género y Equilibrio Ecológico y la Prevención al Medio Ambiente, compañeros. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada. Tiene la palabra, del Partido del Trabajo, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán.
La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, el dictamen que analizamos propone realizar modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.
Se busca incorporar disposiciones para que se generen las condiciones necesarias, para que exista un mejor manejo de los neumáticos, en particular de los que están fuera de uso. Es de todos conocidos que un mal manejo en este tipo de productos genera severos daños al ambiente.
En concreto, como lo señala con toda claridad el dictamen, se pretende reducir el volumen de neumáticos usados que son dispuestos en rellenos sanitarios, lotes baldíos, cuerpos de agua y otros sitios comúnmente utilizados como vertederos de este tipo de residuos, ya que se pretende fomentar su gestión valorizándolos como materias primas para otros fines mediante su reciclado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada, estamos en el tema, en el proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, sobre el ruido. ¿Está fundamentando ese tema, diputada?
La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Una disculpa.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado Monreal? Sonido a la curul del diputado Monreal, por favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, una moción de procedimiento. Lo que sucede es porque el sonido aquí está alterado. Es decir, no se escucha lo que se está hablando ni las resoluciones. Por esa razón la diputada no escuchó. Yo diría que demos un receso de cinco minutos para que arreglen el sonido porque no se escucha, diputada. Está alterado, está distorsionado y por esa razón todos estamos confundidos de lo que se esté leyendo.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Si ustedes nos lo permiten, diputados, diputadas, estamos claros de la dificultad técnica del sonido. Parece que hubo un problema con el principal, pero lo están revisando. Mientras tanto hay que seguir desahogando el orden del día, nada más un poquito de su atención para ir desahogándolo conforme a lo que está previsto.
Estamos en el dictamen del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico. Si nos lo permite el Partido del Trabajo, podríamos entonces darle el turno al diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; y posteriormente a ustedes para que puedan retomar su posicionamiento. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señora presidenta. En nuestro país desde el año de 1950 la población ha mostrado un incremento sostenido, llegando así en el año 2005 a una población de 103 millones de habitantes con 50 millones de hombres y 53 millones de mujeres, convirtiendo a nuestro país en uno de los más poblados del mundo.
De acuerdo con el último Censo de Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el año 2010 la población mexicana era de 112 millones 336 mil 538 habitantes y, según el Consejo Nacional de Población, Conapo, en los primeros seis meses del presente año se han registrado 2 millones 245 mil 228 nacimientos y 672 mil 978 defunciones.
Con los datos anteriores podemos comprobar que México tiene un gran problema de sobrepoblación en algunas zonas del país. Hoy en día muchos mexicanos padecen los terribles efectos de esta incontrolable situación como son la falta de empleo, la inseguridad, la vivienda escasa y encarecida, lo poco accesibles y prácticos que son los transportes, la educación con un alto costo, la falta de oportunidades para los ciudadanos, la contaminación y el exceso de tráfico, entre otros.
Los problemas más severos que trae consigo la desmedida sobrepoblación que existe en nuestro país y afecta a sus habitantes es la contaminación, ya que alter la salud de los mexicanos y sus ecosistemas.
México es el segundo país con mayor número de muertes por contaminación atmosférica de toda América Latina, así lo reporta un estudio realizado por el Clean Earth Instituto, en el que se destaca que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud México registra 15 mil decesos por año atribuibles a la contaminación del aire ambiental, siendo únicamente superado por Brasil que acumula 23 mil muertes. Argentina ocupa el tercer lugar con algo más de 10 mil decesos y, éstos, relacionados con la contaminación.
De acuerdo con los datos del Inventario Nacional de Emisiones en 1999, los mexicanos emitíamos 40.5 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera, de los cuales 58 por ciento fueron emitidos por fuentes naturales como el suelo, la vegetación y la actividad volcánica y el 42 por ciento por actividades humanas.
En nuestro país la generación de contaminantes atmosféricos es mayor en los estados de México, Veracruz, Jalisco y el Distrito Federal, con un promedio de entre 6.4 y 9.4 por ciento de las emisiones por actividades humanas, en contraste con Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes, que emitieron menos del 1 por ciento del total nacional; y se calcula que cada mexicano emite un promedio alrededor de 170 kilogramos de contaminantes atmosféricos al año, lo que equivale al peso de dos personas adultas.
Otro tipo de contaminación que sin duda afecta a la población debido al ritmo de vida actual de los mexicanos, que hace que vivan en un estrés constante por diversos factores, es la contaminación auditiva, definida como el exceso de sonido que altera las condiciones ambientales normales en una determinada zona, interfiriendo en actividades de la vida diaria de las personas, degradando así la calidad de vida de los habitantes.
El ruido de vehículos, trenes y aviones, pueden provocar insomnio, ataques al corazón, problemas de aprendizaje, estrés, presión alta, pérdida del oído y pérdida de productividad, alterando las distintas actividades e interfiriendo con la comunicación hablada, perturbando el sueño, el descanso, la relajación e impidiendo la concentración y el aprendizaje, creando estados de tensión y cansancio que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular.
No podemos dejar de lado el concepto de contaminación electromagnética ya que podemos encontrar en cualquier lado sin tener mayor percepción de ésta, debido a que nos referimos a la presunta existencia de una exposición excesiva a las radiaciones de espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos y otros elementos productos de la actividad humana.
Se emplea el término contaminación puesto que se sospecha que ciertos campos electromagnéticos podrían ser para las especies vivas un factor de perturbación, pudiendo afectar a su salud o ámbitos reproductivos.
No obstante vale la pena mencionar que a pesar de los esfuerzos realizados para solucionar la contaminación de nuestro país, los éxitos alcanzados son relativamente nulos debido a que las estrategias adoptadas por las autoridades correspondientes no son suficientes ya que el constante cambio de las tecnologías, el crecimiento acelerado de la población, la generación de empresas como fábricas y otras industrias, trae consecuencia económicas y sociales que hacen que el comportamiento de cualquier política se vuelva deficiente en la lucha contra la contaminación.
Por esta razón el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coadyuvancia con los gobiernos estatales y autoridades locales introduzcan políticas y programas de prevención para el control de la contaminación y así proteger la salud de sus habitantes y sus ecosistemas.
Estamos convencidos de que la problemática de la contaminación es de gran relevancia en nuestro país y debe de ser un asunto prioritario para las autoridades.
No es suficiente con adoptar medidas preventivas ni multas o sanciones. Necesitamos regulación en este tema, la creación de leyes y reglamentos, instrumentos jurídicos que permitan regular y mejorar el actual estado que guarda nuestro país en el tema del medio ambiente. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Muy buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta. Efectivamente, esta propuesta e iniciativa que presentó un servidor en conjunto con nuestro coordinador, el diputado Arturo Escobar, ha tenido un desarrollo muy importante, interesante en la propia comisión; a todos los integrantes de cada fracción parlamentaria que la integran, les estamos agradecidos. Asimismo a la presidenta, que ha atendido las peticiones de todas las fuerzas políticas.
Si bien es cierto que estamos ante los grandes retos de las grandes reformas estructurales de nuestro país que hemos iniciado en este período tan importante, también para nosotros es fundamental poder atender el día al día de las necesidades de nuestro país.
Para nosotros, como grupo parlamentario del partido verde, es muy importante trabajar, aportar y apoyar a favor del cuidado y el equilibrio del medio ambiente.
Hemos legislado aquí a favor del suelo, del agua, del aire, pero no habíamos legislado en lo que tiene que ver con la contaminación auditiva o la contaminación acústica. Éste es uno de los principales problemas sobre todo en las zonas metropolitanas de nuestro país, en donde se concentra la mayor cantidad de población y que día con día se ha ido acrecentando la problemática, como lo han mencionado ya puntualmente mis antecesores, en lo que tiene que ver con un problema de salud pública.
Hay estudios actualizados para nuestro país por organizaciones internacionales en los que determinan que una de las causantes de problemas de salud tiene que ver con la contaminación acústica. Y no nada más es una cuestión que afecte la salud de los mexicanos.
Para nosotros es importante también cuidar todo lo que tiene que ver con el tejido social de las propias colonias, comunidades, municipios, en donde se puede presentar una problemática de este tipo.
En algunos países ya se ha legislado a favor de poder contrarrestar todo lo que tiene que ver con esta contaminación y con resultados favorables, con resultados de integración dentro de las propias comunidades, con las familias, con las colonias en donde existe esa reciprocidad que caracteriza a los mexicanos y nos diferencia de otros países en donde muchas veces entre vecinos ni siquiera se dirigen la palabra.
Para nosotros es importante que esta convivencia y este tejido social sigan conservándose desde el punto de vista ambiental. Y si lo podemos hacer hoy con esta legislación, con esta reforma en la cual también un punto muy importante es que la Semarnat tome en cuenta programas que sean derivados de todo lo que tiene que ver con la contaminación, que nosotros mismos hemos aprobado aquí, el año pasado, en las otras legislaturas, a programas que la Semarnat cada vez ha ido reduciendo más.
Es decir, hoy en los municipios y en los estados la mayor parte de la concentración del capital de la propia secretaría se encamina a proyectos de empleo temporal, a proyectos ambientales que en los municipios muy pocas veces pueden acceder a ellos.
Esta reforma habla de plantear estos programas, estas campañas de prevención en coordinación con los estados y con los municipios, y que también será una tarea de nosotros, como legisladores, llevar esta información de lo que hoy se está legislando a favor de la contaminación acústica; es decir, de eliminarla para poderlo transmitir a los ayuntamientos, para poderlo transmitir a los estados y que puedan tener una mayor cantidad de proyectos y de carteras para poder presentar este año en lo que tiene que ver con los proyectos del presupuesto 2014.
Con esto, compañeras y compañeros, vamos adecuando el marco jurídico, vamos avanzando no solamente en lo que tiene que ver con la contaminación del agua, del aire y de la tierra, sino también vamos a tomar en cuenta lo que podría ser un resultado favorable para nuestro país; la contaminación acústica. Es cuanto, señor presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Claudia Elena Águila Torres, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con su permiso, diputada presidente. Creo que el problema del sonido en lo técnico, no es tan grave como el problema de sonido que tenemos con la romería que siempre hay aquí abajo, compañeros.
El sonido en los diferentes espacios de nuestras ciudades ha evolucionado en las últimas décadas hacia una situación a menudo insostenible. En general, ese fenómeno se puede atribuir al consumo acelerado de energía al que los modelos de crecimiento económico y social nos han impulsado, produciendo efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud de los seres humanos.
Por lo cual, para la presente comisión dictaminadora y el grupo parlamentario del PRD, respecto al proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se sostiene que es una necesidad el seguir adecuando leyes encaminadas a facultar a los organismos que competen para sancionar, regular y mitigar la contaminación por ruido al ambiente.
Como referencia el Libro Verde la Organización Mundial de la Salud señala que el ruido urbano representa pérdidas económicas y es causa de trastorno psicológico-sociales y dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. se reconoce el derecho que tienen las y los mexicanos a la protección de la salud y un ambiente saludable.
De conformidad con el marco jurídico vigente, el ruido es un fenómeno que es competencia de la Federación, los estados y municipios, incluido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Es así que la contaminación acústica es considerada en las zonas metropolitanas del mundo, como un factor medioambiental muy importante, que incide en forma principal en su calidad de vida, cuya solución implica grandes retos y debe ocuparse hasta la creación de instancias administrativas e institucionales que permitan actuar coordinadamente en las distintas instancias de gobierno, pasando por la provisión de la legislación correspondiente.
Siendo que es competencia de los tres órdenes de gobierno, la Federación se debe de encargar de la regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, los estados se encargan de la prevención y control de la contaminación generada por la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como en su caso de fuentes móviles que no sean de competencia federal, y los municipios de la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido que en su caso resulten aplicables a las fuentes móviles, excepto las consideradas de jurisdicción federal.
Con esta reforma, el párrafo tercero del artículo 156 de la LGEEPA que dice en su texto; La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma. Derivada de ese información, la Secretaría, en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios, formulará y aplicará programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía técnica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.
Se logra que la Semarnat, en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan formular y aplicar programas y campañas a fin de prevenir y controlar los tipos de contaminación antes descritas, con el objeto de brindar una herramienta de conformidad con la legislación vigente, que les permita a los mexicanos el goce de un mejor ambiente que reduzca la contaminación, por lo cual el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor. Es cuanto, diputada presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla: Con el permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para Acción Nacional el bien común es uno de sus pilares, es la base de nuestra doctrina. Es por ello que también en este caso estamos conscientes que cuando hablamos de calidad de vida, la calidad de vida depende del entorno social y natural en el que vivimos.
Nuestra salud y bienestar están íntimamente ligados a lo que comemos, al lugar donde vivimos, al tiempo que dedicamos al descanso, pero también a cómo regulamos las fuentes de estrés cotidianos.
Un aspecto que influye en la calidad de vida es la contaminación auditiva o acústica, ya que como se ha reconocido recientemente el ruido es un factor que puede alterar la salud de los seres humanos. Hace un momento todos los aquí presentes tuvimos un claro ejemplo de cómo el ruido afecta a los seres humanos.
La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el límite recomendable en el tema de decibeles es 55 decibeles, pero también es la misma organización la que contempla y la que analiza cómo la contaminación auditiva y el ruido pueden provocar la muerte.
Es por ello, que es necesario que consideremos cómo este tipo de contaminación puede provocar diversas alteraciones, como pérdidas de la capacidad auditiva, cardiopatías, estrés prolongado, entre lo más frecuentes, pero sobre todo repercute en el rendimiento laboral, escolar y en las relaciones sociales.
En virtud de ello varios países han legislado al respecto, por ponerles un ejemplo, la Unión Europea desde el 2002 obliga a todos sus países miembros a tomar ciertas medidas, por ejemplo, en el tema de aeropuertos y han trabajado al respecto.
Nosotros, en este país, contamos con algunas normas desde los 70, pero normas que no se han actualizado. Efectivamente, nuestra Constitución, en el artículo 4o., establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano; y en el artículo 73, faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los niveles de gobierno en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es decir, los facultados para atender estos temas somos nosotros como legisladores, la Constitución nos lo establece.
Y contamos también, como ya se ha mencionado en las intervenciones previas, con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Esta ley, entre otras cosas, tiene como objeto establecer las bases para definir los principios de la política ambiental en este país, los instrumentos para su aplicación, pero también los instrumentos para la prevención y control de la contaminación de aire, agua y suelo.
Hace un rato se mencionó, esos son los tipos de contaminación que normalmente consideramos y escuchamos, pero pocas veces tomamos en cuenta que existen diversos tipos de contaminación.
En la LGEEPA, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, existe un capítulo que habla sobre el ruido, en el artículo 155 y 156 se habla al respecto, pero actualmente el texto solamente habla de que se tendría que integrar la información, se tendrían que establecer métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.
Ahora lo que estamos buscando es hacer una estrategia común de todos los niveles de gobierno, para verdaderamente plantear campañas que sensibilicen a la población, para que la legislación con la que contamos la podamos aplicar y hagamos un frente común para regular este tipo de contaminación.
No solamente estamos hablando de contaminación auditiva. Estamos hablando de contaminación por vibraciones, de contaminación por energía térmica, de contaminación lumínica, de contaminación por radiaciones electromagnéticas y por olores.
Y ahí quisiera compartirles un ejemplo, cuando yo fui regidora en la ciudad de Puebla, uno de los temas en los cuales no pudimos intervenir como autoridad era la contaminación por vibraciones. Cuando una troqueladora en el Centro Histórico de Puebla afectaba las casonas de los alrededores no teníamos la norma que nos permitiera entrar a poner orden como autoridad y exigir que esa troqueladora no pudiera estar trabajando en esa zona.
Fue una problemática seria porque no teníamos la legislación. Este paso que se está dando con la modificación del artículo 156, estoy segura que los vecinos del Centro Histórico de la ciudad de Puebla les agradecerán su voto a favor.
Y yo quisiera también señalar lo valioso de esta propuesta, de esta iniciativa, de este dictamen. ¿Por qué? Porque habla del proceso de concientización, de impulsar ese trabajo de educación ambiental para que la comunidad haga conciencia de que vive y que tiene que relacionarse con el otro. Que mi derecho termina cuando empieza el del otro. Que mi libertad termina cuando empieza la del otro. Y por tanto, sí medirnos más en el tema de los propios ruidos que generamos.
En las ciudades tenemos muchos tipos de ruidos. Podríamos hablar, las construcciones, los propios aeropuertos, el transporte... Ya termino, presidenta, gracias.
Habría mucho ruido, pero cada uno de nosotros, simplemente en este momento, generamos algún tipo de contaminación auditiva y tenemos que hacer conciencia de lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y lo que nos corresponde a nosotros como legisladores.
El Partido Acción Nacional está a favor de esta iniciativa porque estamos seguros que mejorará la calidad de vida de los mexicanos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene la palabra el diputado Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado J. Pilar Moreno Montoya: Con su permiso, presidenta. No hay ninguna duda, compañeras y compañeros diputados, que efectivamente, el ruido nos afecta.
Como bien se dijo, aquí ya lo vivimos y solamente lo remonto a un momento privado. Cómo disfrutar con la pareja cuando hay ruido. Por ello, atender el problema de la contaminación acústica o por ruido como un tema de salud pública y como parte de la garantía de derecho a un ambiente sano es una materia sobre la que es necesario el sostenimiento de los esfuerzos encaminados a su prevención, atención y control.
La ciencia médica ha documentado ampliamente los efectos del ruido excesivo sobre la salud de las personas. A nivel físico puede haber alteraciones en el ritmo cardiaco, en la respiración, en el proceso digestivo, lo cual puede generar complicaciones como gastritis, colitis, aumento en la presión arterial, problemas neuromusculares dolorosos, falta de coordinación, problemas de visión nocturna, y pudiéramos seguir mencionando muchos otros.
En el nivel estructural tenemos también que la exposición prolongada a ruidos excesivos puede generar daños en oído, eventualmente pueden ser irreparables, y ocasionar sorderas crónicas y permanentes.
La sensación del silbido en los oídos es otra consecuencia de los daños por ruido. En el caso de personas con problemas de salud previos, tales como padecimientos cardiovasculares o problemas coronarios, pueden sufrir infarto igual luego de un ruido fuerte.
Los pacientes diabéticos pueden tener elevación en los niveles de azúcar hasta generarles algún estado de coma. En el nivel psicológico hay una disminución en la capacidad de atención y concentración, irritabilidad y emergencia o hasta cuadros histéricos y neuróticos.
Como sabemos, en el texto vigente de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se incorporaron ya disposiciones dirigidas a establecer al ruido como una fuente de contaminación, misma que debe ser vigilada, controlada y sancionada, y que la competencia para ello corresponde a los tres órdenes de gobierno.
Como bien señala la comisión dictaminadora, el esquema que establece la ley asigna a la federación la función de regular la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido.
Y a las entidades federativas la prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas que funcionen en establecimientos industriales, así como en su caso de fuentes móviles que no sean de competencia federal.
Y a los municipios la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido que, en su caso, resulten aplicables de fuentes móviles, excepto las consideradas de jurisdicción federal.
En consonancia con la responsabilidad para la vigilancia y control de la contaminación acústica se dispuso en el artículo 156 un mecanismo para que la Secretaría de Salud estuviera en posibilidad de recabar e integrar la información relacionada con este tipo de contaminación, de los métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.
Con la reforma que discutimos en este dictamen se propone establecer que con base en dicha información se explicite la responsabilidad de la Secretaría para que –con base en dicha información y en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios– formule y aplique programas y campañas para la prevención y control de la contaminación por ruido y las demás que se señalan en la ley, vibración, energía térmica, lumínica, radiaciones, como bien lo señaló la diputada Mantilla.
En este mecanismo se genera un instrumento de intervención efectiva para avanzar en la construcción de una política integral para el combate de la contaminación por ruido y los demás tipos de contaminación.
Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de las acciones encaminadas a consolidar una visión de salud en toda su integralidad, y corresponder con tareas efectivas para el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas, por ello suscribiremos el presente dictamen.
Con carácter urgente asumimos la necesidad de comprometernos a reforzar con acciones eficaces la planificación y gestión de riesgo que compartan todos los tipos de contaminación y refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la agenda para la protección de la salud y el medio ambiente. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No habiendo reservas en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 454 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por unanimidad 454 votos a favor. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.
Para fundamentar el dictamen por la comisión, se concede el uso de la voz a la diputada Zuleyma Huidobro González.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Agradezco y felicito a los integrantes de la Comisión de Protección Civil y especialmente a su presidente, al diputado Alfonso Durazo Montaño, por la acertada modificación a la Ley General de Protección Civil, la cual no podría haber sido más oportuna.
Como ustedes saben, el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, atiende los estragos ocasionados por los desastres naturales cuando la magnitud de éstos supere las capacidades económicas y logísticas de las entidades federativas. Sin embargo los plazos y procedimientos burocráticos entorpecen el proceso de liberación presupuestal.
De conformidad con las reglas de operación del Fonden, los recursos otorgados a las entidades se realizan con el objetivo de designarlos a los mecanismos necesarios tendientes a reducir los riesgos, así como a evitar o disminuir los efectos de impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.
Actualmente, para que una entidad reciba los recursos provenientes del Fonden, el titular del Ejecutivo estatal debe hacer llegar a la Secretaría de Gobernación una solicitud la cual tendrá un plazo máximo de cuatro días para emitir la alerta de desastre natural correspondiente y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación; y, a partir de esta publicación, la Secretaría de Hacienda cuenta con un término de 10 días para la liberación de los recursos necesarios.
La autorización de estos recursos depende en gran medida de las decisiones tomadas por los tres niveles de gobierno, además del estudio objetivo sobre comportamiento y severidad de los fenómenos, así como de la cuantificación de los daños ocasionados.
No obstante, el manejo de estos recursos es poco claro y prevalecen las prácticas de opacidad y corrupción; y por el otro existe la dilación, la negligencia y la indolencia de las autoridades en la entrega de los recursos.
En esta tesitura, dicha reforma busca establecer los principios sobre los que deben diseñarse las disposiciones administrativas y la manera en que se deben ejercer los fondos integrales de gestión de riesgo.
Sostenemos que la premura por obtener una cuantificación efectiva de los daños puede llevar a los evaluadores a realizar un análisis sesgado y ligero de los desastres sufridos en las entidades federativas y municipios afectados por fenómenos naturales.
Aprobamos plenamente que el ejercicio del patrimonio del Fonden se practique con el máximo grado de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, ya que es una demanda ciudadana que estamos obligados a impulsar y a defender.
Ya no podemos seguir permitiendo que se lucre con las necesidades de la población afectada y que los programas sociales se usen como instrumento de botín político de los gobiernos estatales.
Para ello se propone modificar la fracción III del artículo 58 y adicionar un párrafo a los artículos 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, con el propósito de establecer un mecanismo que de manera preventiva ponga a disposición de las entidades federativas afectadas los recursos del Fondo de Desastres Naturales necesarios para auxiliar en forma inmediata a la población damnificada e iniciar la reconstrucción de la infraestructura base.
Por otra parte, considera necesario que se reduzcan al mínimo necesario los plazos para la tramitación de las declaratorias de emergencia y de desastre natural, por lo que se propone reducirlos a tres días naturales en ambos casos.
Asimismo, propone eliminar el plazo de 10 días posteriores a la emisión de la declaratoria de desastre natural para que la Secretaría de Hacienda libere los recursos necesarios, proponiendo que una vez emitida la declaratoria se comunique a dicha dependencia en forma expedita y ésta proceda a poner los recursos respectivos a disposición de las entidades federativas afectadas, de inmediato.
También propone modificar el párrafo primero del artículo 63 con el fin de que las reglas de operación se sujeten a los principios señalados en el artículo 5 de la misma ley y que se limiten a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.
Con lo anterior se pretende eliminar los formalismos innecesarios y la indebida burocratización de los procedimientos para el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, pues ello, en la opinión del proponente termina afectando el derecho de la población afectada a recibir los apoyos necesarios para hacer frente a la contingencia.
Por las razones que les he comentado y porque estoy convencida de que estas reformas benefician a la población más vulnerable que es afectada por diferentes eventos que obligan al Estado a darle protección civil, solicitamos su voto solidario a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, se concede el uso de la voz al diputado José Angelino Caamal Méndez.
El diputado José Angelino Caamal Méndez: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados, el adecuado manejo de las políticas y acciones en materia de protección civil en México, es de suma importancia para la sociedad en su conjunto debido a las diversas y complejas condiciones y circunstancias físicas presentes en nuestro entorno.
Los mexicanos hemos padecido grandes desastres naturales que nos han dejado profundas heridas; pero a su vez hemos aprendido a hacer frente a la adversidad, a prever, a actuar y resolver distintos escenarios de crisis y emergencias, siempre privilegiando la salvaguarda de la vida e integridad de las personas y posteriormente a proteger y rescatar el patrimonio de los ciudadanos que han logrado con el esfuerzo arduo de trabajo de muchos años.
En ese sentido el Estado mexicano ha creado protocolos y mecanismos de acción para responder de manera ordenada y eficaz a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación y de nuestras Fuerzas Armadas, los cuales en primera instancia rescatan y proteger a la población afectada y consecuentemente se aplican a restaurar y subsanar los servicios públicos básicos y la infraestructura primaria afectada.
Si bien hay avances de manera sustancial en el ámbito de la protección civil en nuestro país, de manera constante se tienen múltiples y diversos escenarios de riesgo potenciales desde sismos, erupciones volcánicas, sequías, huracanes e inundaciones, por mencionar algunos, los cuales nos obligan a perfeccionar la legislación en la materia con el único afán de hacer más ágiles y eficaces los protocolos y políticas de acción frente a estos desastres que enfrentamos de manera periódica en nuestro país.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza recibe con beneplácito la presente iniciativa que se ha presentado a la Comisión de Protección Civil, cuyo propósito es perfeccionar el entramado gubernamental que se activa en el escenario lamentable de una desgracia que ponga en riesgo la vida de nuestros hermanos mexicanos.
Es por eso que nos sumamos al esfuerzo compartido que lleva a cabo esta comisión para incluir los principios básicos de buen gobierno al artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.
Garantizar la eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos aplicables ante escenarios de desastres naturales es un avance importante para el correcto destino de los apoyos que la federación transfiere a los gobiernos estatales sujetos a los daños y consecuencias de estas contingencias.
Si bien se han buscado fórmulas mediante las cuales la respuesta de la federación sea más expedita para apoyar las necesidades de la población afectada, la realidad es que el proceso de toma de decisiones abarca distintas áreas de la administración y conlleva gestiones de orden presupuestal, financiero y administrativo. Por ello, considerar estos principios nos ayudará a tener una mayor y mejor capacidad de respuesta en este tipo de escenarios de desastres naturales.
Otro resultado alentador de esta iniciativa fue la comunicación e intercambio de información y puntos de vista que tuvieron los miembros de la Comisión de Protección Civil de esta Cámara de Diputados con la Coordinación Nacional de Protección Civil del gobierno de la república.
Ello aporta a que la reforma que hoy se presenta esté verdaderamente orientada a subsanar lagunas legislativas, permitiendo que el marco legal que da certeza a las políticas de prevención y acción de protección a la población contemple en sus disposiciones administrativas que los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos sean conducidos bajo la observancia de principios de buen gobierno, como lo son la honradez, eficacia y rendición de cuentas de su correcta aplicación.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará en sentido afirmativo para que la presente iniciativa se apruebe con la suma de las voluntades de las fuerzas políticas representadas en esta Legislatura.
De esta manera podremos fortalecer las políticas públicas en un área tan sensible e importante como lo es la protección civil, ya que al mejorar las acciones de preservación en casos de desastres naturales, se confirma nuestra responsabilidad y solidaridad a favor de las y los mexicanos que atraviesan por estas tragedias.
Compañeras y compañeros legisladores ésta es la oportunidad de que juntos expresemos nuestro compromiso con el pueblo de México. Gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias Presidente. En primer término felicitar a los integrantes de la Comisión de Protección Civil, y en especial a su presidente, el diputado Alfonso Durazo Montaño.
A Movimiento Ciudadano nos parece que todo aquello que abone a fortalecer el sistema nacional de protección civil en nuestro país, debe ser apoyado.
El Fonden, el Fondo Nacional de Desastres, con todos sus mecanismos, la propia Ley General de Protección Civil tienen que ser instrumentos al servicio de la sociedad, mecanismos transparentes, pero sobre todo mecanismos expeditos para resolver desgracias y desastres naturales.
Nada afecta más cuando hay este tipo de tragedias que los burocratismos, que la ineficacia, que la negligencia y que la corrupción. Medrar y lucrar política y económicamente con los desastres, es un crimen inadmisible que no admite ninguna contemplación.
Por eso nos parece que esta reforma es un paso para seguir fortaleciendo la honradez, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas de las instancias y de los servidores públicos destinados a la atención de la protección civil.
Nos parece que la comisión ha hecho un buen esfuerzo, pero sin duda este es un tema que se debe revisar integralmente. Sigue habiendo una gran ilación cuando hay desastres para bajar los recursos, cuando hay emergencias o cuando hay situaciones de diferente naturaleza.
Los desastres pueden ser de diferente índole, y muchas veces las autoridades de la Secretaría de Gobernación entran en retrasos alegando papeleos, alegando burocratismos y la gente está a merced de la tragedia y del peligro inminente.
Por esa razón, no solamente tiene que haber esta reforma al artículo 63, consagrando principios, sino que debe revisarse todo el marco de aplicación de los recursos del Fonden. Reducir el tiempo de las solicitudes en plena época del acceso a la información y de la revolución de las telecomunicaciones, no puede seguir dependiendo de oficios y de trámites cuando la gente está a merced de desastres por inundaciones, por terremotos, por incendios o por fenómenos de diferente naturaleza.
Nos parece también que todas las instancias de protección civil, cuando se toque el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación, tendrán que reforzarse para que el programa y el sistema de protección civil, al igual que la seguridad pública en el país, sean reforzados. Pro eso esta reforma no es una reforma menor, porque sigue abriendo paso a fortalecer todo este entramado institucional que atiende los desastres en la república, en los estados y en los municipios. Por eso Movimiento Ciudadano avala esta reforma y votará a favor del presente dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. Por supuesto estamos a favor de esta iniciativa del diputado Raymundo King, mismo al que felicitamos y como los que me antecedieron en la palabra, también hay total coincidencia.
Quisiera compartirles también algunos datos extra para fortalecer el por qué a favor de esta iniciativa, y de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, México es considerado susceptible a desastres naturales constantes por su situación geográfica.
En las últimas décadas ha dejado daños considerables, con un promedio anual de 100 vidas humanas y en términos monetarios dichos fenómenos han sido valuados en 700 millones de dólares.
Para hacer frente a estas situaciones, en 1996 se crea el Fonden, Fondo de Desastres Naturales, como un instrumento financiero con la finalidad de apoyar a las entidades federativas, las dependencias y las entidades de la administración pública federal, atendiendo y reparando los daños causados por fenómenos naturales cuando la magnitud de ellos supere su capacidad financiera y operativa, que es en la mayoría de los casos por supuesto.
Aunque se ha trabajado mucho en los tres órdenes de gobierno en una estrategia de prevención que incluye el conocimiento de peligros y amenazas a las que está expuesta la gente, también en la identificación y establecimiento de los niveles actuales de riesgo y en diseñar acciones y programas para mitigar dichos riesgos, el saldo que se ha obtenido en los fenómenos naturales ha sido devastador en todos los sentidos.
Muchas familias en todo el país han visto cómo en cuestión de segundos su patrimonio se derrumba y desaparece por completo, quedando en total desamparo y en ocasiones pierden la vida, ya sea por el mismo desastre o por la que éste deja a su paso con enfermedades, siempre siendo los niños los más vulnerables.
Cuando estos fenómenos corren, la Secretaría de Gobernación declara estado de emergencia a la zona dañada. Después de cierto número de días y para acceder a los recursos del Fonden, se tiene que cumplir con requerimientos de las reglas de operación. Dicho sea de paso, se han modificado éstas aproximadamente siete veces desde que se creó este Fondo.
Dichos requisitos en ocasiones son engorrosos ya que hay alrededor de seis etapas para obtener los recursos para hacer frente a la realidad, y entre éstos se encuentran los siguientes:
Primero. El procedimiento para solicitar la corroboración de la ocurrencia de un desastre natural.
Dos. Comités de evaluación de los daños.
Tercero. Procedimiento para atender la infraestructura federal.
Cuarto. Procedimiento para la obtención de los anticipos.
Quinto. Procedimiento para emitir una declaratoria de desastre natural y acceder a los recursos del Fonden, y
Sexto. Autorización de recursos.
El anterior proceso, como ya se ha mencionado, representa tiempo en el que el principio de inmediatez es obstruido por todas las etapas anteriores, por lo que es necesario, como lo plantea esta iniciativa, hacer los cambios pertinentes a favor de las personas damnificadas por esos acontecimiento naturales.
Es por ello, que el dictamen que hoy nos ocupa es de total relevancia, ya que con la aprobación del mismo se sentarían las bases para tener condiciones adecuadas, de manera que los recursos del Fonden que se han solicitado por las entidades federativas, sean entregados de manera inmediata, eficiente, eficaz, transparente, racional y con estricto apego a la transparencia y rendición de cuentas.
Por eso la fracción del Partido Verde vamos a favor del presente dictamen, ya que los principios a los que se refiere el diputado Raymundo King de la Rosa son válidos y necesarios a favor de las familias mexicanas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Cruz Ramírez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Arturo Cruz Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Quiero, antes de iniciar, hacer un reconocimiento a nuestro presidente de la Comisión de Protección Civil, el diputado Alfonso Durazo Montaño, puesto que él había presentado inicialmente una iniciativa parecida y dio lugar, dando muestras de madurez política, para que se pudiera llegar a un consenso. Sólo así es como se puede consensar en esta Cámara de Diputados. Enhorabuena, diputado presidente.
El nacimiento de protección civil en México no ha sido casualidad, si bien es cierto, en años anteriores existían algunos vestigios sobre la materia, fue el sismo de 1985 y la incapacidad de un gobierno sobrepasado en sus responsabilidades, salvado por la solidaridad del pueblo, lo que orilló a la implementación de diversos programas enfocados a instituir una débil cultura gubernamental en protección civil.
Posteriormente a las eventualidades del sismo de 19 de septiembre y después de que la naturaleza evidenció las precarias condiciones para enfrentar situaciones de ese calibre, surge la necesidad inmediata de crear el programa y sistema nacional de protección civil.
De esa fecha hacia acá, México ha enfrentado diversos eventos, ya sea de carácter natural o provocado por la mano del hombre, llámese deslaves, erupciones, sismos, huracanes, incendios, explosiones, fugas, derrumbes en minas, contingencias ambientales, entre otros, esto ha provocado la imperiosa necesidad de reforzar el ámbito legal y operacional para enfrentar cualquier tipo de vicisitud, ya que somos vulnerables a que cualquier agente sea capaz de generar una emergencia, o bien, un desastre, ya sea de carácter hidrológico, geológico o humano.
El día de hoy todavía no estamos preparados para enfrentar una contingencia similar a la ocurrida en otros países, nos falta todavía mucho camino que recorrer. En aquel acontecimiento del 85, uno de los elementos que agravó y que se sumó a la serie de vicisitudes que aquejaba al pueblo mexicano, fue la falta de gestión operativa y administrativa para enfrentar a la brevedad tan desafortunado acontecimiento. La falta de transparencia para el ejercicio de los recursos quedó al descubierto.
Quiero mencionar que la declaratoria de un desastre y liberación de recursos no es la conclusión de todo este proceso. Debe haber eficacia para la emisión y designación de los recursos.
Los funcionarios deben conducirse con probidad y honradez, principios básicos del servicio público. Su actuación debe estar encaminada a prestar un servicio de carácter público y los recursos deben llegar a quien los necesita.
Por último, continúa una etapa muy importante, la rendición de cuentas. La autoridad está obligada a informar cómo, cuándo y dónde se destinaron los recursos que específicamente se crean para atender los desastres.
Esta etapa no puede ser menos que las otras, pues de qué serviría la agilización para la declaratoria y liberación de recursos si estos no se agilizan para lo que están destinados.
El Estado por ley está obligado a implementar las medidas necesarias para apoyar a la población, a los gobiernos municipales y estatales, buscando aminorar las consecuencias derivadas de un desastre.
Pero su actuación no acaba ahí, es necesario vigilar que esos recursos lleguen a sus destinatarios de una manera pronta, así como dar cuenta de cuál es el destino de los apoyos.
El trámite de declaración y liberación de los recursos no debe tener connotaciones partidistas, no deben privilegiarse municipios o estados en razón del partido que los gobierna.
Si se aplican los principios de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos, ayudaría a aminorar las vicisitudes por las que atraviesan las familias que fueron vulneradas por una emergencia o desastre natural.
La sociedad no necesita de buenas intenciones, necesita una legislación en materia de protección civil fuerte y garantista que incentive la cultura, que fortalezca la prevención y que garantice la inmediatez, transparencia y rendición de cuentas de la asistencia del Estado.
El principal objetivo de la iniciativa en cuestión, como el propio dictamen señala, es modificar la Ley General de Protección Civil en su artículo 63, en el sentido de que para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, tendrán como base la honradez, la eficacia y la eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.
Por estas razones, el Partido de la Revolución Democrática votará en sentido positivo el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el cambio climático ha propiciado una transformación relevante en la forma en que se presentan los fenómenos naturales en territorio nacional. Lluvias atípicas, inundaciones, severas sequías, movimientos telúricos, volcanes en actividad representan, sin duda, temas que el Estado mexicano, a través de los órdenes de gobierno debe atender de manera urgente e inmediata, dejando de lado cualquier trámite burocrático que impida la atención y ayudas a la población que se ve afectada en su patrimonio y su integridad ante la presencia de algún desastre natural.
Debemos reconocer que la Ley General de Protección Civil es un ordenamiento de reciente expedición, en donde una de las finalidades que marcan su diseño fue precisamente crear un sistema de protección civil en donde se otorgue una atención inmediata a las catástrofes que afectan a la población, además de regular con precisión la utilización de instrumentos financieros de riesgos para el uso en caso de desastres.
De esta manera, y ante la relevancia que ha tenido la regulación de estos instrumentos financieros, es que el dictamen que aquí se discute adquiere importancia, ya que establece lineamientos específicos que deberán guiar el diseño de tan importante mecanismo, mediante el cual el gobierno federal apoya a las instancias públicas federales y entidades federativas en la ejecución de proyectos para la prevención y atención de desastres naturales.
De esta forma se establecerá con claridad que para la reglamentación administrativa que regule las fórmulas de financiamiento y requisitos para el acceso y ejercicio de estos instrumentos financieros deberán observarse los principios de prioridad en la protección de la vida de las personas, inmediatez en la prestación del auxilio, subsidiariedad en las instancias de gobierno, publicidad en las fases de protección civil, respeto a los derechos humanos, entre otros.
Compañeros legisladores, si bien consideramos que los principios que se incorporan en el texto del artículo 63 ya guían las acciones que en la materia realiza la Secretaría de Gobernación, por ser uno de los sujetos obligados a la observancia de esta ley, lo cierto es que esta reforma no perjudica en nada el procedimiento que se debe seguir para acceder a los recursos de instrumentos financieros de gestión de riesgos.
Por lo tanto, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, bajo la premisa de que la atención pronta, inmediata, eficiente y eficaz de la sociedad civil que se ve afectada por algún desastre natural es una de las principales obligaciones de los gobiernos municipales, locales y por supuesto del gobierno federal, reforzándose además la observancia y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para concluir la ronda de posicionamientos se concede la palabra al diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como sabemos, el cambio climático y el crecimiento de la población plantean desafíos cada vez más complejos en términos de la atención de las alternaciones ambientales, implicaciones que adquieren la magnitud de riesgos contra la seguridad nacional y que abarcan aspectos socioculturales, económicos, geográficos, políticos y tecnológicos.
El proyecto de decreto que discutimos recoge las inquietudes expresadas por los legisladores de diversos grupos parlamentarios, mismas que atienden a su vez las demandas sociales de la población ubicadas en territorios vulnerables o desastres naturales y de las autoridades responsables de su atención.
Ante el reconocimiento de las situaciones, derivadas de la ocurrencia o de los desastres naturales, comprometen aspectos esenciales para la vida y el patrimonio de las personas, mismos que ameritan una atención vigorosa y oportuna que minimice las posibilidades de mayores pérdidas y posibilite un rápido retorno a la normabilidad, surge la inquietud de generar dispositivos que hagan más eficaz la recepción de apoyos encaminados a este fin.
La iniciativa que se considera en el proceso de estudio, que concluye con la presentación del presente dictamen, convergieron en la preocupación para agilizar los trámites y la disposición de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.
La comisión dictaminadora emprendió un ocioso proceso de análisis al que fueron escuchados los puntos de vista de autoridades federales y estatales, responsables de la materia de la protección civil. Se analizó la conveniencia de reducir el tiempo de declaratoria de emergencia que era uno de los planteamientos en cuestión, advirtiéndose que esta medida implica riesgos que comprometen la operatividad del Fonden, principalmente el de llevar a una sobreestimación de los costos de reconstrucción, situación que ha sucedido en muchas ocasiones y que dificulta que las entidades federativas no puedan contribuir con el 50 por ciento que le corresponde al acuerdo de las reglas de operación del Fonden.
Bajo este entendimiento se añadieron el texto legal de los principios de honradez, eficacia y eficiencia y rendición de cuentas en la regulación de los procedimientos, fórmulas de financiamiento y confinamiento y además requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgo.
En claridad del razonamiento que conduce a estas conclusiones, el Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en suscribir en sus términos el presente dictamen; esto a fin de beneficiar a la población vulnerable, a desastres naturales, refrendándose nuestra firme convicción de que el logro de la transparencia y la eficacia en la gestión es la tarea sustancial de este gobierno actual.
No podemos olvidar que nuestro país de acuerdo con diversas organizaciones ambientales internacionales, se encuentra en un estado de franca vulnerabilidad frente al cambio climático, esto por su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas.
Entre otros factores, hoy en día ya se dan cita en nuestro territorio gran variedad de alteraciones provocadas por un fenómeno que entre otras cosas no son más que el inicio de una tendencia de impactos que se verán exuberados a lo largo del siglo y si no aceptamos las medidas necesarias, aceptemos en consecuencia y pasando siempre en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Concluida la lista de oradores, el asunto está suficientemente discutido. En consecuencia le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Pido emitir su voto durante el tiempo que está abierto el sistema electrónico porque, una vez cerrado, se cantará el resultado de la votación. Muchas gracias.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 437 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz la diputada Jessica Salazar Trejo, hasta por cinco minutos.
La diputada Jessica Salazar Trejo: El siguiente dictamen que presento lo hago en nombre de la Comisión de Salud. Éste se refiere al proyecto de decreto que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud en materia de los riesgos en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes.
Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En México toda persona tiene derecho a la protección de la salud como lo establece la Constitución Política. Es por ello que los integrantes de la Comisión de Salud aprobamos este proyecto de decreto que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud.
La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como un síndrome de dependencia del alcohol, el cual es un estado patológico, físico, a la vez sicológico, un trastorno de la conducta que se caracteriza porque el individuo bebe alcohol en exceso a pesar de que sabe que ese hecho es la causa de muchos y variados problemas de salud, familiares y sociales.
Otros datos que publica la OMS en su página de Internet son los siguientes. El consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2.5 millones de muertes cada año. Unos 320 mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo del alcohol, lo que representa un nueve por ciento de las defunciones en ese grupo etario.
El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad. Es el primer factor de riesgo en el Pacífico occidental y Las Américas y el segundo en Europa.
El consumo de alcohol está relacionado con muchos problemas graves de índole social y del desarrollo, en particular la violencia, el descuido y el maltrato de menores y el abastecimiento laboral.
En México la mayor parte de los problemas reportados se asocian a la condición de abuso más que con la dependencia. Sin embargo, ambos trastornos tienen consecuencias negativas en la salud.
El abuso y la dependencia del alcohol se asocian con dificultades frecuentes con la familia, lo que refiere un 10.8 por ciento. Peleas, seis por ciento; problemas con la policía, 3.7 por ciento; detención de personas estando bajando los efectos del alcohol, en 41.3 por ciento; problemas laborales 3.7 por ciento y pérdida del empleo 1.4 por ciento.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones reportó en el 2008 que en los Centros de Tratamiento de Menores la droga de impacto más frecuente a nivel nacional entre las personas que buscaron ayuda especializada, fue el alcohol con un 36.4 por ciento. Ésta sigue permaneciendo como una de las principales drogas de inicio. El 63.2 por ciento de quienes iniciaron con el alcohol pasaron a una segunda sustancia.
Centros de Integración Juvenil informó que 25 mil 143 pacientes que solicitaron ayuda en el 2008, el alcohol fue la primera sustancia que motivó la demanda de tratamiento con un 22.1 por ciento.
El Consejo Tutelar de Menores reportó en 2008 que del total del grupo de menores de edad 6 mil 923 que son detenidos por cometer infracciones, el 54.3 por ciento mencionó consumir drogas de forma habitual. Dentro de este grupo el alcohol fue la segunda droga más utilizada con un 20.9 por ciento.
El Servicio de Urgencias Hospitalarias registró 17 mil 734 ingresos en el 2008; de éstos quienes habían sufrido lesión por causa externa, 445 con un 8.3 por ciento se encontraban bajo el efecto de al menos una sustancia psicoactiva al momento del ingreso. La sustancia mencionada con mayor frecuencia fue el alcohol.
La cirrosis del hígado es la cuarta causa de mortalidad entre la oblación, 5.6 por ciento. Asimismo los accidentes de tráfico con un 4.6 por ciento; la violencia 2.9 por ciento y los trastornos por uso del alcohol con un 2.5 por ciento son las principales causas de discapacidad del país.
El 9 por ciento del total de las enfermedades en México las genera el consumo del alcohol. El consumo del alcohol es la principal causa de los accidentes de vehículos de motor, incluyendo accidentes de tránsito y atropellados.
Dentro de éstos el grupo de edad de 15 a 29 años ocupa el segundo lugar en las tablas de mortalidad general. Se estima que casi la quinta parte de los accidentes laborales se relaciona con la ingesta de bebidas alcohólicas y se encuentra entre las 10 principales causas de discapacidad entre los trabajadores que afectan directamente la productividad del país.
La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado la necesidad de establecer estrategias integrales de salud, donde además de la prestación de servicios también se aborde la atención de las causas sociales, económicas y políticas que subyacen a los diversos problemas de salud.
Entonces se vuelve necesario identificar que lo que hacemos nos coloca en situaciones de riesgo para el consumo del alcohol.
¿Cómo debemos de actuar en consecuencia? Implementando acciones de protección que nos permitan prevenir y enfrentar estos riesgos para reducir este consumo.
En este sentido no sólo es necesario promover la salud, sino también es importante empoderar a los ciudadanos y a la sociedad civil enseñándoles como son estilos de vida saludable, las habilidades para la vida y los ambientes protectores que permitan a niños y adolescentes negarse al ofrecimiento del alcohol; adultos jóvenes y mayores beber de una manera responsable y a padres de familia eliminar paulatinamente pensamientos y conductas permisivas del consumo del alcohol en etapas tempranas de la vida como la niñez y la adolescencia.
Lo anterior a fin de crear una sociedad cada vez más informada y solidaria ante la problemática. Termino, señor presidente.
Por lo anterior se vuelve necesario el incluir a los jóvenes dentro de la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales ya que, al ser uno de los grupos con más riesgos para el consumo del alcohol, ésta debe ser dirigida especialmente a ellos también. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras diputada y diputados. La calidad de vida medida en función de los indicadores de salud de la población de cualquier nación es el resultado de la participación informada, ordenada y corresponsable de todos los actores de la vida pública social y privada.
Por ello, para Nueva Alianza es importante reconocer que la sociedad de nuestro país, al igual que en las otras naciones, enfrenta uno de los problemas de salud pública de mayor impacto negativo sobre la productividad y la competitividad. Nos referimos en concreto al alcoholismo y al abuso de bebidas alcohólicas entre los jóvenes del país, problema que el Estado mexicano ha reconocido como una de las adicciones que afecta directamente la salud pública de los mexicanos.
Por ello, las adicciones como tema de salud pública se reconocen desde 1984 en la Ley General de Salud, contemplando en su título XI del cuerpo normativo que orienta las acciones del Estado contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas entre otras adicciones ahí formuladas.
Con la incorporación a la ley de este tipo de adicciones, se logró que el Estado interviniera con plena responsabilidad en los factores que concurren en este complejo fenómeno, desde la prevención, el tratamiento, rehabilitación, la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, así como la obtención de información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de las bebidas alcohólicas.
Las políticas públicas implementadas emanadas de normas preventivas sobre la adicción al tabaco han arrojado resultados alentadores. Basta con analizar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 en donde se indica que entre los años 2000 al 2012 los adolescentes hombres disminuyeron sensiblemente su consumo de un 14.5 en el 2000 a un 12.3 en el 2012.
Otro dato significativo de esta encuesta nacional indica que la prevalencia de consumo diario de tabaco se redujo entre los adolescentes de un 4.8 por ciento en el 2000 a un 2.6 en el 2012. La prevención de la adicción al tabaco a lo largo de los últimos 12 años ha mostrado resultados significativos con tendencias que son en muy alentadoras.
Sin embargo, en el tema del alcohol la problemática observada no es nada alentadora y exige la implementación de acciones destinadas a combatir este problema de salud pública en nuestro país.
Entre los años 2000 y 2012, no se observó un cambio estadísticamente significativo en el porcentaje total de adolescentes que consumen alcohol. Las cifras de esta encuesta ilustran la prevalencia del problema.
En el año 2000, un 24.8 por ciento de adolescentes reportaron consumir una bebida alcohólica de forma diaria u ocasional en el último año. En el 2012, este porcentaje no disminuyó, permaneciendo estable en un 25 por ciento en el 2012.
En el caso de los adultos, esos jóvenes encuestados hace 13 años, el panorama es más desalentador. Entre el año 2000 y 2012, el porcentaje de adultos que consumen alcohol creció un 14.2 por ciento, alcanzando un alarmante 53.9 en el último año. El panorama descrito nos obliga a generar medidas legislativas ante la permanencia de este problema de salud pública, cuando más en este momento que gozamos de un bono demográfico, como nunca en nuestra historia.
Somos un país de jóvenes, en nosotros se encuentra la oportunidad de no llegar a ser un México de alcohólicos. Ante este panorama y ante la necesidad de coadyuvar en la prevención y atención de la problemática social, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nos pronunciamos a favor de la inclusión de los jóvenes en las acciones educativas sobre los efectos del alcohol en la salud y en sus relaciones sociales.
Con ello también invitamos a esta honorable asamblea a reflexionar sobre otros problemas de salud pública que Nueva Alianza ha puesto en la mesa, como lo son las adicciones tecnológicas y la conveniencia de contar con la participación destacada de expertos en nutrición en el ámbito educativo nacional.
Nueva Alianza ha sido el único en colocar estos temas de profundo interés social en la agenda política que requiere un México sano, moderno, competitivo y más justo, cuyos ciudadanos tengan pleno acceso democrático a las condiciones de salud indispensables para construir la sociedad modelo del Siglo XXI. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México es considerado por muchos especialistas y gobiernos extranjeros como un país joven. Con ello coincidimos con que los 30 millones de personas que tienen entre los 15 y los 29 años son realmente un factor que potencializa una mayor posibilidad para lograr que la vida sociopolítica de nuestro México suceda.
Es lamentable que tras esta oportunidad, una de las principales preocupaciones tenga que ser la de evitar a toda costa que nuestros jóvenes caigan en el consumo de alguna de tantas y tantas drogas ilegales, o de bebidas alcohólicas que hoy son distribuidos en todas partes.
El propósito de este dictamen no dista de este ejemplo, pues estamos reafirmando que uno de los primeros problemas de salud pública es precisamente el consumo de alcohol principalmente entre nuestros jóvenes.
El hecho de incluir en la Ley General de Salud que la población joven sea contemplada para recibir orientación relacionada a los efectos negativos de su consumo, es sin duda un paso agigantado en pro de la protección no sólo de la integridad de cada uno de ellos, sino también coadyuva en el fortalecimiento de sus derechos humanos.
Con esta iniciativa se tiene la posibilidad de enriquecer acciones que comprende el Programa contra el Alcoholismo coordinado por la Secretaría de Salud, gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General. Se logra dejar en claro que dichas instancias podrán hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los efectos nocivos entre nuestra población joven.
No obstante que la definición de la definición joven asume un rango de edades entre los 15 y los 29 años, la condición actual nos obliga a ampliar dichas categorías para así llegar hasta los 12 años como mínimo. En este sentido es pertinente lograr que no sólo estas modificaciones legales pretendan abarcar un amplio número de personas susceptibles a su consumo, sino también lograr que las acciones que implementan las distintas instancias públicas sean las más acertadas y realmente permitan que los efectos puedan insertarse en un programa de rehabilitación.
Hay que ser claros que hoy en día la mayoría de los centros de rehabilitación que atienden a consumidores de alcohol y de drogas no cuentan con una supervisión oficial adecuada, y por consecuencia sus programas son deficientes y en lugar de ayudar al adicto suelen empeorar sus condiciones después de salir del programa.
Por tales aspectos es de suma importancia apoyar las acciones legislativas como las que ahorita estamos discutiendo, pues en efecto reiteramos que no sólo con ello podemos garantizar que nuestros jóvenes y adolescentes sean víctimas de las drogas y el alcohol, pero sí nos queda claro que es una importante tarea lo que estamos permitiendo que hagan las instituciones pública en la materia.
Por lo antes expuesto votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. En el país se consume alcohol tanto de manera regular como en exceso, lo anterior resulta preocupante ya que ésta es una sustancia adictiva que cuenta con niveles altos de aceptación social. De hecho, es asumida como sinónimo de prestigio en algunos círculos sociales.
La edad de inicio del consumo de alcohol va descendiendo poco a poco, son cada vez más los adolescentes que tienen el acceso y abusan de esta sustancia para ser aceptados en el círculo social donde se desarrollan.
Se calcula, en la Ciudad de México, al menos 700 mil menores de edad son bebedores, entre hombres y mujeres. La investigación social y cultural sobre el consumo de alcohol y alcoholismo en México, revela importantes cifras acerca de los daños que produce el abusar de bebidas embriagantes.
Más del 13 por ciento de la población es dependiente, es la causa del 80 por ciento de los divorcios, ha sido la consecuencia del 60 por ciento de los suicidios y 38 por ciento de los homicidios en el país están vinculados a personas que estaban bajo los efectos de esta droga legal. Tenemos un gran problema de salud pública que debemos enfrentar.
El consumo de bebidas etílicas es más frecuente en los hombres, pero podemos decir que tristemente el porcentaje de mujeres alcohólicas ha aumentado de manera desmedida, especialmente en las adolescentes.
Los mayores índices del consumo de alcohol se encuentran en las ciudades de Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Distrito Federal y Querétaro, diría también que la zona oriente del estado de México.
El gobierno prohíbe a la gente fumar en público y drogarse, pero permite la existencia de establecimientos donde los mexicanos toman de manera desmedida haciendo que sea una actividad normal.
El consumo de drogas lícitas entre la juventud mexicana ha incrementado drásticamente. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional contra las Adicciones, existen 27 millones de mexicanas y mexicanas que beben más de 5 copas por ocasión y 4.2 millones de alcohólicos son crónicos, de hecho la cuarta causa de muerte de hombres y mujeres entre 12 y 17 años es causa de muerte por cirrosis hepática.
El alcohol no sólo afecta la salud de quienes lo consumen, sino que provoca problemas sociales, como violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, ausentismo en el trabajo, accidentes de tránsito, bajo rendimiento escolar, depresión, entre otras muchas causas.
Las drogas y el alcoholismo son una amenaza grave para todos los mexicanos, sobre todo para los jóvenes, por ello debemos de implementar campañas de manera urgente, para evitar un mayor daño al que ya se vive en muchos hogares mexicanos.
Se calcula que aproximadamente 2 millones 600 mil mexicanos, entre 12 y 45 años, no tienen acceso a tratamientos médicos, para poder rehabilitarse y dejar de depender del alcohol.
Se necesitan programas de tratamiento, donde se brinde atención psicológica y médica. Millones de enfermos no tienen las posibilidades de tener este tipo de ayudas y apoyos por parte de sus familiares, por lo que es urgente que les demos atención.
Las autoridades de salud pública no se han involucrado en el tema de centros de rehabilitación en el país. La mayoría de éstos opera de manera ilegal. Sin embargo, se ha ignorado la situación y por consecuencia, las personas que acuden a ellos sufren de tortura, maltrato físico y psicológico.
Es un gran tema a tratar, compañeros. Las autoridades tienen el deber de implementar suficientes centros de rehabilitación, de coordinar todos los existentes y de informar, de manera continua, a todos los ciudadanos del daño que hace tomar el alcohol en cantidades desmedidas.
Por ello, los diputados de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen, ya que se deben implementar medidas y programas necesarios para educar a toda la población, previniendo el abuso del consumo de alcohol y mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos.
No olvidemos que el alcohol es una droga, así como la mariguana, la cocaína, el tabaco y mucho más. Matan a fuego lento. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias compañeras. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Crystal Tovar Aragón: El dictamen de la Comisión de Salud propone que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General respecto a la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales sea dirigido a los jóvenes. Así como el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, en los grupos de población que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad.
Establece, dentro de las acciones que comprende, el problema contra la farmacodependencia, la coordinación entre Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General.
Brindar la educación sobre los efectos del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir adicción, estableciendo que la misma vaya dirigida especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Quiero agradecer a todos los integrantes y al presidente de la Comisión de Salud de todos los partidos parlamentarios, por la sensibilidad que han tenido en la aprobación de esta iniciativa.
Me enorgullece, como proponente del presente dictamen ya aprobado, que tengan la sensibilidad, todos los grupos parlamentarios y mis compañeras diputadas y diputados, por aprobarla.
También quiero pedirles a nombre del Partido de la Revolución Democrática su voto a favor. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Con su venia, diputado presidente. Se entiende por adicción al conducto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva.
Asimismo, la dependencia es el conjunto de manifestaciones físicas cognoscitivas y del comportamiento que incluye la presencia de distintos síntomas, tales como: tolerancia, abstinencia, uso por más tiempo o mayor cantidad, deseo persistente o incapacidad de control, empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos, reducción de actividades sociales, laborales o recreativas, así como el uso continuado a pesar de tener conciencia de que el uso evidente de este alcohol es perjudicial.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones nos confirman que sigue siendo necesario reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas, pues si bien el consumo en general se ha estabilizado es importante ampliar la política de prevención y tratamiento y dirigir más acciones hacia la población joven.
Es importante que como sociedad tengamos presente que el abuso del consumo de bebidas alcohólicas constituye nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas, pues se sabe que constituyen un factor precursor de accidentes, de violencia, de cirrosis apática, de conducta sexual riesgosa, síndrome alcohólico fetal, trastornos mentales y trastornos de conducta.
La prevención, atención y erradicación de las adicciones representa un gran reto para el Estado mexicano, resulta imprescindible continuar con el fortalecimiento de la infraestructura física para generar las condiciones necesarias que garanticen el acceso a los centros especializados de atención.
En dicha vertiente tenemos un gran reto, pues durante el sexenio anterior se logró que se construyeran 317 centros Nueva Vida, generando la red de atención más amplia en toda América Latina. Resulta indispensable que se continúen los esfuerzos para garantizar que dicha red siga cumpliendo con su misión de proteger la salud de quienes requieren de su apoyo.
Como legisladores nuestro gran reto es contribuir mediante la creación y aprobación de instrumentos legislativos, a que la población en general y en particular, la juventud mexicana, adopten patrones de comportamiento que los impulse a tener estilos de vida saludables y por lo tanto que los alejen de las adicciones.
Para los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, y que hoy se somete a discusión, debe ser votado a favor.
La propuesta reviste especial importancia, en virtud de que propone que la ejecución del Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas dirija sus acciones a los jóvenes, respecto de la educación sobre los efectos del alcohol en la salud a través de métodos individuales, sociales y de comunicación masiva, por ello se busca fortalecer la atención directa del problema del consumo de alcohol que prevalece entre los jóvenes de nuestro país.
Votaremos a favor del dictamen porque en Acción Nacional la protección de la salud de toda persona, y en particular de la juventud, es un compromiso insoslayable, así lo demostramos en los 12 años anteriores y deseamos ratificarlo con nuestro apoyo al presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la voz la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Zita Beatriz Pazzi Maza: Posicionamiento de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, con respecto al dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud.
Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores. Uno de los principales problemas de salud en México es el alcoholismo, baste señalar que dicho procedimiento causa, según lo establecido en el dictamen, 2 millones y medio de muertes al año y de estos decesos 320 mil corresponden a jóvenes entre 15 y 29 años.
Además, el alcoholismo es el primer factor de riesgo de morbilidad en América y está relacionado con muchos problemas graves de tipo social como la violencia, el descuido, el maltrato de menores, el ausentismo laboral. Por último, el 9 por ciento de las enfermedades en México son provocadas por el alcoholismo de manera directa e indirecta.
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, los adolescentes son el grupo de edad que presentan los niveles más altos de consumo de alcohol de manera consuetudinaria, es decir, que beben por lo menos una vez a la semana o grandes cantidades en una sola ocasión.
La escolaridad es un factor que disminuye el riesgo de consumo en la población joven, por lo que es una preocupación creciente en nuestro país que existen alrededor de 7 millones de adolescentes que no estudian, por lo cual esta población se encuentra más expuesta a consumir drogas y alcohol, al tener más tiempo libre y no realizar ningún tipo de actividad académica y recreativa.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está a favor de las modificaciones legales planteadas por la Comisión de Salud, a partir de la propuesta de la diputada Crystal Tovar, del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que se precisa todo tipo de instrumentos legales, médicos y sociales para prevenir el alcoholismo y la drogadicción entre los jóvenes y entre las principales formas de prevención se haya la concientización sobre los efectos de dichas conductas.
En este sentido, consideramos del todo pertinente la reforma a la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, para que exista una educación especial sobre los efectos del alcohol en la salud, en las relaciones sociales dirigida especialmente a los jóvenes; y que para este efecto sean utilizadas metodologías pedagógicas, personales y campañas de comunicación masiva. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores el dictamen está suficientemente discutido. En consecuencia le ruego a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, hay 438 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 438 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada Ana Isabel Allende Cano.
La diputada Ana Isabel Allende Cano: Compañeros legisladores. El Sistema Penitenciario Nacional representa un instrumento fundamental del Estado mexicano para garantizar el apoyo a la reinserción social de las y los internos; en el cumplimiento de las penas legales, individualiza por autoridad jurisdiccional.
Lo anterior, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales a los que México se ha sumado a la legislación aplicable.
De acuerdo con datos oficiales entregados por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en su informe estadísticas del sistema penitenciario nacional de enero de 2013, en nuestro país existen sólo dos centros federales y 10 centros estatales especiales para mujeres reclusas, así como 68 penales que realizaron adaptaciones para la estancia de mujeres.
Este mismo documento establece que existen 11 mil 641 reclusas. Esto representa el 4.8 por ciento del total de la población penitenciaria del país.
Ocho mil quinientas cincuenta y dos de estas mujeres están recluidas por delitos del fuero común y 3 mil 89 por delitos de carácter federal.
Se calcula que de estas 11 mil 641 mujeres reclusas, alrededor del 70 por ciento son madres y en la mayoría de los casos, jefas de familia.
Incluso según datos actualizados a noviembre del 2012, existían 377 hijos e hijas, de infantes, dentro de las cárceles del país y 48 mujeres embarazadas.
En este sentido en la comisión dictaminadora consideramos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 refiere el respeto a los derechos humanos como una de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario, derechos que de acuerdo con el artículo 1o., del mismo ordenamiento, gozarán todas las personas de nuestro país y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca.
En el mismo sentido se consideraron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el cual establece que cuando las hijas e hijos de una madre reclusa permanezcan en su lugar de readaptación social, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
En la comisión dictaminadora también incorporamos en el presente documento el principio de interés superior de la niñez que ha sido elevado a rango constitucional en México por el artículo 4o., de la Constitución y se ha reiterado dicho compromiso a nivel internacional al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.
El último instrumento internacional mencionado establece el derecho del hijo a ser cuidado por sus padres, así como la obligación de los Estados parte a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres a desempeñar sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño.
En este mismo orden de ideas se entiende la no separación de los padres, todo dentro del marco de un adecuado desarrollo de la personalidad del niño en el seno de la familia.
Los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han dado cuenta de una deficiencia en el goce de la unidad familiar por parte de los menores, hijos de mujeres en reclusión, como lo percibió el Comité de los Derechos del Niño en el examen de los informes enviados por los Estados parte, en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 2006, donde dicho órgano registró el hacinamiento, las malas condiciones de detención y la inadecuación del personal con relación a las mujeres con hijos.
Así como grandes deficiencias en la atención médica y en la alimentación de los hijos de las internas que viven en los centros.
En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos de las mujeres internas en los centros de reclusión de la república mexicana, se expresó que deben de existir instalaciones especiales para el tratamiento de reclusas embarazadas, las que acaban de dar a luz y las convalecientes, así como tomarse acciones para organizar una guardería o estancia infantil con personal calificado.
Si bien el artículo 3o., de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados hace mención de que el Ejecutivo federal debe cumplir con la disposición de que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas cuenten con espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, esta comisión dictaminadora coincidió en que existe una omisión al señalar un responsable específico, con lo cual se corre el riesgo de hacer nugatorio este derecho humano, por lo que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales, debemos llevar a cabo las acciones conducentes desde el ámbito legislativo para subsanar dicha deficiencia.
Estamos ciertos de que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario es la entidad adecuada para la coordinación y homologación de mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios, señalando que la facultad del mismo debe suscribirse a la emisión de una norma modelo que debe ser observada por los centros penitenciarios en los tres niveles de gobierno.
Es así que esta comisión dictaminadora pone a disposición de esta soberanía el presente dictamen encaminado a fortalecer, garantizar y proteger tanto los derechos de la niñez mexicana como los derechos humanos de las reclusas en todos los niveles de gobierno, así como un acceso irrestricto a una reinserción social plena y compatible con el sano desarrollo familiar. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de a voz la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores: el respeto a los derechos humanos de los internos en centros federales y locales resulta indispensable para lograr el objetivo primordial de la readaptación social.
Sin embargo, cuando hablamos del derecho que tienen las reclusas embarazadas y aquéllas que tienen el cuidado de sus hijas e hijos dentro del centro penitenciario, nos enfrentamos a la realidad de que en la mayoría de estos casos los centros penitenciarios de nuestro país no cuentan con la infraestructura de espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijos de las reclusas que se encuentran bajo su cuidado.
De acuerdo con el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos de las mujeres internas en centros de reclusión de la república mexicana de junio de 2013, se hace evidente la urgente necesidad de establecer en los centros penitenciarios instalaciones especiales que le permitan a la madre reclusa conservar a su hijo.
Asimismo, este informe exhorta a tomar las disposiciones necesarias a fin de organizar una guardería o estancia de bienestar infantil, con personal calificado, debido a que no existen las condiciones adecuadas para que los hijos de las internas satisfagan necesitades para un pleno desarrollo al interior de los mismos.
Por lo tanto, es nuestro deber legislar en la materia y de este modo procurar que el derecho de la madre a disfrutar de su hijo y a ejercer su rol materno se conjugue con el derecho de los menores a una vida digna, a un desarrollo integral y a no sufrir condiciones que violenten ninguno de sus derechos establecidos en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, así como lo ratificado en principio del interés superior de la niñez.
El objetivo del presente dictamen es establecer en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la atribución como función de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, de emitir lineamientos a los que deberán sujetarse la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para el establecimiento de espacios apropiados en los centros penitenciarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años, de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros, asegurando su desarrollo pleno integral y atendiendo el principio del interés superior de la niñez.
Partiendo del objetivo principal de la conferencia de erigirse como el órgano de análisis, difusión e instrumentación de la política pública en materia penitenciaria, con estricto apego a la legislación aplicable, así como con absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas, sea este órgano del Estado el encargado de organizar el funcionamiento de estos espacios de desarrollo infantil.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos pertinente que se atribuya la capacidad a la Conferencia de emitir lineamientos que consideren los medios necesarios para que en los centros penitenciarios cuenten con la infraestructura óptima y eficiente.
No olvidemos que México en 1990, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo desde que ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella, y procurar en todo momento la prevalencia del principio del interés superior de la niñez.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen que reforma el artículo 31 en su fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública, por el que se adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la ley de la materia de prevé la existencia de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, misma que se integra por los titulares de los órganos de prevención y reinserción social de la Federación, los estados y el Distrito Federal.
En el artículo 31 se regulan las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y en la fracción que se adiciona se le otorga facultades para emitir lineamientos a los que se sujetarán la propia Federación, estados, Distrito Federal y municipios para establecer espacios apropiados en los centros penitenciarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las reclusas, en el interior de dichos centros.
Para dar cumplimiento a instrumentos internacionales celebrados por nuestro país, por México, es precisamente que se vuelva indispensable aprobar esta reforma. Hay un atraso significativo por parte de nuestro país para dar cumplimiento a diversas normas internacionales, entre ellas las contenidas en la Convención de los Derechos del Niño y tenemos informes también, como ya se puntualizó, del mismo Comité de los Derechos del Niño, del órgano de Naciones Unidas, por visitas que se han realizado a los centros de reclusión, de dar cumplimiento básicamente a las normas que establecen el principio de unificación familiar.
Entonces para dar cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño y a las resoluciones del Comité es que se vuelve indispensable precisamente aprobar esta reforma.
En segundo término, para ser congruentes y dar cumplimiento al artículo 1º constitucional, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el cumplir con los tratados internacionales celebrados por México, y en tercer lugar para dar cumplimiento al artículo 4º ya mencionado, que establece el principio del interés superior de la niñez.
En el presente dictamen se continúa afortunadamente con la tendencia de este dictamen, de favorecer a la niñez y de sus derechos para que en todos los centros penitenciarios haya espacios en donde los menores que vivan con sus padres cuentan con espacios apropiados que les permita tener las mejores condiciones para su desarrollo. No debe ser excusa el que las madres estén en reclusión para que los niños no cuenten con las adecuadas condiciones para su desarrollo.
Para las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el interés superior de los niños y niñas es un bien prioritario para el desarrollo de la sociedad. Estas acciones se deben traducir en otorgar a todas las niñas y niños los espacios educativos adecuados, donde puedan desarrollar su capacidad de adquisición de conocimientos. También se les debe dotar de una alimentación de calidad y de todos los satisfactores que necesitan para un desarrollo adecuado.
Por las consideraciones antes expuestas nuestro Grupo Parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emita los lineamientos para la implementación de espacios y condiciones adecuadas para las hijas e hijos de las internas en los centros penitenciarios.
En este sentido, debo manifestar que el hablar de tener a menores de edad en un centro penitenciario a todas luces en un principio resultaría contradictorio, si tomamos en consideración el hacinamiento y la vejación sistemática que se dan en todo centro de reclusión, al extremo de ser considerados universidades del crimen.
Derivado de lo anterior, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que las mujeres que están recluidas en cárceles mexicanas enfrentan situaciones que van en contra de su dignidad y seguridad, debido al hacinamiento y a un sistema dirigido a la población masculina.
Señala dicho informe que en revisiones tienen que desnudarse, dormir en el piso o vivir entre hombres, son algunas de las condiciones irregulares que padecen las mujeres reclusas.
Al respecto de acuerdo con los datos del gobierno federal y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinan que la población en cárceles mexicanas rondan en 230 mil internos, de los cuales solo 11 mil 901 son mujeres, representando el 4.8 por ciento, y solamente el 35.19 de ellas se encuentran en centros exclusivos para mujeres, el resto se encuentra en centros penitenciarios mixtos.
Sólo para ejemplificar dicho informe, señala que en el Centro de Readaptación Social Regional de Santiago Ixcuintla, en Nayarit, por la falta de un área adecuada a su género, una mujer tuvo que ser alojada en una oficina.
En el Centro Preventivo de Reclusión Femenil de Guadalajara, la Comisión Nacional contabilizó una población de 505 internas, lo que representa un 97 por ciento de sobrepoblación.
Las internas del dormitorio B, dice dicho informe, duermen en el piso. En suma, de los 418 centros penitenciarios que existen en el país, sólo 10 son exclusivos para la población femenil.
Hasta noviembre de 2012, señaló la propia comisión, que contabilizó una población de 377 menores de edad viviendo con sus madres, encontrándose 48 internas que estaban embarazadas.
Derivado de todo lo anterior, el organismo nacional concluyó que no se toma en cuenta a los niños y niñas al imponer sanciones penales a sus madres.
B. Que el interés superior de la infancia se contrapone con la realidad que actualmente padecen las niñas y niños con sus madres en reclusión.
C. Las mujeres en centros penitenciarios no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con su responsabilidad de maternidad responsable.
En este sentido, debemos precisar que en los reglamentos de los centros de reclusión consagran que los niños y niñas de madres en prisión pueden permanecer con ellos hasta los seis años de edad, como por ejemplo, el del Distrito Federal en su artículo 98, en el de Morelos en el artículo 60, fracción VII y finalmente, el estado de México, que se encuentra previsto en el 107, lo cual es congruente, como lo ha establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que el Estado velará en todas las decisiones y actuaciones con el principio del interés superior a la infancia, garantizando de manera plena sus derechos.
De igual manera, por lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 6o establece que siempre que sea posible, el niño o niña deberá crecer al amparo, bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.
Conscientes de lo anterior y tomando en consideración la iniciativa de mérito, así como la desafortunada situación violatoria a los derechos de las niñas y niños que padecen en los centros penitenciarios al estar bajo el cuidado de sus madres internas, consideramos la necesidad que todo centro de reinserción social respete los derechos humanos a cabalidad de los menores.
Por ello, consideramos la necesidad de que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en base a sus atribuciones, emita los lineamientos para que la federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios establezcan espacios apropiados y dignos que permitan el sano desarrollo de las hijas e hijos de las mujeres internas que permanezcan a su cuidado.
Conscientes de lo anterior, los integrantes de la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen, es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país ha firmado y ratificado la Convención de los Derechos del Niño. En ella se reconoce que en todos los países del mundo hay niñas y niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños y niñas necesitan especial consideración.
En su artículo 19 establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente. Malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
También en la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo 8º, 9º y 10, establece que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Las niñas y los niños tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las política públicas dirigidas a la niñez.
Aún más, los ascendientes, tutores y custodios tiene la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Y el Estado además otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez.
Así, toda nación debe reconocer que resguardar y cumplir con los derechos de las niñas y de los niños es fundamental para proteger el periodo de la infancia, como una etapa totalmente diferenciada de la edad adulta, a fin de construir un lapso de tiempo en el que los niños y las niñas puedan crecer, aprender, jugar y desarrollarse a plenitud.
El derecho de una niña o un niño a convivir con su madre es de carácter inalienable e imprescriptible, y de este modo ninguna persona particular o autoridad puede realizar actos encaminados al menoscabo de tales derechos, y consecuentemente a sus titulares, que son las niñas y los niños.
Las hijas y los hijos de las mujeres reclusas permanecen al cuidado de sus madres por dos razones principales: las madres así lo disponen y, en segundo, porque no existe opción para que las o los menores de edad queden al cuidado de otros familiares, y por lo tanto deben estar al cuidado de sus madres aún estando reclusas.
En este orden de ideas no debe entenderse en ningún modo que las niñas y los niños se encuentran cumpliendo una pena privativa de la libertad, mucho menos privativa de sus derechos, y de este modo volverlos víctimas del sistema penitenciario de nuestro país.
Aquí ya se ha mencionado que en México existen 11 mil 901 reclusas, de las cuales 4 mil 189 se encuentran en centros específicos para mujeres. El resto, 7 mil 712, el 64 por ciento, se albergan en centros mixtos, violando con esto no solamente la garantía de la población penitenciaria femenina, sino también violando los derechos de las niñas y niños que viven con quien son madres de familia.
En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mencionado que más de 2 mil niñas y niños que viven en centros penitenciarios con sus madres viven en condiciones de vulnerabilidad, en hacinamiento, en peligro y mala alimentación.
Es por esta razón que en el Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con la necesidad de adecuar las leyes vigentes a nuestra realidad, para que se garanticen plenamente los derechos tanto de las madres que se encuentran en prisión como de las niñas y niños que permanecen con ellas y que comienzan su desarrollo y formación de personalidad.
De este modo se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el goce de todas las personas de los derechos humanos y con el principio constitucional consagrado en el artículo 4o. constitucional, referente a velar siempre por el interés superior de la niñez.
Las niñas y los niños que están al cuidado de sus madres y que son menores de seis años, que es la edad límite que fija la legislación vigente deben tener condiciones de vida y desarrollo adecuados; es decir, deben contar con la educación preescolar o primaria, según sea el caso, alimentación, atención tanto médica como psicológica, lugares destinados para la convivencia con sus madres, lugares destinados a la lactancia en el caso de los recién nacidos, entre otros derechos; ya que hay estudios que confirman que de no tener una atención especializada estas niñas y niños que acompañan a sus madres en prisión o que no se les permite la convivencia con ella tienen un riesgo mayor de desarrollar algún grado de desintegración social.
Es por esto que el Partido de la Revolución Democrática, nos pronunciamos a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que con esto estamos garantizando un derecho más de nuestras niñas y niños. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con el permiso de la Presidencia. El posicionamiento que hoy se presenta, deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 y se adiciona la fracción XV al artículo 39, ambos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ya se ha comentado aquí sobre este gran tema. Decirles que hace tiempo me di a la tarea de recorrer los centros penitenciarios de mi estado, Chihuahua, es cuando se entiende, solamente cuando se habla con las reclusas, se platica, se dialoga y se recorre en los lugares en donde ellas se encuentran, es donde se entiende y se siente el derecho que como madres tienen y el derecho también de los pequeños.
Así es, de que el Partido Acción Nacional se congratula porque hoy se brinda esta posibilidad de que haya estos espacios para el desarrollo de los niños. En junio de 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada de manera histórica para incluir en ella el capítulo denominado de los derechos humanos, dicha reforma constituye un cambio de paradigma en el país, el cual demuestra una gran evolución legislativa y un desarrollo positivo a nivel internacional.
Una de las reformas realizadas establece la Organización del Sistema Penitenciario sobre la Base de los Derechos Humanos, la cual fue establecida en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2011, observó grandes deficiencias en la atención médica y en la alimentación de los hijos de las internas que viven en los centros, por lo que la presente iniciativa refleja la preocupación del Poder Legislativo.
La presente reforma nos permitirá anteponer el interés superior de la niñez, a la vez que se refrendará el derecho de la maternidad de las mujeres en reclusión.
Conforme lo establece el artículo 31 de la Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el organismo encargado de la coordinación y homologación de mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de nuestro país.
En el Partido Acción Nacional apoyamos la reforma en comento, pero sobre todo, también sabemos todos que el modelo penitenciario, necesita este país un nuevo modelo en el sistema penitenciario. Ése es el verdadero tema de fondo y el Presidente Calderón ha hecho un planteamiento en su momento. Por ahí se encuentra en el Senado en discusión dentro de la Comisión de Justicia.
Así es que el Partido Acción Nacional siempre impulsará sobre estos temas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la voz el diputado Francisco González Vargas.
El diputado Francisco González Vargas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
Nada más alejado de la realidad. La contradicción entre lo previsto en la norma y lo que ocurre en la realidad es aberrante, toda vez que como sociedad hemos privilegiado la venganza social por sobre la reinserción, el hacinamiento, la suciedad y estigma en vez de la dignidad en el alma y en el cuerpo.
Hoy por hoy, la posibilidad de una segunda oportunidad para quienes torcieron sus vidas en algún momento, no pasa de ser una aspiración. Lo que hoy ocurre al interior de las penitenciarías y reclusorios habla de quienes se encuentran dentro, pero también de la sociedad que las ha prohijado.
Es por ello que compartimos el sentido del dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, puesto que su esencia es de un sentido humanista al que no puede uno sustraerse.
Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario supervise la efectiva implantación de espacios y condiciones adecuadas para las hijas e hijos de las internas en los centros penitenciarios es una pretensión que compartimos, pues no ignoramos que las mujeres son doblemente estigmatizadas al caer en reclusión, pues su comportamiento resulta aborrecible para una sociedad que califica con doble rasero a hombres y mujeres a pesar de que estén ubicados en un mismo supuesto.
Garantizar el establecimiento de espacios apropiados e los centros penitenciarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros, es una medida humanista que permitirá tanto a las mujeres como a sus menores, sobrellevar de manera el internamiento, permitiendo así la posibilidad de una verdadera readaptación, cumpliendo de esta forma con lo previsto en nuestra Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Convención sobe los Derechos del Niño.
Viene a nuestra mente las encarcelaciones que tienen lugar en los centros de readaptación social, actos solemnes encaminados a abrir las puertas de las cárceles a quienes cumplen con los requisitos para recuperar su libertad; actos en los que tratándose de varones, acuden muchas familias que emocionadas reciben de vuelta a sus seres queridos; pero que cuando se habla de mujeres, tienen verificativo en medio de una profunda soledad, producto del desprecio y la marginación a la que son condenadas las reclusas aun cuando hayan saldado sus deudas con la sociedad.
Amigas y amigos diputados, no permitamos más la doble estigmatización; construyamos un sistema de verdadera readaptación que privilegie el perdón y no la represalia, que impulse la benevolencia en vez de la condena social eterna.
Por ello hay que votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, el asunto está suficientemente discutido. Voy a rogar a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Se emitieron 433 votos a favor y 6 abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores: a solicitud de diversas diputadas y diputados, la Mesa Directiva participa a la asamblea del lamentable deceso del destacado periodista y conductor Pedro Ferriz Santacruz. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es el relativo a dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Se informa también que se han reservado para discusión los dictámenes en sentido negativo registrados en el orden del día con los números 33 y 54.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los demás puntos de acuerdo.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere a los 12 últimos asuntos, devuélvanse al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 5 de septiembre del 2013, a las 11:00 horas, y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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