Comunicaciones
De la Mesa Directiva, con modificación de turno
De la Junta, con cambios en comisiones
Retiro de diputadas y de diputados
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Junta, relativos a las comparecencias por el Primer Informe de Gobierno
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Rocío Esmeralda Reza Gallegos, PAN
Fernando Bibriesca Sahagún, PNA
Dictámenes
Que adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, fundamentación
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y en lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Con cambios en comisiones y grupos de amistad
Que adiciona el punto segundo del acuerdo que crea los Grupos de Amistad
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 341 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:22 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte, por favor, la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio de la Mesa Directiva, en relación a las modificaciones de turno de cinco iniciativas de proyecto de decreto que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y de la Confederación Parlamentaria de las Américas, Copa, que se encuentran disponibles en la pantalla de sus curules.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Oficio del diputado Alberto Curi Naime, por el que se solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción VI Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, presentada en sesión de la Comisión Permanente del 22 de mayo del año en curso, sea retirada de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio del diputado Blas Ramón Rubio Lara, por el que se solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 7o., 12 y 47 de la Ley General de Educación, presentada el 19 de septiembre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Oficio de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, por el que se solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentada el 29 de abril del año en curso, sea retirada de la Comisión de Justicia.
Oficio de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, por el que se solicita que su iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 215-A, 215-B y 215-C y se adiciona un artículo 215-A Bis del Código Penal Federal, presentada el 24 de septiembre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Justicia. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de diversas autoridades 13 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año legislativo, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento, según corresponda.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica y adiciona el diverso relativo a la comparecencia en comisiones de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acuerdo:
Primero. Se modifica y adiciona el resolutivo primero del acuerdo relativo a la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en comisiones, para el análisis del Primer Informe de Gobierno aprobado por el pleno el pasado 18 de septiembre de 2013 para quedar como sigue.
Segundo. La comparecencia que deberá celebrarse será la siguiente:
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social.
Titular: licenciada Rosario Robles Berlanga.
Comisiones: Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género.
Tercero. En términos del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Transitorios:
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a 25 de septiembre de 2013. Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política; diputado Manlio Fabio Beltrones, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en contra del acuerdo, en representación del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Nosotros sí queremos que venga Rosario Robles a esta Cámara, pero queremos que venga al pleno de la Cámara. No que sea resguardada en comisiones en un formato a modo simple y sencillamente para que pase esa aduana, cuando hay temas muy relevantes que abordar.
Necesitamos no sólo retomar las denuncias por la utilización indebida de la Cruzada Contra el Hambre en el proceso electoral de julio pasado, sino también que la titular explique ampliamente cuál es la participación de la Secretaría de Desarrollo Social frente a los desastres, frente a la emergencia que viven 24 estados del país, y con mayor razón estados como Guerrero, como Sinaloa, entre otros.
Por esa razón queremos proponer que la titular de Desarrollo Social no comparezca solamente ante las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas o de Igualdad de Género, sino que lo haga aquí en el pleno.
Porque miren ustedes –robo su atención, están muy distraídos; están carburando todavía en la mañana-, el tema es el siguiente. Cuando compareció Luis Videgaray como secretario de Hacienda, bajo juramento negó que el país estuviera en recesión económica –ése es un perjuro-, y sin embargo el Inegi ya ratificó lo que nosotros hemos señalado, que el país está en recesión económica.
Por esa razón a nosotros nos interesa que comparezca Rosario Robles ante el pleno y que nos informe qué se está haciendo para no lucrar políticamente con los desastres; porque por ahí el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto criticaba que no se lucrara con los desastres, pero él sí está lucrando con los desastres.
Día y noche en horarios AAA está montado en un aparato propagandístico para tratar de revertir la crisis económica que vive el país.
Es el modelo de Laura Bozzo, el modelo de propaganda, que es el show mediático para hacer como que se hace y se simula y no se lleva atención a fondo.
Por eso queremos, y concluyo, presidente, que comparezca ante el pleno y que no se esté lucrando políticamente con la ayuda. Queremos que haya transparencia, queremos que haya reglas claras.
Y queremos también saber por qué un helicóptero del estado de México, del gobernador Eruviel Ávila que acaba de rendir su segundo informe, concluyo, presidente, fue utilizado por esta comunicadora para montar un circo propagandístico. Desde aquí nuestra solidaridad con la respetada periodista Carmen Aristegui.
Y también pedir que comparezca el titular de Conagua, porque se está queriendo deslindar de la responsabilidad de no haber alertado a tiempo y hay toda una estrategia mediática para cubrirlo, porque es parte de la camarilla política que está gobernando hoy el país. Por esta razón, pido, presidente, que se someta nuestra propuesta.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que no tendremos la propuesta por escrito, pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el entendido de que quienes voten en contra le estarán dando la razón al diputado Mejía Berdeja. Pregunte la secretaría a la asamblea si se autoriza el punto de acuerdo, los puntos de acuerdo, los resolutivos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura a los resolutivos de la propia Junta de Coordinación Política en relación a la comparecencia en comisiones del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acuerdo. Primero. Como parte del análisis del primer informe de gobierno del presidente de la república, se aprueban las comparecencias en comisiones de los siguientes servidores públicos: Dependencia, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; titular licenciado Enrique Martínez y Martínez. Comisiones: Comisiones Unidas de Agricultura y Sistemas de Riego, de Desarrollo Rural, de Ganadería y de Pesca.
Segundo. Las juntas directivas de las comisiones competentes establecerán las fechas y horas en que se desahogarán las comparecencias. Las llevarán a cabo conforme al formato establecido en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Esta comparecencia deberá programarse en horarios distintos a las sesiones del pleno.
Tercero. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo a efecto de que se notifique al funcionario correspondiente.
Cuarto. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 25 de septiembre de 2013.
Firmado por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta a los diputados y diputadas si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió del señor diputado don Juan Pablo Adame Alemán, del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
Se turna a la Comisión de Comunicaciones para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Se recibió del propio diputado Juan Pablo Adame Alemán iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Del propio don Juan Pablo Adame, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
De doña Esther Quintanilla Salinas, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
De don Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.
De doña Alfa Eliana González Magallanes, del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, misma que se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Miriam Cárdenas Cantú, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 215-A, 215-B y 215-C y se adiciona un artículo 215-A Bis, del Código Penal Federal.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados: hay hechos delictivos que nos lastiman a todos y a todas, que nos duelen e indignan por las circunstancias en que son cometidos, y más aún, por las terribles consecuencias que tienen para la sociedad entera.
Me voy a referir a uno de ellos, las desapariciones forzadas, delito en que confluyen dos hechos que saltan a la vista. Por un lado, la desaparición forzada de una persona que se traduce en una ausencia injustificada contrario a los más elementales derechos de libertad y seguridad jurídica.
Por otro lado, tenemos la acción ilegítima y violenta de sustraer a una persona de su entorno y separarla de su familia, con todas las consecuencias que ello implica.
Pero también en este delito existen otras circunstancias que no son tan obvias, subyace en él la acción criminal de las autoridades que participan en su comisión, o en muchos casos, la aquiescencia, tolerancia o consentimiento de las mismas.
Entonces, si nos referimos a las desapariciones forzadas, nos encontramos frente a delitos en los que se quebranta por las autoridades no sólo la ley sino la confianza que ha sido depositada en las mismas, porque quien debe protegernos se convierte en verdugo y esto, señoras y señores, no puede tolerarse en forma alguna en un Estado que se precie de ser un Estado de derecho.
Coincidirán conmigo en que se trata de actos criminales que nos hieren a todas y a todos los mexicanos, que es un delito que suma como víctimas primero a quien es privado injustificadamente e ilegalmente de su libertad; segundo, a sus familiares y amigos y finalmente a cada integrante de toda una sociedad.
En México las cifras oficiales de desaparecidos son alarmantes. En febrero de 2012 el gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que desaparecieron 26 mil 121 personas entre el 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Se trata de una cantidad que dimensiona sobre la gravedad del problema, porque a ella, como he señalado, hay que sumar también otras víctimas; sus familiares.
Frente a esta problemática debemos tomar medidas en serio. Ya el gobierno de la república ha dado un primer gran paso, reconocer el problema y su gravedad, realizando acciones para atenderlo con la urgencia que demanda y a esas medidas debe sumarse otras de carácter legislativo, que se encuentren a la altura de las circunstancias y que den respuesta a una sociedad que no quiere vivir con temor e incertidumbre.
Para dar ese paso tenemos ya un marco normativo en materia de derechos humanos que se deriva de la reforma constitucional de 2011. Hoy, el tiempo, como fue dicho por Norberto Bobbio, es uno; el de los derechos humanos y su lugar, el de todo el mundo, el de su universalización.
Hoy también se actualiza aquella máxima que durante la revolución francesa quedó eternizada en el artículo 2o de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre.
Hoy es tiempo de transitar hacia nuevos estadios que fortalezcan el sistema garantista que instituyó aquella reforma de 2012. Es tiempo de que nuestras leyes se actualicen y respondan a parámetros esenciales de protección y garantía.
Compañeras y compañeros, en ese ánimo de renovación jurídica acudo ante esta soberanía para presentar esta iniciativa de reformas al Código Penal Federal con el objeto de adecuar la definición del delito de desaparición forzada y ajustarla a los estándares internacionales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Miriam. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
Esta Presidencia saluda con todo afecto a doña Esther Quintana, que no Quintanilla, y con eso me evito un regaño de su parte.
Esta Presidencia destaca la presencia en este salón de sesiones de parlamentarios de Centroamérica que asisten a la IV asamblea ordinaria del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones (Coparem) y cuyo presidente pro tempore es el señor diputado don Mario Alexander Baraona, del Congreso Nacional de Honduras, quien los encabeza.
Este grupo de parlamentarios centroamericanos ha sido invitado al Palacio Legislativo por nuestra muy apreciable compañera doña Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.
Viene también con ellos nuestra muy apreciable compañera senadora y ameritada deportista doña Ana Gabriela Guevara.
Su presencia, señoras legisladoras y señores legisladores, enriquecen los históricos lazos de amistad, diálogo y hermandad entre México y Centroamérica. Sean ustedes bienvenidos.
Están, y lo digo rápidamente, los legisladores tanto de Nicaragua, como de Panamá, de Dominicana, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica. Don Juan Ramón Jiménez, don Hernán Delgado Quintero, doña Lucía Alba, don Mario Alexander Baranona –como ya comentamos–, don Roberto Castillo, Karina Sosa, Jean Paul Briere Samoaya, Hernana Delgado Quintero, Fernando Carrillo, Yolanda Acuña, Juan Compres y don Alfredo Martínez. Sean ustedes bienvenidos y disfruten su estancia entre nosotros.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Muchas gracias, presidente. Con la venia. Solicito que quede de forma íntegra el documento que hoy presento a nombre de mi grupo parlamentario, dentro del Diario de los Debates, presidente.
Hoy los diputados del PAN presentamos esta iniciativa que adiciona una fracción en el artículo 73 de nuestra Carta Magna para expedir la ley relativa al sistema nacional de evaluación de los servidores públicos de elección popular, aplicable a los tres órdenes de gobierno de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Así como al 108 para que queden como sujetos obligados, desde el presidente de la República, los gobernadores, jefe del gobierno del Distrito Federal, legisladores federales y locales, integrantes de los ayuntamientos y autoridades delegacionales.
La evaluación la realizará un consejo ciudadano con facultades para este fin, dentro de un órgano autónomo de los ya establecidos.
No pretendemos generar mayor burocracia. En materia de sanciones será remitida a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, realizando, desde luego, las modificaciones correspondientes para este nuevo ordenamiento.
Más que nada, pretendemos brindarle al ciudadano un instrumento medible que le sirva para saber el resultado de sus gobernantes.
No podemos estar ajenos a que existe un sentir ciudadano de que los políticos en México es una clase privilegiada que nadie toca. Que puede incluso vivir en la impunidad. Que ha estado en deuda con México. Hoy el Partido Acción Nacional presenta un esquema de forma responsable, de cara a la nación para elevar y profesionalizar a la política y a los políticos. Un esquema de evaluación al desempeño de su función a través de indicadores para cada cargo de elección popular.
Si bien es cierto que a México le urgen las reformas que le brinde viabilidad económica porque la desigualdad pareciera el factor más demoledor, también es cierto que a México le urge una clase política congruente, de firmes principios, que pueda tener autoridad moral para conducir a la nación.
Mucho hemos hecho con el Pacto por México, es cierto. Pero el verdadero pacto que México necesita es un pacto con los ciudadanos. O más, incluso, una gran alianza con la ciudadanía, para que de forma conjunta podamos resolver los problemas que cada vez son mayores.
Necesitamos acortar la distancia entre gobernantes y ciudadanos. México necesita líderes congruentes. Políticos que quieran ceder ante sus propios privilegios. Que sean ciudadanos ejemplares.
El reto de los políticos es vivir como auténticos ciudadanos. Hombres y mujeres capaces de percibir los problemas diarios que aquejan al más humilde. Que sepan el precio de la canasta básica. Que hagan filas para realizar un trámite. Que conduzcan su auto por el tráfico intenso, incluso, que se trasladen en transporte público. Que sean partícipes de las actividades escolares de sus hijos. Que acudan a un partido de futbol de barrio. México necesita de ciudadanos ejemplares para conducir la política del país.
El esquema de evaluación al desempeño a representantes de elección popular es una base importante para brindar resultados efectivos, que es nuestra obligación. Iniciamos por o menos con ello. La parte de la ética política es una decisión de cada quien, estrictamente personal, que no tiene que ver ni siquiera con partido alguno.
Si evaluamos a los maestros, a los policías, a los funcionarios públicos, a través del Servicio Profesional de Carrera, por qué no damos el ejemplo e iniciamos por evaluarnos nosotros. Nosotros, quienes somos los que tomamos las decisiones y somos los impulsores de las políticas públicas del país.
Es muy justo que nuestro desempeño sea evaluado, y sometido al escrutinio de la sociedad. Es muy justo que tengamos que rendir cuentas para el cargo que se nos ha conferido. Los actuales sistemas de rendición de cuentas han dejado un sabor muy amargo a la sociedad. Entrar a un modelo de evaluación al desempeño será verdaderamente un mensaje de un México renovado que inicia con su propia casa.
Desde la máxima tribuna de este país los diputados del PAN hacemos una convocatoria amplia a todos los ciudadanos. Te convocamos a ti, ciudadano, que eres el motor de este país, a las organizaciones d la sociedad civil, a los representantes de todos los sectores, hombres, mujeres, jóvenes, a que nos digan cómo quieren evaluar a los políticos.
Haremos, foros, consultas, generaremos opinión ante medios de comunicación, en redes sociales. Y les pedimos a las legisladoras y a los legisladores de todos los partidos que hagan propia esta iniciativa, esto requiere del compromiso de todos y de todas. Esta consulta la encabezará Acción Nacional.
Gandhi dijo que uno de los peligros del hombre es hacer negocios sin ética, oración sin caridad y política sin principios. Los diputados del PAN, ciudadanos que movemos a México, que hemos actuado de forma responsable ante los momentos que vive el país y en el lugar que nos ha colocado la historia, hoy proponemos evaluar a los políticos. Hoy convocamos a las legisladoras y a los legisladores a que lo hagamos como un propósito noble y de gran necesidad de resolver sin distingos de colores lo que es mejor para México.
En Acción Nacional le entramos de lleno a uno de los reclamos más sentidos del ciudadano, qué hacen los políticos por este país. Hay que evaluar su desempeño, porque de ahí deriva el desarrollo de esta gran nación. El PAN no le teme a que seamos evaluados. Esperemos que tampoco el PRI ni el PRD ni los demás partidos. Una clase política honesta, que brinde resultados efectivos, para lo que fue electo, es lo que el PAN propone.
Hoy me siento, hoy me siento con la frustración del ciudadano, de que no somos sujetos a ningún escrutinio, a final de cuentas, a final de cuentas es fácil justificaros ante los demás. Lo difícil es hacerlo ante sí mismos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Esmeralda. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Ricardo Monreal Ávila para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 114 y adiciona el artículo 122 Bis al Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, suscrita por él y por el señor diputado don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura en administración pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por doña María de las Nieves García Fernández.
También a los provenientes de Apan, Hidalgo. Invitados por don Francisco González Vargas. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes, a ésta, la Casa del Pueblo de México. Tiene la palabra, don Ricardo.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. Quisiera robar la atención, llamar la atención a esta iniciativa; esta iniciativa que estoy presentando con proyecto de decreto pretende adicionar una fracción al artículo 114 y el artículo 122 Bis del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Nosotros hemos visto como el desarrollo de las sesiones, cuando existen aprobaciones de leyes trascendentes, los procedimientos legislativos han sido constantemente impugnados, han sido cuestionados, especialmente aquellas leyes que han pasado por esta Cámara y por el Congreso, que han generado una gran polémica, inquietud e incluso inconformidad social, como son la reforma laboral que sepultó las conquistas de los trabajadores de décadas conseguida; como es la reforma educativa que aún sigue sub júdice en la calle aun cuando se haya agotado el procedimiento formal del constituyente permanente.
El problema no está resuelto por más que se lancen algarabías, por más que mediáticamente se diga que no habrá marcha atrás, por más que comparezcan funcionarios del ramo que expresen que todo está bien y que es un avance histórico en materia educativa. Nosotros no creemos eso. Creemos, al contrario, que es un retroceso en materia educativa, que se inicia la privatización de la educación en México y que se trata de una reforma eminentemente laboral, no educativa.
Por eso nosotros planteamos ahora una modificación a estos artículos que he comentado, porque hemos adolecido de un cuerpo normativo o de normas jurídicas reglamentarias que le permitan a esta asamblea deliberar lo que son las mociones de orden y el procedimiento en sí.
Nosotros en Movimiento Ciudadano pretendemos incluir artículos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, donde se dote al legislador con una nueva disposición que puede ser utilizada para contrariar alguna disposición violatoria del procedimiento que se sigue por la Mesa Directiva o por alguna comisión en la discusión o votación de proyectos de ley.
En el Senado de la República, en su Reglamento, se establecen tipos de moción de procedimientos. En su artículo 111 señala una serie de mociones que son moción de orden, moción de apego al tema, cuestionamiento al orador, ilustración al pleno, rectificación de trámite, alusiones personales, rectificación de hechos; discusión y votación por conjunto de artículos en términos del 108, numeral 1; y la suspensión de la discusión o moción suspensiva.
Nosotros estamos planteando aprovechar esta experiencia en el Senado e intercalar, plasmar la moción de procedimiento que tiene por propósito reclamar las resoluciones del presidente que se apartan de la normatividad aplicable para que se consulte al pleno.
Quiero expresarles y decirles que normalmente, que de manera regular no se atiende el contenido de nuestra normatividad. En ocasiones se recurre al mayoriteo, a la mayoría que está prefigurada y se violan normas del Reglamento, de la Ley Orgánica e incluso de la Constitución.
Por ejemplo, hace un rato un legislador me decía –hace unos días minutos- Ricardo, ¿has visto que dentro del pleno hay gente armada? Y ésta es una violación tajante del Reglamento. Él me decía –un legislador que no es de mi bancada- habrá qué hacer una moción de orden, porque independientemente del estatus del legislador, su importancia o su dinero, en el pleno no debería entrar nadie de manera armada. Está prohibido en el Reglamento y sin embargo hay gente armada dentro del recinto, y ésta es una clara violación a nuestro Reglamento.
Es más, no es ni siquiera de mi bancada, él es del PRI y me alegra que sea un legislador consciente porque independientemente de la bancada que sea, no se puede estar violando de manera frecuente nuestra normatividad, porque en todo caso seríamos candil de la calle, oscuridad en la casa.
Por esa razón, presidente, quise plantear esta iniciativa y haciendo este comentario que lo exhorto para que todos los hombres que estén armados puedan dejar sus pistolitas fuera del recinto cuando entren acompañando a sus legisladores que tienen ese privilegio de traer guardias del Estado Mayor Presidencial, militares o pagados de manera privada. Creo que nos merecemos respeto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Para dictamen se recibió de don Enrique Aubry de Castro Palomino, del Verde, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley Federal del Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra doña Lilia Aguilar Gil, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social. Tiene usted el uso de la voz, la escuchamos con afecto y atención.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Hablando ahora sí que de violencia, de inseguridad y sobre todo en la sesión anterior se habló mucho del tema del abuso y del uso de personas que viven en zonas de alta inseguridad y cómo han sido tratadas.
Creo que las tres iniciativas, obviamente incluyendo la que voy a presentar el día de hoy, son de amplia relevancia sobre estos temas.
Antes de iniciar a explicar la iniciativa que estoy presentando, permítanme abiertamente unirme a la iniciativa que ha presentado la diputada Rocío Reza, porque creemos que la rendición de cuentas de los servidores públicos, sean de elección popular o no, funcionarios públicos, es completamente necesaria porque necesitamos devolver la credibilidad de la ciudadanía a los políticos.
En otros temas, la iniciativa que estoy presentando pretende que para la determinación de índices de vulnerabilidad que hace la Secretaría de Desarrollo Social, no se consideren solamente índices de pobreza, marginación e indicativos de existencia de marcadas influencias de ejercicio en el desarrollo social, sino que ahora se incluya también la marginalidad que genera la inseguridad.
Para todos aquellos que vivimos en estados donde hay índices de alta inseguridad, no solamente en la frontera, que pareciera ya el pan nuestro de todos los días, sino en el resto del país, sabemos que la inseguridad, la trata de personas, sobre todo de los jóvenes para ser utilizados por el crimen organizado, puede crear una marginalidad aún más grande; puede crear una sociedad completamente dependiente de un sistema criminal que definitivamente con servidores públicos, y valga el término, conchudos que permitan que el crimen organizado entre y permee en sus comunidades y no las controle, entonces tenemos otro tipo de marginalidad y otro tipo de pobreza y otro tipo de índices que deben de ser medidos.
Y que no debe de taparse los ojos la Secretaría de Desarrollo Social pensando que la inseguridad no ha modificado el rostro social de este país.
Esto es lo que pretende esta iniciativa, ampliar los criterios que se establecen para considerar las zonas de atención prioritaria.
¿Por qué estamos presentando esta iniciativa el día de hoy? Porque es pertinente para la determinación del Presupuesto que aunque ya está presentada en esta Cámara de Diputados y hemos insistido sobre ese tema desde hace ya seis meses, sabemos que la Secretaría de Desarrollo Social sigue tapándose los ojos y pensando que la inseguridad no afecta a las comunidades de México.
Simplemente diría: si el desarrollo social se refiere a un proceso de la promoción del bienestar de las personas y es un proceso que debe conducir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en los diferentes ámbitos como salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad –por definición seguridad–, empleo y salarios, si la inseguridad afecta a todos estos rubros, por qué la Secretaría de Desarrollo Social se limita y no incluye las determinantes de inseguridad para determinar las zonas prioritarias de atención o las zonas de alta vulnerabilidad.
Implica la atención a la inseguridad también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso, compañeros diputados. No podemos cegarnos y pensar que este país está igual que antes de la guerra desmedida y absurda que inició el ex presidente Calderón.
A este país le ha cambiado el rostro, ha cambiado la sociedad; la violencia permea y está vigente en nuestras sociedades y es necesario que las instituciones atiendan estos temas. Negarlo solamente nos llevaría a tener un problema mucho más grande que no sabríamos cómo atender después.
Necesitamos atender a nuestros jóvenes, necesitamos atender a nuestras sociedades que han sido ya carcomidas por el problema del crimen organizado en una guerra absurda que iniciaron hace seis años y que hoy definitivamente ha cambiado el rostro de México, como he dicho.
Atendámoslo. Esto es lo que solicita esta iniciativa y solicitamos a la Presidencia que la iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Lilia. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos don Fernando Bibriesca Sahagún, a nombre propio y de don Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 Bis 3 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud.
El diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: en todas las facetas de la vida nacional hay un mayor involucramiento de la ciudadanía que tiene la firme convicción de transformar la realidad imperante.
Estas transformaciones han incluido la promoción y protección de los derechos humanos como una obligación ineludible para el Estado mexicano, y nosotros, como parte integral del mismo, tenemos la imperiosa obligación de emprender y encauzar acciones legislativas que otorguen la máxima protección y acceso a las mismas.
Lo anterior cobra especial significado cuando se promueve la vigencia de estos derechos fundamentales en aquellos grupos o comunidades en alguna situación de vulnerabilidad, como en este caso el preservar el derecho de comunicación de nuestros pueblos y hablantes de lenguas indígenas, cuando sólo tienen ese medio de expresión, al requerir la información sobre un servicio de salud o ante la necesidad de presentar una queja derivada de una deficiencia en su atención.
México ocupa en el continente americano el segundo lugar en número de lenguas maternas vivas habladas dentro de un país, lugar que no merece poca importancia, sobre todo cuando en México 6.7 millones de personas de cinco y más años hablan alguna de las 89 lenguas indígenas.
Lo anterior significa que a nivel nacional seis de cada 100 habitantes hablan alguna lengua indígena, pero aquí lo preocupante es que de cada 100 hablantes de alguna lengua indígena, 14 no hablan español.
Por las condiciones en que impera la prestación de muchos servicios públicos, nuestros hablantes de lenguas indígenas ven impedido su acceso a los servicios públicos.
Como legisladores, tenemos la capacidad de incidir en políticas lingüísticas bien planificadas e implementadas que en principio revitalicen y preserven las lenguas indígenas maternas, así como que garanticen el acceso a servicios públicos, en este caso particular, el de salud.
La iniciativa que hoy presento ante ustedes, destinada a brindarles un acceso pleno a la información y presentación de quejas en los servicios públicos de salud en su lengua indígena materna, se enmarca en este contexto de pleno ejercicio de sus derechos humanos. Reconocer la igualdad de todos los mexicanos no es un asunto de discurso, sino de acción.
De una acción decidida y comprometida que se tiene que ver reflejada en las leyes que nos rigen. Por ello, a nombre del grupo parlamentario Nueva Alianza, solicito apoyo en este proyecto de iniciativa de modifique la Ley General de Salud, porque estamos convencidos de su pertinencia, su espíritu incluyente, solidario y oportuno. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, por cinco minutos, la diputada doña Crystal Tovar Aragón, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el motivo principal de mi propuesta es la importancia de contar en la Cámara de Diputados con un comisión ordinaria contra la trata de personas, debido a que existe en este órgano legislativo que se coloca en la situación de inequidad y de notable desventaja para realizar sus tareas legislativa en materia, y limita su actuar frente al resto de los Poderes de la Unión e, incluso, frente a su colegisladora.
En la Cámara de Diputados esta disparidad limita el impacto de las decisiones parlamentarias para abordar y atender temas tan complejos como los delitos de trata de personas, además, incluso, afortunadamente en la mayoría de los congresos estatales se encuentran establecidas comisiones ordinarias para atender esta problemática.
De no estar en la misma situación, la intervención del Congreso de la Unión contra la trata de personas estará siempre truncada y limitada frente a organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, las comisiones especiales sólo existirán cuando se estimen necesarias y para asuntos específicos, y su vigencia está determinada por el lapso en que se haya agotado su objeto, o al final de la legislatura en la que fue creada, por lo que sus facultades y atribuciones se encuentran demasiado limitadas para la actividad parlamentaria e incluso para la dictaminación de iniciativas o asuntos directamente relacionados con los temas para los que fueron credos. Como antecedente se puede mencionar que en la Cámara de Diputados se han creado dos Comisiones Especiales, una en 2009 y la actual, con vigencia al 31 de agosto 2015.
Debido a lo anterior y considerando la magnitud del problema que implica la trata de personas, es deseable, pero desafortunadamente muy poco probable, que en los próximos dos años se puedan general los cambios estructurales y necesarios para erradicar la explotación y el abuso al que son sometidas miles de personas en nuestro país y en el mundo.
Al abordar los delitos en materia de trata de personas a través de la Comisión Especial, se dificulta la generación de acciones sustantivas que contrarresten el impacto negativo que estos delitos tienen en la sociedad y se puede de manera responsable eliminar los alarmantes niveles de degradación humana que se someten en la actualidad.
Considerando que este problema afecta a la sociedad en su conjunto, pero que principalmente aqueja a la población que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad y de riesgo como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres, reconociendo que se han logado algunos avances sustanciales.
También merece mencionar que no se ha tenido el peso necesario para incidir de manera efectiva en las reformas y adiciones realizadas a diversos ordenamientos, ya que las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Senadores, fueron las Comisiones dictaminadoras, lo que de alguna manera limita el nivel de especialización y conocimiento sobre los delitos de trata de personas, situación que no podemos permitir que siga sucediendo, ya que estos delitos por sus impactos e implicaciones, requieren de urgente y pronta atención, porque la omisión también es un delito.
En el mundo existen 12.3 millones d personas víctimas de trata de personas, de las cuales más de la mitad son mujeres y niñas. Según estimaciones, la explotación de personas genera anualmente ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca esta actividad delictiva en el tercer lugar de entre las más lucrativas del mundo para el crimen organizado, sólo después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en el Desarrollo y Asistencia Social, México es el segundo país que más víctimas de trata provee a los Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia. Además señala que el 50 por ciento de los delitos cometidos a través de internet están relacionados con la pornografía y la prostitución infantil, y estima que genera ganancias anuales por más de 20 millones de dólares.
Por otro lado, se han identificado casos de niñas y niños de cero a 4 años de edad utilizados para la producción de material pornográfico.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 aproximadamente 3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad trabajan, situación que además de ser nociva para su salud y pleno desarrollo se vincula con riesgos que van desde jornadas laborales largas, trato humillante, violencia física o verbal y hasta abuso sexual.
Aunado a todo lo anterior, el pasado 21 de mayo del año en curso el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas las modificaciones en materia de secuestro y trata de personas que llevaron a cabo los Congresos locales de cuatro de sus estados respetivos en sus códigos penales.
El fundamento sustancial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que solo el Congreso federal podrá tipificar y establecer las sanciones agravantes y tipificación de ambos delitos.
El criterio jurídico derivó al resolver que cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República contra las legislaturas locales de los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Colima, Baja California y Coahuila, motivos por los cuales se hace aún más necesaria la existencia de una comisión ordinaria contra la trata de personas en la Cámara de Diputados, como parte del Congreso federal y de los Poderes de la Unión. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted, diputada.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Gamboa Song. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Muy buenas tardes, presidente. Con el objetivo de adherirme a la moción de la diputada Crystal Tovar. Ya el martes siete oradoras en la más alta tribuna de la nación hicimos hincapié en la necesidad de mayores fortalezas para el combate de éste que es, desafortunadamente, el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo.
Adicionalmente, aprovechar esta oportunidad para pedirle a la diputada sea también el salvoconducto con su grupo parlamentario para sumar acciones en pro de generar un mayor presupuesto para el combate a la trata de personas.
Ya lo decía yo el martes, 8 millones de pesos asignados en 2013 no son suficientes para combatir el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Al contrario, gracias a usted. No habiendo inconveniente de la proponente...
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez: Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Con qué objeto, diputada Aurora Aguilar? Sonido en su curul. En lo que le dan sonido, informo que no habiendo inconveniente, la Secretaría va a poner a su disposición la iniciativa, diputada. Sí, dígame, diputada Aurora Aguilar.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para apoyar y sumarme, si la proponente así me lo permite. Usted sabe que Tlaxcala es un estado que, tristemente, tiene municipios con el problema de trata francamente grave y para nosotros una intervención, no solo presupuestal sino con estrategia, me parece que sería de lo más valioso para el estado de Tlaxcala. Entonces, si la proponente me lo permite, quisiera apoyar su moción. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Aurora Aguilar. La Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido a la curul de la diputada Verónica Juárez. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente, también para sumarnos a esta iniciativa que ha presentado la diputada Crystal. Nos parece que es necesario que esta Cámara de Diputados cuente con una comisión particularmente que atienda, que revise y que legisle, que ésa es nuestra función, en este tema tan importante para combatir este flagelo que desgraciadamente atenta no solamente contra las mujeres y hombres de este país, sino también contra las niñas, los niños y adolescentes.
Nos sumamos a esta iniciativa y acompañamos en todo a todas nuestras compañeras y compañeros para combatir tan terrible flagelo. Gracias presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Verónica Juárez. Ponemos a su disposición la iniciativa.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputada Joaquina Navarrete, ¿con qué objeto? Sonido en su curul.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): De la misma manera, solicitarle a la compañera Crystal Tovar me permita adherirme, ya que es un tema de mucha relevancia para nuestro país. Y que efectivamente, como lo expresaban las compañeras diputadas, en todos los estados, en todo nuestro país se cometen muchas injusticias. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. La ponemos a su disposición. Sonido en la curul de la diputada Crystal Tovar. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Crystal Tovar Aragón (desde la curul): Diputado presidente. Para agradecerles a todas mis compañeras diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, que se sumen a esta iniciativa, que además tenemos que hacer realidad, porque una comisión especial no va a terminar con la trata de personas dentro de dos años.
Agradecerles y decirle a la diputada Liz Gamboa que vamos a estar luchando desde el PRD para darle más recursos a todos estos problemas sobre la trata de personas, que somos el tercer lugar en explotación. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Quedan registradas sus palabras.
Esta Presidencia rectifica el trámite otorgado a la iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para quedar como sigue: túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Ciencia y Tecnología para dictamen. Y a las Comisiones Especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la Información. De Tecnologías de la Información y Comunicación y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Y túrnese también la iniciativa presentada por la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlametnario del PRD a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen. Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados, en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 24 de la Ley Federal del Consumidor.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud.
Tres de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
1. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El artículo 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
2. Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3º de la Ley General de la Vida Silvestre.
3. Con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en el Senado.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con la venia de esta Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy me complace presentar a nombre de la Comisión de Desarrollo Social dictamen relativo a proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, mismo que se deriva de una minuta aprobada por el Senado de la República con fecha 7 de marzo de 2013.
La minuta a la que hoy hacemos referencia plantea incluir el grado de accesibilidad dentro de los indicadores que ayudan a establecer los lineamientos y criterios que debe seguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social para definir, identificar y para medir la pobreza.
El dictamen del cual hoy damos cuenta incluye tal elemento como indicador para la medición multidimensional de la pobreza, a fin de estar en condiciones y posibilidades de considerar el acceso físico a las comunidades y localidades para caracterizar de manera más eficiente a las dificultades a las que se enfrenta la mayor parte de la población más vulnerable que habita en nuestro territorio nacional.
Lo anterior permitirá contar como una herramienta que pueda determinar el aislamiento geográfico, el cual mantiene al margen de beneficios económicos, de competitividad y de desarrollo humano a la población vulnerable.
Aunado a lo anterior se propone modificar el grado de accesibilidad a grado de accesibilidad a carretera pavimentada, pues considera que el primer término resulta ambiguo. Es de gran importancia resaltar que el nivel de accesibilidad de la población estará condicionada por su posibilidad de allegarse a bienes y servicios que le permitan el pleno desarrollo, por lo que con esta adecuación se podrá mejorar el grado de accesibilidad en el territorio nacional, sobre todo en las comunidades y localidades que se encuentran más marginadas de nuestro país y de esta manera se tendrán las condiciones para poder acceder a mejores servicios.
Al emitir el presente dictamen, la comisión dictaminadora de esta Cámara coincide con la fundamentación que la colegisladora menciona en la minuta, a la que se hace referencia, pues uno de los objetivos primordiales de la política de desarrollo social consiste en dotar de las herramientas necesarias a la población más vulnerable, a efecto de que se alcancen mejores condiciones de vida y mejores condiciones de desarrollo a las familias mexicanas.
El dictamen que hoy se pone a su consideración, tiene como objeto dotar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de las bases elementales para poder fortalecer sus actividades y obtener más y mejores resultados.
Al tomarse como base el indicador utilizado por el Inegi, consiste en el grado de accesibilidad a carretera pavimentada; podremos contar con un indicador más eficiente para poder entender y conocer el mayor grado de nivel de accesibilidad de la población, eliminándose así de esta manera, la ambigüedad de la primera propuesta aprobada, caracterizada como grado de accesibilidad.
La utilización de este concepto constituirá, amigas y amigos, una referencia en el ámbito territorial con relación a la infraestructura básica terrestre, donde exista conexión entre núcleos poblacionales y de esta manera se enriquecerá mucho más la información para la medición de la pobreza. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, la diputada Cristina Olvera Barrios.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. La Organización de las Naciones Unidas define la pobreza como la carencia de recursos para satisfacer las necesidades humanas que afectan física y psicológicamente a los individuos, provocándoles la capacidad básica para ejercer los derechos e impidan mejorar la calidad de vida.
Para el gobierno mexicano, de manera más amplia la pobreza está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas, imposibilita su plena integración social y limitan los derechos y libertades fundamentales.
La medición de la pobreza es uno de los indicadores que permite a un país calcular el grado de desarrollo general de la población, sus carencias y formas de atacarla, así como identificar cuáles son las áreas que requieren ser atendías con prioridad.
La propuesta de incluir en la Ley General de Desarrollo Social el grado de accesibilidad a una carretera pavimentada dentro de los lineamientos y criterios, debe observar el Consejo Nacional de Evaluación Política, es un avance significativo ya que tendrá implicaciones para definir, identificar y mediar la pobreza. Esto con la finalidad de atender de manera eficaz las demandas de nuestra sociedad.
Esta referencia permitirá identificar a la población que tiene más obstáculos para acceder a servicios de salud, educación, abasto y demás satisfactores sociales.
Como elemento definitorio, este alineamiento mantiene a la población al margen de beneficios económicos, impide la participación e imposibilita el desarrollo humano, pues resulta una barrera que encarece y retrasa e incluso niega las oportunidades para que las acciones de gobierno lleguen a quien más lo necesita.
Ante esto, conviene identificar a estas comunidades que se encuentran alejadas de las vías de comunicación y se caracterizan por ser de origen indígena y campesino, por lo que su identificación focalizará las acciones para revertir este flagelo social.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2010, México contaba con 107 mil 458 localidades, de las cuales 22 mil 443 estaban catalogadas como de muy alta marginación y en las que vivían un aproximado de 2. millones de personas.
En Nueva Alianza sabemos que la eventual aprobación de esta reforma podría mostrar una realidad más grave de lo que hemos considerado. Sin embargo, sólo mediante el análisis efectivo y apegado a la realidad podremos atender demandas sociales que reclaman todos los mexicanos. Es por eso que daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Cristina Olvera Barrios. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Se somete a consideración de esta soberanía dictamen que adiciona la fracción IX del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de ampliar y fortalecer los indicadores que utiliza el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) para llevar a cabo la medición de los niveles de pobreza en nuestro país.
La intención del proponente, el entonces diputado Yunes Zorrilla, fue la de tomar como aspecto para determinar el nivel de marginación al concepto de conectividad, la cual se entiende como el tamaño y condiciones de la infraestructura física que permite la movilidad, la transportación de bienes, servicios, personas, en un ámbito geográfico determinado.
A mayor grado de conectividad, se considera que el nivel de pobreza y marginación disminuye. Por el contrario, si ese indicador es bajo, hablamos de una comunidad y sus habitantes sumidos en el atraso.
Una de las modificaciones que planteó la Comisión de Desarrollo Social de la pasada legislatura, fue la de sustituir el término “conectividad” por el de “accesibilidad”, ya que el primero se utiliza con mucha frecuencia en el ámbito de las telecomunicaciones, por lo que para evitar confusiones se incorporará la noción de accesibilidad.
De esa forma fue aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados el 14 de febrero del 2012. La colegisladora revisó la minuta y decidió que era pasiva su dictaminación; pero realizando una precisión mayor al concepto que se incluye como parte de la medición multidimensional de la pobreza, dicha precisión consistió en señalar que el Coneval deberá de tomar en cuenta como indicador, el grado de accesibilidad a carretera pavimentada, la cual es una variable del INEGI que mide de manera sistemática en estos términos, fue aprobada el 7 de marzo del 2013 por 86 votos a favor.
Compañeras y compañeros, como se desprende del proceso legislativo que se ha seguido con la modificación al artículo 36, las dos Cámaras del Congreso de la Unión hemos llevado a cabo un esfuerzo de perfeccionar con el claro objeto de que la modificación de la pobreza se haga como lo marca la ley, desde una perspectiva multidimensional.
No tenemos duda de que la política social debe de ser uno de los instrumentos centrales en la lucha para erradicar la pobreza y la marginación.
Asimismo consideramos que si se brinda mayor adelanto técnico a los indicadores, se podrá atacar el problema de una mejor manera.
Los diputados del Partido del trabajo estamos convencidos de que se debe de fortalecer la infraestructura de comunicaciones porque ello garantizará que los mexicanos puedan recibir mejores servicios.
Contar con carretera y caminos a la par de la demanda poblacional y en condiciones óptimas, abre la posibilidad de que la educación y la salud estén al alcance de la mano para aquellos mexicanos más pobres.
Imaginemos lo que implica tener que trasladarse de 12 a 14 horas para llegar al centro de salud.
El indicador que estamos aprobando es justo, lo cual medirá y con ello deberán venir las obras para reducir ese tiempo de traslado.
Es por ello que en comisión votamos a favor del dictamen y de la misma manera lo haremos en este pleno Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado. ¿Con qué objeto? Sonido en la curul del señor diputado.
El diputado Víctor Manuel Díaz Palacios (desde la curul): Señor presidente, siendo usted el garante de la integridad física de las y los legisladores, yo le pido ser fiel obediente al mandato que tiene, ya que en el estacionamiento de esta honorable Cámara hay personal armado.
Yo entiendo que algunos legisladores o legisladoras requieran de protección especial por su peso político o económico, pero solicito que los dejen afuera para que los diputados que no tenemos esa necesidad podamos transitar sin ningún problema.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con toda atención registro su solicitud. Prosiga el orador.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros: sin duda alguna un tema de suma importancia para una economía en desarrollo es el tema de la pobreza, ya que éste engloba un amplio conjunto de variables económicas que sirven como indicadores tanto del desempeño económico que ha tenido el país como de la eficiencia y contundencia que están teniendo las políticas públicas enfocadas a corregir dicho problema.
En ocasiones los números ya no nos dicen mucho; sin embargo, hay que recordar que actualmente en México existen 53.3 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que significa un aumento de medio millón a los 52.8 millones de personas que en el 2010 se encontraban en esta condición.
Si analizamos las diferentes causas de este problema, nos damos cuenta de que la privación de acceso a diferentes servicios y también la falta de prestaciones comunitarias como lo son carreteras, transporte y comunicaciones, han sido el principal factor.
Hoy en día las carreteras son una necesidad vital, pues su función es ser una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para conectar cada rincón del país, por lo que se las carreteras se han vuelto una necesidad indispensable para el desarrollo económico y social.
En México el 60 por ciento de las carreteras no están pavimentadas, lo cual significa un incremento de la capacidad productiva de varias entidades y para sacar de la pobreza a cientos de mexicanos en estados donde prevalece un mayor número de pobres, como son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, por mencionar sólo algunos.
Contar con sistemas de infraestructura mala limita la capacidad productiva de los estados, así como complica sacar a las personas de la pobreza, es decir, la infraestructura carretera es primordial en el país porque el desplazamiento de mercancías y personas se realiza a través de esta vía.
Por ejemplo, 67 por ciento del transporte de carga y 98 por ciento de los pasajeros que transitan por las diversas regiones de la república mexicana lo hacen por medio terrestre.
La construcción de carreteras debe de concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo como parte de la infraestructura de un país y para promover la competitividad económica.
Los pavimentos, por su resistencia, y los requerimientos de mantenimiento más reducidos en términos comparativos lo hacen más competitivos, además de facilitar el acceso y transporte para la población.
Es por esta razón que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vota a favor de modificar el término “grado de accesibilidad” a “grado de accesibilidad a carretera pavimentada”, pues como se observa, el primero resulta ambiguo.
No obstante, si bien es cierto que cambiarlos es una medida correcta, lo más importante es implementarlos, construyendo carreteras dignas, sobre todo en municipios y comunidades en donde no hay accesibilidad ni cobertura, y reconstruyendo las que no estén pavimentadas.
Debemos mencionar que la infraestructura es una externalidad positiva que hace, además de mejorar los caminos, se incentive el comercio y se den mejoras en todas las actividades económicas de toda la comunidad.
Necesitamos leyes claras para que en realidad se apliquen, según las características y carencias de nuestra sociedad.
Es por esto que estamos convencidos que la problemática en cuestión de pobreza, es de gran relevancia en nuestro país; sin embargo, para las autoridades en muchas ocasiones el bienestar de los ciudadanos no ha sido un asunto prioritario, necesitamos elevar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura para rescatar el nivel de accesibilidad de la población teniendo la posibilidad de bienes y servicios en pro de su desarrollo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Aprovecho para saludar y dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de la Universidad del Valle de México, campus Texcoco, que están hoy aquí invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores. Sin duda alguna un tema de suma importancia para un país en vías de desarrollo como el nuestro, es el combate a la pobreza.
De acuerdo al informe de análisis y medición de la pobreza 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México existen 53.3 millones de personas que presentan carencias en el acceso a por lo menos uno de los satisfactores básicos. Ésta es una circunstancia vergonzosa que exige poner en marcha políticas públicas, generar leyes encaminadas a disminuir y, en su caso, erradicar esta lacerante realidad.
La Cruzada contra el Hambre representa un esfuerzo muy valioso en este sentido; sin embargo, debemos recordar que la pobreza no constituye un asunto monotemático, pues ella engloba mucho más la falta de elementos o la simple carencia de recursos económicos.
La pobreza en un problema complejo cuyo análisis debe abordarse con un efecto multidimensional, sobre todo si se quiere que las políticas orientadas a corregirlo tengan un impacto más contundente.
La Ley General de Desarrollo Social publica en el año 2004, establece en su artículo 36 los criterios mínimos para la definición, identificación y medición de la pobreza. De esta manera el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de vivienda, el acceso a los servicios básicos, así como el acceso a la alimentación y el grado de cohesión social son las variables consideradas para obtener una medición multidimensional del fenómeno en cuestión y con ello generar elementos cuantificables para la creación de recursos y acción y políticas públicas en la materia.
Cierto es cierto que el establecimiento de los anteriores criterios ha permitido, junto con la instauración en el año 2005 del Coneval, un avance significativo en cuanto se refiere a la generación de políticas y estrategias mucho mas adecuadas para combatir efectivamente la pobreza que lamentablemente afecta, como ya señalamos, a casi la mitad de la población en nuestro país.
Sin embargo, en virtud de que la condición de pobreza sólo puede ser abatida realmente cuando existen los medios a través de los cuales los individuos tienen la oportunidad de superarse y acceder a un mejor nivel de vida, es necesario considerar otros factores de vital importancia como es por ejemplo el grado de accesibilidad a carreteras y caminos que permite a una comunidad estar en contacto con los grandes centros de población, en los cuales por lo regular tiene lugar la toma de decisiones en los ámbitos administrativos, políticos y económicos que tienen importantes repercusiones incluso para las comunidades más alejadas.
Cuando no se tiene acceso a la infraestructura carretera no se puede distribuir apropiadamente el fruto del trabajo, tampoco puede accederse a una adecuada atención médica ni a una educación de calidad. Asimismo, hacer llegar a una comunidad poco accesible las provisiones más elementales, como alimentos, agua potable, medicinas resulta una labor muy complicada.
El establecimiento de una infraestructura de comunicaciones adecuada, moderna y suficiente constituye un elemento indispensable para incrementar las oportunidades de superación de las familias más pobres, romper el aislamiento y la marginación en las que se hallan muchas comunidades en el país promueve educación, salud y la vivienda digna, al tiempo que favorece igualmente la introducción de servicios básicos y multiplica las posibilidades de ingreso al fomentar la realización de inversiones productivas por parte de los agentes económicos.
Así pues, el grado de accesibilidad e una población a carreteras y caminos adecuados debe entenderse como el acceso a una red de infraestructura física que permita movilizar bienes, servicios, información y personas de un lugar a otro, con lo cual se generan diversos beneficios que hacen posible acortar la brecha de desigualdad existente entre ricos y pobres.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente proyecto de decreto, el cual pretende adicionar una fracción al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de agregar el criterio de grado de accesibilidad a carretera pavimentada como uno de los elementos básicos para la definición, identificación y medición de la pobreza. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Jessica Salazar Trejo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD respecto a la minuta enviada por la Cámara de Senadores, en la que se da mayor precisión a la propuesta de incorporación de una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, agregando el criterio grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas. Esto en relación a uno de los indicadores de medición de pobreza que deberá aplicar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.
Sin duda, la incorporación de esta fracción es un avance en los criterios que definen la pobreza y en particular a las acciones que han de emprender los tres niveles de gobierno, así como el Poder Legislativo en sus respectivos ámbitos de competencia, atendiendo sin duda el importante propósito de combatir y erradicar la pobreza en el país.
Su importancia se dimensiona al observar que de los 53.3 millones de mexicanos en pobreza, 61.6 por ciento se encuentra en zonas rurales; la mayoría en pequeñas localidades ubicadas en regiones montañosas con caminos de terracería que dificultan la accesibilidad a los diferentes servicios públicos que les permiten tener una vida de calidad y superar su situación de vulnerabilidad.
Incorporar el criterio de grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas permitirá identificar las necesidades de construcción, ampliación o mejoramiento de los caminos rurales de las localidades con altos niveles de pobreza, a fin de proporcionar con mayor rapidez y oportunidad los principales servicios públicos, fuentes de empleo y el propio traslado de sus habitantes a escuelas, hospitales o a la simple compra de mercancías de primera necesidad para su alimentación.
De la misma forma, la construcción de nuevos caminos o su mejoramiento en las localidades con pobreza y pobreza extrema obligarán a priorizar la aplicación de recursos necesarios para este fin por parte del Poder Legislativo federal, como por los Congresos locales.
Los legisladores de esta LXII Legislatura tenemos un compromiso con la población de nuestro país que se encuentra en situaciones de pobreza, sobre todo con aquellos que están en pobreza extrema.
Es importante destacar que este nuevo indicador resulta un criterio adicional para caracterizar la pobreza y no contar con infraestructura adecuada para comunicarnos es un elemento, sin duda, que pone en desventaja a la población y marca su desarrollo.
Si el objetivo es identificar y medir la pobreza desde una perspectiva multivariada, el grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas aportará una nueva dimensión de marginación.
Sumar este criterio que hasta ahora el Coneval no ha tomado en cuenta para medir y estudiar la pobreza multidimensional en nuestro país consolida la caracterización de la pobreza y permite tener nuevos elementos para tomar las decisiones y el diseño de acciones que permitan superar las condiciones de marginación de millones de mexicanos.
Por tanto, nuestro grupo parlamentario está a favor de incluir un elemento que repercute directamente en la medición de la pobreza y que está en posibilidades de considerar el acceso físico a las comunidades y localidades para caracterizar de manera más eficiente las dificultades a las que se enfrenta la mayor parte de la población vulnerable.
Se trata, en consecuencia, de una herramienta que determine el aislamiento geográfico que mantiene el margen de beneficios económicos, de competitividad y de desarrollo humano a la población.
La colegisladora propuso modificar el término “grado de accesibilidad a grado de accesibilidad a carretera pavimentada”, para hacer más específico el indicador, lo cual compartimos, pues nos estamos refiriendo a las condiciones de población para acceder a bienes y servicios que le permitan su desarrollo mediante las vías de comunicación relacionadas precisamente con carreteras pavimentadas; razón por la que dicha adecuación no hace más que enriquecer la base de información para la medición de la pobreza multidimensional.
Por lo anteriormente expuesto, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, solicito a este pleno su voto a favor del presente dictamen, el cual, no queda duda, contribuye a una aplicación de contenidos para una mejor evaluación a favor de los mexicanos que más lo necesitan. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Salazar Trejo. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores, la medición de la pobreza es de gran importancia para las políticas públicas, particularmente para las de desarrollo social, ya que nos proporciona la información necesaria para mejorar su diseño e implementación.
Al identificar la pobreza por grupos, es posible determinar aquellos con altos niveles de carencias y conocer cuáles son los más vulnerables.
Este cálculo de sensibilidad permite definir la orientación de los recursos para obtener el mayor impacto en la reducción de la pobreza.
El conocimiento de estos aspectos constituye una valiosa herramienta para el diseño de políticas y conduce a determinar el tamaño y el destino adecuado del presupuesto requerido.
Un aspecto de vital importancia respecto a los índices de pobreza es la utilidad que aportan a la evaluación, ya que son utilizados para valorar el efecto de programas específicos, pues permiten definir objetivos específicos en términos de resultados y evaluar el éxito o fracaso de las políticas públicas de los gobiernos.
De todo lo anterior se desprende la necesidad urgente de llevar a cabo la medición profunda y rigurosa de la pobreza en el país, como condición necesaria para implementar medidas para su eliminación.
La revisión periódica en el cumplimiento del objetivo social, los programas y acciones de la política de desarrollo social nos brindan los insumos necesarios para corregirlos, modificar, adicionar, reorientar o en su caso, suspender los resultados de los informes de las evaluaciones de desempeño practicados a los programas sociales federales.
Estos permiten fortalecer el vínculo entre el proceso presupuestario con la planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación de los mismos.
En este sentido, consideramos adecuada la modificación que se propone en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, ya que abona a realizar una medición precisa de la pobreza al incluir un grado de accesibilidad a carretera pavimentada como un indicador más a considerar tanto en el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones adecuada, es una herramienta indispensable a favor de la igualdad de oportunidades de las familias más pobres, porque rompe el aislamiento de las comunidades, promueve la educación, la salud, facilita la introducción de servicios básicos y aumenta las posibilidades de ingreso entre otros.
Es por ello que las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen.
Con herramientas como ésta se fortalecen los programas sociales para superar la pobreza, mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, especialmente de los que menos tienen y sacar el mayor provecho de los recursos públicos invertidos por todos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la voluntad política lleva a cabo un amplio programa de combate a la pobreza, debe ir invariablemente acompañada de la perfecta comprensión de las causas que la originan. Su medición exacta y la definición de los instrumentos y mecanismos que la eliminen, de otro modo, de cualquier otro esfuerzo que se realice por más buena voluntad que se tenga se convertirá en un inevitable fracaso. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Almaguer Torres. Tiene el uso de la palabra, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Frine Soraya Córdova Morán.
La diputada Frine Soraya Córdova Morán: Con el permiso de la Presidencia. Señores diputados, señoras diputadas, la lucha contra la pobreza es parte medular de la agenda de mi grupo parlamentario. Elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos para reducir la brecha de la desigualdad social es compromiso de todos y una necesidad inaplazable.
De ahí que coincidimos con la comisión dictaminadora, en que resulta de gran importancia dotar al Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo Social, Coneval, de las bases elementales para poder fortalecer sus actividades y que obtengan mejores resultados.
Como ha sido reconocido por el propio Ejecutivo, muchos mexicanos y muchas mexicanas se enfrentan a una serie de factores que los mantienen marginados del desarrollo social y con pocas oportunidades de progreso. Es, de todos, conocido que el 45.5 de la población vive en condiciones de pobreza y que alrededor del 9.8 vive en pobreza extrema.
En este orden de ideas es preciso asumir que los factores geográficos son coadyuvantes y relevantes en el desarrollo regional y nacional, por lo que la infraestructura carretera y el grado de accesibilidad pueden representar un impulso importante para el crecimiento del desarrollo o, bien, la falta de éstas puede traducirse en obstáculos que inhiban la competitividad y frenen el desarrollo.
Todos sabemos que las comunidades aisladas geográficamente en nuestro país son también de las que presentan un mayor índice de marginación y pobreza, y que es allí donde existe también mayor rezago educativo, mayores deficiencias de servicios públicos y las menores oportunidades para acceder a una vida digna.
Por tanto, consideramos que es pertinente incorporar en la base para la medición de la pobreza el indicador utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, denominado: grado de accesibilidad a carretera pavimentada. En la idea de contar con un instrumento más eficiente y certero, que permita conocer a cabalidad la realidad de todos los mexicanos, permitiendo así el diseño de políticas públicas oportunas y precisas en beneficio de toda la sociedad y, en particular, de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad por el aislamiento geográfico.
En conclusión, este indicador nos permitirá saber con certeza las posibilidades reales de la población para acceder a los bienes y servicios producidos por la sociedad. Pero, además, hará posibles trazar nuevas y mejores estrategias para impulsar el desarrollo sostenido hasta en los lugares más recónditos y más pobres de nuestra patria. Por la atención prestada, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores. Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación. El sistema de votación electrónico está cerrado. Les vamos a tomar el sentido de su voto de izquierda a derecha y de viva voz.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
La diputada María Luisa Alcalde Luján (desde la curul): A favor.
La diputada María Elena Cano Ayala (desde la curul): A favor.
El diputado William Renan Sosa Altamira (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (desde la curul): A favor.
La Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (desde la curul). A favor.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 414 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra. Por unanimidad, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por 414 votos el proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Por omisión involuntaria se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, además de los señalados, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona los numerales tres y cuatro al artículo 264; dos y tres, al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Luis Muñoz Soria, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral uno, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida a los adultos mayores y colaboradores de la Casa del Jubilado y Pensionado del gobierno del estado de Querétaro. Sean ustedes muy bienvenidos.
El diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, presidente, con su permiso. Señoras legisladoras y señores legisladores, el dictamen que la Comisión de Derechos Humanos presenta ante esta asamblea, sigue la línea de trabajo que ha caracterizado a nuestra Legislatura, consistente en el fortalecimiento del ombudsman nacional en su labor de protección de los derechos humanos.
El dictamen que se presenta cubre ciertas falencias en la interpretación jurídica, construyéndose así en una respuesta a una problemática real a la que se ve sujeta la Comisión de los Derechos Humanos.
Esta problemática tiene que ver con el procedimiento para que los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deban ser sustituidos en razón de la mayor antigüedad de su cargo y puedan ser propuestos y ratificados para un segundo periodo.
Esta posibilidad se encuentra prevista en nuestro texto constitucional en donde además se mandata que “corresponderá a la ley secundaria reglamentar este procedimiento”.
Actualmente la legislación secundaria es parca en este sentido, presentándose una laguna jurídica que resulta necesario colmar a efecto de dar certidumbre a los operadores jurídicos de esta situación.
El dictamen que la Comisión de Derechos Humanos ha tenido a bien presentar, cubre la laguna jurídica precisada, señalando de una manera clara y precisa el procedimiento a seguirse para el supuesto de ratificación de un segundo período de algún integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El procedimiento propuesto guarda plena concordancia con el correspondiente a la designación de los miembros del Consejo Consultivo y en el que el Senado resulta ser la autoridad competente. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha decidido respetar esta previsión y simplemente ha clarificado el procedimiento formal para que esta hipótesis jurídica pueda aplicarse con la mayor certeza posible.
Por lo expuesto, confiamos en que darán su respaldo a este importante dictamen que contribuirá a la optimización funcional de nuestro organismo nacional protector de los derechos humanos. Es cuanto, diputado Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Luis Muñoz Soria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado René Fujiwuara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El diputado René Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen puesto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011 nos ha dejado al Congreso de la Unión un quehacer legislativo de la mayor relevancia al implementar en la legislación secundaria el espíritu del constituyente permanente en esta materia.
La importancia que reviste realizar medidas legislativas eficaces en materia de derechos humanos beneficia a la ciudadanía en el alcance máximo de sus libertades fundamentales y en el fortalecimiento del estado democrático.
El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye un elemento vital en el funcionamiento del órgano rector en materia de derechos humanos pues funge como el mecanismo de vigilancia en la actuación y en el desempeño del ombudsman de la nación.
La importancia de este Consejo Consultivo radica en la integración del mismo, ya que en su conformación se encuentran 10 ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio dentro de la sociedad; su presencia en el consejo es fundamental para el funcionamiento eficaz de la CNDH.
Otro aspecto relevante de este consejo consiste en que cuando menos siete de los consejeros no deben desempeñar ningún cargo en el servicio público. En este sentido, nuestra Carta Magna establece que la elección de estos consejeros debe ser por el voto de las dos terceras partes del Senado de la república o en sus recesos por la Comisión Permanente.
Asimismo, nuestra norma fundamental establece que la ley secundaria habrá de fijar los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas, así como la sustitución anual de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, con la salvedad de que podrán ser propuestos y ratificados para un segundo período.
Sin embargo, actualmente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no regula de manera precisa qué persona u órgano del Estado habrá de proponer dicha ratificación ni cuál deberá de ser su procedimiento.
El dictamen que nos ocupa en la presente discusión representa un significativo avance en la consolidación del máximo organismo de protección de los derechos humanos al regular el procedimiento a seguir en la ratificación de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH.
Nueva Alianza considera que esta medida legislativa resulta oportuna, toda vez que actualmente existe una laguna legal que refleja una falta de certidumbre jurídica a quienes desean ser sujetos de una eventual ratificación como consejeros consultivos.
Con la aprobación del presente dictamen, se dará el cumplimiento cabal a la disposición constitucional de incluir en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los requisitos y los términos para que quienes siendo miembros del Consejo Consultivo, puedan manifestar su voluntad ante la Cámara Alta o, en su caso, a la Comisión Permanente, a efecto de ser considerados en el proceso de ratificación.
Es por ello que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, votaremos a favor de este dictamen, pues consideramos que esta propuesta fortalece el esquema de desarrollo y funcionamiento eficaz del Consejo Consultivo y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues adopta una postura que permite ponderar la experiencia y el desempeño de ese honorable cargo de consejero, cuestión que sin duda alguna abona el empoderamiento de la ciudadanía y en su interacción, con tan importante integrante del Estado mexicano. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Fujiwara. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Leobardo Alcalá, ¿con qué objeto? Permítame diputada, esta Presidencia informa que están presentes los directores de los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general; el doctor Francisco Preciado y el doctor Benjamín Becerra, invitados por el diputado Leobardo Alcalá Padilla. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Adelante, diputada.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su apartado B, párrafo sexto, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros, y que anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
Por su parte, en el artículo 17 de la ley, en el segundo párrafo se señala que los dos consejeros de mayor antigüedad serán sustituidos durante el mes de octubre, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período; sin embargo, la disposición legal es omisa en cuanto a cómo se debe de dar el procedimiento a efecto de que los dos consejeros que concluyen su encargo pueden ser ratificados por el Senado de la República o en la Comisión Permanente –según sea el caso.
En la propuesta específica que nos presenta la comisión dictaminadora se plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 17 para que los consejeros que concluyen su encargo y deseen ser ratificados para el segundo período, manifiesten por escrito al Senado de la República o a la Comisión Permanente su interés de ser considerados en los mismos términos que los demás participantes, agregando que dicha manifestación de voluntad deberá presentarse antes de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas que se determine en la convocatoria respectiva.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos aceptable que nos e pierda la experiencia que han acumulado los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión, puesto que consideramos las atribuciones que dicho Consejo tiene establecidas en el artículo 19 de la Ley nos percatamos que son de suma relevancia estas atribuciones, destacando entre ellas las que contiene la fracción I, que se refiere a establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión o aprobar el reglamento interno y las reglas de carácter interno relacionadas con la Comisión, previstas en las fracciones II y III del artículo 19, además de no perder la experiencia, como habíamos señalado que en diversas participaciones en diversas participaciones en las sesiones ordinarias adquiere el Consejo, mismas que se realizan cuando menos una vez al mes según dispone el artículo 20.
Nos interesa destacar que ni en el Senado de la República ni en la Comisión Permanente habrá dados cargados a favor de algún consejero, puesto que estos participarán en los términos de la convocatoria que al efecto se expida para la renovación del Consejo, pero desde luego el órgano resolutor podrá tomar en cuenta como factor cualitativo, tanto la experiencia acumulada como el desempeño de las personas que deseen ser ratificadas para el Consejo.
A los legisladores del Partido del Trabajo nos importa que los mexicanos contemos con una Comisión Nacional de Derechos Humanos sólida en su integración y que esté en plena capacidad de ejercer las atribuciones que la Constitución y la Ley le otorgan en defensa de los derechos humanos; un órgano que cuando emita una recomendación a alguna autoridad, cuente con todo el peso moral que traiga como consecuencia que el destinatario de la recomendación tenga que acatarla.
Por estas consideraciones, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada doña Loretta Ortiz Ahlf.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, resulta paradójico que el Congreso de la Unión omitiera en su momento la existencia de un procedimiento de ratificación de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si bien en el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional se contempla la posibilidad que los dos integrantes del Consejo Consultivo con más antigüedad en el cargo puedan ser ratificados en su nombramiento, no existía mención alguna al método que se seguiría para la ratificación correspondiente, dejando en suspenso e indeterminación a los consejeros que incurrieran en tal hipótesis.
Los mismos integrantes de los órganos de la Comisión Nacional se situaban en situaciones en que las normas legales vulneraban su derecho fundamental a la seguridad jurídica, pues al no existir un planteamiento legal que abordara el tema se les situaba en un estado de vulnerabilidad.
Lo anterior es un ejemplo puntual de la responsabilidad que debe guardar este órgano legislativo. Éste es un ejemplo del cuidado que debemos tener en la emisión de las normas que aquí discutimos y en su momento aprobamos.
Las omisiones que ocurren en este recinto no son irrelevantes, por el contrario, tienen consecuencia de suma gravedad para el funcionamiento de los órganos del Estado y, en el peor de los casos, para las ciudadanas y los ciudadanos.
En el caso concreto se vulnera tanto una cosa como la otra. En primer lugar, perjudica el funcionamiento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional al no existir una norma que colme el procedimiento de la designación de sus miembros, siendo que por la naturaleza del órgano la integración de éste es de suma relevancia para su correcto funcionamiento.
En segundo lugar, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los integrantes del Consejo Consultivo, pues se les priva de la mínima certeza respecto del procedimiento de su ratificación.
Ante esta omisión el grupo legislativo que represento votará a favor del dictamen, pues a través de la propuesta se colma una laguna normativa y se garantiza el cumplimiento a los derechos fundamentales.
A través de esta reforma se determina que los integrantes del Consejo Consultivo que deseen ser ratificados para cumplir con un segundo periodo deberán manifestar por escrito ese deseo al Senado de la República, antes de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas.
Con esta modificación igualmente se permite una correcta integración de los órganos del Estado, pues se impulsa a que los integrantes del Consejo Consultivo puedan ser ratificados en un cargo en el que han generado experiencia valiosa para su labor.
Cabe mencionar que en los órganos de carácter técnico, como la Comisión Nacional, la preparación académica y la experiencia de los integrantes resulta ser vital para su debido funcionamiento, pues el conocimiento tanto de los aspectos teóricos como los operativos, garantizan el cumplimiento de sus labores; labores que son determinantes en el funcionamiento de un estado democrático y de la institución que debe ser garante del respeto a los derechos fundamentales. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida tanto a los vecinos del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por el diputado Isidro Moreno Árcega.
Igualmente, con enorme cariño esta Presidencia da la más cordial bienvenida a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos que nos acompañan del estado de Querétaro. Sean ustedes muy bienvenidos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venida de la Presidencia. Cada ocasión, cuando abordamos la aprobación de algún dictamen a discusión, utilizamos, independientemente del grupo político al cual se pertenezca, una serie de referencias con la finalidad de resaltar la importancia del acto legislativo a ser aprobado.
En esta ocasión desearíamos poder transmitir a todos quienes nos atienden, tanto en este pleno como a través del Canal del Congreso, el cambio sufrido a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Pues la transformación de mérito propicia un respaldo moral a la institución, al asegurar la presencia calificada de consejeros con experiencia y con un desempeño limpio y digno a su cargo.
Además, colabora a solucionar un problema de inseguridad jurídica cuyo origen data en la falta de precisión para determinar quién podría solicitar la continuidad de algún integrante del Consejo Consultivo de la Comisión.
La modificación propuesta trasciende a lo legal instaurando entre otras esferas sociales, como los derechos humanos, la dignidad de las personas, el derecho de la sociedad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconocida en la Constitución Política en el año de 1992, instauró un límite jurídico y constitucional en el artículo 102, apartado B, con la finalidad de impedir, investigar y eliminar todo abuso en contra de las personas, llevados a cabo por el propio Estado.
Por dicha razón el órgano en cuestión no podría estar adscrito a la estructura oficial. Por ello, debía establecerse fuera de aquella, optándose por un órgano autónomo constitucional.
Pero ello no implica, como es determinado por la cultura jurídica, una ausencia de control. Por el contrario, la Comisión actúa con base en actos reglados, no discrecionales.
Por lo cual, debe contar con disposiciones internas precisas, proveedoras de seguridad jurídica en pos de los derechos humanos.
En este sentido se ideó una fórmula a través de la cual la propia comisión pudiera aprobar sus disposiciones interiores. Para ello se delineó un órgano colegiado, el cual es su Consejo Consultivo.
Éste, gracias a la modificación propuesta, ahora estará perfectamente sustentado tanto en experiencia como en capacidad para tal fin.
Lo anterior fortalece a la Comisión en su noble tarea, ya que estarán legitimados de mejor modo documentos como el reglamento interior de la Comisión, los lineamientos generales de actuación, su informe anual, las recomendaciones generales emitidas por la propia Comisión y el informe del presupuesto ejercido.
Además de los beneficios descritos y de otros que en la práctica puedan darse, con el cambio propuesto se consigue seguridad jurídica, la cual continúa estableciéndose en el marco legal del país. Pues de acuerdo con lo establecido en los actuales artículos, 102, apartado B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 17 de la ley de la Comisión, existe la posibilidad de que quien haya ocupado el cargo de integrante del Consejo Consultivo por primera vez, pueda solicitar, ante el Senado, el volver a ocupar el cargo por un segundo periodo, siempre y cuando sea uno de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo y a la vez se lleve a cabo dicha propuesta.
Sin embargo, la legislación vigente no regula con claridad cuáles personas u organismos u órganos del Estado ha de proponer la ratificación para un segundo periodo. Asimismo, tampoco describe cuál procedimiento ha de seguirse para tomar en cuenta a quien así le interese.
Ahora, el cambio propuesto soluciona estos supuestos, lo cual solidifica a los derechos humanos. En este sentido, pedimos el voto a favor para un dictamen noble, que sin duda fortalece a los derechos humanos, la cual gustosamente fue propuesta de un integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República. Continuemos trabajando en pos de la igualdad y el respeto de las personas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Castellanos. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Para el Grupo Parlamentario del PRD éste dictamen es de aprobarse, en virtud de que actualmente existe un vacío en la ley acerca de la posible ratificación de las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que podría actuar en detrimento tanto de los derechos de dichas personas como de la continuidad en las deliberaciones de ese órgano.
De acuerdo con el párrafo sexto del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cada integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la posibilidad de ser ratificada para un segundo periodo.
No obstante, en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se establece un procedimiento para que quienes se encuentren en este supuesto manifiesten expresamente su intención de formar parte del Consejo Consultivo por un segundo periodo, lo que deriva en una omisión de la legislación secundaria.
Consideramos que es urgente subsanar esa laguna jurídica, ya que no queda claro si es el Senado de la República, la propia comisión o su consejo quienes tienen la atribución de decidir sobre la ratificación de una consejera o un consejero, con lo que se abre la posibilidad de que la postulación para un segundo periodo sean excluidos del proceso a pesar de que el único requisito explícito es ser uno de los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo.
De tal forma que, en el proyecto de dictamen a la minuta proveniente del Senado se clarifica el mecanismo para que la consejera o el consejero que desee colaborar por un nuevo periodo ejerza plenamente su derecho a ser reelecto y que el trámite de registro ante el Senado no sea un obstáculo para ello.
Por ello deberán manifestar por escrito al Senado o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, a fin de participar en el proceso de ratificación o selección de las y los miembros del Consejo Consultivo.
Asimismo, es necesario que la solicitud se realice durante el plazo establecido en la convocatoria que se haya emitido para la selección de las o los consejeros. Consideramos viable que las y los consejeros que estén por concluir un periodo compitan en igualdad de condiciones con quienes aspiren a integrar el consejo.
Esta posibilidad permite la profesionalización y el aprendizaje continuo acerca de las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los demás temas de relevancia sobre los que su consejo puede emitir criterios y objetivos en la materia. No podemos dejar de mencionar, que esta reforma animará el debate público en la sociedad civil y la opinión pública sobre el desempeño del consejero o consejera ante su posible reelección.
Como sabemos, en fechas recientes han llegado consejeros desde la iniciativa privada, que no tienen la más mínima experiencia en la defensa y la promoción de los derechos humanos, por obra de los grupos empresariales dominantes. En adelante podremos evaluar a quienes no satisfagan los requerimientos de quienes integran el Consejo Consultivo.
Por ello consideramos que este dictamen de la Comisión de Derechos Humanos es de aprobarse e instamos a las compañeras y a los compañeros que expresen su voto en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Tapia. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, la diputada Guadalupe Mondragón González.
La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros. Hablar de derechos humanos en este país, también es hablar de instituciones y de autonomía. Si bien es cierto, que de manera tradicional la defensa de los derechos fundamentales recayó en el Poder Judicial a través del juicio de amparo, también lo es que a partir de 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se abre un capítulo distinto en el que se establece en México la defensa de estos derechos a través de un medio de control político, administrativo de la constitucionalidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha transitado, desde que se creó en 1990, por un largo camino; así pasó de órgano desconcentrado a la Secretaría de Gobernación, a organismo descentralizado en 1992 dentro de la reforma que le dio rango constitucional.
Sin embargo, es en 1999 que se da la modificación más importante a su naturaleza jurídica; se le dotó de autonomía de gestión y presupuestaria, con ello esta institución pasó de un organismo de la administración a un órgano autónomo de Estado. Sin embargo, la autonomía no debe de ser únicamente desde la gestión y el presupuesto porque va más allá. La autonomía, y, más en el caso del Ombudsman, requiere de personas que estén comprometidas y que sepan responder a la sociedad sobre todo cuando lo que está en juego es la defensa y la protección de los derechos humanos de los habitantes de este país.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está a favor de esta propuesta porque con ella se garantiza que los consejeros que reúnan las condiciones necesarias podrán solicitar al Senado de la República su ratificación por escrito.
¿Cuál es la relevancia de esta reforma? Baste decir que los consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen a su cargo las delicadas funciones de establecer los lineamientos generales de actuación de la comisión nacional. Aprobar el reglamento y otras normas de carácter interno. Opinar sobre el proyecto de informe anual del presidente y opinar sobre el proyecto de Presupuesto para el ejercicio del año siguiente.
Es por ello que a través de este procedimiento se refuerza la institución del Ombudsman en su totalidad, toda vez que se asegura la permanencia de quienes ya han cubierto un periodo y tienen experiencia suficiente en el cargo, lo que redunda en una toma de decisiones más justa, más adecuada y con mayor conocimiento de las circunstancias.
Es importante subrayar que el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La autonomía fortalecida de la comisión nacional que hoy nos proponemos aprobar, permitirá consolidar la cultura de los derechos humanos y los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que consideramos que esta reforma está con ese espíritu de autonomía que impregna a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por estas razones el voto de Acción Nacional será a favor. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Mondragón González. Finalmente para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Ruiz Sandoval.
La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. para esta soberanía, representada por todos y cada uno de los legisladores que integramos el Congreso de la Unión, es muy importante promover la transversalidad de los derechos humanos contemplada en el artículo 1o. de la Constitución Mexicana.
Desde esa perspectiva es nuestro deber coadyuvar de manera permanente en salvaguardar los derechos plenos de cada habitante de este país desde el ámbito de nuestra competencia. Es éste, sin duda, un mandato y una responsabilidad que nos dicta la ciudadanía de manera constante.
Esta minuta con proyecto de decreto adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de que se permita la posibilidad de que los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH puedan ser considerados para permanecer por un segundo periodo de manera inmediata, ya que resulta incongruente que esta posibilidad se encuentre debidamente regulada en el artículo 102 de nuestra Carta Magna, mientras que en la ley secundaria se carezca de normas idóneas que regulen este proceso.
Es importante destacar que el consejo consultivo es un órgano por demás relevante para una entidad de las características de la CNDH, ya que coadyuva el óptimo funcionamiento de ésta. Por ello esta adición permite dar un paso legislativo sustancial en beneficio de la profesionalización, especialización y compromiso de una estructura fundamental dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Hoy tenemos en nuestras manos el resultado de un destacado trabajo legislativo impulsado por las comisiones de Derechos Humanos de ambas Cámaras.
Por ello el grupo parlamentario que represento, el del Partido Revolucionario Institucional se pronunciará a favor en apego a los motivos antes expuestos y en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía y a hacer de las instituciones públicas y de los organismos con autonomía de gestión como la CNDH, verdaderos modelos de respuesta eficaz, confiable, a las demandas de todos los habitantes de nuestro país.
Les conmino muy respetuosamente, compañeras y compañeros diputados, a que aprobemos la minuta y contribuyamos de la mano del Senado de la República, a continuar en el proceso irrenunciable de dotar de elementos legales que hagan más accesibles las vías que conducen a una promoción competente de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores, pido a la secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad del Valle de Puebla, plantel Tehuacán, Puebla, invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero.
Asimismo saludamos a dirigentes de la Central Campesina Independiente del estado de México, invitados por la diputada Maricruz Cruz Morales.
Igualmente saludamos y damos la más cordial bienvenida a invitados de la Segunda Sección de la Colonia San Juan de Aragón, invitados por la diputada Claudia Elena Aguilar Torres.
Saludamos también y damos la más cordial bienvenida a alumnos del Tecnológico de Monterrey del estado de Aguascalientes, invitados por la diputada Tere Jiménez Esquivel.
Damos también la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Acatlán de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Karina Labastida Sotelo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto legislativo.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (desde la curul): A favor.
El diputado Damián Zepeda Vidales (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís (desde la curul): A favor.
La diputada Flor de María Pedraza Aguilera (desde la curul): A favor.
El diputado William Renán Sosa Altamira (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Alonso Vela Reyes: A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Señor presidente, 415 a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos el proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Noé Hernández González, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
El diputado Noé Hernández González: Con su venia, señor presidente. La Comisión de Economía presenta el dictamen a la minuta que hoy sometemos a discusión con base en las siguientes consideraciones:
El artículo 9o de nuestra Carta Magna establece como garantía de todo ciudadano el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. En este contexto, las asociaciones u organizaciones de consumidores se constituyen en un elemento indispensable para proteger las relaciones de consumo y los derechos de todo individuo que participe en su carácter de consumidor.
En nuestro país la protección del consumidor es un asunto de la mayor relevancia, ya que ese consumo es parte inherente en las sociedades actuales, donde ubica al ciudadano como sujeto de derechos y deberes, y siendo destinatario último de la cadena de producción de bienes y servicios donde participa en el desarrollo económico de cualquier país. Actualmente el sector productivo destina esfuerzos y recursos económicos con el objetivo de atraer el consumo de sus productos y servicios.
Lo anterior ha sido objeto de una fuerte competencia entre las empresas que ofrecen bienes y servicios similares con el fin de obtener beneficios a su favor en relación con el número de consumidores y mejorar sus estados financieros.
En tal sentido, es fundamental la promoción de un desarrollo económico, social y justo, equitativo y sostenido, y la protección al medio ambiente mediante directrices que nos protejan de los desequilibrios que frecuentemente se presentan en toda relación de consumo.
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas estableció directrices para la protección del consumidor con la finalidad de auxiliar a los países miembros, a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas a nivel nacional e internacional que perjudiquen a todos los consumidores.
En tal sentido, prevé facilitar la libertad de constituir grupos y organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.
Por ello el dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno tiene por objeto hacer efectivo este derecho que es internacionalmente reconocido. En tal sentido, se adiciona una nueva fracción XI al artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que los ciudadanos mexicanos tengan la garantía de constituir grupos para la defensa de sus derechos.
Con estas reformas será posible que la sociedad cuente con mayores herramientas en torno a la obtención de información acerca de los productos que adquiere y los procedimientos existentes para la defensa de sus derechos en el caso de que éstos no sean respetados.
Compañeras y compañeros legisladores, es menester de este cuerpo colegiado establecer las garantías necesarias para que la ciudadanía participe en el desarrollo económico de nuestra nación, con la certeza plena de que los bienes y servicios que adquieren para su consumo cotidiano cuenten con los más altos estándares de seguridad, calidad y justo valor económico.
La necesidad de garantizar que lo anterior sea accesible para todas y todos los ciudadanos, en especial para quienes más lo necesitan debe ser garantizado desde este órgano legislativo. Es por ello que esta Comisión solicita su voto aprobatorio al presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen y para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza avalar esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor constituye un importante avance en la formación de ciudadanía y una gran oportunidad para forjar un México sostenible.
Con esta acción legislativa nuestro marco legal se actualiza y se pone acorde a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que data del 16 de abril de 1985, en donde se estableció la libertad de construir grupos u otras organizaciones de consumidores como una de las directrices para la protección del consumidor, y por consecuencia de sus derechos como ciudadano.
Asimismo, una práctica que data de hace más de 38 años con la primera asociación de consumidores en México, que se llamó la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, AC, ahora es legalmente formal; se le otorga certeza jurídica y fomenta el potencial de organización de ciudadanos mexicanos agrupados por la defensa de sus intereses frente a comerciantes y productores.
El comercio, como actividad económica realizada por el hombre en sociedad, tiene sus antecedentes en las primeras manifestaciones de la cultura. Cuando se comprendió la necesidad de realizar el intercambio de objetos y productos para la satisfacción de necesidades humanas.
Sabemos que a partir de la conformación de los bancos modernos en la Italia medieval los comerciantes conformaron agrupaciones en defensa de sus intereses; sin embargo, fue hasta mediados del siglo XIX para que las primeras agrupaciones de consumidores florecieran en el mundo.
Estas organizaciones de consumidores nacieron como un movimiento social de autodefensa de los propios ciudadanos para intentar hacer valer sus derechos frente a productores y comerciantes de forma colectiva y organizada. En México tuvimos que esperar hasta el año 1992 para que, como consumidores, contásemos con una ley federal que velase por nuestros intereses.
En Nueva Alianza creemos que es necesario contar con organizaciones de consumidores fuertes y representativas, organizaciones de consumidores del siglo XXI que sean capaces de intervenir, influir, opinar y actuar de manera razonada e informada en las interacciones de un mercado nacional con características globalizadas y fuertemente diferenciadas.
Las más de 2 mil 800 agrupaciones de consumidores, así como los 845 grupos de pequeños consumidores registrados por la Procuraduría Federal del Consumidor en el año 2012, con este reconocimiento legislativo en la ley tienen ahora la oportunidad de seguir sirviendo a la sociedad mexicana con una proyección fortalecida.
Con dicha actuación a favor de los derechos e intereses de los consumidores con capaces de promover cambios, de remover conciencia, de movilizar y de contribuir a generar las transformaciones en los patrones de consumo que son necesarios para la sustentabilidad del país.
Como nacionales y como consumidores, y mirando hacia el futuro, debemos ser capaces de hablar de un consumo sostenible o responsable en la vida diaria; de un consumo que impulse un modelo de producción responsable con el medio ambiente, con nuestra calidad de vida y con la salud de las mexicanas y los mexicanos.
La Cumbre de Río de Janeiro en 1992 orientó la pauta de las actuales directrices de consumo en este mundo industrializado como una de las tareas principales de la humanidad para el próximo siglo.
El reconocimiento legal que hoy se les da a las agrupaciones de consumidores nos debe invitar a ser conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestra fuerza potencial para evolucionar así un México ambiental y socialmente sostenible.
El objetivo será alcanzar una modalidad de consumo sostenible y responsable, un consumo que no hipoteque la superviviencia de las futuras generaciones de mexicanos y mexicanas.
Por eso, Nueva Alianza damos nuestro respaldo a esta iniciativa, a este dictamen y nos comprometemos a mantener congruencia en nuestro actuar como ciudadanos y como legisladores. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Dictámenes como este, que pareciera que tienen poca importancia o que llaman poco la atención de nosotros como diputados, tiene en realidad un fondo, sobre todo de fortalecimiento de la sociedad civil, que es, en su mayoría, contrario a lo que se ha aprobado en muchas ocasiones en esta Cámara.
¿Qué es en concreto lo que estamos haciendo con este dictamen? Es reconocer a las organizaciones de consumidores frente a la Profeco para que puedan tener actuación, no solamente como individuos sino, exactamente, como grupos de ciudadanos interesados que no solamente van a ir a quejarse de los constantes abusos que sufren como consumidores, sino que además tienen una labor social, educativa y de formación, insisto, de sociedad civil, es de la mayor trascendencia y debería interesarnos como diputados y como miembros y representantes de la sociedad mexicana.
En efecto, el gran dinamismo del comercio y que trae como consecuencia los abusos existentes en las relaciones del consumo, ha generado que la sociedad se tenga que organizar cuando las instituciones no responden.
Tenemos que ser claros en algo, y lo digo con el mayor de los respetos, más allá de los esfuerzos que ha hecho la Profeco y otras instituciones que se dedican a defender, no solamente a los consumidores de bienes y servicios, sino también, por ejemplo, de servicios financieros que hace poco discutimos aquí con la reforma financiera.
¿Qué es lo que sucede? Instituciones como la Profeco resultan insuficientes, muchas veces, frente a los abusos de comercios o pseudocomercios que piensan que su actividad comercial es la de abusar a los ciudadanos mexicanos.
¿Qué es lo que sucede? La organización de la sociedad civil finalmente viene a fortalecer la actividad de organismos como éste.
Esta actividad que se genera entre las organizaciones o los grupos de consumidores y la Profeco, es lo que nosotros estaríamos buscando que se genere en todo el Estado, en todas las instituciones.
Es decir, que los ciudadanos lleguen a estar tan informados y que lleguen a tener tanto interés en los asuntos de las instituciones públicas y lo que les afecta de lo que hacen estas instituciones públicas, que generen algo que se llama Contraloría Social. Eso es a lo que deberíamos aspirar.
Por eso digo que este dictamen no es un dictamen que debe pasar de largo, es un dictamen que fortalece este tema, no solamente de participación civil sino de Contraloría Social y el reconocimiento, como lo marca la Carta Magna, de libre asociación de los ciudadanos y que una institución venga a, discúlpenme el término re-reconocer que nos podemos asocial y que como tales, como grupos podemos llegar y decir, esto no nos gusta. Esto nos gusta y deben atendernos.
Entonces, enhorabuena a la Comisión de Economía y enhorabuena a los iniciadores de, valga la redundancia, esta iniciativa, porque me parece que es un paso, aunque muy lejano al centro que debemos aspirar de la Contraloría Social, que es la Contraloría de los funcionarios públicos, la contraloría de la política de fondo de la reforma hacendaria, de la reforma energética, pareciera que es muy lejano pero es un paso para el reconocimiento del activismo social. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Lorena Méndez Denis: Con su permiso, presidente. A menudo se da por sentado, al menos cuando de objetivos económicos se trata, que los grupos de personas con intereses comunes tratan normalmente de favorecer esos intereses. Se espera que esos grupos actúen a nombre de sus intereses personales.
La acción colectiva, entendida como la búsqueda de objetivos comunes, surge con el propósito de facilitar el acceso a la justicia de un conjunto de personas mediante la acumulación en un solo procedimiento de demandas individuales, logrando así reparar el daño que se les ha conferido a todos los miembros de un grupo.
Entre los sectores que requieren de este mecanismo sobresale el que radica en las condiciones de mercado. Durante muchos años se consideró que los derechos de los consumidores deberían corresponder a los derechos de los ciudadanos, ya que hipotéticamente esos se encontraban en igualdad de condiciones que los empresarios.
Millones de injusticias y atropellos dejaron al descubierto que lo anterior representaba una falacia, puesto que en un mercado libre se reproducen reglas inequitativas a favor del comerciante, lo cual genera una situación de inferioridad para el cliente.
Debido a lo anterior diversos organismos han luchado por la elaboración de documentos y mecanismos que permitan equilibrar las condiciones entre los actores que participan en las transacciones económicas desde el Tratado de Roma en 1957; el discurso a favor de los consumidores del presidente de Estados Unidos, Jonn F. Kennedy, el 15 de marzo de 1975; y la Carta Europea de Protección de los Consumidores de 1973; hasta la declaración del 15 de marzo de 1983 como Día Mundial de Defensa de los Consumidores.
Por parte de la Organización Internacional de Uniones de Consumidores la humanidad ha mostrado su preocupación ante la falta de equidad en las relaciones empresario-consumidor. Por lo preliminar resulta asombroso que en México la Ley Federal de Protección al Consumidor dejara de lado una de las directrices que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, rige la protección del consumidor, la cual corresponde a la libertad de constituir grupos defensores de los derechos de los compradores.
En un país como el nuestro permitir la creación de organizaciones que luchen por condiciones equitativas de mercado no sólo es deseable, sino urgente. El factor común en la economía de nuestra nación no es libre competencia, la calidad en los servicios y los precios competitivos, por lo contrario, México se caracteriza por la prevalencia de monopolios que se valen de costos artificiales para imponer tarifas excesivas a los ciudadanos.
Telmex controla el 95 por ciento de la telefonía fija del país y el 75 por ciento de todo el sector, incluida la telefonía móvil; Cemex el 90 por ciento del mercado cementero nacional; Grupo México el 95 por ciento de la explotación de cobre; Televisa el 70 por ciento de la televisión; Grupo Modelo el 65 por ciento de la industria cervecera y Femsa el 60 por ciento de la producción de los refrescos.
El fenómeno se reproduce en el sector bancario, en el cual cuatro bancos extranjeros y uno nacional controlan el 80 por ciento de los créditos otorgados, a tasas que permiten compensar las pérdidas foráneas con utilidades domésticas.
Preocupados por lo hasta ahora expuesto, en Movimiento Ciudadano presentamos la iniciativa que da lugar al dictamen que se discute el día de hoy. Sin embargo, debemos recalcar que al agregar una fracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor, no brindará beneficios a los mexicanos, la ejecución de la misma sí lo hará.
De acuerdo con el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor, existen 10 mil 32 quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad; Nextel cuenta con 5 mil 167; Telcel con 3 mil 518; Iusacel con 2 mil 409; Dish con mil 944; Megacable con 985; Coppel con 811 y Sky con 671, por mencionar solo algunas empresas.
¿De qué ha servido mostrar inconformidades contra los consorcios mencionados? ¿Acaso no permanecen los atropellos de estas compañías? ¿No basta con que la gente tenga la posibilidad de constituir grupos que les permitan defender los derechos de los consumidores? Es necesario que sus demandas sean escuchadas y no oprimidas por los intereses de los grupos monopólicos que controlan este país.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra, el diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Por supuesto que también en el Partido Verde festejamos y felicitamos a la Comisión de Economía y a sus integrantes por este dictamen. Consideramos, al igual que lo han expresado otros compañeros de distintas fracciones, que es de lo más acertado.
Esta libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores, sin duda pone a los consumidores en una igualdad de circunstancias frente a las personas que también les venden esos productos o servicios en lo que es hoy un libre mercado en el que deberíamos de tener, todos, una igualdad de circunstancias. Sin duda, se están respetando antecedentes de derecho internacional fundamentales en este dictamen que hoy estamos aprobando.
Como antecedentes de algunos de ellos son: en 1973 se publicó la Carta Europea de Protección de los Derechos del Consumidor, la cual destaca, entre los ordenamientos jurídicos internacionales en la materia, por ser el primer documento que reconoció el derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados.
Más tarde, en abril de 1985, la propia Organización de las Naciones Unidas estableció las directrices para la protección al consumidor, con las cuales fue creado el marco jurídico en el que hoy se sustenta en nuestro país la protección de esos derechos del consumidor.
Sin embargo también, en otras legislaturas que nos han antecedido, se han dado grandes logros en esta materia y alguno de ellos lo tuvimos en 2010, de una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor mediante la cual se facultó a la Profeco a presentar denuncias colectivas en materia de competencia económica; pero también se reconoce el derecho de asociaciones u organizaciones que tengan por objeto la promoción y defensa de los derechos de los consumidores, para que tengan esa legitimación activa también de poder promover a favor del consumidor recursos jurídicos que protejan sus derechos.
Sin duda –vuelvo a repetirlo– esta iniciativa no sólo retoma lo que ya teníamos reconocido como derecho internacional, sino que clarifica nuestra propias normas jurídicas en materia de protección al consumidor.
El día de hoy lo que se encuentra a discusión es una reforma que tiene por objeto asentar en la ley que la libertad de constituir grupos u organizaciones de consumidores que sean garantes de los derechos del consumidor, se constituya como uno de los principios básicos en las relaciones de consumo.
Cabe destacar que la mejor manera de evitar que los consumidores sean objeto de abusos, es que conozcan sus derechos y que tengan información suficiente y puntual de cómo pueden ejercerlos. Por ello resulta tan importante fomentar la constitución de organizaciones enfocadas a este fin, a proteger los derechos del consumidor.
No puede soslayarse el hecho de que las organizaciones de consumidores juegan un papel fundamental en el impulso de una cultura de consumo responsable e inteligente entre la población, la cual incluye la realización de acciones como vetar a aquellas empresas, corporaciones o incluso instituciones que incurran en prácticas violatorias de los derechos laborales; o que impacten negativamente en la naturaleza que afectan la salud de los seres humanos; o, bien, resulten discriminatorias en algún sentido.
Con lo anterior se promueve el desarrollo de formas de producción, comercialización y consumo responsables que sean más favorables para la sociedad y para la conservación del medio ambiente.
Por ello, al igual que los otros compañeros que han estado en esta tribuna, también el Partido Verde expresa su voluntad de votar a favor del presente decreto. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Mario Rafael Méndez Martínez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En 1976 en una acción de defensa se expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor como instrumento jurídico creado con la finalidad de salvaguardar los derechos-cultura de los consumidores y generar relaciones de consumo justas.
Con este documento, México se convirtió en el segundo país latinoamericano con una ley de esta naturaleza y el primero en crear una procuraduría. El objeto de la ley es promover, proteger los derechos del consumidor; procurar la equidad, certeza, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Tiene principios básicos tales como la protección de la vida, la salud, la seguridad del consumidor, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado; el otorgamiento de información y facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales.
Anterior a la promulgación de esta ley los consumidores contaban con poca información sobre los productos, así como de sus derechos y obligaciones, esto sin contar que las relaciones se basaban sólo en contratos realizados por los proveedores, los cuales contaban con mayor información y experiencia.
La soberanía del consumidor es la libertad y el poder que disfrutan en un mercado libre los consumidores para decidir cuáles bienes se adquieren si a través de su compra o su obtención se determina la calidad y la cantidad de bienes y servicios que producen las empresas, característica fundamental de una economía de mercado en donde los consumidores son quienes deciden gastar sus ingresos.
Recordemos que esta minuta tiene su origen en la iniciativa presentada por el entonces senador Luis Walton Aburto, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 14 de diciembre de 2011 ante la Cámara de Senadores y que fue avalada por consenso por las distintas fuerzas políticas del Senado de la República.
Mediante la adición de una fracción XI al artículo 1o., de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se pretende integrar la directriz que la ONU estableció en 1985 para que los ciudadanos mexicanos tengan la garantía de constituir grupos para la defensa de sus derechos.
Al respecto la fracción señalaría que se constituye como un principio básico en las relaciones del consumo, la libertad de constituir grupos y otras organizaciones de consumidores que sin contravenir la disposición de esta ley sean garantes de los derechos del consumidor.
La presente iniciativa no se contrapone y sí se robustece a lo previsto en la fracción XVIII del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con lo que se faculta a la procuraduría para promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores proporcionándoles capacitación, asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión.
El artículo 31 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé en la elaboración de sus planes y programas de trabajo, llevar a cabo consultas con organizaciones de consumidores.
Asimismo en la Ley Federal de Fomento, actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil en su artículo 5o., menciona: “la promoción y defensa de los derechos de los consumidores”.
Incorporar esta disposición de las Naciones Unidas en el ordenamiento mexicano daría oportunidad a que las organizaciones de consumidores que se formen para defender los derechos del consumidor, hagan oír sus opiniones en los procesos de adopción y decisiones que les podrían afectar.
Con esta iniciativa además e actualizar la legislación nacional con los tratados internacionales en materia, se estará en sincronía con la reforma aprobada en el Senado de la República en diciembre de 2010, referente a las acciones colectivas.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reitera su compromiso para el desarrollo del país y coincide en que estas modificaciones deben ser aprobadas no sólo por retórica, sino porque se muestra necesaria la aplicación de la legislación vigente.
Esta adición representa un avance en la materia que permite garantizar los derechos de información que tienen los consumidores, derecho que se muestra necesario frente a la dinámica de mercado, donde todos somos consumidores y debemos desarrollar un consumo inteligente. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Carlos Uribe Padilla: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dictamen que se presenta el día de hoy ante esta soberanía es una reafirmación de la trascendencia de las reformas que en materia de derechos humanos se han impulsado en los últimos años.
La libertad de asociación contemplada en nuestro ordenamiento fundamental requería ser trasladada al ámbito del consumidor. Por ello, el Poder Legislativo, ante el imperativo constitucional debe adecuar y actualizar las normas necesarias que permitan cumplir con lo citado y otorgar a los ciudadanos formas de defender sus derechos, en este caso en su papel de consumidores.
La protección y defensa de los derechos del consumidor han evolucionado conforme la actividad mercantil se ha hecho más dinámica y también más compleja. Así, se ha ido evolucionando desde las acciones civiles por la responsabilidad objetiva, hasta la creación de instituciones especializadas de protección a los derechos del consumidor.
Esta evolución ha sido obligada, dado que en muchas ocasiones era incosteable efectuar un juicio por un producto defectuoso. Además, se deben considerar los intereses difusos de un grupo, como son los consumidores y las relaciones desiguales con las grandes corporaciones proveedoras de bienes y servicios.
En el mundo, ante esta desigualdad se empezaron a organizar grupos y asociaciones de protección y defensa de los derechos del consumidor. Estas organizaciones obligaron a modificar instituciones con el fin de proteger los derechos de grupo, tendencia que se inició en Estados Unidos y se extendió a otros países.
Nuestro país forma parte de esta tendencia y en la actualidad los grupos y organizaciones de defensa y protección de los derechos del consumidor deben ejercer acciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional y al Código de Procedimientos Civiles.
En este sentido, el dictamen establece que el objeto de las organizaciones y grupos debe de ser garante de los derechos del consumidor, sin contradecir la legislación adjetiva.
Además, el dictamen no establece diferencia entre grupo u otro tipo de organización. Eso es importante mencionarlo, ya que es una forma de garantizar los derechos del consumidor.
Además, permite la constitución de cooperativas de consumo con el fin de conseguir bienes y servicios de mejor calidad y un mejor precio.
La adición que se propone, como ya se ha mencionado, está de acuerdo con disposiciones internacionales. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 16 de abril de 1985 la resolución 39/248 que establece las directrices para la protección del consumidor. En ella se establecen cuyos objetivos son ayudar a los países para lograr y mantener una protección adecuada de sus habitantes en su calidad de consumidores.
También facilitar las modalidades de productos y distribución que respondan a las necesidades y los deseos del consumidor.
Tercero, instar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios de su distribución para que adopten estrictas normas y ética en su conducta.
Lo más relevante, en el número 5 facilitan la cooperación de grupos independientes de defensa del consumidor. Así pues, esto es un conjunto de normas, de bases sobre las cuales los estados miembros deben desarrollar sus políticas y leyes de protección al consumidor.
Dichas directrices le otorgan un carácter universal a los derechos de los consumidores y obligaron a países miembros de esta organización a ajustar sus legislaciones a lo siguiente: a la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad, a la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores, al acceso de los consumidores a una información adecuada, a promover la educación de los consumidores, a normar la posibilidad de compensar efectivamente al consumidor en caso de abuso, y el tema que nos ocupa, la libertad para constituir grupos u otras organizaciones de consumidores.
Como lo manifiesta la iniciativa, sólo faltaba mencionar en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la libertad de los consumidores de constituir grupos u otras organizaciones que sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.
Con estos antecedentes, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, derivado de que el mismo fortalece el derecho de los consumidores y actualiza la normatividad en beneficio de la ciudadanía, permitiendo una mejor convivencia entre proveedores de bienes y servicios y los consumidores finales. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Samuel Gurrión Matías: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, para el Constituyente Permanente y el legislador secundario, la protección del derecho de los consumidores ha sido una inquietud constante que se ha ido materializando a lo largo de las últimas décadas, lo que demuestra con la creación y el fortalecimiento de instituciones y la construcción de una estructura legal cada vez más acorde a la consecución de tal objetivo.
En 1976, entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que dio paso al surgimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, entidad pionera en esta materia que se ha encargado de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones comerciales equitativas.
Nacida con la idea de tratar igual a los desiguales, la Profeco se ha consolidado como un referente al servicio de quienes buscan proteger su economía, prevenir y sancionar abusos por parte de comerciantes voraces.
La protección a los consumidores ha evolucionado de forma tal que hoy está inserta en el ámbito de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República, habiendo correspondido justamente a esta legislatura reformar el artículo 28 de nuestra Ley Fundamental, a efecto de establecer que la Ley castigara severamente todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera traten de evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que constituya una ventaja indebida a favor de una o varias personas determinadas, y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
La reforma que ahora discutimos tiene por objeto proyectar el texto constitucional en la legislación reglamentaria, a efecto de hacer realidad el postulado vertido en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, en el sentido de que la ley protege a los consumidores y propicia su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
Dicha reforma también reglamenta de manera especializada el artículo 9o constitucional por cuanto se refiere al derecho de la libre asociación, también refleja los compromisos adquiridos por México ante los organismos multilaterales en los cuales se tiene participación.
Se afirma lo anterior cada vez que, con fecha 9 de abril de 1985 la Asamblea General de la ONU aprobó, mediante su resolución 39/248, las directrices para la protección al consumidor, las cuales tienen entre uno de sus objetivos facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor.
Con la reforma que ahora se pone a nuestra consideración creemos que no sólo estaremos cumpliendo con la obligación de reglamentar un derecho constitucional y de llevar a nuestro sistema jurídico un mandato emanado del máximo órgano de representación mundial, sino que habremos hecho un ejercicio de armonización que ya era necesario.
La presente reforma va a significar en primer lugar una adecuación afortunada de la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que ésta ya dispone en su artículo 99 la posibilidad de que la Profeco reciba quejas en forma grupal por parte de asociaciones u organizaciones de consumidores. De igual forma, estaremos ajustando el texto de la referida Ley con el contenido de otras disposiciones vertidas en leyes diversas, como por ejemplo la Ley Federal de Fomento a Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual establece como uno de sus objetivos las prestaciones de servicio de apoyo para la creación y el fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades de promoción y defensa de los derechos de los consumidores.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI otorgaremos nuestro voto a favor del presente dictamen, pues consideramos que la organización social contribuye a la organización de una ciudadanía activa; requisito indispensable para el fortalecimiento de un régimen democrático en el que las personas se vean a sí mismas como sujetos de derechos y obligaciones, y no como súbditos sujetos a la veleidad de sus gobernantes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero agradecer, a nombre de la Mesa Directiva, y también destacar la presencia en este salón de sesiones de una delegación de parlamentarios del Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, encabezada por el señor Dzanh Ut, vicepresidente de dicho consejo. Vienen, por supuesto, acompañados por el excelentísimo señor Le Thanh Tung, embajador de Vietnam en México, y están aquí para una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y el Grupo de Amistad México–Vietnam.
Bienvenidos. Agradecemos su presencia aquí en la Cámara de Diputados y hago votos porque los lazos de amistad entre nuestras naciones se fortalezcan con estas sesiones de trabajo. Bienvenidos todos a la sesión. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Para hablar a favor de esta iniciativa que nos parece que dignifica al Poder Legislativo, porque es estar del lado de los ciudadanos, del lado de los consumidores, que muchas veces sufren abusos, sufren acaparamientos, sufren prácticas desleales de comercio y que cuando recurren a veces a la Procuraduría Federal del Consumidor o ante las propias áreas de atención al público de las empresas públicas o privadas no son escuchados, no son tomados en cuenta sus voces; simplemente son hechas a un lado.
Por eso es muy importante esta fracción que se adiciona al artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque se establece la posibilidad de la organización de consumidores para que sean garantes precisamente del libre comercio, de prácticas adecuadas y que no haya abusos.
En Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en darles este poder de organización a los ciudadanos. Nos parece que es un principio democrático esencial que se ajusta al estado de derecho y a una economía social de mercado, tal como lo propone Movimiento Ciudadano y ayuda al fortalecimiento de los consumidores y de las clases medias en nuestro país.
Quiero felicitar de parte del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano a la Comisión de Economía, donde participa el diputado Víctor Jorrín. Y hacer un reconocimiento público y solidario al autor de esta iniciativa que hoy vamos a votar, que es Luis Walton Aburto. Un reconocimiento a la persona, al legislador y al alcalde de Acapulco que en estos momentos están tomando acciones preventivas de desalojo para que ante las lluvias pertinaces no haya afectaciones.
Están haciendo acciones en las colonias Colosio, en la Renacimiento, en el boulevard La Escénica, y por eso nuestra solidaridad a Luis Walton y a todos los acapulqueños y un reconocimiento a su obra como legislador con esta iniciativa a favor de los consumidores. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de egresados del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, que están aquí invitados por la diputada María de las Nieves García Fernández. Bienvenidos a la sesión.
Y también a algunos guanajuatenses, encabezados por el doctor Gustavo de la Selva, que están aquí invitados por la diputada Petra Barrera. Bienvenidos todos a la sesión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se emitieron 396 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, por 396 votos, el proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII y XIII del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Judit Magdalena Guerrero López.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, les presento a continuación el proyecto de dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII y XIII del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que presentó a esta Cámara el pasado mes de abril la diputada Mónica García de la Fuente.
Lamentablemente, en nuestro país tenemos un importante rezago en lo que se refiere al fomento de la lectura y el libro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura del 2002, el mexicano lee poco menos de tres libros por año.
Por su parte, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe, organismo dependiente de la UNESCO, realizó un estudio comparativo sobre el comportamiento lector y los hábitos de lectura en América Latina, tomando en cuenta datos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y España, en el cual se señala que nuestra población tiene el promedio de la región en lo que se refiere a la lectura del libro.
Cuando hablamos de fomento a la lectura y el libro nos referimos a las acciones que buscan generar las condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras, el impulso de la producción y circulación del libro, la promoción de la lectura, la escritura, el estímulo y protección de la creación intelectual.
La importancia de fortalecer la presencia del libro y de la lectura en la sociedad radica en que ambas conllevan esencialmente el desarrollo de la ciudadanía y de sus capacidades comunicativas. Nuestra democracia requiere que los individuos que la conforman sean capaces de reflexionar, articular, comprender, interpretar y comunicar sus ideas.
Así, dentro de los esfuerzos realizados en materia resalto la creación del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, el cual de acuerdo con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se conformó con el objeto de ser un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura.
En él se trató de agrupar a los principales actores públicos, sociales y privados relacionados con el tema, integrando un cuerpo asesor que oriente las políticas públicas y al mismo tiempo un espacio de discusión, análisis y consenso sobre los diversos intereses y necesidades que se generan en torno al libro y la lectura.
El dictamen que les presento reconoce al momento de la creación de dicho consejo, por falta de visión y claridad en los alcances y exigencias de las labores propias del consejo, se omitió integrar a tres instituciones fundamentales en el afianzamiento del papel del libro como vehículo cultural y del fomento de la lectura como motor del avance de la sociedad y su ciudadanía: El Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
En su momento, buscando subsanar esta omisión legislativa, el consejo ha integrado como invitados con carácter no permanente a las mencionadas instituciones, procurando su participación de forma constante tanto en las sesiones, en los grupos de trabajo comisiones y acuerdos tomados por ese órgano colegiado.
El dictamen también toma en cuenta que el Fondo de Cultura Económica es la editorial más importante de México en su género y una de las más importantes de Iberoamérica. Cuenta con filiales en Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Guatemala, Chile, Estados Unidos y España, así como una red de 35 librerías propias, 24 en México y 11 en el resto del mundo hispanoparlante.
Por otra parte, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, y dentro de sus funciones encontramos el proteger y fomentar el derecho del autor.
A su vez, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con fundamento en la gratuidad de la educación establecida en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública, creada con el objetivo de romper con las barreras económicas y garantizar condiciones educativas equitativas, a partir de la unificación de contenidos temáticos auspiciada por el Estado, con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, es un vehículo que faculta el diálogo y la equidad en la escuela.
En virtud de lo anterior el dictamen reflexiona que en cada uno de sus casos se trata de instituciones de interés público que contribuyen directamente en el cumplimiento de los objetos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, así como de las funciones que dicha ley establece para el consejo.
En congruencia, la iniciativa adiciona tres facciones al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro para quedar como sigue:
Artículo 14. El consejo estará conformado por
I. a X. ...
XI. El director general del Fondo de Cultura Económica;
XII. El director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor;
XIII. El director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos;
Por lo anterior, y con la finalidad de promover el fomento a la lectura y el libro, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el dictamen en comento a su consideración. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra, la diputada Dora María Talamante Lemas.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Una educación de calidad contribuye a detonar el desarrollo económico de un país, así como la formación de una ciudadanía democrática; esto se logra mediante la articulación de la política educativa y cultura, con una visión integral y formativa en la que s introducen hábitos formativos como lo es el de la lectura.
El fomento a la lectura es una asignatura pendiente en nuestro país, ya que debemos reconocer, no somos un país de lectores. Los datos en la Encuesta Nacional de Lectura 2012, realizada entre el 25 y 28 de agosto de dicho año, muestran que en México pasamos de la penumbra a la oscuridad en esta materia, pues se registró en comparación con el año 2006, una disminución del 10 por ciento en el hábito de la lectura de las y los mexicanos, haciendo del fomento de la lectura un verdadero reto para el Estado mexicano, un reto que los legisladores no podemos sustraernos.
En 2006, el 56 por ciento de los mexicanos leían libros, mediante que la cifra actual es de 46.2 por ciento. En promedio las y los mexicanos leemos casi tres libros por año, una cifra muy baja al compararse con los 11 libros anuales que se leen en promedio en Europa.
En cuanto a cantidad de libros por hogar, el 21.5 por ciento mencionó tener entre 11 y 20 y tan solo el 2.7 por ciento tiene más de 100 libros que no son escolares. Solo dos terceras partes de la población, que lee por placer, lo hacen al menos 30 minutos diarios; el resto, la falta de tiempo, las actividades recreativas, o bien la ausencia del gusto por la lectura fueron las principales razones expresadas por las y los mexicanos para no leer.
Las conclusiones no son alentadoras; en México se lee menos; la lectura sigue siendo un asunto estrictamente educativo y el acceso a la cultura escrita está seriamente restringido para la mayoría de la población.
Ante este panorama, el Consejo Nacional del Fomento para el Libro y la Lectura como órgano consultivo del ramo educativo y espacio de concentración y asesoría entre todas las instituciones públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura tiene un desafío ineludible para la realización de las funciones de asesoría, diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, así como para promover la adopción de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el mercado del libro, la lectura y la actividad editorial en el país.
El Consejo ha estado en la colaboración por invitación y previo acuerdo de instituciones de reconocido prestigio y de larga trayectoria nacional e internacional. Sin embargo, con el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos resulta necesario fortalecer al Consejo Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura, incorporando de manera formal como parte de su órgano colegiado al Fondo de Cultura Económica, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y a la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito.
Lo anterior, debido a que en sus atribuciones, ámbito de acción y competencias, destacan por colaborar sustancialmente al cumplimiento de las funciones que la ley establece para el consejo y su enorme contribución para ese país. Con la propuesta de reforma estamos seguros que se mejorarán las estrategias que impulsan el hábito y la comprensión de la lectura entre las y los mexicanos.
Ante el reto que presenta fomentar la lectura en México, es urgente implementar acciones coordinadas en espacios interinstitucionales que conllevan a que más mexicanas y mexicanos disfruten el placer de sumergirse en los libros.
Por lo anterior y, en coincidencia con los argumentos del dictamen que presenta la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el voto del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, es a favor del presente dictamen debido a que se integran a éste tres instituciones primordiales de la promoción en impulso del libro y la lectura en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, fomentar el hábito de la lectura y el amor por el libro es tarea del sistema educativo nacional, porque en esta coyuntura en la que vivimos actualmente los medios de comunicación y, esencialmente la televisión, ha sido promotora de la enajenación sobre todo en los niños y en los jóvenes, pero ha arrasado a la sociedad mexicana. Hoy más que nunca es importante fortalecer este hábito, el amor por la lectura.
Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acompaña esta propuesta que presentó el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que ha merecido que la Comisión de Educación y Servicios Educativos dictamine en sentido positivo con modificaciones.
La promovente de la iniciativa hizo una puntual y detallada argumentación para plantear la incorporación al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura de cuatro representantes de sendos órganos vinculados con el tema que nos convoca. Dichos órganos son el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito y Educal, Sociedad Anónima de Capital Variable.
La exposición que al respecto hizo la proponente permite reflexionar sobre la importancia de la creación del consejo en cuestión, presentándonos la manera cómo esa instancia ha sido configurada a lo largo de varios años, concretamente desde el 2008, para ser un organismo de consulta para la Secretaría de Educación Pública.
Al mismo tiempo debemos mencionar que el consejo es un espacio de concertación y asesoría entre todas las esferas de acción de la dependencia a la que está sectorizado. Al efecto la dictaminadora propone en el documento que tenemos a la vista modificar la propuesta de la diputada promovente con el fin de no incluir el cuarto órgano citado, habida cuenta de que Educal, aun siendo una sociedad anónima de capital variable, está incluida en el sector cultural y por tanto no consideran viable integrarlo a la lista de los órganos mencionados.
Por nuestra parte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y en mérito de lo asentado en párrafos precedentes votará a favor del dictamen que se presenta ante esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de ciudadanos del municipio de Tlalnepantla, estado de México que están aquí invitados por el diputado Juan Carlos Uribe. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Antes de iniciar con mi intervención quisiera aprovechar esta tribuna para mandarle un saludo y mi solidaridad con mis hermanos y hermanas de la sierra sur de Oaxaca, de la costa, que hoy están sufriendo por el tema de las lluvias, del huracán y ahí están; siguen todavía esperando el apoyo y la solidaridad. Ojalá y me puedan escuchar los que hoy están tomando las decisiones para determinar cómo y dónde distribuir el apoyo que está generando.
También decirles que lamentamos mucho, los de Movimiento Ciudadano, de esta fracción, la muerte de hombre, mujeres y niños por esa situación. Nuestra solidaridad y por supuesto, nuestro apoyo. Muchas gracias.
Aprender a leer y después convertirlo en un hábito, es tan difícil como querer encontrar una aguja en un pajar en tan sólo un minuto. Sin embargo no es imposible si los padres de familia empezáramos asumiendo esta tarea desde el hogar con nuestros hijos, pues no es posible que el 41 por ciento dedique su tiempo libre a ver televisión de muy bajo contenido informativo, educativo y cultural, y sólo el 12 por ciento lo dedique a la lectura.
No se debe perder de vista que esta actividad se debe reforzar en los centros educativos, sólo que para ello tendríamos que tener el apoyo total, incondicional, de los gobiernos municipales, estatales y federal, siendo este último quien tiene la responsabilidad primordial de proveer a las instituciones escolares, culturales y recreativas de los mecanismos que faciliten dicha tarea desde una infraestructura adecuada a las necesidades de cada región, de cada grupo étnico y zona económica del país, hasta un espacio digno y decoroso en las instituciones educativas, en donde se practique la lectura, sin olvidar por supuesto la parte de la pedagogía.
A diferencia de lo que muchos creen, no podemos señalar a los profesores como los únicos responsables de la decadencia educativa que actualmente padece nuestro país y de las múltiples estadísticas que refleja la Encuesta Nacional de Lectura de 2012, puesto que somos más de 100 millones de mexicanos los que formamos parte de esta sociedad y tan solo somos 500 los que por él decidimos. Ya lo hemos visto en la recién aprobada y mal denominada reforma educativa.
Tampoco son los profesores los responsables de que el 53 por ciento de la población mexicana no lea, porque en ello influyen varios factores, ya sea por falta de hábito, de tiempo o porque sentarse a leer 30 minutos o una hora les representa la pérdida de siete valiosos pesos que el patrón está autorizado a pagarle desde la contrarreforma laboral de hace un año.
El dictamen a discusión no pretende más que formalizar lo que en los hechos ya sucede: establecer como miembros permanente del Consejo de Fomento para el Libro y la Lectura a las instituciones del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional de Derechos de Autor y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a través de sus directores.
Lo anterior, considerando que el objetivo de la integración del Consejo Nacional para el Libro y la Lectura es conformar un cuerpo consultivo de nivel, pretendiendo alcanzar mayor cobertura en materia de lectura.
En Movimiento Ciudadano consideramos que estas iniciativas no son suficientes para erradicar tan grave problema, pues la última decisión de leer o no está en el libre arbitrio de cada individuo.
Sin embargo, lucharemos para fortalecer el fomento a la lectura y esperamos que el objetivo de dicha reforma realmente impacte en todos los sectores, en todos los niveles, en todos los poderes, pero sobre todo en el Poder Ejecutivo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Víctor Raymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Con el permiso de mis compañeras y compañeros de la Mesa Directiva de este honorable Congreso. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito hacer las siguientes reflexiones.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos queda claro que todas las medidas y acciones que se tomen para fomentar la lectura del libro, son bienvenidas y valoradas.
También nos queda claro que las diferencias en el comportamiento lector de los mexicanos es un asunto multifactorial relacionadas con el nivel de escolaridad, el nivel académico, económico, la edad, el género, la ubicación geográfica y el tamaño de la localidad, por tan solo mencionar algunas de ellas.
Como refuerzo a lo anterior, la Encuesta Nacional de Lectura 2012 nos dice que el promedio de libros leídos por personas en ese año, en 2012, fue de 2.9 libros: para los jóvenes de 18 a 22 años, 4.2; para los mexicanos con educación universitaria, 5.1, y para las personas con niveles socioeconómicos medio-alto y alto, 7.2 libros.
Datos que nos convocan a tomar medidas eficaces para mejorar estas tendencias, ya que nosotros consideramos que la lectura fomenta la libertad de conciencia que de manera permanente promueve procesos de reflexión, autocrítica y autodescubrimiento del lector, convirtiéndolo en un ente transformador de su propio cambio que ayudará colectivamente también a transformar y, por consecuencia, mejorar su calidad de vida personal y familiar.
Necesitamos mejorar los resultados de la prueba Enlace, descontextualizada como quiera que sea, pero aún y con todos estos inconvenientes nos dice que la mayoría de los estudiantes del país no saben interpretar textos, y con lectura como hábito, creemos que esto contribuirá para mejorar los indicadores y a lo mejor hasta impacta para que ya no haya errores ortográficos en la impresión de los libros de texto gratuito del próximo año.
Sin considerar de que el fomento a la lectura podría subsanar el gran hueco histórico que desafortunadamente nos han dejado la eliminación de algunas asignaturas indispensables en la formación crítica de los estudiantes, sobre todo del nivel medio superior. Por tan solo mencionar algunas de ellas: Historia de México, Filosofía, Metodología de la Investigación, Estructura Socioeconómica de México; como lo dije, por tan solo mencionar algunas de ellas.
Esperamos que la integración al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, de los directores generales del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional de Derechos de Autor y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, contribuyan con sus experiencias a mejorar el fomento a la lectura de libros y no sólo se promueva a engrosar el aparato burocrático del Estado.
Necesitamos abatir los índices que nos dicen que apenas la mitad de los mexicanos lee libros y que tan solo el 2 por ciento de nosotros tiene un hábito real de lectura.
Porque en el PRD reconocemos que el desarrollo económico y social de los países está ligado al fomento de la cultura y de la lectura, tan solo por señalar algún país, en Japón, el 91 por ciento de la población tiene hábito de lectura.
Apoyamos esta reforma al artículo 14 de la ley en comento, por lo que votaremos al favor del dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta legislatura, donde se adicionan las fracciones XI, XII y XIII a la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, y exhortamos a los diputados de todos los grupos parlamentarios que lo hagan también en este sentido. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, la iniciativa que hoy se discute tiene por objeto instituir como miembros permanentes del Consejo de Fomento para el Libro y la Lectura, a la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, a la Dirección General del Instituto Nacional del Derecho de Autor y a la Dirección General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Como todos ustedes saben, el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura se creó con el fin de articular y potenciar los esfuerzos y los logros de los actores vinculados con la cadena del libro que habían venido realizando de forma aislada. En él se intenta agrupar a los principales actores públicos, sociales y privados relacionados con el tema, conformando así un órgano asesor que oriente las políticas públicas y al mismo tiempo un espacio de discusión, análisis y consenso sobre los diversos intereses y necesidades que se generan en torno al libro y la lectura.
En ese sentido, el Fondo de Cultura Económica, al ser una institución editorial del Estado mexicano que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, obras de la cultura iberoamericana y de la cultura universal a través de redes de distribución propias y ajenas, y al colocarse como la editorial más importante de México en su género y una de las más significativas de Iberoamérica, es de considerarse que su nivel de influencia al interior y al exterior de México es sumamente importante. Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide con su integración como miembros permanentes del Consejo antes citado.
Respecto del Instituto Nacional del Derecho de Autor, al tener como misión salvaguardar los derechos autorales y al ser la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, consideramos que su participación a través de la opinión legal en materia de normatividad y regulación en materia de derechos de autor es sustantiva dentro de las opiniones vertidas al interior del Consejo.
Finalmente, y por lo que hace a la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, al producir y distribuir libros de texto gratuitos y materiales educativos de clase mundial, con oportunidad y eficiencia a los educandos que cursan la educación básica y por pertenecer a la cadena productiva del libro, Acción Nacional considera muy importante su participación en las asesorías que pueda brindar al consejo.
Compañeras y compañeros, es nuestro deber como legisladores proporcionar a los actores institucionales los instrumentos necesarios para orientar las políticas que estén a su cargo. Por ello hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, porque votar a favor de la integración de las direcciones del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, como actores permanentes del Consejo Nacional del Fomento para el Libro y la Lectura, fortalecerán las funciones de éste último en pro del desarrollo sostenido de las políticas nacionales del libro y la lectura, y fomentará la cultura de respeto a los derechos de autor. Muchas gracias por su tiempo.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene, finalmente, el uso de la voz la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Dulce María Muñiz Martínez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, para el del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el fomento a la lectura entre la población, y muy especial entre las generaciones jóvenes, constituye una labor que implica la participación de la familia, las instituciones educativas y el gobierno en aras de lograr una sociedad más informada; lo que sin duda influirá en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los estudiantes que usan estrategias adecuadas para entender y recordar lo que leen, tales como el de subrayar las partes importantes de los textos o discutir de los que leen con otras personas, obtienen un puntaje de cuando menos 73 puntos más altos en la prueba Pisa.
Con el surgimiento de las nuevas tecnologías se han desvanecido las barreras geográficas y con ello se han multiplicado infinitamente las posibilidades de clasificar, almacenar, recuperar y difundir el conocimiento; lo que ha traído como consecuencia que la generación de éstas, hoy por hoy uno de las principales capitales de las empresas, la adquisición y la conservación, sea una acción estratégica para una actuación exitosa.
En razón de lo anterior, la sociedad consume grandes cantidades de información en un tiempo mínimo y la lectura constituye una herramienta para su obtención, promoviendo el desarrollo y la mejora del lenguaje, la expresión oral y escrita, haciendo el lenguaje más fluido aumenta el vocabulario y mejora la ortografía, siendo un importante apoyo para exponer nuestra ideas y posibilita las capacidades de pensar, motor que impulsa la habilidad de juicio, de análisis y de crítica, mejora nuestra técnica de observación, de análisis y de crítica. Mejora nuestra técnica de observación, de atención y de concentración.
Con la aprobación de este dictamen que hoy se somete a consideración de esta asamblea, se fortalecerán las políticas públicas en materia de fomento a la lectura, ya que con la participación del Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, como integrantes definitivos del Consejo Nacional del Fomento para el Libro y la Lectura, se articularán de manera coordinada los esfuerzos e intereses de los sectores públicos y privados para el desarrollo sostenido de las políticas nacionales del libro y de la lectura, fomentando la cultura del respeto a los derechos de autor.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, hacer el hábito de incorporar constantemente en nuestras vidas la información necesaria para nuestro cotidiano quehacer, es una forma de ser más competitivo en el mundo actual.
La lectura fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad, de la participación activa y una actitud dinámica.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de las reformas propuestas, cumpliendo con su responsabilidad social, impulsando la educación, su acercamiento a las expresiones de la cultura al desarrollo de una conciencia crítica. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 374 votos a favor.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos el proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a los cambios de integrantes de la Junta Directiva de las Comisiones Ordinarias, Especiales y de Grupos de Amistad, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas. Comuníquense.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se adiciona el punto segundo del acuerdo, que a su vez crea los Grupos de Amistad que funcionarán en este órgano legislativo durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 24 de abril del año en curso, así como su modificación del día de hoy.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (15:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes primero de octubre de 2013 a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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