Comunicaciones oficiales
Protesta como diputada de la ciudadana Mónica Clara Molina
Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos 22, 23 y 995 Bis, en términos del dictamen
Presentación de mociones suspensivas
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos 11, 73 y segundo transitorio, en términos del dictamen
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Turno a comisiones de iniciativas recibidas
Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Acuerdos de los órganos de gobierno
De la Junta, en relación a cambios en comisiones
De la Conferencia, con declaratoria de extinción de comisión especial
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 282 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:31 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación al cambio de integrante en el Parlamento Centroamericano, que se encuentra disponible en los monitores de sus curules.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron los siguientes oficios.
De la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX, al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada el 16 de julio de 2014.
Del diputado Luis Olvera Correa, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título séptimo denominado De la diplomacia parlamentaria, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 23 de julio de 2014.
Del diputado Luis Armando Córdova Díaz, por el que solicita que se retiren de los registros de la Comisión de Puntosa Constitucionales 5 iniciativas que reforman y adicionan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el 30 de abril, 18 de junio y 19 de noviembre del año en curso.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de diversas autoridades nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el tercer informe trimestral de Petróleos Mexicanos de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de octubre de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que remite el informe previo de los resultados de gestión 2014 de la Contraloría Interna del instituto, a través del cual se informan las actividades y resultados alcanzados por el órgano fiscalizador en el periodo comprendido del 1 de enero al 25 de septiembre de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió oficio de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Mónica Clara Molina, diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados, el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, el diputado Fernando Charleston Hernández, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos y el diputado José Angelino Caamal Mena.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.
(Puestos los presentes de pie)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciudadana Mónica Clara Molina, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Mónica Clara Molina: Sí, protesto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Muchas felicidades. Bienvenida, señora diputada.
Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores dio cuenta con un oficio suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por el procurador general de la República, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 16 de marzo de 2015, en los estados de Yucatán y Zacatecas.
El Senado de la República realizó la declaratoria correspondiente y la Presidencia dictó el siguiente trámite:
Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta consideración. Senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:
El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 16 de marzo del año de 2015, en los estados de Yucatán y Zacatecas.
Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputada Rosas. ¿Con qué objeto?
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, presidente. Para solicitarle poder hacer a través de este medio una denuncia pública, debido a que en el ambiente nacional hay una situación muy tensa en la actitud y el comportamiento de muchos de nuestros elementos de policía tanto municipales como estatales y no se diga los policías federales.
He visto y he observado que en los últimos meses ha habido ya una situación de clara violación a los derechos humanos, en particular a un sector de la población que son los jóvenes.
El día sábado por la noche se hizo una denuncia, ya que en el municipio de Cadereyta, del estado de Nuevo León, cuatro jóvenes fueron brutalmente golpeados por elementos de la policía municipal y/o fuerzas federales del estado de Nuevo León, en coordinación con la policía municipal de Cadereyta.
Estos jóvenes estuvieron lesionados, tres de ellos hospitalizados, uno de ellos que es el que afortunadamente menos lesiones tiene, y afortunadamente lo digo porque él se identificó como el que fuera en el proceso pasado el ex candidato a presidente municipal por ese municipio de Cadereyta por parte del PRD; y quiero exhortar precisamente porque estos hechos ya no sean hechos aislados, cada vez hay más brotes de violencia de la policía.
Y pido un alto a este tipo de conductas, a los gobernadores, a los presidentes municipales para que envíen las circulares correspondientes, en donde se fomente el resguardo a la protección y la seguridad de los jóvenes y la no violación a sus derechos humanos.
Hacemos un alto y una denuncia pública porque esto se tiene que detener, se tienen que parar estos actos de violencia contra los jóvenes en todo el largo y ancho de nuestra República y todos los grupos parlamentarios tendríamos que estar velando por la protección de nuestros jóvenes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Su pronunciamiento queda debidamente registrado en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juegos en Apuestas y Sorteos.
Siete de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
Con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y que reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 y se deroga el artículo 2o. de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. del decreto que autoriza al Ejecutivo federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Con proyecto de decreto que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.
Con proyecto de decreto que reforma el diverso que autorizó el Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
El dictamen está a discusión en lo general, y para fijar la postura de los distintos grupos parlamentarios, se ha registrado las siguientes y los siguientes diputados: el diputado René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Carlos Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Alfa González Magallanes, del PRD; Esther Quintana Salinas, del PAN; y Darío Zacarías Capuchino, del PRI. En consecuencia tiene la palabra el diputado René Fujiwara.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Hoy México reclama un mejor sistema de impartición de justicia, justicia que esté al alcance de todas y todos los mexicanos sin importar su condición social y económica.
Ante tal reclamo la Cámara de Diputados asume su responsabilidad política al poner a consideración de esta soberanía el presente dictamen que contiene la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que esta nueva ley se puede convertir en una herramienta muy importante para el Estado mexicano, y para combatir a la impunidad, y sobre todo contribuir a la construcción de un mejor y más eficiente sistema de impartición de justicia.
La incorporación de métodos alternativos de solución de controversias no es algo improvisado, es un instrumento que ha probado su eficacia. Evidencia de lo anterior es que en el ámbito internacional estos métodos se han utilizado desde hace ya mucho tiempo y que existen normas al respecto desde hace casi 30 años, no sólo en las Naciones Unidas, sino también en la Unión Europea y en otros países de nuestra América Latina.
La incorporación de la justicia alternativa en los procedimientos penales tampoco es ajena al contexto nacional. Diversas entidades federativas se han manifestado ya a favor de procedimientos como la mediación, la suspensión de proceso o prueba y la aplicación del principio de oportunidad a cargo del Ministerio Público. Esto cuando se refiere a los delitos menores.
Como todos saben, el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos, de solución de controversias y de ejecución de penas para regir en la república en el orden federal y en el fuero común.
Al publicarse el Código Nacional de Procedimientos Penales se dio cumplimiento parcial al precepto referido.
Hoy, compañeras y compañeros, estamos acatando la otra vertiente del mandato constitucional para la construcción de la nueva forma de aplicar la justicia penal. Dicha vertiente pretende incorporar una forma más ágil de resolución de ciertas controversias en materia penal que no sólo redundará en una justicia más expedita, sino que enfoca sus esfuerzos en atender y reparar el daño generado a las víctimas para que así, al desahogar la carga de trabajo que impone la resolución de delitos menores, se pueden concentrar los recursos tanto humanos como materiales en los delitos más graves y que más dañan a la población.
El nuevo mecanismo alternativo de solución de controversias que está hoy a discusión, busca uniformar los procedimientos que ya se llevaban a cabo en diversas entidades de la República, incluyendo la creación de órganos especializados en dichos mecanismos.
Es importante referir que la nueva ley únicamente procederá en los casos de delitos que no se persiguen por querella, en delitos culposos o en delitos patrimoniales cometidos sin violencia. No será procedente cuando el imputado hubiese celebrado acuerdos previos por hechos de la misma naturaleza jurídica. Con esta medida se busca desincentivar la reincidencia.
El procedimiento iniciará con la invitación como una introducción para que se conozcan las partes y convengan en el mecanismo alternativo cuando éste sea aplicable. De este modo, se realizarán prácticas y pláticas de mediación y conciliación con intervención de un facilitador que está capacitado y certificado para que las partes puedan llegar a algún tipo de acuerdo.
Los procedimientos serán orales, confidenciales y se basarán en la economía procesal. La nueva ley cuenta con la virtud de que el mecanismo alternativo se sustancie al mismo tiempo que el proceso penal ordinario, por lo que se podrá concluir con un acuerdo reparatorio inclusive antes de que se formulen las conclusiones del ministerio público.
De igual forma, se prevé que de no alcanzarse un acuerdo reparatorio total o parcialmente, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que proceden.
El decreto crea un órgano especializado para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados y se faculta al Ministerio Público o al juez aprobar el cumplimiento del acuerdo reparatorio, para lo cual debe resolver de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento del asunto.
En nueva Alianza, compañeras y compañeros, estamos convencidos de que todas estas acciones contribuyen a una mejor y más eficaz acción de la justicia en materia penal, ya que la impunidad se ha convertido en un verdadero clamor social, cuya resolución es apremiante.
En Nueva Alianza estamos comprometidos en responder con la demanda social de lograr una mejor impartición de justicia para que los delitos graves no encuentren vestigios que den a lugar a la impunidad.
Debemos responderle a México con urgencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, por esa razón el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen y los invitamos a actuar del mismo modo. Por su atención y paciencia, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Fujiwara. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Para poder analizar esta ley de medios alternos de justicia hay que recordar que el sistema penal tiene que ver no con castigar al culpable, sino que dar a cada quien lo que corresponde y quién mejor para decidir esto que las partes involucradas.
Apenas –perdón–, a pesar de que en 2008 se inició una serie de reformas en el tema de justicia y aparentemente la fijación de delitos y el aumento de penas para combatir la corrupción, a dos años del fracaso en el gobierno federal en materia de seguridad, la ciudadanía ya no quiere cuatro años más de reformas de papel y desprecio de la clase política al tema no solamente de la justicia, sino que también se relaciona con la impunidad y la corrupción.
México vive su peor crisis en la procuración de justicia de los últimos años. El caso de Ayotzinapa despertó la solidaridad ciudadana y desató la inconformidad social, impulsando las movilizaciones sociales que han dejado en evidencia una sola cosa: en este país no hay justicia. El que la hace no la paga y quien la paga, evidentemente no la hace.
El gobierno reaccionó a las manifestaciones pacíficas realizando detenciones arbitrarias y tortura, como sucedió con el caso del joven Sandino Bucio, y otros estudiantes que fueron desaparecidos y secuestrados por policías judiciales el pasado viernes.
Independientemente de los señalamientos que haya sobre los mismos, en este país tiene que prevalecer un estado de derecho y no puede, de ninguna manera el Estado, a través de su Procuraduría General de Justicia, secuestrar ciudadanos vestidos de civiles, en carros de civiles, torturarlos, amenazarlos y luego presentarlos ante una Procuraduría General de la República que niega los hechos y también se queda callado para dar una explicación de los mismos.
Se dan ahora a conocer las verdaderas cifras que maquillaba el gobierno federal. Cerca de 24 mil personas no localizadas, corrupción y tráfico de influencia en Los Pinos, que ha quedado en evidencia, no solamente con el tren México-Querétaro sino también con los escándalos de la casa blanca.
La estrategia para restituir el estado de derecho es insuficiente. Lo que tenemos ahora es un México de reformas de papel y la democracia de los discursos. Centran con su estrategia toda la responsabilidad en las instancias federales, cuando la infiltración del crimen organizado, dicho por el propio procurador de la república está en todos lados; no solamente en las instancias municipales.
La incapacidad del gobierno federal para proponer una estrategia integral para dar salida al problema y a la crisis de seguridad y justicia que tenemos ha sido ineficiente. Tenemos sí instituciones democráticas, pero que no han sido capaces de responder a la realidad nacional y que –como dijeron algunos legisladores chilenos– huele más a autoritarismo y huele más a un Estado como el de Pinochet.
La reforma constitucional del pasado 18 de junio de 2008, para dejar operar un sistema de justicia penal inquisitivo mixto y pasar de un sistema de justicia penal acusatorio, su implementación aún no concluye. Apenas el jueves pasado aprobábamos una reforma para darle un vacatio legis más amplio a la Ley de Justicia para Adolescentes.
La minuta de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sin embargo, viene a plasmar los mandatos constitucionales consagrados en el artículo 17 constitucional y 73 de la misma.
La minuta en sintonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en proteger el derecho que tiene la víctima o el ofendido de participar en mecanismos alternativos de solución de controversias cuando los delitos no sean graves. Esto en la idea que en una democracia funcional las partes puedan, sin ninguna coerción y sin ninguna presión resolver sus controversias con las contrapartes.
El deber de defensor de promover a favor del imputado los mecanismos en comento está también incluida en esta reforma, todo ello en un contexto de oralidad, economía procesal y confidencialidad.
No hablaré más de lo que contiene esta iniciativa, porque sé que otros lo harán. El problema, como se ha dicho y se ha dicho por los mexicanos desde el anuncio del presidente Peña Nieto, no es que tengamos reformas en papel, el problema es cómo se van a implementar y cómo realmente se va a aplicar justicia en este país.
Cómo vamos a garantizar que estas reformas se apliquen de la manera adecuada y no les suceda lo que ha sucedido en muchos estados en que se reformó el sistema de justicia, como mi estado Chihuahua y solamente han quedado las buenas voluntades y el sistema acusatorio en papel, porque en la práctica la falta de justicia es evidente y también la incapacidad de los nuevos jueces y a veces del Ejecutivo, de aplicar un adecuado sistema de justicia garantista y que nos lleve a un nuevo Estado de derecho propio de las democracias más avanzadas de este mundo.
No encontramos ante esta minuta de ley, que carece de elementos suficientes, deficiencias de fondo, sí de forma, que señalaremos en reservas, y es por esto que el grupo parlamentario, con la idea de que posteriormente haya una adecuada implementación de este sistema, votaremos a favor de esta minuta, siempre y cuando el Ejecutivo la aplique adecuadamente habrá justicia en este país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Aguilar Gil. Saludamos la presencia de estudiantes de la licenciatura en derecho y relaciones internacionales de la Universidad Insurgentes, que han sido invitados por la diputada Adriana González Carrillo, de Acción Nacional. Bienvenidos, muchas gracias por su visita. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. La legítima indignación y la movilización civil que han generado la violencia e impunidad en México, son consecuencia directa de la ineficacia del aparato de justica y el descrédito de las fuerzas de seguridad.
Es evidente que ese mismo aparato, hundido en el descrédito, en la corrupción, en el tráfico de influencias, no puede ofrecer una salida al conflicto político que vive la nación, pero nosotros no los vamos a engañar.
Nuevamente lo volveré a decir. Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal no solucionará los problemas en nuestro país, no solucionará los problemas de impunidad y de la justicia, que es nula en el mismo.
Es oportuno mencionar para aquellos que dicen que nunca presentamos propuestas, que la ley en discusión es una copia de la Ley Nacional de Justicia Alternativa propuesta por el diputado Ricardo Monreal durante el pasado periodo de sesiones. Turnada a la Comisión de Justicia y que por cierto, no está considerada al dictaminar la minuta del Senado.
No obstante, tal parece que las personas que crearon esta supuesta nueva iniciativa de ley en discusión tenían prisa, ya que les bastó con hacer un resumen de la presentada por Movimiento Ciudadano, dejando muchos huecos y omitiendo partes fundamentales.
El orden es confuso y requiere ser más explicativo, ya que si se pretende apoyar a la ciudadanía no puede existir margen para errores y malas interpretaciones.
Un ejemplo de ello es el Capítulo Primero, del Título Cuarto denominado del órgano, en el cual se plasmó un breve resumen donde se encontrarán las áreas encargadas de realizar esos movimientos alternativos, explicando que estos contarán con capacitación especializada, disciplinas necesarias y contar con una base de datos, mientras que en la presentada por mi coordinador se especifica de manera detallada, en 13 artículos, cómo y quiénes conformarían estos centros encargados de llevar a cabo este método de solución de controversias, los requisitos para esos integrantes y sus atribuciones.
¿Cuáles son las facultades de estos centros, como los de los poderes judiciales y las procuradurías en el ámbito? ¿Cuáles son los fines y objetivos de dichos organismos? Así como los derechos de los ciudadanos dentro de los mismos y lo mencionado en la ley en discusión.
En la ley presentada por el diputado Ricardo Monreal se encuentra de manera explícita cómo, cuándo y de qué manera se podría llevar a cabo este método. Aclarando que solo sería aplicable cuando éste derive de conductas que pudieran constituir delitos de acción pública a instancia de parte o querella. Cuestión que la ley en discusión no contiene y solo se limita a remitir a la ley que contenga la legislación aplicable.
El objetivo de esta ley no es malo y es necesario un ordenamiento que realice y regule este método. Sin embargo, el presente dictamen carece de los elementos suficientes para cumplir con el mismo, por eso votaremos en contra.
De aprobar una ley de justicia alternativa, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que la presentada por nuestro coordinador, el periodo pasado de sesiones y que continúa pendiente es la correcta, ya que es clara, explícita y concreta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro, Huidobro González. Deseo saludar a alumnos, alumnas de la Preparatoria Frida Kahlo; y también de la preparatoria Lázaro Cárdenas, de Cuautlancingo, Puebla, que han sido invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidos, gracias por su visita. Tiene la palabra el diputado Carlos Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para fijar la postura del mismo. Bienvenido, y adelante, diputado.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El estado de derecho está relacionado a tres factores: el primero atiene al respeto irrestricto de las leyes; el segundo criterio es la obediencia y reconocimiento de los derechos establecidos y consagrados en los registros públicos; y un tercero que atiende a la estricta observancia de las resoluciones dictadas por los tribunales y en general de todo los órganos implicados en la impartición y procuración de justicia
Porque sí, es al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, como mencionaron hace un momento, al quien le compete en términos constitucionales la aplicación de las leyes a través de las resoluciones y sentencias judiciales. Sobre este último rubro sabemos que es una exigencia de la población la respuesta pronta a las peticiones de justicia.
Así, en nuestra Constitución, hoy en día el artículo 17 reconoce como derecho humano la prerrogativa que tiene toda persona de que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
La agilidad en la justicia es una exigencia que deviene desde épocas antiguas, de hecho Séneca, aquél senador romano, decía ya en la época del imperio que nada se parece tanto a la injusticia, como la injusticia tardía. En este sentido, y de modo muy lamentable, podemos expresar que la justicia en México puede tener asignados todos los calificativos pensados, menos el de ser expedita.
Por ello los legisladores mexicanos han intentado idear fórmulas que pudieran establecer métodos que hagan de la impartición de justicia una labor ágil. Empero, todo ha sido hasta este momento un esfuerzo vano.
Hoy en día se está sometiendo a nuestra aprobación una serie de modificaciones. La más importante es la norma que proviene como minuta del Senado de la República que pretende erigirse dentro de nuestro orden jurídico como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. A su vez, y por el principio de coherencia de los cambios, también permean sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los medios alternativos de solución de controversias pueden ser una serie de medios en contra del congestionamiento de miles de causas en tribunales o ante el Ministerio Público. Luchar contra la inevitable dilación en solución por carencias presupuestarias, abatir la ineficiencia y ganar la confianza en el sistema procedimental.
Para ello la ley que se propone está regulando las figuras de mediación, de conciliación y la junta restaurativa. La mediación es el mecanismo a través del cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia.
La conciliación serán los mecanismos voluntarios mediante los cuales los intervinientes, en ejercicio también de su autonomía, tendrán opciones de solución a la controversia en que se encuentren involucrados.
Por último, la junta restaurativa será el medio en donde la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada en el libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyan y propongan opciones de solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la integración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y con ello buscar la recomposición del tejido social.
Todo lo anterior, atendiendo a la libre autodeterminación de las personas y bajo el reconocimiento de que los derechos fundamentales no están sujetos a negociación de ningún tipo. Así pues, todos los involucrados en los métodos alternos de solución de controversias, deben atender a la voluntariedad la información, la confidencialidad, la flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad.
Los medios alternativos procederán por mandato del Código Federal de Procedimientos Penales, y la aprobación de los convenios provendrá de los ministerios públicos y los jueces; resaltando que el cumplimiento de los acuerdos no se deja sin atender, por el contrario, se faculta al órgano especializado en medios alternativos de solución de controversias, para monitorear e impulsar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios alcanzados por los intervinientes en el mecanismo alternativo.
De esta manera se establece una especie de control expost para que efectivamente se cumpla la solución de los conflictos. Por todo ello estamos convencidos de que se debe de aprobar esta normatividad con urgencia para el bien de todos los mexicanos. Así la justicia, además de ser más ágil, será en menor medida una demanda de la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Castellanos. La diputada Alfa Eliana González Magallanes del grupo parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra para fijar la postura correspondiente a su grupo.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidente. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a posicionar a favor de este dictamen.
La Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias, es una parte fundamental del sistema de justicia penal. Este dictamen tiene como eje central la voluntad de solucionar los conflictos con diálogo. Esa voluntad que debiera verse reflejada en esta Cámara en el día a día para sacar a este país del gran rezado en el que se encuentra.
Para dar una herramienta que permita en los hechos poder aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese esquema que ahora es incipiente, para lograr en menos de dos años contar con la instrumentación de un sistema penal adversarial que permita juzgar a los presuntos implicados en menor tiempo y no llenar las cárceles con personas acusadas de delitos patrimoniales de poca cuantía por años, en medio de un litigio de papel tortuoso y poco práctico.
La reforma constitucional para lograr la aplicación del nuevo sistema de justicia penal debe ir más allá de anunciar que ya se aplica en los estados y dejar el resto para luego. Es necesario darle celeridad al análisis y a la aprobación de las iniciativas que aún están pendientes para la construcción de ese engranaje y que son nuestra responsabilidad, entre éstas enlisto las siguientes: la ley nacional de ejecución de sanciones penales, la ley de defensoría pública y la ley orgánica de la fiscalía general de la república, entre otros ordenamientos que son indispensables para construir el andamiaje de un sistema de justicia basado en la oralidad.
En este punto quiero subrayar el hecho de que ante los pendientes que tenemos para lograr la concreción de esta reforma constitucional ya nos enfrentamos a un nuevo paquete que también plantea reformas a nuestra Carta Magna en aras de resolver un problema de impartición de justicia y de corrupción a partir de iniciativas enviadas al cierre del período con trato preferente de facto, con las cuales se pretende desaparecer mil 800 cuerpos policiacos sin analizar a dónde se lanza a esos policías municipales, quienes por cierto sólo tienen un 10 por ciento de la reprobación en las pruebas de confianza, a diferencia de los agentes estatales y federales.
Justo sobre los grandes temas de corrupción y violencia que tenemos enfrente requerimos de voluntad para denunciar y proponer, para que lo principal sea el interés superior de la nación y no las elecciones en puerta.
Hoy aprobamos una ley donde dotamos a la sociedad de un ordenamiento normativo con el cual podrán solucionar ciertos problemas con madurez; esa misma madurez es la que debemos exigirnos aquí nosotros mismos. Madurez para ofrecer a la ciudadanía un debate de altura y no convertir esta tribuna en un ring de box. Madurez para comprender que no podemos permitir que exista enriquecimiento ilícito de ningún servidor público o sus familiares, así sea por ignorancia de la ley.
Tienes ustedes, señoras y señores diputados, que ocupan un lugar bajo las siglas del partido en el gobierno, la obligación no sólo de escuchar las demandas de los demás, sino de no proteger a personajes corruptos y de contribuir aportando soluciones.
Y es que si bien es cierto que en el PRD hemos cometido graves errores, que sin duda recordaremos siempre, también lo es que hemos ofrecido disculpas a la sociedad por ello. Pero sobre todo hemos tomado acciones concretas para aminorar los daños causados.
Pero lo que no podemos, en el PRD, es admitir que se nos califique de manera general e irresponsable a todos los que somos perredistas como asesinos por uno, quien por cierto está sujeto a proceso penal; así como tampoco podríamos afirmar que por casos que los mexicanos siempre recordaremos y que nos indignarán siempre, como la matanza de los estudiantes en el 68, la guerra sucia y recientemente Atenco y Tlatlaya, ustedes son unos criminales.
Desde esta tribuna les recordamos que nosotros hemos mostrado voluntad para sacar adelante las reformas necesarias para un mejor desarrollo de la sociedad, de los sistemas de justicia, del sistema económico en favor de la estabilidad y el progreso del país, pero no confundan la buena voluntad con su misión ni pretendan darnos trato desigual cuando disentimos, y se lancen con sus recursos más primarios a denostar.
Desde el Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos por el respeto al debido proceso como una premisa toral en cualquier sistema de justicia, parte de una democracia.
Por ello condenamos que se violenten derechos humanos y se mande a penales de mediana seguridad a personas a las que se les señala con argumentos endebles e ilógicos, como los acaba de calificar un juez federal en el caso de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre. No confundan el autoritarismo con legalidad. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputada Alfa González Magallanes. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene la palabra la diputada Esther Quintana Salinas.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.
La diputada Esther Quintana Salinas: Gracias. Desde el 2008 este Honorable Congreso de la Unión se comprometió con los habitantes de este país a dotar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia de un marco jurídico idóneo que mejorara su actuación frente a la comisión de algún hecho delictivo.
Estas reformas son originadas por la situación que atraviesa nuestro país, por lo que es conveniente destacar que una de las situaciones que legitima un Estado de derecho es que el Estado garantice de una forma efectiva y contundente la prestación pronta y accesible de justicia a cualquier persona.
Es por ello que se decide cambiar de un sistema penal inquisitorio a uno aplicatorio. De sobra es conocido por nosotros que el anterior proceso penal contenía una serie de defectos que entorpecían la procuración y administración de justicia, como por ejemplo el interminable papeleo que limitaba la espontaneidad y la libre valoración de la prueba, así como el nulo contacto con el juez o el inexistente acceso de las víctimas al proceso y a la reparación del daño, los procesos penales lentos y el abuso de la prisión preventiva con la consecuente saturación de los establecimientos penitenciarios.
Al parecer, la preocupación de tener un sistema de justicia penal que cumpla con los requerimientos actuales no sólo se ha dado en nuestro país, sino que ha traspasado fronteras y ha adquirido singular importancia en países hermanos, latinoamericanos, como por ejemplo Chile y Colombia, quienes son pioneros en el tema y cuentan con verdaderos modelos a seguir dentro de su administración.
Es conveniente plantear, estimados colegas, que las reformas que se han aprobado por este Congreso han sido necesarias para implementar de manera eficiente y eficaz el nuevo sistema de justicia penal, pero estos ordenamientos se deben concebir como un paquete de reformas que se complementan entre sí y no como ordenamientos aislados en la materia.
Por lo que, derivado de lo anterior, la aprobación del dictamen de la minuta por la que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal resulta trascendental y necesaria para cumplir con el objetivo antes mencionado.
Es imperante acotar que la Comisión de Justicia ha estado abierta al diálogo respecto de las inquietudes de los diputados que formamos parte de dicha comisión respecto al tema, incluso en lo particular la propia Procuraduría General de la Republica expuso los razonamientos que consumaban las observaciones de esta servidora de ustedes. Estas acciones de disposición al diálogo generaron un consenso entre los diputados de la comisión para sacar adelante esta reforma en lo particular.
Esta ley suma a lo ya aprobado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se funda en la reforma del artículo 17 constitucional, que dicta que las leyes deberán prever los mecanismos alternativos de solución de controversias, aunado por supuesto a la reforma que se llevó a cabo en 2013, en la que faculta al Congreso de la Unión a legislar en esta materia.
Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos tiene varias aristas que descongestionarán la carga de trabajo que tiene el Poder Judicial, ya que se espera que una gran parte de los asuntos se solucionen a través de alguno de los medios alternativos de solución de conflictos.
En la Ley se instauran tres mecanismos alternativos de solución en materia penal: la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa.
También se debe señalar que se contempla que el órgano, ya sea de naturaleza judicial o administrativa, debe contar con un área exclusiva que le dé seguimiento, monitoreo e impulse los acuerdos establecidos por los intervinientes; por lo que genera obligatoriedad para las partes involucradas, ya sea la víctima o el imputado.
Reforzando esta idea, se establece en el mismo ordenamiento que en caso de incumplimiento del imputado, la autoridad competente lo hará del conocimiento del juez, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si no se hubiese celebrado acuerdo alguno.
No me cabe duda que la visión de reparación de daño que se manifiesta en la Ley Nacional tiene como objetivo la reconstrucción del tejido social del país, que se encuentra tan dañado actualmente.
Otra parte toral de este ordenamiento es que se basa en la voluntad de los intervinientes, es decir, no se les obliga a ceñirse a estos mecanismos sino que ellos manifiestan su voluntad de manera fehaciente para participar de ellos.
Algo a favor también que tenemos que destacar es que en algunas entidades federativas de nuestro país ya se han implementado mecanismos alternos para la solución de controversias, inclusive no solo en materia penal sino en otras áreas.
Existen ya centros de mediación en los Poderes Judiciales de Aguascalientes, de Baja California Sur, de Chihuahua, de mi estado, Coahuila, de Colima, del Distrito Federal, de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
Sin embargo, con esta ley deja abierto que la autoridad, para llevar a cabo algún mecanismo son la Procuraduría General de la República, o bien, el órgano judicial, dependiendo de la etapa del proceso en la que se decida invocar la solución de la controversia por un mecanismo alternativo.
Elegir un mecanismo alternativo de solución es sinónimo de que se atenderá a las soluciones particulares de cada caso con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se trata de un proceso definitivamente más humano.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional manifiesta, por mi conducto, que votaremos a favor del dictamen que se encuentra en discusión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Esther Quintana, gracias por su participación. Nuestra compañera vicepresidenta, la diputada Aleida Alavez Ruiz, ha invitado a este salón de plenos a ciudadanos, ciudadanas que forman parte del Comité Ciudadano del Distrito XXVI del Distrito Federal. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por su acompañamiento. Tiene el uso de la palabra el diputado Darío Zacarías Capuchino, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
El diputado Darío Zacarías Capuchino: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Darío Zacarías Capuchino: Compañeras y compañeros legisladores, la aplicación de justicia penal en nuestro país ha tenido una evolución constante, acorde a los diversos contextos y requerimientos históricos, sociológicos e inclusive culturales, durante los cuales ha expresado la necesidad de contar con medidas que permitan llevar a cabo una solución expedita y honorable de los conflictos.
Es por esto que el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias no es algo nuevo en nuestro país, ya que en más de la mitad de las entidades federativas que lo conforman se han desarrollado mecanismos alternativos para la solución de controversias. Ello con la finalidad de impulsar reformas legales y procesales e inclusive se han creado centros de meditación en los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
Sin embargo, resulta importante mencionar que cada entidad cuenta con su propio ordenamiento legal, en los cuales se establecen diversos requisitos, procesos y medios, creándose así una disparidad en la aplicación de esta figura procesal.
Asimismo en el contexto internacional, entre 1985 y 2005 se emitieron ocho ordenamientos internacionales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como del Consejo de la Unión Europea y de países latinoamericanos relacionados con ese tema, de tal forma que la reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI, inciso e), establece la necesidad de homologar los distintos procedimientos penales existentes en el país, así como de las distintas formas de mecanismos alternativos de solución, de controversias y de la ejecución de las penas.
Lo anterior permitirá desarrollar la posibilidad de confeccionar soluciones más adecuadas para las víctimas, así como se pretende una reducción del número de asuntos que llegan a juicios, permitiendo que los procesos que sí lleguen a juicio puedan ser atendidos con mayor eficacia.
Con el presente dictamen se busca la restauración del tejido social, mediante el resarcimiento de los daños causados por la comisión de un delito menor, lo que genera espacios de contención, en donde sea posible llegar al perdón y sanear las relaciones sociales lastimadas.
El dictamen que hoy tenemos permitirá seguir avanzando en el fortalecimiento de la reforma constitucional en materia penal, del 18 de junio de 2008, en el que se marca un nuevo sistema penal acusatorio, contado a nivel nacional con un sistema de justicia penal más efectivo.
Es por esto, que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que la discusión sobre las salidas alternativas y sus beneficios constituyen una opción ágil para resolver mejor los problemas de los usuarios de la justicia, y para descongestionar el sistema penal resulta ser un paso más en beneficio de la sociedad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Zacarías Capuchino.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Con la autorización de ustedes y previo a que otorgue el uso de la palabra para la discusión en lo general, quiero dar la bienvenida, saludar en nombre del diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, del Congreso General, y en mérito además de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, saludar a invitados del Centro de Atención Múltiple Margarita Gómez Palacios. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Lo decimos con cariño y con respeto, de verdad, gracias por acompañarnos y además por ser testigos de trabajos de esta Cámara.
Lo mismo y a invitación de nuestro propio presidente, el diputado Aureoles Conejo, darle la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como de la Universidad Latina de América. Gracias por su visita y saludos de la Mesa Directiva y de los señores diputados y diputadas.
Para hablar en contra en lo general tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, esta Ley que contiene el dictamen a discusión, de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, debió haber sido mejor meditada, porque me parece que en el país los mecanismos de procuración y justicia y de impartición de justicia están en un mal momento.
La justicia en México, lo he sostenido, hoy lo reafirmo, se encuentra en estado de putrefacción. No hay justicia en México.
Desde los ministros de la Corte, estos hombres corruptos, de toga y birrete, hasta muchos de los jueces están al servicio del mejor postor. Están bajo la subordinación de una oligarquía económica que no tiene límites en su ambición desmedida por acumular riquezas y acumular poder.
No hay autonomía en los órganos del Poder Judicial ni menos hay justicia. Por esa razón nosotros creemos que este conjunto de normas debió haber sido más reflexionado, más meditado.
Es más, la prisa con la que lo sacaron, incluso tengo un reclamo para la Comisión de Justicia y para sus miembros, porque normalmente la Comisión de Justicia y las comisiones en general privilegian las iniciativas de otros Poderes, pero marginan, minimizan y enclaustran las iniciativas propias del órgano que conformamos.
No es cierto que estudiaron las iniciativas. No es cierto que compararon los proyectos que presentaron. Aquí lo dijo con tino, siempre con honestidad, la diputada Zuleyma. Nosotros presentamos en febrero una ley completa, una propuesta de ley nacional de justicia alternativa, un cuerpo normativo que contiene 86 artículos y que trabajamos con mucha seriedad. Saben ustedes que ningún miembro de la Comisión de Justicia se atrevió a leerla, en cambio actúan como lacayos cuando provienen del Ejecutivo federal o de otro ente que tenga capacidad de iniciativa.
Yo presenté en febrero, hace 10 meses este proyecto de ley, un proyecto que está basado en la experiencia de otros países del mundo en materia de justicia alternativa y nadie fue capaz de leer la iniciativa que preparamos y que corresponde a un miembro del Poder Legislativo, ¿saben por qué? Simplemente porque provenimos de la oposición y a ustedes no les interesa lo que podamos aportar, hacer o construir, porque ustedes se han generado una actitud de descalificación a priori contra todo nuestro trabajo, y vean cómo está el país por esta actitud ciega, sorda y absurda.
No creen que merecería como autor de la iniciativa, al menos que la Comisión de Justicia me hubiera convocado para discutirla y aportar los elementos que considero pertinentes deberían plasmarse en el ordenamiento jurídico que se discute. No creen que merezco como legislador el ser escuchado por los propios legisladores; es un contrasentido, por eso afirmo que es una asamblea de bajo perfil mediano, de mediocridades con excepciones en algunos de los legisladores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD. Es hasta por tres minutos, estimado diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Si algo ha agraviado a la sociedad, si algo agravia a la sociedad es precisamente la injusticia. Estamos viendo las grandes movilizaciones en Estados Unidos por un fallo judicial absurdo, inaceptable para esa sociedad, en donde queda claro el asesinato con tintes racistas de un ciudadano, de un joven norteamericano y ya vemos el grado de protestas que éstas han generado en Missouri. Pero bueno, se extendieron en todo Estados Unidos.
¿Cómo respondió Barack Obama, entre otras cosas? Respondió haciendo anuncios de una gran campaña de profesionalización de policías, de jueces, etcétera. Es decir, aceptó que la sociedad se sintió agraviada ante esa injusticia que fue ratificada luego por un tribunal y sin violar las leyes, toma el toro por los cuernos y busca una solución.
Me parece que es lo que necesitamos, por supuesto. Tener mecanismos de justicia alternativa era algo básico y es complementario al sistema adversarial y es fundamental porque teníamos un sistema caro, un sistema que no daba las garantías suficientes y no sólo no daba las garantías suficientes, sino que perpetuaba una gran injusticia que hay.
Peña Nieto se tardó dos años en darse cuenta que hay dos México –decía él–. Pues bien, para un México hay impunidad, para el México de los poderosos, de los que tienen recursos. Y para el otro México, que es el de la mayoría, hay arbitrariedad y en eso hay un agravio.
Recordemos el documental de Presunto culpable y cómo le generó escozor a muchos del sistema judicial, pero que demostraba una realidad. Muchos de los que están afuera deberían estar dentro y muchos de los que están dentro debieran estar afuera por este sistema de justicia, en donde lo que falta es precisamente la justicia.
Pero es bueno que haya formas alternativas para resolver controversias y que no lleguen a otros extremos. Es correcto, es de sentido común, se aplica en otros países con buenos resultados y lo tendríamos que hacer nosotros.
Pero tenemos un gran problema en México también. No sólo por un fallo como fue el del asesinato del joven Brown en Estados Unidos. Aquí por el asunto de Ayotzinapa –lo sabemos– salió un gran movimiento social, un gran movimiento que aunque no –incluso muchos de los que no están en la calle lo expresan de muchas maneras, su hartazgo, su ya basta y su petición de que cambien las cosas– y el punto de la justicia es clave, de alguna manera 60 días después, pero el presidente lo entiende y presenta un decálogo, pero me parece que es un decálogo insuficiente.
Yo invito a mis compañeros a que cuando analicemos esas iniciativas no nos quedemos en ellas, no las veamos como la única y nos atrevamos a meterle mano a esas iniciativas, a cambiarlas, a transformarlas, a verlas de raíz, porque me parece que la sociedad mexicana está esperando mucho más de lo que se presentó.
Por ejemplo el problema de la infiltración del crimen organizado no sólo es en los municipios, también es en los estados y también se da a nivel federal. No encontremos un chivo expiatorio para decir “todo el problema es el municipio”, porque nos estaríamos engañando y la sociedad mexicana no está para salidas solamente mediáticas, el problema es profundo.
Y concluyo diciendo hagamos nuestro trabajo. Creámonos de veras que somos la representación popular, el Poder Legislativo y entremos a legislar en serio, no simplemente a avalar lo que nos manden. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán. Saludo a un grupo de invitados especiales de Tecamac, del estado de México, que han sido justamente invitados por la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik. Les damos la bienvenida a este recinto. Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente, Para manifestar nuestra .inconformidad con el proceso legislativo. Ya lo había señalado el diputado Ricardo Monreal, pero nosotros lo queremos subrayar porque tanto él como el de la voz, presentamos desde febrero de este año una iniciativa sobre la Ley Nacional de Justicia Alternativa, un documento muy amplio que contó con la opinión de destacados juristas, sociólogos y académicos que planteaba un modelo de mayor avanzado que esta ley que hoy se presenta.
Y fue escondida en el cajón en la comisión de Justicia y guardó el sueño de los justos y repentinamente llega en septiembre una minuta y se le da el tratamiento privilegiado que no recibió nuestra iniciativa.
Quiero señalar que no todas las comisiones actúan de esa manera; hay productos legislativos que son resultado del consenso, del diálogo; cuando no vienen con la bendición del pacto se legisla de manera plural.
Pero en esta ocasión simple y sencillamente guardaron y archivaron una iniciativa de mucha mayor profundidad y de mayor calado. El problema de la justicia en el país se tiene que resolver de raíz y parte de ello es procesar leyes que cuenten con el consenso social y con todas las voces de la sociedad, tanto del legislativo, como de la academia, como de los justiciables.
Es un mal augurio, frente a la reforma que propuso el Ejecutivo federal, que esta ley se cocine de esa manera. Por ahí quieren sacar como maquiladora legislativa, de manera crítica, todo el paquete que apenas llegará; llegó ya, entiendo, a nuestra colegisladora; estará por llegar otra iniciativa aquí a la Cámara de Diputados y se quieren sacar prácticamente con locomotora estas reformas.
Señalamos que es un mal augurio, un mal mensaje que iniciativas de ley completas de legisladoras, como esta ley nacional de justicia alternativa que oportunamente presentamos el diputado Ricardo Monreal y el de la voz, no haya sido dictaminada, no haya sido razonada, no haya sido debatida y ni siquiera haya sido leída. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Señoras, señores legisladores, como es obvio está a discusión un dictamen que aborda tres ordenamientos: una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia nacional, el código nacional de procedimientos penales y el Código Federal de Procedimientos Penales aún en vigor.
En atención a que tenemos registrada solamente una reserva al código nacional de procedimientos penales, específicamente el artículo 187, procederemos a otorgarle el uso de la palabra a quien lo ha reservado, la diputada Margarita Tapia Fonllem. Nos indica que retira la reserva.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En esa razón, en atención a que no hay más oradores, pido a la Secretaría, abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recibir la votación en lo general, en lo particular y en un solo acto, por favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Nos visitan estudiantes y profesores de la Universidad del Golfo de México Norte, plantel Martínez de la Torre, Veracruz, que han sido invitados e invitadas por la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del PRI. Saludos y gracias por su interés de visitar el recinto y además participar de los trabajos que aquí se realizan. Gracias, sinceramente.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Saludamos la visita de alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, a quienes los ha invitado el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, y nosotros también les damos la bienvenida y los saludamos. Gracias por su visita. Cierre el sistema electrónico la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
La diputada Laura Barrera Fortoul (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 387 votos a favor, 2 abstenciones y 15 votos en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.
Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Delgadillo González. Adelante, diputada. Tiene el uso de la voz, diputada.
La diputada Claudia Delgadillo González: Gracias, diputado presidente. A nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que honro en presidir, ante ustedes vengo a posicionar el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de la edad mínima laboral.
Este dictamen obedece a la importancia de aglutinar esfuerzos y de conjuntar voluntades en torno al trabajo infantil, para evitar la posible explotación y violación sistemática de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en donde se hizo posible que cada uno de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara concurrieran a presentar iniciativas que hicieran realidad la reciente reforma constitucional al artículo 123, a efecto de incrementar la edad mínima laboral de los menores de edad, consistente en pasar de los 14 a los 15 años.
En México la protección de la población infantil contra las formas de trabajo se encuentra expresada en la Constitución y se materializa en la Ley Federal del Trabajo, considerándose que la niñez es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas; por lo que es importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física o emocional.
Por esta razón, a nivel mundial se han establecido diversos mecanismos de defensa y protección de los niños y niñas, para reconocer y promover sus derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; entre ellos, la protección contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que entorpezca su educación y que sea nocivo para su salud o para su desarrollo.
En este sentido, la OIT define a los niños que trabajan como aquéllos que lo hacen por debajo de la edad mínima legal para trabajar o porque, aun habiendo alcanzado esa edad, realizan actividades que suponen una amenaza para su salud, para su seguridad o para su desarrollo moral y se encuentran en condiciones de trabajo forzoso.
Es de suma importancia establecer que esta actividad no se restringe al trabajo económico o al trabajo asalariado, sino que abarca desde el trabajo doméstico no pagado realizado en los hogares, pasando por el trabajo económico no remunerado y remunerado, hasta las peores formas de trabajo infantil.
En la dictaminación de las iniciativas se consideraron datos duros, estadísticas que manifiestan que –por ejemplo– en el año 2012 existían 188 mil niños de 15 a 17 años en situación de trabajo infantil, cifra que representa el 11 por ciento del total de la población de ese grupo de edad.
Para el año 2011 en México la población de 15 a 17 años de edad, que realiza alguna actividad económica, disminuyó en un poco más de seis mil niños y niñas, comparada con el 2009. Cifras que son un indicador claro de la afectación del derecho a la educación de los menores, asociada a su incorporación temprana a alguna actividad productiva laboral.
Asimismo se tomaron en cuenta reformas constitucionales, como la del año 2012, cuando se reformó el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, para establecer el carácter obligatorio de la educación media superior, lo que modifica el concepto de educación obligatoria y hace necesario revisar los rangos de edad y las disposiciones establecidas en la legislación laboral vinculadas con dicho concepto.
Las iniciativas en su conjunto pretenden reformar la Ley Federal del Trabajo para armonizar esta disposición con el texto constitucional del artículo 123, apartado A, fracción III, a fin de elevar la edad mínima de admisión a empleo de 14 a 15 años. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 2, numeral 3, del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se establece que la edad mínima fijada para emplear a un menor de edad no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en su caso no podrá ser menor a los 15 años.
En este sentido, también se pretende normar los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas. Y en cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio 138 de la OIT, se establece la posibilidad de que puedan desarrollar las labores señaladas, siempre que queden plenamente garantizadas en su salud.
La seguridad y la moralidad de los adolescentes, que estos hayan recibido instrucción o formación adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente, en razón de brindarles mayores herramientas de información y formación para el óptimo desempeño de sus labores. Además, sólo podrá permitirse la contratación de adolescentes en este rango de edad.
Compañeras y compañeros diputados, garantizar la asistencia escolar de todos los niños y niñas es un derecho fundamental y además es un factor que contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Por eso, con esta importante reforma se da cumplimiento a las nuevas disposiciones en nuestra ley fundamental en materia de edad mínima laboral, pero también en las normas internacionales en materia de derechos humanos, las cuales buscan evitar que se cometan injusticias y arbitrariedades en perjuicio de nuestras niñas, niños o adolescentes.
Por dichas razones, exhorto a que se vote a favor este dictamen y se pone a su consideración, y en este momento hago del conocimiento a este pleno de esta Cámara, de que la Junta Directiva en la Comisión de Trabajo y Previsión Social entrega una adenda a la Secretaría, donde se pretende perfeccionar el contenido de dicho dictamen. Por su atención, muchas gracias. Le agradezco mucho, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Claudia Delgadillo.
En atención a que la adenda o propuesta de modificación que usted ha citado se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y, en su momento, en el Diario de los Debates, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Entonces, está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea. En esa virtud, le otorgo el uso de la palabra al señor diputado José Angelino Caamal Mena, para la fijación de la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputado.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. El combate al trabajo de menores es un tema que México ha respaldado en diferentes tratados internacionales en materia de protección a la infancia. Y se tiene la convicción de que los niños y niñas no deben prestar trabajos extenuantes antes de concluir su educación obligatoria. Pero a todos nos consta que el trabajo infantil sigue siendo un grave problema en nuestro país.
Desde el Partido Nueva Alianza hemos abogado por la educación como un eje fundamental en el desarrollo del país y como una forma de elevar las condiciones de vida de cada persona.
Por ello, la reforma que se expresa en este dictamen a discusión, quienes integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social coincidimos en dar prioridad al estudio como actividad fundamental para los menores de 15 años.
La explotación laboral de menores es deplorable y debe estar proscrita en todo el mundo. Sin embargo, para que estas condiciones no se den más en nuestra nación, en primer lugar el Estado debe garantizar condiciones laborales a los padres trabajadores que aseguren la manutención de las familias según se consagra en el artículo 123 de nuestra Constitución.
Asimismo, nuestro país debe generar crecimiento económico que se refleje en seguridad y un mejoramiento en cada hogar y no solamente en las cifras macroeconómicas.
Como nación debemos asegurarnos que nuestra fuerza laboral se quede en nuestro país y que ésta tenga oportunidades de crecimiento. Si no atendemos lo anterior, las familias en pobreza continuarán en la necesidad de que todos sus integrantes aporten para la manutención diaria, incluyendo a los menores.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, del Inegi, los hogares con menores ingresos gastan en alimentación el 52.2 por ciento de su ingreso promedio. Por ello, como legisladores debemos revisar el problema de la explotación infantil desde un punto de vista integral y no solamente desde el punto de vista normativo.
De lo contrario, seguiremos viendo a niños y jóvenes trabajando en las calles en lugar de estar estudiando en las escuelas.
En nuestra Constitución ya se prohíbe el trabajo para menores de 15 años en el artículo 123 del Apartado A en su fracción III.
Ahora es necesario armonizar la Ley Federal del Trabajo en este sentido. Con la aprobación de esta reforma se reiteran las obligaciones para toda la sociedad, los padres de familia, empresas y autoridades para preservar el derecho de la niñez. De igual forma, con esta modificación a la ley se atienden las recomendaciones hechas a México por la Organización Internacional del Trabajo.
A pesar de que esta reforma se escribe en la Ley Federal del Trabajo, consideramos que su mayor impacto será en el objetivo de asegurar la educación de niños y jóvenes, porque es la educación la llave para resolver este flagelo, sin duda.
Por lo expuesto, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen; al mismo tiempo, nos pronunciamos de manera categórica contra toda forma de explotación infantil en cualquiera de sus manifestaciones, así como por el cumplimiento del Estado a garantizar la formación integral de niños y jóvenes y a los beneficios propios de su edad. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputado Caamal. Tiene la palabra ahora el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para fijar la posición de su grupo parlamentario.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputado.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Compañeras y compañeros diputados. Ésta es una iniciativa que se presenta por integrantes de diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para armonizar la Ley Federal del Trabajo con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como edad mínima para laborar la de 15 años y no de 14 como se tenía estipulado.
Lo anterior para proteger derechos de los menores, como lo establece la OIT en el Convenio 182 relativo a la erradicación del trabajo en esa edad, por dañar la salud, la moral, el desarrollo físico, psicológico y potencial intelectual.
En un estudio elaborado a nivel internacional sobre Índice de Trabajo Infantil 2014, México tristemente se encuentra en el lugar 56 de 197 países en donde se califica como un país que ha puesto en riesgo extremo a los niños que habitan en territorio nacional, ya que existen 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años que se encuentran trabajando.
El Partido del Trabajo siempre ha defendido la educación y en atención del desarrollo de la infancia; sin embargo las condiciones económicas del país no han permitido un gran avance en este sentido, ya que debido a los bajos salarios de los padres, los menores se han visto obligados a salir al mercado laboral sin tener derechos labores como trabajadores ni un salario digno y mucho menos algún tipo de prestación, por lo que esta reforma significa un paso para intentar erradicar el trabajo infantil.
De nada sirve que en el papel exista un acuerdo para erradicar las peores formas de trabajo infantil como lo es la firma del Convenio 182 de la OIT si se hará caso omiso al artículo 1o. que dice: Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.
¿Cuáles son las medidas que se tomarán? No debemos dejar al aire este tema sólo por cumplir la Recomendación 190 del a OIT. Nuestra tarea es sentar bases para que en verdad podamos erradicar el trabajo infantil en nuestro país.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen, aunque consideramos que se deben de implementar mejoras laborales y sociales para los padres y la población en general, así como un salario que alcance mínimamente para la Canasta Básica y educación para satisfacer las necesidades de una familia, y los menores puedan gozar libremente de sus derechos como lo es la recreación y alimentación, entre otros, estipulados en la ley, también para aminorar los fenómenos de migración y explotación infantil. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para fijar postura.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputado.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros. El trabajo infantil es producto de una compleja combinación de situaciones económicas, sociales históricas e incluso culturales.
Sin embargo, es innegable que nuestro país tiene su origen en la pobreza y la falta de oportunidades, por lo que desafortunadamente las prácticas generales y la idiosincrasia no se transforman únicamente modificando leyes, pues son concepciones que dependen de visiones enraizadas y normalizadas cuya transformación requiere de un esfuerzo constante.
La ocupación infantil tiene serias repercusiones sobre el acceso a la educación de niños y niñas, cuyas familias requieren del ingreso extra que pueden proporcionar. Esta necesidad limita seriamente el derecho a la educación, que es sumamente relevante para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
Esta situación es de alto impacto en nuestro país. De acuerdo a los datos del Módulo de Trabajo Infantil, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se estima que en 2013 habían 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad, de los cuales 2.5 millones se encontraban realizando alguna actividad económica.
Por otra parte resulta pertinente señalar que 673 mil menores trabajan en el sector agropecuario, lo cual es aún más grave, pues quienes laboran ahí están en los hechos al margen de cualquier legislación. La población infantil que habita y trabaja en el agro, se encuentra en condiciones de explotación.
El gran problema en lo que al trabajo infantil atañe, es que de acuerdo a especialistas y a estudios en la materia, tiene un efecto pernicioso sobre el desarrollo educativo y emocional de los infantes, interfiriendo entonces con el goce pleno de los derechos de la niñez.
Es por ello que resulta menester un esfuerzo serio e integral tanto del Estado como de la sociedad para garantizar que el desarrollo de los menores se realice con protección, educación y oportunidades, de lo contrario la falta de acceso a mecanismos de desarrollo representará en su vida adulta desventajas laborales, intelectuales e incluso emocionales y la imposibilidad de romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza.
En México es recurrente la utilización del trabajo infantil en labores de autoconsumo o dentro del núcleo familiar. Esto como resultado de condiciones económicas precarias y la carencia de medios de producción propios. Esto tiene como consecuencia que se estén violando flagrantemente los derechos de la niñez.
Es natural que se homologuen los criterios estipulados en la Ley Federal del Trabajo con aquellos que regulan el ámbito educativo. Es por ello que resulta positivo que se eleve a los 15 años la edad mínima para trabajar, tendiendo a acercarse a aquella en la que al menos en la teoría se cumplirá con la formación educativa, como lo establece la ley.
Además se da cumplimiento a la recomendación de la OIT que establece como regla general los 15 años como edad mínima permitida para trabajar, al tiempo que recomienda que esta edad no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, de tal modo que se garantice la finalización de la educación básica de todos los niños, niñas y adolescentes.
Aun cuando en materia legislativa se den avances, es necesario seguir tomando medidas para garantizar desde ese punto de vista un mejor y más amplio acceso a los derechos de niños y niñas en nuestro país, pues la atención e inversión en la infancia y la adolescencia es clave para la cohesión social, el desarrollo y la prosperidad de la nación, por lo que no escatimamos apoyo para las medidas que tienen a proteger los derechos fundamentales de la infancia.
Dado que en México establecer una promesa en la ley no significa necesariamente que se cumpla, es tentador simplemente prometer, pero esta modificación será letra muerta si no se logra la transición hacia nuevos paradigmas que supongan que la niñez goce de los mismos derechos que los adultos, además de contar con derechos específicos en función de su edad.
Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen pero, compañeras y compañeros, a propósito de que este dictamen seguramente se va a aprobar, en donde contempla defender los derechos fundamentales de la infancia, también es un imperativo para mí manifestar ante este pleno la situación del Estado fallido en que vivimos, un Estado autoritario, un Estado en donde se aplica la ley del garrote, donde se criminaliza la protesta social, se reprime y se encarcela a los dirigentes sociales, se reprime con brutalidad a la sociedad civil que se manifiesta por la aparición de los 43 jóvenes normalistas, por los crímenes de lesa humanidad, por la represión y encarcelamiento de dirigentes sociales, y qué decir de los infantes, de los 49 niños, entre niños y niñas de la Guardería ABC de Sonora y que los responsables están viviendo en la total impunidad. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Saludamos al Grupo Parlamentario Juvenil del Estado de Chiapas que nos acompaña y que viene a ver el desarrollo de la sesión, invitados por la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito. Bienvenidos.
Le damos la palabra a la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para fijar la postura de su grupo parlamentario.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con la venia de la Presidencia. Como es del conocimiento de esta asamblea, el artículo 123 constitucional se refiere al trabajo y a la previsión social, y en su apartado A, fracción III, establece la edad mínima para trabajar, así como la duración de la jornada laboral para los menores de 16 años, la cual no debe rebasar las seis horas diarias.
El texto del artículo en cuestión fue reformado en junio de este mismo año con la finalidad de que la edad mínima en nuestro país para que un menor de edad se encuentre vinculado a una relación laboral sean los 15 años y no 14, como se estipulaba en el pasado.
Lo anterior coincide con la intención de establecer una relación de congruencia específica entre el mandato constitucional de brindar educación básica pública y gratuita a la población del país, así como la obligación del Estado de velar por el derecho de las niñas y los niños a alimentación, salud y desarrollo integral con la disposición que permite el trabajo de los menores de edad.
En este mismo sentido, la propuesta de elevar la edad mínima para que los menores puedan laborar tuvo sustento en el hecho de que nuestro país suscribió y ratificó en su momento la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos de índole civil, cultural, económico y social a la cual los menores deben tener acceso en cuyos artículos 28 y 32 se establecen previsiones tendientes a garantizar la educación primaria y secundaria de los menores de edad, así como a protegerlos de la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad que puede entorpecer su educación asumiéndose con ello el compromiso de fijar una edad o edades mínimas para trabajar.
Por otra parte, cabe recordar que el máximo organismo mundial del Sistema de Naciones Unidas para atender los asuntos del trabajo estableció hace tiempo ya como una aspiración universal que la edad mínima de admisión al empleo debe ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar y, en todo caso, menor a 15 años.
Así pues, mediante la población de las reformas citadas se armonizó el ideal de la educación básica obligatoria con la edad mínima de los menores para trabajar, para hacerla coincidir con el criterio establecido en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.
Permitir que los menores inicien actividades laborales antes de los 15 años promueve la inasistencia regular a la escuela y no contribuye a eliminar la ignorancia y el analfabetismo, entorpece a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y puede afectar seriamente su desarrollo.
Por ello se deben adoptar medidas legislativas para evitarlo. No obstante que el ideal de nuestro país debe ser erradicar el trabajo infantil y garantizar que las niñas, niños y jóvenes concluyan la educación obligatoria sin contratiempos.
No se puede soslayar que en México existen diversos factores de carácter económico, social e incluso cultural, que hacen que un número importante de menores se vean en la necesidad de trabajar para contribuir al ingreso familiar, o bien, para financiar sus estudios con el riesgo que ello puede implicar para su desarrollo físico, psicológico, emocional y social.
Del mismo modo, tampoco puede pasar inadvertido el hecho de que la incorporación de los menores al mundo laboral está generalmente asociada con condiciones de pobreza y vulnerabilidad que facilitan la explotación económica de los mismos por parte de los adultos.
Ante esta circunstancia real, la aspiración de la más reciente reforma constitucional al artículo 123 era consolidar un orden jurídico más adecuado para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Una vez concretada la modificación al texto de nuestra norma suprema, procede la actualización de la legislación secundaria, en este caso, la Ley Federal de Trabajo, a efecto de que cambie la edad mínima para acceder al empleo de 14 a 15 años, de manera tal que las autoridades del trabajo asumen obligaciones de inspección y vigilancia que permitan garantizar que la necesidad de laborar de los menores no obstaculice el ejercicio de sus otros derechos.
Es por todo lo anterior que nuestro partido, el Partido Verde Ecologista de México, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted, diputada Padilla. Le damos la palabra ahora a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos para fijar su postura.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las niñas, los niños y adolescentes es una prioridad que hemos declarado en repetidas ocasiones desde el Poder Legislativo, de ahí que toda nación debe cumplir y hacer cumplir los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
Sin embargo, la dolorosa realidad muestra a millones de menores de 18 años que tienen que trabajar para sobrevivir sacrificando por este motivo sus derechos a vivir en familia, a la salud, al esparcimiento y educación, y muchas de ellas y muchos de ellos son víctimas de las peores formas de trabajo infantil.
Según datos proporcionados por el Inegi en México hay 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años, de ese total 2.5 millones realizan alguna actividad económica, 1.7 millones son hombres y 800 mil mujeres. En razón de edad, 746 mil menores de edad trabajadores tienen entre 5 y 13 años de edad, y 1.8 millones tienen entre 14 y 17 años.
Sin duda el sello del trabajo infantil es la pobreza, la marginación, el abandono, la violencia en sus diversas manifestaciones, la delincuencia organizada, la explotación laboral, la desnutrición, la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades que sufren ciertos grupos de la población en México y en el mundo, en particular las niñas, los niños y adolescentes, a quien se les priva parte de su infancia y a quienes se les priva ser felices.
Por ello reconocemos la importancia que tiene la educación básica y obligatoria para toda persona menor de edad, por lo tanto nos parece acertado el dictamen que se nos presenta por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social el día de hoy para seguir construyendo el andamiaje jurídico necesario para garantizar la asistencia escolar de todas las niñas, niños y adolescentes como un factor que contribuya a prevenir y a erradicar el trabajo infantil, que es nocivo para su desarrollo físico y mental.
Esto lo hicimos con la aprobación de la reciente reforma constitucional al artículo 123 para elevar de 14 a 15 años de edad mínima para trabajar en México, la cual fue publicada el 17 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación.
Ahora, con este dictamen a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, permitiremos fortalecer las políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de la población adolescente, en particular las que permitan garantizar a esta población la protección del trabajo y el acceso en los espacios de educación.
Por tanto, compañeras diputadas y compañeros diputados, reconocemos que son grandes los retos y la agenda pendiente; que las causas que impulsan a las niñas, a los niños y adolescentes al trabajo son complejas y que tenemos que trabajar hacia la construcción de un sistema integral de garantías de derechos que, por cierto, ya aprobamos en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para ir más allá de la asistencia social y que seamos capaces de regir una política nacional de infancia, de articular y coordinar a los diferentes sectores y ámbitos de gobierno responsables de los temas de la niñez y la adolescencia.
También tenemos que trabajar en la concientización de la sociedad, combatir la pobreza, generar más y mejores empleos a sus progenitores para que tengan un empleo digno y bien remunerado, la aplicación efectiva de la ley, y como lo hemos mencionado ya, la garantía de la escolaridad obligatoria de calidad y gratuita; sobre todo en las zonas rurales, en donde nuestras niñas, niños y adolescentes no se vean atrapados por las redes de la delincuencia organizada, convirtiéndose desde pequeños en víctimas participantes del crimen organizado.
Debemos consolidar como prioridad que las niñas, los niños y los adolescentes construyan su futuro en las aulas con cuidados y seguridad, ausentes de riesgos e incertidumbre por su cotidianidad y su vida, como los generados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para los que demandamos su aparición y justicia.
El compromiso es claro, todas y todos debemos construir nuestro tejido social. Estos retos nos llaman a sumar esfuerzos para lograr un mejor país y un México sin trabajo infantil.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, porque estamos plenamente convencidos de que a partir de esta reforma vamos a dar paso a que nuestro país ratifique el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, con objeto de erradicar el trabajo infantil y de brindar una mayor protección a las y los adolescentes que laboran. Y lo más importante, que se va a dar un paso importante para abrir una oportunidad y avanzar en el cumplimiento de los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Es cuanto, presidenta.
La Vicepresidenta María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Le damos la palabra ahora a la diputada Karina Labastida Sotelo, del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para fijar postura de su grupo parlamentario.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen a discusión es de la mayor relevancia para garantizar la protección al trabajo infantil en nuestro país, al establecer la prohibición para que menores de 15 años sean utilizados en el mercado laboral.
Es importante señalar que de acuerdo con datos de Unicef, en México, en el año 2000, 24.7 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país entre 12 y 17 años trabajaban o tenían un tipo de ocupación con remuneración y que para el año 2010 este porcentaje se redujo a 16.5 por ciento.
Este grupo de niños y adolescentes de 12 a 17 años es el que se encuentra en mayor riesgo y vulnerabilidad de trabajar debido a la transición entre la educación primaria y la secundaria.
Dicha información forma parte del estudio presentado por el proyecto global de investigación conjunta de la OIT, Unicef y Banco Mundial, que analiza y compara las tendencias de trabajo infantil alrededor del mundo a través del análisis de datos y estadísticas nacionales.
De acuerdo a este análisis, gran parte de la reducción en el trabajo de niñas, niños y adolescentes se debe al aumento en el nivel de escolaridad de los padres. Es decir, se ha demostrado que padres más educados se ven menos inclinados a enviar a sus hijos e hijas a trabajar. Lo anterior responde a la política activa en el ámbito de la educación, especialmente las llevadas a cabo durante las décadas de los Setenta y Ochenta en cientos de países.
La disminución del empleo adulto en las actividades agrícolas también ha contribuido a esta reducción, particularmente para el caso de los niños. Sin embargo, esto no ha sido igual para las niñas, ya que la transición del empleo de las familias de la agricultura a los servicios y el comercio ha implicado que las niñas sigan trabajando en estos sectores.
Con respecto al impacto de las políticas de protección social en el trabajo infantil, el programa Oportunidades en su momento también jugó un papel importante en la reducción de la vulnerabilidad de los hogares y la creación de incentivos para que los niños y las niñas asistieran a la escuela en lugar de ir a trabajar.
A pesar de la importante reducción que se dio en la década pasada en el trabajo infantil en México, el objetivo nacional de desarrollo de erradicar el trabajo infantil tiene aún importantes retos, permanece la necesidad de instrumentar políticas adicionales que aborden el tema del trabajo infantil de manera más específica, a fin de implementar los esfuerzos exitosos que ya se tienen en la reducción del trabajo infantil en nuestro país.
Por lo anterior mencionado, compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a votar a favor del presente dictamen de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para la protección del trabajo infantil en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Labastida.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados.
En contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En pro, la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, y la diputada Gloria Bautista Cuevas, también el Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra por tres minutos el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Para razonar nuestro voto. En estos años y particularmente en los últimos dos, un sector particularmente golpeado, vejado, perseguido es, sin duda, la juventud mexicana. Una juventud que le ha tocado crecer en un entorno de crisis económica, de dificultades sociales, con falta de oferta educativa y con falta de empleo.
Nos parece que esta reforma no atiende el fondo de la problemática del empleo en el país ni del empleo juvenil ni de las oportunidades para que los jóvenes mexicanos cuenten con una vida digna, donde puedan estudiar, trabajar, crecer, formar una familia y ser parte de un país que crece con armonía y con estabilidad.
Por otro lado, cuestionamos el manejo de la política económica del país, que no ha generado los empleos que se publicitaron, y la reforma laboral, sin duda, fue la primera reforma estructural fallida, que si bien fue formalmente en el sexenio anterior, fue parte o fue el preámbulo ominoso del Pacto por México.
Hoy no solamente el país está crispado socialmente, no solamente hay violaciones graves a los derechos humanos, no solamente la corrupción está hasta el tuétano del poder público, empezando por la Presidencia de la República, sino que la economía del país trae signos de una crisis que no se alcanza a vislumbrar.
Apenas el día de hoy nuevamente se han ajustado las metas de crecimiento económico para el año. El dólar se ha cotizado ya a casi 14.30 pesos. El petróleo está en su peor nivel desde mayo del 2010, ya lindando la cifra de 60 dólares por barril.
Aquí lo proyectamos, lo proyectó la mayoría en la Ley de Ingresos, a 79 dólares, pero hoy como está la economía del país se antoja como un propósito utópico. Lo señalo para decir que los jóvenes mexicanos hoy viven, en materia de empleo, tasas de ocupación que afectan, en materia de desempleo, a casi un millón de jóvenes.
Por otro lado, son jóvenes perseguidos que no tienen la posibilidad de manifestarse. Son el primer blanco de las policías, más allá de los delincuentes, tanto los criminales de la delincuencia organizada como los delincuentes de cuello blanco.
Por esa razón, señalamos que la reforma es insuficiente, aunque formalmente tenga que adecuarse a todo el sistema jurídico laboral, pero sí señalamos que ante la realidad que hoy vive el país, los jóvenes mexicanos requieren verdaderas respuestas. No represión. No falta de empleo. No persecución. Oportunidades para desarrollarse con dignidad y con futuro. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Le damos la palabra ahora a la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Socorro Ceseñas Chapa: Buenas tardes, gracias. Con su permiso, presidenta. La posición del Partido de la Revolución Democrática es a favor de esta iniciativa reglamentaria al artículo 123. Y reconocer que se haya bajado del orden del día hace unas semanas y que haya permitido la oportunidad de que los diferentes grupos parlamentarios y proponentes de la misma, se tuviera a bien cabildear para mejorarla.
Sin embargo, a pesar de que hay un avance, es muy importante, desde nuestro punto de vista, señalar algunas preocupaciones.
En primer término tendríamos que decir que la educación es un derecho y no un servicio. Por tanto, regatear y acomodar la ley en función del mercado laboral, me parece un despropósito. Habrá quienes argumenten que la realidad nos rebasó, pero será tanto como aceptar que la corrupción es un asunto cultural.
Una preocupación, que ojalá que se pueda concluir y después a futuro subsanar, tiene que ver con lo siguiente: prohibir el trabajo de menores de 15 años, establecer que no podrá utilizarse el trabajo de mayores de 15 y menores de 18 que no hayan concluido su educación básica no debiera considerarse un logro; por el contrario, se trata de un agravio de país, lo que teníamos que estar pensando es cómo nadie de menores de esa edad tengan la necesidad de estar desempeñando una labor para poder llevar más ingresos a su familia.
Prohibir el trabajo de menores de 18 dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad, su moralidad o que afecte el ejercicio de sus derechos. Tampoco pudiéramos decir, si se procura el incremento –qué nos dice en la misma iniciativa–, si se procura el incremento de la actividad productiva para detonar empleos bien remunerados, aquí surge una preocupación, por qué el Estado mexicano primero piensa en un aeropuerto y en un tren rápido en lugar de pensar en una o dos, o tres refinerías.
Cuándo los menores de 18 años realicen actividades productivas de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrían o tendrán, bien dicho, la obligación de respetar o proteger los derechos humanos de los menores. De qué manera ufanarnos de esta aseveración si el Estado no es capaz de garantizar lo mandatado en el 4o. constitucional; a saber dice: Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de hijos. Así como también dice: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado lo garantizará. ¿Quién falta a ello, los padres o el Estado?
Una cuarta preocupación tiene que ver, que si bien es cierto incluir como labores peligrosas o insalubres las que impliquen jornadas nocturnas, industriales, o el trabajo después de las 22 horas y el trabajo en minas, los mayores de 18 y menores de 16 podrán realizar estas labores siempre que se encuentren a salvo su salud, su seguridad y su moralidad, siempre y cuando medie autoridad de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de inspección en el trabajo.
Éste tema es una preocupación muy grave porque tendríamos que abocarnos de manera i inmediata cómo garantizar que esas Juntas de Conciliación y Arbitraje a través de sus inspectores realmente actúen con apego a lo que está mandatado en estas reformas reglamentarias del 123.
¿Cómo garantizar que esos inspectores, hombres y mujeres, que tienen una responsabilidad tengan a bien en no caer en la corrupción? Sabemos perfectamente bien de sus bajos salarios y sabemos perfectamente bien que muchas de esas autoridades actúan siempre bajo consigna.
Debemos de garantizar que este pequeño avance para poder garantizar el respeto a los derechos garantizando que esos menores tengan la oportunidad de seguir estudiando y continuar sus estudios, se revise a fondo.
Me preocupa –por último con esto cierro– lo del agregado del 22 Bis. Dice: Salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente, que a su juicio haya compatibilidad entre estudio y trabajo. Ésta es una preocupación de nosotras y nosotros porque a juicio, ¿quién va a determinar, si sabemos perfectamente bien que lo primero que mandata en una Junta de Conciliación y Arbitraje para los dictámenes es a veces el billete o mover los turnos de los juicios correspondientes? Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Ceseñas. Le damos la palabra ahora al diputado Ladrón de Guevara para presentar su postura en contra, hasta por tres minutos. Diputado, nos han enviado aquí a la Mesa Directiva que usted también presenta unas reservas, si quisiera exponerlas al terminar. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La propuesta de reforma que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social es violatoria de derechos fundamentales y no resuelve en forma idónea y razonable una situación social de miles de familias mexicanas que principalmente por sus condiciones de pobreza, acuden al trabajo infantil de sus niños y niñas.
Ustedes saben que en este país desde hace 30 años, por las políticas que han implementado el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, hay un total estancamiento económico, por decirlo sencillo.
En este país no hay ni desarrollo ni crecimiento, tomando en cuenta, como ustedes sabrán que el desarrollo implica la redistribución de los ingresos y obviamente el crecimiento se mide exponencialmente, numéricamente.
En los dos últimos años, tan solo de que ayer la sociedad califica con cuatro, que es Peña Nieto, como ya lo hemos dicho desde hace tres meses aquí, obviamente en dos años tienen un crecimiento de 1.4, pero hay un crecimiento de población de 1.8. Hay un decrecimiento de menos punto 4.
Y obviamente con los resultados de la economía, como se están manejando, es evidente que todo va a estar peor si continúan las cosas como están y si obviamente Peña Nieto que ya no renunció ayer, esperemos que con una propuesta legislativa que el diputado Monreal y algunos presentaremos mañana, y ustedes mismos ya comprendan que es necesario que este señor se vaya de la presidencia de la república.
Y esto tiene que ver, porque luego dicen que no argumenta uno, en esta iniciativa que presenta Manlio Fabio Beltrones, Héctor Humberto González, y Claudia Delgadillo, integrantes del PRI, mencionan que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Módulo de Trabajo Infantil, anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, han manifestado que en nuestro país durante el 2011 existían 3 millones 35 mil 466 niñas y niños trabajando, los cuales pertenecen a hogares con bajos ingresos o son hijos de padres con poca o nula escolaridad.
Apoyamos en la referida encuesta, en ese año, el 39.1 por ciento de estos niños y niñas que trabajan, es decir, 1.2 millones, del cual 62.3 son niños y 27.7 son niñas, no asistían a la escuela, lo que es un indicador claro de la afectación del derecho a la educación de los menores asociado a su incorporación temprana a alguna actividad productiva laboral.
Quiero culminar nada más diciendo que es obvio que no se va a cambiar la realidad con estos decretos y mucho menos como están mal planteados, como lo vamos a hacer notar en las reservas. De lengua de como un plato. Y esto no quiere decir más que en esta Cámara continua una demagogia legislativa al igual que el decálogo que presentó hace días el que todavía es presidente. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Saludamos a invitados procedentes de Jaral del Progreso, Guanajuato; sean ustedes bienvenidos, invitados por el diputado Jesús Oviedo Herrera. Bienvenidos.
Le damos la palabra ahora a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señora presidenta. Hago uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de Trabajo a menores, porque en general promueve el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes mexicanos.
De acuerdo al módulo técnico infantil, en el año 2013 los menores representaron el 25 por ciento de la población a nivel nacional. De ellos, el 7 por ciento no asistió a la escuela por diferentes causas, donde predomina la inseguridad y la falta de recursos económicos que los obligan a trabajar.
Para ser más específica, quiero señalar algunas cifras sobremanera alarmantes en relación a las condiciones laborales a las que están sujetos las niñas, niños y adolescentes mexicanos.
El 46 por ciento de los niños que trabajan no percibe un salario, el 67 por ciento de ellos labora para algún integrante de su familia, el 36 por ciento de los niños ocupados a nivel nacional no va a la escuela, el 32 por ciento trabaja en condiciones de riesgo.
Ahora bien, respecto a las actividades en las que se desempeñan, en primer lugar se encuentra la agricultura, con un 30 por ciento, seguido por el comercio con un 26 por ciento. El tercer lugar lo ocupan los servicios con 24.6 por ciento y el cuarto lugar lo ocupa la actividad de manufactura con el 13 por ciento. De esto se puede notar que los puestos asumidos son de subordinación.
Por ello creo firmemente que este dictamen es acertado cuando clasifica como labores peligrosas o insalubres las que impliquen jornadas nocturnas industriales o el trabajo después de las 22:00 horas y principalmente el trabajo en minas porque se arriesga la vida de los infantes, se acaba con su dignidad y se les relega de su derecho a disfrutar su infancia.
Es necesario tomar en cuenta que el futuro de México está en los niños. Es urgente darles un presente mejor y poner en su vida condiciones de desarrollo profesional para que alcancen una formación integral y no caigan en la trampa de pobreza que mantiene en rezago a nuestro país.
Este dictamen, en su artículo 22 Bis, promueve que aquellos jóvenes entre los 15 y 18 años que no hayan cursado la educación básica puedan incorporarse a trabajar siempre y cuando cuenten con la aprobación de la autoridad laboral y sean compatibles sus estudios con el trabajo, argumentos que comparto ya que la preparación académica es emblema de oportunidades para conseguir un trabajo adecuado y, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 70.6 por ciento de la fuerza laboral infantil se encuentra justo entre los 14 y 17 años, por lo que este artículo será una protección para este sector de la población de acuerdo a la realidad que vivimos.
Bajo el entendido de que el 67 por ciento de los infantes trabajadores lo hace bajo el núcleo familiar, este dictamen convenientemente insta en su artículo 23 a que los mismos integrantes sean obligados a respetar y proteger los derechos humanos de los menores, y además sean facilitadores para concluir su educación básica.
Entonces el dictamen corresponde a las necesidades de los jóvenes que debemos apoyar, pues como ya les dije, son el futuro de México. El lugar de los niños, niñas y adolescentes está en la escuela no en las calles siendo explotados.
Compañeros legisladores, hagamos la diferencia y aprobemos este dictamen para asegurarnos de que la educación básica sea parte de la vida de todos los ciudadanos, tal como lo establece nuestra Carta Magna. Gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted diputada Gloria Bautista.
Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los siguientes artículos: 22, 23 y 995 Bis, por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Saludamos a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro –bienvenidos–, invitados por el diputado Maros Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidos. Ciérrese el sistema electrónico. Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): A favor.
El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 386 votos a favor, 7 abstenciones y 1 voto en contra.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias. Aprobado el dictamen anterior en lo general y en lo particular de los artículos no reservados por 386 votos.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Y ahora sí, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por seis minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar sus tres reservas.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Trataré de ajustarme.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí. Estas siete abstenciones saben a en contra y van a ver que ahorita muchos más van a entender, los que no han leído.
En el segundo párrafo del artículo 22 de la propuesta de modificación, adenda que presentan, proponen que los mayores de 15 y menores de 16 años necesitan autorización de sus padres o tutores y, a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política.
Ante la falta de padres o tutores o la autorización de estos para el trabajo, mayores de 15 y menores de 16 años, quien debe estar facultado para emitir dicha autorización debe contar con perfil y conocimiento que garantice el interés primordial de los adolescentes.
El Congreso de la Unión recientemente aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 5 de dicha ley determina que son niños y niñas los menores de 12 años, y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18.
El 120 del mismo ordenamiento determina que al Sistema Nacional, DIF corresponde proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en los términos de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y de las demás disposiciones aplicables.
Por otra parte, los artículos 121 y 122 de la misma ley determinan que para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes la federación dentro del sistema DIF contará con procuradurías de protección, las que tendrán atribución para procurar protección integral de niños, niñas y adolescentes; que prevé la Constitución tratados generales y la Ley General y demás disposiciones aplicables.
Acorde con esta Ley General y del Sistema de Protección de los derechos de los adolescentes, se propone que la autoridad competente para otorgar la autorización para el trabajo de mayores de 15 y menores de 16 sean las procuradurías de protección de los sistemas nacionales y estatales del DIF en términos de la Ley General mencionada.
El sindicato puede presentar conflicto de intereses, el inspector del trabajo tendría que atender a un perfil más especializado y la generalidad de referir a la autoridad política genere incertidumbre a quien sería el responsable.
Sé que como están en esta sesión y como no les interesa nada de lo que ocurre en la realidad, evidentemente van a votar en contra; porque además así se los mandatan sus principios de doblez cervical que siempre tienen.
Y como es mi obligación tener que proponer y de insistirles con un mínimo de esperanza de que despierten a las consignas y acuerdos de la partidocracia que aquí manda, en la otra reserva insisto en que, de aprobarse así, ya es violatoria de derechos fundamentales.
De quedar en sus términos los artículos 23 y 995 Bis, se abre una puerta más para la práctica de la extorsión por parte de las autoridades del trabajo y de los ministerios públicos hacia las personas que contraten trabajos de menores de 15 años.
No quiero pensar que en la perversión de ustedes lleguen a ese extremo de legislar para procurar esta extorsión que ya una diputada del PRD lo anunciaba, ¿verdad? Pero quién sabe. Luego con los del PRI hay que tener cuidado, luego los que le siguen; no vaya a ser que ése sea el fondo del asunto.
En el 995 Bis proponen que al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23 se le castigue con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general, y obviamente, en el 23 explican cómo va a funcionar esto.
La reforma obviamente no garantiza el derecho de audiencia del patrón para acreditar la ilegalidad de la contratación de un trabajador menores de 15 años de edad, siendo sujeto a una sanción penal en forma directa.
Sé que ustedes son partidarios del mátenlos en caliente, lo están reflejado en cada acción de protesta social que así actúan: primero matan, luego averiguan. Pero aquí se va a abrir la extorsión de los que ya anunciaba la diputada que he mencionado.
Determinar como delito la contratación de menores no resuelve una realidad social del país, mismas que todos conocemos en forma directa, puesto que el trabajo de menores de 15 años no es ajeno a nuestra realidad inmediata.
He dicho que ustedes han dado datos de cómo está esta situación y ahí mismo ustedes afirman que al erradicar el trabajo infantil, se obliga a nuestro país a fortalecer políticas públicas, programas y acciones que amplíen las posibilidades de niños, niñas y adolescentes para que puedan acceder a condiciones de una vida digna y al disfrute pleno de sus derechos.
Es de obviedad que la pobreza en nuestro país, al igual que la inseguridad y la delincuencia no se elimina por decreto, es necesario –como afirman los proponentes de una de las iniciativas– implementar políticas públicas, programas y acciones para asegurar una vida digna de los menores por su condición de trabajo.
Pero, ¿qué creen? Que en la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos no se contemplan programas específicos que tengan por objeto atender la necesidad de menores de 15 años, que por sus condiciones de pobreza o extrema pobreza se encuentran ante la imperiosa necesidad de trabajar y abandonar la idea o posibilidades de estudiar.
Por eso estamos proponiendo estas modificaciones, para establecer una resolución administrativa que determine la ilegalidad del trabajo de un menor de edad cuyo incumplimiento a su observación daría paso a la sanción penal y con ello se atiende en parte el problema social de pobreza y se garantiza el derecho del patrón.
Pero obviamente como aquí lo que les urge es ya irse a atender otros asuntos y obviamente no les interesa reflexionar, no leen absolutamente nada, la indolencia total, aquí nada más a ver qué les dijo Peña Nieto, ya lo vimos ahora con este periodo extraordinario que quieren proponer.
Puras cosas también que son obviamente demagogia, porque nadie les cree, esto no va a cambiar nada, ¿obviamente ustedes aquí qué van a hacer? Pues van a votar en contra de estas propuestas que están reflexionadas, que están razonadas, que tenemos la razón y la seguiremos teniendo, como cuando desde hace tres o cuatro meses les dijimos que Enrique Peña Nieto está calificado con un cuatro de calificación. Y los diputados y diputadas, sobre todo los del PRI y sus adláteres andan peor.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: En consecuencia se desechan las reservas.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen... Pido a la Secretaría instruya que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación de los artículos reservados 22, 23 y 995 Bis, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 22, 23 y 995 Bis, en términos del dictamen.
(Votación)
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.
El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): A favor.
La diputada Laura Barrera Fortoul (desde la curul): A favor.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 366 votos a favor, 0 abstenciones y 19 en contra.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobados los artículos 22, 23 y 995 Bis, en términos del dictamen, por 366 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo de menores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad universal. Tiene la palabra por la comisión, para fundamentar el dictamen, el diputado Marcos Aguilar Vega. Adelante, diputado.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a hablar del dictamen que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad universal.
Una de nuestras principales tareas como legisladores es, sin duda, la de perfeccionar nuestro marco jurídico para hacerlo acorde con la realidad.
Es por ello que la presente propuesta de reforma reviste una gran importancia, pues pretende plasmar en nuestra Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tenemos todas las personas a la movilidad universal.
Existen esfuerzos realizados en algunas legislaturas de las entidades de la República, entre ellos el Distrito Federal y Querétaro, que proponen soluciones integrales y novedosas al problema de la movilidad. Por lo que es necesario que nuestro marco constitucional se reforme para colocarlo a la altura del debate actual en este tema tan importante.
Los derechos humanos se encuentran regidos por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que es indispensable el reconocimiento al derecho a la movilidad universal como un derecho humano, pues es precisamente gracias a una movilidad plenamente ejercida que tenemos la oportunidad para crear relaciones sociales, generar oportunidades y satisfacer nuestras necesidades.
El derecho a la movilidad universal implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes en nuestra sociedad para su adecuado desplazamiento de un lugar a otro, mediante los elementos reconocidos a nivel internacional y que integran el concepto; específicamente me refiero a la implementación de políticas públicas por parte del Estado para la generación ordenada de infraestructura para el correcto ejercicio de este derecho humano, privilegiando por encima de todo al peatón, los vehículos no motorizados, al transporte público en sus modalidades y finalmente al transporte privado, garantizando con ello el progreso y desarrollo con base a los principios establecidos en esta propuesta y que son: la igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
Deseo resaltar que este derecho no es un tema exclusivamente relacionado con el transporte público o privado, pues involucra a muchos otros factores: como el medio ambiente, la seguridad, el espacio público, la infraestructura vial, el acceso para las personas con discapacidad, modificación de los marcos normativos, incentivos para el uso de modalidades no motorizadas de transporte y la movilidad peatonal, entre muchos otros.
Y es precisamente por esto que es necesario establecer el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad universal, pues a partir de su correcta conceptualización es que se pueden desarrollar mecanismos certeros para su tutela y protección y que se definan obligaciones con criterios uniformes para las autoridades de todos los órdenes de gobierno en este país.
Otro aspecto relevante es la correcta dimensión de este derecho, la dimensión individual abarca el derecho de cada persona para decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo y la dimensión colectiva que consiste en el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión de todas las personas de este país sin excepción alguna.
Éste no es un derecho que se ejerce exclusivamente en las grandes ciudades. También debe ser garantizado a todas las personas que habitan en áreas rurales y en zonas metropolitanas.
En nuestro país existen casi 120 millones de mexicanos que deben gozar del derecho a desplazarse a pie con base en los principios de accesibilidad, disponibilidad, igualdad y sustentabilidad. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda caminar hasta 2.5 kilómetros diarios para gozar de buena salud adecuada.
En cuanto a vehículos no motorizados, en el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente –tres veces más el número de automóviles– y únicamente en países desarrollados como Canadá, Alemania y Holanda, así como en China, son tomados en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y en el desarrollo de la infraestructura vial que al del transporte público o privado.
En México, sin embargo, se presume la existencia de por lo menos 20 millones de bicicletas sin que se cuente con un adecuado sistema de ciclopistas urbanas o rurales que incentiven el uso de este vehículo.
En las ciudades los sistemas de transporte público se encuentran en la mayoría de las ocasiones rebasados convirtiéndose en sinónimo de inseguridad, deterioro y pésima calidad; o simplemente siendo insuficientes para la demanda de la población que los utiliza.
Según la pirámide que describe la correcta administración de los elementos de la movilidad, en nuestro país erróneamente hemos otorgado mayor importancia a decisiones para la generación de infraestructura en transporte privado, generando con ello un serio problema de contaminación y caos vial. Es decir sembramos calles y cosechamos coches. Ése no es el camino. Existe un billón de automóviles a nivel mundial. En México circulan aproximadamente 35 millones de vehículos motorizados de acuerdo a datos de INEGI.
Pero el problema no es sólo un asunto de desplazamiento. La inmovilidad puede traer consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras muchas consecuencias.
Debo señalar que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación.
La movilidad no pugna con el ejercicio de estos derechos, pues quienes viven y transitan en zonas rurales y en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público.
No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir su ejercicio armónico, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal.
El derecho a la movilidad universal no es un asunto de vehículos, es un asunto que tiene al peatón, al ser humano, como protagonista. No podemos construir ciudades autopistas pensadas en la función del automóvil; no podemos deshumanizar el espacio urbano y hacer a un lado al ciudadano de a pie.
Debemos democratizar el espacio público; reconocer plenamente este derecho en nuestra Constitución permitirá diseñar soluciones con una mirada integral que genere una auténtica política nacional en el tema de movilidad, involucrando la acción coordinada y efectiva de los gobiernos locales y el gobierno federal.
La gran mayoría de los mexicanos no posee un vehículo motorizado, por lo que el bien común no puede buscarse únicamente mejorando el entramado vial. No podemos dividir a la sociedad entre los que poseen o no poseen un vehículo, pues sería como segregar a ciudadanos de segunda clase a quienes hacen uso del transporte público o se desplazan a pie. El derecho a la movilidad universal implica una corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos.
He hecho varias referencias al modelo de autoridad necesaria para atender el reto de la movilidad. Ahora quiero referirme a los ciudadanos. El desarrollo de la conciencia de nuestra responsabilidad ecológica con el entorno, el respeto a los ordenamientos en materia de vialidad y el compromiso con el uso de medios de transportes alternos, son condiciones indispensables para mejorar la situación de movilidad en nuestro país.
Los ciudadanos debemos de entender que el uso del transporte público sobre el privado representa más que una declaración de estatus social, es hoy una necesidad para la viabilidad de nuestras comunidades.
Finalmente, tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de país queremos, para carros o para ciudadanos. Podemos decidirnos a recuperar la calidad de vida que haga posible rescatar las calles y espacios públicos como algo más que canales de transporte, haciendo de ellos lugares de convivencia que fortalezcan el tejido social.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales he presentado una adenda de la cual se han distribuido copias y se encuentran publicados y a su disposición en los monitores de sus curules. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Marcos Aguilar. En virtud de que la adenda, la propuesta de modificación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, Secretaria. Dígame, diputada Lilia Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde su curul): Primero, señor Presidente, informarle que cuando le hago la petición del uso de la palabra antes de la votación tiene su razón de ser. Es para la clarificación del procedimiento por el cual esta adenda que está presentada en formato de reserva se está votando antes inclusive de que se vote el dictamen. Me parece que es un procedimiento equivocado, primero.
Segundo, anteriormente, cuando se han presentado adendas, se hace la discusión en lo particular y se incluye al dictamen. Me parece que el procedimiento que acaban de hacer es inadecuado y me gustaría aclarar bajo qué parte del reglamento se ha hecho de esta manera porque entonces formaría parte del dictamen que está a discusión y como consecuencia estaríamos discutiendo no solamente el dictamen en lo general, sino estaríamos discutiendo esta adenda.
Me parece que más que estar presentada por la comisión, al menos en el documento pareciera que está presentada por el diputado Marco Aguilar.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dos cosas, diputada Lilia Aguilar. En principio, es para la incorporación al texto del dictamen y la discusión será una vez incorporado. Pero además hay legitimidad de la Junta Directiva de la comisión dictaminadora. Eventualmente, sobre el aspecto cuestionable de procedimiento estaría esta Mesa Directiva atenta a la moción correspondiente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por esa virtud, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz para presentar una moción suspensiva con relación al dictamen. Tiene el uso de la palabra, diputada.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Precisamente no solamente son cuestiones procedimentales, y ésta es una reforma constitucional por la que tenemos que tener más cuidado de cómo hacemos los trámites para reformar nuestra Carta Magna.
También quisiera hacer valer en esta exposición una preocupación por lo que implica el poner en la Constitución un derecho, el derecho de la movilidad humana, que es la reforma que se propone al artículo 11 de la Constitución, porque contiene un riesgo para limitar al propio precepto constitucional que establece la garantía de libre tránsito de toda persona.
El tercer párrafo que se propone dice: toda persona tiene derecho a la movilidad universal. La Ley General que emita el Congreso de la Unión establecerá las bases y los principios generales para hacer efectivo este derecho.
Al respecto surgen dos inquietudes: el significado del término movilidad universal establece que este derecho reconoce que toda persona puede migrar y establecer su residencia en cualquier lugar de su elección. Considero que esto es reiterativo de lo que establece el primer párrafo del artículo 11 constitucional. Abre paso a la expedición de una ley general en materia de movilidad universal que pondría en riesgo la garantía de libre tránsito al reglamentarla.
El artículo 11 constitucional es muy claro y no necesita una reglamentación restrictiva porque se trata de un derecho universal al libre tránsito. Por tanto, no requiere –según lo que nosotros hemos estado estudiando– una reglamentación ya que de hacerlo restringiría esta garantía.
Las garantías individuales y los derechos humanos jamás se han reglamentado para su restricción, sólo se han establecido mecanismos para garantizar el libre ejercicio de un derecho constitucional.
Tal es el caso en el Distrito Federal, donde a través de las leyes de Interculturalidad, Atención a Migrantes y la Ley de Movilidad Humana, que se crearon ahí en esa esas dos herramientas, mecanismos para garantizar la libre movilidad de tránsito y el acceso a los servicios a toda persona que transite por el territorio de la ciudad de México. Esto, la primera.
La segunda ley, la de Movilidad Humana. A proporcionar los medios necesarios para que las personas elijan libremente la forma de trasladarse, que es como se fundamenta ahorita aquí el dictamen en voz del diputado Marcos Aguilar. Situación muy distinta la reforma en comento, cuyo espíritu transita en una restricción a una garantía que no puede ser conculcada.
Por otra parte y para ser legal la expedición de una ley general, en este mismo proyecto, en el artículo 73, fracción XXIX-G, se pretende dar facultades al Congreso de la Unión para expedición.
Gravísimo, esta adición y reforma al artículo 11 y 73 constitucionales porque vulneran lo establecido en el artículo 1o constitucional, en materia de protección a garantías individuales y derechos humanos.
Para reformar el artículo 11 primero se deberán atender los requisitos que permitan restringir los derechos fundamentales en atención a la jurisprudencia de la décima época. Esta jurisprudencia es muy importante, solicitaría a la Presidencia que detenga el reloj e instruya a la Secretaría para que dé lectura a la tesis en comento.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Proceda la Secretaría a dar lectura al criterio jurisprudencial al que alude la oradora, por favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Restricciones a los derechos fundamentales. Elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria.
Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario, con el propósito de restringir los derechos fundamentales, sean válidas deben satisfacer al menos los siguientes requisitos:
a) Ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna.
b) Ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales, y
c) Ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.
Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales; en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlo.
Y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general de una sociedad democrática.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señora secretaria. Para que concluya.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, presidente. Efectivamente y con esto se argumenta esta preocupación de poner en competencia dos derechos constitucionales.
Al establecer esta reforma, en donde se permitiría al Estado controlar en una ley general el derecho a la movilidad, es decir, a las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos.
Con esta medida conculcaría lo previsto en el artículo primero constitucional, que establece que los derechos fundamentales no se podrán restringir ni suspender, salvo en los casos que la Constitución establece.
En el caso del artículo 73, por su parte, de aprobarse, permitiría al Congreso de la Unión tener facultades para expedir una ley que permita el control de las marchas y por ende el libre tránsito.
En la exposición de motivos se hace una aclaración pertinente, pero insisto, no es el momento político para aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado, seamos responsables con los mexicanos y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles.
Reconocemos que la iniciativa de Acción Nacional enaltece el derecho a la movilidad de las personas, derecho al que nos sumamos y apoyamos. Sin embargo, nos preocupa la posibilidad de que esta legislación pretenda cercar la libre manifestación, su pretexto de defender la libre movilidad y de pauta a una cómoda interpretación de la norma para incurrir a la fuerza pública y a la represión oficializada.
La reciente experiencia vivida por 11 detenidos, provocada por la interpretación sesgada a una ley, nos lleva a dudar de la buena voluntad de algunas autoridades y a preguntar ¿Cómo van a interpretar esta ley de movilidad?
Este intento de regular un derecho es el pretexto idóneo para afectar otro derecho inalienable y fundamental, la libertad de manifestación. Solo quiero insistir, concluyendo, diputado presidente, que quede constancia en el Diario de los Debates, que estos no son los momentos oportunos, idóneos para esta reforma.
Hago un llamado a todo el pleno para que se atienda un compromiso con los ciudadanos y se retire este dictamen para presentarlo en otro momento en el que aseguramos contar con nuestro respaldo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señora diputada. Queremos saludar y dar la bienvenida al pleno de la Cámara de Diputados, agradecer su presencia en este salón de sesiones, a una delegación de la Comisión de Seguridad Nacional y de Política Exterior de la Asamblea Constitutiva de la República Islámica de Irán, encabezada por su presidente, el señor Alaeddín Boroujerdi, acompañado por el Excelentísimo señor Jalal Kalantari, embajador de Irán en México, quienes han asistido a la Cámara de Diputados en visita de cortesía a la Presidencia de la Mesa Directiva, y para celebrar una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Irán.
Nuestro órgano legislativo, la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida, hace votos por el fortalecimiento de lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambas naciones, y les desea una visita fructífera durante su estancia en nuestro país. Bienvenidos.
Tiene ahora la palabra para presentar moción suspensiva al dictamen, la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Presentamos esta moción suspensiva, puesto que el dictamen que ahora se someterá a discusión de esta soberanía constituye una violación al Reglamento y al procedimiento parlamentario.
Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano siempre nos hemos pronunciado por no trivializar a la Constitución, ya que como integrantes del Congreso de la Unión y del poder reformador de la Constitución somos los más obligados a respetar el principio de legalidad contenido en nuestra Norma Fundamental.
¿De qué sirve establecer en un ordenamiento jurídico, como el Reglamento de la Cámara de Diputados, normas mínimas de debate y convivencia entre legisladores, si en cada oportunidad las mayorías inventan acuerdos que trasgreden la normatividad interna de este cuerpo colegiado?
Resulta inverosímil que se pretenda decidir, y sin el debido proceso, un tema tan importante a nivel nacional. No es posible que se sigan llevando a cabo reformas al vapor sin análisis eficientes que pudiera llevarnos a la toma de mejores decisiones y sobre todo en beneficio de todos los mexicanos.
Es inconcebible que la Cámara de Diputados le dé tanta celeridad a esta reforma. ¿Cuál es la prisa? Si no tiene un origen turbio, ¿por qué hacer de nuevo estas transgresiones, atropellando de paso las disposiciones más elementales del derecho parlamentario? ¿Por qué publicitar este dictamen ahora, cuando el mismo fue aprobado desde el mes de abril de este año y que ustedes mismos tenían en la congeladora?
Si ustedes quieren legalizar la represión de las protestas, háganlo, pero no cuenten con Movimiento Ciudadano. El dictamen a discusión pretende garantizar constitucionalmente el derecho a la movilidad universal y además faculta a la Cámara a expedir la Ley General de Movilidad, que haga efectivo el pleno ejercicio de dicho derecho.
Es algo indispensable para nuestro país, pero a pesar de tal situación, el gobierno no ha querido enfrentar este problema, dejando un transporte mediocre, ineficiente, contaminante, sin rentabilidad económica ni social, por lo que nos preguntamos, ¿por qué si no han resuelto el tema en tanto tiempo por qué acelerar esta reforma que bien hubiera podido esperar el trámite parlamentario normal?
¿Por qué no presentaron estas adendas cuando publicaron el dictamen? Lo vuelvo a repetir, si ya estaba aprobado en comisiones desde el mes de abril, debieron publicitarlas la semana pasada, ¿por qué no las presentaron en ese mismo momento?
Si a ustedes les afectan las marchas pacíficas de miles de ciudadanos en protesta a su gobierno ineficiente por sus actos de corrupción, por la impunidad, por la injusticia, disculpen la molestia que nosotros, los compas, les ocasionamos, al defender a nuestro país.
Entiéndalo de una vez, los mexicanos no necesitamos más reformas autoritarias y de represión. Necesitamos soluciones reales, soluciones que no vengan de un decálogo de intenciones engañosas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se toman en consideración las mociones suspensivas.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta si se toman en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se desechan las mociones suspensivas. Y el siguiente punto es la discusión del dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Y para hablar y fijar la postura de los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Informo a la asamblea que se está discutiendo, está a discusión el dictamen con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se pretende reformar los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad universal.
Advertimos en esta propuesta legislativa el riesgo que de ser aprobada, y bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de ella derivarían pudieran ser utilizadas para inhibir el derecho de libre manifestación que tenemos los ciudadanos para protestar en contra del gobierno o cualquier tipo de poder o autoridad.
Quienes nos hemos formado en la lucha social a lo largo de muchos años, sabemos que en ocasiones las manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero que de no ejercer nuestros derechos constitucionales, tema de gran relevancia nacional, podrían quedar opacados y en la impunidad los actos reclamados.
El reciente caso del secuestro, desaparición forzada y probable asesinato de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa nos demuestra que a 10 semanas de este acto criminal, si millones de mexicanos a lo largo y ancho del país no nos hubiéramos movilizado exigiendo la presentación con vida de estos jóvenes, tal vez las autoridades permanecerían sin hacer nada.
También es pertinente mencionar, que hemos participado en incontables movilizaciones a favor de otros movimientos sociales en México, en apoyo a otros países, en protesta por acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en contra de estos países.
Entendemos que los problemas de movilidad no pueden ser siempre imputables a grupos sociales que protestan, en muchas ocasiones es imposible transitar de manera fluida por el Periférico, su segundo piso o avenidas importantes de esta ciudad y de ello no pueden ser imputados como responsables grupos que protestan.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa que pretende restringir el derecho a la libre manifestación en el Distrito Federal y sabemos también que en varios estados del país hay intenciones autoritarias para aprobar este tipo de iniciativas.
En un escenario de crisis económica que se avizora para el 2015, evidentemente no se pueden aprobar medidas legislativas que tiendan a conculcar el legítimo derecho de los mexicanos a manifestarse a favor o en contra de determinada causa.
Estamos conscientes de que la gente no sale a la calle a protestar porque no tiene nada que hacer, lo hace porque hay actos u omisiones del gobierno que le causan perjuicio; si los gobiernos respondieran a las expectativas de la gente, manejándose con honestidad y transparencia, las protestas serían menores, pero cuando se manejan en la opacidad, no rinden cuenta clara de sus acciones y utilizan la responsabilidad gubernamental para hacer negocios privados, los ciudadanos tienen todo el derecho de protestar y desde la norma constitucional no deben imponerse restricciones a ese derecho.
Por estas consideraciones votaremos en contra, y no específicamente a la propuesta del diputado Marcos Aguilar, sino del abuso que pudiera llegar a darse con la aprobación de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Cantú. Tiene ahora la palabra para fijar la postura de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Este dictamen –como aquí se ha señalado– fue congelado durante varios meses. Esto se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales desde el mes de abril y es una iniciativa del diputado Marco Antonio Aguilar que, entendemos, lo hizo con la mejor intención. Como una Ley de avanzada en materia de Movilidad Urbana tendiendo algunos precedentes legislativos, pero ha corrido mucha agua debajo del puente desde el mes de abril.
Esta ley, en apariencia progresista, innovadora, en la coyuntura políticosocial que vive hoy el país, puede bien utilizarse como una coartada para la represión. Como una coartada para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la Constitución Política del país. Ya se ha referido en esta tribuna la previsible contradicción entre dos derechos constitucionales. La libertad de tránsito y ahora este concepto de movilidad universal.
Nosotros creemos que este dictamen es políticamente inoportuno. Que la situación del país de intensas movilizaciones sociales, de repudio al gobierno federal, de enojo frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica, no permite que se envuelva bajo el tema de la movilidad lo que puede ser la puerta de entrada para frenar otros derechos fundamentales.
Nada impide hoy que los congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales, en materia de transporte, que se procure la utilización ecológica del transporte público, que se realicen campañas para desincentivar el uso del automóvil y privilegiar el transporte público.
Nada hoy en el marco jurídico mexicano impide que se pueda avanzar en esas medias legislativas o reglamentarias para facilitar el transporte y la movilidad urbana.
Pero reformar hoy los artículos 11 y 73 para introducir este derecho, puede, insistimos, ser la vía para justificar, frenar movilizaciones, frenar actos legítimos de protesta, impedir el libre tránsito o violentar derechos humanos.
No lo dice así desde luego el dictamen, pero no faltará algún tramposo desde el gobierno o desde los tribunales que con esta justificación justifique atrocidades y violaciones a los derechos.
Hoy México vive una crisis económica, decíamos y hoy lo señalo textualmente, analistas del sector privado han ajustado la meta del crecimiento económico del 2.3 al 2.19. Hay un deslizamiento permanente del peso y por otro lado el precio del barril de petróleo está en franco descenso.
Hay, pues, un escenario difícil en materia económica que se suma a un escenario de inconformidad social creciente.
La encuesta de ayer en un periódico, es contundente. El 91 por ciento de los líderes del país reprueban el manejo en el tema de la corrupción al presidente, y el 72 por ciento a población abierta.
Y la calificación desciende hasta 3.1 para el presidente, entre los líderes, que fueron los que al inicio del sexenio calificaban de manera más favorable al titular del Ejecutivo.
En este escenario de inconformidad, introducir una reforma en el tema de movilidad que pueda utilizarse para frenar el descontento social es un tema que no podemos acompañar. No obstante, en su momento, en abril, en otras condiciones del país, en otra situación, podríamos haber acompañado esta reforma.
Insistimos en que se pueda reconsiderar y no se apruebe por el PRI, por el PAN y sus aliados esta reforma que puede ser el pretexto de Peña Nieto para reprimir a los manifestantes. De por sí ya lo están haciendo –lo decíamos hace un rato– que ahora primero detienen, primero mandan a los penales de alta seguridad y luego sueltan a la gente, como una medida para sembrar terror, para atemorizar y para inhibir la participación ciudadana.
Pero miren ustedes la paradoja. En el norte, que pareciera que todo está bien porque no hay la magnitud de las marchas que hay en el sur y en el centro del país, es donde más reprueban al actual gobierno, y para ello vean la encuesta de Reforma y de El Universal del día de ayer.
Concluyo señalando, señor Presidente, que vamos a votar en contra de esta reforma constitucional que hoy, en la coyuntura del país, es políticamente inoportuna y puede ser la vía para justificar la represión con un texto constitucional. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Mejía. Les damos la bienvenida y saludamos a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, invitados e invitadas por la diputada Lucía Pérez Camarena. Bienvenidas, bienvenidos al pleno de la Cámara. Tiene ahora la palabra para fijar la postura de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática la diputada Amalia García Medina.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy estimados compañeros, compañeras, quiero señalar que este gran tema de la movilidad humana fue presentado por el diputado Marcos Aguilar Vega, con un sentido que consideramos realmente muy positivo, y además con la intención de que hubiera una visión actual del siglo XXI sobre ese derecho a la movilidad, considerándolo además, como parte de la nueva visión en las zonas urbanas, en la sociedad del siglo XXI.
Al mismo tiempo, esta propuesta que fue presentada hace muchos meses y que, incluso, fue discutida y votada en principio en el mes de abril, fue en un momento en el que el país –hay que decirlo con claridad– y además es una reflexión absolutamente pertinente, era otro. No es México el mismo de hace un año al México del día de hoy.
Estamos en una situación extremadamente delicada que nos ha obligado, nos obliga a todos y nos tiene que obligar a todos y a todas, a hacer reflexiones puntuales, responsables, cuidadosas sobre cada decisión que tomamos.
Es por ello que coincidiendo en que el concepto de la movilidad humana en aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad del siglo XXI es interesante, pertinente, también en la sociedad del siglo XXI; y en el mundo del siglo XXI, resulta sustancial y debería ser visto como una prioridad el respeto a los derechos humanos y la libertad de las personas; son valores fundamentales esenciales.
No podemos hablar de sociedades modernas. No podemos hablar de avance de la humanidad si no se ponen en el centro derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas vinculados con la libertad.
Es precisamente en este contexto, con esta visión del respeto a los derechos humanos del valor de la libertad, del respeto a la libre expresión de los ciudadanos y ciudadanas que en el PRD hemos hecho una reflexión.
Y a la hora además de revisar la Constitución, y a la luz de lo que está aconteciendo en nuestro país, con esta gran expresión ciudadana de miles y miles y miles saliendo a las calles en distintos puntos de la República estos días, es que hemos tomado la determinación de plantear que no se hagan las reformas al artículo 11 y al artículo 73 que están presentadas, porque consideramos que hay en cambio artículos de la Constitución, no uno ni dos, sino varios, que tienen que estar en el centro, son tal vez los artículos que le dan fuerza y valor a las libertades en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Solamente haré mención de algunos de los asuntos sustanciales de estos artículos constitucionales.
El artículo 35. ¿Qué dice el artículo 35 constitucional? Que son derechos del ciudadano asociarse para tomar parte de los asuntos políticos del país, es un derecho esencialísimo, es un derecho fundamental. Una sociedad democrática debe garantizar –y lo garantiza el artículo 35– el derecho del ciudadano para tomar parte de los asuntos políticos del país.
¿Y qué dice el artículo 9o. de nuestra Constitución? Dice algo sustancial, y tal vez éste es el artículo –subrayaría– que más nos ha llevado a plantear que no se hagan estas reformas, estas adiciones, dice: no se podrá coartar el derecho de reunirse. No se podrá coartar, es decir, las palabras que están escritas, negro sobre blanco, en la Constitución son indudables, no puede haber limitaciones, no se podrá coartar el derecho de reunión con cualquier objeto.
Y dice adicionalmente el artículo 9o. constitucional: no podrá ser disuelta una asamblea o reunión –así dice, no podrá ser disuelta una asamblea o reunión– que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y dice claramente el artículo 9o. que no sólo no se podrá coartar, sino que no podrá ser disuelta ninguna asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta –y utiliza la palabra protesta– ante una autoridad.
¿Qué es lo que vivimos hoy? Vivimos una manifestación masiva de miles y miles de hombres, de mujeres y de familias en nuestro país por un asunto que no se ha garantizado, que está en el artículo 1o. constitucional y que dice que el Estado tendrá la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La gente lo que está pidiendo es que se reparen las violaciones a los derechos humanos y se están expresando con base a ese derecho que está en la Constitución.
También dice el artículo 8o. de la Constitución: los funcionarios públicos respetarán el derecho de petición. Habla del respeto, es decir, no de que esto se pueda limitar. Y la preocupación es que haya un intento de limitación.
Quiero subrayar en este sentido que la preocupación que tenemos es que, en el caso de estas propuestas, se dice en el artículo 11, el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad. El Estado y cómo va a garantizarlo.
La preocupación es que sea intentando coartar, limitar derecho que ya están establecidos en la Constitución y que son derechos fundamentales, no solo, sino que en la propuesta de adición del artículo 11 constitucional se agrega “la ley general que emite el Congreso, establecerá las bases para hacer efectivo este derecho”.
Pero la preocupación que existe, legitima, fundada, y nosotros queremos expresarla con toda claridad y abiertamente, es que la ley general coarte y limite derechos fundamentales, políticos que ya están en la Constitución.
¿Qué preocupación adicional existe? Que en el artículo 73, en la adición que se propone se señala, para expedir leyes, se trata de las facultades que tiene el Congreso para expedir leyes. Dice: “para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios”.
Pero esa parte se refería fundamentalmente a la protección del medio ambiente, y sin embargo ahora se agrega que los tres órdenes de gobierno tendrán concurrencia en materia de movilidad humana. La preocupación es que se coarten derechos fundamentales.
Y en un ambiente como el que hoy vivimos en el país, tenemos que tomar partido, y el partido que hemos decidido tomar en el PRD es el de privilegiar libertades fundamentales, derechos de los ciudadanos y ciudadanas, garantizados en los artículos 35, 9o, 8o, 11 y 1o, de la Constitución. Es por eso que nuestra votación y nuestra dedición es, porque no se hagan estas adiciones que consideramos sumamente peligrosas y riesgosas para derechos esenciales universales, como el de la libertad y los derechos políticos de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Amalia García Medina.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Agotada la lista de posicionamientos de las distintas fracciones parlamentarias. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Miren, entiendo y conozco al diputado Marcos Aguilar y sé que el sentido con el cual planteó su iniciativa para reconocer el derecho de la movilidad lo hace de la mejor manera, para poder acorde nuestra legislación a los tiempos que vivimos. Sin embargo, alguien pudiera interpretar o sobreinterpretar esta reforma.
¿Y cómo podemos de alguna manera vacunarnos contra esa sobreinterpretación? Sobre todo porque hay que tener el pulso de las cosas. Imagínense que estando el país como está, con la gente en las calles, se pudiera entender que esta reforma puede limitar el derecho a la manifestación. Eso es echarle leña a la hoguera, echarle leña al fuego.
La verdad es que quisiera acompañar esta iniciativa, porque me parece que puede ser útil, pero también quisiera que pudiéramos de alguna manera evitar esa sobreinterpretación y que alguien diga: por cumplir la Constitución esta manifestación viola el derecho a la movilidad y entonces vamos a coartar ese derecho. Esa puede ser una interpretación.
¿Cómo la bloqueamos? Miren, la propuesta que les quiero hacer es que lo digamos explícitamente, que establezca que esto es sin menoscabo del derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión.
Si ese es nuestro espíritu, ¿cuál es el problema? Porque si no lo hiciéramos así y pudiera quedar en el ambiente que existe la pretensión de limitar el derecho a la manifestación, lo que vamos a conseguir es exacerbar los ánimos y en lugar de encontrar una solución institucional a la crisis por la que estamos pasando, simplemente estaríamos enardeciendo más los ánimos y generando un punto más de conflicto.
Insisto, veamos cómo está la situación del país. Vean cómo están las cosas y cómo el derecho a la manifestación ahorita es un punto muy sensible, como para poder limitarlo.
Por supuesto, estoy hablando de la manifestación pacífica, no de quienes usan la violencia y se esconden detrás de los pacíficos provocando que las fuerzas del orden actúen y cómo actúan en nuestro país, violando derechos, actuando sin protocolos y también generando mayores conflictos, ¿por qué? Por la falta de capacitación, por la falta de protocolos, por las explicaciones que le queramos dar.
Pero no me estoy refiriendo a los violentos, que insisto, sabotean las marchas de los pacíficos, me estoy refiriendo a estas marchas pacíficas o que son en su inmensa mayoría pacíficas que están ejerciendo sus derechos, que están conmoviendo a todo el país, y yo diría que fuera del país, y que mandar un mensaje de que se les quiere coartar sería, en mi opinión, totalmente contraproducente.
Si ésa no es la intención, yo los invito a que le podamos agregar, yo estoy proponiendo una reserva que agrega: “toda persona tiene derecho a la movilidad universal y a las libertades de expresión y manifestación. La ley general que emita el Congreso de la Unión establecerá las bases para hacer efectivos estos derechos, atendiendo a los principios de libertad, igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
Eso es lo que estoy proponiendo, un agregado al texto para que no pueda ser malinterpretada la reforma constitucional, porque creo que todos compartimos el espíritu con que el diputado Marcos Aguilar Vega ha presentado. Y para evitar cualquier mal entendido, pongámoslo.
Hay quien dice: es que ya está en la Constitución. Bueno, cuál es el problema de hacerlo de manera más explícita, para evitar, insisto, malos entendidos en un momento por demás delicado.
No mandemos señales equívocas, sería una forma –me parece– irresponsable de actuar en este momento, poder mandar una señal equivocada. Si nadie quiere dar ningún pretexto para que se coarte la libertad de manifestación, pues establezcamos y quitemos. Si alguien dice: es que éstos son fantasmas que se están creando. Conjuremos los fantasmas y pongámoslo explícitamente.
Es una propuesta fraterna que hago, pensando en la responsabilidad, ¿por qué? Porque creo que nuestra responsabilidad es buscarle una salida institucional a la crisis, no ahondar la crisis.
No queremos ahondarla crisis y si se quiere ahondar la crisis es mandar un mensaje equivocado y que se empiece a difundir que lo que se quiere es coartar la libertad de manifestación y entonces sí, que arda Troya.
Me parece –insisto– que debemos actuar con mayor responsabilidad. No puede haber un pecado más grande en política, que ser anticlimático, y mandar un mensaje equivocado en este momento sería absolutamente contraproducente.
Actuemos con responsabilidad. Si la idea no es coartar el derecho a la manifestación y todos compartimos el derecho a la movilidad universal, y eso es el consenso que tenemos, pues preservemos ambas cosas y no generemos confusión.
Yo los llamo a que hagamos esto con claridad y aceptemos que en el mismo artículo quede establecida la libertad de expresión y de manifestación, y con eso podamos votar en unanimidad a favor del dictamen. Ojalá haya la posibilidad y la apertura para aceptar esta reserva. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Tiene ahora la palabra, también para hablar en contra del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil, dela fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Lo que vivimos hoy en México nos recuerda gravemente a la dictadura de Pinochet. Esto no lo dije yo, lo dijeron los diputados chilenos que vinieron a salvaguardar y a verificar que se respetaran los derechos del ahora liberado Lawrence Maxwell, en la marcha del 20 de noviembre.
Así que compañeras y compañeros, ésta que pareciera una iniciativa que tiene qué ver con el reconocimiento de derechos es realmente el preámbulo y hay que decirlo con toda claridad, para una ley antimarchas, para una ley que limite la manifestación de las personas y la libre asociación de las mismas.
Aquellos que digan que no, yo simplemente les preguntaría que entonces cuál es la urgencia. Qué derechos estamos violentando si no consideramos como un derecho constitucional el derecho a la movilidad.
Más aun, me atrevería a decirles que hay una mala interpretación a la movilidad en la iniciativa que ustedes presentan, porque la movilidad, al menos considerada en el derecho internacional, y ésta en un análisis precisamente de la ONU, que hace sobre derechos fundamentales, es considerada como el reconocimiento del derecho de toda persona a migrar y establecer su residencia en su lugar de elección.
Eso, eso es lo que es el derecho a la movilidad. No me parece que en México haya ninguna regla, norma o siquiera ley que impida a los ciudadanos mexicanos a cambia su residencia. Más aun, como ya se ha dicho en esta tribuna, los derechos constitucionales con los que ahora contamos la garantizan.
Y la otra pregunta que yo haría a quienes con gran urgencia han presentado esta iniciativa, aparte de a quién estamos dañando y qué derechos estamos dañando. Yo les preguntaría, ¿por qué en este momento? Por qué en este momento, una vez que se determinó claramente que iniciativas como ésta, como en Puebla, llevan a autoritarios y déspotas a la represión, como existe en la Ley bala a la que se le tuvo que dar vuelta atrás.
Yo diría, compañeras y compañeros, sin menospreciar la buena voluntad y la capacidad de quienes defienden esta iniciativa aquí, que estamos abriendo la caja de pandora y como se dice por ahí: la pradera está seca, y ustedes no solamente le están echando gasolina, sino que además le están prendiendo un cerillo.
Qué es lo que van a decir los jóvenes y los miles que se manifestaron ayer, cuando un juez o cuando alguien, alguna autoridad determine –porque tampoco conocemos cuál será el contenido de la ley general–, que las marchas se tendrán que hacer en horarios específicos y a través de las banquetas como ya se ha hecho en otros países.
Miren, no es que yo sea malpensada, pero ejemplos como el de la Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Libia, Reino Unido, y repito Libia, Reino Unida, Rusia y Venezuela han utilizado medidas como ésta para que las manifestaciones en el nombre del orden ahora resulta que no podrán darse en la manera y en la forma en que los ciudadanos que tienen derecho a libre asociación y a libre manifestación de las ideas puedan expresarse de la manera que mejor les parezca; es decir, estos países son el ejemplo claro de la utilización del derecho a la libre movilidad de forma punitiva.
Más aún, yo les diría, y les pregunto a quienes apoyan esta iniciativa y este dictamen, lo que ya se ha dicho en esta tribuna, la adenda que quiso pasar desapercibida –contra todo reglamento, lo voy a señalar–, no hay fundamento ni normativo ni reglamentario para subir la adenda que subieron hoy aquí y que pareciera completamente inofensiva, no es inofensiva.
Porque dice que el Estado deberá garantizar el derecho a la movilidad a través de una ley general. Entonces ¿qué es lo que vamos a tener después? ¿De qué manera el Estado o los Ejecutivos o los gobernadores que se han caracterizado algunos de ellos por ser muy democráticos y dejar que la gente salga a movilizarse, de qué manera vamos a evitar que se reprima a la libre manifestación en las calles cuando la gente tiene algo que decir y no esté de acuerdo con el Estado?
Estamos entonces aprobando un derecho, sí, que podrá tener que ver con libertades, pero libertades que no sean ya consideradas ya en la Constitución. Hago un reto intelectual para que alguien venga y me diga aquí qué derecho no está contemplado en la Constitución y que sí esté contemplado en éste, o qué derecho estamos violentando o qué derecho le estamos violentando a los ciudadanos al no aprobar esta iniciativa, porque entonces pareciera –ahí sí, y más allá de las burlas y las risas– no solamente que le están pagando al Partido Acción Nacional con esta iniciativa sus ayudas, sino que estamos entrando definitivamente a un Estado autoritario, por decir lo menos, que ahora atenderá con la ley en la mano a reprimir a sus ciudadanos.
Nosotros también, compañeras y compañeros diputados, estamos en contra de la violencia y estamos en contra de la violencia del Estado, porque si el Estado es el principal violentador, entonces ¿qué garantías de estado de derecho y qué garantías de contrato social nos dejan a los ciudadanos?
No al preámbulo de la Ley Antimarchas y no al preámbulo de la represión, porque entonces la gente que tiene diferencias claras con el Estado no podrá ya ni siquiera poder expresarlas en las calles. Es cuanto. Yo invito a los que están cansados a que puedan subirse a la tribuna y podamos discutir este tema. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra también para hablar en contra del dictamen la diputada Graciela Saldaña Fraire. ¿Se encuentra la diputada?
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias. Con su venia, señor presidente. El presente dictamen resulta ambiguo y es importante que las y los mexicanos sepan que el grupo parlamentario del PRD no dará paso a oficializar la criminalización de las marchas disfrazándolas en garantizar el derecho constitucional de la movilidad.
Nos resulta perverso y nada casual que ante las masivas manifestaciones de rechazo a las políticas institucionales del gobierno federal en las calles, hoy se proponga dar paso a una ley para reglamentar la movilidad.
Basta recordar, y quiero dar algunos antecedentes, en el caso del estado de Quintana Roo, al expedir una ley anti-marchas, de cara a un evento internacional que fue en el caso de Tianguis Turístico en Quintana Roo. Aun cuando estando ocupando el último lugar o penúltimo lugar en el avance de las evaluaciones de control de confianza de los policías, según el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestro grupo parlamentario nunca votará a favor de una ambigüedad jurídica, se arriesguen otros derechos humanos como el libre tránsito de manifestación.
Esto no contribuye a limpiar la imagen presidencial ni cambiar el sentimiento de un pueblo colapsado ante las constantes violaciones de los derechos.
Estamos en riesgo de aprobar una ley general que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y la protesta social y en consecuencia represión oficializada.
Quisiera explicar por qué estamos en riesgo, de aprobar este documento, que no suma en nada a la paz, a la tranquilidad, al orden que el pueblo de México exige en las calles. Este dictamen es una mera ilusión de Estado, pues abre la puerta para regular la protesta.
Si una ley general que regule las protestas como es el caso que lo hizo un compañero Pedro Celestino Canché Herrera, detenido en Quintana Roo por filmar un video de crítica al gobernador del estado; a empresarios, a periodistas y a actores políticos reprimidos por expresar sus opiniones, si eso no es suficiente, esperen a ver lo que pasará en este país al regular las protestas sociales.
Desde nuestro grupo parlamentario recordamos también al gobierno que el libre tránsito es un derecho, no una potestad del Estado, que la protesta social no se criminaliza y subrayo, no se criminaliza pues es el último camino que tenemos las y los mexicanos de llevar a cabo.
Quisiera ejemplificar lo que estoy diciendo. La Ley de Ordenamiento Cívico del estado de Quintana Roo se presentó en un mes de marzo; después se modificó. Qué era lo que decía. La Ley de Ordenamiento Cívico prohibía protestar en zonas históricas, turísticas, así como en avenidas principales. Obligaba a los manifestantes a solicitar un permiso al menos con 48 horas de antelación. Prohibía el uso de injurias en las protestas y los bloqueos en carreteras y avenidas. Restringía las manifestaciones sociales y permitía el uso de la fuerza pública para disolver los bloqueos.
Es por eso que no quise dejar pasar para ilustrar si esta ley podía ser un preámbulo para poder ocurrir lo que pasó en Quintana Roo que afortunadamente se modificó.
Esta ley facultaba a la autoridad para intervenir si en una protesta se alteraban los servicios para la paz, tranquilidad de comunidades que impida el desarrollo de actividades, altere derechos humanos o se injuria y, como ya lo dije públicamente, se recurre a la violencia o amenazas para obligar a que la autoridad resuelva peticiones de los manifestantes.
Quiero decirles que después se vio modificada y esta ley quedó nada más de manera facultativa; se quedó sin dientes y es una ley que quedó para no regular absolutamente nada más que el derecho de tránsito que tienen las y los ciudadanos.
Pregunto –y con esto finalizo, señor Presidente– por qué se pretende criminalizar la protesta social. Por qué se pretende regularizar las marchas cuando el pueblo de México se vuelca a las calles. Desde cuándo un derecho humano constitucionalmente establecido debe reglamentarse. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Saldaña. Esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: artículo 11 elimina el párrafo tercero, reserva hecha por la diputada Lilia Aguilar Gil. Artículo 11, también reservado por el diputado Ricardo Monreal Ávila y por el diputado Ricardo Mejía Berdeja. El mismo artículo 11 reservado también por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez. El artículo 11 y eliminar el segundo transitorio, reservado por la diputada Graciela Saldaña Fraire. El artículo 73, fracción XXIX-G reservada por la diputada Lilia Aguilar Gil; el 73, fracción XXIX-G reservado por el diputado Ricardo Mejía, y el segundo transitorio reservado por el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para recoger la votación en lo general del dictamen, se ruega a la Secretaría instruya para que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ... diez minutos. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema electrónico.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido 292 votos a favor, 1 abstención y 100 votos en contra. Existe mayoría calificada.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por 292 votos a favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para presentar reserva al artículo 11 en el párrafo tercero tiene la palabra la diputada Lilia Agilar Gil, del Partido del Trabajo.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Ciudadano presidente, muchas gracias por la oportunidad, pero es necesario desde mi punto de vista hacer de su conocimiento que en repetidas ocasiones se han referido en varias intervenciones de algunos diputados y algunas diputadas sobre Puebla, en el caso de que es un estado donde se reprime –cosa que es totalmente falso– y ahorita que estamos tocando este tema en materia de movilidad universal pues también nuevamente se hace referencia y en ese sentido pues también tenemos el derecho de explicar esta situación.
Creo que, si estamos tratando en esta propuesta de mejorar esos mecanismos legales en el terreno de la movilidad, también es importante destacar que con la existente en el estado de Puebla no se ha hecho otra cosa que aplicar el Estado de derecho y, en se sentido, todas las situaciones que han pasado se han llevado a cabo mediante la autorización de un juez donde se sigue un procedimiento legal, donde se ha trasgredido una ley, donde hay una sentencia y donde la gente tiene derecho a defenderse.
Estamos totalmente de acuerdo en que cualquier persona puede manifestarse de la manera que lo considere pertinente dentro de la materia y dentro del derecho. Y, en ese sentido, sí queremos dejar muy en claro que en el estado de Puebla existe esa situación y se está aplicando ese mismo Estado de derecho.
Agradezco esta oportunidad para que quede desde mi punto de vista suficientemente dicho que estamos pendientes de esta situación y estamos en el aspecto del diálogo. También hay otras cosas que deberían estar adicionalmente en este sentido...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado, le ruego concluir.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Sobre todo qué gente hay atrás de cada movimiento...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado, concluya. No está este asunto en el orden del día, le ruego que concluya.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Pero están haciendo referencia, señor diputado, de cada uno de nuestros estados y nos señalan...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El dictamen está votado, estamos en las reservas del dictamen. Continúe la oradora por favor.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Entonces de todas formas gracias, presidente, y esa es la situación que prevalece. Muy amable.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la oradora, por favor. ¿No va a hacer uso usted de su tiempo?
La diputada Lilia Aguilar Gil: Por su puesto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la oradora, por favor.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Señor presidente, voltee tantito para la izquierda.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Le consulto además, si va usted a presentar sus dos reservas en un solo acto.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Voy a presentar una sola, señor presidente. Primero voy a contestar al diputado, con mucho respeto, que me hacía alusión sin hacer alusión a mi nombre.
Simplemente –y con mucho respeto de verdad lo hago, diputado– decirle que garantizar el estado de derecho es garantizar los derechos constitucionales, y definitivamente los derechos constitucionales y los derechos humanos fueron violentados en Puebla, no es una opinión subjetiva, sino es un hecho que inclusive recogió la prensa internacional. No tengamos la piel sensible y reconozcamos que es lo que sucede en este país.
Hay un dicho que versa que una sola chispa puede incendiar la pradera, ya se ha hablado aquí de la pertinencia, de la presentación de esta iniciativa. Por decir, el tiempo que se está utilizando es poco atinado porque ¿Qué mensaje estamos mandando a la gente que ya se ha manifestado en las calles en diversas ocasiones cuando se pone aparentemente un derecho inofensivo a nivel constitucional? ¿Y qué es lo que va suceder en la práctica?
Y aquí agradezco algunos diputados que son expertos en derecho constitucional y que me han dicho que una cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es lo que sucederá en la práctica. Y es ahí donde está el riesgo.
No olvidemos que la desaparición de los 43, el secuestro que se dio de 2 jóvenes, incluidos Sandino Bucio, el día viernes pasado, la detención de 11 jóvenes que tuvieron que ser liberados después de la marchas del 20 de noviembre, y la incursión del ejército a la Universidad de Coahuila, han hecho que en este país haya un sentimiento en contra de las instituciones y el gobierno.
Como consecuencia, una iniciativa como está nos hace pensar mal, nos hace pensar que hay una iniciativa del gobierno con algunos otros que tienen un sentimiento autoritario para poder reprimir las marchas y el derecho a la libre manifestación de las ideas.
El ejemplo claro, y lo digo con mucha claridad, lo vivimos el 20 de noviembre en el Zócalo, donde no solamente la Policía del Distrito Federal, sino también la Policía Federal hicieron un barrido para limpiar el Zócalo, en una idea de pertenencia absurda y argumentando la violencia de unos pocos.
He hecho aquí un reto, que sé que no será tomado, porque afirmo que el derecho a la movilidad que tiene esta iniciativa no es claro. Y para ello leeré muy rápidamente lo que dice la iniciativa y a lo que se refiere este derecho a la movilidad. Dice: El Estado garantizará el derecho a toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
Esto en efecto puede ser confundido con el libre tránsito, pero no hay derecho ni ley ahora que evite que este derecho pueda ser cumplido. Nosotros lo que hemos observado es que no hay una claridad en la definición de la movilidad, porque como ya lo dijimos, el derecho universal no solamente versa sobre el derecho a migrar, sino en efecto, el derecho a la movilidad y accesibilidad versa en el tema de que toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso al medio ambiente, a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona con discapacidad tiene además derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.
¿Por qué estamos presentando esta reserva? Porque ya hay prácticas en el mundo que hablan de esta accesibilidad, pero que no lo han elevado a un derecho constitucional, precisamente porque lo consideran ya incluido en otros.
El ejemplo claro que se utilizó en las discusiones en esta Cámara de Diputados es el caso de Bogotá y Medellín, en Colombia, donde el derecho a la movilidad no está reconocido, repito, no está reconocido de manera literal en la Constitución Política de Colombia; sin embargo, se considera relacionado en otros derechos, como el de la libre circulación, la planeación, la autonomía territorial, la finalidad social del Estado y los servicios públicos.
Insistimos, incluir el derecho a la movilidad abrirá muchos frentes de discusión e interpretación y a lo que nos enfrentamos es a que luego se diga que la gente no se puede manifestar libremente en las calles, cuando podemos solucionar esta problemática que nadie ha querido venir a describir a esta tribuna, simplemente con planes y leyes secundarias que permitan la libre organización arquitectónica y de planeación en las ciudades.
No es necesario aplicar este derecho constitucional que nos meterá en muchos problemas y que definitivamente abrirá la caja de pandora.
Termino diciendo: cada vez que se encuentre usted en la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Compañeros diputados, reflexionemos en el Estado que guarda hoy el país y qué es los demonios que este derecho habla. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para presentar en un solo acto dos reservas, una al artículo 11 y la otra al segundo transitorio.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. De manera reiterada, se han hecho intentos, tanto en esta legislatura como por legislaturas locales, por limitar el derecho de la sociedad a manifestar sus ideas e inconformidades, que generalmente incomodan al gobierno en turno y que intentan disuadirlas.
Ante ello, incluimos de manera específica que estos derechos, como aquellos que derivan de éstos, no puedan ser limitados por este decreto y los ordenamientos que de él emanen, para garantizar un verdadero ejercicio democrático de pluralidad, así como los derechos consagrados en nuestra Constitución.
Por ello, planteamos reserva al artículo 11 del dictamen a discusión, para que diga: el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en la Constitución y atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
En cuanto al artículo transitorio segundo de este dictamen, quiero decirles que una de las preocupaciones que tenemos un grupo de diputadas y diputados integrantes de esta LXII Legislatura, son las reformas que se han hecho al vapor. Estamos ante una legislación al vapor en este Congreso.
Sin embargo, en leyes relevantes en las que se encuentran en juego tanto beneficios como posibles perjuicios para la ciudadanía, encontramos que esta Legislatura también posterga las decisiones importantes y nuestra responsabilidad principal, no debemos olvidarla, es legislar. Legislar en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos.
Por ello, consideramos que el plazo establecido para la elaboración de la Ley General de Movilidad es muy amplio y podría generar, incluso, que la misma no se elaborara por años, como ya ha sucedido con otras normativas que han quedado en los siglos de los siglos. Normativas importantes que devienen, incluso, las reformas constitucionales.
Por ello proponemos la modificación siguiente, para que diga: El Congreso de la Unión expedirá la Ley General de Movilidad en un plazo no mayor de 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
No podemos seguir legislando por encima de los derechos humanos de todos los ciudadanos ni podemos seguir legislando para los intereses de unos cuantos grupos políticos y de unos cuantos grupos del monopolio del sistema que ordena y mandata este país. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si las reservas presentadas por la diputada Córdova Bernal se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se rechazan las reservas. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar, en un solo acto, reservas al artículo 11 y al artículo 73, fracción XXIX G.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Le pido integre al Diario de los Debates mis dos reservas. Frente al a inconformidad social, la salida que el gobierno federal y los gobiernos locales aliados han planteado, ha sido el control autoritario, la represión, las detenciones arbitrarias y la desmovilización con base en el terror; desde luego que estos intentos han sido fallidos porque hay una sociedad cada vez más informada, cada vez más consciente y hay también un creciente valor civil de la gente a manifestarse.
Nosotros insistimos en que esta ley es inoportuna y que aunque el legislador proponente lo pudo haber hecho con las mejores intenciones, dice la sabiduría que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y en esta ocasión no es un tema menor, porque les guste o no hay leyes en varios estados, en Chiapas, en Quintana Roo, la Ley de Marchas en el DF que pende como espada de Damocles frente a las libertades en la capital del país y que está ahí y que puede desempolvarse en cualquier momento; y está la Ley bala de Puebla, les guste o no, que ya fue la punta de lanza para los hechos de Chalchihuapan en esa entidad que le ocasionó la vida a un menor, como la propia CNDH lo determinó en su tiempo.
Pero en este clima de polarización que vive nuestro país, cada día se dan sucesos que pareciera que salen de una novela de terror pero que son hechos reales y no solo es igual a Cocula, Tlatlaya y demás, son hechos en el norte del país.
Y yo quiero referirme a los hechos del jueves 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón, donde sin razón aparente se introdujeron elementos del Ejército. Eran, según lo han narrado los jóvenes que fueron afectados, de 10 a 15 oficiales militares armados adentro y había cuatro camionetas afuera.
Traían nombres de alumnos que participaron en la manifestación del 20 de noviembre. Dijo uno de los estudiantes que fue afectado: Los militares comenzaron a tomar fotografías y vídeos, por lo que alumnos solicitaron que se retiraran. Este hecho generó temor entre la población estudiantil y el repudio de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Por la noche, a través de un comunicado el mando único del operativo Laguna, general Sergio Martínez Castruera, reconoció “el error” –entre comillas– de los elementos señalando que los militares decidieron ingresar a la universidad a título individual sin consultar a sus superiores.
Estos hechos, señoras y señores legisladores, se están presentando cada día de manera recurrente. Elementos que aparentemente actúan por su propia voluntad sin atender mandos superiores, igual que un sujeto participó en una balacera en la Ciudad Universitaria, igual que algunos malos policías detuvieron arbitrariamente a jóvenes, igual que se consignó indebidamente por parte de la Procuraduría General de la República a 11 jóvenes que fueron recluidos en penales de alta seguridad. Estos errores o decisiones unipersonales de policías y militares son parte de un clima de terror. Recordemos Tlatlaya.
Por esa razón nosotros no podemos estar avalando esta Ley de Movilidad o esta reforma constitucional en materia de movilidad, que será la punta de lanza –concluyo– para todo un cúmulo de legislaciones federales y locales.
Por esa razón votamos en contra, pero sí señalamos este estado de terror que se quiere sembrar para frenar el descontento social. Sin embargo advertimos que no lo van a lograr, que hay una sociedad despierta y que no se van a salir con la suya. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Mejía Berdeja. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si las reservas del diputado se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia no se admiten a discusión. Antes de continuar le doy la bienvenida y saludo a un grupo de pescadores del puerto de San Felipe, municipio de Mexicali, Baja California, que se encuentran aquí presentes, invitados e invitadas por el diputado Abraham Correa. Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Tiene ahora la palabra para presentar reserva, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, al artículo 11 del dictamen.
Preciso que el diputado Mejía pidió que se incorporara ´negro el documento al Diario de los Debates, y como él lo ha solicitado, así se hará.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Lo dije en mi intervención anterior, veo méritos en esta reforma, y lamento que no haya habido la apertura para que pudiéramos ir en unanimidad en esta Cámara rescatando esos méritos por no quererle mover a la iniciativa y evitar malos entendidos o equívocos.
La verdad es que la indolencia en política se cobra caro; nada más nos falta mandar a hacer chocolates con 500 rostros y repartirlos. Y creo que debiéramos ser más sensibles a la situación del país.
Miren, un recuento de errores que quizás no tuvieron mala intención, pero miren lo que va pasando.
Algunos sí, no. El procurador Murillo Karam, alguien a quien respeto, después de una conferencia de prensa larga, se le escucha decir “ya me cansé”. Y ya saben lo que ha sucedido por ese punto.
Entran a ciudad universitaria, según esto a investigar el robo de un celular y se dispara una bala.
En una manifestación en el Zócalo, fuerte, hay un grupo de violentos y se decide desalojar el Zócalo donde había casi todos los pacíficos. Y ¿qué hicieron los violentos? Corrieron, se confundieron entre los pacíficos y pagaron justos por pecadores, como quedó también claramente documentado.
Hace muy poco, el viernes pasado, policías vestidos de civil en un carro sin placas y en un carro no oficial, levantan –porque no tenían ni orden de aprehensión– levantan a un estudiante, se lo llevaron, lo golpearon y lo torturaron y aparece después de tres horas en la Seido y se sigue esto. Ingresa el Ejército a la Universidad de Coahuila, entre muchas otras cosas.
Frente a esta situación qué podemos hacer. Lo que les digo es que lo que no podemos hacer, es mandar señales equívocas. Aquí se ha dicho: es que lo que está detrás de la intención de esta buena reforma –que reconozco que tiene méritos– se dice es que se quiere criminalizar las manifestaciones. Hay esa posibilidad, esa interpretación.
Y ¿saben qué ha pasado? No hay un solo diputado del PAN, del PRI, del Panal, del verde que haya subido aquí a refutar esa interpretación, ni uno. Lo único que hemos visto es alguien que se levanta a decir: en Puebla, cuando enfrentamos las manifestaciones, pero no tiene que ver con esta movilidad. Dicen que a confesión de parte relevo de pruebas. No ayuda en nada lo que están haciendo.
No podemos ser indolentes. Voy a leer mi propuesta de reserva y creo que si se acepta conjuramos el fantasma, conjuramos cualquier mala interpretación y evitamos malos entendidos. Dice así: “Toda persona tiene derecho a la movilidad... Miren, compañeros yo llamo a la tolerancia. Si quieren revivir al Bronx esto no va a ayudar en nada a la convivencia. No revivan el Bronx.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado, permítame. Ruego a la asamblea permitan que el diputado lea su reserva. Preséntela, diputado, por favor.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: “Toda persona tiene derecho a la movilidad universal y a las libertades de expresión y manifestación. La ley general que emita el Congreso de la Unión establecerá las bases para hacer efectivos estos derechos, atendiendo a los principios de libertad, igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
Si es verdad que nadie se opone a esto cuál es el problema. Evitemos malos entendidos. Ojalá actuemos con esa responsabilidad y esa sensibilidad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado.
El diputado Marcos Aguilar Vega (desde su curul): Pido la palabra, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Están presentando las reservas, señor diputado, y no hay nada a discusión. Permítame que podamos continuar con las reservas. Consulte la Secretaria a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se rechaza, no se admite a discusión.
La diputada Graciela Saldaña presentó por escrito su propuesta de modificación, la cual está disponible en sus monitores. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: No se admite a discusión la reserva de la diputada Fraire.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se ha agotado la lista de diputadas y diputados que solicitaron para presentar reservas. En consecuencia y de conformidad con el artículo 231, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados; los artículos 11, 73 y segundo transitorio, en los términos en que fue presentado el dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 11, 73, fracción XXIX-G y segundo transitorio en los términos en que fueron presentados en el dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Saludamos con aprecio y mucho respeto la presencia en este pleno de la señora Blanca Castro de Herrera, así como de Jorge Herrera Castro, esposa e hijo de nuestro compañero y amigo Jorge Herrera Delgado. Sea bienvenida y bienvenido. Muchas gracias por su presencia. Ciérrese el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 287 votos en pro, 1 abstención y 82 en contra. Es mayoría calificada, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora secretaria. Aprobados los artículos 11, 73 y segundo transitorio por 287 votos a favor con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad universal. Pasa al Senado de la república para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:
De las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional; y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación.
De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió de iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la desaparición de personas, suscrita por la diputada Raquel Jiménez Cerrillo y por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Se recibió del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe delegacional en Milpa Alta, para que emita un dictamen técnico de las zonas, pueblos y barrios que reciben el suministro de agua potable mediante la modalidad de tandeo, a fin de ser enviado al sistema de aguas de la Ciudad de México. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día, son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados comuníquense. Ruego a la Asamblea, les llamo su atención que estamos en votación de dictámenes de puntos de acuerdo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día, es de dictámenes en sentido negativo. Se informa a la Asamblea que en cumplimiento del artículo 87 al Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo. Por lo tanto consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo el enlistado con el número uno, que se separa y se reserva de la discusión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo en sentido negativo, a excepción del enlistado con el número 1. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Juntas Directivas e integrantes de comisiones ordinarias, especiales y del consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Declaratoria de extinción:
Primero. Se declara la extinción formal de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, a partir del 1 de diciembre de 2014, toda vez que ha cumplido y agotado su objeto.
Segundo. Se instruye a la Secretaría General para que instrumente las acciones necesarias para que los bienes asignados y archivos generados por la Comisión Especial declarada extinta se realicen de acuerdo a la normatividad vigente.
Tercero. Se instruya a la Secretaría General para que por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios remita los expedientes de la Comisión Especial declarada extinta al Archivo General de la Cámara de Diputados.
Cuarto. Comuníquese la presente declaratoria a la Junta de Coordinación Política y a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, para los efectos administrativos correspondientes.
Quinto. Infórmese al pleno y publíquese la presente declaratoria de extinción en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2014. Firman los integrantes de la Conferencia.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Primero. Se crea la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión de fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que señala su denominación, y para su cumplimiento podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. La comisión contará con las atribuciones legales y los apoyos administrativos que sean necesarios para cumplir su objeto. Éstos últimos serán aprobados por el Comité de Administración.
Cuarto. La comisión quedará integrada con ocho miembros designados por los grupos parlamentarios, a través de sus coordinadores, conforme a la siguiente representación:
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dos integrantes. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un integrante. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un integrante. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un integrante. Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, un integrante. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un integrante. Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, un integrante.
Quinto. La comisión adoptará sus resoluciones por consenso, en caso de no alcanzarse éste, se tomará mediante el sistema de voto ponderado de sus integrantes.
Sexto. La comisión presentará su informe de resultados a más tardar el 31 de marzo de 2015 y cumpliendo este plazo se extinguirá.
Séptimo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorios
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, el 1 de diciembre de 2014. Lo firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora secretaria.
Para hablar sobre el acuerdo que está a discusión, tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Desde hace varias semanas este tema de la casa blanca de Sierra Gorda 150, conocida popularmente como la casa blanca de Enrique Peña Nieto ha ocupado la atención del país y ha polarizado a esta Cámara.
Nunca se había cancelado abruptamente una sesión de la Cámara, nunca había habido tantas expresiones de insulto hacia legisladores como lo ha motivado este tema de la corrupción presidencial.
Y nosotros en su momento propusimos que se creara una comisión especial para revisar la legalidad y la ausencia de conflictos de interés con relación a los contratos otorgados al Grupo HIGA de Juan Armando Hinojosa, sus empresas y el gobierno federal.
Sin embargo, se negaba esta situación y ayer en la Junta de Coordinación Política se buscó una salida creando una Comisión Especial para revisar la licitación y la revocación de la operación del tren México-Querétaro.
A nosotros nos parece insuficiente, nos parece que no va al fondo del problema de la corrupción presidencial y que se tienen que revisar todos los contratos de HIGA y de Juna Armando Hinojosa.
No solamente es la fallida operación por casi 51 mil millones de pesos del tren México-Querétaro sino que es también el gasoducto Monterrey 6, por 47 mil millones de pesos, el hangar presidencial de mil millones de pesos y demás contratos que están, incluso, algunos ocultos atrás de varias razones sociales con las que opera el Grupo HIGA.
Por eso votamos en contra del acuerdo en la Jucopo, porque es insuficiente. Y el argumento de que no se puede investigar a empresas o a particulares es falaz, es mentiroso, porque en el 2006 se creó una comisión de investigación para la empresa Construcciones Prácticas, para los hijos de Martha Sahagún. Y ahí el pleno lo aprobó y hoy se pretende esconder una realidad que hoy todo el pueblo de México sabe sobre estas operaciones irregulares, sobre esta corrupción, sobre este contratismo, sobre este tráfico de influencias; pero vamos a participar para ir jalando la hebra hasta llegar al fondo del asunto.
Cuando en Estados Unidos, aquél tema del Watergate del espionaje se trató de ocultar, siguiendo la pista del dinero se llegó a la responsabilidad presidencial y eso hizo que en su tiempo cayera Richard Nixon; en Brasil, Collor de Mello, con dos años en el gobierno también acusado de corrupción y también donde intervino su esposa en operaciones de presumible o de comprobada corrupción, al final dada las movilizaciones sociales tuvo que renunciar a dos años de gobierno.
Por eso aunque es insuficiente vamos a jalar la hebra y a desnudar estas complicidades que no son de ahora, toda la gente sabe que fue el favorito del gobierno del estado de México y Juan Armando Hinojosa, cuando Peña Nieto era gobernador; y también se sabe que OHL, que Alcántara y demás son la camarilla que se ha beneficiado con todos estos contratos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene también la palabra ahora, para hablar sobre el acuerdo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Vale la pena compartir un par de reflexiones con ustedes, una confesión sincera. Un estadista en este país, creo que es el único que está en vida, obviamente no participa en el régimen, ya me platicaba de como el tema de la corrupción de este régimen iba a ser asumido por el pueblo de México de una manera que no iba a haber para atrás, no iba a haber reversa.
La verdad es que el pueblo es sabio; tonto es el que cree que el pueblo es tonto, porque la sabiduría popular dice que solo hay dos cosas que no se pueden ocultar: lo pendejo y lo ratero, esas dos cosas por más que lo quieran ocultar no lo pueden ocultar. Mal cálculo político hacen los del PRI en querer encubrir la tremenda corrupción de Enrique Peña Nieto y su familia.
Alguien –no fue Manlio ni mucho menos Añorve ni Silvano– ayer me preguntaba: Oye, y si Peña Nieto pidiera perdón de verdad al pueblo de México y cambiara no su decálogo, sino propuestas que cambiaran la política económica, la política social, ¿el pueblo le creería? De verdad, yo ando buscando todavía al tonto que se los crea. No se les cree.
Es un error de cálculo político el querer cerrar a una comisión especial para revisar los procesos de licitación a tres meses y con control del PRI esa comisión. Eso no puede ser, eso no airea la vida pública. Entiendan que en las calles la gente está desbordada. Casa blanca, la casa chica, el departamento de Miami y todas las que están por saberse, no lo van a poder ocultar.
¿Quién puede ocultar que una minoría rapaz, enferma de codicia, asignan contratos públicos a sus socios, o mejor dicho a sus cómplices; al señor Hinojosa? Desde que estaban en el estado de México y ahora en el gobierno federal, es obvio que con lo de esta licitación del tren, obvio que con lo del hangar, obvio que con lo de Monterrey 6 y las que se acumulen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame. Compañeras, compañeros, honorable asamblea, vamos a permitir al orador que termine su intervención.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Duele, duele, por eso este señor, ese que viene ahí y que son los que usa desde la burbuja el PRI para estar queriendo quitar el tiempo.
Yo sí soy Ladrón de Guevara, mucho gusto. Pero el presidente es un ladrón de a de veras como muchos de ustedes. Ése sí es un ladrón de a de a de veras.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Concluya, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Culmino.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítanme, diputadas y diputados. Voy a pedirle al orador que en virtud de que su tiempo ha concluido, termine su participación.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, voy a acabar diciendo que pocos les creen que esta comisión no es más que una tapadera a todo el bandidaje, a toda la corrupción del señor Peña Nieto y su familia. No es paloma, es gaviota, y son corruptos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Huerta, le consulto si la expresión hecha por usted es de su interés que se retire del Diario de los Debates.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado, para hablar sobre el acuerdo, el diputado Marcos Aguilar Vega.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias. Con la venia del presidente. En primer término reconocer el acuerdo que ha alcanzado la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, para reconocer una importante necesidad que ha venido planteando la sociedad mexicana en relación con un hecho de gran interés y preocupación por la circunstancia que implica.
La construcción de una obra, la numero 12 en términos de porcentaje y recurso que pretende aplicarse en nuestro país en este periodo gubernamental, la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro.
Sin duda alguna reconocemos a la Junta porque ésta ha sido una propuesta que ha impulsado el Partido Acción Nacional con el mayor interés de mostrar congruencia con la nación, en el sentido de que la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos del presidente de la república, se vea claramente reflejado y que sean los ciudadanos quienes lo evalúen.
Estamos conscientes que el proceso de licitación, la emisión del fallo y las causas de cancelación, están directamente vinculadas a un esquema de opacidad que impide llegar a procesos de rendición de cuentas adecuados para lo que este país demanda.
Hemos escuchado con puntualidad la propuesta del presidente de la república en su decálogo, en donde hace referencia al respaldo político a la propuesta del sistema nacional anticorrupción.
Lo que se busca en el país es transparencia; lo que se busca en el país es rendición de cuentas; lo que muestra este proceso de licitación es opacidad; lo que muestran las causas de cancelación, es corrupción. Lo que no queremos en el país es que haya más actos de esta naturaleza.
Generar un esquema de una comisión especial, sin duda alguna muestra la capacidad para deliberar de todos los partidos políticos.
Necesitamos conocer la documentación que involucra los actos que han dado pie a una cancelación y que hoy no está registrada en el sistema electrónico del portal del propio gobierno federal, como la ley lo establece. Una cancelación que nos llevaría a un escenario de indemnización cercano a los 600 millones de pesos que tendría obligación de pagar el pueblo de México, a través del Poder Ejecutivo federal.
Esas son las cosas que ya no pueden pasar en el país. Que sea esta comisión especial la que atienda exclusivamente estos tres objetivos. Entendemos con claridad, por algunas de las fuerzas políticas que han subido a esta tribuna, que hay otros temas de gran interés que deben involucrarse con lo que aquí está señalado.
La coincidencia puede derivar del proceso de revisión de esta comisión especial que se genere. Esto no concluye porque el sistema de responsabilidades en México tiene fechas de caducidad. Hoy hay una gran oportunidad en esta Cámara de Diputados para reconciliarnos con el pueblo de México.
Ante un hecho en el que se presume un acto de corrupción, habrá un acto de la Cámara de Diputados para revisar a detalle la irregular actuación del secretario de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra para hablar sobre el acuerdo la diputada Cristina González Cruz.
La diputada Cristina González Cruz: Gracias, Presidente. Cuando se acaban los argumentos es claro que surgen las descalificaciones.
Es lamentable, sumamente lamentable que en este recinto existan intervenciones de falta de respeto, con un muy bajo, pero muy bajo nivel de debate, producto sin duda de la personalidad de quien lo expresa, con una falta de seriedad, y por supuesto eso refleja no solamente la falta de seriedad a este recinto, sino a la opinión pública.
Hoy debemos de estar con miras por supuesto a un debate de altura y con una evidentemente clara y propositiva forma de conducirnos.
Compañeras y compañeros legisladores: en días pasados y en razón de las inquietudes que surgieron entre la opinión pública, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la reposición de la convocatoria para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro.
En una postura responsable y garante de la certeza que se le debe dar a todas y todos los mexicanos, relativo al ejercicio de los recursos públicos, a la transparencia y veracidad de los procesos de licitación, y para que no cupiera duda alguna de que se estaba tomando la mejor decisión para garantizar un transporte eficaz, moderno, seguro y al mejor costo.
La convocatoria a un nuevo proceso es el compromiso y el objetivo constante del Ejecutivo, con la transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad, siendo éste el sentido que orienta su gobierno, el del PRI y el de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso.
Debe de reconocerse la sensibilidad y disposición del Ejecutivo federal para lograr que el proceso de licitación sea bien recibido por parte de la sociedad y del Congreso de la Unión, pero también es necesario reconocer que el procedimiento que quedó sin efecto siempre estuvo en tiempo de acuerdo en los calendarios previstos en las bases de los procesos y apegados a los términos legales.
Sin embargo la comprensión y la racionalidad se hicieron presentes, pues un proyecto de tanta relevancia y que tiene implícito un beneficio trascendente para la sociedad mexicana, no debe de tener duda alguna.
La decisión que se tomó por parte del mandatario fue sin duda más conveniente. Repetir el procedimiento y dejarlo plenamente aclarado en tiempos y en participantes, fue una decisión prudente misma que retomamos con el mismo ánimo del presidente Enrique Peña Nieto, y en el grupo parlamentario del PRI reiteramos –en consonancia con el Ejecutivo federal– nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública, ciertos que se actuó siempre con independencia y con apego a la legalidad es que votaremos la proposición que se discute a favor.
Compañeras y compañeros legisladores, una de las más importantes políticas públicas lo es el fortalecimiento de la infraestructura para promover el crecimiento y el desarrollo, así como para mejorar las condiciones de vida de la gente. Es justo en este ámbito donde se inscribe la construcción de la obra que nos ocupa, nuestro compromiso y el del gobierno federal, es que tales obras no sólo sean de utilidad, sino que se construyan de forma honesta y transparente.
Así lo ha expresado nuestro presidente de la República y lo ha dejado muy claro de cara a la nación, especificando en 10 acciones muy importantes y relevantes para nuestro país, entre ellas sin duda dejando muy claro su compromiso de combate a la corrupción, y expresó como novena medida el respaldo del Ejecutivo federal al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia.
Así por supuesto seguirán estas acciones firmes y contundentes en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos. Por supuesto, nuestro Grupo Parlamentario del PRI estará avalando esta integración de esta comisión, pero más allá de eso, estará avalando sin duda...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Le ruego que concluya, señora diputada.
La diputada Cristina González Cruz: Estará avalando sin duda el proyecto de nuestro presidente, el licenciado Enrique peña Nieto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Con qué objeto, diputado Manuel Añorve?
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Debido a la pluralidad política que vivimos en esta Cámara, entendiendo por supuesto que pensamos muchas veces distinto, entendiendo que se puede dar un debate a veces álgido pero respetuoso, como nos los mandata y nos ha dado como potestad el voto popular que nos llevó a integran esta Legislatura, le pido en ese respeto a la pluralidad que con fundamento en el artículo 8o. y 260 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicito a usted de manera respetuosa y puntual se retire del Diario de los Debates las expresiones que pudieran significar injuria u ofensa a personas o a instituciones vertidas por uno de los diputados oradores, se lo pido de manera muy puntual. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, ciudadano diputado. Como lo ha solicitado el diputado Añorve se instruye a la Secretaría sean retiradas las expresiones ofensivas del Diario de los Debates.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Con qué objeto, diputado Miguel Alonso Raya?
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Para referirme al acuerdo, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para referirse al acuerdo. Tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Bueno, sí, obviamente no creo caer en eso que aquí se pide, pero algunos sí pueden pensar que me estaba refiriendo a ellos, ¿no? No, no, nada más lo digo para que tenga cuidado y no vayan a tocar mi intervención porque conculcarían mis derechos constitucionales y mis derechos de expresión. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene usted la palabra, señor diputado Miguel Alonso Raya.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Compañeras y compañeros, si no hubiese problemas en nuestro país, si estuvieran funcionando como debieran ser las instituciones, no tendríamos necesidad de estar discutiendo un tema como este.
El Congreso, la Cámara, no tendría necesidad de crear una comisión para que investigara un asunto que debiera estar investigado, tratado, por instituciones que combatan la corrupción, que garanticen el combate a la corrupción del país.
Creo que tenemos que reconocer que hasta ahora lo que se ha hecho para combatir la corrupción, como la impunidad, no ha sido suficiente. Y que las instituciones dedicadas a eso no han hecho la tarea que les corresponde.
Y por lo tanto, en función de ello, esta Cámara se ve en la necesidad de crear una comisión como la que estamos creando para efectos de que haga una investigación y le dé seguimiento a lo que se licitó y lo que se revocó de la licitación. Los contratos evidentemente que las empresas que estaban involucradas y a tratar de llegar hasta donde tenga que llegar.
Yo fui presidente de la Comisión Investigadora de Conasupo en la 57 legislatura. La conclusión a la que en aquel entonces llegamos, quienes éramos parte o formábamos parte de esa comisión, es que salía más barato hacer fraude, salía más barato robar, y robar al erario público.
Había mil 500 órdenes de aprensión sin ejecutar, producto del funcionamiento que tenía Conasupo. Y había evidentemente cantidad enorme, una cantidad importante de funcionarios involucrados, y se daba todo eso porque era más fácil, indiscutiblemente hacer lo que se hacía, jugar con los intereses de los campesinos, de la gente necesitada del país, con sus cosechas, con su producto, jugar con el interés de la gente importando leche contaminada, haciendo una cantidad de irregularidades que se hacían en Conasupo.
El problema es, han pasado una cantidad enorme de años, ya casi 20 años, y seguimos igual, sin que las instituciones hagan lo que tengan que hacer, lo que debieran hacer para que esto que estamos aquí discutiendo no aconteciera.
Y entonces, nosotros vamos a apoyar la creación de la comisión, y a que haga la investigación esperando que el acuerdo que tengamos en el sistema anticorrupción haga innecesarias la creación de esas comisiones para que definitivamente este tipo de dudas, esta opacidad y este tipo de impunidad y corrupción no siga aconteciendo y carcomiendo la confianza en nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señor diputado Miguel Alonso Raya. Tiene la palabra el diputado Salvador Romero Valencia, para referirse al acuerdo.
El diputado Salvador Romero Valencia: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, lo que está a discusión aquí no es si la comisión es una función parlamentaria o no, estamos absoluta y totalmente de acuerdo en que se haya constituido esta comisión investigadora y estamos en favor de que se deslinden los acontecimientos hasta llegar a sus últimas consecuencias.
En lo que no estamos de acuerdo es en que se use esta tribuna para denostar, para insultar, para agraviar a las instituciones de este país y para faltarle el respeto a las y los legisladores.
No se vale estar en contra de todo y en favor de nada. No se vale hacer uso de esta tribuna una vez y otra vez y otra vez, solamente para denostar, para insultar y para agraviar. Todos los aquí presentes nos merecemos respeto. Las instituciones de este país y la alta investidura de los representantes populares de este país merecen respeto. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. En virtud de que se ha agotado la lista de tres oradores en pro y tres en contra, voy a consultar a la asamblea si está suficientemente discutido el tema.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si está suficientemente discutido el tema.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora secretaria. En consecuencia consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (17:12 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles 3 de diciembre del año 2014, a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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