Comunicaciones oficiales
Dictámenes a discusión
Que expide la Ley de Transición Energética, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos 3o., 7, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 26 y 95, en sus términos
Comunicado de la Cámara de Senadores, con minutas
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Protesta como diputada de la ciudadana Yatziri Mendoza Jiménez
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Presentación de moción suspensiva
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Comunicado de la Cámara de Senadores, con integración de la Comisión Permanente
Minuto de silencio por el fallecimiento de ex diputado Jorge Moscoso Pedrero
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
Mensaje del presidente de la Mesa Directiva
Declaratoria de clausura del periodo de sesiones
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se informa a la Presidencia que existen registrados, previamente, 281 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:36 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en cuenta que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación): Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.
¿Con que objeto, diputado Belaunzarán? Permítame, Secretario.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde su curul): Gracias, presidente. Como usted sabe –y creo que todos sabemos en esta asamblea– el país vive momentos críticos y tenemos que actuar con mucha responsabilidad.
Un objetivo que tenemos que trazarnos es que el proceso electoral 2015 salga bien, salga sin problemas y pueda ser verdaderamente atractivo para la ciudadanía. Por eso me parece una actitud profundamente irresponsable de quienes ponen en riesgo el proceso electoral de 2015.
Como todos sabemos, desde las reformas del 2007-2008 en materia electoral está prohibida la compra de propaganda política por parte de los partidos políticos en radio y televisión. Sin embargo, según el mismo monitoreo del Instituto Nacional Electoral, el partido verde ha comprado más de 365 mil spots en televisión, rompiendo con eso la equidad en la contienda y ya manchándola.
También pido por supuesto a las autoridades electorales que no sean tibias, que no sean negligentes, que hagan cumplir la ley porque se está manchando el proceso electoral y rompiendo la equidad desde ahora. Con este tipo de conductas seguramente quieren echar atrás la reforma electoral de 2007-2008 y es sumamente irresponsable porque tenemos que hacer un proceso electoral impecable.
Llamo a que se reconsidere. Hay una tremenda irresponsabilidad por los más de 300 mil spots en radio y televisión, sobre todo en televisión. Sólo estoy hablando de televisión. Llamo, insisto, al Instituto Nacional Electoral y al tribunal electoral a que no permitan este vergonzoso y descarado fraude a la ley. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su participación, señor diputado en el Diario de los Debates.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Martha Lucía Mícher Camarena.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Se han cometido tres feminicidios atroces que vulneran la dignidad, la seguridad, la vida y la dignidad de las mujeres, en Michoacán, en Iztapalapa, en Tlalpan.
No podemos dejar pasar estas atrocidades, esta situación que pone en riesgo a muchas mujeres y que ya sean las hermanas, las esposas, las amigas, las vecinas, las madres de cualquiera de nosotros o nosotras, no podemos dejarlo pasar.
Son ciudadanas con derechos, con el derecho a una vida libre de violencia y urgimos a la PGR la atracción de los casos hasta donde pueda el ámbito de sus competencias. No podemos permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos. No podemos seguir permitiendo que en aras de un secuestro o de una cantidad que solicitan los secuestradores, se asesine a las mujeres.
No podemos seguir permitiendo que la inseguridad tenga rostro de mujer. Que la violencia contra las mujeres siga asentando sus reales en esta ciudad y en otras ciudades. Lo que sucedió contra Erika en Michoacán, lo que ha sucedido contra las dos estudiantes en Iztapalapa y a Nayeli en Tlalpan, no lo podemos permitir.
Exhortamos a las autoridades del Distrito Federal de Michoacán, a legisladoras y legisladores de la Ciudad de México para que trabajen en colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de estos horribles, espantosos, atroces acontecimientos que vulneran nuestros derechos.
Cuando le pegan a una mujer, cuando vulneran los derechos de una mujer o de una niña, o cuando nos asesinan, asesinan todos nuestros derechos. Por eso necesitamos estar pendientes de lo que la PGR, en el ámbito de sus competencias, y los poderes locales en Michoacán y en la Ciudad de México realicen. No lo vamos a dejar a un lado y nos declaramos absolutamente enojados, enojadas, realmente preocupadas y cansadas ya de estos delitos contra las mujeres. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señora diputada. Y queda debidamente registrada su intervención en el Diario de los Debates en un tema tan complejo y tan sensible. Me pidió la palabra la diputada Ceseñas.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Es realmente indignante que siga la embestida hacia jóvenes, adultos, adultas, y más que indignante también es muy preocupante que la PGR no actúe a la altura que debe actuar en estos momentos críticos de nuestro país.
Lo ocurrido en Chilpancingo el día de ayer demuestra la incompetencia, la falta de responsabilidad de quien tiene la responsabilidad de procurar la justicia. Me parece mucho muy lamentable que traten de desvirtuar, que traten de involucrar como responsables de lo ocurrido a quienes han alzado su voz en la entidad y fuera de la misma, por lo ocurrido en Ayotzinapa, por lo que demandamos, demando de manera urgente que el procurador actúe a la altura de su puesto.
No es posible que se siga recriminando, violentando y desviando la atención y ojalá que en unos días más y en unas horas no vayan a decir que tendrán que detener a quienes en su momento o en el uso o derecho constitucional de la libre manifestación están alzando la voz exigiendo la aparición de los normalistas.
Yo creo que ya basta la intromisión también para aquellas personas que valiosamente se han sumado a las redes de comunicación social y que han visto truncado e impedido y han tenido que abrir de nueva cuenta otras redes, el de ya basta. Entonces es importante que esta Cámara de Diputadas y Diputados actuemos en consecuencia. Que su Junta de Coordinación Política asuma los llamados que hacemos de manera insistente, y la Mesa Directiva haga lo propio. Gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su intervención, señora diputada. Diputada Lilia Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Sobre el mismo tema, señor presidente. Quiero hacer un llamado a esta Presidencia para que precisamente con base a los hechos sucedidos en Chilpancingo este fin de semana, donde me parece que la Presidencia de la República, ante una crisis que enfrenta del Estado y un descontento generalizado de la sociedad ha decidido responder con violencia a los que se han vuelto los íconos de este movimiento, que son los padres de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa y los estudiantes de la misma.
Es importante que esta soberanía, a través de su Presidencia, se informe y le solicite a la Procuraduría General de la República, así como a las Fuerzas Armadas sobre los hechos de violencia y enfrentamiento, que terminaron con padres de familia de los 43 desaparecidos lesionados y, sobre todo, en lo que se ha convertido ya una cruzada para desacreditar y desmeritar a estos personajes que han empezado una cruzada que han suscrito miles y miles de mexicanos en contra de la falta de eficiencia de este gobierno.
Es necesario, señor presidente, que como Poder del Estado la Cámara de Diputados pueda solicitar información oficial de qué es lo que sucedió en Chilpancingo y por qué han decidido las fuerzas policiales federales atacar a quienes simplemente estaban haciendo o estaban tratando de hacer un acto en solidaridad por los 43 desaparecidos.
Nuestra solidaridad a los padres de familia, y una solicitud atenta a usted, a que pueda solicitar esta información por parte de todos nosotros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su preocupación, señora diputada Aguilar.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada Zavaleta.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): Presidente, en el contexto de las participaciones pedirle su intervención como presidente de esta Cámara de Diputados, para que todos nos pronunciemos en contra de la violencia, de una y de otra parte, porque lo que hemos visto en las imágenes, lo que consigna a los medios de comunicación es la agresión que están sufriendo los diferentes sectores en el estado de Guerrero, incluyendo a los periodistas, incluyendo los propios policías.
Hacemos votos para que la gente, los policías y sus familiares se recuperen de las agresiones que han sido objeto en el estado de Guerrero el fin de semana y se recupere el policía que se encuentra grave.
Por eso, presidente, yo le pido, lo conmino a que esta Cámara de Diputados se pronuncie en contra de la violencia general, no solamente de uno o de otra parte, sino que todos nos serenemos y se restablezca el Estado de derecho en el estado de Guerrero y en toda la República. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora diputada.
La diputada Irazema González Martínez Olivares (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sólo escuchamos la intervención de la diputada Irazema González y continuamos con el orden del día.
La diputada Irazema González Martínez Olivares (desde la curul): Exactamente, presidente, pedirle, muy atentamente, a usted y a nuestros compañeros legisladores, poder continuar con el orden del día que ya teníamos programado, presidente, atendiendo que todos los comentarios aquí son importantes, sin embargo le pido, por favor, que podamos continuar con lo ya programado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En virtud de que hay muchas manos levantadas y no hay ningún tema a discusión, le pido a la Secretaría continúe con el orden del día.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De la Mesa Directiva. Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica que se recibieron dictámenes de iniciativas y de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos o devuélvanse a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Oficio del diputado Alfonso Durazo Montaño, con el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Protección Civil la proposición con punto de acuerdo relativo al restablecimiento del polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec, estado de México, presentada el 13 de noviembre de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que se remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al tercer trimestre del 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron oficios de la Universidad Autónoma del estado de Tlaxcala y de la Universidad Veracruzana con los que remiten los informes de resultados de auditorías externas a sus matrículas correspondientes al ciclo escolar julio-diciembre de 2014, en cumplimiento de la fracción III, del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio del Congreso del estado de Michoacán, por el que se remiten las conclusiones del II Foro Estatal Indígena llevado a cabo en la comunidad purépecha de Uricho del 1 de diciembre del año en curso.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que se comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 122 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que exhorta al Congreso de la Unión, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes de octubre para que asistan a una sesión ordinaria con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014, el Día Internacional de la Niña.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura. Presente.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVII del numeral 1 del artículo 6 y del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir del 27 de diciembre del año en curso.
Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente, diputado federal Alfredo Zamora García.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría someta a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alfredo Zamora García para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal a partir del 27 de diciembre del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados, comuníquense.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores con los que remite las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, Libres y de Promoción, presentada por el senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, presentada por el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, y suscrita por el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 7, 9, 15, 16 y 22 de la Ley General de Deuda Pública, presentada por la senadora Lusas María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Declaratoria de publicidad. Se informa a la asamblea que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que expide la Ley de Transición Energética.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
En virtud de que se ha cumplido con los requisitos de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales antes mencionado se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se autoriza.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Transición Energética. Para fundamentar el dictamen y a nombre de la comisión tiene la palabra el diputado Rubén Camarillo Ortega.
El diputado Rubén Camarillo Ortega: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: agradezco de entrada a los diputados Bernal y López Moreno permitirme posicionar el dictamen que las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales ponen a consideración de esta asamblea, ya que estamos dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013.
Tal mandato prevé la realización de las adecuaciones necesarias al marco jurídico para que el Estado procure la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético. A ello precisamente responde la iniciativa de ley de transición energética cuyo dictamen fue aprobado por amplia mayoría en las comisiones que ya he mencionado.
Como parte del proceso de negociación y consenso que tuvo lugar en comisiones, las juntas directivas de las mismas hemos presentado una adenda a la ley que permitirá darle mayor solidez en algunos aspectos que los diversos grupos parlamentarios hemos considerado de importancia y que está precedida por un amplio consenso y sólidamente sustentada constitucionalmente como producto de los acuerdos que han hecho posibles las reformas que hemos venido impulsando en esta LXII Legislatura en materia de energía en medio de un intenso debate en el que debemos de reconocer la participación siempre enriquecedora de todas las fuerzas políticas aquí representadas, pero en el que existe una coincidencia básica, la necesidad de un uso eficiente y sustentable de la energía.
En este sentido, la Ley de Transición Energética se propone ordenar conceptos básicos del cuidado tanto del medio ambiente como del sistema climático global inherente a la industria eléctrica para llevarlos a un nivel de aplicación efectivo acompañando el desarrollo económico de nuestro país.
Así pues, hemos partido del análisis de la iniciativa presentada el 21 de octubre de 2014 por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, misma a la que se le han realizado diversos cambios con la finalidad de adaptar los conceptos introducidos a las disposiciones previstas en la Ley de la Industria Eléctrica y de dar mayor coherencia a la aplicación de los ordenamientos existentes.
En ese sentido se han considerado la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento a la transición energética, así como la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General de Cambio Climático.
Un eje que orientó nuestro trabajo en comisiones fue buscar la reducción de los impactos ambientales pero no a costa de la eficiencia económica, que en el caso del sistema eléctrico nacional está entrando en un nuevo ciclo de desarrollo al impulso de la reforma energética considerándose para el efecto diversas experiencias exitosas a nivel internacional.
El objetivo es disminuir la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, obtener mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y emisiones, así como atenuar la huella de carbono en todos los procesos relacionados, considerando la realidad de nuestra industria eléctrica que por primera vez se ha abierto a las inversiones privadas y buscar contar con una empresa pública de energía eléctrica moderna y fortalecida.
En general, el dictamen que hoy se presenta armoniza y hace compatible la normatividad vigente y al mismo tiempo ordena conceptos y disposiciones para cumplir con su objeto que es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de parte de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos, así como sistematizar las metas, programas y estrategias para lograr el incremento de la producción de energías limpias y alcanzar las metas de eficiencia energética, así como los parámetros para medirla.
Se detalla el papel de las autoridades de la administración pública federal, encargadas de aplicar la ley propuesta, como son: la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía y también la Semarnat, señalándose también las funciones del Centro Nacional de Control de Energía y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, alineándolas todas al objeto y preceptos del presente dictamen.
Se definen instrumentos de planeación que dan un nuevo marco al papel rector del Estado en la condición de la política energética y, en particular, de la transición energética, incluyéndose criterios de viabilidad económica y rentabilidad social para determinar el orden de importancia de las acciones en función del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
Termino, presidente, diciendo que en las Comisiones Unidas se consideró que el dictamen que se pone a consideración de este pleno cumple cabalmente con el mandato constitucional en materia de transición energética y coadyuva a los compromisos internacionales suscritos al respecto, por lo que esperamos el voto afirmativo de toda la asamblea el día de hoy. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Camarillo. Esta Presidencia tiene conocimiento de un adenda, aunque habría de presentar, entiendo que está también en las pantallas de las curules de los diputados, entonces pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se acepta.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. En consecuencia está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ahora tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado miércoles 10 de diciembre, en Comisiones Unidas de Energía y Medio Ambiente se discutió y aprobó en el pleno de las mismas el dictamen que expidió la Ley de Transición Energética, cumpliendo así con el mandato que establece la reforma energética constitucional en materia de energías renovables, además de estar en tiempo para legislar, ya que el próximo 21 de diciembre vencerá el plazo en la materia.
Esta nueva ley tiene como principal objetivo utilizar el potencial de México en recurso s naturales, el aprovechamiento sustentable de la energía, así como establecer obligaciones sobre energías limpias y la reducción de emisiones de contaminantes de la industria eléctrica.
Esta normatividad recoge la visión de las organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia. Se traza una ruta clara para que nuestro país cumpla con dos grandes compromisos; bajar el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, y para 2024 al menos el 35 por ciento de la generación que las energías provenga de fuentes de energías limpias y renovables, concepto que queda debidamente definido en esta legislación.
Es así que en este proceso de la transición energética resulta prioritario establecer los instrumentos necesarios que abonen a la utilización de energías limpias, producto de fuentes solares, eólicas e hidráulicas. Tenemos una riqueza impresionante para que el desarrollo de éstas tan sólo sea una parte de la energía solar en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, en donde se puede captar más energía que Alemania, que es el primer generador de energía en este tipo en el mundo.
Dentro de los beneficios que se lograrán con este marco legal es el de los estímulos fiscales y financieros para que entidades privadas no absorban los sobrecostos e impulsar los proyectos que privilegien las energías limpias, además de reconocer a los consumidores particulares como productores de su energía propia y vender los excedentes que se tengan.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconocemos que existen pendientes en materia energética, pero confiamos que estamos en la ruta correcta, por lo que acompañaremos y vigilaremos que esta ley se aplique con contundencia para el óptimo desarrollo económico, el aprovechamiento responsable del medio ambiente y la soberanía energética. Por lo tanto, nuestro voto será a favor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura de su fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Las políticas públicas en México deben de estar enfocadas al aprovechamiento máximo del potencial de las energías renovables con la que cuenta nuestro país.
Es necesario disminuir y evitar el impacto ambiental, económico y social en el desarrollo de proyectos de generación energética. Con el contenido en el dictamen de la Ley de Transición Energética, sin embargo, no se genera un impulso para lograr que el proceso de transformación energética se acelere y se cubra con fuentes alternativas, con la finalidad de evitar la degradación ambiental que sufre actualmente el mundo entero.
México está muy lejos de ser el ejemplo latinoamericano de medidas cautelares con principios ambientalistas que promuevan el derecho de toda persona a vivir el medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.
La manera en que podemos combatir el cambio climático será a través de leyes que generan obligación y responsabilidad por parte del Estado, pero también de los particulares. El Estado porque es el encargado de lograr cambios reales y tangibles dentro del proyecto de transición energética, así como por parte de los generadores de energía eléctrica, quienes bajo un esquema de obligaciones e incentivos actúan en consecuencia de una responsabilidad vigilada.
Mientras no existan compromisos que impliquen la acción firme del Estado, no se podrá avanzar y menos aunque el sector energético ha cambiado permitiendo la entrada de participantes privados en áreas restringidas sin obligaciones mayores.
Ya existen antecedentes sobre los temas que abarca esta ley en las disposiciones que se derogarían con la aprobación de este dictamen, los cuales han sido simples códigos de recomendaciones que no ha sido fructíferos para cumplir con los fines establecidos, dejando únicamente alrededor del 15 por ciento de la generación eléctrica, provenientes de fuentes primarias de energía no fósil.
Prever, facilitar, y promover son palabras que no generan obligación y responsabilidad ni para el Estado ni para los participantes. Las palabras que necesitamos en este país deben de ser las de garantía y lograr, sólo de esa manera se podría recriminar la actuación de los privados y de los encargados de regular el sector y así generar las situaciones de combustibles fósiles por energías renovables, lo cual tiene que ir aunado al uso adecuado y eficiente de los recursos energéticos.
Por ello, es importante tener una relación fiable y detallada de cuántos y dónde pueden ser explotados estos recursos. Las energías renovables tienen impactos ambientales mucho menores que los que obtenidos a través de recursos fósiles, primordialmente en la generación de gases de efecto invernadero, y por ello, la importancia en su uso y la existencia de una regulación con mayores alcances.
El objetivo que se plantea en el dictamen que crea esta nueva ley, el cual se menciona la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de fuentes limpias para generar electricidad, queda a la deriva, ya que busca reducir el impacto ambiental, pero no a costa de la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, lo cual es evidente que resultaría en muchos de los casos en una contradicción.
Sin embargo, la adenda que se ha anunciado ni siquiera ha sido del conocimiento al menos no de la bancada del Partido del Trabajo y no sabemos, en este momento, si estará en nuestras curules y si les dará el tiempo a todos los legisladores para saber exactamente las adecuaciones que se han presentado frente a este dictamen.
Para prueba de esto, el dictamen que al menos conocemos la mayoría de nosotros, considera la reducción de la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica, así como la de eficiencia energética, solo bajo condiciones de viabilidad económica. Lo que al final de cuentas no es vinculante y no obliga a que existan medidas y sacrificios verdaderos que contribuyan a la creación de un espacio de producción energética que cuide el medio ambiente. Nuevamente se privilegia lo económico por encima de todo.
Por otro lado, tampoco busca que sea el Estado quien tome las decisiones que justificando un contexto de sector energético, donde impera la libre concurrencia en las actividades de generación y comercialización, cuando debe suceder justamente lo contrario, resultado esto en un absurdo contra cualquier esquema de planeación y regulación con apertura.
No se ha comprendido que no existen límites en un sistema en donde lo que priva son las ganancias atraídas por las rivalidades del capitalismo y de un mercado abierto. De poco servirá obligar a contribuir el cumplimiento de las metas energéticas limpias a los integrantes de la industria eléctrica.
En el Partido del Trabajo tenemos claro que mientras no asumamos un compromiso como legisladores cuya función es representar los intereses de las personas y no de los capitales para promover la intervención de grupos sociales y comunidades interesadas en la participación, en el mercado de energías alternativas, no mejoraremos las condiciones de vida de los ciudadanos residentes en zonas potenciales.
Es imperativo transformar nuestro modelo energético por uno más sostenible, no uno basado en la ganancia, no uno basado en la rapacidad económica. Uno basado en el ahorro, la eficiencia y la utilización de energías limpias que contribuyan a poner en marcha una verdadera revolución verde.
Por estas razones expuestas y muchas otras que este dictamen no da tiempo para poder explicar, es que hemos decidido en el Partido del Trabajo votar en contra de este dictamen porque va en contra de los intereses públicos fundamentales de nuestro país, que en este discurso hemos dejado ya claro. Muchas gracias, señor presidente.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Aguilar. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para fijar postura hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: En primer término señalar que esta ley es producto de la reforma energética porque el primer artículo del dictamen señala que esta ley es reglamentaria de las reformas al artículo 25 constitucional que fue publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2013.
Sí es muy importante precisarlo porque esta ley es parte de esa reforma energética privatizadora, corrupta y que entrega el patrimonio del país a los extranjeros. Con este dictamen pareciera que buscan lavarle la cara a esta atrocidad que se cometió hace un año con la reforma constitucional.
Sin embargo debemos hacer énfasis que la mal llamada reforma energética exacerbó la dependencia del petróleo que tiene nuestro país y permite que la inversión extranjera y las grandes transnacionales exploten los recursos no renovables, a la par de abrir la posibilidad de que se implemente la fractura hidráulica, el fracking en nuestro país, lo cual representa un grave peligro para el ambiente.
Representa una gran hipocresía hablar de respeto al medio ambiente cuando además de ser un robo a la nación, la reforma energética institucionaliza el fracking que es un acto de depredación mayúscula del medio ambiente.
México es altamente vulnerable al cambio climático, ya que el 15 por ciento del territorio nacional, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento de la economía mexicana podrán ser impactados negativamente por sus efectos.
La reforma energética contrario a esta problemática está dirigida a continuar con este patrón de dependencia excesiva del petróleo al proponer el incremento de la extracción y del gas natural, lo cual es contrario a una política de transición a una economía verde.
Por todas estas razones nosotros votaremos en contra. Además de que en este dictamen hay trampas que realmente no apuntan a una mayor utilización de las energías limpias. Por ejemplo, el dictamen ha incluido el término de habilidad económica como condicionante para el efecto de reducción de emisiones contaminantes en la producción de energías.
Esto no beneficia el desarrollo de energías renovables ni a las tecnologías para el uso eficiente de la energía. Las tecnologías limpias no pueden competir en costos contra las tecnologías convencionales. Si no se define correctamente viabilidad económica, esto puede ser la puerta de salida y excusa para las instituciones y empresas para que no cumplan con las metas establecidas.
En países desarrollados en los análisis económicos de tecnologías y procesos sobre la viabilidad económica se toma en cuenta a los contaminantes relacionados con una externalidad que se le atribuye un costo financiero. De no ser así, las tecnologías limpias serán poco viables económicamente contra las convencionales.
Con este dictamen se busca acotar el concepto de emisiones solamente de la atmósfera. Eliminaron emisiones al medio ambiente o ambiente. Es decir, hay emisiones que no se reflejan necesariamente en la atmósfera y que han sido dejadas de lado en esta ley.
Eliminar en el capitulado las metas del país de transición a generación de energía eléctrica por medio de energías limpias y establecerlas en transitorios, podría representar el evadir los compromisos del Estado en cuestión de energía eléctrica sustentable y por tanto su compromiso para reducir las emisiones contaminantes.
Lo antes expuesto –entre muchas otras cosas– demuestra las carencias de esa Ley de Transición Energética. Por tal razón no vamos a apoyar este proyecto porque es parte de la reforma energética, porque no tiene candados y porque no se ha respetado al medio ambiente.
El tiempo nos dio la razón en cuanto a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, ya que nombraron a un subordinado de Emilio Lozoya, a un subdirector de Pemex para que se hiciera cargo de esta institución.
Y lo que vamos a ver es que seguirá el manejo discrecional de un tema tan importante y que toda la política va a ser reducida a cubrir cuotas políticas hacia el aliado del PRI, en este caso el Partido Verde.
Nosotros además queremos reiterar que toda la reforma energética ha sido un negocio, que hasta ahora no han podido cristalizar por la baja en el precio del petróleo, por los problemas sociales que vive el país; pero en la lógica del grupo gobernante está la corrupción como premisa de su actuación.
Si hoy vivimos escándalos como los de IGA, esto es pecata minuta, un asunto muy menor frente a la gran corrupción que vendrá con Chevron, Exxon y todas las trasnacionales.
Si hoy decimos que las casas abundan por la corrupción de IGA, vendrán las casas, los condominios y todos los negocios, ahora de Chevron y de todas las trasnacionales.
Por eso reiteramos nuestro voto en contra de la reforma energética privatizadora y de cualquier de sus productos incluyendo esta Ley de Transición Energética. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos, diputado.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su venia, señora presidenta; muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. En México el sector energético constituye una de las piezas fundamentales para el desarrollo. La enorme riqueza natural que tenemos en nuestro país y la inigualable ubicación geográfica que tenemos, nos ha posicionado como una nación con importantes índices de producción en hidrocarburos y enormes potenciales de aprovechamientos en fuentes renovables de energía.
Sin embargo, hace algunos años habíamos abusado de todo lo que tiene que ver con la dependencia del petróleo y los combustibles fósiles por lo cual, ante los nuevos escenarios internacionales, nos vimos obligados a impulsar una reforma estructural que reposicionara a nuestro país como un jugador importante del mercado energético mundial, haciéndonos más competitivos y sustentables.
Este dictamen sin duda puede ser perfectible y por parte de nuestro grupo parlamentario presentaremos algunas reservas en lo que tiene que ver específicamente con energías limpias.
Sin embargo, con la aprobación de la reforma energética, estamos convencidos que hemos avanzado y hemos ganado mucho. Tenemos instituciones más fuertes y un mercado energético en desarrollo. Aun así los retos que nos hemos fijado como país a lo largo de los años nos obligan a ver en este tema un tema transversal, integral que sea parte de la agenda verde de todo nuestro país.
Hemos fijado metas claras durante los años anteriores, hemos firmado convenios de colaboración internacionales para poder llegar a estas metas, las cuales hoy en este dictamen están trazadas.
La presentación de este mismo dictamen sigue siendo muestra clara de que estamos transitando por el camino correcto en lo que respecta al impulso del sector energético, particularmente de la industria eléctrica. El contenido de él es clara muestra de que se busca que el gobierno federal defina rutas claras de cumplimientos de objetivos en la diversificación de los portafolios energéticos a partir de las fuentes renovables.
Dentro de este articulado se refrenda la meta del país de tener un 35 por ciento de participación de energías renovables para el año 2024, definiendo estrategias en el mediano y largo plazos para poder llegar a una participación del 60 por ciento de estas fuentes en el año 2050.
Los mecanismos de financiamiento e impulso al desarrollo de infraestructura que permita al país un mayor aprovechamiento de sus fuentes renovables de energía fortalecerá las expectativas ya trazadas por instrumentos como lo es el programa especial de aprovechamiento de las energías renovables 2014-2018 cuando se espera que el crecimiento de la producción en energía solar aumente casi un mil por ciento al término de este sexenio, ocurriendo la misma tendencia para energía eólica que pasaría de una capacidad aproximada de mil 500 megawatts en 2012 a cerca de 10 mil megawatts en el año 2018.
El Partido Verde Ecologista de México puede decirle a los mexicanos que los beneficios de esta ley no sólo serán de carácter económico sino también sociales y ambientales, basta mencionar que los reportes de la secretaría de Energía establecen que actualmente el 48 por ciento de la electricidad que se genera en México es producida quemando carbón, combustóleo y otros hidrocarburos, los cuales liberan contaminantes a la cuenca atmosférica que provocan enfermedades respiratorias y el cambio climático, cifras y tendencias que se lograrán revertir con estas metas a mediano y largo plazo.
Compañeras y compañeros diputados, para nosotros resulta fundamental no solamente salvaguardar el medio ambiente, también apoyar la economía familiar con los ahorros que se puedan producir reales en lo que tiene que ver con el gasto energético y doméstico para todas las familias, para todos los municipios, comunidades y colonias.
Estamos dispuestos a que con este dictamen le demos un seguimiento puntual como grupo parlamentario del Partido Verde y sigamos puntualmente las metas que hoy están especificadas en los artículos transitorios de este dictamen y que sigamos transitando a ese desarrollo sustentable que tanto nos está exigiendo nuestro país y las familias mexicanas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos para fijar postura de su grupo parlamentario.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, diputada presidenta. Cuando escucha uno los argumentos que tienen que presentarse frente a este dictamen parecería que pueden sonar bastante convincentes, incluso podríamos compartir algunos de ellos por cuanto tiene que ver a que eran cambios necesarios para el tema de la transición energética.
El problema es que en la política la forma es fondo y un dictamen que se presenta de manera tropellada, que debió haberse discutido de manera integral con la reforma energética, se presenta a seis días de cumplir con el plazo que se tiene para llevar a cabo estas modificaciones, insuficiente discusión, insuficiente escuchar a las distintas voces que tenían que manifestarse en un asunto tan importante como el de la transición energética, las energías renovables.
Hoy estamos a un año de la aprobación de las reformas constitucionales en materia de energía. Y los principales elementos que sustentaban la aprobación de dichas reformas han distorsionado las expectativas no sólo en México, sino a nivel mundial.
Dos ejemplos muy claros: La mezcla mexicana de petróleo cerró la semana en 57 dólares, al menos unos 40 dólares de lo esperado. La Administración de Información de Energética de Estados Unidos a inicio de este mes publicó sus nuevas cifras sobre los recursos de gas de lutitas en nuestro país, a sólo una cuarta parte de lo estimado originalmente, quedando ya México fuera de la lista de los 10 países con más gas del mundo.
¿Y, con esto la pregunta obligada, dónde están los miles de millones de dólares que vendrían a ser invertidos y que darían empleos a los mexicanos? Vimos una ronda cero atropellada, igual que toda la reforma energética, y en días anteriores una ronda uno que no sólo luce descafeinada, sino que además de ello luce opaca y luce de manera poco atractiva para los inversionistas. El propio secretario de Hacienda lo decía: ya se ha perdido el interés para estas inversiones que se supone sería la palanca del desarrollo.
Si cae el precio del barril de crudo el modelo energético estaría en riesgo, anticipamos el año pasado que discutimos la parte secundaria de las leyes energéticas, el nuevo modelo se sustenta básicamente en una mayor captura de recursos fiscales, el propósito inicial quedará anulado porque aunque se produzca más el ingreso será menor y con estos precios internacionales del petróleo pues mucho menor.
Hablemos concretamente de lo que se discute hoy, por cuanto ve al tema de la transición energética. El nuevo Consejo de Administración, que se integró por 10 consejeros, 5 de ellos solamente de medio tiempo, olvidó y omitió crear un comité del medio ambiente, lo cual representa incluso un retroceso frente a la propia reforma de 2008, cuando Pemex arrojó 47 millones 100 mil toneladas de CO2 equivalente, representando un incremento de 12.5 por ciento de emisiones durante el 2013. Ésa es la realidad de los temas ambientales en nuestro país.
Desde la propuesta inicial en el PRD insistimos que debería incorporarse un mandato tanto para Pemex como para CFE, en donde se obligara a las mismas a destinar recursos a una verdadera transición energética. Esto no sucedió y por lo tanto corremos el riesgo, como seguramente será, de que esta modificación quede en letra muerta, no se refleje en el presupuesto y en ninguna de las partes de la reforma energética se dejaron consignados recursos para que la transición energética se lleve a cabo como por ejemplo se hizo en Brasil o se hizo en Noruega, donde las empresas del Estado destinan parte de sus recursos precisamente a ir innovando y pavimentando el camino a nuevas energías.
En conclusión, el PRD no puede acompañar, aunque respeta los trabajos que se hicieron y reconoce un avance en los mismos, esto que parece más una adenda, una parte secundaria y menos importante de la reforma energética, cuando era pate medular. El medio ambiente debió haberse puesto en el centro y no como se hizo, poner en el centro la atracción de capitales a cualquier costo, y ahí sí dedicar tiempo suficiente a describir los contratos, la forma de los mismos, el pago de los impuestos, la Ronda Cero, la Ronda Uno, y dar un par de horas de discusión en Comisiones Unidas a esta reforma, que llega tarde y llega mal y el tiempo nos sigue dando la razón.
La reforma energética, ni ha atraído los capitales que se prometieron y queda incompleta y parchada con esta parte de la transición energética que seguramente correrá la suerte de la principal, que es hasta ahora completamente nula. Muchas gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Martha Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Le damos la palabra ahora a la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, por el Partido Acción Nacional, para fijar postura de su grupo parlamentario.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, nuevamente el año que termina, este 2014, está entre los más calientes que se tienen registros. Nuevamente tuvimos la presencia de fuertes huracanes que agredieron las costas de este país. Nuevamente la volatilidad de los precios de los hidrocarburos están afectando nuestras finanzas y otra vez dependemos de los hidrocarburos, pero no más.
Este Rosario de Amozoc que ha sufrido este país está a punto de terminar si contamos con el apoyo de todos ustedes. Porque esta iniciativa busca dar pasos importantes para impulsar un proceso de transición energética que genera la diversificación de nuestra matriz. Nosotros plantamos propuestas, y propuestas concretas.
No queremos que México dependa solamente del petróleo o del gas y por eso presentamos esta ley retomando la legislación de 2008 y de 2012 y fortaleciéndola, porque nos parece fundamental que verdaderamente actuemos ante el cambio climático, actuemos para atender la salud ambiental y la conservación de los recursos no renovables, pero algo fundamental que quizás cuando discutimos la reforma energética no lo mencionamos, y es la seguridad energética. La seguridad energética sólo se podrá dar si le apostamos también a diversificar nuestra matriz a través de fuentes renovables.
La razón fundamental, compañeros, para discutir esta iniciativa es verdaderamente apostarle a dejarles a nuestros hijos y a las siguientes generaciones un medio ambiente que verdaderamente esté siendo cuidado y que no cada año estemos sufriendo de desastres naturales que afectan gravemente a este país. Por eso tenemos que apostarle a una transición inteligente, a una transición energética expedita, ambiciosa y decisiva.
Del 1 al 12 de diciembre, en Lima, Perú, 196 países estuvieron reunidos en la Convención de las Partes por el Cambio Climático. Estos países estuvieron reunidos para tomar medidas concretas de cómo vamos a reducir las emisiones que estamos generando, ¿y en México qué estamos haciendo?
Esta es una apuesta para reducir las emisiones. Esta es una apuesta real y concreta para dar pasos hacia adelante. Quizá no suficientes, sí, todo es perfectible, pero son pasos hacia adelante, que los invitamos a que lean y que conozcan.
Este trabajo se hizo durante dos años con organizaciones de la sociedad civil, con especialistas, prácticamente acercándonos a los expertos para que compartieran el cómo podríamos dar estos pasos hacia adelante.
Les diría que el evitar que este planeta se dañe, que este país siga siendo afectado depende en gran parte de lo que decidamos el día de hoy, ¿por qué? Porque el sector energético en México es el responsable del 69 por ciento del total de las emisiones. Si el 69 por ciento de las emisiones es a través del sector energético, tenemos que tomar medidas concretas para reducirlas y esta es una propuesta concreta.
Les diría y les compartiría, esta Ley de Transición Energética es un cambio sustancial para pensar también en la energía solar, en la energía eólica. Es una ley en la cual vamos a cambiar la visión de cómo vamos a generar, pero también a consumir la energía, porque también hablamos de eficiencia energética.
Esta propuesta, como ya se mencionó, mandata metas concretas de energías limpias. Es decir, para el 2024 el 35 por ciento de la energía en este país tendrá que ser a partir de energías limpias.
Pero no solamente nos quedamos con eso, pusimos una hoja de ruta de cómo vamos a alcanzarlo, se putos también una meta-país en eficiencia energética, se creó un programa para el establecimiento de una red eléctrica inteligente que sea capaz de incorporar porcentajes crecientes de renovables, se fortalece el Fondo para las Energías Limpias, se fortalecen las instituciones que promuevan la eficiencia energética, la investigación y el desarrollo, pero algo que yo les compartía, es de lo que más me gusta de esta ley, es que estamos verdaderamente aterrizando el concepto de generación distribuida.
Es decir, cada ciudadano podrá generar su energía eléctrica desde su vivienda, desde su pequeña o mediana empresa, y además podrá vender el excedente. Esto es democratizar verdaderamente la energía y buscar que los recursos con los que se genera esta energía sean de los mexicanos, de cada ciudadano.
Además, yo les diría, se mencionó hace un momento sobre que esta ley está promoviendo el fracking, yo no sé qué dictamen leyó, porque, efectivamente, aquí no se habla absolutamente nada de eso. Al contrario, estamos puntualizando qué son las energías limpias. Si en la Ley de Industria Eléctrica había quedado una definición muy ambigua, aquí estamos detallándolo, y los invitaría a que lo leyeran.
Acción Nacional presentó y apoya la Ley de Transición Energética, porque es una apuesta a las siguientes generaciones. Yo quiero agradecer, de verdad, a todas las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los organismos empresariales, los especialistas, los legisladores y los funcionarios que trabajaron en esto, porque ahora sí podemos aplicar una conocida frase entre los ambientalistas que dice: o cambiamos de actitud o cambiamos de planeta.
Los legisladores que vamos a votar a favor de este dictamen estamos convencidos que queremos cambiar de actitud, no queremos que las siguientes generaciones tengan que cambiar de planeta, y los invito a votar a favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para fijar postura de su grupo parlamentario.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma energética aprobada recientemente significó un verdadero hito en la historia de nuestro país, toda vez que por primera vez las principales fuerzas políticas del país coincidieron en la necesidad urgente de reformar el sector energético, a fin de reposicionarlo como una herramienta insustituible para el desarrollo de México.
Bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto se dejaron atrás atavismos, dando pie a una nueva legislación moderna, que reconoce las exigencias del mercado, atiende a las demandas de la población, crea instituciones transexenales y fortalece la rectoría del Estado en este importante sector económico.
El dictamen que ahora nos ocupa traslada los postulados del Constituyente Permanente a la legislación secundaria y nos ofrece un ordenamiento que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energía limpia y reducción de emisiones contaminantes a la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
Pero no solo eso, también contempla la inclusión de normas tendientes a resguardar la facultad estatal de imperio, a efecto de no dejar en manos de particulares el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
En ese sentido, las normas contenidas en este dictamen son bilaterales y coercibles, pues vienen acompañadas de instrumentos de vigilancia y sancionadores, los cuales serán aplicables aun en contra de la voluntad de los sujetos constreñidos a su cumplimiento.
Lo anterior se afirma, toda vez que la comisión reguladora de energía y la Profepa estarán facultadas a realizar actos de inspección y vigilancia a los integrantes de la industria eléctrica, de acuerdo con las disposiciones de regulación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.
De la misma forma, la Conue, Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía podrá de manera aleatoria o cuando lo considere necesario, supervisar la ejecución de los procesos voluntarios que se desarrollen entre los particulares, para mejorar su eficiencia energética y ordenar visitas de verificación a los usuarios con un patrón de alto consumo de energía y a la administración pública federal.
Por otra parte, se tiene previsto que cuando por negligencia o causa inexcusable no se lleven a cabo las acciones necesarias para el establecimiento de metas tendientes a alguna generación y consumo de energía limpia mediante fuentes renovables o de eficiencia energética o no se respete semestralmente su avance, los servidores públicos que incurran en dicho incumplimiento serán sancionados en términos a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En ese mismo sentido, tanto la Conue como la Profeco estarán facultadas para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de un patrón de alto consumo de energía a las personas que fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen los equipos o aparatos que no incluyan la información necesaria acerca del consumo energético o cuando le incluya de manera diferente a la que establezcan las disposiciones aplicables.
Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía podrá sancionar a los suministradores de electricidad o distribuidores de gas natural que nieguen el servicio de cobranza derivado de los convenios que deberán ser autorizados por la Profeco.
Una norma que contiene obligaciones, pero que carece de instrumentos para hacerlas cumplir aun en contra de la voluntad de los sujetos a las que va dirigida es una norma imperfecta. Afortunadamente éste no es el caso, por el contrario, se establecen disposiciones tendientes a reafirmar la rectoría del Estado en el ámbito energético, lo que garantiza su observación y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue diseñada.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su voto favorable al presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Astiazarán Gutiérrez.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que tiene la palabra para la discusión en lo general, el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra, hasta por tres minutos. Esta Presidencia recuerda que la discusión es en lo general y con las modificaciones ya presentadas.
El diputado Javier Orihuela García: Buenos días, compañeros y compañeras, diputadas y diputados. Esta Ley de Transición Energética es la que estábamos esperando. Es la que estábamos esperando desde que se auguraba que iba haber una reforma energética profunda en nuestro país y lamentablemente hoy la discutimos, pero no la estamos escuchando, hay una gran ausencia de compañeros y compañeras.
Esta ley que debería ser una de las más importantes para nuestra sociedad, para el desarrollo futuro de nuestro país, no hay mucho interés. Porque esta Ley de Transición Energética es importante porque el cambio climático que sufre nuestro planeta ya no tiene control y lo más probable es que se acelere fuera de nuestra capacidad.
Existen razones éticas, sociales, económicas y ambientales para justificar la necesidad de hacer un cambio en nuestra forma de producir la energía la energía que se necesita para el desarrollo humano.
Las externalidades que ocasiona la extracción en uso de las energías fósiles están ocasionando grandes pérdidas económicas, grandes gastos económicos a todo el planeta para superar problemas como las enfermedades. Los costos a la salud humana son bien conocidos y es relativamente sencillo convertirlos en mortalidad, morbilidad y sus costos cada día son más crecientes.
Por estas causas es necesaria una Ley de Transición Energética, pero desgraciadamente la que se propone hoy no es la más adecuada. La que se propone hoy entra en una gran contradicción con el modelo neoliberal que se ha aplicado en México.
En la fracción VI del artículo 2, acerca de los objetos de la ley, viene la obligación de reducir las emisiones contaminantes, pero dice: reducir bajo condiciones de viabilidad económica la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica; y nosotros decimos que debe decir: Debe ser una obligatoriedad la reducción de emisiones contaminantes, independientemente de la situación económica y de la viabilidad económica.
El futuro de nuestro planeta no debe estar sujeto a la viabilidad económica. Debe ser la convicción de un país, de sus ciudadanos y de sus gobiernos, de transitar hacia el uso de las energías renovables independientemente de la cuestión económica, porque hoy con la baja del petróleo y con toda esta política neoliberal que hace de los países productores de petróleo, dependientes de sus exportaciones, cancela los objetivos de esta Ley de Transición Energética.
Por eso estaremos en contra, sin embargo reconociendo el esfuerzo que han hecho muchos compañeros por darle cuerpo a esta ley. Sin embargo las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país hacen inviable esta ley en su fracción VI del artículo 2.
Sin embargo yo quiero reconocer que es necesario avanzar más es una Ley de Transición Energética que contemple la reducción de las emisiones en toda la economía de nuestro país y no solamente en la generación de energía eléctrica. Está ausente la reducción de emisiones a la atmósfera en el sector agrícola, el sector agrícola que requiere del uso de los biocombustibles como una alternativa económica, pero también como una alternativa ambiental para impulsar esta transición energética que tanto hace falta al país.
Por ello quiero hoy pedir, quiero hoy informarles a todos los ciudadanos que nos están escuchando, que la izquierda en su conjunto, estamos a favor de una verdadera Ley de Transición Energética donde los ciudadanos sean los soberanos, los que ocupen las energías renovables.
Estuvimos en contra de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se expropio a los mexicanos de su derecho a compartir la renta petrolera, y hoy esa renta petrolera se está canalizando a través de contratos y asignaciones a empresas particulares.
E igualmente esta Ley de Transición Energética con ese objetivo económico se estará orientando a que las grandes compañías trasnacionales –españolas muchas de ellas– que ya están invirtiendo en México en energías renovables, sean las que aprovechen toda esta riqueza solar, eólica, hidráulica que tenemos en México para beneficio particular. Esa es la principal diferencia entre la izquierda y la derecha.
Nosotros decimos que los recursos energéticos renovables son de todos los mexicanos y debe de ser para todos los mexicanos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra ahora, la diputada Erika Funes Velázquez, por el Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro, por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su apoyo a la Ley de Transición Energética. Se trata de una iniciativa de la mayor relevancia para dotar el amplio potencial que tiene nuestro país en la generación de energías renovables.
México cuenta con grandes recursos naturales para el desarrollo de energías limpias; somos un país que cuenta con muchos días de intensa radiación solar a lo largo del año, en buena parte de nuestro territorio. Nuestros ríos son caudalosos y su fuerza puede servir para construir grandes hidroeléctricas, y desde luego, tenemos zonas donde el viento permite construir plantas eólicas como La Ventosa, de Oaxaca y La Rumorosa, en Baja California. De ahí que sea clave explotar los vastos recursos naturales de nuestro país y hacerlo de manera sustentable y ecológica.
México así lo ha entendido y en línea de la experiencia internacional ha adoptado un compromiso serio con el cuidado y la preservación del ambiente y con el desarrollo de energías limpias. Esto con el fin de asegurar el beneficio de las generaciones presentes y futuras de los mexicanos.
Transitar a energías limpias no es un reto menor. En la matriz energética del país se observa que la producción de energía está sustentada mayoritariamente en el combustible fósil, al mismo tiempo, en el desarrollo de fuentes alternativas como la hidroeléctrica y en menor medida la solar y la eólica. Éstas desarrollándose todavía a ritmos por debajo de su capacidad.
Es claro que en México tenemos que trabajar para invertir en matriz con el fin de apoyar la producción de energía de fuentes renovables. De ahí la necesidad de dar un nuevo impulso desde la ley a los proyectos que privilegien las energías limpias y reduzcan la dependencia energética en el uso de combustibles fósiles.
Por eso esta nueva ley es tan importante, ya que establece la base que permita al Estado procurar la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético.
Con esta ley se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la utilización de fuentes limpias para generar electricidad. Esto es congruente con la meta nacional de reducir para el año 2020 en 30 por ciento las emisiones, así como 50 por ciento la reducción de emisiones al 2050 con relación a las emitidas en el año 2000.
En el PRI consideramos que esta ley es clave al menos por tres razones: primero, permite aprovechar las grandes oportunidades de empleo y crecimiento económico para el país que están presentes en la reforma energética. Cómo. Con inversiones del sector privado para la generación de electricidad a partir de energías renovables. Varios países han aprovechado estas amplias oportunidades, entre los que destacan Alemania, China, Dinamarca, España y Estados Unidos.
Así, con esta nueva ley México se pondrá al día y manda una señal clara a las empresas e inversionistas que estén interesados en nuestro país para desarrollar parques eólicos y solares.
Segundo. La iniciativa de ley que hoy discutimos permite aprovechar las grandes ventajas fisiográficas del territorio nacional para el desarrollo de energías renovables. Se trata de una apuesta al futuro del país. El siglo XXI será un siglo de energías limpias y además ampliará la oferta de energía que permita que los costos de la electricidad para usuarios domésticos, industriales y de servicios avancen a niveles más competitivos.
Tercera. La ley que hoy se propone al pleno dota al Estado de un marco jurídico que permita la acción coordinada de todos los participantes del sector energético en esta materia al menor costo y mayor bienestar social posible para ello. Prevé alternativas para alcanzar los objetivos de política pública en sustentabilidad, reducción del impacto del sector eléctrico; en el medio ambiente e incremento de la eficiencia energética.
Esta nueva ley establece instrumentos de planeación para el desarrollo en una política nacional en regulación de aprovechamiento sustentable de la energía, de obligaciones de energías limpias y de obligaciones de reducción de emisiones contaminantes para la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
Para el caso de energías renovables se estableció la estrategia nacional para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía, un instrumento rector que señala las metas de energías limpias y eficiencia energética.
Destaca en esta ley que los participantes de la industria eléctrica tendrán obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes bajo el criterio de racionalidad económica.
En suma, compañeras y compañeros diputados, la Ley de Transición Energética permitirá aprovechar el amplio potencial que México tiene para un desarrollo en el país, esto se hace de forma responsable, sin suponer cargas extras a las empresas y cuidando el bienestar de todos los mexicanos de hoy y del mañana.
Por éstas y muchas otras consideraciones, el Grupo Parlamentario del PRI propone que votemos a favor de esta iniciativa de Ley de Transición Energética. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Nos permitimos saludar a alumnos de la Facultad de Leyes, Facultad de Medicina, Tecnológico de Zamora y Escuela Univer, de Zamora, Michoacán, invitados por la diputada Verónica García Reyes. Sean ustedes bienvenidos.
Le damos la palabra ahora a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Partido de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. En el presente dictamen podemos ver que se pretende regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como establecer obligaciones sobre energías limpias y la reducción de emisiones de contaminantes en la industria eléctrica.
Debemos recordar que el próximo 21 de diciembre vencerá el plazo para legislar en materia de energías renovables. Es por eso que el presidente de la República envió el presente dictamen para su aprobación inmediata, sin dar si quiera el tiempo suficiente a los legisladores de este Congreso para analizar a profundidad esta ley.
Hemos visto de qué manera en este Congreso se anteponen los intereses económicos a los derechos humanos y a los derechos ambientales de todos nuestros representados. En cuanto a lo económico, de lo que implica la explotación de gas shale en nuestro país, no es rentable. Quiero decirles –y se los he dicho en ocasiones anteriores– que de los seis pozos perforados en México, sobre lo que se tiene información, tres han resultado no comerciales, dos no comerciales por no producir condensado y aunque existe uno, aunque es comercial, presenta una baja productividad, que es el Habano 1 en el estado de Coahuila.
En Estados Unidos –tengo más ejemplos– la explotación de un pozo de este gas cuesta aproximadamente 10 millones de dólares, mientras que en México un pozo requiere de una inversión aproximada de 25 millones y muchos de ellos, como lo dije anteriormente, no son rentables.
Un estudio en cuanto a la industria gasífera en Estados Unidos da a conocer que el 80 por ciento de los pozos perforados rebasan los costos de producción. Petróleos Mexicanos estima que sólo para explorar las posibilidades de gas Shell en México sería necesario una inversión aproximada de 30 mil millones de pesos en los próximos tres años para explorar 195 pozos, de los cuales casi 300 millones de pesos ya se han gastado sólo en trabajos de exploración.
¿Saben cuánto cuesta la construcción de una refinería en México? Estoy segura que no lo saben. La respuesta es 10 mil millones de pesos. Con esta inversión se podrían construir tres refinerías en México y con ello dejaríamos de importar combustible.
Si en verdad les preocupara el medio ambiente y el cambio climático aquí en este Congreso quiero decirles que tenemos la muestra de que el día 1o. de abril la fracción de Movimiento Ciudadano propusimos una ley contra la práctica del fracking, a muchos se les ha explicado una y otra vez lo que es el fracking, a pesar de haber votado en contra de esta ley que propusimos muchos de ustedes a la fecha no saben lo que es el fracking o la fractura hidráulica de lo que estamos hablando y de la gran contaminación que nos traería a nuestro país.
En esta ley tanto el PRI, el PAN el Verde Ecologista –y, óiganlo, ese Verde Ecologista que se supone que debe estar preocupado por el medio ambiente– votó en contra de esta ley, contra la fractura hidráulica. ¿Por qué se dejan de lado las leyes importantes?
Por qué nos vienen ahora a querer decir que esta ley que están proponiendo es importante, cuando las leyes fundamentales para el país para proteger el medio ambiente y los derechos humanos de los mexicanos ni siquiera son tomadas en cuenta y se votan en contra, porque una vez más les demostramos que se anteponen los intereses económicos a los intereses medioambientales de nuestro país.
Seguiremos viendo esta gran corrupción, todas estas corruptelas que entregarán las concesiones, los contratos como Grupo Higa, como Grupo México, que ustedes saben toda la catástrofe ecológica que generó en el estado de Sonora este grupo. No nos vengan a decir –déjenme tomar agua...
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Concluya, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Tiempo deberían de tomarse para analizar con un razonamiento lo que se está votando en este Congreso y cómo anteponen –miren– los intereses económicos y las embarradas de mano que les dan por estar votando en contra del pueblo mexicano. No nos vengan a decir que los ciudadanos vamos a poder producir energía renovable ni energías limpias.
Los diputados y sobre todo uno de los que me antecedió en la palabra, uno de los diputados que me antecedió en la palabra quisiera decirle que no sabe de lo ha venido a hablar. Para generar energía se necesita mucha inversión y sólo unos cuantos mexicanos de los grupos de poder y monopólicos tienen dinero para invertir en estas energías. Entonces vemos que estamos una vez más ante hechos de corrupción en este país.
Movimiento Ciudadano se pronunciará en contra y siempre vamos a estar en contra de lo que represente un agravio para los mexicanos. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra ahora el diputado Erick Marte Rivera, por el Partido Acción Nacional, para hablar a favor. Adelante, diputado.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva: Con la participación que escuchamos ahorita ya no nos quedó muy claro si están a favor o en contra del medio ambiente; si están a favor o en contra de las energías limpias, porque el debate, el tema que tenemos en este momento son las energías limpias, son las energías renovables.
Es precisamente una Ley de Transición Energética que surgió precisamente también en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cierto, cuando empezamos la legislatura nosotros fuimos el Grupo Parlamentario del PAN quienes propusimos la creación de la Comisión Especial de Energías Renovables, y desde esta Comisión hemos logrado proponer importantes cambios que afortunadamente en este dictamen que hoy estamos discutiendo fueron incluidos unos temas, que son sumamente importantes y que nosotros veníamos escuchando en los foros que organizábamos.
Aquí en la Cámara de Diputados invitamos al Premio Nobel de Química, aquí en la Cámara de Diputados escuchamos la opinión de muchas empresas, de muchas organizaciones defensoras del medio ambiente, defensoras de las energías renovables. Y de esos foros surgieron propuestas como la que hoy estamos defendiendo, como es el Instituto de Electricidad y Energías Limpias.
Con la aprobación que vamos a hacer de este dictamen, los diputados que voten a favor podrán sentirse orgullosos de que tendremos por primera vez en México el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, lo que no existía y lo que va a permitir que tengamos una dependencia robustecida, con mecanismos para fomentar la investigación, para fomentar la inversión.
Lo que hemos escuchado aquí de los compañeros del PRD también lo hemos incluido, tenemos en la Comisión un integrante muy combativo, que es el diputado Orihuela y que nos ha presentado propuestas que también están incluidas en este dictamen.
Por eso creo que no podemos tener dos discursos, o votamos a favor del medio ambiente y de las energías limpias o votamos en contra, porque nosotros sí traemos muy claro lo que queremos para México, no queremos que el tema de las energía renovables siga siendo un tema filantrópico, queremos que ese tema pase de ser un tema filantrópico, pase a tener un instrumento legislativo que le permita a las inversiones privadas, que le permita a la gente de las comunidades, que le permita a la agroindustria y que le permita a los investigadores materializar sus proyectos.
Las generaciones nuevas, las generaciones que están al pendiente de lo que legislamos sí van a preguntar qué hicimos por las energías renovables.
Este tema de la reforma energética, que ha sido un tema que ha dividido, que ha confrontado, que nos ha polarizado en esta Cámara, justamente en esta parte es donde se encuentra la parte más noble, la parte que debe de unir, la parte que nos debe identificar a todos como biodiputados. No podemos nosotros dar un discurso en la calle en contra de la reforma energética, si en ese discurso nos estamos llevando también la oportunidad de que México pueda aprovechar su potencial natural, sus recursos naturales que tiene en todas las regiones.
México tiene que declarar su independencia energética, pero no para no depender de la importación de gasolina, sino para no depender del petróleo. El petróleo se nos está acabando y las energías renovables están esperando su turno aquí en nuestro país, y en nuestras manos está el que le demos la oportunidad al país y a las próximas generaciones de tener una verdadera calidad de vida.
Muchísimas gracias a los diputados y diputadas que de manera congruente están apoyando este dictamen. Bienvenido el Instituto de Energías Limpias. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra. Adelante, diputada.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, diputada presidenta. Me parece que el diputado que acaba de comentar en muchas cosas tiene razón, pero también yo diría, por qué no agotamos todo lo que tiene que ver con nuestras energías renovables y después pasamos al gas natural, porque definitivamente el gas natural tiene un ciclo de vida y también las organizaciones sociales ahora en la reunión se la Cumbre dijeron claramente que esto en este momento había problemas.
Yo creo que nosotros debemos de ser un país garante de nuestras leyes y precisamente agotar lo que tenemos como recursos y como todas las energías renovables, y no las que se están por agotar.
Así que el Grupo Parlamentario del PRD señala categóricamente, que no avalaremos un dictamen que favorece al sector privado. No aprobaremos una ley que podría derivar en violaciones de los derechos humanos de ejidatarios, indígenas, propietarios rurales y urbanos. No validaremos esto, que a todas luces incentiva las decisiones discrecionales y se simula un catálogo de buenas intenciones.
Esta Ley de Transición Energética no da pauta al aprovechamiento de energía sustentable. Compañeros y compañeras, ésta es una farsa. Se trata de otra iniciativa para validar el saqueo de los recursos naturales aprobados en la reforma energética.
No se trata por ningún motivo de transitar energías limpias. Es una atrocidad ambiental, como la legalización del fracking, como ya lo dijimos desde hace un año, que autoriza y que después el secretario del Medio Ambiente salga a defender los intereses económicos de las trasnacionales y no del medio ambiente. Ha declarado de manera reiterada que el gas natural es la única alternativa y la mejor.
Yo ya lo dije. Esto tiene una vida media y no es la única ni la mejor alternativa. Esta ley establece una serie de estímulos fiscales y financieros para empresas que disfracen sus actividades con una supuesta energía limpia.
No se escatiman los impactos de calentamiento global que se estarían fortaleciendo al implementar energías fósiles, con un cinismo voraz esta iniciativa agudizará la contaminación, legalizará la destrucción de nuestro territorio y tiende alfombra roja al capital extranjero sin compensar los daños ambientales al país.
Lamento que las comisiones aprueben esto, pues están avalando que se eliminen las metas del consumo de energía eléctrica, generada mediante energías limpias, lo que anula los compromisos internacionales de reducción de emisiones de carbono, es decir, se elimina la obligación de transitar en energías limpitas y renovables.
En su momento advertimos las consecuencias económicas de aprobar la reforma energética que hoy se confirma en los mercados internacionales. Sin embargo, el PRD no está en contra de la transición energética, pues nuestra propuesta de reforma energética también contenía este tema, pero no de la misma forma en la que hoy se pretende aprobar, pues advertimos la apertura de beneficios económicos a trasnacionales, a cambio de impactos ambientales descomunales para los mexicanos.
Sé que tengo poco tiempo y quisiera yo advertir de algunos temas que pueden ilustrar un poco lo que decía el diputado que me antecedía. ¿Por qué en contra?
Miren, en la reserva que su servidora ocupó, en cuanto al artículo 109 y 100 exceptuaron la energía nucleoeléctrica. La energía nucleoeléctrica, nuclear, voy a destacar algunos puntos y que fue considerada como una energía limpia y así se va a quedar porque no hay forma de poder transitar a cambiarla, y menos de aprobar una reserva.
La energía nuclear no puede ser considerada una energía limpia, como lo señala la Ley de la Industria Eléctrica, ya que produce contaminantes como basura radioactiva que a la fecha ningún país en el mundo tiene solucionada técnicamente su correcta disposición final.
El siguiente punto, las nucleoeléctricas en su proceso de producción de energía utilizan el uranio, mineral que para obtenerse y transformarse es necesario utilizar una gran cantidad de agua, la cual se contamina. Además, produce durante su proceso la emisión de gases de bióxido de carbono. No en balde es considerada una de las minerías más contaminantes.
Y en el último, esta energía es de gran peligro para la salud de los seres humanos, debido a la radioactividad que se produce y que al estar expuestos provoca desde heridas hasta cáncer y malformaciones, como también lo dijimos hace un año.
Ahora más que nunca, nuestro país requiere de leyes que realmente tengan viabilidad jurídica y económica, que genere fortaleza a nuestro mercado de las cadenas productivas, que promueva el uso sustentable de sus recursos naturales y que de energías alternativas para la generación de electricidad, pero se sigue bajo la lógica de que el sector privado tendrá una inversión fuerte que dará viabilidad económica y no será así compañeros. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Saldaña. Tiene la palabra ahora, el diputado Alfredo Zamora García, para hablar en pro por su Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por tres minutos.
El diputado Alfredo Zamora García: Muchas gracias, presidenta. Antes de iniciar solamente recordar y reconocer el trabajo del diputado Raúl Gómez Ramírez, compañero entrañable que ya se le recordó aquí. No podía dejar pasar esta oportunidad de reconocerle su convicción en la lucha de lo que él creía justo.
Compañeras y compañeros, la Ley de Transición Energética es un instrumento, estoy seguro que nos va a ayudar a sustituir precisamente estas energías que nos están contaminando el medio ambiente, que nos están generando cambios climáticos y que en la responsabilidad que tenemos todos debemos buscar los instrumentos para que a las nuevas generaciones les heredemos un planeta y específicamente un país limpio y en condiciones de un desarrollo sustentable.
En el PAN estamos a favor del medio ambiente, me parece que en los hechos hemos dado pruebas de ello, porque más allá de discursos que luego no se sostienen o más allá de discursos demagógicos o de posturas, en los hechos hay que demostrar que sí hay la voluntad.
Por eso en lo que a la gente le importa, en lo que a la gente le interesa, en lo que les afecta a las familias, en lo que le afecta al país, el PAN siempre está adelante, siempre está trabajando en favor precisamente de que tengamos un mejor país, por eso estamos apoyando este proyecto.
Requerimos ir sustituyendo la generación de energías a base de combustibles fósiles y que utilicemos energías limpias que ya la naturaleza nos da. Ustedes han visto y hemos sido testigos de los cambios climáticos que han generado muchos daños, pero que en muchas ocasiones nos están generando ya incluso pérdida de vidas humanas. Por eso es importante que hoy apoyemos este proyecto.
Tenemos una responsabilidad actual –hoy los diputados, hoy las diputadas–, como decía mi compañero Erick Marte, de ser biodiputados en esa pasión que tenemos que ir precisamente a defender nuestro entorno.
Que a las nuevas generaciones les estemos heredando un medio ambiente sano, porque cuando recorremos el país, cuando recorremos nuestros estados vemos mucha contaminación; vemos ríos contaminados, vemos mares contaminados y la verdad es que da tristeza que con un poco de voluntad pudiéramos estar aprovechando adecuadamente nuestros recursos naturales.
En este tema déjenme referirme brevemente a Baja California Sur, donde actualmente los sudcalifornianos estamos muy preocupados básicamente por tres proyectos que amenazan nuestro entorno, que amenazan nuestro desarrollo, que amenazan la salud de los sudcalifornianos.
Uno de ellos es un proyecto minero e la Sierra La Laguna, cuyos efectos se prevén en la contaminación de los mantos acuíferos que surten a toda la capital y muchas poblaciones aledañas.
Otro proyecto que les preocupa a los sudcalifornianos es la Minera del Arco en Guerrero Negro, por la cantidad de agua del subsuelo que estaría utilizando para su funcionamiento.
Y recientemente otro proyecto minero que estaría funcionando en las costas del Océano Pacífico frente al municipio de Comondú, donde ha generado una gran incertidumbre una actividad económica pesquera, turística y que nos genera incertidumbre.
Por eso en estas soberanía me parece que debemos de apoyar y aprobar iniciativas que sí nos den certeza en medio ambiente, que sí le den certeza a la gente de que les vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos un medio ambiente sano donde puedan ellos seguir desarrollándose. Yo creo que es nuestra responsabilidad.
Es importante, más allá del debate que se da del tema energético que ya se aprobó con anterioridad, me parece que éste es un instrumento jurídico nuevo que creo que sí vale la pena darle el sí. Sí vale la pena aprobarlo.
Así es que compañeras y compañeros, yo los invito y los exhorto a que vayamos en pro de este proyecto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia informa que ya han hablado para la discusión seis oradores. Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Suficientemente discutido en lo general. Esta presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado varios artículos que le pediría a la secretaria los enunciara.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señora presidenta, se reservaron los siguientes artículos: 3o., 7, 9, 10, 14, 18, 23, 26, 95 y 21.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Por lo tanto se pide a la Secretaría que abra el sistema eléctrico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación aceptada.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación).
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónica. De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal (desde su curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde su curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde su curul): En contra
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señora presidenta, se emitieron 299 votos a favor, 3 abstenciones y 83 en contra.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobado en lo general y en lo particular los asuntos no reservados por 299 votos.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar su reserva al artículo 3, fracción XV.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su permiso, señora presidenta. Como todos sabemos, la energía es el motor que mueve a cualquier sociedad. Los científicos saben perfectamente que somos una sociedad energívora que depende fuertemente de distintos tipos de la misma para poder seguir viviendo en este planeta.
No obstante, esta dependencia de combustibles fósiles está generando un cambio climático global, el cual ya es aceptado prácticamente por toda la comunidad científica y que todos quienes tenemos cierta edad hemos sido testigos de los cambios en los patrones del tiempo o temperaturas, los golpes de calor, lluvias y fenómenos climáticos de esta índole.
Esto, aunado a la necesidad de crecimiento económico con el fin de brindar más oportunidades de desarrollo a todos los habitantes de nuestro país, han hecho necesario que exista una reforma en materia energética que si bien aún podemos seguir mejorando en materia ambiental, es necesario ver a la luz la necesidad de integrar una modificación a la matriz energética nacional.
Además, es importante considerar que el beneficio para México y el planeta se basa en la promoción y consolidación de un mercado de fuentes limpias de producción de energía y por supuesto en las energías renovables. Sin ello no podemos construir ningún futuro viable para nuestra nación.
En este marco se circunscribe la iniciativa de ley de transición energética, la cual pretende incluir de forma clara no únicamente las definiciones de energía limpia y renovable, sino verdaderamente ser el parteaguas de la diversificación de la matriz nacional energética, fortalecer el mercado de generación distribuida de energía, terminar con los subsidios perversos del sector que rondan en el uno por ciento del producto interno bruto y tratar que cada vez sean más los estudios costo-efectivos o de factibilidad que nos permitan tomar las decisiones correctas en las prácticas energéticas y no dependiendo de una sola fuente. Hoy los costos de agotamiento y degradación de nuestro capital natural en México equivalen a más de cinco puntos porcentuales del PIB.
Si bien es cierto, se ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de adecuar alguno de los conceptos integrados en las leyes secundarias de la reforma energética, temas como: generación distribuida, factibilidad económica, falta de claridad en el mercado de créditos sobre emisiones y producción limpia, que son temas que requieren más trabajo, es importante señalar que en esta ocasión estamos considerando plantear una reflexión en torno a la consideración de la energía nuclear como energía limpia.
Si bien es cierto, existen científicos de la talla de James Lovelock, que de forma abierta son defensores de la producción de energía nuclear. En el Partido Verde sabemos los riesgos y los efectos de fortalecer este tipo de generación. Es por ello que científicos en todo nuestro país han planteado la necesidad de eliminar este concepto de energía nuclear dentro de la conceptualización de energías limpias.
Como ejemplo rápidamente citaré el caso del reactor 4 de Chernóbil en 1986, que la falla de una prueba de seguridad liberó radiación equivalente a más de 500 veces la bomba soltada en Hiroshima, esos son los riesgos que representa utilizar la energía nuclear.
Es importante considerar esta reserva a la fracción XV del artículo 3o del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, para que sea excluida de forma explícita de la definición de energías limpias que a la letra dicen: son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica, para que se agregue una coma al final y se incluya el texto con excepción de la energía nuclear.
No quiero finalizar sin hacer del conocimiento de todos ustedes que la iniciativa de la Ley de Transición Energética es producto de trabajo de muchos meses, un proceso en el que participaron centros de investigación como el Mario Molina, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Climate Works, Greenpeace, la Red por la Transición Energética, entre otras organizaciones de recocido prestigio en materia ambiental.
Sabemos que faltan muchos temas para consolidar un proceso de transición energética, pero este es un primer paso muy importante. Es lamentable que algunos aquí insistan en ver el vaso medio vacío y que si no es su propuesta y no se discute cuando ellos quieren, entonces cualquier esfuerzo que hagamos lo demás no sirve.
Señoras y señores diputados, para México la energía nuclear no es una opción factible ni rentable, los riesgos que correríamos en la situación socioeconómica y ambiental que tenemos son gigantes.
Incluir esta excepción en el cuerpo de proyecto de ley es un voto por nuestro futuro, y el futuro de muchas generaciones de mexicanos que podrían ni siquiera existir.
Detener una contingencia de este tipo, ya en todo el mundo se han dejado de promover la construcción de estos reactores. Aún en países donde la energía nuclear hoy tiene un papel importante en su matriz energética, de ahí esta oposición del Partido Verde a que incluyamos a la energía nuclear como una energía limpia en nuestra matriz energética nacional. Señoras y señores, esperamos contar con su apoyo en esta reserva. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se desecha. Tiene la palabra ahora la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 3, fracción XV, el mismo artículo, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, precisamente hablamos de esta reserva, en su artículo 109 y 110 en su fracción III, en su artículo 3o., fracción IV, y que es primordial hacer la diferencia entre energías limpias renovables y seguras, por esa razón proponemos hacer una excepción con la energía nuclear para la generación de energía limpia.
Sin duda, la generación de energía eléctrica mediante energía nuclear permite reducir el uso de energía generada a partir de combustibles fósiles, que son el carbón y el petróleo, reduciendo las emisiones de gases contaminantes, de dióxido y otros.
Hay diversos argumentos para defender el uso de la energía nuclear, como el costo de combustible nuclear, generalmente uranio, supone el 20 por ciento del costo de la energía generada. Los argumentos que no contemplan los daños a la salud y al ambiente, a pesar del alto nivel de sofisticación de los sistemas de seguridad de las centrales nucleares, representan un altísimo riesgo ante un imprevisto de un accidente nuclear.
No se puede garantizar que las decisiones tomadas por los responsables sean siempre las apropiadas o que se pueden controlar, así como lo sucedido –que ya se comentó aquí– en Chernobyl y en Fukushima, que son los más graves desastres ambientales provocados por el hombre y que además hasta la fecha las generaciones siguen naciendo con malformaciones por estas emisiones tan graves.
Los residuos nucleares tardan muchísimos años en perder su reactividad y peligrosidad, debido precisamente a que las centrales nucleares tienen una vida útil muy corta. La inversión para la construcción de una planta nuclear es muy elevada y hay que recuperarle en mucho tiempo, de modo que esto hace subir el costo de la energía eléctrica generada.
En otras palabras, la energía generada es barata comparada con los costos de combustibles, pero el tener que amortizar la construcción de la planta nuclear la encarece sensiblemente.
La generación de energía nuclear es de alto riesgo, no debe ser contemplada como energía limpia. No debe, diputadas, diputados, ser contemplada como energía limpia y debemos regular la desaparición de uso de energías tan riesgosas y promover un cambio así como se está haciendo en Alemania, que está desapareciendo todo tipo de energía nuclear y transitando al uso de energías limpias.
En la Convención de Cambio Climático, Alemania nos decía; ¿por qué México tiene que explotar el gas natural, si tienen un enorme sol? Alemania ya no lo hace, Alemania no lo hace y está poniendo ejemplo. Volteemos a ver a ese país.
México debe apostar por una verdadera transición energética con energías limpias y renovables, como el sol y el viento, pero sobre todo urge radicar el entreguismo de nuestras riquezas naturales, urge erradicar la corrupción y urge que las decisiones sean tomadas en beneficio de la población y no de un grupúsculo de millonarios con sus empresas. Es cuanto, señoras presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Por tanto se desecha. Y le damos la palabra a la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva en el mismo artículo 3o, fracción XV, hasta por tres minutos.
La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con permiso de la Presidencia, y sí me refiero al artículo citado. Diputadas y diputados, las Comisiones de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobaron sin respetar los tiempos establecidos en el Reglamento, donde se considera la energía nucleoeléctrica como energía limpia, cuando sus residuos almacenados por décadas en los patios de las propias plantas, tienen compuestos radiactivos con vida media de miles de años que no han podido ser depositados en lugares seguros porque no los hay.
Investigaciones llevadas a cabo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático han demostrado que las grandes hidroeléctricas se convierten en una fuente sustantiva de metano al provocar la descomposición de la materia orgánica que queda inundada y convertirla en emanaciones de este gas.
¿Dónde queda el compromiso del jefe del Ejecutivo, Peña Nieto, cuando prometió que se cumpliría la meta de generar 35 por ciento de energía eléctrica por fuentes renovables?
Es por eso que se debe de tratar de manera especial y a parte el tema de la energía nucleoeléctrica, ya que es un gran riesgo apostar por esta energía cuando se ha demostrado internacionalmente que es una tecnología sumamente peligrosa por su capacidad para dañar la integridad de las personas por la radioactividad.
Además, no existe forma segura de eliminar los desechos que genera y favorece la creación de armas de destrucción masiva.
Es un grave error avalar el ingreso de la energía nuclear dentro del esquema de energías limpias, además de considerar a todas las grandes hidroeléctricas como energías limpias, cuando sabemos que los impactos ambientales y sociales de estos son muy elevados.
Es momento de dar marcha atrás a las malas decisiones. De lo contrario, serán cómplices de una reforma que vulnera los derechos de millones de mexicanos y pone en grave riesgo al medio ambiente y al futuro del planeta.
Derivado de la reforma energética, en las áreas naturales protegidas se puede construir infraestructura para la industria eléctrica, se avala el despojo de tierras disfrazado de ocupación temporal y se da luz verde a la energía nuclear y al fracking, pese a los riesgos sociales y ambientales que representan.
Dar fin a las amenazas de la reforma energética es cuestión de voluntad política. Los diputados tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de México y construir un país más limpio y justo para todos, o de validad la destrucción del medio ambiente, como se está haciendo con los partidos de derecha. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría si se acepta la reserva.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: En consecuencia, se desecha. Ahora sí le damos la palabra al diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, para presentar sus reservas al artículo 7, párrafo primero; artículo 9; artículo 10, adición de un párrafo último; artículo 14, adición de dos fracciones; artículo 18, fracción XV; artículo 23; artículo 26, párrafo segundo.
Nos ha ofrecido el diputado, muy amablemente, abreviar el tiempo de las reservas. Tiene usted la palabra hasta por tres minutos.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias, diputada presidenta. Efectivamente, sólo presentaré en términos generales lo que estas reservas significan, y quiero mencionar sólo algunos de los puntos que se han presentado de las reservas ante las comisiones.
No garantizan lo que estamos hoy aprobando, mecanismos de evaluación adecuados. Se establece que tanto la estrategia como el programa del Pronase serán evaluados por los mismos proponentes y ejecutores.
Lo anterior tiene como resultado ser juez y parte, por lo tanto, propongo que las evaluaciones periódicas a las que se hace referencia en el artículo 23, tanto del Pronase como de la estrategia y el programa, deberán ser informados a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Energía, dentro de los 10 días hábiles a partir de su emisión, con la finalidad de que no solamente se quede en las autoridades que los emiten, los califican y los autodeterminan.
En el mismo sentido, representando la estrategia una herramienta fundamental, el Ejecutivo federal deberá enviarla al Congreso de la Unión, a través de la Sener para su aprobación. Así en aquellos años en los que se realicen adecuaciones y los resultados de las revisiones anuales que se establecen en el propio artículo 26.
Asimismo, si bien se democratiza la producción, es necesario establecer un mecanismo adecuado para la apertura de todas aquellas personas que quieran invertir en la generación de energías limpias.
Con lo anterior se demostraría, que así los que hoy votan a favor demostrarían que realmente lo que se quiere generar es un cambio y no sólo beneficiar a unos cuantos en la producción de energía.
Además de ello, el artículo 9o. establece que el Estado mexicano promoverá que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales para facilitar el cumplimiento de metas y sus disposiciones reglamentarias para todos los integrantes de la industria eléctrica.
Asimismo, se establece en el artículo siguiente, que la Sener, la CRE y la Comisión Nacional de Control de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, propondrán a la Secretaría de Hacienda mecanismos de apoyo, estímulos fiscales o financieros que permitan promover inversiones en medidas técnicas y económicamente viables, en materia de eficiencia energética e integración de sistemas de generación distribuida de electricidad cuando impliquen, o economías para el Estado, ahorros de pago por electricidad de usuarios o reducciones de la huella de carbono.
A tal respecto, quiero comentar que considerando los actuales precios de los hidrocarburos difícilmente algún proyecto de energía renovable es económicamente viable y, por lo tanto, las reservas que se presentan. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el señor diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: En consecuencia, se rechaza. Le damos la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar sus reservas del artículo 14, fracción XI y el artículo 95. Son dos reservas. Se la damos hasta por cinco minutos, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Le pido se plasmen íntegras en el Diario de los Debates estas dos reservas que vamos a presentar.
Yo quiero señalar, porque se ha hablado de congruencia con la ecología. Yo quiero comentarle a quienes han defendido esta ley, desde el Partido Acción Nacional, que tiene mi respeto, que particularmente el diputado Erick, la diputada Ortiz han sido insistentes en estos temas.
Pero desde la izquierda y en especial desde Movimiento Ciudadano nuestra congruencia es con todo el armado de la reforma energética. No podemos aprobar una parte de esta reforma, que es la reforma más grave de todo el conjunto de reformas estructurales, regresivas que se aprobaron desde el inicio de la presente administración.
Hay que ver cómo está el país. Un dólar al alza, de más de 15 pesos. Un barril de petróleo que está lindando ya los 50 dólares. Un país polarizado social y políticamente. Y desde luego que esta reforma no se puede desvincular de todo este entramado nocivo para el país.
Además, en materia de energías limpias, con el término viabilidad económica prácticamente se echa al traste cualquier propósito de impulsar energías limpias. Porque hay que ver, por ejemplo, lo que dice el artículo 64, que es una joya por su cinismo, por el hecho de que prácticamente deja el tema de las energías limpias como un tema presupuestal, y desde luego que para el gobierno tendrá un interés menor.
Dice el artículo 64: en materia de energías limpias, tomando en cuenta en todo momento la situación de las finanzas públicas, las condiciones presupuestarias vigentes, y considerando condiciones de sustentabilidad económica de las políticas públicas que se implementen, se dará prioridad a la diversificación de la matriz energética en términos del potencial de energías limpias, es decir, todo va a quedar subordinado a lo que digan los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde luego que este tema para ellos va a ser un tema muy menor.
Nosotros advertimos desde el principio de este gobierno que la lógica del quehacer gubernamental se orienta hacia el aprovechamiento particular de las instituciones públicas, es un cinismo corruptor desbordado el que hoy vive el país. Todos los funcionarios, empezando por el presidente de la República, están metidos en los negocio, en los moches en las comisiones, en el Higa sido como Higa sido.
Como dicen en las redes sociales, con Calderón era haiga sido como haiga sido y con Peña Nieto es Higa sido como Higa sido, porque al final los moches, las operaciones irregulares, el soy servidor público, pero antes no lo era, el conflicto de interés como política de Estado es lo que rige hoy en este país y por eso no hay confianza, por eso no han venido los grandes capitales que decían de la reforma energética, porque cómo van a venir al país si hay inseguridad, si se violan todos los días los derechos humanos y si hay un grupo de cleptócratas que es el gobierno de los corruptos el que está al frente de las instituciones públicas.
Para ellos el tema ambiental y el tema de las energías limpias es un tema secundario, por eso la fractura hidráulica continuará y todo el tema de las energías limpias queda como un tema de presupuesto y de finanzas públicas y no como una política de Estado de generar una reconversión energética en el país, una transición energética como efectivamente dice esta ley.
Nosotros por eso estamos en contra, porque es una postura congruente con lo que hemos denunciado y porque nos parece que una ley de esta características –concluyo, presidenta– no puede ser un catálogo de buenas intenciones, tiene que ser una ley que fije y garantice políticas de Estado para garantizar el uso de las energías limpias.
Quiero al mismo tiempo señalar, que esperamos que ya prácticamente por finalizar el periodo de sesiones, la Junta de Coordinación Política y en especial su presidente, el diputado Beltrones, tomen en cuenta la propuesta que casi 200 diputados y diputadas realizamos para que se conforme una comisión de investigación de todos los contratos del Grupo Higa.
Con lo que pasó el viernes, con lo que descubrió el Wall Street Journal de la propiedad del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no pueden, señores de la mayoría, seguir frenando que se cree una comisión de investigación.
No es a la oposición a la que le cierran las puertas. Es al país al que exhiben porque ante estos casos de conflicto de interés no pueden simplemente imponer su mayoría mecánica.
Seguiremos insistiendo en que se cree la comisión de investigación, porque la Comisión Especial del Tren México-Querétaro es insuficiente frente a la problemática de corrupción, de negocios y de trafiques que hoy vive el país con el gobierno de Peña Nieto. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: En consecuencia se desecha. Le damos la palabra al diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al artículo 14, fracción XI.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Gracias. Con su permiso, presidenta. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, estableció las bases para garantizar su pleno ejercicio y con ello un cambio de paradigma en la materia de nuestro país.
En lo específico, el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional establece los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismos que debe seguir el Estado para prevenir, investigar y sancionar, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
En cuanto al vínculo existente entre los derechos humanos y los derechos ambientales debe destacarse que la degradación ambiental viola los derechos humanos, ya que afecta al bienestar, la economía, la disposición, acceso y aprovechamiento equitativo del agua; contamina el aire, afecta la salud y altera la calidad de vida. En síntesis, impide que se den las condiciones que son el sustento para la existencia de todos los que detentan, debido a que impide el disfrute del derecho de vivir.
Por ello la atribución que la Secretaría de Energía tendría con la aprobación de la ley en cuestión para elaborar el Atlas Nacional de Zonas con alto potencial de energías limpias y sobre todo el contenido de éste, debe elaborarse bajo la perspectiva de los derechos humanos, con la finalidad de que la información recabada permita contar con los elementos necesarios para hacer frente a los intereses políticos y económicos que pudieran presentarse y con ello cumplir con lo dispuesto a nivel constitucional y en tratados internacionales que México ha ratificado en la materia.
En fin, compañeras y compañeros, estas reformas son depredadoras de nuestros recursos naturales, de nuestros territorios y hasta de nuestras culturas e identidades.
Ante ello proponemos la reserva al artículo en mención, para quedar como sigue: “Elaborar y publicar anualmente el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias, que deberá contar con el siguiente contenido actualizado y verificable, considerando en todo momento los principios en materia de derechos humanos”.
Quiero aprovechar, compañeras y compañeros esta máxima tribuna del país para denunciar y hacer un llamado enérgico a las autoridades competentes en procuración de justicia por los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en el municipio indígena mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, cuna del prócer Ricardo Flores Magón, en donde un grupo de personas encapuchadas ingresaron de manera violenta al municipio con armas largas y asesinaron brutalmente al joven Manuel Zepeda Lagunas, hijo del ex presidente municipal Manuel Zepeda Cortés, y a un ex policía municipal, Gustavo Feliciano. También en estos momentos se encuentran sumamente graves la señora Magdalena Lagunas, su hija Eliza Zepeda.
Estas personas que ingresaron de manera violenta, atentaron contra la vida de mujeres y niños que se encontraban en ese lugar. Por eso hago este llamado, este exhorto a que se investigue con profundidad, a fondo, y que se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presienta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se desecha. Tiene la palabra ahora el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 21, párrafo segundo, hasta por tres minutos.
El diputado Javier Orihuela García: Compañeros y compañeras: lástima que no tengamos tanto tiempo para analizar esto. Vengo otra vez a esta tribuna para plantear mi convicción de que una verdadera ley de transición energética es la que nos hace falta en este país.
Pero ésta no es la verdadera ley para la transición energética. Requerimos cambios profundos a ésta. Uno de ellos es cambiar todos los criterios de viabilidad económica que hay a lo largo de la mayoría de los artículos, como el 27, por ejemplo, que dice: “La estrategia es el instrumento rector de la política nacional” y en su inciso III, los criterios: “Reducir bajo criterios de viabilidad económica la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía”.
Hoy, compañeros, este simple inciso cancela todo lo bondadoso que implica una ley de transición energética para avanzar en lo que una vez quisimos dejar atrás, ese recurso del diablo que es el petróleo y que ha ocasionado el calentamiento de nuestro planeta y que ha ocasionado a su vez la refinación y uso de este combustible que genera las grandes emergencias ambientales climáticas que han costado miles de millones de pesos.
Dejar atrás este paradigma es el objetivo de una verdadera ley de transición energética. Pero en el capitalismo salvaje en que nos encontramos, la energía petrolera como las fuentes de energía renovable se transforman en una mercancía para beneficio de las grandes transnacionales.
Por eso esta ley no ayudará a avanzar en la reducción de las emisiones a la atmósfera en la medida en que el capitalismo salvaje lo que privilegia es la ganancia; no privilegia el medio ambiente ni su protección; no privilegia proteger el agua, los ríos, las barrancas; no privilegia proteger el aire que todos respiramos y que es un patrimonio mundial.
Así como las fuentes de energía renovable como el sol, el viento son energías patrimonio de toda la humanidad, su beneficio debe ser para toda la humanidad.
Por ello estamos en contra, y no es que tengamos un doble discurso, es que en las condiciones de este capitalismo salvaje en que todo lo vuelven mercancía, es inevitable el fracaso de una ley con las bondades que nos permitan avanzar hacia un planeta más vivible.
Por ello estamos proponiendo que al menos en el artículo 21 que obliga a la Secretaría de Energía definir la estrategia de energías renovables, proponemos que en vez de que se haga y se consuma como un instrumento propio, la Secretaría venga aquí al Congreso de la Unión para proponer para que el Ejecutivo federal mediante la Secretaría envíe la estrategia al Congreso de la Unión en el mes de febrero de cada año, para su aprobación y publicación en un plazo máximo de 30 días.
Esta Cámara de Diputados debe convertirse al menos en el garante de una estrategia para impulsar las energías renovables que garantice toda la rémora de corrupción que hay atrás en los contratos que habrán de pelear ya las energías trasnacionales, las compañías trasnacionales que buscan generar energía eléctrica en nuestro país, para vendernos la energía eléctrica a los mexicanos. Eso no lo debemos permitir, compañeros.
Por ello proponemos que en otra ocasión pudiéramos tener una verdadera Ley de Transición Energética y que ésta hoy la canceláramos; sin embargo, es necesario que este Poder Legislativo, esta Cámara de Diputados esté al pendiente, porque hoy tenemos que transformar las condiciones económicas de nuestro país para avanzar hacia una verdadera ley de transición energética. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se desecha.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en términos del dictamen modificado de los artículos 3o., 7, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 26 y 95.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos enunciados por la Presidencia en términos del dictamen modificado.
(Votación)
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señora presidenta, se emitieron 294 votos a favor, 0 abstenciones, 91 en contra.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 294 votos, en términos del dictamen modificado por 294 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Transición Energética. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se recibieron de la Honorable Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Una de ellas, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que se devuelve para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Y otra más, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
En virtud de que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica, se consulta a la asamblea si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, devuelta como ya dije anteriormente, por la Cámara de Senadores, con modificaciones.
Esta Presidencia informa a la asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los artículos 1, 2, 4, 6, 9, 15, 21, 24, 31, 35, 36, 46, 47, 53, 59, y a los transitorios Segundo, Tercero y Cuarto, y la adición de los artículos 6 Bis, 31 Bis, 31 Ter, 31 Quáter, 36 Bis, 36 Ter y transitorios Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, del proyecto de decreto.
Como lo establece el primer supuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de este asunto versará únicamente sobre las reformas o adiciones que la colegisladora haya realizado, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz don Juan Carlos Muñoz Márquez.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy nos encontramos debatiendo sobre una de la serie de reformas que se han adicionado a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, promovidas originalmente por los diputados Abel Guerra y Fernando Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, así como Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y todo esto orientado a buscar incrementar el entorno competitivo del país para de esta manera mejorar y regular y hacer mejoras aplicables en este servicio público.
Se fortalecerá a través de esta iniciativa la efectividad de la regulación por parte del Estado. En esta reforma, que es la de mayor alcance en servicio púbico ferroviario desde la expedición de la reglamentaria hace 19 años, así como la privatización del servicio hace 16 años.
El desarrollo nacional requiere de un servicio ferroviario moderno y eficiente, y es por esto que hemos recibido con beneplácito las modificaciones que se realizan en el Senado de la República. Con esto se buscará garantizar la libre competencia y eficiencia competitiva en la prestación de estos servicios.
De la misma manera, se incorporarán las definiciones de interconexión, derecho de paso y derechos de arrastre. Se creará la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios, órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las denuncias y querellas relacionadas con presuntos delitos que afecten al servicio público de transporte ferroviario serán de carácter federal.
Las atribuciones para garantizar la interconexión en las vías férreas, cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones contraprestaciones y en los casos que las concesionarias no lleguen a un acuerdo, se fijarán las bases de regulación tarifaria por parte de la Secretaría.
La agencia determinará las características técnicas de las vías; verificará que se cumplan con las disposiciones aplicables del sistema ferroviario, garantizando de esta manera la interconexión.
La SCT deberá de garantizar que las conexiones concesionarios se otorguen mutuamente a los servicios de interconexión y de terminales, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre.
Los concesionarios a su vez, a cambio de una contraprestación deberán presentarse y prestarse en forma recíproca y simétrica los servicios de derecho de arrastre.
Se eliminará la figura del permisionario, prestador del servicio público de transporte, a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios conforme a lo establecido en sus títulos de concesión. De tal forma que se mantendrán la integración vertical del concesionario entre la operación de la vía y del equipo de transporte.
Los concesionarios estarán obligados a permitir la interconexión en su modalidad de derecho de paso, cuando sea contemplado en los títulos de concesión, pactada por mutuo acuerdo, o cuando se falten a las condiciones de competencia requeridas.
El usuario a su vez podrá acordar una tarifa formal independiente de cada concesionario sobre la porción o la ruta correspondiente, ya sea de forma integral o independiente. Los concesionarios establecerán las tarifas máximas, pero se impone la obligatoriedad para desagregar tarifas de servicios diferenciados en el flete. Se distingue entre la tarifa de flete y servicios directos para apegarse a los mejores estándares internacionales.
En suma, compañeros, México busca la competitividad. En esta iniciativa se busca que los servicios ferroviarios lleven más carga a más destinos con mejores servicios, generando competitividad para el país, para los usuarios, los prestadores del servicio y todos aquellos que requieren de este servicio.
Me complace decirles que dirigir esta comisión y llevar a cabo esta iniciativa ha sido de gran orgullo, pero sobre todo de mucho trabajo. Se ha venido trabajando de prácticamente dos años a la fecha, donde el Senado vino trabajando de la mano de nosotros y a los cuales quiero agradecer que se nos haya tomado en cuenta las modificaciones pertinentes a esta iniciativa.
Estamos ciertos de que la presente reforma permitirá la inversión privada para la reconstrucción de nuevas líneas y poder licitar nuevas rutas que contemplen y eleven la competitividad intermodal en el ferrocarril.
Estoy seguro que un país que no tenga competitividad intermodal, donde los modus de transporte puedan ser más que competitivos o competencia puedan ser complementarios, va a ser la base para que México se convierta en la verdadera plataforma de América, en la plataforma logística a la que México está destinado ser. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, muy apreciable diputado Muñoz Márquez.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don José Angelino Caamal Mena, tiene usted el uso de la voz.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hemos recibido de la colegisladora la minuta que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual aprobamos en esta soberanía el pasado 4 de febrero de 2014.
Como en su momento lo expresamos, hoy reiteramos nuestra convicción de lo que significan estas reformas para impulsar el transporte ferroviario y hacerlo más competitivo, en aras de lograr mayor conexión en las distintas regiones de nuestro país.
Coincidimos en general con las modificaciones realizadas por la colegisladora, particularmente en lo que concierne a impulsar su modernización y lograr que éste sea competitivo, eficiente y de costo accesible para los usuarios de este servicio.
Además de aprovechar las ventajas que tiene este medio de transporte y con ello contribuir al desarrollo del país, posibilitando el crecimiento económico y social, un asunto particularmente importante para Nueva Alianza, es garantizar la interconexión de las vías férreas y procurar las condiciones de competencia en nuestros servicios que ofrece este transporte.
Con esta afirmación, estamos asegurando el servicio ferroviario como una actividad económica preponderante y estratégica para el desarrollo nacional. En este sentido, se confirma que es una obligación del Estado ejercer sus funciones para asegurar la eficiencia operativa en la prestación del servicio de transporte ferroviario.
Con tal propósito reconocemos las aportaciones de las y los senadores para establecer en la ley las definiciones de interconexión, derecho de paso, derecho de arrastre, ya que con ello se fortalecerá la certidumbre jurídica que requieren, tanto los concesionarios como los usuarios del servicio ferroviario en la determinación de las autoridades respectivas.
En este caso, se establece claramente en la ley que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la instancia que deberá garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones y contraprestaciones en los casos en los que los concesionarios no lleguen a algún acuerdo.
Finalmente, deberán fijar las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva.
Por su parte, con las adecuaciones se fortalece a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que absorberá las atribuciones que actualmente tiene la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal, entre las que se encuentran determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, garantizar la interconexión de las vías férreas cuando son vías generales. Establecer las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia.
Emitir recomendaciones, dirimir controversias e imponer sanciones cuando así corresponda.
Sabemos que un punto controversial de esta minuta radica en la eliminación de la figura del permisionario, a la cual habíamos determinado en su momento se le otorgara la posibilidad de utilizar las vías férreas, sin tener el carácter de concesionario.
Sin embargo, coincidimos con la colegisladora en que su eliminación de la ley permitirá preservar la integración vertical contemplada en las concesiones otorgadas a la fecha, entre la operación y mantenimiento de las vías férreas y del equipo de tracción y de carga. De tal forma que aquellos concesionarios presentes y futuros cooperen de forma integrada, con ambos elementos complementarios que constituyen el servicio ferroviario.
Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país se encuentra en una etapa de transición hacia su modernización de sus esquemas productivos y económicos. Con esta reforma estamos dando un paso más en esa dirección.
Nuestra obligación y responsabilidad como legisladores es adecuar las normas para incentivar la competitividad en los distintos sectores de la economía, en este caso, del sistema ferroviario.
Como secretario de la Comisión de Transportes y a nombre de mi grupo parlamentario, Nueva Alianza, consideramos que los cambios enviados por la colegisladora enriquecen y fortalecen las reformas y adiciones a la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Por ello votaremos a favor del dictamen, porque además estamos seguros que estamos contribuyendo a construir un mejor futuro para todas y todos los mexicanos. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara tiene usted uso de la voz para posicionar al PT.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En términos generales se propone, dentro de la demagogia legislativa de las reformas estructurales, que no garantizan salir de la crisis económica que vive el país en los dos años de gobierno del todavía Presidente Peña Nieto, que el objetivo de este proyecto es darle más competitividad a la economía del país a partir del fortalecimiento del subsector del transporte ferroviario a efecto de hacerlo más accesible, mejores precios, mejores condiciones, mayor efectividad, facilitando el transporte multimodal.
Esta propuesta beneficia a los actuales concesionarios de ferrocarriles, para el caso concreto todos y cada uno de ellos vinculados con la corrupción del gobierno federal. En nuestro país la concentración en el mercado recae en tres grandes concesionarias que aglutinan el 80 por ciento de las líneas ferroviarias del país: el Ferrocarril Mexicano, Ferromex, del Grupo México, el Ferrocarril del Sur filial del Grupo Inbursa, de Carlos Slim y el Kansas City Southern de México cien por ciento extranjera.
Debemos recordar la efectividad de los Golden Boys emanados de las universidades americanas eficientes en la ejecución de las políticas neoliberales. Recuerden al PRI con su Presidente Zedillo, a través de la reforma al artículo 28 constitucional, la entrega de Ferrocarriles Nacionales impulso en 1995, la entrega de una empresa nacional a empresas particulares a través de la adjudicación de concesiones sin licitación alguna.
La corrupción a la Presidencia de la República vinculada a concesiones ilegales y conflicto de intereses es costumbre enraizada en nuestro país. Recordemos que en febrero de 2001 la Ferroviaria Union Pacific Corporation, poseedora en ese año del 26 por ciento del ferrocarril mexicano, nombró al ex presidente mexicano Zedillo como miembro del directorio. Ex presidente que en el argot político diría que fue designado cuando no se desempeñaba como servidor público por lo que no existía conflicto de intereses en ese tiempo. Esto, obvio sin alusiones a cierta casa en Malinalco, adquirida a través de la filial del Grupo Higa. Higa como haiga Higa.
Esta mala costumbre de subordinar al poder político, mal habido a través de fraudes al poder económico, se presenta en el transporte ferroviario, con las reformas que se presentan son las concesionarias las que determinarán de acuerdo a sus intereses los precios de los servicios de transporte ferroviario, de pasajeros o de carga puesto que de acuerdo al diseño que se establece en las reformas que se presentan en la minuta que se discute, la nueva agencia reguladora del transporte ferroviario –órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de precios– tendrá funciones esencialmente registrales debido a que de acuerdo al artículo 46 que se reforma en la minuta que se discute, los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas.
Las reformas que hoy se presentan garantizan a las empresas ferroviarias los sobreprecios en las tarifas que actualmente aplican a Petróleos Mexicanos, CFE y empresas privadas. Se elimina la función reguladora del Estado mexicano en materia de precios y tarifas en transporte ferroviario.
En el séptimo transitorio determinan que una vez que la agencia se encuentre en funciones los concesionarios registrarán sus tarifas máximas de fletes, registro de catálogos de servicios diversos que podrán ofrecer a sus usuarios, en tanto se aplicarán los precios registrados ante la secretaría.
Cada reforma propuesta a la Ley Reglamentaria de Servicios Ferroviarios, atiende a los intereses del trío de concesionarias que se han visto beneficiadas con la política neoliberal impulsada con Carlos Salinas de Gortari, continuada con Zedillo y que ahora trata de perfeccionar el todavía Presidente Enrique Peña Nieto. Todas con una misma línea de actuación. La corrupción del poder político subordinado a los grandes empresarios prestanombres de las empresas transnacionales.
Por si quedara punto pendiente en esta política de subordinación, la Colegisladora cuenta con el pacto de grupos necesario para enmendar la plana a esta Cámara de Diputados, lo que se acredita con la minuta que se presenta que contiene modificaciones que subordinan al Poder Legislativo a los poderes fácticos reconocidos por Peña Nieto.
Obviamente el Partido del Trabajo votará en contra de esta propuesta de reforma y no nos queda más que lamentar que México tenga legisladores tan entreguistas como los que voten a favor de esta iniciativa. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Don Ricardo Mejía Berdeja, tiene el uso de la voz.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Esta minuta que viene del Senado durmió el sueño de los justos por meses, porque fue una reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que se aprobó en esta Cámara de Diputados, y junto con otras reformas los legisladores de la Cámara de Senadores han venido actuando con total discrecionalidad, y esta ley por lo mismo fue congelada.
Repentinamente intervienen algunos senadores ligados a grupos de interés y remiten ahora esta minuta que nosotros creemos que no resuelve un problema tan grave como ha sido el desmantelamiento de lo que fue la industria ferroviaria nacional.
Por otro lado el Senado ha construido un muro para seguir protegiendo a los gobernadores que han endeudado a los estados.
La deuda subnacional, la deuda de estados y municipios, ya rebasa el medio billón de pesos. Hay deudas totalmente criminales que llegan a más de 40 mil millones de pesos en varias entidades. El caso de Moreira, en Coahuila; el caso de Nuevo León; el caso de Quintana Roo; el caso de Chihuahua; el caso de Jalisco. Guerrero se puede revisar, tiene muchos problemas pero no tiene problemas de deuda pública como los otros estados. Y ahí están las cifras si las quieren checar.
Pero el tema de fondo es que nuevamente en el Senado protegieron a los sátrapas, a los gobernadores que no quieren que se revise cómo endeudan a los estados. Y con el pretexto de crear una comisión bicameral para revisar un tema de ingresos que le corresponde a la Cámara de Diputados, estuvieron atorando esta minuta; finalmente le hicieron cambios y según el artículo 72 constitucional, ya el proyecto palmó, se salieron con la suya.
No pudieron establecer candados al endeudamiento criminal de los estados, alegando autonomía, cuando de todos es sabido que los congresos locales de esos estados, le autorizan con los ojos cerrados cualquier deuda que pretenden estos gobernadores, y ahí está la grave problemática.
Y ahora viene esta minuta relativa al sistema ferroviario. Es claro que entre Kansas City, Ferromex y Ferrocarril del Sureste, tienen acaparado este mercado.
Se ha constituido un cártel de monopolios ferroviarios en el país y quienes han pagado los platos rotos han sido los mexicanos. Se suprimieron servicios de pasajeros, las tarifas no mejoraron y se desmanteló una industria que viene desde hace siglos en el país, que fue motivo de orgullo la conexión que había con los ferrocarriles nacionales. Además se tenía una industria fabricante de carros de ferrocarril que proveía al país y con capacidad exportadora, que también fue desmantelada.
Es claro que esta privatización del ferrocarril que concreta Ernesto Zedillo, que por cierto es parte del consejo de administración internacional de una de estas empresas; es igual conflicto de interés, la marca de la casa en estos gobiernos. Zedillo parte de un consejo de administración de una de las empresas ferrocarrileras a la cual se le concesionó este servicio.
Lo que hicieron fue partir al país y prohibir que hubiera una libre competencia que apoyara el transporte de carga y de pasajeros. Hoy, con este remedo de reforma, pretenden corregir esta situación. Creemos que el problema es de origen y por eso vamos a refrendar el voto en contra que dimos cuando se discutió eso hace ya varios, varios meses en esta Cámara de Diputados.
Creemos también que los ferrocarriles, los trenes tienen que revisarse con lupa. Desde luego vamos a seguir insistiendo en lo que tiene que ver con el tren México-Querétaro, que por ahí hay la intención de que quede como un asunto meramente administrativo de parte de la comisión, pero creemos que lo que está en el fondo de esta problemática son los conflictos de interés, es el favoritismo, es el tráfico de influencias y es la corrupción de grupos como Higa, que es ahora la inmobiliaria preferida del gabinete presidencial.
Dicen en las redes que es algo así como el Ifonavit del gabinete o Hipotecaria Su Casita de la cúpula del poder, pero en realidad es donde se esconden los principales fraudes del país y por eso no vemos aquí un asunto de querer ayudar a los pasajeros y a los empresarios para que con estos fletes transporten su carga, sino que vemos nuevos negocios, nuevos moches y la mano de senadores que han estado cabildeando para privilegiar a estos intereses. Por eso refrendaremos nuestro voto del dictamen pasado, que fue en contra. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Valentín González Bautista, del PRD, tiene el uso de la palabra.
El diputado Valentín González Bautista: Con su autorización diputado presidente.
Diputadas, diputados: fiel a la política neoliberal del gobierno federal, siendo presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, privatizó la emblemática empresa hasta ese momento, Ferrocarriles Nacionales de México.
Deliberadamente se dejó de invertir en la empresa del Estado y no se modernizó, no se frenó la corrupción, no se evitó el saqueo, todo para justificar su inoperancia.
Para justificar la privatización, como en otros casos, el discurso fue el mismo, modernización, competitividad, mayor inversión en la infraestructura, mejores tarifas, más beneficios para el país, en suma.
El Ejecutivo federal le otorgó a particulares concesiones por 50 años y de este período 30 años se otorgaron en condiciones de exclusividad y 20 años en competencia. Las empresas concesionarias, estas concentraron el mercado e impusieron tarifas.
Durante los últimos siete años se han incrementado en su beneficio hasta casi un 60 por ciento. La red ferroviaria no ha aumentado en construcción, pues apenas ha tenido un crecimiento del 0.2 por ciento del 2005 a la fecha.
Actualmente la red ferroviaria del país alcanza 26 mil 727 kilómetros. La Comisión de Transporte de la Cámara de la cual soy secretario y por las instrucciones de nuestra coordinación y del diputado del proceso legislativo nos encomendaron a los diputados que participamos en esta comisión, a hacer un estudio cuidadoso, exhaustivo de las condiciones en que se está prestando el servicio. Así fue como se aprobó en esa comisión el dictamen que en su oportunidad se turnó a la Cámara de Senadores y que ahora discutimos.
La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviaria para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional contiene varios aspectos que nos interesa resaltar.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará la interconexión, es decir, el intercambio de equipo ferroviario, tráfico interlineal entre concesionarios, movimientos, traslados, y de más acciones necesarias para la continuidad del tráfico, procurar las condiciones de competencia en el servicio ferroviario. La contraprestación entre concesionarios para realizar la interconexión será establecida de común acuerdo. Si no llegaran a un acuerdo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las pondrá con intervención de la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Se dan permisos para que empresas particulares, distintas a las actuales concesionarias, puedan construir líneas cortas para el transporte de carga propia entre dos puntos. También se da facultad para que empresas privadas puedan construir vías principales y éstas se puedan concesionar mediante licitación. Habrá más vías principales y más concesionarios.
Se autoriza para que un permisionario pueda dar el servicio público de transporte ferroviario de carga o pasaje a terceros sobre las vías de otros concesionarios o permisionarios. Se establece como causal de revocación de la concesión aplicar tarifas que no se encuentren en los rangos registrados en la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para la revocación de la concesión ya sólo existirán dos tiempos: la revocación inmediata y en otros casos cuando se le sancione en dos ocasiones en un tiempo de cinco años consecutivos. Actualmente tienen hasta cinco faltas para que pueda revocarse la concesión.
Se establece en la ley que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará en las bases de licitación y en los títulos de concesión que en todos los tramos técnicamente posibles entre las vías los concesionarios se otorguen mutuamente derechos de paso y de arrastro. Se especifica en el artículo 46 que todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios deben estar registradas ante la propia secretaría para darle certidumbre al valor de los servicios que se van a contratar.
En suma, se establece que la secretaría deberá establecer bases de regulación tarifaria previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica cuando no exista competencia efectiva.
Por los alcances de esta iniciativa, que se verán reflejados en mayor infraestructura, competencia y crecimiento económico que requiere el país, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votará a favor este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Abel Guerra, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Abel Guerra Garza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, presento la postura del Grupo Parlamentario del PRI en relación a reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, promovidas originalmente por la diputada Esther Quintana, del Partido Acción Nacional, y los diputados Fernando Maldonado y un servidor, del PRI, orientadas a mejorar la operación de este servicio público y devolver capacidad regulatoria al Estado mexicano.
En mi grupo parlamentario consideramos que en la era económica dominada por la logística, el desarrollo nacional requiere de un servicio ferroviario eficiente y competitivo. Por eso recibimos con agrado las modificaciones realizadas en el Senado de la República, las cuales coadyuvan para lograr el objetivo trazado.
Se garantiza la libre competencia y la eficiencia operativa en la prestación del servicio; se incorporan las definiciones de interconexión, derecho de paso, derecho de arrastre, creando la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Garantiza la interconexión en las vías férreas, así como se encarga de dirimir controversias en los casos que los concesionarios no lleguen a acuerdos, además de fijar tarifas cuando no existan condiciones de competencia efectiva.
Vigilará la calidad en la infraestructura y en el servicio; garantizará la interconexión; emitirá recomendaciones; impondrá sanciones por incumplimientos y realizará estudios e investigaciones orientadas a lograr un servicio de excelencia.
La misma Agencia deberá garantizar que los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso y de arrastre incluidos en los títulos de concesión, contraprestación aprobada previamente.
Se fijan los alcances del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, para construir y mantener los cruceros de vías seguros y bien señalizados. Se elimina la figura del permisionario, a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios. Las concesiones estarán obligadas a permitir la interconexión en su modalidad de derecho de paso cuando estén contemplados los títulos de concesión, por mutuo acuerdo o cuando falten condiciones de competencia en la ruta.
El usuario podrá acordar una tarifa con cada concesionario sobre la porción de la ruta correspondiente o en el total de la ruta con el concesionario de origen o destino indistintamente. Los concesionarios establecerán las tarifas máximas, pero se obligan a desagregar tarifas de servicios diferentes del flete, diferenciándolos de los servicios diversos.
Deberá vigilar también la aplicación del cambio de tarifas, además de que solicitará a la Comisión de Competencia su participación para dirimir diferencias en el caso de requerirse regulación tarifaria.
Estamos ciertos que la presente reforma permitirá a la inversión pública y privada para la construcción de nuevas líneas y licitación de otras rutas, así como la construcción de espuelas y líneas cortas que incrementen la capacidad de la red y la calidad del servicio, eficientando la operación.
Por lo tanto, los legisladores del PRI manifestamos nuestro voto favorable para el presente dictamen y agradecemos el voto de los distintos grupos en el mismo sentido. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra, hasta por tres minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: A casi 19 años de expedida la ley mayo del 95, la situación de la red ferroviaria nacional está cada vez peor.
En la minuta que se nos propone, en el artículo 31 Bis, 31 Tercer y 31 Quáter, la creación de un fondo que tiene como propósito apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, el patrimonio de este fondo se integrará –fíjense ustedes bien– con las aportaciones de la federación, de las entidades federativas y de los municipios.
Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si la red ferroviaria nacional está privatizada, el gobierno federal de los estados y los municipios tienen que aportar recursos a este fondo, cuando deben ser las empresas concesionarias las que se deberían encargar de todos estos aspectos? Obviamente que el argumento que dan siempre los neoliberales PRI, PAN, Prian, sus gobiernos federales, siempre lo fueron, de que las empresas en poder del Estado no son competitivas y que había que venderlas a los particulares porque solamente ellos saben manejar las economías, pues obviamente es una mentira. Hay que ser sinceros, ya en México eso está muy demostrado.
Yo subo nada más para reiterar, que vean dónde está el fondo de lo que la población está viendo en materia de la alta corrupción que hay en el gobierno. Y obviamente aquí ya pasaron las bancadas del Prian a decir que van a estar por esta ley, pero no nada más lo vergonzoso es que el Prian esté en esto, sino lo que realmente da pena ajena es que el pacto contra México, los del PRD, estén subidos en el cabús de este tren, que es la entrega de los recursos nacionales a los extranjeros. Qué pena para el país. Qué pena, de verdad, para todos los ciudadanos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Jesús Oviedo, tiene usted el uso de la voz, en pro.
El diputado Jesús Oviedo Herrera: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y diputados, en el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el sistema ferroviario es un pilar fundamental para el progreso de México.
Impulsarlo, permite ampliar las oportunidades de crecimiento y de desarrollo del transporte mexicano, ya que permiten potenciar las actividades productivas, estimula la competitividad, ampliar la cobertura de los servicios, y mejora la calidad de vida de las poblaciones al sacar carga pesada de las carreteras haciéndolas más seguras.
Sabemos que es prioritario que se impulse una red ferroviaria, que cumpla con los estándares de seguridad, que favorezca la conectividad y la articulación de toda la red, promoviendo el multimodalismo.
Esta iniciativa promoverá que más actores en el sector inviertan en más vías férreas, mismas que sólo han crecido 42 kilómetros, lo que significa el 0.02 por ciento en seis años.
Cabe resaltar que esta reforma es la de mayor alcance en servicio público ferroviario, desde la expedición de la Ley Reglamentaria, hace 19 años, y de la privatización del servicio hace 16 años.
Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor de que el servicio ferroviario moderno y eficiente, de garantizar la libre competencia y la eficiencia operativa en la prestación del servicio, así como de incorporar las definiciones de interconexión, derecho de paso y derecho de arrastre.
Es de suma relevancia la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios, que estará descentralizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las denuncias y querellas relacionadas con presuntos delitos que afecten al servicio público de transporte ferroviario serán federales.
La Agencia determinará las características técnicas de las vías férreas. Verificará que se cumpla con las disposiciones aplicables del sistema ferroviario. Garantizará la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales. Establecerá las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia de acuerdo con la Comisión de Competencia Económica. Emitirá recomendaciones, dirimirá controversias e impondrá sanciones. Además de realizar estudios e investigaciones.
Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones deberá garantizar que los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal. Incluyendo los derechos de paso obligatorios, estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre.
El usuario podrá acordar una tarifa de forma independiente en cada concesionario, sobre la porción de la ruta correspondiente o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario, origen o destino.
Los concesionarios estarán obligados a permitir, termino presidente, la interconexión en su modalidad de derecho de paso, cuando sea contemplado en los títulos de concesión, pactado por mutuo acuerdo o cuando falten condiciones de competencia en una ruta o trayecto, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia.
La Agencia deberá monitorear las aplicaciones de esquemas de ajuste de tarifas, además de que solicitará a la Cofece el análisis de conductas que puedan exigir condiciones de regulación tarifaria.
En virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Instruya la apertura del sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo evento, en virtud de que no hay reservas.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz por favor, diputados.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 339 votos a favor, 9 abstenciones y 35 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados en lo general y en lo particular por 339 votos los artículos modificados por la Cámara de Senadores.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto, la ciudadana Yatziri Mendoza Jiménez, diputada federal electa por el 10 distrito electoral en el estado –si me lo permiten– glorioso de Guanajuato.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: Liz Vargas, Beti Yamamoto, a Gabi Medrano, a María Elena Cano y a Malú Mícher.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y Bribiesca también, que me lo está pidiendo.
(La comisión cumple su encargo)
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadana Yatziri Mendoza Jiménez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Yatziri Mendoza Jiménez: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenida.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de alienación parental. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra, doña Angelina Carreño Mijares.
La diputada Angelina Carreño Mijares: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Quiero congratularme porque el día de hoy vamos a fundamentar un dictamen muy importante para la Comisión de Justicia. Un dictamen sumamente sensible porque tocamos el tema de la proliferación de despachos especializados en materia de cobranza que lastima y que ha transgredido en los derechos fundamentales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Es Código Civil, diputada. Alienación parental. Código Civil.
La diputada Angelina Carreño Mijares: Llamo a mi grupo parlamentario para que suba...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, en su lugar algún compañero legislador que tenga preparado. Si me da oportunidad, diputada Angelina Carreño, que pasara sin perjuicio de que su grupo parlamentario pudiera cerrar o en el desahogo de las posturas, pudiera pasar a fijar posición justamente el PRI.
Diputado Fernando Bribiesca Sahagún, ¿está preparado? Adelante, señor diputado, por favor. Código Civil Federal, alienación parental, señor diputado Bribiesca. Adelante, por favor.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso y el de todos mis compañeros. La alienación parental es un problema muy complejo que afecta cada vez más a niñas y niños en nuestro país. Cotidianamente conoceos de casos que ejemplifican este terrible fenómeno.
La alienación parental consiste en una serie de conductas que llevan a cabo el padre o la madre que posee la custodia del menor y que sin razón justificada impide las visitas y convivencia con el otro progenitor, lo que va originando en el niño o niña un cambio de conciencia llevándolo desde el miedo hasta el odio.
En el artículo 4o. de nuestra Carta Magna se garantiza que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez y que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de estos derechos.
En el orden de ideas el dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy, y con el que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está completamente de acuerdo, busca modificar el Código Civil, de modo que quede claro para el juzgador lo que se debe entender por alienación parental.
Lo anterior con la finalidad de evitar que los padres realicen cualquier acto de manipulación que pretenda dañar el vínculo de parentesco de los niños y niñas con sus progenitores.
De este modo la reforma busca proteger el interés superior del menor y salvaguardando su derecho de convivencia con los padres e impidiendo actos de alienación parental que contravengan derechos de los menores a convivir con sus padres.
Asimismo el dictamen refiere que la alienación parental puede ser causa de limitación temporal o definitiva de la patria potestad, con lo que se da una mayor fuerza a las disposiciones del Código Civil.
También se otorga al juez la facultad de ordenar la evaluación psicológica correspondiente ante la manifestación expresa o presunción de conductas de alineación y de ser el caso, se otorguen medidas terapéuticas necesarias con lo que se pretender restablecer la sana convivencia con ambos progenitores.
Compañeras y compañeros diputados, resulta imperativo dar a los juzgadores las herramientas para proteger a nuestras niñas y niños. La ley tiene que ser clara en este sentido, y es con ese objetivo con el que Nueva Alianza se suma a este esfuerzo.
Es nuestra obligación proveer de una protección integral de los derechos de la infancia el fenómeno de la alienación parental afecta a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, y los daños de estas acciones se manifiestan en el resto de su desarrollo personal, académico y profesional.
Los invito a que aprobemos este dictamen, ya que repercutirá en una mejor actuación de nuestros jueces, y sobre todo otorgará a nuestras niñas, niños y adolescentes la garantía de que sus intereses y su bienestar deberán prevalecer ante los conflictos que puedan tener sus padres. Agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Bribiesca Sahagún. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palaba la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra, diputada, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario relativo al dictamen que aborda aspectos de alienación parental, del Código Civil Federal. Por favor, adelante.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. En México los derechos de las niñas y niños, además de irrenunciables, son una plataforma ética. Todo niño tiene derecho a vivir en un entorno familiar sano, a una vida libre de violencia y a la corresponsabilidad de los integrantes de ese núcleo, del Estado y de la sociedad, quienes deben garantizarlos.
El 60 por ciento de los niños de entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores. Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, no solamente a través del daño físico; se puede infligir perjuicio a un menor por la falta de atención y el maltrato sicológico que también constituyen formas de violencia.
La Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abusos, hasta el descuido, negligencia, explotación comercial de otro tipo que originan un daño real, potencial para la salud del niño, su perseverancia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
En muchas ocasiones se tiene la falsa idea de que las conductas violentas que se presentan en las y los niños son de manera física; existen otras conductas relacionadas con los estilos de crianza por los padres, por ejemplo, la conducta violenta de la alienación parental.
En México, entre el año 2000 y el año 2011 aumentaron los divorcios un 74.3 por ciento. Un elevado número de estudios determina que los principales factores que motivan los divorcios son la falta de comunicación, la infidelidad, los problemas económicos, la desconfianza y el abuso del alcohol y otras sustancias, la diferencia de estatus socioeconómicos en las parejas y en muchos casos también la violencia.
Actualmente tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 200 mil casos de alienación parental, según los datos de la Asociación de Madres y Padres Divorciados. Esto ocurre cuando en ciertos casos de divorcio o separación está presente una patología, trastorno de personalidad o emocional en alguno de los padres que puede hacer aparecer una conducta que alinea a las y a los hijos del otro progenitor.
La alineación parental es el hecho reiterado o proceso por el cual un progenitor, mediante cualquier estrategia, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre.
La idea de que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre, puede parecer una locura o una perfecta excusa de abandono. Sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en muchas separaciones o divorcios mexicanos.
Esta conducta que realiza el progenitor alienador es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo exterior. Dicha conducta es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres, su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo contra uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo.
Se caracteriza principalmente por el conjunto de síntomas, resultado del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijas o hijos mediante distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.
Tal conducta hace referencia a los síntomas que presenta un hijo cuando denigra y rechaza sin justificación verdadera a uno de los padres después de su separación. La alienación parental se considera una forma de maltrato infantil psicológico, pues al fomentar el odio y resentimiento contra el padre ausente, se causan daños psicológicos al niño y se le priva de llevar una vida común y una relación sana con ambos progenitores y sus familias.
Este tipo de conductas de alienación están latentes. Por ello es fundamental que el Estado garantice los derechos del padre alienado, así como la preservación del interés superior de la infancia.
Es menester garantizar a las niñas y niños, vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual, independientemente de la situación en que sus padres se encuentren, ya sea en la disolución del vínculo matrimonial o una mera separación.
Es preciso atender a quien ejerce este tipo de maltrato al menor, pues ya no es capaz de distinguir los límites entre una batalla legal y los daños que pueden provocar en sus hijos al utilizarlos como elementos de guerra. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Vargas Pérez. Tiene la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, que fijará la postura del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Con su permiso.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Honorable asamblea, el progreso de una nación está íntimamente ligado a la calidad ética intelectual y social de los individuos que la conforman. La pertenencia a un núcleo y la confiabilidad que representa la solidaridad entre quienes lo conforman define la personalidad y convicción de todas las personas.
La dinámica de la vida moderna exige la atención de múltiples obligaciones y consecuentemente la reducción del tiempo y espacios de esparcimiento de las personas con relación a quienes conforman el núcleo familiar.
El concepto tradicional de familia, al que muchos hemos pertenecido y del que muchos estamos plenamente convencidos, ha evolucionado en nuestra época, el número de matrimonios ha disminuido y el de divorcios aumenta de manera vertiginosa. Una estadística está perfectamente ligada a la dinámica que hoy revela el Registro Civil en lo que toca a la celebración de matrimonios y disolución de ellos. El 98 por ciento de los registros en el país ha estado ligado con el severo problema que arroja la alienación parental.
Aplaudimos el contenido de la iniciativa que ha presentado a esta asamblea la diputada Karina Labastida, que identifica con razón y puntualidad una problemática que aqueja gravemente al país. La alienación parental es, como lo define el dictamen, cualquier tipo de manipulación respecto de los hijos menores de edad, tendientes a transformar la conciencia de estos con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir las relaciones parentales o la debida integración familiar con el progenitor no custodio.
El desarrollo de la personalidad está vinculado indisolublemente al sano entendimiento de los roles que una sociedad moderna desenvuelve en las personas de ambos géneros. Los niños y niñas de México tienen el irrefutable derecho de convivir en armonía con sus progenitores o con quienes hubieran convivido desde el momento de su alumbramiento.
El artículo 4o. de la Constitución establece la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, asimismo reconoce el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y, continua con una agenda obligación, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y de sus principios.
En el derecho de familia se reconoce el amplio derecho a la paternidad, al número y esparcimiento de los hijos, al ejercicio pleno de la patria potestad y de la educación de los menores, pero sobre todo el derecho de convivencia entre padres e hijos. En esta relación simbiótica existente entre padres e hijos los primeros están obligados a no interferir negativamente en el crecimiento y desarrollo de la personalidad de los primeros, incidiendo mediante la infiltración de ideas y sentimientos de animadversión con relación a sus progenitores.
La iniciativa de la diputada Labastida, ahora dictaminada por la Comisión de Justicia, plantea crear instrumentos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes que sufren la separación de sus padres por la llamada alienación parental y dicha situación no cauce mayores efectos negativos de los que ya de por sí padecen los menores por motivo de la ruptura conyugal.
Estamos convencidos de la gran trascendencia de la iniciativa y de la necesaria intervención del Estado en materia de la alienación parental, primeramente como mecanismo de garantía de salud y protección al desarrollo psicológico y personal de los niños, y en segundo lugar como derecho de los padres a convivir pacíficamente con sus hijos y conservar el nexo afectivo que los une, independientemente de los tiempos compartidos que deriven de una resolución judicial de divorcio.
El artículo 3o de la Convención sobre el Derecho del Niño establece con puntualidad que todas las autoridades atenderán de manera primordial al interés superior del niño. En ese sentido vincula a los Estados parte para comprometerse y asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley.
A través de las normas que hoy discutimos se atiende al espíritu de los compromisos internacionales de los que México es parte y se ataja con acierto una problemática nacional que nos aqueja y que podría ser una fuente de la problemática social en la que estamos inmersos.
El libre desarrollo de la personalidad es una pieza básica para el despliegue de los derechos humanos y por ello es uno de los más delicados y urgentes núcleos que el Estado debe proteger y respetar. En tal encomienda, dentro de nuestra compleja tarea legislativa los invito a favor del presente dictamen de la Comisión de Justicia, ya que como otros tantos hemos confeccionado en la Comisión y discutido, se inscribe dentro de los esfuerzos legislativos para generar mejores instrumentos jurídicos a favor de los sectores más vulnerables.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del dictamen porque estamos convencidos de que el respeto en la relación de familia constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad tolerante, incluyente y civilizada.
Votaremos también a favor del dictamen porque estamos ciertos que el sano desarrollo de nuestra niñez constituye el cimiento de una sociedad más pacífica y ordenada, donde cada menor pueda encontrar las condiciones materiales y jurídicas suficientes para desarrollar sus capacidades dentro de un entorno afectuoso y sin manipulaciones de ningún tipo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cuéllar Steffan. Diputada Lilia Aguilar Gil, tiene usted la palabra para fijar la postura de su Grupo Parlamentario, hasta por cinco minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Como ya se ha dicho en esta tribuna, la violencia familiar ejercida directamente o en contra de los niños, niñas y adolescentes, es un problema grave que se enfrenta en nuestra sociedad. La familia, que es el elemento natural y fundamental, o los distintos tipos de familia de la sociedad debe de ser protegido efectivamente por el Estado en su reconocimiento y conformación.
Las leyes en efecto deben ser protectoras de esta institución, de acuerdo con lo señalado en la Convención Americana de los Derechos Humanos. La incidencia de divorcios es más alta que la de matrimonios. Al 2012 se registraron 99 mil 509 divorcios y en 2012 apenas 91 mil matrimonios.
Los derechos reconocidos por los tratados internacionales y el derecho positivo mexicano es que el menor sea escuchado sobre su deseo de con cuál de sus padres quieren estar y quien ha de ejercer su guarda y custodia.
En la actualidad existen sin embargo nuevas formas de violencia que se han identificado como una problemática real al interior de la familia. Es lo que se conoce como alienación parental. La alineación parental es un problema complejo que afecta a la familia y a los integrantes, pero sobre todo a los niños, niñas y adolescentes y a su sano desarrollo. Durante los procesos de divorcio uno de los cónyuges puede intensificar los mensajes negativos del otro, ocasionando un sentimiento de rechazo hacia el padre o la madre. Estos procesos suelen afectar estados emocionales físicos y psicológicos de los hijos. Cada año cerca de 180 mil niños son molestados y afectados por el denominado síndrome de la alienación parental.
Si bien es reciente su abordaje a nivel jurídico, no lo es como práctica cotidiana. En nuestro país cada año se delibera en promedio de 90 mil juicios legales para la custodia de menores. El Estado mexicano, como garante del interés superior de la infancia debe de crear las instituciones necesarias para garantizar adecuadamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de una familia o distintos tipos de familia en pleno desarrollo.
Es conveniente abordar a la alienación parental y plantear soluciones desde el ámbito legislativo. Esta tarea también consiste en sensibilizar a los jueces para hacer efectivos sus atribuciones para ordenar el cumplimiento de la norma y evitar cualquier tipo de afectación a los menores.
Esta iniciativa promueve a las instituciones jurídicas para que estas situaciones sean controladas desde el marco jurídico. Es obligación pues ya de todo juzgador velar porque ninguna acción de protección a un niño, niña o adolescente sea criminalizada o confundida con la manipulación a la infancia y se deben crear los ordenamientos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes que sufran de la separación de sus padres y como consecuencia del abuso de la alienación parental.
Esto es lo que hace esta iniciativa y nosotros anunciamos nuestro voto a favor del mismo dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Margarita Tapia Fonllem. Adelante, diputada.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la voz, diputada.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: El Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor del presente dictamen a la iniciativa de nuestra compañera la diputada Karina Labastida, compañera de la Comisión de Justicia. Este dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de alienación parental.
La definición de la alienación parental es un tema complejo de atender para los poderes públicos, pues a menudo implica factores emocionales, afectivos y culturales que nos hacen perder de vista la necesidad de que las niñas y niños no sean de ninguna manera instrumentos de los conflictos entre sus progenitores o sus tutores.
Debemos pensar, en primer lugar, en el sano desarrollo de la personalidad de niñas y niños que no puede ser afectado por la influencia que, con razón o no, con fundamento o sin él, ejerce alguno o alguna de sus familiares, lo que es particularmente crítico en el contexto de un proceso de separación o divorcio.
Éste es el significado práctico del interés superior de niñez en este tema. Destaca que con esta reforma los jueces tienen la tarea de escuchar a las y los progenitores y a sus hijos e hijas para dictar las medidas necesarias para prevenir y evitar la alienación parental, ello no sólo mediante la limitación de ciertos derechos de la patria potestad, que es la medida más extrema, sino también recurriendo a provisiones terapéuticas, cambios en los términos de la convivencia o variación de la guardia y custodia.
Es decir, la ventaja de este dictamen es que pone en manos de los jueces diversos instrumentos para prevenir que los conflictos entre progenitores afecten a niñas y niños, y la gradualidad de que adopte las medidas dependerá de diversas circunstancias que deben fundarse y motivarse.
En una sociedad como la nuestra, en que el modelo hegemónico de la familia nuclear biparental ha dejado de ser la regla y el esquema mayoritario, y que la familia extendida sigue teniendo una gran participación en los procesos de educación y cuidado de niñas y niños, es necesario que las disposiciones legales permitan garantizar el interés superior de la niñez, independientemente de los procesos que enfrentan sus familias.
Consideramos que una mejor protección a niñas y niños es una vía adecuada para que el Estado dé un mayor reconocimiento a los diversos tipos de familias. Uno de los argumentos, de quienes se oponen a la protección jurídica a las familias diversas, habla de la afectación emocional que pueden generar, por ejemplo, padres con orientación homosexual sobre un niño.
Nos queda claro que las decisiones privadas, íntimas de los adultos, respetuosos con el desarrollo de niñas y niños no tienen por qué cancelar su derecho a contar con una familia. En cambio problemas como alienación parental rebasan el ámbito privado, pues la autoridad de la que gozan los progenitores hace muy difícil para los menores ser conscientes de la manipulación de sus sentimientos y comportamiento.
Por último, quisiéramos destacar que este dictamen fue objeto de una amplia discusión de varios meses en la Comisión de Justicia, y votada de manera responsable mayoritariamente. Por ello, invitamos a diputadas y diputados a votar a favor del presente dictamen y a continuar en el avance de los derechos de las niñas y de los niños. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Margarita Tapia. Tiene el uso de la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo para fijar el posicionamiento de Acción Nacional.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputada.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Compañeras y compañeros legisladores, cuando nuestros hijos nacen generalmente llegan al mundo llenos de amor, alegría y sobre todo unión. Los padres transmitimos a nuestros hijos costumbres, hábitos, sentido de identidad y de pertenencia.
Es por eso que no debemos dejar de reconocer que la maternidad y la paternidad son necesarios, pero sobre todo son coexistentes. Uno no es más importante que el otro.
Del padre y la madre depende forjar en los hijos su personalidad, pero sobre todo, su equilibrio emocional. Y es importante el rol de ambos en la crianza y educación de nuestros hijos.
Cuando las parejas inician su vida en común lo último que pasa por su mente es dar por terminada su relación a futuro. Sin embargo, cuando esto llega a ocurrir no solo afecta a la pareja en sí misma, sino que trasciende a la estabilidad emocional y psicológica de los hijos, sobre todo cuando los padres no consiguen realizar acuerdos entre sí.
Y lo más lamentable es que las relaciones paterno-materno filiales se empiezan a complicar a tal grado que compartir los cuidados de los hijos y disfrutar de ellos se convierte en una lucha para obtener la custodia de los menores hijos y en donde lo que discuten ya ni siquiera es la forma de repartir los bienes sino la pertenencia, por así llamarlo, de los hijos, es decir, la custodia se transforma en un sinónimo de propiedad.
Es por ello que el día de hoy con el dictamen que se somete a su consideración, doy continuidad a uno de los trabajos en los que he centrado mi quehacer legislativo que es la familia y la prevalencia del interés superior del menor, mediante la implementación de mecanismos jurídicos que atiendan aquellas formas de ruptura familiar, violencia o subversión de los padres en contra de sus menores hijos como lo es la alienación parental, lo cual se da como resultado de una crisis de pareja a través de la conducta, ya sea del padre o la madre que tienen bajo su cuidado al menor con la finalidad de que a través de alianzas o tácticas éste odie tema o rechace injustificadamente al progenitor no custodio.
Lamentablemente esta ruptura emocional y psicológica de los lazos parentales se convierte dentro de las disputas legales en armas lacerantes, pareciera por un instante que el fin de las batallas legales es demostrar la prevalencia de un progenitor sobre otro.
Lo ideal sería que los padres nunca iniciaran una batalla legal, ni en ningún terreno por la posesión de los hijos como si fuesen objetos de los que hay que despojar a la contraparte. Sin embargo en nuestro país de acuerdo a datos del Inegi cada año se delibera un promedio de 90 mil juicios legales por la custodia de menores.
Es por ello que el dictamen que hoy se discute tiene por objeto continuar actualizando los ordenamientos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes que sufren la separación de sus padres y que son víctimas de alienación parental y que dicha situación no genere problemas de otra índole que conlleve a mayores consecuencias de las que ya de por sí implica una ruptura del núcleo familiar.
Dado que la familia constituye el principal elemento de la base social cuya importancia está reconocida en la Constitución donde el artículo 4o. establece que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Si bien las nuevas disposiciones no autorizan al gobierno para inferir en la vida íntima de los integrantes de las familias sino solo para asistirla, fortalecerla y conservarla, privilegiando siempre el bienestar de los menores de edad, por tratarse de un grupo que necesita cuidado y protección especial.
Es por ello que los Poderes del Estado, tanto el Ejecutivo en sus políticas, como el Poder Legislativo y Judicial, estamos obligados a la atención de esta problemática y a tutelar los derechos de la familia y del bienestar de sus integrantes.
Compañeras y compañeros legisladores. Éste no es un asunto de género. No es así de simple, pues lo mismo aliena un hijo, un padre que una madre. Tampoco se trata de pleitos estrictamente del orden familiar y por lo tanto privados, toda vez que el daño emocional que se ocasiona a los niños, niñas y adolescentes alienados, tiene consecuencias sociales para todo el país.
Es que un alto porcentaje de menores que sufre violencia en el seno de su hogar reproducen esas conductas nocivas en las diferentes etapas de su vida. Por ejemplo en el ámbito escolar están ligados directamente con el bullying. En la adolescencia puedan llegar a ser presa fácil de las drogas y el crimen organizado, y ya como adultos pueden ser personas que guarden un resentimiento que afecte su desarrollo en los ámbitos laboral, social y familiar.
Hoy hablo a nombre de miles de niñas, niños y adolescentes que año con año son alienados en medio de la batalla legal de sus padres. Hago un llamado a mis compañeros legisladores para rescatar a esos menores. Ignorar este llamado sería tanto como aceptar que esta LXII Legislatura se convierta en cómplice de esos alienadores. Por ello el Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen por el bien de las familias mexicanas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Honorable asamblea. En oportunidad procesal, la comisión dictaminadora hizo llegar una propuesta de modificación al dictamen que estamos discutiendo en materia de alienación parental. En virtud de que tal propuesta aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría consulte a la propia asamblea si se acepta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Se acepta se incorpore al dictamen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para la discusión en lo general, con la modificación aceptada, tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, hasta por tres minutos para hablar en pro del dictamen. Tiene la palabra, diputada, por favor.
La diputada Lorena Iveth Valles Sampedro (desde la curul): Declino, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimada diputada. En obvio del proceso legislativo y fijada la postura de su grupo parlamentario.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea, en un solo acto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada.
(Votación)
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde su curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde su curul): A favor.
La diputada Diana Carina Velázquez (desde su curul): A favor.
La diputada Yatziri Mendoza Jiménez (Desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 378 votos a favor, 3 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de alienación parental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones a la que, como todos ustedes saben, hace un buen rato le dispensamos los trámites.
Para explicar el contenido de la minuta tiene el uso de la voz don Fernando Maldonado Hernández. Esta Presidencia advierte que sólo se pueden abordar los artículos 2, 11, 15, 38, 78 Bis Uno, 78 Bis Dos, 78 Bis Cuatro y 86 de la Ley de Aviación Civil y los artículos 2, 27, 48 y 57 de la Ley de Aeropuertos, tal y como lo establece el artículo 78 constitucional. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Maldonado Hernández: Muchas gracias presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores: durante la sesión celebrada el 30 de abril del 2013, nuestro compañero diputado Juan Manuel Carvajal Hernández presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos a efecto de evitar que existan permisionarios extranjeros que presten servicios de transporte aéreo privado o comercial en territorio mexicano, ofreciendo servicios a terceros por el cual reciben una compensación en un escenario de competencia irregular y sin tratamiento.
Dicha iniciativa recibió el apoyo y fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Transportes, toda vez que consideramos los 30 integrantes de la misma necesario establecer una regulación dirigida a fortalecer nuestra soberanía en el espacio aéreo y evitar prácticas de transporte al margen de acuerdos internacionales y que vulneran la seguridad y la operación del sector.
De igual manera, se desregulan diversos aspectos de la operación aeronáutica para elevar su eficiencia a niveles internacionales, siendo éste el mayor avance en simplificación de procedimientos en las últimas cuatro décadas, adoptando tecnologías de información para evitar costos innecesarios y abatir prácticas de corrupción.
De igual forma, se eliminan barreras a la entrada en la concurrencia de nuevos aeródromos, lo que eleva la competencia e incrementa la oferta de infraestructura disponible para recibir un creciente volumen de tráfico aéreo, así como se avanza en la consolidación de la competencia al interior de los aeropuertos.
Estamos convencidos que existen oportunidades de elevar la competitividad del sector por medio de la desregulación de las operaciones y la competencia entre aeropuertos, así como al interior de éstos.
Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, nos hemos impuesto del contenido de la minuta enviada por el Senado, y vemos con agrado las modificaciones por ellas realizadas al dictamen referido, las cuales se hacen consistir en lo siguiente.
Primero, se suprime el registro ante la SCT de los centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros y sólo se les obliga a cumplir con los estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y/o la Administración Federal de Aviación.
Se cambia la redacción del artículo 15 para una mejor interpretación del precepto, ya que las sanciones consistentes en revocación de permiso, multas e inmovilización de las aeronaves, no van dirigidas a los permisionarios extranjeros, sino a los nacionales o extranjeros que utilicen aeronaves extranjeras no autorizadas para operaciones de cabotaje dentro de nuestro espacio aéreo.
Se extiende la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico a tres años, permitiendo una revalidación periódica de la misma. Se determina que el aterrizaje de la aeronave será considerado como el cierre del plan de vuelo, ya que con ello se disminuirán trámites innecesarios, costos operacionales y económicos adicionales a la operación de las aeronaves.
Se eliminan trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas a la ciudad que, por su condición y naturaleza no necesitan de estudios de trayectorias ni estudios de espacios aéreos, ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos.
Se precisa, además, que los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales podrán ser proporcionados de manera conjunta por un tercero exclusivamente cuando se trate de una instalación denominada base fija de operaciones y a favor de prestadores de servicio de taxis aéreo y no comercial bajo condiciones equitativas y no discriminatorias, para lo cual deberá de celebrar los contratos respectivos con el concesionario o permisionario aeroportuario.
Para dar certeza jurídica a los prestadores de servicios complementarios se incorpora el término de base fija de operaciones, además de ampliar a 60 días el término en que la autoridad determinará si se autoriza la entrada de la empresa proveedora de servicios complementarios y base fija de operaciones.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, al presentar su iniciativa y al aprobar las modificaciones al marco regulatorio en materia de aviación, este cuerpo legislativo expresó su interés por actualizar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para sí promover la expansión y desarrollo del transporte aéreo.
Y en virtud de que la minuta proveniente del Senado es consistente con tales propósitos las legisladoras y los legisladores de esta Comisión de Transportes otorgamos nuestro voto favorable al dictamen que nos ocupa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Fernando Cuéllar Reyes, del PRD, para fijar posición. ¿Está el diputado Cuéllar? No está el diputado Cuéllar. Luego entonces, don Jesús Oviedo.
El diputado J. Jesús Oviedo Herrera: Gracias, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, la aviación es una industria global que se desarrolla bajo criterios mundiales, por lo que existe una regulación internacional rígida para que las aeronaves puedan surcar los cielos.
Es así que el futuro de este sector se encuentra en construir una regulación que permita mejorar la seguridad y reducir el impacto ambiental. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia en quien recae el establecimiento de la política aeronáutica y establece los lineamientos para que los concesionarios cumplan con las disposiciones regulatorias en materia de aviación civil.
La propuesta que se encuentra a discusión se enfoca a generar certeza jurídica en el ámbito de las operaciones en el sector de la aviación. Es una realidad que se debe endurecer la regulación cuando se violan los estándares de seguridad y la protección al medio ambiente, así como realizar cabotaje en territorio nacional con aeronaves extranjeras sin conocimiento de la autoridad aeroportuaria.
Una de las prioridades de la autoridad aeroportuaria es la seguridad operacional, y en este sentido el dictamen permite que se revoquen las concesiones cuando existan violaciones bajo este causal. Es una realidad que los permisionarios extranjeros que presten este servicio de transporte aéreo comercial no podrán realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional, esto con la finalidad de cuidar y proteger a la aviación civil nacional.
Con el fin de establecer una regulación más eficaz en el sector, se establece un periodo de dos años la vigencia del certificado de aeronavegabilidad y si existe algún incumplimiento de los requerimientos y especificaciones, la autoridad podrá suspender o cancelar dicho certificado.
No debemos omitir que el certificado de aeronavegabilidad se sujetará a las pruebas de control técnico y a los requisitos de mantenimiento que establezcan los reglamentos en esa materia. Hoy lo que se pretende es que la capacitación y el adiestramiento que se realice en el sector se lleve bajo protocolos que promuevan la eficiencia y seguridad en la prestación del servicio a las aeronaves.
Vemos bien que se establezca en la ley un capítulo 15 Bis en materia de seguridad aérea, con el objetivo de que la Secretaría establezca un programa estatal de seguridad operacional a fin de alcanzar un óptimo rendimiento en las operaciones de las aeronaves en el sistema aeroportuario nacional.
Sin duda que Acción Nacional votará a favor de la propuesta, toda vez que lo que se busca es impulsar y consolidar a la aviación nacional que otorgue certeza jurídica a los permisionarios, que mejore la prestación de los servicios en materia de cuidar la seguridad operacional, y sobre todo que minimice las posibilidades de riesgo en la red aeroportuaria nacional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Mejía Berdeja, para posicionar a Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Sin demérito de este dictamen de reformas a la Ley de Aviación Civil y a los aeropuertos, me parece que sobre todo en esta época del año, en que el flujo de transportación se incrementa en el país, tanto nacional como internacional, queda de manifiesto que seguimos contando con una actitud de falta de competencia económica en la aviación y que los usuarios siguen teniendo que padecer mal servicio, tanto de aerolíneas como la saturación y la falta de capacidad aeroportuaria.
¿A cuántos mexicanos no les acontece que los vuelos son sobrevendidos, que con total prepotencia se cambian los horarios, o se recurre al consabido por exceso de tráfico aéreo se va a retrasar media hora, una hora, o hasta dos horas los vuelos?
Hay una saturación y hay una falta de competencia evidente. Hay líneas como Aeroméxico, que son prácticamente un monopolio y que tienen tomada terminales, como la del Aeropuerto de la Ciudad de México.
Frente a ello, me parece que esta reforma es muy menor frente a un problema que ya viene a obstaculizar el libre tránsito y la competencia económica y que se padece fundamentalmente en estas épocas del año de saturación, donde además nuestros paisanos de otros países tienen que sufrir las de Caín con esta infraestructura aeroportuaria tan deficiente.
Por eso nosotros creemos que debe abarcarse en su totalidad una verdadera revisión, que tengan que ver con ofrecer un mejor servicio al usuario, con establecer mecanismos de sanción directa a quienes incumplan la ley, no con toda la burocracia que implica recurrir ante Profeco las quejas por mal servicio.
Nos parece además que a veces es un asunto más de monopolios, de falta de servicio, que de hacer reformas gigantes al aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México. Hay dos pistas actualmente y el proyecto de 169 mil millones de pesos que plantea el gobierno federal tampoco tiene una justificación de aforo, simplemente es generar un negocio sexenal para que algunos cuantos medren, lucren y satisfagan sus apetitos de corrupción con esta obra.
Me parece que con reformas menores, pero sobre todo con un buen servicio, se podría contar con una aviación civil en el país de mejor calidad, con aeropuertos con mayor servicio y, sobre todo, con empresas que verdaderamente tengan en el centro a los usuarios, no que les hagan padecer siempre incomodidades, sobreventas, cancelaciones, sobrecostos, y lo que es algo recurrente, que siempre salgan impuntuales.
Por eso hoy, más que ser la voz de nuestro grupo parlamentario, somos la voz de miles de usuarios que todos los días padecen el mal servicio de aviación en el país. En mi caso, votaré a favor de esta reforma, pero es muy menor frente a la problemática tan grave que vive el país y que en esta época del año se satura aún más, como todos los sabemos. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Fernando Cuéllar, le respetamos el derecho a posicionar al grupo parlamentario.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con la venia, presidente. Efectivamente, este dictamen, esta minuta, que primero fue dictamen acá con nosotros y que ahora viene como minuta, como muchas minutas que estuvieron rezagadas en el Senado, por cierto más de 80, qué bueno que hoy puedan estar aquí abordándose algunas de las más importantes.
Sin duda, nuestra fracción parlamentaria está totalmente de acuerdo en discutir y aprobar las adecuaciones necesarias a estas Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, porque esto justamente impediría que estas empresas extranjeras continúen explotando el espacio aéreo nacional sin corresponder con inversiones productivas que creen fuentes de empleos para nuestros connacionales.
Actualmente en nuestro país tenemos registradas cerca de mil 600 aeronaves matriculadas como taxis aéreos, por lo que es necesario realizar una revisión a fondo, no sólo de los permisionarios extranjeros, sino también de los nacionales para incorporarlos a las modificaciones de esta reglamentación propuesta.
Por eso la iniciativa presentada por nuestro compañero legislador Juan Manuel Carbajal Hernández, representa además una buena oportunidad para revisar la antigüedad de la flota aérea comercial privada y también la no comercial, para incorporar la creación de figuras jurídicas que contemplen su renovación como medida indispensable de seguridad para el espacio aéreo mexicano.
A nuestro grupo parlamentario le parece de suma importancia que se impongan sanciones ejemplares a los permisionarios extranjeros que practiquen el cabotaje en México, ya que muchas veces sus aviones tienen más de 20 años de servicio, y cómo, habría que preguntar, en Estados Unidos sí se tienen estrictos controles en ese sentido, se vienen a nuestro país ante la complacencia del actual marco jurídico que regula el uso del espacio aéreo, a prestar ese servicio, poniendo en riesgo la integridad física de las personas, además de afectar al sector nacional por la diferencia de precios.
Con esta propuesta que impone sanciones ejemplares en caso de infringir la nueva ley, se estaría protegiendo a todos los mexicanos. Anteriormente solo se les imponían multas muy significativas, por lo que nunca les importó infringir la ley.
No deseamos que en México se continúen teniendo accidentes como el que le costó la vida recientemente a una reconocida artista al contratar a un permisionario extranjero que ofrecía sus servicios de cabotaje con aeronaves obsoletas. No queremos imaginar el costo social de esta tragedia si ese avión hubiera caído en una zona urbana.
Las modificaciones que nuestra fracción propone son fomentar políticas públicas que impulsen el crecimiento de la aviación privada en México, simplificando los procedimientos administrativos para el otorgamiento de permisos, ofreciendo certidumbre que elimina la corrupción, readecuando los altos costos regulatorios, evitando la doble tramitación y homologando las regulaciones con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos.
Además, nuestra fracción sugiere que el certificado de aeronavegabilidad se amplíe a solo dos años de duración y no de forma permanente, ya que esto puede fomentar la corrupción siempre y cuando se acredite que la o las aeronaves se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento para realizar operaciones de vuelo, acreditando los mantenimientos preventivos y correctivos que exige la ley, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes.
De igual manera, la fracción del PRD se adhiere al punto presentado en la referida iniciativa que establece la necesidad de que los talleres aeronáuticos y los centros de capacitación que estén ubicados en el extranjero sean reconocidos por autoridad aeronáutica mexicana, con el objetivo de no causar más costos a la aviación en general, que actualmente se estiman en más de 50 millones de pesos al año.
También coincidimos en las reformas propuestas a la Ley de Aeropuertos, con el objeto de facilitar la tramitación de los permisos para obtener aeródromos civiles en zonas alejadas.
Finalmente, y con esto concluyo, presidente, no coincidimos en que la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico sea permanente, pues la revalidación periódica de la licencia es el principal medio de que dispone actualmente la autoridad aeronáutica mexicana.
Por eso, consideramos que el paso que se está dando, si bien no es de fondo, y como ya se dijo hay otros temas como el del Aeropuerto, el tema del nuevo Aeropuerto de la ciudad de México, el grupo parlamentario irá a favor de esta propuesta. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Fernando. Don Juan Manuel Carbajal Hernández, del PRI.
El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández: Con su permiso, señor presidente; señoras y señores diputados. Durante la sesión celebrada el 30 de abril de 2013 tuve a bien presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos.
Lo anterior ya que la evolución de la industria aeronáutica ha requerido de una regularización estricta por la complejidad de su funcionamiento, así como de una minuciosa normatividad para garantizar su seguridad, desde la fabricación de las piezas, el armado de las aeronaves y las comunicaciones, hasta el perfil del personal encargado de los servicios que se brindan en aire y tierra.
El mantener actualizadas las leyes en materia de aeronáutica es indispensable, toda vez que con ello el Estado mantiene su rectoría en esta importante actividad y garantiza su seguridad ante las amenazas y retos provenientes del exterior.
La reforma que hoy tenemos a nuestra consideración cuenta con el aval del Grupo Parlamentario del PRI, puesto que están encaminadas a regular y a actualizar una serie de prácticas que han superado a la normatividad vigente, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, vemos con agrado las modificaciones realizadas por la colegisladora, cuyo propósito es enriquecer la minuta enviada por esta soberanía y que logra alcanzar los siguientes objetivos:
Suprimir el registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros y sólo se les obliga a cumplir con los estándares y métodos recomendados por la organización de aviación civil internacional y/o Administración Federal de Aviación.
Prohibir las actividades de cabotaje llevadas a cabo por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo, privado-comercial en territorio nacional.
Extender la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico a tres años. Determinar el cierre del plan de vuelo en el momento en que la aeronave aterriza, lo que elimina trámites innecesarios y costos operacionales.
Dar certeza jurídica a los prestadores de servicios complementarios, se incorpora el término de base fija de operaciones además de cumplir a 60 días el término en que la autoridad determinará si se autoriza la entrada de la empresa proveedora de servicios complementarios y base fija de operaciones.
La aviación es una actividad que evoluciona constantemente y por ello las normas que la regulan también deben de transformarse con la misma frecuencia, situación que se actualiza plenamente en el caso que nos ocupa, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Don Gerardo Hernández Tapia, para finalizar la lista de oradores.
El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Para nuestro país es muy importante la actividad aeroportuaria, ya que favorece la movilidad de gran parte del turismo que utiliza el transporte aéreo para llegar a México, además de que es un medio que facilita el intercambio de mercancías.
A consecuencia de ello cobra relevancia la actualización de nuestra legislación con las mejores prácticas internacionales en materia de competencia intraaeroportuaria e interaeroportuaria para hacer frente a la realidad económica y social en que vivimos.
El objetivo principal de la presente propuesta de reforma es evitar la competencia desleal que se vive actualmente, ya que existen permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo en territorio mexicano por el cual reciben una compensación y carecen de tratamiento regulatorio alguno.
En tal virtud, es pertinente establecer la prohibición de este hecho y adicionar sanciones e imponer como la revocación inmediata del permiso, multas ejemplares y hasta la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa. Esto permitirá actuar de inmediato a la autoridad, por lo cual los permisionarios ya no podrán seguir evadiendo su responsabilidad como lo han hecho hasta ahora.
Otro de los temas importantes es la seguridad debido a que siempre es necesario garantizar y proteger la integridad física de los usuarios, de sus bienes, así como de terceros.
Por ello, el que se quiera armonizar las modificaciones propuestas con el tema de seguridad operacional permitirá reforzar la seguridad del transporte aéreo, contando con las reglas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de las aeronaves y de su operación.
Asimismo, la minuta en cuestión propone que la vigencia del certificado de aeronavegabilidad sea de dos años y que las licencias del personal aeronáutico civil duren tres años, con lo cual se evita el riesgo de accidentes al inspeccionar, controlar el mantenimiento de las aeronaves y con la renovación periódica de dicha licencia se asegura el cumplimiento de los requisitos en relación con la experiencia del titular. Por último, simplifica trámites en la aviación que ayudarán a eliminar la corrupción y la realización de trámites engorrosos que sólo impliquen un gasto y pérdida del tiempo.
Uno de los principales casos es el referente a la convalidación de certificados expedidos por centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros que cumplan con los estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y/o Administración Federal de Aviación, los cuales serán considerados como válidos, por lo que no tendrán ningún problema al encontrarse debidamente acreditados para prestar sus servicios.
Asimismo la eliminación de los estudios de trayectorias para aeródromos que se encuentran en zonas alejadas –concluyo, presidente– a la ciudad de los aeropuertos por carecer de justificación técnica debido a que por su condición y naturaleza no necesitan dichos estudios ni tampoco espacios aéreos.
Es por lo anteriormente expuesto y con el fin de estimular la competencia aeroportuaria justa, favorecer –en todo momento– a la industria aérea mexicana e impulsar el desarrollo de este sector de transporte que el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No habiendo reservas, ordene la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación para recabar la propia en lo general y en lo particular en un solo acto, por cinco minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde su curul): A favor.
La diputada Yatziri Mendoza Jiménez (desde su curul): A favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde su curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 370 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados en lo general y en lo particular por 370 votos los artículos modificados por la Honorable Cámara de Senadores. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Honorable Cámara de Diputados. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz doña Alfa Eliana González Magallanes.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Gracias, presidente. La transparencia y la rendición de cuentas son una demanda permanente de la sociedad y garantizar que los recursos se ejerzan con honestidad y el dinero del erario no se vaya a manos de los servidores públicos es una función legislativa primordial.
La falta de fiscalizaciones más adecuadas, pero sobre todo el contar con un sistema nacional de fiscalización que disponga de herramientas suficientes para poder sancionar los casos de desvío de recursos, fraudes y gastos onerosos o contratos que se otorgan bajo el sistema del amiguismo, los grupos y el compadrazgo es un reto que debemos atender para combatir la impunidad.
Con base en lo anterior, durante el último año de la legislatura empleamos ocho meses para llevar a cabo el proceso de revisión e integración de una propuesta consensuada del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, órgano auxiliar de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, porque consideramos fundamental que ese órgano técnico esté sujeto a reglas claras y que esto conlleve al desarrollo de un trabajo mejor.
Ése esfuerzo implicó retomar una propuesta de reglamento que se había presentado durante la anterior legislatura, la cual ante la falta de un dictamen precluyó; sin embargo, nos permitió tener un punto de partida para construir el reglamento acorde a las funciones de ése órgano, de coadyuvar en el análisis, establecer propuestas, recomendaciones y fiscalizar al órgano responsable que es la Auditoría Superior de la Federación.
Ocho meses, durante los cuales siempre hubo consultas, revisiones, acuerdos y también debemos admitirlo, disensos, pero en todo momento la posición de la subcomisión de Reglamento de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación siempre mantuvo como premisa la búsqueda de consensos con todas las fuerzas políticas que conforman esta Cámara de Diputados.
En la numeralia, este esfuerzo implico 12 diferentes versiones, cada una de ellas fue objeto de múltiples correcciones que surgían de las aportaciones críticas y los comentarios de seguimiento.
Estas versiones enriquecieron el ejercicio de hacer perfectible en el mayor grado posible este reglamento que hoy está a su consideración. Hoy tras cinco años de retraso en el cumplimiento del plazo establecido por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tenemos una propuesta consolidada y sobre todo consensuada de reglamento interior requerido a fin de dar certidumbre al quehacer de la Unidad de Evaluación y Control, así como contar con una normatividad que permita abonar en nuestra tarea legislativa, con hechos concretos, a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
En este marco, estamos conscientes que si algo fomenta la opacidad es que cualquier órgano político no cuente con normas claras para su actuación.
Otro factor es que las herramientas en su quehacer diario están actualizadas y el reglamento interior vigente data de 2001, corresponde a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación abrogada en 2009. Así, de ser aprobada la presente propuesta se actualizará el reglamento conforme a la normatividad vigente.
En este largo proceso de análisis se revisó la estructura orgánica de la Unidad para que ésta respondiera a cada una de las facultades y obligaciones señaladas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
En este proceso hubo opiniones contrarias en lo referente a la Contraloría Social y lo representado responde a un acuerdo consensuado. Así se logró integrar el articulado con las competencias de las áreas administrativas y sus titulares que integren la Unidad de Evaluación y Control.
Es importante destacar que la plantilla se ajusta a la estructura orgánica plasmada en la propuesta del Reglamento Interior sin que cause alguna ampliación presupuestal. Todo lo anterior permitió que ahora tengamos un Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, para normar el funcionamiento administrativo de la unidad, se establece su organización, las competencias y atribuciones de la unidad, de su titular y de cada una de las áreas administrativas que la componen y quienes lo encabezan.
Señalamos que la unidad contará con un titular, así como con cuatro direcciones, nueve subdirecciones, una secretaría técnica y seis coordinaciones. Se elaborará un programa anual de trabajo, mismo que deberá incluir el programa específico de auditorías y evaluaciones, así como los informes que debe rendir a la comisión, a su vez están incluidas las atribuciones de las unidades administrativas de la unidad.
Finalmente, el proyecto del reglamento dispone que el ingreso a la unidad de servidores públicos de mando será mediante concurso, conforme a las bases y procedimientos que apruebe la comisión. Las promociones y movimientos del personal operativo son una de las atribuciones del titular, y para el personal de mando se requiere la aprobación de la Junta Directiva de la comisión.
En este sentido, el reglamento comprende todas y cada una de las facultades que tendrían cada una de las unidades administrativas d este órgano, iniciando por el titular de la unidad.
Quiero finalizar no sin antes agradecer el esfuerzo conjunto de todos los grupos parlamentarios, principalmente de la diputada Lourdes Quiñones, del diputado Manuel Añorve, del diputado Kamel, y de mis compañeras diputadas y compañeros diputados: Lizbeth Rosas, Víctor Manuel Bautista, y de todos y cada uno porque quizás estoy omitiendo algunos nombres, pero todos y cada uno por el empeño en estos ocho meses de trabajo que se dispusieron para tener este ordenamiento. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Alfa Eliana.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene derecho, y esta Presidencia le da el uso de la voz a doña Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, para presentar moción suspensiva. Adelante, Betsi.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Al principio de este año en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación creamos la Subcomisión para la elaboración, análisis y proposición del proyecto del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control. La Unidad de Evaluación y Control es el órgano técnico de apoyo de la Comisión de Vigilancia, de la cual soy secretaria por parte del Partido Acción Nacional.
Durante ocho meses los integrantes de esta Subcomisión, responsable de la revisión del Reglamento Interno estudiamos, analizamos y elaboramos 12 versiones. Efectivamente, 12 versiones se elaboraron. Sí, escucharon bien. Hacia el final de esos trabajos llegamos al punto de no retorno de que no podíamos lograr el acuerdo de todos los participantes de esta subcomisión.
En sesión ordinaria de la Comisión de Vigilancia decidimos enviar el resultado de este trabajo a la Comisión dictaminadora, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, responsable de cuidad la legalidad y la calidad de las normas que rigen las acciones de esta Cámara, para que en esa Comisión se dictaminara si la iniciativa que expedía este Reglamento en sus términos, era legal o no.
Qué falta de honestidad la de la diputada que acaba de presentarla, al no aclararles que bajo esos términos se acordó enviarla a la Comisión de Régimen. Las atribuciones, facultades y competencias que pretende otorgar este Reglamento a la UEC rebasan por mucho las que establece la Ley Superior.
De cuatro facultades que establece la Ley de Fiscalización para la Unidad de Evaluación y Control, este Reglamento Interno pretende crear 37, que por exceder las que señala la Ley Superior son ilegales a todas luces y por consecuencia incrementa la estructura orgánica y presupuesto.
Además, este dictamen le otorga facultades a la UEC que corresponden a la propia Comisión de Vigilancia. El 28 de noviembre de 2013, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su sesión ordinaria presentó un predictamen en sentido positivo, pero con modificaciones sustantivas sobre la iniciativa de la Comisión de Vigilancia.
Varias modificaciones realizadas por la Comisión enmarcaban el Reglamento en comento en la legalidad y la racionalidad, sin embargo, la misma diputada que subió ahorita a posicionarla pidió que se parara el orden del día, que se eliminara el dictamen que estaba presentando la Comisión y que se aceptara el Reglamento como lo había presentado la Comisión de Vigilancia con toda su ilegalidad.
Una mayoría aprobó esta violación flagrante del quehacer legislativo, sin respetar el trabajo de la Comisión dictaminadora. Vaya, ni siquiera se consideró analizar la calidad del predictamen presentado, se aprobó un Reglamento ilegal porque viola la Ley Superior y quienes lo aprobaron sabían que era ilegal. Yo estaba ahí presente y se los hice de su conocimiento. Qué vergüenza. Qué absurdo, la Comisión de rendición de cuentas, de vigilancia, de fiscalización promueve un reglamento ilegal, sabiéndolo, con todo el conocimiento lo promueve y lo fomenta.
Hoy vengo a hacer esta denuncia, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es la encargada de velar por la legalidad en esta Cámara de Diputados, es la responsable de la adecuación y creación de las normas que rigen el Congreso de la Unión y ahora sus propios integrantes votan por un reglamento ilegal, violentando la ley. Por estas razones presento esta moción suspensiva.
Les solicito, en aras de la congruencia, de su vocación política, por el respeto a la ley que nos debemos y por la dignificación del trabajo de los legisladores, que reinstauren el debido proceso en este trámite.
No es posible que en esta casa, la casa de las leyes, nosotros mismos estemos violando las leyes que diseñamos, que cuidamos y por las que debemos velar para que sean respetadas.
En virtud de lo anterior, solicito atentamente a la Mesa Directiva proceda a someter a votación la presente moción suspensiva al dictamen de referencia y a todos los diputados votarla a favor debido a que es violatorio de la supremacía constitucional y el principio –termino, señor presidente– de reserva de ley, toda vez que el mismo excede en su contenido lo previsto en las leyes de la materia y, en consecuencia, una vez aprobada, suspender la discusión de este asunto en el pleno. Pido a la Presidencia que mi intervención sea integrada en su totalidad al Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión de inmediato la moción suspensiva presentada por la diputada.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada por la señora diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal Ávila.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Sí, diputada Alfa Eliana?
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Gracias, presidente. Iba a debatir las consideraciones que hizo la diputada del Partido Acción Nacional...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lamento decirle que la asamblea no admitió a discusión la moción.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Sí, por eso dije que no lo voy a hacer. Solamente quiero agradecer al diputado Ricardo Mejía, al diputado Rubén Acosta, del Partido Verde, así como al diputado José Alberto Benavides, a quienes omití mencionar en mi intervención. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ándele. Diputado Monreal, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el gran problema de la fiscalización de México, es que la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo una revisión técnica del gasto, pero no todas sus observaciones tienen consecuencias.
No hay instancias sancionadoras, no hay un trabajo que permita generar confianza en el combate a la corrupción. Yo creo que sí debimos haber votado esta moción suspensiva, porque estoy en contra de la premura, del apresuramiento al que someten al Congreso los últimos días de su conclusión.
Hoy mismo tenemos dictámenes y estamos discutiendo y que muy pocos conocen su contenido, porque algunos de ellos llegaron por la noche o por lo mañana de la Cámara revisora o de la Cámara de origen, según sea el caso, y pocos han leído el contenido.
Me parece correcta la posición de la diputada preopinante, creo que tiene razón, y esta premura con la que actuamos hace cometer errores graves. Ahora la diputada Betsy se siente como nosotros nos hemos sentido los dos años y medio, que sin tener calidad los dictámenes la mayoría te impone criterios que están lejos de la Constitución, alejados de la Ley Orgánica y alejados del Reglamento de la Cámara.
La Unidad de Evaluación, incluso pocos conocen las tareas de la misma, porque la Unidad de Evaluación que la Cámara dispone, es una especie de órgano de control de la Auditoría.
Muy pocos conocen su funcionamiento. Y la diputada preopinante afirmaba contundentemente una expresión que me preocupó. Dijo ella, las facultades que le estamos endilgando, de aprobarse positivamente este dictamen, van más allá de su función y sustituye a la Comisión de Vigilancia de la cual formamos parte. Si así fuera, desnaturaliza el propósito de la Unidad de Evaluación.
Por eso me parece pertinente que se hubiese aceptado la moción para que pudiéramos –con más tiempo, más detenimiento, mayor reflexión– evaluar el contenido de lo que se está proponiendo en esta asamblea.
Yo les quiero decir que me quedo preocupado, si ya la mayoría decidió el voto, lo mismo o la misma suerte correrá en el pleno. Pero la reflexión de la diputada preopinante es correcta.
Yo les diré una cosa, tengo una buena opinión, a pesar de esta aseveración tan contundente de la diputada, tengo una buena opinión de la Unidad de Evaluación, pero me preocupa, me preocupa este Reglamento y me preocupa que altere el contenido, facultades y disposiciones de la Ley Orgánica o de la Constitución.
Por esa razón creo que estamos a tiempo para regresarlo a comisiones, para revisarlo con mayor seriedad porque este órgano de la Cámara de Diputados denominado Unidad de Evaluación y Control es clave.
Recuerden ustedes, la corrupción es el principal problema del país. La corrupción es la que está generando la decadencia política del país y no perdemos nada en detenernos. Y en el próximo periodo o en un extraordinario revisar el contenido de este Reglamento.
Yo no estaré en favor. Creo que es delicado lo que aquí se ha planteado. Y ahora la diputada Betsi se siente como nosotros nos hemos sentido en todo el periodo de la Cámara de Diputados. Donde impone una mayoría sin reflexión, sin meditación y sin que tenga la razón. Por la atención de ustedes, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente don Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Necesitamos fortalecer al auditor, del auditor Superior de la Federación, que es el rol que juega la Unidad de Evaluación y Control, que es un órgano de esta Cámara de Diputados que está sujeto a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Me parece que en un sistema republicano de pesos y contrapesos todos tienen que estar sujetos a la fiscalización, el auditor Superior de la Federación quien es el que fiscaliza y revisa el ejercicio del gasto y de las cuentas públicas, también tiene que estar sujeto a una mayor supervisión.
Yo entiendo la preocupación de mi compañera Oswelia y ha sido un debate en la Comisión de Vigilancia, pero considero que debemos darle mayores facultades a la Unidad de Evaluación y Control para que el propio auditor haga su trabajo.
A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que el auditor Superior de la Federación diga que la Casa blanca de Peña Nieto es un asunto entre particulares y que haya una exoneración previa o que cuando le solicitamos que revise, que haga auditorías o revisiones excepcionales a los procesos de licitación, asignación y contratación de obra pública con el gobierno federal o con entidades federativas donde haya recursos federales del Gtrupo Higa y de todas sus empresas relacionadas, nos diga que no lo puede hacer el auditor Superior de la Federación.
Entonces por esa razón me parece que requerimos un mayor escrutinio de la función del propio auditor y quien le corresponde hacerlo es a la Unidad de Evaluación y Control, por eso voy a apoyar este reglamento, entiendo que se le están dando mayores atribuciones, pero esta propia Cámara puede modificar el Reglamento si hay un uso indebido de las facultades del titular de la Unidad de Evaluación y Control. Pero me parece que el propio auditor y la Auditoría Superior de la Federación tienen que sentirse vigilados, auditados, supervisados, para que no emitan exoneraciones anticipadas.
Por eso, en este caso –sin reconocer que en algunos argumentos pudiera estar de acuerdo con la diputada Yáñez–, voy a votar a favor.
Quiero al mismo tiempo señalar que es grave que el Sistema Nacional Anticorrupción siga congelado. Que concluyamos un periodo legislativo –concluyo, presidente– y siga el tema de la corrupción como un tema de retórica mientras siguen multiplicándose casos concretos de corrupción al más alto nivel del gabinete presidencial.
Por eso vamos a votar porque le den dientes a la Unidad de Evaluación y Control y que haya mayor supervisión sobre la propia Auditoría. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Betsi, tiene usted el uso de la voz para perorar en contra, desde su curul; adelante.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (desde la curul): Ahorita voy a esperarme a que hayan los posicionamientos, pero sí le quisiera decir una cosa. Me parece absurdo que estén hablando de subirle facultades, es verdaderamente facultar y darle mayor fuerza a la Unidad de Evaluación y Control. Ojalá y la Unidad de Evaluación y Control verdaderamente se dedicara a revisar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación.
Yo los invito a que vean los trabajos de la Unidad de Evaluación y Control en donde también quiere hacer iniciativas y en donde quiere hacer estudios de desarrollo social como los está presentando, o de temas fiscales.
Me parece verdaderamente absurdo que haya momentos en que las facultades de la Unidad de Evaluación y Control sean superiores a las de la propia comisión, y en ciertos puntos se duda si la comisión le tiene que dar cuentas a la Unidad de Evaluación y Control, o la Unidad de Evaluación y Control, a la comisión.
No solamente eso. El incremento de la plantilla y el incremento del presupuesto ya se hizo sin haber contado con un reglamento que lo autorizara. Me parece verdaderamente grave que en esta casa, que se supone estamos nosotros cuidando la ley y haciendo leyes, la estemos violando de la manera más flagrante y a base de todo, con sustentos que no se fundamentan en ley. Qué vergüenza. Ojalá y verdaderamente puedan ustedes responderle al pueblo de México de estar votando cosas que son ilegales. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Miguel Alonso Raya, desde su curul.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, con mucho respeto para la diputada. El dictamen de esta iniciativa está publicado desde el primero de octubre de 2013. Tenemos más de un año con el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria. Entonces me parece que el asunto debiéramos cuando menos haberlo discutido en los órganos de gobierno de la Cámara de acuerdo a la fundamentación de la inconformidad que cada quien tenga; debería haberse discutido. Si no se discutió como tal el asunto, porque lo que se planteó es alguna vez y en alguna ocasión fue esto a cambio de la Ley de Marchas.
Entonces eso, presidente, digo, nada más para aclarar y puntualizar las cosas, fue lo que se estableció en alguna ocasión en la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias por su atención, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, por cinco minutos.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Yatziri Mendoza Jiménez (desde su curul): En contra.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde su curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde su curul): A favor.
La secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 266 votos a favor, 8 abstenciones, 92 en contra.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide el reglamento interior Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se les informa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el encabezado del capítulo I del título décimo octavo y se adiciona un artículo 284 Bis al Código Penal Federal.
De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple así con la declaratoria de publicidad. Y en virtud de que ésta se cumple, pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza a que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Justicia antes mencionado se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el encabezado del capítulo I del título décimo octavo y se adiciona un artículo 284 Bis al Código Penal Federal. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz la diputada Rocío Corona Nakamura. Adelante, doña Rocío.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. A nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, me permito fundamentar el dictamen que a continuación se somete a la consideración de todos ustedes.
En la sesión del 19 de noviembre del año en curso se recibió al interior de la comisión iniciativa con proyecto de dictamen para reformar el Código Penal Federal.
La citada iniciativa presentada por la diputada Rocío Abreu tiene por objeto adicionar un artículo 284 Bis para instituir como delito la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de que esta práctica deje de trasgredir los derechos fundamentales de toda persona a la dignidad humana, la vida privada, la paz, la seguridad personal y la certeza jurídica.
Así como también el ejercicio de la violencia psicológica por medio de documentos intimidatorios que contienen información falsa y sellos de instituciones de procuración de justicia, son prácticas recurrentes que no pueden considerarse legales.
Quienes integramos la Comisión de Justicia reprobamos esas prácticas y coincidimos con las consideraciones que sustenta la iniciativa de la diputada Abreu, al reconocer que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer miedo para reclamar su derecho, y ratifican que la administración de la justicia es facultad de los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.
Lo anterior porque en la práctica cotidiana existen esas conductas y hechos que trasgreden esta norma e, inclusive, constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos conferidos y protegidos por la Constitución.
Ése es el caso del cobro extrajudicial ilegal que llevan a cabo algunos empleados, trabajadores y representantes de/o despachos de cobranza contratados por personas físicas o morales dedicadas al otorgamiento de crédito y financiamiento, en donde en algunas ocasiones para el cobro de saldos se hace uso de medios ilícitos e ilegítimos del engaño, actitudes amenazantes y en muchas ocasiones con la usurpación de funciones públicas o de profesión.
Al interior de la Comisión de Justicia estamos convencidos de que la cobranza extrajudicial ilegal debe ser considerada delito y objeto de sanción referente por tratarse de una conducta típica, antijurídica y punible, siendo el sujeto activo culpable, limitando de forma clara sus alcances de tal forma que no se afecte la legítima recuperación de los recursos de las personas dedicadas al otorgamiento de crédito y financiamiento.
Cabe señalar que algunas entidades federativas han establecido en sus leyes lo anterior; sin embargo, las actividades de personas dedicadas al otorgamiento de créditos y financiamiento no están sujetas a la legislación local, haciéndose necesario el establecer, como delito de jurisdicción federal, la cobranza extrajudicial ilegal realizada en relación a operaciones, como el otorgamiento habitual y profesional de crédito y financiamiento.
Con esta reforma, para la cual solicitamos su valioso apoyo con su voto a favor, incluiríamos en el Código Penal Federal la sanción de uno a cuatro años de prisión, y multas de 50 mil a 300 mil pesos, a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Además si utiliza documentos o sellos falsos la pena y la sanción económica aumentarán una mitad, así como también si incurre en usurpación de funciones o de profesión se aplicará lo señalado para el efecto.
Finalmente se estaría estableciendo de manera clara la situación en la que incurriría en el delito de la cobranza extrajudicial ilegal, excluyendo los procesos para informar las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago. Respetosamente quienes integramos la Comisión de Justicia sometemos a su consideración el presente dictamen en sentido positivo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún para fijar la postura de Nueva Alianza. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia para tipificar como delito las amenazas y cobranzas extrajudiciales de manera ilegal viene a cubrir un vacío que adolece el orden jurídico, la sociedad ha sido testigo de los diversos problemas que se han suscitado por los métodos que algunos despachos de abogados utilizan para hostigar a las personas que mantienen adeudos con su cliente.
Con mayor frecuencia se envían cartas, se hacen llamadas telefónicas no importando la hora del día ni de la noche y, sobre todo, recurren a imponer sellos en las puertas del domicilio de la persona que por alguna causa incurrió en mora, en donde es exhibida con total discriminación.
Todas esas formas son en tonos amenazantes con proceder al embargo y por lo tanto con la pérdida de los bienes, la gente se muestra indefensa, o saben ni cómo actuar o qué hacer en esos casos penosos, condiciones que los sumen en contante zozobra que por temor a perder su patrimonio piden ayuda.
Esto se debe al desconocimiento que existe sobre lo que pueden y no hacer frente a las agresivas oficinas de cobranza. En Nueva Alianza vemos con beneplácito la emisión de la presente expresión legislativa, porque estamos convencidos en que viene a dar certeza jurídica al público usuario de tarjetas de crédito o a aquellos que contrajeron deudas, porque así se abre una vía judicial a la cual se puede comparecer a presentar las denuncias correspondientes cuando aún sufren acoso, amenazas u hostigamiento de parte de los despachos jurídicos.
Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad nos exige que actuemos con prontitud y oportunidad en casos que se afecte a la tranquilidad de las personas, pero sobre todo cuando existe una estrategia de intimidación y en algunos casos de auténtica agresión contra alguien que por alguna razón dejó de pagar algún adeudo.
En Nueva Alianza estamos seguros que con la tipificación de este delito en el Código Penal Federal se contribuirá a proteger a las personas ante los embates de las cobranzas extrajudiciales de manera ilegal. Con ello se da pleno cumplimiento al mandato constitucional que contiene el principio de que nadie puede hacerse justicia por la propia mano. Las cobranzas extrajudiciales serán motivo de investigación por las instancias ministeriales y judiciales, por ello mi grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Diputada Lilia Aguilar Gil, tiene la palabra hasta por cinco minutos para fijar la postura del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Parecería que la Comisión de Justicia se ha vuelto la Comisión para los rellenos mientras llegan algunas minutas del Senado, sin embargo vamos a posicionarnos sobre este dictamen porque nos parece que es importante explicar un poco de qué estamos hablando.
En la actualidad los ciudadanos en mora son objeto de presión e intimidación mediante llamados telefónicos a cualquier hora del día, por las noches e incluso como todos sabemos, en las madrugadas, y se hace esto a través de operadores que amenazan e intimidan a la gente.
Los medios de coacción causan en los deudores desequilibrios emocionales y sobre todo un gran daño a la dignidad personal de la gente que cree que está siendo acosada verdaderamente por una autoridad. Sin embargo, como todos también en este salón sabemos, se trata de operadores contratados por despachos jurídicos, por contabilidad e incluso personas de instituciones bancarias, tiendas y en general cualquier persona física o moral que crea que teniendo un directorio telefónico, violentando cualquier norma de la Ley de Transparencia, que hace públicos los datos personales de los morosos, va e intimida a aquellos que tienen desde una pequeña deuda hasta deudas de mayor importancia, pero que con la coacción tratan de colectar estos recursos.
Visitan personalmente a los cuentahabientes, por ejemplo en sus domicilios, llegan con autos que parecieran policías e inclusive engañan a la gente que no saben que esto no es un cobro realmente legal.
El maltrato, el insulto a los deudores por parte de los operadores de la cobranza extrajudicial ilegal entonces se han vuelto cotidianos y desde la reforma financiera se nos había pedido acotar estas prácticas, pero no había sido posible y parecía que tampoco era del interés de esta Cámara de Diputados. Poco importaba la existencia de procedimientos ilegítimos de cobranza, siempre y cuando se garantizaran las altas tasas de interés que podían cobrar los banqueros.
No les importa tampoco a los jueces y tribunales que tengan la atribución de compartir justicia y, en su caso, condonar el pago de los deudores. Soslayan deliberadamente que la gestión de cobranza extrajudicial es ilegal y violatoria de las garantías y de los derechos tutelados por las leyes fundamentales, pero tampoco se hace nada.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros y el Buró de Crédito tan sólo en referente a tarjetas de crédito han dicho que existen tres millones de personas en situación de mora que además también son susceptibles de este tipo de cobro extrajudicial.
Es necesario pues poner fin. Era esta uno de los grandes llamados y solicitudes que tenía la gente a los formatos de cobranza extrajudicial que abusaban de la confianza de los datos personales de la gente y, sobre todo, buscaban romper una armonía social. Pero sobre todo tienen un solo objetivo único, el recobrar toda esta cartera vencida sea como sea, violentando los derechos de los ciudadanos.
Tipificar el delito de cobranza extrajudicial y legal, equiparándolo al de amenazas que propone esta reforma para adicionar el 282 Bis al Código Penal Federal finalmente da salida a una de las grandes peticiones de la reforma financiera.
Se pretende sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, al que por medio de la violencia, el engaño, el hostigamiento, la intimidación o cualquier otro medio ilícito requiera extrajudicialmente el pago de un crédito al deudor, al aval o a cualquier otra persona vinculada.
En caso de utilizar documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica van a aumentar y se incurre en usurpación de funciones, o de profesión y se aplicarán las reglas del concurso de delitos. Es decir, no más cobro extrajudicial simulando ser parte de la Procuraduría o ser parte de la Policía estatal o municipal para querer engañar a los ciudadanos.
De ninguna manera se trata de aplaudir el incumplimiento a los compromisos económicos contraídos por actores crediticios, sino que se respete el Estado de derecho del que tanto se ha hablado últimamente en este país y que pareciera que solamente les aplica a algunos.
La legalidad, los derechos humanos y las garantías tuteladas en la Carta Magna deben de ser respetados, aunque se tengan deudas y aunque éstas deban de ser colectadas por aquellos que decidieron hacer un contrato comercial con los ciudadanos que están en esta situación.
Nosotros apoyaremos esta iniciativa, nos parece que finalmente da salida a un gran y sentido requerimiento de los mexicanos en lo que es, definitivamente, un abuso de todos aquellos que se dedican al cobro extrajudicial. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Diputada Luisa María Alcalde Luján. En su lugar, el diputado Ricardo Mejía Berdeja hasta por cinco minutos para fijar la postura de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. La intención, sin duda, es buena y la compartimos. Han florecido despachos extrajudiciales, verdaderos gánster que a las tres, cuatro de la mañana llaman a los domicilios, intimidan, amenazan, incluso mandan papelería haciéndose pasar como si fueran autoridades judiciales o Ministerio Público, con el propósito de intimidar a los deudores, con el propósito de generar temor, con un hostigamiento psicológico, que llega a casos en que a los niños, incluso, les amenazan, les dicen que a sus padres los van a meter a la cárcel, y es toda una persecución.
Sin embargo, yo quiero señalar el doble rasero de la Comisión de Justicia y en particular de su presidente, porque a dos temas iguales les da tratamiento distinto. El diputado Ricardo Monreal y el de la voz presentamos, desde marzo de 2014, una propuesta de adición del artículo 284 Bis, precisamente el tema del acoso extrajudicial, de estos despachos jurídicos de verdaderos gánster. Sin embargo, la guardó y esta iniciativa –que no cuestionamos a la proponente, pero– se presentó el 14 de noviembre de este año. Mientras la nuestra es de marzo, ésta es de noviembre. Pero como la proponente es de su partido, pues tuvo un trámite mucho más acelerado y esto habla de un doble rasero.
Es particularmente en la Comisión de Justicia donde advertimos esto. Tenemos diferencias políticas e ideológicas que son evidentes, pero por lo regular las mesas directivas son institucionales. Y en este caso nos pasó también con la Ley de Medios de Justicia Alternativos, que también la guardaron en el cajón y ahora meten esta reforma. Pero ésa es la forma.
El problema de esta redacción es que dejan una puerta de salida. Una puerta de escapatoria estos pillos que intimidan a la gente. Dice el artículo 284 Bis, que proponen: no se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario y demás. Es decir, ésta es la puerta de salida que van a encontrar.
Y nosotros en la redacción de la iniciativa que presentamos, el diputado Monreal y el de la voz, era mucho más contundente. Un tipo penal que no daba lugar a ningún resquicio para que por esa vía se siga amenazando a los deudores.
La propuesta de redacción nuestra era a la persona que por cualquier medio requiera el nombre y representación de instituciones bancarias, tiendas departamentales o cualquier otra institución. El pago de una deuda propia de alguien con quien esté ligado por algún vínculo familiar, afectivo o se funja como referencia de aval, y este requerimiento se haga fuera de los procedimientos judiciales en la ley, empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento de manera reiterada, se le sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión y una multa de 180 a 370 días de salario mínimo, además de la sanción que corresponda para tal cometido si emplean documentación, sellos falsos, usurpen funciones públicas o de profesión.
Aquí no decimos no se considerará. Era un tipo penal contundente. Y en esta reforma se está planteando la salida. Porque por un lado se dice que se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o el engaño, así como el hostigamiento e intimidación, pero el mismo tipo penal da una salida para que estos despachos que medran con el sufrimiento ajeno, que ni siquiera son abogados muchos de ellos, que compran bases de datos para estar hostigando, sigan haciendo sus negocios ilícitos, por esa razón voy a votar en contra.
Primero, por congruencia porque –concluyo, presidente– el artículo está impreciso y segundo por el doble racero de la Comisión de Justicia que a una iniciativa sobre el mismo tema la congela y otra iniciativa la dictaminan en pocos días.
Y además también señalar, y con ello concluyo, que en la reforma financiera en el Código de Comercio se estableció en el artículo 1168 la radicación de deudores y la retención de bienes, la cárcel a deudores, entonces hay una contradicción. Se tiene que hacer una reforma integral y en este caso no la estamos viendo, por eso nuestra posición sobre este tema. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Diputada Angelina Carreño Mijares, ahora sí, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con toda seguridad, tiene la palabra, diputada, por favor.
La diputada Angelina Carreño Mijares: Muchas gracias, ahora sí. Con la venia de la Presidencia y con el gusto de poder posicionar al Grupo Parlamentario del PRI en un tema tan sensible, pero que principalmente tiene su origen en que los diputados de este grupo parlamentario son diputados que saben escuchar. Saben escuchar a los hombres y mujeres que en su distrito han sido acosados constantemente por la gran proliferación de despachos especializados en materia de cobranza que en todo el país son una realidad que nos aqueja el día de hoy. Y es que, quién no ha recibido una llamada amenazante, engañosa, para reclamar el cobro de un adeudo con lujo de violencia, incluso previo a la fecha del vencimiento de dicho adeudo.
Y esta pregunta en la que varios de nosotros nos reconocemos incluso con las tarjetas de crédito, con las diferentes compañías que brindan crédito para enseres menores, para ropa, para muebles, para vehículos, para muchos otros servicios.
Esta razón de la modificación que va a sufrir la ley tiene como proponente a una campechana, compañera de mi grupo parlamentario a quien quiero darle todo el reconocimiento, que es a la compañera Rocío Abreu, pero también tiene la sensibilidad de quien preside con honor la Comisión de Justicia de esta soberanía. Creo que vale la pena hacer el reconocimiento también del diputado Ricardo Fidel Pacheco, que tiene nuestro aprecio, nuestro reconocimiento pero que sobre todo el día de hoy trata temas tan importantes como el que venimos a posicionar en unidad y con congruencia los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios.
Hoy nos involucra en esta iniciativa que tiene por objeto adicionar artículos al Código Penal Federal para instituir finalmente como delito la cobranza extrajudicial ilegal, engañosa, a fin de que esta práctica deje de transgredir los derechos fundamentales de toda persona.
Es que de fondo lo que estamos legislando el día de hoy en esta soberanía es en defensa de los derechos humanos. Derecho a la dignidad humana, derecho a la vida privada, a la paz, a la seguridad personal y sobre todo a la certeza jurídica, estableciendo una sanción como se ha mencionado de uno a cuatro años de prisión y multa que va desde los 50 mil hasta los 300 mil pesos a quien cometa dicho delito.
Es una iniciativa que el Grupo Parlamentario del PRI respalda con la razón de evitar que para el cobro de saldos o adeudos se siga haciendo uso de medios ilícitos e ilegítimos como el hostigamiento mediante llamadas telefónicas a cualquier hora del día, la intimidación con actitudes amenazantes y en muchas ocasiones con la utilización de documentación falsa, de sellos falsos y que además, en el peor de los casos, se usurpan las funciones públicas o de profesión de otras instancias.
Dichas conductas transgreden gravemente preceptos previstos en nuestra Norma Suprema, que inclusive constituyen –como lo he dicho– violaciones a los derechos humanos no sólo vulnerando el derecho de los deudores, sino que transgreden también en las figuras que involucran a los avales, incluso a quienes con carácter de consanguineidad reciben estas llamadas o reciben esta documentación amenazante causando obviamente la preocupación, el desprestigio y un desequilibrio incluso emocional en todas ellas.
Por ello el Grupo Parlamentario del PRI considera necesario instituir de manera federal como delito la cobranza extrajudicial amenazante o engañosa y de dicho tipo penal, para que se establezcan las sanciones respectivas quedando plasmadas finalmente como una conducta típica, antijurídica y punible.
También deseo señalar –creo que es algo muy importante que se discutió en la misma comisión– que de ninguna manera se pretende animar el incumplimiento de los compromisos económicos que los actores crediticios contraigan. Sólo se trata de que se respete el estado de derecho, la legalidad, los derechos humanos y las garantías tuteladas en nuestra Constitución.
Por lo anteriormente expuesto, en el PRI votaremos a favor, y nuevamente lo repito, con un profundo reconocimiento al trabajo que con pulcritud ha manejado el presidente de la Comisión de Justicia, así como la diputada proponente. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted diputada Angelina Carreño. Gracias, sí estaba preparada.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para la discusión en lo general tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara; hasta por tres minutos señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ya con estos últimos dictámenes la verdad es que ya los ciudadanos nos dicen que se pare ya la Cámara porque ya van a querer legislar sobre corrupción, obviamente a favor de que ésta persista; esclavismo, ese también va a ser otro tema que al ritmo que va lo pueden llevar a ley. Párenle ya.
Miren, en el diagnóstico no vamos a discutir, obviamente todos sabemos que es ilegal, que nadie puede hacerse justicia por su mano, que se violentan los derechos humanos. Es necesaria una ley en la materia.
Lo que no podemos estar de acuerdo es en ésta dizque sensibilidad y este dizque saber escuchar que dice el PRI y nos viene a presumir aquí en esta tribuna. De cuándo acá. De cuándo acá el PRI va a legislar en contra de bancos, de supermercados, de estas empresas de préstamos que han ocurrido, como florecidos, sobre todo en las zonas donde habitan los más pobres. De cuándo acá.
Obviamente lo que sí creo es que en esta operación de recambio estas acciones de propaganda que el PRI y los que no leen las letras chiquitas de lo que votan y ahí van de bruces en lo que todo el PRI dice aquí, es una reforma que es pura propaganda, para decir lo menos, una reforma ilusoria, por no decir demagógica y tramposa, que es lo que en el fondo hay.
Pareciera ser la reforma de navidad, la reforma del buen fin; pero de buenas intenciones está lleno el reino de los cielos. Ustedes, en el cuarto párrafo del artículo 284 Bis, donde dicen que entienden por cobranza extrajudicial y la describen, luego ponen un punto y coma y dicen: “No se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando estas sean jurídicamente posibles”.
Cuando menos sería tautológico, pero no es así. Ya ni hablar de quién va a estar en condiciones de ir a denunciar qué sistema de procuración de justicia –que lo tienen por los suelos, empezando por el señor Murillo Karam y lo que no atiende a resolver–, pues ahora sí con qué.
Es pura demagogia, pura simulación, puras ilusiones y eso es lo que el PRI les lleva a los ciudadanos: retórica, trampas y demagogias. Por eso es en contra nuestra posición en esta reforma que proponen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Desde su curul, diputada Rocío Abreu, que es además la iniciante del dictamen que ahora se discute.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde su curul): Muchas gracias, presidente. Antes que nada quisiera agradecer a la comisión por atender un tema tan importante, un tema que viene del sentir ciudadano, un tema, como bien han expresado mis compañeros, que es una situación preocupante para la ciudadanía: el acoso que viven entre cobros extrajudiciales, entre despachos y entre el abuso que se ha dado con algunas acciones ilegales, como es hacer pasar a gente por ministerios públicos, por la falsificación de sellos, por la intimidación. Es un tema que, como bien sabemos, estamos para atender a la ciudadanía.
Lamento algunas intervenciones en donde no cabe duda que no han caminado su distrito, que no han regresado a atender a la gente, que tienen un desconocimiento total y falta de sensibilidad. Lamento mucho que el ego de no tener ellos una iniciativa les haga decir una serie de incoherencias, cuando sencillamente, si leemos el dictamen, está apegado a derecho. Estamos hablando de tipificar como un delito lo que hoy en día no existe sobre el acoso que viven los ciudadanos en cobro extrajudicial.
Agradezco de antemano el respaldo de todas las fracciones y agradezco a la ciudadanía que es realmente promovente de esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Abreu.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): En contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Había esta Presidencia ha registrado inicialmente la participación de la diputada Alcalde Luján, usted tomó su lugar para posicionar en nombre de su grupo parlamentario. Ahora está pidiendo el uso de la palabra para hablar en contra. Tiene la palabra, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente, porque efectivamente, como usted lo señala son cuestiones distintas.
Evidentemente este es un tema sensible, es como la reforma de la Ley de Consulta Popular, se permite el derecho a la consulta popular, pero la Corte como candado prohíbe la consulta popular.
Por eso nosotros la bautizamos como “ley de simulación popular”, y en este caso es evidente que es una problemática social grave, que causa angustia en millones de hogares del país, pero con la redacción que se está estableciendo le dan un bulevar de salida para que todos estos pillos que se dedican a intimidar, bajo el pretexto de que solamente estaban informando de las consecuencias posibles y jurídicamente válidas, de ahí se agarren para que puedan seguir haciendo sus fechorías.
Entonces coincido con el diputado Huerta, que es propaganda. Van a salir diciendo ya castigamos a los que intimidan a los deudores cuando en realidad el tipo penal es ambiguo, es inexacto y genera que sea pura simulación.
Y yo sí quiero señalar porque sin demérito de la proponente, está en su derecho acusar directamente al presidente de la comisión, el diputado Pacheco –que no está aquí– porque todas las iniciativas que presentamos las congela, y este tema nosotros lo planteamos desde marzo y no con una salida como aquí se está redactando en el artículo 284 Bis del Código Penal Federal, sino con un tipo penal concreto sin ambigüedades y sin salidas.
Por eso nuestra posición es en contra, porque es como la reforma financiera. En la reforma financiera establecieron cárcel a deudores y la retención de bienes, y eso es parte de las reformas estructurales, y ahorita con esto se quieren lavar la cara, hacer propaganda cuando la realidad es que se van a pitorrear los despachos de cobranza extrajudicial con esta redacción, porque ellos van a poder alegar que simplemente estaban informando.
Podrán hablar a las 4:00 de la mañana y sólo estaban informando. Podrán intimidar, y así conforme a la redacción del último párrafo, que sólo estaban informando.
Por eso nuestro voto va a ser en contra y acusamos directamente a Ricardo Pacheco de no dictaminar las iniciativas de nuestra parte. Es la paradoja, el presidente de justicia no imparte justicia parlamentaria y sólo tiene una visión. No está aquí, no es muy culpa. Él seguramente en su oficina o donde esté lo podrá ver, pero por nuestra parte si él quiere luego intervenir por alusiones personales pues estamos de acuerdo. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Quien fue aludido en primer término ha sido el diputado Huerta. Hasta por tres minutos, diputado Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, presidente. Fíjense de que trato de estar pendiente del debate y de que se cumpla el Reglamento. Es una pena que pues no hablen derecho, no se suban a esta tribuna a defender sus posiciones políticas, a defender sus iniciativas.
Claro que creo que debo ser de los pocos diputados que camina tranquilamente por las calles de la ciudad y de cualquier calle. Quisiera que el señor Peña Nieto saliera a la calle, que diera la cara el señor Peña Nieto. Creo que sus hijas donde las ven las corretean. Y eso que no están aquí, imagínense.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, le ruego se ciña...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, voy a...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, cíñase al tema de la discusión.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, sí, sí, claro, estamos hablando de las alusiones personales y del contexto. Vamos a ver, insisto, no salen a la calle, tienen razón. Lo que he dicho es que ésta –y lo suscribo– es una iniciativa –dije yo– demagógica, retórica, tramposa, tautológica y, el adjetivo menos, es decir, ilusoria, porque tiene razón Mejía, qué van a parar las llamadas telefónicas que pretenden disuadir bancos, supermercados y ya las empresitas, éstas, chiquitas que pululan, reitero, por la necesidad de la gente en infinidad de zonas de pobres en este país.
Obviamente que eso no es así, el PRI lo entendemos, los demás pues seguramente pretenderán sacar un buen spot, un buen anuncio, ¿verdad?, para el cine, para los cines de Larrea, que es buen amigo de las bancadas que ustedes tienen, difícilmente, porque difícilmente son capaces de irle a decir a la gente que ustedes legislaron una reforma financiera donde el que no pague al crédito a la cárcel de manera expedita. Ustedes difícilmente van a ir a la calle a decirle a los ciudadanos que entregaron los recursos de la patria a los extranjeros en materia energética, que ustedes perjudicaron la educación de este país.
Ése es el tema, el tema es ése. Lo que no son capaces ustedes de ir a defender a la calle, porque ustedes andan siempre rodeados de guaruras para que no puedan ser increpados con justicia por los ciudadanos. Allá en las elecciones los ciudadanos no van a caer en estas trampas...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame. Además de que su tiempo ha concluido, diputado Huerta, le ruego a las diputadas y a los diputados permitan justamente que concluya. Concluya por favor, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, presidente. Yo decía que no van a ir a dar la cara, excepto cuando tengan que ir a entregar las despensas para tratar de ganar los votos en la próxima elección y obviamente, culmino presidente, el pueblo se los va a dar su respuesta en las urnas. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que el dictamen aborda solamente un artículo y no hay propuesta de modificación, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, por cinco minutos, secretaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Yatziri Mendoza Jiménez.
La diputada Yatziri Mendoza Jiménez (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Está abierto el sistema de votación, por favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz, compañera secretaria, por favor. La diputada Madrid Tovilla, por favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: De viva voz.
La diputada Areli Madrid Tovilla (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: El nombre de la diputada, ¿alguien me puede decir?
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por favor, nombre y sentido de su voto.
La diputada Socorro de la Luz Quintana León (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se emitieron 338 votos a favor, 18 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 338 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el encabezado del Capítulo Primero del Título Decimoctavo y se adiciona el artículo 284 Bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. Por la Comisión para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Francisco González Vargas, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco González Vargas: Con su permiso, diputado presidente. A nombre de un amigo y extraordinario político, excelente parlamentario, ex senador y presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco, vengo a decirles, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que la Comisión de Justicia ha puesto a consideración de esta asamblea, busca permitir que los hijos puedan llevar, primero, de forma indistinta, el primer apellido de su madre o de su padre, de acuerdo a como lo determinen ambos progenitores.
La finalidad del mismo es proteger, tanto a los menores en su derecho a la identidad como contar con un nombre que corresponda a su desarrollo individual, y pretende combatir la discriminación en detrimento de las mujeres al momento de transmitir su apellido a los hijos, garantizando el principio de igualdad de una pareja, o bien, el respetar la esfera jurídica de quien ha decidido comenzar una familia monoparental, abatiendo una disposición arbitraria y descontextualizada, que ya no tiene cabida en un sistema jurídico respetuoso de la igualdad de género.
El proyecto que discutimos se considera virtuoso, toda vez que con esta medida se generará una nueva conciencia entre la población de cómo se forman las familias y el papel de las mujeres en ella y la sociedad.
La igualdad entre los géneros tiene que ser una realidad que se exprese diario de forma normal y cotidiana, para que sólo así se incorpore de manera permanente e indeleble a la realidad mexicana y sea susceptible de transmitirse a nuestros descendientes, traduciendo los avances en materia de igualdad, en conquistas que no admitan un paso atrás.
Es el momento de emprender el empoderamiento de la mujer en una situación tan sensible como lo es la de nombrar a sus hijos, reconociéndoles su potencial como jefa de familia y quien determine la afiliación de su descendencia.
Luego de siglos de una preferencia arbitraria e injustificada al apellido paterno, es de estricta justicia que se reconozca la trascendencia materna también en este aspecto. Es menester también, recordar la costumbre de que las niñas y niños lleven el apellido materno cuando sólo son reconocidos por la madre, lo que ha traído implícito durante muchos años, y en muchos casos, la estigmatización y discriminación de los menores.
En este sentido, la reforma tiene un efecto reparador y de combate a la injustificada distinción, ya que nos encontramos ante la reivindicación del vínculo primario e indudable de la maternidad, pues con la nueva configuración del artículo 58 se abate la diferenciación entre quien porte el apellido de uno u otro de sus progenitores.
Hoy nos congratulamos de que las mujeres mexicanas vean reconocida la misma importancia de su apellido en la inscripción de los hijos. En el mismo sentido celebramos que se les haya dado el derecho y la posibilidad, a las niñas y niños mexicanos, de llevar con orgullo el apellido de sus madres.
Es momento de superar una configuración normativa que no encuentra justificación y cuyo único motivo de ser es la tradición vetusta, desde el derecho romano, pasando por las legislaciones europeas, y de ellas, principalmente de la tradición francesa, a los códigos civiles latinoamericanos como el nuestro.
Este Congreso el día de hoy tiene en sus manos la oportunidad, en su ámbito de competencia, de poner fin a esta arbitraria imposición. Sumarse a los esfuerzos que han emprendido algunas entidades en el mismo sentido e invitar a las restantes a que hagan lo propio, haciendo de México un país más moderno, más justo y más igualitario. Muchas gracias amigas y amigos diputados. Es cuanto, diputado presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora, para fijar posturas, por sus grupos parlamentarios, tiene la palabra el diputado Fernando Bribiesca, a nombre del Grupo Nueva Alianza. Hasta por cinco minutos, por favor.
El Secretario Fernando Bribiesca Sahagún: En muchos aspectos, en la sociedad mexicana aún subsiste aquello de que el uso se hizo costumbre y la costumbre se hace ley. Sin embargo, es un ejercicio benéfico cuestionar nuestros antiguos arquetipos, para identificar si estos son pertinentes, propicios y adecuados en la convivencia moderna y contemporánea como la que aspiramos construir cada día.
Como sociedad somos producto de los procesos colectivos que se iniciaron poco antes del siglo pasado, mismos que a pesar de los años aún se encuentran en etapa de consolidación como nuestro modelo democrático, el educativo o el de rendición de cuentas, por citar solo algunos.
Y de entre estos, uno de los que me más ha costado fortalecer y desarrollar en el país para lograr una gran real convivencia basada en igualdad es precisamente el de la equidad de género.
El trayecto, un devenir inacabado, parte del acceso a la educación superior en 1887 con el derecho al voto en 1953 adquiere un sentido fundamental y en los setenta presenciamos el inicio de una sexualidad responsable y compartida entre ambos géneros, así como el reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer y el hombre a nivel constitucional en 1974.
Pero no es hasta 1975 y posterior al desarrollo de la primera Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en México, que la lucha por la conquista de los derechos de la mujer adquirió un rumbo diferente y más comprometido con el cambio de paradigma.
Desde entonces en la sociedad mexicana hemos visto importantes cambios y transformaciones en el ámbito social, cultural, educativo, laboral, de derechos humanos y entre muchos otros que revitalizan el papel de la mujer y del hombre en un ambiente de igualdad como personas y como género.
No obstante de estos avances, diversos usos y costumbres continúan como arquetipos inalterables y traen como resultado la continuidad de esquemas violatorios de garantías y derechos fundamentales como la equidad, tal y como lo consagra nuestra Carta Magna en sus artículos 1o. y 4o.
Hoy con esta reforma al Código Civil y reconociendo a las pocas entidades del país que han avanzado en este mismo sentido, seremos testigos de una acción legislativa eficaz, pertinente y adecuada. Con ella se erradicará un añejo paradigma patriarcal que nunca ha descansado sobre un argumento jurídico racional que se da al asentar el nombre de un menor sus apellidos, del padre en primer lugar y en el Registro Civil.
En esta reforma al artículo 58, al Código Civil Federal, brinda la posibilidad a la pareja de que mediante un diálogo democrático y consensuado sea entre ellos quienes decidan qué apellido corresponde en primer término y el siguiente, terminando con la añeja costumbre de la prevalencia del apellido paterno sobre el materno, es decir, del hombre sobre la mujer, una arbitrariedad que tardamos 38 años en atender.
Compañeras y compañeros legisladores, los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen al coincidir con los propósitos que la motivaron, la igualdad social y la equidad de género son parte de nuestra agenda legislativa y atiende la exigencia social de que todas las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades en nuestro país.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza refrenda con esto nuestro compromiso con la sociedad para continuar fortaleciendo la plena vigencia de los derechos humanos de las y los mexicanos, en donde la igualdad y equidad de género sea una realidad en la familia, en la escuela, en el ámbito laboral, electoral y en todo aquél que fomente el pleno desarrollo de sus capacidades. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Antes de continuar con la fijación de posturas, quiero también pasar a sanción del pleno si se acepta la modificación presentada por la comisión para incorporarla al dictamen. Solicite la Secretaría en votación económica al pleno si se acepta esta modificación.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Se integra a la discusión del dictamen. Para continuar con la fijación de posturas, ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Esta iniciativa o dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia, finalmente viene a acabar con el obtuso pensamiento del clan –o del clan masculino–. La idea aquella de qué van a hacer mis hijos si no se apellidan como yo; porque la única trascendencia que probablemente podían pensar que tenían los varones en esta vida era preservarse a través de su apellido.
Esta iniciativa que ha promovido y trabajado abiertamente la diputada Alfa González, fue presentada por su servidora hace algunos años en el Congreso del estado de Chihuahua y la respuesta que obtuve fue ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Cómo van a saber que el buen nombre de su familia está puesto en su descendencia? Ésa es la lógica masculina que tiene que ver con la trascendencia del apellido.
Ya no, compañeras y compañeros diputados. No estamos en la época de piedra. La equidad de género no tiene solamente que ver con la igualdad de oportunidades sobre las que –coincidirán conmigo las mujeres– hemos batallado, sino también con el hecho de que de verdad los hombres y las mujeres somos iguales y que la trascendencia de nuestros clanes y nuestra descendencia podrá ser elegida en mutuo acuerdo a través de la selección del apellido de nuestros hijos.
La legislación federal sustantiva actual dice, establece, que el juez determinara de facto que el apellido que tendrá un hijo cuando haya diferencias, será el apellido del padre, cuando por cierto muchas veces ni siquiera se hacen cargo de su descendencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., y 29, determina que el sentido y el alcance del derecho humano al nombre que son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico –y en esto hay que poner atención– e indispensable de la identidad de cada persona, de los individuos, no de los clanes, ésta podrá ser reconocida por la sociedad y como consecuencia será obligatoria a la hora de registrar a una persona. Ese derecho entonces está integrado por el nombre propio y por el apellido.
El prever la previsión implícita de modificar los apellidos de una persona, carece de justificación, no tiene más que un sustento, por decir masculino de trascendencia, para no llamarlo machista, cavernícola o retrógrada.
La CEDAW parte de los pactos internacionales de los derechos humanos y la obligación de los Estados firmantes, para garantizar en el hombre y la mujer igualdad, y entonces esto tiene que finalmente venir a trascender a los derechos también de –en un acuerdo de partes– poder determinar los apellidos que llevarán nuestros hijos.
Adecuar todas las medidas, incluso las de carácter legislativo para derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación para la mujer, tendrá alcances extraordinarios con esta iniciativa.
Entonces para lograr una plena igualdad entre los hombres y la mujer, es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer, y en el concepto de la familia también porque he hablado aquí con mucha conciencia de las familias diferentes.
Las familias ya no están constituidas por el papá, la mamá, los hijos, la hipoteca y el perro. Hay distintos tipos de familias y hay distintos tipos de asociación familiar que también son el núcleo de la sociedad mexicana.
En ese reconocimiento es que esta iniciativa es de gran calado, porque el nombre no era solamente la forma masculina de trascender, sino también recordemos que antes aquellos que eran hijos considerados “naturales”, inclusive se les ponían los mismos apellidos que la madre, y muchos tiempo atrás se les ponía equis, equis. Eso era un signo, una letra escarlata que se consideraba que no había igualdad social y que aquella persona llevaba el signo o la macha de no tener aquel padre que le diera su apellido.
Me parece que debemos de congratularnos por esta iniciativa. Ha costado trabajo, no ha sido fácil porque los hijos que nacen en matrimonios conservadores en una sociedad que todavía en su política y en su legislativo es regido por hombre, nos han dado dolores de cabeza para avanzar en estas iniciativas.
Sin embargo, felicito a la diputada Alfa, felicito en esta ocasión al diputado Pacheco porque hay que reconocerle que ha ayudado a que esta iniciativa avance y me congratulo porque se acabe el tiempo de los clanes y el tiempo de los cavernícolas. En hora buena, compañeros diputados.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a nombre de su Grupo Parlamentario, Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señora Presidenta. En nuestra cultura, la ilusión de muchos padres ha sido tener un hijo varón para que el apellido familiar siga vivo.
El fin del reinado del primer apellido del padre es la modificación que plantea la reforma. El único límite que plantea el proyecto es que todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiere cedido para el primero de los hijos.
En el actual sistema, los hijos deben llevar si o si el primer apellido del padre, salvo que sea reconocido por uno solo de los progenitores. Únicamente a pedido de los papás se puede agregar el de la madre, pero sólo como segundo apellido.
El dictamen del Código Civil en relación al nombre implica cambios que traerán aparejadas transformaciones que pueden resultar positivas en el tiempo. Se afianza el principio de libertad y de igualdad entre los esposos.
Entre las utilidades del proyecto está que puede servir para evitar la desaparición de un apellido que corre peligro de extinguirse. En nuestra historia sobran ejemplos de linajes que se perdieron por esta razón.
En el mundo jurídico el nombre es considerado un atributo inherente a la personalidad. Toda persona tiene el derecho y el deber de usar su nombre. El nombre de una persona permite individualizarla como sujeto y distinguirla del resto de sus pares en cualquier ámbito.
El apellido específicamente contribuye además a forjar una identidad de tipo social que deja traslucir relaciones de parentesco y arreglos de poder social sellados hacia adentro de la institución familiar.
Permitir a la mujer que transmita su apellido a su descendencia sin imponer a los hijos el apellido paterno, como ocurre en nuestro país, y ponerlos en términos legales es una forma equitativa que salda una deuda de igualdad de derecho vigente para con las mujeres.
Posibilitar legalmente un acuerdo entre los progenitores y prestigiar la autonomía de la voluntad de la elección del apellido, es una forma de democratizar los vínculos familiares más allá de las tradiciones culturales fuertemente arraigadas en el imaginario social como ha ocurrido durante años en nuestro país.
Éste es el paso de un modelo familia más paternalista hacia otro en el que la mujer va adquiriendo un lugar de mayor paridad y protagonismo. El dictamen, establece que el orden de los apellidos de una persona podrá ser elección de los padres manteniéndolos para todos los hijos.
Por lo anteriormente expuesto y garantizando la equidad que no se demostraba en este rubro, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de la presente reforma. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidenta. Cuando buscamos hacer una reforma que favorece a las mujeres, regularmente escuchamos comentarios como “feminazis”, “feministas recalcitrantes”, por decir solamente algunos de los comentarios que se hacen sobre nosotras, seamos o no feministas.
Estas palabras prevalecen en nuestro vocabulario, incluso en el de las mujeres; sin embargo, alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres debe ser siempre una prioridad para todas y para todos, iniciando por quienes somos servidores públicos.
La intención de esta reforma al Código Civil Federal, es que los progenitores determinen de común acuerdo, cuál es el orden de los apellidos con el que serán registrados su hijos.
Podemos calificar esta reforma como estructural, porque rompe los esquemas más conservadores. Justo con esos esquemas conservadores que argumentaban que la aprobación de esta modificación provocaría divorcios y que con ello se lesione el esquema familiar.
Para su aprobación hemos enfrentado muchos retos, empezando por el tiempo, por el que nos llevó lograr el consenso para que se aprobara esta reforma. Y también debo aquí hacer un paréntesis para agradecer al presidente de la Comisión de Justicia, al diputado Pacheco, por todo el respaldo que tuvimos.
Prosigo. Dentro de estos mismos retos que mencionaba nos comentaron el temor de los divorcios o separaciones –porque se iban a generar– por pedirle a una pareja que se pusiera de acuerdo en el orden que los deben llevar sus hijos. Hicimos una adenda para frenar este temor, y la adenda consiste –y creo que me parece pertinente aclararlo– en que cuando no exista acuerdo –estamos hablando de parejas– entre ambos padres o las madres, cuando se trata de familias como parentales, por así decirlo, cuando no exista acuerdo prevalecerá en primer término el apellido del progenitor.
Esta reforma busca reconocer que tanto los padres como las madres tienen derecho por igual y de común acuerdo de elegir cuál de los dos apellidos debe prevalecer en primer término; y no será una decisión caprichosa, sino que respetará el mismo orden para todos los descendientes. Es importante decir que con esto nos colocamos a la par de países cuya legislación está más avanzada en estos temas, tales como: Colombia, Portugal, Chile y España, entre otros.
También en estados de nuestro país, como Yucatán, es posible determinar cuál de los dos apellidos se inscribe en primer término. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el principio de inmutabilidad que rige el nombre de las personas por sí solo no puede ser una consideración suficiente para negar la posibilidad de modificarlo y adecuarlo a la realidad de quien así lo solicite.
Un ejemplo de la batalla legal que se suscita respecto de la modificación de los apellidos es el caso de dos hermanas que acudieron ante la Corte manifestando en su petición de amparo que el padre biológico no fuera quien no fue quien asumió el rol de paternidad frente a su familia y a la sociedad.
Históricamente y con base en un sentido de pertenencia se ha colocado el apellido paterno siempre en primer orden o, en su caso, cuando una mujer contrae matrimonio se ha suprimido el apellido materno y colocado después del paterno un de seguido del primer apellido del marido. No debemos olvidar que justo en países referentes para el conservadurismo mexicano ya hay avances bajo el criterio de que no se puede dejar a las mujeres de lado en un asunto que les compete también como procreadoras de los hijos e hijas.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que se debe eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares.
En el caso de hijos de madres solteras es común que el apellido paterno, como ya lo mencionaba la diputada Lilia Aguilar, se les hagan anotaciones equis, equis, lo cual resulta discriminatorio. Por ello, con esta modificación al Código Civil se pretende el pleno reconocimiento de sus derechos.
Hace mucho tiempo la foto de los libros de texto de papá, mamá, hijos y perro, quedó atrás porque hoy existe una gama de conformación de las familias en nuestro país distintas a ese modelo tradicional. Cabe recordar que tenemos pendiente de aprobar el formato único de las actas de nacimiento del Registro Civil, en el cual podrá materializarse esta reforma.
Nuevamente agradezco a todas, sé que hay quienes no podrán acompañarnos en este dictamen pero aun así sé que en algunos de ellos nos respaldan sin embargo no podrán votar, pero agradezco todo el esfuerzo de todos los grupos, el diputado Héctor Gutiérrez, el diputado Manlio Fabio, gracias por su apoyo. Mis compañeros, la diputada Verónica Juárez, que me ha asistido en esta iniciativa con sus consejos. A todos y todas muchas gracias. Gracias, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a nombre de su Grupo Parlamentario, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Acción Nacional.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, lamento mucho no ceder a los cantos de las sirenas de la corrección política y hablar por qué Acción Nacional habrá de votar en contra de este dictamen.
Nosotros consideramos que la reforma tal y como está planteada, por muy buenas intenciones que traiga, va a traer también consigo una enorme cantidad de problemas administrativos de los que nadie quiere venir aquí a hablar ni mucho menos a hacerse responsable.
Cambiar el orden de los apellidos o cambiar la posibilidad de que los padres de familia decidan el orden de los apellidos va a traer problemas, primero en materia sucesoria cuando queramos ver qué va a pasar con los testamentos, el llamamiento a los herederos. Va a traer problemas en materia familiar; va a traer problemas en registros civiles, en cualquier otro registro de personas; va a traer problemas para determinar la filiación; va a traer confusión de personas en procedimientos judiciales o administrativos.
Va a traer un problema con las homonimias, que como ustedes saben, espero que sepan, es cuando dos o más personas se llaman de la misma manera, y esto es algo que esta Cámara no debería permitir.
Yo sé que siempre es muy tentador legislar de cara a la porra de sol, pero lo que no es tan fácil hacer es ver evidentemente cuáles son las consecuencias que va a traer lo que se quiere hacer con una reforma como esta, que no responde a absolutamente a ninguna demanda ciudadana.
No he visto nunca a una persona que se manifieste en las calles para pedir que le dejen cambiar el orden de los apellidos de sus hijos. Y decir que con esta reforma se está empoderando a la mujer, señoras y señores diputados, francamente es algo demagógico. Así que Acción Nacional por supuesto que habrá de votar en contra de esta reforma, porque creemos que se debe de legislar con responsabilidad y no con corrección política.
Los clanes y las tribus de las que se hablaba en esta tribuna están en otro lado, nosotros queremos hablar, en vez de clanes y tribus queremos hablar de familia y queremos hablar de la identidad familiar que otorga el apellido, y por eso adquiere un sentido el que tengan orden los apellidos, precisamente para garantizar que a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas pueda existir una noción de identidad y de pertenencia familia. No queramos cambiar por cambiar tradiciones que si existen es porque han funcionado.
Se ha hablado en esta tribuna a lo largo de esta Legislatura durante mucho tiempo, muchos años, por ejemplo, de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. El que existan usos y costumbres tiene una razón de ser. El que existan ciertas tradiciones tiene una razón de ser. Y querer cambiar todo simplemente por un ímpetu revolucionario, pensando que de esa manera se va a empoderar a cierto sector social, no es ni progresista ni es liberal, es demagógico.
Además, señores diputados, estamos en una situación muy grave en este país. Este país está ardiendo en llamas por motivos de inseguridad, por motivos de corrupción, por motivos de nulo crecimiento económico, de devaluación del peso, caída en la Bolsa de Valores. Y nosotros, los diputados, el último día de sesiones estamos aquí viniendo a legislar el cambio en el orden de los apellidos. Qué buen ejemplo le estamos dando a la sociedad.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para presentar su propuesta de modificación, tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, hasta por tres minutos.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): ¿Le presento la reserva?
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sí, por favor, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidenta. Voy a explicar tres cosas; una, cuáles son las dudas que tengo sobre este dictamen; segundo, por qué a pesar de las dudas he decidido votar a favor; y tres, qué es lo que considero un retroceso o más que nada considero que en virtud de lo que ya ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre nuestro artículo 1o., es algo que ya no debiéramos estar reproduciendo, porque hay una discriminación clara en la redacción del dictamen. Son estas tres cosas y por las cuales presenté esta reserva.
Las dudas. La primera duda, es que puede ser un factor de conflicto en la pareja, pero finalmente soy demócrata y sé que esta salida que le dio la comisión de que en caso de empate perdura los usos y costumbres. Ésa es la salida que le dieron, pero que haya esta salida no quiere decir que no vaya a haber un conflicto más que éste, que puede ser mediano, regular o mayor este conflicto. Pero como creo en la democracia, espero que sean las parejas capaces de encontrar una forma para resolverlo.
La segunda duda, es que creo que para muchos historiadores, genealogistas, etcétera, puede significarles una complicación el desorden en cómo se marcan los apellidos para buscar exactamente las genealogías y saber quién es pariente de quién, etcétera, como se hace, y luego es un instrumento para la investigación importante.
Pero como soy de izquierda y soy demócrata como digo, prefiero esto y prefiero la equidad de género y la igualdad de género al orden. Prefiero la democracia y el ejercicio de derechos iguales al orden que sí se puede modificar, complicando investigaciones. Ésta es la razón por la que voy a votar en lo general a favor.
Cuál es el retroceso o lo que yo creo que ya no cabe. Lo que ya no cabe es hablar de un modelo de familia. Hay familias en México, es más, ya la pluralidad de familias no es la excepción. Hay una pluralidad y una gama de familias muy importantes que enriquecen la sociedad mexicana como en el mundo.
Y aquí volvemos a hablar como si todas las parejas fueran hombre y mujer, y hablan de madre y de padre, y no hablan de los matrimonios o las parejas homoparentales. Es decir, padre y padre, y madre y madre, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha dado plenos derechos, incluso, para adoptar hijos y tener familia. Y si no lo hacen, bueno, entre madre y madre no hay problema, una se embaraza de las dos y una es la madre y también la madre, y eso existe y eso está perfectamente aceptado.
Pero aquí en el Congreso estamos muy atrás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de los años de nuestros ministros. Estamos muy atrasados. El otro día que estábamos hablando de la Ley de Juegos y Sorteos, decía que no se podía discriminar por preferencias. La Constitución dice, preferencias sexuales. Pero alguien decidió que como le vamos a poner preferencias sexuales, no me vayan a salir pelos en la mano por decir preferencias sexuales.
Y ahora nos dan esto, con esta misma reproducción, de un viejo esquema, de una familia, que muy sana esa familia pero no es la única familia posible. Y también hay, insisto, por el artículo 1o. constitucional y por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plenos derechos a las parejas homoparentales, que además tienen hijos.
Por eso voy a presentar esta moción, para en lugar de decir que el primer apellido es de la madre o del padre, según se pongan de acuerdo, y si no, ésta es la redacción que estoy proponiendo: el acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan. Es decir, el primer apellido de cada uno de los padres, o en su caso, el primer apellido de cada una de las madres. Entendiendo que cuando uno habla de padres es padre y padre o padre y madre. Y cuando uno habla de madres es madre y madre.
Entonces, en el orden que de común acuerdo determinen, el orden elegido deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación, etcétera, etcétera. Por supuesto, presidenta, pido que quede íntegra mi reserva en el Diario de los Debates.
Pero de esta manera no discriminamos. No es una ocurrencia, no es algo que yo quiera decir. Es del primer mundo, es lo que ya está en nuestra Constitución. Y es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado de nuestro grandioso artículo 1.
He dicho que yo estoy empujando porque la salida a la crisis sea una nueva Constitución. Pero hacer una nueva Constitución no quiere decir empezar de cero. La de 1917 se apoyó en la de 1857. Y si hay una nueva Constitución y podemos lograr el Constituyente para renovar nuestro pacto social y darle credibilidad de nuevo al sistema político, que hoy no tiene credibilidad. Ninguno de los partidos tiene ahorita credibilidad ante la sociedad. Ése es un problema que tenemos, las instituciones no tienen credibilidad.
¿Cómo se las volvemos a dar? Estoy planteando... Espérenme, es que hablé en lo general y presenté mi reserva y están unidas y yo creo que así se lo hice saber a la presidenta. Pero ya estoy concluyendo.
Lo que quiero decir es que yo aspiro a una nueva Constitución que parta de nuestro artículo 1. Que ésa sea el punto angular y que lo demás lo saquemos en su espíritu de inclusión, de no discriminación.
Y presento esta reserva para no violentar ese artículo 1 de la Constitución. Para que no queden discriminadas las parejas homoparentales y las parejas del mismo sexo, hombre y hombre y mujer y mujer, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la nación puedan tener exactamente los mismos derechos que cualquier otra pareja y así no discriminamos y aceptamos la pluralidad de las familias y no solo un modelo de familia al cual respeto, pero no es único y qué bueno que no es único porque viva la diversidad. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. En efecto, presentó su reserva, además de la argumentación. En este caso estamos en una discusión en lo general y en lo particular. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse la modificación, en votación económica.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, hasta por tres minutos.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Gracias. Con el permiso, diputada presidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Mi padre vive más en mí por su ejemplo que por el orden de su apellido y mi madre no necesitó colocar por delante el suyo para empoderarse y para empoderarme.
Esta tarde estamos reunidos para aprobar una serie de dictámenes importantes para la nación, sin embargo parece que se nos coló uno por demás ocioso y es que, como lo mencionaron antes, habiendo tantos temas importantes para la nación como es la seguridad, la economía que va a la baja, la corrupción que va a la alta, nos estamos entreteniendo en este tema, cuál apellido poner en primer lugar, el de la madre o el del padre.
Y estamos aquí, diputadas y diputados, para legislar y legislar significa generar una serie de ordenamientos, que como su nombre lo dice dan orden a la sociedad. Y este dictamen lejos de dar orden a la sociedad, parece que lo que quieren hacer es meter a la sociedad en un caos y a la familia en un bote y encerrarla, lanzarla al mar y que se olvide todo el mundo del tema de familia.
Repito, estamos aquí para generar leyes que ordenen a la sociedad y esto que hoy estamos discutiendo el de ponerse de acuerdo los padres, el padre y la madre sobre el orden de los apellidos, lejos de generar orden generará disturbios justamente entre la pareja.
Y es que a lo mejor parece soso lo que voy a decir, pero si ponerse de acuerdo para ponerle el nombre al niño o a la niña ya es complicado, quiero ver a la pareja discutiendo –sí, discutiendo– sobre el orden de los apellidos.
Seguramente muchos de ustedes, sobre todo los que son abogados y comparten la sociedad en algunos de sus despachos, han vivido esto de ponerse de acuerdo sobre cuál apellido debe ir por delante en el nombre del despacho. Si el despacho Lugo Jiménez o Jiménez Lugo; o aquellos que saben mucho de telenovelas, Televisa, TV Azteca, también saben del problema que representa cuál crédito va primero, cuál apellido va primero. Parecen ejemplos sosos, pero lo mismo pasará al interior de las familias cuando tengan que ponerse de acuerdo sobre el apellido del niño o la niña.
Qué bueno que aquí un par de diputados, la diputada y el diputado que me antecedieron, reconocieron que este tema se trata también de familias o de parejas formadas por dos personas del mismo sexo –homoparentales– y efectivamente, quiero ver de qué manera se ponen de acuerdo para ver cuál es el apellido que lleva, el de la madre o el de la madre; el del padre o el del padre, que no sé si eso puedo existir. Creo que no.
Esto es demagogia, solamente demagogia. El orden de los apellidos no empodera a la mujer. Son otros los elementos, son otros los actos jurídicos los que realmente empoderan a la mujer, no el orden de los apellidos.
Repito, estamos aquí de manera ociosa y el Partido Acción Nacional votará en contra este dictamen que lejos de generar certeza jurídica en los temas de herencia, de juicios sucesorios, de disputas entre varios herederos, solamente generará más caos y más desorden.
Los invito, y hago una reflexión especialmente para nuestros compañeros y compañeras del PRI a votar en contra este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No habiendo más registro de oradores, se considera agotada la discusión. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.
La diputada Yatziri Mendoza Jiménez (desde la curul): En contra.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Señora presidenta, se emitieron 234 votos a favor, 23 abstenciones y 72 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 234 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Abel Guerra Garza, hasta por cinco minutos, por la comisión dictaminadora.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Le pueden dar sonido a la curul de la diputada, por favor?
La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): Gracias, presidenta. Únicamente quiero aclarar algo respecto al dictamen que acabamos de votar y que por cierto voté en contra.
Algunos de los argumentos decían que para un hijo resultaba un estigma no llevar los apellidos del padre. Únicamente quiero comentar que yo soy hija de madre soltera; para mí no es ningún estigma, para mí es un motivo de orgullo, y mi señora madre no necesitó ni de leyes ni de empoderamientos para tener las faldas en su lugar y sacarme adelante. Es todo, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Queda registrado su dicho, diputada. Por favor, diputado, para fundamentar el siguiente dictamen tiene el uso de la palabra.
El diputado Abel Guerra Garza: Con s permiso, diputada presidenta; compañeras y compañeros, presento el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, a favor de la iniciativa presentada por el diputado Jorge Herrera Delgado, que en paz descanse, a quien recordamos con cariño y admiración. También participamos la diputada Guadalupe Velázquez y un servidor.
La iniciativa se fundamenta en dos momentos: la necesidad de adecuar el marco legal generado por los cambios en la estructura administrativa federal y que deriva en la creación de la Sedatu con el objeto de reorganizar funciones en materia agraria, ordenamiento territorial, vivienda y de los asentamientos humanos.
En los trabajos de la mesa interparlamentaria de la pasada Legislatura, donde uniendo esfuerzo Cámara de Diputados y Senadores, se llegó a conclusiones interesantes de donde se tomaron las de la actualidad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-1028 consolida esta visión al proponer como estrategia mayor coordinación que garantice la participación de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento sustentable del territorio y el impulso al desarrollo regional urbano, metropolitano y de la vivienda.
La propuesta incluye principios como accesibilidad a servicios, ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad, crecimiento ordenado de los centros de población, vida digna, participación social, prevención a fenómenos naturales y respeto al medio ambiente.
Asimismo, fortalece el papel rector del gobierno federal en materia de políticas nacionales de asentamientos humanos, suelo urbano, vivienda, transportes urbanos y metropolitanos, planeación y coordinación del financiamiento de infraestructura y equipamiento urbano metropolitano y regional, coordinando esfuerzos de ordenamientos en puntos de conurbación y zonas metropolitanas, evita la ubicación de centros de población en zonas de riesgo y tierras consideradas de preservación ecológica.
Las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos que se proponen son un paso importante para fortalecer nuestro marco jurídico, otorgando mayor relevancia a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, optimizan la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y solventan un vacío legal en zonas metropolitanas y de conurbación en función de lo previsto en el artículo 115 de la Constitución política de México.
En la Comisión de Desarrollo Urbano consideramos que estas reformas darán a México herramientas para lograr mejores condiciones para nuestros asentamientos humanos para mejorar las condiciones propias de nuestras familias y aseguran vigencia plena del estado de derecho.
Por eso, la Comisión de Desarrollo Urbano recomienda que votemos a favor del dictamen que hemos señalado como favorable. Agradecemos a todas las fracciones su voto en el mismo sentido. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para hablar por su grupo parlamentario hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La lectura puntual de cada disposición de este dictamen lleva a la conclusión de la implementación de un centralismo que abona al poder imperial de la presidencia sustentada en la corrupción. En la propuesta se rompe el pacto federal para subordinar a los gobiernos de las entidades y los municipios.
A través de la reforma del artículo 7 se determina que corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras, la de coordinar las políticas nacionales en asentamientos humanos, sólo urbano y vivienda, transportes urbanos y metropolitanos, planeación y coordinación del financiamiento de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano, metropolitano, regional y para el ordenamiento territorial. Con la participación –y esto lo subrayo, que se escuche bien– que corresponde a los gobiernos estatales y municipales.
En la fracción XII de este artículo se subraya la atribución del Ejecutivo federal para –entiéndase bien– vigilar las acciones y obras relacionadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo regional urbano y metropolitano.
Que las dependencias y entidades de la administración pública federal ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas y los municipios, así como los sectores social y privado.
Estos y otros preceptos, si han leído bien el dictamen, que la verdad sea dicha –lo dudo– fomentan un control centralista del gobierno federal sobre los intereses y prerrogativas de las entidades y los municipios.
Este centralismo atiende al contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2014-18, publicado ya el 29 de abril del 14 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se señala, se vislumbra como metas nacionales un México próspero y un México incluyente donde consideran que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competitividad y conectan el capital humano con las oportunidades que generen la economía.
Y así mismo se prevé apoyar el desarrollo de la infraestructura con una visión de largo plazo basado en sus tres ejes rectores: desarrollo regional equilibrado, desarrollo urbano y conectividad logística.
Para lo cual ya en la estrategia 5.3, el gobierno de la República junto con instituciones financieras de vivienda seguirán otorgando créditos hipotecarios a los sectores del sector formal, ampliando los recursos para nuevos programas de financiamiento.
Y en la estrategia 5.4, en coordinación con el sector privado, llevarán a cabo certificación de desarrollos, procurando su crecimiento ordenado. Y dicen: asimismo impulsará la recuperación de vivienda abandonada a través de rehabilitación de infraestructura y servicios urbanos, a fin de mejorar el acceso y sustentabilidad económica y social de las áreas urbanas.
Y la pregunta es: ¿Dónde está el negocio? Ah, pues miren, es muy sencillo, para el desarrollo urbano y la construcción de vivienda, dotada la infraestructura y servicios básicos, el acceso ordenado del suelo, se estima una inversión de 1 billón 860 mil 740.50 millones de pesos, de los cuales 893 mil 133.40 millones serán de recursos públicos federales, sólo 88 mil 67.70 millones a subsidios y el resto recursos privados, es decir, más un 1 billón de recursos federales para el negocio, aparte de los de IGA, evidentemente él también juega en ésta y en otras canchas o quién sabe si juegue mucho más aquí.
Recursos que deben ser administrados por el gobierno central y que, de acuerdo al artículo 1 Bis de la reforma de la Ley General de Obra Pública y Servicios Relacionados, aprobados por ustedes el 9 de diciembre, se excluyen de la transparencia y procesos de licitación contenidos en la misma.
Discrecionalidad para el ejercicio del presupuesto público es lo que buscan con la reforma secundaria, en particular con esta ley se busca un control del recurso destinado a vivienda y ordenamiento urbano, control no sólo económico, sino además políticos, que subordina los gobiernos estatales y municipales a los intereses de la camarilla del todavía presidente de la República.
El PRI de los años 50, remasterizado, que se valió del sector de la CNOP para ganar votos y para hacer grandes negocios, ahora lo quieren redimensionar en esta coyuntura con Peña Nieto, para lo mismo, para los negocios, para la robadera, parea la tranza, para todo lo que siguen ocupando al PRI en la lucha urbana de los ciudadanos, y eso es lo que quieren hacer con estas reformas. Ya lo seguiremos debatiendo, porque se ve que les urge, ojalá se subieran a la tribuna a dar sus razonamientos, que la verdad no abundan en los de enfrente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para hablar por El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadana presidente, en 1900 una de cada 10 personas vivía en ciudades, actualmente casi 3 mil millones de personas, o sea casi la mitad de la humanidad reside en centros urbanos.
Uno de los resultados de este rápido aumento de la población urbana es que millones de pobres de todo el mundo viven hacinados en barrios y asentamientos ilegales, en condiciones de vida por debajo de los niveles mínimos necesarios para garantizar la salud de las familias y comunidades, según datos del Centro de Información de Naciones Unidas.
A pesar de algunos avances, hoy enfrentamos retos de magnitudes considerables, porque en el caso de México presenta marcadamente contrastes con este tema de la población y de la habitación. Una enorme dispersión de la población rural, el porcentaje de personas que habita en comunidades rurales ha disminuido notablemente, en 1950, por ejemplo, representaba un poco más del 57 por ciento del total de la población de país, y ahora en 2010 las personas que habitan en comunidades rurales es apenas el 22 por ciento.
Una muy importante concentración poblacional en pocas ciudades, el desarrollo de grandes zonas metropolitanas, Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, donde habitan cerca del 28 por ciento de la población nacional.
Recordemos que en 1950, cuando menos el 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 es del 71 y ahora casi del 80 por ciento. Por eso esta reforma me parece que está pasando también desapercibida. Esta reforma no es la panacea.
Miren ustedes, hace unos años leí un libro que se llama La tierra explota, y es de un politólogo curiosamente, de Giovanni Sartori, que habla sobre este tema de las concentraciones urbanas y de los lugares hacinados por la población, por la carencia y por la pobreza.
Este tipo de asentamientos se presenta normalmente en áreas no aptas para el crecimiento urbano, ya sea por tratarse de superficies destinadas a la preservación ecológica, cuya consistencia es muy frágil y riesgosa o bien terrenos sujetos al régimen ejidal y comunal y aun grandes propiedades privadas, originadas por la demolición de antiguos depósitos, viejos edificios, que han estado vacante durante años y que han sido elegidos por la gente que ha inmigrado a las ciudades a traídos por las oportunidades que esta ofrece.
En México sí debemos reconocer los retos de la urbanización, pero también debemos reconocer que se requiere una visión integral del desarrollo que involucre ambientes o aspectos ambientales, aspectos sociales, económicos y políticos.
Este dictamen, particularmente plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y amplía el objeto de dicho ordenamiento, abriendo la posibilidad de fijar normas básicas tendientes –dice el dictamen– a garantizar la seguridad y protección de los habitantes, previniendo los riesgos naturales derivados de los asentamientos humanos.
Quiero decirles lo siguiente. En los últimos años esta Legislatura ha venido legislando para concentrar facultades y funciones. Esta reforma no es la excepción, en efecto, se sacrifican facultades y funciones de los estados y de los municipios para concentrarlos en la Secretaría denominada Sedatu, que va a generar una centralización enorme en detrimento del federalismo.
He sostenido siempre que para resolver los problemas de México no se necesita simple y sencillamente concentrar facultades y funciones, o acudir al centralismo obsesivo, abusivo, absorbente. Esto va en detrimento de un federalismo auténtico, concentra facultades a dependencias del gobierno federal y le suprime facultades a estados y municipios. Por esa razón nosotros no podemos estar en favor de ella.
Para mí todas las funciones y facultades que concentran poder en el centro, no deberían aprobarse. Si los gobernadores, los presidentes municipales han hecho mal uso de sus facultades contenidas en la Constitución y en la ley, es un asunto de perversión política y de corrupción política, pero no vamos a resolver el problema concentrando facultades, fortaleciendo el centralismo y debilitando al federalismo.
Estas tesis, por cierto, señores, siempre se sostuvieron por la derecha. Recuerdo los grandes debates sobre el federalismo y gran parte de juristas de la derecha sostenían que el federalismo debería reforzarse y no concentrar facultades y funciones en detrimento de los estados libres y soberanos.
La izquierda siempre ha sostenido que el centralismo abusivo y el centralismo obsesivo deben eliminarse. Hoy estamos a contracorriente, todos los días legislamos para concentrar facultades y fortalecer el centralismo. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. No se encuentra. Tiene entonces, la palabra el diputado Valentín González Bautista, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Valentín González Bautista: Diputada presidenta, con su autorización. Diputadas, diputados, la planeación democrática es una obligación y es una responsabilidad del Estado, de su estructura jurídico-política, pero sigue siendo una aspiración para que pueda llevarse a la práctica, para que pueda hacerse realidad.
Yo soy electo por el distrito 29, con cabecera en Nezahualcóyotl, del estado de México, comunidad donde he vivido más de 57 años y que fue resultado de uno de los asentamientos humanos más sorprendentes que se inició en la década de los cincuenta y que en los setenta ya tenía dentro de su población millones de compatriotas, llegados de todos los estados de la república.
Un gran asentamiento humano irregular, sin servicios públicos, sin agua potable, sin drenaje, sin transporte, sin escuelas, sin mercados, sin centros de salud. Producto de la corrupción y del extraordinario negocio de los fraccionadores ilegales, que despojando la tierra de propiedad social, terrenos de la comunidad de Santa María Magdalena Chimalhuacán autorizaron un fraccionamiento gigantesco donde crearon colonias irregulares, con altos niveles de marginalidad de pobreza. Es el ejemplo claro de la anarquía, del desorden, de la corrupción en esta materia.
La iniciativa que se debate, que desde luego es un avance, nos tiene que remitir necesariamente a que hay que poner atención respecto del riego que corren los propietarios de la propiedad social de la tierra, ejidos y comunidades, principalmente las comunidades indígenas, que seguramente serán objeto de despojo despiadado como resultado de las reformas estructurales.
Ahora necesitamos decirle a los ejidatarios y a los comuneros y a los auténticos pequeños propietarios que están en riesgo y que hoy más que nunca es necesario defender su patrimonio, como lo dispone el propio artículo 27 constitucional, que el patrimonio de la familia campesina debe ser inalienable, imprescriptible e inembargable.
Si no se respeta por los distintos niveles de gobierno, el municipal, el estatal y principalmente el federal, estas categorías jurídicas para proteger y defender el patrimonio de la familia, entonces de nada servirán reformas como las que estamos aprobando.
No obstante, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ve con buenos ojos que esta Secretaría, la ahora responsable del desarrollo agrario, territorial y urbano pueda intervenir para definir y delimitar las zonas conurbadas y las áreas metropolitanas. Asesorar a los gobiernos locales en el proceso de registro de los planes y programas de ordenamiento territorial. Todo esto con el objeto de generar, organizar, actualizar y difundir información nacional en la materia de ordenamiento territorial que tanta falta hace a nuestro país.
Compañeras y compañeros legisladores, si queremos transitar a un desarrollo económico equilibrado en las regiones, así como en los centros de población rural y urbanos, es necesario implementar medidas para favorecer a la población impulsando la planeación y el desarrollo sustentable del territorio.
En razón de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor este dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último tiene la palabra, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz: Muy buenas tardes noches a todos los compañeros presentes. Honorable asamblea, todas las políticas públicas y acciones de gobierno tienen un componente territorial innegable, por lo que la incidencia coordinada de los ámbitos de gobierno para ordenar el territorio tiene un impacto significativo en el futuro de nuestras familias.
El 13 de diciembre de 2013, esta asamblea aprobó una de las más importantes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Con la creación de la nueva dependencia el Estado mexicano ha reestructurado la administración pública federal para evitar la dispersión de esfuerzos por lo que ha contado con los mejores instrumentos para impulsar el desarrollo del territorio nacional al regularizar la propiedad agraria y las diversas figuras que la ley reconoce. Promover el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto a la planeación, el control y el crecimiento con calidad de las ciudades y las zonas metropolitanas de este país. Asimismo dirigir la planeación habitacional, el desarrollo de la vivienda y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones de México.
Esta histórica reforma ha sido acompañada por importantes iniciativas que se han presentado en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. El dictamen que hoy presentamos a su consideración a partir de la reestructuración administrativa antes mencionada, mejora la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en materia de desarrollo urbano en las zonas metropolitanas y conurbaciones, todo ello donde la federación establecerá los lineamientos que hay que seguir.
La coordinación para el adecuado ordenamiento de nuestro territorio debe tener como eje principal el municipio, que es la base de nuestra organización política y administrativa. Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, se prevén facultades para mejorar la participación de los municipios en materia de planeación para que colaboren entre ellos de forma más estrecha en la ejecución de planes y programas de desarrollo urbano.
Además se fortalecen las capacidades de los gobiernos estatales en materia de legislación, evaluación y seguimiento del impacto urbano o regional de las obras y proyectos que se estén ejecutando en tales regiones. Esto significa que ningún plan o programa de desarrollo urbano deberá contravenir lo previsto en los instrumentos de planeación estatales y esto se armonizará con lo establecido en el ámbito federal.
Finalmente se prevén los principios que deben orientar las políticas públicas en materia como son la inclusión, el equilibrio regional, la prevención de riesgos y la sustentabilidad.
Señoras y señores, la coordinación institucional es uno de los factores críticos para el éxito de las políticas públicas en cualquier materia. Con este dictamen la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial acompaña los esfuerzos realizados por el gobierno de la República para articular la forma transversal, temas que son fundamentales para la prosperidad de nuestra nación.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la aprobación del presente dictamen significará un avance importante para resolver problemas impostergables en torno al desarrollo urbano de nuestro país. Asimismo, lograremos que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano mejoren el nivel y la calidad de vida de la población mexicana.
Es por ello que a nombre de mis compañeros y compañeras de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, pido que su voto sea favorable, además la solución a un aspecto de tanta trascendencia en nuestro país. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para la discusión se ha anotado para hablar en contra el diputado Manuel Huerta. Tiene la palabra hasta por tres minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No creo que hayan leído el capítulo 23 y 24 de El Capital, “La acumulación”, ni mucho menos al francés Foucault, donde dice “territorio es poder”.
Pero ya el PRI desde los cincuenta lo aplicó, y ahí está, ahí está la catástrofe urbana que siguió el PAN. Fíjense ustedes, yo, ya de los del PRD la verdad, los que van a votar a favor esta ley, vergonzoso, miren por qué.
Del PAN, el PAN sí tenía negocio; 12 años la presidencia; 42 por ciento del valor de la bolsa, Comex, Geo, Zara, Tu Casita, ARA, y se los ejecutaron. Metieron dizque en crisis a la bolsa de valores; todos los reventaron. El PRI que sí le sabe a esto de los negocios.
Dice Ramírez “no, hombre es que lo que necesitamos es que en dos años ajustar el modelo”, a tiempo la legislación local y federal para tener 70 mil hectáreas disponibles en las ciudades, y en tanto eso, todo ese dinero que el banco es el que va a decidir si salva o no a estas empresas de la bolsa.
A Banamex le debían 9 mil millones de pesos; a Banorte 5 mil millones; a Bancomer 3 mil y pico; en el extranjero; bueno, qué les importan 520 mil empleados. Se fueron a fondo y siguen a fondo buscando este negocio. Por eso digo que los que más la sufrieron fueron los del PAN, porque se creían dueños del negocio, que también aumentaron mucho esta catástrofe.
Y ahora se nos vienen con un supuesto dictamen inofensivo de última hora en estas reformas estructurales secundarias que Peña Nieto está implementando ante miren nada más, ante este pleno que ni lee ni estudia ni sabe lo que están haciendo, con el debido respeto.
Piensan que ir con Murat y “oye, hay unos créditos y unos poquitos ahí de subsidios, ahí para mis electores porque hay que ganar”. No, no, el negocio es a la grande; esto está al tamaño del narco. Ese es el tema urbano, ese es el tema del negocio que ya les enuncié en la pasada intervención y ahora se los pongo más clarito, cuando menos para que se pongan a tono con lo que está ocurriendo.
Acuérdense de los piratas, de los piratas de a de veras. Cuando se reparte mal el botín, hay motín. Entonces cuando menos vayan a exigirle a Ramírez que les dé un buen moche. ¿Por qué le están votando estas leyes estructurales? Ah, bueno, ya les dieron el bono ¿verdad? Pero eso no es nada, hombre, estamos hablando del país, de la ciudad, y ustedes están entregando a la gente a mansalva, es lo que están haciendo ustedes con estas reformas lesivas a los ciudadanos y ciudadanas.
Abusados, diputado, no se me duerman y no se las vayan a pasar de humo, sobre todo a los que dicen defender al pueblo de México.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Celia Gauna, con qué objeto.
La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (desde su curul): Gracias, Presidenta. La verdad es que es lamentable que se tome la palabra en este Congreso de la Unión, que no se respete a la audiencia, que efectivamente, como mencionó el diputado Huerta Ladrón de Guevara, no se lean los dictámenes, no se conozca el sentido del dictamen y se tenga el valor no civil, el valor que no sé de dónde lo saca mi compañero diputado para subirse y enunciar un sinnúmero de mentiras.
Él menciona que en el dictamen se hicieron modificaciones que no existen, modificaciones que forman parte de la estructura de la ley general desde hace mucho tiempo. El desconocimiento de la ley se puede comprender.
No necesariamente tiene que ser una persona erudita en todas las materias, aunque así lo quisiera y lo quiere todo el tiempo. Me queda claro que el ánimo y lo que lo mueve es la necesidad de subirse y tomar la tribuna con alguno o sin ningún motivo.
Solamente invito al diputado a que sea más responsable y que cuando quiera proponer algo, cuando quiera enunciar algo, cuando quiera decir algo lo diga con conocimiento de causa y no solamente con absoluto desconocimiento de los temas. Muchas gracias, presidenta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde su curul): Pido la palabra por alusiones personales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No procede, diputado, no hubo tal.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De viva voz:
La diputada Yatziri Mendoza Jiménez (desde curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): En contra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 301 votos a favor, 1 abstención y 26 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular con 301 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la elección de la integración de la Comisión Permanente que funcionará en el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. De enterado, publíquese.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Trinidad Morales, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, en la curul del diputado.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Compañero presidente, con el fin de solicitarle un minuto de silencio por la muerte de un compañero legislador de la LV, líder social, incansable transformador de este estado, Chiapas, su estado natal, y como miembro de esta Cámara en la LV Legislatura, poder solicitarle un minuto de silencio, dado que el sábado pasado falleció, Jorge Moscoso.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Como lo ha solicitado el diputado Trinidad Morales, esta Presidencia concede un minuto de silencio en memoria de Jorge Moscoso.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Honorable asamblea, el momento que estamos viviendo se caracteriza por un entorno económico adverso en el ámbito internacional que desafortunadamente repercute en la situación interna de nuestro país.
Las actuales circunstancias nos obligan a una revisión constante del marco normativo con el objeto de modificar todo aquello que no corresponde a una realidad que es compleja por el conjunto de problemas que de manera simultánea requieren solución.
Esta honorable Cámara de Diputados se ha distinguido en este y en los períodos precedentes por un intenso ritmo en su trabajo legislativo, el cual se expresa en 374 iniciativas formuladas a las que se suman 21 minutas recibidas de la Cámara de Senadores que merecieron el abocamiento del trabajo en comisiones.
Se abordaron también durante este periodo la deliberación y aprobación de 7 nuevas leyes, 70 reformas, adiciones y derogaciones de diversas normas, 4 reformas a la Constitución y 4 decretos, para totalizar más de 85 dictámenes de ley o decreto que se abordaron y resolvieron en el pleno.
Temas relevantes que se comprenden en la anterior numeralia lo constituyen por ejemplo la revisión, análisis, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015, así también las leyes que instrumentan la política para el desarrollo social, para la competitividad, para el fomento de la economía social, para el reconocimiento y la garantía de los derechos delas niñas, de los niños y adolescentes, y para el mejoramiento del sistema de justicia, entre otros.
Es claro que la sociedad mexicana hoy día está compuesta por personas activas que cada vez están más y mejor informadas, que ante las dificultades que enfrentan día a día con toda razón y con todo el derecho demandan que sus representantes cumplamos cabalmente con nuestro trabajo.
Nuestro compromiso con la nación es permanente, por lo que al cierre ordinario de estos trabajos nuestra atención seguirá puesta sobre los asuntos del país, que forman parte de la agenda pendiente del Poder Legislativo.
Como presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados considero que es muy pertinente reconocer y agradecer a los señores coordinadores y a la señora coordinadora de los distintos grupos parlamentarios que componen esta Cámara.
Agradezco también a las compañeras diputadas y a los compañeros diputados integrantes de la Mesa Directiva, así como a cada una y cada uno de los integrantes de este pleno. Su apoyo es y ha sido invaluable, porque nos ha permitido la conducción de los trabajos en el marco del Reglamento y las prácticas parlamentarias. Gracias a ello hemos podido encausar las participaciones con el más amplio respeto a la diversidad ideológica que se expresa en esta Cámara.
En virtud de lo expresado solicito a todas y a todos, los presentes en este pleno, ponerse de pie.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Hoy 15 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.
(Himno Nacional)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Esta Presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que el acta se dé por leída, y copia de la misma se distribuya entre los Grupos Parlamentarios para su revisión y aprobación.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que el acta de la sesión se dé por leída, y copia de la misma se distribuya entre los Grupos Parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (19:52 horas): Se levanta la sesión. Se cita a los integrantes de la Comisión Permanente a las 20:00 horas, 8 de la noche, para llevar a cabo la sesión de instalación de la misma. Muchas gracias.
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