Comunicaciones oficiales
De diputado, con retiro de iniciativa
Minuto de silencio por el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos 84 y 86, en términos del dictamen
Que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Discusión en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, con integración de la Comisión Especial sobre tren México-Querétaro
Iniciativas recibidas y turnadas a comisiones
Minuto de silencio por el fallecimiento del periodista y escritor Vicente Leñero
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 251 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (12:00 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta Ladrón de Guevara, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, gracias presidente. Bueno, primero reconozco que usted es un hombre de leyes, que sabe que el artículo 61 constitucional protege a los diputados en sus opiniones, que nuestros propios reglamentos y Ley Orgánica, artículo 11, fracción II de la Ley Orgánica. En fin, el artículo 6 del Reglamento, fracción IV, pues todos me dan el derecho a no ser reconvenido en mis opiniones. Y con tristeza veo que, porque ayer lo platiqué y lo hice público, que no tocaran la versión estenográfica, que es el preámbulo al Diario de los Debates, de las opiniones que emití ayer, cuando se discutía el tema de la Comisión Especial para el asunto de este tren que ha causado mucho debate.
Y con tristeza veo, porque por eso lo planteo, que en la versión estenográfica han retirado palabras, frases, de lo que yo ayer sostuve. Obviamente yo no pretendo ofender a nadie, yo nada más reitero un dicho popular –porque así es–, es un dicho, es un refrán, está en los libros de literatura, que lo mal habido y lo pendejo no se esconde. Eso nadie lo puede ocultar, y ése es un refrán.
Entonces, yo no quiero entrar en debates de contenido, nada más pedirle que estemos atentos a que no se conculquen los derechos de los diputados, de que es mi derecho expresarme de la manera en que yo considere y que sería dictatorial –sería una actitud de dictadura, eso lo hacía Stalin– borrar a los adversarios, a los que son incómodos porque sostienen lo que se dice en las calles.
Aquí hay diputados que cuando uno dice esas palabras, que las dice mucha gente en el país, se incomodan. –Y culmino, presidente–. Pero no se incomodan, ni se ponen como se ponen por los crímenes, por la corrupción, por la desaparición de 43 jóvenes, por detenciones ilegales de 11 jóvenes. Ahí nunca reclaman, reclaman nada más aquí.
Yo le pido que no toquen la versión estenográfica, que regresen mis palabras y que se mantengan en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta. A ver, diputado Huerta Ladrón de Guevara, dos consideraciones. En principio el acta no está a discusión todavía, y la otra, a la manifestación que ha hecho le daremos el curso que corresponda, expresándole a usted que la versión estenográfica no forma parte integral ni formal en este momento del Diario de los Debates. Es una valoración subjetiva anticipada en virtud justamente de que no se ha –esto– elaborado el texto del Diario de los Debates.
Pero por otra parte –aunque insisto, no está a discusión el acta– el acta no consigna lo que usted ha señalado. Pero en aras de obviar en el procedimiento legislativo, le ruego me haga llegar por escrito sus consideraciones para, en el momento procesal oportuno, ordenar el trámite que reglamentariamente corresponde. Gracias por su intervención.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputada Joaquina Navarrete Contreras.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Diputado presidente, con su venia del pleno, con la venia de usted, de la Mesa, con el objeto de hacer constar a esta soberanía que el día lunes varios jóvenes que participaron en las manifestaciones del primero de diciembre fueron detenidos.
Hago uso de mi representación social y hago constar que no comparto ni apruebo los actos en los que participaron algunas personas que lesionaron bienes jurídicos tutelados de otro, pues la violencia no puede justificar para combatir y protestar contra la violencia que permea en el país. Aún más cuando se evidencia la intervención de provocadores ajenos a las manifestaciones pacíficas.
Asimismo, presidente, hago un exhorto a la Procuraduría General de la República, así como a la del Distrito Federal, para que guíen sus investigaciones en pruebas fehacientes antes de cometer injusticias que pudieran marcar la vida de jóvenes estudiantes inocentes.
También hago un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para que se respete el protocolo de proceder en la ejecución de sus órdenes y no vulneren los derechos humanos de las y los manifestantes.
Finalmente le ruego que a través de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara, se remita un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en uso de sus atribuciones y funciones funja como garante del respeto de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, en los procesos penales que enfrentan las personas que participaron en la pasada manifestación.
Asimismo demando solución al problema que afecta al Instituto Politécnico Nacional, a toda la población estudiantil, el problema que afecta el futuro de México y a los estudiantes, para que ya se les resuelva su problema y vuelvan los jovencitos y jovencitas a las aulas de clase. Es cuanto, presidente y le ruego que inserte íntegramente en el Diario de los Debates lo antes expuesto. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Será incorporado, diputada Navarrete, en efecto, sus manifestaciones en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Les pido ahora, por favor, su comprensión para que podamos avanzar en el orden del día. Secretario, continúe, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, teniendo en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura. Adelante, secretario.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Aprobada.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena oficio por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 y adiciona un artículo séptimo transitorio a la Ley de Desarrollo Social presentada el 30 de abril de 2014. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Con qué objeto, diputada Mojica Morga.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde su curul): Para informar a esta asamblea que el día lunes estuve en la región de la tierra caliente de Guerrero, de donde yo soy, que para mi municipio, Pungarabato, y en especial a Ciudad Altamirano, en el año 2013 etiqueté un recurso de siete millones 741 mil pesos para un polideportivo.
Cuando el presidente Reinel Muñoz Rodríguez vino a solicitarme ese proyecto yo creí que era un proyecto que beneficiaba a los pungarabatenses y que había que impulsarlo. Sólo que ahora que fui a hacer la supervisión del proyecto me encuentro con que, en lugar de que se hiciera la unidad deportiva, el auditorio de usos múltiples, la alberca semiolímpica y la pista de atletismo, sólo hay un auditorio de usos múltiples con muy baja calidad que no representa de ninguna manera los siete millones 741 mil pesos.
Por eso he presentado ante esta Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar que se haga una auditoría de los recursos que se etiquetaron para el polideportivo que en el estado de Guerrero, y en especial en la región de la Tierra Caliente, lo necesitan nuestros jóvenes y lo necesitan nuestras familias.
Estoy solicitando que la Auditoría Superior de la Federación efectúe una auditoría especializada de manera específica para revisar cuánto es el recurso que el presidente de extracción priista realmente ha ejercido, y solicitar y exigir que se apliquen los 7 millones 741 mil pesos. No es tiempo de que los presidentes sigan siendo corruptos, es tiempo de que den la cara y que representen bien a la población que los eligió.
Yo desde la Cámara de Diputados estaré dándole seguimiento a esto, porque en la Cámara no podemos permitir, menos en estos tiempos que la corrupción siga imperando, no importa el partido ni el color de los mismos partidos. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por hechas sus manifestaciones, se incorporan al Diario de los Debates, diputada.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame ¿con qué objeto, diputada Gutiérrez Manrique?
La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): Gracias, señor presidente. Hacer una moción y suplicar que continuemos con la orden del día, no porque los asuntos con las autoridades locales no sean importantes, sin embargo creo que tenemos asuntos pendientes que debemos atender en el orden del día. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En efecto, y previo a la continuación del orden del día y con la licencia de ustedes, esta Presidencia y la Mesa Directiva lamentan el deceso de don Sergio Armando Valls Hernández, quien fungía como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que desempeñó adicionalmente diversos cargos en la administración pública federal.
Fue diputado federal a la LIII Legislatura del Congreso General, un hombre de amplia experiencia, académico y autor de diversas obras.
Los integrantes de esta LXII Legislatura expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, a su señora esposa, a sus hijos, a su hija, a su familia, toda, por la irreparable pérdida.
Personalmente el que habla puede dar testo de su leal, de su honesta gestión desde diversos espacios en el servicio público y lo recuerdo como director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
También esta Legislatura expresa este sentido de duelo al Poder Judicial de la Federación, particularmente al tribunal máximo, a la Suprema Corte de Justicia. Se invita a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio y honrar su memoria.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Descanse en paz. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron de diversas autoridades dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-septiembre de 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el que remite los informes de resultados de la auditoría externa a la matrícula del segundo informe semestral 2014; la variación de la misma con respecto al segundo semestre de 2013, y el formato de informe de matrícula, en cumplimiento del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Junta de Coordinación Política informa.
Acuerdo
Primero. Se autoriza al Presidente de la Junta de Coordinación Política para que durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura pueda solicitar al Presidente de la Mesa Directiva, que instruya la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las designaciones y la sustituciones que los coordinadores de los grupos parlamentarios soliciten, respecto a la integración de Comisiones ordinarias, especiales, Comités, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes.
Segundo. Las sustituciones o designaciones surtirán sus efectos formales a partir del día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de diciembre de 2014. Firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Tiene la palabra por la Comisión para fundamentar el dictamen, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Isabel Allende Cano. Tiene el uso de la palabra, diputada.
La diputada Ana Isabel Allende Cano: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, a la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuyo objetivo es incorporar el principio de igualdad de oportunidades a la educación militar.
Al respecto, los integrantes de esta comisión reconocemos que los derechos fundamentales de las personas, sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo, así como la igualdad de oportunidades y la no discriminación son principios universales, observados por el orden jurídico de nuestro país y por la generalidad de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
De ahí se desprende la necesidad de garantizar y promover la participación plena de la mujer en todos los sectores sociales, como uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema democrático.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas se han asimilado dichos principios y se han realizado diversas acciones para que exista la participación igualitaria de la mujer en su estilo, cambiando viejos paradigmas.
Entre esas acciones se han realizado diplomados, conferencias, seminarios, cursos y talleres de capacitación y sensibilización para efectivos militares en perspectiva de género, con el objeto de fortalecer la cultura de equidad entre hombres y mujeres, particularmente en la campaña de difusión para el ingreso a planteles militares, que desde hace algunos años incluyó ya la participación de la mujer.
Asimismo, se han realizado diferentes reformas que contribuyen al establecimiento legal del principio de igualdad, tales como las realizadas para que las mujeres tengan la misma posibilidad que los hombres de ocupar el cargo más alto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, cumpliendo con los requisitos y procesos de ascensos, dispuestos en las leyes respectivas.
Específicamente, el 5 de agosto de 2011, el Congreso de la Unión adicionó una fracción al artículo 2 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el objetivo de precisar que militares son mujeres y hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas, con un grado de escala jerárquica. Dicha reforma representó un gran avance, cada vez que el concepto militar era atribuido generalmente a los hombres.
Asimismo, ésta fue complementada con la adición de un último párrafo al artículo10 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 2011, en el cual se establece que sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea.
La visión de un último párrafo al artículo 10 de la referida Ley Orgánica, se encuentra estrechamente vinculada con la fracción XII del artículo 2 de la Ley de Ascensos y da certeza jurídica a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, al interior de los institutos armados.
Es posible afirmar que las reformas citadas representan un referente importante para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la administración pública federal, estatal y municipal.
Toda vez que la modificación al artículo 10 impacta directamente en el ámbito de ascensos, en la posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional.
En continuidad a este conjunto de acciones a favor de la igualdad de género y la no discriminación, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Defensa Nacional hemos considerado acertado incorporar en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el principio de igualdad de género.
Recordemos que la educación militar es un pilar fundamental de la eficiencia operativa de los institutos armados, cuya finalidad es promover el desarrollo de conocimientos y la formación de habilidades que permitan crear un vínculo permanente entre la educación y el adiestramiento militar. Razón por la cual debe ser impartida sin hacer distinción por cuestiones de género.
Es importante destacar que en ese mismo sentido se pronunció la Comisión de Igualdad de Género a través de una opinión a esta iniciativa, cuyos razonamientos se han incorporado al presente dictamen.
Compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional solicito su voto a favor, porque con esta propuesta se daría permanencia, como es característica de la ley, a este conjunto de acciones para garantizar y promover la igualdad de género en la educación militar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Allende Cano.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, la diputada María Sanjuana Cerda Franco. Adelante, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenos días, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que discutimos el día de hoy es producto de una iniciativa que presentó mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a través de la diputada Dora María Talamante Lemas, que tiene como objeto ampliar los derechos de las mujeres y cerrar cualquier resquicio de la discriminación que siguen padeciendo en algunos ámbitos de la vida social.
Queremos reconocer el trabajo, pero sobre todo la apertura y compromiso de las y los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional y de Igualdad de Género, por aprobar esta iniciativa que estamos seguros contribuye a la construcción de un México incluyente donde la igualdad sustantiva de mujeres y hombres se convierte en una realidad y no solo en un anhelo o buenas intenciones.
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales por erradicar la discriminación contra las mujeres, la violencia en contra de ellas persiste de manera generalizada. El sector educativo no ha sido la excepción, mostrando características que colocan a las mujeres en desventaja. La educación militar incluso ha mostrado desde su creación un sistema marcado para hombres, pues desde 1823 cuando se fundó el Colegio Militar, las mujeres podían desempeñarse solo en áreas de enfermería y administración.
Y es hasta 2007, gracias a modificaciones legislativas y a la aplicación normativa interna, que las mujeres pudieron ingresar a otras carreras y especialidades, algunas de ellas dentro de la Escuela Militar de Aviación y de Ingeniería.
En 2011 se realizaron importantes reformas a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que permitieron dar otro importante paso, debido a que dichas modificaciones precisaron que militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas mexicanas, con un grado de la escala jerárquica y se dejó claro que el concepto de militar comprende a las mujeres que forman parte de los institutos armados y sujetas a las mismas obligaciones y derechos dispuestos en la legislación militar.
Antes de esta reforma el concepto de militar era atribuido generalmente a los hombres. Las mujeres no podían ascender a cargos de mando. A partir de esta reforma se marca la posibilidad jurídica para que las mujeres puedan llegar al cargo más alto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, cumpliendo con los requisitos y procesos de ascenso dispuestos en las leyes correspondientes.
Es importante destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina han demostrado, en el seguimiento al presupuesto etiquetado para el logro de la igualdad, gran compromiso institucional en la aplicación de este recurso a favor de la igualdad de género.
Muestra de ello es que en el año 2011 se creó el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el cual tiene, entre otras funciones, detectar las situaciones que vulneren la igualdad entre mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y proponer las acciones necesarias para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género.
Estas acciones han permitido avanzar en el proceso de incorporación de las mujeres de la ciencia y servicio militar. Y podemos afirmar que con la aprobación de este dictamen de la Comisión de la Defensa y opinión de la Comisión de Igualdad de Género, contribuimos a la necesaria armonización de nuestro marco jurídico y al proceso de transformación que atiende los principios reconocidos para el logro de la igualdad sustantiva entre hombres y Mujeres.
En Nueva Alianza tenemos claro que la educación militar es elemento esencial para el conocimiento en la milicia y base fundamental para consolidar la garantía de las mujeres al disfrute de otros derechos reconocidos ya en el sistema militar mexicano.
La propuesta subraya la necesidad de que al igual que en todo el sistema educativo nacional, la educación militar incorpore la perspectiva de género tanto en el acceso como en todo su proceso.
Esto como parte estructural para la búsqueda de más y mejores espacios para las mujeres, quienes debido a los estereotipos han limitado su adelanto en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Compañeras y compañeros legisladores, incorporar en el contenido de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lo que se establece en el artículo 1o., de nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de igualdad de oportunidades, suscrito por el Estado mexicano, permite que sigamos contribuyendo en la garantía que tienen todas las mujeres a desarrollar plenamente sus capacidades y aptitudes en cualquier espacio en el que deseen participar.
Por su atención pero sobre todo por su apoyo a este dictamen, anticipadamente las gracias del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada, maestra Cerda Franco. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, se ha recibido en el pleno de esta soberanía un dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Defensa Nacional que reforma los artículos 1o., y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, relativos a regular la educación que imparte la Secretaría de la Defensa Nacional en igualdad de oportunidades a mujeres y hombres.
El punto central de la iniciativa de la promovente radica en que exista igualdad entre mujeres y hombres a efecto de que la educación militar que se imparte, abarque a ciudadanos mexicanos sin distingo por diferencia de género.
Dice la promovente que a la fecha en pleno siglo XXI las mujeres siguen enfrentando las consecuencias de la violencia y discriminación por razones de género, cuestión que a todas luces es inadmisible.
Sustenta la compañera diputada que la OCDE, en su informe denominado Panorama de la educación 2013, asevera que el 37.8 por ciento de las jóvenes mexicanas se encuentran sin oportunidades de educación o laborales, lo que equivale a una proporción dos veces mayor que la de 11 por ciento de los hombres en esa situación.
Es indudable que la estadística señalada es un reflejo de la ineficacia de las políticas públicas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tema que con la iniciativa en comento se pretende paliar.
En ese sentido, el sector educativo no se sustrae a la condición de colocar a las mujeres en desventaja respecto a los hombres. Para ejemplificar en este documento lo aseverado, tenemos a la vista la educación militar que en 1823 fue diseñada para hombres, sin considerar en ningún momento a la mujer, ya que en esa época se fundó el Heroico Colegio Militar que en sus disposiciones establecía que la actividad de las mujeres se constriñera a desempeñarse únicamente en temas como la enfermería y la administración.
Fue hasta 2007 cuando se incorporó a las mujeres en especialidades como la de piloto aviador o la de ingeniería militar.
Lo expresado con anterioridad permite proponer la regularización de la educación de tal manera que se inserte a la mujer, al igual que los hombres, en el conocimiento y la aplicación de la ciencia y el arte militares.
Hay que recordar que en épocas recientes la participación de las mexicanas en el sistema educativo militar ha sido bienvenida en planteles que en períodos anteriores eran exclusivos para hombres, como los relativos a la formación de oficiales intendentes, pilotos aviadores, ingeniería industrial, constructores, comunicaciones, electrónica y computación e informática, técnico superior universitario en comunicaciones, en toda la gama de transmisiones y en oficiales aerologísticas y controladores de vuelo.
En otras palabras, se han dado paso para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, aunque no ha sido suficiente, por lo que en nuestra opinión la iniciativa es plausible. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hace suya la propuesta de la promovente, de tal manera, que de acuerdo con la dinámica de la vida en este siglo, la educación militar esté acorde con las necesidades que impone nuestra realidad.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del proyecto de decreto de la Comisión de Defensa Nacional para reformar los artículos 1o, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Roblero Gordillo. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Tiene el uso de la voz, diputada.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Históricamente ser mujer ha sido sinónimo de disparidad, segregación y discriminación en diferentes ámbitos como la educación, la contratación para el trabajo, el acceso a créditos bancarios, el reconocimiento a su derecho a la propiedad y promoción por inferior por igual trabajo en contraposición con los hombres, situaciones que en definitiva han coartado significativamente el crecimiento económico y el nivel de vida del género femenino.
Si bien es cierto que la disparidad en cuanto a la participación de las mujeres se redujo considerablemente en la década de los noventas, en años recientes no mostró avances significativos, pues aún, hoy por hoy, las mujeres continúan enfrentándose a tratos diferenciados fundados en estereotipos de género.
En los últimos 10 años el indicador de segregación por sector económico muestra que la participación de las mujeres en ciertos tipos específicos de profesión sigue cobrando fuerza, estableciéndose que el empleo de las mujeres en la industria se ha visto dramáticamente reducido desplazándose al 85 por ciento de ellas al campo de los servicios, primordialmente en las áreas de educación y de salud.
Diversas acciones de la comunidad internacional han dejado de manifiesto que las disparidades económicas entre los hombres y las mujeres son una de las principales preocupaciones y planes de acción que los Estados deben adoptar como parte de sus respectivas agendas políticas.
De acuerdo con las cifras aportadas durante el Seminario Internacional, El papel de las mujeres como actores en las Fuerzas Armadas en América del Norte, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos existían 14 mil 150 mujeres hasta diciembre de 2013, con jerarquías de soldados, clases, oficiales y jefes generales, equivalente al 7 por ciento del total de efectivos; y en la Marina hay 8 mil 900 mujeres, 16 por ciento del personal.
Sin embargo, de todas ellas sólo tres mujeres son generales, 14 coroneles y 530 ostentan el grado de mayor, según la Red de Seguridad y Defensa Latinoamericana, por lo que esta reforma debe ratificar lo antes mencionado, se tiene que seguir legislando en todos los ámbitos para que se reconozca esa paridad.
El Ejército y Fuerza Aérea han demostrado que a lo largo de su historia gran discriminación hay hacia las mujeres, justo es que ahora corrijan ese error que por décadas ha prevalecido en nuestro sistema militar.
El propósito del presente dictamen es incentivar la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito militar, obligación que debe ser acatada en aras de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para prevenir y eliminar la discriminación y así están en concordancia con los instrumentos internacionales.
En atención a lo antes mencionado es menester comentar que los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del proyecto de modificación de la legislación militar, como siempre lo hemos hecho cuando la propuesta se trata de medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de las mujeres, sin dejar de mencionar que en nuestro orden jurídica ya hemos visto llegar este tipo de medidas de igualdad, las cuales lamentablemente en la práctica cuentan con múltiples deficiencias en cuanto a su aplicación y cumplimiento, situación por ende las ha convertido en inoperantes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Nelly del Carmen Vargas Pérez.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia no tiene más registros de oradores y en virtud adicionalmente de que no hay reserva o propuestas de modificación al dictamen, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular y en un solo acto, del dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permita la Secretaría. Está abierto el sistema electrónico de votación, por favor. Cierre el sistema electrónico de votación.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 329 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
Damos la bienvenida y expresamos –si el diputado Félix Hays nos lo permite– un saludo fraterno a la Excelentísima señora Anne Lammila, embajadora de Finlandia, así como a la Excelentísima señora Merethe Neergard, embajadora de Noruega y al señor Oscar Rossbach, invitados por el señor diputado René Fujiwara Montelongo. Sean bienvenidos con nuestro respeto y darnos la oportunidad de participar de los trabajos de este pleno en una visita de cortesía. Muchas gracias, felicidades.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Por las comisiones unidas que han dictaminado, para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Miriam Cárdenas Cantú. Adelante, estimada diputada, hasta por cinco minutos, por favor.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Con el permiso de la Presidencia. Estimados compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy presentamos ante esta honorable asamblea, un proyecto de dictamen en el que tras un profundo análisis y reflexión hemos decidido, en algunos casos, mantener las enmiendas planteadas por el Senado de la República, pero también y en el uso de la representación soberana que nos otorga la Constitución, hemos decidido modificar diversos artículos guiados por el principio de la máxima protección hacia quienes son víctimas de los delitos en materia de trata de personas.
De este modo, estimamos que las modificaciones hechas por la colegisladora y las propias, incluidas en este dictamen, permitirán dotar al Estado de mejores instrumentos para prevenir, combatir y sancionar estos terribles crímenes contra la humanidad.
Estas propuestas de modificación normativa llegan en un momento, por demás penoso, en que las cifras y estadísticas revelan una terrible situación en esta materia. Algunos de los tantos datos que existen revelan esta crudeza, una de cada tres víctimas de trata de personas en el mundo es menor de edad.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es un problema de gran repercusión trasnacional, se identifican claramente a 152 países de origen y 124 de destino. El 53 por ciento de las victimas globales de este fenómeno lo son bajo la forma de explotación sexual, advirtiéndose en los últimos años incrementos alarmantes para el caso de los trabajos forzados, mendicidad y diversas formas de servidumbre.
En términos cuantitativos, se estima que este delito genera ingresos anuales por más de 32 mil millones de dólares. De acuerdo con la ONU, al menos 27 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito. Además, se calcula que de 2 a 4 millones de personas son captadas anualmente para estos fines, de las cuales entre 800 y 900 mil son trasladadas a través de las fronteras para ser sometidas a algún tipo de explotación.
La trata de personas es pues, un problema que lacera y lastima a cada país en el mundo, y México, infortunadamente, es uno de aquellos en los que con mayor crudeza y crueldad se padece.
Sabemos que la trata de personas es uno de los crímenes que más duele a la sociedad en su conjunto, porque lastima la dignidad del ser humano, así como los bienes más preciados de las personas: su vida, su integridad, su libertad.
Quienes trafican con personas engañan a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad. También engañan a trabajadoras o a trabajadores. Nadie escapa a los negros y oscuros intereses de los traficantes.
Conforme al Protocolo de Palermo, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción. Al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. A la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de las personas que tengan autoridad sobre otra con fines de explotación.
Esa explotación dice el Protocolo, incluirá, como mínimo, la explotación de la Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Luego de esta descripción que da el Protocolo de Palermo, podemos darnos cuenta que las víctimas de trata son sometidas a situaciones de explotación. Ciertamente, la forma más conocida de trata es aquella que tiene como fin la explotación sexual, pero hay miles de víctimas que también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil y extracción de órganos.
Por ello, el dictamen que hoy se somete a su consideración es el resultado de trabajo de quienes integramos las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, quienes buscamos aportar leyes que den respuesta efectiva al combate o trata de personas y quienes de todas las fuerzas políticas que convergen en esta asamblea hemos aprobado en comisiones unidas por unanimidad este dictamen. Así hoy queda a su consideración, compañeras y compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Mirian Cárdenas Cantú.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El diputado René Fujiwara Montelongo fijará la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Hasta por cinco minutos, diputado Fujiwara.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso y el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza celebramos el dictamen que nos presentan las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, el cual constituye una trascendental reforma para el combate frontal en contra del lacerante delito de trata de personas, que es un delito que causa un mayor agravio, no solo en las víctimas en lo individual, sino en la sociedad en su totalidad y lo general.
La trata de personas es un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales, para convertirse en un problema global que requiere el compromiso de todos los países para hacerle frente y combatir a este flagelo.
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas, tan solo en el año 2012, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55 por ciento fueron mujeres y niñas, personas que se encuentran atrapadas en la llamada esclavitud del siglo XXI.
Entre los sectores más lastimados por esta conducta delictiva se encuentran las y los niños, mujeres migrantes, personas de escasos recursos y miembros de pueblos y comunidades indígenas, quienes lamentablemente caen en manos de los tratantes para ser trasladadas a distintos países, ya sea como de origen, tránsito o destino de las víctimas.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México, nuestro país, se ocupa el segundo lugar como país con el número de víctimas que provee a Estados Unidos víctimas de trata, superado únicamente por Tailandia.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estima que cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en nuestro país, lo cual resulta alarmante debido a que en su entorno sufren actos reiterados de agresión física o sicológica, depresión, pérdida de autoestima o situaciones de vulnerabilidad.
Se trata, compañeras y compañeros, de una forma de subyugación que atenta directamente contra la libertad y la dignidad del ser humano. La magnitud y expansión de la trata de personas ha sido determinante para que los Estados tomen conciencia cada vez más respecto de su gravedad, pero sobre todo de la urgencia de combatir a dicho crimen.
Nuestra Carta Magna mandata al Estado mexicano a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contemplados no sólo en ella, sino también en los tratados internacionales de los que nuestro Estado forma parte.
En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre la Trata de Personas, constituyen una herramienta jurídica fundamental para regular nuestro marco normativo acorde con los estándares internacionales en la materia de derechos humanos.
El dictamen que discutimos el día de hoy es resultado de un largo camino de análisis y de reflexiones que entre todos los actores involucrados en el tema logramos tener. Senadores, diputados, organismos internacionales y organizaciones civiles, participamos activamente en la coincidencia de ideas y en la resolución de las diferencias que ciertamente surgen con la polémica reforma.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza participamos muy de cerca en las diversas mesas de trabajo. Mesas que se realizaron a efecto de dar un seguimiento puntual al análisis profundo de las discusiones, opiniones, aciertos y modificaciones.
Como resultado de estos trabajos se presenta este dictamen enriquecedor, del cual, estamos ciertos, será una legislación vigorosa que posibilitará a las autoridades de procuración e impartición de justicia de contar con un marco jurídico eficaz en aras de castigar a quienes cometen esta terrible conducta delictiva.
A esto se suma el acierto de incluir la interpretación sistémica de esta legislación con otros ordenamientos legales que forman parte integral del marco protector de los derechos humanos, evitando de esta forma caer en antinomias legislativas principalmente armonizando esta ley con la Ley General de Víctimas, entre otros ordenamientos legales ya aprobados.
De igual forma, los derechos de las víctimas y testigos en el procedimiento penal se perfeccionan al adecuar la técnica legislativa de la ley vigente, estableciendo con claridad y precisión todas y cada una de las medidas de protección a su favor. Asimismo, la política de Estado en materia de prevención, atención, protección y asistencia a víctimas de estos delitos, resulta un eje central de este tema.
El dictamen, compañeras y compañeros, contiene la adición de reglas maximizadoras en la implementación de dichas políticas, al instaurar el periodo de espera y reflexión, así como la atención y asistencia de las víctimas tanto mexicanas como extranjeras, y fortalecer el programa de atención contra la trata de personas.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que contiene una medida legislativa que fortalece la lucha contra la trata de personas.
Los legisladores tenemos la alta responsabilidad de dotar de las herramientas legales idóneas para coadyuvar con el Ejecutivo federal a prevenir, atender y reparar, a las víctimas las violaciones de sus derechos humanos, así como sancionar a los delincuentes que con la comisión de este delito lastiman enormemente a nuestra sociedad mexicana.
Las diputadas y diputados de Nueva Alianza seguiremos apoyando todas las medidas legislativas que perfeccionen el marco protector de los derechos humanos, estando siempre atentos a la correcta operatividad que estamos seguros se desprenderá de esta importante reforma y a la cual le daremos puntual seguimiento a lo largo de su implementación.
Por su atención y su paciencia, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado. La diputada Lilia Aguilar Gil, tiene el uso de la palabra para fijar la postura de su grupo parlamentario del PT.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. “Me habían robado mi libertad, me habían robado mis sueños, me engañaron; me dijeron que iba a trabajar como edecán pero no tenía comunicación con mis familiares. Me sentía secuestrada y cada día más me sentía muerta, sutilmente rodeada de personas que estaban acostumbradas a vivir en este mundo tan vil, tan inhumano”. Éstas son las palabras de una víctima de trata durante la promulgación de la reforma en la materia en 2012.
Como ya se ha dicho aquí, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, existen personas de 152 países que están siendo explotadas en 124 países distintos en este mundo.
En éste, entre 27 y 35.8 millones de personas viven sometidas a algún tipo de esclavitud. Eso, compañeras y compañeros, es la trata de personas.
Hay, efectivamente, una mala interpretación y se considera que la trata de personas tiene que ver solamente con la explotación sexual. Sin embargo la trata de personas tiene que ver con la esclavitud ciertamente.
Es la captación, traslado, entrega o recepción de una persona con fines de explotación, no solamente sexual sino también para la explotación laboral e inclusive para el tráfico de órganos.
Las modalidades tienen, como ya lo he dicho, el fin laboral, sexual, de extracción de órganos y, según la ONU, se calcula que por cada víctima de trata de personas existen más de otras 20 víctimas sin identificar.
De acuerdo a la OCDE, cada año alrededor del mundo se generan ganancias –porque éste es un gran negocio– cercanas a los 32 mil millones de dólares por la trata de personas en sus diferentes modalidades, y estas ganancias son superadas a nivel mundial solamente –y repito– estas ganancias son superadas solamente por el tráfico de armas y de drogas.
Nos encontramos ante un problema global y ante un crimen global, donde el crimen está verdaderamente organizado más allá de las fronteras y sobre el cual el Estado mexicano tiene que actuar y responder a los tratados internacionales.
Según la oficina de las Naciones Unidas, específicamente su unidad de control de drogas y prevención del delito, México está catalogado en la trata de personas como un país de origen, tránsito y destino para la trata. En México, los principales propósitos de la trata son la explotación sexual y los trabajos forzados.
Quiénes, compañeras y compañeros diputados, quiénes se benefician de la trata de personas: los falsificadores de documentos y los servidores públicos, las autoridades municipales, la policía ministerial que congela las denuncias u operativos, empresarios hoteleros y todos aquéllos que hacen un negocio de los trabajos forzados, de la explotación sexual y sobre todo de la venta de órganos.
Podemos concluir que éste, al igual que muchos otros problemas en México, son problemas estructurales, lo que no solamente tiene que ver con delincuentes, con empresarios –y lo digo entre comillas– que han hecho un negocio de la trata de personas, sino que también tiene que ver con la complicidad de las autoridades, con todos aquéllos que ayudan a que extranjeros vengan a México para que sean tratados ya sea como modelos, como edecanes y para que presten servicios sexuales, para todas aquellas autoridades que se hacen del ojo chiquito y que no denuncian y no tratan de ninguna manera el delito de la trata.
Las víctimas de trata de personas se destacan por ser, en su mayoría, mujeres, con bajos niveles de escolaridad, en situación de pobreza, con empleos precarios y antecedentes de violencia.
Existen en México 363 municipios donde la población, en especial las mujeres, viven en condiciones de alta vulnerabilidad para la trata de personas. Los grupos considerados más vulnerables son las mujeres, las niñas, los indígenas y los migrantes, y las entidades con mayor riesgo de incidencia de la trata son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
En ambas fronteras de nuestro país existen zonas llamadas de tolerancia, pero yo llamaría de impunidad, en donde se desarrolla el comercio sexual, que es conocido no solamente por la población en general, sino por las autoridades y donde el delito de trata es el rey.
La frontera sur tiene dos polos de atracción de trata de personas: Tapachula con fines de explotación sexual y el corredor turístico de la Riviera Maya como gran imán del turismo sexual más allá del atractivo de las playas mexicanas.
El proceso de tipificación del delito es reciente. Apenas en 1993 en la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena, se recopiló información en el caso de trata de mujeres y se determinó que ésta constituía una violación a los derechos fundamentales. Luego vino el protocolo de Palermo y un total de 134 países y territorios en todo el mundo han penalizado la trata como un delito específico.
Lo que esta ley hace –y con esto cierro– no solamente es adaptar al protocolo de Palermo el delito que ya existía en nuestro país, como trata, sino que además adiciona nuevas modalidades como el tema de la trata de personas para la extracción de órganos y concatena un delito con otro.
Establece las bases para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y señala para todo el país los tipos penales en materia de trata; amplía la competencia de la Federación para perseguir el delito y, sobre todo, prevé la obligación de establecer fondos para la protección y asistencia de las víctimas de los delitos previstos en la ley.
Sí, hay algunas inconsistencias de forma, y sobre ellas presentaremos reservas, dos en específico, pero creemos y felicitamos a quienes trabajaron en esta ley de trata, y avisamos que el voto del Partido del Trabajo en este tema será a favor. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lilia Aguilar. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Adelante.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El tráfico de personas a nivel mundial es el tercer negocio más lucrativo después del comercio de armas y de drogas.
Para darnos una idea, la Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo 2.4 millones de personas son víctimas de la trata de personas y de engaños, quienes se ven obligados a realizar trabajos en condiciones de explotación.
Nuestro país es fuente, tránsito y destino de trata de personas, donde los grupos más vulnerables ante esta situación son las mujeres, los niños, personas indígenas y migrantes indocumentados.
Según datos del presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante los últimos años, los cuales son sustraídos a la explotación sexual, venta y tráfico de órganos.
La trata de personas es un fenómeno relevante que no puede ser visto de manera aislada, es un problema social que nos involucra a todos, ocurre principalmente en la familia, aunque también en el trabajo o escuela, y lo más grave es que es tolerado y en ocasiones perpetrado por los Estados.
Las mujeres indígenas son también de las más afectadas en el tema, la mayoría de las ocasiones se encuentran al amparo del crimen organizado y de la mala conducción de las propias autoridades encargadas de la procuración de justicia.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 45 por ciento de las personas que son víctimas del delito de trata son personas indígenas. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, hasta el 2012 el número de presos indígenas en situación de vulnerabilidad fue de 8 mil 634 personas, tanto del fuero común como del federal, de los cuales sólo 306 son mujeres.
El presente dictamen establece entre los principales cambios una nueva estructura de la Ley General en materia de trata de personas, donde se contiene los delitos y disposiciones generales de carácter penal. También se establecen los derechos de las víctimas, la prevención del delito y la Comisión Intersecretarial, donde las entidades federativas deberán armonizar su legislación.
Por esta razón votaremos a favor de este dictamen, para que se brinde una atención a las víctimas de este delito y se pueda respetar su derecho e inclusive al de debido proceso. Lo anterior esperando que este avance legislativo permita que se proteja y se tutele los derechos fundamentales de las víctimas de este tan lamentable delito. Es cuanto, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, doctor Coronato Rodríguez. El diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra. Señor diputado, hasta por cinco minutos. Adelante, estimado diputado.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, señor presidente. Nuestra tarea como legisladores y en especial la que tenemos encomendada los miembros de la Comisión de Justicia, es la de concebir y discutir el contenido de normas jurídicas que protejan a toda la población y permitan a los operadores jurídicos combatir con eficacia aquellos delitos que minan al tejido social y vulneran irreversiblemente los derechos humanos, fundamentalmente los derechos de los sectores más vulnerables.
Hoy discutimos y votamos una reforma que tiene como eje central el combate y la sanción en contra de uno de los delitos más dolorosos que lesionan a nuestra sociedad, el de la trata de personas, un delito que es sinónimo de la disminución más vil de la que una persona puede ser sujeta; un delito de privación de la libertad y violación de la autodeterminación humana equiparable a la esclavitud más absoluta, a la explotación, a la extinción de nuestra calidad humana.
De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, conocido como Protocolo de Palermo, se entiende la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Ésta y otras normativas internacionales en la materia guían y provén de un estándar mínimo a los Estados nacionales para implementar normas jurídicas claras y eficaces que combatan la trata de personas y sus variadas manifestaciones.
Hoy, en este Congreso cumplimos con la obligación de ajustar nuestro orden jurídico nacional a estos parámetros y a las exigencias que nuestra sociedad, nuestra realidad histórica nos impone para extirpar este cáncer que tanto nos lastima.
Nuestro país, por circunstancias históricas, económicas, geográficas, políticas o incluso culturales, ha sido desafortunadamente presa de este tipo de prácticas lascivas contra la dignidad humana.
Por falta de un tratamiento típico jurídico adecuado o por omisión imputable a alguna autoridad, se ha dejado propagar no únicamente la trata en las grandes ciudades o en los paraísos turísticos, sino también en zonas rurales, centros laborales e incluso en el mismo seno familiar.
Las redes de prostitución y pornografía infantil; los servicios forzados; el tráfico de personas; la extracción y venta de órganos y las demás prácticas análogas que se inscriben dentro del marco de la trata de personas, en países como México son visibles para todos, de fácil acceso, y por ende de enorme propagación La impunidad ha reinado por muchos años al respecto.
Grupo como las mujeres y los niños, las personas indígenas y los migrantes indocumentados son los más vulnerables.
Según lo ha reflejado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han identificado 21 de 32 entidades federativas como lugares en los que se realizan cotidianamente actividades vinculadas con la trata de personas.
Déjenme compartir con ustedes una estadística que refleja la magnitud del problema. No se trata de la ilustración del número de víctimas del delito, sino del vicio del sistema de justicia que estamos tratando de erradicar. Entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de este delito, sólo 35 fueron condenados.
Esto quiere decir que, o bien las acusaciones no se entablaron de manera correcta, o de lo contrario, quienes pudieran haber sido procesados aludieron a la defensa de sus derechos a la exacta aplicación de la Ley Penal para ser exonerados de un delito que sí pudieran haber cometido.
Esta situación nos arroja, por consiguiente, la doble responsabilidad claramente ineludible de dotar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución de los delitos de normas claras que las habiliten para cumplir su función y castigar con eficacia y absoluto rigor a quienes cometan el delito de trata de personas, pero al mismo tiempo, para no incurrir en errores normativos que vulneren el derecho fundamental a contar con una adecuada y exacta aplicación del derecho por parte de aquel que se vea sujeto a un proceso penal por esta causa.
Los avances que contiene la minuta que hoy discutimos son muy valiosos, entre ellos destaca uno de gran interés para la práctica del derecho penal, el cual consiste en la justa identificación de los requisitos que la Ley de Trata exige para acreditar este delito.
Como hoy se encontraba redactada la ley, para acreditar imponer una sanción por el ilícito era necesario que se demostrara el daño a seis bienes jurídicos diferentes, lo que resultaba altamente complejo integrar por parte de las autoridades ministeriales.
Con apego a la normativa nacional e internacional, así como las mejores prácticas en materia de derechos humanos, la minuta establece que es el libre desarrollo de la personalidad relacionado directamente con la dignidad humana, el único bien jurídico dañado que será necesario acreditar para sancionar el delito de trata de personas.
Con esto será menos complejo para las autoridades ministeriales y judiciales establecer una relación causal entre la conducta punible y el bien jurídico tutelado.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del dictamen por distintas razones: condenamos enérgicamente la trata de personas en todas sus vertientes; somos conscientes de que la mejor manera de combatir la violencia y la inseguridad es por medio de la correcta y escrupulosa aplicación de la ley; entendemos que el cumplimiento de nuestra responsabilidad parlamentaria sólo se logra mediante la aprobación de normas jurídicas congruentes y bien estructuradas, apegadas al mandato que establece nuestra Constitución. Asumimos, por consiguiente, que el defecto más grave de la actividad gubernativa que reprueba nuestra sociedad hoy en día es el de la impunidad. Es cuanto, diputado presidente, gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Cuéllar Steffan. Diputada Margarita Tapia Fonllem, tiene el uso de la palabra para que fije la postura que vea pertinente de su Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada Tapia.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllen: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Debe reconocerse que la minuta que reforma la Ley de Trata, que dictaminaron las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, es resultado de más de un año de esfuerzo, de diálogo y debate plural, con la academia y con las organizaciones que protegen a las víctimas de trata. A su vez, esta Cámara realizó audiencias públicas para contar con opiniones informadas acerca del problema y de la propuesta legislativa.
El punto de partida de esta reforma, es la inoperancia de la ley actual, aprobada en 2012, bajo la cual hay datos que nos indican que sólo ha habido una sentencia penal por el delito de trata, de acuerdo con las principales organizaciones que promovieron esta discusión.
Adicionalmente, hay un pequeño número de organizaciones de la sociedad civil que hacen de la atención a la trata un auténtico negocio e incluso reclutan a víctimas con fines políticos y religiosos. Esto no es tolerable de ninguna forma.
El mayor problema de la actual legislación, es la falta de aplicación de la ley contra los actos de trata. Muchos dirían que es algo normal en un país con una tasa de impunidad de 97 por ciento, pero no es así.
No es sólo la indiferencia de las autoridades, sino la complicidad de muchos servidores públicos en un negocio que genera enormes ganancias, para los funcionarios que protegen establecimientos donde se emplean a menores de edad para prostitución, para agentes migratorios que entregan a personas de otros países para ser reclutados forzadamente como sicarios, para autoridades laborales que permiten el trabajo de personas indígenas en condiciones de esclavitud, para los policías que exigen una cuota a los padres que envían a sus hijos a mendigar en las calles.
El mérito de la minuta define adecuadamente el bien jurídico que se tutela. Es decir, el libre desarrollo de la personalidad y es necesario que ello se restituya en el dictamen que apruebe esta Cámara.
Asimismo, la minuta distingue adecuadamente entre la trata, que es el acto de reclutamiento de personas con fines de explotación, de aquellos delitos conexos que ocurren después de ésta: esclavitud, servidumbre, explotación sexual, pornografía y otros.
Es necesario aclarar que a menudo se confunde la actividad de la trata, que está a cargo de redes criminales nacionales e internacionales, de los delitos que después se cometen contra las víctimas. Por esto, con la ley en vigor resulta muy difícil acreditar ante un juez todos los supuestos para castigar la trata.
En la minuta se armonizan los derechos de las víctimas con la Ley General de Víctimas y se establecen mecanismos específicos para los que puede brindárseles una reparación integral de acuerdo a los delitos y actividades que hayan sufrido.
La figura de retorno asistido permite que la persona víctima de trata pueda reintegrarse a su entorno originario en condiciones seguras, garantizando que no sufran nuevas condiciones de vulnerabilidad.
El capítulo sobre prevención, atención y asistencia establece obligaciones del Estado que van desde capacitaciones, campañas informativas y bases de datos especializadas hasta la reeducación de las personas condenadas por los delitos contemplados en la ley.
Se fortalece el papel de las autoridades como el que debe jugar la Secretaría de Salud, para garantizar condiciones adecuadas a los refugios en que se atiende a las víctimas.
La Comisión Intersecretarial deberá coordinarse con todas las instancias en el diseño de políticas para la atención de los delitos, de tal forma que la estructura institucional tenga presencia efectiva en todo el territorio nacional.
Dado que se contó con la presencia de instituciones internacionales, el resultado es una minuta que se armoniza con los principales tratados en la materia y los estándares internacionales.
Para el Partido de la Revolución Democrática es importantísima esta reforma. Y es de reconocer el trabajo realizado en eta Cámara de diputados de las comisiones y de los compañeros y compañeras de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de mejorar y de lograr una efectiva atención a ese grave problema.
Pero es necesario ponderar las ventajas que representa la minuta sobre la claridad y la efectividad de la ley, junto con los cambios aportados en comisiones. En particular, las definiciones del artículo 10, que deben distinguir con claridad entre trata y explotación, lo que deberá ser materia de la discusión de aspectos en lo particular y de las reservas que presentaremos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, amiga diputada Tapia Fonllem. La diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional fijará la postura correspondiente hasta por cinco minutos. Tiene el uso de la voz, diputada.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado. Muchas gracias. Estimados colegas, señoras y señores legisladores, el día de hoy vengo a esta tribuna con una satisfacción muy especial que se las comparto y es la de haber formado parte del equipo de trabajo que analizó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Este equipo de trabajo revisó de manera pormenorizada, puntual y responsable la minuta en comento, concluyendo en un instrumento que sin lugar a duda es perfectible, pero se aportan elementos fundamentales que requiere la autoridad investigadora, así como la juzgadora, para que garanticen a las víctimas de trata que sus victimarios serán castigados conforme a derecho, después de que estos violentaron de manera infame su dignidad.
La trata de personas es una versión moderna de la esclavitud que violenta de manera severa y directa lo más íntimo de una persona. Es relevante destacar, que durante el proceso de análisis –y ahora sí que antes también– se escucharon a diversos actores involucrados en este proceso, especialistas en materia de trata y sin duda alguna las más importantes, las organizaciones civiles, que brindan servicios a las víctimas de este deleznable delito, por lo que lo plasmado en este dictamen reúne ese compendio de aportaciones relevantes.
El equipo de trabajo modificó aspectos sustantivos de la minuta de dictamen enviado por el Senado y ameritan ser mencionados en esta tribuna a fin de legitimar su aprobación por el pleno de este órgano legislativo.
Uno de ellos es la modificación a la fracción II, del artículo 2o. de la ley en comento, sobre este particular se modificó el orden en que se mencionan los bienes tutelados consignando en primer término la dignidad humana y en segundo al libre desarrollo de la personalidad.
Otro aspecto importante es darle el carácter de imprescriptibilidad al delito de trata. Se modificó entonces el artículo 8o. de la minuta a fin de hacerlo concordante con lo establecido en el artículo 106 de la recién aprobada Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que le da carácter a los delitos cometidos en contra de menores de edad e incapacitados.
También existe un escenario en la Comisión del Delito de Trata de Personas que pudiera definirse como un crimen de lesa humanidad, por lo que se incorpora al artículo 8o. la frase: Se trate de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, en cuyo caso serán imprescriptibles los delitos cometidos bajo esta circunstancia en términos del artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mismo que es derecho positivo vigente en nuestro país.
Las modificaciones se retomaron de planteamientos de la sociedad civil que fueron expresadas en dos audiencias públicas que se celebraron en esta Cámara de Diputados con la finalidad de escuchar a quienes tienen contacto directo con las víctimas.
Por ello se determinó que eran necesarias las modificaciones a la minuta, sin embargo el artículo medular de esta reforma sin duda es el artículo 10 en el que se establece el tipo delictivo de la trata. Es necesario acotar que dicho artículo, conforme a la ley vigente, impide la punibilidad de la tentativa del delito de trata de personas contraviniendo así el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el artículo 39 de la propia ley, por lo que la modificación que realizó a este artículo la Cámara de Senadores fue acertada y correcta, y la Cámara de Diputados, en nuestro carácter de revisora, abonó a la redacción antes efectuada.
La modificación propuesta cumple con el requisito establecido en el numeral 1 del artículo 5o. del Protocolo de Palermo que establece:
Uno. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente protocolo cuando se cometan intencionalmente, por lo que existe el cumplimiento de los instrumentos internacionales de la materia.
La nueva redacción fue pensada para que ninguna de las personas que interviene en este delito infame pueda quedar impune de tal crimen que es cometido en contra de la dignidad humana. Es decir, se va a castigar con pena de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa a aquella persona que consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.
Con esta redacción, lo digo con toda claridad, ningún hijo de la mañana que se dedique a este tipo de delitos, va a quedar libre. Le estamos dando al Ministerio Público todos los instrumentos para que a este delito le piensen dos veces antes de cometerlo.
Otra modificación propuesta a la minuta enviada por el Senado de la República es la reinserción del artículo 19 –que se pretendía derogar en un inicio– por considerar que el mismo proviene de una naturaleza exclusivamente laboral.
Argumenta la minuta que no es constitutivo de un delito en materia de tratas de personas, y por tanto no es susceptible de regulación por la Ley General en materia de Trata de Personas, sin embargo las comisiones dictaminadoras considerador prudente retomar el tema en virtud de diversos acontecimientos que se dieron posteriores a la aprobación del Senado del dictamen correspondiente.
Es por ello que se determinó incluir en términos muy precisos una de las más habituales manifestaciones en las que se realiza la trata de personas con fines de explotación sexual.
Se trata de la forma en que opera comúnmente el crimen organizado, ya que la víctima es engañada con promesas de trabajo bien remunerado o bien, amenazada o coaccionada y se le somete para desarrollar actividades como trabajo sexual, doméstico u otros, que permitan su explotación.
Para terminar mi exposición debo reafirmarles, compañeros diputados, que el dictamen que hoy presentamos ante este honorable pleno es la culminación de un estudio, análisis y revisión sistematizada y armonizada con los diversos ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales, por lo que expreso en esta tribuna mi convicción y la de mi grupo parlamentario, de aprobar dicho instrumento a favor. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Esther Quintana. Tiene la palabra el diputado Fernando De las Fuentes Hernández, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Donato de las Fuetes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoya decididamente el trabajo realizado por las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, de este dictamen, porque consideramos que se hizo con responsabilidad, precisión técnica y con conocimientos sólidos en la materia.
Uno de los grandes aciertos de las modificaciones realizadas para enriquecer la propuesta de reforma del Senado de la República, es la sistematización de los delitos en materia de trata de personas y el esclarecimiento de su naturaleza, a partir de un reordenamiento del artículo 10 que contiene las definiciones de trata de persona y su inter crimines que es el camino que sigue el delito para concluirse.
Podemos entender en esta justa dimensión cada uno de estos delitos objeto de esta ley. En primera instancia queda claro que el delito principal es la explotación de una persona en las modalidades específicas en las fracciones I a XII, las cuales, por otra parte, sólo pueden concretarse a través de la comisión de delitos como conseguir, captar, enganchar, transportar, trasladar, alojar, recibir, retener, entregar, ocultar, reclutar o transferir.
La enorme importancia de la modificación hecha al artículo 10, es que nos permite entender la trata como un camino delictivo que va desde conseguir y captar hasta explotar a una persona.
Queda así claro en primera instancia, que no toda explotación es trata, pero toda trata de persona es una explotación. La explotación en las modalidades descritas en la ley, es el delito final porque es además el que lesiona directamente el bien jurídico tutelado, en tanto que los delitos que llevan como finalidad solamente la trata son evidentemente previos y de peligro concreto.
Ciertamente la ley modelo contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito da carácter facultativo a la explotación respecto de la trata de personas. Es decir, los países pueden tipificar o no como trata.
Contiene diversos ejemplos de legislaciones nacionales que ilustran el uso de esta facultad y señalan que en todo caso lo irreductible es que se haga de manera armónica por la legislación nacional. Aún más, indica textualmente: “La ley modelo no puede ser aplicada en forma aislada y para que sea efectiva es esencial contar con la legislación nacional sobre aplicación de la convención”, refiriéndose a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional.
En México esta Convención se ha concretado a través de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Así pues, la ley en materia de delitos de trata no puede aplicarse separadamente de aquélla. Por cierto que ésta no contempla la explotación por sí misma dentro de los delitos de la ley del crimen organizado.
Así pues, la explotación sin trata quedaría como un delito aislado de naturaleza penal indefinida, lo que le restaría operatividad a la ley en materia de trata de personas y efectividad de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
De ahí que para su comprobación sólo deba acreditarse el dolo genérico, es decir, el conocimiento de la antijuridicidad y el tipo penal.
Es importante hacer hincapié en que con la nueva redacción del artículo 10 se hace evidente que los delitos previos conforman un camino del delito que pueden o no ocurrir y que pueden ser realizados por uno o por varios individuos, es decir, para sí o para un tercero.
La importancia de comprobar que estos delitos sean cometidos por un tercero radica en que de esta manera puede alcanzarse plenamente a las redes del crimen organizado. Una vez establecida la naturaleza de los delitos de trata de personas en el nuevo artículo 10 podemos advertir la penalización y el modus operandi específico de estos delitos previos.
En este caso encontramos el artículo 18 en promoción del turismo sexual, el 19 con contratos engañosos, el 32 en contratar un espacio publicitario con publicidad ilícita o engañosa con el fin de captar víctimas y el 33 difundir dicha publicidad.
Penaliza asimismo delitos subsecuentes a la explotación de una persona como la pornografía proveniente de la trata en sí misma en una cadena delictiva sancionada en los artículos 15, 16 y 17.
Se penaliza finalmente un delito asociado a la trata como el arrendamiento o comodato de un bien inmueble con conocimiento de que será usado para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley.
El segundo gran acierto del dictamen a consideración del Grupo Parlamentario del PRI es avalar las reformas del Senado en materia de protección y atención a víctimas. En materia de protección las comisiones unidas consideran pertinente maximizar el privilegio de la dignidad humana, de todos los derechos humanos como bien jurídico tutelado.
En segundo lugar, se hicieron modificaciones respecto al derecho de la víctima a un eventual período de estabilización física y psico-emocional antes de rendir su declaración. En este caso, la protección de la víctima se hará efectiva mediante un peritaje especializado que corroborará su salud.
En lo que a la ayuda, asistencia y reparación del daño respecta, las víctimas de delitos de trata de personas serán atendidas en los términos de la Ley General de Víctimas. Las ventajas de la Ley General de Víctimas es que cubre todos los aspectos contemplados en la ley vigente sobre derechos de trata de personas, pero lleva la reparación del daño a una dimensión integral que abarca la restitución, la rehabilitación, la compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Además la Ley General de Víctimas privilegia a las víctimas de trata de personas de acuerdo al enfoque diferencial y especializado de su artículo 5o.
Por otra parte, el fondo destinado a asistir, apoyar y a resarcir el daño de las víctimas del delito de trata de personas, se integra al fondo contemplado en la Ley General de Víctimas, otro gran cierto, ya que cuenta con recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y las víctimas de los delitos de trata serán sujetos de un tratamiento privilegiado no sólo por la ley, sino que operativamente a través de la gestión de un comité especializado y les dará un tratamiento diferenciado. Por esto y por todo lo anterior, el PRI votará este dictamen en sus términos a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Fernando De las Fuentes.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento, le otorgo el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, para la discusión en lo general del dictamen, hasta por tres minutos, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Vamos a razonar nuestro voto. Información presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2013, señala que la trata de personas es un delito aberrante que afecta a casi 21 millones de personas en el mundo, y que cada año capta alrededor de 2.5 millones de seres humanos.
Según la ONU las mujeres, niñas y niños conforman los sectores más afectados por este delito, 22 por ciento son menores de edad y 66 por ciento son mujeres. En México hay entre 16 mil y 20 mil niñas y niños como esclavos sexuales y es un país de origen, tránsito y destino de víctimas para la trata de personas.
Detrás de esta operación criminal hay todo un sistema ilícito de ganancias generadas por este delito, que ascienden a cerca de 36 mil millones de dólares, superado sólo por el narcotráfico y el tráfico de armas.
La trata de personas lastima a las víctimas, a sus familias, y agravia a toda la sociedad, es una violación flagrante a los derechos humanos y un problema de seguridad pública que repercute sobre todo en las personas con mayor vulnerabilidad. La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, como tránsito o como destino, y se ha informado que hay 127 países donde se ha explotado a víctimas de este delito.
Es desde luego una forma de explotación sexual; pero no se limita a la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, incluye trabajos forzados, esclavitud o prácticas análogas a las mismas e incluso extracción de órganos.
Por todas estas razones consideramos que las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos han hecho un trabajo adecuado, han escuchado a diferentes organizaciones y han incluso revisado lo que el Senado realizó sobre el tema.
Pero me parece que algo que hay que estacar de este dictamen es que la interpretación de esta ley atenderá a los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte y la jurisprudencia internacional aplicable.
Me parece adecuado también que se haga esta distinción entre la explotación por sí misma, y quienes contribuyan desde el traslado, el enganche y otras formas de tratar a las personas. Por esa razón mi voto será a favor.
Desde luego que es un tema que genera cierta controversia, legítimamente diferentes organizaciones tienen diferentes enfoques, pero me parece que la legislación internacional y la jurisprudencia internacional ofrecen salidas para que avancemos en un garantismo y en una sanción total a estas prácticas inhumanas, degradantes, que deben extirparse en nuestra sociedad. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Le vamos a dar el uso de la palabra a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo para hablar en pro del dictamen. Adelante, diputada, tiene la palabra en pro y hasta por tres minutos.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Con su venia. Hago uso de esta tribuna para hablar a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
Debemos de reconocer el trabajo que han realizado tanto las diputadas y diputados de esta Cámara, asimismo como las senadoras y los senadores que han ocupado bastante tiempo en poder consultar a especialistas, a asociaciones civiles y revisar los tratados y convenios internacionales con respecto a esta materia.
Es bueno que hoy podamos dictaminar esta iniciativa, ya que también en estos momentos igualmente me llega a la memoria que desde la LX Legislatura, en la que yo pude participar también como diputada y tratando los temas de derechos humanos, este era un tema fundamental y que además de poder tener esta ley hoy aquí en este plano para su aprobación, en aquel entonces de igual manera proponíamos que pudiera colocarse en la ley general por ejemplo de Turismo, que pudiera ser un tema preventivo dado que de igual manera en el dictamen lo que se explicita es que hay turismo sexual, y que pudiéramos hacerlo asimismo, hacer una reforma legislativa integral que pudiera modificar todas las disposiciones que tengan que ver con este tema.
Me parece oportuno el día de hoy que podamos aprobar este dictamen, pero asimismo igual hago un llamado a que pudiéramos realizar esta revisión y sobre todo que pudiéramos tener un trato de este tema en todos los otros reglamentos, en la legislación que tenemos y muy en particular poderlo colocar en la Ley General de Turismo, que pudiera prevenir este laste histórico que ha sido mucho, mucho tiempo tratado atrás, y que pudiéramos hacer esta revisión, porque los datos oficiales nos dan datos muy, muy cuesta arriba y sobre todo incluso a nivel mundial, y que en este tema, en el sistema internacional, de información internacional que tenemos México es el segundo país que provee más víctimas de trata a Estados Unidos, superado solamente por Tailandia, y siendo las víctimas más vulnerables los niños, las mujeres que son trasladados a los territorios fuera de su país y que sufren esta explotación sexual y laboral.
También que la mayoría de las víctimas provienen de contextos de vulnerabilidad, como pobreza, orfandad, desigualdad social y situaciones de violencia. También, según algunos organismos internacionales, desde el 2012 alrededor del 87 por ciento de las personas que sufrieron de trata tenían menos de 18 años, siendo el mayor vínculo de detección las redes sociales.
De hecho, es tan grave este delito, que entre el 2009 y el 2013 se abrieron mil 545 averiguaciones en nuestro país, siendo Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, estado de México, Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco, Baja California y Puebla, en donde se reportaron mayores incidentes.
Respecto al número que reportaron en el periodo de enero 2010 a julio de 2013, se contabilizaron un total de 846 víctimas de delito de trata de personas, siendo Jalisco, Puebla, Baja California y Oaxaca donde presentaron 74.11 de las víctimas. De este porcentaje fue un 86.8 por ciento de mujeres, frente al 11.11 por ciento de hombres y 2.04 que aún se encuentran sin definir en el género. De estas mujeres que han sufrido o sufren la trata, el 91.36 son solteras, además que de los fines de trata entre las mujeres son primordialmente sexuales, pues las cifras así lo demuestran con un 87.70
Aunque entre las principales actividades que se cuentan con el fin de trata, se contempla la esclavitud, la condición de siervo en la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, así como la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso o servicio experimentación biomédica.
–Concluyo, señor presidente–. De igual manera, llamo la atención a este pleno, puesto que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hoy aprobando este dictamen, donde también se prevé que la mayor cantidad de las personas con discapacidad son ellos las primeras presas, igual reconvino a que pudiera realizarse o colocarse en la agenda del día de mañana. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Bautista. Ahora sigue el señor diputado Silvano Aureoles Conejo, la invitación del señor presidente de esta Cámara. Saludamos a integrantes de diversas instituciones del municipio de Tacámbaro del estado de Michoacán. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por su visita.
Para hablar en contra del dictamen, le otorgamos el uso de la palabra al señor diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Adelante señor diputado, tiene el uso de la palabra.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. En efecto, creo que la alerta por el aumento de la trata de personas en el mundo es impresionante.
La ONU ha tratado, ha señalado, ha expresado la preocupación sobre este fenómeno mundial que refleja la crisis humanitaria. Incluso, en México también ha venido al alza este fenómeno, este delito internacional, esta crisis humanitaria de trata de personas.
En México se ha creado una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, sin embargo no ha funcionado en todo bien. Es una actitud todavía mediana y lamentablemente va a contracorriente de lo que está pasando en el país.
México está padeciendo este fenómeno internacional, la trata de personas la vemos en todos los lugares, en todos los espacios, desde la frontera sur hasta la frontera norte, y en las ciudades con una urbanización importante, como la Ciudad de México, el estado de México, Toluca, Puebla, Jalisco, Nuevo León, la trata de personas está cobrando mayor importancia en la explotación, no sólo explotación sexual, sino en todas las modalidades que implica la descripción de este delito, de esta crisis humanitaria.
Incluso, la Oficina de Naciones Unidas ha señalado que ha aumentado el número de manera alarmante de personas sometidas a la trata, sin desapercibir que los hombres y los niños varones también son víctimas de la trata de personas, con fines de trabajo forzoso, mendicidad forzada, explotación sexual y reclutamiento forzoso, como niños soldados. Y en México lamentablemente, como niños sicarios.
Este fenómeno del sicariato, niños que los enrolan y los obligan como sicarios, viene presentándose desde hace varias décadas, diría desde hace 12 o 14 años con mayor fuerza. Reclutan a los niños como sicarios y como transportadores de droga porque saben que están sujetos a disposiciones especiales, no a procesos penales por ser menores de edad.
Sin embargo, nosotros creemos que es adecuado este dictamen en términos generales, que han emitido las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, y que esta Ley General para Prevenir Sanciones y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y la Asistencia de las Víctimas de estos delitos es correcto.
Debo advertir que hay inquietud. Lo vamos a tratar en las reservas. Hay inquietud en varias disposiciones concretas. Como la descrita en el artículo 10 y en el artículo 84. Varias modificaciones que venían de la Cámara de Origen, del Senado, fueron aquí modificadas.
En el artículo 10, en la definición del Protocolo de Palermo se establecía, con toda seriedad, lo que se entiende por trata de personas. Una definición amplia y lo que hacía el Senado y las comisiones dictaminadoras era simplemente trasladar el artículo 3 del Protocolo de Palermo a esta ley.
El Senado la modificó, perdón, esta Cámara revisora modificó el artículo 10 y reconfiguró todo el articulado del 10.
¿Por qué razón? Según me explicaba, según el criterio de algunos diputados, es por el temor de que los tipos penales no sean aplicados concretamente y puedan, a través de estas fisuras, no castigarse los delitos tan graves, con sus modalidades, de la trata de personas. Es discutible y es parte de lo que tenemos que diseñar.
Hay algunas organizaciones no gubernamentales que están preocupadas por este cambio, que se dio en varias disposiciones de la ley en comento, de este dictamen, y por tal razón me parce pertinente alertar.
Pero en términos generales, nosotros creemos que es correcta la apreciación de las comisiones, y por tanto, vamos a definir nuestro voto, como siempre, de manera libre cada uno de los diputados de Movimiento Ciudadano, y diputadas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra, el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, de Acción Nacional.
El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: El posicionamiento que hoy se presenta deriva del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
El dictamen que hoy se discute sometido a la consideración de esta soberanía es de vital importancia para la sociedad mexicana, cuyo propósito es continuar con el abatimiento de un delito que lacera profundamente a nuestro país, nos referimos al delito de trata de personas.
Como es del conocimiento de todos ustedes, desgraciadamente nos ha tocado vivir tiempos difíciles en los que la corrupción, la violencia y la criminalidad se han convertido en una realidad cotidiana y lacerante, en donde la salvaguarda de los derechos humanos representa la máxima prioridad a efecto de garantizar la eficacia y eficiencia del estado de derecho.
Entre los delitos que más afectan a la sociedad mexicana el día de hoy se encuentra el delito de trata de personas, el cual representa la forma de esclavitud más deleznable del siglo XXI. El proyecto que hoy se discute permite actualizar esta valiosa herramienta legislativa para el combate de este delito.
En primer lugar era ya una exigencia social el cambio de denominación de la norma, debido a que el actual es considerado largo y poco afable con la ciudadanía. En segundo lugar, los cambios que se introducen nos permiten establecer una nuevas estructura en la que se establecerán lineamientos generales mínimos, con una clara delimitación para cada uno de los tres niveles de gobierno, así como una indubitable distinción de aquellos delitos cuya competencia exclusiva corresponderá únicamente al Congreso de la Unión.
Otro de los cambios loables es la incorporación de bienes jurídicos tutelados, la actualización de conceptos que ya se establecían en la ley y la adecuación de la figura de trata de personas, todos éstos en concordancia con el derecho internacional y las recomendaciones que han sido realizadas a nuestro país.
Se incluyen también principios nuevos y acordes con aquellos instrumentos internacionales referentes en la materia y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el establecimiento de la pérdida de algunos derechos para el caso de que el sujeto activo tenga relación consanguínea o por afinidad por la víctima.
De acuerdo al informe presentado por la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Chiapas, por su condición fronteriza, desgraciadamente es uno de los estados de México más vulnerables a la trata de personas.
Como diputado chiapaneco tengo que reconocer el gran esfuerzo y trabajo que ya han venido realizado las autoridades estatales en coordinación con la federación y diversas organizaciones de la sociedad civil en este rubro. Esta regulación viene también a fortalecer, pues, dichos esfuerzos y trabajo responsable que ya han venido realizado estas entidades.
Señoras y señores legisladores, el Partido Acción Nacional tiene como objetivo impulsar leyes que beneficien a todas y a todos los mexicanos, es por ello que votaremos a favor del presente dictamen que hoy se analiza, el cual tendrá como consecuencia dotar de mayores elementos jurídicos a la autoridad que permitirán combatir el delito de trata de personas, prevenirlo y reparar el daño a quienes desgraciadamente han sido víctimas.
Por lo anteriormente expuesto, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Aquino Calvo. Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez. Hasta por tres minutos, diputada. Adelante, tiene la palabra diputada.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Primero que nada tengo que reconocer el trabajo tan intenso que hicieron las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
En este dictamen que hoy estamos discutiendo puedo rescatar tres aspectos fundamentales que la Cámara de Diputados modificó al documento original que mandó la Cámara de Senadores.
El primer aspecto es la reparación del daño en forma integral de este delito, ya que ahora sí se va a atender la parte emocional, la parte económica, la parte física de la persona que va a ser afectada. Es un avance.
El segundo aspecto es la definición del tipo penal que incorpora las cadenas delictivas del delito. Ahora sí también va a ser considerada parte de la cadena a quien capte, a quien enganche, a quien transporte, a quien traslade, a quien aloje, a quien reciba, a quien retenga, a quien entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con el fin de explotación mediante amenazas, mediante engaños, seducción, abuso de poder y a veces se aprovechan también de las condiciones vulnerables de las personas para que caigan en este delito.
El tercer aspecto es que incorporan los tratados internacionales como jurisprudencia internacional en la aplicación e interpretación de esta ley.
Se reforman algunos conceptos también como explotación infantil, servicio o trabajo forzoso, sentimental, realización de ensayos o experimentos biomédicos, clínicos o farmacéuticos, reclutamiento forzado o la utilización de una persona menor de edad para conflictos armados.
Qué bueno que las dos comisiones hoy están presentando estas modificaciones; qué bueno que aquí se robustece este documento que vamos a aprobar.
Sin embargo analizando también en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hay ahí algunas opiniones que hablan de que falta. Sin embargo tengo que reconocer yo como diputada oaxaqueña, que también estamos viendo que las estadísticas nos señalan y muestran que Oaxaca está dentro de estas altas violaciones a los derechos humanos en materia de trata de personas, pues yo sí le veo avance, por eso sí la voy a votar a favor.
Pero a nosotros o a mí en lo particular, me preocupa la corrupción y la impunidad de los tres niveles de gobierno.
Cómo garantizar que este dictamen que muestra avances va realmente a aplicarse la ley, cuando se ha visto y sabemos que en este país en el que vivimos la corrupción impera. Y si a un alto funcionario de gobierno le gusta una jovencita migrante, la toma, y esa no es ninguna mentira.
Lamentablemente los hombres del poder, los que pueden pagar, también están cayendo en ese error. Y cuando se han evidenciado, mi pregunta es, ¿acaso van a ser sancionados? O ¿van a corromper la cadena otra vez para no ir a la cárcel? Esa es mi pregunta y esa es mi preocupación.
Para los hombres de esta Cámara de Diputados que no están en eso, felicidades. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez. Para hablar en pro del dictamen, tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del grupo parlamentario del PRI.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Buenas tardes. Con su venia, presidente; compañeras y compañeros, agradezco la oportunidad que me brinda esta tarde mi grupo parlamentario para poder intervenir a favor del dictamen de la minuta en la que se analizó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
En su momento, una servidora, en mi calidad de secretaria de la Comisión Especial contra la Lucha de la Trata de Personas, pedí que esta minuta, que llegó del Senado, fuera también turnada para opinión a esta comisión especial.
Arduo e intenso ha sido el trabajo que hoy permite poner a consideración de este honorable pleno este dictamen. Indudablemente mucha polémica se ha desatado, pero hemos privilegiado por sobre todas las cosas el diálogo y el bienestar de México y de sus ciudadanos.
En mi grupo parlamentario nos pronunciamos a favor porque este documento trae claridad a un delito tan grave como lo es la trata de personas.
Finalmente se visibiliza este delito, aunque aún muchos no quieren hablar del tema. Es por eso que uso esta máxima tribuna de la nación para alzar la voz para poder decir que trata de personas es el tercero o segundo –porque aún hay un debate enorme– negocio ilícito más lucrativo del mundo y cuando se trata de dinero muchos callan.
Este dictamen permite que finalmente el delito sea visible y eso permite que los que cometen el delito sean sancionados con la severidad de quien lastima y vulnera a una población que se encuentra en grave situación de vulnerabilidad.
Otros oradores que me han antecedido ya han dicho y enumerado las diferentes actividades que se encuentran consideradas dentro del delito de trata de personas. Pero quiero hacer hincapié en que, como ya dije, cuando se trata de dinero el delito sigue presente y quiero decir que tampoco se trata de un delito que solamente se comete contra mujeres.
En mi grupo parlamentario nos pronunciamos a favor por la claridad y visibilidad a las víctimas. No confundamos trata con violencia de género; tratémoslos como los dos temas que son independientes uno del otro.
Celebramos que finalmente este esfuerzo de reconocer a las víctimas venga acompañado con el presupuesto correspondiente, 800 millones de pesos, a través del Fondo para Víctimas. Es una iniciativa de ley que no se queda solamente en el papel, sino que se pueden ver los resultados de manera inmediata.
En el PRI nos pronunciamos a favor por las sanciones que se les impondrán a quienes cometan estos delitos; nos pronunciamos a favor por el ejercicio de homologación de la ley con los tratados internacionales, lo que representará obligadamente una mejor procuración de justicia y la cooperación internacional.
Este es un delito que evidentemente cruza fronteras y que si no acudimos a otras instancias internacionales para su combate seguirán evadiéndose quienes lo hagan.
Con esta homologación y con esta iniciativa podremos perseguir a quienes lo cometen y el delito no se evadirá más.
Felicito finalmente el trabajo de compañeros y compañeras de las comisiones dictaminadoras por su entrega y finalmente porque estoy segura y convencida de que este es un dictamen que es en beneficio de México y de los mexicanos que se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad. Felicidades a todos porque el día de hoy estaremos haciendo historia. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Gamboa Song. Después de que hemos escuchado a seis oradores, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para la discusión los siguientes artículos.
2o, fracciones II, IV y V, por el diputado Víctor Raymundo Nájera Medina.
2o, 8o, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 28, 28 Bis, 30, 31 y 36 por la diputada Margarita Tapia Fonllem.
También el 10 por la propia diputada Margarita Tapia
El artículo 8o la diputada Delfina Guzmán Díaz
El 10, diputado Víctor Raymundo Medina
El 10, diputado Fernando Belaunzarán Méndez
84, fracción IV y 86, fracción VI, la diputada Leticia López Landero y el 84, fracción IV, la diputada Lilia Aguilar Gil.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Me doy la oportunidad para saludar con respeto, para darles la bienvenida, a Martha Castañeda, a Chris Wilson, a Erikk Lee, a Liz Bauch, Mark Gizzi, James Hamilton y a Edgar Ruiz, integrantes de la Conferencia Legislativa Fronteriza México-Estados Unidos, invitados por el diputado David Pérez Tejeda Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Y por supuesto también a los integrantes de la Comisión ordinaria de Asuntos Frontera Norte. Les damos un saludo fraterno. Gracias por su visita y por el interés en temas comunes. Gracias sinceramente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema electrónico.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 371 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 371 votos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene ahora la palabra el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, de la fracción parlamentaria del PRD, para presentar reservas al artículo 2o., fracción II, IV y V.
El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Gracias, compañero presidente. Con el permiso de mis compañeras diputadas y de mis compañeros diputados. A lo mejor vamos a alzar la voz de disenso en un dictamen que en pocas ocasiones tiene unanimidad en su aceptación.
Posiblemente el hecho de que no sea abogado y ante la inconformidad de varias organizaciones sobre el tema me permito hacer algunas reflexiones en contra, que ojalá algún compañero o compañera diputada, docta en el tema, pudiera ilustrarme para que definitivamente se me quite la duda.
Lo que se está haciendo con este dictamen es legalizar la trata de personas, compañeras y compañeros. Si nos vamos al artículo 10 como se presenta en el dictamen que aquí acabamos de aprobar, compañeras y compañeros.
Quien engancha, el que hace el negocio llevando a la trata de personas a los centros de explotación, compañeras y compañeros, no cae en esta hipótesis. Por eso afirmamos que estamos legalizando la trata de personas.
Ahora resulta, compañeras y compañeros, que aquel que seduce, que engancha, que convence, engaña a una persona para llevarla al centro de explotación, compañeras y compañeros diputados, ahora lo puede hacer legalmente porque no lo contempla con precisión esta ley que aprobamos.
Yo diría, compañeras y compañeros, que valdría la pena que se revisara esto que estamos cometiendo. Nos estamos alejando de lo que por años la comunidad internacional ha buscado combatir como el tercer delito que más ingresos genera. En este momento las organizaciones de la sociedad civil responsables y conocedoras del tema se están manifestando en contra de la aprobación del presente dictamen.
Para contextualizar la gravedad de lo que estamos a punto de hacer, les informo que lo que dio origen a esta reforma es que la actual Ley General cuenta con un importante número de errores técnico-jurídicos. Sólo por citar algunos elementos, se afirma que la actual ley carece de certeza jurídica derivado, por una parte, de la confusión y duplicidad de conductas delictivas que podría incluso ser inconstitucional, y por otra, de la inconsistencia y falta de técnica jurídica y conocimiento de este fenómeno delictivo con lo que fueron elaborados los tipos penales, que definitivamente dan entrada a la impunidad y a que los tratantes salgan libres, porque seguramente van a buscar amparos aquellos que estén en las cárceles de nuestro país.
Es importante decir que el dictamen como hoy se está aprobando criminaliza la pobreza, deja a las y los ciudadanos en una total inseguridad jurídica, ya que la confusión de tipos penales entre trata y explotación permite que se sancione por trata una amplia gama de conductas que no lo son, y despenaliza lo que en realidad se es el delito de trata de personas.
Si esto llegara a ser publicado, cientos de tratantes en las cárceles saldrían libres inmediatamente. Este dictamen no sólo es un paso atrás de un enorme esfuerzo que académicos, sociedad civil y autoridades responsables han hecho con absoluta responsabilidad.
Esto no puede ser un tema político, ante todo es tema penal y un asunto que impacta la vida de miles de víctimas. No nos dejemos llevar por un impulso que no está adecuado fundamentalmente desde el punto de vista jurídico.
Voy a explicarles la diferencia entre trata y explotación. La trata de personas es la captación, transporte, acogida y recepción. Es decir, los tratantes son aquellos que surten los mercados de los explotadores. Y así lo dicen todos los instrumentos internacionales, manuales de Naciones Unidas, las recomendaciones internacionales y el derecho comparado.
Para terminar, lo que señala el artículo 10 del dictamen es literalmente que se entiende por trata de personas la explotación de una persona. No hay un solo país que confunda la trata de personas con la explotación.
Lo que se estaría haciendo, si se aprueba el artículo 10 como viene en el dictamen, sería impedir con esto que a un tratante se le sancione por comercializar; es decir, por tratar.
Esto, señoras y señores, también la actual redacción impide la sanción por concurso de delitos, porque la trata de personas desaparece para convertirse en explotación. Basta decir que en unas horas seremos vistos como una Cámara ignorante irresponsable.
Entiendo que todas y todos están expresando una preocupación legítima por el tema. Esta preocupación tiene que venir aparejada de conocimiento. Tienen que saberlo, no estamos equivocados y habrá que asumir la responsabilidad por ello. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Nájera. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se rechaza la reserva del diputado Nájera.
Esta Presidencia da la bienvenida a los participantes en el Foro Legislativo Internacional de Angioedema Hereditario, invitados por la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares. Les damos la bienvenida. Y de manera especial saludamos a Laura Zapata, invitada también y presente en este evento. Gracias por su presencia.
Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Tapia para presentar sus reservas. Entiendo las presentará en un solo acto la diputada Tapia. Son reservas al artículo 2o., 8o., 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 28, 28 Bis, 30, 31 y 36. De tal manera que habremos de darle el tiempo necesario para que presente todas sus reservas.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muchas gracias. Hemos reconocido que esta reforma tiene indudables ventajas, pero hay otros avances en la minuta que recibimos que se han puesto en entredicho.
Al igual que otras diputadas y diputados, considero que el artículo 10 debe recobrar su sentido original y armonizarse con el resto del dictamen en discusión. El texto que se aprobó en comisiones y sobre el cual se acordó presentar las propuestas de reserva al pleno, incurre de nuevo en una ambigüedad, pues dice textualmente: “comete el delito de trata de personas quien explote a una persona, ya sea mediante amenaza, uso de fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero, que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra, u otras formas de coacción en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación”.
En contraposición, la minuta del Senado consideró que la captación, enganche y otras acciones con fines de explotación, son en sí mismas trata de personas, lo cual requiere una investigación y sanción diferenciada de quienes explotan a las personas.
Debe recordarse que las grandes redes de trata de nivel nacional e internacional operan con grandes ganancias y corrompen a un gran número de funcionarios para movilizar personas y recursos, inclusive a través de las fronteras nacionales.
Un explotador común, por ejemplo, un capataz agrícola, un lenón de calle, un patrón de niños, vendedores ambulantes, son parte de la cadena que se beneficia de la trata, pero no son necesariamente tratantes.
La dimensión local de este fenómeno de explotación amerita que los esfuerzos hacia su erradicación se hagan efectivos, pero la dimensión nacional y global de la trata amerita una acción de Estado que considere la seducción, el uso de la fuerza, entre otros medios.
He presentado las reservas sobre los artículos que mencionó el presidente de la Mesa Directiva, y en el artículo 12, en particular, las modalidades de servidumbre estipulan los medios comisivos de cada una y se establece la acción dolosa, cuando el tipo penal también puede ser por omisión de la autoridad.
No hay la necesidad de establecer el dolo como elemento de tipo, la omisión puede ser dolosa y tener graves consecuencias cuando una parte del Estado permite que se lleve a cabo una cadena de actos de tratantes y explotadores.
Dejaría mi intervención ahí y llamaría al pleno a votar a favor de las reservas a los artículos mencionados para darle mayor eficacia a esta reforma. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Tapia. Consulte la Secretaría, en votación económica, a la asamblea si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se desechan las reservas. Y tiene ahora la palabra la diputada Delfina Guzmán Díaz, para presentar reserva al artículo 8.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas, quiero iniciar diciendo que la explotación no es lo mismo que trata. Esta ley sin duda es necesaria, pero necesita ser completa y entendible.
De nada me sirve un articulado de sanciones, delitos y derechos de las víctimas. De nada sirven si hacemos la apertura a conceptos básicos de este tema tan delicado y completo, como es la trata de personas.
Esta ley debe proporcionar armas, herramientas y poder a las víctimas de trata. Esta ley debe empoderar a todos y a todas los que desafortunadamente fueron víctimas de trata.
México, la sociedad, los jóvenes y mujeres, las víctimas de trata exigen un alto a la impunidad.
Hace algunos años un muy sonado caso de trata asombró y causó gran enojo a la sociedad de este país. El titular del entonces gobierno de Puebla fue exhibido en un acto totalmente reprobable de trata de personas. Él ahora está libre, lejos de todos los delitos, ¿cuántas botellitas de coñac habrán terminado en manos del gober precioso.
Esta ley debe dar armas, herramientas y poder a todos los víctimas y las víctimas de trata. No debe ser una serie de argumentos y lagunas que protejan y fomenten la impunidad a los delincuentes que hacen un daño irreparable por semanas, meses o años, por toda una vida.
No podemos permitir que en la técnica legislativa la mala redacción brinde una apertura para la injusticia y la impunidad, temas que nos tienen hartos a todos, a los estados, a la comunidad, en general a todo México. Protejamos pues a las víctimas de trata, no hagamos legal lo ilegal y lo inhumano, no seamos cómplices de un delito que arruina vidas, futuros y proyectos. Estudiemos este proyecto en la medida de nuestras competencias, no aprobemos las cosas solo por aprobar, hagamos las cosas de manera responsable e informada.
Por ello, la propuesta de modificación al artículo 8o. acotarlo para no ser cómplices de delincuentes de este tema tan delicado y que tanto daño le hace al país.
Mi reserva es al artículo 8o. del dictamen de estas Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para que diga que el término de prescripción de los delitos materia de esta ley, se regirá conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, salvo que la víctima sea una persona menor de 18 años, en cuyo caso el término correrá a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad o que la víctima no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o no tenga capacidad para resistirlo en cuyo caso correrá a partir de que surja la evidencia de su comisión ante el Ministerio Público. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Delfina Guzmán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva de la diputada Guzmán.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se desecha la reserva. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Reymundo Nájera, para presentar reserva al artículo 10. La retira, la presentó en el mismo acto.
El diputado Fernando Belaunzarán también para presentar reserva al artículo 10. No está el diputado Belaunzarán. ¿Se tiene por retirada la reserva del diputado Belaunzarán? Sí está el diputado Belaunzarán, tiene usted la palabra.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. La verdad es que el delito de trata de personas es de lo más abominable que existe en la sociedad y por supuesto que lo tenemos que atender y nos debe de preocupar que con la ley vigente solo hemos encontrado un solo caso se ha podido llegar a una condena y se ha podido condenar a alguien por esto, entonces es necesario mejorar el instrumento.
También aquí como una posición personal, creo que ayudaría mucho para combatir también la trata de personas, que podamos regular la prostitución libre que también existe. Si regulamos la prostitución libre, podríamos distinguirla de la que no lo es, la que es trata. Creo que también ayudaría más a perseguir este delito para este tipo de casos.
Esta es una discusión importante. Antes quiero decir que tengo un respeto por todas las organizaciones que han impulsado el combate a la trata de personas. Tengo respeto por todas ellas, pero sin embargo es correcto tomar posición en algunos puntos que pueden ser polémicos.
Me parece que la redacción de la minuta en el artículo 10, que es esencial, me parece que es mejor como viene en la minuta. Mi reserva es regresar a la minuta del Senado, porque aquí nos están planteando –en la redacción en que se modifica la minuta– y lo digo textualmente: Comete el delito de trata de personas quien someta a explotación a una persona. Es decir, están equiparando la explotación a la trata y aquí tenemos dos problemas. No toda explotación es trata, primero; y segundo, hay personas que participan de la trata sin explotar a la gente.
Por ejemplo, la persona que engancha a otra, que la seduce, que la engaña, etcétera, esa persona no está explotándola y sin embargo por supuesto que comete el delito de trata. Por eso es mucho mejor como viene en la minuta del Senado, que dice –lo leo–: A quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloja, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fin de explotación; con fin de explotación. No equipara la trata con explotación.
Por un lado equiparar la explotación con trata nos lleva a dos problemas. Uno. ¿Qué pasa con el padre de familia pobre que lleva a su hijo y que tiene que vender chicles, una cosa así? Alguien diría que está explotando a su hijo, pero no está haciendo trata a su hijo. Primero.
Pero el segundo es más grave. El segundo, si están diciendo que trata es explotación, hay delitos vinculados a la trata, por ejemplo el que pone el lugar de alojamiento donde se quedan niños o se quedan mujeres o se quedan niñas y está dando el alojamiento. Es decir este alojamiento no es explotación. Sí, pero estás alojando con fines de explotación y también tienes que ser sancionado y tratado así.
Evitar esa confusión, porque resulta que con la nueva redacción hablan obviamente de este tema, pero si están vinculando que la trata es explotación, esta confusión genera problemas.
Yo estoy enterado que la redacción que está aquí es la redacción de Palermo –tal cual– la que viene de la minuta y es también la redacción que la PGR dijo que era más fácil para perseguir estos delitos. Lo que necesitamos es que ya no haya impunidad en trata.
Estamos todos convencidos y todos tenemos un gran, hay un gran consenso de que este delito no quede impune, pero en la práctica hay impunidad, ahí están los números de las consignaciones y los que han sido declarados culpables por este delito y hemos visto que no ha funcionado.
Y creo que ésta, como viene la minuta del Senado, era mejor porque insisto, la trata no es explotación solamente. Hay una parte de la trata que es explotación pero también comparten en la trata quienes hacen este tipo de maniobras con fines de explotación, y con fines de explotación englobaría a toda la gama de la actividad que lleva la trata.
Por eso a lo que les estoy llamando es a que regresemos al texto original de la minuta. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Belaunzarán. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Fernando Belaunzarán.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se desecha la reserva del diputado Belaunzarán. Tiene la palabra la diputada Leticia López Landero, para presentar reserva al artículo 84, fracción IV, y al artículo 86, fracción VI.
La diputada Leticia López Landero: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, y qué mejor forma de reconocer este día que con la aprobación de este dictamen.
Es por ello que como presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, reconozco el arduo trabajo realizado por quienes participaron en este dictamen, y me congratulo que éste se haya aprobado por unanimidad.
Como todos sabemos la trata de personas es uno de los delitos más lacerantes que reducen personas a mercancía, dejando de lado que todos los seres humanos somos igualmente valiosos. Es por ello que no debemos permitir que dentro de nuestras leyes se menoscabe el derecho a la vida.
Hablar de la vida hoy en día es de suma importancia, ya que parece que hay toda una corriente empeñada en negarlo. Hay quienes sostienen que si se sumaran los abortos realizados en los últimos 20 años, estaríamos en presencia de tal cantidad de muertes, equivalente a 10 veces los muertos en la segunda guerra mundial, con la gran diferencia de que en el aborto se trata de seres que no pueden defenderse por sí mismos.
Es importante hacer mención que no existe un tratado internacional que otorgue un derecho al aborto o a la mal llamada interrupción legal o voluntaria del embarazo.
El aborto en todas sus formas presenta una violación de derechos humanos de primera generación, ya que se termina con la vida del no nacido. Es importante resaltar que el Distrito Federal es la única entidad que contempla la interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación, ya que las legislaciones estatales únicamente hacen referencia al aborto.
Aunque los artículos 84, fracción IV y 86 fracción VI de este dictamen señalan que la interrupción voluntaria del embarazo sea de acuerdo con la legislación local aplicable, en realidad se está utilizando la legislación en materia de trata de personas para sentar las bases legales que permitan crear un falso derecho al aborto.
Es necesario resaltar que el Código Penal Federal señala las excluyentes de responsabilidad, dentro de las cuales una víctima de trata de personas por las circunstancias en las que se encuentra no se hace acreedora a una pena en caso de recurrir al aborto; sin embargo, tampoco se convierte en la titular de un nuevo derecho.
En suma, como no existe un derecho al aborto o a la llamada interrupción voluntaria del embarazo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presenta la reserva a los artículos 84, fracción IV y 86, fracción VI en el sentido de que sea eliminado de la fracción IV del artículo 84 la frase: “así como acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley”, y se elimine la fracción VI del artículo 86, que dice: “acceso a la interrupción voluntaria del embarazo realizado por personal médico en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable”. Dichas reservas solicitamos sean valoradas, admitidas y aprobadas por esta honorable asamblea.
Para concluir me gustaría comentarles que hace 50 años una mujer cuya situación económica no era favorable se encontró frente a la difícil decisión de dar vida a un séptimo hijo y gracias a esa mujer que decidió respetar el derecho a la vida del ser que crecía en su vientre hoy me encuentro ante ustedes levantando la voz por aquellos a quienes no se les ha dado esa oportunidad.
A ustedes ciudadanos que nos están viendo seguramente y escuchando les quiero comentar que hay políticos que anteponen sus compromisos políticos, el valor de un voto, el valor de una credencial al valor de un ser humano, la vida de un ser humano más pequeño que este muñeco. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señora diputada. Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si las reservas presentadas por la diputada Leticia López se admiten a discusión.
La diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desecha la reserva. Diputado Bueno Torio, usted pidió la palabra. ¿Con qué objeto?
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente, sólo para solicitarle que cuando se someta a la votación los artículos reservados, este artículo reservado por la diputada Leticia López, se vote por separado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tomo su solicitud, pero es un trámite que debo consultar la pleno. Tomo nota, señor diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar reserva al artículo 84, fracción IV.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Pareciera esta una discusión del siglo pasado. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos en la Ley de Trata de Personas, hubo al final en la estructuración del dictamen una adecuación que pareciera una adecuación sin importancia.
Se cambia el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de trata que pueden tener muchísimas consecuencias, desde enfermedades hasta embarazos no deseados y, sobre todo, el daño emocional y el daño a la libre determinación sexual de las personas, a una frase: los derechos de salud sexual y reproductivos.
Pareciera que esto no tiene gran importancia, pero para eso hay que tener muy claro a qué nos referimos con los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos incluyen ya los derechos a la salud, pero también tienen que ver con el pleno derecho a la integridad del cuerpo, el derecho a la educación y la información en la sexualidad, el derecho a explorar la propia sexualidad de las personas sin miedo, vergüenza, falsas creencias y culpas, el derecho a expresar la sexualidad independientemente de la reproducción, el derecho a decidir si se quiere o no tener hijos y cuándo, el derecho a la vida, a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o parto o enfermedades sexuales relacionadas; el derecho a la salud sexual, para lo cual se requiere acceso a toda la información sobre sexualidad y salud, educación y servicios confidenciales de la más alta calidad.
En sí el derecho a la sexualidad es nuestro derecho individual a desarrollarnos sexualmente como mejor nos parezca. Sin embargo, el derecho a la salud sexual y reproductiva solamente tiene que ver con el acceso a la salud y los programas de gobierno que éste, el Estado mexicano, ofrezca.
Es decir, si en algún lugar –haciendo referencia a quien me antecedió en la palabra– no se permite a las mujeres poder decidir o no sobre la interrupción de un embarazo en los tiempos marcados por la ciencia y por la ley, entonces ya las personas víctimas de trata no podrían acceder a ese derecho a la salud sexual y reproductivo, ¿por qué?, porque lo marcan las políticas públicas, el derecho a la salud sexual y reproductiva está marcada por la línea casi inmoral que marca el Estado y no con las individuales.
Nos parece un gran retroceso, nos parece que esto nos lleva a un debate entre conservadores y liberales que ya no debería de existir en estos tempos, porque el reconocimiento de que las personas podemos determinar abierta y claramente cómo llevar nuestra sexualidad y nuestra vida sexual está ahí, está presente y está en todos los países evolucionados y democráticos de este mundo.
Venir aquí a darnos golpes de pecho no soluciona nada, somos legisladores, no marcamos la moral ni la religión de este país, porque debemos representar a todos, y todos, los mexicanos, lo que piensen igual o diferente a nosotros. El hacer esta adecuación limita los derechos de las víctimas de trata a solamente estar supeditados a lo que diga el centro de salud y las políticas públicas en este tema.
Hago un llamado a que se vuelva al dictamen original y que se diga que se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las personas; y no hacer la mochada de poner aquí derechos a la salud sexual y reproductiva, eso no ayuda a nadie y no ayuda en nada. Finalmente nosotros no vamos a determinar lo que las personas hacen o no con su sexualidad.
Igualmente, señor presidente, solicitaría que esta reserva se vote aparte porque ya estaba además consensada en la comisión y con los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Voy a consultar a la asamblea, como lo establece el artículo 108, pero primero pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Aguilar.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se desecha la reserva de la diputada Aguilar. Ahora, como lo ha solicitado el diputado Bueno Torio, voy a consultar a la asamblea si admite, si autoriza que la votación de los artículos 84 y 86, las reservas que presentó la diputada Leticia López, se someta a votación por separado.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si de conformidad con el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se autoriza sean separados para su votación los artículos 84 y 86, reservados por la diputada Leticia López.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si los artículos 84 y 86, reservados por la diputada Leticia López Landero, son votados por separado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se acepta que se separen para su votación los artículos 84 y 86.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ahora, pido a la Secretaría consulte a la asamblea de la misma manera y con el sustento del mismo artículo, si la reserva que presentó la diputada Lilia Aguilar al artículo 84 se vota por separado, como ella lo solicitó.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo señalado, se pregunta a la asamblea si el artículo 84, presentado por la diputada Lilia Aguilar, se vota por separado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia no se admite. Diputado Belaunzarán, cuál es el objeto.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Señor presidente, para que pudiera consultar si también el artículo 10 se podría votar por separado. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí diputado. Con el mismo procedimiento, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si autoriza que el artículo 10, reservado por el diputado Fernando Belaunzarán, sea votado por separado.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si el artículo 10, presentado por el diputado Fernando Belaunzarán, es votado por separado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: No se admite a votación por separado, señor diputado Belaunzarán.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para procesar la votación de los artículos 2o., 8o., 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 28, 28 Bis, 30, 31 y 36, e inmediatamente después votaremos el artículo 84 y el 86, como lo autorizó la asamblea, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos mencionados por la Presidencia, en términos del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 301 votos a favor, 4 abstenciones, 49 en contra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados los artículos reservados por 301 votos a favor, en los términos de dictamen. Los artículos votados son: el artículo 2o., 8o., 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 28, 28 Bis, 30, 31 y 36.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ahora, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación de los artículos 84 y 86, como lo solicitó el diputado Bueno Torio, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de los artículos 84 y 86, en términos del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema de votación, por favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 255 votos a favor, 4 abstenciones, 77 en contra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados por 255 votos los artículos 84 y 86 en términos del dictamen.
Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. Tiene el uso de la palabra, para fundamentar el dictamen, el presidente de la comisión, don Alejandro Moreno Cárdenas.
El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, esta legislatura se ha caracterizado por su altura de miras al transformar la realidad jurídica del país, al brindarle a los mexicanos una nueva legislación acorde a los nuevos tiempos y a las expectativas de desarrollo, paz y justicia que buscamos todos.
En ese efecto, junto con el trabajo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, este Congreso ha hecho historia y ha trazado un rumbo claro para México.
En ese contexto, la Comisión de Gobernación presenta ante ustedes un dictamen que contiene un nuevo cuerpo regulatorio para los juegos con apuesta y sorteos. Esta propuesta es un esfuerzo colectivo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, así como el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, quien es la autoridad responsable en esa materia.
En efecto, la legislación que se propone es fruto de muchas horas de diálogo, negociaciones y acuerdos. Es, en suma, el fruto de lo mejor que tiene que ofrecer la política a este país.
En ese tenor, es merecido el reconocimiento a los integrantes de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, aprobada por este pleno el 15 de febrero del año pasado, 2013.
Esta comisión especial no solo se limitó a una labor de diagnóstico e investigación, sino que tomó el reto de construir en grupos de trabajo y con el gobierno federal un proyecto de ley que tuviera por objeto regular los juegos con apuestas y sorteos, que se lleven a cabo de manera responsable y segura, que garanticen los derechos de todos los participantes y permisionarios, operadores y establezcan las bases y límites para la autorización, control, vigilancia, inspección y sanción de las conductas en dicha materia.
La labor de consenso ha sido compleja y hubiera sido imposible sin el liderazgo de nuestros compañeros diputados Ricardo Mejía Berdeja, Fernando Zárate Salgado y Aurora de la Luz Aguilar, quienes han dirigido los trabajos de esta comisión especial como presidentes de las mismas y un reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de esta comisión.
En ese ejercicio de trabajo en conjunto, se recibió también la participación de distintas asociaciones de empresarios y grupos de la sociedad civil, así como se realizó un amplio ejercicio de derecho comparado y recepción de recomendaciones internacionales para diseñar estrategias del juego responsable y tener clara la prevención del delito.
A nadie escapa la trascendencia de esta nueva propuesta normativa, ya que la ley vigente data de 1947 y México ha tenido transformaciones profundas que demandan un cambio de paradigma que considere el fenómeno del juego y los sorteos como un factor de desarrollo humano, vinculado al esparcimiento responsable, con una estrecha relación con los derechos consagrados en el ámbito constitucional como lo es el de la salud.
Amigas y amigos, este proyecto coloca como su centro a las personas, garantizando su derecho a esparcirse libremente. Se establecen los ejes de protección al participante, las políticas públicas para un juego responsable, la salvaguarda del derecho humano a la salud mediante los criterios de atención y prevención de la ludopatía y la protección a los grupos vulnerables.
El proyecto también establece reglas claras y transparentes que brindan seguridad jurídica y certeza a las personas que han decidido invertir en la industria del juego en México.
Como claro contraste con la normatividad actual, se prescinde de un catálogo o una definición sobre los juegos permitidos, se abre la puerta para que en nuestro país puedan celebrarse toda clase de juegos con apuesta, como por ejemplo los juegos de cartas y las máquinas tragamonedas, bajo ciertos estándares que brinden la seguridad al participante.
Otro de los cambios fundamentales es la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos que será la autoridad encargada de regular los juegos con apuesta y sorteos en México, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y que sustituirá a la actual Dirección General de Juegos y Sorteos.
El instituto será quien determine a las personas a las que debe otorgarse un permiso para la realización de actividades previstas en la ley. Asimismo será quien se encargue de verificar las actividades que se lleven a cabo, de acuerdo con lo que disponga la ley.
Otro tema esencial en la presente ley radica en la regulación del mercado actual. La nueva ley establece obligaciones para los permisionarios, primordialmente para los casinos quienes deberán sujetarse a las obligaciones que establece el nuevo marco jurídico, entre las cuales contempla que todos los permisionarios de sustituir sus permisos actuales por permisos que sólo autoricen un establecimiento.
La nueva regulación también establece un compromiso firme contra el juego ilegal para lo cual el instituto contará con un cuerpo de inspectores certificados, así como de facultades que le permitirán clausurar establecimientos sin permisos, o dictar fuertes sanciones que podrán ascender hasta los 200 mil salarios mínimos.
También regula que sólo podrán ingresar los mayores de 21 años, en concordancia con los criterios de la Organización Mundial de la Salud.
Honorable asamblea –concluyo, presidente–. A las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, nos deja claro que presentar este dictamen fortalecerá el estado de derecho y ampliará de forma efectiva el catálogo de derechos reconocidos en la Constitución en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora tiene el uso de la voz don Rubén Benjamín Félix Hays de Nueva Alianza, para presentar postura del Grupo Parlamentario.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras legisladores. México cuenta con un gran número de festividades que forman parte de una tradición cultural en la vida nacional. Muchas de ellas cuentan con factores de rivalidad, competencia y fortuna, lo que genera en parte concursos, sorteos y juegos con apuesta en todos los ámbitos.
Es una realidad que dichas actividades forman parte de nuestra idiosincrasia y por ello estamos comprometidos a darle un marco normativo eficiente que garantice la seguridad de los participantes, organizadores y demás involucrados interesados en formar parte de estas actividades.
Estaríamos cometiendo un grave error al querer aislar o erradicar la industria del juego en nuestro país, debido a que a nivel mundial esa representa un impacto económico en varios sectores como lo son lo laboral, turístico, entretenimiento, y por supuesto fiscal.
Es por ello que formé parte de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos y para generar un marco jurídico confiable que diera certidumbre al sector y presentarlo ante la Comisión de Gobernación para su dictamen.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está convencido de que la solución para llevar a cabo juegos y sorteos en el país es contar con un marco regulatorio eficaz, eficiente y confiable que permita a los empresarios invertir de forma segura, transparente y controlada, en este sector, generando empleos, actividades turísticas y organizaciones exitosas y no erradicar estas actividades ya que esto atacaría en forma directa los usos y costumbres, así como los derechos humanos de los que gustan de participar de lugares y eventos con apuestas.
Compañeras y compañeros legisladores, al aprobar el dictamen daremos certeza jurídica al Estado para combatir la opacidad y discrecionalidad en el otorgamiento de licencias y permisos ilegales que generan corrupción, tráfico de influencias y malas prácticas que en muchas ocasiones terminan en acciones ilícitas. Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen.
Ahora bien, como coordinador del grupo de trabajo encargado de la revisión de los permisos de juegos y sorteos regulados por el gobierno federal y otorgados en diversas administraciones pasadas y actuales del Ejecutivo federal, hago una atenta solicitud a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, para que aclare a esta comisión especial, los siete permisos otorgados el 27 de noviembre, esto es, el jueves de la semana pasada, a favor de una empresa llamada Pur Umazal Top, S. A., de C. V., creada esta empresa en agosto del 2014.
Aquí les presento a ustedes, esto está en Internet, los permisos autorizados por esa Dirección de Juegos y Sorteos a una semana de que saquemos la nueva ley.
El espíritu precisamente de esta ley, es transparentar, regular y dar certidumbre a la sociedad y a los inversionistas.
Compañeras y compañeros legisladores, quiero compartir que la comisión especial acordó con la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, el no otorgar nuevos permisos hasta no contar con una nueva ley de juegos y sorteos que regule y transparente los procedimientos para el otorgamiento de permisos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la voz doña Magdalena Núñez Monreal. Esta Presidencia saluda con un gran afecto a jóvenes integrantes del Partido Liberación Democrática, PLD, de República Dominicana, invitados por el señor diputado Samuel Gurrión.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados: El Partido del Trabajo se pronuncia en contra de la aprobación de la Ley de Juegos y Sorteos porque no contribuye a enaltecer al ser humano; por el contrario, abonará al deterioro del tejido social tan lesionado en nuestros días.
Sin embargo, considero que debemos recordar primeramente que la Comisión Especial de Juegos y Sorteos se conformó, como su propia denominación lo describe, para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, no para ser un cuerpo colegiado integrado por legisladores al servicio de la Secretaría de Gobernación.
Desde este punto de vista es evidente que no cumplió con el objetivo para el cual fue creada. El resultado de su trabajo fue la ley que nos impone el gobierno federal a cambio de no indagar el fondo del asunto relativo al otorgamiento de permisos para el funcionamiento de los casinos en nuestro país que tuvieron su auge durante el sexenio pasado.
Debería ser suficiente el traer a la memoria los trágicos acontecimientos que en 2011 se verificaron en Monterrey cuando delincuentes organizados provocaron la masacre de 52 personas aquel día 25 de agosto en el Casino Royal por oponernos a la legalización de los casinos en nuestro país.
Pero no, ahora se impulsa por parte del PRI el juego con apuestas en sus diversas expresiones con la autocomplacencia de la mayoría de la comisión respectiva, claudicando así a su objetivo inicial de indagar el otorgamiento de permisos que propiciaron la amplia instalación de casinos en el territorio nacional con el argumento falaz expresado por la actual directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que lo que no se puede prohibir hay que regularizarlo.
Pero esto tiene una explicación muy sencilla. El presidente Enrique Peña Nieto tiene aún facturas pendientes por cubrir con quienes lo postularon como candidato y lo impusieron en la silla presidencial y, descubierto el mecanismo para el otorgamiento de licitaciones públicas inducidas por su gobierno para beneficiar a sus amigos, hay que desarrollar ahora otros medios para favorecer a los cuates y obtener beneficios adicionales de ello, y el otorgamiento de permisos para casinos es uno de ellos.
Ese es el trasfondo que vemos hoy en la ley que se somete a nuestra consideración: el negocio y la transa. Pero también hay que señalar, como lo enfatiza la propia exposición de motivos de la ley, que fueron presidentes de la República emanados del PRI, del viejo PRI, como Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y su propio fundador Plutarco Elías Calles, los que permitieron la apertura de los primeros casinos en el territorio nacional que dieron pauta para que se desarrollaran en torno de ellos otros negocios ilícitos que hoy se encuentran en auge como son el narcotráfico y la trata de personas.
Pero también hay que decir que el presidente traicionado en esta época por el nuevo PRI, el presidente Lázaro Cárdenas fue quien con una auténtica visión de Estado, prohibiría los casinos en nuestro país consciente de que lo que necesitaba el pueblo era educación, no actividades que contribuyeran a su destrucción con el argumento de que por su propia naturaleza –y lo cito textualmente– los casinos son focos de atracción del vicio, las mafias y la explotación por parte de apostadores profesionales.
La educación enaltece al ser humano y el juego con apuestas contribuye a su deterioro. Cuántas historias de terror se pueden contar en torno al juego con apuestas en sus diversas manifestaciones, suicidios, hogares destruidos, carreras truncadas, patrimonios familiares perdidos y atentados como el referido, así como el problema de salud pública conocido como ludopatía, que no es sino la adicción al juego y que el Estado mexicano tendrá que atender.
Lo que me parece realmente incongruente, es que partidos que se pronuncian en contra del maltrato a los animales no se opongan a las peleas de gallos que quedan regularizadas en el dispositivo legal, o que no se reglamenten las peleas de perros que continúan verificándose de manera ilegal, retomando lo que nos dijeron, que hay que reglamentar lo que no se puede prohibir, en palabras de la directora.
Compañeras y compañeros diputados, México no necesita casinos, lo que necesita es justicia pronta, seguridad, educación y trabajo, pero sin conculcar principios y valores. La ley que hoy habrán de aprobar no contribuye en lo absoluto a enaltecernos como sociedad, por el contrario, va en contra de los principios esenciales que nos dan identidad como nación.
Lo que queda claro con la presentación de esta ley, es que a quienes están al frente de la administración pública federal, no les interesa propiciar el bienestar de la población, y este ordenamiento lo confirma, pues su objetivo es crear derechos para favorecer a permisionarios afines al nuevo régimen, tan es así que en el cuerpo legal no se contempla el fortalecimiento de disposiciones de protección civil con las que deberían de contar los inmuebles en los que desarrolla el juego con apuestas.
No. Lo que importa nuevamente es el negocio a costa de lo que sea, aunque se ponga en riesgo una vida humana. Finalmente quiero destacar que el juego con apuestas no es el tipo de esparcimiento consagrado en nuestro texto constitucional.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, le ruego que concluya, por favor.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: –Termino, diputado–. El artículo 4o. favorece la organización y el desarrollo de la familia, la protección de la salud y el sano esparcimiento. En cambio la Ley de Juegos y Sorteos que hoy habrá de aprobarse contraviene el espíritu del consenso mayoritario de los mexicanos contenido en la Constitución.
Por todo lo expuesto, el Partido del Trabajo votará en contra del dictamen que se somete a nuestra consideración, porque lo que necesitamos es justicia pronta, seguridad, más escuelas, más vivienda digna para los trabajadores, más inversiones a favor de la cultura y trabajos dignos que contribuyan a enaltecer al ser humano y fomentar los valores propios de los mexicanos. No necesitamos casinos. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Mejía Berdeja, tiene el uso de la voz.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. En enero de 2013, el diputado Ricardo Monreal y el de la voz, propusimos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión crear una Comisión Especial que se abocara a indagar el funcionamiento de las instancias relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.
Finalmente esto prosperó, el 4 de abril se instaló la comisión y nos tocó durante algunos meses encabezar este esfuerzo plural con compañeros de diferentes partidos: el compañero Willi Ochoa, el compañero Héctor Gutiérrez de la Garza, el compañero Jesús Valdés, todos del PRI; la compañera Aurora Aguilar y José Arturo Salinas, del PAN; los compañeros Fernando Zárate y Agustín Barrios Gómez, del PRD; la compañera Mónica García de la Fuente, del Partido Verde; el compañero Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; y también desde luego la compañera Magdalena del Socorro Núñez Monreal.
El compañero Zárate y la compañera Aurora han sido, junto con el de la voz, presidentes de esta instancia y quiero decirles que como crítico que he sido no puedo escamotear, reconocer que ha sido un trabajo intenso.
Cuando se iniciaron los trabajos de la Comisión en el país había 385 casinos y había 70 casinos ilegales. Producto de la presión y de los trabajos de investigación que coordinó el diputado Félix Hays, hoy hay 286 casinos en el país. Es decir, hay prácticamente 150 casinos menos y lo que motivó en ese momento esta Comisión fue la disputa entre entretenimiento de México del señor o zar de los casinos, Rojas Cardona, como se le conoce, con las empresas Exciting Games y Producciones Móviles.
Hoy se les ha revocado en definitiva los permisos, tanto a Entretenimiento de México como Exciting Games, y seguramente también porque ya está en proceso lo de Producciones Móviles. Es decir, pudimos, producto de la presión de esta Comisión, producto de las 14 reuniones de los tres foros en Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, producto de escuchar a todas las organizaciones que quisieron ser escuchadas por esta Comisión, podemos decir que en esa parte hemos cumplido, pero no quisimos quedarnos nada más en revocar permisos o en hacer un diagnóstico, sino que era necesario atacar de raíz el problema de los casinos en el país y reconocer en una sociedad liberal que el juego, lo queramos o no, va a existir.
Si lo prohibimos habrá clandestinaje, habrá brincos, habrá casas de apuestas ilegales y no habrá regulación del Estado capaz de someter esta actividad. El juego va ligado mucho a nuestra historia, la lotería, los bingos y diferentes tareas, lo que hay que hacer es regularlo y meter un control desde el Estado, para evitar la discrecionalidad, la opacidad, la corrupción, el tráfico de influencias y el lavado de dinero, y eso es lo que creemos se combate en esta ley.
La actual ley data de 947, es una ley de 67 años que solamente tiene 17 artículos. Deja todo un mar de discrecionalidad para que a través de normas, reglamentos y disposiciones se regule el juego en nuestro país y lo que estamos haciendo con esta ley es precisamente establecer algunas medidas que en obvio de tiempo me permito comentar.
Con esta ley sólo podrán acceder a casinos quienes tengan 21 años de edad. Con esta ley habrá un programa de autoexclusión para que aquellos que jueguen con adicción puedan, en un periodo de sobriedad, ellos o sus familias entrar a un programa de autoexclusión y ser boletinados en todos los casinos para no ser motivo de entrar a estos establecimientos.
Actualmente, señoras y señores legisladores, existen en 350 mil, según la Dirección de Juegos y Sorteos y 250 mil, según las asociaciones de permisionarios, máquinas tragamonedas en misceláneas, farmacias y tienditas en nuestro país, mercados ambulantes. Con esta ley se van a prohibir de tajo todas las máquinas tragamonedas en esos establecimientos.
Porque además cualquier máquina tendrá que estar en un establecimiento –concluyo– y será motivo de ello que quien quiera ingresar tenga 21 años de edad. Es decir, de esta manera estamos evitando que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan adicciones patológicas al juego desde esas tempranas edades.
Quiero señalar –y con ello concluyo, presidente– que se están introduciendo medidas también contra el lavado de dinero. Algo muy importante, cada permiso amparará a un solo establecimiento. Actualmente hay permisos que amparan hasta 96 establecimientos y además no se dice para qué municipios, por eso se dieron los brincos, por eso la corrupción en los municipios y por eso había papelería apócrifa que se clonó y se trató de abrir algunos casinos, como fue el caso de la delegación Miguel Hidalgo, en Polanco, donde finalmente se prohibió un casino que estaba operando o iba a operar con papelería ilegal.
Por esa razón soy un convencido de esta ley, que es producto de un trabajo plural y por eso pido el voto a favor de este ordenamiento. Desde luego que falta mucho por avanzar en varios temas en el país, pero esta ley va a ser una buena ley para regular esta industria. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Doña Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que nos ocupa tiene por objeto la expedición de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, que vendrá a sustituir a la legislación actual, la cual data de 1947. Es decir, sólo tiene 67 años en vigor la actual ley.
Por si fuera poco, esta no había sido reformada nunca. Eso nos da un panorama de lo trascendente de la legislación que habremos de expedir.
Para mi grupo parlamentario es fundamental destacar que la construcción de esta nueva ley, es resultado de una amplia consulta entre el Ejecutivo, los permisionarios, la sociedad civil y, por supuesto, el Legislativo, el cual dejó de lado los colores partidistas, con el único objeto de regular todos los tipos de juegos con apuestas y sorteos, logrando así que se lleven a cabo de forma responsable y más segura, estableciendo obligaciones y garantizando los derechos de los permisionarios, pero también y de manera fundamental, las obligaciones de los participantes, como la prevención y atención de quienes padezcan ludopatía.
De igual forma, se pretende establecer las bases y límites para la autorización, el control, la vigilancia, la inspección, así como las sanciones de conductas relativas a todos los tipos de juegos con apuestas y sorteos, ya sea de tipo de administrativo o las de tipo penal. Es decir, aquellos delitos que atenten contra el juego responsable.
Estimadas compañeras, no cabe duda que con el avance cada vez más acelerado en cuanto a las tecnologías de la información, es urgente y necesario regular, por ejemplo, todo lo relativo al juego con apuestas en línea.
En el dictamen que hoy nos ocupa existen desafíos que deben ser considerados de cara a la nueva ley. Por ejemplo, los fraudes cometidos por los operadores contra los consumidores por la falta de contacto directo, los sistemas para comprobar la residencia del jugador, la verificación de su edad, alertas para que el jugador controle su forma de jugar en referencia al tiempo, los montos, así como los controles de protección de datos. También las modalidades para el bloqueo de pagos y los servicios de juego en línea.
Otro de los puntos relevantes de esta reforma, es la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, éste será un órgano desconcentrado de la Segob, con autonomía técnica y operativa, misma que vendrá a sustituir a la actual Dirección General de Juegos y Sorteos.
El Instituto será quien determine a las personas a las que deberá otorgarse un permiso para la realización de las actividades previstas en esta ley. Asimismo, será el encargado de supervisar que las disposiciones en materia sean cumplidas, para lo cual este Instituto contará con las facultades de inspección y vigilancia.
El Instituto podrá imponer sanciones que irán, desde las multas en infracciones menores hasta la revocación de los permisos cuando éstas sean muy graves. Finalmente, el Instituto contará con el apoyo de las entidades en administración pública federal, así como de las entidades federativas y los municipios.
Compañeros y compañeras, en el Partido Verde consideramos que es impostergable la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula los casinos en México, ya que en los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado de los establecimientos mercantiles, donde se llevan a cabo apuestas relacionadas con eventos deportivos, los juegos de azar que incluyen apuestas y sorteos, principalmente a través de las maquinitas.
De ahí, el interés del Partido Verde y la mayoría de los grupos parlamentarios por empujar esta reforma que será congruente con la realidad que vive nuestro país.
En el texto anterior se han dejado de considerar los impactos negativos que el juego de apuestas pudiera ocasionar en el bienestar económico, físico, mental y emocional de algunas personas por las adicciones que ya va a generar.
Desde el Partido Verde estamos de acuerdo que en esta nueva ley se establezcan las bases jurídicas para que los juegos de apuestas se realicen en conciencia de un alto sentido de responsabilidad, que como se mencionó, se tiene como principio rector de este instrumento legal.
Mi grupo parlamentario considera que se debe entender al juego no como un mal ni como algo negativo, sino que se debe cambiar le premisa y pensar que el juego es una actividad recreativa cuando las personas lo practican como pasatiempo y distracción. Y sobre todo, cuando se ejerce con responsabilidad.
Con la aprobación del dictamen contaremos con una legislación evaluaría, que responda a las actuales necesidades, que dé certidumbre a todos los actores que vienen en el sector y que garantice los derechos de los participantes.
Quiero hacer un reconocimiento a la Comisión Especial por este esfuerzo legislativo conjunto, traducido hoy en esta nueva ley, que representa un gran avance en materia jurídica, la cual establece los principios rectores, el juego responsable, el interés superior de la salud y la máxima transparencia. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Fernando Belaunzarán Méndez, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. El peor escenario es quedarnos como estamos. Ése es el mejor argumento para aprobar la iniciativa y el dictamen. Digo que es el mejor argumento que encontré, porque la verdad es que creo que quedan algunas cosas por resolver.
Yo valoro mucho el trabajo de la comisión especial, pero también valoro mucho el trabajo de cada uno y valoro mi trabajo. Y valoro el trabajo que debe hacer la Comisión de Gobernación. Bueno. El jueves pasado fui citado para ese mismo día, para recibir el dictamen de la Comisión Especial y aprobarlo fast track.
Por supuesto, yo no me presté a eso, precisamente nuestro porque trabajo y nuestra responsabilidad como diputados es no renunciar a nuestras facultades y revisar con minuciosidad lo que estamos aprobando.
Así que no quise... porque además, para qué echar a perder o, por lo menos un trabajo que llevan haciendo de meses los de la comisión especial con un proceso irregular, citándonos el mismo día nada más para que le diéramos trámite. Si alguien se presta para eso está bien, yo no. Es muy valiente el presidente de la comisión para subir a avalar algo en donde no tuvo nada que ver.
Hay avances, sí, insisto, el peor escenario es estar como estamos. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que prohíbe los juegos y sorteos y tenemos un reglamento que sí lo posibilita porque quitaron las sanciones, ésa es la realidad. Estamos en el peor de los mundos que ha generado mucha opacidad, mucha discrecionalidad.
Y sí, qué bueno que demos un paso para regular, aunque creo que hubiéramos podido hacer un trabajo mejor y si le hubieran dejado a la Comisión de Gobernación hacer su trabajo también creo que lo hubiéramos podido mejorar.
Un punto que a lo mejor a algunos no les interesa porque creen que se hace por una buena causa. Hay un punto que es inconstitucional, que viola el artículo 1o. constitucional, a alguien le gustó esto. A mí me parece que nosotros tenemos que defender la no discriminación por una conquista y no hay ninguna buena razón que argumente violar la Constitución y menos el artículo 1o.
Dicen que solo pueden ingresar a los casinos los mayores de 21 años, no los menores de 21 años, nada más que la Constitución te da la ciudadanía a los 18 años, están discriminando. Pero además es una discriminación tramposa porque dicen: a menos que trabajen en los casinos. Es decir, a los que tienen 18 años sí pueden trabajar en los casinos, pero no pueden ir ahí.
Y perdón, el artículo 1o. lo voy a defender aquí y cualquier joven de 18 años va a poder hacer un amparo y lo van a tener que aceptar porque en el artículo 1o. queda establecido que no hay discriminación. A iguales responsabilidades que dan el ser ciudadano, igualdad de derechos. Entonces Viola el artículo 1o. y presentaré uno.
Pero sí hay un avance con el Registro Nacional de Juegos y Sorteos que va a dar transparencia, qué bueno que ya podamos conocer, estoy de acuerdo. La tipificación de los delitos también es un avance que reconozco, va a haber orden, que haya un permiso por permisionario, por supuesto que es un avance aunque hay que decir que los beneficiarios no tienen límite.
¿Quiénes son los beneficiarios? Los que se pueden asociar al permisionario. Entonces un beneficiario puede asociarse con varios permisionarios, si hay alguna limitación que me la digan porque no la encontré. Los beneficiarios que son los que se asocian con los permisos, ahí parece que no hay ninguno. Les voy a presentar una reserva también al respecto.
La Ley Contra el Lavado de Dinero solo va contra los concesionarios, pero también debiera ser contra los ganadores, etcétera. Por eso creo que de manera supeditaría aunque haya un capítulo que lo dice, debe de incluir la Ley Contra el Lavado de Dinero.
Ahora, ¿cuál es mi principal crítica? Ya dije que es un avance porque no podemos estar peor que como estamos, pero decía que esta historia tiene que ver con este mundo en donde la ley lo prohibía, pero lo permitían los reglamentos y todo dependía de Gobernación hacia que la entrega de permisos y concesiones fuera con criterios políticos.
Vean cómo nació esto. El primero que los da es Carlos Salinas de Gortari, después de que derogan algunos artículos con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari le entrega una concesión al Grupo Caliente de Jorge Hank Ron. ¿Saben quién era el secretario de Turismo cuando le entregaron esa concesión a Jorge Hank Ron, al Hipódromo Caliente? Pues era su papá Carlos Hank González. ¿De qué grupo es, de qué grupo es?
El caso es que Carlos Hank González decía que un político pobre es un pobre político. Se han dicho muchas cosas del presidente últimamente; eso no le van a poder decir, es cierto. Desde esa época los permisos se han dado de manera con criterios políticos. Así fue también en los sexenios de la alternancia –perdón–. También se entregaron permisos con materia política ¿y ahora qué pasa?
Sí es un avance que haya un instituto nacional, ¿pero quién los nombra? Todos los nombra la Secretaría de Gobernación. Espero que ayude un poco que haya un instituto, pero siguen dependiendo totalmente. Hubiera sido muy sano separar el vínculo perverso entre política y juego. Yo presenté una iniciativa para que hubiera dependido de la Secretaría de Economía y no de la Secretaría de Gobernación donde todavía puede haber ese vínculo perverso. Entiendo que el hecho de que haya un instituto aunque sea nombrado por Gobernación es un avance, pero sigue habiendo una dependencia del poder político en el país.
¿Y no se les hubiera ocurrido también poner como requisito para los permisionarios no tener antecedentes penales? Nos lo piden a los diputados y a los representantes, pero no se lo piden a los concesionarios. Como ven, yo creo que votaré a favor, pero lo haré porque nada es peor que estar como estamos. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. Doña Aurorita Aguilar Rodríguez del PAN, tiene el uso de la voz. Aurorita.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez: Gracias, presidente; con su venia. Compañeras y compañeros. En esta ocasión vengo a la tribuna representando no sólo a mi grupo parlamentario, sino también como presidenta de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos que hasta el día de ayer me honré en presidir.
Antes de referirme al dictamen quiero hacer un reconocimiento, como ya lo han dicho aquí mis compañeros, expreso a la labor desempeñada por cada uno de los diputados y las diputadas que integramos la comisión especial. En ella escuchamos en mesas de trabajo y foros a todos los interesados en un amplio ejercicio democrático e incluyente.
Reconozco el compromiso y el esfuerzo realizado por todos y cada uno, particularmente de los anteriores presidentes Ricardo Mejía Berdeja y Fernando Zárate de Movimiento Ciudadano y del PRD, respectivamente, pero también por supuesto a los diputados Williams Ochoa Gallegos, Agustín Barrios Gómez, Héctor Gutiérrez de la Garza, Jesús Valdez, Rubén Benjamín Félix Hays, Mónica García de la Fuente, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, y por supuesto mi compañero Arturo Salinas.
La Ley que propone expedir el dictamen tiene por objeto regular todos los tipos de juego con apuesta y sorteos a fin de que se realicen de forma responsable y de forma segura.
Estamos convencidos de que una de las principales tareas como legisladores es perfeccionar el marco jurídico existente y hacerlo congruente con la realidad que vivimos.
En efecto como se ha mencionado la ley vigente es de 1947 y no ha sido actualizada ni adaptada a la realidad, además de que está insuficientemente reglamentada.
Este dictamen entonces se trata de un instrumento legislativo de vanguardia que reconoce nuestra realidad, en el que existirá el juego legal controlado y con alta responsabilidad social.
El Estado tiene la obligación de garantizar que el entrenamiento que brinda esta industria se desarrolle de manera segura dentro de un marco jurídico que brinde confianza y protección a los usuarios.
Esta ley también brindará transparencia en el otorgamiento de los permisos, exigencia de la sociedad y por supuesto razón por la que nace esta comisión especial, y permitirá conocer a cabalidad el número y la ubicación de los establecimientos en los que se desarrolle la actividad materia de los mismos, considerando que a diferencia de como está hoy en el Reglamento, habrá un solo permiso por establecimiento.
Por otra parte es importante resaltar que quienes los obtengan, además de cumplir a cabalidad todos los requisitos que le serán exigidos, tendrán que acreditar no sólo su capacidad económica sino su solvencia moral.
En cuanto a la protección de la salud, por primera vez en el ámbito legislativo se reconoce a la ludopatía como una enfermedad. Se hace referencia a ella y se busca salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad para evitar efectos dañinos en niños, adolescentes, personas en estado de interdicción o de quienes ya sufren esta adicción.
Por lo anterior el proyecto, en congruencia con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, propone que la edad mínima para entrar a los centros de apuesta sea a partir de los 21 años.
Énfasis particular merece el lugar en donde podrán ser instalados establecimientos, dado que éstos sólo se podrán instalar si la autoridad municipal tiene pleno conocimiento y visto bueno a través de una licencia de uso de suelo geo referenciada al establecimiento en particular.
En relación con la amenaza de lavado de dinero, esta iniciativa se alineó con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, implementando medidas para la protección de los participantes y la prevención del delito.
En cuanto a sanciones, las que se plantean son verdaderamente ejemplares. Se consideran multas de los 500 a los 200 mil días de salario mínimo, penas privativas de libertad de dos a 10 años de prisión, aseguramiento de máquinas y de cualquier instrumento, clausura temporal o definitiva de establecimientos y por supuesto revocación del permiso con reglas claras, respeto a la soberanía y autonomía de los gobiernos locales, transparencia, juego regulado, atención a la ludopatía y a los jugadores. Esto contiene esta iniciativa y por ello les solicitamos su voto a favor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Aurorita. Diputado Willis Ochoa, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: hoy es un día trascendental para esta LXII Legislatura pues la Comisión Especial de Juegos y Sorteos pone en manos del pleno y a consideración del mismo un nuevo marco jurídico que pondrá nuevamente en evidencia el compromiso del Poder Legislativo con el fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país.
Los que estamos aquí no podremos negar las consecuencias producto de una legislación intocada desde hace ya varios años, por lo cual los contextos y las dinámicas que rodean a los juegos y sorteos son por mucho diferentes contextos. El no haberla adecuado antes ha traído consigo episodios que sin duda nosotros, como mexicanos, lamentamos profundamente.
Lo hoy propuesto y signado por la Comisión de Gobernación es también una prueba a la determinación y al carácter de los legisladores que participaron en la construcción de este nuevo instrumento.
Definir criterios y encontrar coincidencias a través de un largo camino de reuniones, mesas de trabajo, diálogo y consensos permitieron concretar un dictamen que hoy estamos discutiendo, en donde las fuerzas políticas que representamos la pluralidad de México consolidamos nuestras posturas a través de diferentes aportaciones.
Sobre todo también porque hemos podido reflejar el espíritu más importante en todo esto: el respeto al derecho de toda persona a decidir en qué emplea su tiempo y desde ahí decidimos todos construir, destacándose que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona debe sujetarse a las limitaciones establecidas por la ley.
Amigas y amigos legisladores, con esta propuesta estamos creando un modelo legal que nos permitirá abordar los juegos y sorteos desde un esquema de modernidad, pues dejamos atrás un régimen normativo prohibicionista y abrimos paso a una política de regulación precisa y efectiva, acompañada de lineamientos claros y de regulación transparente que deje cero margen a la discrecionalidad, cierre la puerta de la corrupción y permita el desarrollo adecuado y normado a través de la creación del nuevo instituto de juegos y sorteos.
Este instituto podrá designar zonas o regiones en condiciones preferentes para instalar casinos, y así incentivar las actividades turísticas y económicas del lugar. Esto demuestra el trabajo que el gobierno federal, en suma, de todos los legisladores que signamos esta iniciativa viene realizando para incrementar el desarrollo económico de nuestro país.
Este proyecto se construyó con normas que cubren las necesidades y preocupaciones de las y los mexicanos que se han perjudicado por la adicción al juego, que han sido extorsionados, que se han involucrado en el consumo de drogas u otras adicciones, que han perdido su patrimonio o que desafortunadamente han perdido la vida por la vinculación de algunos establecimientos con el crimen organizado.
Por lo anteriormente dicho representa esto la opción de ejercer la voluntad por un estado de derecho equitativo, justo y en paz. En materia de salud, es innegable, los criterios y atención que se da a la prevención de ludopatía que contempla que los participantes deben conocer sus derechos y sus obligaciones.
De la misma manera prohíbe la instalación de cajeros automáticos para proteger el patrimonio de su familia y de ellos mismos. Ahora bien, la innovación también es parte de este proyecto al crear la figura de autoexclusión del juego que permite a las familias y a las personas registrase ante la autoridad para que se les impida el acceso a este tipo de establecimientos.
La salud para todos nosotros y para el gobierno federal va de la mano de la promoción de un juego responsable. En materia de seguridad y transparencia, promueve el marco jurídico de un solo permisionario, un solo operador por un solo establecimiento. Esta acción permitirá conocer con precisión a las personas, el tipo de permiso que tiene autorizado y que el establecimiento cumpla con los requisitos de esta ley.
Gracias a esto, el Instituto podrá tener certeza de quiénes son los permisionarios y quiénes pudieran estar en alguna irregularidad. Es necesario decir que por primera vez incorporamos actividades que requieren ser reguladas como son los juegos de apuestas en línea con la instrumentación de medidas de seguridad en las transacciones financieras que se ejecutan en cualquier sitio, dejamos atrás el enfoque tradicional sobre el juego en vivo, pues con este enfoque regulamos la apuesta y no los tipos de juego.
Para concluir, el Grupo Parlamentario del PRI y el gobierno federal consideran firmemente que se debe transitar hacia un nuevo paradigma, los juegos de apuesta en México deben ser una oferta de entretenimiento con estándares de cumplimiento y regulación transparente.
Desde aquí –y como ejemplo esta nueva ley que durante mucho tiempo fue trabajada por los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias y el gobierno federal– le decimos a todas las mexicanas y mexicanos, y a todas las fuerzas políticas que así es. Que no hay soluciones simples ni caminos cortos, que por el contrario, el camino es largo y sinuoso, pero ahora nos toca a todos caminarlo, y a todos, porque México debe prevalecer. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Acaban los posicionamientos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La casa nuca pierde, es la regla dominante en juegos de apuesta y efectivamente los organizadores de negocios de apuestas nunca pierden, en muchos casos se emergen con protección gubernamental, son negocios que despelucan, que dejan en la ruina a personas y familias.
Resulta que en el proyecto que se propone se establecen como medios de regularidad o control legal los procedimientos de reclamación y el administrativo sancionador, medios de control legal que son insuficientes e inoperantes para una ley de orden público e interés social.
En la exposición de motivos y en el contenido normativo se evita atender el problema social, económico fiscal y de salud que representan las más de 300 mil máquinas tragamonedas instaladas en forma legal e ilegal en farmacias, tlapalerías y tiendas de menudeo.
Por otra parte, el procedimiento de registro, de permisos, homologación y certificación, no se consideran las tecnologías de información y comunicación para un control estricto de juegos y sorteos en casinos y máquinas de juego de destreza y tragamonedas.
Con la tecnología desarrollada en la UNAM, en el Poli y la empresa Normalización y Certificación Electrónica, AC, quienes han establecido las bases para la norma mexicana para el control electrónico en juegos y sorteos, se puede garantizar y controlar al momento, tanto por la autoridad reguladora del sector como de la Secretaría de Hacienda, el ingreso y resultado de operaciones en máquinas de juegos y sorteos. Esto es, existe la tecnología para el control y transparencia al momento de este jugoso negocio.
Luego hablaré de la propuesta del dichoso Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, pero para ahorita es la misma gata nada más que revolcada y cada vez peor. En resumen, por qué, porque la estructura responsable de los permisos sigue siendo la Secretaría de Gobernación, en términos reales no se modifican las atribuciones de la autoridad que los gobiernos anteriores del PRI y del PAN y el actual se han beneficiado con este lucrativo negocio, al otorgar licencias a permisionarios cuyas relaciones pueden identificarse plenamente con los partidos y políticos de esos partidos políticos.
Ya se ha citado aquí el caso del Hipódromo de Agua Caliente, del priísta y zar del juego, Jorge Hank Rhon, cuya licencia permite abrir un número ilimitado de casinos, siendo única en su clase. Así como los casinos autorizados a empresarios identificables con el partido de Acción Nacional, como el zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, propietario de Entretenimiento de México y socio del grupo español Codere.
De igual forma, se encuentran autorizaciones vinculadas al Partido Verde Ecologista y al duopolio televisivo Televisa y Televisión Azteca.
La estructura de la ley y las disposiciones transitorias dejan intocado el imperio de casinos autorizados, regularizando su funcionamiento a través de permisos individuales y dando margen para que con las autorizaciones otorgadas a la fecha puedan expandir sus centros de juegos y apuestas.
Los zares del juego y el lavado de dinero quedan intocados. Para preservar la autonomía del poder político y económico del país, los responsables del Instituto que se propone no deberían de ser nombrados por el presidente a través del secretario de Gobernación en función de cuotas partidistas o intereses políticos.
Para los federalistas debería de llamar la atención que en este jugoso negocio se excluye la participación de los gobiernos estatales y municipales, no sólo en el control de la legalidad de la actividad, sino en el regreso de las tasaciones de ley.
Ahorita, presidente, culmino. La gestión y la supervisión de la industria deben corresponder a la sociedad civil, debe ponderarse la participación de los rectores, académicos, periodistas, organismos civiles auténticos y reconocidos para hacer posibles juegos y apuestas estrictamente controlados, que atiendan verdaderamente intereses sociales y no al lucro de los zares del juego que corrompen a las instancias del gobierno federal, estatales y municipales, probablemente esta misma Cámara de Diputados. La organización de una consulta ciudadana para legislar correctamente el tema daría la legitimidad frente a los poderosos grupos que la usurpan.
He culminado, nada más quiero señalarle, presidente, que cuando hablan los que favorecen esta normatividad no les dice usted nada...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia llama al tiempo estrictamente igual.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:... Pero cuando hablamos los que nos oponemos a la entrega del país y a las trampas y las tranzas...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted ya lleva 1:50
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:... usted está. Estaré argumentando en el futuro en mis mociones respectivas. Por eso no a los casinos, no al juego y no a esta ley, que es nada más moverle todo, pero dejarle todo el poder a Gobernación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Antonio González Roldán, en pro.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, señor presidente. Trataré de ajustarme al tiempo, en respeto a todos y cada uno de las compañeras y compañeros legisladores.
En primer término, me gustaría hacer un reconocimiento a la comisión especial que durante mucho tiempo estuvo trabajando el tema y que llevó un producto acabado a la Comisión de Gobernación, para que ahí se discutiera y se aprobara.
Habría que hacer una pequeña aclaración. Todos los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en voz de nuestro representante ante esa Comisión, Benjamín Félix Hays, fuimos enterados momento a momento del trámite y de todas las particularidades que llevaba este dictamen que hoy estamos discutiendo y que discutimos en la Comisión de Gobernación.
Tendríamos que precisar que esta ley pone en el centro al ciudadano, al ciudadano sujeto de derechos y obligaciones y aclara y específicamente determina cuáles son estos, sus derechos y sus obligaciones en cuanto a un derecho inherente al mismo de esparcimiento.
Asimismo tenemos que reconocer que esta ley ya aquí en esta tribuna se ha dado cuenta de múltiples beneficios que conlleva, pero también tenemos que reconocer que la ley que el día de hoy da por concluida una legislación que tenía 67 años de antigüedad y que –dicho con todo respeto– permitía y se convertía en un subterfugio de juegos de azar en México, donde se encontraban cualquier tipo de formas y modalidades para operar en la clandestinidad este tipo de lugares, con la ley que se está proponiendo se trata de erradicar tajantemente esa situación.
¿En mérito de qué? En mérito de que todos y cada uno de los permisionarios serán sujetos de sus derechos, tendrán la prerrogativa de ejercer fehacientemente sus derechos, pero también con una clara tendencia a cumplimentar en todos sus extremos la ley que se propone en este momento. Es decir, tienen obligaciones.
Se debe de reconocer también en esta tribuna, que todos y cada uno de los grupos parlamentarios participaron en la construcción de este dictamen, ya como producto acabado, que esperemos, próximamente, en unos momentos más sea votado a favor.
Y se tiene que reconocer que se trabajó con todas las fuerzas, en el sentido de generar los más amplios concesos, y es una verdad de Perogrullo, que todo aquello que nace por consenso tiene por ello mismo vocación de permanencia.
Señoras y señores, al aprobar el dictamen contaremos con una nueva legislación moderna, con reglas claras y transparentes, acordes a las necesidades actuales del país, para que genere certeza a quienes intervienen en esta actividad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Don Uriel Flores Aguayo, en contra. Declina. Entonces, tiene el uso de la voz don Roberto Carlos Reyes Gámiz. Declina. Don Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Me quiero referir a dos temas, lo de las máquinas tragamonedas. Con la ley actual de 17 artículos, por medio de un reglamento se ha permitido la proliferación de máquinas tragamonedas en misceláneas, farmacias, mercados, tianguis y demás. Se habla de hasta 250 mil máquinas tragamonedas, que son utilizadas por jóvenes y niños.
Por esa razón, hemos presentado dos controversias constitucionales. La primera, se sobreseyó en la Corte, porque el Ejecutivo reformó la denominación de las máquinas tragamonedas, un eufemismo, y la Corte determinó que el reglamento ya había sido modificado y declaró sin efecto esta controversia.
Después, en diciembre de 2013 presentamos una nueva controversia constitucional, que no ha resuelto la Corte. Pero si las cosas siguieran como están seguirían 250 mil máquinas traga monedas generando adicción en nuestros jóvenes y en nuestros niños.
Con esta ley ya quedará firmemente establecida la prohibición de estas máquinas traga monedas, y también quiero señalar que producto del trabajo legislativo se evitó el establecimiento de mini casinos.
Por esa razón, yo apelo a quienes tengan dudas, de que dejar las cosas como están no solamente es peor, es una atrocidad el permitir que sigan estas máquinas tragamonedas. Y por otro lado, me parece que este tema no es un tema de moralidad personal. Lo queramos o no el juego va a existir. Porque existe ancestralmente en nuestra cultura y es cuestión de revisar la historia del país.
El problema es que si no hay candados, el problema es que si no hay regulación seguirán expandiéndose como un cáncer, como hongos estas máquinas tragamonedas.
Yo quiero también llamar la atención, y concluiría con ello, presidente. En el artículo 13 de la ley se establece que los permisionarios y operadores tendrán que establecer y aplicar el programa de autoexclusión para la gente con problemas de ludopatía.
No podrán establecerse cajeros automáticos en los casinos. Tampoco podrán realizarse préstamos ni podrán tampoco cambiarse cheques. Es decir, sí hay verdaderos controles.
Lo otro sería prohibir el juego en el país, pero solo generaríamos mayor clandestinaje, mayor opacidad, mayor descontrol y mayor adicción en niños y jóvenes. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado. Doña Lilia Aguilar Gil tiene el uso de la voz.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente y con la venia de la asamblea. He pedido el uso de la palabra en este dictamen, porque me gustaría razonar mi voto que se diferenciará del de mi grupo parlamentario.
He venido aquí a explicar por qué mi voto será a favor. En efecto, yo coincido con la diputada y compañera de bancada, la diputada Magda Núñez, en que en el PT no queremos a los casinos, sin embargo ya existen. La apertura terrible que tuvo este sistema neoliberal desde hace muchos años y que sobre todo se intensificó en los sexenios del Partido Acción Nacional, ha creado que en México hay más casinos que universidades e instituciones de educación superior.
Y como ya se ha dicho en esta tribuna, desde el 47 que se creó la Ley de Juegos y Sorteos no ha habido una sola modificación a la misma, más aún, se creó apenas en 2004 por parte del Presidente Vicente Fox, un reglamento que no funcionó, porque lo único que hizo fue poner el control de los permisos en unas pocas manos, el reglamento erar inconstitucional y sobre todo permitió que empleados de la Secretaría de Gobernación fueran sobornados por las mafias de los casinos.
Finalmente, las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron superadas por una sola y simple razón, una realidad que ya estaba en el país no estaba regulada, ni reglamentada adecuadamente.
¿Qué es lo que sucedía? Antes de la proliferación de los casinos, los permisos para su operación fueron entonces promovidos por los gobiernos panistas. No olvidemos que el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel otorgó permisos para operar 230 casinos una semana antes de irse. Y cómo se nos va a olvidar que Calderón antes de terminar su sangriento sexenio autorizó 94 en uno de los señalamientos de actos de corrupción más grandes en este país, que implicaba la tolerancia para el funcionamiento irregular de casinos.
Hoy la discusión no está solamente sobre si reglamentar o no, sino cómo se crea esta comisión y el trabajo que viene a presentar. No olvidemos que el debate para la creación especial de juegos y sorteos se da precisamente cuando se hace el señalamiento de los escándalos, de los permisos que otorgó Calderón a través de Roberto Gil Zuarth, al que se le acusaba de haber favorecido como subsecretario de Gobernación y secretario particular, a 80 casinos y permisos que dio por cerca de 25 años.
La mafia de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación por cierto, que además aprobó los permisos para que operara el casino Royale del que ya conocemos su historia.
Hoy que ha quedado también en evidencia la vinculación del expresidente nacional del Partido Acción Nacional con el empresario Rojas Cardona, quien presuntamente financió su campaña para la presidencia del PAN en 2010, hace cada vez necesaria que la regulación sea clara en este tema.
Actualmente existen solamente 32 grandes permisionarios autorizados para la instalación y apertura para centros de apuesta. Mi posicionamiento a favor en este tema tiene razones muy claras.
No podemos evitar y cerrar los ojos y darnos cuenta que los casinos ya están en este país; que se ha creado ludopatía, que se han creado formas para explotar a los que menos tienen y que necesitamos un marco regulatorio porque es imposible, al menos que haya una determinación del Ejecutivo a todas estas casas de apuesta y de juegos, que vivamos como estamos.
El dejar al libre albedrío de los hombres del dinero y el juego no es la solución. Esa es la razón por la que mi posicionamiento y mi voto serán a favor. Le agradezco mucho el tiempo y la paciencia a esta asamblea. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud esta Presidencia informa que el diputado Belaunzarán ha reservado los artículos 1, 6, 7, 8, 14, 159 y 194.
Doña Patricia Lugo Barriga el 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 70, 143, 146, 160, 163, 182, 185 y 190.
Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara el 3, 15, 141, 142, 143, 11, 172, 185 y 68, 71, 72, 195 y 204.
Doña María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez el 16.
Don Víctor Fuentes Solís el 17.
Don Damián Zepeda Vidales el 27.
Doña Verónica Sada el 30 y 34.
Doña Elizabeth Yáñez Robles el 54 y propone la adición de un artículo transitorio.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Abra la Secretaría el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recabar votación nominal en lo general y los artículos no reservados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada María Eugenia de León Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 297 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general por 297 votos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Belaunzarán, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente, antes de que entremos a las reservas, falleció un gran escritor, un periodista connotado, un gran dramaturgo, Vicente Leñero. Él estuvo defendiendo Excélsior, me acuerdo, al lado de Julio Scherer, y es un hito en el periodismo mexicano. Insisto, ha hecho guiones de películas muy exitosas, era un escritor muy reconocido y la verdad es que creo que le duele a todo el pueblo mexicano la pérdida de Vicente Leñero. Le quiero pedir, antes de empezar las reservas, si usted así lo considera conveniente, le demos un minuto de silencio a este connotado escritor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí lo considero conveniente pero no en este momento. El señor Presidente de la Cámara tiene un ocurso al respecto y le dará él lectura, porque así lo pidió, terminando la sesión. Luego entonces tiene usted el uso de la voz y le rogaríamos tuviese la gentileza de presentar todas sus reservas en conjunto.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Presentaré efectivamente en un solo acto las siete reservas. La del artículo 1o., 6o., 7o., artículo 14, artículo 159, tienen que ver con el artículo 1o., constitucional. Ya les dije que estoy convencido de combatir toda forma de discriminación y no veo ninguna causa; aunque haya buenas causas, no se debe justificar romper la Constitución y por eso en todos estos artículos planteo que al ciudadano se le den los mismos derechos y que sea a partir de los 18 años.
Iguales derechos, iguales responsabilidades. Por eso esto planteando en estos artículos lo de los 18 años y no merece mayor explicación, simplemente cumplir con el grandioso artículo 1o constitucional.
He propuesto, lo he dicho aquí en tribuna, que México necesita una nueva Constitución, que necesitamos renovar el pacto social y que necesitamos darle legitimidad a un sistema que ahorita no la tiene; hay un tremendo divorcio entre el sistema político y los ciudadanos. Parecemos ya no sólo divorciados, parecemos adversarios.
Cómo resolver esto con una nueva Constitución. Pero eso no implica empezar de cero. La Constitución actual, la de 1917, se hizo con base en la de 1857. Muchos artículos incluso se transcribieron de la del 57 a la de 1917 y creo que si hacemos una nueva Constitución, el primer acuerdo sería transcribir el artículo 1o como está, ese que nos enorgullece tanto y que ese dé el espíritu a todo el resto del cuerpo jurídico que sería la nueva Constitución.
Como ven, estoy muy convencido de la justeza de ese artículo 1º, y todos estos artículos lo violan. Lo primero es que sea a partir de los 18 años.
El artículo 8 digo que debe decir que aplicarán de forma supletoria la presente ley, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –le estoy agregando esto– y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil Federal. Por qué agrego la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Es verdad que hay un capítulo especial en la ley sobre esto, pero ataca básicamente a los permisionarios, no a toda la cadena, y me parece que en toda la cadena no sólo están los permisionarios.
Hay que checar, insisto, para que luego no vaya a ser que los consorcios donde no sean permisionarios sean beneficiarios y estemos abriéndolo; nada más que hacer un cambio de esta magnitud es muchísimo mayor y requiere cirugía mayor o presentar una nueva iniciativa para enriquecer ésta.
Lo dije: el peor escenario es como estamos. Ahí la opacidad, la discrecionalidad es grande. Hemos visto los escándalos que se han dado; es más, ni siquiera está prohibido vender quesos en los casinos. Esperemos que con esta ley se puedan prohibir ese tipo de actividades.
Hay un avance en esto y por eso es que mi voto en lo general fue a favor, a pesar de las críticas que he hecho.
El artículo 94 dice: “Las disposiciones contenidas en esta ley no relevan de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables, a ninguno de los sujetos de esta ley.” Es lo que les decía: a ninguno de los sujetos de esta ley. Esta ley habla de varios sujetos, quiénes son los operadores, quiénes son los permisionarios, quiénes son los beneficiarios, etcétera.
Por cierto, el beneficiario que les dije que no vaya a ser que por ahí entre la tentación del monopolio, es solamente aquél que se asocia, y puede tener concesiones y puede asociarse en la otra. No veo los límites, habría que enriquecer esta ley.
Pero insisto, qué bueno que ya hay una ley distinta –si es que el Senado también la avala– a la de 1947; creo que en eso, todos debemos coincidir. El peor escenario es seguir en la lógica en la que estamos, pues son las reservas, y me parece que es correcto que abordemos estas tendencias, esta parte de la condición humana que es el juego, agarrar el toro por los cuernos y buscar una regulación inteligente.
Eso es mucho más sano que tratarlo de negar y permitir que se de en las catacumbas que genera mucho vicio y perdición.
Así que, a pesar de que reconozco el avance, es importante también hacer las reservas y pelear por lo que falta. Insisto, el punto clave, la asignatura pendiente aunque se avanza con el instituto nacional, es quitar el vínculo perverso entre juego y política. Ése vínculo perverso entre juego y política es el que ha estado inmerso desde aquel –insisto– concesión al grupo caliente de Jorge Hank Rhon, mientras su papá, Carlos Hank González, era secretario de Turismo, para que vean cómo era el tráfico, el conflicto de intereses en estos tiempos.
Si queremos cambiar, también tenemos, por cierto, que evitar conflictos de intereses en el México que necesitamos construir, si es que atendemos el llamado que los ciudadanos no sólo de las calles, sino de muy diversas formas nos están haciendo. Presidente, es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas de don Fernando Belaunzarán.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas del diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas. Queda en sus términos el dictamen.
Doña Patricia Lugo Barriga, presente sus reservas, que son varias, por cierto. Nos ha ofrecido y se lo agradecemos hacerlo en un solo acto.
La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, presidente. La presente reserva es en alusión a que esta ley se jacta de ser quien regulará con mano dura la operación de los casinos y la industria del juego en México, o al menos eso es lo que se entiende de la exposición de motivos.
Sin embargo, del análisis del texto del articulado de la misma nos encontramos con disparidades que evidencian que más que reglamentar se pretende seguir favoreciendo prácticas irregulares, como es la explotación del permiso en asociación con un operador.
Lo anterior se estima así ya que actualmente los operadores son quienes explotan gran parte de los permisos en materia de casinos y no así los titulares de los permisos, lo que ha traído problemáticas no sólo entre los operadores y sus permisionarios, sino también entre estos y la Secretaría de Gobernación, situación que además se ha prestado para actos de corrupción, operaciones fraudulentas, un sin fin de amparos y además procedimientos judiciales, por lo que resulta incongruente que si se quiere poner orden a esta industria se siga permitiendo la renta de los permisos, porque eso es lo que es, es una renta, es decir, un negocio para el titular del permiso que sólo pone el nombre ante la secretaría, ahora instituto, cumpliendo con los requisitos para que a final del día sea un tercero quien explote el permiso a cambio de cantidades millonarias.
Es decir, ¿para qué seguir favoreciendo esta clase de negocios entre permisionario y operador? ¿Qué beneficio tiene el Estado con la figura del operador? Porque tal y como se planteó en el articulado de la ley los requisitos a cubrir para la obtención de permiso son tendientes a demostrar que el solicitante cuenta con la experiencia, así como la capacidad técnica, financiera y operativa para explotar un permiso de esta índole.
En ese tenor resulta contradictorio que se le permita asociarse con un tercero para realizar las actividades propias del permiso, pues esto en automático implicaría que no cumple uno de los requisitos para el otorgamiento del permiso.
Actualmente existe un mercado turbio de permisos para estos establecimientos, hay empresas que al ser titulares del mismo no tienen interés en ejercer las actividades que estos amparan y sólo buscan el mejor postor para que éste lo opere a cambio de millonarias cantidades.
Insistimos, si lo que se quiere regular es a la industria, hagámoslo, pero bien, erradicando prácticas que sólo atiborran los bolsillos de unos cuantos. Proponemos que el solicitante del permiso sea quien lo explote directamente.
Y si las empresas operadoras pretenden seguir en la industria que tengan los permisos correspondientes, que sean sujetos obligados ante la autoridad y que cumplan sus obligaciones y se transparente el funcionamiento de la industria. No es nuestro papel poner en charola negocios que de por sí ya son millonarios.
No hay razón para que se siga implementando la figura del operador, no le demos las posibilidades de sacar más provecho a esta clase de permisos. Es por ello que propongo modificar los artículos y fracciones relativos a la figura del operador, en virtud de que la ley impone requisitos a los permisionarios, de los que se desprende que tienen capacidad financiera, técnica y operativa, como ya lo comenté.
De ser así se entendería que las personas, si no pueden operar financieramente no cumplen con los requisitos. Por lo tanto propongo que se elimine en todo el texto de la ley esta figura que se refiere a los artículos 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 70, 143, 146, 160, 163, 182, 185 y 190, que contiene el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, donde se propone esta eliminación. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de doña Patricia Lugo Barriga.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas. Queda el dictamen en sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene usted el uso de la voz. Tiene dos intervenciones seguidas, le ruego por favor aproveche su estancia en la tribuna.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Dice la filosofía popular que lo único bueno de hoy es que mañana va a estar peor, y más a como legisla esta Cámara de Diputados. No tengo la menor duda.
En México hay más casinos que universidades e instituciones de educación superior, actualmente hay 341 casinos registrados y le creo más a la prensa que a la dichosa comisión, con el debido respeto, que nunca entregó un informe y aquí nos vienen a decir que hay doscientos y cacho. No les creo. De los cuales el 76 por ciento están en operación en 112 municipios del país y 7 delegaciones de la capital de la república.
Apenas 20 establecimientos fueron clausurados por autoridades locales, otros 17 por federales y 44 más porque sus permisionarios consideraron que el negocio no era rentable en las zonas donde se ubicaban.
Miren, yo dije que la propuesta de crear este Instituto como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa a cargo de un director designado por el secretario de Gobernación, un consejo consultivo de juegos y sorteos integrado por un presidente, que será el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y un representante de Hacienda, de Economía, Trabajo y Previsión Social y Turismo, del cual el director general funge como secretario técnico.
Es decir, en síntesis, la estructura responsable de los permisos sigue siendo la Secretaría de Gobernación. Que por cierto, nos acompaña parece ser la titular Marcela González, de Juegos y Sorteos, o muy interesada, o veo muchos diputados que se acercan ahí con ella a enterarse mejor qué están votando, o sabrá Dios qué van a hacer después, ¿verdad? Todos los que se acercan a lo mejor quieren su casinito.
Miren, ¿por qué no dotar a la actual Dirección de Juegos y Sorteos de las herramientas necesarias para llevar a cabo acciones necesarias de vigilancia, coordinación, fiscalización? ¿Para qué crear otro supraorganismo que le apuesta a aumentar la burocracia del país?
Quitarle facultades a una dirección dependiente directamente del gobierno para inspeccionar y otorgar permisos. Es decir, hacer a un lado al gobierno y dejar en total libertad de control a los empresarios, que son quienes vigilarán y otorgarán los permisos, no es una medida a favor de la ciudadanía.
Ojalá vieran otras experiencias de países. Argentina, en sus leyes municipales ha permitido que no sólo recauden directamente los impuestos que generan los juegos, los sorteos y las apuestas, sino que sean responsables directos de vigilar la operación transparente de estas actividades, incluyendo la prevención al lavado de dinero. Ojo, obviamente no estamos hablando del municipio de Monterrey, no nos vaya a pasar la historia de los quesos, como ahí dicen.
Por eso digo que no hay que olvidar que el titular de este instituto será designado por el secretario de Gobernación. Si bien deberá pedir una opinión favorable al Consejo Consultivo para determinar las zonas o regiones para la instalación de establecimientos, este instituto tendrá la última palabra para la apertura o cierre de casinos, hipódromos y todo lo que significa el juego.
Por eso creemos que esto va a promover una salvaje proliferación, esta Ley de Casinos en todo el país, sin que el Estado pueda intervenir. Como si no fueran suficiente los casos ya vistos. No cabe duda que la delincuencia organizada, la que más utiliza para sus fines económicos estos centros de apuestas, como en el caso de Nuevo León que operaron con la complacencia y complicidad de las autoridades municipales, en donde ya saben ustedes qué pasó ahí.
¿Cómo es que este megapoderoso instituto tomará las medidas para identificar fiscalmente al jugador, que sirva como una medida de prevención a delitos, como el lavado de dinero?
En ninguno de los artículos referentes al control y vigilancia se abordan medidas específicas como una forma de identificación fiscal para los jugadores, como en otros países donde ya se utiliza el Registro de Contribuyentes.
Finalmente, en esta intervención de estos primeros artículos, o media intervención, decirles que no nada más por anticonstitucional de los 21 años, esto de que los menores de 21 años no van a poder entrar. De nada sirve que prohíban la entrada a menores de 21 años.
Yo creo, sinceramente, que ustedes no tienen ni la menor idea de lo que es una adicción, deberían de estudiar lo que la Organización Mundial de la Salud dice al respecto, y obviamente consiste en la pérdida de control en relación con un juego de apuesta, en este caso, y eso no se resuelve con fijar una edad mínima.
Yo quiero aprovechar este último tiempo para tratar de argumentar donde están en contra de principios constitucionales, que deben de observarse con los procedimientos administrativos sancionadores.
Ya la Suprema Corte se ha pronunciado en esto y obviamente ustedes en la exposición de motivos omiten pronunciamiento alguno sobre el grado de corrupción de las acciones de lavado de dinero en los centros de juego, con autorización del gobierno federal, en el cumplimiento de obligaciones fiscales, con el objeto de encubrir la ilegalidad de actos y hechos. En el artículo 11, igual, hablan que el instituto será competente, pero ya he argumentado por qué no lo va a lograr.
Finalmente, con estas disposiciones limitan en forma la posibilidad de actuación del reclamante, tendrán que impulsar un procedimiento en el lugar de residencia del instituto. Esto es, si el reclamante reside en Tijuana o Tapachula tendrá que arreglárselas para atender requerimientos que se realicen en el lugar de residencia del instituto.
El centralismo del instituto vulnera el acceso a un procedimiento sencillo y no oneroso para el reclamante, según lo que ustedes están argumentando en el artículo 163, que es que los están mandando a presentar estas reclamaciones ante el instituto de manera directa o por conducto de los inspectores.
El procedimiento especial sancionador, del artículo 185, solo podrá dar inicio por el resultado del ejercicio, de las facultades de inspección, o como resultado de un procedimiento de reclamación, de lo que resulta un control de la autoridad para determinar el inicio de procedimientos, para determinar las infracciones a la ley. ¿Dónde queda la determinación de la ley de orden público e interés social? Cuando no existe el derecho abierto de los ciudadanos para exigir la aplicación de la ley.
¿Por qué acotar en el artículo 172 las facultades para iniciar procedimiento de inspección, únicamente dentro del procedimiento de reclamación o de oficio de la autoridad?
¿Por qué no abrir la denuncia pública y anónima en un tema que interesa a la sociedad y que ha sido nicho de corrupción de autoridades y casineros?
Como verán, sigo argumentando, no quieren cambiar nada. Por eso, seguramente, con seguridad no van a votar a favor de estas reservas que estoy presentando. Por eso digo, pobre México, pura demagogia legislativa. Y en este caso algo peor, pues lo que están haciendo, sinceramente, es cambiar, según todo, para no cambiar nada y dejarlo peor.
Nada más le están dando chance a Osorio Chong de que recomponga el sistema de complicidades con la complacencia de Acción Nacional, del Verde, del PRI y de los compañeros que desgraciadamente en la izquierda se van con la finta de que están legislando para salvar a la patria, pero la verdad es que esto no es verdad. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si las propuestas de los artículos 6, 141, 142, 11, 172 y 185 de Manuel Huerta son de aceptarse a discusión. De admitirse a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas enunciadas por el presidente de la mesa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas. Queda en sus términos el dictamen. Doña María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del PAN. Presenta, hasta por tres minutos, Chonchita, su reserva al artículo 16.
La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez: Honorable asamblea, vengo a señalar un error que espero haya sido involuntario. En el artículo 16 enumeran los requisitos para solicitar el permiso ante la Secretaría de Gobernación.
Extrañamente, en vez de solicitar la carta de antecedentes no penales solo solicita una declaración por parte del solicitante donde dice bajo protesta decir verdad que no ha sido condenado por delito alguno.
Esta reserva la presento con el fin de modificar este grave error, por lo que los exhorto a votar a favor de su discusión esta reserva del artículo 16, fracción II, inciso b) y c).
Hoy en día hay trámites más sencillos que piden la constancia de antecedentes no penales, como documento indispensable para solicitar empleo, para ser diputado, senadoras, para obtener un cargo en alguna entidad o dependencia gubernamental, para abrir una gasolinera, por mencionar algunos otros. Sin embargo no se entiende por qué para dedicarse a la industria del juego baste una manifestación bajo protesta de decir verdad para que se extienda el permiso.
Resulta incongruente dejar fuera tan importante requisito, en razón de que una declaración bajo protesta de decir verdad no otorga la misma certeza que tiene una constancia de antecedentes no penales. Y es que hoy, se sabe que varios de los actores principales de la industria de juegos y sorteos están involucrados en procedimientos de índole penal, tanto en México como en el extranjero.
Por ende, si se busca controlar y regular la industria se propone que se requiere una constancia emitida por la autoridad competente y no así solo una manifestación bajo protesta de decir la verdad, de tal suerte que someto a su consideración la reserva por la cual se propone que en la serie de requisitos se solicite constancia de antecedentes no penales, reserva que reserva la fracción II, inciso b) y c) del artículo 16 de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos para quedar bajo los siguientes términos:
b) Constancia de antecedentes no penales, emitida por autoridad competente;
c) Declarar bajo protesta de decir verdad, que no ha sido condenada por delito doloso, fiscal ni relacionado con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México y en otros países. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Conchita. Pregunte la Secretaría a la asamblea, si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Fuentes Solís, del PAN, tiene el uso de la voz para presentar su reserva al artículo 17, hasta por tres minutos. ¿Está el señor diputado? ¿No está el diputado? Bueno, entonces queda el dictamen en sus términos.
Don Damián Zepeda Vidales, del PAN. ¿No está don Damián? Ahí viene. Aquí lo esperamos, no se preocupe; tómese tu tiempo.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor presidente. Me manifiesto el día de hoy ante ustedes para exponer un tema que creo que puede venir a fortalecer en mucho esta ley de la cual tanto se ha hablado el día de hoy.
Estoy consciente y veo con gusto que hay muchos avances en la materia. Este tema en particular es una preocupación específica de un servidor y creo yo que de muchos ciudadanos en este país.
El artículo 27 de la ley establece que no se podrán establecer lugares de juego –casinos y demás– a menos de 500 metros de escuelas, de lugares de culto y de algunos otros establecimientos culturales y algunos otros puntos que se quieren proteger, lo cual es evidentemente adecuado, sin embargo a mi juicio insuficiente.
Muchos municipios tienen en su normatividad local distancias mayores a éstas. Pero más que eso, considero que la ley debería de establecer de manera específica que los municipios tienen la facultad de establecer distancias superiores zonas de exclusión o, en su caso, prohibición total de poner los casinos.
Es decir, México no es uniforme a nivel nacional. Cada municipio debería de tener la capacidad legal de decidir si quiere o no, o dónde quiere que estén, o diferentes criterios. Aquí se ha afirmado que esto ya está superado porque otro artículo establece como requisito de procedencia la licencia de uso de suelo, sin embargo permítanme hacer una aclaración legal.
Un ayuntamiento no puede establecer requisitos superiores a los que una ley en específico federal, que es la que regula juegos y sorteos que es ésta, porque lo dice el artículo 1o.dDe la ley, ya establece para el mismo caso y este artículo ya regula de manera específica que serán 500 metros los que se les van a pedir.
En el mismo caso se han presentado juicios de amparo en muchos municipios. Y antes cuando no existía o cuando existía que la procedencia de la suspensión del acto, lo que hacía la autoridad judicial era darles un amparo o al menos la suspensión a ese ayuntamiento por haber excedido sus facultades y haber puesto requisitos adicionales.
Es decir, argumentar que porque se requiere una licencia de uso de suelo para la procedencia del permiso, ya permite que el ayuntamiento pueda poner un requisito si quiere, es falso. Cuando menos es debatible. Y esto lo que va a generar es que se vayan al amparo.
Creo que pudiera fortalecerse esta ley dejando de manera clara; si la voluntad de este municipio puede decidir, digámoslo tal cual, que el ayuntamiento puede establecer distancias superiores a las establecidas en este artículo, zonas de exclusión o prohibición total. De esa manera nos arriesgamos.
Me preocupa más este caso porque hay otro dictamen que va ligado a esta ley, que está en comisiones, que fue aprobado en comisione, en donde se da marcha atrás a la procedencia de la suspensión, a la no procedencia de la suspensión en materia de amparo.
Es decir, hace unos meses dimos un gran avance aquí en este cuerpo legislativo y dijimos que no procedía la suspensión del acto en el amparo en el tema de los casinos.
Hoy, un dictamen que está en comisiones, que ya está pasando al pleno, digo, en los próximos días seguramente, da marcha atrás y sólo la deja para las instancias federales. Esto es incorrecto. Un ayuntamiento debe de tener, por supuesto, la facultad de tomar sus determinaciones y en este caso no debería de proceder la suspensión.
¿Qué había pasado? Así funcionaban muchos casinos. Exactamente así funcionaban muchos casinos. Van y piden su licencia de uso de suelo, se les niega o algún otro acto, se les niega, se amparan y procede. Eso es lo que queremos evitar con esta determinación.
Ojalá, porque escuché aquí que esa es la intención de la ley que se cree que ya está superad este problema porque se pone en un artículo de procedencia el permiso, la necesidad de que vaya la licencia de uso de suelo. Bueno, si ese es el caso les pido que seamos claros y de manera específica digamos que los municipios van a poder determinar cada uno conforme sienta y vea que sus ciudadanos quieren o no que se pongan casinos; quieren o no que se pongan más lejos; quieren o no que se pongan en zonas distintas. Démosle esa fortaleza al municipio que es quien está viviendo, quien está sintiendo el sentir de sus propios ciudadanos, que cada uno determine las distancias, zonas de exclusión o prohibición total. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Le vamos a dar el uso de la voz a don Víctor Fuentes, que arguye que estaba en un trámite personalísimo e indelegable.
El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Gracias, Presidente, por su comprensión. El asunto de los casinos es un tema que ha generado muchos problemas y sobre todo mucho dolor a todas nuestras familias en México. La ludopatía, la cual se promueve en estos establecimientos, divide familias, agota esperanzas y mata ilusiones
En Nuevo León aún no nos recuperamos del luto, del duelo por lo que tristemente terminó con la vida de más de 50 personas inocentes, cuando una célula del crimen organizado incendiara el Casino Royal. La mayoría de estas personas eran mujeres de la tercera edad que pudieron haber sido nuestras mamis o nuestras abuelitas.
No hay beneficio alguno en la promoción que pretenden realizar de estos establecimientos con la presente ley. Sólo los ciudadanos, a través de sus municipios, pudieran frenar o limitar este grave intento de fomentar la instalación de más casinos. Ahí se encuentra nuestra esperanza. Pero lamentablemente esta ley limita a los municipios para establecer requisitos urbanísticos adicionales, los cuales a todas luces son pobres, limitados, mínimos y débiles que a juicio de un servidor son puestos así con toda intención.
Soy diputado de mayoría por el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en donde en este momento no hay un solo casino abierto, por lo que desde esta curul y en esta circunstancia responsabilizo al gobierno de Peña Nieto si se abre un casino en el municipio, como en cualquier otro lugar del país, así como de la grave e incalculable lesión que con esto traerán a nuestras familias.
A mis compañeros de partido, compañeros diputados, sé perfectamente que no hay malas intenciones, pero un importante panista decía hace algunas décadas que no hay peor mal que el bien mal hecho.
Por lo anterior, propongo lo siguiente: se reforma la fracción V del artículo 17 de la Ley de Juegos y Sorteos quedando como sigue: “La documentación que acredite que al solicitante le fue entregada previamente la licencia de uso de suelo emitida por el ayuntamiento correspondiente, el cual podrá establecer en su reglamentos requisitos urbanísticos adicionales a los establecidos en la presente ley. La licencia en mención debe establecer el domicilio exacto en donde se solicita se pretenda instalar el establecimiento”. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Verónica Sada Pérez, 30 y 34, presente sus reservas.
La diputada Verónica Sada Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. El día de hoy estamos votando aquí una iniciativa para regular los casinos, los juegos y sorteos en todo el país.
Hace ratito lo votamos, yo lo voté en contra y nada más por decir un dato, solamente votamos 346 diputados; 154 diputados no asistieron el día de hoy por alguna razón, o por qué no están a favor de esta iniciativa o porque tuvieron algo mejor que hacer; y 17 se abstuvieron.
¿Habrá algo mejor qué hacer para un diputado que estar hoy aquí analizando este tema? Estamos sacando por parte del presidente Peña Nieto un sistema de seguridad. Estamos por parte del Partido Acción Nacional impulsando un sistema anticorrupción. Tenemos el caso en Iguala de los desaparecidos y de las fosas. ¿Necesitamos que en México se compliquen más las cosas para que todos los que estamos aquí tomemos esto en serio?
A mí la verdad me da mucha tristeza ver a mis compañeros riéndose. Esto que va a pasar aquí en México de abrir casinos por doquier, es un gran riesgo, sobre todo si no están bien regulados.
Yo apoyo las iniciativas que expusieron mis compañeros anteriormente. Por ejemplo no se les pide la carta de antecedentes no penales, lo dijo la diputada Conchita; pero aquí no estamos para apoyarla.
No tienen la regulación del lugar en dónde se va a poner; no pasa nada si hay un permisionario que le rente el permiso a un operador. Pero aquí estamos todos sin la posibilidad de que nuestras reservas pasen como ha sucedido durante toda la legislatura.
Yo no soy tan ilusa como para pensar que mi reserva va a pasar, pero creo que es mi debe como quiera decir. Me voy a referir al respecto de artículo 30, en donde dice que la Secretaría de Gobernación a través del instituto designará el porcentaje del aprovechamiento que se le cobrará al casino para que pague de sus ganancias al Estado mexicano. O sea, ¿qué porcentaje le va a dejar, además de los impuestos, en aprovechamiento al Estado mexicano?
Pero el artículo dice: La Secretaría señalará el aprovechamiento que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al gobierno federal, dejándolo a la discrecionalidad.
En la exposición de motivos señalan mis compañeros, quienes realizaron esta iniciativa, que un beneficio muy relevante de esta iniciativa es que elimina los elementos de discrecionalidad. Bueno, uno de los principales elementos de esta iniciativa es cuánto le va a dejar el casino al Estado mexicano, bueno, eso lo deja a la discrecionalidad. Puse un número por poner un número, que es el del 10 por ciento para no dejarlo a la discrecionalidad, que pudiera ser el del 5 o el del 7 o el del 8.
Entonces propongo y les solicito su voto a favor para someter a discusión la reserva para que el aprovechamiento a pagar por parte de los permisionarios de los casinos sea de un 10 por ciento o de alguna cantidad específica. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos. –¿No presentó las dos, diputada?
La diputada Verónica Sada Pérez: No, presidente, falta una.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, adelante.
La diputada Verónica Sada Pérez: Muy bien. Ahora sobre el artículo 34. El artículo 34 habla en generalidad sobre las salas VIP y de algunas de las obligaciones de los permisionarios.
En esta exposición de motivos también habla de que se debe regular la actividad económica de estos negocios y que debe de construirse un andamiaje legal que los blinde, para que estos negocios se controlen y den seguridad y protección no solamente a los jugadores, sino que también se blinden del lavado de dinero.
Entendemos por lavado de dinero a aquella operación que consiste en hacer que los fondos o activos sostenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y que circulen sin problema en el sistema financiero o como la eventual o espontánea ganancia como consecuencia de haber participado en un juego, apuesta o sorteo.
Esta actividad ilícita ha sido motivo de preocupación por parte de la comunidad internacional, no es coincidencia que desde el año 2005 México haya suscrito acuerdos y tratados como el de asistencia jurídica, con el gobierno de Suiza, para acelerar la obtención de información financiera en las investigaciones.
Es de recordar también que esta legislatura ha hecho esfuerzos importantes por generar una normativa que busca combatir con mayor eficacia el delito de lavado de dinero. Es el caso de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entró en vigor a partir del 12 de julio de 2013.
Son muchos los esfuerzos que a nivel nacional hemos hecho con el apoyo del nivel internacional. Esta propuesta que yo les hago aquí implica agregar una fracción, la número XIII; que dice que el casino deberá implementar una base de datos que lleve el registro de todos los participantes en cualquier tipo de apuesta, en la que se contemple copia de su identificación oficial y de los montos totales por los que participa en las apuestas. Esta base de datos deberá entregarla junto con su informe mensual a que se refiere la fracción XVII del presente artículo.
Cabe aclarar que hoy en día sí cualquiera de nosotros o algún compañero o familiar de nosotros quiere pagar algo en efectivo, la Ley contra Lavado de Dinero le prohíbe pagar más de 45 mil pesos, pero en estos casinos puede ir una persona diariamente y poner 40 mil pesos en juego y perderlos. No es necesario ni siquiera jugarlos, simplemente los entrega al casino y los meten a la caja fuerte.
Eso es el lavado de dinero que se puede hacer a través de los casinos, por eso yo solicito que se acepte la reserva de modificar el artículo 34 incorporando esta fracción.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos. Betzi Yáñez, tiene usted el uso de la voz. Va a presentar dos reservas.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía dos reservas. La primera consiste en una modificación al artículo 54, y la segunda consiste en la adición de un artículo décimo tercero transitorio, al dictamen que hoy se discute, por lo que agradecería, señor presidente, lo considere para el efecto del tiempo.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, y que hoy nos convoca, adolece de un factor que nos es común a todos nosotros. Compañeras y compañeros diputados, ese factor es el tiempo.
Esta ley pretende aprobarse desde hace muchos años. Los intereses involucrados son inmensos, los actores de organizaciones sociales, tanto a favor como en contra se cuentan por decenas, quizá sean cientos.
Los estudios, las investigaciones y las publicaciones relacionadas con esta temática han aparecido desde hace décadas en muchos países del orbe, industrializados y en vías de desarrollo y ninguno puede decir que cuenta con resultados concluyentes. Esto sucede desde hace mucho tiempo.
Por otra parte, este dictamen en México no contó con tiempo, no hubo tiempo suficiente para revisarlo a cabalidad, no hubo tiempo de realizar un diagnóstico sobre los problemas y los beneficios conlleva la regulación de casinos y de establecimientos de juegos con apuestas y no ha habido tiempo de evaluar cuestiones vinculadas a la soberanía y a la seguridad nacional.
Esta ley es necesaria, pero este dictamen careció de tiempo, un tiempo preciso para su estudio y un tiempo para su debido proceso del que emanaría una aportación de la asamblea que marcaría positivamente la instalación de casinos. Pero no, señoras y señores legisladores, ha faltado el tiempo, en fin.
Mi primer reserva al artículo 54 del dictamen que hoy discutimos tiene como principal objetivo remover la posibilidad de que la homologación de las máquinas, instrumentos, soportes o software que utilicen los permisionarios y operadores se lleve a cabo directamente por el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, dejando esta facultad exclusivamente a particulares que cuenten con la autorización para tal efecto. Lo anterior busca homogeneizar el proceso de acreditación y no sujetarlo a decisiones discrecionales de la autoridad que lleven a elegir, en algunos casos, la acreditación a cargo del instituto y en otros a cargo de los particulares autorizados.
Compañeras y compañeros, la principal razón por la que se establece la homologación o acreditación de máquinas, instrumentos, etcétera, como requisito para que los permisionarios u operadores puedan funcionar, es para salvaguardar la seguridad de los participantes y su patrimonio, para generarles confianza en que la industria y, en particular, las máquinas que utilizan están limpias y son legales.
Precisamente, si dejamos al arbitrio del instituto la elección sobre a cuál permisionario u operadora acreditará de forma directa y a cuál dejará a los organismos autorizados, estaremos fomentando la opacidad, faltando la esencia de la acreditación, que como dije, es generar confianza en los usuarios.
Sin duda esta facultad de homologación o acreditación del instituto hace pensar mal. Hace pensar mal, porque cuando se tenga un interés determinado por otorgar o negar una acreditación, el instituto podrá elegir llevar a cabo el procedimiento personalmente, y cuando no haya interés lo dejará a los organismos autorizados.
Además, el hecho de que sean empresas particulares ajenas a los poderes públicos genera una mayor credibilidad y certeza en la homologación, toda vez que el instituto no tiene la capacidad necesaria para realizarla adecuadamente y son, precisamente, los organismos autorizados los que cuentan con la capacidad técnica, material y humana para desempeñar dicha actividad.
Por otra parte, compañeras y compañeros diputados, quiero decirles que en México no existen estadísticas oficiales sobre los problemas ocasionados por la adicción al juego o ludopatía, y aquí cobra principal relevancia mi segunda reserva.
A pesar de todo el tiempo que llevan aquí casinos y casas de apuesta y que podríamos haber aprovechado para hacer los estudios y las estadísticas necesarias para elaborar un dictamen acompañado de una gran investigación nacional rigurosa y puntual, la Comisión Nacional contra Adicciones ha dicho, en 2012, que en Nuevo León una de las entidades federativas que cuenta con más casinos en el país se tienen registros de 173 casos vinculados al juego patológico.
En la cultura mexicana hay comportamientos sociales considerados normales, como jugar a la Lotería y al cubilete, pero hoy se sabe que existen actitudes que pueden implicar consecuencias negativas y que pueden ir del juego problemático al juego patológico, así lo señaló, desde agosto de 2012, la jefa del Centro de Prevención de Adicciones de la Facultad de Psicología, de la Universidad Autónoma de México.
Sin embargo, no ha habido tiempo, esta segunda reserva lo único que busca, es que se adicione un artículo transitorio décimo tercero que dice que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, deba establecer programas de prevención, atención, tratamiento y seguimiento de los problemas generados por la adicción del juego, estos programas deberán tener suficiencia presupuestaria de hasta un 30 por ciento de los ingresos tributarios, recaudados del sector relacionado con esta ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Betsy. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas de doña Elizabeth Oswelia Yáñez.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se desechan y el dictamen queda en sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene el uso de la voz para presentar reservas del 68, 71, 72, 195 y 204.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sabemos cómo se hacen las leyes en esta Cámara de Diputados. En esta ocasión dejaron demasiadas huellas. Fue el dictamen más rápido del oeste, 300 páginas, hicieron un dictamen de 600 en menos de 30 minutos.
Y las leyes no se hacen aquí, hacen seguramente ésta con el beneplácito de la Secretaría de Gobernación y los diputados que ahí anduvieron manoseando la ley. Hacen consultas a la sociedad para avalar lo que ya dispone el señor.
Miren, la Asociación Mexicana de Internet, porque yo voy a seguir luchando porque se abran las voces de los ciudadanos, que preside el maestro Carlos Ponce Beltrán, por ahí hizo llegar un documento en tiempo y forma, que yo voy a pedir que se inserte en el Diario de los Debates y que no le hicieron caso.
Y porque también hay que estar explicando aquí que es mentira que esta ley es mejor que lo que había, y demás. No, yo ya dije, no hay voluntad política y va a estar peor.
Miren, respecto a las facultades del Instituto para ordenar el bloqueo de protocolo de Internet, IP, contenidos en el artículo 72, 191, fracción IV y 204, fracción I y II. Dentro de sus argumentos, y es de buena fe él. Esto vuelve técnicamente imposible un bloqueo general del protocolo IP para sitios web infractores, precisamente por la naturaleza descentralizada y sus puntos de control central de Internet. Y más adelante nos dice:
Esto tendría consecuencias muy serias para la interoperabilidad del Internet mexicano, cree un cúmulo de IP sin funcionamiento, que en términos ejemplificativos equipararía al Internet mexicano con una red con agujeros.
Y si además el proyecto de decreto no establece medidas para desbloquear dichas IP, estaríamos dejando inservibles bloques de direcciones IPD4, las cuales de por sí son escasas en nuestro país y dificultarían, escúchenlo bien, y encarecerían aún más la inclusión digital de millones de mexicanos y mexicanas, aun sin conexión a Internet.
Suponiendo que el bloqueo propuesto se llevara a cabo, ello no garantizaría que el sitio quedara incomunicado, pues en cuestión de minutos podrían alojar el sitio en otra dirección IP, o bien, podrían poner a discusión de los clientes de dicha página y nos argumenta más y nos da salidas.
Y respecto a la obligación de contar con un dominio bajo el .com.mx contenido en el artículo 71, nos dicen, limitar la opción del uso de nombres de dominio únicamente al dominio de segundo nivel punto com, punto mx, limita a los usuarios del abanico de posibilidades de registro, impidiendo la utilización de las combinaciones que sean más adecuadas para sus estrategias comerciales.
Conminamos a no limitar a un sector específico de usuarios, al mercado completo de opciones que pone a disposición el DNS, esto motivado únicamente por un afán de lograr un correcto aprovechamiento del mercado de nombres de dominio, industria en vías de consolidación nacional que se verá afectada por esta disposición.
Y todavía más, respecto a la obligación de contar con un sistema de información en territorio nacional contenido en el artículo 71 –nos dice él–, esta disposición es contraria al carácter liberalizador del Internet que prescinde de fronteras nacionales, limita el pleno acceso al total de opciones que ofrece Internet en servicios de Hosteo, de información y además genera una tendencia errónea de localización de servidores misma que en otras experiencias internacionales ha sido descartada por su carácter contraria a la cualidad global de Internet.
Y concluye diciendo, que ya el avance tecnológico actual permite la interconexión telemática a sistemas de información remotos, permite desestimar esta disposición de localizar geográficamente en territorio nacional, sistemas de información, más aún cuando algunos mecanismos de seguridad de Internet requieren que los sitios de Internet se coloquen en puntos dispersos topológicamente, geográficamente, no en una jurisdicción sino en varias a la vez.
Nos las da ya las propuestas casi redactadas como ley y lo único que para uno tener congruencia, pues es subirla con la firma de un diputado a que se conozcan y a demostrar con estos mismo, que esta ley está peor y nos va a meter en más problemas que lo que está ocurriendo.
¿Por qué? Porque falta voluntad política, porque aquí nada más se lavaron la cara los del PAN con el problema que tuvieron en Monterrey. Hicimos una comisión para que se investigara qué había pasado, la comisión no dijo ni pio y nos sacan de la chistera del conejo una ley que dicen que está ampliamente consensuada, pero que nada más va a perjudicar a los ciudadanos, eso, pobre México con ustedes.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, si las propuestas que por cierto deberán integrarse al Diario de los Debates, se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a votar en términos del dictamen los artículos: 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 7o., 8o., 9o., 11, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 30, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 68, 70, 71, 72, 141, 142, 143, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 68, 70, 71, 72, 141, 142, 143, 146, 159, 160, 163, 172, 182, 185, 190, 194, 195 y 204. Ordene la Secretaría abrir el sistema electrónico por cinco minutos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos enunciados por el Presidente de la Mesa Directiva.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Siga la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva Voz.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 229 votos a favor, 63 en contra y 9 abstenciones.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados los artículos reservados, en términos del dictamen, por 229 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política por el que se define la integración de la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación y emisión del fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado, comuníquese.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del grupo parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El Presidente diputado Silvano aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Silvano aureoles Conejo: Honorable asamblea, este miércoles 3 de diciembre falleció el periodista y escritor Vicente Leñero a la edad de 81 años de edad, confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Considerado uno de los autores más importantes del siglo XX, un escritor incansable, Vicente Leñero es un polifacético autor que lo mismo ha abordado con éxito la novela, el teatro, la crónica, el cuento y el guion cinematográfico, además de ser maestro de varias generaciones de periodistas.
Descanse en paz Vicente Leñero y, como lo solicitó el diputado Fernando Belaunzarán, esta Presidencia obsequia un minuto de silencio en memoria de Vicente Leñero.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano aureoles Conejo En los términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano aureoles Conejo (17:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 4 de diciembre del año 2014, a las 11 horas de la mañana y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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