Comunicaciones oficiales
Dictámenes de las diversas comisiones
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Posicionamiento de los grupos parlamentarios y discusión en lo general
Votación en lo general y lo particular
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios y discusión en lo general
Votación del artículo 2o., fracción XI
Dictámenes con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:22 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la comunicación de la Mesa Directiva.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Honorable asamblea. Esta Presidencia informa a la asamblea que el decreto con el que se nombra la plaza central del recinto legislativo de San Lázaro, Eduardo Neri Reynoso, y a la colocación de su busto con su efigie, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 4 de abril del año en curso.
Para dar cumplimiento al artículo 5o. del decreto esta Mesa Directiva expedirá el Bando correspondiente, la publicará en la Gaceta Parlamentaria y la hará del conocimiento a los órganos de gobierno, de los grupos parlamentarios y de las áreas administrativas del recinto legislativo.
México, Distrito Federal, a 9 de abril de 2014. Diputado José González Morfín, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Cúmplase.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el cual se establece las características de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la toma de Zacatecas.
2. De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa de ciudadanía e iniciativa preferente.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Roxana Luna Porquillo. Dígame, diputada.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Sí, compañeras y compañeros diputados, nuevamente hacer una denuncia. El día de ayer, por la tarde, fue detenido un dirigente más, hoy integrante del Movimiento Nacional Los de Abajo.
El ciudadano Abraham Cordero Calderón estuvo desaparecido por más de siete horas, negándole información a sus familiares y compañeros, quienes al enterarse de que fue levantado frente a su domicilio solicitaron informes a la Procuraduría General del Estado, a las agencias del Ministerio Público del Distrito y a la Procuraduría y no dieron a conocer su paradero.
Fue hasta que tuve que intervenir como diputada y hasta las nueve y media de la noche el secretario particular me informó que estaba recluido en el Cereso de Atlixco, Puebla. Hemos confirmado su reclusión. Se le imputan los delitos no cometidos, como son los de amenaza y privación ilegal de la libertad. En Puebla se prefabrican delitos. Esta es la forma en que el gobierno nos responde.
No sólo han detenido a los compañeros del Frente Campesino, sino también a los campesinos de Chignahuapan, de Francisco Z Mena y a Xihuacán en esta administración. Los encarcelan y los sujetan a procesos penales, así lo hacen hoy con 300 mototaxistas, quienes además de despojarles de sus vehículos hoy se integran a averiguaciones en su contra.
Es vergonzoso que se utilicen las instituciones, como la Procuraduría General de Justicia para ser perseguida a los dirigentes sociales en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes para frenar la inseguridad que prevalece en el estado de Puebla.
La detención del dirigente de Abraham Cordero tiene la finalidad de intimidar a los dirigentes del Frente Campesinos quienes se oponen a la construcción del libramiento poniente, de presionar a los afectados directos para que vendan sus tierras y evitar se organicen y se unan en torno a la demanda central.
La defensa del agua y de la sierra es la prioridad para los campesinos. El día de ayer se anunció en los medios de comunicación, en el estado, el Encuentro Regional en la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos Sociales en Puebla, a realizarse en el poblado de San Francisco Tepeyecac, del municipio de San Martín Texmelucan.
El gobierno respondió con su aprehensión y de manera paralela un supuesto periodista le habla hoy a los representantes de los pueblos para decirles que Abraham Cordero está en la cárcel y que hay, hoy, 250 órdenes de aprehensión, principalmente contra los quiere vender sus tierras.
Estas formas de intimidación y represión psicológica son instrumentadas, sin duda, desde el gobierno del estado. Exigimos inmediata libertad de todos los dirigentes sociales que en esta semana han sido detenidos. Que el gobierno del estado instale mesas de diálogo para construir acuerdos con los grupos sociales. Debe entender que la irritación social crece día a día. Debe entender que hay varias regiones del estado que están aflorando movimientos sociales.
La lucha contra las concesiones mineras en la sierra norte y la mixteca poblana contra la privatización del agua, contra las expropiaciones por la defensa del derecho al trabajo, como son los mototaxistas y los despidos del hospital del Niño Poblano, del estado de Puebla. Aumento de tarifas en los servicios públicos, todo esto demuestra que en Puebla crece el descontento social.
Es urgente que se haga un exhorto al gobierno del estado de Puebla, que se promueva el diálogo y que se organicen a los grupos sociales, que frene la criminalización de la lucha social y se consulte a las comunidades de los proyectos de alto impacto económico, social, ambiental y cultural.
Y desde aquí le digo al procurador que es una falta de respeto que no sea capaz de tomar una llamada y cumplir con la demanda de los ciudadanos del derecho de audiencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Ya quedó su denuncia debidamente registrada.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, en consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.
Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Moreno Cárdenas.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Estamos ya en la discusión de un dictamen, diputada. Pero al término del dictamen con mucho gusto, si quiere, le doy la palabra, pero ya vamos a iniciar la discusión de este dictamen.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Compañeras y compañeros legisladores, con el análisis y aprobación del presente dictamen en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, el día de hoy estamos culminando un intenso proceso, largo, contundente de discusión y debate parlamentario que ha permitido que la minuta que se originó en esta Cámara de Diputados regrese a este órgano legislativo revisada y mejorada.
Por ello, quiero agradecer a nombre de la Comisión de Gobernación al Senado de la República por haber llevado a cabo, en estos meses, un análisis exhaustivo e incluyente, que aportó elementos trascendentes a la minuta aprobada por esta Cámara de Diputados en diciembre pasado. Mediante una amplia mayoría de todos los legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
La minuta que hoy discutimos forma parte de un paquete de medidas legislativas presentadas por las principales fuerzas políticas del país con el fin de construir un nuevo andamiaje legal que permita configurar un nuevo marco en la materia político-electoral.
Responde también, a los compromisos contraídos por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien durante la campaña electoral de 2012 insistió en la necesidad de avanzar hacia una segunda transición que condujera al país, de ser una democracia meramente electoral a otra de derechos plenos, en la cual la eficacia del gobierno estuviera directamente en función del diálogo que se establezca con todos los ciudadanos.
Para cumplir con tales objetivos ha sido preciso poner en marcha diversas reformas que abran el sistema político a la sociedad, de manera tal que se incluyan mecanismos específicos de participación directa, que vinculen y acerquen a representantes y a representados. Se pretende así que la ciudadanía contribuya de manera directa a través de ideas y propuestas en la solución de las diferentes problemáticas que enfrenta el país.
En el caso de la iniciativa preferente, ésta será otra herramienta que contribuirá al bienestar general, gracias a que incluye plazos estrictos que garantizan la toma de decisiones legislativas en el menor tiempo posible, en beneficio de la eficacia y en el diseño y ejecución de los planes y los programas de gobierno.
El proyecto de dictamen que hoy ponemos a consideración incluye, como decíamos, una serie de adecuaciones legislativas que también fueron propuestas en el Senado de la República y que sin duda mejoran el texto y el contenido original; en primer lugar, derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral ha sido necesario adecuar en el dictamen las referencias que se hacían al Instituto Federal Electoral para incluir ahora el recién creado Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, se modifican los plazos legislativos para dictaminar la iniciativa preferente con el fin de garantizar las propuestas presentadas por el Ejecutivo federal y que sean atendidas en tiempo por el Congreso abonando así a la eficacia legislativa.
Por lo que corresponde al procedimiento para integrar la iniciativa ciudadana, las condiciones y las propuestas por la colegisladora favorecen a la transparencia, a la seguridad jurídica en el caso de la verificación de la autenticidad de los solicitantes.
Adicionalmente, el Senado de la República también consideró oportuno cambiar y hacer modificaciones con el fin de permitir a un representante de los promotores de la iniciativa participar en el proceso de análisis, deliberación y discusión legislativa en comisiones.
Así, el dictamen que hoy proponemos a su consideración incluye reformas y adiciones también al marco jurídico. En el caso de la Ley Orgánica del Congreso, se tiene con claridad que estas modificaciones ayudarán a darle más certeza, transparencia al marco institucional.
La Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación el Materia Electoral, también estuvo trabajando permanentemente para que juntos podamos darle una fuerza al suscrito en esta iniciativa ciudadana.
El proyecto de decreto que hoy discutimos propone reformar también la II fracción del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Finalmente, compañeros legisladores, el proyecto de dictamen que estamos analizando incluye adiciones al Cofipe con el fin de ampliar las facultades de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de que la ciudadanía se convierta en un actor más activo en la toma de decisiones transcendentales que el país y, de acuerdo a la circunstancia, se presentes.
Por ello y, con la iniciativa preferente y con la iniciativa ciudadana, se fortalecerá la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en beneficio de la sociedad. Sin duda alguna el grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el proyecto discutido y aprobado en 10 de diciembre en esta asamblea, es devuelto y fortalecido con algunas modificaciones de forma, alguna cuestión de fondo y aprobado en su totalidad ya por la Cámara de Senadores, condición que con el trámite que se sigue en este momento, permitirá dar plena eficacia y aplicación a las trascendentales reformas que incrementarán de manera significativa las atribuciones y funciones de la actividad legislativa.
En nuestra participación del día 10 de diciembre expresamos en ese momento que transitábamos tiempos inéditos de relevante importancia para el país.
Hoy se perfila un futuro inmediato de transformación de las instituciones políticas y sociales, instituciones que siendo francos, ya no respondían a las necesidades ni al desarrollo de nuestra población, población, ciudadanía, siempre demandante de los instrumentos que le permitan su mejor acceso y participación en la vida pública y política de nuestra gran nación.
El día de hoy desde esta tribuna reafirmamos con mayor convicción nuestra opinión. Al contar novedosas normas que integran la favorable visión de ambas Cámaras y se encuentra en vías de aprobación definitiva y aplicación inmediata.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera procedentes y comparte las precisiones realizadas por la Cámara alta al proyecto que le fue turnado por esta instancia legislativa.
Sin duda es evidente el ajuste a la denominación del nuevo órgano electoral en las disposiciones modificadas una vez integrado e instalado el mismo, e iniciando ya sus funciones en plenitud de jurisdicción y de competencias, aunque haciendo falta la legislación secundaria que lo regula.
Resulta igualmente adecuada la precisión en el procedimiento de presentación de las iniciativas ciudadanas. Con ellas se da una mayor eficacia; así como la integración de un representante de la iniciativa ciudadana en su discusión al interior y al seno de las comisiones, lo que otorga, sin duda, mayor participación al interés ciudadano, y por lo que respecta a la iniciativa ciudadana, mayor seguridad jurídica al definir un período para su resolución.
Ambas instituciones jurídicas, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, comparten un desarrollo del quehacer legislativo al vincular de nueva manera el quehacer legislativo con los ciudadanos y con el Poder Ejecutivo, incrementando así la integración de la función gubernamental para la producción de instrumentos normativos más precisos, eficaces y capaces de cumplir cabalmente sus objetivos.
Hoy las normas que en breve someteremos a la aprobación de esta asamblea son evidencia de los procesos crecientes de integración y vinculación del quehacer público entre las distintas funciones y entidades de gobierno como respecto a la ciudadanía, a quienes se otorga una plena participación directa en las decisiones de trascendencia del interés ciudadano.
La presente legislatura ha sido autora de las grandes transformaciones normativas sustanciales que propician hoy un mejor presente y mañana y mejor futuro para nuestro país. Hoy tenemos la seguridad que con las reformas que en este punto abordamos daremos aplicación adecuada a las recientes disposiciones constitucionales en materia política, generando mayor confianza, eficacia y participación entre el gobierno y la ciudadanía.
Nueva Alianza ha impulsado desde el inicio de esta Legislatura estas nuevas instituciones políticas, habiendo incluso presentado en su momento iniciativas sobre la materia y con la seguridad de que con ello da cumplimiento a sus esenciales principios partidistas de gobernar con y para los ciudadanos, por lo que nuestro voto será favorable al decreto presentado. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para fijar la posición del Partido del Trabajo.
Aprovecho para saludar y dar la más cordial bienvenida al secretario de Educación de Veracruz, licenciado Adolfo Mota Hernández, que nos acompaña invitado por el diputado Alejandro Montano. Bienvenido.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es importante que los diputados cuando menos se asesoraran bien de lo que hoy se va a votar.
Miren ustedes –en mi caso lo hago, evidentemente–, las modificaciones que la Colegisladora Cámara de Senadores consideran, diversas observaciones que se presentaron ante la Comisión de Gobernación y que se expusieron ante este pleno para razonar el voto en contra en la votación del proyecto original; o sea, en otras palabras, se los dijimos.
Es loable que la colegisladora corrija la tarea de esta Cámara de Diputados, cuando ésta se cierra al diálogo constructivo en el proceso de dictamen de las leyes que se someten a consideración de este pleno. Sin embargo, es preciso señalar que parte de este proyecto de decreto, por el retraso en que se presenta, resulta en un trabajo legislativo inútil, por cuanto hace a la iniciativa ciudadana.
Miren ustedes, si bien la colegisladora, atendiendo a la reforma constitucional en materia político-electoral sustituye a IFE por el actual Instituto Nacional Electoral, no debemos pasar por alto que en el artículo 4o de la minuta se adicionan y reforman los artículos 125 y 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Código Electoral, que de acuerdo con el artículo 2o de la misma reforma constitucional en los próximos días, a más a tardar el 30 de abril de este año, será abrogado por una nueva Ley General de Procedimientos Electorales.
Legisladores, estamos reformando un Código Electoral cuya vigencia será de unos cuantos días, actos que se convierten en demagogia legislativa puesto que el quehacer de esta Cámara no garantiza el pleno ejercicio de los ciudadanos para impulsar leyes en temas de su interés.
¿Por qué señalo que es una reforma inútil en lo que se refiere al Cofipe? Ustedes saben que los grupos parlamentarios del PRI y del Verde Ecologista presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral, que el Partido de Acción Nacional, su grupo parlamentario, en el mismo Senado, presentó iniciativa por la que se expide la Ley General de Partidos Políticos. De igual forma procedió el Grupo Parlamentario del PRD al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
En los artículos transitorios de cada una de las propuestas se determina la abrogación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo en todas y cada una de estas iniciativas no se contempla la regulación de la iniciativa ciudadana objeto de la minuta que hoy se presenta, minuta en la que tampoco se establece en el apartado de transitorios su adecuación al nuevo marco reglamentario de la reforma constitucional electoral para garantizar la viabilidad de la iniciativa ciudadana en la parte relativa a la verificación de requisitos que corresponden al Instituto Nacional Electoral.
De aprobarse el proyecto la viabilidad de la iniciativa preferente no tendrá problema alguno, puesto que la regulación de ésta no será impactada por la reforma en materia política electoral; lo que no sucede con la iniciativa ciudadana, misma que será sujeta a revisión del Instituto Nacional Electoral, por lo que su viabilidad estará sujeta a la nueva Ley General Electoral.
Por otra parte, las modificaciones que presenta la colegisladora por sí misma no cambian la obstrucción al ejercicio de la iniciativa ciudadana, puesto que se sigue sujetando a formalidades que obstruyen el acceso a un instrumento fácil y sencillo que garantice la expresión de la voluntad ciudadana como un instrumento de la democracia. Su presentación ante cualquiera de las Cámaras es centralizada, esto es: sólo se puede presentar en la sede de las Cámaras o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la ciudad de México.
Se hace una caricatura de la réplica o derecho a contra argumentar del ciudadano representante de la iniciativa al concedérsele el derecho a voz con anticipación, cito textualmente la modificación al artículo 133, párrafo cuarto; Podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de deliberación y votación. Un derecho a voz inútil, ya que anula la posibilidad de controvertir o contra argumentar la posición de los miembros de la Comisión dictaminadora.
En un Estado de derecho, democrático, el sistema normativo debe contemplar garantías para la plena efectividad y exigibilidad de los derechos fundamentales. No es el caso del proyecto que se presenta, puesto que se legisla para obstruir un derecho fundamental reconocido en la Constitución.
Es por eso que el Grupo Parlamentario al que represento votará en contra y ojalá actuaran en conciencia. Es difícil en esta Cámara que no sigan las directrices que les da el Poder Ejecutivo, que no cambiarle ni una coma aunque se cometan –culmino, presidente– esta clase de, yo no diría que son deficiencias legislativas, van a ver qué trámite le dan a la fe de erratas de los problemas no de dedazo, sino de las prisas legislativas por cumplirle a quien les manda, pero evidentemente estos temas de fondo se aprovechan de la buena bondad de los promotores de esta iniciativa, y como se los dije la vez pasada, les dan cuentas de vidrio por oro.
La maquinaria de Peña Nieto y el PRI es implacable en cuanto a los retrocesos democráticos en este país, como en todos los rubros. Un regreso más en materia de democracia en este país si aprueban esta Ley. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
Saludo con mucho gusto a un grupo de alumnos del Centro de Atención Múltiple número 4, del municipio de Coacalco, estado de México, que nos acompañan hoy aquí invitados por la diputada Lucila Garfias. Bienvenidas y bienvenidos todos.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Dice la sabiduría popular que no por mucho madrugar amanece más temprano. Esta expresión viene al caso cuando por enésima vez el Senado de la República nos enmienda la plana subsanando, aunque sea parcialmente, muchas de las omisiones que ya habían sido señaladas en esta tribuna.
A la luz de las modificaciones propuestas por la Cámara Alta, es doblemente inexplicable la premura, las convocatorias al vapor, la falta total de discusión y el uso de la mayoría como aplanadora, para que, ya no se diga evitar modificaciones al proyecto original, sino para acallar cualquier expresión opositora dentro de este recinto en la discusión inicial de la propuesta.
En su momento denunciamos desde aquí que la iniciativa ciudadana se dejaba a su suerte dentro del proceso legislativo, con una mala redacción que daba espacio a que fueran enviadas a la congeladora legislativa. Señalamos también que el requisito de recolectar datos específicos de más de 100 mil personas o el equivalente al 0.13 por ciento del padrón electoral convertía este instrumento en un mecanismo de participación legislativa, abierta más a organismos corporativos que a los ciudadanos porque, ¿quién si no los mismos partidos o sindicatos, cuentan con la capacidad de articular y mantener informados a ese número de personas?
Asimismo, en la anterior discusión en este pleno rechazamos enérgicamente que ante la menor falla en el cumplimiento de los requisitos para integrar la lista de los firmantes, la Mesa Directiva de esta Cámara pudiera solicitar que se subsanaran estos errores otorgando solamente dos días hábiles para corregirlos.
Lo anterior, proveía las herramientas para que con el menor pretexto dichas iniciativas no fueran aceptadas al no poder subsanar los errores a tiempo. Afortunadamente la minuta enviada por el Senado avanzó en la dirección correcta, acotando los huecos legales que podrían obstaculizar de facto la presentación al desahogo en el Legislativo de las iniciativas ciudadanas.
Se corrigieron errores obvios, propuestos también anteriormente en las apresuradas reuniones de la Comisión de Gobernación, como el cambio de las menciones al IFE por INE.
Se añadió también la obligación de que una vez agotados los plazos legislativos para discutir la propuesta de iniciativa ciudadana, ésta tenga que inscribirse inmediatamente después en el orden del día para su votación y discusión. Con lo cual se limita la capacidad de enviar las propuestas ciudadanas a la congeladora.
Se relajan también los requisitos de verificación de identidad, para que aun en el caso de que existan errores en la integración de proponentes ciudadanos el plazo para subsanarlo sea hasta el final del periodo de sesiones y no dos días hábiles, como se proponía anteriormente, siempre y cuando dichos errores sean inferiores al 20 por ciento del total de los ciudadanos proponentes.
Se avanzó también en permitir que un representante del grupo que proponga la iniciativa ciudadana pueda participar con voz, hasta antes del inicio del proceso de deliberación y votación de la comisión dictaminadora, contrario a la limitante anterior, que sólo les permitía asistir a las reuniones públicas, sin siquiera darles derecho a voz.
Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, aunque estas correcciones enmiendan la plana en la dirección correcta, recogiendo algunas de las propuestas que hayan sido sugeridas en esta misma Cámara, estas siguen siendo insuficientes, en particular porque consideramos una burla y una simulación que los representantes de la iniciativa popular puedan participar con voz solamente al inicio de las reuniones de las comisiones, dando la impresión de una apertura al debate, por demás falso.
¿Por qué? ¿Qué debate genuino puede existir entre los legisladores y los representantes ciudadanos, cuando estos últimos sólo pueden dar un posicionamiento inicial, sin la capacidad de contra argumentar el sentido que se ofrezca posteriormente en el dictamen?
Asimismo, seguimos considerando exagerado el requisito de reunir el 0.13 por ciento del padrón electoral para presentar una iniciativa ciudadana, ya que de esta manera se privilegia la política corporativista y de partidos, en lugar de una verdadera participación ciudadana. Es decir, aunque la minuta del Senado avanza en la dirección correcta, se queda corta en la aspiración de construir verdaderos instrumentos de participación ciudadana, en lugar de simulaciones de apertura y la creación de válvulas de escape.
Increíblemente, como ya se dijo, la minuta la envió el Senado de la República y en esa misma tarde se discutió, dictaminó y votó en la Comisión de Gobernación, sino que vuelvo a decir que no se sabe qué es lo que se va a votar aquí, porque por lo menos tres de los cambios que la colegisladora nos remitió fueron en materia de algunas reservas, que como Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos en atención y en beneficio del propio dictamen cuando se discutió en la ocasión pasada. Pero aquí no se nos escucha, no se nos respeta.
Señores, a ustedes no les interesa si como sociedad tenemos o no instrumentos o mecanismos democráticos para que el pueblo participe. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, este dictamen es una minuta que nos está regresando el Senado, en el ámbito democrático de la relación que mantenemos de equilibrio con la Cámara alta, y hemos escuchado dos posiciones en esta tribuna por parte de los compañeros que me antecedieron.
Una, por supuesto, haciendo énfasis en lo que podemos nosotros lograr con estos instrumentos de democracia directa. Y otra posición crítica, respecto a que lo que estamos haciendo no significa ningún avance. Sin embargo, voy a defender la posibilidad de que esta reforma sea una reforma que les permita a los ciudadanos un instrumento, una herramienta nueva, para poder participar en la vida democrática de nuestro país.
No obstante, esta afirmación, quiero aclarar, quiero decir en esta tribuna, que ya son 31 estados de la república los que hacen referencia este tema. Sin embargo, sólo 19 de ellos, me voy a permitir decir cuáles: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, son los que hacen referencia en su Constitución local de este tema.
No obstante -vuelvo a repetir-, que estos 19 estados ya regulan en la Constitución la iniciativa ciudadana, pasan dos fenómenos al respecto. El primer fenómeno es, que todos estos estados que acabo de mencionar tienen una forma diferenciada de porcentajes de ciudadanos que tienen que llegar a firmar para presentar una iniciativa ciudadana.
El cambio que nosotros estamos aquí aprobando -y que espero que todos voten a favor- respecto a que el 0.13 por ciento de los inscritos en el padrón sean los que presenten la solicitud, va a ayudar a que estos estados fortalezcan esta figura y la posibilidad de la participación directa de sus ciudadanos.
Pero, sobre todo, compañeras y compañeros, el siguiente fenómeno es el que tenemos que combatir. Esta honorable Cámara de Diputados, junto con la Cámara alta, la Cámara de Senadores, hemos estado aprobando una serie de instrumentos llamados cartas ciudadanas y otras reformas importantísimas, que pocas veces los ciudadanos se informan de que puedan ser utilizadas para su beneficio, y en este caso me refiero al fenómeno de que aún cuando estos 19 estados de la república ya cuentan con la figura de iniciativa ciudadana, no hay antecedente de estados que hayan promovido estas iniciativas, no sea que lo gobierno la izquierda, la derecha, el centro, sino cualquier estado quien lo gobierne tiene esa deficiencia.
Nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente de aprobar normas y reformas importantes para que los ciudadanos puedan participar. Tenemos la gran responsabilidad de que tenemos que promover lo que aquí aprobamos y tenemos que hacer efectivos los cambios que hacemos en la norma, para que los ciudadanos puedan ser beneficiados con los cambios que estamos realizando.
Por eso defiendo esta propuesta, defiendo esta minuta, defiendo la posibilidad de que esta herramienta, esta carta ciudadana, esta alternativa que van a tener los ciudadanos en los estados de la República y a nivel federal pueda ser aprobada en esta Cámara de Diputados, para que inmediatamente pueda ejercerse este derecho por los ciudadanos.
Recordemos que la Democracia representativa ha sido muy cuestionada y que requiere tener figuras alternativas como éstas de la democracia directa para que los ciudadanos se puedan sentir integrados y fortalecidos a un sistema democrático que estamos luchando día a día en transformar y en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, creo que en esta Legislatura hemos hecho un excelente trabajo como para que pueda lograrse esta aspiración y este sueño que muchas personas, muchos políticos hemos impulsado desde hace muchísimos años desde nuestras diferentes trincheras. Muchas gracias, diputadas y diputados, es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo Sánchez Torres para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Guillermo Sánchez Torres: Con su venia, diputado presidente. En una sociedad democrática, una sociedad democrática debe garantizar el espacio suficiente a sus ciudadanos para que participen en la discusión y elaboración de sus leyes, así como para reformar las mismas. Pero eso no basta para cumplir con la democracia. Es muy importante asegurar que no se caiga en simulaciones.
En ese sentido, es una obligación asegurar que las iniciativas de ley que presenten los ciudadanos sean debidamente atendidas. Es por ello que resulta relevante el que un representante de los ciudadanos que promueve una iniciativa de ley participe directamente en la discusión y análisis de la misma, dentro de las comisiones y en la etapa de análisis y discusión, previo a la deliberación y votación.
La participación directa de los ciudadanos en la elaboración de las leyes permitirá fortalecer la relación entre los representantes y los representados, resultando un procedimiento incluyente que permita, incluso, a las minorías expresarse legalmente y defender así sus intereses y proponer normas que promuevan y defiendan los intereses específicos de grupos minoritarios, los cuales también forman parte de nuestra nación.
Sin duda que este ejercicio nos permitirá, a los legisladores, conocer de primera mano y por tanto, con mejor detalle, los intereses, las preocupaciones, los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos, lo que coadyuvará en la conformación de la agenda legislativa y hará más efectiva la tarea del legislador.
Si bien me parece un tanto ambicioso afirmar que la figura de la iniciativa ciudadana representa un contrapeso en la repartición del poder de decisiones, y con ello la ciudadanía se consolide como un contrapeso de los partidos políticos, considero que esta figura permite que los ciudadanos se conviertan en actores activos en la vida pública de la nación para dar a conocer sus preocupaciones, sus aspiraciones y sus necesidades, a fin de que todo ello sea incluido en las plataformas electorales y en las agendas de los diferentes partidos políticos en función, claro está del interés real de que cada uno de estos tengan por atender a sus electores.
Finalmente es importante resaltar y concientizar a la ciudadanía que esta nueva facultad o espacio que se abre para su participación en la vida pública del país representa igualmente una obligación de aportar propuestas, ideas e información que pueda resultar en una legislación que beneficie a toda la ciudadanía.
Así como es relevante que el ciudadano común participe activamente en la elaboración de sus leyes, igualmente resulta fundamental que dicha participación activa tenga sus alcances bien definidos para que por ningún motivo afecte las obligaciones y facultades propias de los legisladores.
El reconocimiento y ampliación de los instrumentos de participación ciudadana han sido producto de muchos años de lucha de la izquierda por democratizar a este país y garantizar que se escuchen todas las voces en las decisiones más importantes de la vida política de este país. Por lo anterior es que estoy a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfredo Rivadeneyra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Compañeras diputadas y diputados; a lo largo de su historia Acción Nacional ha sostenido que la democracia requiere la participación directa y eficaz de las personas en las decisiones públicas.
Reiteramos que la democracia es un sistema de vida, de convivencia y de gobierno que se fundamenta en la igualdad esencial de los seres humanos; en lo material se sustenta en una igualdad de oportunidades y en lo espiritual en la posibilidad real de acceso a los valores de cultura y en el respeto a la libertad del ser humano para responder ante su propia conciencia y creencias personales del propio destino y del de sus semejantes.
Debido a ello, los panistas hemos exigido siempre que el régimen político en México respete, promueva y garantice, no solo en el reconocimiento teórico, sino en el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida, a la elección de sus autoridades y representantes, a la participación en la toma de decisiones en el ámbito público, a incidir en los asuntos legislativos, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación, a la cultura, al trabajo y
al descanso, a la propiedad, a la seguridad social y al bienestar en su conjunto.
En ese sentido, Acción Nacional ha promovido todas las vías que pongan las decisiones políticas en forma prominente en manos de los ciudadanos por vía del voto directo, de la participación ciudadana, de la participación en cargos públicos y de la capacidad de proponer proyectos que se conviertan en leyes y políticas públicas.
Es así que en diversos documentos básicos del PAN hemos propuesto iniciativas semejantes a las que hoy discutimos. En 1994 nuestra plataforma sostenía que el moderno estado de derecho es el que enriquece las instituciones de la democracia representativa con los principios y procedimientos de la democracia participativa, entre los que se encuentran la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, figuras que urge incorporar a nuestro régimen constitucional.
Por su parte, la plataforma electoral del año 2000, sostenía que la participación de la sociedad es la base de la democracia y constituye un formidable instrumento de apoyo a las tareas de gobierno. Estableceremos mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, entre otras formas de participación ciudadana.
En éstos y otros documentos asumimos los panistas que todos los ciudadanos debemos tener acceso al conocimiento y participación cívica, política y económica necesarias para ejercer los derechos y emplear los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a nuestro alcance. Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios.
La minuta que está a nuestra consideración, sin duda actualiza la premisa de que el sistema bicamaral permite el perfeccionamiento del trabajo parlamentario. Con los cambios que acordó la Colegisladora no sólo se asegura que las referencias legales se armonicen con la creación del INE, sino que además atiende la necesidad de darle relevancia debida a las iniciativas ciudadanas en la agenda de las Cámaras del Congreso, dando atención oportuna a sus iniciativas con la obligación de la Mesa Directiva para inscribir en el orden del día de la sesión inmediata posterior a la conclusión de los plazos, si no se contara con el dictamen correspondiente.
Adicionalmente se dará mayor certidumbre jurídica al proceso de integración de la iniciativa ciudadana verificando la validez de las firmas de quienes suscriben las iniciativas, así como garantizando una mayor participación de los ciudadanos cuando se faculta a uno de sus representantes para participar con derecho a voz en las sesiones de las comisiones y al proponer, además, que las Cámaras a través de las oficinas de Atención Ciudadana, instauren un servicio de apoyo a la presentación de iniciativas.
Al hacer todo esto, compañeras y compañeros diputados, estaremos cumpliendo con nuestro deber de fortalecer y robustecer la democracia, un ideal que en los hechos se puede hacer tangible a todos los niveles y a todos los ciudadanos sin distinción alguna. Habremos de fomentar la cooperación y colaboración entre los tres Poderes de la Unión y entre los tres niveles de gobierno y los ciudadanos.
Es por estas razones que he expuesto, que el Grupo Parlamentario del PAN, fiel a su convicción democrática, votará a favor de la minuta en comento y habrá de hacer así efectivo el derecho humano contemplado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Abel Octavio Salgado Peña.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A partir de 1977 el sistema político mexicano ha recorrido de manera pacífica y consensuada un largo trecho para transitar hacia una democracia electoral plena. Un régimen que haga posible la igualdad de todas y todos frente a las urnas, llevando a la práctica el contenido del artículo 3o. de nuestra Carta Magna en el que se visualiza a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En tanto construcción humana, nuestra democracia es susceptible de mejora permanente, para de este modo actualizarla, hacerla funcional y lograr que responda a las necesidades del país.
Hoy a diferencia de otros momentos históricos, estamos frente al reto de transitar de una democracia electoral hacia otra de plenos derechos, que sea capaz de incidir positivamente en las condiciones de vida de la población.
Si no somos capaces de alejar el desaliento y satisfacer las expectativas generadas por la alternancia política, corremos el riesgo de provocar un distanciamiento entre los gobernantes y la sociedad, por lo que se vuelve necesario crear vínculos institucionales que identifiquen a la ciudadanía con su sistema político.
El dictamen que ahora discutimos cobra especial importancia pues por una parte genera espacio de participación social y por el otro hace posible que en el proceso legislativo se privilegien aquellos temas que más preocupan a la ciudadanía, logrando en todo caso, su aprobación expedita por parte de la representación popular.
Tal y como en su momento lo señalara el licenciado Enrique Peña Nieto, la iniciativa ciudadana es una herramienta que permitirá a cualquier grupo de mexicanos, no nada más a los partidos políticos, participar en la generación de ideas y propuestas para transformar la legislación.
Así la ciudadanía podrá introducir nuevos temas a la agenda legislativa, fomentando una discusión directa con los legisladores, lo que permitirá acercar la relación entre representantes y representados.
Por su parte, como bien se menciona en el dictamen que nos atañe, la iniciativa preferente tiene como objeto obtener un equilibrio entre el derecho del Poder Ejecutivo a señalar la preferencia que decide otorgar a sus iniciativas ante el Congreso y la potestad soberana de este último para aprobar, rechazar o modificar las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo federal dentro de los plazos y a través de los procedimientos establecidos en la Constitución y en las disposiciones secundarias correspondientes.
Juntas estas dos instituciones jurídicas buscan otorgar mayor calidad a nuestro régimen político y provocar las transformaciones que nos permitan aprovechar dentro de nuestro potencial como nación, para de esta forma insertarnos de lleno en el desarrollo y la prosperidad.
Tal y como lo han hecho otros oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, se hace necesario expresar un reconocimiento al trabajo legislativo desarrollado por el Senado de la República y al oficio de los legisladores que integran la Comisión de Gobernación de esta Cámara, pues sus contribuciones han enriquecido de manera notable, el multicitado dictamen y con ello han aclarado conceptos, fijado plazos ciertos y actualizado los términos de los contenidos para así ofrecernos una legislación mucho más depurada.
Compañeras y compañeros diputados: los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI otorgaremos nuestro voto favorable al presente dictamen, puesto que estamos convencidos de la necesidad de establecer una nueva relación entre gobernantes y gobernados a partir de la inserción de estos últimos en los procesos de toma de decisiones.
Estamos ciertos de que la adopción de formas de democracia directa como lo es la iniciativa ciudadana, lejos de sustituir al actual régimen de representación popular, lo viene a complementar, pues la realidad nos ha demostrado que no es suficiente elegir a nuestras autoridades, sino que es necesario establecer procesos de participación alejados de los intereses partidistas.
Pero no sólo eso. Creemos que estamos dando pasos importantes para modernizar la relación entre poderes, pues lejos de fortalecer a uno por encima de los otros, estamos aprobando medidas que provocan el diálogo y el consenso, privilegiando en todo momento la satisfacción de las necesidades sociales. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero Presidente. Éste es un reenvío del Senado de la república a un conjunto de normas que debieron haberse aprobado desde el año 2013, que deriva a su vez de la reforma política que se publicó en agosto del 2012. Es decir, estamos atrasados en el tema.
Pero de algún modo, cuando se hizo la reforma política que se aprobó el año pasado se pudo ir más lejos en materia de participación ciudadana, dado que nada impedía flexibilizar en el cuerpo del artículo 71 constitucional aún más los requisitos para la iniciativa ciudadana.
Es un poco también como el artículo 35, que habla de la consulta popular. Si se había reformado la Constitución para prever la reelección legislativa y de alcaldes, desde ahí se pudo haber flexibilizado el tema de la consulta popular y quitar toda la serie de candados de los que hoy se vale la corte para estar dilatando el ejercicio de la democracia participativa.
Nuestra opinión es que se perdió la oportunidad de ir a una reforma política de Estado y de ir a una reforma política de fondo. Esta reforma que hoy llega en su reenvío del Senado de la república, es una de las reminiscencias de la reforma de agosto del 2012. Y Sigue habiendo obstáculos a la participación ciudadana, sigue habiendo requisitos mayores porque se dice fácil juntar ese número de firmas, el punto 13 del padrón electoral, pero sólo es para presentar la iniciativa, nada hay para facilitar que tengan un tratamiento legislativo adecuado para que los ciudadanos tengan garantizado su derecho a participar.
Por otro lado, en el caso de la iniciativa preferente, reglamentarla a estas alturas parece, incluso, una broma de mal gusto porque no ha habido iniciativas preferentes en este Congreso, ha habido iniciativas ultrapreferentes. Ha habido violación de procedimientos parlamentarios enviando minutas directamente a discusión, sin pasar por comisiones, y ha habido una serie de manoseos legislativos en esto que hemos llamado el monopolio u oligopolio legislativo que priva en San Lázaro, y entonces reglamentar a estas alturas la iniciativa preferente nos parece, incluso, extemporánea.
Por eso nosotros creemos que una verdadera reforma política que involucre a los ciudadanos tendría que partir de una iniciativa que reiteradamente en Movimiento Ciudadano hemos venido haciendo, que es la revocación de mandato de autoridades, desde el presidente de la República hasta los ayuntamientos, pasando por jefes de gobierno, gobernadores y jefes delegacionales.
Nosotros lo propusimos y se dejó que muriera de inanición la iniciativa, pero hoy la diputada Merilyn Gómez Pozos ha propuesto nuevamente una iniciativa de reforma constitucional para reglamentar la revocación de mandato.
Aquí hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios a que le entremos de fondo a la revocación de mandato, que así como el pueblo elige una autoridad, el pueblo tenga derecho a interrumpir un mandato cuando haya ineficacia, corrupción, negligencia o irresponsabilidad. Ése es el llamado que hacemos, por lo demás, nosotros vamos a votar en congruencia, nos parece una reforma menor, corregir de IFE a INE es prácticamente lo mismo.
Concluyo presidente. Porque en realidad lo único que ha cambiado en materia electoral es una letra de la efe a la ene, pero la democracia en el país sigue siendo inexistente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor, la diputada Consuelo Argüelles Loya.
Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de la Universidad La Salle, de la carrea de Derecho, alumnos y maestros, invitados por la diputada Lucy Pérez, que hoy nos acompañan aquí y nos da mucho gusto. Bienvenidas, bienvenidos todos.
La diputada Consuelo Argüelles Loya: Gracias, presidente. La democracia no es sólo una técnica, una forma de administración o de gestión de la república, de un estado, de un municipio o de una ciudad. Es una filosofía y una forma de convivencia, la más elevada y más conforme a la naturaleza humana, porque parte de la igualdad, de la esencia de todos los hombres. Es también una concepción de relaciones de los hombres entre sí y de los gobernados del poder.
La democracia es un valor, es una forma de organizarnos en la que los ciudadanos tienen el poder de decidir cuál es su gobierno y quiénes los representan en el ejercicio del poder, es un principio que parte de la idea de que todas las personas son iguales e implica establecer dada su importancia mecanismos que permitan hacer efectiva esa democracia.
Hoy Acción Nacional está a favor de esta minuta, mediante la cual se regulan tres cosas: la iniciativa ciudadana, la preferente y además se adecuan diversos ordenamientos para facultar al Instituto Nacional Electoral. Hemos de sentirnos orgullosos, pues con la aprobación de estas reformas se cuenta con la certeza de que ahora cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa.
Con esto se fortalece nuestro marco democrático y se enriquece nuestro actuar legislativo, pues son os ciudadanos quienes en primer lugar tienen el conocimiento de los problemas que día a día acontecen en nuestra sociedad. Además que son ellos en quien reside esencial y originalmente la soberanía nacional.
Para estas iniciativas se cuenta con un procedimiento en el que buscamos que dicha facultad ciudadana se vea protegida para garantizar su objetivo, porque lo que se estableció en un marco jurídico que promueve la atención en tiempo de dichas iniciativas impidiendo el rezago legislativo y con ello la falta de participación de la ciudadanía al ver mecanismos inoperantes.
Asimismo dotamos a los ciudadanos de la facultad de participar en reuniones de trabajo de las comisiones que se discutan y estos dictaminen estas iniciativas a través de un representante común, promoviendo su acercamiento y que los diputados y las diputadas conozcamos la intención de la iniciativa de primera mano.
También definimos un procedimiento para verificar la autenticidad de los nombres y firmas de los suscriptores de las iniciativas en aras de la transparencia y la adecuada representatividad de quienes la representan. Éste es un gran avance y Acción Nacional siempre ha sido un impulsor de brindar mayor poder a los ciudadanos, ya que ellos perfeccionan la democracia que actualmente vivimos.
De igual manera se incluyeron adecuaciones en las que tenemos que estar de acuerdo, pues implican la armonización legislativa de aquellas referencias a normas en materia electoral en que se refiere al Instituto Federal Electoral para contemplar ahora al nuevo órgano del INE. Con ello se perfecciona el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y formalmente se le asignan funciones que actualmente corresponden al IFE.
Finalmente se regula la figura de iniciativa preferente, con la que se da mayor certeza a las iniciativas que formula el presidente de la República, siendo esto una herramienta que permitirá implementar a la brevedad reformas sobre los temas que el Ejecutivo estime prioritarias.
Son todas estas reformas que logran dar pasos hacia adelante, el camino a la consolidación de un régimen democrático, que si bien es perfectible puede traer mayor crecimiento en nuestro país y promueve la cultura de la participación ciudadana a nivel legislativo.
La bandera ciudadana que siempre ha sido Acción Nacional hoy se ve bien defendida con esta trascendente reforma, y es por ello que nuestro partido votará a favor del presente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de iniciativa ciudadana y iniciativa preferente. Si le va bien a México nos va bien a todos. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Será porque estamos días previos a la Semana Santa y dicen que de buenas intenciones está lleno el reino de los Cielos. Yo no dudo que tal vez dos de los promotores de la iniciativa, que obviamente no son los del PRI, diputado Morfín, tuvieron buenas intenciones.
Aquí se han venido a llenar la boca los que me antecedente, en hablar loas y que la participación ciudadana y que... ya casi parece el ágora griega aquí. No, ya lo vivimos con el nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ya vimos de qué son capaces, de la regresión que hicieron.
Nada más ojalá leyeran lo que opinan los especialistas, los académicos, de cómo con esta imposición afín a sus partidos, y hablo de los del pactus interruptus continuos, porque continúa ese Pacto. Ese pactus interruptus fue pura simulación, como le pasa a muchos mexicanos. No saben interrumpir, continúan.
No pusieron ciudadanos libres, autónomos en estos momentos de fragilidad del sistema político mexicano y del propio país, nos dieran certeza en los próximos procesos legislativos, y sigue siendo la asignatura pendiente evidentemente, la democracia. Y aquí nadie se opone a que se abra la democracia participativa, la iniciativa ciudadana sin duda, la consulta popular, el referéndum y algo que ustedes ni por asomo tocan; la revocación del mandato, porque obviamente se los impide Peña Nieto. El que use esa palabra será despedido, como ahora despiden a muchos del PRI y ya no digo de otros partidos.
Obviamente no nos oponemos, lo que decimos es que no hay que mentir, que no hay que simular, que si tienen buena fe, que la verdad lo dudo, les hemos anunciado cómo les iban a dar cuentas de vidrio por oro para que aprobaran la reforma energética que fue el juego de Acción Nacional con el PRI, y que se llevaba el PRD para lavarse la cara este tema como un supuesto avance democrático y demás.
Pero miren, vuelvo a dejar en la tribuna. De hecho, ya después no me va a dejar hablar, pero auguro que no lo van a responder. Se los dejo en la tribuna, porque aquí nadie se puede subir a desmentir esto que les estoy diciendo.
Por qué en los artículos transitorios de cada una de las propuestas que determina la abrogación del Cofipe, que han presentado en el Senado los del PRI, los del Verde, los del PAN y los del PRD, en todas y cada una de estas iniciativas, ¿por qué no se contempla la regulación de la iniciativa ciudadana, objeto de la minuta que hoy se presenta?
Minuta en la que tampoco se establece en el apartado de transitorios su adecuación al nuevo marco reglamentario de la reforma constitucional electoral para garantizar la viabilidad de la iniciativa ciudadana y la parte relativa a la verificación de requisitos, que corresponden al INE, ¿y saben por qué no? Porque con esta iniciativa ciudadana, misma que será sujeta a revisión por el INE –culmino presidente– su viabilidad estará sujeta a esa nueva ley general electoral.
Entonces, están legislando en demagogia, ¿para qué tanto rollo? ¿Acaso no ven cómo los usa el PRI? Creo que sí, pero lo único que les importa a todos ustedes es garantizarse en el ejercicio de sus privilegios. Por eso lo que más les importaba en la reforma política electoral era la reelección de diputados y senadores, porque se quieren quedar a vivir aquí en esas mullidas butacas, aunque al pueblo se lo esté llevando la trampa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Fernando Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Hay que recordar que estas iniciativas nacieron en gran medida por un movimiento ciudadano, un movimiento ciudadano en redes sociales, se convirtieron en un actor político importante y formaron incluso un hashtag, como se dice en tuitter, que se llama reforma política ya. Esa reforma política ya y de la discusión que se hizo a partir de esa presión ciudadana –me parece una sana presión ciudadana– salieron algunas figuras, no todas las que plantearon en su momento, es cierto, aunque otras las recuperamos.
Por ejemplo, ellos traían no sólo la iniciativa ciudadana o la consulta popular, tenían también la reelección, que no se consiguió en ese momento, sino se consiguió ya en la reforma política. Pero viniendo de esto y recordando esa historia, es justo reconocer a los ciudadanos que impulsaron estos instrumentos de democracia directa, estos instrumentos de participación ciudadana.
Y hay que decir, por supuesto, que no es la ley perfecta, ninguna lo es y hay que ver también que este no es el último paso que vamos a dar para mejorarlas, al contrario, no es el fin del camino, es el inicio de un camino que empodera a los ciudadanos y, por lo tanto, estoy muy satisfecho de dar por fin una salida a estas demandas a la iniciativa ciudadana y la preferente también es correcta. Me parece que para una adecuada relación entre Poderes, es correcto que exista esta figura de iniciativa preferente entre una relación sana y productiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero la iniciativa ciudadana es fundamental.
De hecho, se hizo una propuesta que se llama Internet para Todos, en la cual se estrenó esta figura, aún sin ley reglamentaria y es, por cierto, una iniciativa que tenemos que tener muy en cuenta para la discusión que va a venir en el caso de la Ley de Telecomunicaciones en lo referente a las redes sociales.
Hay un punto clave que está faltando, que me parece que es lo que sigue en el asunto. Vamos a sacarla y demos este paso importante, y por eso votaré con entusiasmo a favor, pero, ¿qué falta? Me parece que aprovechar las nuevas tecnologías.
Insisto, si fueron las nuevas tecnologías las que hicieron que fuera fuerte la reforma política, pues entonces que se utilicen y lo que sigue es aceptar la firma electrónica. Que haya firma electrónica para que no tenga que ser necesariamente en las esquinas como se consigan las firmas, sino que pueda ser por Internet y aprovechar esto. La firma electrónica o lo que se llama la wiki iniciativa es lo que falta.
Ahora, quiero decir, y sabemos algunos, que cuando pierden el sentido, en lugar de volver en sí, vuelven en no. Bueno, para ello quiero decirles, que así como aquí dijimos y tuvimos un deja vu en esta discusión, porque cuando discutimos consulta popular, también decía aquí que era una simulación, que no iba a servir de nada, que jamás iba a poder. Bueno, aquí les dijimos en esta tribuna que serían bienvenidos cuando se sumaran a la consulta popular por el petróleo. La verdad es que tuvimos que esperar mucho menos de lo que yo pensé en ese momento.
Yo quiero celebrar, ayer el twitter de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que va a juntar 2 millones de firmas para demandar consulta popular sobre el petróleo. Bienvenido, qué bueno, al sectarismo no le vamos a responder con sectarismo. Vamos a ser más fuertes vamos a defender el petróleo y los intereses de la nación, juntos, en el 2015.
Y qué bueno que se vaya a la Suprema Corte, a las instituciones, aunque seguramente en un muy buen debate que hubo entre los ministros hace apenas unos días, discutieron esto y dijeron que le iban a entrar al fondo cuando el Congreso así lo dispusiera de acuerdo a la nueva Ley de Consulta Popular, que será en el segundo semestre de este año.
Bienvenidos. Así como los vimos rectificar en consulta popular, seguramente los veremos rectificar en otras cosas. Bienvenidos, porque juntos somos más fuertes. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, frente a la tragedia que vive el país, frente a la enorme descomposición que la nación está sufriendo, se buscan, se impulsan, se aprueban, por la mayoría de esta Cámara, medidas tibias, light de una gran simulación, que no resuelven nada del fondo del problema.
Nosotros actuamos con principios, por eso no creemos en el gradualismo, no creemos en la contemporización de la derecha. Ésa es nuestra posición política, aunque a muchos les incomode pero no vamos a variar.
Cuando les dijimos que iba a fracasar la reforma laboral no nos creyeron, a pesar de que la demagogia oficial de los que la apoyaron argumentaba que iba a haber millones de empleos. Se aprobó la reforma laboral y hay más desempleo.
También deberían rectificar los que apoyaron esta medida reaccionaria que privó a los trabajadores de sus conquistas laborales. Más aun, aquellos que respaldaron la reforma fiscal deberían rectificar, porque el país está hecho pedazos. No hay inversión, no hay crecimiento, hay desempleo y más inseguridad.
Aquellos que votaron por nuevos impuestos. Aquellos que votaron por el aumento mensual a las gasolinas deberían rectificar. Están a tiempo y son bienvenidos, porque la reforma fiscal que se aprobó en diciembre pasado, hasta los más conspicuos economistas señalan que es un error haberla aprobado, que es recesiva y que está provocando una profunda desaceleración económica.
Quienes han impulsado esta reforma de la iniciativa ciudadana, nosotros no los descalificamos, porque finalmente la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación directa que busca otorgar derechos a los ciudadanos para poner en marcha el proceso legislativo. Fíjense ustedes, muchas de las reservas que aquí presentamos cuando la discusión de este tema, ahora se están contemplando en el regreso que el Senado ha hecho como colegisladora de esta Cámara de Diputados.
La consolidación de mecanismos de participación directa sí es una exigencia, por supuesto que es una exigencia ciudadana y que en nuestro país siempre ha existido.
Ésta es una reforma que no resuelve el problema de fondo por el cual el país está atravesando. Por eso, nosotros creemos que es un esfuerzo tibio, creemos que es insuficiente, creemos que es incompleta, porque frente a la tragedia que vive el país debería ser más profundo el cambio que se plantee.
Cuando se planteó la reforma fiscal nosotros afirmamos que era un completo error y hoy, a tres meses de aplicarse, todos los sectores productivos, ciudadanos, clases medias, demandan una corrección a la política fiscal, demandan una rectificación a la política fiscal, porque el país se está hundiendo en materia económica. El país puede lograr crecer con medidas más eficaces, con reformas sociales más profundas; ésa es nuestra posición política.
Por eso no les extrañe, siempre que intenten descalificarnos, nosotros vamos a pronunciarnos porque observemos principios, a nosotros nos preocupa finalmente la terca realidad, nos está dando la razón a los argumentos esgrimidos y que muchos nos descalificaron; la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma energética.
Las llamadas reformas estructurales están provocando un estancamiento y una desaceleración económica en el país y como consecuencia más desempleo, más inseguridad, más injusticia, porque es el mismo proyecto neoliberal que han venido aplicando estos que mal gobiernan.
Por eso nosotros estamos en contra del proyecto neoliberal, pésele a quien le pese. Vamos a defender nuestras posiciones y vamos a mantener los principios que son los únicos que van a sacar al país adelante, por un cambio verdadero.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, la diputada Amalia García Medina, para hablar a favor del dictamen.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy estimados, compañeras, compañeros; señor presidente. Quienes venimos de una lucha de muchos años, una lucha de lejos por cambios en el país.
Yo tengo más de 40 años en esa batalla, se dice fácil 40 años, desde una posición de izquierda, batallando porque México se democratice. Sabemos que este tipo de batallas significan una determinación de constancia, significa también mucho compromiso y cuando la izquierda llegó a estar presente en las Cámaras, en el Congreso de la Unión tomamos la determinación, hablo en particular del caso mío y de otros compañeros y compañeras, que teníamos que tomar una determinación.
Podríamos estar aquí para presentar denuncias, y hay que hacerlo sin ninguna duda. Éste es un foro extraordinario para denunciar, para visibilizar, para señalar aquello que es inaceptable, aquello que no puede ser; y también al mismo tiempo éste es un espacio en el cual, aparte de hacer uso de él para dejar el testimonio de nuestros reclamos, intentar que haya cambios. No es posible que logremos el consenso absolutamente de todas y de todos en un solo momento. Generalmente, sobre todo en una democracia, habrá puntos de vista diversos.
Ha sido, insisto, un proceso muy prolongado y largo para lograr transformaciones. Una de esas batallas que se han librado es la que tiene que ver con los derechos de los hombres y las mujeres de nuestro país a participar directamente en los asuntos de la nación, a influir en su curso y en la ruta del país.
En ese sentido, lo que hoy se conoce como las cartas ciudadanas puede ser visto como un asunto menor. Yo en cambio le veo una enorme trascendencia porque significa, a pesar de que no ha sido valorado así, la introducción de un elemento adicional en la democracia, en la calidad democrática de nuestro país. De una democracia representativa en donde estamos aquí elegidas y elegidos por los ciudadanos para hacer uso de este espacio en representación de ellos a otro tipo adicional de participación ciudadana, que es la participación directamente de ciudadanas y ciudadanos que sin tener este cargo de representación popular, aquí hagan oír directamente sus propuestas y su voz.
Lo que existía en el Congreso de la Unión en el Reglamento era absolutamente insuficiente; era menor. Se señala –por ejemplo– en el artículo 177 del Reglamento de esta Cámara que las comisiones podrán acordar la realización de audiencias públicas y que pueden citar las comisiones a especialistas, a grupos interesados. Podrán citar a los ciudadanos para conocer su opinión.
Pero de lo que se trata con esta reforma que hoy estamos aquí discutiendo que tiene que ver con el artículo 71, fracción IV de la Constitución, es una ley que establece el derecho de democracia directa de ciudadanas y ciudadanos a presentar aquí sus iniciativas, a estar en comisiones y a dar sus argumentos. Esta forma de democracia directa es por aquello por lo que hemos luchado en muchas ocasiones a lo largo de muchos años.
Me parece pertinente decir que si bien es cierto la Constitución –no la ley, no lo que hemos discutido estos días– señala que deberán hacer la solicitud para una iniciativa ciudadana el 0.13 por ciento de quienes estén en el Registro Nacional de Electores -que con el listado de hoy día equivale a alrededor de 106 mil personas-, en nuestro propio grupo parlamentario y en otros espacios había quienes nos decían que reunir las firmas de 106 mil era un exceso.
Yo creo que siendo un número importante de firmas, al mismo tiempo a las propuestas que vengan promovidas por ciudadanas y ciudadanos con al menos 106 mil firmas, es evidente que llegan con tal fuerza, con tal autoridad de la sociedad, que muy probablemente en comisiones y en el pleno de las Cámaras tendrán posibilidades de ser aprobadas.
Yo quiero además agregar que, y termino con esto, el sistema bicameral que tenemos es un acierto. Hay quienes han planteado la posibilidad de que desaparezca el Senado, que esto se constituya en un espacio de representación unicameral, pero la virtud de este modelo que tenemos en México es que efectivamente el tránsito de iniciativas entre las dos cámaras, que haya cámaras revisoras, permite que si algo requerimos que vaya más allá, pueda ir mucho más allá.
Y en ese sentido, señor presidente, creo que la determinación de nuestras compañeras y compañeros senadores que establece principalmente una modificación, la principal que quiero resaltar, que cuando se ha presentado una iniciativa, quien la presente no tenga por que hacer uso de la voz en una sola ocasión, sino que pueda hacer uso de la voz hasta antes del proceso deliberativo de votación.
Me parece que eso es lo pertinente y ésta es una iniciativa que respaldamos plenamente en beneficio de derechos, de democracia directa, de ciudadanas y ciudadanos. Estamos a favor, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, le ruego a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a alumnos de la Universidad del Valle de México, de derecho, quinto semestre y a estudiantes de la Universidad Central de Querétaro que están hoy aquí acompañándonos, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 358 votos a favor, 7 abstenciones y 27 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 357 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Rectifico, fue por 358 votos.
Esta presidencia con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita el decreto al Ejecutivo federal se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar, por supuesto lo aprobado por el pleno.
Sonido en la curul de la diputada Graciela Saldaña.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Gracias, señor presidente. El pasado 29 de enero del 2014, la diputada Alliet Bautista y su servidora presentamos un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitiera un informe de las gestiones diplomáticas que se encuentran realizando a favor de los conciudadanos condenados a pena capital en el extranjero.
El día de hoy se ejecutará al sexto ciudadano mexicano en Texas, Ramiro Hernández, y es el número 16 en lo que va del año en todo Estados Unidos.
Señor Presidente, quiero comentar que el punto de acuerdo solicitado fue: “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que brinde un informe detallado de las gestiones diplomáticas que se encuentran realizando a favor de los conciudadanos condenados a la pena capital en el extranjero a las comisiones de Relaciones Exteriores en ambas cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”.
Quisiera comentarle que nuestro grupo parlamentario está interesado en todas las labores diplomáticas y en cuáles son estas gestiones que se hicieron en esta fecha pasada. Por ello, es urgente tomar acciones en esta Cámara que permitan asegurar que el gobierno de Texas garantice las obligaciones internacionales en lo que respecta al tratado de ciudadanos apresados en el extranjero, para garantizar un proceso apropiado.
Me parece que nuestra función no nada más es solicitar minutos de silencio, cuando nosotros tenemos que actuar a favor de nuestros connacionales y sobre todo que tengan un juicio justo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, por favor.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Gracias, presidente. En relación con el mismo asunto, la ejecución el día de hoy de Ramiro Hernández Yáñez, mi enfoque es a una petición, más que petición una exigencia al presidente de la república para que haga valer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos.
En esta sentencia se señala la obligación de los Estados Unidos de Norteamérica, a raíz precisamente de esta sentencia, de revisar, reconsiderar todos los casos porque se violó el derecho de notificación consular establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, derecho fundamental para precisamente respetar las garantías de debida audiencia porque no tuvieron acceso a un cónsul, a la asistencia consular y a un abogado.
Desgraciadamente, el único estado de la Unión Norteamericana que no ha cumplido con la sentencia es precisamente el estado de Texas por la importancia de este asunto, porque no nada más es la ejecución de Ramiro Hernández Yáñez, sino los restantes que están pendientes de la pena de muerte en el estado de Texas.
La petición al presidente de la república es que haga un llamado al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Barack Obama para que cumpla con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre el mismo tema y como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, quiero hacer un puntual llamado al presidente Peña Nieto para que atienda y se involucre en estos temas de los connacionales sentenciados a ser ejecutados en Estados Unidos.
Actualmente hay 60 sentenciados para esta ejecución. Lamentablemente en el estado de Texas, en donde ellos argumentan tener leyes más duras que en los demás estados de los propios Estados Unidos, bueno, pues con este argumento no están atendiendo ni respetando las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia.
Es por eso que hacemos este llamado ya que el propio Ejecutivo de la República Mexicana, a través del presidente Peña Nieto, debe tomar cartas en el asunto y exigirle a Estados Unidos que respete estas sentencias, sobre todo en el estado de Texas. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Adriana González Carrillo.
La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero hablar en nombre de los que integramos el Grupo Parlamentario del PAN para apoyar que se cumpla el fallo del caso Avena, y en particular para acompañar al Ejecutivo federal en el reclamo que se ha hecho ya a través de la Cancillería en el Consejo de Seguridad, para que se atienda ese fallo que fue en favor de los connacionales mexicanos y que, en particular, en el caso de Texas, se han negado a cumplir argumentando que ellos no son parte de ese tratado.
Es importante señalar que en enero pasado, el connacional Tamayo fue ejecutado también en las mismas circunstancias. Hoy, desgraciadamente, se ha anunciado que también será ejecutado el connacional Hernández, y desgraciadamente vemos la actitud del gobierno de ese estado en Texas, que se niegan a atender los mandatos del derecho internacional.
Yo creo que en este caso todos los nacionales mexicanos somos solidarios con la posición que exige el cumplimiento de la sentencia y que, por supuesto, acompañamos en el Consejo de Seguridad esa posición.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para, también en materia de derechos humanos, dar cuenta de las recomendaciones que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la tragedia del 5 de octubre del 2013, en el evento denominado “Extreme Aeroshow” de Chihuahua, donde hace una recomendación a las autoridades correspondientes, no solamente a que den seguimiento y se finquen las responsabilidades a todos los funcionarios públicos que están inmiscuidos en este tema, sino que se amplíe la investigación, que se dé una indemnización a las víctimas y que se dé una disculpa pública a las mismas, no solamente por la falta de medidas de seguridad y de protección civil en el evento, sino también por el dolo con el que se actuó en la designación de quién llevaría a cabo este evento.
Este es un tema de violación de derechos humanos al público en general en la ciudad de Chihuahua y se está solicitando que esto, y que la Cámara de Diputados tenga un posicionamiento para que las autoridades del anterior cabildo de Chihuahua, puedan cumplir con estas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.
El diputado Eloy Cantú Segovia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Eloy Cantú Segovia, por favor.
El diputado Eloy Cantú Segovia (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Efectivamente en la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó este punto donde se exhorta justamente al Ejecutivo federal a que apoye jurídicamente la protección de la vida de los mexicanos condenados a muerte.
Y se hizo un reconocimiento al gobierno federal, al Ejecutivo federal, por haber ganado este caso de Avena, mediante el cual efectivamente se establece –según como se ha planteado aquí por la diputada Loretta Ortiz–, de conformidad con el artículo 36 de la convención internacional en materia consular, que es un requisito del debido procedimiento el que se tenga asistencia consular.
Se señaló explícitamente que infortunadamente en el caso de Texas no se está respetando este fallo internacional, más sí en otras entidades federativas. Está la Comisión de Relaciones Exteriores en el tema y hemos hecho lo conducente. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Todas las intervenciones quedarán debidamente registradas en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al artículo 11 y el Capítulo V Bis, denominado Del derecho a la navegación segura en Internet, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada Beatriz Juárez Piña.
Permitan saludo con mucho gusto a los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tepeapulco, Hidalgo, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Francisco González Vargas. Bienvenidas y bienvenidos, todos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez me permito presentar y argumentar a favor del proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al artículo 11 y el Capítulo V Bis, denominado Del derecho a la navegación segura en Internet, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Internet en el mundo se ha posicionado en los últimos años como un medio de comunicación que le permite a la sociedad acceder rápidamente a un volumen importante de información y conocimientos.
En nuestro país el Internet ha cobrado especial relevancia por la relación que tiene con los derechos humanos, tales como: el derecho a la información, la libertad de enseñanza y la libertad de expresión, que a su vez contiene el derecho de difundir el libre pensamiento de ideas, además de convertirse en un espacio para comunicarse, para buscar información, para estudiar, jugar, descubrir y crear.
El Internet, después de la televisión, es el medio de comunicación con mayor influencia que tiene en niñas, niños y adolescentes en particular, tomando en cuenta que la niñez y la adolescencia están cada día más expuestas a computadoras, teléfonos celulares, dispositivos móviles u otros dispositivitos portátiles que ofrecen conexión a Internet, sin la supervisión de alguno de sus padres, de sus madres o de aquellas personas que los tengan bajo su cuidado, quienes a su vez podrían mediar con las niñas, niños y adolescentes bien para ayudarles a maximizar las oportunidad, como para minimizar los riesgos que se pueden encontrar.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta un panorama general sobre el uso y el aprovechamiento de internet, tomando como fuente la encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, la cual nos reveló que en 2010 en el país 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a internet.
La encueta también registró que en entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, Baja California, 4 de 10 hogares cuentan con una computadora, lo que significa un promedio del 43.4 por ciento, mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca sólo uno de cada 10 hogares tienen acceso a una computadora, en un promedio de 14 por ciento.
Hoy las niñas y los niños y adolescentes, aunque pueden ser usuarios experimentados de internet, ignoran los peligros que esto también implica, puesto que éste se ha convertido en el vehículo ideal también para trasmitir informaciones perjudiciales y para la comisión de diversos delitos.
Son muchos los riesgos a los que se exponen las niñas, niños y adolescentes al navegar libremente en internet, como la exposición de material pornográfico, de violencia, drogas, trata de personas, abuso y corrupción de niñas, niños y adolescentes. Los factores que mayor influencia tienen son la facilidad para acceder a páginas de contenidos inapropiados.
Otro riesgo es la comunicación con personas desconocidas que igual los pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar delitos contra las niñas y niños, como los que mencioné con anterioridad.
Si bien no se trata de una propuesta de privar a las niñas, niños y adolescentes de esta herramienta de la vida moderna, por el contrario es necesario tomar ciertas precauciones en lo que concierne a su uso, de ahí la relevancia que tiene para la Comisión de los Derechos de la Niñez que se apruebe esta iniciativa, por lo que los convocamos a votar a favor del presente dictamen.
Estamos convencidas y convencidos que es obligación de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes –de los padres de familia, de las madres de familia– el de orientar y supervisar los contenidos de la información a la que acceden sus hijos y sus hijas a través del internet.
Lo anterior, a fin de evitar que estén expuestos al contacto con personas mal intencionadas y con páginas electrónicas con contenidos inapropiados para su edad, así como el eventual desarrollo de conductas ilícitas o adictivas, especialmente sobre los que hagan apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de delitos, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y a cualquier otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación de personas, al uso y consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, así como aquellas páginas que tengan carácter pornográfico.
Sin duda estamos conscientes que este dictamen contribuirá para que las niñas y niños tengan una navegación segura en Internet. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Juárez Piña.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Está a discusión en lo general. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la sociedad de la información es una realidad que nos obliga a diseñar nuevos entramados legales e institucionales para hacer frente a los retos que implica el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.
En los albores del siglo XXI, los cambios en la economía global han impulsado la expansión de las tecnologías digitales, en las cuales el Internet se ha convertido en la vía más idónea y accesible para facilitar la comunicación social y la adquisición de conocimientos. Esta situación trae consigo transformaciones en la interacción social, particularmente en la responsabilidad sobre el manejo de la información disponible en Internet, ya que estos datos no siempre están bajo la tutela de una autoridad y, por el contrario, rompen con la dimensión espacial.
Además resulta necesario contemplar que el contenido generado en un recóndito lugar de un país lejano puede ser visto en otra latitud, sin que se requiera de una autorización para su publicación.
Reconocemos en el Internet un espacio de libertad de interacción social, un mecanismo para ejercer de manera plena nuestro derecho a la información, pues constituye un ágora virtual. Sin embargo, debemos advertir que esta libertad conlleva a una responsabilidad y un compromiso para que su uso contribuya a la formación integral del individuo y que la información sirva para construir una mejor ciudadanía.
El escenario en el que se inscribe la visión de un inciso c), al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, busca que en un marco de seguridad las y los niños mexicanos puedan hacer efectivo el derecho humano a la educación y a la información de calidad y sin riesgos.
Al incluir la obligación de padres, madres de familia y tutores de supervisar la información que reciben nuestros menores de edad, reforzamos las acciones que realizan desde sus ámbitos de competencia las autoridades correspondientes.
La realidad en la que se inserta esta dictaminación nos reclama acciones urgentes, pues la Asociación Mexicana de Internet reporta que desde el año 2006, cada año un promedio de cinco millones de connacionales se suman al uso del Internet.
Bajo esta óptica, en el 2006, la red de redes sólo era utilizada por 20.2 millones de mexicanos y para el 2013 ya contabilizábamos 45.1 millones. Por lo que urge atender legislativamente aquellas ausencias que podrían afectar el desarrollo de las y de los mexicanos. Este mismo organismo informa, que el 33 por ciento de estos usuarios se inscriben entre los 6 y los 17 años de edad, equivalente a 14 millones 883 mil personas.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública reporta que en el curso 2012-2013, el país atendió a 30 millones 334 mil 896 alumnos, por lo que se estima que uno de cada dos alumnos mexicanos cuentan con acceso a los servicios de Internet.
Lo anterior, si consideramos que 9 de cada 10 usuarios de Internet acceden a por lo menos a una red social, que utilizan esta herramienta un promedio de 5 horas al día y que los días de mayor consumo son los viernes. En consecuencia, resulta esencial atender los temas relacionados a este uso y a la formación de las nuevas generaciones.
Cabe destacar, que la exposición sin supervisión de nuestra niñez a las herramientas tecnológicas los convierte en un sector vulnerable para los delincuentes, quienes aprovechan el anonimato con la intención de generar un clima de confianza que les permite cometer delitos graves, como la pedofilia o la trata de personas, drogadicción, secuestro, etcétera.
Las encuestas también señalan, que sólo 6 de cada 10 padres de familia vigilan a sus hijos cuando utilizan el Internet, y sólo uno de cada 10 sabe cómo restringir el ingreso de sus hijos a páginas de contenido inapropiado.
Por lo tanto, es necesario que a la par de la aprobación de esta reforma, la Secretaría de Educación Pública implemente programas de información y de capacitación a los padres de familia, de tal forma que estos cuenten con las herramientas necesarias para poder dar cumplimiento a este acuerdo, pues una buena parte de ellos ha expresado que desconocen el uso y el manejo del Internet. Consideramos, que para evitar los riesgos que esto implica, todos los involucrados deben asumir su responsabilidad para resolver esta problemática.
Congruentes con la convicción que hemos impulsado, desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, acerca del acceso a la banda ancha como un derecho humano, votaremos a favor del presente dictamen, pero con la responsabilidad y el debido cuidado, a fin de que en el futuro, la infancia y la adolescencia mexicanas gocen de los derechos fundamentales de seguridad y acceso a una educación de calidad con equidad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Lucila Garfias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, agradezco a los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez el tiempo dedicado al análisis y preparación del dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por la de la voz.
Celebro que hayamos coincidido en la necesidad de adicionar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vivimos la época de mayor desarrollo tecnológico, en la cual las niñas, niños y adolescentes son mucho más diestros que nosotros para manejarla.
De hecho, comentamos que ellos pertenecen a una generación en la que han nacido con un chip integrado, el de la tecnología.
Ciertamente, los avances tecnológicos que hoy atestiguamos son un medio que ha transformado a la humanidad, su manera de pensar y actuar, de relacionarnos con el mundo y sus circunstancias. Como lo que nunca debe cambiar ni cambiará, ni podremos permitir que así sea, son los vínculos que deben existir entre los padres o tutores para con los hijos en su etapa de formación.
Como lo señalé en la exposición de motivos de la iniciativa, la Internet es una magnífica herramienta de información, de comunicación y de libertad, pero también, desafortunadamente, se ha convertido en un medio con material pornográfico, de violencia, drogas, abuso, corrupción de menores y para entablar diálogo con personas que pueden engañar a las niñas, niños y adolescentes, seducirlos, abusar de su ingenuidad, inclusive, inducirlos a la realización de conductas ilícitas.
Por ello, propuse que a la ley de la materia se agregara el inciso c) al artículo 11, relativo a la obligación de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, en supervisar los contenidos de la información a la que acceden a través de la Internet, utilizando para ello los mecanismos de seguridad de este sistema de información en los diversos medios electrónicos y supervisión, y un capítulo denominado Del derecho a la navegación segura en Internet.
La adición de este Capítulo Quinto Bis garantizará que las niñas, niños y adolescentes cuenten con la información adecuada, acorde con su desarrollo integral y a la salud. Al uso o compra de juegos computarizados, electrónicos o multimedia. Especialmente de Internet, que tengan derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde con su desarrollo integral por medio de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet, de que las madres, padres y todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes los orienten sobre el uso de la información y contenidos del Internet.
La aprobación de esta propuesta favorecerá, sin lugar a dudas, la comunicación entre padres e hijos afectada en la actualidad, cuando no se maneja adecuadamente la tecnología e influirá en un mejor desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, alejándolos del manejo de información que pueda dañarlos.
El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración contribuye al fortalecimiento de nuestro Estado de derecho con la modificación propuesta a los dispositivos enunciados, puesto que el artículo 16 constitucional, en la parte conducente señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, pues con el imperativo legal referido, articulado con los cambios a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se dota a las autoridades correspondientes de más elementos para actuar en contra de todas aquellas personas que pretendan atentar contra la integridad de nuestros infantes y jóvenes a través de la Internet.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, les solicito su voto de manera afirmativa en la aprobación del dictamen que se somete a nuestra consideración, en los términos que se ha publicitado en la Gaceta Parlamentaria. Y por tanto, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Magdalena Núñez. A continuación, para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. El Internet es una herramienta, como se ha dicho aquí por las diputadas y los diputados que me han antecedido, que representa un gran abanico de posibilidades y es el medio actual por excelencia a través del cual nos informamos, interactuamos con otras personas e intercambiamos un sin fin de bienes y servicios.
Sin embargo, el acceso a las tecnologías y a la banda ancha en México constituye algo de alto costo y hasta de riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes. El Internet debiera ser un bien y se ha convertido en una mercancía; el Estado ha renunciado a su facultad rectora dejando este sector al mercado y peor al oligopolio de este sector.
Ya se han dado datos, pero cuando leemos que para 2012 tenemos 2 mil 400 millones de usuarios y que en México se va avanzando en un crecimiento del 556 por ciento desde el 2000 hasta el 2014, entendemos que la problemática es digna de atenderse por parte de la Comisión de la Niñez.
En México, sin embargo, en Oaxaca no se llega ni al 2 por ciento de la cobertura; claro, en Oaxaca no hay dinero, hay mucha marginación, no hay negocio, entonces no hay banda ancha, ni accesibilidad a estos contenidos inapropiados de los que hace alusión esta iniciativa. Por lo visto y afortunadamente no todo México es territorio Telcel.
Ojalá esta Cámara de Diputados en la discusión que vamos a abordar en el tema de las telecomunicaciones y que al parecer constituye únicamente un reparto entre los magnates que por cierto son integrantes de la mafia que soporta al Ejecutivo federal, pues tomemos acciones y medidas para que, para empezar nuestras niñas, nuestros niños y los adolescentes tengan acceso a la banda ancha y a las tecnologías desde el enfoque que constituye un derecho y que constituye un bien y que no veamos los representantes del pueblo, todo, como mercancías y desde el enfoque de los empresarios.
Ustedes, nosotros, no estamos para litigar las disputas de Carlos Slim y de Emilio Azcárraga. Tenemos que construir instituciones de Estado que limiten la voracidad, el abuso y los monopolios. Ojalá se tenga en ese sentido la disposición de tomar las medidas correspondientes, al menos en la Comisión de la Niñez nos preocupamos por estar al pendiente de las reformas que corresponden a los riesgos que las niñas, niños y adolescentes puedan tener al acceder a estos contenidos.
Yo les diría con mucha claridad que soy diputado del Distrito XXIV de Coyoacán. En las últimas semanas he visitado 45 escuelas públicas y si comparamos los resultados que se dan en el censo de escuelas que hace público el INEGI en el que damos cuenta que seis mil escuelas no tienen agua, tres mil escuelas no tienen energía eléctrica, dos mil escuelas no tienen servicios sanitarios, pues menos van a tener Internet, menos van a tener una computadora.
Señoras y señores, esos son los temas. En Coyoacán no se atienden temas de seguridad estructural. Los baños no funcionan, no hay ventanas, no se impermeabiliza. Este gobierno gasta en cualquier tontería menos en lo que se debe de invertir, que es en la educación y en la escuela pública.
¿Cuánto dinero gastan? ¿Cuánto dinero se gasta incluso en la Cámara de Diputados? 30 millones de pesos de propaganda mentirosa, hablando de las grandes reformas estructurales incluyendo la educativa, y en las escuelas no hay agua, no hay luz, no hay servicios. Faltan todas las cosas que se puedan imaginar, menos va a haber Internet.
Muchas gracias, diputado presidente. Obviamente como se desprende de lo que he dicho, vamos a favor del dictamen, pero quiero que conste en la versión estenográfica la situación grave que existe en Coyoacán. No me quiero imaginar cómo está Tabasco, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, el norte del país, si en el Distrito Federal estamos como estamos.
Seguramente esta Cámara me respaldará en las gestiones que haremos ante la Secretaría de Educación Pública para que esta circunstancia no se quede únicamente como una queja, como un dolor de las madres, padres de familia, profesores y niñas y niños de las escuelas del distrito de donde provengo. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Gerardo Villanueva. A continuación tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Judit Magdalena Guerrero López, para fijar posición en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidente. Señoras y señores legisladores. La infancia es un periodo de preparación, aprendizaje y formación para enfrentar de la mejor manera los retos del futuro.
Dada la vulnerabilidad a la que está expuesto el ser humano en esta etapa de su desarrollo, los líderes mundiales decidieron que los niños deberían de tener una convención que velara específicamente por sus derechos, en razón de que los menores de 18 años precisan de cuidados y protecciones especiales ya que los infantes son más sensibles a los cambios que se generan en su ambiente y estos factores positivos o negativos pueden cambiar su desarrollo de manera drástica.
La Convención sobre los Derechos de los Niños, establece en el artículo 17, inciso e) que los Estados parte promoverán directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.
Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Niñas –sanciona– en 1989, garantiza a cada niño y niña adolescente el derecho a opinar y a ser escuchado. La libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, la libertad de asociación y asamblea y el derecho a la información.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF reconoce que el uso de la Internet ha puesto una profunda y auténtica revolución en la manera de relacionarnos, comunicarnos y entretenernos. Especialmente al segmento demográfico de niñas, niños y adolescentes ha originado este fenómeno, una serie de retos y grandes desafíos.
La propia UNICEF ha planteado la integración de una plataforma electrónica por una Internet responsable y libre que proteja y promueva los valores, evitando sea utilizada esta excepcional herramienta para provocar actitudes violentas, racistas, xenofóbicas o discriminatorias.
Dicha agencia mundial ha alertado a los gobiernos nacionales a tomar medidas estratégicas y a definir políticas públicas específicas para que los niños, niñas y adolescentes naveguen de forma protegida en el ciberespacio de la Internet.
Ha recomendado igualmente implementar amplias campañas sociales de concientización sobre la importancia de utilizar adecuadamente la autopista de la información.
En ese sentido es pertinente conciliar correctamente el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos, entre ellos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con las regulaciones normativas con sentido moral y ético.
La UNICEF ha propuesta una regulación de avanzada en el acceso a Internet, no sólo desde computadoras, ya sean de escritorio o portátiles, sino también desde teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia consideró también como una forma de proteger a los niños, niñas y adolescentes la posible utilización por parte de los proveedores de Internet, de filtros electrónicos que garanticen el cuidado de los menores en la utilización de esta poderosa herramienta de comunicación digital.
La mayoría de las naciones han avanzado en el diseño de modernos modelos de regulación jurídica del uso pleno de la Internet, sobre todo cuando se trata de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En nuestro país debemos de dar pasos firmes en este sentido, que afiancen las relaciones de una sociedad regulada por el derecho.
Junto con las nuevas oportunidades que brinda el mundo digital de los niños, niñas y adolescentes y que les permiten ejercer derechos importantes tales como el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, paralelamente se busca lograr el acceso a una Internet inclusiva y segura en todas partes del mundo que posibilite la construcción de una cultura de responsabilidad para su uso.
Se propone por lo tanto tomar precauciones en lo que respecta al uso de la Internet, dado que la autorización de ésta ofrece también desventajas al ofrecer acceso a contenidos peligrosos para los niños como: violencia, pornografía, usos de drogas, trata de personas, etcétera.
Debido a lo aquí expuesto se invita a que los padres colaboren para que la Internet sea un sitio seguro para sus hijos, utilizando medidas como el control parental que establece candados en las computadoras y sobre todo estableciendo una relación de confianza con sus hijos que les permite emprender un diálogo abierto sobre los peligros relacionados con el uso de la Internet.
Por todo lo anterior y tratando de velar siempre por el interés superior de nuestros niños, el Partido Verde apoya el presente proyecto de decreto por el cual se adiciona un inciso al artículo 11 y al capítulo quinto Bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes.
La Internet cambia tan rápido como las medias tecnológicas para la protección de los infantes; probablemente no podrán mantenerse al día.
Las medias más efectivas y verdaderas son las que se construyen sobre la familia, la comunidad y la educación, de forma que el niño y el joven tomen buenas decisiones y se beneficien del poder generador de la Internet. Es cuanto, presidente y a su consideración, señoras y señores legisladores.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Guerrero López. A continuación tiene el uso de la voz, para fijar posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a invitados procedentes del estado de Coahuila de Zaragoza, invitados por el diputado José Luis Flores Hernández, así como a miembros de la Asociación Civil Filantrópica y Educativa, A. C., provenientes de distintos países centroamericanos, invitados por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra. Sean todos ustedes bienvenidos.
La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el Internet, es una novedosa carretera que nos acerca a un gran volumen de información y de conocimientos. La red hoy tiene un gran sitio predominante en nuestra vida diaria.
También el Internet ha hecho que muchas cosas se mejoren en nuestro entorno social, haciendo procesos más eficientes, búsquedas de información mucho más sencillas y agilizando la comunicación a distancia en tiempo real.
Como se sabe, existe un mundo de aspectos positivos a los que se puede acceder por la vía de Internet. Muestra de ello es el dato de la existencia, en el año 2010, de mil 967 millones de personas que utilizan 274 millones de servidores en el mundo.
Pero también existen grandes amenazas a través del Internet, acciones y conductas dañinas que también se ejercen, como el acoso, el ciberbullying, injurias, apropiación de propiedad intelectual, adicción, enganche para trata de personas, prostitución, pornografía, etcétera.
Pero el Internet, que por sus innegables ventajas se ha constituido en un instrumento que debe ser propiciado por los diferentes gobiernos, no está exento de riesgos. El Internet es un medio en el que la delincuencia organizada y tecnológica pone buena parte de sus esfuerzos en tratar de sorprender a muchos usuarios que confían en la red y en la información que encuentran o reciben a través de ella.
Es por ello que resulta prioritario emplear todos los medios a nuestro alcance para crear en las y los usuarios de Internet un entorno de confianza para el empleo de este útil medio informático.
En gran medida, en los riesgos a que nos exponemos en Internet existe un elemento común: requiere de un tratamiento previo de información personal, de datos personales. No es posible intentar estafar o remitir publicidad no deseada si previamente no se ha obtenido el dato del correo electrónico.
El acoso a los menores de edad a través de su propio espacio privado exige acceder a datos de identificación para poder conocer e invitarles a alguna actividad. Los problemas vinculados al uso de un dato fundamental de la persona, la imagen, requieren que alguien la haya puesto a disposición de la comunidad en el Internet.
Por otra parte, muchos servicios de Internet se han basado en el intercambio o consumo de información personal.
Desde este punto de vista, la problemática de la protección de datos personales en Internet constituye una pieza fundamental. Es absolutamente necesario generar en las y en los ciudadanos una cultura para la protección de sus datos personales y de manera particular en las niñas, en los niños y en los adolescentes, ya que de ella dependerá que cada persona pueda hacer un uso seguro de Internet para lograr no sólo mejor nivel de vida, sino también un verdadero control sobre su información.
Muchos factores contribuyen a que los menores de edad estén más expuestos a situaciones riesgosas. Las cámaras fotográficas digitales, los celulares con cámara incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat y los sitios de redes sociales como el Facebook y el Messenger, entre otros permiten a las y a los niños acceder a comunidades virtuales donde no existe certeza respecto de la identidad de las personas con quienes conversan o se relacionan. Es ahí donde conviene, sin restricciones posibles víctimas y victimarios, y se genera un ambiente propicio para el anonimato y el encubrimiento de los abusadores.
Por lo anterior, es insustituible el tema de la seguridad en la navegación de Internet, ya que desde la instalación del primer servidor en la década de los noventa y el volumen de la información en la red, sigue expandiéndose. Y por ello, es indispensable buscar una regulación que permita generar un uso seguro eliminando todo riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática llama a pronunciarse en la aprobación de ésta, ya que la iniciativa en comento tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y en la adolescencia, alcanzando con ello dar un avance en la ruta de la garantía de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputada Borges Pasos. A continuación para fijar postura, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: en Acción Nacional coincidimos con las adiciones que se están proponiendo realizar a la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través del dictamen que discutimos en la Comisión de Derechos de la Niñez.
Estamos a favor porque se cumple con lo previsto en el artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, con las modificaciones a la ley se están promoviendo disposiciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes, contra toda la información y material que resulta perjudicial para su bienestar y que están disponibles en la red.
Particularmente establece que niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde a su desarrollo, por medio de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet.
También hace énfasis en que es obligación de madres, padres y de toda persona que tengan al cuidado niñas, niños y adolescentes, supervisar los contenidos de la información a la que acceden ellos a través de Internet, utilizando para ello los mecanismos de seguridad de ese sistema de información en los diversos medios electrónicos. Estas disposiciones son necesarias debido a que no podemos omitir que Internet ofrece una oportunidad sin precedentes en la historia de la humanidad.
Y como lo han señalado diversos autores en la materia para niños y adolescentes en particular, Internet se ha convertido en un espacio para comunicarse, buscar información, estudiar, descubrir y crear. Pero también se ha convertido en el vehículo ideal para transmitir informaciones que pueden llegar a ser perjudicares para los pequeños y para la realización de diversos abusos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, tenemos que asumir que la convergencia de Internet, la telefonía móvil, las diversas modalidades de computadoras y tabletas, entre otros, son actualmente la forma de acceso al ciberespacio. La familia, como núcleo fundamental de la sociedad y como primer garante de proteger en todo momento a las niñas y niños, es responsable de su cuidado en todo momento.
Los padres, tutores y responsables de la niñez mexicana tenemos cada vez más dificultades para supervisar las interacciones de los menores de edad en el ciberespacio. Pero ello no debe ser obstáculo para que asumamos nuestra responsabilidad y proporcionemos una mejor orientación a nuestros hijos en el uso de la información y contenidos, para que puedan tener una navegación más segura en Internet.
Ciertamente la extraordinaria expansión de las tecnologías de la información se han constituido en una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo de la sociedad en general, sin embargo es pertinente alertar a los menores de edad sobre los peligros de estas tecnologías de tal manera que no se infunda miedo o fobias tecnológicas.
Debemos promover entre la niñez prácticas seguras y hábitos saludables en Internet. Actualmente no se les puede prohibir navegar en Internet, pero los padres o las personas responsables de su cuidado tenemos la obligación de asumir una supervisión que los proteja y resguarde de riesgos.
Promovamos también la concientización y la autorregulación, démosle la información necesaria para que no se expongan a los ciberdelincuentes que se dedican a actividades ilícitas. Por ello nos sumamos a este dictamen y las invito y los invito a que lo aprobemos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Pérez Camarena. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar postura la diputada Isela González Domínguez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Isela González Domínguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la labor para educar a las niñas y niños en el uso adecuado de la Internet, compromete aspectos críticos para la preservación de su vida y su desarrollo.
El pasado 11 de febrero la Unión Internacional de Telecomunicaciones junto con otras agencias de la ONU, organizaciones civiles y gubernamentales, celebraron a nivel internacional el Día de la Internet Segura. En esa ocasión se centró en estrategias de educación para promover un uso más responsable de las tecnologías especialmente entre niños y jóvenes.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones destacó que el uso de teléfonos inteligentes para enviar, recibir y difundir fotos y videos también crece con rapidez, aunque las capacidades de los niños para navegar de forma segura en la red no van a la par con la velocidad con la que aparecen nuevas aplicaciones y dispositivos.
El organismo alertó que los mensajes con contenido sexual explícito, la intimidación y el acoso, así como el contacto con explotadores sexuales, son peligros rutinarios que afrontan los niños y los adolescentes.
En México, el 18 de marzo de este año, en entrevista concedida a un diario de circulación nacional, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República, señaló que en nuestro país las redes sociales se han vuelto el mecanismo preferido para reclutar víctimas del delito de trata de personas, principalmente mujeres.
De acuerdo con la funcionaria, los tratantes se han modernizado, el número de menores de edad contactados a través de estos medios va en aumento y el problema se ha extendido hacia nuevos estados de la república. La posibilidad de establecer contacto directo entre personas desconocidas y el anonimato, que fomenta usos impensables fuera de la red, brinda a los delincuentes oportunidades para obtener información que les facilita la comisión de estos ilícitos.
Con los datos que las potenciales víctimas suben a las redes los criminales las seleccionan y enganchan, ofreciéndoles una relación sentimental, de trabajo, viajes, coches, entre otras. Como refirió la funcionaria, existen también impactos en otras conductas delictivas, como son los casos de niños contactados a través de las redes sociales para trabajar como sicarios.
El uso delictivo del Internet constituye sin duda uno de los aspectos más alarmantes en torno de los problemas que plantea el acceso a esta herramienta, pero no son los únicos, existe por otra parte una gran preocupación por los efectos negativos que puede tener la exposición de los menores de edad a contenidos que puedan lesionar su desarrollo bio-psicosocial, tales como aquellos con material sexual explícito, violencia, consumo de drogas y alcohol o aquellos que involucran a los participantes en juegos o apuestas.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del total de usuarios de Internet en México el 11 por ciento son niñas y niños entre 6 y 11 años, y el 24 por ciento son adolescentes entre 12 y 17 años de edad. Estamos hablando de un conjunto de población que equivale a poco más del 30 por ciento del total de las personas que usan Internet.
Por eso estamos de acuerdo en apoyar la aprobación del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, para adicionar el inciso c), al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis, Del derecho a la navegación segura en Internet, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, determinándose como obligación de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, la de supervisar los contenidos de la información a la que acceden las niñas, niños y adolescentes a través del Internet.
En este acto, el Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de iniciar un proceso para reeducarnos y educar en el uso de las tecnologías, de la información y comunicación, creando hábitos de uso, que incluyan la definición de límites, pero también y, sobre todo, información, preparación, orientación, confianza y respeto para proveer a nuestros niños y niñas de las herramientas que les permitan aprovechar los enormes beneficios de esta formidable herramienta, evitando sus riesgos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada González Domínguez.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, para hablar en pro, la diputada Denisse Ugalde Alegría, la diputada Zuleyma Huidobro y el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Por tanto, pido a la diputada Ugalde Alegría tomar el uso de la voz hasta por tres minutos.
La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, actualmente es difícil pensar nuestra vida diaria sin herramientas tecnológicas como el Internet cuya utilización ha transformado la manera en la que nos comunicamos, pensamos, convirtiéndose en las últimas dos décadas en parte fundamental de nuestro entorno cotidiano.
A este avance tecnológico debe acompañar siempre un amplio sentido de responsabilidad, principalmente por el alcance y el potencial daño que su mal uso puede llegar a generar a la sociedad.
Sobre lo anterior, ante la evidencia de un creciente número de casos de tráfico de personas para fines de explotación sexual o laboral, o de fenómenos como el bullying o la extorsión, que se están dando a través de Internet y que afectan la tranquilidad de muchas familias mexicanas, la labor de educar a niños, niñas y adolescentes en el uso adecuado de esta herramienta, se vuelve fundamental para su desarrollo y la integridad de sus familias.
La iniciativa en comento hace especial énfasis en la obligación de los padres y de todas las personas que tienen a su cuidado niñas, niños y adolescentes de supervisar los contenidos de la información a la que estos acceden a través de la red. Asimismo se subraya el derecho que tienen de recibir, buscar y utilizar información por medios electrónicos que esté acorde con su desarrollo integral y su salud.
Queda claro que esta labor debe darse desde distintos niveles, comenzando con la educación y la formulación de criterios desde los propios hogares, para que en un determinado momento nuestros jóvenes y niños puedan hacerle frente a los peligros antes mencionados.
Es imprescindible que las niñas y niños que navegan en el Internet cuenten con la orientación adecuada sobre la forma en la que pueden sacar el mayor provecho de la información obtenida a través de este recurso, sin riesgos y siempre bajo la supervisión de los padres o de las personas que cuiden de ellos.
Proteger a los niños y a las niñas mexicanos de la exposición o contenidos que les dañen física, psicológica o emocionalmente nos exige, como legisladores, el avanzar hacia un marco de responsabilidades que incluyen a la familia en estas tareas, al ser ésta el núcleo básico en el cual los menores desarrollan la mayor parte de sus actividades.
En días recientes hemos difundido videos de concientización en distintas redes sociales, sobre el uso que se les da a las imágenes y videos que los jóvenes comparten en sus cuentas, como, por ejemplo, las ofertas falsas de índole sexual con fotografías extraídas directamente de la red.
Será por medio de la educación y la supervisión en el uso de las nuevas tecnologías como podremos frenar y erradicar definitivamente estos delitos. Internet es una herramienta que ha significado un gran avance en temas como la comunicación, la información, el fortalecimiento de la ciudadanía o el comercio, por citar sólo algunos.
Estamos conscientes de que todo avance tecnológico, como ya se ha dicho, implica un grado de responsabilidad social que debe estar orientado siempre hacia el bien común y en beneficio de las nuevas generaciones.
Debemos buscar que los niños y jóvenes mexicanos aprovechen al máximo las grandes posibilidades que ofrece Internet, reduciendo el riesgo, por medio de las medidas aquí señaladas, de que sus potenciales usos delictivos puedan dañar de forma irreversible, tanto a ellos como a sus familias.
Por lo antes expuesto, las diputadas y diputados del PRI nos pronunciamos a favor de esta iniciativa. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Ugalde. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro hasta por tres minutos, en representación del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar en pro.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Es cierto que las niñas y niños de hoy ya traen el chip incluido de la tecnología. Felicitamos a la promovente de esta iniciativa, porque celebramos que se incluya en las obligaciones de madres, padres y de quien tenga a su cuidado niñas, niños y adolescentes, para que supervisen los contenidos de la información a la que exceden a través de Internet.
Pero también es cierto que no se ha dicho aquí, que todos los problemas a los que se pueden exponer los niños al usar Internet, también se da por la pérdida de valores y de principios en nuestra sociedad, de la falta de comunicación entre padres e hijos.
Nuestra sociedad ha cambiado. Nuestras niñas, niños y adolescentes prefieren estar al frente de una computadora que salir a jugar a las calles, y los padres así también lo prefieren por la inseguridad que se vive en nuestro país.
Habremos de fomentar la obligación a padres y madres para supervisar cómo navegan nuestros hijos en Internet, pero también habrá que fomentar principios y valores como honestidad, confianza, autoestima, respeto, responsabilidad.
Explicarles que aparte de las redes sociales a las que pueden tener acceso, también pueden visitar museos de manera virtual en todo el mundo, por ejemplo. O que pueden seguir conciertos de ópera en vivo. Consideramos que el Internet no es malo como tal, lo malo es cómo se utiliza. Fomentemos la cultura y educación en nuestras niñas y niños.
Pero también me pregunto, ¿qué se va a hacer en aquellos casos donde existe trata, abuso, acoso sexual? En estados o comunidades indígenas de niñas, niños y adolescentes donde no se tiene acceso a Internet. El Internet no es el problema, lo vuelvo a repetir, el problema es cómo se utiliza y para qué se utiliza. El Internet debe ser de acceso abierto y gratuito para todo mundo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos, para hablar en pro.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Primer que nada felicitar a la proponente, la diputada Núñez Monreal, por esta iniciativa que recoge la preocupación de padres de familia respecto a la navegación segura de los menores de edad en Internet.
Y que al mismo tiempo establece una serie de determinaciones para evitar que también se desentiendan algunos padres de lo que implica hoy el amplio universo de información que circula por las redes.
No es una iniciativa restrictiva, es una iniciativa para prevenir el mal uso del Internet, dado que hoy millones de niños y menores de edad están sujetos a acechanzas, a ataques en su privacidad y también al acoso de pederastas o de gente que utilizando el anonimato de las redes y del Internet tratan de llevar a cabo sus innobles propósitos, con el bien más preciado de una sociedad que es su niñez.
Por esa razón, nosotros estamos de acuerdo en que se involucre a la familia en la supervisión de los contenidos. Hay además una serie de herramientas para la navegación segura que los propios sistemas informáticos permiten y de esta manera no hay pretexto para que se pueda llevar a cabo.
Por esa razón estamos de acuerdo en el dictamen de la comisión, de la propuesta de la diputada Núñez Monreal.
Sin embargo, no hay que confundir una reforma de estas características que involucra a la sociedad y a la familia para regular las visitas a Internet, partiendo de que son menores de edad, de que están en etapa formativa; partiendo de que no tienen todavía los elementos suficientes para el libre albedrío y sus propias determinaciones. No hay que confundirlo con la regulación excesiva a Internet con la mano del Estado y de los ministerios de Gobernación para influir en los contenidos que circulan en la red o en los medios de comunicación.
Por eso nosotros estamos de acuerdo en esta reforma, pero no estaríamos de acuerdo en ninguna disposición que retome los contenidos de la famosa acta, que es el Acuerdo para el Tratamiento y el acceso a Internet que vemos algunos detalles, algunos rasgos de esta disposición en la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones.
Vemos que hay por ahí algunas disposiciones que hablan del bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios por parte de los proveedores de servicios de Internet o de telecomunicaciones a solicitud de cualquier autoridad, lo cual implica un absurdo porque estamos convirtiendo a la Secretaría de Gobernación en un big brother que va a estar supervisando el comportamiento de los particulares.
Estamos nosotros por un Internet libre, por un Internet que no tenga interferencias gubernamentales, sino la propia responsabilidad social de las familias en temas como éste que tiene que ver con los menores de edad. Pero desde hoy advertimos, que no estaremos de acuerdo en que se le quieran dar facultades a la Secretaría de Gobernación para vigilar contenidos en medios y en Internet solamente como una medida de control estatal.
Ésa es nuestra posición, por ahí a algunos les incomoda, pero ya estamos hablando ahorita de Internet y de su regulación. Nos parece pertinente, presidente –concluyo– tocar este tema para que al rato no haya sorpresas. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. No habiendo más oradores registrados y en virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutir en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, a favor 404 votos, 1 abstención y 1 en contra.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al artículo 11, y un capítulo V Bis denominado Del Derecho a la Navegación Segura en Internet a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Laura Barrera Fortoul, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea. El dictamen que hoy presenta la Comisión del Distrito Federal, es producto del consenso y aprobación mayoritaria de todos los grupos parlamentarios que en ella participan y propone reformar la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Como se recordará, el 28 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado por la que se concedía la facultad al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de presentar iniciativas ante la Asamblea Legislativa en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia, y que fue publicada el 7 de enero de 2013.
La modificación puesta a su consideración tiene por objeto ampliar las facultades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materias civil, familiar y de justicia para adolescentes en su aspecto procesal, con lo cual se fortalece la labor del tribunal.
Cabe señalar que en los diversos estados de nuestro país sus Constituciones locales ya consagran este derecho de iniciativa para sus tribunales, algunas restringiéndola en diferentes grados concediéndola sólo para regular asuntos internos de los propios tribunales; y, otras, abriendo el campo para todas las materias.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal era el único que no contaba con la facultad para ejercer el derecho de iniciativa y se considera que esta modificación traerá ventajas en la impartición de la misma, al permitir que el órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal pueda promover adecuaciones a su marco de adaptación y presentar iniciativas ante la Asamblea Legislativa en materias jurídicas tan especializadas como las ya mencionadas, con lo que contribuirá al perfeccionamiento del andamiaje jurídico de la Ciudad.
Es importante tener en cuenta que las propuestas de ley enviadas por un órgano no político como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contribuirá a perfeccionar el sistema jurídico vigente al detectar y observar limitaciones, problemas, contradicciones o deficiencias al momento de su aplicación en estricto apego de las normas jurídicas nacionales e instrumentos internacionales.
El proyecto de decreto que se discute no implica de ninguna manera una violación de competencias ni de facultades, ya que el hecho de concederle al Tribunal Superior de Justicia la facultad de iniciativa en determinadas materias, tendrá que ceñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, lo que puede dar como resultado su aprobación, modificación, rechazo e inclusive el veto mismo, con lo que se garantiza la separación y equilibrio de poderes.
Agradezco a mis compañeros diputados su confianza y colaboración en los trabajos que de manera cordial venimos realizando, e informo que la comisión en su conjunto presentará una reserva a este dictamen, misma que doy lectura.
Con fundamento en el artículo 109 de Reglamento de la Cámara de Diputados solicitamos someter a consideración del pleno la presente reserva al dictamen de la Comisión del Distrito Federal que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El dictamen dice, artículo 46: “Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materias civil, penal, familiar, de justicia para adolescentes, y en sus respectivos códigos procesales, a excepción del penal”.
Debe decir:
Artículo 46. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materias civil, familiar y de justicia para adolescentes en su aspecto procesal.
Lo dejo en la mesa, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Barrera Fortoul. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones presentadas por la diputada Barrera Fortoul, a nombre de la comisión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones presentadas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presiente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Proceda el diputado Fujiwara Montelongo.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente; con el permiso de la asamblea, de mis compañeras y compañeros legisladores. La naturaleza jurídica del Distrito Federal y su pospuesta reforma política han generado que los habitantes de la ciudad de México seamos privados de contar con un orden jurídico que responsa a las necesidades de esta gran urbe.
Somos conscientes que vivir en la capital de la república tiene grandes ventajas por ser el centro neurológico económico, político, social y cultural del país
Pero también debemos de reconocer los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, que estos han sufrido restricciones por no tener una soberanía en cuanto a su régimen interno como lo tienen los demás estados de la república mexicana.
En los últimos años las reformas políticas del país han permitido resarcir estas restricciones al otorgar el derecho a voto para elegir al jefe de gobierno y a los delegados de esta ciudad, así como a ampliar las facultades de nuestra Asamblea Legislativa.
Sin embargo la reforma política del Distrito Federal ha sido pospuesta en aras de lograr un régimen jurídico que reconozca la soberanía política y administrativa de la ciudad de México y que al mismo tiempo establezca las condiciones sui generis de la ciudad por ser el lugar donde residen los poderes del Estado mexicano federal.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que los derechos políticos de los ciudadanos de la Ciudad de México deben de fortalecerse y deben poder contar con un régimen jurídico eficaz y funcional en un derecho que nos asiste como habitantes de esta ciudad.
Por ello consideramos que la propuesta de reforma que contiene el dictamen que presenta la Comisión del Distrito Federal es pertinente y adecuada sobre todo a la luz de que otros estados de la República acontece en cuanto al precepto normativo para iniciar y presentar iniciativas de ley.
En efecto, en las consideraciones de la comisión señalamos que en 31 entidades federativas del país se otorga el derecho de iniciativa al Poder Judicial, derecho que siendo aprobado por el Congreso de la Unión el pasado mes de noviembre, fue acotado por los legisladores locales cuando el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal propuso modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes.
Coincidimos también con la comisión dictaminadora en que de aprobarse esta propuesta de reforma estaríamos fortaleciendo la democracia y la impartición de justicia, ampliando las capacidades del tribunal de justicia del Distrito Federal a fin de mejorar el funcionamiento de dicho órgano judicial, además también de que estaría facultado para incidir directamente en los mecanismos para mejorar la normatividad en las materias civil, familiar, de justicia para adolescentes, en sus respectivos códigos procesales.
Estamos seguros de que las aportaciones del tribunal en materia legislativa serán de gran importancia pues son ellos quienes, al momento de interpretar la ley, pueden identificar los alcances suficientes de una norma para impartir justicia.
Esto también, cabe la pena destacar, sin invadir las competencias y facultades de la Asamblea Legislativa, pues sus propuestas se ceñirán al proceso legislativo como cualquier otro proyecto de iniciativa de ley concerniente a los códigos procesales.
Compañeras y compañeros diputados: la reforma política del Distrito Federal no puede esperar más tiempo. El fortalecimiento de los derechos políticos de los habitantes de esta gran ciudad debe ser un tema prioritario de la agenda del Congreso de la Unión.
Como representante del Distrito Federal, exhorto a todas las fuerzas políticas representadas en este gran órgano colegiado a que aprobemos cuanto antes una reforma de altura para esta gran ciudad, para que sus ciudadanos disfruten de los derechos de forma plena, como nuestros compatriotas en los demás estados de la república.
Hoy con este dictamen damos un paso importante, pero no es con parches legales como se construye un régimen jurídico acorde con la realidad del Distrito Federal. Es necesaria, sin duda alguna, una reforma integral que fortalezca la democracia en la capital de nuestro país.
Las diputadas y diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen con la convicción de que esta propuesta contribuye a mejorar el sistema de impartición de justicia, pero sobre todo con la seguridad de que esta iniciativa y este dictamen fortalecen los derechos políticos de los ciudadanos de esta gran capital. Por su atención y paciencia, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: de conformidad con la teoría clásica de la separación de poderes, sólo se logra la construcción de un estado democrático a través de la consolidación de un gobierno moderado, es decir, por aquella estructura que dé contrapeso al actuar de los diferentes entes investidos de potestad en la toma de decisiones que trascienden a toda la sociedad.
Este principio ha sido recogido por nuestro ordenamiento doméstico en el artículo 49 de nuestra Carta Magna que a la letra señala: “El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial”.
Bajo este orden de ideas, la división de poderes tiene entonces como principal objetivo la limitación del proceder de cada uno de los órganos en los que ha sido fraccionado el poder supremo de la federación, pero también presupone el equilibrio entre ellos, así como el apoyo y la colaboración en la ejecución de sus facultades.
En México, la elaboración de las normas jurídicas es una facultad que únicamente recae en dos de los tres Poderes de la Unión, a saber, el Legislativo y el Ejecutivo son los órganos que detentan la actitud legal para la toma de decisiones que de manera positiva o negativa repercuten en la esfera jurídica individual o colectiva de los ciudadanos e, incluso, a la del Estado mismo como lo establece expresamente el artículo 71 de la nuestra Carta Magna.
A decir de algunos, la competencia antes descrita ha derivado en la exclusión del Poder Judicial en la participación del proceso de la creación de leyes, colocándolo en una especie de desventaja frente a los otros y así afectando considerablemente el equilibrio entre ellos.
En este sentido, una visión más contemporánea de la colaboración entre los Poderes de la Unión estableció que la inequidad que los involucra radica en que fuera el Legislativo o, en su defecto, el Ejecutivo, quienes proponían las normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial, situación que ha derivado en el reconocimiento de la facultad de iniciar leyes –entre comillas– “a favor de los órganos encargados de la función jurisdiccional en materia de su competencia”. La cual aún con carácter limitado ha encontrado eco dentro de la legislación estatal del país –como ya lo señaló con antelación nuestra compañera diputada– pues en algunas entidades federativas la potestad de los órganos de justicia sólo les es atribuida con el fin de regular sobre los asuntos internos del propio poder, esto es desde el punto de vista administrativo y orgánico.
La propuesta de modificación a la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal contenida en el dictamen que hoy estamos discutiendo, radica en que se pretende conceder al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la facultad de presentar iniciativas de ley en sentido amplio en las materias del orden civil, familiar, de justicia para adolescentes y en sus respectivos códigos procesales a la Asamblea Legislativa, lo cual a todas luces resultaría inconstitucional concretamente a lo establecido en el artículo 71 y 122 base segunda, fracción I de la propia Constitución Federal, proyectos que tendrán que ceñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, que puede dar como resultado su aprobación, modificación o su rechazo, inclusive, el veto mismo garantizando así una verdadera separación y equilibrio de Poderes.
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos en contra de esta propuesta ya que de dar al Tribunal una intervención más allá de las que se le permite actualmente en base a sus atribuciones y al marco de constitucionalidad, pudiera traer los inconvenientes, además cómo quedaría desdibujada su imparcialidad respecto a las materias en cuestión.
Imaginemos que un particular se ampara sobre un precepto que ha atentado contra su esfera jurídica, de entrada al no haber otras instancias serían los mismos ministros quienes de ser el caso tendrían que resolver sobre los litigios que se interpongan contra las leyes o reformas que de ellos prácticamente emanarían.
Reiteramos nuestra posición de votar en contra de esta propuesta por resultar, a todas luces, inconstitucional. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Coronato Rodríguez. Tiene el uso de la voz para fijar postura el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nos encontramos hoy discutiendo un dictamen que es a todas luces benéfico para las instituciones del Distrito Federal.
Nuestro esquema jurídico de división de poderes constitucionalmente ha marcado la existencia de tres poderes, como lo son: el Ejecutivo, el legislativo y el Judicial. Cada uno con una esfera de competencias propias:
El Ejecutivo en la ejecución de las leyes, en la ejecución del gasto público y en llevar a cabo las políticas públicas a beneficio de los ciudadanos. El Legislativo en una función primordial, que es la de iniciar leyes, discutirlas, aprobarlas, así como la de determinar el gasto público que ha de llevarse y la presupuestación del mismo, y la evaluación en el gasto del mismo a través de las instancias, como lo son: la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización locales. Y el Poder Judicial, obviamente encargado de iniciar leyes.
Pero a lo largo del camino de la nación se ha hecho necesario el generar ciertos contrapesos y equilibrios entre poderes. Es así como algunos de los órganos del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o del Poder Legislativo tienen otras facultades que originariamente fueran inherentes a cualquiera de los otros poderes.
Y lo hablamos así cuando en el Poder Ejecutivo encontramos funciones judiciales, como son las que lleva a cabo la Junta de Conciliación y Arbitraje, más bien dicho jurisdiccionales, o bien cuando vemos en la propuesta de iniciativa que hoy tenemos que al Poder Judicial se le da la facultad de iniciar leyes y con ello participar en el proceso legislativo.
No estamos hablando de facultades meta-constitucionales, de facultades que intervengan en la vida pública de los otros órganos del Estado, ya que al Poder Judicial del Distrito Federal únicamente le estamos dotando con esta iniciativa de aquellas facultades que sean tendentes a que puedan adecuar su marco normativo y el marco procesal en materia civil, familiar y de justicia para adolescentes.
Y esto por una simple razón de ser, son los jueces y magistrados quienes día a día tienen conocimiento de la aplicación de la ley y de cómo poder hacer más expeditos, y en beneficio de quienes están siendo parte en los procesos, los diferentes tiempos procesales y las diferentes etapas que el procedimiento debe llevar. Por eso el Partido Verde Ecologista de México está a favor de esta iniciativa, porque vamos a fortalecer las instituciones ya creada por el Estado mexicano y que están contempladas en la Constitución General de la República y en las leyes que de ella emanan.
Fortalecemos al Poder Judicial porque va a poder iniciar leyes en materia adjetiva para poder caminar y encaminar los procesos que ante ellos se ventilan.
No estamos hablando de materias sustantivas, no estamos hablando de materias donde pudieran contraponerse con otros ordenamientos y con cuestiones constitucionales que pudieran derivar en un juicio de amparo, donde el propio Poder Judicial fuera juez y parte en una controversia de carácter constitucional.
Estamos a favor del dictamen, como ya lo he mencionado, porque fortalecemos al Poder Judicial del Distrito Federal y porque con ello le damos más fuerza a las instituciones públicas en este caso del Distrito Federal. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Castellanos. A continuación tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Londres, del Distrito Federal. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, cuando estuvimos en campaña solicitando el voto popular para representar en las diferentes instancias legislativas a los habitantes del Distrito Federal, los candidatos del PRD centramos nuestros compromisos en uno fundamental; propugnar y hacer lo necesario para darles a los habitantes de la ciudad una Constitución que los llevara a dejar de ser ciudadanos de segunda y a tener los mismos derechos de que gozan todos los mexicanos.
Con ello explicábamos, vendrían seguramente una serie de cambios que les permitiría a los capitalinos tomar decisiones propias sobre el manejo y la orientación de sus asuntos educativos y presupuestales y sobre la selección y control de los responsables de la impartición y cuidado de la seguridad pública y la justicia en la ciudad.
Desde entonces hemos estado proponiendo o apoyando en los diferentes ámbitos legislativos, iniciativas que conformen una reforma política para el Distrito Federal que mejore la vida en la ciudad en general, pero que impulse un sistema de justicia que responda a las necesidades peculiares de la localidad al tiempo que cumple con el marco general que caracteriza a las demás entidades federativas y al país en su conjunto.
Esa fue la razón por la cual el pasado 28 de noviembre, en esta honorable Cámara de Diputados apoyamos con nuestro voto una reforma que otorgaba al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la facultad para ejercer el derecho de iniciativa de procesos legislativos, y así estar en condiciones semejantes al resto de las entidades del país.
A la postre, sin embargo esa reforma no fue suficiente, dado que la facultad que otorgaba se restringía a los asuntos internos del Tribunal y no permitía el inicio de iniciativas en asuntos importantes que en muchas otras entidades de la República ya eran facultad de los tribunales. Era necesaria la facultad amplia, que es la que le otorgaría el dictamen que hoy nos ocupa.
Con ella, no solamente se le otorga al tribunal el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino también se cumple con la intención de darles a los habitantes de esta ciudad capital una mayor injerencia en sus asuntos de justicia.
Hay que reconocer, sin embargo, que la modificación propuesta al dictamen y aprobada por esta soberanía hace unos minutos le resta al Tribunal del Distrito Federal una facultad en un área sustantiva muy importante. Ciertamente no hay un consenso en términos de si es para bien o para mal. Sin embargo, para nosotros representa aún así un avance importante en la conformación del marco político y legal, al que aspiramos para nuestros conciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PRD y, en especial, sus diputadas y diputados del Distrito Federal apoyamos totalmente este dictamen y votaremos a favor. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, presidente, con su venia. El día de hoy tenemos una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y me gustaría un poco hacer remembranza de que hace algunos meses ya estábamos modificando este mismo artículo, estas mismas facultades respecto del Tribunal Superior de Justicia.
En un primer intento se le dio facultades para que realizara o pudiera presentar iniciativas de manera directa e inmediata ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ver todo lo relacionado con su organización interna. Eso estuvo muy bien.
Ahora venimos en un segundo momento, ya no solamente a que puedan presentar iniciativas para su organización interna, sino ahora también para que puedan presentar iniciativas en lo que se refiere al derecho procesal. Es decir, a todas las reglas y todas las normas que se establecen para que se reconozcan los derechos ante los juzgados. Es decir, toda la materia procedimental en aspectos que tienen que ver con civil, familiar y justicia para adolescentes, obviamente no se está metiendo aquí el tema de derecho penal, porque como nosotros sabemos bien, hemos dado estas facultades a un Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es una segunda reforma para fortalecer aún más esta facultad de iniciativa, que ya tenía el Tribunal Superior de Justicia, pero ahora ellos son los expertos, los que día a día están tratando la materia procedimental, si diario tienen que ver con los abogados, con las partes que les proponen, que les dicen, bueno, pues son los más instruidos para solicitarle a la Asamblea Legislativa cambios en materia procedimental.
Por eso es que en Acción Nacional vamos a favor de este dictamen y vamos a favor de este dictamen porque se están cuidando las formas, no se le están dando al tribunal facultades de derecho sustantivo, sino nada más en materia adjetiva.
Muchas gracias, presidente. Espero que esta iniciativa rápidamente sea vigente en el Distrito Federal y que tengamos ya las primeras iniciativas en esta materia por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta hermosa capital. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Sotomayor Chávez. Tiene el uso de la voz, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado César Reynaldo Navarro de Alba.
El diputado César Reynaldo Navarro de Alba: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la evolución del sistema político mexicano hacia un régimen más democrático y de libertades, sería impensable si no tomamos en consideración la importancia que han adquirido los tribunales del país.
A partir de las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente, en diciembre de 1994, fue posible empezar a hablar de la vigencia real del artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la división de Poderes.
Hasta antes de ese momento dicha construcción jurídica no había permeado del todo entre la sociedad. Lejos de contar con un sistema en el que los poderes públicos se controlaran a través de una delimitación efectiva de facultad para producir leyes y resolver conflictos, habíamos convivido en un régimen que permitía la prevalencia de un poder por sobre todos los demás.
Quedaba entonces, pendiente la tarea de lograr un equilibrio institucional que permitiera, entre otras cosas, que el Poder Judicial se convirtiera en el garante de los derechos fundamentales, en el árbitro eficaz para la solución de litigios e intérpretes de las normas que nos rigen.
Es partir de 1995, que se consigue hacer de los poderes judiciales, federal y de los estados, pasaran a tener paridad frente al Legislativo y al Ejecutivo, sin prestigio social ni fortaleza presupuestal.
La profundización de la reforma judicial de 1995, propició que la sociedad estuviera mejor dispuesta a plantear sus pretensiones y a defender sus derechos ante los órganos judiciales competentes.
Ahora, a diferencia de hace décadas, las resoluciones dictadas por los jueces son motivo de discusión pública, los fallos son celebrados o criticados por el grueso de la población y sus alcances son motivo de debate, más allá de los especialistas en materia jurídica.
El proceso de reforma ya mencionado debe ser concatenado, en este momento, con otro igual de importante, que es el relativo a la transformación del Distrito Federal en una entidad con características propias, reconocidas por el propio texto constitucional, la cual se ha distinguido por la actitud crítica y participativa de sus habitantes a lo largo de las últimas décadas.
Instaurado así el nuevo régimen político para la ciudad capital, hoy tenemos un estatuto que si bien es cierto, es susceptible de mejoras profundas, también ha servido como un referente sumamente útil para determinar la forma de gobierno y el régimen de libertades que impera en la ciudad de México.
Vistos en forma conjunta, la reforma judicial y el estatus de la capital son ejemplos del avance democrático del país, de la capacidad de innovación de la sociedad mexicana, por lo que es viable proceder a la aprobación del dictamen que ahora nos ocupa, pues forma parte de este proceso dinamizador de las relaciones entre el gobierno y los gobernados y los poderes públicos.
Los legisladores del PRI compartimos el sentido del dictamen que ahora nos ocupa, pues como en él se establece, a partir de ahora existirán muchas ventajas para la democracia y la impartición de justicia. Esto, al otorgar al órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal y de aplicar su marco normativo en el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre todo destacándose en materias jurídicas tan especializadas como son el Código Penal, el Código Civil y sus correspondientes códigos procesales. Así como la Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras.
Permitir que el Poder Judicial del Fuero Común del Distrito Federal tenga la capacidad para proponer normas relativas a su propio régimen y a las materias que son de su competencia constituye una transformación que permitirá la creación de leyes con mayor sentido de responsabilidad y apegadas a la realidad.
En este dictamen constituye también un reconocimiento a la función judicial que se realiza en la capital, pero también un llamado dirigido al legislativo local, a fin de que se prevenga de obrar en forma veleidosa o con base en ocurrencias o caprichos, al momento de votar este dictamen debe cobrar especial importancia el pensamiento de John Locke, quien afirmaba lo siguiente: “donde no hay ley no hay libertad”. Pues la libertad ha de estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley.
Y no es como se nos dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera, pues quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Navarro.
Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general, para hablar en pro, el diputado Alejandro Carbajal González.
El diputado Alejandro Carbajal González: Compañeras, compañeros; diputado presidente. No corran prisa, además, la verdad es que tenemos todavía muy buen rato para poder avanzar en estos temas. Evidentemente nosotros vamos a favor, estamos en pro de estas reformas, toda vez que deriva de este conjunto de reformas que se están aplicando en materia de justicia en todo el país.
Esta transición que estamos buscando del sistema inquisitorio al sistema adversarial va conllevando, y aunado a una serie de reformas, que están reflejándose precisamente en esta reforma constitucional al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en donde lo que estamos pretendiendo es que se le dé la facultad ampliada de iniciativas al Tribunal Superior de Justicia, toda vez que la gran mayoría de los estados de la República se cuenta con esa facultad, la Ciudad de México es una de las pocas excepciones en donde no contamos con esta facultad.
Es por ello que nosotros estamos apelando a su sensibilidad para efecto de que homologuemos esta facultad; pero sobre todo porque conlleva a lo que también tan anhelado es para los capitalinos esta reforma política de la Ciudad de México, que sería un paso, por supuesto va a implicar todavía aun más.
La intención y la propuesta que además hemos platicado ya con todos los grupos parlamentarios se está consensuando con la mayoría es justamente que el texto quede tal cual en los términos del dictamen; esto es que se permita en la fracción II, del artículo 46 al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materia civil, penal, familiar, de justicia para adolescentes y en sus respectivos códigos procesales a excepción del penal.
Lo que estamos solicitando es que se vote esta reserva para efecto de que se conserve el texto original en los términos del dictamen, toda vez que sería un retroceso. Estamos pretendiendo cambiar a hacer esta transición; si buscamos el sistema adversarial al momento en el cual le limitemos las facultades al tribunal va a ser un verdadero retroceso.
Es por ello que apelamos a su sensibilidad para efecto de que nos acompañen con esta reforma. Es necesario que podamos establecer unanimidad en este criterio porque, de lo contrario, vamos a complicar la aplicación de la reforma de justicia en la Ciudad de México.
Es por ello que les invitamos a votar a favor. Es cuanto, diputado presidente. Dejamos la propuesta a la Secretaría para efecto de que sea votada. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado Alejandro Carbajal González, en votación económica.
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul). Simplemente para confirmar si la propuesta del diputado es regresar a la propuesta original.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Sí, claro.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aceptarse la propuesta presentada por el diputado, en términos de devolver la redacción en su término original del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es aceptada.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Se acepta y se votará el dictamen en los términos publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: No habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.
El diputado Eduardo Román Quian Alcocer (desde la curul): A favor.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.
El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): A favor.
El diputado J. Jesús Oviedo Herrera (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 381 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 381 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en términos del dictamen publicado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral uno, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de los integrantes y las integrantes de la Comisión del Deporte, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen motivo de la presente discusión. El mismo atiende un aspecto básico para el sano desarrollo de los seres humanos y el reconocimiento de su dignidad.
Desde el pasado 21 de noviembre del 2013, fecha en que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Deporte para su análisis y dictamen la iniciativa referida, esta comisión se dio a la tarea de obtener elementos que enriquecieran esta valiosa aportación a la legislación secundaria a través del dictamen aprobado por la comisión con fecha del 12 de febrero.
Es de mencionar también que durante el proceso de discusión los diputados promoventes José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, estuvieron presenten en todo momento. Mi más sincero reconocimiento por sus contribuciones.
Nuestro país ha realizado múltiples esfuerzos tanto a nivel federal como estatal para contar con una legislación respetuosa de los derechos humanos, y congruente con los documentos de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Privadas de su Libertad.
Por ello las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte que me honro presidir, coincidimos en todo momento en que el deporte para la población privada de su libertad sin duda constituye un factor mediante el cual la población interna a través de su participación en diferentes actividades, podrá ayudar para lograr su readaptación y reinserción a la sociedad.
Para la evolución de toda sociedad son fundamentales diversos aspectos que contribuyen a la construcción de convivencia ciudadana. La actividad física, así como la práctica deportiva, son parte de estos aspectos.
El deporte como actividad integradora de la cultura es sin duda un reflejo del funcionamiento de una colectividad, establece reglas de convivencia y forma parte del crecimiento personal de cada persona. El deporte también es un componente de la educación y ahora, con la aprobación de este dictamen, también podrá ser parte auxiliar en la reincorporación a la sociedad de las personas que enfrentan un proceso penal o quienes ya cumplen con una pena privativa de su libertad.
Para la Comisión de Deporte resulta imperativo para toda sociedad la garantía del derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y a que se respete y se proteja su dignidad, su vida y su integridad física, sicológica y moral.
Es por ello que en nuestra Carta Magna se contempló el establecimiento del deporte como un elemento de la organización del sistema penitenciario al incluir en su párrafo segundo del artículo 18, cito: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.
Con la aprobación de este dictamen será posible dar cumplimiento a este precepto constitucional a través de la legislación secundaria en materia de cultura física y deporte.
Es en este orden de ideas que la actividad física y el deporte se deberán de garantizar como parte de las actividades a realizar en los centros de readaptación tanto para las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal, como para quienes ya cumplen con una pena privativa de su libertad.
Estamos conscientes que resulta fundamental establecer espacios adecuados para lograr la reinserción de quienes cumplen con una pena privativa de su libertad, así como garantizar las condiciones necesarias que permitan mantener una estancia digna a quienes aún se encuentran en proceso penal, y ésta es la principal razón por la que se consideró que este mandato constitucional fuera incluido dentro del artículo referente a las acciones que se realizan a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte para que la responsabilidad sea compartida de forma integral y no sólo quede en términos de la Conade.
Es en este tenor que la práctica del deporte en las instalaciones debe de ser un factor que promueva el crecimiento personal, la readaptación social y el establecimiento de relaciones humanas en un clima de seguridad y de armonía.
Agradezco la intervención de las y los integrantes de la comisión que contribuyeron al enriquecimiento del dictamen y solicito al pleno de esta honorable asamblea su voto aprobatorio. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Muñoz.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Está a discusión en lo general. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, hasta por cinco minutos.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, Presidente. Nuevamente le agradezco la oportunidad a usted y a mis compañeros por permitirme estar aquí.
Compañeras y compañeros diputados: el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Constitución política establece de forma muy clara las bases del sistema penitenciario que procurará la inserción social de los sentenciados. Esta base la constituyen el respeto a los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud y al deporte.
Sin embargo, es justo reconocer que la reinserción social de los sentenciados en nuestras cárceles mexicanas actualmente es un anhelo que está muy lejos de la realidad. Existen testimonios y datos que demuestran claramente que desde los recintos carcelarios se planean y cometen ilícitos, tales como la extorsión.
El sistema penitenciario en México presenta deficiencias estructurales y de operación, lo que ocasiona que en lugar de ser Centros de Readaptación Social, en realidad sean verdaderas escuelas de criminalidad y de delincuencia.
Actualmente, en los 420 centros penitenciarios hay una población total de 242 mil 754 reclusos, de los cuales, el 80 por ciento son del fuero común y se estima que en 220 centros penitenciarios presentan una sobrepoblación de 47 mil 476 presos.
Corrupción, impunidad, hacinamiento, tráfico de drogas al interior de penales son de los principales problemas que atraviesa el sistema penitenciario de nuestro país. Todo ello no sólo obstaculiza la readaptación de los internos, sino que se convierte en un caldo de cultivo de mayor agresividad y violencia entre ellos, ya que se encuentran en una constante frustración y pasan a ser personas marcadas para toda su vida.
Es necesario, por lo tanto, hacer cambios a la situación que se viven en los penales. Para eso hay que promover acciones sustantivas que permiten una verdadera readaptación de los prisioneros a fin de que cuando cumplan sus condenas, puedan reinsertarse a la sociedad de manera honrada y de manera honesta.
La readaptación de un sentenciado se plantea mediante diferentes métodos correctivos, como el aprendizaje de algún oficio con el cual puede trabajar honradamente al momento de su liberación.
Si bien enseñarles algún oficio es parte fundamental de la rehabilitación, también lo es el proporcionarle alguna actividad que asemeje su vida fuera de la prisión. El practicar algún deporte les permitirá a los prisioneros disponer de un espacio personal, sin el cual es imposible la labor de reinserción, ya que es algo que todo el mundo necesita, y privarlos de ello, sólo acentúa más su desadaptación social.
Para las diputadas y diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es fundamental la protección de los derechos humanos de todas y cada uno de los individuos.
Es por ello que estamos convencidos de que la reinserción debe verse desde un punto de vista educativo, que otorgue al condenado una segunda oportunidad, aunque esto nos parezca sumamente difícil a todos.
Respaldamos y votaremos a favor del presente dictamen que fomente el desarrollo de la activación, la cultura física y el deporte como medios para lograr la rehabilitación y reinserción de los recursos en el sistema penitenciario mexicano.
Compañeras y compañeros legisladores, estamos convencidos que es necesario aplicar políticas y programas definidos proyectados y evaluados como un medio para coadyuvar en la rehabilitación, el tratamiento y la reinserción social de los sentenciados.
Si bien reconocemos que existen problemas de fondo del sistema penitenciario como son la sobrepoblación, el hacinamiento, también es cierto que el deporte puede contribuir a la reducción de conductas antisociales, esto como un medio para canalizar la frustración, el enojo, la agresividad y ansiedad generadas por la misma situación de reclusión que viven nuestros presos, situaciones que se manifiestan en las incidencias penitenciarias, ya que el 45 por ciento de ellas es derivada de las riñas internas. De ahí nuestra necesidad e implementar el deporte como tratamiento de rehabilitación de los reclusos en los centros penitenciarios de nuestro país.
Estamos conscientes que algunos de los presos han cometido graves faltas en contra de la sociedad y que deben ser castigados por sus delitos, pero si en realidad queremos un cambio en la conducta de los sentenciados hay que educarlos, y brindarles la ayuda y las oportunidades necesarias para incorporarse de nueva cuenta a la sociedad.
Muchas gracias por su atención. Ésta, legisladoras y legisladores, es la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Presidente, mucha gracias por su paciencia.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Fujiwara. A continuación tiene el uso de la voz la diputada Rosa Elia Romero Guzmán para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura de relaciones internacionales, Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados.
La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta adición que hoy se propone a la Ley General de Cultura Física y Deporte es un avance que sin duda fortalece a la política pública en el orden de la rehabilitación para la reinserción social de los internos en los centros preventivos y de readaptación social en México.
Es, de todos, conocida la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario en nuestro país, las condiciones en las que se encuentran los presos en las cárceles mexicanas son en verdad infrahumanas, la sobrepoblación en cada centro preventivo y de readaptación social rebasa en más de tres veces lo permitido por la norma. Esto ocasiona hacinamiento, delitos y corrupción, que muchas veces impide la colaboración de los consejos técnicos internos interdisciplinarios con sus coordinaciones de área para lograr el cumplimiento de la ley.
Por ello es muy importante que este dictamen, cuyo origen es la iniciativa presentada por los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, se concrete en la aplicación de la garantía constitucional, en el respeto a los derechos humanos de los internos procesados y sentenciados, para la capacitación, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, especialmente cuando se propone la participación de personal experimentado de otras instituciones y organismos, para lograr un modelo integral de coordinación donde el deporte sea y retome la base de las medidas de seguridad a las que tienen derecho para alcanzar su rehabilitación e integración como personas.
Este dictamen no sólo establece la armonización de la legislación, sino que obliga ahora a una serie de actividades adicionales que complementan a las que por ley deberían realizar las autoridades con la población de los diversos centros preventivos y de readaptación social.
Por ello es primordial aprobar esta adición a la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero especialmente a hacer realidad su cumplimiento por parte de las autoridades respectivas, por lo que el Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Romero Guzmán. Proceda el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a fijar postura hasta por cinco minutos.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reinserción o readaptación social no ve la prisión sólo como un espacio para confinar al individuo, sino como una oportunidad para corregir su conducta a fin de que puedan nuevamente volver a la sociedad.
De hecho la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Lamentablemente esto no sucede así, a partir de los años 60 el sistema penitenciario nacional sostiene que la reinserción social debe hacerse a través de un tratamiento técnico progresivo e individualizado. Dicho tratamiento se compone de una mezcla de elementos subjetivos y objetivos, los cuales contemplan desde el personal penitenciario hasta el conjunto de normas, reglamentos, manuales y actividades que van marcando la pauta del régimen de reinserción social.
La buena conducta, el trabajo, la capacitación, educación y deportes son algunos elementos que ayudan a potencializar dicho objetivo. El sistema penitenciario mexicano ha demostrado su total ineficacia e incapacidad para readaptar los cientos de miles de presos recluidos en los centros penitenciarios, lo que ha provocado un aumento considerable en el número de reincidencias y poca satisfacción en readaptación y reinserción de los mismos.
El sistema penitenciario se encuentra en una profunda crisis originada por la saturación de sus penales y reclusorios, lo que incapacita al sistema para lograr la verdadera reinserción social de los inculpados.
Las 420 cárceles que existen en nuestro país están sobrepobladas en un 24 por ciento de su capacidad, es decir conviven 242 mil prisioneros en espacios diseñados para solamente 195 mil. Así, las cárceles se convierten en auténticas universidades del crimen.
Un punto de suma importancia en la readaptación social de los sentenciados radica en que los centros penitenciarios no establecen políticas ni programas que contribuyan a la recuperación y tratamiento de las personas en estado de reclusión.
Algunos países de Europa, como España, utilizan la práctica del deporte como una forma de canalizar la agresividad de los internos y los efectos nocivos durante su internamiento, lo que ha tenido como resultado una disminución en el consumo de drogas y mejoras en los estándares de conducta.
El deporte en las prisiones en su dimensión estructural como fenómeno social total, cumple disposiciones y expectativas esperadas en todo el ámbito deportivo. Por lo tanto es interpretado como un opuesto a la ociosidad, es salud en un sentido global.
Asimismo, es significativo resaltar nuestro agradecimiento a los integrantes de la Comisión del Deporte, particularmente a su presidente el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, por su sensibilidad en la propuesta de reforma, que conjuntamente con mi compañero Gerardo Villanueva Albarrán presentamos, y que va encaminada a incluir el deporte como un método para lograr la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los reclusos en México.
El fracaso de las prisiones de México para ofrecer una función de rehabilitación o de prevención se refleja en el hecho de que a nivel nacional 15.5 por ciento de los prisioneros reinciden, aunque en el Distrito Federal es el área más afectada, la tasa de reincidencia es poco más del doble. De esta manera, la práctica del deporte ayuda a canalizar ansiedades, agresividades y, en definitiva, una serie de energías generadas por la misma situación de la reclusión. Lo que sin duda ayuda a eliminar el ocio y actúa como medio para la rehabilitación y reinserción del sentenciado a la sociedad.
Por otra parte –y de la mayor importancia– debo destacar que con esta reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte se armoniza en su calidad de cabeza de sector con nuestra Carta Magna, concretamente con lo establecido en el artículo 18, como bien lo ha establecido el señor presidente de la Comisión del Deporte.
Por todo ello, compañeras y compañeros, en convicción Movimiento Ciudadano, sus integrantes, votaremos por supuesto en sentido positivo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Coronato. Tiene el uso de la voz la diputada Gabriela Medrano Galindo, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro sistema penal mexicano fue creado para funcionar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Las penas se justifican sólo si cumplen la función de rehabilitación para las cuales fueron impuestas. Sin embargo, resulta difícil observar que ello se lleve a la práctica en nuestro país, pues continuamente observamos que pocos o ninguno son los presos que logran reinsertarse en la sociedad después de haber permanecido en prisión.
Los motivos son muchos, la sobrepoblación en las prisiones derivado del alto índice delictivo que sufre nuestro país; la falta de infraestructura para afrontar dichas situaciones; el desinterés de las autoridades, e incluso la incomprensión de la auténtica función de dichos centros de reclusión como mecanismos de rehabilitación.
Las prisiones mexicanas son bien definidas por la sociedad como las escuelas del crimen, pues más allá de que se logre la rehabilitación de los presos, lo único que se fomenta son las prácticas negativas derivadas de la competencia por obtener el poder o simplemente por sobrevivir ante los constantes abusos de autoridades y de los demás internos.
La vida en prisión no es más que un reto constante, ponderan las prácticas de asociación delictuosa por encima de las ganas de rehabilitarse para salir e integrarse de manera proactiva a la sociedad.
Dicha reinserción resulta sumamente complicada, pues la mayoría de los internos no llevan a la práctica ninguna de las opciones para la rehabilitación que marca nuestra Constitución Política. Los oficios enseñados resultan obsoletos, la integración de los presos a prácticas escolares son poco atractivas, pues son consideradas insuficientes para cubrir sus necesidades en el interior.
Es entonces que el deporte recobra alta importancia, pues aún cuando no ha sido suficiente determinante para lograr una verdadera rehabilitación, es la práctica de éste el medio ideal para que los presos ocupen su tiempo en actividades positivas y lejos del ocio que los lleva a cometer actos delictivos, incluso, al interior de la presión.
Coincidimos que la práctica del deporte es una escuela de civismo, que fomenta la solidaridad, la buena fe, el compromiso y la competencia, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad, bajo patrones de ética y de respeto.
Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte, pues consideramos oportuno se establezcan las bases para la planeación, evaluación, fomento y promoción de la actividad física y el deporte, en los programas dirigidos a la rehabilitación y reinserción de los presos, como un medio exitoso para lograr el objetivo de nuestro sistema penal mexicano. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Medrano Galindo. Tiene el uso de la voz el diputado José Valentín Maldonado Salgado, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado José Valentín Maldonado Salgado: Con su venia, diputado presidente. Estimadas diputadas y diputados, el día de hoy subo aquí a tribuna, porque la reforma propuesta en el presente dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte le hace honor a la frase clásica y ya milenaria de las grandes culturas grecolatinas de la antigüedad, frase que afirma “mente sana en cuerpo sano”.
Por ello, la bancada de mi partido, el PRD, votará a favor del presente dictamen por compartir el propósito de los promoventes de esta iniciativa, en el sentido de que el fomento al desarrollo de la activación física, a la cultura física y al deporte, es un medio y una herramienta idónea para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.
La visión social del Estado, que es inherente a las posiciones de izquierda, coloca a nuestro partido en sinergia con la presente propuesta, y por ello, nosotros pensamos que el deporte, que la promoción de la actividad física y el deporte recreativo y de alto rendimiento, no sólo debe de estar en programas dirigidos de manera específica en algunas comunidades.
Por ello, como en este caso, se propone, hablando de las y los reclusos, nosotros sostenemos que todo el pueblo, toda la sociedad debe estar inmersa en la cultura del deporte.
Que no solamente es una situación de cultura de bienestar físico, sino que también es una cultura de bienestar mental y psicológico, de ahí esta relevancia para desarrollarla en el sistema penitenciario, pero también hay que desarrollarla en todos los ámbitos.
Hay que desarrollarla para todas las comunidades como prioridad del Estado mexicano y que todos los gobiernos de todos los niveles y de todas las expresiones partidarias también trabajen en ello.
Todos los países que son grandes potencias, también son grandes potencias deportivas y tienen una extendida práctica del deporte en sus sociedades. Por ello, el deporte es el antídoto de la ansiedad y de la agresividad, pero no solamente de los reclusos, como dicen los autores de esta iniciativa, sino también de la población en general, y yo creo que todas y todos nos hemos dado cuenta de ello, y es verdad lo que se argumenta en el dictamen, en el sentido de que en nuestro país existe la carencia de políticas, existe la carencia de programas determinados, implantados y evaluados como un medio para coadyuvar en la rehabilitación y también en el tratamiento y reinserción social de los sentenciados, lo que en los hechos está resultando en un incumplimiento por parte del Estado mexicano de su responsabilidad constitucional.
Compañeras y compañeros diputados, el PRD celebra la aprobación de este dictamen, pero también exhortamos a esta Cámara para que juntos elevemos el deporte como una actividad espiritual, mental y física, a que sea una prioridad del Estado mexicano y que se refleje de esta manera en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación que habremos de discutir en este pleno.
Por ello y ya que este tipo de programas busquemos que den alcance a todas las comunidades y poblaciones de nuestro país, sin distingo, pero que también sea incluida, desde luego, como lo propone este dictamen que hoy discutimos, a la población penitenciaria de México. Muchísimas gracias, es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Maldonado. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos para fijar postura, el diputado Fernando Larrazabal Bretón.
El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón: Con su permiso, diputado presidente. El último párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho que toda persona tiene a la cultura física y a la práctica del deporte. Asimismo, establece que le corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
El deporte y la activación física impactan positivamente en el estado de salud de la población y ello puede mejorar la producción de la riqueza en el país, así como disminuir el gasto en salud, de los gastos que se destinan para atacar algunas enfermedades crónicas degenerativas que se encuentran íntimamente relacionadas con la obesidad y el sobrepeso.
El dictamen que hoy nos ocupa en discusión en este pleno pretende, en primer lugar, garantizar a todas las personas, sin distinción de género, de edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y del deporte se implementan.
En segundo lugar, pretende fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio para lograr la rehabilitación y reinserción social de los recursos del sistema penitenciario.
Por ello, el dictamen propone adicionar una nueva fracción al artículo 2º y adicionar una nueva fracción al artículo 13, ambos de la Ley General de la Cultura Física y el deporte.
Tal y como se plantea en este dictamen se presenta de la premisa y se parte de la premisa de que el sistema penitenciario de este país está en crisis y requiere ser reorganizado, y que el modelo de reinserción social ha mostrado poca capacidad para lograr la reintegración de las personas recluidas en los centros penitenciarios de este país; asimismo que la ociosidad en la prisión es una fuente de problemas ligados y relacionados con el consumo de drogas y la violencia.
Coincidimos en que es necesario armonizar el contenido de nuestra Carta Magna con la legislación secundaria en materia de cultura física y de deporte a fin de lograr que toda persona pueda gozar del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Es sabido que el sistema penitenciario debe organizarse sobre bases que estén en el respeto a los derechos humanos, sobre bases del trabajo, la capacitación del mismo, así como lograr en temas de deporte y de salud como medios para que estos reclusos logren la reinserción a la sociedad y procurar con ello que no vuelvan a delinquir.
Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen por considerar indispensable que los miembros de esta Cámara de Diputados contribuyamos al perfeccionamiento de los instrumentos legislativos que de manera directa o supletoria permitan que la reinserción social de las personas recluidas sea una realidad en nuestro país. Estamos convencidos que el deporte constituye un elemento esencial para lograr este fin. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos.
El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. En muchas ocasiones las personas tuercen su senda e incurren en conductas antisociales que los lleva a sufrir un demérito en bienes jurídicos tan precisos como es el honor y la libertad, nos referimos a sujetos que no por el hecho de haber delinquido y ser encarcelados han perdido su dignidad, ni la oportunidad de rectificar. Una vez que han asimilado la gravedad de sus acciones, hombres y mujeres que a pesar de encontrarse segregados del resto de la sociedad entienden que su retorno está al paso por el trabajo duro, la perseverancia y el deseo de rehabilitarse.
Es justo esta clase de personas a quienes el Estado les debe otorgar las herramientas necesarias para su reinserción. Misericordia es justamente el sentimiento que motivó al constituyente al señalar en el artículo 18 de nuestra ley fundamental, que el sistema penitenciario nacional se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
El deporte, por el solo hecho de encontrarse inserto en el dispositivo antes mencionado adquiere una relevancia tal como el proceso de readaptación social que amerita ser proyectado en la legislación secundaria, lo que en este preciso momento se cumple con la aprobación del dictamen que hoy nos ocupa.
El instrumento legislativo que se encuentra a discusión refleja la preocupación por el fortalecimiento del sistema penitenciario en nuestro país y por ello la protección de los derechos del reo a una mejor calidad de vida, encaminada al objetivo primigenio de todo órgano penitenciario que es la readaptación social. Durante muchos años se han buscado las herramientas necesarias para cumplir con las demandas y necesidades de las penitenciarías, las cuales no han sido más que resguardo de criminales sin intención de rehabilitarse.
El deporte no sólo es conocido como una fórmula para llegar una vida más sana física y mentalmente, sino que también es reconocido como una forma a través de la cual se pueden conocer personas y estrechar sus lazos, coadyuvar en la armonía social y en la conformación de identidades.
Recordemos, según el escritor conservador español Ramiro Musset, el deporte es lucha. Sí, pero lucha noble y franca; que no deje tras de sí, como las guerras, un reguero de lágrimas y de sangre.
De esta manera la inclusión del deporte por medio de la reinserción social no sólo resulta adecuada, sino urgente para lograr una vida más sana y cordial dentro y fuera de los centros de readaptación social, sobre todo si tomamos en consideración que las actividades que se desarrollan dentro de éstos complejos no han generado los resultados esperados, ya que la población penitenciaria lejos de readaptarse se ha vuelto más propensa a recaer en la delincuencia, formándose un círculo vicioso que atenta contra la paz pública y bienestar de las y los mexicanos.
Es por ello que este órgano parlamentario debe de buscar incansablemente todas las herramientas y medios a través de los cuales se genere el fortalecimiento del sistema penitenciario, buscando en todo momento a que los sentenciados encuentren el camino que más les acomode para reintegrarse adecuadamente a la sociedad.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen toda vez que comparte su intencionalidad y optimismo frente a los grandes retos que nos impone la lucha contra la delincuencia y la reinserción social, basada en el respeto de la dignidad humana y del trabajo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general para hablar en pro, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es muy importante para nosotros, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ratificar, como lo hizo nuestra compañera, el hecho de que estemos a favor de un dictamen tan importante como el que se discute el día de hoy.
México está cambiando. Se está transformando. Se están buscando nuevas y mejores formas de servir a todos los ciudadanos desde el Poder Ejecutivo, Legislativo.
Hoy es un tema muy importante que vale la pena resaltar el cambio y la transformación, la importancia de este dictamen, el hecho de que podamos promover desde esta Cámara de Diputados y agradeciendo a los dos diputados promoventes de esta iniciativa y hoy dictamen, el hecho de que podamos llevar a cabo en todos los estados del país este tipo de proyectos en los centros en donde miles de personas están buscando una salida y una reinserción adecuada a la sociedad.
El hecho de poder fomentar el deporte y la cultura, es un hecho muy trascendental en el que no solamente se fortalece el aspecto físico, el corporal, sino el mental, el anímico, en el que todas estas personas vuelven a creer en el compañerismo, vuelven a sentir esa lucha de competencia en donde hoy están buscando readaptarse a nuestra sociedad.
Hoy se están haciendo grandes logros en lo que tiene que ver en materia de fomentar la cultura del deporte.
Aquí en esta Cámara esta semana acabamos de ver un claro ejemplo de lo que me refiero, un programa denominado “Ponte al Cien”, son programas que hoy la Conade promueve y que no solamente deberíamos de promover en esta Cámara sino en los parques, en los jardines, en las comunidades, en las casas.
Nosotros como legisladores debemos de llevar esta voz de estos programas a cada rincón de las comunidades de los distritos que representamos para que podamos juntos convertir y conseguir que el tema del deporte y la cultura no solamente es un tema de prevención, es un tema de salud y es un tema que nos ayudará, sobre todo, a que a mediano y largo plazo una de los principales causas de muerte de los mexicanos es el tema de la obesidad y que si no ponemos hoy cartas en el asunto, seguramente será un problema a mediano y largo plazo de quebranto a los sistemas de salud en nuestro país si no actuamos hoy con puntualidad.
Estamos a favor y queremos ratificar y felicitar a los dos diputados promoventes, al diputado Coronato y al diputado Villanueva, y por supuesto al presidente de la Comisión del Deporte, al diputado Muñoz. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Astudillo. Esta presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión el artículo 2º., fracción XI de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones (desde la curul): A favor.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seánez (desde la curul): A favor.
El diputado Eduardo Román Quian Alcocer (desde la curul): A favor.
El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Señor presidente, se emitieron 373 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 373 votos.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra por tres minutos el diputado Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de modificación al artículo 2o, fracción XI.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, Presidente. La verdad es que yo celebro la iniciativa y estoy totalmente a favor, pero me di cuenta de algo que creo que por consecuencia deberíamos ser consistentes con lo que ya mandamos al Senado.
Hace muy poco tiempo, en este mismo período ordinario, mandamos que en ese artículo 2o, en el numeral XI romano que tiene que ver con la no discriminación, agregamos “garantizar a todas personas, sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil e igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.”
Esto ya lo aprobamos y lo mandamos al Senado en una modificación anterior y está como minuta, que además está totalmente consistente con el artículo 1o constitucional y el mandato de poner todas las leyes en esa consonancia y en esa idea.
Mandamos como minuta al Senado este agregado y ahora lo modificamos de una manera muy pequeña; le quitamos un “y” y le pusimos un punto y coma para que siguieran más numerales.
Pero si estamos tocando el mismo inciso, el mismo numeral, lo correcto, lo consistente es mandar al Senado lo que ya habíamos aprobado y que se agregue por supuesto “distinción de origen étnico y preferencias sexuales” tal como lo habíamos mandado nosotros allá. Simplemente es consistencia con lo que ya aprobamos y que ya tienen en el Senado.
Espero que no haya ningún problema porque esto ya lo aprobamos, está como minuta en el Senado y como tocamos, aunque sea solamente por cuestiones de puntos y comas y quitarle una “y” a este inciso, lo correcto, para tener consistencia, es que sostengamos la reforma que ya aprobamos y que llegue igualmente como minuta al Senado.
Es por consistencia, es decir, agregar lo que ya habíamos aprobado de que no haya discriminación por origen étnico ni por preferencias sexuales, que era lo que ya habíamos hecho y que yo incluso felicité a la Comisión de Deporte por haber hecho esto contra la discriminación. Es correcto, pero si estamos tocando el mismo inciso, debiéramos mantener la redacción que ya aprobamos. Es un asunto de consistencia.
Yo sé que hay una convicción de esta legislatura de combatir toda la discriminación y que este texto, como ya lo cambiamos y está en minuta, corresponde a lo que ya se aprobó en el artículo 1o constitucional y al mandato de homologar todas las leyes en ese sentido. Entonces, es simplemente por consistencia, pero por supuesto que celebro la iniciativa, voté a favor en lo general y esta modificación en lo particular lo que hace es simplemente ser consistente con lo que ya aprobamos en un dictamen anterior y está como minuta en la Cámara de Senadores. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Belaunzarán. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Por tanto está a discusión. Se ha registrado para la discusión de la propuesta de modificación el diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar en pro.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Le pido que haga un llamado al orden, por favor, presidente. Ya quieren irse de vacaciones, por lo visto. Lo que queremos señalar es, primero que nada, felicitar a los promoventes, al diputado Francisco Coronato, al diputado Gerardo Villanueva y qué bueno que se aprueba esta iniciativa, que es una de cientos de iniciativas que en Movimiento Ciudadano hemos presentado.
Este tema lo hemos señalado cuando se discutió el tema de los estadios, que nos preocupa una visión integral del tema del deporte. Y qué bueno que aquí se proponen reformas y adecuaciones con esta reserva que nosotros aprobamos, el tema de que no haya ningún tipo de discriminación, aquí se complementa con el tema del origen étnico y la preferencia sexual, y celebramos vengan de donde vengan.
Incluso, de un diputado que se ha destacado por cuestionarnos en diferentes temas, pero aquí vamos a aprobar esta iniciativa porque somos congruentes. Lo positivo hacia adelante; lo que le pega al pueblo, como la reforma fiscal, no vamos a aprobarla nunca así haya un monopolio legislativo y así tengan mucha prisa por irse. Es cuanto y, adelante, estamos a favor de la reforma.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 2o, fracción XI de la Ley General de Cultura Física y Deporte presentada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 2o, fracción XII. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 2o, fracción XI de la Ley General de Cultura Física y Deporte con la modificación aceptada por esta asamblea.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos con la modificación autorizada por la asamblea.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Eduardo Román Quian Alcocer (desde la curul): A favor.
El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.
El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 359 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado el artículo 2o., fracción XI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la modificación aceptada por esta asamblea.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobados. Comuníquese.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por lo que se refiere al último de los asuntos devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Juntas Directivas e integrantes de comisiones ordinarias y especiales que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobadas. Comuníquese.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (16:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 10 de abril de 2014, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas de la mañana.
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