Comunicaciones
Retiro de iniciativa de diputado
De diversas autoridades con respuestas a punto de acuerdo
De la Cámara de Senadores, con acuerdo sobre el PEF y calendario de sesiones
Iniciativas del Poder Ejecutivo Federal, con reformas tributarias y paquete económico 2014
Del Congreso del Estado de México, con iniciativa
De la Cámara de Senadores, con iniciativa
Acuerdo de la Junta, con reglas para el desarrollo de la discusión y votación de dictamen
De la Mesa Directiva, relativo a las inundaciones en la zona oriente del Distrito Federal
Dictamen a discusión
Discusión de los artículos reservados
Entrega de moneda conmemorativa del centenario del Ejército Mexicano
Acuerdo de la Junta, relativo al Estado de México
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Minuto de aplausos en memoria del presidente Salvador Allende
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y de los señores diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 255 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín (11:10 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputada y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura. Proceda la secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Oficio del diputado Fernando Belauzarán Méndez por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el 28 de febrero del año en curso, sea retirada de las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar, dentro del examen y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la creación de un fondo especial para difundir, promover y conmemorar con carácter nacional el Centenario de la Batalla de la Toma de Zacatecas a celebrarse a partir del 23 de junio de 1914.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el calendario de sesiones para el primer período ordinario del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente diputado José González Morfín: De enterado.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados: informo a la asamblea que por acuerdo de la Mesa Directiva y por tratarse de un asunto prioritario, el paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2014, fue turnado el domingo 8 de septiembre del año en curso de la siguiente forma:
Le ruego a la Secretaría dar cuenta de los turnos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Informe sobre uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Iniciativa con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Zonas de Atención Prioritaria 2014, se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.
Estimación del monto de recursos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal en materia de vivienda y suelo, se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.
Criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2014, se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
Por el que se expide la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese igualmente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron del titular del Ejecutivo federal, oficios con los que se remiten las siguientes iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Deuda Pública y de Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Energía para opinión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por el que se reforman los artículos 4o, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de financiamiento educativo.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibió del Congreso del Estado de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 2, 13, y 18 de la Ley del Registro Público Vehicular.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso i) a la fracción VI del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si dispensa la lectura de la proposición del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se dispensa la lectura y está a discusión el acuerdo por el que se proponen las reglas básicas para el desarrollo de la discusión y votación del dictamen que veremos a continuación. Al no haber quien solicite la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego ahora a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del siguiente acuerdo que hizo suyo la Mesa Directiva, que tiene que ver con las inundaciones del viernes 6 de septiembre en la zona oriente del Distrito Federal y del estado de México. Lea solamente los resolutivos, por favor, secretaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del Distrito Federal y a la delegación Iztapalapa, para que en coordinación y en el ámbito de sus facultades tomen las medidas necesarias para brindar el apoyo necesario a las familias afectadas por las inundaciones del viernes pasado.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del Distrito Federal y a la delegación Iztapalapa que de cara a la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, establezcan mesas de trabajo para la asignación de recursos para mitigar los riesgos de las viviendas por grietas, hundimientos e inundaciones de la zona oriente del Distrito Federal.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para que agilicen la entrega completa y entrada en funcionamiento del Túnel Emisor Oriente para coadyuvar el desazolve del sistema de drenaje del valle de México.
Cuarto. Se solicita al Comité de Administración de esta Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus posibilidades, brinde un apoyo solidario consistente en colchones u otros enseres de primera necesidad para las más de 3 mil familias afectadas en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal por las inundaciones del viernes pasado 6 de septiembre.
Suscribe la Mesa Directiva. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de septiembre de 2013.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Y al no haber quien solicite la palabra consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría continuar con la declaratoria de publicidad del dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley de Agrupaciones Financieras.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que este requisito ha sido cumplido consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión. Para fundamentar el dictamen por las comisiones tiene el uso de la voz el diputado José Isabel Trejo Reyes.
El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor presidente. Honorables diputadas y diputados de esta Cámara, antes que nada quiero agradecer a las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de esta Cámara, y al señor secretario de Servicios Parlamentarios por su apoyo eficaz para la dictaminación de esta reforma financiera.
De todos es conocido, que no podemos gozar de una economía dinámica y en constante crecimiento si no contamos con un sistema financiero sólido y activo. En efecto, el sistema financiero promueve nuestro bienestar económico en la medida en que ayuda a los demandantes de crédito a obtener recursos de los ahorradores de forma eficiente y segura.
Bajo estas premisas, la reforma que en esta ocasión tenemos la oportunidad de aprobar constituye uno de los proyectos legislativos más ambiciosos en la historia reciente legislativa, para revisar y componer de una manera integral los diversos elementos que influyen en las operaciones de las entidades financieras de nuestro país.
Desde la crisis que nuestro sistema financiero vivió en 1995, no habíamos tenido oportunidad de revisar, a profundidad, el marco legal aplicable a las instituciones de actividades encargadas precisamente de canalizar los recursos de ahorradores e inversionistas hacia emprendedores de negocios, productores y consumidores. Estamos obligados a realizar este trabajo a la luz de los niveles de financiamiento al sector privado que nuestro sistema financiero mantiene.
Además, a cinco años del colapso financiero en los mercados más desarrollados, nuestra responsabilidad es que nos cercioremos que nuestro sistema financiero cumple con las condiciones y estándares que la comunidad internacional reconoce ahora como los más adecuados, para que las instituciones financieras no repitan episodios como los que ocasionaron una de las peores crisis globales vividas en la historia moderna.
A este respecto, permítanme repasar con ustedes el diagnóstico que actualmente presenta nuestro sistema financiero. Si bien podemos decir que nuestro sistema financiero es sólido, los niveles de intermediación financiera y crédito al sector privado en México son de los más bajos en América Latina y muy por debajo de otros mercados emergentes con ingresos equivalentes.
Más aún. Nuestro sistema financiero es pequeño y relativamente concentrado, en el que por ejemplo, los tres bancos más grandes controlan aproximadamente el 55 por ciento del total de los activos en la Banca del país. Además no soslayemos el hecho de que un amplio sector de familias y empresas de nuestro país no tienen acceso al financiamiento formal y no están en posibilidades de otorgar garantías efectivas.
Por otra parte, otorgar crédito en México continúa resultando caro. Esto es así si consideramos que la información sobre el historial crediticio de las empresas y personas que demandan crédito es parcial y se encuentra fragmentado. Los procesos para la recuperación de créditos y ejecución de garantías son lentos y costosos y un número importante de intermediarios financieros no bancarios carecen de solidez económica o no se encuentran adecuadamente regulados.
Con base en este diagnóstico, ahora es el momento de que este Congreso promueva las acciones necesarias para eliminar los obstáculos que impiden que la Banca y el crédito sean una palanca efectiva de desarrollo para hogares y empresas.
Para ello se deben de realizar modificaciones al marco legal con el fin de facilitar el otorgamiento y recuperación de los créditos e impulsar el desarrollo a los mercados financieros y de los intermediarios no bancarios; fortalecer y brindar mayor certidumbre a los programas de la Banca de Desarrollo, que han demostrado ser útiles para mitigar algunas de las deficiencias señaladas, en especial las de garantías de crédito.
No obstante la necesidad de implementar medidas que estimulen y faciliten la expansión del crédito, debemos poner cuidado en las desventajas que ocasionaría una activación económica que no esté acompañada de controles adecuados.
En este sentido, la experiencia de México, así como las lecciones de la reciente crisis internacional, muestran que para canalizar recursos financieros de manera sostenida a la economía, la regulación y los procesos de supervisión juegan un papel muy importante.
A este respecto la literatura económica señala como el crecimiento acelerado, como el crecimiento acelerado de una cartera de crédito con frecuencia es causa de su posterior deterioro.
Más allá de la teoría académica, lo cierto es que esta situación ya la hemos vivido en México con el crecimiento acelerado del crédito a través de tarjetas, iniciado en 2005; el hipotecario a través de Sofoles y Sofomes entre 2005 y 2008; el aumento en el financiamiento a estados y municipios desde finales de 2009 y la expansión del crédito de nómina y personal desde mediados de 2010.
La evidencia histórica internacional, la crisis mexicana de 1995 y las crisis internacionales iniciadas en 2008, y 2009, dan cuenta de los enormes costos en bienestar que las crisis bancarias conllevan por sus efectos sobre la actividad económica, el empleo, la recaudación fiscal y el déficit público.
México llevó a cabo esfuerzos importantes para incorporar las mejores prácticas internacionales en su regulación financiera, a raíz de la crisis bancaria de 1995. No obstante esto la evolución natural del sector financiero obliga a revisar de manera continua la regulación.
De esta manera en los últimos años se han identificado aspectos de la regulación financiera que es necesario atender.
Además la reciente crisis internacional ha puesto en evidencia diversas insuficiencias en la regulación financiera de la mayoría de los países. Estas deficiencias también se presentan en nuestro país, aunque sus efectos durante la crisis fueron relativamente moderados debido a la poca penetración del crédito.
De acuerdo con lo anterior, compañeras y compañeros, coincidirán conmigo en que como parte de las medidas destinadas a impulsar un mayor crecimiento en el crédito, debemos promover que se lleven a cabo los cambios necesarios para atender los rezagos existentes en la regulación e incorporar las propuestas contempladas en la agenda internacional de reformas financieras con el propósito de asegurar que la contribución del sistema financiero en la economía sea positiva.
Ahora bien, mucho se ha comentado sobre el impacto que esta reforma tendría directamente en el ciudadano de una manera directa y perceptible. Para entender esto consideramos que el paquete de reformas aborda una gran variedad de aspectos que se verán reflejados en diversos momentos y en diferentes sectores y productos.
A la luz de esta variedad de temas permítanme apuntar algunos de los efectos que esta reforma contempla, de aprobarse en los términos contenidos en el dictamen objeto de nuestra discusión:
En el corto plazo, por ejemplo, podemos comprobar los beneficios a los mecanismos de protección al usuario de servicios financieros; a su vez podremos constatar la facilidad que los usuarios tendrán a su disposición para cambiar de proveedor de servicios financieros a través de mecanismos más sencillos; cambiarse de banco a banco sin tanto problema; como por ejemplo también para el traspaso de cuentas de nómina y de créditos de consumo.
Por su parte en el mediano plazo podremos constatar la constitución de un mayor número de proveedores de crédito no bancario así como de una potenciación de aquellos ya existentes con mejores alternativas de fondeo que se verán reflejadas en mayores recursos para créditos como en uniones de crédito o entidades de ahorro y crédito popular, así como de una canalización más efectiva y eficiente de recursos de la banca de desarrollo.
Asimismo en la medida en que los proveedores de crédito del país cuenten con mejor información crediticia de sus acreditados y puedan reducir los costos de administración y recuperación del crédito, indudablemente esto se verá reflejado en créditos más baratos para los usuarios del sistema financiero.
En general una de las principales demandas de la sociedad que estas iniciativas buscan atender es que se pueda prestar más y se preste más barato; prestar más significa ampliar el número de sujetos de crédito y, por su parte, prestar más barato significa prestar a bajo costo y con tasas más accesibles.
Sobre esto, la información proporcionada por la banca revela que las empresas y personas con actividad empresarial, por ejemplo, obtienen créditos por un monto promedio mayor y a una tasa de interés menor cuando disponen de garantías efectivas. Sobre esto, toda reforma que como ésta aporte mayor certeza en los procesos de cobro para el deudor y el acreedor por igual, deberá de contribuir a reducir los costos de administración de cartera crediticia que nuestro sistema procesal legal impone a las instituciones proveedoras de financiamiento.
Además, un amplio historial crediticio, en particular el de tipo positivo, es decir, de pagos de deudas, ayuda a los intermediarios financieros a evaluar mejor el riesgo de crédito y a las personas a conseguir financiamiento en mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, plazos y montos. Al respecto, cobra importancia la serie de reformas que el dictamen señala en materia de información crediticia que deberán aportar los proveedores de crédito.
Ahora bien, como ya lo he mencionado, debemos tener cuidado en que las medidas que fomenta el Estado no ocasionen una expansión descontrolada de crédito. A este respecto no olvidemos que las crisis financieras acarrean enormes costos al bienestar social, como está teniendo lugar en los Estados Unidos de América y en Europa, y como ocurrió hace algunos años en México.
Por ello, la manera más eficiente de impulsar un mayor desarrollo del sistema financiero sin aumentar con ello los riesgos de quebrantos, es reforzando la regulación y los procesos de supervisión.
Bajo esta premisa debemos observar que el paquete de reformas promueve un balance adecuado entre las medidas que estimulan el otorgamiento de crédito por un lado y aquéllas que fomentan un sistema financiero sólido y estable, por el otro.
Respecto de estas últimas medidas, con el propósito de apoyar el crecimiento del crédito sobre bases sostenibles, atender los rezagos identificados en la regulación e incorporar las recomendaciones contenidas en la reforma internacional de regulación y prevenir episodios de inestabilidad financiera o mitigar su impacto cuando éstas ocurran, debo destacar aquellas medidas que las reformas contemplan para fortalecer la regulación y supervisión del sistema financiero.
En particular sobresalen aquéllas destinadas a reforzar los requerimientos de capital y liquidez –termino, señor Presidente, en dos párrafos, para que quede concluida la exposición de esta materia– dar mayor fortaleza y hacer más expeditos los procesos de resolución de instituciones en problemas financieros, reforzar a los organismos supervisores y fortalecer el consejo de estabilidad del sistema financiero como órgano de coordinación entre autoridades.
La motivación de estas medidas debe ser evitar el colapso del sistema financiero, pues este riesgo sistémico podría tener un impacto negativo desproporcionado sobre las perspectivas de país, como se está viendo actualmente en Europa.
Finalmente, con base en lo anterior, honorables diputadas y diputados de esta cámara, si queremos contar con un sistema financiero sólido que sea un motor eficaz del crecimiento económico, debemos tomar con responsabilidad la oportunidad que tiene esta legislatura para promover reformas como las que hoy nos toca discutir con el fin de impulsar el desarrollo del sistema financiero bajo condiciones de equidad y justicia, con el único objeto de lograr un mayor crecimiento económico, que tanta falta hace a nuestro país. Mucha gracias y esperamos contar con sus votos.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Antes de dar paso a algunas mociones suspensivas que serán presentadas, quiero que me permitan destacar hoy aquí la presencia en este salón de sesiones, de un grupo de legisladores que integran la quincuagésima primera legislatura de la Casa de Representantes del estado de Arizona, Estados Unidos de América, encabezada por el señor Andy Tobin, y asiste aquí a una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores.
Su presencia, señoras y señores legisladores, enriquecen los históricos lazos de amistad, diálogo y fraternidad entre México y los Estados Unidos de América, y muy especialmente con nuestro vecino y querido estado de Arizona. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, bienvenidos a México.
Ahora, para presentar una moción suspensiva, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores: vengo a presentar una moción suspensiva de conformidad con el artículo 122 del Reglamento de la Cámara. La vengo a presentar argumentando mis razones y las razones del Grupo Parlamentario que me honro en coordinar, el de Movimiento Ciudadano.
Esta propuesta nosotros consideramos debería regular la especulación financiera y bursátil y apoyar a la clase media y de bajos ingresos que hoy no tienen ante sí crédito o que si lo tienen es caro y escaso. El dictamen que hoy se pretende discutir, defiende los derechos corporativos por encima de los derechos ciudadanos. Esta desigualdad debe ser corregida.
Esta propuesta debería transformar el modelo económico para reactivar la economía a través del crédito, porque este dictamen no fortalece la capacidad de pago de los usuarios, y por el contrario, otorga más derechos a las instituciones financieras para recuperar los préstamos.
Esta propuesta que hoy se pretende discutir con sus nuevas regulaciones, pretende implementar acciones en detrimento del usuario de los servicios financieros. Este dictamen, ciudadanos legisladores, está diseñado para apoyar a los grandes bancos y garantizar el cobro oportuno de intereses y del principal.
Esta propuesta, honorable asamblea, determina el endurecimiento de garantías de pago para los consumidores y hace más difíciles los requisitos y condiciones para acceder al crédito, pero además refuerza figuras penales que garantizan a los bancos la recuperación del valor de su crédito.
Esta medida viola derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución y viola la Constitución misma. Históricamente está demostrado que los grandes rescates financieros de los bancos se realizan a expensas de la calidad de vida de la sociedad. Esta propuesta no fomenta la competencia equilibrada en el sector financiero, sobre todo entre grandes instituciones extranjeras y las medianas y pequeñas instituciones financieras mexicanas, para reducir las tasas de interés.
La piedra angular de la economía es el derecho al trabajo y al salario justo, estos temas están ausentes de la propuesta, por el contrario, legislan, pretenden legislar con la aprobación de la mayoría, a favor de los bancos y en contra de los ciudadanos. Esta propuesta pretende consolidar la protección del dinero de los grandes corporativos, en detrimento del bienestar ciudadano.
No hay duda de que en los términos de esta propuesta el crédito no crecería en un mercado altamente monopólico. Esta propuesta de reforma, ciudadano presidente, está contenida, señores legisladores, aunque no hay legisladores, deberíamos decir honorable Congreso de la Unión, pero no, debo referirme, ciudadano presidente, al honorable Canal de Televisión del Congreso y a los ciudadanos que aquí están atentos, pero hay una gran mayoría, dos terceras partes que no les interesa lo que se está haciendo.
Esta propuesta está contenida, ciudadanos legisladores, en mil 474 páginas. Son 13 ordenamientos jurídicos y uno nuevo. No creo que haya persona que haya leído con seriedad y detenimiento el contenido de estas mil 474 páginas sin contar el adéndum, además de que contiene una alta especialización técnica.
Por eso me preocupa lo que está pasando, no puede ser que se esté legislando de esta manera. Es una irresponsabilidad cívica y parlamentaria estar aprobando leyes sin la reflexión y sin la lectura previa. Me causa profunda decepción que se siga legislando en contra de la población, esta legislatura, esta Cámara no representa al pueblo, no legisla para él; simplemente aprueban y aprueban mecánicamente leyes y normas que resultan en detrimento para la nación.
El abismo entre legisladores y ciudadanos crece inexorablemente y la decadencia política que vivimos se profundiza también de manera inevitable. Miren ustedes, y con esto concluyo esta moción suspensiva, miren ustedes, voy a tocar un solo tema, el que contiene el artículo 1168. Es una iniciativa, es un dictamen el que se discute, que se maquilla y se engaña a la población, este ejemplo lo declara y lo descara.
El artículo 1168, en su fracción I y II cambia los términos originales de arraigo por radicación de personas y de retención de bienes suprime el de secuestro. Pero en el artículo 1173 y 1174 se establece que el que quebrante la providencia de radicación de personas, es decir, arraigo, será castigado por la pena que señala el Código Penal respecto del delito de desobediencia de mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que corresponden a volver al lugar del juicio.
¿Saben lo que es esto? El artículo 17, léanlo, de la Constitución, en su último párrafo, señala con mucha claridad, lean este principio que nos lo enseñan de manera clave en las universidades los que pasamos por las escuelas de derecho.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, éste es el principio general. Pues no, ahora con esta modificación de la ley, aquel que desacate el arraigo podrá ser encarcelado por seis y hasta dos años de prisión. Es decir, estamos legislando para las grandes corporaciones financieras, para los grandes bancos y estamos condenando al usuario a la prisión por la falta de pagos en tarjetas o en compromisos.
Se está violando la Constitución, por eso es que planteo la moción suspensiva. Ojalá y nos dé más tiempo para revisar éste y otros artículos que son graves, de aprobarse por la mayoría. Nosotros, si no se aprueba la moción suspensiva, por supuesto que votaremos en contra de esta miscelánea financiera. Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También para presentar una moción suspensiva tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Pediríamos que se insertara en el Diario de los Debates el texto completo.
El Presidente diputado José González Morfín: Con gusto, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Y más allá de lo que ya se ha señalado aquí en el antecesor a mí, decir que además la anticonstitucionalidad viene porque no contemplan lo que el 85 del Reglamento mandata, de la valoración del impacto presupuestal, que debería de atender la Mesa Directiva.
Pero a mí me gustaría entrar en materia señalando lo que Guillermo Zamarripa, director general de Estudios Financieros del ITAM y ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria dice sobre esta reforma.
Los efectos de la iniciativa tardarán hasta una década en reflejarse en una penetración de crédito de 40 por ciento del producto interno bruto. La reforma financiera tendrá un potencial de largo plazo para que el crédito de México crezca, impacte la economía y básicamente, las actividades productivas. Tiene que ser un proceso gradual y ordenado para no incurrir en sobreapalancamientos con consecuencias no deseadas.
Y luego, uno de los ideólogos del salinismo, que ya ustedes conocen, Guillermo Ortiz, actualmente presidente del Consejo de Administración dice: la reforma financiera no va a tener impacto notable en el corto plazo, éste es un proceso en el que si es exitoso, al cabo de dos o tres años veremos una aceleración de la penetración financiera en la economía.
Tomando en cuenta estas dos opiniones de expertos en el sistema financiero mexicano cabe preguntar ¿cuál es el fondo real de esta reforma a la normatividad financiera? Pues claro que es solamente el de garantizar las inversiones del capital nacional e internacional con cargo al presupuesto federal.
Esto es lo que les urge aquí por aprobar el día de hoy, dentro del marco de todas las reformas que están haciendo. Hay que decir que ustedes están proponiendo en esta iniciativa el realizar cambios sustanciales a la Ley de Instituciones de Crédito y estos van a impactar a los comités de estabilidad financiera, crearán el Comité de Regulación Bancaria de Liquidez y van a limitarle responsabilidades al Comité de Estabilidad Bancaria.
No los considerarán ya responsables por daños y perjuicios cuando hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender o los posibles efectos que no hayan sido previsibles con base en la información disponible al momento de su decisión.
O sea, les van a limitar la responsabilidad. Y por tanto, las autoridades financieras, como ya se ha señalado, son responsables de la supervisión a través de visitas de inspección y vigilancia a las instituciones de crédito.
Y obviamente, hay facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a otras áreas financieras para proporcionar, fíjense bien esto, proporcionar a las autoridades financieras del exterior toda clase de información que estimen procedente para atender requerimientos que les formulen, aun las protegidas por disposiciones de confidencialidad, sin que ello implique transgresión alguna, las obligaciones de reserva, confidencialidad, secrecía o análogos que deben observar conforme a las disposiciones legales aplicables.
Obviamente, este acceso de información que no salvaguarda para garantizar la autonomía del sistema financiero mexicano, poniendo en riesgo su funcionamiento y seguridad por la información sensible sobre operaciones de entidades financieras y los sujetos de las transacciones financieras.
Los medios juegan un importantísimo papel en el proceso de legitimación política. La falta de espacios de análisis plural de la propuesta sesga los alcances de esta reforma, como bien se dice, todo es según el color del cristal con que se mira.
Y se presentan argumentos empleados en su momento por Carlos Salinas, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, para justificar una supuesta modernización del sistema financiero, dicen: La necesidad de fortalecer la rectoría del Estado en el desarrollo, la soberanía nacional y el régimen democrático, de fomentar.
Puras patrañas, puro verbalización de patrañas, por lo que nosotros pensamos que es necesario establecer medidas de control y salvaguardia en la información de las entidades del sistema financiero mexicano, con el objeto de no volver a los errores del pasado, en perjuicio de los ahorradores y los usuarios, y que siguen gravando la hacienda pública.
Se deben considerar los antecedentes de las metas que se publicaron en las reformas financieras de la banca nacionalizada, durante 1982-89, los objetivos de la banca reprivatizada en la reforma constitucional y reglamentaria del 90. En esta última, la reforma modernizadora, se abrieron los mercados de dinero y bursátil a la rapacidad financiera, se le otorgó la autonomía al banco central con la consecuente pérdida de soberanía monetaria cambiaria, destruyó a la Banca de Desarrollo y convirtió regladores de ineficiencias y corrupción de las entidades intermediarias.
Con la crisis económica del 94-95 se provocó la quiebra de la banca privada, quiebra que pagan todos, mexicanos y mexicas, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, antes Fobaproa, que administra una deuda de 800 mil millones de pesos en números redondos, para lo cual en días pasados colocó bonos entre diversos inversionistas para obtener 3 mil 400 millones de pesos, herencia de una privatización que inicia con Salinas y que concluyó Vicente Fox con la venta de Banamex a Citigroup.
Ante la omisión de los costos de la implantación del sistema de regulación y corrección del sistema financiero, así como la presentación de datos financieros –estoy culminando, presidente– y proyecciones de la deuda que éste tiene es necesario considerar la devolución del dictamen que se presenta a las comisiones dictaminadoras para su debida fundamentación y motivación.
Por lo tanto, conforme a lo que dispone el artículo 20, le solicito a la Mesa Directiva como punto único que se suspenda la discusión en lo general del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Justicia, con proyecto de decreto para esta reforma que pretenden.
Ya no es posible seguir engañando al pueblo de México. Esto quedó demostrado el día domingo, que tuvieron que echar para atrás su idea de los del PRI, que hasta sus estatutos habían modificado para subir los impuestos en medicinas y alimentos.
Tuvieron que recular con un éxito a la movilización que hizo el pueblo de México a convocatoria de Andrés y ustedes van a tener que echar atrás muchas de estas medidas aunque no lo quieran.
Gracias al movimiento popular, a la movilización ciudadana, este país va a cambiar, porque de este Congreso no esperamos nada. Por eso si ustedes persisten en la idea de continuar adelante con esta reforma me es grato informar que el Partido del Trabajo votará en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: También para presentar una moción suspensiva tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García.
El diputado Javier Orihuela García: Buenos días, compañeros y compañeras diputadas. Solicito a esta Cámara de Diputados, a este pleno, de la manera más atenta, que suspendamos la discusión el día de hoy de esta propuesta, compañeros.
Quiero pedirles a los diputados del PAN, a los del Verde Ecologista, a los del PRI, sobre todo a los del Partido Revolucionario Institucional, que pudiéramos el día de hoy suspender esta discusión, porque compañeros, no conocemos todo el dictamen. No está aquí impreso, está en nuestras computadoras, pero no lo hemos leído.
Por eso quiero apelar a la sensatez, a la cordura de todos ustedes, diputadas y diputados, que tenemos una gran responsabilidad de nuestros distritos. Hoy nos están viendo nuestros compañeros electores de todo el país y particularmente esta ley es importante porque la historia del crédito es una historia de infamia. No sé si recuerdan ustedes aquellos casos de ciudadanos y ciudadanas que en aras de promover su desarrollo ante la falta de recursos económicos solicitan crédito y vamos a sus casas y están vacías.
Todo este ejército de pequeñas y grandes casas que prestan, de empeños, han saqueado a las familias, sobre todo en el medio rural, en el medio indígena. Hemos visto como por 3 mil pesos de un préstamo se vuelven créditos impagables y ante la crisis económica por la que estamos atravesando, la falta de empleo, la falta de trabajo, la descapitalización del campo, producto de los tratados de libre comercio, la descapitalización de los sectores como cañeros, arroceros, maiceros, sorgueros, cómo han caído en la desgracia de pedir un pequeño crédito para poder seguir trabajando, para poder seguir participando en las actividades económicas, han caído en la desgracia de todas éstas casas de préstamos y han dejado vacías las casas, se llevan la cama, el ropero, la televisión.
Por ello, compañeros diputados, requerimos de diseñar un instrumento financiero que nos permita promover el desarrollo, sobre todo del campo, y a eso me quiero referir, al campo. En la ciudad pasa lo mismo, pero las situaciones dramáticas de productores, de campesinos, de mujeres que pierden todo por la voracidad de este sistema financiero que tenemos; y hoy, el que estamos proponiendo, no cambian radicalmente la situación en el campo.
El crédito es importante para promover el desarrollo, pero son importantes las medidas para promover este crédito. Que no sea un crédito rapaz, salvaje, que deje a la gente en la miseria y que la saque del proceso productivo. Requerimos un sistema financiero que inserte a la gente en las actividades económicas y productivas y no que la saque de ese proceso productivo.
Por ello hoy, compañeros, no nos ha dado tiempo de leer, de discutir qué instrumento financiero es aquél que nos permita realmente promover el desarrollo económico, incorporar a los miles y miles de compañeros que hoy están procesados por minúsculas deudas y mayúsculos créditos y cobro de intereses.
Por eso yo, sin mayor argumentación, solicito a todos ustedes la cordura necesaria para poder suspender esta discusión y que se nos dé tiempo para leer el dictamen que aquí se nos presenta y hacer propuestas que nos permitan crear un instrumento financiero que impulse el desarrollo de las actividades productivas y no que saque a la gente de la actividad productiva y la incorpore a la delincuencia, como muchos jóvenes, hombres y mujeres, se han incorporado ante la falta de posibilidades económicas y, sobre todo, en muchos casos, ante el cobro salvaje, rapaz.
Muchos de los suicidios que hoy hemos visto, compañeros, se deben a la imposibilidad de poder pagar muchos créditos; créditos que ocasionan esa desesperación. Vean –ayer– el número de suicidios que se ocasionan por la falta de alternativas económicas, pero aún más, por la posibilidad de perder todo por un mísero crédito.
Compañeros diputados y diputadas, yo sé que tenemos muchas cosas que arreglar aquí en nuestra Cámara y si algunos me están escuchando, porque en esta Cámara todo mundo hace subreuniones y subasambleas, pedirles nuevamente cancelemos esta discusión y démonos un tiempo para diseñar un verdadero instrumento financiero que nos permita incorporar a los ciudadanos mexicanos a la actividad productiva y no la lancemos a las garras de la delincuencia. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas presentadas.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta si se toman a consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha.
El Presidente diputado José González Morfín: Para fijar la postura de su grupo parlamentario, se concede el uso de la tribuna a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Compañeras, compañeros legisladores. Antes de fijar nuestro posicionamiento quiero reconocer el trabajo de los compañeros de los siete grupos parlamentarios porque en estos meses de análisis de esta iniciativa estuvieron aportando su mejor esfuerzo y propuesta y nuestro reconocimiento a todos y cada uno de ellos.
La reforma financiera es uno de los grandes cambios que México necesita para dinamizar la economía y asignar racionalmente el ahorro que concentran los intermediarios financieros.
El sistema financiero es un componente neurológico de toda economía porque cumple la función de captar el ahorro social y reasignarlo a través de una serie de productos financieros vitales para el desarrollo de las actividades económicas.
El sistema financiero mexicano es rentable y estable para la banca comercial, presenta importantes márgenes de utilidad y mantiene un estado saludable en buena parte de su cartera. Pero el problema es que nuestro sistema financiero presta poco y el costo de financiamiento es elevado en comparación con estándares internacionales.
La banca que opera en México en general mantiene una política de evitar riesgos en el financiamiento de proyectos económicos, comerciales, industriales, que son los que coadyuvan a detonar el crecimiento económico.
El objetivo de esta reforma planteado por el ejecutivo federal de que la banca preste más y más barato, es una meta que compartimos todos, porque de esa manera se establecerá un esquema de financiamiento a las actividades productivas más funcional, más competitivo y más justo, sobre todo si efectivamente logramos que la banca comercial y la banca de desarrollo otorguen préstamos accesibles a la micro, pequeña y medianas empresas, que son las que generan más de la mitad de los empleos en nuestro país.
Si queremos en verdad que nuestra economía crezca, que se diversifique y transite mayoritariamente hacia la formalidad, tenemos que proporcionarle esa herramienta fundamental que es el financiamiento competitivo.
Hoy Nueva Alianza votará a favor del dictamen; pero sin embargo queremos resaltar, como lo hemos señalado en otras ocasiones, que la realidad no se transformará solamente con estas reformas legales.
Es importante que demos puntual seguimiento a la reforma financiera para garantizar el cumplimiento de los objetivos más importantes: que la banca comercial preste más y más barato, en correspondencia con la agilización del régimen de ejecución de garantías que se aprobó; que las nuevas atribuciones de las autoridades financieras en materia de evaluación y vigilancia se traduzcan en incentivos para que los bancos incrementen, diversifiquen y faciliten su oferta de crédito; que la banca de desarrollo se oriente más a financiar a los pequeños y medianos empresarios y a las actividades productivas de verdadero impacto social; que la función reguladora del Estado proteja los intereses de los usuarios del sistema financiero y sancione proporcionalmente los abusos de los intermediarios.
En esta perspectiva apoyamos el dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.
Este dictamen es el reflejo de la necesidad que tiene el Estado mexicano de fortalecer su sistema financiero a través de potencializar la banca de desarrollo, de fomentar la competencia en el desarrollo del sistema bancario y financiero, a generar incentivos adicionales para que la banca preste más, y finalmente se logre un desarrollo sostenido del sistema financiero mexicano.
El grupo parlamentario de Nueva Alianza reconoce el esfuerzo que se ha hecho al interior de las comisiones unidas. En tal sentido, planteamos una serie de reservas tendientes a enriquecer las disposiciones normativas a modificar y reconocemos enormemente la disposición de las diputadas y diputados para atenderlas.
Propusimos fortalecer a los órganos reguladores del sistema financiero, principalmente en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef.
De igual manera planteamos que se respetaran las competencias de las distintas autoridades del sistema financiero, principalmente la autonomía del Banco de México, toda vez que es el órgano encargado de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
Por otro lado, propusimos fortalecer el buró de entidades financieras a través de publicar en el mismo disposiciones de carácter general, ordenamientos y recomendaciones que al respecto emita la Condusef, con la intención de salvaguardar los derechos de los usuarios frente a las instituciones financieras.
Por lo que hace a los corresponsables de ahorro y crédito popular, se logró que los terceros que presten servicios o comisiones a las sociedades financieras populares deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para integrar un padrón único y dar certeza jurídica a estas formas populares de asociación financiera. Esto, sin dejar de lado el hecho tan importante de que el sistema financiero es un servicio público y que como tal responde a una necesidad de carácter general y, a propuesta de nuestro grupo parlamentario que presentó esta propuesta, se consiguió dejar perfectamente delimitado en ley que en caso de huelga se deberá dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje, previendo que se disponga del personal necesario para seguir prestando el servicio público y no dejar a los mexicanos sin los servicios financieros tal y como lo mandata la propia Constitución.
Finalmente, Nueva Alianza vigiló cabalmente que la ley no puede conferir facultades discrecionales, ya que esto supone juicio subjetivo de la autoridad que la ejerce y la ley nunca se debe aplicar en forma arbitraria y caprichosa cuando notoriamente el acto de autoridad es injusto e inequitativo, por lo que todo acto debe ser fundado y motivado.
Por tanto, cuando la autoridad considere abstenerse de sancionar a cualquier autoridad financiera, dichas causas de abstención serán determinadas por los lineamientos que al respecto emita la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
No obstante todo lo anterior, Nueva Alianza seguirá trabajando para fortalecer el sistema financiero mexicano, especialmente en lo que se refiere a la cultura financiera.
Presentamos para ello una iniciativa para crear el instituto de fomento a la educación e inclusión financiera porque la educación financiera debe ser integral y especializada para lograr una mayor inclusión de los sectores de la población del sistema financiero y que los ciudadanos puedan contar con información suficiente y accesible a fin de potenciar el desarrollo de la población.
Compañeros y compañeras legisladores: la reforma financiera sólo podrá rendir los frutos esperados si todos nosotros asumimos el compromiso de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones, de evaluar el desempeño del sistema financiero, de fortalecer la capacidad regulatoria del Estado y preservar los elementales márgenes de soberanía nacional en un sector dominado ampliamente por bancos extranjeros.
Celebramos que en el proceso de análisis y dictamen de la reforma financiera se hayan escuchado las voces de diversos actores involucrados en el sector. También quiero destacar la disposición de las diputadas y diputados de las comisiones unidas que tuvieron enorme disposición para el diálogo y el acuerdo, y construir los consensos.
Ahora corresponde a las autoridades financieras, a los órganos reguladores y, sobre todo, a la banca comercial y de desarrollo, hacer realidad los objetivos de esta reforma financiera.
Hoy damos nuestro voto a favor del dictamen porque representa un avance importante para modernizar y eficientar el sistema financiero mexicano. Enhorabuena a mis compañeras y compañeros de las comisiones unidas y, sobre todo, el exhorto a que continuemos trabajando en la vigilancia y observancia del cumplimiento de estos objetivos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la tribuna la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidente. Con la venia de la asamblea. ¿Por qué debería interesarnos como ciudadanos comunes y corrientes, más que como diputados, una reforma financiera? Pareciera que una reforma de este tipo tiene solamente que ver con hombres ricos que son dueños de bancos, o mujeres, que en efecto, en gran parte tiene que ver con ellos.
Pero queremos explicarle a la gente cómo esta reforma le afecta directamente y por qué PT se ha metido de lleno en ello. Si hemos recibido una transferencia de Estados Unidos de los paisanos y nos han cobrado una comisión; si tenemos una tarjeta de crédito o una tarjeta de un supermercado para comprar bienes y servicios, o si hemos solicitado un préstamo para casa o para automóvil, o para una micro, pequeña y mediana empresa, sea agrícola, de servicios o comercial, entonces esta reforma tiene que ver con nosotros.
Es por esto que en el PT creemos que la reforma financiera que hemos analizado –contrario a lo que se ha dicho aquí– por más de cuatro meses, tiene que ver con nuestro dinero, el de los mexicanos y con nuestra cotidianeidad.
Anunciamos desde esta tribuna que el voto del PT fue y será en lo general en contra de la reforma original por razones que explicaremos más adelante, pero a favor del addendum.
¿Y por qué a favor del addendum? Y en esto quisiera ser muy enfática, porque viene a poner en equilibrio la balanza entre los banqueros y los usuarios de la banca, la gente común y corriente como ustedes y nosotros.
Además porque esta reforma financiera, a diferencia de las otras reformas estructurales que se han tratado en esta Cámara, tuvo un procesamiento diferente, y esto deja un gran mensaje no solamente a los miembros del pacto, pero específicamente al PRI, que es: en el Poder Legislativo se puede construir y se puede construir, señoras y señores diputados, en la diversidad y en la pluralidad de partidos.
¿Por qué votaremos en contra en general la reforma?, porque las expectativas que creaba la reforma original eran inalcanzables desde nuestro punto de vista, y lo decía el presidente el día de su presentación. El objetivo de la reforma financiera era fomentar que los bancos prestaran más a tasas más baratas, y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas para modernizarlas y hacerlas crecer. Esto era lo que pretendía esta reforma, sin embargo el objetivo era casi imposible de obtener sin la adenda o el adéndum que hemos agregado en esta Cámara de Diputados, porque no se puede lograr un equilibrio si se enfoca solamente en la oferta de productos financieros en el mercado y no se toma en cuenta la demanda, no se toma en cuenta a los usuarios, porque hay que tomar en consideración que en este México tenemos una población que genera un mercado de demanda limitado, no solamente por su bajo ingreso, compañeras y compañeros diputados, sino por las prácticas de discriminación de los grandes consorcios bancarios.
Por último, es imposible confiar en la baja automática de las tasas de interés en el libre mercado si contamos con un oligopolio bancario donde cuatro bancos controlan el 70 por ciento del mercado, y generan una burbuja ficticia de oferta y demanda. Es decir, sería imposible que en el libre mercado, las tasas de interés vinieran a la baja así como así.
La realidad entonces superaba a la reforma, porque según el Banco Mundial, México ocupa en Latinoamérica el penúltimo lugar en materia de penetración bancaria. Cuando en un país como México se esperaba que se pudiera prestar algo similar como al 44 por ciento del producto interno bruto, se presenta solamente cerca del 20. Es decir, como se dice en el argot financiero, tenemos bancos que hacen caja pero no bancos; bancos que prefieren invertir su dinero en papel gubernamental pero que no quieren prestar o que solamente prestan al consumo, porque es un crédito muy fácil de recuperar.
Adicionalmente y por si esto no fuera poco, en la realidad tenemos una banca de desarrollo parásito y no podemos llamarlo de otra manera. Tenemos una banca de desarrollo que tiene recurso para prestar, pero que no presta y que tiene un índice de morosidad de solamente 4.4 por ciento, que es ridículo, y que presta solamente el equivalente al 2.7 por ciento equivalente al PIB. Es decir, no presta nada, cuando no le cuesta nada.
Según la Canaco, y muchos de ustedes me lo han comentado, las micro y pequeñas empresas en este país que deberían de ser financiadas por la banca de desarrollo, sean agrícolas, comerciales o de servicios, se financian con absolutamente todo menos con la banca de desarrollo; con préstamos, con empeños, con tarjetas de créditos, muchos de ustedes me comentaban, hasta con créditos en el extranjero.
Además, desde 2004 tenemos una banca de desarrollo que se ha dedicado a prestar al crédito al consumo y no al crédito productivo, lo cual es más grave y desvía completamente el objetivo de esta banca, que debe de detonar el crecimiento económico.
Sin embargo, reconocemos positivo el fortalecimiento de la Condusef, el tema de cláusulas abusivas que ahora sí puede abordar la comisión, el tema del título ejecutivo que nos servirá a los ciudadanos si vamos a un juicio y cuando menos la inclusión de la determinación de las sanas prácticas, que se incluirá como un catálogo que deberán de cubrir las instituciones financieras.
Facilita el proceso de quiebras bancarias. Es decir, primero, se subsanarán las deudas de los usuarios de la banca y no estaremos rescatando banqueros, ya no después de la crisis de 1994 y 1995. Cambia el mandato de la banca de desarrollo y la flexibiliza regulatoria y organizacionalmente.
Se prohíben las ventas atadas y las instituciones bancarias deben de realizar reportes para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda determinar el riesgo que hay en la banca comercial y o la banca múltiple.
En los negativos, y esto es lo que nos ha llevado a tomar esta determinación de votación, se enfoca esta reforma fuertemente en el fortalecimiento de la banca, sobre todo, a través del sistema de garantías.
Es decir, para que los banqueros presten más y para que los banqueros presten al crédito productivo, hay que garantizarles que éste regresará, pero garantizarles a las micros y pequeñas empresas que no tienen ni siquiera para cubrir el monto de lo que están solicitando prestando.
Tenemos juicios mercantiles fast track, que se pudiera pensar que son a favor de la ciudadanía, pero que en realidad nos hace enfrentarnos como ciudadanos a un juicio mercantil muy rápido, donde solamente enfrentaremos a los grandes abogados de los grandes consorcios bancarios.
Se mantienen, como ya se ha dicho en esta tribuna, las figuras del arraigo y el secuestro, al que solamente se les cambio de nombre, con la radicación de personas y la retención de bienes. No se incluye el concepto de prácticas abusivas que la izquierda tanto peleó.
Hubo una negación a regular las tasas de interés y las comisiones que se mantendrán al libre mercado y las instituciones financieras no estarán obligadas a proporcionar información, si así no lo desean, para el buró de instituciones financieras.
Sin embargo, y aquí es donde reconocemos, en la construcción de la adenda, la voluntad que hubo de las comisiones, hay muchos logros, yo solamente enunciaré los del Partido del Trabajo.
En el PT propusimos que hubiese la inclusión de un gran sistema de educación financiera y lo logramos a través de la inclusión de un transitorio, que dice que en el presupuesto se dará suficiencia para que los mexicanos puedan tener la educación financiera que así requieren.
Pudimos regular los despachos de cobranza, estos delincuentes que acusan a la ciudadanía, entran a un sistema de control jurídico y se les relaciona directamente con las instituciones financieras que los contrataron.
En el tema de discriminación pusimos de manera general que las instituciones financieras no pueden discriminar a las personas ni los grandes bancos ni los pequeños, no solamente por cuestiones étnicas, de preferencia sexual e inclusive de género.
Y en el tema de banca de desarrollo tenemos dos grandes logros. Primero, que se incluyera la verdadera competencia en la distribución de los recursos de la banca de desarrollo, incluyendo los pequeños bancos, no solamente a los cuatro bancos que controlan en este país. Y logramos que se enunciara que la banca de desarrollo priorizará el acomodo de los recursos a áreas prioritarias de la nación en materia productiva para evitar la colocación de los recursos en crédito al consumo.
Finalmente, también logramos que el Banco de México que tiene la atribución de controlar las tasas y las comisiones, venga a dar un informe trimestral a esta Cámara de Diputados para que sepamos que efectivamente se están controlando las tasas de interés y las comisiones. Y en el tema de garantías, cuando menos las garantías que se darán en la banca de desarrollo, se incluye que estas garantías no deben ser excesivas para los micros y pequeños empresarios.
Compañeras y compañeros diputados, ésta es una exposición muy sucinta de una reforma que se ha trabajado por cuatro meses, que tuvo foros, que hemos abiertamente incluido a todos los diputados que han querido participar en ello.
Sin embargo, creemos que esta reforma es un avance. Una banca comercial y de desarrollo que no sea motor del crecimiento y que no otorgue crédito suficiente a la economía no es algo menor. En realidad representa uno de los problemas fundamentales del país.
Cuando una nación como México tiene un crédito doméstico productivo y suficiente, debe recurrir al financiamiento externo que nos ha llevado a las grandes crisis de este país que ya conocemos.
Sin embargo, estamos conscientes en el PT y reconocemos que se incorporaron algunas de las peticiones que se hicieron de la izquierda, no solamente del PT sino también de otros partidos políticos como el Movimiento Ciudadano y el PRD.
También debemos evaluar en esta reforma que llegó favoreciendo a los banqueros y terminó en un magro equilibrio en defensa de los usuarios. Es por eso que al respecto decimos: el contenido de una norma no debe regatearse a favor de los ciudadanos. Es por eso que el PT se pronuncia, sí en contra de la reforma en lo general, pero a favor, compañeros diputados, de una adenda que vino a componerla. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Bien se dice que cuando se trata de reformas demasiado técnicas los diputados y diputadas no ponemos atención. Sin embargo, en movimiento ciudadano consideramos que las mexicanas y los mexicanos merecen información clara y precisa sobre los efectos que tendrá sobre su vida cotidiana, sobre su patrimonio y su ahorro el dictamen que en materia financiera se discute el día de hoy.
Sobre todo porque pasarán varios años antes que los mexicanos veamos que el crédito se abre para los pequeños empresarios o que los ciudadanos pagamos menos intereses por el uso de tarjetas y otros instrumentos crediticios.
Queremos decirles que Movimiento Ciudadano presentó, en su momento, propuestas de modificación a la iniciativa original debido al compromiso legislativo, para que esta reforma no dañara más la dignidad, la economía familiar y el bienestar de los mexicanos.
En sentido estricto la reforma propuesta constituye más de una miscelánea bancaria que una reforma financiera integral progresista pensada a favor de México, como se le pretende presentar.
La reforma ignora el alto interés nacional de que se consolide un sistema financiero incluyente con actores mexicanos. En cambio privilegia una visión de trato de iguales entre desiguales, sin tomar en cuenta las asimetrías existentes en el mercado. La reforma parece diseñada para favorecer sólo a un grupo de bancos a expensas del desarrollo y crecimiento de instituciones financieras mexicanas y de los usuarios del sistema.
En nuestra nación cuatro bancos extranjeros y uno nacional se valen de la colusión de precios y del oligopolio financiero para establecer las tasas y comisiones más altas del mundo, los servicios bancarios de más baja calidad y la menor cantidad de créditos a la esfera productiva.
Pero la historia reciente en nuestro sistema financiero de carácter oligopólico es larga y compleja, llena de episodios de ilegalidades y complicidades. Ilegalidades y complicidades que van desde la privatización de la banca de 1991, pasando por el terrible trance financiero de diciembre de 1994, hasta la fraudulenta aplicación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en un escenario de pánico y especulación.
El resultado de estos acontecimientos fue un daño irreparable para las finanzas públicas y una notable reducción de las pérdidas de los grandes accionistas y deudores de las instituciones financieras. Y con ello costos indebidos para la población menos favorecida del país, que pagó las deudas y corruptelas de un reducido grupo de millonarios.
No obstante, advertimos en el proyecto de dictamen una orientación más a otorgar prerrogativas hacia los bancos extranjeros que la consolidación de un sistema financiero nacional comprometido con México y los mexicanos.
Cinco instituciones financieras concentran el 74 por ciento del otorgamiento de créditos, de las cuales tan sólo una es mexicana, lo cual limita el acceso y cobertura. Debido a la falta de una adecuada competencia las filiales de los bancos extranjeros en territorio mexicano son de las más atractivas en el mundo, ya que reciben el dinero muy barato y lo prestan muy caro con diferenciales que van del 40 al 70 por ciento.
Para las cuatro instituciones foráneas nuestro país representa una de las naciones más rentables dentro de sus consorcios. Durante la crisis financiera de 2009 obtuvieron utilidades por 39 mil 150 millones de pesos dentro de México, lo cual representó el 10 por ciento de sus ganancias globales.
¿Qué les permite a las instituciones de crédito extranjeras obtener en México márgenes de ganancia muy por encima de lo que reciben en el resto del mundo? La respuesta radica en las tasas de interés que imponen y en las comisiones asociadas a los créditos, todo ello a consecuencia de la falta de competencia y verdadera regulación del Estado mexicano.
El artículo 26 de la Ley del Banco de México, por ejemplo, expone que este organismo constitucionalmente autónomo cuenta con la facultad para regular las comisiones y tasas de interés entre las instituciones de crédito y los ciudadanos. En los hechos esta facultad nunca se ejerce.
Aun cuando la Asociación de Bancos de México asegura que el alto cobro de las tasas corresponde a factores como el riesgo país, la falta de seguridad jurídica para recuperar las garantías, el crecimiento de la cartera vencida, estudios del CIDE han demostrado que la principal causa por la que estas prácticas ocurren se debe al control monopólico.
Como consecuencia de lo descrito podemos argumentar que la situación financiera en México se caracteriza por montos ineficientes, poco competitivos, y que incluso caen en prácticas de colusión en las comisiones que aplican a sus clientes. Pero las anteriores aseveraciones pueden corroborarse puntualmente hoy en la reforma importante que salta a la vista.
La reforma financiera no está diseñada para fermentar la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Muy pocas empresas en realidad tienen la posibilidad de financiarse en el mercado de valores. De igual forma no prevé la inclusión financiera de ciudadanos, a quien los servicios crediticios son inalcanzables. Por otro lado, el gobierno compite deslealmente con los particulares, cuando para financiar su déficit acude a los recursos disponibles en el mercado.
En lo que respecta al mercado de valores, la reforma divide a los inversionistas en función al monto y margina de los instrumentos más rentables a los de menores recursos; se limita a lo sumo a que los inversionistas menores inviertan solo en papeles gubernamentales e instrumentos bancarios y encarecer los costos de financiamiento de las empresas, al obligarlas a la participación de por lo menos tres agentes colocadores para las emisiones de deuda.
La Banca de Desarrollo no se encuentra alejada de esta distorsión que le impide participar eficazmente en el mercado financiero, ya que mantiene trato discriminatorio a los intermediarios financieros medianos y pequeños.
Por otro lado, y de manera relevante, la reforma se centra en el tratamiento de garantías para facilitar los cobros, en vez de promover el desarrollo de una banca profesional que evalúe el negocio antes que las garantías. El resultado de esta política es doblemente falaz, ya que por un lado el asegurar las garantías no necesariamente promueve el crédito y por el otro impide el crecimiento de concesiones de instituciones crediticias.
Mientras no se promueva el fortalecimiento de las actividades productivas y se fomente la existencia de una industria, hoy totalmente desdibujada, no se contará con una producción competitiva que otorgue un flujo de reembolso que permita al grueso de la población convertirse en un sujeto de crédito. El financiamiento sí existe; lo que no existe es demanda.
Un aspecto importante de la reforma, y que repercute en una deficiente protección de los usuarios, consiste en no incluir la advertencia de que todo crédito otorgado debe ser reportado con el emisor de las sociedades de información crediticia con la finalidad de evitar el sobreendeudamiento. En este sentido, la reforma no prevé la educación financiera como un mecanismo de protección al usuario de los servicios.
En lo que se refiere a las tasas de interés, la reforma no fomenta la competencia equilibrada en el sector financiero para reducir las mismas; por el contrario, al no considerar las asimetrías del mercado facilita una mayor concentración del oligopolio en casi todos los productos financieros. Por lo mismo, resulta indispensable establecer una regulación que atienda las asimetrías del mercado y permita a las instituciones financieras competir en igualdad de circunstancias.
Por último, el texto propone la creación de un buro para entidades financieras, con el cual los usuarios podrán acceder fácilmente a información relevante de dichas instituciones, pero no establece ningún cambio al buro de crédito, el cual obliga a los deudores a esperar 72 meses para poder acceder a una nueva cuenta de crédito, aun cuando hayan liquidado el monto de pasivos contraídos, orillándolos a recurrir a prestamistas informales.
El establecer el mismo tiempo, cinco años, para que los deudores puedan ser nuevamente sujetos de préstamos, sin diferenciar entre las personas que han pagado el monto de la deuda contraída y para aquellas que no lo han hecho, la rivalidad es que los ciudadanos no encuentran ningún beneficio adicional al liquidar sus pasivos y, pese a todo esto, la reforma financiera no propone ninguna medida para eliminar todo esto.
La reforma debió realizar cambios que permitieran equilibrar los derechos de las instituciones financieras con los derechos de los ciudadanos, regular la especulación bancaria y bursátil y apoyar a la clase media y de bajos ingresos que hoy tiene ante sí crédito caro y escaso; se refuerzan figuras penales que garantizan a los bancos la recuperación del valor de crédito; y, como ya se dijo aquí, un cambio en la denominación no cambia la evaluación a derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que mientras no se regule a la banca mediante el gobierno seguiremos en crisis. No se puede dejar al sector financiero al libre mercado. Es momento de repensar el modelo económico, sólo así se podrán implementar acciones concretas que impulsen el desarrollo del país.
Es por ello, que más allá de las virtudes que se requieran plantear aquí con esta reforma sobre el nuevo régimen de vigilancia y control de las instituciones, de la ampliación y fortalecimiento de los procedimientos de garantías, de los protocolos de transparencia y quiebra; del buró y las audiencias de conciliación de los programas de autocorrección de los acuerdos de reciprocidad con autoridades extranjeras y del supuesto impulso de la Banca de Desarrollo, lo cierto es que en el fondo sólo un sistema financiado integral y comprometido con el desarrollo del país podría contribuir a la protección de los usuarios y ciudadanos y fomentar el crédito para que florezcan las empresas, en particular las pequeñas y medianas que son grandes empleadores de los mexicanos y para que se dé una justa distribución de la riqueza.
Todo esto no puede corregirse por más que se quiera con el presente dictamen. Pensarlo así sólo es una ilusión reconfortante. Con la aprobación de este dictamen se pondrá en peligro la prosperidad, los ahorros y el patrimonio de millones de mexicanos, por lo que está en juego el bienestar y futuro de México. Por eso, el voto de Movimiento Ciudadano será en contra. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado.
El diputado Tomás Torres Mercado: Podemos compartir –efectivamente– que basta con hacer cambios normativos. Es decir, no solamente basta hacer cambios en la ley. Sin embargo, es necesario también decirlo, qué está en discusión el día de hoy. Qué significa no solamente para los integrantes de esta asamblea sino hacia fuera.
Inclusive recuerdo el día de ayer en el trabajo de discusión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, que una colega del Partido Acción Nacional, Aurora Aguilar, decía –y aquí se ha abordado más que el contenido técnico- ¿cómo le decimos a la gente; cómo le decimos allá afuera que esto tiene utilidad?
Y propuso: ¿por qué no hace un esfuerzo la Cámara de Diputados y en este caso también en conjunción con el Senado de la República –porque finalmente es codictaminadora en la eventualidad de que aprobara lo que aquí se apruebe– de que difundamos no sólo con el spoteo sino con instrumentos que sean capaces de que la gente lo entienda y diga lo que están haciendo los diputados –que a eso los mandamos- tiene una utilidad que se repercute y que se manifieste en el bolsillo y en la mesa de las familias mexicanas? Eso lo dijo Aurora Aguilar de Acción Nacional. Lo dije sin su autorización, pero veo que es pertinente lo que se está planteando.
Por esa razón el Partido Verde Ecologista de México, por la voz de un servidor, anticipa que votará a favor del dictamen. Este dictamen que engendra no solamente la iniciativa del Ejecutivo federal, es decir, no solamente la iniciativa del presidente de la república, sino bien lo dijo aquí una colega diputada en los posicionamientos que han precedido, de que fue modificado sustancialmente con un addendum, con un conjunto, con una megarreserva.
Es cierto que cuesta trabajo la lectura y el imponerse del contenido de las iniciativas, pero yo también debo señalarlo: hago un reconocimiento a los representantes en las comisiones de Hacienda y de Justicia, de Movimiento Ciudadano.
Veo legítimo el posicionamiento aquí pero veo reconocible el esfuerzo en las comisiones; de Nueva Alianza. Ahí vimos a la diputada Sanjuana, actuante siempre o a Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, o a Zuleyma, de Movimiento Ciudadano, obviamente del PRD, del PRI y de Acción Nacional y la modesta participación nuestra.
Hago extensivo el reconocimiento a Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, que preside la Comisión de Hacienda; de José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
¿Por qué lo digo? Porque el paquete de iniciativas, que son 13, y 34 leyes, fíjense nada más, pasar al estudio de 33 modificaciones a leyes vigentes y la creación de un nuevo ordenamiento en materia de agrupaciones financieras.
Y debo decirlo porque finalmente ha permeado el acuerdo político; ha habido tolerancia y se ha escuchado, pero no podemos admitir de que somos haraganes y que no conocemos el contenido de los documentos que se nos presentan.
Puedo y podemos soportar el cuestionamiento por el contenido, pero no por una posición negligente. Vamos por lo que corresponde al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Votar a favor porque hemos identificado que en el centro podemos colocar que finalmente el tema financiera y su marco normativo, es un pilar central de la dinámica económica de este país y de cualquier país, y que le hemos metido la mano para que cuando la mano del Estado tenga que ver, estimados legisladores, diputadas, diputados, incluso si no por decreto para determinar la tasa de interés que un banco paga a un ahorrador o la tasa de interés que un banco cobra cuando presta el dinero de los ahorradores, si no por decreto, sí la mano del Estado que ponga en equilibrio la actividad financiera para con los ciudadanos mexicanos.
No compartimos, por supuesto, no compartimos el que en sistemas de pago, en productos financieros en donde un trabajador recibe su modesta paga en una institución financiera vaya a un cajero automático de otra institución financiera que no es la propia y por una disposición se le cobre más del 50 por ciento de la percepción correspondiente a un salario mínimo.
Por eso hemos participado porque esa parte la compartimos, de poner en equilibrio el producto de un banco, pero también la necesidad del control y la medida para los usuarios. Consideramos que ha habido un conjunto de reformas muy importantes para este país. Ha habido acuerdos adjetivos. Hay acuerdos normativos, acuerdos políticos.
¿Por qué decimos que vamos a favor en ésta como en otras? Porque consideramos que no es suficiente el acuerdo normativo para construir leyes, sino de cómo podemos contribuir para que este acuerdo en democracia, esa democracia se rebele de a deveras en el bolsillo, de que este conjunto de reformas facilite el acceso al crédito, de que contemos con la infraestructura bancaria suficiente, de que la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros tenga capacidad para dictaminar si las letras chiquitas de la póliza del seguro se cargue de fuerza y de imperatividad y que el usuario pueda ejecutarla.
En suma, nuestro esfuerzo tiene que ver con que se generen condiciones de mayor acceso al crédito, de ampliación a la infraestructura bancaria, de mayor colocación de crédito y que éste sea más barato.
Finalmente, efectivamente a lo mejor estas reformas legales no nos darán para modificar una realidad, pero lo que sí decimos es que las mismas tienen como fuente esa realidad y que ojalá podamos transitar, decía, del papel a esa misma realidad en beneficio de México, que necesita éstas y otras adecuaciones normativas en el marco del acuerdo y de la concordia política. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. El paquete de dictámenes que se presenta ante el pleno de esta Cámara de Diputados contiene un conjunto de reformas al sistema financiero de México que resulta relevante, particularmente en el sector bancario, que ha transitado por una serie de modelos en los últimos 50 años desde un sistema privado nacional hasta su nacionalización en 1982, su posterior desincorporación o privatización del sector público en 1990, a través de la reforma a los artículos 28 y 123 de la Constitución, con su carga de discrecionalidad y corrupción, haciendo millonarios a los ya ricos, y diferentes a los más pobres; hasta su extranjerización a partir de 1994.
El PRD considera que esta reforma puede ser la oportunidad de generar esquemas de ahorro y otorgamiento de crédito dentro del sistema financiero que propicien el desarrollo, particularmente de las micro y pequeñas empresas, generando empleo formal y creando nuevos polos de desarrollo económico en regiones en las que por falta de acceso a servicios financieros por parte de instituciones reguladas, no ha sido posible detonar la inversión y la consolidación de proyectos productivos.
Sin embargo, debemos recordar que en materia financiera el PRD ha hecho diversos planteamientos en diversas legislaturas. Por ejemplo, en la LXI Legislatura, el proyecto de Ley General de Banca de Desarrollo; en la LX, la aprobación de la iniciativa de adicionar el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
También está el decreto por el que se aprobó la facultad del Banco de México en materia de regulación de las tasas de interés a las tarjetas de crédito, o bien, la aprobación de iniciativas por las que se han reformado y adicionado diversas disposiciones del Código de Comercio.
De los proyectos propuestos por los diputados del PRD destacan los que se refieren a proporcionar mejores condiciones para los usuarios de los servicios financieros al proponer límites a las comisiones de las administradoras de fondos respecto del ahorro para su retiro, y esquemas más ágiles y expeditos para que de la información de deudores que han saldado sus deudas, se actualice ante el buró de crédito; o sea, que ya pagando la deuda te quiten del buró de crédito.
Existen también otras propuestas del PRD que ha pretendido impulsar el crecimiento económico del país, al facultar al Banco de México para ello o para destinar parte de las reservas de moneda extranjera para el financiamiento del desarrollo.
Existen también las propuestas para acotar la usura que tanto daño le han ocasionado a las y los mexicanos, principalmente a los más pobres, a los que menos tienen, y fomentar al sector social de la economía bajo la figura de las cooperativas de ahorro y préstamo. En fin, los antecedentes del trabajo legislativo que ha impulsado el PRD, demuestran el esfuerzo que hemos realizado para contar con un mejor sistema financiero.
A lo largo del estudio las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, el Grupo Parlamentario del PRD ha reiterado como prioridad:
1. La defensa de los derechos de los usuarios.
2. El fomento y fortalecimiento a la banca de desarrollo que atienda a la demanda del sector social.
3. El fortalecimiento-impulso a los organismos de intermediación y a las organizaciones auxiliares de crédito.
Todo ello con la finalidad de acercar a los habitantes de comunidades aisladas y remotas; esquemas institucionales regulados de servicios financieros que los pongan a salvo de las prácticas de la usura por parte de los sistemas informales e irregulares.
Es importante señalar también que dichos sistemas abusan de la falta de cultura financiera de la gente en regiones en donde no hay cobertura de la banca o los organismos auxiliares de ahorro y préstamo o del sector social de la economía bajo la modalidad de cooperativas de ahorro y préstamo, ocasionando fraudes que afectan gravemente a su patrimonio.
Es cierto que en esta reforma financiera observamos el potencial de obtener beneficios y generar sinergias virtuosas, pero fundamentalmente esperamos una adecuada rectoría del Estado así como la necesidad de que la función regladora de los organismos financieros se apegue estrictamente a la normatividad.
Preocupa de manera particular que varios aspectos de la reforma se apoyen en procedimientos discrecionales por parte de la autoridad. El apoyo del PRD al presente dictamen no oes de ninguna manera un cheque en blanco, daremos seguimiento puntual a la actuación de los órganos reguladores del sistema y usaremos todas las herramientas de control parlamentario que la ley pone a nuestro alcance para vigilar fuertemente el desempeño, y señalar igual de manera enérgica las eventuales desviaciones que ocurran en el desempeño de las funciones de dichos órganos.
El Grupo Parlamentario del PRD ha abordado el trabajo de análisis y estudio de las iniciativas de manera responsable y seria, insistimos siempre en abrir los foros sobre la reforma financiera que se organizaron por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Justicia, y solicitamos la participación de especialistas de la academia y de la sociedad organizada ajenos al gobierno, a los partidos y a las instituciones oficiales.
También propiciamos que el proceso legislativo en torno a las iniciativas de la reforma financiera se hiciera con suficiente tiempo para tomar contacto con autoridades, asociaciones de usuarios; representantes de instituciones académicas; representantes de banqueros; aseguradoras; uniones de crédito; de organizaciones auxiliares de crédito; de sociedades financieras populares; del sector social de la economía; de dirigentes del sector rural, etcétera.
A partir de la retroalimentación recibida y de los planteamientos recogidos del programa del partido, propusimos una serie de reservas y observaciones en el proceso de dictamen que se integraron a mismo y en todo momento hemos buscado acuerdo y generado consensos, sin embargo creemos que para lograr el crecimiento de la economía, la competencia y evitar las prácticas monopólicas que existen actualmente y son nocivas, es necesario señalar las limitaciones de la presente reforma y del sistema financiero nacional.
Entre los aspectos que destacan y que forman parte de las reservas de nuestro Grupo Parlamentario está que se permite la participación de gobiernos extranjeros en las inversiones financieras, siempre y cuando la participación represente una porción minoritaria del capital social de los intermediarios. Prácticas que, dicho sea de paso, no las comparten ni las tienen nuestros partidos con los que tenemos convenios en esta materia.
También proponemos eliminar el requisito de obtener resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera pueda rebasar el 49 por ciento en sociedades de información crediticia, instituciones calificadoras de valores y agentes de seguros, quienes podrán tener ya con esta reforma si así se queda, podrán tener hasta el 100 por ciento de la inversión, generando, sin duda, un perjuicio y una extranjerización total de estos servicios financieros.
Otra limitación de la reforma, es que introduce medidas precautorias, como aquí se ha señalado, contempladas en el Código de Comercio, muy lastimosas para los usuarios, ya que se ponen en prácticas figuras, como el arraigo o secuestro de bienes, que aunque les cambien el nombre siguen siendo lo mismo.
Otra deficiencia que debe observarse, es que en la nueva Ley para Regular las Agrupaciones Financieras no se establecen sanciones para los responsables directos de los delitos y fallas que se puedan cometer en las agrupaciones financieras. Tenemos, por ejemplo, lo que ya ha ocurrido con el Fobaproa.
Desde nuestro punto de vista, entre otras cosas, se debieron dar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para establecer penalizaciones cuando la banca comercial rebase los topes sobre recursos captados del público, canalizados a la especulación.
De igual manera, se debió incluir a la banca de desarrollo en la competencia del segmento de los seguros, para disminuir costos de estos servicios. —Aprovecho que todos están platicando para tomar un poco de agua.
Sin duda, se deben regular y gravar las transferencias excesivas de recursos financieros, provenientes de utilidades de los bancos a las matrices, así como a intermediarios no financieros, que sirven a la mayor parte de la población del país, los cuales lapidan la economía de las familias mexicanas.
Del mismo modo, debieron regularse las operaciones por Internet, para contratar servicios y adquirir bienes, con intervención de la banca y las llamadas cuentas de acreedores diversos, donde se acumulan grandes caudales de recursos no reclamables, y por tanto, no recuperables.
Asimismo, se debe impulsar y fomentar también el acceso al financiamiento bursátil, a las Pymes, para que sean proveedores del sector público y de grandes empresas.
Concluyo, señor presidente. Como podemos apreciar, esta reforma financiera deja sin resolver problemas de primer orden del funcionamiento de la banca nacional. No obstante, el hecho de integrar cambios, innovaciones que podrían propiciar que la banca comercial se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo económico del país, al incrementar la disposición del crédito nacional y facilitar el acceso al crédito y de los servicios financieros a los distintos sectores productivos y sociales de México, nos permite valorar su carácter positivo y nuestro voto a favor en lo general, con las observaciones antes descritas y que forman parte de las reservas que presentará el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor presidente. Decía el estadista inglés, Benjamín Disraeli: “confiamos demasiado en los sistemas y muy poco en los hombres”.
Con esa frase podríamos resumir lo que hoy nos mueve a impulsar este cambio fundamental en el sistema financiero mexicano.
Nuestro país tiene, gracias a la visión de gobiernos responsables, una banca sólida y estable que nos permite confiar en ella. Sin embargo, no hemos logrado hacer que esta banca confíe en los mexicanos, en sus proyectos, en sus sueños. La distancia entre el acceso al crédito competitivo y nuestra realidad hoy en día es abismal.
Basta mencionar que en México el crédito representa apenas el 26 por ciento del producto interno bruto, mientras que en Brasil y en Chile representan el 50 o el 100 por ciento, respectivamente. O qué decir de la micro, pequeña y mediana empresa, donde en México representan el 90 por ciento de los cinco millones de unidades económicas y solo 650 mil logran acceso al crédito, donde representan el 80 por ciento de los empleos y poco más del 15 por ciento del financiamiento.
Es impactante y hasta indignante, ver cómo las utilidades de los bancos tuvieron un crecimiento a ritmo de 25 por ciento, mientras que la cartera crediticia nacional lo hizo solo al 12 por ciento. El reto es grande pero plenamente alcanzable si entendemos que el crédito es una herramienta fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleos.
Una reforma financiera integral, como la que hoy se somete a votación, nos daría la posibilidad de abrir un crédito de calidad a bajos costos en un mercado de certidumbre para todas las partes. La reforma vislumbra un cambio integral basado en cinco grandes objetivos que en su conjunto logran un ambiente de mayor accesibilidad al crédito y en las mejores condiciones.
Hay que decirlo con claridad, no vamos a resolver el problema de las tasas por decreto. Hay que decirlo con claridad, una ley no va a componer todo el sistema financiero, lo que vamos a lograr es generar las condiciones que permitan que se incentiven mayores recursos de financiamiento para el sector productivo y que a través de la función de la banca de desarrollo se pueda acceder a crédito para personas que hoy en día no lo tienen. Eso, eso es lo que estamos haciendo hoy en día.
Esta reforma toca varios puntos. Por un lado, buscamos incrementar la competencia en el sector financiero, e incluye, por ejemplo, el fortalecimiento de las funciones de la Condusef, en donde le damos fortaleza a sus decisiones a través del título ejecutivo mercantil.
Asimismo, se aclara y se amplía la regulación que permite la portabilidad de las operaciones financieras. Es decir, habrá mayor competencia porque te vas a poder mover más fácil de un banco a otro en cuestiones de crédito.
Se establece de manera explícita, a nivel de ley, que los bancos tienen prohibida esta práctica que tanto ha dañado a los ciudadanos, las ventas atadas.
Asimismo, se facilita la transferencia de las garantías crediticias en caso de refinanciamientos, a fin de promover la competencia entre las instituciones.
Prevemos también la posibilidad de que exista un buró de crédito a cargo del gobierno, buscando otorgar al Estado una herramienta para facilitar el acceso a la información crediticia para los ciudadanos.
Otro eje de la reforma es fortalecer la banca de desarrollo, y por ello, se flexibiliza la regulación para que la banca de desarrollo pueda cumplir de una manera más eficiente su mandato y que preste más, que arriesgue más, por supuesto, en un ambiente de responsabilidad y por supuesto, con las garantías suficientes que permitan recuperar los créditos.
No podemos tener una banca de desarrollo atada de manos, como la hemos tenido hasta la fecha. Necesitamos que cumpla su función, que vaya y que lleve productos y servicios financieras hasta aquellos rincones y aquellos ciudadanos que hoy no tienen ninguna posibilidad de acceder a ellos.
Por eso incorporamos que la Banca de Desarrollo ofrezca servicios y productos que fomenten la innovación, la creación de patentes y la generación de otros derechos de propiedad industrial. Impulsamos la creación de programas y productos destinados a atender áreas prioritarias de nuestro país. Asimismo se establece que se podrá establecer las funciones de banca social, específicamente a través de Bansefi.
Un tercer eje de la reforma incluye el fomentar el crédito a través de las instituciones financieras privadas, mejorando los regímenes de garantías y estableciendo incentivos. Así se simplifica los regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías para lograr una reducción de riesgos y, por lo tanto, una reducción de tasas de interés.
Lo vuelvo a decir: No se bajan las tasas por decreto, se bajan generando las condiciones. Y una de las condiciones es disminuir el riesgo que se tiene de recuperación de las garantías.
El sistema bancario orientará sus actividades a apoyar y a promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Y además se establece una herramienta que a nuestro juicio es de las más importantes, en un esquema de evaluación periódica a los bancos en relación con el nivel de crédito colocado. Es decir, se va a evaluar si están haciendo su función de prestarle al sector productivo y tendrá consecuencias directas el resultado de esta evaluación, como existe en otros mercados.
En fin, en resumen, podemos decir que la iniciativa ataca o establece condiciones para que de manera integral se generen mejores condiciones para fomentar el crédito. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del PAN, observamos que la iniciativa tal como fue entregada aquí a la Cámara de Diputados debía ser fortalecida.
Por ello fijamos cinco puntos prioritarios que impulsamos, promovimos. Y gracias a la colaboración y al consenso de todos los grupos parlamentarios logramos consensar e incluir en este documento que hoy es mejor que el que llegó a la Cámara.
Primero. Creemos que debemos de garantizar que exista una competencia real en el mercado del sector financiero. Es una realidad, que tenemos un oligopolio, cinco bancos concentran más del 70 por ciento del mercado.
Por ello propusimos fortalecer el transitorio y mandatarle a la Cofece –este órgano hoy autónomo que acabamos de crear– que haga esta investigación que ya venía considerada, pero que tenga mayores consecuencias; que se investigue el grado de concentración que se tiene; que se investigue si existen hoy en día barreras contra la libre competencia; que se investigue si existen prácticas monopólicas y, si se están dando, que se ejerza las facultades, todas, incluyendo la desincorporación de activos.
También impulsamos el respeto a un principio básico de igualdad, no se puede regular igual a los desiguales, y por ello buscamos y luchamos que existiera una regulación diferenciada en aquellos casos en los que correspondería.
Debo decirlo: no lograrnos los términos que queríamos en este aspecto, sin embargo se incorporan principios básicos para que la autoridad pueda tomar en consideración las diferencias que existen entre los diferentes actores del sector financiero.
Asimismo, buscamos evitar discrecionalidades a cargo de la autoridad. Todos estamos de acuerdo en que los entes reguladores deben tener las facultades suficientes para hacer cumplir la función de la banca, específicamente la evaluación de desempeño que acabo de mencionar.
Todos coincidimos en que se debe de buscar incentivar, que se preste cada vez más al sector productivo. En lo que no podemos estar de acuerdo es en darle un cheque en blanco a la autoridad para que pueda llevar a cabo actos completamente discrecionales que generen una incertidumbre jurídica que por lo tanto se ve reflejado en menor crédito; no señor.
Por ello, propusimos acotar estas facultades; hoy el dictamen tiene acotadas las facultades para que específicamente se señale las consecuencias de las evaluaciones de desempeño y asegurar que siempre tengan una consecuencia, no que queden en términos optativos como venía la iniciativa.
Asimismo, buscamos fortalecer a la Banca de Desarrollo, orientando ésta a ser una banca de fomento de actividades productivas, puntualizando y transparentando hasta cuándo puede tener participación en créditos directos; transparentando, impulsando el fortalecimiento de los intermediarios financieros, entendiendo que hacen una infusión, una función importante para la sociedad llevando créditos a lugares en donde comúnmente la banca grande, por decirlo así, no llega.
Asimismo impulsamos, y esto a raíz de un acuerdo de la Comisión de Economía, el establecimiento de un programa especifico, puntual y con monto determinado anual de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. La Mipyme es prioridad para los diputados del PAN y debemos de impulsarla; por ello logramos el consenso para que se incluyera de manera textual en la ley que estará obligado el Consejo Directivo de Nacional Financiera a promover que al menos el 50 por ciento del recurso disponible para el crédito se otorgue a la micro, pequeña y mediana empresa.
Si hoy logramos sacar adelante esta reforma podemos decirles a las... que tienen posibilidad de crecer, de acceder a una mejor calidad de vida y , por qué no, empezar su propia empresa, la cual potencialmente será iniciadora de un círculo virtuoso económico en nuestro país.
Seamos honestos y claros, lo dije una vez y lo vuelvo a decir, no por decreto resolveremos el problema de c rédito y tasas en este país; pero sí podemos y eso estamos haciendo hoy con esta reforma; establecer las condiciones para que se incentiven los préstamos al sector productivo y que el gobierno, la Banca de Desarrollo, haga lo que debe de hacer, hacer más accesible el crédito a los mexicanos a precios justos.
El ganador del Premio Nobel de la Paz en 2006, Muhammad Yunus, conocido como El banquero de los pobres, por su aportación a la apertura de microcréditos a gente de escasos recursos decía: logramos lo que queremos lograr, si no estamos logrando algo mi primer sospecha recae sobre la intensidad de nuestro deseo al lograrlo; así de sencillo podemos visualizar el impacto de esta reforma.
Hoy instituciones bancarias, la Banca de Desarrollo y demás actores han mostrado voluntad, han cedido terreno, hemos debatido, hemos argumentado y hemos encauzado por el bien de México el crecimiento del crédito en nuestro país.
Ahora, como Poder Legislativo, nos toca un paso vital en este proceso, el de adecuar el marco normativo a este gran reto. Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de la reforma financiera, porque confiamos en México y en cada mexicano, porque estamos convencidos de que esa confianza será bien correspondida. Estimados legisladores, encendamos hoy un motor fuerte, sólido y estable de la economía y llevemos a México a una nueva era de oportunidades.
Por último quisiera resaltar, que este ejercicio que se hizo hoy en día, este nivel de apertura de debate, de análisis técnico que se dio para todos en comisiones, ojalá y sirva de antecedente para el resto de las reformas estructurales que vienen a debate a esta Cámara de Diputados y que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor presidente, con su permiso.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Colegas legisladores y legisladoras. El proyecto que hoy se pone a nuestra consideración es producto de la iniciativa del Ejecutivo federal, presentada en la Comisión Permanente el 8 de mayo de este año, que pretende -como aquí se ha establecido ya por quienes me han antecedido en el uso de la palabra- transformar, mediante la reforma de un importante número de leyes y la creación de una más, el sistema financiero mexicano.
Con la responsabilidad debida, las Comisiones de Hacienda y de Justicia iniciaron por ese mismo mes el proceso legislativo que hoy está a su consideración. Fue un proceso que tiene un signo de disposición importante. Un proceso que, a sugerencia de los propios integrantes de las comisiones que dictaminan, inició tomando en consideración todos los instrumentos técnicos que tenemos a la mano en el Congreso mexicano.
Es decir, se inició consultando a los actores diversos que tienen que ver con el sistema financiero mexicano a través de foros que uno de nuestros centros de estudio de nuestra Cámara coordinó y dio voz a estos actores y en los diferentes temas que se contienen en la reforma financiera. Siguió luego una etapa de consideraciones de parte de los diferentes grupos parlamentarios para que esta iniciativa de reforma fuera enriquecida.
Así es que las dos comisiones, los integrantes de cada una de ellas, dejaron perfectamente establecido el conocimiento y el detalle con el que conocieron cada una de las cuestiones que en ella están incorporadas.
Hay efectivamente un enriquecimiento de la iniciativa que es claro y debe ser posible que sea en esta dictaminación el más amplio que se ha dado en el transcurso de nuestra responsabilidad constitucional.
Participaron aquí los diputados y las diputadas que así lo consideraron conveniente y que fueron la mayoría -si no la totalidad- de quienes conformamos las Comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.
Se hicieron –diría– cerca de 400 modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, pero creo que es de apreciar que este proceso legislativo tiene, como se ha dicho aquí, consideraciones especiales o específicas, porque durante todo este procedimiento hubo un acompañamiento cercano y hay que decirlo, puesto al servicio del Congreso, de las capacidades técnicas de la propia secretaría de la que surge el proyecto hacia el Ejecutivo que la presenta, que es la Secretaría de Hacienda.
Es una muestra clara de la posibilidad, de la disposición y de los resultados que la colaboración entre los Poderes de la Unión genera. Ya han dicho aquí mis compañeros que han hecho uso de la palabra, cuáles son las bondades de esta reforma financiera. Reitero algunas basadas en los ejes que el propio Ejecutivo federal destaca en su iniciativa.
Establecer un nuevo mandato para la banca de desarrollo mexicana que propicie el crecimiento del sector financiero; fomentar la competencia en el sistema bancario; generar incentivos adicionales para que la banca preste más y fortalecer el sistema financiero y bancario para que el sector esté siempre cerca de los usuarios que al final de cuentas son a los que sirve. Es, como se ha dicho aquí, una reforma trascendente.
El grupo mayor que constituye esta Cámara de Diputados, expresa su satisfacción con el trabajo desarrollado por las comisiones, como he dicho, toda vez que contaremos con una serie de ordenamientos que favorecerán el crecimiento, el desarrollo nacional y en consecuencia la mejoría de los mexicanos y sus familias.
Estimamos conveniente que se dote a las autoridades competentes de nuevas herramientas que le permitan proteger a los usuarios que utilizan los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, como: emitir recomendaciones a las instituciones y hacerlas del conocimiento del público en general, definir las actividades que se apartan de las sanas prácticas y usos relativos al ofrecimiento y comercialización de operaciones y servicios financieros, así como para que establezca los casos y supuestos bajo los cuales se considere que existen clausulas abusivas; crear el sistema arbitral en materia financiera y dotar de carácter ejecutivo el dictamen que emite la Condusef cuando en él se consigne una obligación contractual, incumplida, cierta, determinable, determinada, exigible y líquida. Es decir, se fortalecen a las instituciones que supervisar a los bancos mexicanos.
Nos congratula saber que a partir de ahora se va a flexibilizar el marco para fortalecer a todas las instituciones que ordenan las cuestiones financieras en nuestro país. Es evidente que las bondades que tiene esta iniciativa llevarán a este grupo mayor a apoyar el dictamen votando a favor de él.
Y déjenme insistir, compañeras y compañeros, el valor que en sí tiene este dictamen no es sólo el contenido y la aprobación de las ideas de transformar al sistema financiero mexicano que el Ejecutivo federal nos ha propuesto.
El valor de este dictamen es la posibilidad de realizar nuestra tarea, como se ha hecho en estas comisiones unidas, con disposición, con apertura, con la participación, con el enriquecimiento de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que conformamos esta soberanía y que respetando nuestras diferencias, naturalmente legítimas, hemos ido a un dictamen que modifica pero no en su objetivo central la iniciativa del Ejecutivo.
Esta lección creo que vale la pena ponerla a su consideración porque el esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo grande que nos lleva a este dictamen que ponemos a su consideración. Yo diría, compañeras y compañeros, para concluir, que la búsqueda del equilibrio de los actores que en este sistema financiero participan ha sido realmente el eje para poder dictaminar esta mañana esta gran reforma transformadora que propone el presidente Peña.
Incentivos para aumentar el crédito a las empresas y a las familias mexicanas, controles para las instituciones financieras por medio de fortalecer a las autoridades competentes y sobre todo, lo reitero, salvaguarda de los derechos de los usuarios de los servicios financieros.
Estos tres ejes son los que se ponen a consideración en este proyecto que les pedimos que voten a favor y que seguramente mejorará, como aquí se ha dicho, no por decreto, sino por el funcionamiento en el que lo pongan las autoridades financieras, mejorará la calidad de vida de los mexicanos, que a final de cuentas para eso estamos aquí. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Al concluir la ronda de posicionamientos concluye también el término para presentar reservas, de acuerdo con lo que aprobamos hace un momento. Entonces, a partir de este momento ya no se recibirán reservas. Para la discusión en lo general se concede el uso de la voz a la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muy amable, Presidente. El Reglamento habla de hasta cinco minutos; le pido que sea un poquito tolerante pues tengo varios argumentos.
Si bien esta reforma financiera se ha discutido en comisiones desde hace algunas semanas, como ya se ha hecho costumbre se ha integrado de último minuto un addendum al dictamen que lo modifica sustancialmente, violando las normas parlamentarias que garantizan plazos mínimos para conocer el contenido que votamos.
Como también se ha hecho costumbre ya, en este dictamen se legisla en materia laboral resultando lesivo para los trabajadores de la banca de desarrollo. El dictamen pretende una reforma al artículo 3o de la ley burocrática bancaria que abiertamente señala que todo el modelo laboral aplicable al personal de confianza, incluyendo jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación, se regulará por el artículo 43 Bis de la ley de Instituciones de Crédito, que se convierte en la nueva ley laboral para este sector.
Hemos ido construyendo poco a poco un mundo al revés, en donde la excepción se vuelve la regla. Si seguimos así, la Ley Federal del Trabajo se terminará aplicando de manera supletoria en todo lo que no regulen las leyes especiales. Todo con la intención de crear indefensión, cancelación de derechos y desigualdad jurídica.
No caigamos en el error de pensar que el personal de confianza de las instituciones son sus directivos o sus gerentes; muy por el contrario, la gran base de personal de confianza son sus secretarias, sus analistas y sus técnicos. De hecho, en casi todas las instituciones estos trabajadores constituyen la mayoría, ya que a los de base se les ha relegado a actividades secundarias y cada vez más marginales. Se castiga la especialización con inestabilidad laboral en medio de una fiebre del llamado “trabajo encubierto”.
Si observamos el texto de esta ley, confirmaremos el diseño de un comité que constituye una simulación ya que está integrado por personal designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o sea, que nos proponen aprobar que las reglas laborales sean las que discrecionalmente decida el propio patrón. Es difícil imaginar un disparate mayor.
Este régimen de excepción se contempla con las reformas a los artículos 42 y 43 Bis, de la Ley de Instituciones de Crédito que otorgan nuevas y amplias facultades a los consejos directivos de las instituciones de la banca de desarrollo para incidir en la contratación de personal de confianza que en un entorno de carácter financiero engloba prácticamente a todos los trabajadores, desde un director general hasta un empleado de ventanilla.
El modelo se recrudece con las atribuciones desmedidas que se conceden al llamado Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional para decidir unilateralmente respecto a todos los trabajadores, no sólo de confianza, sino también de base, los ascensos, movimientos de selección de personal, criterios de despido y definición de las prestaciones económicas y de seguridad social.
En términos simples, el proyecto propone que un cuerpo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda decida prácticamente las cuestiones laborales aplicables a la banca de desarrollo.
No debemos soslayar que el personal de confianza de la banca de desarrollo tiene derechos adquiridos desde la época del reglamento bancario, cuenta con una estabilidad relativa que incluye, desde luego, el derecho indemnizatorio cuando es injustificadamente despedido y está protegido por un régimen de jubilaciones y pensiones en el entorno de las condiciones de trabajo de cada institución.
Sin embargo, y para rematar, la iniciativa propone un artículo tercero transitorio cuya aprobación acarrearía la pérdida inmediata de los derechos adquiridos de los trabajadores de confianza, integrándolos a todos automáticamente al nuevo y precario esquema. Venir a plantear ahora que todos esos derechos se cancelan para quedar en manos de la Secretaría de Hacienda, significa un despojo laboral que no debemos avalar.
No podemos seguir construyendo un esquema que degrada las relaciones de trabajo e impide la posibilidad de un retiro digno. Los trabajadores mal llamados “de confianza”, son trabajadores como cualquier otro. No pueden ser regulados por una ley financiera, menos aún cuando es la jerarquía jurídica inferior que la ley reglamentaria a la Constitución que hoy los protege. No existe fundamento jurídico productivo ni social que justifique el agregado inconstitucional y lesivo que hoy atrabancadamente nos proponen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna para hablar a favor el diputado José Luis Márquez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Luis Márquez Martínez: Gracias, señor presidente. La reforma financiera que hoy se pone a consideración de esta soberanía parte de una premisa fundamental; que haya más crédito y más barato. La finalidad planteada partió de cinco pilares estructurales que son:
1. Incremento a la competencia.
2. Fomento al crédito vía banca de desarrollo.
3. Fomento al crédito vía instituciones privadas, mejorando su régimen de garantías y estableciendo incentivos.
4. Mantener un sector financiero sólido y prudente.
5. Hacer más eficaces a las instituciones a las financieras y el actuar de las autoridades en la materia.
Bajo esta premisa, la propuesta de 13 iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal fue enriquecida responsablemente por los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia de esta Cámara y los grupos parlamentarios, en más de 500 artículos en diversos temas.
Las modificaciones que aprobaría esta soberanía le permiten a los mexicanos que hoy tienen un crédito hipotecario refinanciar su crédito a una mejor tasa, de manera que disminuyan sus pagos mensuales por hipotecas sin incurrir en ningún costo. Es lo más importante de esos refinanciamientos.
De esta forma, un trabajador que inicialmente contrató un crédito hipotecario a una tasa de un 12 por ciento, por ejemplo, podría ver una disminución en sus pagos mensuales que equivalen al aumento del 5 por ciento de su ingreso. Éstos son los beneficios palpables para todos los que tienen una hipoteca.
La reforma impulsada decididamente está fortaleciendo la banca de desarrollo para que sea una verdadera palanca para el desarrollo de nuestra economía, y específicamente del sistema financiero, por ello festeja que se precise el mandato de la banca de desarrollo para dirigirla hacia el fomento de la economía a través de la atención de los sectores estratégicos que en este momento enfrentan limitantes para acceder a alternativas de financiamiento.
En beneficio del sector rural, el Grupo Parlamentario y la CNC festeja un cambio estructural para la reconversión del campo, la refundación de la actual Financiera Rural, renaciendo bajo la nueva denominación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Esta reorganización institucional materializa la revaloración del campo, la importancia del mismo para superar los grandes desafíos de nuestro tiempo y un compromiso para incrementar la producción, la productividad, la competitividad y la rentabilidad, para un mayor empleo y un mejor desarrollo rural, así como socializar sus beneficios.
El Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional fija su posición a favor respeto de este dictamen a consideración de esta soberanía, en primer lugar por las sustantivas reformas puntuales enumeradas anteriormente, que favorecen la eficacia, la productividad y el crecimiento, así como una mejor calidad de los servicios financieros que ofrezca este sistema mexicano.
Una auténtica reforma financiera es primero que nada incluyente, en su contenido procurará que más mexicanos tengamos más acceso al crédito y otros servicios financieros, pero lo más importante; más baratos.
También hay que decirlo, hubo la capacidad de generar y mantener acuerdos, se incluyó todo lo que se podía incluir y se tuvo la prudencia de dejar fuera todo aquello que iba en contra del espíritu de la reforma o ajeno a ésta misma. El Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional fija su posición a favor, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD, en contra.
El diputado José Luis Muñoz Soria: Con el permiso de la asamblea. El problema que se plantea resolver con esta propuesta, es el problema del bajo crecimiento. Y plantean entonces, que éste se posibilitaría cuando tuviésemos un mayor crédito con menores tasas de interés y que además a las instituciones que prestan se les garantice el cobro de los créditos.
Dicen por ahí, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Ustedes creen que con la condición de la banca del sistema financiero vayan a lograr eso, con una banca que está totalmente en manos de capitales extranjeros, que no controlan y que en última instancia pueden ponerse de acuerdo para manejar sus tasas de interés como les convenga, creen que lo van a lograr? Sería la pregunta. Si así fuese, ojalá pudieran hacerlo.
Sin embargo, no debe de olvidarse que una posibilidad enorme para que haya crédito, es que haya ahorradores, y con su reforma laboral que aprobaron en los meses de noviembre y diciembre, seguramente no va a haber ahorradores, porque los ahorradores son, cuando hay trabajo, bien remunerados, y cuando haya una gran masa de trabajadores en condiciones de un trabajo estable y bien remunerado.
Si nos atenemos a las estadísticas, los ahorradores que están en las posibilidades o deciden invertir, es solamente el 7 por ciento de los que tienen recursos para invertir. La gran mayoría lo hacen en cuentas de ahorro simples, pero que además las tasas de interés es la diferencial de las tasas de interés, es enorme. Los bancos dan poco al que ahorra y cobran mucho al que le prestan.
Sin embargo, ¿cuál es la solución para que haya ahorradores? Que la masa salarial en el producto interno bruto sea mayor. Eso es lo que no han pensado. No han pensado que para que haya ahorradores y haya inversión, la masa salarial dentro del producto interno bruto debiese ser al menos de un 40, 50 por ciento del PIB, si no olvídense. Vamos a tener una banca usurera, como es la comercial, pero también una banca de desarrollo imposibilitada para tener recursos para créditos, porque además lo que ha hecho la banca de desarrollo es ponerse en condiciones de competitividad con la banca comercial, olvidándose que es una banca que debe de pensar en crear condiciones para desarrollo. Vamos a pensar que lo puedan resolver, tengo mis dudas, ojalá lo hagan.
Sin embargo, hay cuatro aspectos que quiero plantear. –Le voy a pedir, diputado presidente, unos minutos de su tolerancia–. En la propuesta se habla de resolución bancaria y liquidación de bancos, y dice: el segundo método de resolución bancaria, el cual será de carácter excepcional, lo constituye el saneamiento financiero y consiste, esencialmente, en prestar asistencia financiera a una institución bancaria, con la finalidad de salvaguardar los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y en general, estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
Y se agrega: adicionalmente, se faculta al Comité de Estabilidad bancaria para determinar que el IPAB otorgue apoyos financieros tendentes a proveer el saneamiento de instituciones financieras que hubiesen adoptado un régimen de operación condicionada y que puedan generar un riesgo sistémico.
Y dicen que experiencias de este tipo, como la que se dio hace cuatro años en Estados Unidos son experiencias afortunadas. Me pregunto, ¿qué es lo que están planteando? ¿Crear las condiciones para otro Fobaproa? Esto es lo que quiere decir esto, eso y no otra cosa.
También plantearon, con la reforma laboral en los meses de noviembre y diciembre, a la cual nos opusimos, plantean el sistema profesional bancario. Nos oponemos a que se traslade la reforma laboral a los trabajadores de base y de confianza de la banca de desarrollo.
Con las reformas de diciembre, en la reforma laboral, ya se atrevieron a quitar todas las conquistas sindicales también a los trabajadores de la banca comercial. Ahora van contra los trabajadores de la banca de desarrollo. No aprobamos eso. Igual nos oponemos, como nos opusimos a lo de la reforma educativa.
En la iniciativa se plantea que los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, así como sus integrantes de sus respectivos órganos de gobierno que participen en la toma de decisiones en la liquidación judicial y que hayan actuado en el ejercicio lícito de las funciones que por ley les están encomendadas, no serán responsables por las pérdidas que sufran las instituciones de banca múltiple, derivadas de su insolvencia, deterioro financiero o por disminución del valor de sus activos, excepto en los casos que se acredite que hayan actuado con dolo para obtener algún lucro indebido por sí mismo o para terceros.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que pueda concluir con su intervención, diputado.
El diputado José Luis Muñoz Soria: –Termino, diputado presidente–. No van a impedir que aquellos que son los responsables de crear burbujas crediticias sean los mismos que actúen en la liquidación. De qué se trata, qué es lo que se pretende. Y termino, diputado presidente.
Otro aspecto importante al cual nos oponemos, por eso invito a que votemos en contra de esta reforma, es el que quieren judicializar, quieren judicializar un problema de carácter civil como son las deudas. Nos oponemos al arraigo que se pretende, de los deudores de la banca.
No vamos a aceptar otro Fobaproa. No aceptamos el servicio profesional bancario y nos oponemos al arraigo de los deudores. Por ello los invito, diputadas y diputados, a que votemos en contra de ésta, que supuestamente con la cual se pretende resolver el problema de crecimiento. Las posibilidades para ello son de otro tipo. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Ahora para hablar a favor del dictamen tiene el uso de la voz el diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José Ángel González Serna: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado José Ángel González Serna: Decía hace poco un economista: ¿Quieres controlar a un país? Controla su sistema financiero. ¿Quieres controlar al mundo? Controla el flujo de efectivo que hay en él.
Durante mucho tiempo, amigos diputados, nosotros hemos venido dándole, fortaleciendo todas las atribuciones de la banca, y a través de varios sexenios. Inclusive la Secretaría de Hacienda tiene ya varios años obligándonos a bancarizarnos a todos los contribuyentes y a todos los ciudadanos, el objetivo es bancarizarnos.
Creo que desde que se hizo ese camino, desde que se construyó ese camino, se debió haberle puesto regulaciones y reglamentaciones a la banca. Una banca que no tiene fondo en cuestión de sus utilidades, una banca que ha venido a México solamente a hacer negocios y no a apoyar a su planta productiva.
En esta reforma financiera los invito a que votemos a favor. Y votemos a favor porque hemos dado un paso, un paso hacia la regulación de las instituciones bancarias y –no nos olvidemos de algo que no hemos mencionado aquí– de las empresas aseguradoras de igual manera. Hemos dado un paso para comenzar a acotarlos, para comenzar a reglamentarlos.
Hoy en esta reforma financiera se crea el buró de las instituciones bancarias, algo que me consta era una de las cosas a la que más le temían los bancos, ¿por qué?, porque ahora ellos también tendrán un buró en el cual la ciudadanía podrá buscar el análisis de cada institución bancaria.
Hoy en esta reforma financiera le damos si no colmillos sí dientes a la Condusef, algo que buscábamos. Hasta hoy la Condusef sólo emitía recomendaciones. Hoy la Condusef, a través de esta reforma financiera, tendrá forma de que sus dictámenes se conviertan en créditos. Esto quiere decir que inmediatamente un usuario de un producto financiero podrá en poco tiempo pedir la retribución del daño de parte de una institución bancaria. Tiene muchos, muchos productos buenos esta reforma financiera.
Sin embargo, amigos, no quiero terminar mi intervención sin también dejar los pendientes, pendientes muy importantes. Mientras no demos las adecuadas condiciones para una competencia en el mercado financiero, no bajarán los créditos. Los créditos y las comisiones no van a bajar por decreto. Los créditos, los intereses, los intereses de los créditos, el interés que se cobra al crédito y las comisiones bajarán siempre que haya una adecuada competencia y esa adecuada competencia se tiene que dar y sí la podemos regular principalmente desde Nacional Financiera.
Nacional Financiera, todos los recursos que van cada año para la micro, pequeña y mediana empresa, para el crédito de la micro, pequeña y mediana empresa no se deben concentrar en el oligopolio, en cuatro o cinco bancos, porque ellos se ponen de acuerdo en el interés que deben de cobrar; ahí se tiene que abrir, precisamente todos esos recursos a la mayor parte de instituciones financieras para que haya una verdadera competencia. Las comisiones, los intereses, así a través de este camino podrán ir bajando.
Pero algo más importante, amigos, hoy existe la forma de regular las comisiones bancarias y los intereses sobre todo a tarjetas de crédito y créditos hipotecarios, el Banco de México tiene las atribuciones, el gobernador del Banco de México, el señor Carstens tiene las atribuciones de regular estos intereses y de regular las comisiones.
Que quede claro, no hablo de fijar, estamos en un libre mercado; no hablo de retroceder en el cual tengamos que ponerle un precio a un producto, hablo de regular; y el señor Carstens no ha asumido su responsabilidad. Yo desde aquí le exijo que asuma su responsabilidad, que hoy por hoy por el bien de la ciudadanía mexicana y de los consumidores del sistema financiero, ejerza sus atribuciones para regular los intereses y las comisiones.
Amigos, estos son los pendientes que tenemos. Seguiremos trabajando para que esto se dé en un futuro, pero hoy creo que el paso es importante para la reforma financiera en beneficio de los consumidores de los sistemas financieros. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Esta reforma financiera, entre comillas, “no es más que otra reforma regresiva del pacto”, ya la reforma laboral facilitó el despido de los trabajadores; la reforma educativa laboral golpeo al magisterio nacional; ya la reforma hacendaria que se anuncia golpea a la clase media con IVA en colegiaturas, en alquileres, en hipotecas y golpea con un aumento del 5 por ciento del IVA a los estados fronterizos del país donde viven millones de mexicanos.
Hoy en esta reforma, que hay mucho interés de los bancos y por eso aquí en el corralito hay cabilderos de los grupos financieros extranjeros que dominan la Banca en el país, porque están deseosos de que se apruebe esta reforma regresiva.
No es una reforma que estimula el crédito y que pone un freno a las comisiones, a los intereses usureros de la banca extranjera en el país. No, es una reforma que establece, entre otras cosas, cárcel a deudores aunque le hayan cambiado la palabra de arraigo por radicación -así como cambiaron la palabra de privatización en el tema petrolero-. Es simple y sencillamente un pago de facturas.
Cuando se habla de la historia de la Banca en México a partir de la nacionalización del 82, hay que hablar de desfalcos, hay que hablar de excesos, hay que hablar de arbitrariedades. Todo en contra de los usuarios de los servicios financieros.
Con el Fobaproa se socializaron las pérdidas y se privatizaron las ganancias. La Banca reprivatizada con Salinas de Gortari, ha migrado en una banca extranjera donde cuatro grupos: Banamex, BBV Bancomer, HSBC, Scotia Bank –y el único banco mexicano Banorte– dominan tres cuartas partes del mercado.
Hay un oligopolio bancario que hoy viene a velar por sus intereses. Hoy se está simple y sencillamente legislando para favorecer que cobren más rápido a los usuarios de la Banca.
Vean ustedes. Con la reforma laboral se facilitan los despidos y aquellos trabajadores o ciudadanos que pidieron créditos, ahora, a partir de esta reforma, pueden perder el trabajo y no poder pagar sus pasivos, ser metidos a la cárcel en los términos del Código Penal equiparando al delito de desobediencia de particulares.
Esto es lo que se está aprobando hoy en día, señores y señoras diputados. Por eso nos sorprende que haya quien se desgarre las vestiduras por el IVA en las colegiaturas y esté permitiendo que se criminalice a los deudores de la Banca.
Por eso decimos también que no se puede seguir viendo a nuestro país como el paraíso de la banca extranjera. Durante la crisis financiera de 2009, las utilidades de estos bancos fueron de casi 40 mil millones de pesos, lo que representó el 10 por ciento de sus ganancias globales en todo el mundo.
Permítame, presidente, concluyo. Son cinco minutos según el Reglamento. Banamex tuvo una pérdida global de mil 600 millones de pesos –de dólares, perdón-, pero en México ganó 15 mil millones de pesos. Para Bancomer el 26 por ciento de sus ingresos globales provienen de la banca mexicana; mientras HSBC cobra por una tarjeta de crédito en Inglaterra el 19 por ciento y en México cobra casi el 34 por ciento.
Si ustedes, señoras y señores diputados de la mayoría pactista están permitiendo que continúe este saqueo brutal, este gran negocio usurero de la banca extranjera que está esperando aquí en los corrales que se apruebe esta iniciativa.
Por eso en Movimiento Ciudadano estamos con los ciudadanos, no estamos con la banca extranjera oligopólica, privilegiada y usurera, estamos con los ciudadanos y al parecer ustedes están con los banqueros.
Por eso por ahí alguien decía que se les criticaba de haraganes. No, eso es lo de menos, los criticamos porque todas las reformas que aprueban son contra el pueblo de México, son contra los usuarios, son contra los trabajadores, son contra los maestros, son contra las clases medias; son reformas regresivas que no le ayudan al país y por eso vamos a votar en contra de esta reforma que favorece a la banca extranjera en el país.
El Presidente diputado José González Morfín: Para hablar a favor del dictamen tiene el uso de la voz el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros, buenas tardes a todas y a todos. Sin duda, éste como todos los grandes temas estructurales está causando debate y qué bueno que así sea; que queden claras de una vez las posiciones que tienen los que están a favor y los que están en contra y también los que se abstengan que sin duda es también una posición que deberá analizarse.
Quiero decirles que esta reforma que tiene una gran complejidad, en el grupo parlamentario del PRD hay muchas y muchos compañeros que estamos a favor y reconocemos el gran esfuerzo que se hizo en el addendum que se integró porque fue producto no sólo de varias semanas, de varios meses de trabajo intenso, de lectura, de análisis, de foros, y por eso como ya lo comenté, nosotros presentamos del 100 por ciento, el 80 por ciento fue aceptado y por eso sin duda muchos de los contenidos de la reforma desde hace varias legislaturas el PRD los ha venido planteando.
Aquí, desde esta tribuna, compañeros y compañeras, como Alfonso Ramírez Cuéllar, como Dolores Padierna, como Diana Ladrón de Guevara, como Juan N. Guerra, como Rosa Albina Garavito, como Pablo Gómez, entre otros, ahora mismo con nuestro compañero vicecoordinador Miguel Alonso Raya, fueron autores desde la izquierda de planteamientos que le dieron nacimiento por ejemplo, a la Condusef.
Y eso la izquierda siempre ha estado en la visión de este tipo de reformas. Por eso nosotros consideramos que esta reforma recupera muchas de las propuestas que se han hecho y recupera también los acuerdos nacionales que se han establecido en esta materia no sólo para regular, sino también para el caso de la banca de desarrollo.
No resuelve todo, es evidente que no. Pero es tiempo de acabar con el conservadurismo. Aquellos que están en contra también tendrán que salir a decir por qué no o volverse cómplices de los poderes fácticos que justamente lo que quieren es que no cambie nada.
Hoy, con todas estas reformas estamos dando un paso trascendental en distintas visiones de Estado. Hoy lo que queremos es un cambio en la visión del Estado mexicano. No aquella discusión de más mercado más Estado. Hoy la discusión es un Estado rector fuerte que promueve, que regule, que oriente el desarrollo y el mercado en este país. Eso es lo que está en discusión y no debemos de confundir a nadie hacia fuera.
Además, ya lo dijo el compañero de Acción Nacional, en dos meses, después de que se publique, el Banco de México y la Comisión Nacional de Valores tendrán que darnos un informe, tendrán que explicarnos algo que durante más de 20 años no se hizo, tendrán que informarnos sobre el estado de la regulación en las comisiones. Esto no se ha hecho contundentemente.
Ahora lo tienen que hacer y nos tienen que informar y después, en seis meses, también nos veremos aquí y después también en un año nos tendrán que informar para que la ciudadanía vea qué pasó con las comisiones que se cobran de manera irresponsable todavía en este país.
También quiero dejar muy en claro el tema laboral porque también hay verdades a media. Se trabajó con los principales sindicatos de las instituciones de la banca de desarrollo y ahí se regresó, porque efectivamente se estaba afectando, se regresó un artículo donde justamente está el tema de la bilateralidad. Entonces no comprendemos en qué sentido se está afectando y también queremos que se profundice y se aclare.
Finalmente sólo les digo que de todos los contenidos de estos 34 ordenamientos se pudo atender el 40 por ciento de las reservas de los grupos parlamentarios, más de 400 reservas. Por eso son más de 600 hojas de este adéndum, por eso al PRD le queda claro que ese 80 por ciento que aportó con sus propuestas están ahí reconocidas y sin duda van a marcar una diferencia respecto de lo que el país necesita.
Sí, un Estado responsable, un Estado que regule, que promueva el desarrollo y no contra el conservadurismo y contra aquellos que están avalando, desde su rechazo, a esos poderes fácticos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra, el diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Alfonso Durazo Montaño: Compañeras y compañeros, compañero Presidente, gracias a todos. Quiero decirles primeramente que los promotores de la iniciativa en discusión, si bien aciertan en el diagnóstico, se equivocan completamente en la propuesta de solución.
Es cierto que uno de los problemas sistémicos de la economía mexicana, es la falta de crédito productivo, a pesar de las ganancias contrastantes, ganancia récord de la banca en México, en un contexto de crisis internacional y nacional, pocas de éstas se reinvierten en las pequeñas y medianas empresas.
En una combinación de avaricia, falta de reglas claras e incentivos económicos perversos, los bancos han preferido el negocio seguro de los préstamos gubernamentales y el fácil camino de exprimir, hasta ya no dar más, al crédito al consumo mediante comisiones abusivas y tasas de interés desbordantes.
¿Qué es lo que esencialmente propone el gobierno ante este panorama? Dar mayores atribuciones legales a la banca fortaleciendo sus mecanismos de cobranza para que tengan mayores garantías de pago y de cobro, que es lo que supuestamente les impide dar mejores condiciones de crédito en general.
No es de extrañarse que la propuesta fortalezca más a quienes más abusan. No podría ser de otra manera, dado que los únicos que fueron consultados para la elaboración de esta iniciativa, fueron los propios bancos.
En ninguna parte del proceso se escuchó la opinión de los micro y pequeños empresarios, de los emprendedores. Es por eso que esta iniciativa solamente incrementa el yugo económico con el que la banca los tiene sometidos, y es por eso que en Movimiento Ciudadano votaremos en contra.
Poco o nada hace esta reforma para atacar la dependencia de la banca por los créditos gubernamentales y contra la abusiva explotación de sus clientes a través de los créditos al consumo.
Si estas actividades pocas riesgosas y de altos réditos siguen estando disponibles, los bancos no tendrán ningún incentivo para modificar la distribución de su cartera de crédito hacia el sector productivo.
Según cifras del INEGI, en el año 2000 el crédito otorgado al sector público como porcentaje del crédito otorgado al sector productivo se encontraba cerca del 10 por ciento; 12 años después esta proporción se triplicó alcanzando el 30 por ciento.
Si tomamos en cuenta los recientes escándalos de corrupción, falsificación de reportes a la Secretaría de Hacienda y el dispendio de los gobiernos locales de los recursos sostenidos por vía de créditos en gasto corriente, es evidente que esta tendencia no puede continuar, basta citar el caso de Coahuila, emblemático, por cierto.
Asimismo el mito de que el problema de crédito en México se debe a la falta de exigibilidad de las garantías, no se sostiene. A marzo de 2013, según datos de la Comisión Nacional de Valores, la cartera vencida del sector empresarial se encuentra en el 2.5 por ciento.
En vista de las deficiencias en el enfoque mismo de la reforma financiera presentada y discutida hasta el momento, y con el objeto de subsanarlas, propongo a consideración de esta asamblea las siguientes consideraciones:
Así como se pretende fortalecer la exigibilidad de las garantías de los bancos, es indispensable penalizar de manera severa las prácticas anticompetitivas y los abusos hacia los clientes bancarios.
Limitar a los bancos a la adquisición de valores de gobierno a un porcentaje mínimo de los activos bancarios, para que de esta manera podamos incentivar a los bancos a superar sus ganancias a través del crédito al sector productivo y de las Pymes.
Eliminar por completo toda la serie de requisitos que tienen un efecto discriminatorio sobre las Pymes, y en el punto central de esta propuesta es revisar el proceso de ejecución de garantías propuestas hasta el momento, que atenta contra los más elementales derechos de los ciudadanos.
México requiere incrementar socialmente su tasa de crecimiento anual del PIB, pero este crecimiento sólo será posible entre otras cosas, atendiendo las necesidades de los más de cinco millones de empresarios que en su mayoría, los cuales no han sido siquiera escuchados por esta asamblea. Muchas gracias, sobre todo por su tolerancia, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar a favor, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, especialmente nuestros amigos de los medios de comunicación. He escuchado hoy un par de veces ya, alusiones expresas a consideraciones que tienen que ver con la reforma fiscal. Yo creo que vale mucho la pena aclarar que el día de hoy no estamos discutiendo si se van a elevar impuestos o no. A pesar de que pudieran parecerse, una cosa es la reforma financiera y otra muy distinta es la reforma fiscal. Hoy estamos hablando de la reforma que tiene que ver con el sistema financiero.
De ahí que veamos nosotros y distingamos que puede haber voces críticas, pero también puede haber voces equivocadas. Tenemos que fijarnos para ver de qué manera explotamos nuestra imaginación, nuestros conocimientos a fin de llevar a buen término reformas y políticas que puedan llevar a México a salir de un estado de estancamiento económico en el que se ha ubicado a lo largo de los últimos años.
Esta reforma, créanmelo –es una consideración personal- pero yo la estimo, junto con la reforma laboral, quizá como la más importante que hemos nosotros discutido a lo largo de estos meses con ese propósito, con el propósito de realmente impulsar actividades productivas, y tenemos que fijarnos como centro de esta reforma financiera de este gran paquete que se ha discutido entre todos los Grupos Parlamentarios, en un tema principal que es el capital.
Si nosotros queremos lograr que existan créditos más baratos, aquello en lo que tenemos que fijarnos es en que exista más capital dispuesto a destinarse a actividades productivas que generen este dinamismo de nuestra economía, que acabe por impactar de manera positiva en el bolsillo de todos los mexicanos.
¿Qué es lo que hacen las instituciones financieras, estos demonios de los cuales se viene a hablar aquí y que finalmente son los que acaban interviniendo en una posición de intermediación tan fundamental para el funcionamiento de nuestra economía? La banca no presta dinero propio, y algo de lo que no se ha hablado aquí es una nimiedad y quizá una obviedad, pero la banca presta el dinero de los ahorradores. Si queremos fortalecer el funcionamiento del sistema financiero, tenemos que ver también por la protección de los derechos y de los intereses de los ahorradores.
Los instrumentos que se le den a la banca y a las instituciones financieras para la recuperación de sus créditos, no tienen que ver con la protección del derecho de los banqueros. Tienen que ver con la protección y el resguardo de los recursos que provienen del esfuerzo y del trabajo de mucha gente que encuentra en la banca y en los depósitos bancarios un mecanismo de salvaguarda y defensa de su propio patrimonio.
De ahí que todos estos instrumentos de los que se habla ahora en el paquete de reformas financieras, finalmente lo que fortalecen es la estabilidad de un sistema que protege a los ahorradores e incentiva las actividades productivas, como no se ha dicho.
La reforma es una reforma pareja, ¿por qué? Porque no está viendo por alguno de los sujetos que intervienen en este complejo sistema en lo particular. Está viendo por todos de manera igualitaria y equilibrada. Ve por los ahorradores, ve por los usuarios de los servicios de crédito, ve por las instituciones y ve por la rectoría y fortaleza del Estado, en este propósito.
¿En qué sentido esta reforma está viendo por los usuarios de los servicios financieros? No solamente, y esto es únicamente un ejemplo que podríamos citar, está viéndose por la portabilidad de sus cuentas, se facilita que a partir de un esquema de competencia efectiva los usuarios, a través de depósitos bancarios, puedan irse con la institución bancaria que mejores rendimientos y mayores beneficios de carácter económico pueda ofrecerles.
Se ve por los acreditados, ¿en qué medida? Porque se le da a la Condusef las herramientas para poder emitir dictámenes con efecto de títulos ejecutivos, a partir de los cuales podría hacerse exigible una cantidad líquida de inmediato, a través de juicios mucho más expeditos con ese propósito.
Se ve, desde luego, a favor de las instituciones bancarias, quienes como intermediarias -termino, diputado presidente-, como instituciones intermediarias en este proceso de operaciones activas y pasivas entre ahorradores y usuarios del crédito, van a tener los mecanismos para acudir a juicio y poder recuperar, con mucho mayor facilidad, aquellas cantidades que hubieran prestado.
También el Estado va a tener una participación activa, ¿cómo? Regulando, participando e impidiendo cualquier cláusula abusiva dentro de los contratos de adhesión.
En suma, es una reforma, es un paquete de reformas, que de llegarse a aprobar, desde luego va a imprimir algo que nos interesa a todos, que es seguridad jurídica para todos los que participan en el sistema, y sobre todo, la posibilidad de que en el futuro los compromisos asumidos en este mercado de crédito y mercado de capital se honren y se cumplan para beneficio de todos aquellos que participan en él. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra la diputada Socorro Ceseñas, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Gracias a la Junta de Coordinación Política de esta LXII Legislatura, que tuvo a bien acotar el debate de un tema tan importante como es la reforma financiera.
Y decirles que es falso que se haya discutido y debatido a fondo y que se haya consensado con los diferentes sectores, incluyendo a la banca, incluyendo a los empresarios, incluyendo a los usuarios de créditos para poder tener como resultado una reforma financiera que realmente atienda de manera integral y puntual lo que México en este tema requiere.
Está omiso de todos los decretos el asunto de la transparencia. También, no se vigila el tema de los derechos laborales y es falso decir, se emula ahí que habrá más créditos, pero esta reforma que próximamente se votará y que las reservas, que serán en el número de las mismas, no serán pasadas por este pleno, pues no van a alcanzar los objetivos que se han presentado, de una y otra manera, ante spots mediáticos en la televisión, ante discursos del Poder Ejecutivo federal y de muchas y muchas voces y sectores de esta Legislatura y de otras partes de este hermoso país.
Es falso decir que habrá más crédito ni tampoco será más barato por parte de las instituciones de la banca comercial. A partir de la reforma financiera propuesta por el Ejecutivo federal y firmada por los integrantes del Pacto por México. No habrá más crédito y de eso nos vamos a dar cuenta tarde que temprano.
Son inexistentes, también, las medidas para canalizar crédito a los sectores que denotan crecimiento y el desarrollo de la economía y abaratar el costo de los servicios bancarios.
Lo que el Pacto por México propuso es simplemente apretar aun más el cinturón para los sectores que realmente tienen que apretárselo. Se hicieron modificaciones, ciertamente, pero pensaron que deslavar completamente las siguientes propuestas resulta realmente ingenuo.
Algunos hablan de reformismo, algunos hablan de que están muy contentos porque hay ciertas modificaciones. No es reformas a medias. No es solamente lo que pueda satisfacer a ciertos sectores de lo que son las finanzas en este país y sus instituciones. Es atender de fondo, tal y cual como fue la reforma en el artículo 3o y 73, atender de fondo la problemática. No se está atendiendo. No nos hagamos sordos ni sordas. No nos hagamos que sí se están atendiendo las instituciones.
Obviamente, ¿quiénes son los que en este país pueden ser sujetos de crédito y ya otorgándolo entran en dificultades para pagarlo? ¿Son los grandes poderosos? No. Es el gran sector de la población, de la clase media y de los pequeños y medianos empresarios los que tendrán y caerá sobre ellos la justicia con todo su peso.
Los dueños de los bancos estarán ahorita satisfechos porque solamente a ellos son los que está satisfaciendo esta reforma financiera que no atienda de manera puntual el tema que debe tocarse a fondo en cuanto a instituciones de crédito, en cuanto a instituciones financieras y todo lo que tenga que ver con las finanzas de nuestro país.
Es cuanto, señor presidente. Mi voto en contra y obviamente, de muchas compañeras y compañeros del PRD que sabemos qué es lo que demanda este país en el sistema financiero.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Compañeros y compañeras, estoy aquí para defender precisamente esta reforma financiera, que es una de esas reformas trascedentes e indispensables para que nuestro país salga del marasmo en el que se encuentra desde el punto de vista de la economía, de la sociedad, de la concentración de la riqueza y de la falta de oportunidades que existen hacia muchos de los mexicanos.
Es curioso ver cómo precisamente todos aquellos cuestionamientos de la situación por la que atraviesa la banca nacional, y que se utilizan por aquellos que están en contra de la reforma, son precisamente los puntos que esta reforma toca para resolver un problema de la gravedad como la que hoy tenemos.
El sistema financiero en México tiene características que limitan su contribución al desarrollo nacional. Hay una falta visión sistemática y clara acerca de cuál es el papel del sistema financiero como una palanca del desarrollo nacional, y que ha impedido su desarrollo impactando el diseño y rasgos estructurales en la arquitectura del sistema en sí.
La falta de competencia en los diferentes mercados de servicios financieros es algo pasmante. Estamos hablando de un oligopolio en el que cinco instituciones financieras concentran más del 70 por ciento del mercado, cinco, de las cuales cuatro son extranjeras.
Cinco instituciones financieras que por cierto ya no realizan su función de intermediación bancaria, sino que se han dado a la tarea simplemente de captar ahorro y utilizar esos recursos de muy bajo costo –por el cual y evidentemente hasta cobran comisiones– para invertir en bonos del gobierno y recibir grandes recompensas por esas inversiones sin que exista riesgo mayor.
Y, sin embargo, los ingresos de estas instituciones financieras, 30 por ciento de ellas, provienen de las comisiones que se le cobran al público en general en términos de todos los servicios que se le prestan.
Cómo es posible que nuestro sistema financiero en lugar de lucrar o de realmente cumplir con sus función de intermediario bancario, de intermediario entre un ahorrador dispuesto a hacer un préstamo y el que requiere de estos recursos, en lugar de cumplir con esa función se dedique exclusivamente al juego en la compra de bonos gubernamentales, que a final de cuentas le reditúan y son suficientes para financiar a sus matrices extranjeras cuando están atravesando por problemas.
Necesitamos un sector financiero comprometido con el país y ésta es la reforma que va a llevar a cabo esto; me sorprende, cómo estar en contra de una reforma que va a crear y está creando los mecanismos para que exista verdadera competencia y para que no sean solo cinco, sino muchas más las instituciones financieras que se presentan en el mercado, y que aun si bien no viene puntualizado es verdad que ya en las reformas traen medidas asimétricas que permiten efectivamente el que los bancos pequeños tengan capacidad de competir con los grandes bancos en muchos de los servicios que pueden prestar.
Cómo estar en contra de una reforma que fortalece a la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que le da dientes, que le permite que sus resoluciones se conviertan en títulos ejecutivos que pueda el consumidor, el usuario ejecutar y finalmente ver su derecho defendido.
Cómo estar en desacuerdo con la posibilidad de que efectivamente estas cláusulas abusivas que hoy existen en los contratos de crédito y en todo tipo de servicios sean declaradas abusivas y por lo tanto nulas.
Cómo no estar de acuerdo en que el Banco de México cumpla con su función de regular precisamente para que no se establezcan condiciones que al final de cuentas sean en detrimento del público en general.
Cómo no estar en contra de que deje de fungir el Banco de México como el mediador, en una colusión entre los cinco bancos mayores, sino que actúe como un verdadero mediador. Cómo no estar de acuerdo con el reconocer que al final de cuentas se requiere de mayor competencia.
Y esto es lo que precisamente trae esta reforma, esta posibilidad de que con mayor competencia los términos y condiciones de los servicios financieros puedan ser accesibles a la gran mayoría de los mexicanos para que exista verdadera competencia, para que efectivamente puedan tener a su alcance los recursos que requieren para salir adelante. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la voz, la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, La reforma que hoy nos ocupa tiene un alcance mayúsculo, por ello resulta importante destacar que el dictamen que tenemos en nuestras manos es producto, en primer lugar de los acuerdos alcanzados a través del Pacto por México; y en segundo lugar, de los acuerdos alcanzados en el seno de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda de esta Cámara, en donde las diferentes posturas de todos los grupos parlamentarios fueron incluidas.
El Grupo Parlamentario del PRI ha privilegiado el ánimo de diálogo y consenso, sabedores de que nuestro país necesita caminar por el rumbo de la civilidad y del desarrollo sostenido. Sin dobles discursos, sin demagogia y de cara a la sociedad, hemos venido vertiendo nuestros argumentos para darle a México la reforma financiera que necesita y para potenciar así la economía nacional e impulsar la economía popular.
Es necesario dejar en claro que la propuesta a discusión, propone un círculo virtuoso en donde todos, absolutamente todos estén beneficiados, en especial quienes tienen un pequeño y mediano negocio.
Prevé y mandata que los usuarios reciban servicios financieros de calidad, es decir acceso a las oportunidades crediticias, condiciones justas en los créditos, supervisión y regulación permanente de las autoridades, así como certeza y seguridad jurídica.
En suma, fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas, incrementar la competencia en el sector financiero y asegurar la solidez y prudencia del sistema financiero, es la mejor garantía de que nunca más las mexicanas y los mexicanos llevarán la peor parte de las crisis financieras. Es la mejor garantía de que no perderán su patrimonio, de que podrán hacer crecer sus negocios y que podrán asegurar un futuro para sus familias.
El impulso al crédito público y privado con reglas claras y justas, la necesaria y sana competencia entre las instituciones del sector financiero, tendrá como resultado tasas crediticias más baratas y servicios de calidad. Un sistema financiero en donde el Estado mexicano asume cabalmente su responsabilidad y rectoría y garantiza el desarrollo.
Esta reforma permitirá a las mexicanas y mexicanos obtener un empleo, establecer formalmente un negocio, hacer realidad un proyecto, adquirir una vivienda y formar un patrimonio. La reforma financiera que hoy aprobaremos está profundamente orientada a la ciudadanía, dando respuesta puntual a sus demandas y necesidades.
Los diputados de la CNC estuvieron impulsando siempre para que esta reforma en particular permita a la financiera acceder al fondeo de las fuentes que le autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que dicho fondeo se encuentre garantizado por el gobierno federal con la doble finalidad de ampliar su capacidad de otorgar un mayor volumen de crédito, actualmente limitado al monto de su capital social, y a obtener este fondeo a tasas que le permitan canalizar financiamiento a tasas más competitivas que las actuales.
Ésta es una propuesta que responde a la confianza depositada y que, por primera vez, después de muchos, muchos años, vincula la economía personal, la economía familiar y la economía nacional. Ésta es una reforma que mueve y moverá a México por la ruta del crecimiento económico y del desarrollo social. Entonces ¿sí se puede? Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión un total de 190 artículos. Dé cuenta la Secretaría de los artículos reservados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: artículo 1o., Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros; artículos 8 Bis, 11, 47 y 50 Bis, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT.
Artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 8o., 11, 12, 13, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 47, 49, 49 Bis, 50, 50 Bis, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 Bis 1, 60, 61, 65, 67, 68, 68 Bis, 68 Bis 1, 69, 70, 72, 72 Ter, 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 92 Bis, 92 Bis 1, 94, 96, 97, 99 y transitorios primero, segundo tercero y cuarto de la ley, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
Artículo 56 Bis, diputada Magdalena Núñez Monreal, PT.
Artículo 56 Bis, diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
Artículos 59 Bis 2 y 94, diputada Loretta Ortíz Ahlf.
Artículo 68 Bis y 92 Bis 2, diputada María del Carmen Martínez Santillán, del PT.
Artículo segundo del decreto Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Artículos 1o., 2o., 4o Bis, 6o., 9o., 10, 10 Bis 1, 10 Bis 2, 11, 12, 13, 13 Bis, 15 Bis, 17, 18 Bis 1, 18 Bis 2, 18 Bis 3, 18 Bis 4, 20, 22, 23, 29, 31, 32, 37, 38, 41, 41 Bis, 42 Bis, 43 Bis, 50 y 51, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
Artículos 10 Bis, tercero, 43 y 44, diputada Magdalena Núñez Monreal, del PT.
Artículos 18 Bis 9, 18 Bis 10, 18 Bis 11, 18 Bis 12 y 43, diputada Loretta Ortíz Ahlf, del PT.
Artículo tercero del decreto Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 117, diputada Claudia Bojórquez Javier, del PRD.
Artículo séptimo del decreto de Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Artículos 14, 16, 18, 19, 22, 31, 68, 108 Bis, 108 Bis 1, 108 Bis 2, 108 Bis 3, y transitorio décimo sexto de la ley, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
Artículo undécimo del decreto de Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 30, diputado Silvano Blanco Deaquino, del PRD.
Artículo 30, diputado Carol Antonio Altamirano, del PRD.
Artículo 30, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC.
Artículo 30 y 43 Bis, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
Artículo 42, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT.
Artículo 42, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del PRD.
Artículo 43 Bis, diputado Ricardo Cantú Garza, del PT.
Artículo duodécimo del decreto Ley Reglamentaria de la fracción VIII Bis, del Apartado B; fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3o., diputada Luisa María Alcalde Luján, de MC
Artículo décimo tercero del decreto Ley Orgánica de Nacional Financiera.
Artículo 5o., diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
Artículo décimo quinto del decreto Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 17 y 17 Bis, diputado Carol Antonio Altamirano, del PRD.
Artículo décimo séptimo del decreto Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
Artículos 2o., 3o. y 7o, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
Artículo décimo noveno del decreto de Ley Orgánica de la Financiera Rural.
Artículo 2o, 4o, 7o, 9o y 10o, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.
Artículo vigésimo segundo del decreto de Código de Comercio.
Artículos 1055 Bis y 1392, diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo, del PT.
Artículo 1070 Bis y 1391, diputado Jorge Sotomayor Chávez, del PAN.
Artículos 1168, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 y 1176, diputada Loretta Ortiz Ahlf, del PT.
Artículo 1168, Ricardo Mejía Berdeja, de MC.
Artículo 1170, diputado Ricardo Monreal Ávila, de MC.
Artículo 1171, diputado Francisco Coronato Rodríguez, de MC.
Artículo 1172, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de MC.
Artículo 1178, diputada Lorena Méndez Denis, de MC.
Artículo 1179, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de MC.
Artículo vigésimo octavo del decreto de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Artículos 8 Bis 1, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de MC.
Artículo 45 Bis 17, 63, 94 Bis 1 y 95 Bis 1, diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC.
Artículo 72, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de MC.
Artículo trigésimo primero del decreto de Ley de Instituciones de Crédito.
Artículos 29 Bis 8 y 53, diputado José Luis Muñoz Soria, del PRD.
Artículo 50 Bis, diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de MC.
Artículo 96 Bis 1 y 271, diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC.
Artículo 119, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de MC.
Artículo 119 y 279, diputado Juan Luis Martínez Martínez, de MC.
Artículo 276, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC.
Artículo 278, diputado Francisco Coronato Rodríguez, de MC.
Artículo trigésimo sexto del decreto de Ley de Sociedades de Inversión.
Artículo 14 Bis 1 y 80 Bis, diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC.
Artículo trigésimo noveno del decreto de Ley de Mercado de Valores.
Artículo 226 Bis, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del PAN.
Artículo cuadragésimo primero del decreto Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 4o., diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Artículo cuadragésimo tercero del decreto de Ley del Banco de México.
Artículos 26, diputada María del Carmen Martínez Santillán, PT.
Artículo 29, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Artículo cuadragésimo cuarto del decreto de Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Artículo 21, Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Artículo 21, diputado Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano.
Artículo cuadragésimo quinto del decreto de Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Artículo 29, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Artículo cuadragésimo sexto del decreto de Ley Federal de Instituciones de Finanzas.
Artículo 15, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Artículo cuadragésimo séptimo del decreto de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Artículos 50 y 51, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Artículo cuadragésimo octavo del decreto de Ley de Inversión Extranjera.
Artículos 7o y 8o, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Artículo quincuagésimo del decreto de Disposiciones Transitorias.
Todo el artículo, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Blanco Deaquino, ¿con qué objeto? Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 381 votos a favor, 14 abstenciones y 63 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputada secretaria, nos hace el favor de recoger la votación.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De viva voz.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): A favor.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Son 383 votos a favor, 14 abstenciones y 63 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículo no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley de Agrupaciones Financieras por 383 votos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra por tres minutos el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación a los artículos 8 Bis, 11, 47 y 50 Bis. Toda vez que presentará cuatro reservas en un solo acto seremos tolerantes en el tiempo. Adelante.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Los anteriores de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, gracias, presidente. Pues ya acaban de votar la ley en lo general, pero es bueno que ustedes sepan a ver hasta dónde en el debate –la verdad tengo mis dudas– pueden enmendar cosas. Es necesario que sepan esto. La gente que nos escuche seguramente lo sabe, porque lo sufre. Ustedes no creo, están en el aire, están fuera de contacto con la realidad.
Miren, pero hay que estudiar, fíjense este estudio, que es la base de la pirámide, población de bajos ingresos en México 2013, de la firma De la Riva Group. Si ordenamos a la población de México en una pirámide el grueso de la base se construye por 57 por ciento de la población, cuyos ingresos mensuales familiares fluctúan entre 3 mil y 13 mil pesos, ingresos familiares.
Los mexicanos de la base de la pirámide se caracterizan por no ahorrar, 8 de cada 10 de ellos respondieron que no les alcanza, en tanto uno de cada cuatro ahorra en tandas porque con ese mecanismo creen tener mayor disponibilidad de efectivo.
Bravo Cajal detalló que en el caso de la gente que no ahorra 43 por ciento mencionó que desconfía de los bancos, mientras que cinco de cada 10 guarda el dinero en casa y solo cuatro por ciento utiliza cajas de ahorro.
Fíjense, esto es muy importante, porque en lo que viene de debate que a ustedes no les da piedad el pueblo de México, pero hoy tienen que saber cómo vive el pueblo de México, porque ustedes no saben, no se juntan con el pueblo de México, no representan al pueblo de México; incluyendo a otros compañeros de la izquierda que también se están alejando mucho del pueblo de México y que últimamente andan muy pactistas con el PRI y el PAN.
Destinan los mexicanos la mayoría de sus ingresos al pago de renta y servicios de predial, luz y electricidad, a gastos relacionados con la escuela de los integrantes de la familia y alimentos y transportes para ir al trabajo, cubren gastos básicos y cuando hay un ingreso adicional modifican el consumo de los básicos, si un día se come arroz, al otro día podrían comer carne o destinarlo a actividades de entretenimiento.
En todos los foros de discusión sobre la iniciativa de la reforma financiera, que organizó esta Cámara de Diputados y en las reuniones de sus grupos parlamentarios, se escuchan a representantes de una Banca muy diferente a la que vemos a diario y cuyos promocionales inundan el espacio publicitario.
Sin duda, como se acostumbra en el régimen del spot y de la mentira prometen lo que no será, prometen una expansión del crédito a menor costo y con mayor eficiencia, son las mismas ideas que animaron la desregulación de la actividad bancaria cuando se impuso el neoliberalismo mexicano por ya saben quien, el patrón del que es presidente de la República, ya ustedes saben de quien hablo.
En realidad el verdadero objetivo es más prosaico y consiste en eliminar algunos obstáculos legales para hacer más rápido el proceso de ejecución sobre las garantías en caso de impago por parte de los deudores.
El objetivo de extender el crédito a un costo accesible es algo absurdo en el caso de una economía tan fracturada como la mexicana. Para empezar, el nivel de las remuneraciones y salarios es tan bajo que la expansión del crédito implica en un primer momento colocar a la población a merced de los bancos; y en una segunda fase aumentar el volumen de la cartera vencida, así como la cartera incobrable.
Si se quisieran mejorar las condiciones de vida de la población, cosa que a ustedes no les interesa, no es con un crédito accesible como se puede lograr este objetivo, lo que se necesita es una política de ingresos con mejoras salariales significativas y una política macroeconómica comprometida con el crecimiento y el empleo.
Las cosas hay que decirlas como son, porque ustedes tienen una idea de confundir a la población. Primero dicen: Banco de México. No, eso es una mentira; es Citigroup, nombre en inglés, ya saben que no es de mexicanos, ni tampoco Bancomer; bueno ya otros en el nombre, Santander, Scotiabank, es una banca de extranjeros. Evidentemente que la actividad bancaria es de lo más rentable del mundo porque el costo de creación monetaria es muy reducida. Ése es el negocio de la banca.
Ciertamente el país necesita una reforma financiera, pero no una que hable de incrementar el crédito en una economía empobrecida y con una inserción en la economía internacional basada en salarios de hambre.
Se requiere una reforma que rompa con la subordinación frente al capital financiero y obviamente que eso el virrey de este país –algunos dicen que es el verdadero ejecutor de las políticas-, que es el señor Videgaray, que es el que verdaderamente tiene las ideas, porque dicen que Peña Nieto es florero. No manda, no nada; nada más está al spot, a las órdenes de la televisión y no. El que ejecuta es el otro; el que ejecuta un poco más de ideas impiadosas, evidentemente impiadosas, es el virrey Videgaray el que verdaderamente manda aquí. Del otro, ya saben. Unos le dicen que es hasta el pelele 2.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortéz: Permítame, diputado; permítame por favor. El señor diputado está presentando cuatro reservas en un solo acto. Continúe el orador.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Voy a culminar. Yo sé que les inquieta mucho que hablemos de estas cosas evidentemente, por eso digo que las cosas hay que decirlas como son.
Ustedes están generando una política donde ya el presidente tendría que ser declarado inexistente sobre todo si consumaran la reforma energética, porque entonces sí ya el presidente tendría funciones de limpiar la basura, de policía, pero nada que permita el desarrollo económico y financiero de la población.
Ustedes están legislando para masacrar a la población. Ahora van sobre las clases medias, sobre los pequeños empresarios. En eso está Videgaray asesorado por Aspe, que son los que mandan en este país, empujando al otro a que aparezca en el spot diciendo todas estas mentiras que oímos día con día.
Ustedes evidentemente no legislan, ustedes nada más vienen aquí a levantar el dedo a lo que les digan y así es. Pero nosotros tenemos la obligación de proponer aunque sabemos que son impiadosos ustedes, que son insensibles, que no van a legislar en beneficio del pueblo, pero les proponemos.
Miren, para efecto de garantizar el acceso a información fundamental en la toma de decisiones de los usuarios del servicio bancario, el buró de entidades financieras deberá de contener la información que derive de las funciones de supervisión, inspección y vigilancia de la propia Comisión Nacional, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, derivado de las visitas de inspección, de la investigación de hechos, actos u omisiones en las que sean parte las entidades financieras que se reportan.
Asimismo, debería de publicitarse la información del Comité de Estabilidad Bancaria en relación con los artículos 29 Bis; 6 a 29 Bis y el 12 de la Ley de Instituciones de Crédito del dictamen que presentan. En su caso el grupo financiero empresarial o consorcio o bien los vínculos de negocios o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo cuarto, artículos 45 O, 45 S y 45 T.
Lo mismo en el artículo 11, fracción V Bis, dentro de las facultades de la comisión, se modifica la fracción V Bis del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros para establecer la máxima publicidad en el ejercicio de acciones colectivas para lograr una mayor protección de usuarios. Esto permitirá el mayor acceso a la suscripción de acciones colectivas por los usuarios de servicios financieros.
Y propondríamos un cambio en el artículo 47, en los tiempos, para reducir a 24 horas y no a 30 días hábiles que injustificadamente ustedes propone para tener un principio de oportunidad e inmediatez en el acceso a la información útil por parte de los usuarios del sistema financiero.
Pero estas propuestas ustedes olímpicamente las van a votar en contra porque insisto, ustedes aquí vienen nada más a levantar el dedo, bueno, ahora ya no es cierto, no son levanta dedos, ahora son legisladores digitales; con su huellita nada más van a votar a favor de lo que les digan los consorcios internacionales, los banqueros internacionales que son los patrones del jefe de la mafia de este país que ustedes ya saben quién es y que es patrón del que es presidente de la república. Allá ustedes.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, para presentar reserva al artículo 1o., del decreto, relativo a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que comprenden 57 artículos la reserva; artículo 2o., del decreto de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, relativa a 31 artículos, y finalmente el artículo 7o., del decreto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, relativo a 12 artículos.
Presentará la diputada en un solo acto, reserva a 100 artículos. Tiene el uso de la voz la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo hasta por 15 minutos.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Agradezco a las compañeras y compañeros diputados que están en este pleno, agradezco su atención, por supuesto a todos mis compañeros, para escuchar estas reservas.
Cuando supimos en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía social, yo como presidenta de esta comisión, junto con el resto de las compañeras diputadas y diputados, que venía una reforma financiera que era una reforma profunda, de las llamadas estructurales, creímos que era una gran oportunidad esta reforma financiera, este paquete de reforma financiera. Y lo creímos porque pensábamos que se tomaría en cuenta al llamado tercer sector de la economía, que se tomaría en cuenta, así como lo establece el artículo 25, en su párrafo séptimo, que uno de los carriles por el que debe desarrollarse el país, la nación, es precisamente el del sector social; el sector privado, el sector público, pero el sector social.
Por qué, se preguntarán, tantas reservas a tantos artículos. Pues decirles que no fue tomado en cuenta este párrafo séptimo del artículo 25, donde establece que uno de los factores de desarrollo del país es el sector social.
Por ello estas 100 reservas de este paquete, porque creemos que son importantes e indispensables para poder abatir lo que se dice ahora, que hay que reconstituir el tejido social, que hay que combatir y hay cruzadas contra el hambre. Porque necesitamos darle los elementos y las herramientas a ese tercer sector de la economía donde se encuentran las cooperativas, los ejidos, los sindicatos, donde puedan ellos constituirse y puedan caminar, donde puedan auto-organizarse.
Por ello creemos que estas reservas a todas estas iniciativas son complementarias a esta gran reforma financiera. Son complementarias y precisamente hoy me encuentro aquí porque soy portadora de esas propuestas de las cajas de ahorro y préstamo y del llamado tercer sector de la economía, el sector social.
Hace unas semanas presenté una iniciativa que tiene que ver con el banco social. Creemos que es importante, como ha sido la tendencia social, el hecho de que exista la llamada banca ética, banca verde, banca sostenible, banca sustentable, que es una tendencia mundial en los últimos años y que ha sido exitosa. Que pudiéramos tomar ese modelo para poder tener, por primera vez en México, una banca social.
Esa iniciativa fue presentada en la Permanente y no fue tomada en cuenta para esta reforma financiera, junto con otras cuatro iniciativas que también presenté en la Permanente que tienen que ver precisamente con este reconocimiento a las cajas de ahorro y préstamo, con este reconocimiento al tercer sector de la economía.
Por ello expongo cada una de las propuestas, las cuales se encuentran correlacionadas en los artículo 1, relativa a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; 2, sobre la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; 7 en lo referente a la Ley que Regula las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 11, sobre la Ley de Instituciones de Crédito; 13, la Ley Orgánica de Nacional Financiera; 16, en lo referente a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y 19, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, ahora llamada la Ley Orgánica de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero, todo sobre el papel del sector social de la economía en la reforma financiera.
El eje rector de todas estas propuestas, compañeras y compañeros diputados, es el reconocimiento de la participación del sector social en el Sistema Financiero en México, y comprende reformas y adiciones a las siguientes leyes:
Leyes relacionadas con la regulación de Condusef; Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros; Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La institución encargada de la aplicación de estas leyes es la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Condusef, que se propone incluir en ambas leyes, además de lo que propone el Ejecutivo, el reconocimiento de la definición de entidad del sector social para cooperativas de ahorro y préstamo y su trato diferenciado, ya que son tratados igual como bancos y tienen otra naturaleza.
La posibilidad de la participación con opinión del sector al expedir disposiciones reglamentarias a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios, Condusef; disminuir el monto de las sanciones para entidades del sector social, ya que les vuelvo a decir, son consideradas como bancos cada una de las cajas de ahorro y préstamos, y esto está siendo en este momento un gran problema y está negando la existencia de muchas cajas de ahorro y préstamo que tengan esa posibilidad de poder ahorrar y poder tener créditos de sus cajas de ahorro.
La inclusión de un capítulo específico para entidades del sector social a fin de explicar la operación de este tipo de organismos del sistema financiero.
En las leyes relacionadas con la banca de desarrollo como son: la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, Bansefi; en la Ley Orgánica de Nacional Financiera; en la Ley Orgánica de Financiera Rural; en la Ley de Instituciones de Crédito; en estas leyes también estamos proponiendo crear un sistema de garantías por medio de la banca de desarrollo a fin de incrementar el crédito para el sector rural y poderle ofrecer en condiciones accesibles en cuanto a tasas de interés.
En la ley que establece la regulación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es esta ley la que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, proponemos, además de lo que ya propone el Ejecutivo, lo siguiente:
La obligación de constitución de fondos de garantía a fin de hacerle congruente con las leyes orgánicas de Nafin, Bansefi, Financiera Rural; la obligación de emitir regulación que facilite el otorgamiento de crédito disminuyendo las reservas líquidas que establece la regulación; emitir regulación de carácter temporal que permita el fortalecimiento del índice de capitalización de las sociedades cooperativas a fin solventar crisis transitorias, así como el período de transición en que actualmente se encuentran todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que por ley tienen que presentar su solicitud de autorización antes del 31 de marzo del 2014.
Como conclusión podemos señalar que los objetivos de las propuestas son los siguientes:
1. Fomentar el crédito a través del acceso directo de las cooperativas de ahorro y préstamo a la banca de desarrollo.
2. Adecuar el marco legal regulatorio a fin de que la regulación se implemente atendiendo la capacidad económica y administrativa de este tipo de organismos, para no comprometer su viabilidad tratándose de la competencia de Condusef y de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
3. Crear fondos de garantía para ampliar cobertura del crédito en el sector rural y de la micro y pequeña empresa.
Están expuestas estas reservas porque les vuelvo a reiterar que no fue contemplada, no ha sido visibilizado el potencial que tiene el tercer sector de la economía. Me da mucha tristeza que en esta gran oportunidad no se hayan contemplado las iniciativas, las propuestas que he presentado hace ya algunas semanas y que de lo que estamos hablando es de que tenga una mayor gobernabilidad este país, que tenga menos índices de violencia, que tenga menos índices de pobreza y pobreza extrema que ha venido creciendo año con año, según datos oficiales del Coneval, y que podemos desde aquí poner un marco jurídico que pueda dar el acceso a los créditos, que pueda dar el acceso a proyectos de impacto social, a proyectos ambientales; que pudiera tenerse una banca social que tuviera este eje rector, que tuviera como lo tienen otros países, la banca ética, la banca social, la banca sustentable y que por qué no tenerla en México.
Estamos en pañales en muchos aspectos de lo que han avanzado otros países y es nuestra obligación como legisladores tener este marco jurídico, este andamiaje jurídico que pueda dar viabilidad a mucha gente que no tiene el acceso a los créditos, y que es la oportunidad ésta de este paquete de reformas financieras, de poderlo incluir.
Esa responsabilidad la tenemos todos nosotros como legisladores y como representantes del país. Eso está incluido y está visibilizado desde el Constituyente en el artículo 25, que es un carril que hace falta en el país, que hace falta que tengamos la visión de nación para poder incluir a miles y millones de mexicanos que sin estas reservas están condenados a que no existan, a que no tengan esa posibilidad de organización y necesitamos esa forma de organización, de auto organización de la población en la que no han necesitado de ninguna banca privada, que no les da el acceso ninguna banca privada y que con sus propios recursos están haciendo viables muchos proyectos productivos en el campo, en las lejanías.
Por eso llamo a su sensibilidad para que pongamos atención en esto y espero de igual manera que pronto en este país exista ese banco social. Es una deuda histórica que se tiene, no ha existido nunca en el país una banca social y son temas de tendencia mundial, como vuelvo a repetir, que han sido exitosos.
Yo espero que pueda hacer ese llamado a su sensibilidad y que podamos trabajar juntos para un mejor país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, diputada.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva relativa al artículo 56 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. La presente reserva tiene por objeto establecer las prácticas abusivas de las instituciones financieras, con la finalidad de otorgar mayor certeza a los usuarios de los servicios financieros.
En la práctica, las instituciones financieras no actúan en beneficio del usuario y es por ello que consideramos oportuno proponer que la Comisión Nacional, mediante disposiciones de carácter general pueda establecer lineamientos, casos y supuestos de prácticas abusivas.
Consideramos de suma importancia definir a las prácticas abusivas como cualquier documento, acto u omisión que lleven a cabo las instituciones financieras en el ofrecimiento, comercialización, contratación y operación de cualquier producto o servicio financiero, aprovechándose de la falta de conocimiento de los usuarios que los perjudique en sus derechos o los afecte en su patrimonio.
Por ello, proponemos tres párrafos que se adicionen al artículo 56 Bis, que a la letra dice: Independientemente de lo anterior, la Comisión Nacional, mediante disposiciones de carácter general que emita con el acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá establecer lineamientos, casos y supuestos de prácticas abusivas de las instituciones financieras. Por prácticas abusivas se deberá entender cualquier documento, acto u omisión que lleven a cabo las instituciones financieras en el ofrecimiento, comercialización, contratación y operación de cualquier producto o servicio financiero, aprovechándose de la falta de conocimientos de los usuarios, que los perjudique en sus derechos o afecte en su patrimonio. La regulación, supervisión y supresión de cláusulas y prácticas abusivas en materia de productos y servicios financieros queda encomendada a la Comisión Nacional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar su propuesta de modificación al 56 Bis de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros.
El diputado José Luis Valle Magaña: Compañeras, compañeros legisladores, con motivo de la crisis del año de 1994 ocurrió el llamado rescate bancario mediante el cual se sanearon a los bancos para que fueran ofrecidos a la banca extranjera y cuyas consecuencias aun pagamos hoy en día.
Lo cierto es que en esa época se manifestó que el rescate y venta de los bancos tendría como consecuencia la reducción en el cobro de las comisiones por parte de los bancos. Lo cual resultó, como todos sabemos, completamente falso.
Al día de hoy los usuarios mexicanos pagamos las comisiones más caras del mundo. Al día de hoy las filiales mexicanas del banco americano Citgroup, Banamex, y el español Santander, representan los mayores ingresos para dichos consorcios, pues aunque las centrales reporten pérdidas, los ingresos de las filiales mexicanas disminuyen en gran medida las pérdidas globales.
Las diferencias existentes entre las comisiones cobradas por los mismos bancos en diversos países contrastan gravemente con las cobradas en México, pues existen notables diferenciales, llegando a ser de más del 10 por ciento.
Este fenómeno deriva de distintas situaciones, como el control particular sobre el grueso de las operaciones por parte de, únicamente, cinco bancos. Pero igualmente destaca la existencia de un ente regulador débil frente al poder de las instituciones de crédito.
La debilidad del ente regulador tiene una estrecha relación con la ausencia de los mecanismos normativos que le permitan tener una mejor regulación de los poderosos entes regulados.
Pareciera que existe un acuerdo entre el gobierno federal y la banca, pues al día de hoy, en que se publicita una llamada reforma financiera, que supuestamente pretende la reactivación del flujo del crédito, y en general, mejorar las condiciones generales del sistema financiero, observamos de nueva cuenta la ausencia de normas que inhiban los abusos de la banca a los usuarios.
Es más, lejos de existir un instrumento para inhibir este comportamiento ventajoso se regula el garantizar que el ente regulador se encuentre impedido para establecer parámetros que impidan el cobro excesivo de comisiones. Pues en el artículo que por este medio se reserva se dispone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer lineamientos que regulen las cláusulas de los contratos de adhesión, salvo lo relativo a las tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que implique una contraprestación recibida por las instituciones financieras.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la banca la siguiente reserva.
Único. Se reforma el artículo 56 Bis, tercer párrafo de la Ley de Sociedades de Inversión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la ley para regular las agrupaciones financieras para quedar como sigue:
Artículo 56 Bis. Las disposiciones referidas en el párrafo anterior podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones de los contratos de adhesión, en lo particular las tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por una institución financiera por la operación de que se trate. Hasta aquí esta reserva.
Y nada más hacer un comentario respetuoso, de quienes están atentos a esta sesión tan importante, donde lo que se ve es que si a los propios legisladores, independientemente de que seamos o no seamos de los grupos mayoritarios, no se nos escucha, no se nos atiende, pues seguramente al pueblo –que es para quien trabajamos y debemos legislar– mucho menos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten a discusión. Se desechan. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar sus reservas al artículo 59 Bis 2 y 94. De la misma Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es la que estamos discutiendo, diputada.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Sí. Con la venia, de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reserva que presento tiene por objetivo adicionar un artículo 59 Bis 2 y al 94 una fracción XV.
Estamos convencidos de que cualquier forma de discriminación atenta contra la dignidad humana. No debemos permitir que estas prácticas sigan existiendo en nuestro país en ninguna de sus modalidades. Conscientes de que el sistema financiero no está exento de dicha actividad es por lo que proponemos la siguiente reserva al dictamen.
La presente reserva tiene por intención el establecer la prohibición a las instituciones financieras de negar o condicionar al usuario el ofrecimiento o contratación de productos, operaciones o servicios financieros por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religiosa o cualquier otra particularidad.
Asimismo, se establece que la Comisión Nacional coadyuvará con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en las controversias que se susciten. Con esta reserva se pretende establecer un marco normativo que garantice desde cierta perspectiva el desarrollo equitativo de toda la sociedad considerada desde la aceptación de la diversidad de las personas.
De esta forma el texto propuesto señala: Las instituciones financieras no podrán negar o condicionar al usuario el ofrecimiento o contratación de productos, operaciones o servicios financieros por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religiosa o cualquier otra particularidad, por lo que todos los usuarios deberán tener acceso a todos los productos, operaciones o servicios financieros ofertados sin distinción alguna.
Las instituciones financieras no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los usuarios del producto, operación o servicios, tales como: selección de clientela, condicionamiento de la contratación, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad, minorías, y otras prácticas similares.
Dichas instituciones en ningún caso podrán aplicar o cobrar conceptos diferentes a los autorizados o registrados para los usuarios en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria; tampoco podrán aplicar o cobrar conceptos extraordinarios o compensatorios a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal.
Las instituciones financieras están obligadas a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los productos, operaciones o servicios que ofrezcan; dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrán establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente les corresponden al discapacitado como usuario.
Cualquier controversia relacionada con el presente artículo quedará sujeta a lo establecido por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se hará del conocimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para lo cual la Comisión Nacional podrá coadyuvar para su trámite.
Por su parte, el 94, se adiciona en el sentido de establecer una multa de 500 a 2 mil días de salario a la institución financiera que no atienda lo establecido en el artículo que se pretende adicionar, 59 Bis 2. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar sus reservas a los artículos 68 Bis y 92 Bis 2, de la misma Ley de Protección y Defensa del Usuario de los Servicios Financieros.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: El propósito de la reserva planteada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es incrementar el monto de las unidades de inversión bajo las cuales la comisión podrá emitir un dictamen a favor de los usuarios de los servicios financieros.
En el dictamen se establece en el artículo 68 Bis, párrafo cuarto, que el dictamen solo podrá tener el carácter de título ejecutivo en el asunto por cuantías inferiores al equivalente en moneda nacional a 50 mil unidades de inversión, que a la fecha y en pesos significa un monto aproximado a los 250 mil pesos.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone que las cuantías se eleven a 900 mil unidades de inversión que ascienden a 4 millones 500 mil pesos aproximadamente; de igual manera tratándose de instituciones de seguros mutualistas o administradoras de fondos para retiro se establece que: la cantidad deberá ser inferior a 100 mil unidades de inversión.
Nuestro grupo parlamentario propone que este monto sea incrementado a 1 millón 800 mil unidades de inversión que representan una cantidad de 8 mil millones 900 pesos.
Como se puede apreciar pretendemos ampliar el derecho de los usuarios de los servicios en los montos propuestos para que puedan defenderse de los abusos u omisiones en que ocurran en las instituciones en perjuicio de los usuarios.
Es de precisar que los montos propuestos en el dictamen limitarían el derecho de los usuarios para gozar de la figura del título ejecutivo, por ello el objeto de la presente redacción.
Debemos de reconocer que en este preciso momento con las vigentes aplicables, las instituciones financieras y de seguros cuentan con títulos ejecutivos que aplican sin miramiento en perjuicio del deudor. Con esta propuesta nuestro grupo parlamentario pretende otorgar al deudor el mismo derecho para poder tramitar embargos, unos bienes de las instituciones. Eso es referente al artículo 68 Bis del cual nuestra fracción manifiesta lo mencionado.
El artículo 26 dice que en esta reserva tiene por objeto establecer una forma de autofinanciamiento para la Comisión Nacional. Proponemos facultar a la comisión para que pueda cobrar cuotas ordinarias y extraordinarias a las instituciones financieras sujetas a supervisión, así como destinar todos los activos que acuda por concepto de dichas cuotas para cubrir parte de su presupuesto.
Con esta propuesta pretendemos fijar un precedente que pueda servir para que otras instituciones puedan autofinanciarse, al mismo tiempo que de manera indirecta motivan a las instituciones financieras a no caer en alguna falta que pueda generar el cobro de alguna cuota.
Uno de los ejes de la forma que está aprobada en esta sesión, versa en fortalecer las atribuciones de la Condusef para que sea un verdadero órgano regulador y pueda limitar hasta donde sea posible los excesos y malas prácticas en que ocurren las instituciones financieras.
Permitir que la Condusef reciba recursos a través de las cuotas aquí contemplada, le permite contar con más recursos y de esa manera sus acciones de supervisión y de defensoría de los usuarios de la Banca y de las instituciones de seguros, podrán ser un mecanismo eficiente y sin riesgos de no lograr sus objetivos de creación.
Es pertinente reconocer que este tipo de acciones son los elementos que desde hace mucho tiempo los usuarios necesitan para generar credibilidad, certeza en la defensa de sus derechos.
Nos queda claro que en este momento se está dando la lucha que por años se ha planteado. Esta lucha tiene que ver con dar un trato equilibrado entre las instituciones y los derechohabientes de ellas.
De manera directa tenemos que decirlo. A estas alturas, nuestro país sólo ha dado muestras de contar con un Estado que deja desprotegida a toda la persona con algún tipo de conflicto frente a alguna de esas instituciones rapaces y sin escrúpulos en la mayor de las veces, obteniendo incluso sólo el beneficio de algún pleito a todas luces sentenciado beneficio a las instituciones.
Por las consideraciones antes expuestas, proponemos las modificaciones de este artículo en beneficio de los usuarios de la Banca de este país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite, se desecha. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Magdalena Núñez Monreal, para presentar sus reservas al artículo 10 Bis, 3, 43 y 44 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
No se encuentra la diputada Núñez Monreal. Bueno, se refieren al mismo ordenamiento, le voy a dar el uso de la voz a la diputada Loretta Ortíz Ahlf, para que presente sus reservas a los artículos 18 Bis 9, 18 Bis 10, 18 Bis 11, 18 Bis 12 y 43 del mismo ordenamiento.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Gracias. Con la venia de la presidencia. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de suma importancia legislar en beneficio del ciudadano y es por ello que proponemos la presente reserva al dictamen.
Con el ánimo de beneficiar al usuario estamos proponiendo que cuando se constituya garantía real en los créditos, préstamos o financiamientos que otorguen las instituciones financieras, ésta no podrá ser mayor al 150 por ciento del crédito otorgado originalmente, teniendo que haber una relación máxima del 1.5 al 1 respecto al crédito que se está otorgando.
Asimismo es nuestra intención regular los ingresos de las comisiones que cobren las instituciones financieras anualmente, estableciendo que dichos cobros se tendrán que destinar el 0.1 por ciento a programas de educación financiera y al menos un 20 destinarlo al otorgamiento de crédito productivo, así como en los casos en que las instituciones del total de las inversiones que tengan en certificados de Tesorería de la Federación, se propone que se les obligue destinar el 50 por ciento a crédito productivo.
Por último, la reserva tiene por objeto establecer que las tasas de interés de referencia de las operaciones pasivas de las instituciones de crédito de las sociedades financieras populares y de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, deberá ser la tasa de rendimiento en colocación primaria de los certificados de la Tesorería de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten; se desechan. Ahora dentro de este mismo capítulo Fortalecimiento a Condusef, pero ya en otra ley, en razón de que no ha llegado la diputada Magdalena Núñez Monreal, entendería que estas reservas fueron retiradas.
Tiene la palabra la diputada Claudia Bojórquez Javier, del PRD para presentar su reserva al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La diputada Claudia Bojórquez Javier: buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Medios y comunicación y escasos diputados en el pleno el día de hoy a esta hora. Es lamentable que estemos tocando temas que definen la economía y la situación financiera de nuestro país y que nos veamos negados en el interés para venir no solamente a debatir, sino siquiera para escuchar lo que las izquierdas o lo que el pueblo y el ciudadano necesita, que es ser defendido de todos ustedes.
Históricamente, el Congreso y las legislaturas locales han tenido impedimentos para acceder a información de la deuda pública, como fue cuando el famoso Fobaproa, creado en 1990 y por el cual a finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana, y recientemente la negativa de solicitud de información que el Congreso de la Unión realizó el 23 de enero del año en curso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que rindiera un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios, y en ambos casos sus organismos descentralizados. Qué porcentajes representan esos créditos de sus operaciones locales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos.
La contestación fue que este órgano desconcentrado se encuentra impedido legalmente para cumplimentar el requerimiento realizado por la Comisión Permanente en los términos formulados.
Es necesario que el Poder Legislativo sea capaz de superar sus propias limitaciones para que, en el ejercicio de sus funciones y compromisos de cara a la nación, pueda ejercer un adecuado diagnóstico que genere las leyes que necesita este país, además de rendirle cuentas a sus electores, pero sobre todo para evitar la simulación y la impunidad, como el día de hoy, a fin de establecer los incentivos adecuados para que se responsabilice a las entidades federativas, municipios, integrantes del sistema financiero y calificadoras crediticias a que asuman los costos de sus inadecuadas decisiones e incluso de las faltas que cometen.
Por lo tanto, se hace imperioso plantear un cambio en el acceso a las solicitudes de información en materia de empréstitos federales y locales para que el Congreso de la Unión tenga la capacidad de ser un poder vigoroso y respetado en el país.
Se necesita que el Congreso no tenga impedimentos legales para que se conozca el monto real de la deuda de estados y municipios, pues es un problema que se ha desatendido, pese a que puede poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano.
El Banco de México ha reconocido que hay algunos bancos pequeños expuestos por deudas de estados y municipios, lo que puede generar un riesgo sistémico. Por eso, se debe obligar a los bancos a informar al Poder Legislativo con quién contrata deuda y en qué condiciones.
Si aspiramos a un Estado plenamente legal, fiscal y administrativamente eficiente y a adoptar el camino de la modernidad, se debe rescatar y buscar lo público para enfrentar viejas limitaciones de la decisión y gestión gubernamental.
Dejar atrás la tentación patrimonialista, las tendencias centralistas como el actual gobierno quiere hacer, el descuido del recurso y los bienes públicos construyendo nuevas políticas públicas que fortalezcan las instituciones democráticas del país y vigorice la función del Poder Legislativo, evitando la desilusión de los ciudadanos y el demérito y golpeteo de los poderes fácticos a los representantes del pueblo y de los estados que minan la democracia de México.
Por este conducto y con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo modificar la fracción I, IV y V en el dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
Artículo tercero. Se reforman los artículos 117, Título Sexto. De la Protección de los Intereses del Público, Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 117. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley, tendrá carácter confidencial porque las instituciones de crédito en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo lo previsto en la fracción XV del citado artículo 46, sino solamente al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.
Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado.
Para los efectos del presente párrafo la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la provisión prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar la noticia a su información mencionada en los casos en que le sea solicitadas por las siguientes autoridades:
Del 1 al 6o.
7o. El Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente, sus mesas directivas, juntas de coordinación política y comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la legislatura de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de sus órganos de gobierno, respecto del entendimiento y endeudamiento de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los organismos públicos, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los cuales el fideicomitente sea alguno de los entes públicos citados.
La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales.
Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones del primer párrafo del presente artículo —enseguida concluyo, diputado— sólo podrán ser utilizados en las actualizaciones que correspondan en términos de ley y respecto de aquellos se deberá observar la más estricta confidencialidad, aún cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ella relacionadas o que de cualquier otra forma revele la información de ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.
Las restricciones contenidas en el párrafo anterior no serán aplicables respecto a la información que se proporcione al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de deuda pública de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y de los organismos públicos, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguno de los entes públicos citados, la cual por su naturaleza pública podrá ser publicada.
Sabemos que tampoco esta reserva va a ser votada a favor. Hoy el ciudadano mexicano debe saber que el PRI y el PAN y sus aliados pequeños, además de una gran parte también del PRD, vergonzosamente de la izquierda, van a votar ésta nuevamente a favor, sin embargo hay gente, diputados que tenemos compromiso con el pueblo y que estamos aquí para defender la economía familiar y a todos los que tengan qué ver con una conciencia limpia y con un trabajo honesto, para quienes le dieron la confianza. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
¿Con qué objeto, diputado Silvano Blanco Deaquino? Sonido en la curul del señor diputado Blanco Deaquino.
El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Señor presidente, con el respeto de usted y de los compañeros y compañeras diputadas, le voy a solicitar una moción de orden al pleno, que se haga una verificación del quórum en este momento, porque en teoría estamos discutiendo una de las llamadas reformas estructurales. Dicen que es muy importante pero valdría la pena verificar y que usted así lo hiciere de favor, que se hiciera un recuento de los diputados y diputadas que estamos aquí en el pleno, porque estoy convencido que no hay quórum en este momento.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Lo haremos, diputado Blando Deaquino, en le momento en que abramos el sistema electrónico de votación para recabar una votación parcial. Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Informo que justamente después de desahogar siete reservas más vamos abrir el tablero electrónico de votación para consultar a la asamblea en lo particular, y servirá para cumplir el propósito que pide el diputado Blanco Deaquino. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Silvano Blanco Deaquino, para presentar reserva al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito. Diputado Ricardo Mejía, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para insistir que pudiera adelantar la votación de las reservas. Ya hay un conjunto de reservas que se han presentado, para poder verificar en este momento si hay el quórum legal para estar sesionando, porque en nuestra opinión no hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, ya abrí la discusión del artículo Undécimo del decreto, que contiene siete reservas. En cuando hayamos desahogado esas reservas abriremos el tablero electrónico de votación, para cumplir con los dos propósitos.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Diputado, con qué objeto? Sonido en la curul del diputado.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Señor presidente, primero, quiero reconocerle que durante su estancia ahora ha sido usted muy prudente y muy equilibrado con todos los partidos, porque no estaba ocurriendo antes.
Le pido que tenga usted también un segundo de atención para esta reforma que es tan importante, saber si estos artículos que siguen, que vamos a votar, van a poder tener el valor realmente del quórum, por lo siguiente.
En la anterior Presidencia ocurría que se hacía tiempo en la directiva, para que les avisaran a los otros diputados para que llegaran a votar, creo que no debe volver a ocurrir. Se debe también poner en claro quienes les interesa estar en las sesiones y lo vamos a demostrar precisamente con el voto. Por favor, si pasa la lista sería lo más prudente en este momento. Le agradezco.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Su opinión es muy importante para esta Presidencia, compañero diputado, y lo haremos en el momento procesal que hemos ya planteado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Silvano Blanco Deaquino, para presentar reserva al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Reiterando, presidente, que está de manifiesto que efectivamente no hay quórum, pero bueno, vamos a ser respetuosos de lo que usted señala, aunque no compartimos esa decisión de posponerlo, porque ahorita ya van a empezar a convocarlos y llamarlos y tenerlos aquí a la mano.
Hablamos de manera general, es decir, no estoy particularizando. Refiero que efectivamente esto es totalmente irregular, no tenemos el quórum suficiente y por lo tanto, debería de hacerse, pero insisto, vamos a señalar nuestra reserva.
Ustedes han señalado que efectivamente esta reforma financiera va a impactar favorablemente, que va a haber más créditos y más barato. Nosotros en el discurso lo escuchamos, pero en la práctica nunca vimos reflejado esto cómo se va a dar. Les damos un voto de confianza a quienes vayan a operar esto, pero tenemos dudas y reservas de que esto vaya a ocurrir realmente.
La reserva que traemos de manera particular tiene que ver precisamente con la modificación al párrafo tercero del artículo 30 de la Ley de Instituciones de Créditos. En el dictamen plantea, voy a tomar parte del texto para no leerlo todo, dice: en el desarrollo de sus funciones, las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución.
El texto anterior decía así: en el desarrollo de sus funciones, las instituciones referidas deberán preservar y mantener su capital, garantizando la sustentabilidad de su operación.
¿A qué voy? A que precisamente si se abre esta flexibilidad del término procurar, es un término el cual va a permitir a los directores de las instituciones de banca de desarrollo que hagan lo que tradicionalmente se hace en nuestro país, es decir, un manejo discrecional y a final de cuentas, aunque refieran algunos de que esto no va a ocurrir, el propio director de Nacional Financiera cuando vino a los foros y le preguntamos quién nos podría garantizar que no podríamos tener otro quebranto financiero en nuestro país como el Fobaproa, pues la respuesta del director actual de Nacional Financiera es que nadie puede garantizar que eso ocurra.
Y bueno, pues en los últimos cinco años, en el país hemos destinado cerca de 90 mil millones de pesos para el IPAB. Solamente el año anterior se destinó una cantidad cercana a los 21 mil 234 millones de pesos.
Es decir, miles y miles de millones de pesos que se están destinando, precisamente para favorecer a quién, pues en este momento a los inversionistas extranjeros, que son quienes controlan las instituciones de banco en nuestro país. Es decir, con esos más de 90 mil millones de pesos erogados solamente en los últimos cinco años, se hubiesen creado millones de empleos en nuestro país.
Pero en ese sentido, diputados y diputadas, sabemos perfectamente que la idea en México no es precisamente respaldar a la ciudadanía sino más bien, seguir respaldando a la iniciativa privada y en este caso, lamentablemente, a la iniciativa extranjera.
En ese sentido, pedimos nosotros, sabemos cuál es el sentido de su votación. Pero bueno, insistimos para efecto de que se mantenga el texto vigente y que esto pueda evitar, en el futuro que no se diga que no hubo gente sensata y que pudiera referir con anticipación un posible quebranto financiero más de los que ya hemos tenido en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Silvano Blanco Deaquino. Reitero que inmediatamente cerrado el artículo undécimo del decreto vamos a abrir el tablero electrónico de votación.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar reserva al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito. Consulte la Secretaría previamente, en votación económica a la asamblea, si se admite a discusión la reserva anterior.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha y tiene la palara el diputado Carol Antonio Altamirano.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, presidente. Diputados y diputadas, vengo a presentar ante ustedes reserva al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito para acotar la flexibilización al mandato de la banca de desarrollo por considerarlo un riesgo excesivo para las finanzas públicas.
El mandato actual de la banca de desarrollo obliga a estas instituciones a preservar y mantener su capital. Lo que propuso el Ejecutivo y se avaló en el dictamen es sustituir esa obligación por una que solo implica una buena voluntad.
Así, se propone que el concepto ahora sea procurar la sustentabilidad de la operación. De esta manera se corren riesgos muy altos para el país, porque al ponerse en práctica la banca de desarrollo tendrá mucho mayores al otorgar créditos flexibilizados sin tener que cuidar el capital que manejan y cíclicamente el Congreso tendrá que aprobar una capitalización, porque una parte de los créditos no serán recuperados y ello va a requerir del uso de recursos fiscales en proporciones muy grandes.
Tengan ustedes, diputadas y diputados, en cuenta que todas esas dependencias van a poder liberar recursos sin preservar el capital, sino que sus directivos solamente tendrán que intentar, es decir, procurar, no quebrarlas. Y que si eso no pasa, porque los créditos se distribuyeron discrecionalmente, quien paga es el pueblo por medio de los recursos fiscales.
Recordemos que este tipo de criterios de control fueron introducidos como consecuencia de un aprendizaje que nos costó miles de millones de pesos, la crisis del 94 y el Fobaproa.
Es cierto que el país requiere una flexibilización que facilite la asignación de créditos por parte de la Banca de Desarrollo, de otra manera nunca la banca comercial va a tomar riesgos en proyectos para zonas con bajo nivel de crecimiento, con infraestructura débil o en proyectos de pequeños productores. Pero esa conducta no puede ser la justificación para actuar sin responsabilidad y regresar al pasado de discrecionalidad y opacidad en el manejo de las finanzas públicas.
La alternativa que proponemos consiste en acotar la flexibilización a un programa anual bajo la autorización previa del Legislativo. La bondad de esta propuesta es que el Congreso sabrá de manera previa, a partir de lo que proponga el Ejecutivo, el tamaño del riesgo que se está asumiendo.
Con plena conciencia el Legislativo autorizará recursos a la Banca de Desarrollo, de los cuales sabe que se pondrán en cierto nivel de riesgo, porque es la única forma de llevar recursos a zonas pobres o a proyectos que sean necesarios para el desarrollo económico.
Ante ustedes está una propuesta para acotar la flexibilización y evitar riesgo desproporcionado y altamente costoso. Evitemos regresar a prácticas del pasado, evitemos que el dinero sea usado de manera discrecional para apoyar proyectos que finalmente son irrecuperables y luego terminemos pagando todos ese costo por medio de los recursos fiscales o, como ocurrió en la crisis del 94, con una inflación y un desequilibrio en las finanzas públicas.
Por lo anterior les pido su respaldo para adicionar un párrafo segundo al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que señale lo siguiente: Para evitar pérdidas en su capital o fomentar el desarrollo económico nacional por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las instituciones de Banca de Desarrollo presentarán en un anexo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el monto, destinos y criterios económicos de sus programas de financiamiento y, en su caso, justificarán sus necesidades de capitalización.
Decimos sí a la flexibilización, pero acotada. No podemos dejar de no adicionar este párrafo, porque de lo contrario, compañeras y compañeros, abriríamos la puerta al saqueo. Todos sabemos que la historia del manejo discrecional de las finanzas públicas en este país es la historia del saqueo, de la impunidad y de la corrupción.
Para evitar eso hay una propuesta sensata: Vayamos abriendo que sea más dinámico, que preste más la Banca de Desarrollo, que se arriesgue más, pero con una acotación a la flexibilización en el sentido de que el monto, el destino y los criterios de los programas de financiamiento de la Banca de Desarrollo lo apruebe cada año el Congreso. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Carol Antonio Altamirano. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gracias, señor presidente. Los objetivos de la Banca de Desarrollo son el impulsar los proyectos productivos para que con ello generar mayor riqueza y fortalecer el desarrollo de proyectos ya existentes que permitan la ampliación de industrias.
De manera muy estrecha en la relación de los objetivos de la Banca de Desarrollo, encontramos los planteamientos de la Banca Social, que atiende a los microcréditos que se requieren para impulsar el surgimiento de pequeños negocios que pudieran impulsar la economía de las familias.
Aunque los objetivos de ambas Bancas difieren y el público usuario al que van dirigidos también; lo cierto es que en términos llanos ambos modelos tienen en común que tratan de impulsar un crecimiento económico en el país. El crédito productivo resulta de ser de suma importancia en México, pues a través de él se impulsa el crecimiento de las Mipyme que sostienen en gran medida a la economía nacional; sin embargo, son el sector productivo que menos se ha visto beneficiado por los créditos otorgados por instituciones bancarias, al día de hoy el crédito más difundido y usado en México es el crédito al consumo, es decir, el relativo al uso de tarjetas de crédito y departamentales, sin que represente algún beneficio a la productividad del país, por el contrario existe el riesgo latente que existen problemas de cartera vencida.
Resulta apremiante que para lograr una reforma financiera que sí pretenda beneficiar a los ciudadanos y no únicamente a las instituciones financieras debemos recurrir a la mayor cantidad de instrumentos que nos permitan hacer llegar la mayor cantidad de crédito a la población.
Ante este problema debemos reconocer la necesidad de contar con más instituciones que provean a los usuarios mexicanos de los créditos necesarios para el desarrollo y crecimiento de la economía. Resulta necesario ampliar los horizontes de las Bancas de Desarrollo, ampliando igualmente sus alcances, para con ello ampliar la base del crédito nacional.
En ese sentido, no basta que se prevenga que la Banca de Desarrollo podrá ejercer funciones de Banca Social. Lo que corresponde es imponer la obligación que esto ocurra y con ello conseguir que se diversifiquen las fuentes de crédito productivo en el país.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva. Único. Se reforma el artículo 30, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera; y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras para quedar como sigue:
Artículo 30. Las instituciones de Banca de Desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencias técnicas y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas, con el fin de impulsar el desarrollo económico.
En el desarrollo de sus funciones, las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor, sin que resulten excesivas.
Las instituciones de Banca de Desarrollo deberán realizar funciones de banca social conforme a lo que se determine en sus respectivas leyes orgánicas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Se concede el uso de la palabra a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar 11 reservas. Son las relativas a los artículos 30 y 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito; del artículo décimo tercero del decreto relativo a la Ley Orgánica de Nacional Financiera, reserva el artículo 5o.
Del artículo décimo séptimo del decreto relativo a la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, reserva los artículos 2o, 3o. y 7o. Del artículo décimo noveno del decreto relativo a la Ley Orgánica de la Financiera Rural, reserva los artículos 2o, 4o, 7o, 9o. y 10.
Nos ha solicitado cinco minutos para presentar las 11 reservas en un solo acto, mismos que se le conceden.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Más bien aclarar que en la pasada intervención que tuve abordé el tema de poder darle reconocimiento a las cooperativas y al tercer sector de la economía y lo tomamos igual, como una parte complementaria muy importante para el desarrollo económico y financiero del país.
En esta ocasión estaré solamente refiriéndome a otro tema que no tiene que ver nada con la reforma financiera, porque este paquete tiene que ver con los asuntos económicos y financieros del país, pero que se está trastocando el asunto de la cuestión laboral de muchos trabajadores –más de mil 500 trabajadores- que trabajan en la Banca de Desarrollo.
Entonces presento esta reserva haciendo eco de estas preocupaciones de los trabajadores sindicalizados de las instituciones de banca de desarrollo que me han pedido proponer cambios a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que permita preservar las condiciones laborales de su fuente de trabajo.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal propone modificaciones en el artículo 43 Bis, en el que tiene el propósito este artículo 43 Bis y las reformas a las leyes orgánicas correlacionadas, a orientarlas a establecer un modelo unilateral, ausente de derechos, sujeto a lo que aprueben tanto un consejo directivo de cada banco y en su caso el comité de recursos humanos y de desarrollo institucional.
Cabe recordar que desde el nacimiento de la ley laboral aplicable a la banca de desarrollo que fue aprobada la ley reglamentaria de una norma constitucional, se permitió a los trabajadores de base y a los de confianza, la posibilidad de participar en la formulación y actualización del catálogo de puestos.
Esto en el caso de los trabajadores de base, se hacía en términos de una bilateralidad plena; en el caso de los trabajadores de confianza, los sindicatos lo hacían como resultado de su lucha para evitar la unilateralidad en la fijación de las condiciones generales de trabajo.
Con la propuesta del Ejecutivo federal resulta evidente que hay una estrategia orientada, por un lado, a incrementar el personal de confianza y la subcontratación. Y por el otro busca suprimir la participación del sindicato. Creo que ésta es una tendencia del Ejecutivo y en este caso, en esta reforma financiera, está afectando los derechos laborales de los trabajadores de la banca de desarrollo.
Esto lo acredito porque ya que en la propia iniciativa, en la exposición de motivos, cuando señala que una limitante para ampliar el financiamiento de la banca de desarrollo hacia nuevos sectores y operaciones, dice que ha sido la incapacidad de reclutar y sobre todo de organizar de manera ágil y efectiva los recursos humanos que cuenten con el perfil necesario para poder crear nuevas herramientas, programas o hacer análisis de crédito profundo, pues para ello se requiere de la experiencia en diversos sectores especializados.
En esa línea se otorga al llamado comité de recursos humanos y de desarrollo institucional, un papel protagónico para diseñar estructuras y remuneraciones que tomen en cuenta la situación del mercado laboral en el sistema financiero mexicano, lo cual, esto propiciaría que se cuente con un personal que pueda reducir a los trabajadores del sindicato.
Por ello igual propongo que, en esta reserva, pueda eliminarse del dictamen a discusión, la reforma al, que se elimine el tercer párrafo del artículo 43 Bis, y en general el 43 Bis está haciendo un daño a más del mil 500 familias, a más de mil 500 trabajadores que se encuentran trabajando en este momento en la banca de desarrollo y que si no modificamos ésta, van a ser perjudicados en lo que marca el mismo artículo 123 de todos los derechos laborales. Por eso es que presento esta reserva haciéndome eco de estas preocupaciones de estas mil 500 familias. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Bautista. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva relativa al artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo: Con la venia de la Presidencia, Compañeras y compañeros legisladores: dentro del grupo de iniciativas que el Ejecutivo federal presentó ante esta soberanía respecto a las reformas financieras, aparece la correspondiente a la Ley de Instituciones de Crédito y formando parte de ella la que se refiere a la fracción XVIII del artículo 42, que es objeto de la reserva que el suscrito ha elaborado y presentado ante esta soberanía.
El aludido artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que, y cito: “El Consejo de Administración dirigirá la institución de banca de desarrollo con base en políticas, lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por la ley establezca el Ejecutivo federal por conducto de Hacienda para el logro de los objetivos y metas de sus programas e instruirá al respecto al director general para la ejecución y realización de los mismos”. Fin de la cita.
Como puede advertirse de la lectura del encabezado del artículo 42 antes mencionado, en ningún momento se dejan a salvo las conquistas laborales de los trabajadores de las instituciones, su antigüedad, prestaciones, prerrogativas y demás ventajas que han conseguido a lo largo de años de lucha sindicalista.
En otras palabras, lo mandatado por nuestra Carta Magna es letra muerta. Peor aún, en la fracción XVIII del citado artículo se establece, y cito: “Aprobar, a propuesta del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y sin requerir autorizaciones adicionales de dependencia alguna de la administración pública federal, la estructura orgánica, tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y para el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero mexicano, políticas de ascenso, promociones y jubilaciones, lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación, criterios de separación y las demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la sociedad, así como la remuneración de los consejeros y comisarios designados por los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la Serie 3”. Fin de la cita.
Se observa también que en la fracción citada tampoco se hace mención a los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones de la banca, por lo que por este concepto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tampoco convalida tal precepto. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es indispensable se respeten los derechos laborales de los trabajadores en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias que rigen su labor cotidiana.
En mérito de lo expuesto, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propone la adición de un segundo párrafo a la fracción XVIII del artículo 42 en los términos que se menciona en el documento en que consta nuestra reserva y que fue entregado a esta Mesa Directiva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con la venia de la asamblea. Estimados diputados y diputadas, en días recientes un grupo plural de diputados tuvimos diversas reuniones de acercamiento con Financiera Rural, entre los asistentes a estas reuniones estuvieron algunos compañeros diputados del sector.
Nos interesaba conocer las necesidades de la financiera, así como la manera en que la Cámara de Diputados podría aportar en este PEF 2014, para que los menos favorecidos del sector pudieran acceder a créditos en función de su capacidad de pago.
En el caso particular que nos ocupa hoy, pudimos concluir que las instituciones de la banca de desarrollo en México no se alinean entre sí, de manera que puedan lograr los objetivos de la banca de desarrollo nacional.
Por ejemplo, y de acuerdo con los reportes de las instituciones del sector, durante el 2012 y 2013, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, es decir, FIRA, otorgaron un monto mayor en líneas de crédito a la banca privada mayor que a la Financiera Rural. La causa, es que FIRA le otorga los créditos a intereses más altos a la Financiera Rural que a la banca privada, por lo que Financiera Rural tiene que recurrir al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo como últimas alternativas.
Es decir, para atender el financiamiento de la banca de desarrollo, las mismas instituciones financieras del Estado mexicano establecieron criterios y políticas de banca comercial.
Por ello, la reserva que proponemos es adicionar el artículo 42 una frase adicional al primer párrafo para que quede establecido en la ley que como parte de la función principal de las instituciones de la banca de desarrollo, que es atender a aquellos sectores menos favorecidos por el servicio de crédito, puedan contar entre sí con tasas preferenciales, de manera que la institución pueda materializarse en la práctica esta intención.
El agregado que esta iniciativa propone al párrafo primero del artículo 42, que a la letra dice:
Asimismo, el Consejo fomentará el desarrollo de alternativas para maximizar de forma individual o con otros intermediarios, el acceso a los servicios financieros en beneficio de quienes, por sus características y capacidades, encuentran un acceso limitado a los mismos.
Se quedaría en una buena intención si no precisamos los instrumentos necesarios para ello y el más importante de todos son las tasas de interés a las que se presentan entre si nuestras instituciones de banca de desarrollo. Por ello propongo que la frase propuesta en el dictamen sea reforzada con el agregado siguiente: para ello, el Consejo tendrá la facultad de ajustar las tasas de interés entre las diferentes instituciones de banca de desarrollo, para que entre sí tengan trato preferencial a fin de lograr dicho propósito.
La propuesta es racional y dejaría claro el espíritu reformador de fortalecer la banca de desarrollo, y le permitiría a la misma tal y como lo dice el dictamen, fomentar el desarrollo de alternativas para maximizar de forma individual o con otros intermediarios, el acceso a los servicios financieros en beneficio de quienes, por sus características y capacidades, encuentran un acceso limitado a los mismos.
Quedaría claro con este agregado que les propongo, que dicho mecanismo de ajuste en las tasas de interés estaría dirigido a aquellos créditos otorgados a los sectores que encuentran un acceso limitado al crédito, por ejemplo nuestros ejidatarios y los comuneros.
Como pueden ver, el agregado fortalecería la vocación de desarrollo de la banca y permitiría por ley que nuestras instituciones de banca de desarrollo se alineen entre sí para lograr los propósitos de desarrollo de los sectores que lo requieren. Agradezco su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Al contrario, gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Adelante, diputado Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las reformas que ha presentado el Ejecutivo Federal se han caracterizado por contener disposiciones lesivas para los trabajadores, que con años de esfuerzo, dedicación y compromiso han logrado condiciones de trabajo dignas.
En el caso de la reforma financiera no es la excepción. Las modificaciones planteadas en el artículo 43 Bis afectan los derechos adquiridos de los trabajadores de la Banca de Desarrollo, en particular de los de base y sindicalizados.
La redacción que se plantea excluye de la determinación de los estímulos de la modificación de las condiciones generales de trabajo al sindicato. Este hecho vulnera los derechos de los trabajadores ya que de manera unilateral pueden tomarse decisiones que en todo momento deben ser negociadas con la representación sindical.
Es muy delicado que se quieran pasar ese tipo de modificaciones sin negociar con la parte afectada, en este caso se repite el mismo esquema de la reforma educativa, se incluye una reforma laboral esbozada dentro de la reforma general al sistema financiero.
Esta disposición, junto con otras, que permiten el outsourcing o tercerización, están contribuyendo a erosionar la estabilidad de los trabajadores, que durante años han apuntalado el desarrollo de las instituciones de banca de desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados, no podemos ni debemos permitir otro abuso en contra de la clase trabajadora de este país. La modificación unilateral de las condiciones generales de trabajo es violatorio al artículo 123 constitucional, por lo que los exhortamos a que voten a favor de la reserva que estamos presentando. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Como ha sido previamente solicitado y concedido por esta Presidencia, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico de votación por 10 minutos para recoger la votación nominal, en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos primero, segundo, tercero, séptimo y undécimo del proyecto de decreto, en sus términos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 22, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos primero, segundo, tercero, séptimo y undécimo del proyecto de decreto, en sus términos.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 370 votos a favor, 69 en contra y 6 abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo particular los artículos reservados contenidos en los artículos primero, segundo, tercero, séptimo y undécimo del proyecto de decreto por 370 votos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra, para presentar reserva al artículo 3o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Luisa María Alcalde Luján del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias. Muchas gracias, presidente. Tuve ya la oportunidad hace unos momentos, un rato, de plantear aquí todos los argumentos y todas las razones por las cuales considero que esta ley afecta a los trabajadores, sobre todo de confianza de la banca de desarrollo. Pero quiero plantearlo como reserva para dar una oportunidad de que se vote a favor y se elimine el párrafo al artículo 3º de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, que de manera abierta señala que la nueva ley laboral aplicable al personal denominado de confianza de las instituciones de la banca de desarrollo será la Ley de Instituciones de Crédito.
Vuelvo a recordar que estos trabajadores de confianza no son los directivos o los gerentes. Se trata de la gran mayoría de los trabajadores, se trata de las secretarías, de sus analistas, de sus técnicos.
Los trabajadores mal llamados de confianza son trabajadores como cualquier otro. No pueden ser regulados por una ley financiera, menos aun cuando es de jerarquía jurídica inferior que la ley reglamentaria de la Constitución que hoy los protege.
Es así que someto a la consideración del pleno eliminar el párrafo que a la letra dice: las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación aplicable al personal de confianza de las instituciones de banca de desarrollo serán establecidas en los tabuladores y manuales de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones que se establezcan en los términos del artículo 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que a dichos trabajadores no les resultarán aplicables las condiciones generales de trabajo de la respectiva institución. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Luisa María Alcalde Luján. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar en un solo acto dos reservas a los artículos 17 y 17 Bis de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados, presento ante ustedes reserva respecto de la independencia de los consejeros independientes en la Banca de Desarrollo, donde les propongo superar las simulaciones y mejorar el gobierno corporativo conforme señalan los criterios internacionales.
Esos criterios de control interno están previstos en los Estados Unidos desde 2002, que fueron adoptados por nuestro país en la Ley de Mercado de Valores de 2006 en materia de gobierno corporativo, y además la OCDE tiene recomendaciones en ese sentido.
Pero al revisar la Banca de Desarrollo se encuentra que la independencia de criterio es una simulación. En la banca comercial está claro que para lograr una verdadera independencia de criterio y un equilibrio en los consejos de administración se establece que los consejeros independientes no tengan vínculos con la administración del banco.
En consecuencia, en la Banca de Desarrollo se requiere que los consejeros sean independientes de la Secretaría de Hacienda, pero en México se vive una simulación en el nombramiento y operación de los consejeros independientes de la Banca de Desarrollo, negando así la finalidad de tener consejeros independientes que tengan una opinión experta y ajena al gobierno para equilibrar la toma de decisiones.
La Ley de Instituciones de Crédito hoy establece lo siguiente: En el artículo 41 se establece que la Secretaría de Hacienda fijará las bases de carácter general para establecer la remuneración que corresponda a los consejeros externos independientes y comisarios.
El mismo artículo prevé en su sexto párrafo que los consejeros independientes podrán ser designados con ese carácter más de una vez, es decir, ratificados conforme a su conducta. Así se restringe la autonomía de los consejeros independientes al fijar su remuneración la propia Secretaría de Hacienda, y se compromete su independencia al tener el Ejecutivo la posibilidad de ratificarlos de manera indefinida y discrecional.
En complemento, en las Leyes Orgánicas del sector se establecen consejeros independientes que lo son sólo en el papel. Por ejemplo, el artículo 17, fracción III, de la Ley Orgánica de Banobras, establece que los dos consejeros independientes de la serie B serán designados por la Secretaría de Hacienda, con lo cual se pierde toda posibilidad de independencia respecto del Ejecutivo; disposiciones semejantes existen en Nafinsa y en otras entidades financieras.
Ante esta realidad, les pregunto, diputadas y diputados, ¿para qué mantenemos esa simulación de independencia? ¿Puede decirse que es independiente un consejero seleccionado únicamente por el Ejecutivo? ¿Existe independencia de opinión si esto recibe en su ingreso a criterio del gobierno? ¿Hay incentivo a las opiniones imparciales cuando la ratificación es discrecional? ¿Por qué permitir que los requisitos sean establecidos y modificados en reglas complementarias, en vez de tener la certeza de que estén fijados en la ley?
Por lo menos y sin dejar de señalar que se requieren reformas de mayor calado en ésta y en otras leyes, es necesario lograr que los requisitos del nombramiento de los consejeros independientes no estén sujetos a la normatividad que emite el Ejecutivo.
Por lo tanto propongo incluir en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Banobras, que los consejeros independientes los propondrá el Ejecutivo y los ratificará el Senado de la República. Al mismo tiempo propongo fortalecer los criterios profesionales en un artículo 17 Bis para que los consejeros independientes deban reunir requisitos que garanticen su profesionalismo, experiencia en el sector financiero y distanciamiento de los intereses partidistas. Con estas dos modificaciones lograremos la independencia real de los consejeros, tanto al mejorar su nombramiento, como al elevar a ley los requisitos de elección. Por ello, les solicito su voto a favor de esta reserva. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra, el señor diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar dos reservas al artículo 1055 Bis y 1392 del Código de Comercio.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Para los efectos de mi participación, señor presidente, le agradeceré se sirva considerar las dos reservas que me he permitido elaborar sobre un mismo tema en el mismo ordenamiento el Código de Comercio. Se trata de los artículos 1055 Bis y el 1392.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, las iniciativas propuestas por el presidente Peña, en materia financiera, son confiscatoria de los bienes y patrimonio de los mexicanos. Consecuentemente el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia fue aprobado en lo general por la mayoría parlamentaria apoyando las propuestas oficiales. En ninguna parte de este documento se aceptaron observaciones o proposiciones de los diputados integrantes de partidos ajenos al bloque oficialista.
De la lectura de las iniciativas se percibe la intención gubernamental de proteger al sector privado bancario y de seguros, facilitándoles la recuperación de los créditos que en algún momento otorgaron a sus clientes y también para el caso de demoras en que incurran los deudores, posibilitarles las acciones para que la adjudicación de las garantías se haga efectiva en el menor plazo.
En este contexto, el artículo 1055 Bis del Código de Comercio que se propone en el dictamen en comento, establece que los acreedores a su elección podrán ejercitar las facultades que les otorgan estas reformas para la adjudicación respectiva, al margen de que hubiera otros bienes señalados para la práctica de la ejecución. En este caso, dada la flagrante confiscación a favor del acreedor, nuestro grupo parlamentario propone la eliminación del artículo en comento, es decir del 1055 Bis del Código de Comercio.
En el mismo sentido, en el artículo 1392 del propio Código de Comercio se determina que en todo momento el acreedor tendrá el acceso a los bienes embargados con objeto de que no hayan sido dispuestos, sustraídos su estado y suficiencia de la garantía para que los demás podrán solicitar la práctica de avalúos adicionales a los que en el momento de otorgar los créditos pudieran haber levantado. Más aún. El acreedor podrá solicitar ampliación de embargo para resarcir el monto acreditado y así el actor no sufra posibles pérdidas por este concepto.
En este artículo queda clara la intencionalidad del gobierno para proteger al sector consentido del mismo, de tal manera que no sufra menoscabo en las garantías que reciben para cubrir sus créditos. También en este caso el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone la eliminación del segundo párrafo del artículo 1392 del Código de Comercio propuesto, por ser confiscatorio de los bienes de los acreditados.
De ninguna manera puede ser aceptable que por encima de las elevadas tasas de interés que cobran las instituciones de crédito a su clientela se le someta a un régimen de decomiso bajo la figura del embargo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Jorge Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 1070 Bis y 1391, ambos del Código de Comercio.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, presidente. Miren, son dos artículos muy técnicos. El primero, el 1070 Bis del Código de Comercio. Actualmente en el texto vigente no existe este elemento que se está poniendo ahora en el dictamen, donde se establece que las notificaciones que tendrán las autoridades, tendrán que hacerse a través de un edicto. Esto va a implicar un grave costo para el erario público, más que se me hace ocioso el hecho de que si ya sabemos cuál es el domicilio de la autoridad, tengamos que notificarle mediante edictos, es decir, publicaciones que se hagan en los periódicos de mayor circulación.
Por eso la propuesta es que si ya sabemos dónde están los domicilios de estas personas, lo hagamos directamente en su domicilio oficial que como lo establece la Ley de Amparo, sea la notificación en el domicilio de su oficina principal.
Y por otro lado tenemos el artículo 1391, en su fracción VIII, donde se establece que los convenios que se suscriban tendrán la misma validez que una sentencia y que por lo tanto tendrán la actitud de ser establecidos como si fuera una sentencia por ser el convenio que se presenta entre las partes.
En este orden de ideas estoy solicitando que además de que se tenga a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, también se contemple la utilización de los centros de justicia alternativa, ya que hay estados como el Distrito Federa, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Colima, Nayarit, Hidalgo, Guanajuato y otros más que ya cuentan con esta figura, lo cual ayudará a que los juzgados tengan menor trabajo, esto sea más ágil y podamos transitar de mejor manera. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reservar a los artículos: 1168, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 y 1176, del Código de Comercio.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a presentar reserva a los artículos, los que ya se mencionaron, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 y 1176, del capítulo once de las Providencias Precautorias del Código de Comercio.
Desde la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857 y obviamente la Constitución que actualmente nos rige y además de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de San José, de Costa Rica, se prohíbe terminantemente la prisión por deudas.
Esta obligación precisamente internacional y este mandato constitucional de nuestras diversas constituciones, obedece a que el régimen por deudas no puede ocasionar ni la prisión ni el arraigo ni medidas precautorias similares que en materia penal.
Y ése es precisamente el motivo de mis reservas a las disposiciones señaladas del dictamen para que quede la regulación actual del Código de Comercio.
Con este nuevo dictamen lo que se pretende hacer es precisamente recrudecer las sanciones en contra de los deudores. Da la impresión de que el objetivo, más que otorgar más crédito, es al final dar más garantías a las instituciones bancarias para que puedan cobrar sus créditos con mayor facilidad y rapidez en contra de los derechos de los deudores.
No es que en el régimen actual no tengan las instituciones financieras los mecanismos suficientes para poder ejecutar sus garantías y poder cobrar sus adeudos o sus créditos; sin embargo, ahora se quiere hacer un procedimiento fast track¸y obviamente no hay un equilibrio entre las partes.
Por esa razón, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la convicción de que el contenido de estos artículos en el dictamen que se somete a nuestra consideración tiende a favorecer a las instituciones de crédito que promueven juicios ordinarios o ejecutivos mecantiles en contra de sus deudores.
Estamos ciertos de que el equilibrio procesal formal y material se rompe. Proponemos que la redacción de todos y cada uno de los artículos citados se elimine para quedar la redacción que se mantiene actualmente en los artículos del Código de Comercio.
Además, debemos tener presente que si un deudor no tiene la capacidad económica para ahorrar sus créditos se debe en gran parte no a su voluntad, sino a las condiciones económicas del país.
Estamos conscientes que en la regulación normativa de la actividad económica muchas veces es difícil lograr un sano equilibrio que deje a todos satisfechos. Por ello insistimos en que la actual regulación del Código de Comercio es la más benéfica a ambas partes que lo que se pretende aprobar que sólo beneficia a una de ellas, es decir, a las instituciones financieras.
Por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario somete a consideración el que se elimine en el texto del dictamen los artículos 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 y 1176 para que se mantenga el texto vigente de las disposiciones del Código de Comercio. Es cuanto y muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés. Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1168 del Código de Comercio.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Cuando argumentamos en contra en lo general señalamos un aspecto central, que es lo que para nosotros es la cárcel a deudores, que por la vía del Código de Comercio se establece en el artículo 1168.
En el dictamen modificado se habla de erradicación de deudores, y en el documento que circularon de análisis del dictamen decía: se ajusta a la terminología; es decir, toda la preocupación es que se oía muy mal “arraigo”, pero en esencia están dejando lo mismo.
Este artículo establece dos medidas de apremio que nos parecen excesivas, que nos parece que van más allá de la Constitución en el artículo 17.
El artículo 17 de nuestra Carta Magna establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Sin embargo, con esta disposición en el Código de Comercio se abre la puerta para que se encarcele a los deudores equiparando en no someterse a esta erradicación, a desobediencia de particulares que está previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal.
Si a mí me dijeran una sola razón para votar en contra de la reforma financiera, es este artículo que criminaliza a los deudores y que va en contra de la Constitución en el artículo 17.
La Corte al resolver sobre el artículo 1o., con lo relativo al principio pro-persona, estableció que los jueces debían ajustarse a la Constitución, más allá de los tratados internacionales.
Nosotros lo cuestionamos porque nos pareció un retroceso, pero esta Cámara está yendo más allá, porque en una ley secundaria está contradiciendo a la Constitución, en el artículo 17.
Y nos parece, además, que es una manera de trasladar todo el problema económico a los deudores, porque a los bancos oligopólicos se les protege, se les rescata, se permiten tasas de interés usurero y comisiones irracionales, pero a los deudores se les establecen medidas de apremio desproporcionadas, inconstitucionales e irracionales.
La banca ha encontrado en los créditos al consumo y, sobre todo, en los préstamos a los gobiernos la vía para seguir engrosando sus utilidades, pero nadie dice nada de aquellos gobiernos que comprometieron el patrimonio de varias generaciones con deuda criminales por miles y miles de millones de pesos como son los gobiernos de Coahuila, de Tabasco, de Quintana Roo, de Nuevo León y demás y todos los que se siguen acumulando porque Hacienda acaba de informar que ya la deuda subnacional supera los 440 mil millones de pesos, pero a esos corruptos no se les toca.
Que paguen los estados con las participaciones federales, pero aquel deudor que en virtud de la nueva legislación laboral sea despedido injustificadamente y que no pueda pagar el crédito, va a pagar con cárcel y no van a ser suficientes las cárceles para llenar con deudas civiles a miles de mexicanos que van a tener que pagar la insuficiencia de la economía y la crisis financiera nacional.
Por esa razón, compañeras y compañeros legisladores, proponemos que se elimine la radicación de los deudores y la retención de bienes, para poner medidas de apremio proporcionales, medidas de apremio que vayan en consonancia con la Constitución. Ésa es la reserva que presentamos.
Nos parece que si hay algo de sensibilidad y el mínimo afán de legislar para los ciudadanos, tienen que conceder esta reserva, si no, toda esta faramalla de la reforma financiera no será otra cosa que más mecanismos de cobro para los bancos en detrimento de los deudores.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1170 del Código de Comercio.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, históricamente el arraigo ha sido el medio por excelencia mediante el cual se ha materializado cualquier cantidad de violaciones de los derechos humanos, tales como el derecho a la libertad personal; el derecho al debido proceso a un recurso judicial efectivo; el derecho a la seguridad jurídica; el derecho a la presunción de inocencia y otros.
Mediante esta figura denominada el arraigo se ha obligado a los imputados de una conducta contraria a derecho, permanecer en un lugar determinado bajo la vigilancia de la autoridad investigadora, situación en la que muchas veces son sometidos a torturas o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, dejándolos en completo estado de indefensión.
No podemos dejar de considerar a nuestra referencia, que el arraigo es aquella figura que contempla nuestra legislación en materia penal, que fue atenuada apenas hace unos meses, la cual tiene por objeto la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante un proceso.
Es un error gravísimo que bajo el amparo de una supuesta reforma de avanzada, como ésta que ustedes presumen, la financiera, bajo este argumento se pretenda incluir un mecanismo por demás perverso, como lo es el arraigo o la radicación de persona, que sea cual sea su estructura gramatical, es reconocida ahora también, no sólo en la legislación penal, sino en la legislación civil.
Es una figura retrógrada, regresiva, violatoria de derechos humanos, violatoria de la Constitución, de tratados internacionales, derecho vigente. Esta reforma contenida en el dictamen lejos está de contribuir a una verdadera ampliación de fuentes de financiamiento, pues lo que pretende justificar es precisamente un instrumento mordaz al servicio de poderosos acreedores en contra de deudores, que lo serán por miles.
Mucho se ha cuestionado, incluso en esta Cámara, esta figura del arraigo, se atenúo, no se eliminó, y ahora esta misma Cámara pretende aprobar este arraigo, porque finalmente camine en detrimento de los derechos humanos elementales.
¿Qué es lo que propongo? Propongo se modifique el artículo 1170. El artículo 1170 dice: “El que solicite la radicación de personas deberá acreditarlo el derecho que tiene para gestionar dicha medida. Se podrá aprobar lo anterior mediante documentos o con testigos idóneos”.
Dejar abierta esta posibilidad de radicación de personas es muy grave y me parece que contradice el texto del 17 constitucional y los tratados internacionales. Por eso propongo que toda providencia precautoria, dictada por autoridad competente, sólo podrá decretarse una vez notificada la instauración de la demanda correspondiente. Se puede instaurar por la vía incidental.
Los que de alguna manera hemos estado cerca del litigio, no puede aceptarse esta figura jurídica. No puede, no debe, por esa razón les pido su reflexión. Sé que no lo van a aprobar porque no es una Cámara autónoma, es indignante ver el poco interés que esta reforma financiera provoca.
Tenemos sí el derecho de expresar nuestra indignación. Concluyo, presidente. Cuando no existe la mínima reflexión y análisis de las leyes que están aprobando, la indignación crece por la existencia de votaciones mecánicas e insensibles.
No puedo sentir sino indignación cuando se protege a los grandes acreedores lastimando y persiguiendo, privando de su libertad a los deudores y usuarios de las instituciones financieras.
¿Cómo se puede estar legislando de esta manera? Por más que se ofendan algunos, al vapor, con prisas, con premura. Mienten quienes afirman que leyeron en unas horas estas miles de páginas, que muchas de ellas contienen dictámenes técnicos de difícil apreciación.
Mienten quienes afirman que conocen lo que están aprobando. Esta Cámara, concluyo presidente, está llena de cabilderos de instituciones. Algunos de ustedes seguramente están invitados a sus prebendas y privilegios. Es una pena que se legisle de esta manera. No hay la mínima reflexión. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano para presentar reserva relativa al artículo 1171 del Código de Comercio.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio en su artículo 1171.
El derecho de audiencia es una garantía constitucional consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que su cumplimiento por parte de los órganos del Estado constituye una obligación absoluta y cuya omisión encierra una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
En este sentido la audiencia es un derecho fundamental a favor de los gobernados, por el cual se impide la privación de sus bienes o libertad sin que exista procedimiento judicial previo en el que se le permita participar de manera efectiva, siendo la garantía de audiencia una de las más importantes dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado.
En ese sentido consideramos que lo planteado en uno de los preceptos contenidos en el dictamen sometido a discusión, de ser aprobado en los términos que el proyecto menciona, deriva en una violación sistemática a derechos humanos, pues considerar el hecho de que el acreedor pueda solicitar a la autoridad que se dicte una medida cautelar dentro de un juicio mercantil, sin que antes se haya acreditado su acción y sin haberse notificado al demandado de las pretensiones del acreedor, sin duda alguna derivará en un trato desigual para las partes en conflicto.
En todo litigio resulta necesario que la autoridad se conduzca con estricto apego a las formalidades procesales esenciales, mismas que encuentran su justificación en la propia naturaleza de todo procedimiento en el que se desarrolla toda función jurisdiccional.
El interés jurídico en un juicio mercantil debe ser reconocido y respetado para ambas partes, tanto acreedor como deudor, por lo que para la determinación de una medida cautelar o precautoria a cargo de la autoridad que esté conociendo del negocio del que se trate debe ser dictada a través de medios convincentes para no fincar perjuicios innecesarios en contra del deudor.
Es por todo lo anterior que consideramos que la reforma propuesta, consistente en reformar al artículo 1171 del Código de Comercio, resulta ser inconstitucional en relación al respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los gobernados en el marco de un verdadero Estado de derecho.
Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de este pleno la modificación en los siguientes términos al artículo 1171. Ninguna solicitud para la ejecución de una providencia cautelar podrá decretarse si no se presenta antes de la demanda correspondiente y que la persona en contra de quien se pretenda ejecutar dicha medida haya libremente manifestado lo que a su derecho convenga. Esto es respetar su derecho de audiencia. Es cuanto, señor presidente, y compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1172 del Código de Comercio.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidente. Es una reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversa disposiciones del Código de Comercio.
Artículo 1172. La garantía de audiencia contenida en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional pretende que todo acto privativo dictado por la autoridad competente dentro de un juicio necesariamente debe observar las formalidades esenciales de todo procedimiento legal.
Haciendo un análisis detenido del derecho de audiencia podemos afirmar que la inclusión de este término en nuestra Carta Magna se hace referencia a uno de los conceptos más importantes en todo sistema jurídico, es tal la importancia que la protección de esta prerrogativa reviste que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el debido proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional debe respetar el debido proceso legal.
No obstante lo anterior, consideramos que las reformas planteadas en el dictamen de hoy, objeto a discusión, forma parte de un falso discurso que los signatarios del llamado Pacto por México, que con arrogancia han designado prioridades y agendas políticas y un catálogo de reformas que corresponden definitivamente a intereses muy especiales.
La implementación de los cambios propuestos en esta iniciativa de ninguna manera plantean objetivamente los mecanismos a través de los que se impulsará la ampliación de las fuentes de financiamiento a favor de los mexicanos.
Quiero comentar, que el planteamiento de la modificación de este artículo es meramente en temas de redacción y procedimiento.
El artículo como pretendo que quede es: que todo juicio ejecutivo mercantil, aquél que pida la ejecución de providencia precautoria deberá acreditar fehacientemente el derecho que tiene para solicitarla y la necesidad de la medida que solicita.
Sin embargo sabemos todos los que nos estamos oponiendo a algunas de estas leyes que se están aprobando, que vamos a esperar su voto en contra, porque no hay el interés por parte de ustedes de revisar y analizar todos estos temas.
Así ocurrió en otras leyes que hemos aprobado, que ni siquiera los compañeros diputados las han leído y que no conocen los contenidos a fondo y se está haciendo una votación muy a la ligera. Tal pareciera que todo esto es un ajedrez en donde hay que estar buscando qué artículos y qué leyes hay que modificar para dar en un juego de ajedrez darle un jaque mate a la economía de los mexicanos y en especial a la clase media.
Todos estos cambios que se están efectuando, van a repercutir en movimientos, así como lo estamos viendo ahorita en el país. Ojalá, todavía es tiempo de que hagan una reflexión y podamos evitar que el país se convulsione con una serie de acciones que estamos viendo en la calle, no solamente las estamos viendo en el Distrito Federal, la inconformidad, compañeros, está en todo el país y hagan una reflexión porque vamos a tener verdaderamente crisis económicas muy fuertes y en especial la inconformidad del país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1178 del Código de Comercio.
La diputada Lorena Méndez Denis: Buenas tardes, Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros diputados. Reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio. Artículo 1178.
El doble discurso y la salvaguarda de las apariencias son armas a las que cotidianamente recurren los gobiernos que carecen de legalidad democrática. Asimismo, una de las principales características de este grupo en el poder es la indiferencia con la que conducen su actuar al momento de proyectar los intereses de la sociedad.
En esta tesitura, la reforma contenida en el dictamen en estudio lejos está de avanzar en aras de impulsar la ampliación de fuentes de financiamiento, otorgando certeza jurídica especialmente para los acreedores garantizándoles la ejecución de mecanismos que les permita de manera más sencilla la recuperación de sus caudales en caso de incumplimiento del deudor.
El derecho de audiencia es una garantía constitucional consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que su cumplimiento por parte de los órganos del Estado constituye una obligación absoluta y cuya omisión encierra una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
En este sentido consideramos que lo planteado en uno de los preceptos contenidos en el dictamen sometido a discusión, de ser aprobado en los términos que el proyecto menciona, puede derivar en una violación sistemática de derechos humanos, pues se posibilita al juzgador dictar providencias cautelares sin necesidad de que la persona contra quien ésta se pida tenga que ser notificada personalmente de la medida que se solicite, hecho que permitirá ahora en los juicios mercantiles hablar de abuso de poder, violaciones al debido proceso y a la garantía de audiencia.
La participación en un juicio mercantil debe ser para ambas partes, tanto acreedores como deudores, la oportunidad más clara de defensa de sus intereses, por lo que para la determinación de una medida cautelar o precautoria a cargo de la autoridad que esté conociendo del negocio de que se trate, deberá ser dictada a través de medios convincentes para no fincar perjuicio innecesario en contra del deudor. Derivado de lo anterior es que someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva:
Único. Se modifica el contenido del artículo 1178 del Código de Comercio contenido en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio para quedar como sigue:
Artículo 1178. Toda resolución dictada por autoridad judicial consistente en la ejecución de providencia precautoria solicitada en el escrito inicial de demanda, necesariamente deberá ser notificada personalmente a la persona contra la que se dicte, salvo que la medida se solicite iniciando cualquiera de los juicios previstos por este código. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pegunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Informo a la asamblea que después de desahogar la siguiente reserva abriremos nuevamente el tablero electrónico de votación. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 1179 del Código de Comercio.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Ésta es la reforma financiera del gatopardismo; cambian normas para que todo quede igual o peor. Gana la banca y pierden los ciudadanos.
Se fortalecen medidas punitivas en contra de deudores, mientras con fondos públicos seguiremos pagando el rescate bancario.
La banca, por cierto extranjera en un 90 por ciento, seguirá cobrando las comisiones más caras del mundo. No habrá crédito porque el país es un desastre por la conducción económica de los neoliberales.
No se puede garantizar el ahorro que es el origen del crédito, porque con la reforma laboral que aprobó la mayoría del PRI en esta Cámara, no se garantiza la estabilidad en el empleo y mucho menos un salario remunerador.
Los salinistas que ahora están otra vez en el poder, presumían a finales de aquel fatídico sexenio, ingresos por 30 mil millones de dólares por la venta, por el remate de mil 125 empresas públicas.
Rescatar los bancos le ha costado a México más de 90 mil millones de dólares. Esto demuestra que ni buenos economistas ni buenos para nada. Seguimos con un modelo injusto que democratiza las cargas pero le da una minoría los beneficios.
Hacer que deudas privadas sean deudas públicas, es rescate bancario; pero si un deudor sufre un tropiezo financiero, se le va a acabar criminalizando como aquí lo han denunciado mis compañeros que me han antecedido, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
A ellos sí medidas coactivas, mano dura; pero los grandes beneficios para la banca extranjera. Porque la prioridad de esta reforma es el reembolso de créditos que se imaginan que habrá pero que por el momento son inexistentes.
Por eso en esta reforma lo que estamos solicitando es que se amplíe el término de tres a nueve días en este artículo 1179 para que el afectado manifieste lo que a su derecho convenga y de esa forma se respete cabalmente su derecho de audiencia. Diputado. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Villanueva. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos duodécimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo séptimo, décimo noveno y vigésimo segundo del proyecto de decreto en sus términos.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 22, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo particular de los artículos reservados contenidos en los artículos duodécimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo séptimo, décimo noveno y vigésimo segundo del proyecto de decreto en sus términos.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 356 votos a favor, 8 abstenciones y 70 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo particular los artículos reservados contenidos en los artículos duodécimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo séptimo, décimo noveno y vigésimo segundo del proyecto de decreto por 356 votos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 8o Bis 1 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
La diputada Lorena Méndez Denis: Con el permiso, señor presidente. México es un país con grandes riquezas naturales y una ubicación geográfica inigualable; sin embargo, no crece a la velocidad que podría y al ritmo que la sociedad le demanda.
¿A qué se debe lo anterior? Sin duda alguna corresponde al mayor cáncer que aqueja a nuestra nación e inhibe el crecimiento, la corrupción. Es por esto que una de las mayores exigencias de los ciudadanos es acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e, incluso, muchas veces premiado.
México ocupó en el índice de percepción de la corrupción en el 2012, el lugar número 106 de los 176 países evaluados en este rubro. Una de las prácticas que más refuerza la corrupción radica en la estructura denominada por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Capitalismo de Cuates, la cual permite que no sean los más talentosos o los mejores capacitados los que ocupan un puesto, sino aquellos que se encuentran cercanos al Ejecutivo federal.
Lo anterior resulta de suma gravedad, ya que este tipo de modelo no tan solo no fomenta la competencia, sino que la inhibe. No incentiva la meritocracia; por lo contrario, alimenta el concepto de privilegios, de posiciones dominantes, de nudos sindicales y de oligarquía. Aun cuando México se encuentre en una crisis que clama cambios, el gobierno insiste en reproducir un esquema en el que se eligen cotos y se perpetúa el poder de un pequeño grupo de personas que defiende sus intereses por encima del bien común.
Por lo preliminarmente expuesto, consideramos que los requisitos impuestos a los funcionarios públicos deben buscar la selección de los más capacitados para un puesto y no los más allegados al sistema.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que sólo a través de criterios y reglas claras que fomentan la transparencia y combatan la discrecionalidad, contaremos con servidores públicos a la altura de las exigencias del país.
Es por esto que consideramos que dentro de los requerimientos que se debe tomar en cuenta en los nombramientos de los consejeros de las organizaciones auxiliares del crédito y las casas de cambio, se deben incluir además de la experiencia en materia financiera, legal y administrativa, contar con un conocimiento en el rubro contable.
Derivado de lo anterior someto a la consideración de la asamblea la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 8o Bis 1 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Artículo 8 Bis 1. Los nombramientos de consejeros de las organizaciones auxiliares de crédito y las casas de cambio deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, contable, legal y administrativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracia a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Valle Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reservas relativas al artículo 45 Bis 17, 63, 94 Bis 1 y 95 Bis 1, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros, la inspección y revisión del cumplimiento de las obligaciones impuestas a empresas o ciudadanos es un deber fundamental de la autoridad, pues a través de su ejercicio se garantiza el respeto y cumplimiento a lo establecido en las normas aplicables.
A través de la revisión, las autoridades mantienen un control de legalidad sobre las acciones de los particulares, ya sean personas físicas o morales, lo cual protege al resto de la sociedad respecto a las legalidades que pudieran tener efectos más profundos.
El deber de vigilancia es entonces un elemento fundamental del Estado, sujetándose en todo momento a la reglamentación que existe en cada uno de los procedimientos establecidos previamente, y en cumplimiento a los derechos fundamentales. Mark Twain, escritor, novelista, escribió en alguna ocasión; Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría haga una pausa y reflexiónelo.
Considero importante reflexionar sobre la causa que dio precisamente origen a la crisis financiera de 94 y al consecuente rescate de la banca en 94. Creo yo que una de las causas principales por las cuales se llegó precisamente a esa crisis que tan costosa ha resultado para el país fue precisamente la falta de vigilancia de los órganos responsables de ello.
La reserva que vengo a presentar tiene que ver precisamente con este tema. El texto que se está proponiendo pone para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como una responsabilidad opcional, el revisar precisamente a la banca, y dice: Podrá realizar visitas de inspección a las filiales.
El texto que propongo en esta reserva, precisamente, al artículo 45, dice lo siguiente: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a solicitud de las autoridades citadas en el artículo 45 Bis 15 de esta ley y con base en el principio de reciprocidad, realizará visitas de inspección a las filiales, las cuales podrán hacerse por su conducto, o bien, en cooperación por la autoridad financiera del exterior de que se trate, podrá permitir que esta última la realice. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 72 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, decía Montesquieu.
En esta reforma financiera nuevamente somos testigos de cómo la intención del gobierno no se sustenta en un modelo de pesos y contrapesos, donde los actores involucrados se vigilen y autolimiten unos a otros. Por lo contrario, la concentración de poder en muy pocos organismos parece ser su plataforma política.
Dentro de los trece documentos que contiene el dictamen, que nos compete el día de hoy, encontramos de manera reiterada el otorgamiento de facultades excesivas y discrecionales para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A pesar de que en nuestro país existen organismos financieros diseñados con el propósito de regular y proteger el interés de los ahorradores y la estabilidad económica, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el gobierno insiste y ha decidido deliberadamente concentrar funciones en la Secretaría de Hacienda.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que sólo a través de la rendición de cuentas, del monitoreo eficiente y del correo balance entre las figuras públicas, lograremos satisfacer las demandas de la ciudadanía.
Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de la asamblea la siguiente reserva al segundo párrafo del artículo 72 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
¿Qué debe de decir? Artículo 72. Las organizaciones auxiliares del crédito, de conformidad con las reglas que en su caso expida el Banco de México, podrán realizar operaciones activadas con personas físicas o morales, con residencia o domicilio en el extranjero o en virtud de las cuales contraigan o puedan contraer responsabilidades directas o contingentes a favor de dichas personas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, no se admite. Se desecha. Tiene la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del PRD para presentar su propuesta de modificación al XIX Bis 8 y al artículo 53 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado José Luis Muñoz Soria: Gracias, diputado presidente. Hace unos minutos cuando subí a argumentar en contra del dictamen en lo general, planteaba que hay artículos cuyo texto deja sin ningún problema el que puedan seguir presentándose los fraudes de los delincuentes de cuello blanco. Funcionarios que en cuanto dejan de serlo son funcionarios de la banca o viceversa, lo que posibilita, entonces, la información privilegiada que les permite llevar a cabo esos delitos de cuello blanco.
Ése es el sentido, tratar de evitar eso es el sentido de las reservas que hago a los artículos 29 Bis 8 y 53. Con los antecedentes, por ejemplo, para el artículo 29 Bis 8 tiene dos objetivos: primero, eliminar los conflictos de interés contingente y segundo, atacar frontalmente las causas, lo que podríamos llamar el crimen financiero del cuello blanco a que dan lugar los conflictos de intereses contingentes y el problema de las puertas giratorias, entre otros.
Planteamos entonces la reserva para el artículo 29 Bis 8. Se agregan las fracciones V, VI y VII y se recorren las subsecuentes. ¿Qué diría?
V. Los integrantes del Comité de Estabilidad Bancaria no tendrán suplentes.
VI. Por el conocimiento acumulado y la importancia de los cargos y con el propósito de evitar conflictos contingentes de interés, los integrantes del Comité de Estabilidad Bancaria no podrán laborar por un periodo no menor de tres años en el sistema financiero privado, contando el periodo a partir del momento en que dejan de laborar en el sector financiero gubernamental.
Asimismo, no podrán participar en cargos de regulación financiera directa o indirecta las personas que hayan sido accionistas de entidades financieras privadas.
VII. El presidente de la República no podrá nombrar a cargos relevantes del sector financiero público a financieros que hayan ocupado un cargo relevante en los tres años anteriores a la nominación en instituciones financieras privadas o en cargos de representación de organismos empresariales o sindicales.
Para el artículo 53, sobre reactivación crediticia a través de un mecanismo de depósitos de incentivo crediticio, planteamos la creación de lo que llamamos el depósito de incentivo crediticio, que estaría en concordancia con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Banco de México.
La propuesta para el artículo 53 es en el sentido de modificar el párrafo tercero y agregar los párrafos cuarto y quinto, y recorrer los subsecuentes, para que dichos párrafos queden de la manera siguiente:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el programa sectorial financiero que se derive del Plan Nacional de Desarrollo, establecerá los objetivos, las metas cuantitativas y los indicadores que permitan incrementar en forma gradual el coeficiente que mide la proporción de crédito bancario, canalizado al sector privado no financiero respecto del producto interno bruto a niveles comparables con parámetros internacionales.
Este programa cuantitativo determinará en forma anual un monto de créditos bancarios que implique un creciente coeficiente anual de crédito bancario contra el producto interno bruto, que permita ir abatiendo el rezago que presenta el sistema bancario que opera en México respecto de los parámetros internacionales apropiados en materia de crédito.
Para cumplir con las metas del programa crediticio señalado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procederá a emitir la circular única especial bancaria depósito incentivo crediticio, la cual tendrá las siguientes características:
A. La comisión, oyendo las opiniones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del banco central, asignará a cada institución bancaria en noviembre de cada año un programa de créditos congruente con las metas anuales establecidas en el programa sectorial financiero 2014-2018, a que hace referencia el párrafo anterior. La comisión realizará esta asignación sobre la participación de mercado, que registren en ese año cada institución de crédito.
B. La comisión comparará, el cierre del año siguiente, el saldo de créditos programado a que hace referencia el párrafo anterior, respecto del saldo promedio de créditos realmente otorgados por las instituciones bancarias.
Si la diferencia entre el saldo de créditos programados con respecto al saldo promedio anual de los créditos realmente otorgados por las instituciones es positiva procederá lo siguiente:
B-1. La institución bancaria mantendrá un periodo de tiempo de 360 días en una subcuenta de depósitos denominada depósito de incentivo crediticio, que cada institución bancaria deberá abrir con el banco central. Los recursos depositados por las instituciones bancarias en este directorio, a los cuales se aplicará una tasa de rendimiento de cero por ciento en el periodo en comento. Lo anterior se realiza en conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo de este artículo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Se concede el uso de la palabra, al diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 50 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. Sin duda alguna el sistema financiero resulta uno de los factores que requieren mayor atención dentro del desarrollo económico de un país, ya que si éste es débil el crecimiento para el país es muy bajo; en contraste, un sector bancario eficiente permite reducir los costos de transacción de la economía mediante una intermediación financiera oportuna y de bajo costo, lo que estimula la capacidad de crecimiento económico.
Del mismo modo, la diversificación de oferta en los productos financieros ofrece las actividades productivas y comerciales elevando la cantidad de proyectos de inversión viables y sólidos del país, e incrementando el acceso de la población a los servicios de la institución de crédito aumentando así su patrimonio.
México, lejos de contar con un mercado bursátil sólido y estable, que otorgue instrumentos de contribución para el crecimiento de la economía, se ha caracterizado por colocar barreras de entrada para inhibir posibles competidores e implementar mecanismos de colusión de precios.
La escasez de recursos y el mínimo poder adquisitivo con el que cuenta la mayoría de la población en nuestro país han ocasionado que los ciudadanos utilicen el crédito como un sustituto y no como un complemento del ingreso.
La corrupción e irresponsabilidad con que los bancos operan, desde la culminación de la reprivatización de la Banca en 1991, tuvo como consecuencia la crisis económica de 1994, la cual se generó por la devaluación del peso y el alza de las tasas de interés a nivel superior al 100 por ciento.
Si bien es cierto que la política fiscal y monetaria se orientaron a crear condiciones favorables para abatir las presiones inflacionarias y a futuro obtener una reducción sostenible de las tasas de interés, también es cierto que la implementación del Fobaproa se caracterizó por la falta de un mecanismo eficaz que dividiera a las personas que necesitaban un rescate por el aumento excesivo de precios y de aquellos que se valieron de la situación para realizar compras millonarias a expensas del erario público.
Como consecuencia, dicho programa resultó ser más peligroso para las finanzas públicas, pues durante la operación del rescate bancario se compró a los bancos todo tipo de crédito incobrable que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate; y, en cambio, se redujo las pérdidas de accionistas o grandes deudores que podrían pagar sus créditos, mismos que los transfirieron al Fobaproa.
Las experiencias vividas en materia económica deben servirnos como lección para evitar que los errores presentados preliminarmente vuelvan a cometerse, por lo que es nuestro deber como legisladores la implementación de controles que garanticen el sano desarrollo y desempeño de los bancos.
Por lo que previamente he expuesto, proponemos sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien evalúe si las instituciones de Banca Múltiple cuentan con el capital suficiente para cubrir pérdidas derivadas de los riesgos que dichas instituciones representan. No podemos permitir que la opacidad y el mal manejo sean el común denominador de los bancos.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 50 Bis del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reservas relativas a los artículos 96 Bis 1, y 271 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, será la diputada Gloria Bautista la que presente dichas reservas.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto le damos el uso de la voz para presentar reservas a los artículos mencionados a la diputada Gloria Bautista.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Ojalá que se pudiera prestar atención. Es de interés de todos los mexicanos -los que votaron por ustedes y los que no votaron por ustedes-, de ese pueblo de México, al que hoy representamos.
La siguiente reserva al octavo párrafo del artículo 96 Bis 1, del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; y como integrante del Partido de la Revolución Democrática, hago la siguiente
Exposición de motivos. El Banco de México, autónomo en sus funciones por mandato constitucional, surge con la finalidad de proveer a la economía del país estabilidad en el poder adquisitivo de la moneda.
Aunado a lo anterior busca promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
La autonomía con la que cuenta resulta menester para el correcto desempeño en la toma de decisiones ya que al no depender del Ejecutivo federal, vigila de manera imparcial la política monetaria de nuestro país.
A través de tres pilares se ha podido sustentar la independencia de dicho organismo. El primero corresponde al mandato constitucional, el cual establece que la misión prioritaria de la institución es procurar el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional.
El segundo radica en su organización, estructura que le permite a través de un gobernador y cuatro subgobernadores, que no pueden ser destituidos de su cargo discrecionalmente, plena libertad en las acciones emprendidas. Por último, la ley otorga a Banxico plena autonomía administrativa.
Por lo anteriormente expuesto nos parece sorprende que en el artículo 96 Bis del dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, se considere más apropiado que el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria esté presidido por el secretario de Hacienda y no por el gobernador del Banco de México.
Nuevamente observamos cómo las iniciativas que el Ejecutivo presenta no tienen como objetivo brindar beneficios a los ciudadanos, sino conferir más poder a las secretarías que dependen del mismo.
En el PRD algunos diputados estamos convencidos de que sólo a través de un esquema de autonomía que refleje pesos y contrapesos dentro de los poderes, podremos transitar a un sistema financiero eficiente, donde la corrupción y los factores políticos dejen de ser el común denominador.
Derivado de lo preliminar, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al octavo párrafo del artículo 96 Bis 1 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de crédito.
Quiero pedirle, señor presidente, me permita presentar de una vez la reserva al primer párrafo del artículo 271.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante, diputada, con todo gusto.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias. Reserva al primer párrafo del artículo 271 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, tiene como misión la promoción y difusión de la educación y transparencia financiera.
Con lo previo se busca que los consumidores cuenten con la información necesaria para tomar las mejores decisiones respecto a los costos y riesgos de los productos y servicios del sistema financiero. Dado que su objetivo radica en la supervisión y regulación de las instituciones financieras consideramos que su presencia dentro de los organismos que prestarán servicios de asistencia y defensa legal resulta no sólo deseable sino urgente.
Consideramos lo preliminar menester, ya que no podemos dejar de mencionar que el dictamen que nos compete hoy responde a una reforma alineada a los intereses del oligopolio bancario y no de los ciudadanos comunes.
En el movimiento que ahora se está generando buscaremos la implementación de todos los mecanismos que protejan los intereses de los ahorradores y no seremos parte de la postura del gobierno, la cual lo ha obligado históricamente a legislar a favor del sector financiero.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 271 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 271. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prestarán los servicios de asistencia y defensa legal a las personas que hayan fungido como titulares, integrantes de sus órganos de gobierno, funcionarios y servidores públicos con respecto a los actos que las personas antes referidas hayan llevado a cabo en el ejercicio de las funciones que por ley les hayan sido encomendadas y que guarden relación con lo dispuesto en el artículo 50 de esta ley, así como en las secciones segunda, tercera, cuarta y quinta del capítulo I del título segundo, en el capítulo único del título sexto y en el capítulo segundo del título séptimo de esta ley.
El texto propuesto al artículo 271 es: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prestarán los servicios de asistencia y defensa legal a las personas que hayan fungido como titulares, integrantes de sus órganos de gobierno, funcionarios y servidores públicos con respecto a los actos que las personas antes referidas hayan llevado a cabo en el ejercicio de las funciones que por ley les hayan sido encomendadas y que guarden relación con lo dispuesto en el artículo 50 de esta ley, así como en las secciones segunda, tercera, cuarta y quinta del capítulo I del título segundo, en el capítulo único del título sexto y en el capítulo segundo del título séptimo de esta ley. Es lo que pongo a su consideración, compañeros. Pido con todo respeto me permita hacer un pronunciamiento.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda y concluya, diputada.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias, Presidente. Compañeras, compañeros, a 40 años del golpe de Estado en la República de Chile y de la muerte del entonces presidente Salvador Allende, solicito que esta Cámara de Diputados reitere sus lazos de amistad, su solidaridad con el pueblo chileno.
Solicito, con todo respeto a todos ustedes, compañeros, un minuto de aplausos en reconocimiento al presidente Salvador Allende, y a quienes sobrevivieron a la dictadura de la junta militar. Por favor, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia toma nota de su solicitud, diputada, y lo haremos en el momento procesal oportuno. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar reserva relativa al artículo 119 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros nació en 1999 como una institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene como propósito procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.
Para lograr su misión, la Condusef realiza dos tipos de acciones: preventivas, que se dedican principalmente a orientar, informar y promover la educación financiera, y correctivas, enfocadas en la atención de quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros.
A pesar de que dicha comisión ha operado por casi 15 años y cuenta con 32 delegaciones regionales y cuatro metropolitanas, el impacto desde su creación en las condiciones entre los bancos y los consumidores ha sido mínimo, por lo que resulta menester brindarle más herramientas que permitan crear una verdadera protección de los intereses de los usuarios.
Es por lo previamente expuesto que consideramos que la Condusef debe de ser parte de los organismos que aprueben el plan de contingencia en el que cada banco deberá detallar las acciones que llevará a cabo ante escenarios adversos ya que estamos convencidos de que dicho plan debe velar siempre por el bienestar de los ciudadanos.
Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de la asamblea la siguiente reserva al segundo párrafo del artículo 119 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 119. Las instituciones de Banca Múltiple deberán contar con un plan de contingencia que detalle las acciones que se llevarán a cabo por la institución para restablecer su situación financiera ante escenarios adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez, en términos de lo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de carácter general aprobadas por su Junta de Gobierno.
El plan de contingencia deberá ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previa opinión del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, debiendo decir además de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho plan tendrá el carácter de confidencial sin perjuicio del intercambio de información entre autoridades, en términos del presente ordenamiento. Ésta es la propuesta de modificación, señor presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reservas relativas a los artículos 119 y 279 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros. Presidente, nada más como voy a presentar dos reservas le pido sea tolerante con el tiempo. La economía de nuestro país requiere de reformas de fondo que impulsen el crecimiento. Lamentablemente los cambios implementados hasta el momento que surgieron del Pacto por México, no han contribuido a los problemas que pretendían resolver, sino todo lo contrario; nos han llevado a un despeñadero.
Como consecuencia, el crecimiento del producto interno bruto en el primer trimestre fue tan sólo del 0.8 por ciento, no obstante, cabe mencionar que si se compara contra el trimestre anterior y no contra el mismo trimestre del pasado año, el decrecimiento sería de casi 6 por ciento.
No existe un solo indicador que nos muestre una tendencia negativa durante tres meses consecutivos, la inflación estuvo por encima del 4 por ciento, previsto como máximo. La confianza del consumidor ha disminuido en un 2 por ciento. De enero a julio se han creado 300 mil empleos, la cifra más baja para un mismo periodo desde 2009, cuando sobrevino la crisis financiera global. 357 mil trabajadores han perdido su trabajo durante el año. El precio de la mezcla mexicana del petróleo ha presenciado una caída de 6.2 por ciento y el rendimiento promedio mensual de los Cetes descendió 8.3 por ciento.
Mientras el país se sume en el rezago se observa un preocupante encarecimiento de la vida desde el inicio de esta administración. La canasta básica alimenticia ha tenido un incremento de 28 por ciento, haciendo que su costo sea de 235.31 centavos, mientras que el salario sólo creció el 3.9 por ciento, la gasolina, el gas doméstico se ha incrementado en 4.80 pesos, por lo que ahora cuesta 12.17 el litro, y la tarifa residencial de luz eléctrica asciende a 3.86 kilowatt por hora.
Por lo que previamente expuesto, consideramos que el eje rector del dictamen que se discute el día de hoy, debe ser la estabilidad financiera del país, teniendo como propósito la plena protección de los intereses públicos del ahorrador, el cual ha sido el más afectado con la ineficacia en materia económica, demostrada por el actual gobierno.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva a la fracción V, del artículo 119, del dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Las instituciones de banca múltiple deberán contar con un plan de contingencia que detalle las acciones que se llevarán a cabo por la institución, para restablecer su situación financiera ante escenarios diversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez, en términos de lo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general, aprobadas por su Junta de Gobierno.
Presento también la reserva al artículo 279, compañeras y compañeros, la debilidad fiscal y financiera de nuestro país hace que no tan sólo no se genere riqueza, sino que la poca que existe no se distribuye.
Se requieren estados fuertes y bien financiados para garantizar una eficiente distribución de las rentas, que sea capaz de disminuir desigualdades, y por lo tanto, crear cohesión social.
México no mejora en materia económica, porque existe un estancamiento en la productividad. El esfuerzo de nuestro ahorro y trabajo es mucho menor al de otros países de América Latina, de Asia y los Estados Unidos, eso tiene como consecuencia la depresión de salarios reales y del peso de la masa salarial con respecto al producto interno bruto.
Si se desea crear un terreno equitativo de competencia entre las Mipyme, las cuales representan el 99.8 por ciento de compañías del país, y el poder hegemónico de los grandes consorcios, es necesaria la creación de incentivos que otorguen instrumentos a los pequeños negocios para hacer frente a las grandes empresas. El tema es impostergable, debido que el reporte global sobre la competitividad 2012-2013, del Foro Económico Global, nos ubica en el lugar 53 de 144 países en dicho tema.
Resulta sumamente grave, ya que las micro y pequeñas y medianas empresas otorgan empleo a más del 70 por ciento de la población económicamente activa, generando con esto 52 por ciento de la producción nacional. Sin embargo, a pesar de esas estadísticas, tan sólo el 1.6 por ciento de este tipo de negocios se ha visto favorecido con un financiamiento.
Por lo que resulta asombroso que en el dictamen se sugiera que las instituciones financieras regresen a una política de cajones crediticios, lo cual resulta insuficiente, ya que la situación económica obliga al gobierno a exigírselos. Un gobierno omiso y permisivo que no regula las cajas de ahorro que en su mayoría resultan fraudulentas apenas cumplen con los mínimos requisitos de operación y tienen todo el apoyo del gobierno para la defraudación, lastimando a campesinos, a migrantes, a indígenas, como sucede en varios estados de la República Mexicana.
Someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 279 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.
Los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerán la periodicidad, metodología y demás aspectos requeridos para la evaluación de desempeño a la que se refiere el presente título.
La metodología que determinen los lineamientos establecerá los parámetros de evaluación que deberán atender a las características de las instituciones de créditos, tales como el tamaño de sus activos, su grado de intermediación o especialización y cualquier otro que al efecto se determine.
Sé de antemano que las presentes reservas serán rechazadas, como siempre, porque siempre esta Legislatura ha actuado en contra de los intereses de las grandes mayorías del pueblo de México. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 276 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gracias, presidente. El acceso al crédito en México presenta niveles sumamente inferiores a la tendencia mundial.
El financiamiento al sector privado como proporción al producto interno bruto es del 26.1 por ciento, lo cual hace que en nuestro país solo se preste la tercera parte de lo que otorgan otras naciones latinoamericanas como Brasil y Chile.
No cabe duda que para lograr un desarrollo económico, próspero, que permita el fortalecimiento del mercado crediticio con el afán de reducir la brecha de desigualdad lacerante que permea en nuestro país es necesario el impulso a la economía a través de los pequeños empresarios.
La lucha contra las grandes empresas no es tarea sencilla, por lo que es nuestro deber otorgar instrumentos que faciliten la obtención de créditos y de clientes a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Resulta importante mencionar que las Mipymes representan el 99.8 por ciento de las compañías del país. Sin embargo, tan sólo el 1.6 por ciento de dichas empresas se han visto favorecidas con un financiamiento. Así, en el 2011 se otorgó crédito únicamente a 77 mil de las 4.9 millones de negocios de este tipo que existen en México.
La Banca de Desarrollo históricamente ha otorgado préstamos sólo a estados, municipios y a otros bancos, dejando a un lado el objetivo de impulsar la actividad productiva, por lo que con lo previo no tan sólo ha desvirtuado su naturaleza, también ha relegado el otorgamiento de empréstitos a la esfera productiva, lo cual representa el motor de crecimiento de la economía nacional.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva del artículo 276 del dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 276. La evaluación de desempeños se hará respecto del grado de orientación y cumplimiento de las instituciones de banca múltiple en el desarrollo de su objeto social al apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país, al grado de créditos otorgados a la esfera productiva y al crecimiento de la economía nacional, con apego a las sanas prácticas y usos bancarios, así como aquellos otros aspectos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante los lineamientos que al efecto expida. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se rechaza. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 278 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda alguna una de las más grandes contribuciones que surgen como resultado de la lucha de los ciudadanos contra el absolutismo de los reyes radica en la teoría de la división de poderes.
Motesquieu expone dentro del espíritu de las leyes que el valor político supremo es la libertad, mientras que el mayor enemigo de la misma es el poder. Es por lo anterior que para evitar que las decisiones se concentren en una sola figura resulta menester establecer un sistema de contrapesos y equilibrios, donde los distintos actores se autorregulen. Dividir el ejercicio del poder garantiza la libertad y bienestar de los ciudadanos, evitando que el ejercicio de la ley derive en el abuso y la satisfacción de intereses particulares.
No obstante lo anterior, no tan solo no ha sido la premisa del actual gobierno, sino por el contrario, la concentración del poder se predomina en la autoridad en unos pocos.
Dentro del dictamen que nos compete el día de hoy, de manera reiterada observamos la intención de hacer de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un ente todopoderoso por encima de los otros organismos creados con la finalidad de equilibrar el poder.
En Movimiento Ciudadano no apoyaremos una reforma que buque concentrar el poder, que tienda a derivar en corrupción e impunidad de insatisfacción de demandas particulares a costa del bienestar de los ciudadanos.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente reserva al artículo 278 del dictamen con proyecto de decreto para quedar en los siguientes términos: el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuvarán en las evaluaciones de desempeño en el ámbito de sus respectivas competencias. Es cuanto, compañeras y compañeros; señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra, el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reservas relativas a los artículos 14 Bis 1 y 80 Bis de la Ley de Sociedades de Inversión.
El diputado Ricardo Mejia Berdeja: Gracias, presidente. No solamente se protege a los bancos y se criminaliza a los deudores, sino también en la Ley de Sociedad de Inversión se hace nugatorios los derechos laborales de los trabajadores y no se permite que aquel accionista que legítimamente se retire pueda ser objeto de la liquidación y de la recuperación de sus fondos.
Por eso estamos proponiendo estas reservas y le pedimos a la asamblea que sea obsequiada. No albergamos esperanza de que sea aprobada, porque han venido rechazando mecánicamente todas las propuestas; esto se ha convertido en un modus operandi de esta Cámara, de este Poder Legislativo y es muy triste el papel en esta supuesta reforma financiera.
Estamos pasando a la cuarta etapa de la Banca a partir de 1982, que fue la estatización de la Banca, con Salinas de Gortari se reprivatiza la Banca, 18 bancos en un proceso que coordinó el jefe político del secretario de Hacienda actual, que era Pedro Aspe y sigue siendo su jefe, que es el secretario de Hacienda real del país y coordinó todo este proceso de privatización.
Se decía entonces que una de las tres prioridades era que la banca nacional se mantuviera como tal. Sin embargo pasamos a la banca extranjerizada y hoy, en esta cuarta etapa, pasamos a una banca blindada, oligopólica y totalmente irresponsable. Nos parece muy triste que los legisladores actúen como personeros de la Banca. Como carceleros de los deudores.
Éste es, compañeras y compañeros diputados, un día negro para los usuarios de la Banca. Desafortunadamente cuando empiecen a llenarse las cárceles con desempleados que luego no pudieron pagar créditos y sean aprisionados por deudas civiles, ellos se acordarán muy bien de esta jornada donde, entre la apatía, el desinterés y el desgano, se está consolidando una reforma para los grupos transnacionales.
Por eso nosotros dudamos de la supuesta intención de eliminar la consolidación fiscal que se anunció en la reforma hacendaria, porque si no quieren tocar a la banca extranjera, no creemos que quieran tocar a los 400 grupos empresariales más importantes que a través de la consolidación fiscal pagan cantidades ridículas de impuesto sobre la renta. Seguramente por acá veremos en unos días a sus cabilderos y siempre encontrarán a través de personeros y de abogados la manera de eludir la consolidación fiscal.
Así como a Scotiabank, Bancomer, Santander, HSBC, entre otros -la banca extranjera- no se les toca, seguramente de propiciarse su intención privatizadora, tampoco tocarán a Exxon, a Shell, a Chevron y éstos serán los verdaderos poderes de la república. No esa república de hipócritas, como diría el diputado Monreal, sino la república de los poderes fácticos que hacen y deshacen en el país.
Por eso nosotros no quisimos desaprovechar esta oportunidad para pasar lista de todo lo que se ha hecho en detrimento del pueblo de México. Una reforma laboral que no ha creado empleados –concluyo, presidente–. Una reforma educativa que golpea al Magisterio y que ahora va a golpear a la educación privada con colegiaturas con IVA. Una reforma a las telecomunicaciones que está empantanada y sujeta a los intereses de los grandes grupos empresariales. Y, hoy, este regalo a los deudores con cárcel y esta impunidad de la banca extranjera.
¿Qué sigue ahora? ¿Más reformas regresivas? ¿Privatizar Pemex? Cuando menos hay 70 legisladores que seguimos firmes al Movimiento Progresista que no hemos transado, que no hemos claudicado y que seguiremos diciendo nuestra verdad y no por mendrugos de poder estemos legitimando esta traición a la patria. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Para presentar 10 reservas en un solo acto, se concede el uso de la palabra al señor diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Presentará las reservas a los artículos 4o., de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del artículo cuadragésimo primero del decreto; 29 de la Ley del Banco de México del artículo cuadragésimo tercero del decreto; 21 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro del artículo cuadragésimo cuarto del decreto; 29 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros del artículo cuadragésimo quinto del decreto; 15 de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas del artículo cuadragésimo sexto del decreto; 50 y 51 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas del artículo cuadragésimo séptimo del decreto; 7o., y 8o., de la Ley de Inversión Extranjera del artículo cuadragésimo octavo del decreto y finalmente el artículo quincuagésimo del decreto. Se le concede el uso de la voz, como él lo solicito, hasta por 10 minutos.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Gracias, señor presidente. En este sentido la idea, para algunos dirán bueno por qué suben estos legisladores ahí con sus reservas si saben que las vamos a votar en contra. Pero bueno, nosotros creemos que tenemos una responsabilidad y que al final de cuentas también tenemos un derecho y que debemos de ejercer ese derecho y tratar de que este Congreso tenga cierta dignidad. Decíamos, para no hacer tan larga esta situación y porque tiene que ver, todo esto tiene que ver exactamente con lo mismo.
De la reforma llama la atención que se pretenda abrir totalmente a la inversión extranjera a las administradoras de ahorro para el retiro, es decir, se propone que ahora los más de 2 billones de pesos que suman el ahorro cautivo de los trabajadores, sea administrado por empresas foráneas, que seguramente no van a buscar utilizar ese ahorro en beneficio de México y del futuro del país, sino en recuperar su inversión, como ya se observó en el pasado. ¿Qué no aprendemos? No aprendemos de la historia.
Lo más grave es que esta reforma, de aprobarse y al poner a disposición de instituciones del exterior los recursos disponibles en las Afores, agrava el problema del ahorro nacional. Y como han dicho algunos de los que me antecedieron, si no hay ahorro, no hay financiamiento.
Y más aún, de acuerdo con el Banco de México, incluyendo los recursos del ahorro voluntario y las de las Afores, el ahorro nacional suma 8 billones de pesos, equivalente a cerca de 50 por ciento del producto interno bruto.
Si a eso se suman los recursos aportados por los no residentes, que por cierto es inversión extranjera que se invierte en deuda pública y significa un riesgo e influye de manera determinante en muchas de las disposiciones de la política monetaria que repercuten en el desempeño de la economía nacional, se tiene que el ahorro financiero total suma 10.4 billones de pesos, apenas 67.2 por ciento del producto interno bruto.
Lo terrible es que el peso del ahorro externo, del ahorro disponible, que es un factor de incertidumbre y que frena la posibilidad de bajar las tasas a los usuarios del país, ya se encuentra al nivel alcanzado en 1994, cuando estalló la crisis que tanto recuerdan panistas y priistas y que hoy han puesto en esta circunstancia al país.
Lo peor es que un alto porcentaje de los recursos externos depositados como deuda pública y que siguen como tal están saliendo del país seguramente por los más sacrificados personeros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y de la Coparmex.
De acuerdo con las cifras de la balanza de pagos, en el sexenio de Calderón se registró una salida acumulada de 50 mil millones de dólares que se depositaron en bancos del exterior, 70 mil 658 millones que se destinaron a inversión directa de mexicanos en el exterior y 39 mil 777 millones de dólares que salieron del país en el renglón de otros, es decir, cerca de 160 mil millones de dólares en sólo seis años, y en lo que va de este gobierno la situación no ha cambiado, continúa igual.
Los dólares que entran como deuda salen como inversiones por la puerta de atrás en el país. Por eso propongo que estas reservas, además de preservar la propiedad nacional de las instituciones financieras que aún limitan la participación de inversionistas foráneos y que buscan obligar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mejorar la información que proporciona al público y al banco de México, mantengan la regulación sobre los flujos de la banca comercial.
La referencia es por lo siguiente, entre otros artículos, pero sólo me voy a permitir leer el que tiene que ver con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en su artículo 15. En estos momentos lo que se pretende es que las entidades afianzadoras, aseguradoras, reaseguradoras o reafianzadoras del exterior y las personas físicas o morales extranjeras distintas a las instituciones financieras del exterior podrán adquirir acciones representativas de capital de estas instituciones de fianzas.
El texto que proponemos dice así, entre otras, la parte de la redacción del texto: “La inversión mexicana siempre deberá mantener la facultad de determinar el manejo de la institución y su control efectivo. A tal efecto, la inversión extranjera deberá hacer constar en una serie especial de acciones representativas de capital de la sociedad correspondiente, misma que en ningún caso podrá rebasar el 49 por ciento del capital pagado de la sociedad”.
Todas las demás tienen que ver en ese mismo sentido: que las instituciones extranjeras no tengan el control y que a final de cuentas decimos que si manejan estos billones de pesos de los trabajadores mexicanos que están actualmente en las Afores, vayan a utilizarlas, como actualmente lo hacen los bancos extranjeros, que vienen a sangrar la economía nacional. Los dividendos que se les otorgan en estos momentos a la banca extranjera no los reinvierten precisamente en nuestro país, sino los utilizan en el exterior porque ahí no hay ninguna obligación que pueda exigirles que efectivamente que reinviertan en nuestro país. La misma situación va a pasar. Es decir, ahora a pegarle más a los trabajadores mexicanos, a esos ahorros de los trabajadores mexicanos. Con esto se abre la posibilidad para que sean inversionistas extranjeros quienes vayan a administrar ese esfuerzo de muchos años de los trabajadores mexicanos y utilicen en su país de origen esos recursos económicos.
Pero ustedes dirán: y por qué la insistencia de estos legisladores de izquierda de estar impulsando este tipo de reservas. Por qué defender a México. Simple y sencillamente porque mi acta de nacimiento dice que yo soy mexicano, así de sencillo, por eso defiendo a los mexicanos.
Creemos que en estos momentos, en este Congreso aprobamos modificaciones, por ejemplo, al artículo 27 de la Constitución, lo cual ahora facilita que los extranjeros que puedan adquirir tierra cerca de las playas y anteriormente eso estaba impedido a los extranjeros, pues si eso se les permitió, han decir ustedes es peccata minuta que los extranjeros controlen el recurso económico de los trabajadores mexicanos. Pero bueno, hay una visión distinta de cada uno de nosotros, decimos que nosotros tenemos realmente el compromiso de defender a los ciudadanos mexicanos y por eso hacemos ese esfuerzo, defender a los trabajadores de nuestro país.
Pero bueno, en el caso de este Congreso, que de las obligaciones que tenemos es precisamente debatir con ideas, en lo personal me hubiese gustado que alguien del PRI subiera y que dijera: no es cierto, no se va a dar esta situación, y que con argumentos pudiera rebatir esto, pero ni siquiera permiten ustedes que se ponga a discusión. No hay debate, ni siquiera hay conocimiento de los temas, lo único que creen ustedes es servirle al Ejecutivo en este momento.
A final de cuentas decimos: cada quien, claro que responde por sus actos; cada quien cuando transita por las calles, porque difícilmente muchos de ustedes lo hacen de manera tranquila. Estoy seguro que tiene que contar ahí con la protección de gente a su alrededor, porque con todas estas leyes que están aprobando, difícilmente el ciudadano que lo reconozca los va a ver con mucha cordialidad en las calles de nuestro país.
Pero bueno, están ustedes abonando, precisamente, a que el pueblo tiene que generar conciencia y este estado de cosas –decimos nosotros– este estado de cosas no va a aguantar. Si bien es cierto que al país lo han estado saqueando y que los mexicanos han aguantado.
Pero bueno, nosotros seguimos teniendo la esperanza en el pueblo mexicano y estamos plenamente convencidos que algún día esto tendrá que cambiar para beneficio de los verdaderos mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Silvano Blanco Deaquino. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva relativa al artículo 26 de la Ley del Banco de México.
La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
Acudo a esta tribuna para presentar la reserva al artículo 26 de la Ley del Banco de México a efecto de ser incorporado en el dictamen de mérito. Esta reserva tiene por objeto incluir la posibilidad de establecer límites o parámetros de referencia, a las comisiones, tasas de interés activas y pasivas, previo su análisis y dictaminación en el que se indique que no representa la realidad del mercado para un producto o un determinado sector de la población. En este caso la tasa de interés de operaciones pasivas siempre deberá tener como base la tasa de rendimiento en colocación primaria de los certificados de la Tesorería de la Federación.
Con la presente reserva pretendemos que las disposiciones emitidas busquen en todo momento un equilibrio entre los diferenciales existentes entre las tasas activas y las tasas pasivas que ofrecen las instituciones.
Es de reconocer que muchos de los puntos tratados con antelación para ser incorporados también en el dictamen, tiene que ver con dar garantías a los usuarios de las instituciones financieras a efecto de conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Sin embargo, hasta este momento no hemos conseguido que alguna de las instituciones financieras o el propio Banco de México se base en un límite para el cobro de las comisiones, pues se sigue actuando con base a la oferta o demanda o bien al libre cálculo para el cobro de una deuda.
Debemos reconocer que en la actualidad nuestro país no cuenta con un mecanismo que por medio del Sistema Bancario Nacional pueda formar parte de alguna política de asesoría u orientación sobre las formas de uso de los recursos financieros. En otras palabras, no contamos con una cultura de educación para el correcto uso de los créditos y préstamos ofertados por los bancos.
De manera recurrente encontramos infinidad de casos en los que los usuarios y derechohabientes de los bancos sufren descalabros e irregularidades en el manejo de sus cuentas, lo que irremediablemente se traduce en una pérdida de solvencia y por ende en la inclusión a la cartera vencida.
Aunque éste no es el caso de fondo, tiene que ver con la determinación de las instituciones bancarias para hacer efectivos los cobros, generalmente basados en un mecanismo usurero, por lo que de ninguna manera los usuarios podrán obtener oportunidad alguna de cubrir su deuda total por lo fluctuante de los montos adeudados.
En este sentido es que presentamos la presente reserva para permitir que el Banco de México sea quien determine los límites de las comisiones y de las tasas de interés para ser cobradas, basadas a la realidad del mercado sobre un producto financiero.
Estamos convencidos que con este tipo de propuestas, quienes tengan la desgracia de caer en condiciones de morosidad podrán contar con mayores oportunidades de lograr su estabilidad financiera, liquidar sus deudas y obtener las garantías para gozar con algún crédito futuro. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Para presentar la última reserva que tenemos registrada, se concede el uso de la palabra a la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Es una reserva relativa al artículo 21 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente, y aunque por ahí el diputado Isidro me decía que no, siempre es necesario exponer lo que uno piensa. Y si nosotros hacemos las reservas a esos artículos es porque queremos contribuir, queremos que las cosas mejores, jamás lo hacemos nada más para oponernos o porque nos gusta ser negativos. No es así.
Las profundas transformaciones que en los últimos años ha afectado al sistema político mexicano, han impactado directamente el comportamiento y dinámica del Poder Ejecutivo y equilibrio frente a los otros Poderes.
Sabemos que en nuestro país contamos con un régimen presidencial, el cual no había sido objeto directo de modificaciones institucionales mayores. Sin embargo, con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República, se pretende llevar a cabo una serie de contrarreformas encaminadas a la afectación de la ciudadanía y a recuperar una amplia gama de funciones, convirtiéndose en un gobierno centralista, ya que reforma tras reforma se le otorgan mayores facultades, permitiendo la invasión de esferas competenciales respecto a otros Poderes.
Hoy en día, Peña Nieto pretende, a través de una iniciativa, reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, donde además de seguir dotando de facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pretende otorgar a los gobiernos extranjeros la posibilidad de participar directa o indirectamente en el capital social de las administradoras. Es decir, los fondos para el retiro llegarán a ser, en un determinado momento, administrados por extranjeros, vulnerándose completamente la Constitución federal.
De aprobar esta ley en sus términos, traería como consecuencia que los intereses e inversiones de los trabajadores esté supeditado al dominio de un gobierno extranjero, afectando a la clase trabajadora, pues no debemos olvidar que el objeto de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es el de regular precisamente el funcionamiento de éstos y las participaciones previstas en la Ley del Seguro Social, la Ley de Infonavit y la Ley del ISSSTE.
Yo pregunto, ¿acaso no son estas leyes las que aglomeran los derechos de los trabajadores? ¿Cuál es la urgencia de gobernar bajo un esquema entreguista, fortaleciendo antes que los mexicanos, a los extranjeros?
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone no modificar el artículo 21 y propone que se respete como está ahorita el texto vigente, solamente así vamos a garantizar que el ahorro de nuestros trabajadores mexicanos, que el ahorro nuestro, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la gente que trabaja todos los días, se quede en México.
Hagamos un momento de conciencia y de reflexión. No es votar nada más. No es contestar no a todo. Es analizarlo, compañeros. Porque mañana vamos a dejar de ser diputados y seremos nuevamente ciudadanos y muchos de nosotros que venimos de la clase trabajadora vamos a regresar a nuestros centros laborales y también algún día vamos a envejecer y nuestros ahorros, entonces lo vamos a lamentar y vamos a decir, cuando yo fui diputada o diputado no me di cuenta y voté. Ahora cómo recuperamos nuestros ahorros.
Es lesivo, cada vez más estamos permitiendo que en las calles la gente se manifieste. Parece que no les estamos dejando otra alternativa, más que tomar las calles, Y luego venimos aquí y los llamamos vándalos, y luego venimos aquí y los satanizamos.
Qué vergüenza para nosotros, en esta Legislatura, estarle entregando a los extranjeros lo que los mexicanos con tanto trabajo hemos conseguido: nuestra libertad, nuestra independencia.
También ya entregamos las playas. En la Ley de Telecomunicaciones les permitimos la inversión extranjera al 100 por ciento. Y ahora, si no detenemos este texto les vamos a permitir que los fondos de los ahorros de nuestros amigos, de nuestros familiares, de hijos, de nuestros hermanos trabajadores se vayan al extranjero.
Hagamos un momento de reflexión, compañeros. Y pido que por favor pongamos atención a lo que estamos votando. Hay honrosas excepciones en el PRI y en el PAN que sí saben lo que están haciendo. Sin embargo, la inmensa mayoría nada más levanta la mano por levantarla en automático. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si el asunto se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si admite discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo particular, de los artículos reservados, contenidos en los artículos vigésimo octavo, trigésimo primero, trigésimo sexto, trigésimo noveno, cuadragésimo primero, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo séptimo, cuadragésimo octavo y quincuagésimo del proyecto de decreto, en sus términos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 114, numeral 22 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación nominal, en lo particular, de los artículos reservados contenidos en los artículos vigésimo octavo, trigésimo primero, trigésimo sexto, trigésimo noveno, cuadragésimo primero, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo séptimo, cuadragésimo octavo y quincuagésimo del proyecto de decreto en sus términos.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 365 votos a favor, 8 abstenciones y 65 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo particular los artículos reservados contenidos en los artículos vigésimo octavo, trigésimo primero, trigésimo sexto, trigésimo noveno, cuadragésimo primero, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarto, cuadragésimo quinto, cuadragésimo sexto, cuadragésimo séptimo, cuadragésimo octavo y quincuagésimo del proyecto de decreto.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta a la Cámara de Senadores se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes sin modificar lo aprobado por el pleno.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: A nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional se ha hecho entrega en sus curules de una moneda conmemorativa del centenario del Ejército Mexicano. Ésta fue acuñada y puesta en circulación el pasado 15 de agosto a partir de la iniciativa presentada por los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, misma que fue aprobada por este pleno el pasado mes de febrero.
Esta moneda de circulación nacional constituye un reconocimiento a los 100 años de lealtad institucional de nuestras Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que la conforman.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México, así como a los municipios de Netzahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán, para que en un ambiente de coordinación y colaboración institucional concurran en la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro, el cual se encuentra publicado en sus monitores.
Por lo tanto, y en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
L Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a los cambios de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones ordinarias, especiales y de grupos de amistad, que se encuentran publicadas de igual manera en sus monitores. En votación económica se consulta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputada, ¿con qué objeto, diputada Bautista? ¿Con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Bautista.
La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solo para recordarle que tengo una solicitud pendiente, por favor, un minuto de aplausos al presidente Salvador Allende.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Concedido para quienes así deseen hacerlo.
La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Muchas gracias, presidente.
(Un minuto de aplausos)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (19:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 11 de septiembre de 2013, a las 11 horas, para llevar a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, con la finalidad de profundizar en el Análisis del Primer Informe de Gobierno en materia económica y de presentar el paquete económico 2014, incluyendo la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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