Comunicaciones
Del IFE, con informe sobre la nueva credencial para votar
Del Congreso del Estado de Guanajuato, relativa a la designación de su contralor interno
Del IMSS, con informe de su situación financiera
De la Secretaría de Hacienda, con remisión del PEF 2014
De diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Cámara de Senadores, relativa a la designación de magistrada del Tribunal Superior Agrario
Protesta de la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza como magistrada del Tribunal Superior Agrario
Iniciativas de legisladoras y legisladores
Senador Raúl Aaron Pozos Lanz, PRI
Diputada María Teresa Jiménez Esquivel, PAN
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Diputado Ricardo Mejía Berdeja, PMC
Diputado René Fujiwara Montelongo, PNA
Dictámenes de las Comisiones de Trabajo
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo
De la Tercera Comisión con puntos de acuerdo
Proposiciones de legisladoras y legisladores
Comunicado de la Secretaría de Gobernación, con respuestas a tres puntos de acuerdo
Turno a comisiones de las iniciativas las proposiciones
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Se va proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Lista de asistencia)
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: ¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista? Señor presidente, hay la asistencia de 34 legisladores.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila (11:16 horas): Gracias, diputada secretaria. Se abre la sesión.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Se dispensa la lectura del orden del día.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Adelante, señor diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para una precisión nada más.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Adelante.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): No están listados los asuntos de la tercera comisión, que se aprobaron el día de ayer en sesión de la tercera comisión, entendemos que fue algún error ahí en la impresión. Nada más quisiera que nos lo precisaran, si se incluyen en el tema de los dictámenes de la tercera comisión de esta Comisión Permanente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Bien. Sí, se van a incluir en el transcurso de la sesión, estaban en proceso de recolección de firmas de los dictámenes, pero sí se incorporan en el transcurso de la sesión, señor diputado.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta a Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: En consecuencia queda aprobada el acta.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Pasamos al apartado de comunicaciones. Hay un comunicado del Instituto Federal Electoral.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Oficio del Instituto Federal Electoral, con el que se remite la información relativa a los principales cambios en el modelo de la nueva credencial para votar.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados para su atención, así como de la Cámara de Senadores.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Oficio del Congreso del Estado de Guanajuato.
La Secretaria María Teresa Jiménez Esquivel: Oficio del Congreso del estado de Guanajuato con el que se informa la designación del ciudadano licenciado Javier Pérez Salazar, como auditor general del órgano de fiscalización superior del Congreso del estado de Guanajuato, a partir del 22 de diciembre de 2013.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: De enterado. Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Oficio del Congreso del Estado de Colima.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Oficio del Congreso del Estado de Colima, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro de sus atribuciones, emita un acuerdo a efecto de que el Sistema de Administración Tributaria modifique la resolución Miscelánea Fiscal 2014, Anexo 19, específicamente la norma relativa a alimentos de consumo básico, para exceptuar del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al pan dulce caliente de elaboración artesanal.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para su atención.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que se remite el informe de la composición y situación financiera de sus inversiones, correspondiente al tercer trimestre de 2013.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Presidente diputado Fernando Herrera Ávila: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 28 y 29 de enero del año en curso, con el objeto de realizar una visita oficial a la República de Cuba y participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tendrá lugar en la ciudad de La Habana.
El Presidente diputado Fernando Herrera Ávila: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para su conocimiento, al igual que la correspondiente a la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación 10 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.
El Presidente diputado Fernando Herrera Ávila: Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Contestaciones a puntos de acuerdo.
Se recibieron de diversas autoridades 12 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Fernando Herrera Ávila: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Presidente diputado Fernando Herrera Ávila: Pido a la Secretaría dé lectura a una comunicación de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Comisión Permanente. Presente.
Hago referencia al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores del 30 de abril de 2013 con punto de acuerdo por el que se designó a la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza como magistrada del Tribunal Superior Agrario, para un periodo de seis años y cuyo resolutivo cuarto contiene el siguiente texto
Cuarto. Notifíquese a la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza y tómese la protesta de ley de la ciudadana citada, conforme al artículo 258 del Reglamento del Senado, hasta que cause ejecutoria la sentencia de juicio de amparo número 804/2012 promovido por el ciudadano Veloz Bañuelos, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de magistrada del Tribunal Superior Agrario en los términos expuestos.
Sobre el particular le participo que se recibió la notificación de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve el amparo en revisión número 457/2013 de fecha 4 de diciembre del mismo año con los siguientes resolutivos:
Primero. Se modifica la sentencia recurrida.
Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodolfo Veloz Bañuelos.
Tercero. La justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Veloz Bañuelos, únicamente respecto de los actos atribuidos al presidente, oficial mayor y director general de recursos financieros, todos del Tribunal Superior Agrario y secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la omisión de dar respuesta a la petición que fue formulada por el quejoso en los términos y para los efectos precisados en la sentencia recurrida.
A partir de lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 constitucional, en el segundo párrafo de la fracción XIX y XVII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su primer párrafo, establecen que, artículo 17: los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente; durarán en su cargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados, serán inamovibles, y en virtud de que no hay impedimento legal para cumplir con el resolutivo cuarto transitorio y concluir el proceso de designación de la ciudadana Gutiérrez Mendoza, me permito solicitarle que convoque a la brevedad a la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, a que acuda ante la Comisión Permanente para que rinda la protesta como magistrada del Tribunal Superior Agrario a que le obliga el artículo 128 constitucional.
Anexo remito copia del oficio de notificación y su anexo relativos a la sentencia que resuelve el amparo a revisión 457/2013.
Firma el senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: En consecuencia de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de los tribunales Agrarios, se llevará a cabo la protesta de la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, cuya designación como magistrada del Tribunal Superior Agrario fue aprobada por el Senado de la República el pasado 30 de abril de 2013.
Se encuentra en las puertas de este recinto la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, en quien recae el nombramiento como magistrada del Tribunal Superior Agrario.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes legisladores: diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, diputada Francisca Elena Corrales Corrales, senador Jesús Casillas Romero, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal y diputado José Luis Esquivel Zalpa.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: ¿Ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada del Tribunal Superior Agrario por un período de seis años que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza: Sí protesto.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades.
Solicitamos a la comisión de cortesía acompañen a la magistrada en cuento ella desee retirarse de este recinto. Felicidades magistrada.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Continuamos con nuestro orden del día, en el apartado de iniciativas.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Raúl Aaron Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o de la Ley General de Educación.
El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: la globalización catalogada por algunas como la gran oportunidad, y por otros, como una terrible amenaza, es hoy una realidad indiscutible. Situación que exige considerar que lo único constante son las transformaciones que los países tienen que promover para lograr sociedades globales más productivas y en continua competencia.
Aprovechar todos nuestros recursos, potencializarlos con visión de futuro y lograr disminuir las asimetrías del desarrollo entre regiones son retos en los que México está logrando con reformas transformadoras, avanzar sin descanso.
Esta es la convocatoria que ha hecho el Ejecutivo federal y este Poder Legislativo responde con resultados. Para poder lograr aproximaciones justas y factibles a estas necesidades, los gobiernos deben actuar a fin de preparar a las nuevas generaciones para, desde la infancia, generar las condiciones aptas que les permitan ser factor de desarrollo en cualquier ámbito que elija en su etapa laboral. Consolidar un proceso exitoso para este cumplimiento se vislumbra inalcanzable sin el cimiento de una cultura laboral moderna, y es que la cultura es el factor que determina, regula y moldea la conducta humana, así debe considerarse su importancia en las organizaciones laborales, pues será la cultura laboral la que determine la manera en que se darán las relaciones en una organización o cuánto crece o decrece la productividad.
En ese tenor se ha manifestado el presidente Peña Nieto. La productividad, dicen, es la eficiencia con la que un país, una industria o una empresa utiliza sus recursos para producir. Ser más productivos no significa trabajar más, significa trabajar mejor, es trabajar con mayor inteligencia, hacer más con los recursos que se tienen. De esta manera, un trabajador más productivo no necesariamente es el que trabaja más horas; es el que obtiene mejores resultados y en consecuencia va a ganar más por su trabajo y esto, la productividad define sin duda, la capacidad de crecimiento de una nación.
El reto es lograr una base cultural que permitirá tener en el futuro, ciudadanos proactivos y eficientes que respondan a los retos globales. Para ello se ha propuesto una ruta con base en los siguientes principios:
Lograr una educación que inculque valores como responsabilidad, solidaridad, superación, responsabilidad y capacitación y adaptación al cambio y desde luego el trabajo en equipo. Que las personas encuentren en el proceso de educación y capacitación el medio para ejercer plenamente su libertad con responsabilidad para su propia realización, y en consecuencia la de su sociedad, proceso básico que se debe dar a partir de las familias, las escuelas, los sindicatos y los propios centros de trabajo.
A través de la educación es necesario incidir en un cambio de actitudes y conductas que contribuyan a crear una cultura laboral, que rebase los límites de la simple instrucción técnica, capacitación y adiestramiento para el trabajo. Uno de los mejores ejemplos es Japón, que posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, con el reto de superar las dificultades sociales y económicas generadas por el conflicto bélico, fomentó un cambio en su cultura laboral hasta convertirse años después en uno de los países más productivos a nivel global.
La propuesta, nuestra propuesta es fomentar una cultura laboral desde la educación básica, que genera un cambio positivo de actitudes y conductas. Estoy seguro que esto ayudará a generar mayores posibilidades de productividad, calidad, preservación del empleo y nuevas oportunidades de superación. A largo plazo elevará la productividad y mejorará la competitividad global y local.
Si queremos una economía dinámica y fortalecida requerimos un Estado visionario y moderno, que invierta en formación de capital humano. El trabajo que posibilita la superación personal, es generadora de una sociedad pacífica, solidaria y participativa.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 7o., fracción VII. Infundir la cultura laboral que permita a largo plazo incrementar la productividad y la competitividad económica.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de su publicación, la Secretaría de Educación Pública tendrá 90 días para iniciar los procedimientos de educación e incorporación de lo establecido en el presente decreto.
Muchas gracias.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, senador Pozos. Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, y suscrita por la diputada María Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su venia, presidente. La suscrita a nombre de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, integrante del Partido Acción Nacional, una iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.
Ante las constantes denuncias de organismos de derechos humanos y grupos de sociedad civil sobre las condiciones de vulnerabilidad y falta de acceso a los derechos humanos de personas migrantes, en especial niñas, niños y mujeres que son albergadas en estaciones migratorias del país, el propósito que anima la presente iniciativa es incorporar disposiciones normativas que establezcan con contundencia obligaciones a cargo de las autoridades migratorias en temas de educación, salud, situación jurídica, orientación psicológica y demás establecidos en la Carta Magna, instrumentos internacionales y legislaciones federales relacionadas que incidan en los instrumentos reglamentarios y programáticos para que sustenten la implementación de políticas públicas y acciones que proyecten una política migratoria coordinada, ágil y garante de la seguridad de los derechos humanos de los migrantes.
La detención formal de indocumentados inicia 36 horas después de que son asegurados en operativos y su permanencia en estaciones migratorias puede ir de los 15 a 60 días o más, si se interpone algún recurso jurídico.
Según la Organización sin Fronteras, por el perfil de personas que pasan por el país para llegar a Estados Unidos y ahí encontrar trabajo y mejores oportunidades de vida, además de ver truncados sus propósitos se cuestionan el estar encerrados sin ser delincuentes.
Las sensaciones se incrementan cuando en su trayecto estos migrantes fueron víctimas de secuestro, extorsión o violaciones sexuales por el crimen organizado y encuentran en las autoridades mexicanas, en lugar de ayuda, encierro.
Las autoridades migratorias señalan que en el caso de la detención de indocumentados se requiere revisar alternativas a su detención, a efecto de que la migración irregular contemple métodos adecuados con los principios de respeto a los derechos humanos, no discriminación y seguridad humana, algunas proponen protocoles específicos.
La situación en estaciones migratorias, que son las instalaciones físicas que establece el Instituto Nacional de Migración, para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular en tanto se resuelve su situación migratoria, la privación de la libertad se vive en instalaciones donde la alimentación es de mala calidad, hay poca higiene, hacinamiento y maltratos a cargo de los guardias.
Las estaciones migratorias del país para los menores de edad migrantes detenidos en ellas, son motivo de gran preocupación al serles violados derechos por personas del Instituto Nacional de Migración, al grado de que las garantías jurídicas de niñas y niños migrantes son mejores a las de las personas que tienen condenas en cárceles de México.
Esas violaciones van desde la falta de información para los que son asegurados y son detenidos de dos a cuatro días o de seis meses a un año permaneciendo en estaciones migratorias del país, provocándoles incertidumbres, ansiedad y problemas psicoemocionales, al grado de pensar en el suicidio.
Es por ello que el artículo 24 de la Norma para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional Mexicano establece que las niñas y niños, y adolescentes migrantes no acompañados permanecerán en ellas sólo mientras se asegura su canalización a instituciones con atención adecuada y que estarán en áreas separadas. Aunque deberían canalizarlos al DIF ni siquiera cuentan con capacidad para hacerse cargo, por el ello no son atendidos ni canalizados.
Por esto, anterior, con la presente iniciativa la suscrita diputada federal Martha Berenice Álvarez Tovar propone adicionar la parte final de la fracción VII del artículo 20; un tercer párrafo al artículo 66; y crear un Capítulo Séptimo Bis, De la comisión de registro control y supervisión de las estaciones migratorias, al Título Sexto, Del procedimiento administrativo migratorio, de la Ley de Migración; así como dos transitorios, el segundo de los cuales establece que a más tardar dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del momento de sus derechos humanos este caso tomará en cuenta el trámite superior de las niñas y niños, y adolescentes, y la permanencia y la perspectiva de género.
En el caso de las estaciones migratorias en el país la Secretaría impulsará acciones de registro de control y supervisión, dirigidas a hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como la presente ley, y que contribuyan también a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputada Jiménez. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados para su dictamen.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 266 y deroga los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal. Adelante.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, senador presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a lo largo de la historia en nuestro país han ocurrido un sin fin de violaciones a derechos humanos, siendo más recurrente dicha práctica en contra de las niñas, los niños y adolescentes, por ello es necesario garantizar plenamente sus derechos para que sean protegidos contra cualquier abuso.
Un claro ejemplo de ello es la tipificación de algunas conductas que han sido consideradas como delitos y que se cometen en contra de los menores de edad, como el delito denominado estupro, contenido en los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, estableciéndose en el primer artículo mencionado como conducta típica, antijurídica y punible lo siguiente: Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho obteniendo su consentimiento por medio de engaño se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.
Derivado del texto de este artículo se considera que el consentimiento para mantener relaciones sexuales es a partir de los quince años y antes de los dieciocho. Es importante señalar que en algunos Códigos Penales Estatales se establece que la persona que mantiene relaciones sexuales con una menor de dieciocho años puede ser eximido de toda responsabilidad penal si ofrece matrimonio al adolescente, sometiéndolas entonces a matrimonios precoces, generando ligas de parentesco entre ellas y el estuprador, es decir, con quien ha violado sus derechos y la convierte en víctima de delito.
Es así como el tipo penal de estupro se encuentra estrechamente vinculado con el matrimonio infantil, ya que la legislación civil federal y las legislaciones civiles de diversas entidades contemplan que las adolescentes mayores de 15 años pueden contraer matrimonio a pesar de que los organismos internacionales de derechos humanos consideran que las niñas y adolescentes no tienen la madurez para comprometerse en matrimonio, ya que es una decisión que tendrá implicaciones en el resto de su vida porque estas menores de edad son personas que aún se encuentran en formación de su personalidad, en la búsqueda de su identidad y en crecimiento.
A lo dicho debemos sumar lo establecido en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de octubre de 2012, la cual señala en su artículo 4o. que en todas las acciones y decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez; de esta forma en México los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, en la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se dispone en el artículo 19, que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual y social.
En el mismo sentido, el artículo 21 dispone que niñas, niños y adolescentes tengan el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo, su desarrollo a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional.
Lo anterior nos lleva, que al tener relaciones sexuales con una persona que no detenta la mayoría de edad puede atentar a violar uno o varios de estos derechos y a acarrear consecuencias irreparables en su desarrollo posterior; por ejemplo, puede impedirles a acceder a continuar con su educación, puede enfrentar situaciones de violencia, ser vulnerables a una explotación en labores domésticas o sexuales, a ser obligadas a parir en condiciones de riesgo, a ser contagiadas de alguna enfermedad venérea y como éstas, otras circunstancias funestas.
El matrimonio infantil tiene otras consecuencias negativas, como son la separación de la familia y los amigos, así como la reducción de oportunidades. Asimismo, el matrimonio infantil puede acarrear trabajos forzosos, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas y pone en peligro su salud física y mental como los embarazos prematuros.
En este sentido podemos decir que subyace el estereotipo de que las mujeres tienen como destino casarse y reproducirse y que un adolescente tiene capacidad para procrear sin importar la madurez psicológica, física o emocional que tenga y que el estuprador, independientemente de su condición social, cultural, económica, emocional e incluso de su salud puede casarse con un adolescente si sus padres o tutores lo consienten.
Datos de la ONU indican que los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en este rango de edad.
En conclusión, estamos ante una norma que no responde a la realidad social, es decir, a la protección que deben tener las y los adolescentes en el país. Por ello, la propuesta que se presenta propone la derogación del tipo penal previsto en los artículos 262 y 263, y se incorpora esa conducta en el artículo 266 del Código Penal Federal para que se equipare a las sanciones que se imponen al delito de violación y que, independientemente del consentimiento de la o el adolescente, se deberá reconocer la sanción que debe de imponerse a la persona mayor de edad que abusa de la condición de un adolescente. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputada Juárez. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su dictamen.
El Presidente diputado Fernando Herrera Ávila: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo Mejía, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, ciudadano diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Esta iniciativa que presentamos el diputado Monreal, la diputada Zuleyma Huidobro y el de la voz, tiene por objeto una modificación a la nueva Ley de Amparo; a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. La finalidad es garantista en términos de salvaguardar los derechos humanos.
Hubo una omisión legislativa cuando se elaboró la nueva Ley de Amparo y en el artículo 15, que se establecen una serie de supuestos a través de los cuales se puede presentar el juicio de garantías por parte de un tercero cuando hay casos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento judicial; incomunicación, deportación, destierro, extradición, así como la incorporación forzosa al Ejército y el afectado se encuentre imposibilitado materialmente por estar privado de su libertad o desaparecido de presentar el juicio de amparo, la ley permite en el artículo 15 que sea a través de un tercero, incluso de un mejor de edad.
Sin embargo, al momento de promulgar esta ley, de aprobarla, no se tomó en cuenta otro caso importante que es cuando haya actos de tortura o actos crueles inhumanos y degradantes y, en este caso la víctima, el ofendido, se encuentra imposibilitado materialmente para suscribir el juicio de amparo.
Lo que estamos proponiendo en consecuencia es una reforma a este artículo 15 para que de igual manera que en otros casos, se pueda presentar por parte de un tercero la demanda de juicio de amparo cuando haya este supuesto de torturas o de tratos crueles inhumanos y degradantes.
Es una reforma a la Ley de Amparo. Nos parece que nuestro país no puede estar ajeno a esta materia después de que se han suscrito múltiples tratados internacionales que censuran, prohíben y condenan la tortura. Es una omisión grave en nuestra legislación y más tratándose de la ley que permite a los gobernados, que permite a los ciudadanos, defenderse de actos arbitrarios de autoridades.
Por esa razón estamos haciendo esta propuesta; creemos que va a ser obsequiada porque sería muy grave que en los casos de tortura no pudiera un tercero presentar amparos como está actualmente el artículo 15 de este ordenamiento. Esa es en esencia nuestra propuesta y pedimos que se turne a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos, a ambas comisiones de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para dictamen. Gracias, diputado Mejía.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado René Fujiwara Montelongo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, las niñas y niños de México son un nuevo sujeto social. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por nuestro país, nos ilustra esta realidad.
Nuestros infantes merecen, desde la perspectiva legal y humana, un trato digno y respetuoso que fomente sus derechos humanos exigibles en un Estado democrático.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, consideramos fundamental la atención oportuna de los niños y jóvenes de México. Por ello, a nombre de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos en la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía.
Esto con el fin de que los mexicanos contemos con información actualizada sobre la infancia, que integre datos sobre interés nacional, oficial y difusión obligatoria para las instituciones que tienen como función atender las necesidades de este importante sector. Con ello se generarán datos que sean útiles para orientar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas encaminadas a este grupo poblacional.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, del año 2010 en México la población de niñas, niños y adolescentes, representa el 34.9 por ciento de la población total, es decir, casi 40 millones de personas.
Pero los datos cuantitativos no son los únicos que destacan la importancia de los niños en México. Nuestro futuro como nación literalmente depende de las políticas públicas que se apliquen a la niñez.
Es del cuidado del cuerpo, del cerebro y del corazón de los niños de nuestro país, que se sostendrá un proyecto de nación a largo plazo. Y es por eso que la diputada Lucila Garfias Gutiérrez por medio de un servidor, impulsa la presente iniciativa de reforma.
Contar con los datos y cifras sobre cada uno de los problemas que más vulneran a los niños en México como la pobreza, el maltrato, el trabajo infantil, el abuso sexual, el sobrepeso y la obesidad, al igual que la falta de servicios de salud y de educación, darán al Estado las herramientas necesarias para atender de manera eficaz estas problemáticas.
En ello radica la importancia de incluir de manera específica en el Subsistema Nacional de Información Demográfica y social del INEGI, a la infancia, para que se generen los datos estadísticos que permitan tomar las mejores decisiones en beneficio de la protección y los derechos humanos de nuestra niñez.
Nuestra realidad es que existen más de 18 millones de niños que viven en una situación de pobreza, lo que representa el 56.3 por ciento del total de menores de nuestro país. Todos ellos viven en constantes riesgos sanitarios sociales y humanos.
Por otro lado, más de tres millones de niños entre los cinco y 17 años realizan actividades económicas y laborales. El 47 por ciento de ellos no perciben remuneración alguna y el 8 por ciento de las niñas y niños de cinco a 14 años laboran con jornadas de más de 34 horas a la semana, muchos de ellos en lugares no permitidos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, del 25 al 50 por ciento de los niños de ambos sexos reportan maltratos físicos. Las consecuencias de este maltrato recaen en la salud física y mental como la depresión, las adicciones, la precocidad y la obesidad. Todos estos problemas por los que atraviesan nuestros menores de edad constituyen una violación a los derechos de los niños, ya que impiden su crecimiento, truncan su desarrollo escolar social, económico y personal.
De tal suerte, resulta impostergable abrir el abanico de información que se tiene sobre este sector y sus grupos específicos como niños indígenas, niños con discapacidades, niños migrantes y niños con problemas de salud que requieren servicios y programas especiales para potenciar sus habilidades y permitirles una vida digna que sea de utilidad a las familias y a la sociedad en general.
De esta manera, la presente iniciativa propone un aporte en la construcción de una agenda común a favor de la infancia entre los diferentes sectores sociales del país a partir de la generación y apertura de datos que permitan que la sociedad intervenga activamente en la solución de estos problemas.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que esta propuesta es una propuesta sumamente participativa orientada hacia la democracia participativa y por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, los invito y les pido apoyen esta importante iniciativa que estamos presentando. Por su atención y paciencia muchas gracias. Gracias, presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado Fujiwara. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su dictamen.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Proceda la Secretaría a dar cuenta con un acuerdo de pronunciamiento de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Palacio Legislativo de San Lázaro, México, 15 de enero de 2014.
Los suscritos integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adoptamos y sometemos a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Texas de Estados Unidos de América a postergar la ejecución de la sentencia contra Edgar Tamayo Arias, propuesto por la senadora Lizbeth Hernández Lecona.
Punto de acuerdo. Único. La Comisión de Presupuesto del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Texas de los Estados Unidos de América a postergar la ejecución de la sentencia que condena al morelense Edgar Tamayo Arias a la pena de muerte para que, en estricta justicia, se agoten todos los medios de defensa posibles a favor de la vida del sentenciado.
Firma la Mesa Directiva.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputada. Consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se aprueba el acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Aprobado, comuníquese.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Primera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, se autoriza.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficiente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y a la titular del Inmujeres del Distrito Federal, a fin de que resuelva con estricto apego a la ley, el caso de la joven Yakiri Rubí Rubio Auport.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Adelante, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sobre este punto de acuerdo.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Sobre este punto. Adelante, por favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. En el caso nuestro nos referiremos a este punto de acuerdo en particular y no en bloque. Nos parecen bien todos los puntos que se han planteado, pero en éste de manera particular, sí vamos a hacer hincapié, porque es un punto de acuerdo que promovió el de la voz, junto con el diputado Ricardo Monreal, y tiene que ver con los hechos del pasado 9 de diciembre en la ciudad de México, donde la joven Yakiri Rubio fue privada de su libertad, fue violada y con posterioridad en legítima defensa, fue asesinado, fue muerto el joven Miguel Ángel Ramírez.
Sin embargo, creemos que la actuación hasta ahora de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha correspondido a la realidad de los hechos. Esta joven fue privada de su libertad por los hermanos Luis Omar y el fallecido Miguel Ángel Ramírez, fue llevada contra su voluntad a un hotel, fue violada y golpeada y con posterioridad, en legítima defensa privó de su vida a Miguel Ángel Ramírez.
Cuando fue detenida se le acusó de homicidio y nunca se tomaron en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que había sido en legítima defensa y que había sido ultrajada, que había sido violada.
Por estas razones la familia de la joven Yakiri, voces de mujeres organizadas, vecinos, la sociedad civil alzó la voz y empezó a demandar justicia para Yakiri e incluso hizo algunas movilizaciones, todo con objeto de que en este caso se revise a detalle y se resuelva conforme a derecho.
Los casos de violencia sexual siguen siendo una realidad, no sólo en la capital del país sino en la república, y la manera muchas veces como proceden los Ministerios Públicos o el aparato de justicia en el país tiene un alto contenido misógino, y en ese sentido en lugar de valorar las circunstancias se pasan por alto y sin mayor trámite se fincan responsabilidades.
Nosotros nos solidarizamos con la familia de Yakiri, pedimos a la Procuraduría General de Justicia que actúe en su papel policiaco de manera exhaustiva, a los tribunales que actúen con justicia y al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a que se solidaricen con un caso más de violencia sexual, que desafortunadamente no ha sido extirpado de nuestra sociedad.
Por eso queremos llamar la atención y señalar que en todos los actos de procuración y administración de justicia debe prevalecer una perspectiva de género, que tienda a una justa valoración de los hechos y a una recta aplicación de la justicia. Por esa razón saludamos que la Comisión de este órgano legislativo esté valorando positivamente este punto de acuerdo y pedimos al pleno que lo vote favorablemente. Es cuanto, presidente, y por esa razón subrayamos la importancia del caso.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado. Vamos a continuar si nos permiten, leyendo los asuntos correspondientes a la Primera Comisión, los dictámenes. Al final realizaremos la votación correspondiente y si existiese algún orador adicional, al final con gusto les daremos la palabra en virtud de que hay consenso entre todas las fracciones parlamentarias. Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investigue la presunta violación a los derechos humanos de los habitantes de Atempa, municipio de Calnali, estado de Hidalgo.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el presente punto de acuerdo.
En virtud de que no se han registrado oradores se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad vigilen el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por nuestro territorio durante las fiestas de fin de año.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo de referencia. En virtud de que no se han registrado oradores se consideran suficientemente discutidos.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que se declare el 2014 como Año de Protección de los Datos Personales.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Dictámenes a discusión de la Segunda Comisión. El siguiente punto de acuerdo del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se dé lectura a los encabezados. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias. Se autoriza.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por lo que se exhorta a la SEP y a sus homólogas en las entidades federativas y en el Distrito Federal, para que incluyan la impartición de una asignatura que integre los temas de derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas en los planes y programas de estudio en los niveles de la educación básica y media superior.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la república...
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Permítame tantito, secretaria. Miren, en caso de existir oradores, yo les pediría que nos permitieran desahogar la lectura de todos los puntos de acuerdo y al final les damos la lectura a todos. ¿Sí? Gracias.
Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la república para que en el ámbito de sus facultades proceda a la brevedad, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a ratificar el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el presente punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y de Educación Pública se refuercen las medidas emprendidas hacia la prevención del embarazo en adolescentes.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores se consideran suficientemente discutidos.
Bien, se han registrado para hacer uso en pro los siguientes legisladores: el diputado René Fujiwara Montelongo, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal y el diputado Roberto López Rosado.
Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso haría referencia al dictamen relativo al punto de acuerdo que exhorta la SEP y sus homólogas estatales y del Distrito Federal, incluir en la educación básica y media superior, una asignatura con los temas de derechos humanos, igualdad de género y prevención de la trata de personas.
Aclarando principalmente que Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, es un dictamen que contiene una medida progresiva en materia educativa hacia el reconocimiento a los derechos humanos, la igualdad de las mujeres y la prevención del inhumano delito de la trata de personas.
Nuestra Constitución Política establece, desde hace 2 años y medio, la protección de los derechos humanos como el máximo fin que debe perseguir el Estado mexicano. El artículo 1 mandata a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del ciudadano.
Este nuevo paradigma jurídico obliga al Estado mexicano en su conjunto, a realizar nuestras acciones bajo un nuevo esquema de protección de los derechos fundamentales.
Asimismo, en el artículo 3º, base constitucional del derecho humano a la educación y en el artículo 7º de la Ley General de Educación, se establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el respeto a los derechos humanos y la igualdad entre los individuos, así como a realizar acciones que eviten la comisión de ilícitos en contra de menores de 18 años de edad.
Un acto de igualdad lo constituye también el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como grupo diferenciado. Un estado moderno no puede tolerar, de ninguna manera, la violación de los derechos de las mujeres.
De igual forma, la trata de personas constituye una terrible práctica que afecta a millones de personas en todo el mundo, de todas las clases sociales y lo más preocupante es que sus principales víctimas son mujeres y niños en las zonas con menor desarrollo económico.
De acuerdo a las cifras de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, en el 2012, 20 punto 9 millones de personas fueron víctimas de trata, con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55 por ciento fueron mujeres y niñas.
Nueva Alianza, convencido de que la educación es la respuesta a todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad, coincide con este punto de acuerdo y dará su voto a favor.
Incluir en los planes de estudio de la educación básica y media superior una asignatura en la que se imparta el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas abonará en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, aspectos que –tanto la autoridad educativa como todos quienes integramos el Estado mexicano– debemos cumplir con puntual cabalidad.
Nueva Alianza seguirá sumándose a todas las medidas legislativas que hagan efectivo el principio de progresividad de los derechos humanos, estando siempre atentos a las necesidades que nos demande la ciudadanía y que hagan de México un mejor país. Por su atención, muchas gracias, presidente, muchas gracias, compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado Fujiwara. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal. A ver, vamos a cederle el uso de la palabra al diputado Roberto López Rosado.
El diputado Roberto López Rosado: Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, todos, vengo ante ustedes para solicitar la aprobación del dictamen que emite la Comisión Tercera de la Comisión Permanente, sobre el tercer protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicación, en el entendido de que los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere sin duda alguna de actualizar necesariamente la normativa y el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolecentes, con el propósito de que sea en coordinación a estos instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales establece un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas.
Entre estos instrumentos internacionales se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual refiere un marco amplio de diversos derechos de las niñas y los niños a saber el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les concierne.
Como saben todos ustedes, la Convención sobre los Derechos del Niño se le reconoce como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia, consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y de los niños.
Asimismo, se reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que, por tanto, estos menores de edad necesitan de especial atención.
La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño es que busca la construcción de nuevas perspectivas en torno a las y los niños, con ella estas personas pasan de ser sujetos de protección a sujetos de derechos.
La convención cuenta con tres protocolos, los cuales son: el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados; dos, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño con respecto a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil; y tercero, el protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicación aprobado el 19 de noviembre de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 28 de mayo de 2012.
Por esas razones solicito la aprobación de todos y cada uno de ustedes; agradezco su atención y gracias, señor presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, diputado López. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas.
Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer del conocimiento público un desglose del efecto en las finanzas públicas, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.
Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa y de concienciación sobre la prevención y atención de la enfermedad de chagas.
Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco a tomar medidas para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita.
Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa.
Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, secretaria.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul). Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Diputado, ¿con qué objeto? Micrófono por favor al diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidenta. Para que me inscriba para hablar en contra del desechamiento de la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada su intervención, diputado. Sí, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Para la misma petición, para que se me registre a participar por el desechamiento del acuerdo. Gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Está registrada, diputada. Gracias. Sí, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Para hablar a favor del dictamen de la comisión.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrado, diputado. Esta presidencia informa que están a discusión los presentes dictámenes, por lo que quedan registradas las intervenciones de los diputados y el senador Zoé Robledo Aburto, en pro. Voy a proceder a conceder el uso de la palabra para hablar en contra a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo. Tiene usted el uso de la palabra, diputada.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En la última sesión de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el pasado 8 de enero, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, relativo a convocar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de que aclare a cabalidad el por qué de la determinación del Ejecutivo federal, que devino en que el 26 de diciembre de 2013 se publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se compilan diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa que corresponden al impuesto sobre la renta (ISR), al impuesto al valor agregado (IVA), al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a derechos al Código Fiscal de la Federación y a disposiciones comunes.
La Mesa Directiva de esta Comisión Permanente turnó a la Tercera Comisión que corresponde a Hacienda y Crédito Público, a Agricultura y Fomento y a Comunicaciones y Obras Públicas, para llevar a cabo el estudio pertinente y dictaminar lo procedente.
Es el caso que ayer la Tercera Comisión determinó que tal propuesta fuera desechada porque no era posible convocar al titular de la dependencia en comento para tratar un asunto como el planteado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La decisión se tomó sin plantear una deliberación y simplemente se desechó por una mayoría carente de argumentos. Reivindicamos la facultad del Honorable Congreso de la Unión para iniciar, aprobar y, en su caso, modificar toda clase de leyes.
Estamos en contra de que el Ejecutivo federal en los hechos derogue lo aprobado por este Congreso. La determinación de los estímulos fiscales a los que hacemos mención, debieron en todo caso ser sujetos a una nueva iniciativa del Ejecutivo federal para debatir en el pleno de las soberanías que conforman este honorable Congreso de la Unión y ser sometida a los procesos legislativos que nos rigen.
Esto es lo que debiera esperarse de un auténtico Estado de derecho y no la farsa por la que nos quieren hacer pasar. En los términos en los que el Ejecutivo federal actúa, queda evidenciada de un autoritarismo con el que desean que los mexicanos pasen como si fueran alienados.
Para el Ejecutivo federal las decisiones del Poder Legislativo son menos que atendibles, porque le basta emitir un decreto para modificar los aprobado en un proceso largo, desgastante y sobre todo abusivo en el seno de esta instancia.
Resulta inaceptable que no se haya explicado a la sociedad mexicana ni al Congreso de la Unión el impacto que tendrá esta decisión en el erario público.
La decisión del Ejecutivo no es conforme con el orden constitucional mexicano. El artículo 31 constitucional establece los principios de proporcionalidad y equidad en materia tributaria. Dichos principios resultan aplicables a todo sistema impositivo en su conjunto y no solamente a unos o algunos impuestos específicos.
Lo que el Ejecutivo federal intenta es emplear una regla fiscal aislada que únicamente le permite emitir decretos para hacer frente a contingencias naturales, económicas o sociales tal como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defraudar a la Constitución y a las arcas de la nación.
Es tan evidente que se trata de una medida fraudulenta que el gobierno ni siquiera se atrevió a fundar su decisión en la norma específica que permite la emisión de tales decretos. Es más, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto está expresamente prohibida por ley.
El artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación textualmente prohíbe, apunto y subrayo: “emisión de los decretos para condonar o eximir contribuciones cuando la posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en la ley tributaria federal”.
Es decir, el decreto que utilizó Enrique Peña Nieto, está previsto para enfrentar contingencias que afectan a las ramas de la industria, pero las leyes tributarias federales en ningún caso pueden considerarse una contingencia ni la fuente de una posible afectación.
Resulta indispensable que el secretario de Hacienda informe qué motivó al gobierno federal que haya motivado a su vez decidir violar el Código Fiscal de la Federación y defraudar nuestra Carta Magna.
En mérito de lo expuesto el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reitera su solicitud al pleno de esta Comisión Permanente para que acuerde en forma positiva la emisión de un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución en el sentido de que comparezca el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aclarar de manera cabal y puntual, el por qué de las determinaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Ortiz. Esta Presidencia hace la aclaración que por economía procesal procederemos a poner a votación los dictámenes que se encuentran en sentido positivo, por lo que le solicito a la Secretaría solicitar a la asamblea la votación correspondiente.
Les aclaro que el punto que se desecha lo vamos a discutir al final de la votación de estos dictámenes. Gracias.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Continuamos con la discusión del dictamen que se desecha, la proposición con punto de acuerdo, y para ello tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo la primera sesión de trabajo de la Tercera Comisión correspondiente a Hacienda, Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de esta Comisión Permanente.
En esa sesión los senadores, senadoras, diputadas y diputados que estuvieron presentes dictaminaron cinco puntos favorablemente y uno de manera negativa. Todos obviamente vinculados con los asuntos económicos que una semana antes se habían presentado en esta tribuna.
En esta primera sesión obviamente el tema económico sin duda ha sido predominante y lo ha sido porque el 2014 inició con una serie nueva, distinta de preocupaciones económicas para todos los mexicanos. No se trata nada más del asunto, digámoslo así, natural y cíclico de lo que se conoce como la cuesta de enero. Hubo sorpresas muy desagradables al iniciar este año. Nosotros, en el PRD así lo reconocimos.
El día de ayer se dictaminaron distintos puntos de acuerdo que tienen que ver con esta serie de preocupaciones. Uno que hablaba sobre mitigar el efecto del incremento del IVA en las regiones fronterizas; yo soy de un estado con frontera y en Chiapas están muy preocupados por la implementación de la medida para homologar el IVA en las zonas fronterizas.
También hubo un exhorto a la Profeco para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita. Un exhorto a la Secretaría de Hacienda para difundir información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa. Y por supuesto lo que estamos discutiendo hoy aquí: la necesidad de que a esta soberanía se le informe sobre estas medidas.
No puedo estar de acuerdo con la diputada Ortiz respecto a que no hubiera debate; hubo debate, yo estuve ahí, presido esa comisión, lo intento hacer de la manera más seria y responsable posible y hubo un amplio debate en el que desafortunadamente no había legisladores del PT, pero estaban legisladores como el diputado Mejía que puso el acento en el asunto de si debía o no haber comparecencia y se discutió y hubo por supuesto argumentos a favor y hubo por supuesto argumentos en contra.
Finalmente, esta comisión tomó la determinación de que no hubiera comparecencia, y se voto a favor, en cambio, la solicitud que en el PRD estamos haciendo de información puntual sobre los cálculos y los efectos que va a tener el famoso decreto del 26 de diciembre.
Fue producto del trabajo de esta Tercera Comisión en que se aprobó ese exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento de la sociedad y, por supuesto, de los legisladores, de un desglose detallado del efecto que tendrá en las finanzas públicas el llamado decreto del 26 de diciembre mediante el cual –y hay que decirlo de manera muy clara– se otorgaron beneficios y facilidades fiscales al sector privado.
Este asunto, compañeras, compañeros, tiene que ver con que una serie de argumentos que se esgrimieron el año pasado en la discusión de la reforma hacendaria, de repente se pusieron de lado. Se habló de que no iba a haber privilegios y empezamos el año, bueno, desde el 26 de diciembre con una medida que tiene que ver con los privilegios.
Cuando se presentó la reforma hacendaria, en septiembre, se habló de hacer una reforma de carácter social en donde pagara a quien más ganara, que acelerara el crecimiento económico, que alentara la formalidad y que evitara privilegios para grupos, empresas o personas.
Sin embargo, una vez que ya se había aprobado, viene el regalo navideño con este decreto para otorgar beneficios, estímulos fiscales y deducciones exprés al sector privado. Esto, sin duda alguna, altera de un modo que aún no se puede cuantificar los ingresos públicos. Sin duda va a alterar el sentido original de la reforma hacendaria, y nosotros no estamos poniendo en duda si hay una atribución del Ejecutivo federal para emitir este decreto, y ojalá éste no sea un debate que se centre en eso. No está en duda el asunto de las facultades.
Pero sí está en duda cuál es la intención y por qué es de extrañar que estas mismas posiciones, estas mismas y estas consideraciones de incentivos, estímulos y facilidades fiscales no se hayan ni siquiera presentado en la amplia discusión que tuvo lugar el año pasado sobre la reforma hacendaria.
En la reforma hacendaria se trató ampliar la recaudación bajo principios de justicia redistributiva, pero ahora de un plomazo literalmente se pretenden disminuir esos ingresos. No se nos puede olvidar que el año pasado se amplió el déficit presupuestal, recordemos que se amplió la capacidad de endeudamiento de una manera sin precedentes y ahora se empieza a hacer caravana con sombrero ajeno por parte del Ejecutivo y se dispone a beneficiar a distintos contribuyentes a costa, lo más grave, de los ingresos públicos.
Es por eso, compañeras y compañeros, que nosotros en el PRD determinamos sin la necesidad de que se informe y que sea pertinente y se considere así en esta soberanía, que la Secretaría de Hacienda explique tanto la lógica de estos beneficios como su impacto en las finanzas públicas.
Por eso es que hoy estoy aquí para hablar, por supuesto, de lo que se acaba de votar y explicar cuál es la lógica y cuál es nuestra posición respecto a esta medida. Sin duda necesitamos información y la estamos solicitando de manera formal en conformidad con nuestras facultades como Poder Legislativo.
Por supuesto que estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. En este momento ese elemento para nosotros está representado en nuestra solicitud de información que se agradece que haya sido votada a favor. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias senador Zoé Robledo Aburto. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidenta. Efectivamente el día de ayer tuvimos una amplia discusión en la Tercera Comisión que preside el senador Zoé Robledo y nosotros nos sumamos a la propuesta del Partido del Trabajo por conducto del diputado Ricardo Cantú, para que comparezca ante esta soberanía el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Nos parece que no solamente tiene que ver con el decreto del 26 de diciembre, donde el Ejecutivo, en un aparente acto de generosidad determinó una serie de estímulos y consideraciones de carácter fiscal para beneficio de algunos contribuyentes. A nosotros nos parece que ese decreto fueron minucias frente al daño de la reforma hacendaria, pero en este afán propagandístico evidentemente el Ejecutivo federal lo hizo con la intención de aparecer como el bueno de la película, el que considera la preocupación de los contribuyentes, mientras que los legisladores son aquellos que aplican impuestos hacia la población.
Nosotros en Movimiento Ciudadano votamos en contra de la reforma hacendaria y el tiempo nos ha dado la razón. No solamente iban por los contribuyentes de mayores ingresos, que siguen siendo protegidos por el Servicio de Administración Tributaria, al no exhibir las condonaciones fiscales de que han sido beneficiarios, sino que esta reforma hacendaria en realidad a quien ha golpeado es a los grupos más vulnerables.
Ha golpeado a millones de familias y ha desatado una espiral inflacionaria, de tal manera que ya los analistas económicos hablan de la mayor inflación en un mes en 11 años, que será la inflación del mes de enero. Es decir, no solamente estamos viviendo una cuesta de enero, sino lo que parece el inicio de una cuesta sexenal., mayores agravios económicos para la población.
Por eso el titular de Hacienda, como responsable de la política económica, no solamente tiene que venir a explicar el tema del decreto del 26 de diciembre, sino tiene que responder por qué no crecimos al 4 por ciento que dijo que íbamos a crecer en 2013 y por qué ahora con total ligereza afirma nuevamente sin ningún elemento prospectivo que lo soporte, que volveremos a crecer al 4 por 4 ciento, y lo utilizan además como propaganda frente a la reforma hacendaria y frente a la reforma energética para justificar sus atracos y su traición a la patria.
Por eso queremos que Luis Videgaray venga a explicar por qué no crecimos en 2013 y por qué dice que vamos a crecer al 4 por ciento en 2014. Queremos que explique también esta persecución y esta lista negra infamante del SAT y por qué hay ese trato deferente y privilegiado para las 400 empresas principales de país.
Eso queremos que venga a explicar Luis Videgaray, porque no solamente es el tema del decreto, sino son varios temas; el nulo crecimiento económico, la lista negra del SAT, los aumentos que ha desatado la reforma hacendaria y el tema de la inflación en el mes de enero. Ésos son los temas, pero vemos aquí que hay una sobreprotección a Luis Videgaray, que no se le toque ni con el pétalo de una pregunta que le pueda ser incómoda y por esa razón se ha desechado la comparecencia en este proyecto.
Nosotros hacemos un llamado para que se reconsidere y comparezca y venga a explicar qué pasó en el 2013 y por qué proyectan ese crecimiento en el 2014, y que explique este inicio de año fatídico para la economía de millones de familias, que supuestamente se aprobó un impuesto para combatir la obesidad, pero en realidad esto ha desatado una cadena de aumentos en diferentes productos para el consumo popular.
Ésa es nuestra propuesta. Nosotros estamos para defender a los ciudadanos, no para defender a los funcionarios. Y nos parece, insisto, que hay una sobreprotección a quien es en los hechos el vicepresidente económico del país, porque cuando Peña Nieto nombra a Osorio prácticamente lo hace el vicepresidente político y ahorita está metido en el tema de Michoacán, que al rato vamos a ver, pero no menos grave es el tema económico con el que está arrancando el 2014, por eso pedimos que se reconsidere y que se vote la comparecencia de Luis Videgaray.
Y hacemos también un llamado al Partido Acción Nacional para que nos acompañe en este planteamiento. Nosotros fuimos con ellos y otros legisladores, con una acción de inconstitucionalidad que se presentó el pasado 10 de enero; 172 legisladores firmamos esta acción de inconstitucionalidad, que ya está radicada con el expediente 5/2014 y que se acumuló a otra acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores.
Los temas, entre otros, es la homologación del IVA en la frontera, el tema del régimen de los pequeños contribuyentes que ha sido modificado, el tema del Impuesto sobre la Renta y el tema de la deducibilidad de las personas físicas.
Nosotros también queremos que Luis Videgaray nos hable de esta posición del Ejecutivo frente a esta acción. Por eso le pedimos al PAN también una definición. No puede estar en unas cosas protegiendo al Ejecutivo y en otras impugnando los actos del Ejecutivo. Tiene que venir a rendir cuentas el secretario de Hacienda frente al fracaso evidente de la política económica que hay a la fecha en el país.
Y por esa razón, compañera presidenta, estamos en contra y pedimos que se reconsidere y que se apruebe la comparecencia de Luis Videgaray ante esta soberanía. Quien nada debe nada teme. Y quien no tiene algo que ocultar puede venir al Poder Legislativo a rendir las cuentas que le corresponden, en términos del artículo 93 constitucional. Es cuanto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Mejía. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Pedro Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Pedro Pablo Treviño Villarreal.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con su permiso, ciudadana presidenta. Solicité el uso de la palabra para hablar del tema que nos ocupa, del tema que discutimos ayer en la Tercera Comisión, de la cual funjo como secretario.
Hubo un punto de acuerdo en donde se solicitaba la comparecencia del secretario de Hacienda. Cabe destacar que el punto de acuerdo carece de los fundamentos jurídicos y legales para hacer comparecer, porque se avala en que el Ejecutivo no está facultado para llevar a cabo el decreto que se suscribió el 26 de septiembre.
El día de ayer, como bien comentó el senador Zoé Robledo, presidente de la comisión, se llegó a un consenso con las diferentes fuerzas parlamentarias ahí inscritas en la comisión: el PRI, el PAN, el Verde, el PRD, todos coincidimos en el hecho de que se debe solicitar información relacionada sobre el alcance, el impacto del decreto en mención.
Solicitamos en conjunto, el día de ayer también, que se solicite esa información a la Secretaría de Hacienda y acordamos, en conjunto también, las fuerzas antes mencionadas, la eliminación del punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda.
Es pertinente revisar la información que nos enviará la Secretaría de Hacienda para posteriormente evaluar si se da el caso de una posible reunión con la autoridad del Ejecutivo.
Por tal motivo, estoy a favor de que se deseche este punto, en virtud del acuerdo tomado el día de ayer. Es cuanto, ciudadana presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal. Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta, es comunicación y no solamente comunicación, coordinación lo que le falta a esta país, a sus poderes. Me parece que después de escuchar la exposición del compañero senador Zoé, estoy más convencido de la necesidad de la comparecencia del secretario de Hacienda.
Después de escuchar los argumentos, después de estar viendo por las calles los efectos, las dudas, las inquietudes que ha generado esta reforma hacendaria, que ha generado este decreto, las suspicacias, me parece que si no lo aclara quien es el titular, quien es el que aplica, el que habrá de ejecutar esta reforma, seguiremos con muchas dudas en todo el país.
La presente administración federal, desde sus inicios, incluso desde antes de llegar al poder, ha venido generando con sus tan extremistas y agotadoras acciones una serie de conflictos y movimientos sociales que evidencian el descontento y la inconformidad social que las y los mexicanos manifiestan.
Ahora, con la reforma fiscal que el Ejecutivo impuso el año pasado y que afecta a los grupos más vulnerables del país resulta ser que a última hora el Ejecutivo la suaviza y, a escasos días de que entrara en vigor dicha reforma, publica un decreto en el que otorga una serie de estímulos y compensaciones para aquellos sectores a los que en todas las fórmulas posibles pretende beneficiar.
Con el pretexto de ser aquellos sectores, los que van a soportar la subida de impuestos, no respeta ni a los legisladores simpatizantes de su partido, el decreto justifica las modificaciones a una reforma que había sido aprobada en el Congreso y refrendada en el Senado a finales de octubre.
Es evidente el rechazo de sectores claves para el país e incluso el de las regiones como las del norte, descontentas con la carga fiscal que se les avecina. Sin embargo, aunque dichos sectores inconformes, en su mayoría son los de más bajo recursos, la atrocidad continua generando beneficios para las grandes empresas y dejando la carga fiscal sólo para las familias y pequeños contribuyentes del país.
Es inaceptable que las cosas se estén haciendo al gusto y conveniencia de ciertos sectores económicos y políticos, sin hacer la correcta consulta a los ciudadanos de lo que se va a hacer en la nación, con engaños y cambios de última hora.
El gobierno ha flexibilizado su postura contra algunos productos que durante toda su propuesta consideró comida basura, productos chatarra, por ejemplo: las gomas de mascar, que iban a pagar un impuesto especial del 8 por ciento a partir del 2014 y con este decreto sólo pagará el IVA, que de por sí ya estaba establecido, aun cuando el presidente justificó estos incrementos a la comida chatarra y la bebida azucarada como primera medida para combatir la obesidad en el país, prácticamente una epidemia decía en aquel entonces.
¿Dónde quedó entonces la afamada reforma? Esta reforma no tiene un rumbo claro; es decir, por un lado intenta hacer cambios en la salud y finanzas nacionales y por el otro intenta generar facilidades para la producción y venta de comida chatarra.
Además se ha generado un terrorismo fiscal, publicando los datos de los contribuyentes que, según el Sistema de Administración Tributaria, incumplieron con sus obligaciones fiscales, siendo publicados en el portal del mismo organismo desde el 1o. de enero.
Y, asimismo, se ha publicado los nombres de aquellos contribuyentes que emiten facturas falsas, aun cuando la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha pedido que la autoridad cambie los criterios para emitir la lista de los incumplidos.
Aunado a ello, el mismo Sistema de Administración Tributaria detectó 270 empresas trasnacionales que potencialmente realizan planeaciones fiscales agresivas, y que consiste en trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas en México para pagar menos impuestos o incluso no pagarlos.
El gobierno federal no tiene control sobre sus propios funcionarios, mucho menos sobre las empresas a las cuales está intentando beneficiar sobre todas las leyes. Es inaceptable que aun con todos los temas pendientes que hay por debatir, a tan solo dos semanas de haber iniciado el año se deseche la propuesta de comparecencia del secretario de Hacienda, cuando es claramente necesario siendo que es precisamente el doctor Videgaray quien se encargado defender.
Por ello es su obligación informar a las y los ciudadanos acerca de las modificaciones de última hora que el Ejecutivo está realizando una vez más sin la debida consulta al pueblo de México. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador David Monreal Ávila. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación) Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados en los términos los puntos de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Continuando con el capítulo del orden del día. Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que el que se exhorta a los gobiernos federal y locales para que en el marco del 18 Aniversario de la Creación del Programa Alerta Amber, se proceda a revisar y perfeccionar sus procedimientos.
El senador Jesús Casillas Romero: Senadora presidenta, muchas gracias; compañeras legisladoras, compañeros legisladores. El día de hoy me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se exhorte a las entidades de la República del gobierno del Distrito Federal para que en el marco del 18 Aniversario del Programa Alerta Amber, que se celebró el pasado, lunes 13 de enero, se modernicen los mecanismos de este sistema que ha dado buenos resultados.
La Alerta Amber es un sistema de notificación de menores desaparecidos en el que participan corporaciones policiales, organizaciones civiles y medios de comunicación para difundir datos y coordinar acciones con el fin de la pronta ubicación de infantes; este mecanismo fue implementado en varios países desde 1996.
Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios de comunicación, radio, mensajes vía celular, correo electrónico, pantallas electrónicas, entre otras, a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles. Cada lugar tiene sus propias normas de activación pero de manera general las directivas empleadas son:
Uno. Referir a un menor de 18 años
Dos. Un departamento de Policía sea el encargado de validar la desaparición del menor.
Tres. Contar con la suficiente información del niño, el sospechoso o su vehículo; y
Cuatro. Suponer un grave riesgo para su integridad.
En algunos lugares la alerta se emite también para personas con discapacidad y adultos mayores que se han extraviado y pudieran estar en peligro de sufrir un daño grave físico o moral.
Este programa ha demostrado dar resultados, como por ejemplo el que con agrado pudimos dar cuenta el sábado pasado, en el que se dio a conocer en los medios de comunicación la siguiente nota. Localizan a seis menores en Puebla, gracias a la Alerta Amber.
La alerta se activó luego de la denuncia por su desaparición en el centro del municipio de Ciudad Serdán.
Los menores, todos de 16 años, fueron hallados por la Policía del municipio de Tehuacán. Se trató de un asunto en el que a través de la activación de la Alerta Amber por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, se localizaron con éxito a seis menores de 16 años de edad reportados como desaparecidos en el municipio de Ciudad Serdán.
Durante las últimas horas se activó la Alerta Amber para ubicar a los menores señalados quienes, de acuerdo con la constancia de hechos correspondiente, la última vez que fueron vistos se encontraban en el centro del municipio, pero ya no regresaron a sus domicilios.
En atención a la denuncia y dándole continuidad a las investigaciones ministeriales, la procuraduría del estado, a través d el a Policía Ministerial y en coordinación con la Policía municipal de Tehuacán y los familiares de los menores, dio el debido seguimiento a las actuaciones de la Alerta Amber para la inmediata búsqueda de las personas, lográndose su localización.
Hoy, en el marco del 18 aniversario del programa, que fue instituido en memoria de una menor desaparecida en Arlington, estado de Texas, cuando tenía nueve años de edad y su secuestro y posterior homicidio, fue creado por los cuerpos de seguridad estadounidenses y que hoy en día son ya 21 entidades de nuestro país las que ya cuentan con este mecanismo -11 están en proceso de conformarlo-, los resultados saltan a la vista.
Por ejemplo, en nuestro país se ha emitido esta alerta en más de 109 ocasiones y se han recuperado a más de 90 menores desaparecidos. Es decir, es una estrategia, es un mecanismo, es un programa que da resultados y que obviamente son estas estrategias que en conjunción con medios de comunicación, con la sociedad civil, con las corporaciones policíacas, se puede lograr un objetivo fundamental, que es que a las primeras horas aquellos menores desaparecidos puedan ser reintegrados a sus familias con éxito. Cuando participamos todos y caminamos en un mismo sentido, sin duda los resultados siempre son satisfactorios.
Por eso me permito presentar este acuerdo que es único y que tiene que ver con que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del 18 aniversario de la creación del Programa Alerta Amber, exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos del Distrito Federal, a las entidades federativas del país, a que de manera de remembranza y reconocimiento se proceda a revisar y perfeccionar los procedimientos de dicho programa; si no se han implementado, a urgir a que se haga, y finalmente implementar campañas de difusión e información sobre el mismo a efecto de que se tome conciencia de su importancia y del que la participación ciudadana tiene para su éxito a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de la alerta. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias al senador Jesús Casillas Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se han registrado para hablar en pro la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, la diputada Ana Lilia Garza Cadena y la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Muchas gracias, senadora presidenta. Me permití posicionar este tema porque igual que muchas de las y los legisladores, soy madre, como algunos de ustedes serán también padres, y cada vez que un niño se extravía, se convierte en un pupilo de cualquier ciudadano.
La Alerta Amber en la actual administración del gobierno del estado de Jalisco, se ha puesto en marcha en cuatro ocasiones, tres de las cuales han sido exitosas y una desgraciadamente los menores fueron encontrados sin vida.
El tiempo, la forma, la ejecución de los programas, tiene que ver con un resultado favorable en el rescate de nuestros menores.
Es importante que nuestros menores se sientan con mayor libertad de la que actualmente tienen. Los padres hoy día tenemos que custodiar, que cuidar el manejo, los movimientos y la circulación o la libertad que tienen nuestros menores. Es por eso que cada vez es más importante que este programa en particular se difunda, se establezca y se ponga en marcha en todas las entidades federativas de nuestro país.
Emitir una Alerta Amber es efectivamente una alerta de emergencia en la cual no solamente el gobierno federal, sino toda la ciudadanía, toda la parte de la sociedad civil tiene que estar involucrada en ese suceso. Pensar que ese niño que está extraviado, que ese niño que fue sustraído es o pudieran ser alguno de nuestros hijos.
Es por ello que me sumo a la propuesta hecha por el senador, que por cierto es de mi estado y al cual felicito, Jesús Casillas Romero, y creo que es de suma importancia que no solamente se ponga en marcha en las entidades que actualmente lo prevén, sino que se obligue a todas y a cada una de las entidades a que este programa sea prioritario.
Es importante por esto que el Partido Revolucionario Institucional se pronuncie a favor de esta iniciativa. Agradecemos así que todos los demás partidos y fuerzas que convergen en esta Cámara y en esta sesión se hayan pronunciado de igual manera.
Invito a los estados a que lo antes posible diseñen un programa nacional que pueda lograr la recuperación de nuestros menores de edad, que hoy día son el 30 por ciento de nuestra población y que representan no solamente el futuro sino el presente de nuestro país. Por la libertad de nuestros niños muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Celia Isabel Gauna. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar a favor la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas. Hoy me toca una labor bastante satisfactoria y positiva que es el hablar y sumarnos a esta iniciativa que se ha presentado con la Alerta Amber.
Solamente tenemos que recordar que según las últimas cifras difundidas por el Senado en la actualidad un promedio de tres a cuatro niños de entre cuatro y 12 años desaparecen cada hora en nuestro país, ya sea por secuestro o robo.
En los meses pasados, tomando en cuenta esta cifra tan alarmante, el gobierno federal lanzó un proyecto muy ambicioso conocido como la Alerta Amber en México. Este programa a nivel nacional surge por la necesidad de implementar un sistema de advertencia temprana, urgente y simultánea a la sociedad ante la desaparición de un menor.
Este sistema fue creado en 1996 en memoria de una niña, Amber German, una niña de nueve años que fue secuestrada y brutalmente asesinada en el estado de Texas, como ya lo ha mencionado nuestro compañero que presentó esta iniciativa.
En nuestro país la forma de operar de este programa es la siguiente y creo que es positivo y responde a una demanda de urgencia, ya que una vez que la policía informe a todos los medios de comunicación el secuestro de un niño, estos difundirán la información a la sociedad con el objetivo de que el púbico espectador ayude a la localización de la persona desaparecida. Es importante señalar que esto en forma simultánea e inmediata pues recordemos que ante estos lamentables hechos el tiempo es de vital importancia.
A través de estos esfuerzos, como la Alerta Amber se logran coordinar los trabajos en diferentes niveles del gobierno e instituciones dedicadas a la recuperación de los niños extraviados.
Es de destacar que en este contexto recientemente la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y diversas instituciones y medios recientemente firmaron un convenio de colaboración para coordinarse en el programa de Alerta Amber. Este convenio de coordinación lo que va a permitir es que los medios, de manera simultánea, y las radiodifusoras a nivel nacional, estén dando la información sobre la desaparición de estos niños, lo que va a ayudar a una rápida localización y creemos que podrá traer mayor índice de éxito para poder localizar a estos niños.
Por citar un ejemplo, en el 2013 se emitieron 102 Alerta Amber y se logró rescatar con éxito 95 niños, por lo que estoy segura que los esfuerzos coordinados que se anunciaron en estos recientes días nos ayudarán todavía a lograr muchos mejores resultados.
Es por esto que en el Partido Verde nos sumamos al presente exhorto para que los gobiernos federales y locales sigan construyendo proyectos tan positivos que coadyuven al fortalecimiento de la Alerta Amber y con esto sigamos dando resultados beneficiosos en beneficio de nuestra sociedad, pero principalmente de nuestros niños. Trabajos como éstos, son los que debemos de seguir replicando. Muchas gracias, compañeros, por su atención.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Ana Lilia Garza. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar en pro, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la Alerta Amber es un programa crítico de respuesta ante la desaparición de una niña o un niño que utiliza los recursos de las autoridades y los medios de difusión para notificar a la población cuando un menor de edad haya sido secuestrado por un depredador.
Aunque el alcance de la Alerta Amber varía, los criterios para su activación son bastante consistentes. Se trata de un programa aplicable a nivel local, regional o estatal, las autoridades activan la Alerta Amber mediante la notificación a los medios de comunicación, de información relevante, de identificación y datos sobre el caso cuando éstos cubren los siguientes requisitos: la menor cuenta con una edad predeterminada; las autoridades creen que el menor o la menor ha sido secuestrada y que las autoridades consideran que el menor de edad corre el riesgo de sufrir graves daños físicos o de morir.
Una vez que ello recibe la Alerta Amber, las estaciones de radio y televisión interrumpen la programación regular para notificar al público que una o un menor ha sido secuestrado ya que el 95 por ciento de los conductores escuchan la radio, éste es un medio efectivo para proporcionar la descripción del o la menor secuestrado, el vehículo o los cómplices.
Además de lograr que el público se convierta en investigador común cuando una menor o un menor ha sido secuestrado, los beneficios de la Alerta Amber es que es gratuito, estimulan la participación entre autoridades y medios de comunicación mediante la unión de las fuerzas y es una respuesta efectiva en las horas críticas para el secuestrador que puede desaparecer con niños o niñas, ya que los primeros momentos son fundamentales para su recuperación.
Además de enviar un poderoso mensaje a los delincuentes, a los secuestradores, de que la comunidad cuida y protege a sus niños y niñas. Alerta Amber salva vidas.
Este concepto fue inspirado inicialmente, gracias a la inquietud de ciudadanos interesados después del trágico secuestro y asesinato en 1996, de Amber Hagerman de sólo nueve años de edad en Arlington, Texas y ha sido adoptado por todos los segmentos de la sociedad.
La meta es proteger a todas las niñas y niños en todos los estados de la República en su búsqueda y localización, ya que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, secuestro, extravío, la privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional.
La Alerta Amber es una de las ideas más brillantes hasta ahora concebidos en la batalla para recuperar a niñas y niños secuestrados o desparecidos. El Programa Alerta Amber se implementó a nivel nacional el 3 de marzo del 2012 y aún cuando en nuestro país no existen estadísticas oficiales del robo de niñas, niños y adolescentes, pero de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas, el 67 por ciento tiene que ver con sustracción ilegal de menores de edad; el 9.3 por ciento de los casos se refiere a ausencias voluntarias; el 10.5 por ciento por desaparición; el 2.3 por ciento por extravío; el 9.3 por ciento por robo y el 1.2 por ciento por secuestro.
Estas cifras, el 58 por ciento de los desaparecidos tiene de 4 a 12 años de edad y las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino.
Cabe señalar que tampoco existen las instancias necesarias para que los familiares de estas niñas y niños y adolescentes que han sido robados denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización. Generalmente se atiene lo referente a las demandas de las personas desaparecidas o extraviadas después de transcurridas 48 horas, tiempo suficiente para que el niño, niña o adolescente, si fue secuestrado, privado de su libertad o robado pueda ser llevado a cualquier lugar de la república o del extranjero.
De aquí la necesidad de implementar de seguir impulsando la Alerta Amber y monitorear cotidianamente su funcionamiento y correcta aplicación, y por qué no, también en un futuro ver la designación de recursos para este gran programa.
Se considera que las niñas y los niños robados son utilizados en adopción ilegal, explotación sexual y comercial infantil, para dirigirlos a las peores formas de trabajo infantil e incluso hay quien afirma que para el tráfico de órganos y drogas.
De cualquier forma y cualquiera que fuera el fin de su sustracción, la desaparición de las y los niños supone una violación de las garantías de seguridad que debe de brindar el Estado a esta vulnerable población. Por ello saludamos con beneplácito la reciente firma del Convenio 08012014, para instrumentar el Programa Alerta Amber entre la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República y la Cámara Nacional de Radio y Televisión, para garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes mexicanos.
Con este compromiso se pondrá a disposición del programa más de mil 200 emisoras afiliadas en todo el país, para alertar y difundir de manera inmediata a toda la población información sobre la eventual desaparición de cualquier menor de edad.
La seguridad, los derechos humanos, la garantía del interés superior del niño requiere sin duda de la participación del gobierno federal, de los Ejecutivos estatales y del Distrito Federal, no sólo que cumplan con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también con los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, que por cierto este año cumple 25 años, a fin de que implemente cada uno de estos gobiernos a partir de sus funciones y atribuciones, programas y acciones necesarios para garantizar los derechos y el pleno desarrollo y seguridad de la niñez y adolescencia en todo el país.
Aquí ya se ha dicho, son 21 estados los que han firmado y han publicado ya en su Gaceta el convenio, los que ya están formalizados; 10 operan aunque no han sido publicados en sus Gacetas correspondientes y sólo Zacatecas hace falta por implementado.
Un llamado a este estado para que de manera coordinada podamos seguir impulsando tan noble programa, como es el de Alerta Amber. Por todo lo anteriormente dicho, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor el presente punto de acuerdo. Es cuanto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene ahora el uso de la palabra por cinco minutos la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, que no lo han hecho, aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política, a efecto de que esta soberanía realice la declaratoria de procedencia.
La senadora María Marcela Torres Peimbert: Estimados compañeros y compañeras, senadoras, diputados, diputadas, a casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática, digna de una corporación trasnacional, pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del país.
Habitantes del Distrito Federal, Monterrey, Puebla, Veracruz, estado de México, Sinaloa, Querétaro, presenciamos algo que parecía inverosímil en democracias sólidas, un despliegue de propaganda en revistas, televisión, periódicos, transporte público de la Ciudad de México, paradas de camiones, espectaculares, salas de cine, redes sociales, etcétera, un despliegue de publicidad grosero.
El Partido Acción Nacional presentó, en días pasados, una queja ante el Instituto Federal Electoral, a través de la cual se denuncian las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del primer informe del gobernador de Chiapas.
Esta actitud, que no es exclusiva de un gobernador y es trasversal a partidos políticos, es contradictoria por lo previsto, tanto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 228, párrafo cinco, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero lo más obsceno es que se hayan gastado 10 millones de dólares en algo tan banal, en un estado que según información del Coneval es el más pobre de México, esta situación evidencia de manera grotesca el desequilibrio en el gasto público del país.
En Chiapas, 70 por ciento de la población es pobre y 30 de cada 100 habitantes viven en pobreza extrema. La educación promedio es de las más bajas en el país, siendo de 6.7 años por habitante.
Esta situación genera gran indignación en la ciudadanía, quien se pregunta cuáles son los instrumentos legales que facultan a los gobernadores y a los funcionarios públicos en general, nosotros incluidos, para gastar dinero de los contribuyentes, sin consultarles y fuera de los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, y sobre todo, dónde se encuentra el límite a la cantidad de recursos que cualquier funcionario público podemos gastar.
Son muchos los ciudadanos ocupados y preocupados en el tema, en el gasto de propaganda gubernamental. Según un estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias e Integralia, SC, los gastos de propaganda gubernamental de los tres poderes han aumentado en los últimos años, pasando de mil 13 millones de pesos en 2002, a 5 mil 927 millones en 2011. Es decir, se ha quintuplicado.
El reporte señala que posterior a la reforma electoral de 2007 se observó un incremento en los gastos en materia de comunicación oficial y publicidad del gobierno federal, cercano al 100 por ciento.
La mayor parte de los países en el mundo cuentan con marcos regulatorios estrictos que establecen parámetros básicos, tendentes a impedir que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales o como mecanismo de presión sobre medios de comunicación y periodistas, o para promoción exclusivamente personal.
Hace no más de un año que dentro de los temas prioritarios del Pacto por México se propuso crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.
Este punto aun no se concreta en lo absoluto y parece que hoy los gobernadores están dispuestos a demostrarnos que lo que se puede hacer en provecho de sí mismos, con recursos públicos, cuando existe una enorme laguna legal por la inacción de nuestro poder, el Legislativo.
La indignación ciudadana hecha luz, sobre la pasividad de algunas legislaturas estatales, quienes están pendientes por aprobar la reforma política que el Congreso de la Unión les enviara en diciembre del año pasado, en donde en su artículo tercero transitorio se establece que el Congreso de la Unión estará obligado a expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, los partidos políticos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios antes expuestos.
Al día de hoy son tan solo 10 los estados que han notificado al Senado la aprobación de la reforma político-electoral en materia constitucional.
Faltan 21 estados en procesar la reforma política y 6 para que se pueda dar la declaratoria de procedencia y entren en efecto los cambios realizados por el Legislativo en nuestra Carta Magna.
Por ello, yo invito a todos los grupos parlamentarios a que voten a favor este punto de acuerdo, que sea este pleno y que seamos congruentes, este Poder Legislativo, para exhortar a todas las legislaturas estatales, y que quede claro ante la ciudadanía que el Poder Legislativo trabaja a favor de los mexicanos sin distingo de partidos políticos para que ya estos seis estados lancen ya esta legislación y pueda ser vigente en nuestra Constitución.
Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Marcela Torres Peimbert. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Solicito a la Secretaría repetir, por favor, la votación.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). No existen las dos terceras partes para poder ser de urgente resolución la proposición.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Al no considerarse de urgente resolución túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la inseguridad en el estado de Michoacán. –En representación de la diputada sube el diputado José Luis Esquivel Zalpa.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito someter a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el punto de acuerdo, con moción de urgente y obvia resolución, relativo a la inseguridad de Michoacán.
La alarmante situación de violencia que se vive en el estado de Michoacán requiere de una respuesta pronta, transparente y garante de derechos. El pasado 13 de enero las autodefensas ocuparon el municipio Nueva Italia. Ese mismo día el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, solicitó ayuda al gobierno federal, por lo que las autoridades enviaron un total de 11 helicópteros abordados por efectivos.
Las fuerzas federales comenzaron a desarmar a los grupos de autodefensa en la localidad de Nueva Italia en el municipio de Múgica, así como en la localidad de Parácuaro, sin embargo las acciones contenidas a través de la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal hasta ahora han derivado en una innecesaria confrontación con la población civil, por ello proponemos respetuosamente a esta Comisión Permanente:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al gobierno federal sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero de 2014.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que investigue los hechos de la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridas entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014.
Con fundamento en el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiamos en que esta Comisión Permanente refrende su postura inequívoca a favor de los derechos humanos y en contra de la impunidad y nos acompañe con su voto a favor del presente punto de acuerdo.
Las y los michoacanos no merecemos malvivir en estado de violencia. Es hora que las fuerzas políticas, gobierno federal, estatal y municipal se unan para salvar a Michoacán todas y todos unidos por el desarrollo de nuestro estado en paz y salvaguardando los intereses de nuestra población. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado José Luis Esquivel Zalpa. Consulte la Secretaría a la asamblea, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición, se abre el registro de oradores. Se tiene registrado para hablar en pro, el diputado René Fujiwara Montelongo, el senador Juan Carlos Romero Hicks, la diputada Graciela Saldaña Fraire, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el senador David Monreal Ávila y el senador Alejandro Tello Cristerna.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para hablar a favor, el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El Estado mexicano enfrenta un reto mayúsculo en materia de seguridad pública, el surgimiento de grupos de autodefensa en comunidades de algunas entidades del país nos muestra que aún existen pendientes en la consolidación de un verdadero estado de derecho.
El Estado es el encargado de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos y la conformación de grupos civiles armados para hacer frente a la violencia y a la inseguridad en sus comunidades no es una solución. Debemos reconocer que existe una preocupación legítima de la sociedad por la situación de inseguridad; sin embargo en Nueva Alianza estamos convencidos de que no se puede combatir el crimen con grupos civiles armados, que intentan suplantar la responsabilidad del Estado mexicano.
La presencia de las denominadas autodefensas en Michoacán ha ido en aumento y cada día escuchamos que nuevos municipios y comunidades están bajo su resguardo. Dicho fenómeno, aunado a la violencia y a la inseguridad derivada del combate a la delincuencia organizada ha originado graves enfrentamientos que pone en riesgo cada vez más a la población civil que se encuentra en un fuego cruzado permanente.
De manera contraria y lejos del propósito inicial, la existencia de estos grupos no ha generado un clima de paz y tranquilidad, hoy en día Michoacán alcanzó un nivel de conflagración mayor y las comunidades donde se encuentran asentadas las autodefensas viven con mayor temor.
En este contexto Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo con las modificaciones y a aprobadas, ya que debemos conocer la información sobre los hechos ocurridos en la tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro en el estado de Michoacán entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero.
Asimismo, para dar certidumbre y objetividad a la investigación, consideramos necesaria la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En Nueva Alianza consideramos que cualquier acción del Estado mexicano y las fuerzas del orden federal y estatal deben estar apegadas a derecho y a la legalidad. Ante todo debe prevalecer la protección a la población civil que ha sido afectada por la situación que se vive en esta región del país.
Profundamente esperamos que el acuerdo del apoyo federal para la seguridad en Michoacán, firmado por el gobierno federal y estatal, sirva para proteger los derechos de la ciudadanía y devuelva la tranquilidad y paz a nuestros compatriotas en esa entidad.
Estamos convencidos que es necesario desplegar un programa transversal e integral de políticas públicas que procuren confianza en las instituciones, fomenten la cohesión social y la participación ciudadana en los temas de seguridad pública. De igual manera, consideramos que también es responsabilidad de nosotros como legisladores, así como de todos los partidos políticos y de la sociedad en general, coadyuvar en el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el estado de Michoacán.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy debemos demostrar al pueblo de México que estamos unidos, preocupados y ocupados por salvaguardar al estado y la integridad de cada uno de los ciudadanos.
Los daños por la situación que se vive en la zona son de toda índole. Afectaciones económicas severas en todos los sectores comercial, agrícola, urbano-empresarial, turístico. Afectaciones educativas, ya que en la región cerca de 20 mil niños y jóvenes no han asistido a clases –más de un centenar de escuelas permanecen cerradas-, además del clima de ingobernabilidad e inestabilidad política que nada abona a la prosperidad y concordia.
Por México y toda la riqueza de nuestro pueblo, hacemos un llamado a cada ciudadana y a cada ciudadano, a cada representante, a unirnos y alcanzar una solución pacífica a la violencia en Michoacán. Por su tolerancia y atención, muchas gracias, compañeros legisladores. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.
El senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores. Parácuaro y, los demás municipios de Michoacán, no son Fuente ovejuna.
En 1618, Lope de Vega y Carpio, publica una obra teatral en donde el pueblo de Fuente Ovejuna decide hacer justicia por su propia mano ante los constantes abusos de poder que ejerce el comendador.
Hace unos cuantos días un ilustre guanajuatense, Jorge Hernández -con ascendencia en mi entidad federativa-, escribe para hacer una comparación en donde precisamente se ve la pasión enardecida de un pueblo que se ve violentado y que, en ausencia de la autoridad, se hacen justicia por sí solos.
Sin embargo no nos hagamos, no nos hagamos invisibles a esta situación. Lo que está ocurriendo en Michoacán no es parecido o no es idéntico a lo que ocurre en Fuente Ovejuna. Hoy lo que necesitamos es estado de derecho, no estado de chueco. El estado de derecho es el primer imperativo de la fuerza moral y ética del Estado mexicano y la pregunta que tenemos que respondernos es ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la autoridad municipal, dónde está la autoridad estatal y dónde está la autoridad federal?
Y frente a todo esto no podemos tener regímenes de excepción. Están ocurriendo situaciones en rebeldía que son entendibles pero injustificadas. ¿Por qué no se ha hecho el desarme de los grupos de autodefensa? Por qué tenemos, por ejemplo, situaciones especiales de protección al doctor José Manuel Mireles, en donde en los primeros días de enero aparentemente tuvo un accidente, lo protegen las fuerzas federales, lo custodian, lo traen a la ciudad de México y al día de hoy no se ha dado una explicación razonable y suficiente para entender qué es lo que estaba aconteciendo.
Y por otro lado, desde luego, estamos a favor de que se hagan las investigaciones si es que el Ejército Mexicano tuvo alguna forma de violentación de los derechos humanos.
Esto ha generado mucha confusión en fuentes políticas, en fuentes mediáticas. El hecho es que cuando uno ve las notas periodísticas de los principales diarios, el New York Times, el Boston Jornal, El País, la BBC, Gardien, entre otras, lo que destacan lamentablemente es esta situación. La imagen del país está de por medio.
Cuánto vale la seguridad y el sueño jurídico de un niño, un joven que no encuentra en su familia y en su comunidad inmediata tiene esa protección. Por eso hoy lo que tenemos que hacer es tener visión estratégica, es tener voluntad política y sobre todo acatar la ley.
Cuánto vale hoy el Estado de derecho o el Estado de chueco; Parácuaro no es Fuente Ovejuna. Por eso estamos a favor de que la autoridad ejerza el mando como debe ser. Es cuanto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, hasta por cinco minutos, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Muchas gracias. Honorable asamblea, el grupo parlamentario condena cualquier acción fuera de la ley y de las prácticas democráticas.
Nos pronunciamos por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, la madrugada, hora después de la firma del Acuerdo del apoyo federal a seguridad del estado de Michoacán.
Es inadmisible que se pretende restablecer la ley sin una estrategia de intervención en la que la política a través del diálogo formal, frontal y honesto con las partes involucradas, no sean parte de una estrategia de intervención.
Esta representación nacional y la nación, deben saber con toda veracidad qué pasó en el operativo, ya que se dice que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron acaecidas en el mismo.
Si no hay confianza en las instituciones, ni siquiera en la información que se produce de los hechos, menos se tendrá en las acciones que se han comprometido. Michoacán y en general la nación necesita que la confianza de la gente en sus gobernantes mejore considerablemente.
Pero cómo van a recobrar la confianza si la impunidad, la corrupción, la violencia y la inseguridad han sido los resultados de prácticas públicas alejadas de la ley y de los principios que sustentan nuestra democracia.
La toma de la justicia en mano propia de parte de la gente de Michoacán es una señal de alerta social que como representantes populares no podemos ni debemos evitar.
Mi grupo parlamentario en esta soberanía se expresa porque las palabras del gobierno federal y estatal empeñadas en el acuerdo se cumplan cabalmente y observando, sin excepción de las secciones, un irrestricto respeto a los derechos humanos. Mi grupo también hace un respetuoso llamado a que las acciones atiendan de fondo las causas que dieron origen al surgimiento de grupos civiles, ejerciendo funciones exclusivas del Estado.
Tenemos interés en el PRD en que nuestras fuerzas armadas sigan siendo garantes de la seguridad nacional, pero no a costa de la duda sobre su quehacer en el establecimiento del orden en Michoacán.
Los grupos de autodefensa que surgieron para defenderse del acoso de grupos criminales operan en por lo menos 15 municipios de aquel estado, situación que sólo fue posible ante la pasividad de los gobiernos estatal y federal para implementar oportunamente estrategias de seguridad que garanticen la seguridad de los michoacanos.
Hacemos un llamado al titular del Ejecutivo a no tolerar violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado asignados a la región de tierra caliente en Michoacán.
Que quede claro, legisladores y legisladoras, en el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor de la legalidad y no compartimos que los ciudadanos se hagan justicia por propia mano, pero también defenderemos que los procedimientos para la solución de conflictos se realicen apegados a derecho e incluyendo a todos los involucrados, derivados en acuerdos que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos y las mexicanas y que se pueda lograr la paz y la seguridad por medio de un golpe de fuerza, por la intimidación, por la imposición del orden a sangre y fuego. Es cuanto, señora presidenta.
Quisiera informar en este momento algo actualizado con respecto a este asunto, en donde a través de las redes sociales se habla que en este momento: Por orden de los Caballeros Templarios se cierran negocios en Apatzingán, revista Proceso; Ejército desarma a policías en Apatzingán, Milenio; Sin clases más de 40 mil alumnos en tierra caliente, Milenio; Fuerzas federales toman el control en Apatzingán, Uruapan y Mújica, CNN; La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicia investigación de oficio sobre fallecidos en Michoacán; La Jornada. Atacan una farmacia de Apatzingán en este momento, ésta es información que está saliendo por parte de las fuerzas federales en la CNN.
Por último quisiera llamar su atención sobre algo que en este momento salió en diferentes medios nacionales en donde se dice que hay un acuerdo de negociación en secreto, el Acuerdo Transpacífico, para beneficiar a empresas transnacionales, y con esto pretenden hacer a un lado todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Esto seguramente se está dando en este momento haciendo a un lado el interés y la importancia de los recursos naturales, principalmente en comunidades. Estos acuerdos están queriendo hacer a un lado los tratados internacionales, en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esto salió en una información que revelan el día de hoy en wikileaks. Muchísimas gracias y buenas tardes.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Graciela Saldaña. Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañeras presidenta. La tragedia de Michoacán tiene que ver en gran parte porque ha sido el campo experimental, el laboratorio perverso para estrategias de seguridad pública desde el gobierno federal que más allá de pacificar y combatir al crimen organizado, han generado más problemas, más deterioro social y más criminalidad.
En diciembre del 2006, Felipe Calderón, enfundado en un traje militar, arranca con teatralidad el operativo conjunto Michoacán, y los resultados son conocidos, hay un deterioro de la gobernabilidad, de la seguridad, carteles que se disputan las principales regiones, con mayor medida tierra caliente por su vecindad geográfica con diferentes entidades federativas.
Hoy, el gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto, ha continuado la misma línea del PAN y tanto el PRI como el PAN han demostrado un profundo fracaso en materia de seguridad pública.
Hoy el país enfrenta graves problemas de gobernabilidad, de cohesión social y de armonía comunitaria, lo cual se vuelve todavía más grave por los problemas de desempleo por la recesión económica y por la falta de horizontes para millones de jóvenes.
Este cáncer de la inseguridad amenaza con colapsar al estado nacional. Michoacán es, finalmente el caso más extremo, pero hay inseguridad y hay grupos que han surgido para combatirla, precisamente por la incapacidad del Estado para cumplir su función básica y esencial, asegurar y proteger la libertad y la seguridad de las personas y de su patrimonio. En ese sentido, el Estado mexicano está fallando y Michoacán es su ejemplo más trágico.
Si a esto le sumamos que al parejo de los problemas de inseguridad hay contubernio político entre autoridades y narcotraficantes cuando para llegar al poder se negocia o se tranza con los narcos, cuando se abren espacios en plazas y regiones, o se les da el derecho, incluso, para nombrar a los titulares de las corporaciones policiacas, es evidente que hay un colapso de la seguridad pública.
En el caso de Michoacán, el tema de las autodefensas sin duda fue alentado desde el gobierno federal, y ahí vemos la mano perversa del principal asesor de seguridad pública, el colombiano general Óscar Naranjo, que en su país natal, para enfrentar al crimen organizado, alentaron también que grupos civiles, que grupos paramilitares se armaran y combatieran en las regiones donde se daba este flagelo.
Estamos viviendo, compañeras y compañeros legisladores, la colombianización del país, ése es el resultado. Es decir estas autodefensas fueron toleradas, auspiciadas por el Estado mexicano y hoy, cuando este Frankenstein ha crecido y cobra vida propia tratan de frenarlo.
Pero además de ello, el país vive una proliferación de armamento. Se habla de 15 millones de armas en el país. Evidentemente que este es un problema grave no sólo de Michoacán, es un problema de todo el país, los flujos de armas y los flujos de dinero involucrados en la actividad delictiva, y de eso tanto el gobierno federal anterior como el actual han fracasado rotundamente. Por eso hay esta capacidad de armamento en Michoacán, donde se habla de 10 mil personas que conforman estas autodefensas que están armadas.
Urge detener este posible baño de sangre que se puede generar en Michoacán. Ya cuando se anunció esta estrategia nueva por parte del gobierno federal se dieron estos hechos que hoy motivan el punto de acuerdo, estos hechos en la tenencia de Antúnez, en el municipio de Parácuaro, pero está latente el grave problema y nosotros le pedimos el gobierno federal que actúe con eficacia y con responsabilidad, no solamente para desarmar a las autodefensas, sino para combatir a los grupos delincuenciales.
No sólo desarmar a las autodefensas, sino exhibir y detener ya a los grupos que estén generando esta situación caótica y delincuencial en Michoacán, porque el problema del país es que el gobierno federal, el anterior y el actual, son muy buenos a veces para combatir algunos cárteles y muy tolerantes para permitir la actividad delictiva de otros grupos criminales, que haya mano firme también para perseguir a todos los grupos delincuenciales.
Nosotros queremos también, y propondríamos como una adición a este punto de acuerdo, que le pedimos respetuosamente, presidenta, lo pueda someter a consideración, que se cree un grupo, una comisión especial de legisladores que coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en el estado de Michoacán.
No solamente es un problema policiaco, es un problema de reconstrucción del tejido social. Es un problema de reconstituir las bases democráticas del estado y limpiar la política del poder corruptor del dinero del narcotráfico. Esa es la profundidad de lo que se debe hacer en Michoacán, y me parece que hasta ahora la actuación del Ejecutivo ha sido insuficiente.
Por eso nosotros, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública no estuvimos de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación concentrara también las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Me parece que hay una saturación en la agenda de la Secretaría de Gobernación y en tanto los problemas están desbordando al país.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Concluya, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Y hoy es Michoacán y mañana podrán ser otros estados de la república. Para concluir, presidenta, le voy a hacer llegar la propuesta de adición, para que se pueda someter a la consideración. Yo le pediría a los proponentes, si están de acuerdo para seguir el procedimiento parlamentario, y si lo están que se someta a consideración como un añadido.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada su adición, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Ahora tiene el uso de la palabra el senador David Morneal Ávila para hablar a favor, hasta por cinco minutos.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta. Una obligación del Estado es sin duda garantizar a la población la seguridad. Es decir, la seguridad resulta ser una finalidad esencial para la vida y el desarrollo de la comunidad nacional, sin ella no es posible garantizar la existencia de la población ni el Estado mismo.
La seguridad nacional se entiende como el conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y culturales que las autoridades gubernamentales, en representación del Estado, emprenden para preservar la permanencia de éste, siempre con apego a los principios constitucionales.
La Constitución Política federal, en la fracción VI, artículo 89, señala que es facultad y obligación del titular del Ejecutivo federal preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva.
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 3o., establece que la seguridad nacional comprende las acciones destinadas de manera inmediata y directa, a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a la preservación de la soberanía e independencia nacional, al mantenimiento del orden constitucional y a la defensa legítima del Estado mexicano, respecto de otros estados o sujetos y derechos internacionales.
Asimismo, el artículo 4o. de la ley en comento estipula que la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad y transparencia.
A lo dicho anteriormente, la pregunta es, ¿realmente el Estado mexicano está cumpliendo con los preceptos antes mencionados? En realidad, es que desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa inició su guerra contra el crimen organizado, sin embargo la ciudadanía no se siente más segura hoy más que hace ocho años, muestra de ello es que en muchas comunidades los pobladores se han visto forzados a autodefenderse.
El surgimiento de las policías comunitarias o autodefensas, es el resultado de la nula estrategia para combatir de manera eficaz y eficiente al crimen organizado. Por tal razón, ante la ausencia de una autoridad que proteja a estas autoridades, ellas se vieron forzadas a recurrir a la legítima defensa.
Uno de los primeros grupos de autodefensa fue constituido en Santa Cruz del Rincón, del municipio de Malinaltepec, en el estado de Guerrero, en el año de 1995, por medio de una asamblea comunitaria en la que participaron 38 comunidades y se funda la policía comunitaria.
Actualmente, el número de grupos de autodefensa o policías comunitarias se ha incrementado en México en los últimos meses, debido al aumento de la delincuencia que aqueja a la sociedad en la mayoría de los estados que conforman el país.
Es una pena y una tristeza que el secretario de Hacienda dijera hace 8 meses que el problema de Michoacán lo iban a resolver en las primeras acciones.
No solamente no se resolvió sino lo convirtió en un estado fallido. Colombianizaron Michoacán bajo el esquema peruano michoacano, que primero crean un grupo aparentemente ciudadano al que toleran, financian y luego lo dejan operar. Y al final lo desgracian matando a sus propios integrantes. Ése será el caso de las autodefensas de Michoacán.
La inseguridad de Michoacán está ligada a la inseguridad nacional. Apenas a un año de gobierno son más de 18 mil muertos.
Éste es un problema nacional que deber resolverse como un principio de justicia, pero en Michoacán no hay ni justicia ni autoridad.
El gobernador no puede resolver el problema, es parte del problema. Por eso, Fausto Vallejo debe separarse del cargo y juntos, una vez que presente licencia, juntos, entre todos, enfrentar, atender e intentar resolver este problema que lastima a nuestro país. Porque Michoacán no es solo un estado más de nuestra República, es nuestra república.
Y hago un llamado a las instituciones de seguridad, un llamado al secretario de Gobernación para que a pesar de que Michoacán es un foco rojo no se desatienda a los otros nueve estados que ya identificaron ellos como posibles o vulnerables a irrupciones violentas o irrupciones sociales. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador David Monreal, tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Flores Ramírez para hablar a favor, hasta por cinco minutos.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, me gustaría poner en contexto la alarmante situación de inseguridad que se vive hoy en el estado de Michoacán, en donde a causa del abandono por parte de los gobiernos estatales y federales precedentes a las actuales administraciones la población de esa entidad había resentido un grave deterioro de sus condiciones de vida.
Cabe resaltar que la deficiente implementación de programas y políticas públicas adecuadas en la entidad arrastraron a Michoacán a una situación de notable rezago en cuanto se refiere a los indicadores sociales, basta echar un vistazo a la evolución de estos indicadores que el estado registró hasta antes de 2012 para darnos cuenta del por qué de las lamentables circunstancias que hoy padecen los michoacanos.
El clima de inseguridad que se vive en una parte de Michoacán exigía tomar medidas drásticas, como las que han adoptado el gobierno federal y el gobierno estatal para devolver la paz y la tranquilidad a millones de personas que han llegado al extremo de armarse para defenderse de los embates del crimen organizado, que en 12 años incrementaron significativamente su poder ante la incapacidad y en ocasiones hasta la complacencia de las autoridades.
No olvidemos que incluso en esta soberanía se dio un muy lamentable suceso, cuando un grupo parlamentario permitió que un diputado federal de su bancada, electo, tomara protesta y entrar a escondidas al recinto de San Lázaro para evadir el requerimiento de la justicia.
Las aberraciones de esta magnitud fueron las que motivaron la desconfianza de la población en las autoridades, y las que han orillado a algunos michoacanos a asumir funciones que no les corresponden.
A pesar de que en el Partido Verde consideramos que la demanda de seguridad de los ciudadanos es absolutamente legítima no creemos que sea conveniente bajo ninguna circunstancia que las personas se procuren justicia pos su propia mano, pues ello va en contra del más elemental Estado de derecho.
La existencia de los denominados grupos de autodefensa en el estado, que surgieron desde el 2013, constituye un riesgo para la gobernabilidad y la paz social, pues sus integrantes portan armas de uso exclusivo del Ejército y realizan operativos en los cuales se cometen arbitrariedades y abusos de poder, con lo cual se atenta en contra de los derechos humanos del resto de la población a la cual dicen proteger.
La firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán tiene por objeto poner todos los recursos de los cuales dispone el estado para encontrar una solución definitiva al conflicto en la entidad y regresar así la tranquilidad a los ciudadanos, a las familias y a las empresas para vivir y trabajar en paz, y de este modo salir adelante.
En cuanto a las preocupaciones de los proponentes del punto de acuerdo puesto a discusión cabe señalar que la estrategia del gobierno de la república para reinstaurar el orden constitucional en algunos municipios del estado de Michoacán se implementará en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de derecho que las fuerzas federales actuarán con toda cautela para no empeorar la situación que se está viviendo.
Queremos recalcar que el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto tiene un firme compromiso tanto con la seguridad como con la función esencial del Estado y un derecho fundamental de los ciudadanos, como con el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, por lo cual tenemos plena confianza en que los esfuerzos desarrollados por las instituciones encargadas de la seguridad interior y de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, se realizarán con estricto apego a la legalidad. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Gerardo Flores. Ahora tiene le uso de la palabra, para hablar a favor, el senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, senadora presidenta. Nadie puede minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo en Michoacán, como tampoco puede minimizarse el esfuerzo que se está realizando mediante las instituciones e instrumentos del Estado para recuperar la paz y la estabilidad en la entidad.
Es indispensable que ante la situación nos pronunciemos a favor de las acciones que de manera coordinada y en el marco del pacto federal se están realizando por parte del gobierno federal y de las autoridades legítimamente constituidas en la entidad para restablecer condiciones de paz, legalidad, seguridad y con ello fortalece al estado de derecho en beneficio de los michoacanos.
No podemos evadir que se enfrenta un problema complejo, que no es reciente, ni mucho menos producto de la alternancia democrática en el gobierno del estado, sino que ha venido incubando en más de una década en la que por cierto, mi partido, el Revolucionario Institucional, no estuvo al frente ni del gobierno estatal, ni del federal.
La presencia significativa de fuerzas federales tanto del Ejército como de la Marina y de la Policía Federal es necesaria en la entidad en estos momentos, pues es la forma de garantizar la seguridad de la población y el desarrollo libre de las actividades de los ciudadanos bajo el imperio de la ley; se está trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y con la fuerza suficiente para contener las actividades de los grupos criminales y llevar ante la justicia a quienes han delinquido y se han constituido en una amenaza para la población y para la estabilidad de la entidad. Es una demostración de que el actual gobierno de la República ha decidido enfrentar el desafío con todos los recursos a su alcance para lograr un México en paz.
Aun cuando es entendible la indignación de grupos ciudadanos ante una situación que no se pudo resolver como se prometió hace algunos años, de ninguna manera se justifica la búsqueda de la justicia por propia mano y con medios fuera del marco de la ley. Habrá que hacer un llamado a esos ciudadanos para que sin demérito a su derecho a manifestarse y expresar libremente su sentír sobre lo que ha ocurrido en el estado de Michoacán, permitan la labor de las autoridades y confíen en la aplicación de la ley por parte de las instituciones para que se den los resultados que con toda razón exigen para trabajar y vivir en paz.
Mucho se ha hablado ya del saldo sangriento y de las profundas consecuencias sociales que se han vivido en el país en épocas recientes, con motivo de la actuación de las organizaciones criminales; pero también es de estrategias fallidas que no lograron el objetivo, ni de disminuir las actividades de esas organizaciones, ni de hacer menos cruentas su presencia, mucho menos de tener su efecto disolvente sobre un tejido social afectado por la pobreza y la falta de oportunidades.
El daño es de tal magnitud que es ilógico que se resolverá de la noche a la mañana, como por arte de magia, y por eso el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha propuesto poner en práctica una estrategia integral que incluya un componente indispensable de prevención y atención de las necesidades sociales, que tendrá que ser sostenido en el tiempo con un alto ingrediente de participación colectiva –y así se está haciendo en Michoacán.
En ese esfuerzo se ha convocado a la participación se todos los sectores y se está basando en una estrecha coordinación con las autoridades de los diferentes órganos de gobierno sin exclusiones, sin distinciones de origen partidista, pues el interés superior es beneficiar a la población. De igual forma, la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta coyuntura será valiosísima para salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de la población.
Michoacán ha sido y es prioritario en esa estrategia. Si bien no se trata de mirar hacia atrás, sino de voltear hacia adelante para resolver los problemas, poco se logrará si no somos serios en el diagnóstico y mucho menos si se sigue la ruta fácil del oportunismo político y se busca sólo una cuestionable rentabilidad electoral o, peor aún, si se tiene como motivo la frustración y el resentimiento y sólo se especula.
Si algo es urgente en Michoacán, es contribuir a la fortaleza de las instituciones y seguir la ruta de la legalidad y responsabilidad política como único camino para enfrentar los problemas de seguridad que padecemos.
En Michoacán, el gobierno federal ha acudido con puntualidad y decisión al auxilio de la sociedad michoacana y de sus autoridades. En torno a esas medidas es necesario encontrar acuerdos que permitan un respaldo decidido de los partidos y de los ciudadanos para resolver los problemas que hoy ahí se están viviendo.
Es por ello y, en base a ello, que mi partido, el revolucionario institucional, se suma a los dos resolutivos iniciales presentados por el proponente. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Alejandro Tello Cristerna. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta, antes de la votación si se puede leer exactamente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Solicito a la Secretaría dar lectura a la modificación propuesta por el diputado Mejía.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda conformar una Comisión Especial de legisladores que conozca y coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en el estado de Michoacán de Ocampo.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, diputado. Micrófono por favor para el diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sería un tercer resolutivo del mismo punto de acuerdo. El 1 y 2 que lo proponen los compañeros del PRD –y con el que estamos de acuerdo– y esta propuesta es un tercer resolutivo. Nada más para mayor claridad de la asamblea. Es cuanto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrado, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Mejía.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Las y los legisladores que estén a favor, sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No es de aprobarse la modificación. Ahora solicito a la Secretaría consulte si se acepta la modificación de la propuesta hecha por el senador Alejandro Tello. Solicito a la Secretaría dé lectura, por favor, al punto resolutivo del punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Resolutivos del punto de acuerdo presentados por la diputada Verónica Juárez Piña y Roxana Luna Porquillo, del grupo parlamentario del PRD, relativo a la inseguridad en Michoacán.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al gobierno federal sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la Tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro en el estado de Michoacán ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero del 2014.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que se investiguen los derechos de la Tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero del 2014, con fundamento en el artículo 102, apartado b), único párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, secretaria. Una vez leídos los resolutivos, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el senador Alejandro Tello. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada la modificación. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición con la modificación hecha por el senador Alejandro Tello.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición con la modificación aceptada por la asamblea y presentada por el senador Alejandro Tello. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada, comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación al cobro del IVA al gas natural, de Juárez, en el estado de Chihuahua y suscrita por los legisladores Ricardo Monreal Ávila, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Este punto de acuerdo, debemos señalarlo, que lo suscribimos varios legisladores, pero es iniciativa fundamental de la diputada federal Martha Beatriz Córdova Bernal, quien es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Como lo hemos señalado de manera reiterada, a partir de la homologación del IVA en la frontera del 11 al 16 por ciento y del cobro de un 8 por ciento a los alimentos con cierto contenido calórico, se ha venido generando una serie de abusos, de excesos y arbitrariedades por parte de establecimientos, cadenas comerciales y demás que, aprovechándose de la confusión y como dice el refrán a río revuelto ganancia de pescadores, han venido cometiendo actos verdaderamente autoritarios, pero sobre todo actos que golpean la economía popular y que constituyen también uno de los principales resultados de esta reforma hacendaria confusa y terrorista .
Nos referimos específicamente al caso de Gas Natural de Juárez que, aprovechando el tema del aumento del 11 al 16 por ciento en la frontera, cobró a usuarios de este gas, con el aumento del IVA, lo que corresponde al mes de diciembre, es decir, no solamente se le dio efecto retroactivo a una disposición, violando el 14 constitucional, sino que hubo un cobro indebido porque le aplicaron este aumento del IVA a un consumo que se originó en el mes de diciembre.
Además, alteraron su mecanismo de corte para la facturación. Ellos cortaban los días 28 y ahora lo corrieron al día primero para que también generara esta simulación y aplicar, a partir del 1 de enero, este aumento al gravamen, pero por los consumos del mes de diciembre.
Esta empresa gasera tiene un historial de abusos y de falta de solidaridad con la comunidad. Particularmente en esta época del año que, por las bajas temperaturas, evidentemente el consumo doméstico del gas aumenta para poder cubrirse de las inclemencias del tiempo.
La Profeco ha mostrado una actitud que calificamos de tibia e incluso de negligente y donde no hemos visto al titular de la Profeco, Alfredo Castillo, actuando para sancionar con mano firme estos abusos, sino dedicado a la frivolidad cerrando restaurantes, cuando hay temas de mucho mayor envergadura que están afectando la economía de las familias mexicanas. Lo que determinó Profeco en una gestión ante el SAT, fue que se devolviera el 5 por ciento extra que cobró indebidamente esta empresa pero solamente a aquellos usuarios, aquellos consumidores que hacían la gestión y los que no la hicieron ya pagaron indebidamente este cobro.
Por todas esas razones, exhortamos a la Profeco a que actúe con mano firme y que tome verdaderamente en sus manos la defensa de los usuarios del servicio de gas natural de Juárez, que investigue, corrija y que sancione las fallas y las faltas de esta empresa gasera, aplicando indebidamente el cobro excesivo del IVA.
En consecuencia, compañeras y compañeros legisladores, estamos proponiendo el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que tome las medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio gas natural de Juárez, investigue, corrija y sancione las faltas que la empresa gasera haya cometido, así como iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el cobro excesivo del IVA.
Segundo. Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a devolver el 5 por ciento de IVA a todos los usuarios afectados por la empresa gas natural de Juárez, no sólo a quienes acudan a realizar la reclamación.
Esa es la propuesta y por la naturaleza del tema, planteamos que sea considerado de urgente u obvia resolución. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Mejía. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores: se ha registrado para hablar a favor la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señora presidenta. En el tema que nos ocupa el día de hoy es de resaltar la conducta dolosa de parte de la empresa gas natural de Juárez, empresa presuntamente propiedad de una diputada federal del PRI.
A pesar de que el SAT (Sistema de Administración Tributaria) ofreció la devolución del 5 por ciento cobrado en exceso a los usuarios que así lo soliciten, se evidencia con esta acción que la empresa actuó de manera fraudulenta, y esta acción es insuficiente.
Es imprescindible que se sancione de manera inmediata a esta empresa infractora, también por parte de esta institución federal. Es también indispensable que la Profeco en el marco de su atribución, de verificar a las empresas expendedoras de combustibles, sancione de manera ejemplar a gas natural de Juárez.
Ya se ha comentado hace un momento que el titular Alfredo Castillo no ha actuado con severidad en este caso, por lo que es imprescindible que no siga solapando este mal servicio y sobre todo los incrementos que han afectado a un sinnúmero de usuarios.
De manera semejante, se le reitera como les comentaba, a la Profeco, planteando repetidamente en el marco de esta Comisión Permanente, para que se resguarden los derechos y los intereses de los consumidores y se acoten y restrinjan los abusos por parte de empresas y comerciantes con motivo de la homologación del IVA en las fronteras.
Finalmente, saludamos y nos solidarizamos con la decisión y acción ciudadana de la gente de Ciudad Juárez que se movilizó en defensa de sus derechos como consumidores. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Lorena Cuéllar. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada. Comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Siguiendo con el orden del día en proposiciones, tiene la palabra por cinco minutos la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a revisar e incrementar el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario, del Instituto Nacional de Cancerología.
La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): Presidenta, si me lo permite desde mi curul voy a presentar ésta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Autorizado.
La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento ante ustedes este punto de acuerdo debido a la gravedad que implica el principal cáncer letal en México, como es el cáncer de ovario.
La OMS ha declarado que al menos mueren 250 mil mujeres cada año por cáncer de ovario. Esto se debe al enorme sub-registro que existe, por lo que sabemos que la mortalidad es mucho más alta.
A nivel mundial el cáncer de ovario ocupa la octava causa de cáncer femenino, pero es la segunda causa de muerte por cánceres ginecológicos, sólo después del cáncer de cuello uterino.
México se encuentra en la segunda región de mayor frecuencia para cáncer de ovario, junto con países como Australia, algunos de Asia y algunos de Sudamérica. En México cada año se diagnostica un promedio de 5 mil a 6 mil casos nuevos de cáncer de ovario, y de éstas mueren anualmente un promedio de 2 mil 500 a 3 mil 500 mujeres, lo que equivale a 300 muertes mensuales, 10 muertes diarias. Es decir una muerte por este cáncer cada 2 horas.
Se registra un total de 7 mil 678 casos nuevos, según datos del Sistema Nacional de Información en Salud, de la Secretaría de Salud, que se traducen en 20 diagnósticos al día y 10 defunciones por esta causa. Es importante resaltar el hecho que resulta ser una malignidad más letal que el cáncer de mama y cérvix.
En general es una enfermedad que se desconoce y se confunde con otros tipos de cáncer femenino, principalmente con el cáncer cérvico uterino, y también se confunde con otros tipos de enfermedades, ya que los síntomas al principio son muy generales y sólo se hace diagnóstico de cáncer en etapas avanzadas, cuando existe ya crecimiento abdominal y hay líquido con células malignas.
Actualmente no existe un método de diagnóstico estandarizado, lo que dificulta el diagnóstico temprano. La supervivencia a cinco años es de 90 por ciento, pero las etapas tempranas para la mayoría de los casos que se presentan en etapas avanzadas, la supervivencia se reduce a cinco años en el 5 al 20 por ciento de las enfermas.
La edad en que se presentan más casos es entre los 45 y 55 años, aunque cada vez se presentan más casos en edades tempranas. El diagnóstico en etapas clínicas avanzadas, que son la etapa tres y la etapa cuatro, llegan a alcanzar el 75 por ciento de los diagnósticos de cáncer de ovario.
Por otra parte, la mortalidad por esta causa va en aumento, lo que la convierte en un problema de salud pública importante que se debe de atender. Sin embargo, el cáncer de ovario es curable cuando se logra hacer un diagnóstico temprano y se da el tratamiento adecuado, esta enfermedad no se encuentra, desafortunadamente, en el catálogo de enfermedades catastróficas, por lo que no está cubierta por el Seguro Popular.
Hasta hace cuatro años se logró que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Equidad y Género, en coordinación con la Comisión de Salud, reconociera este problema, asignando al Instituto Nacional de Cancerología el primer dinero federal otorgado para esta causa, a través del programa de Atención, Acceso y Prevención de Cáncer de Ovario en el año 2011.
Gracias a este apoyo, el Instituto Nacional de Cancerología ha logrado atender de forma integral un total de 763 pacientes, de las cuales el 70 por ciento han sido recién diagnosticadas y 30 por ciento pacientes con recaída.
La reducción, desafortunadamente, de este presupuesto, ya que para el año fiscal 2014, el Instituto Nacional de Cancerología solicitó un monto de 34 millones de pesos y la asignación original, que fue de 35 millones, en el Anexo 2 del Presupuesto de Egresos de la Federación sólo se asignó 13.5 millones de pesos para este programa de Atención de Cáncer de Ovario.
La reducción de este presupuesto tendría un impacto negativo en el desarrollo de un modelo de atención que maximiza el costo-beneficio y despliega modelos de atención, investigación y educación, pero el mayor impacto se localizaría en la incapacidad para atender a pacientes para el 2014, tanto de primera vez como de recaídas.
Para ellas significa la diferencia entre atenderse o morir. Esta reducción significaría que sólo se podrá atender un 33 por ciento de las pacientes y se quedarán sin ningún apoyo más de dos terceras partes de las enfermas de cáncer de ovario, que se proyectó recibir para el 2014.
Por lo anterior, presento a esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias, a fin de que se revise el presupuesto asignado al programa de Atención de Cáncer de Ovario, del Instituto Nacional de Cancerología, y se sumen 21.5 millones de pesos más a dicho programa, para llegar al monto de 35 millones de pesos para el periodo fiscal 2014.
Amigas y amigos legisladores, pido su voto a favor de este punto de acuerdo en beneficio de las mujeres mexicanas que lamentablemente padecen este silencioso mal. Muchas gracias, señora presidenta, es cuánto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada María de las Nieves García. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 172 diputados de diversos grupos parlamentarios el 10 de enero de 2014.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Con el permiso de la Presidencia, diputados, senadores integrantes de esta Comisión Permanente. El día de hoy me presento ante esta tribuna a solicitar la pronta atención y resolución de un tema de trascendental importancia para la economía de nuestro país. Un tema que ya está afectando a millones de mexicanos y que requiere ser atendido con prontitud.
Como es de todos conocido, el pasado 10 de enero 172 diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo promovimos una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, la que expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre pasado.
Promovemos una acción de inconstitucionalidad porque las disposiciones jurídicas de tal decreto resultan violatorias de los artículos 16, 25, 26, 28 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones en las que se salvaguardan importantes principios fundamentales que están siendo violados con esta miscelánea fiscal.
Principios fundamentales como el de la competitividad económica, el de la proporcionalidad tributaria y el de equidad fiscal, los cuales, el mismo presidente Enrique Peña Nieto hizo especial énfasis que serían siempre salvaguardados y que tendrían que ver, en cuanto a la generación de empleo, y por consiguiente, un crecimiento económico.
México, lo que hoy necesita y todos lo sabemos, es generar confianza dentro y fuera del país.
Compañeros legisladores, como representantes de los mexicanos no debemos escatimar la utilización de los recursos que nuestras leyes otorgan para evitar la aplicación de disposiciones que fueron realizadas bajo un panorama en el que no se consideró la precariedad de la economía a la que se están enfrentando los ciudadanos y diversos sectores de la sociedad.
Por ello, la acción de inconstitucionalidad presentada, la cual quiero reconocer que por método de orden le fue asignado el número cinco de este año, se explican las consecuencias que se ocasionarán y que ya se están ocasionando a importantes sectores de la población, como son los pequeños contribuyentes, a las personas físicas, así como al comercio y la economía de la frontera norte.
Como lo dijimos en esta tribuna, y lo dijimos en las calles junto a millones de mexicanos, la homologación del impuesto al valor agregado –el IVA– al 16 por ciento en las zonas fronterizas no debe aplicarse porque coloca a los ciudadanos mexicanos en franca desventaja frente a aquellos ciudadanos de otros países con los que comparten frontera y cuyas tasas impositivas es menor.
De igual manera, las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta violentan los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias al aumentar las tasas del ISR, del máximo previsto del 30 al 35 por ciento, más aún si consideramos que ni el Ejecutivo federal en la exposición de motivos de la iniciativa ni los legisladores federales en la exposición de motivos de los dictámenes del Senado de la República y la Cámara de Diputados justificaron el aumento material de las tasas del impuesto sobre la renta.
En este mismo sentido aplica el razonamiento para el tope de las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que no se hace referencia en los documentos legislativos invocados previamente a la justificación de la eliminación de los supuestos contemplados ni al nuevo límite previsto para las deducciones.
Finalmente, se estima que la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes ocasiona un evidente perjuicio a la competitividad del país, debido a que como se ha señalado previamente ocasiona un agravio directo al derecho adquirido a la devolución del saldo a favor que teníamos a los mismos.
El Régimen de Pequeños Contribuyentes establecía un sistema y procedimientos especiales para que estos tributaran de manera diferente a los contribuyentes del régimen general, ya que aquellos no se ubican en un plano de igualdad con estos, pues poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías, atendiendo a sus diversas capacidades administrativas y operativas.
Y, dado que las características hacen la diferencia a los contribuyentes que tributan en el Régimen de Pequeños Contribuyentes que subsisten, resulta que la derogación del mismo es violatorio a la Constitución porque procede a declarar a inconstitucionalidad de las normas relativas a las que he hecho alusión.
En virtud de los conceptos de invalidez expuestos es claro que la aplicación de la miscelánea fiscal aprobada generará un serio perjuicio a la economía de los contribuyentes y de los consumidores, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, a la clase trabajadora y a todos aquellos que sí gamos impuestos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, por todo lo anterior, y con pleno respeto a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, con este punto de acuerdo exhortamos al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva con prontitud la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 172 diputados de distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados el pasado 10 de enero. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Marcelo de Jesús Torres. Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que realice las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en el municipio de Cuernavaca. Adelante.
La senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores. El pasado 20 de diciembre de 2013 se publicó en la tercera sección del periódico oficial Tierra y Libertad del estado de Morelos, la Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014.
Las modificaciones realizadas por el municipio en su carácter de iniciador fueron sustanciales en relación con la Ley de Ingresos de 2013, puesto que se clasificaron detalladamente los ingresos que obtendrá durante el ejercicio presupuestal del año 2014; se eliminaron conceptos que provocarían confusión entre la ciudadanía, acciones que revisó y valoró el Congreso del estado cuyos integrantes consideraron oportuno no realizar ningún incremento a los impuestos municipales, pero respecto a los ajustes realizados a los conceptos que integran los cobros por los servicios públicos, primeramente quedaron divididos en tres conceptos: uno, servicios por mantenimiento de infraestructura urbana; dos, servicios por limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos; y tres, servicios públicos municipales de limpieza, de frente, de predio baldío o cercado.
Por los cuales se cobrarán, en el primero de ellos, las mismas tarifas que sirvieron para el cobro del ejercicio fiscal 2013, con las zonas específicas que en el articulado de la ley se señalan; para el segundo, la tasa 0.015 y para el tercero la tasa del 0.02, ambos de un día de salario mínimo vigente general calculado al año.
Esta fórmula matemática representa un incremento de 10 veces más de lo que se pagaba en años anteriores, el cual merma significativamente en la economía y el gasto familiar de manera considerable, bajo el argumento que de no realizarse este ajuste, sobre todo lo que representa el servicio de recolección de basura, el riesgo de colapso es real, pues el costo de la prestación de los mismos es inferior al costo real que le produce la prestación de dicho servicio, dejando de lado el principio de proporcionalidad el gravamen consagrado en nuestra ley fundamental y que debe limitarse a verificar la tributación que se ajuste a la capacidad contributiva de los gobernados.
Por ello, someto a consideración de esta Comisión Permanente y con el carácter que pueda someterse con el punto único.
Único. Se exhorta al honorable Congreso del estado de Morelos, para que dentro de las facultades que le confiere el artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tenga a bien realizar las reformas que sean necesaria a la Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, a efecto que se prevean medidas que no impliquen el pago oneroso de los derechos por la prestación de los servicios públicos municipales que afecten a la economía de los contribuyentes, así como aquellas tendentes a proteger los derechos de aquellos que han realizado su pago. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Gracias, senadora Hernández Lecona. El presente punto de acuerdo se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex para que informe a esta soberanía sobre las áreas que dicha empresa buscará seguir operando a través de la llamada ronda cero y sobre su plan de negocios 2014-218, y suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD.
El senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Muchas gracias, presidenta. Efectivamente presento este punto de acuerdo a título personal y por supuesto a nombre de mi compañero, el senador por Oaxaca Benjamín Robles, porque sí creemos en el PRD que esta reforma energética que se aprobó hace unas semanas –nunca vamos a dejar de decirlo- sin la opinión de los ciudadanos, representa verdaderamente una riesgosísima transformación en lo que respecta a la soberanía del país sobre sus recursos energéticos.
En algunas semanas seguramente se van a empezar a discutir las leyes secundarias en materia energética; son cerca de 21 leyes secundarias en este rubro que se enviarán al Congreso de la Unión.
Uno de los temas particulares que más nos preocupan -y que seguramente generarán, ojalá que generen un amplio debate- es lo que respecta a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo petrolero, debido a que ahí es donde se deberán incluir éstas nuevas modalidades de contratación. Lo que se conoce como utilidad compartida, producción compartida, licencias. Vaya, los apodos a la privatización.
Nosotros en el PRD advertimos desde un principio que estos esquemas de contratación, por la experiencia que hay internacionalmente, siempre se acercan mucho a la discrecionalidad, a la falta de transparencia. Esto no es un asunto nuevo, basta que se revisen experiencias internacionales para darnos cuenta de ello.
Son métodos de contratación que invariablemente incentivan la corrupción. Son métodos en que las negociaciones entre el Estado y las empresas empiezan a ser asimétricas y muchas veces están envueltas en un velo de incertidumbre, de ambigüedades y, por supuesto, de influencias y también de intereses.
Hay un caso particular que yo quisiera poner a su consideración y se los planteo como una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando Pemex y las empresas contratistas se terminen asociando y conjuntamente tengan que ir a negociar con el Estado mexicano? Aquí la debilidad regulatoria de nuestro país y del Estado mexicano va a ser muy peligrosa en la medida en que los costos van a aumentar, la utilidad compartida puede disminuir, y por lo tanto van a mermar los ingresos de nuestro país.
Los contratos –por experiencia internacional– mientras más complejos se hagan, son fuente de mayor conflicto, de mayores disputas entre las partes y además agregando los costos de detener la producción, costos económicos por litigios y problemas recurrentes.
Creo que aquí no se vale andar queriendo espantar con que se va a aparecer el lobo, pero sí hay que pensar que si nosotros creemos que las empresas que hoy con muchos esfuerzos y no necesariamente de manera eficiente se regulan, son negociadores, rudos o que son agresivos en sus negociaciones, yo les diría “espérense a ver a las petroleras internacionales”.
Miren, déjenme compartirles un asunto que pasó en el Senado el año pasado. La bancada del PRD invitó a Luis Moreno Ocampo a que nos diera una conferencia y la dio en la Junta de Coordinación Política con senadores del PRI, del Verde, del PAN.
Luis Moreno Ocampo, seguramente ustedes lo recuerdan, fue durante nueve años el fiscal de la Corte Penal Internacional, el primer fiscal que ha tenido esta corte, la corte encargada de atender los crímenes de lesa humanidad, de perseguir a los genocidas y a los dictadores en el mundo.
Hoy Moreno Ocampo se dedica a temas de corrupción y nos decía una cosa muy particular, decía: “La humanidad está lista para detener los crímenes de guerra pero no la corrupción”.
Y nos contaba de un asunto de la petrolera ELF que hace 12 años una jueza francesa le empezó a investigar por un asunto de sobornos al presidente de Angola, al presidente Do Santos, y se comprobó que había sobornos al presidente de Angola.
Pero es jueza al seguir la ruta del dinero y de los fondos, descubrió que la mitad de los sobornos eran devueltos por parte del presidente de Angola al presidente de ELF, de la petrolera francesa. Eso es lo que vamos a empezar a ver.
Son empresas que no son comunes en su forma de negociar, cuentan con alta disponibilidad de recursos económicos, de influencia política y de mecanismos de presión diplomática. Tienen, en pocas palabras, capacidad corruptora.
Y esto es lo que nos preocupa a nosotros en el PRD. Por eso es que estamos solicitando esa información.
Adicionalmente estamos solicitando información sobre el tema de la Ronda Cero. Déjenme abundar, si me lo permite la presidenta, sobre el tema de la Ronda Cero porque es un tema también muy delicado. Hay que recordar que el 15 de julio del año pasado el consejo de administración de Pemex aprobó por unanimidad el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Y este Plan de Negocios con la aprobación de la reforma energética, no va a gozar de la vigencia planteada porque las modificaciones legales por venir introducirán a Pemex todo el nuevo esquema de operación.
Además aquí, sobre el asunto particular de la Ronda Cero, que consiste en que a Pemex se le va a poder asignar preferentemente para que elija entre, antas que nadie, por eso se llama Ronda Cero, para que Pemex pueda optar y elegir cuáles son las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos en los que va a tener capacidad de operar. Es decir, Pemex va a traer mano, para decirlo de manera muy coloquial.
Sin embargo en el texto de la reforma energética se expresa puntualmente: “Pemex recibirá del Estado apoyo para su modernización y mejora tecnológica y tendrá en un periodo inicial el derecho de elegir los campos que desee explorar y explotar”. Esa es la Ronda Cero.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Concluya, senador, por favor.
El senador Zoé Robledo Aburto: Sí, con todo gusto, presidenta. El alcance que se deberá determinar lo va a establecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a la política pública que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda. Y el propio director de Pemex Emilio Lozoya en una entrevista reciente, del 13 de diciembre, dijo “todo lo que tenemos en producción lo mantendremos y también aquellas áreas donde hicimos exploración e investigación sísmica y donde sabemos que hay un potencial de hidrocarburos muy importante”.
Entonces, lo que nos está dando a entender es que la Ronda Cero en es en todas las áreas, vaya, lo que estamos pidiendo igual que en el asunto hacendario es información, lo que estamos pidiendo es que ante un escepticismo justificado que tenemos nosotros sobre la reforma energética es indispensable que Pemex de manera muy oportuna y puntual informe a la nación con exactitud cuáles serán las áreas en las que seguirán operando a través de la posición preferente que le otorga la llamada Ronda Cero.
De verdad, lo digo y concluyo con esto, estamos frente a un escenario que nadie conoce, porque nunca se ha presentado en el país si no hay transparencia y claridad en todos estos temas estamos convencidos que no solamente se seguirá poniendo en riesgo la soberanía sobre los hidrocarburos si no que los negocios serán de muy pocos y los beneficios de casi nadie o ningún mexicano. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias senador Zoé Alejandro Robledo Aburto. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Esta Presidencia informa que se acaba de recibir de la Secretaría de Gobernación tres puntos de acuerdo que fueron aprobados. Solicito a la Secretaría dé cuenta por favor.
La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Remítase a la Cámara de Senadores.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se informa a la asamblea que las iniciativas y las proposiciones con puntos de acuerdo que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones respectivas publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona (15:04 horas): Se levanta la sesión. Se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 22 de enero de 2014 a las 11 horas.
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