Comunicaciones
De diversas dependencias, con respuestas a puntos de acuerdo
De la Secretaría de Hacienda, con informes sobre participaciones a las entidades y del SAT
De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con informe presupuestario
De la Secretaría de Salud, con informes de programas del cuarto trimestre de 2013
Declaratoria de reforma constitucional en materia político-electoral
Diputado Ricardo Mejía Berdeja, PMC
Diputado Ricardo Cantú Garza, PT
Diputada Mónica García de la Fuente, PVEM
Senador Víctor Manuel Camacho Solís, PRD
Senador Fernando Herrera Ávila, PAN
Diputada Francisca Elena Corrales Corrales, PRI
Declaratoria de reforma constitucional en materia de transparencia
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, PNA
Diputado Ricardo Mejía Berdeja, PMC
Diputada Mónica García de la Fuente, PVEM
Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, PRD
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, PAN
Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, PRI
Iniciativas de legisladoras y legisladores
Diputada Francisca Elena Corrales Corrales, PRI
Diputada Karina Labastida Sotelo, PAN
Diputada Graciela Saldaña Fraire, PRD
Diputado Ricardo Cantú Garza, PT
Dictámenes de las Comisiones de Trabajo
Con punto de acuerdo de la Primera Comisión
Con punto de acuerdo de la Segunda Comisión
Con punto de acuerdo de la Tercera Comisión
Dictámenes en sentido negativo
Proposiciones de legisladoras y legisladores
Diputada Mónica García de la Fuente, PVEM, relativo al Día Mundial de la Educación Ambiental
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Se va proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Lista de asistencia)
¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista? Señor presidente, hay la asistencia de 27 legisladores. Hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:19 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura del orden del día.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta a Parlamentaria.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa que la Secretaría de Gobernación remitió a esta Comisión Permanente, oficio por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 21 al 25 de enero del año en curso con objeto de participar en la reunión anual 2014 del Foro Económico Mundial, que se realizará en Davós, Suiza, mismo que se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para su conocimiento, y de la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013 del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondientes al cuarto trimestre de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento, y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, y por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio, las que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, por la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2012.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa que en el mes de diciembre de 2013 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el que informa que durante el ejercicio presupuestal 2013, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2013 de diversos programas sujetos a reglas de operación.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia político-electoral.
Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
En consecuencia, del cómputo realizado esta Secretaría da fe de la recepción de 18 votos aprobatorios de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.
Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, se emite la siguiente declaratoria:
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se han registrado, para referirse al tema, los siguientes legisladores, hasta por cinco minutos: diputado Ricardo Mejía Berdeja, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Senador David Monreal, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Mónica García de la Fuente, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Senador Manuel Camacho Solís, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Senador Fernando Herrera Ávila, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Francisca Elena Corrales Corrales, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. En Movimiento Ciudadano estuvimos en contra de esta reforma político-electoral porque fue parte de una transacción política. Fue parte de un acuerdo para abrir la puerta a la reelección legislativa y a la reelección de autoridades municipales a cambio de la reforma energética. Fue un trueque.
Y por esa razón, hoy que se hace la declaratoria de reforma constitucional ratificamos nuestra posición política en contra de esta reforma, que es una reforma para la partidocracia, es una reforma para el inmovilismo político y no es una reforma política para los ciudadanos.
En estos meses, en estos 13 fatídicos meses, vivimos en el país una grave restauración autoritaria: polarización social, fracaso económico, descomposición comunitaria y más inseguridad pública. Señor presidente, le pido que pueda hacer un llamado al orden.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia hace un atento llamado a las legisladoras y a los legisladores para que escuchemos con respeto al orador. Continúe, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Se ha legislado por consigna y en contra del interés nacional. El instrumento de estos cambios ha sido las reformas a la Constitución, en estos meses se ha llevado a cabo una deformación constitucional.
Precisamente el día de hoy presentamos, junto con el diputado Ricardo Monreal y la diputada Zuleyma Huidobro, una propuesta para revertir la reforma energética en los artículos 25, 27 y 28.
Y también estamos presentando una iniciativa para echar abajo ese IVA disfrazado a los alimentos, que es el 8 por ciento a los productos llamados chatarra, pero que en realidad ha sido parejo para un conjunto de alimentos.
Pero, hablando de estas reformas que se han venido aprobando, hoy precisamente ya en camino el presidente a Suiza al Foro Económico Mundial va a presumir este conjunto de reformas. En nuestra opinión lo que va a hacer es que va a concretar la venta del petróleo, va a concretar con las trasnacionales los términos de la negociación para la legislación secundaria energética, va a firmar acuerdos para concretar la venta de nuestros recursos.
En cada viaje presidencial se concreta un agravio a la república. En Londres Enrique Peña Nieto anunció la privatización, y el Washington Post confirmó la negociación para esos fines con el Partido Acción Nacional.
Las reformas que irá a presumir el Ejecutivo con su corte imperial han implicado agresiones a diferentes sectores y sus fines están lejos de representar un beneficio para la población. Estas reformas, producto del pacto contra México, han significado pérdida de derechos, retrocesos y la entrega de nuestros recursos energéticos a los extranjeros. Con la reforma laboral se prometió la creación de cientos de miles de empleos y el crecimiento económico y ni se han creado empleos y el país vive en un modelo recesivo económico.
La reforma educativa no es sino una reforma laboral para afectar la estabilidad de los maestros, centralizar la nómina y tener el control sin mejorar la calidad educativa. La reforma financiera consolidó el oligopolio bancario extranjero y estableció cárcel a deudores.
La reforma hacendaria estableció más impuestos, más gasolinazos y más deuda con un déficit público que no se veía desde la década de los ochenta. La reforma energética, no solo ha sido un acto de traición a la patria, sino un crimen ecológico; no han bajado las tarifas de la luz, ni el precio del gas, ni de las gasolinas como millonariamente se publicita por parte del gobierno.
En este contexto, insistimos, la reforma política fue la moneda de cambio. La reelección legislativa es el prólogo de la reelección presidencial. Es, insistimos, una reelección partidista, a través del beneplácito de las cúpulas partidistas y no una reelección que premia el compromiso ciudadano de los representantes, su profesionalismo o su mandato con los electores. Es simplemente un mecanismo de control de las cúpulas del poder.
El INE es un engendro que deja intocados los cacicazgos, en la presión de los gobernadores encabezados por Eruviel Ávila y dejaron al INE a medio camino, se mantienen los institutos locales. Se seguirán violando los topes de gastos de campaña; ahora hasta un cinco por ciento y con la palabra determinancia que sabemos que siempre es la cuartada de los tribunales para mantener la inequidad electoral. La propaganda gubernamental para encubrir campañas políticas se seguirá perpetuando.
Por eso nosotros decimos que reelección también sin revocación de mandato es inmovilismo, es regresión, es autoritarismo. Nosotros proponíamos precisamente por ello que se estableciera la figura de la revocación del mandato para que aquél gobernante que no cumpla por negligencia, incapacidad o corrupción, pueda ser quitado anticipadamente por los electores.
Sin embargo no hubo voluntad política para ello, y en nuestra opinión la reforma política electoral, de la cual hoy se ha dado cuenta para efectos constitucionales, no es una reforma política para los ciudadanos, sino un mecanismo de inmovilismo político y de perpetuación de las cúpulas hoy en el poder. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Mejía.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votó también en contra esta reforma, en virtud de que, como bien lo señalaba el diputado Mejía, fue producto de una negociación entre dos fuerzas políticas, fundamentalmente entre el PRI y el PAN. Ahí solamente prevalecieron los temas que a ellos les interesaban, dejando a un lado muchos temas muy importantes para la equidad electoral.
Vamos a seguir teniendo el problema de la sobrerrepresentación y la subrepresentación en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en los Congresos de los estados.
Para nada se discutió ni analizó la posibilidad de avanzar hacia la aplicación de la tecnología en las elecciones a través del voto electrónico. Actualmente tenemos más de la mitad de inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo y buena parte del trabajo del litigio postelectoral se basa en estas inconsistencias, y el voto electrónico nos reduciría a cero las inconsistencias aritméticas en el escrutinio y cómputo de los procesos electorales que ya hemos visto que han tenido muy buenos resultados en países latinoamericanos como en Brasil.
También se mantiene la desigualdad en las campañas políticas en cuanto a los recursos económicos y en cuanto a los tiempos en radio y televisión, con el famoso reparto del 70-30, lo cual le da una clara inequidad a la competencia política entre los diferentes candidatos y partidos políticos.
Y como bien se señalaba el asunto de la determinancia para poder anular cuando haya rebase en los topes de campaña, solamente viendo nuestra historia reciente, en el 2006 hubo una diferencia entre el primero y segundo lugar del 0.56 por ciento.
El Tribunal Electoral reconoció que hubo violaciones graves como fue la contratación de empresarios, de tiempos en radio y televisión, induciendo el voto del miedo hacia un posible cambio y consideraron que no era determinante en el resultado de la votación a pesar de una diferencia menor al 1 por ciento porcentual.
Y ¿qué hemos visto también en estas últimas reformas electorales, no solamente en ésta sino en las anteriores? Que cada vez se ponen más requisitos para poner obstáculos a las nuevas opciones políticas para la creación de nuevos partidos políticos. Cada vez se exigen mayor número de afiliados, mayor número de asambleas, cada vez se sube más el porcentaje para poder seguir obteniendo el registro. Hay una especie de cerrazón de la élite política para evitar que nazcan y surjan nuevas fuerzas políticas en el país y eso tampoco es democrático.
Por todas estas consideraciones nuestro partido mantuvo una postura crítica ante esta reforma electoral. Sin embargo hacemos un llamado a que ahora que viene la discusión de las leyes reglamentarias algunos de estos temas que hemos mencionado se pueden tratar ahí y que con un espíritu democrático estemos abiertos a avanzar en los problemas de la sobrerrepresentación y sub-representación para que el voto ciudadano esté más legítimamente representado en el Poder Legislativo.
También para que hagamos más equitativas, o equitativas porque actualmente son inequitativas, las campañas electorales con el asunto de los tiempos oficiales y con el asunto también de los recursos económicos.
También podemos avanzar en temas relacionados con el voto electrónico en las leyes reglamentarias, lo que nos podrá permitir mayor transparencia, mayor rapidez, mayor economía y de esta manera no quedarnos a la saga de lo que está sucediendo en otros países que ya aplican tecnologías modernas en los procesos electorales. Es cuanto, compañera senadora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Cantú.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, Presidenta. Estimadas compañeras y compañeros legisladores: la lucha por la democracia ha sido una constante en nuestro país y actualmente, gracias a un proceso que ha tomado más de un siglo, podría afirmar que en México se cuenta con una democracia que funciona, pero que sin duda es perfectible.
La discusión de las reformas electorales, cada vez con más intensidad, han aumentado para definir sus alcances, corregir sus fallas y contar con autoridades más fuertes.
El camino para llegar a este punto no ha sido sencillo y por ello debemos reconocer el trabajo que han realizado quienes nos han antecedido en esta tarea, y no hay mejor forma que hacerlo continuando con sus esfuerzos.
Es por ello que me enorgullece formar parte de esta Legislatura que el día de hoy declara constitucional el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral.
Y voy a citar a mi compañera Ruth Zavaleta porque ésta no es una reforma política, es una reforma de Estado y hacen mal todos aquellos que no la reconocen como tal. Debemos reconocer todas las virtudes que encierra porque ofrece, en muchos sentidos, una condición de posibilidad para mejorar las circunstancias actuales de las normas constitucionales que rigen la función electoral.
Las modificaciones realizadas a nuestra Carta Magna son sustanciales. Nunca en nuestro país la ciudadanía había contado con las herramientas necesarias para participar en la elaboración de las políticas públicas como hoy.
La reforma sienta las bases de la equidad como principio fundamental de la competencia política. La transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral permitirá garantizar elecciones más democráticas a nivel local y estatal, ya no sólo a nivel federal. Esto sin duda permitirá un mejoramiento inmediato en las condiciones de la competencia política y el ejercicio de los derechos en todos los niveles y autoridades independientes a niveles locales.
Temas tan relevantes como la fiscalización a cargo del INE, la reelección, el avance innegable que dio el presidente Peña Nieto en materia de equidad de género y que ahora será una realidad, ya que todos los partidos políticos deberán cumplir con el 50 por ciento de paridad en todos los estados, lo que sin duda contribuirá al fortalecimiento de nuestro país.
Ahora es nuestra obligación cumplir en tiempo con el régimen transitorio que hemos aprobado. Tenemos muchas tareas pendientes, la integración del nuevo instituto es trascendental así como la elaboración de la legislación secundaria que deberá estar lista en el siguiente período de sesiones para cumplir con los plazos que en materia electoral nos marca el artículo 105 constitucional.
Y sí, este es sólo el comienzo porque es en la legislación secundaria donde tendremos que desarrollar y concretar todos los procedimientos electorales y las características de la nueva realidad electoral en nuestro país.
De las leyes secundarias dependerá el éxito en la instrumentación de estas reformas y de la fortaleza de que dotemos a la nueva autoridad electoral y sus integrantes.
Los integrantes del Partido Verde Ecologista aplaudimos la declaratoria de constitucionalidad que hoy aprobamos, y estamos listos y comprometidos a trabajar en la expedición de la normatividad secundaria que le dé verdadera vigencia y subsane las insuficiencias democráticas locales y federales de nuestro sistema electoral. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias diputada Mónica García de la Fuente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El senador Víctor Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros. Me preguntaba ¿por qué una reforma política de la amplitud de la que está hoy aquí hablándose, por qué esta reforma política no ha generado el entusiasmo, el interés y el convencimiento que generaron otras reformas políticas?
La reforma de Reyes Heroles fue un motivo de enorme satisfacción para la oposición y para los intelectuales independientes del país. La reforma política del 94-96 fue reconocida por todos, había satisfacción en que habría un IFE independiente, y sin embargo en esta ocasión la reforma política es un tema forzado. Fue un tema forzado porque ésa fue la negociación por parte del Partido Acción Nacional, la condición para poder aprobar la reforma energética. Y entonces hicimos una reforma política llena de prisas, llena de candados, con muchas cosas que le quitaron el vigor en muchos de los puntos que podrían haber sido útiles.
Se establece una reelección pero no serán los ciudadanos quienes decidan, sino serán los partidos. Se establece la autonomía de la Procuraduría, pero esa autonomía será para el año 2018, es decir cuando ya se vaya este gobierno. Entonces es una reforma política que no termina por convencer.
Pero no sólo eso. Hemos hecho reformas que ahora son cuestionadas por quienes operan el sistema electoral, y con toda razón. Entonces tenemos una gran obligación en lo que toca a las leyes secundarias que vienen, ahí se puede arreglar una parte de los desperfectos o ahí a lo que estaremos llevando es a que en el año 2015 esta reforma política quede totalmente agotada.
Yo creo que nos hemos equivocado. Ahora sí que nos hicimos de los títulos que un grupo de senadores del PAN y del PRD presentamos como 30 puntos de reforma política y ya no nos fijamos en los contenidos. Nos hicimos de los títulos pero no abordamos el problema principal de la política nacional, y el problema principal de la política nacional es discutir cuál es el cambio de régimen político que necesita el país, porque sostener que hemos logrado grandes avances cuando, según el latino barómetro, México está en el penúltimo lugar de la aceptación democrática en toda América Latina, me parece que es una conclusión que no se sostiene.
Sostener que funciona la situación democrática cuando estamos viviendo lo que vivimos en Michoacán y en otras partes del país, es no querer entender lo que está ocurriendo en el país. Lo que tenemos que revisar es el régimen político y ese debate serio, profundo no nos dimos tiempo de hacerlo.
Me parece que hoy tenemos tres obligaciones. La primera, cuidar las leyes secundarias para que resulten lo mejor posible. Segunda, hacer una evaluación de estas reformas que se hicieron a la carrera para ver qué funcionó y no funcionó después de las elecciones de 15. Y tercera, una vez que hayan pasado las elecciones de 2015 hacer una revisión de dos temas fundamentales; el régimen político y el problema de la cerrazón de las instituciones y los partidos políticos en la participación ciudadana.
Si no lo hicimos en este año por las prisas de la reforma energética, por lo menos tengamos la dignidad y la altura de miras para prepararnos en el aniversario de la Constitución de 17, hacia 2017, para hacer una revisión a fondo en la Constitución y para ofrecerle al país un régimen político verdaderamente democrático, eficaz y sometido a rendición de cuentas. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Manuel Camacho Solís.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene ahora el uso de la palabra el senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El senador Fernando Herrera Ávila: Señoras y señores legisladores, el día de hoy celebramos un hecho que sin lugar a dudas permitirá un avance significativo en la consolidación de la democracia, y en consecuencia, del Estado de derecho en nuestro país.
Esta iniciativa presentada por el PRD, por el PAN, de manera conjunta, se sumó a una serie de iniciativas presentadas por el PRI y por otros partidos políticos, para que en conjunto, entre todos, definiéramos las reformas que hoy aquí estamos dando fiel testimonio de su validez constitucional.
Todos participamos, todos debemos sentirnos satisfechos del esfuerzo, pero estar plenamente conscientes de que vivimos un proceso de mejora continua y que la democracia no es un producto acabado en nuestro país.
Desde su fundación, el Partido Acción Nacional ha luchado incansablemente por el establecimiento de un sistema democrático que nos fortalezca como sociedad, y que destierre con ello, para siempre, el autoritarismo, y fortalezca el papel de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos a favor de la vida política en México.
Es necesario reconocer que en el camino democrático que ha recorrido México ha sido largo y se han obtenido logros importantes en nuestro país. Sin embargo, esta lucha requiere del esfuerzo constante e incansable de las legisladoras y los legisladores, fomentando de esta manera la apertura y las libertades ganadas a pulso de los ecos antidemocráticos que aún resuenan a nivel local y a nivel federal, es por ello que consideramos necesario y oportuno señalar los beneficios que trae consigo la reforma político-electoral.
A través de la creación del INE se fomentará la capacitación electoral por medio de la homologación de reglas y lineamientos, que permitan contiendas electorales más justas, equitativas y transparentes en beneficio de la ciudadanía, a través de un eficiente ejercicio democrático.
En el tema referente a las elecciones locales se homologarán los tiempos de campaña entre 60 y 90 días para la elección de gobernador, y entre 30 y 60 días para la elección de diputados locales y ayuntamientos, estableciendo con ello periodos de tiempo acordes para las contiendas electorales.
En cuanto a las autoridades locales se refiere, los presidentes municipales podrán ser reelectos por un periodo adicional. De igual manera, se fortalecerá el papel de las candidaturas independientes, se fomentarán los gobiernos de coalición cuando el presidente de la república no cuente con mayoría en el Congreso, optando, sí así lo decide, por firmar un convenio de coalición con otro u otros partidos.
En este caso, el Congreso ratificará a los secretarios de Estado, excepto el de Defensa y el de Marina. Asimismo, se fortalecerá la participación de las Cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, por medio de la ratificación del secretario de Relaciones Exteriores por parte del Senado de la República, y del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, la cual contará con una mayor presencia mediante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, y por su parte el Senado de la República aprobará la Estrategia Nacional de Seguridad.
Entrarán en funciones dos órganos públicos autónomos, con personalidad judicial y patrimonios propios. Por un lado, la Fiscalía General de la República, cuyo titular durará 9 años en el cargo, la cual contará con dos fiscalías especializadas, una de ellas en delitos electorales y la otra enfocada al combate contra la corrupción.
La miscelánea electoral que se plantea dentro de la reforma obligará al cumplimiento de los partidos políticos a subir al 3 por ciento el umbral de votación para que estos puedan mantener su registro.
Se establece, asimismo, un máximo de 8 por ciento de sub representación en los congresos locales, y con ello garantizar un trabajo eficiente y fructífero en cuanto al desarrollo de sus funciones.
Asimismo, se establece un punto fundamental para ejercer un combate efectivo en contra de la corrupción política, agregando a los integrantes de los órganos constitucionales autónomos como sujetos de juicio político.
Se establece en los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos, organizados por las autoridades electorales y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir los debates entre candidatos.
Cabe mencionar que gracias a esta reforma se velará siempre y en todo momento por las reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, logrando con ello un avance significativo en la vida democrática de México por medio de una equitativa representación parlamentaria.
A efecto de asegurar contiendas electorales justas se fortalecerá el hecho del rebase de topes de los gastos de campaña como causa de nulidad, garantizando con ello una manera de combatir la presencia de intereses particulares por encima del bien común.
Señoras y señores legisladores, la reforma en materia político-electoral demuestra el establecimiento de los compromisos electorales convertidos en leyes, demuestra el compromiso de las diferentes fuerzas políticas en la consolidación de acuerdos a favor de la ciudadanía, más allá de colores partidistas.
Representa un cambio fundamental que da garantía y seguridad a procesos electorales mediante el fomento de la transparencia y rendición de cuentas por parte de los legisladores.
Por tanto, fortalece la continuidad del ejercicio legislativo y la eficiencia del parlamentarismo en el Congreso. Fomenta la participación ciudadana a favor de la vida política en nuestro país, por medio de reglas claras y homogéneas dentro de las contiendas para ocupar cargos de elección popular, hecho que trae consigo, de manera directa, una mejora significativa de la educación cívica en nuestro país.
Garantiza una ciudadanía representada equitativamente, en donde las distintas fuerzas políticas aseguren un trabajo digno de su encargo en beneficio de toda la sociedad.
El cambio que tanto anhelan nuestros ciudadanos y ciudadanas, a los cuales debemos hasta el último de nuestros esfuerzos no podía esperar más.
Es por ello que desde esta tribuna, la máxima de la nación, donde descansa la voluntad popular, los legisladores del Partido Acción Nacional manifestamos nuestro beneplácito por la declaratoria constitucional de reforma político-electoral.
Sabemos que no es un proceso concluido, que tendremos que ir avanzando y dando los pasos necesarios para desterrar aquellos viejos vicios que aún persisten en muchas de las entidades locales.
Por eso, con este paso hemos estado avanzando con la plena convicción de que la responsabilidad con la cual fuimos convocados a abordar esta iniciativa da un paso muy importante. Muchísimas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Fernando Herrera.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se concede el uso de la palabra a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su permiso, señora presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI se congratula por la declaración de constitucionalidad que el día de hoy se propone emitir esta representación federal. Reconocemos el trabajo legislativo, llevado a cabo por el constituyente permanente, así como la trascendencia de los acuerdos políticos y legislativos que hacen posible esta reforma político-electoral, que consolida la democracia y la gobernabilidad del país.
El ciclo de las reformas necesarias continua en esta nueva etapa del proceso legislativo, en el cual estamos comprometidos ante la nación a discutir y eventualmente a aprobar las normas secundarias que permitan instrumentar los cambios constitucionales que modernizan el régimen político y el sistema electoral, y de partidos, para servir mejor a la ciudadanía, acercar el gobierno a la sociedad y representar mejor la diversidad de sus intereses en beneficio de México.
A ninguno de nosotros escapa el hecho de que es absolutamente indispensable contemplar con rigurosa oportunidad, eficacia técnica y precisión jurídica el proceso de esta reforma que consolida el sistema electoral y de representación política, y que nos encamina a un verdadero cambio de régimen político.
De ahí la relevancia de una ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, y que –entre otros aspectos– garantizará la fiscalización de los recursos económicos de los partidos, las coaliciones y los candidatos, además de asegurar los derechos y obligaciones de los militantes de los partidos políticos, así como las normas básicas de la convivencia democrática en estas organizaciones.
La transparencia y la calidad de nuestra democracia también se verían beneficiadas con la ley general que deberemos discutir y aprobar para regular los procedimientos electorales, y mediante la cual la autoridad electoral federal podrá ser enterada de cualquier disposición en efectivo que realicen las dependencias de los tres niveles de gobierno durante los procesos electorales, lo cual será debidamente complementado por la Ley de Propaganda Gubernamental y el establecimiento de normas en materia de gasto en comunicación social en todas las entidades de gobierno.
Igualmente significativa será la regulación de las encuestas, así como el carácter obligatorio de los debates entre candidatos a puestos de elección popular, que serán organizados tanto por las autoridades electorales como por los medios de comunicación, además de la enorme trascendencia que tendrá la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales.
Todo lo cual será debidamente instrumentado a partir de la ley en materia de delitos electorales y los tipos penales que en ella se establezcan, y especialmente con base en las nuevas atribuciones que esta reforma establece, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a su facultad de conocer resolver y sancionar las infracciones en materia electoral, con lo que se ha establecido una nueva distribución de competencias que evita que una misma instancia sea juez y parte en las controversias electorales.
El Instituto Nacional Electoral se beneficiará de esta nueva arquitectura institucional, así como su competencia en relación con los órganos públicos autónomos locales en materia electoral, lo cual permitirá acompasar el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática, con la garantía de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que regirá los procesos electorales en todo el país.
De nuestra parte esta Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma político-electoral y su promulgación por el Ejecutivo federal nos situará en la condición de que la Cámara de Diputados inicie el procedimiento establecido en cuanto al proceso de elección de los consejeros y el presidente del INE, de tal modo que se garantice la continuidad del trabajo electoral de esta institución y esté garantizada tanto su confiabilidad y prestigio ante la ciudadanía como la integridad de los procesos electorales de éste y los próximos años.
En concordancia con esta consolidación de la autoridad y la justicia electorales, nos ocuparemos de que esta reforma afiance la gobernabilidad mediante el fortalecimiento de la presidencia democrática y las nuevas facultades del Poder Legislativo en el marco del sistema constitucional de división y equilibrio de poderes.
Así entendemos el nuevo instrumento operativo de que el Ejecutivo federal dispondrá para convocar en cualquier momento a un gobierno de coalición, las nuevas disposiciones del Congreso para la ratificación de integrantes del gabinete y funcionarios públicos de alto nivel y en particular de la reelección de los senadores y diputados federales y locales, la cual consolida la representación de la soberanía popular a nivel federal y local, además de que se promueve la gobernabilidad a nivel municipal con la reelección, por una vez, de las autoridades municipales que ocupan el cargo por tres años.
Los elementos anteriores, aunados al reconocimiento de la autonomía, de la fiscalía federal de la República y de sus dos fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y lucha contra la corrupción, además de la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el compromiso que tenemos de legislar sobre las llamadas Cartas Ciudadanas, nos permiten sostener que con esta reforma constitucional y sus leyes secundarias estaremos pasando de la alternancia política en el gobierno, a la transición en pleno con un verdadero cambio del régimen político.
Los legisladores del PRI, coordinados por nuestro líder, Manlio Fabio Beltrones, estamos comprometidos con la consolidación de esta reforma político-electoral, mediante el diálogo y la construcción de acuerdos legislativos y escucharemos todas las voces legítimamente interesadas en la confección de mejores leyes secundarias, con el propósito de concretar el proyecto de transformación que encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Vamos por el rumbo correcto para la transformación de México. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Paquis Corrales Corrales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de transparencia. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las Legislaturas de los estados.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
En consecuencia, del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de dichos votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia.
Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, se emite la siguiente declaratoria
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara, previa aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los estados, reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Con la declaratoria de constitucionalidad de las reformas en materias de transparencia y política, damos cumplimiento con lo establecido en el artículo 135 de nuestra Norma Suprema.
Uno de los reclamos más encarecidos de la sociedad mexicana ha sido sin duda la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en la toma de decisiones por parte de los encargados de dirigir la administración pública, así como un señalamiento constante que ha propiciado el alejamiento de la ciudadanía con sus representantes, situación que con el tiempo ha generado la falta de interés en los asuntos públicos.
En la construcción de la democracia mexicana la rendición de cuentas es un tema en el que debemos continuar avanzando a fin de que más dependencias de la administración pública se encuentren sujetas a los criterios de transparencia y máxima publicidad en el ejercicio de este poder, pues no hay que olvidar que la detención de un cargo público no constituye una carta en blanco para actuar libremente y con impunidad sobre la ciudadanía, sino que implica una vocación de servicio al cual el funcionario público se compromete como parte de su vocación personal.
El procedimiento que comenzó en marzo del 2012 y que hoy está por concluir una etapa más, fue parte de largos debates dentro de los órganos deliberativos, prueba de que el interés por la transparencia en el ejercicio del poder público, es un constante en el Poder Legislativo.
La construcción de este proceso se inscribe en un largo camino de la sociedad civil organizada al exigir el derecho a la solicitud de información y de rendición de cuentas por parte de las distintas instancias y competencias del gobierno.
Con la declaratoria de constitucionalidad logramos un avance sustancial en la edificación de las estructuras legales que buscan fortalecer el derecho a la información, con la finalidad de que la rendición de cuentas no sea ya una demanda de la sociedad, sino más bien una obligación permanente de nuestros gobernantes.
Conscientes de que las reformas constitucionales aprobadas por el constituyente permanente marquen una nueva etapa en la construcción de la democracia mexicana, ahora es nuestra responsabilidad cumplir con las expectativas generadas aprobando leyes secundarias que sean eficaces y que garanticen los derechos de la ciudadanía.
Debemos reforzar los mecanismos de transparencia y garantizar que los sujetos obligados cumplan con su obligación de generar información pública y accesible, así como que las respuestas a los solicitantes sean asertivas y también oportunas.
Aspiramos a que la reglamentación secundaria permita darle facultades necesarias al IFAI a fin de que sus observaciones no queden en esa etapa y que con el apoyo de las autoridades correspondientes se permita el fincamiento de las responsabilidades correspondientes a quienes violenten las disposiciones en materia de transparencia, sobre todo en el ejercicio de los recursos públicos que son propiedad de todos los mexicanos.
Sabemos que el principio de acceso a la información pública del gobierno en el país no tiene vuelta de hoja y que sólo mediante el establecimiento de mecanismos que hagan realidad este derecho, será como se empoderará realmente a la ciudadanía.
Con esta finalidad en mente todas las fuerzas políticas representadas en la presente legislatura del Congreso de la Unión, debemos de trabajar arduamente buscando alcanzar la suma de voluntades a favor del sano y justo desarrollo que nuestro México tanto requiere y necesita.
Estimadas compañeras y compañeros, el paso que estamos a punto de dar en materia de transparencia es trascendental para nuestro país, pues en un ejercicio de análisis, de acuerdos, pudimos establecer un gran consenso que no deja de tener diferencias de pensamiento y de principios pero que representa un avance enorme en el que todos los entes de gobierno y de interés público quedan sujetos a la rendición de cuentas, a publicitar la información de sus actividades y resoluciones y a ofrecer con transparencia la información pública del interés general.
El reto por delante y haciendo también referencia a la reforma política al igual que a la reforma de transparencia, será lograr los acuerdos políticos necesarios para construir el andamiaje institucional que dé certidumbre al proceso electoral federal del año 2015.
El mayor interés de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es en la discusión de las leyes secundarias, será garantizar el derecho de las y los mexicanos a elegir en libertad a sus representantes, creando los mecanismos de confiabilidad e imparcialidad que fortalezcan la representación política.
Sólo así podremos lograr el anhelo ciudadano de vivir en una profunda y mayor democracia. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias compañera Presidenta. Esta reforma, a diferencia de algunas otras que se aprobaron en horas por la vía fast track, tuvo que recorrer un largo y sinuoso camino. Fue una iniciativa que entró antes incluso que la de telecomunicaciones pero, como reformaba el artículo 6 de la Constitución, tuvo que aguardar todo el proceso legislativo para finalmente ser discutida y aprobada.
Pareciera que era un tema secundario frente a las reformas del Pacto por México y que la transparencia bien podía aguantar. Sin embargo, finalmente se aprobó y estuvo sujeta a un peloteo parlamentario entre el Senado y la Cámara de Diputados, y para cerrar finalmente el proceso se recurrió, incluso en un acto inverosímil, a publicar la última enmienda a través de una fe de erratas. Ese fue el camino de esta reforma en materia de transparencia.
Para nosotros esta iniciativa, hoy reforma constitucional, tiene una serie de candados que limitan la transparencia y que hacen nugatorio el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.
En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la transparencia, pero una transparencia real, no una transparencia simulada con la apariencia de transparencia.
Se dice que el órgano garante de la transparencia tendrá en sus resoluciones el carácter de vinculatorias definitivas e inatacables. Sin embargo, un empleado del Ejecutivo federal, el consejero jurídico del gobierno, se convierte en el censor, se convierte en quien califica o no la transparencia porque tiene la facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando considere que alguna resolución de este organismo es violatoria de la seguridad nacional y dejan luego esta definición para una legislación secundaria.
Nos parece un candado inadmisible porque, en este endurecimiento político que vive el país, en este clima de restauración autoritaria, cualquier tema puede ser argumentado como se seguridad nacional.
Cuando se pregunte de las transacciones entre empresas extranjeras y la Secretaría de Energía, se va a decir que es tema de seguridad nacional. Cuando se pregunte de los contratos de producción o de las licencias, se va a decir que es tema de seguridad nacional.
Por eso nosotros vemos que ésta es una transparencia a medias, y vemos también que a través de la figura de las controversias constitucionales de órganos autónomos como el Banco de México, se va a poder estar dilatando algunas resoluciones, argumentando que hay invasión de facultades entre ambos entes autónomos, el IFAI y el Banco de México, por ejemplo.
De igual manera, en el nombramiento de los comisionados se sigue privilegiando el tema de las cuotas. Por eso nosotros creemos que esto es una transparencia a medias, y estuvimos en contra. No caemos en el discurso de lo políticamente correcto, en las apariencias, en las buenas maneras para seguir frenando la transparencia como aquí se hace.
Y hablando de seguridad nacional y de respeto a la Constitución, nos parece que en este gobierno se sigue agrediendo a la Constitución y a las entidades federativas, es el caso de Michoacán, donde por la vía de los hechos se ha decretado la desaparición de poderes, por la vía de los hechos se ha impuesto como en la antigua Roma imperial –ahora Enrique primero lo hace- a un procónsul en Michoacán, quien llega con tropas, con mando, con Ejército y con un verdadero batallón de ocupación desde el procurador, el secretario de Seguridad Pública, que todos pertenecen al Grupo Atlacomulco.
No hay un respeto a la soberanía de Michoacán, y también hay la hipocresía de no llamar a las cosas por su nombre y en todo caso activar el mecanismo que establece la Constitución a través del artículo 76, fracción V, para decretar la desaparición de poderes en Michoacán.
Y ahora, quien han nombrado como procónsul no viene precedido de resultados, como procurador dejó en cuestionamientos el caso Paulette; como Subprocurador General de la República no resolvió el caso de la Torre B de Pemex con la explosión, y como titular de Profeco no detuvo el alza indiscriminada de precios a partir del primero de enero de este año.
Y hoy no solamente llega como procónsul, sino ya es candidateado como secretario de Gobernación. Así está la República en este inicio de año. Por eso nosotros no podemos estar festinando reformas constitucionales cosméticas mientras se sigue violando la Constitución con la desaparición de poderes virtual que se decretó en el estado de Michoacán.
Sabemos que en esta Comisión Permanente se quieren llevar las cosas de muertito, no hablar ni de economía ni de impuestos ni de alzas y sacar tibios puntos de acuerdo en temas graves como el de Michoacán, pero ya que hablamos de la Constitución, ya que hablamos del estado de derecho y ya que hablamos de transparencia, abordemos hoy una de las crisis políticas mayores en materia de federalismo que vive el país con este caso vergonzoso del proconsulado y la invasión de facultades en Michoacán. Es cuanto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Mejía.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidenta. El instituto político al cual represento aplaude el cambio a la ley suprema, al cual hoy en esta Comisión Permanente se le hace su declaratoria de constitucionalidad. Esta legislatura sin duda pasará a la historia como una de las más productivas, como aquella que efectivamente asumió su responsabilidad y proveyó las transformaciones que México requiere.
Ejemplo de ellos son el Código Penal Único, las nuevas Leyes Educativas, los cambios energéticos, en telecomunicaciones y la también recientemente aprobada reforma política, y desde luego esta reforma en materia de rendición de cuentas que versa sobre el tema de la transparencia en el sistema jurídico, administrativo y político mexicano.
Un cambio como el que hoy se plasma en la ley suprema solamente fue posible con la cooperación y el reconocimiento aprobatorio de cada una de las legislaturas locales. Es decir, el respaldo de la Federación está presente en esta materia.
México, será gracias a la representación ciudadana y política de todo el país a partir de hoy, un Estado más transparente, preparado para los retos presentes y futuros y para proveerle a sus nacionales una mayor seguridad jurídica. Con esta declaratoria surge un nuevo organismo autónomo constitucional, el que contribuirá y velará por una transparencia eficaz, un sistema objetivo y de rendición de cuentas. Ello le garantizará a los ciudadanos la obtención de información pública certera.
El nuevo Instituto garante de la transparencia se regirá con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima publicidad. La transparencia es una herramienta para prevenir la corrupción debido a que la población, a través de la información vigila, observa y califica las actuaciones de los servidores públicos, lo cual sirve de aliciente para combatir uno de los grandes retos para los mexicanos.
Recordemos que en 2012 nos encontrábamos en el penoso lugar 106 de los 177 países calificados por el índice de transparencia internacional en corrupción, siendo el peor nivel en el cual México se había posicionado.
Entre las bondades de la reforma se encuentran que el Instituto revise a los tres Poderes; a los sindicatos; a los fideicomisos; a los partidos políticos; a los fondos; a las personas físicas y morales que reciban recursos federales y que las resoluciones que emita tendrán mayor peso y relevancia en materia judicial.
Como ya lo dijimos, nuestra labor no termina con la reforma aprobada, debemos continuar esforzándonos para que el nuevo organismo y las leyes reglamentarias sean una realidad con efectivos resultados, en pro de México.
En el Partido Verde nos congratulamos con la presente declaratoria de constitucionalidad, por lo cual reiteramos nuestro compromiso con el trabajo legislativo que trascienda a los ciudadanos y que permita un crecimiento productivo en nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Mónica García de la Fuente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en un verdadero Estado democrático la transparencia es el instrumento fundamental, a veces el único, que tienen los ciudadanos para verdaderamente establecer un control sobre el poder público, en el ejercicio del gasto, en todas y cada una de sus acciones, de sus vinculaciones. Es el instrumento que nos sirve para descubrir intereses, cuando el único interés debe de ser la nación.
La transparencia en la actuación de las instituciones que utilizan recursos públicos es fundamental en todo sistema democrático que aspire realmente a serlo. La famosa frase de don Daniel Cosío Villegas, que muchas veces se repite sin mucha intensión pero mantiene y creo que el día de hoy es bueno traerla a la memoria porque sigue siendo totalmente vigente y es una breve definición de todo proyecto republicano, hacer pública la vida pública.
El pasado 7 de enero fue el Congreso del estado de Chiapas el que se convirtió en la última legislatura local en aprobar esta reforma constitucional en materia de transparencia. Con la aprobación de Chiapas se alcanzó la aprobación de la mayoría de los Congresos locales que mandata la Constitución para poder declarar esta reforma constitucional.
Es de destacar que la reforma en materia de transparencia ha sido siempre una causa de la izquierda y particularmente del Partido de la Revolución Democrática, por eso hoy, sin duda, nos congratulamos de esta declaratoria, pero vamos a celebrar de una manera distinta, incrementando la vigilancia, la observancia, para que de la ley a la implementación no se caiga una sola gota de esta sopa de la que hoy todos celebramos.
Desde inicios de la legislatura pasada y la última vez que el Ejecutivo federal hizo ejercicio de su facultad de presentar una iniciativa preferente, que por cierto sigue sin estar reglamentada esta figura, uno de los temas continuos en la agenda sigue y seguirá siendo, sin duda, la transparencia, por lo menos seguirá siendo para el PRD.
Al respecto, además de esta reforma constitucional, se presentaron otras propuestas, otras iniciativas, que se han discutido, pero que aún no se han reglamentado. Fuimos nosotros quienes en la discusión de la reforma laboral insistimos en la democracia y la transparencia sindical.
También presentamos una iniciativa para regular y transparentar la práctica del cabildeo en diciembre de 2003. También presentamos reformas en telecomunicaciones y transparencia. En licitaciones también en noviembre de 2013. Y desde luego, apoyamos esta reforma en materia de transparencia.
Y lo hicimos porque estamos convencidos que con esta reforma se habrán de otorgar mayores garantías para fortalecer la protección del derecho de acceso a la información.
El hecho de que se haya ampliado el catálogo de los sujetos obligados directos, a pesar de las enormes resistencias que encontraba a que esto alcanzara a los partidos políticos y a los sindicatos, ahora obligará a estas autoridades a documentar la información derivada de su actuar.
Se destaca también el hecho de que se haya dotado de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el Ifai, y a los órganos de transparencia locales, y con ello también alcanzar o acercarnos, por lo menos, a una aspiración de nuestra democracia. Que ésta no se nos haga agua en los estados. Que se controle de manera más eficiente la injerencia de los poderes locales en la toma de decisiones y alcanzar esta aspiración de la reforma constitucional de 2007, de homologar las garantía de derecho a acceso a la información en todas y cada una de las entidades de la República.
Creo que hay que señalar que la transparencia está en un momento de obligación, para nosotros los políticos, de instalarse como una práctica, como una vocación no producto de un voluntarismo que nos ha llevado a fallas institucionales muy graves, sino realmente a convencernos de que sin transparencia no podemos decir que en México exista un régimen democrático.
Debe ser una práctica sistémica que involucre el engranaje de nuestras instituciones y modifique y alinee el comportamiento de servidores y funcionarios públicos. La transparencia, compañeras y compañeros, es un requisito para la democracia. Sin transparencia, ninguna reforma de las que se han aprobado en los últimos meses va a ser a favor de México.
Todas y cada una de las reformas llamadas estructurales, si no tienen la protección para los ciudadanos, de que todas y cada una de las acciones que de ellas deriven se hagan con transparencia, entonces servirán para favorecer a unos cuantos. Si se pretende, como se ha dicho, y si se pretende que creamos que las reformas son a favor del país, la transparencia debe estar siempre presente.
Ya en otras ocasiones, en la historia reciente de México, la opacidad, la oscuridad y la sombra en el ejercicio del poder público, es por donde se han escapado y se nos han escapado multitud de oportunidades para México y para los mexicanos. La falta de transparencia es la puerta del abuso, de la simulación y de la corrupción.
Ojalá esta reforma que hoy celebramos sea verdaderamente el candado para que no repitamos nuevamente esta historia. Y decirlo: éste es el primer paso. Hay que fortalecer la legislación en materia de anticorrupción.
Una sin otra no pueden existir. Una sin otra no serán eficientes ni tendrán frutos para lo que pretendemos algunos de nosotros con nuestro régimen. Hay que tenerlo siempre claro, compañeros: sin transparencia no hay democracia. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Zoé Robledo Aburto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora se concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Vengo a nombre de mi grupo parlamentario –los panistas, en esta permanente– a marcar nuestra posición respecto a la declaración de la reforma constitucional en materia de transparencia, y lo hago con mucha alegría porque ésta es una reforma para los ciudadanos más que para el IFAI, porque fortalece su derecho de acceso a la información que ellos hace mucho tiempo están denunciando. Cierra además una década de transformaciones legales que ponen a México a la vanguardia de la transparencia.
En esta década y a través de la legislación estamos cambiando en el Estado mexicano especialmente dos paradigmas: el de la discrecionalidad en el manejo de la información y la negación sistemática de cualquier solicitud ciudadana de saber cómo, cuándo, dónde se aplican los recursos desde sus gobiernos. Ambos paradigmas respondían a un modelo autoritario que ningún mexicano en este tiempo reconoce ni acepta ya como suyo.
Hemos dado ya la vuelta a la página y desde la transición a la democracia del 2000 el gobierno mexicano, principalmente el federal, se parece cada vez más a una caja de cristal cuyas acciones y decisiones están a la vista de todos como una forma elemental de control democrático.
El reto por supuesto persiste aún en los estados y municipios, y –hay que reconocerlo también– en el Poder Legislativo y en el Judicial. Y de eso se trata la reforma, compañeros legisladores.
Cabe señalar también que la lucha por la transparencia bien de años atrás y, aunque la denominación no era tan precisa como lo es ahora, era una exigencia que estaba de la mano con el anhelo democrático de varias generaciones y con el deseo de tener un gobierno al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos, y no al servicio de los propios intereses.
Acción Nacional supo acoger este auténtico reclamo ciudadano y convirtió la transparencia en política pública para que los ciudadanos pudieran ejercer uno de sus derechos políticos más importantes que había sido negado a varias generaciones. Para el PAN democracia es un sinónimo de apertura, de libertad de información, de rendición de cuentas, sin esos componentes la democracia para nosotros es una mera simulación procedimental.
Esta lucha ha sido impulsada también de forma decidida por importantes organizaciones ciudadanas, muchas de ellas integradas en la red por la rendición de cuentas, así como académicos, periodistas y ciudadanos que han unido sus fuerzas para lograr una de las transformaciones más importantes del Estado mexicano.
A todos ellos reconocemos su participación en el proceso deliberativo previo a la construcción de los dictámenes que después fueron aprobados y que el constituyente permanente también ha aceptado.
La reforma que hoy está validada por la Constitución tiene avances sustantivos, los cuales no repetiré porque se han explicado. Pero sí quiero hacer énfasis en tres figuras importantes:
La incorporación de los sujetos obligados de manera explícita, a los partidos políticos, sindicatos y los demás. La homologación del diseño y característica de los órganos garantes de los estados, que era fundamental para nosotros, así como la independencia, la designación, el nombramiento de los comisionados. Y por supuesto la aportación que hicimos en materia de archivos para que los sujetos obligados tengan la obligación de generar esa información y que esté disponible en todo momento.
Esta reforma en materia de transparencia para los mexicanos nos colocará como uno de los países del mundo con mejor diseño constitucional en materia de transparencia. Pero es necesario señalar que esta reforma no es en realidad el punto de llegada, sino un punto de partida para luchar con mejores instrumentos contra el cáncer de la corrupción que agobia nuestro país, por eso necesita ser acompañada de otras iniciativas que acaben con la impunidad y generen una cultura de rendición de cuentas.
En el PAN nos felicitamos por este esfuerzo plural para garantizar el ejercicio de uno de los derechos humanos políticos más preciados. Agradecemos también y honramos con esto a muchos mexicanos que nos antecedieron, como Alonso Lujambio, cuya vida alegre y apostada a que esta causa desde el Legislativo es indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia, hoy podemos decirles que su lucha no ha sido en vano. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias senadora, Luisa María Calderón.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se concede ahora el uso de la palabra, al senador Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con el permiso de la Presidencia. Es un honor hoy presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la Declaratoria Constitucional de la reforma en materia de transparencia para nuestro país.
La transparencia y el acceso a la información gubernamental constituyen importantes conquistas de la sociedad mexicana, representan un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren una posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Nuestro país cuenta desde el 11 de junio de 2012 con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Ifai, que es el órgano encargado y tutelar de este derecho humano en México.
A casi 12 años de la creación del Ifai, los avances han sido importantes, se rebasó el millón de solicitudes de información y conocemos de asuntos clave para el país; sin embargo es justo reconocer la necesidad de fortalecer la transparencia para que algunas agencias dejen las resistencias en muchas ocasiones, más que por falta de voluntad, por franco desconocimiento de los criterios para clasificarla como reservada o confidencial.
Debe quedar claro para todos los servidores públicos, que la transparencia y el acceso a la información son un derecho humano, modernos e irrenunciable porque fomenta la construcción de ciudadanía para la toma de las decisiones, desde el Poder Ejecutivo federal así se entendió y se refrendó ese compromiso presentando una reforma de carácter constitucional que permitiera poner a México al día en el tema de transparencia gubernamental y lograr la concreción de la autonomía constitucional del Ifai como organismo garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, junto con los legisladores de los Congresos estatales, apoyamos ampliar el abanico de los otros sujetos obligados, entre ellos los municipios, órganos político-administrativos del Distrito Federal, partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, fideicomisos y fondos públicos, organismos autónomos y universidades públicas.
El organismo autónomo en materia de transparencia y de acceso a la información pública del ámbito federal, será el marco de referencia a fin de establecer los criterios en el combate a la opacidad.
Los comisionados del nuevo organismo ahora tendrán mayores oportunidades de análisis y desahogo de peticiones recurridas al pasar el pleno de cinco a siete integrantes. Otra fortaleza de la reforma es que se incorpora a los órganos de transparencia de manera expresa en la Constitución Federal y en las Constituciones locales, para que no haya disparidad en el manejo de uno de los derechos humanos de avanzada a nivel mundial.
Como un mecanismo de protección a la soberanía mexicana, solamente la Consejería Jurídica de la Presidencia podrá impugnar fallos del IFAI en casos en que se presuma vulnerabilidad de la seguridad nacional.
Participación relevante tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues conocerá y resolverá en el procedimiento de controversia constitucional sobre las reformas del nuevo organismo que sustituiría al IFAI respecto al acceso de información en poder del Banco de México y de todos los organismos autónomos.
De manera sensible para la ciudadanía, resalta que se creará en ente especializado cuya única función será el tratamiento de datos personales en posesión de particulares.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, celebro que en este día trascendente para la república, avancemos en un aspecto primordial de todas las democracias que caminan por la ruta de la calidad de sus instituciones.
Felicito a México y a los mexicanos, porque sólo así moldeamos una nación más incluyente, más transparente, que rinde cuentas y es eficaz para las futuras generaciones. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Raúl Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Presidenta, me gustaría solicitarle el uso de la voz.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Diputado Fujiwara, ¿con qué objeto?
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Como usted sabe, presidenta, y muchos compañeros sabrán, hoy, miércoles 22 de enero a las 18:00 horas, el ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, será ejecutado por inyección letal en un penal del estado de Texas en Estados Unidos.
Me gustaría, por lo tanto, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, condenar la pena capital en contra de nuestro connacional Edgar Tamayo, argumentando que no existe forma alguna de justificar el inhumano castigo que en falso nombre de la sociedad estadounidense se ha decidido ejercer en contra de la vida de nuestro connacional y de su penosa muerte anunciada.
De igual forma, exhortar a que en esta Comisión Permanente nos pronunciáramos a favor de los derechos humanos de las y los mexicanos que residen dentro y fuera de nuestro territorio nacional y asimismo mandar una expresión de solidaridad para la familia de nuestro connacional. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrado en el Diario de los Debates, señor diputado Fujiwara.
El diputado René Ricardo Fijuwara Montelongo (desde la curul): Le agradezco mucho, senadora presidenta.
La presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Continuando con el orden del día, en el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados y senadores, tradicionalmente en la mujer han recaído las tareas asociadas con las labores domésticas, la crianza y educación de los hijos, así como el cuidado de los enfermos, ancianos y personas discapacitadas.
En la actualidad las mujeres hemos ampliado nuestra presencia en otras instancias de responsabilidad, incluyendo la función de proveedoras de ingresos, incrementando con ello el número de hogares, de mujeres jefas de familia.
Cada día las mujeres jefas de familia desempeñamos una doble jornada de trabajo, al ser proveedoras compartidas, principales o únicas de los gastos de la casa, estar a cargo del mantenimiento y limpieza de la vivienda y el cuidado de los niños y adultos mayores, entre otras tareas.
Según cifras oficiales del INEGI, el 63 por ciento de los hogares con jefatura femenina, son encabezados por mujeres entre 30 y 59 años de edad; el 10 por ciento entre los 12 y los 29 años y el 27 por ciento por mujeres mayores de 60 años.
Las proveedoras suman a sus jornadas laborales el tiempo dedicado a las tareas domésticas que en promedio les requieren de 42 horas por semana.
Por múltiples razones, en 24 de las 32 entidades federativas del país, una de cada cinco familias son mantenidas por una mujer, lo que significa que al menos 7 millones de hogares dependen del trabajo de una madre soltera o de una hija o una hermana.
En general, de cada 10 mujeres mexicanas que trabajan, 4 son además, jefas de familia y representan el 40 por ciento de la fuerza laboral de México.
Los ingresos medios de los hogares con jefas de familia, son menores que los de hogares con jefe de familia, lo que puede atribuirse al hecho de que de las jefas de familia ocupadas poco más de la tercera parte trabaja menos de 35 horas a la semana.
El bienestar de estas familias depende en buena medida de la disponibilidad de sistemas que puedan ayudarlas, de una adecuada asistencial social.
El Programa de Seguro de Vida a Madres Jefas de Familia implementado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha afiliado a nivel nacional a poco más de 2.5 millones de jefas de familia que son el único sostén en su casa, por lo que si llegan a fallecer, sus hijos estarán protegidos en sus estudios hasta terminar la educación superior.
Este seguro entrega una transferencia bimestral a los hijos en situación de orfandad de 600 pesos para preescolar; mil pesos para primaria, mil 400 pesos para secundaria, mil 800 para preparatoria y hasta tres mil 700 pesos para quienes tienen hasta 23 años y estudian el nivel superior.
Lo que propongo con esta iniciativa es que este programa transite del sistema de seguridad social a un derecho constitucional contemplado en el artículo 4, lo cual disminuirá la vulnerabilidad de hijas e hijos de hasta 23 años de edad, ya que de una u otra forma las mujeres somos el sostén del hogar, ya sea aportando ingresos, tiempo o con la doble jornada.
Este derecho brindará la certeza de que los hijos e hijas en situación de orfandad contarán con oportunidades de desarrollo y herramientas para construir su futuro. Es responsabilidad del Estado garantizar ventanas de oportunidades para niños y jóvenes para reducir al mínimo los factores de riesgo que trae consigo el de desamparo.
El derecho constitucional de un seguro de vida para madres jefas de familia les dará la tranquilidad de que a sus hijos menores de 23 años no les faltará un ingreso para su educación, ya que por falta de ingresos muchos menores de edad son obligados a abandonar su escuela y en consecuencia casi cuatro millones de niños y niñas de entre cinco y 15 años deambulan por las calles de las urbes del país expuestos a la droga y a la delincuencia.
Sobre este punto habrá que subrayar que las consecuencias del fallecimiento de la madre no sólo afectan el ingreso; puede traer como consecuencias el abandono afectivo a los hijos, falta de una buena alimentación y educación. Son daños que pueden ser irreversibles.
Hablemos por ejemplo de niñas o niños inseguros, desnutridos, anémicos o poco preparados para desempeñarse en un mundo muy competitivo. Cuando esto sucede decimos que se están violentando los derechos de las niñas, niños y jóvenes de México.
Por lo expuesto, someto a la consideración de los integrantes de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 4 constitucional al seguro de vida para madres jefas de familia.
Único. El Estado garantizará un seguro de vida para madres jefas de familia de 12 a 68 años por medio de una transferencia bimestral a los hijos en orfandad de 10 salarios mínimos para nivel preescolar, 15 salarios mínimos para primaria, 22 salarios mínimos para secundaria, 30 salarios mínimos para preparatoria y hasta 60 salarios mínimos para quienes tengan hasta 23 años y estudien el nivel superior.
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito a atentamente se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada la iniciativa, diputada Elena Corrales Corrales, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictamen correspondiente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: En el mismo apartado tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Karina Labastida Sotelo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por la diputada Elizabeth Vargas Martínez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la diputada que suscribe Elizabeth Vargas Martín del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En un estado constitucional moderno, basado en la división de poderes y en el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades civiles, los jueces ostentan la administración de justicia; es decir, la aplicación del derecho derivado de una valoración de elementos de convicción y procedimientos establecidos en las leyes.
Derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces del Estado mexicano, de conformidad con el artículo 1o constitucional están facultados para inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de lo que el Estado mexicano es parte.
El establecimiento de derechos humanos en instrumentos jurídicos de la Comunidad Internacional en la primera mitad del siglo XX, fue uno de los acontecimientos históricos más significativos de la humanidad, porque permitió la edificación de mecanismos procesales que han servido para su exigibilidad y paulatino reconocimiento.
En ese contexto, la administración de justicia admite la intervención del Poder Ejecutivo quien mediante la estructuras fiscales emprende el inicio de la acción penal, aporta elementos al juzgador y constituye un agente distribuidor de la responsabilidad.
Finalmente, en la administración de justicia el Poder Ejecutivo puede hacer uso de su atribución del indulto. El indulto es una institución jurídica extraordinaria, que a pesar de que los ordenamientos jurídicos de los estados democráticos la contemplan, constituye una excepción al normal funcionamiento de la administración de justicia, ya que en su virtud el Poder Ejecutivo puede declarar extinguida o modificada la pena impuesta por un juez o Tribunal en una sentencia firme.
Por lo que representa una prerrogativa asignada al presidente de la República, cuya finalidad no es modificar la realidad jurídica de un acto ilícito, ni perturba la ilegalidad en cuanto tal, sino que opera sobre su sanción, sea para excluirla o para mitigarla.
Por lo anterior, el eje transversal de esta propuesta plantea evitar que el Poder Ejecutivo federal no pueda conceder el indulto a quien haya sido declarado culpable por delitos de lesa humanidad, bajo un proceso judicial impecable.
Entendiendo la lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que comprende las conductas tipificadas como homicidio, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente en contra de la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, o conocimiento de dicho ataque.
De esta manera el indulto estaría impedido para delincuentes cuyos delitos graves sean de alto impacto. Además se armonizaría con las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, que entre otras cuestiones señala en el párrafo tercero del artículo 1º, la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
De esta manera queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.
México posee una marcada tradición presidencialista, no obstante emprende una nueva etapa de su vida constitucional con la protección de los derechos humanos, bastante penetrada en su marco constitucional.
El objeto de esta iniciativa es la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y demás instrumentos internacionales en la materia. Conforma a esta propuesta, la figura del indulto continuará constituyendo una prerrogativa discrecional del presidente de la república, sólo que en pleno apego a las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, sin una redacción que pueda consentir una contradicción.
Finalmente, cabe añadir que la Presidencia de la República cuenta con una estructura jurídica suficientemente amplia que le permita valorar los elementos de convicción de cada caso concreto que considere conceder el indulto.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Artículo primero. Se reforma la fracción XIV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes.
Fracción XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. En ningún caso podrá concederse el indulto por delitos de lesa humanidad.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Karina Labastida. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen correspondiente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se concede el uso de la palabra por cinco minutos, a la diputada Graciela Saldaña Fraire, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias. Ciudadanas y ciudadanos legisladores y legisladoras, con la venia, señora presidenta. Ocurro a ésta, la más alta tribuna de la nación, para depositar en ella la presente iniciativa, con el objeto de adicionar disposiciones al Reglamento del Canal de la Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que éste se abra a la sociedad y ella pueda expresar sus opiniones con respecto de asuntos de interés nacional, pero que al mismo tiempo sea materia del trabajo legislativo de las y los parlamentarios.
Quienes hemos visto el Canal del Congreso nos percatamos que la mayoría de sus programas son retransmisiones y que la sustancia de nuestra labor legislativa se realiza en las comisiones ordinarias, y nuestros respectivos plenos camerales es cubierto plenamente por el canal.
La noche, después de las 22 horas no cuenta con programación del interés del espectador, por lo que estamos sugiriendo la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo y su servidora, incorporar en la programación del canal de proyectos de difusión de la sociedad civil, que nos permitan tener la óptica ciudadana de nuestro propio canal, y con ello, enriquecer el marco jurídico de la vida nacional con mayor legitimidad política y social.
Ahora bien, en una democracia en desarrollo, como es el caso de la nuestra, recibir información objetiva, oportuna e imparcial sobre el quehacer gubernamental y sin ninguna exclusión, fortalece la legitimidad del gobierno, justamente el Canal del Congreso es un medio de difusión de carácter público, dependiente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, donde se transmite tal cual el proceso legislativo de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde nos reunimos las mayores fuerzas políticas que gobiernan el país.
En nuestros tiempos, un ciudadano pleno no debe acotarse únicamente a participar en los procesos electorales, sino que debe estar en permanente relación con sus gobernantes.
Dado lo anterior, se considera que es necesaria la apertura de espacios para la difusión de diversas actividades realizadas por las comisiones, que conforman este órgano legislativo, las cuales elaboran dictámenes, resoluciones, informes u opiniones sobre diversos temas y que a su vez fomente la participación de la sociedad civil y que en muchas ocasiones las y los ciudadanos no tienen la menor idea de cuáles son precisamente nuestras actividades, nuestros dictámenes y de qué se trata cada una de nuestras reuniones que aquí llevamos a cabo.
Dentro del ámbito internacional, legisladoras y legisladores, en materia de canales de televisión de parlamentos, fíjense que la Unión Interparlamentaria de Europa ha concluido que los ciudadanos y las ciudadanas deben de mantenerse informados y los parlamentos deben informar a la población.
En toda democracia, las instituciones públicas deben de ser transparentes y responsables ante la población. La transmisión pública de los trabajos parlamentarios promueve esta transparencia y responsabilidad de lo que se comenta con anticipación, precisamente de esta transparencia, que ésta es, efectivamente, una herramienta de la cual debemos también de proporcionar a las y los ciudadanos.
En los últimos años, los parlamentos de todas las partes del mundo han hecho ingentes esfuerzos para informar y educar al público de sus actividades para suscitar interés y atención.
Por otro lado, en la Unión Europea expertos han señalado que los canales parlamentarios no deben preocuparse por los índices de audiencia, la importancia de las transmisiones radica en mantener a las y los ciudadanos informados de manera objetiva e independiente, ya que estos son elementos muy importantes que otorgan credibilidad. Y otro caso en la experiencia de Sudáfrica, su Carta Magna obliga a la Asamblea Nacional a facilitar al público el acceso a los procesos legislativos, así como el acceso al público y medios informativos a las sesiones de sus comités.
Con nuestra normatividad vigente, considero cumplimos con estos estándares internacionales, sin embargo, consideramos que la necesidad de generar confianza en la gente nos debe obligar a convertir al Canal del Congreso en un canal al servicio de las y los ciudadanos.
La apertura de los proyectos de la sociedad, no lo harán las grandes televisoras por convicción, eso nos queda completamente claro, o por aparente cambio de paradigmas.
La televisión del Estado debe ir a la vanguardia en este tema trascendental para nuestra democracia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales de la Cámara de Diputados y el propio Reglamento del Canal de la Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, permiten el proyecto legislativo que, y reitero, traemos al seno de esta honorable Comisión Permanente.
La concesión del espacio electromagnético administrado por el Estado a proyectos de difusión social tiene como antecedente en México, el que actualmente lleva a cabo el Instituto Mexicano de Radio, Imer, el cual expide anualmente una convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil concursen para programas que son transmitidos en distintos horarios de esta radio pública.
La convocatoria Imer señala que el objetivo es fomentar la participación ciudadana directa en la realización de contenidos para todas las emisiones del Imer y colaborar con la emisión institucional de estimular el contenido, la comprensión y el análisis y alguna de las áreas temáticas.
El Imer, creado por decreto presidencial el 25 de marzo de 1983, como organismo público, con el objeto de operar de manera integrada a las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica, pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal.
Entre las bases para concursar por estos tiempos destacan las siguientes: título tentativo del proyecto, tema y subtema que se abordará en el proyecto y objetivo, responsable del proyecto y desarrollo sintético de los programas que componen el proyecto y que serán parte de hasta tres emisiones.
De acuerdo con datos del Imer, los proyectos ganadores del concurso 2012 fueron el Reino de los Objetos, Zona Veterinaria, Antropodanza, Tribu. A la hora de Cuentas, Bienestar Minuto a Minuto, Negocios en Plenitud, Pulso Terrestre, Rock and Read y Viernes de Nortec.
Este proyecto legislativo contribuirá, sin duda alguna, a convertir el Congreso en una de las más cercanas representaciones nacionales que integran la voz de la gente en el seno del mismo y sus órganos de difusión.
Asimismo, las y los legisladores escucharán y verán cotidianamente el curso actual de los temas legislativos con una visión social que contribuirá a las reformas y que cuenten con una mayor vigencia de hechos. Éste, definitivamente, es un tema que no podemos dejar pasar legisladoras y legisladores.
Quisiera concluir mi intervención con un tema que va a acontecer en estos momentos. Y quisiera comentar que con respecto al contenido de la carta de Edgar Tamayo, en la cual hace severa crítica al quehacer del consulado mexicano de Texas, él asevera en una carta –cito textualmente y abro comillas:
“No quiero que meta mano en esto –el funeral– el mentado consulado, la verdad que esta gente me decepciona, son puras pinches mentiras con esta gente y con la Secretaría de Relaciones Exteriores que no hacen nada, claro que mande quejas y nunca hicieron nada.
Por eso no quiero que metan mano en nada, siempre que algún paisano va a ser ejecutado, siempre quieren quedar bien entre las cámaras para verse bien con el gobierno de México y los paisanos, y yo no quiero que me usen”.
Amigos legisladores y amigas legisladoras, debemos aprovechar esta situación para hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que se revise cabal y plenamente los procedimientos que sigue en protección del consulado y de nuestros conciudadanos en el exterior, la preparación del personal del servicio exterior mexicano y los mecanismos de concertación y comunicación con autoridades de otras naciones de ser posible.
Y, si es necesaria una ampliación presupuestaria, para eso que se contrate más personal para el servicio consular y la Secretaría de Hacienda podría revisar muy bien la ampliación de este presupuesto.
Mi grupo parlamentario se solidariza con la pena que embarga a la familia Tamayo por los hechos que le agobian por esta situación de Edgar Tamayo, y se suma a las manifestaciones de clemencia para Tamayo. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada su intervención. En cuanto a su iniciativa túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para su dictamen correspondiente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y suscrita por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSTE.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege los derechos humanos, así como diversas garantías dentro de las cuales se encuentran las de seguridad jurídica y seguridad social. Por tanto, la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que a un tiempo definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y de la aplicación del orden jurídico a los gobernados para quesea eficaz.
La existencia de esta seguridad no sólo implica un deber para las autoridades del Estado, si bien éstas deben abstenerse de vulnerar los derechos de los gobernados estos no deben olvidar que también se encuentran sujetos a lo dispuesto en la Carta Magna y las leyes, es decir que pueden y deben ejercer su libertad con la idea de que podría restringirse en beneficio del orden social.
El artículo 251 de la ley establece el derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente ley, prescribe en favor del instituto a los 10 años de que sean exigibles.
En este sentido dicho numeral 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado resulta inconstitucional en razón de que viola las garantías de seguridad jurídica y seguridad social inconstitucionales establecidas en los artículos 14, 16 y 123, Apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que al momento de redactar el artículo que hoy se propone, el legislador omitió señalar desde cuando empieza a contar el término de la prescripción a que alude el citado precepto 251.
En ese contexto y si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado mediante jurisprudencia la inconstitucionalidad del artículo en estudio, en tal virtud la declaración de inconstitucional del artículo 251 de la Ley del ISSSTE por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo amparó y protegió a quienes acudieron al juicio de amparo, por lo que quienes se sientan agraviados o lesionados por el artículo en comento, deberán de instar nuevamente para solicitar la protección de la justicia federal mediante el juicio de amparo, a efecto de que otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga la declaración de inconstitucionalidad, y ahora sí se haga la declaratoria de invalidez de conformidad con el artículo 107, fracción II de la Carta Magna.
Por tal motivo se propone la reforma al artículo 251 de la Ley del ISSSTE, a efecto de establecer que el término de la prescripción a favor del instituto comenzará a correr a partir de que se haga la notificación personal al trabajador o sus beneficiarios, a efecto de que no vulnere la garantía de seguridad jurídica y seguridad social que rige en nuestro derecho.
Lo anterior en razón de que con la notificación personal se hará saber al trabajador o sus beneficiarios, la existencia de un derecho que tiene a su favor y la posibilidad legal que tiene de ejercitarlo; de tal suerte que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables constituye la violación constitucional de mayor magnitud y de carácter más grave atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales de un procedimiento, en este caso administrativo. Termino, presidenta.
Lo anterior significa la fijación de un término, el encuadre en el tiempo para que la persona notificada cumpla una actividad o manifieste su voluntad ante el órgano jurisdiccional que resuelve el acto de emplazamiento. Con base en lo anterior expuesto, someto a su consideración, a solicitud de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, la presente iniciativa. Es cuanto, senadora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Ricardo Cantú. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Primera Comisión. En virtud de que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR informe sobre las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para analizar los temas del TLCAN.
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de su competencia soliciten al titular del Poder Ejecutivo Federal el indulto a favor de la C. Esperanza Reyes Aguillón, con fundamento en el artículo 97 Bis del Código Penal Federal.
Punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental.
Punto de acuerdo por el que se solicita al INEGI elabore y difunda información estadística sobre las mujeres que trabajan en el sector agrario nacional.
Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo el listado con el número 4, separado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La senadora Lorena Cuellar Cisneros (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sonido por favor a la senadora Cuellar. ¿Con qué objeto, senadora?
La senadora Lorena Cuellar Cisneros (desde la curul): En el punto número 1, si me apunta por favor.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Perdón, con anterioridad habíamos reservado también el referente en donde se solicita el indulto a la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Marcado con el número 3?
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Es correcto.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias.
El senador David Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, para que me registre en el punto 4 de propaganda gubernamental, para fijar posicionamiento del grupo parlamentario.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Someta a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo relativos al numeral 2 y el 5.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. En relación al punto de acuerdo marcado con el número 1, tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar.
La senadora Lorena Cuellar Cisneros: Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, quiero manifestarles mi completo apoyo a esta propuesta. Tenemos amplia coincidencia con la preocupación de la proponente, puesto que consideramos que toda acción de política pública a favor del respeto a los derechos de los niños y mujeres es loable y positiva.
Sabemos que en nuestro país hay serios problemas que atacan a ambos sectores. En el caso de los niños son el sector que más padece la pobreza y vulnerabilidad social.
Y con respecto a las mujeres, desafortunadamente tenemos una serie de problemas que tenemos que ir atacando paulatinamente con políticas e instrumentos que la fortalezcan.
Llama mi atención de manera especial ese dictamen, ya que como representante del estado de Tlaxcala debo manifestarles mi preocupación por los lacerantes problemas que vivimos en la entidad, especialmente en lo que respecta a la trata de personas. Una triste realidad que si bien se vive a lo largo del país, en Tlaxcala se ha convertido en un problema que atenta contra la dignidad de los ciudadanos y que desafortunadamente no se dé una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales para atacar la problemática.
Por lo tanto si bien como Poder Legislativo hemos llevado una amplia agenda de reformas en la materia, no tenemos la mejor respuesta por parte de las autoridades encargadas de ejercerla.
De ahí que me parece muy pertinente esta propuesta, especialmente el enfoque que conlleva el exhorto, ya que el artículo 70 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctima de éstos, señala como elemento fundamental para atender las necesidades de las víctimas de los delitos objeto de dicha ley, la capacitación que sensibilice sobre el tema al personal de policía, justicia, salud y de servicios sociales, es decir, la parte nodal y ejecutora de la política. Por su atención, gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Cuéllar. No habiendo más oradores para este tema, consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo en mención.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese.
Tiene el uso de la palabra en relación al punto de acuerdo marcado con el número tres, para su discusión, la diputada Beatriz Juárez Piña, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Decirles en principio que para el Partido de la Revolución Democrática este punto de acuerdo que se ha presentado, es de suma importancia.
Como es de su conocimiento este punto que por cierto fue presentado por nuestra compañera diputada Celia Gauna, menciona en este punto que hace dos años la ciudadana Esperanza Reyes Aguijón acudió a una papelería a comprar un cuaderno para su hija y pagó con un billete de 100 pesos que resultó falso. La dueña de la papelería llamó a la policía que ahí mismo la detuvo y la puso a disposición de las autoridades federales.
El supuesto de actitud sospechosa que Esperanza mostró el momento de su detención fue motivo suficiente para condenarla, sumándose a ello la nula defensa del abogado de oficio que le asignaron, ante la imposibilidad de pagar un mejor abogado y quizá más comprometido.
Sin ser informada una noche, la trasladaron a Tepic, Nayarit y de ahí a las Islas Marías, donde quedó recluida y su caso resuelto de forma definitiva con una sentencia condenatoria de seis años de prisión y el pago de una multa de 56 pesos con 70 centavos, lo que trajo consigo una violación a sus derechos fundamentales, como el derecho a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, establecido en el artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esperanza, igual que muchas mujeres mexicanas, trabaja lavando platos en un restaurante para mantener a sus dos hijos, uno de siete y una niña de 10 años, a quienes también se les han violentado sus derechos humanos al haber sido privados del contacto con su madre desde ese tiempo, así como a gozar de su derecho a un desarrollo integral, y a recibir alimentos, pues una vez que su madre fue procesada los menores de edad han quedado en el abandono, ya que Esperanza es madre soltera.
Me parece que son suficientes los argumentos que hemos escuchado a través de los distintos medios de comunicación para sumarnos a este punto de acuerdo y también al clamor de distintas organizaciones de la sociedad civil y de distintos ciudadanos y ciudadanas que se han sumado ya a una campaña de recolecta de firmas en el país.
Pero lo que atiende mi intervención en este momento es porque si bien es cierto que los dos resolutivos que presentó la diputada, uno argumenta que quien lo debe de solicitar no es la Comisión Permanente, sino que quienes lo tienen que hacer son las mesas directivas de cada cámara, esto es, que lo hará la Cámara de Senadores, quien solicitará el indulto a partir de sus funciones y atribuciones y que lo hará la Cámara de Diputados de igual forma.
Sin embargo, se omitió un segundo resolutivo que me parece trascendental porque se han violado de manera sustancial los derechos de la niña y el niño hijos de Esperanza Reyes, por lo que hago a este pleno la solicitud de que pudiéramos considerar el segundo resolutivo que dice: “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia, gire las instrucciones necesarias a efecto de que la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón y sus hijos menores de edad, gocen de la atención, asistencia y apoyos necesarios, a efecto de que puedan reiniciar una nueva vida en condiciones dignas y humanas.
Indulto ya para Esperanza Reyes, pero también que se respeten los derechos de sus hijos, en este caso de su niño y de su niña. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Juárez. No habiendo más oradores inscritos para este tema, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación presentada por la diputada Juárez para modificar este punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, le consulto a la asamblea si es de aprobarse la modificación presentada por la diputada Juárez. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo con la modificación realizada por la diputada Juárez, comuníquese. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar de la discusión del tema número 4, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañera presidenta. El punto de acuerdo que reservamos es aquél que presentó el senador Manuel Camacho Solís, relativo a la necesidad de legislar en materia de propaganda gubernamental.
Desde finales del año pasado y aún antes, gobernadores de diferentes estados de la República han impuesto de manera profusa publicidad de su rostro en autobuses, carteleras, puestos de periódicos, paradores, revistas del corazón, módulos de taxis, bardas, anuncios de radio y televisión. Lo han desplegado en varias entidades del país, así como en el Distrito Federal, presumiblemente con motivo de su informe de gobierno. Los hemos visto, como dice la conseja popular, hasta en la sopa.
En clara violación al artículo 134 constitucional y aprovechando una rendija que hay en el todavía vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite como excepción que en los días previos y posteriores a los informes se pueda comunicar sobre este acto.
Sin embargo, se ha incurrido en toda una simulación, en una propaganda política abierta para financiar con recursos públicos, proyectos políticos electorales. Es ni más ni menos, que el modelo Peña Nieto, el mal ejemplo cunde sin duda alguna, y hoy vemos no solamente al gobernador de Chiapas que es quizá el alumno más avanzado, Manuel Velasco, sino también a Rodrigo Medina, Eruviel Ávila, el gobernador de Quintana Roo, Borge, y una larga fila de defraudadores de la ley que utilizando esta rendija ya se promueven, insisto, siguiendo el mal ejemplo que quedó del proceso electoral de 2012, cuando el hoy presidente hizo contratos, convenios con televisoras y se anunció con el pretexto de informes en el estado de México.
Esto genera distorsión en la competencia electoral, altera la equidad e implica un dispendio de recursos públicos e incluso peculado. Sin embargo, no ha habido eficacia para frenar esta hoguera de las vanidades en que se ha convertido esta propaganda gubernamental electoral.
Es todo un ejército de clones al hoy presidente, que siguen el mismo modelo, spots de cara manufactura para anunciarse en todos los medios posibles. Por esa razón nosotros estamos de acuerdo en que se legisle, pero que se legisle ya, que se cierre cualquier rendija en la ley secundaria, a este modelo de propaganda electoral financiada con recursos públicos
Tiene que desahogarse los proyectos legislativos que hoy duermen el sueño de los justos, particularmente en el Senado de la República, iniciativas que han surgido desde diferentes partidos políticos.
Nos parece que no solamente es una gran inmoralidad que estos gobernadores utilicen los recursos de estados pobres, como Chiapas, para estar construyendo una nueva novela, una nueva telenovela en la nación, que ya sabemos los costos que ha provocado hoy con ingobernabilidad, delincuencia desatada, fracaso económico y polarización social.
Por todas esas razones apoyamos este punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta Comisión Permanente.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Tiene el uso de la palabra para abordar la discusión sobre el mismo tema, el senador David Monreal Ávila hasta por cinco minutos.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta. Colegas legisladores y legisladoras, como bien saben en el año 2007 se reformó el artículo 134 de la Constitución Política federal, cuyo objeto principal fue prohibir el uso propagandístico de la publicidad gubernamental. Sin embargo, a seis años de su promulgación el Congreso aún no aprueba una ley secundaria que regule la publicidad del Estado.
No se ha logrado evitar los abusos por parte de los tres niveles de gobierno en esta materia, y del mismo modo, potenciar la equidad política y la imparcialidad antes, durante y después de los procesos electorales.
Ante esta omisión, es pertinente cuestionar el excesivo gasto que el gobierno federal ha destinado para sus campañas publicitarias y encubrir la verdad que hay detrás de las llamadas reformas estructurales que ha decidido impulsar.
Como ejemplo está la reforma educativa, la cual fue la primera iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo federal, junto con la Secretaría de Educación Pública, y a la que se le destinaron más de 81 millones de pesos para la producción de una campaña mediática.
Bajo esta misma lógica, se encuentra la publicidad que se difundió en torno a la reforma energética, desde su presentación oficial el pasado 12 de agosto, y los ciudadanos nuevamente fueron bombardeados con spots publicitarios que hablan de las supuestas bondades de dicha innovación, así como del poco progreso y desarrollo que había tenido Petróleos Mexicanos y que comparativamente con otros países no tenía ningún progreso.
Resulta oportuno cuestionar cómo es posible que se hayan destinado al menos 105 millones en promover dicha reforma, y al mismo tiempo, argumentaran que no hay dinero para invertir a Pemex.
Dichos anuncios publicitarios distaron de ser objetivos, por el contrario, únicamente estuvieron enfocados a publicitar las reformas en cuestión, pero no en informar conscientemente al pueblo de México.
Por ende, no es aventurado asegurar que las campañas mediáticas sobre las reformas energética y educativa únicamente tuvieron como objeto persuadir a los mexicanos sobre lo que verdaderamente implicó el cambio constitucional en dichas materias.
Excesivos gastos y campañas publicitarias engañosas es lo que ha pretendido el gobierno federal a través de su comunicación social. Aquél ha gastado al menos 186 millones de pesos en campañas para promover y convencer a la población de estas reformas educativa y energética.
Las enormes erogaciones en materia de publicidad contrastan diametralmente con lo que el entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, se comprometió durante su campaña política. Es decir, regular la viciada práctica en el otorgamiento discrecional de publicidad gubernamental, compromiso de campaña que no ha cumplido hasta la fecha.
Es importante mencionar, que el pasado 13 de julio de 2012, el presidente electo mencionó que impulsaría la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación, con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno.
También, el compromiso 95 del Pacto por México indica que en el actual periodo legislativo se presentaría ante el Congreso el proyecto de iniciativa para regular este tópico.
Sin embargo, hasta la fecha no hay ningún avance en el tema. El tema toma mayor relevancia cuando se repite la historia. Recordemos de Peña Nieto cuando fue gobernador del estado de México inició con una desmedida propaganda gubernamental, la cual le dio como fruto el arribo a la Presidencia de la República Mexicana.
El gobernador de Chiapas está repitiendo la misma práctica. Manuel Velasco destinó 129 millones de pesos en comunicación social, gasto publicitario que se destinó a su imagen. Algo realmente condenable, ya que Chiapas desde hace varios años vive en una situación económica y financiera realmente complicada.
México no se encuentra en condiciones de gastar irracionalmente del erario público en spots publicitarios, sino por el contrario, se debe realizar una austeridad en esta República.
Por tal motivo, es momento de que el gobierno federal efectivamente rinda cuentas claras y precisas en los montos que se gasta en comunicación social, que cumpla con su promesa de campaña y que se abstenga de gastar irracional y engañosamente en materia publicitaria. Es cuanto, presidente y estamos a favor del dictamen presentado.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador. Al no existir más oradores inscritos para la discusión, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el numeral cuatro.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la SEP, a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa Escuela verde, durante el ciclo escolar 2012-2013.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP y a los correspondientes en cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal informen a esta soberanía sobre el problema de deserción escolar en sus ámbitos de competencia, y asimismo formulen políticas públicas federales y locales, con miras a disminuir el índice de deserción escolar.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, para que difunda las medidas necesarias dirigidas a la niñez para prevenir accidentes graves.
Punto de acuerdo por el que se externa una felicitación al director de cine, Alfonso Cuarón, por haber obtenido el premio Globo de Oro.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas correspondientes, vigilar que en ningún caso se impida o condicione la prestación de los servicios educativos y el pago de cualquier contraprestación, a como lo establece el artículo 6o. de la Ley General de Educación. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo los enlistados con los numerales seis y siete, separados por los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría pro la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Tiene el uso de la palabra en la discusión para hablar sobre el punto de acuerdo marcado con el número seis el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el siglo XX además de ser recordado por los grandes avances científicos y tecnológicos realizados en este tiempo lo será también por los graves daños causados al medio ambiente.
Por ello es imperativo que nuestra nación, en pleno siglo XXI, por la riqueza de sus recursos naturales y por la calidad de su gente destaque el impulso de un modelo para el desarrollo sustentable y por la participación activa de la sociedad en el cuidado y protección de la naturaleza.
Como presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable, y como joven, estoy familiarizado y sé del entusiasta compromiso que muchos mexicanos y muchas mexicanas tienen con la preservación y conservación de nuestros ecosistemas. Pero nuestro ímpetu, aun cuando es muy grande, no basta para arraigar transformaciones de fondo.
También es necesario el decidido apoyo y participación del Estado en esta tarea, para establecer las condiciones que garanticen a millones de mexicanos su desarrollo sustentable el día de mañana.
Por ello Nueva Alianza haciendo sentir la voz joven de miles de mexicanos propone este punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al igual que la Secretaría de Educación Pública, a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del Programa Escuela Verde, programa que de buena fuente sabemos que no está operando actualmente.
Aun cuando la participación del programa fue voluntaria y que las escuelas no recibían a cambio ningún privilegio, excepto una presea y un documento de acreditación, el programa tuvo una muy buena aceptación por las escuelas, ya que superó sus metas de participación en todo el país. Por eso nos parece indispensable que se renueve el mismo programa y que no se retenga y se retome nuevamente sus actividades.
Asimismo, celebro el punto de acuerdo que ha sido publicado también en la Gaceta Parlamentaria y que está presentando el diputado Enrique Aubry, el cual nos recuerda del Día Mundial de la Educación Ambiental este próximo 26 de enero.
En Nueva Alianza creemos que la educación es sinónimo de progreso para un país, pues contribuye a lograr un mundo más seguro, más sano y más próspero. Queremos que también la educación sin duda ni resquicio ayude a construir ciudadanos que cuiden de su medio ambiente. Para lograr este objetivo es necesario implementar acciones eficaces que sigan de la gestión ambiental, desde lo personal hasta lo público y en todos los niveles educativos.
Me permitiré, con el permiso de todos ustedes y para finalizar esta intervención, retomar unos pequeños fragmentos de un destacado mexicano que en 1990 con estas palabras recibió su premio nobel de literatura, me refiero a Octavio Paz: El pasado reciente nos enseña que nadie tiene las llaves de la historia, el siglo XX se cierra con muchas interrogaciones, algo sabemos sin embargo, la vida en nuestro planeta corre graves riesgos, nuestro irreflexivo culto al progreso y los avances mismos de nuestra lucha por dominar a la naturaleza se han convertido en una carrera suicida.
Por eso, cualesquiera que sean las formas de organización política y social que adopten las naciones, la cuestión más inmediata y apremiante es la supervivencia del medio natural, defender a la naturaleza es defender a los hombres.
Los invito, compañeras y compañeros legisladores, a votar en favor de los hombres, de las mexicanas y de los mexicanos, de un desarrollo integral para nuestros jóvenes y para el medio ambiente hacia las futuras generaciones. Por su atención y paciencia, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta senadora.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara. Al no existir más oradores inscritos consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número seis.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en la discusión del punto de acuerdo marcado con el número siete, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañera presidenta. Efectivamente, reservamos para fundamentar nuestro voto aprobatorio, el dictamen que tiene que ver con la deserción escolar y también queremos aprovechar esta intervención para referirnos a aquél que señala también, que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para evitar que en el nuevo ciclo escolar se condicione la inscripción a alguna contraprestación de carácter económico, las llamadas cuotas escolares.
Hoy en día la educación en México está envuelta en innumerables dificultades, bajos niveles de aprovechamiento escolar, baja calidad de la enseñanza, falta de infraestructura educativa y altos índices de deserción escolar. Esta última situación deriva de diferentes problemas; problemas de carácter económico, problemas de carácter social, problemas de integración familiar y desafortunadamente en nuestro país ha venido creciendo la deserción escolar por un lado y por otro lado la falta de oferta educativa para quienes quieren ingresar a escuelas y universidades públicas, la urgencia de contrarrestar esta problemática es apremiante.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que nos encontramos posicionados en el primer lugar de los países con el mayor índice de deserción escolar. Integrantes de este importante organismo internacional aseguran que no existe otro país que, al igual que México, experimente una pérdida del 40 por ciento aproximadamente de los jóvenes en transición de secundaria a educación media superior.
Ocupamos el tercer lugar entre las naciones con mayor población juvenil que ni estudia ni trabaja y que han sido bautizados incluso peyorativamente como ni-ni, que son más de siete millones de mexicanos.
Es decir, estamos hablando de una problemática gravísima que además enfrente, por otro lado, la amenaza de la cooptación, del señuelo de los grupos delincuenciales que han hecho de la juventud mexicana carne de cañón para sus actividades delictivas.
Estos jóvenes sin esperanza, estos jóvenes sin educación, sin trabajo, son tentados en esta cultura de lo fácil -que señalan también algunos medios de comunicación- a buscar precisamente ser reclutados por estos grupos. Por estos grupos y cárteles de delincuentes que han visto una permanente leva de jóvenes que están en esta condición. Por esa razón nos parece muy importante que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal atiendan esta problemática.
Nosotros insistimos que la reforma educativa tiene que se de a de veras y no solamente la reforma a las condiciones magisteriales, como se aprobó. La reforma educativa tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con oportunidades y tiene que ver con arraigar a éstos jóvenes en el sistema educativo para que puedan ser en el futuro profesionistas que tengan empleo y que gocen de condiciones de vida más favorables.
También señalamos, de igual manera, que nos parece adecuado que se esté exhortando a la SEP a revisar que no haya el cobro de cuotas escolares. Nosotros desde la discusión de la reforma educativa señalamos que un transitorio, el quinto transitorio, en su fracción III y en el inciso a), abría la puerta a las cuotas escolares señalando que podían los padres de familia intervenir para comprar materiales para mejorar infraestructura.
Me parece que no obstante que se aprobó la Ley General de Educación estableciendo un supuesto candado, sigue la confusión y están aprovechando en algunas escuelas para imponer esta cuota inconstitucional.
Por esa razón estamos a favor de éstos dos puntos de acuerdo que tienen que ver con la educación del país.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Al no existir más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número 7.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Tercera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorice acciones para evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad.
Punto de acuerdo a fin de que se atienda la emergencia provocada por el deslizamiento de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en lo relativo al diagnóstico de daños, mecanismos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas seguras.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, prevean y promuevan la implementación de centros de acopio para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina.
Puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía emita las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de las bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano.
Puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública por la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor, la información relacionada con las operaciones del Inadem, así como los diversos proyectos que se tengan programados para el 2014.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat emita la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal para eliminar la plaga del gusano descortezador.
Puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar medidas para disminuir los accidentes en carreteras.
Puntos de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y a sus dependencias, acciones para prevenir la especulación en el alza de precios y servicios.
Punto de acuerdo relativo a la situación que enfrentan los trabajadores de diversas empresas de autotransporte. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo los listados con los numerales 12, 13, 15 y 17, separados por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese. Tiene el uso de la palabra para hablar a discusión de los dictámenes marcados con el 12, 13 y 15, la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, señora presidenta. Decidí unir los tres puntos porque los tres son importantes en materia ambiental y también con algunos puntos que quisiera resaltar.
Ciudadanas legisladoras y legisladores, la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente ha aprobado diversos dictámenes en materia de medio ambiente y el día de hoy con el respaldo del grupo parlamentario del PRD se someten a consideración tres de ellos.
Es importante exhortar a la Semarnat, al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos estatales para que promueven la implementación de centros de acopio para árboles naturales de navidad, pues todos conocemos la problemática que representa encontrar áreas públicas y de recreación invadidas con estos árboles, amén de los riesgos de salud y el desaprovechamiento para la trituración que representan. Es fundamental que estos árboles sean reciclados, produciendo materiales orgánicos en beneficio de los mismos parques y bosques de las ciudades y del campo.
Asimismo, es importante que el gobierno federal emita las metodologías para cuantificar las emisiones que se evitan por el uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano, pues representan un factor determinante para impulsar políticas públicas que incentiven su uso.
Un dato relevante para apoyar este acuerdo parlamentario es la estimación de que en el mundo hay más de mil millones de bicicletas. El ranking, de los cinco países con más bicicletas per cápita señala que la quinta posición, Noruega, con una población que ronda en poco más de cuatro millones de habitantes, tiene un parque aproximado de bicicletas que está cerca de tres millones de unidades, es decir, 60.7 por ciento de noruegos utilizan bicicletas habitualmente.
En la cuarta posición está Suecia, con una población que ronda los 9.4 millones de habitantes y un parque de bicicletas aproximado de cerca de seis millones de unidades, es decir, un 63.7 por ciento de suecos utiliza la bicicleta.
En la tercera posición está Alemania, con una población que ronda los 81.802 millones de habitantes y un parque aproximado de bicicletas que está cerca de los 62 millones de unidades, es decir, 75.8 por ciento de alemanes son usuarios.
En la segunda posición está Dinamarca, en donde un 80.1 por ciento de daneses poseen una bicicleta, al contar con una población cercana a los 5.560 millones de habitantes y un parque aproximado de bicicletas de cerca de 4.5 millones de unidades.
Finalmente Holanda, un país al que debemos de poner atención, tiene una población que ronda los 16 millones y un parque aproximado de bicicletas de cerca de los 16 millones de unidades y con un 99 por ciento de índice per cápita.
Quiero decirles que este análisis es importante hacerlo no nada más en el sentido ambiental, sino también económico. El uso de todo tipo de bicicletas puede ayudar muchísimo a bajar sobre todo las emisiones a la atmósfera, además como uso recreativo y también, por qué no, de salud. Celebramos que este asunto empiece a formar parte de la agenda del Congreso.
Finalmente, el tercer tema no menos importante es la problemática que representan diversos estados del país ante la plaga del gusano descortezador, por lo que nuestro grupo parlamentario considera necesario el exhorto que ya se hizo a la Semarnat para que emita la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal a fin de combatirla y evitar una problemática generalizada a productores agrícolas.
Nos congratulamos que esta tercera comisión ponga la importancia que representa el medio ambiente y considera los exhortos respectivos que garanticen el derecho fundamental de los y las mexicanas a tener un medio ambiente sano y según el artículo cuarto constitucional, que debemos de siempre tomar en cuenta.
Quiero felicitar a quienes hicieron estos puntos de acuerdo, pero que también yo agregaría, compañeros y compañeras, en el primer punto, que en el caso de los árboles de navidad es importante que ya los mexicanos sean considerados –y que solamente a estos árboles de navidad, en esta época- que son considerados, sean realmente para los productores mexicanos y evitando así también enfermedades de otro tipo al introducir especies que no son nativas.
Así que, ampliaría yo esta propuesta y que además se dé a conocer, porque para eso estamos los y las legisladoras, para tomar como puntos que deben de ser y que deben de prevalecer en el caso del medio ambiente. Muchísimas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada. Al no haber más oradores inscritos para estos puntos 12, 13 y 15, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo marcados con dichos numerales.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor, el punto de acuerdo marcado con el número 17, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidenta. En esta Comisión Permanente que hoy celebra su penúltima sesión, se ha tratado de hacer a un lado los temas más importantes del inicio de año, un poco no hacer olas, nadar de muertito y sobrellevar ahí la discusión de los temas más importantes.
Para nosotros, lo más importante es el alza brutal a los precios provocada por esta reforma hacendaria que representa un atraco para los contribuyentes y un golpe a la economía de familias mexicanas, de millones de familias mexicanas.
Otro tema sin duda es la lista negra, la lista infamante del Servicio de Administración Tributaria que se ha venido publicando a partir del inicio de año. Otro tema, ya lo abordamos, es la inseguridad que no cesa y la ingobernabilidad en Michoacán.
El punto de acuerdo que hoy se presenta nos parece tibio, nos parece timorato, nos parece que no responde a una definición tajante del Poder Legislativo frente a la alza de precios que se ha desatado a partir del inicio del año.
Había varios puntos de acuerdo encaminados a exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que cumpliera con su encomienda y evitara la simulación en que se ha caído al aumentar los precios, derivado del 8 por ciento al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios de los llamados alimentos chatarra. En eso estábamos cuando el hoy titular de Profeco lo nombran comisionado plenipotenciario y procónsul en Michoacán.
Nosotros en Movimiento Ciudadano propusimos puntos de acuerdo que respondían a la necesidad del momento. Primero exhortar al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para establecer acciones que impidan el incremento de precios de alimentos básicos para la población a través de la tasa del 8 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aún cuando éstos presenten una densidad calórica mayor a 275 calorías en 100 gramos.
También planteamos que el Ejecutivo federal y el secretario de Hacienda, que hoy están gozando en Davós, Suiza, para hablar de las bondades del modelo mexicano que no hay resultados, pero ellos están haciendo propaganda, para exhortarlos a detener los gasolinazos recargados que iniciaron este año.
Planteábamos también que el procurador federal del Consumidor realizara acciones para evitar el aumento de precios injustificados y la publicidad errónea, engañosa en tiendas departamentales de autoservicio y de conveniencia. Sin embargo, éste y otros puntos de acuerdo han derivado en el parto de los montes; una exhortación tibia para que respetuosamente las dependencias del gobierno federal, en el ámbito de sus atribuciones desarrollen acciones encaminadas a evitar la especulación en el alza de precios.
Es decir, no se le toca ni con el pétalo de un exhorto, simplemente se cubre el expediente y se le da salida a estos puntos de acuerdo.
Yo veía puntos de acuerdo incluso de legisladores dl PRI, que llegaron entusiastas a hacer propuestas para detener estas alzas, pero hoy no se quiere tocar y nosotros creemos que la Procuraduría Federal del Consumidor ha sido negligente, ha sido omisa y ha sido irresponsable. Creemos además que el impuesto del 8 por ciento se ha convertido en un IVA disfrazado a los alimentos, y ésta es nuestra posición.
Por otro lado, también denunciamos que en la Tercera Comisión no se quiso firmar un dictamen negativo que nosotros presentamos para que el SAT bajara la lista infamante que está publicando en su portal.
A pesar de que se votó en contra debía subir como dictamen negativo y ya no quisieron firmar, pero por más que no firmen, la realidad ahí está. Al igual que en la Roma de antes, ahora se recurre los sensores, que es ahora el titular del SAT, a confeccionar listas infamantes donde tachan de infamia a ciudadanos, no les dan derecho de audiencia, no fundan ni motivan sus actos e incluso en el colmo del absurdo, publican como no localizados a ciudadanos que ya pasaron a mejor vida y ya fallecieron.
Es tal el desaseo y tal el terrorismo fiscal del SAT, que lo que quiere es sembrar pánico, sembrar terror psicológico en los contribuyentes para recaudar a como dé lugar, aunque en esta decisión, en estas medidas estén cometiendo actos inconstitucionales.
Nosotros por eso no estuvimos de acuerdo en el Código Fiscal de la Federación, porque preveíamos esta casería de contribuyentes, no con un fin de sanear las finanzas públicas, sino de cubrir desde ahora el boquete fiscal que va a propiciar la reforma energética con la entrega de parte de la renta petrolera a trasnacionales y a inversionistas privadas.
Por eso nosotros seguimos insistiendo en que el SAT debe bajar esta lista infamante de su portal y debe cumplir con las formalidades esenciales de los procedimientos consagrados en la Constitución.
De igual manera, denunciamos su doble rasero, con algunos los exhibe y les causa descrédito público, y a quienes les ha condonado miles de millones de pesos, grandes corporaciones y grupos de interés, los sigue protegiendo con el pelo de la obscuridad.
Por esta razón, compañeras y compañeros, nosotros no vamos a acompañar este exhorto tibio. Nosotros creemos que Profeco no ha respondido y creemos, además, que el IEPS del 8 por ciento en los alimentos es un IVA disfrazado.
Por esa razón, pedimos respuestas contundentes. Y por otra razón, denunciamos también que se esté ocultando el trámite legislativo a un punto de acuerdo que tenía que ver con esta lista negra, con esta lista infamante que ha publicado el Servicio de Administración Tributaria. Es cuanto, presidenta. Y muchas gracias.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Al no haber más oradores registrados para hacer uso de la palabra en la discusión, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número 17.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se autoriza.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: De la Primera Comisión de Trabajo.
Uno. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales, para que sometan a su consideración las minutas de reforma constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción, enviadas por el Congreso Unión.
Dos. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía a realizar un homenaje al crítico de cine, el licenciado Gustavo García.
De la Segunda Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a votar en contra de la minuta del Senado que extiende la privatización y precarización de las guarderías del IMSS. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: ¿Con qué objeto, diputada Fraire? ¿El número? Tres, de la Segunda Comisión.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, a reserva del marcado con el número tres de la Segunda Comisión.
La secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos. En relación a la intervención de la diputada Graciela Saldaña, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar en reserva de la discusión del número tres del dictamen de la Segunda Comisión.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señora presidenta. Legisladores y legisladoras, con respecto a este dictamen de punto de acuerdo del PRD, que exhorta a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a votar en contra de la minuta del Senado que subroga las guarderías del Seguro Social y Organizaciones de Patrones, la Comisión Segunda desecha este punto de acuerdo con argumentos insostenibles, pues es evidente que este punto de acuerdo no está proponiendo una iniciativa de ley, sino solo se refiere a una propuesta en el sentido del voto respecto a la minuta, lo cual es una constante en la práctica parlamentaria, por lo que resulta inaplicable el artículo 3, fracción XIX a que se refiere el dictamen.
Por otra parte, si bien la Suprema Corte ante múltiples presiones resolvió que la subrogación de las guarderías del Seguro Social es ilegal, resolución absolutamente bochornosa, antes había sostenido lo contrario, además que esto lo sostuvo la Corte en una investigación por violaciones graves a los derechos humanos ante la tragedia de la Guardería ABC, pero no como resultado de un juicio de amparo que hubiera llevado una jurisprudencia, es decir, se ha pronunciado sobre su legalidad pero no sobre su constitucionalidad, por lo que este punto es absolutamente discutible en base en los siguientes argumentos:
a) La tragedia de la Guardería ABC tuvo lugar en una guardería subrogada.
b) La Auditoría Superior de la Federación de manera repetida ha puesto de manifiesto las ilegales y la falta de suficientes medidas de seguridad en las guarderías subrogadas.
c) Estas guarderías van en contra de la fracción XXIX del artículo 123 constitucional, apartado A, que en la parte conducente señala: es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de servicios de guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras, y sus familiares.
El que la Ley del Seguro Social sea un ordenamiento de utilidad pública significa que la seguridad social y concretamente las guarderías son un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado, no por particulares que buscan sólo lucro.
d) Las guarderías subrogadas van en contra de la letra expresa del artículo 204 de la Ley del Seguro Social, que establece: Para otorgar la prestación de los servicios de guardería el instituto establecerá instalaciones especiales por zonas convenientemente localizadas, en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opera el régimen obligatorio.
Es decir, la subrogación sólo puede ser excepcional y no como sucede actualmente en lo que se está volviendo la regla. Adicionalmente la entrega de las guarderías a particulares violenta los artículos 3o. al 5o. de la Ley del Seguros Social.
e) Las guarderías subrogadas, sobre todo a las organizaciones de los patrones, va contra la evolución histórica que permitió superar los seguros privados por el seguro social. Inciso e). Es un tema central que no puede aprobar en un tris como sucedió en el Senado. El inciso e). Pero en un ánimo constructivo proponemos una redacción alternativa:
Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las diputadas y a los diputados de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que antes de dictaminar la minuta del Senado, relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, relativa a la subrogación de los servicios de guardería infantil a organizaciones de patrones, lleve a cabo foros y otras actividades análogas que permitan escuchar a los trabajadores, patrones, funcionarios del seguro social, especialistas, entre otros, en tema tan relevante para la seguridad social.
Voto en contra del dictamen si no se aprueba la redacción alternativa, ésta es la postura de mi Grupo Parlamentario del PRD, y dado que es un tema de interés social y sobre todo que debe salvaguardar las principales leyes que de ella emanen para la protección de nuestros infantes. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Graciela Saldaña. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación propuesta por la diputada Saldaña al dictamen correspondiente.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se consulta si es de aprobarse la modificación. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No es de aceptarse la modificación.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidenta, ¿se podría rectificar el sentido de la votación?
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Solicito a la Secretaría, a petición de la diputada Saldaña, rectificar el sentido de la votación y pedirles a los legisladores, por favor, manifestar claramente su posición.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: Se consulta nuevamente a la asamblea si es de aprobarse la modificación. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No es de aceptarse la modificación.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el número tres, de la Segunda Comisión.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba en sus términos. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobado el punto de acuerdo en sus términos. Comuníquese.
La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Continuando con el orden del día, en el apartado de proposiciones tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer operativos en las carreteras del estado de Morelos para evitar robos al transporte de carga y suscrito por la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): Con su venia, señora presidenta. Las suscritas Maricela Velázquez Sánchez y una servidora, diputadas federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
En nuestro país el uso de transporte de carga, también conocido como autotransporte, ha ido creciendo paulatinamente, el traslado de mercancías de una entidad federativa a otra, el movimiento de insumos para el sector productivo es de vital importancia para el desarrollo económico del país.
Asimismo, la participación de este sector dentro de la economía nacional se encuentra representada con un 6.3 por ciento del PIB ubicándose en el quinto lugar dentro de las 73 principales ramas económicas del país.
Al interior del país el 88 por ciento de las toneladas de mercancías, productos y materias primas transportadas se han realizado por medio de este sector, gracias a lo cual se han generado más de 2 millones de empleos directos; sin embargo, el autotransporte se ha visto afectado por el incremento en la delincuencia ya que al encontrarse circulando por las carreteras y autopistas del país han sido víctimas de robos, perdiendo la mercancía, los vehículos e incluso encontrándose en riesgo la integridad física de los conductores de dichas unidades.
De acuerdo con declaraciones hechas a distintos medios impresos por parte del ex delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, José Manuel Hernández, el estado de Morelos se ha visto impactado por un incremento en los robos hechos a los transportistas siendo las carreteras y autopistas que conectan a dicha entidad con los estados de Puebla y Guerrero las más afectadas, la carretera de Cuautla, Izúcar de Matamoros y la Autopista del Sol son las que presentan un mayor índice de delincuencia.
Con base en lo anterior, proponemos se exhorte a la Comisión Nacional de Seguridad para que a través de la Policía Federal se establezcan operativos en las principales carreteras del estado de Morelos con la finalidad de evitar que los transportistas que circulan diariamente por dicho estado, sean víctimas de asaltos perdiendo la mercancía transportada y en ocasiones los vehículos utilizados para dicho fin.
Es importante mencionar que en apoyo al sector de autotransporte se han implementado programas como el Esquema de Sustitución Vehicular, el programa para la Modernización de la Flota de Autotransporte Federal y el programa de Transporte Limpio, de igual forma se debe brindar protección y continuar fomentando el desarrollo de este sector, ya que como se ha comentado en los párrafos anteriores este sector se encuentra ubicado en los primeros lugares de las ramas económicas del país.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que a través de la Policía Federal se establezcan operativos de vigilancia en las principales carreteras del estado de Morelos, con la finalidad de evitar que se presenten robos al transporte de carga que circula diariamente por dicha entidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia se considera de urgente resolución y el asunto está a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para hablar a favor.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. La seguridad en las carreteras es un punto estratégico para la economía del país, puesto que el 43 por ciento de las importaciones y exportaciones se realizan a través del autotransporte de carga que día a día circulan por esas vías de comunicación.
El sector de autotransporte igualmente es uno de los más importantes de la economía mexicana, sin embargo esta prolífica industria es víctima de la acción delincuencial, pues los robos y asaltos que se suscitan en las distintas carreteras del vecino estado de Morelos se han convertido en un verdadero azote para los transportistas.
Los grupos criminales han encontrado en el sector autotransporte carretero una forma ilícita de obtener ganancias importantes en detrimento del patrimonio de los transportistas, quienes tienen que contratar o implementar mecanismos de seguridad y localización satelital que les permita hacer frente a los grupos delincuenciales, medidas que derivan también en una alza de sus costos incidiendo en los precios al consumidor y, por ende, en los bolsillos de toda nuestra sociedad.
En virtud de lo anterior no podemos mostrarnos ciegos ante la innegable realidad de que distintas vías de comunicación en el estado de Morelos se han convertido en un bastión de los grupos criminales, quienes cometen todo tipo de atropellos en contra de la sociedad pues los secuestros, robos, homicidios y extorsiones que a diario se cometen, reflejan que los altos índices de seguridad se encuentran en una espiral a la alza.
De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2013 los secuestros y extorsiones se incrementaron, destacando Morelos como una de las entidades más afectadas por estos delitos. En contraste, el gobierno local presume cifras sobre la disminución de delitos, pero la percepción de la ciudadanía es que la violencia sigue en las calles de las principales ciudades de aquella entidad y que va en aumento.
Atento a los argumentos expresados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, comprometido con las causas que redunden en beneficio social, comparte la preocupación por atender la inseguridad que prevalece en algunas carreteras del país y, por lo tanto, sumándose a nuestras diputadas que han presentado este punto de acuerdo, votaremos en favor de dicho punto. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado René Fujiwara Montelongo. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición presentada por la diputada María de las Nieves García.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada, comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Salud federal y del estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada ofrezcan la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer de próstata y suscrito por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Gracias, presidente, con su permiso. Los suscritos diputados federales Carlos Alberto García González y Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la sexagésima segunda legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, para que de manera coordinada ofrezcan la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer de próstata y en su caso realicen el reembolso correspondiente al paciente que requiera de la compra de medicamentos esenciales para estas enfermedades o para la compra o renta de prótesis ortopédicas temporales o permanentes, bajo las siguientes consideraciones:
El Seguro Popular fue creado e impulsado por los gobiernos emanados de Acción Nacional, como una nueva política social para llevar el bien común a toda la población del país.
Durante el gobierno de Vicente Fox se puso en marcha el programa del Seguro Popular de Salud; el 12 de noviembre de 2002 envió al Senado una iniciativa que modificaba la Ley General de Salud para establecer el Sistema de Protección Social en Salud en su exposición de motivos donde se señalaba lo siguiente:
“El Sistema del Seguro de Protección Social en Salud posibilitará que familias con capacidad limitada de pago no derechohabientes, puedan incorporarse a un sistema de aseguramiento que incluye el catálogo de intervenciones y los medicamentos asociados a dicho catálogo”.
Después de un largo debate en el Congreso se aprobaron las reformas y finalmente el primero de enero del 2004 entró en vigor el Seguro Popular. Así se implementaron las bases jurídicas para que todos los mexicanos cuenten con seguridad social sin importar su situación social o laboral.
De esta manera el Seguro Popular otorga cobertura de servicios de salud de manera pública y voluntaria para quienes no cuentan con empleo o son autoempleados y que por lo mismo no cuentan con atención del IMSS o el ISSSTE.
Los afiliados al Seguro Popular tienen acceso a servicio médico quirúrgico, farmacéuticos, hospitalarios, a través de un catálogo de 284 intervenciones de primer y segundo nivel, cubriendo así más de mil 500 enfermedades.
Esta atención cubre un 100 por ciento de los padecimientos de primer nivel, los cuales pueden ser proveídos por clínicas o centros de salud y más de un 90 por ciento de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel que por lo general requieren hospitalización.
El Seguro Popular a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos aporta los recursos para la cobertura de 58 intervenciones de alta especialidad, las cuales se agrupan en 17 rubros entre los que se encuentran los de cáncer cérvicouterino y cáncer de próstata.
Esta protección se amplía conforme a un estudio de costo efectividad a la disposición de los recursos y a la aceptación social.
En caso de insuficiencias renales se requiere en muchos casos de hemodiálisis y no existe la suficiente cantidad de equipo que permita una atención debida a los pacientes, por lo cual se recurre a la subcontratación de servicios de alta tecnología particulares, en ocasiones bajo lineamientos oficiales que no se siguen al pie de la letra.
Para quienes han perdido la movilidad o alguna de sus extremidades se requiere de prótesis temporales o permanentes, algunas de las cuales son excesivamente caras o no están disponibles en los puntos de atención del Seguro Popular.
En todos los casos referidos: cáncer de próstata, insuficiencia renal o lesiones ortopédicas, se requiere de medicamentos o prótesis que en ocasiones no están en el catálogo universal de servicios de salud del Seguro Popular, lo cual obliga al paciente a hacer gastos elevados para poder conseguirlos por su cuenta.
De acuerdo a nuestra Constitución, hombres y mujeres son iguales y por lo tanto merecen igual atención por las instituciones oficiales. Ahora bien, en el otorgamiento del servicio del Seguro Popular en Tamaulipas, y muy probablemente en otras entidades federativas del país, hay una serie de inconsistencias entre lo que ofrece a nivel nacional este servicio de salud y lo que en realidad existe.
Además de la no atención a pacientes con cáncer de próstata, existen otras controversias como la falta de material en traumatología y ortopedia como pueden ser prótesis temporales o permanentes.
El catálogo de cobertura del Seguro Popular afirma que en Tamaulipas se da la cobertura que ofrece a nivel nacional, pero en el caso de la atención al cáncer de próstata no existe dicha cobertura en la realidad, como sí se otorga a las pacientes con cáncer cérvico-uterino.
La disponibilidad en las principales ciudades de Tamaulipas de aparatos para realizar hemodiálisis no es suficiente, por lo que se requiere subcontratar dicho servicio a particulares que los tengan en la misma ciudad en la que el paciente lo requiera.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud que se coordine con la Secretaría de Salud de Tamaulipas a fin de que el Seguro Popular efectúe la atención debida en dicho estado a los pacientes que padezcan enfermedades renales y cáncer de próstata.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que contemple adicionar al Seguro Popular el abastecimiento de aquellos medicamentos esenciales que no existiesen en el catálogo universal de servicios de salud del Seguro Popular, mismos que fueran requeridos para la atención de pacientes con enfermedades renales o cáncer de próstata. Asimismo, que realice en su caso, el reembolso correspondiente a los afiliados que hubiesen tenido que comprar o rentar prótesis o aparatos ortopédicos.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que determine de manera clara y precisa los lineamientos para la subrogación a particulares de equipos de alta tecnología para efectuar hemodiálisis.
Atentamente, los diputados Carlos García y Alfonso Robledo. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfonso Robledo Leal. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el derecho de la salud y con ella el acceso a los medicamentos y servicios médicos de calidad, es un asunto prioritario, pues además de ser un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, es un condicionante para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.
En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 o más, con cerca de 5 mil defunciones anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones fallecen por día. Desafortunadamente el 75 por ciento de los pacientes con cáncer de próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada y en consecuencia es mucho más difícil tratarla.
Aunado a lo anterior, cuando las instituciones médicas no cuenten con los insumos necesarios ni las condiciones para brindar la atención médica necesaria, es aún más difícil conseguir resultados positivos en atención a esta enfermedad.
Por lo anterior, resulta necesario dotar a las instituciones de salud para que en un mayor número de pacientes en cualquier etapa de la enfermedad puedan beneficiarse de una atención multidisciplinaria e individualizada, teniendo las mismas posibilidades de acceso y tratamientos innovadores.
Por su parte, un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM establece que las enfermedades renales en México causarán el deceso de alrededor de 160 mil personas para el año 2025 si no se cuenta con los tratamientos adecuados para su atención.
En México habrá cerca de 212 mil pacientes con este tipo de enfermedades, cuyos orígenes son congénitos en algunos casos, en otros surge con una complicación frecuente de la diabetes mellitus, hipertensión arterial y por problemas de obesidad, por lo que una vez que aparecen los primeros síntomas, el mensaje es el riñón que está dañado.
Ante este panorama, resulta necesario utilizar todas las medidas para combatir y evitar estas enfermedades a efecto de evitar que se conviertan en problemas de salud pública y sean necesarias estrategias más complejas para su atención.
Uno de los objetivos centrales de la política pública en salud es brindar servicios eficientes, con calidad y seguridad para la población, principio al que resulta indispensable sumar los esfuerzos para todos los niveles gubernamentales como lo estamos haciendo en Tamaulipas.
En razón de lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional dará su voto aprobatorio al posicionamiento conjunto a efecto de que se atienda a la brevedad posible el abasto de medicamentos que hoy se llevan conjuntamente con el gobierno federal y la adquisición de ellas, y por supuesto las estrategias necesarias para la atención de la población en este tipo de procedimientos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Enrique Cárdenas. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que decrete una suspensión de pago en las casetas de cobro en las autopistas del estado de Michoacán.
El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, desde 1989 se ha venido priorizando la construcción de carreteras mediante el esquema de concesiones a particulares, con el argumento de permitir el acceso de capital privado al sector de la construcción de comunicaciones terrestres y fomentar la actividad económica en beneficio de la población, así como de garantizar la utilización de materiales más duraderos, una ministración sana de los ingresos y un mantenimiento adecuado de las carreteras.
Durante 1989 a 1994 se impulsó el régimen de concesiones que involucró a más de 5 mil kilómetros de autopistas hasta con una vigencia de 50 años, con estimados aforos muy elevados, no lo resultó en un rotundo fracaso. Esto representó para el país un costo fiscal de alrededor de 30 mil millones de pesos cuando se impuso el rescate de la red carretera a partir de 1997.
A pesar de todas estas experiencias negativas a nivel nacional, con un altísimo costo fiscal para el gobierno de la república, en el estado de Michoacán ha seguido operando el esquema de concesión de la red de autopistas, lo que ha derivado en una falta casi absoluta de mantenimiento adecuado a la infraestructura carretera, originando un deterioro del estado físico de los caminos y puentes, trayendo como consecuencia pérdidas de valor económico al patrimonio vial, así como un mayor sobrecosto para los usuarios que transitan en esta red.
Hay que decirlo claramente, en el estado de Michoacán la red carretera se ha deteriorado debido a este equivocado esquema de concesión. Es evidente que la administración pública requiere con urgencia superar la insuficiencia del régimen de concesiones privadas de los años 90 para no caer en los errores del pasado.
Reducir los niveles de inversión destinados al mantenimiento de la infraestructura carretera y a la atención de los puntos conflictivos ha generado un incremento en el número de accidentes, deterioro del estado físico de la red y pérdidas de valor económico de las carreteras.
En Michoacán se ha invertido en la realidad, puesto que a pesar del pésimo estado de autopistas, el costo que se paga en las casetas de cobro es altísimo por vehículo. Por ejemplo o para ejemplo un botón. En la carretera que comunica el tramo entre Pátzcuaro con Uruapan se encuentran dos casetas de cobro; la primera conocida como la de Zirahuén y la segunda conocida como la de San Ángel Zurumucapio, que tienen un costo de 23 y 30 pesos respectivamente, por un tramo de 48 kilómetros, lo cual tal vez no sería problema, pero resulta que la degradación de la cinta asfáltica de la autopista se ha convertido en un riesgo para los usuarios.
Ante este hecho y toda vez que no es posible garantizar la seguridad la seguridad de las personas que transitan por la red de autopistas de la entidad, y dada la dificultad extrema que representa para el comercio con el resto del país y la salida de productos hacia el exterior, es necesario decretar una suspensión inmediata e indefinida del cobro de peaje en las casetas del estado de Michoacán y dejar libre el paso por las casetas, hasta en tanto no se realice una evaluación técnica, financiera y administrativa de las autopistas de la entidad, el estado físico de la infraestructura y la capacidad de mantenimiento de las mismas.
Por lo tanto, señoras y señores legisladores, de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propongo ante ustedes la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que decrete una suspensión de pago inmediata e indefinida en las casetas de cobro en las carreteras del estado de Michoacán, hasta en tanto no se realice una evaluación técnica, financiera y administrativa de las autopistas de la entidad del estado físico de la infraestructura y la capacidad de mantenimiento de las misma. Por su acompañamiento, muchas gracias, y por su atención, también. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Luis Esquivel Zalpa. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Mónica García de la Fuente: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Educación Ambiental, y suscrita por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. A nombre de mi compañero Enrique Aubry, me permito hacer uso de esta tribuna para presentar un tema de gran trascendencia para nuestro parlamentario, la educación ambiental.
El próximo 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, el cual se estableció en el año de 1975. Los programas y objetivos de la UNESCO en materia de educación ambiental, pretenden integrar la comprensión del medio ambiente a todos los aspectos de la educación, a través de la sensibilización y conservación del mismo, fortaleciendo la sustentabilidad.
En 1992 nuestro país adoptó las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en donde se estableció que ésta es una eminente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en la materia.
Además, la educación ambiental debe ser concebida no sólo como una herramienta para enfrentar el deterioro que afronta hoy el planeta ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza, sino como un derecho que tienen todos los ciudadanos de educarse, para protegerse de los fenómenos meteorológicos a través de procesos dinámicos y participativos que buscan despertar en la población una conciencia que le permite identificarse con la problemática, empezando por el medio en que se desenvuelven hasta lograr escalarse a nivel mundial.
Uno de los objetivos primordiales de la educación ambiental son proporcionar información y conocimientos necesarios en la población, para que ésta adquiera conciencia de los problemas que existen sobre el tema, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en búsqueda de soluciones.
Es claro que las directrices están bien definidas y que la educación ambiental debe ser uno de los ejes rectores del sistema educativo nacional.
Un modelo a seguir es el del estado de Chiapas, donde se ha implementado un programa pionero en el país, denominado: educar con responsabilidad ambiental, el cual contempla la concientización de los alumnos de los diversos planteles, a fin de formar escuelas saludables y sustentables desde el nivel básico hasta el superior, con estrecha relación al medio ambiente en atención al deterioro que enfrenta actualmente, a través de la publicación de libros de texto, la capacitación de los docentes y la implementación de mecanismos de evaluación del material didáctico utilizado.
A pesar de este tipo de esfuerzos, nuestro país presenta un grave rezago en temas ambientales y no se ha creado conciencia de la severa problemática que representa la falta de educación, pues seguimos considerando al medio ambiente como un tema ajeno o de menor relevancia.
Por todo lo anterior, las legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, consideramos que además de educar y sensibilizar como parte fundamental de la formación de los niños, se debe lograr que las instituciones responsables de la impartición de educación ambiental coordinen y ejecuten proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la gestión ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de organismos de los diversos niveles educativos y culturales para la conservación del patrimonio natural de nuestro país.
En virtud de lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de urgente y obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que implementen mecanismos eficientes para la impartición de talleres, cursos y seminarios en materia de educación ambiental, como parte de la labor informativa y de concientización respecto de los desastres naturales que ha enfrentado nuestro país como consecuencia de los constantes cambios climáticos que han tenido lugar a nivel mundial. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Mónica García de la Fuente. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión y tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.
El diputado Roberto López Rosado: Gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras, efectivamente, el 26 de enero se celebra el Día mundial de la educación ambiental y que tienen su origen en 1975, año en que se celebró, en Belgrado, el Seminario internacional de educación ambiental, donde participaron expertos de más de 70 países.
En ese evento se establecieron los principios básicos de la educación ambiental, sobre todo en el marco de los programas de Naciones Unidas. Como resultado se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la educación ambiental.
La educación ambiental es pues un proceso dinámico y participativo, que busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general, mundial, como a nivel específico en donde se vive.
También busca identificar las relaciones de integración e independencia que se dan entre el entorno, medio ambiente y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades humanas a través del desarrollo sostenible. Todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.
La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por las actividades humanas y los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, es un mecanismo que además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas.
Los procesos y factores físicos, químicos, así como biológicos, como estos, reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí y dentro del medio ambiente. Todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacioncita, donde el hombre aplique en todos sus procesos productivos técnicas limpias, dándole solución a los problemas ambientales.
Por lo anterior expuesto no dudamos en respaldar totalmente el punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución que aquí se señala. Ahora bien, el objetivo de establecer el día de la educación ambiental es generar conciencia entre las personas y los gobiernos a partir de la participación de todos para conservar y proteger el medio ambiente.
Hago un llamado finalmente a todas las fracciones parlamentarias para retomar en nuestra agenda de manera seria el tema ambiental. Y que no es sólo exclusivo del Partido Verde Ecologista y organizaciones ecologistas en general, sino que nuestra vida depende del medio ambiente y por lo tanto no podemos desdeñar tan trascendental tema. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Roberto López Rosado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Estamos a favor del punto de acuerdo, nos parece adecuado exhortar tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como a la de Educación para implementar talleres, cursos, seminarios con relación al cambio climático, con relación a la prevención de los desastres naturales, pero también nos parece importante que en la agenda del medio ambiente se toquen temas de fondo, porque luego hay una idea de discutir estos temas para pasar por políticamente correctos, porque todos estamos de acuerdo.
Pero cuando vienen temas ecológicos que traen consigo afectar intereses, tomar definiciones contundentes, pues hay quienes se repliegan de su postura ecologista. No puede haber un ecologismo de ocasión, tiene que haber una definición tajante, porque ahora en la discusión de la legislación secundaria vamos a ver ya con toda claridad quienes abanderan la postura ecológica y de defensa del medio ambiente simplemente como un recurso político o quienes verdaderamente tienen un compromiso con la ecología y con el cuidado del medio ambiente.
En días pasados en Acapulco, Guerrero estuvo el buque insignia de la Organización Greenpeace, el Rainbow Warrior y ahí estuvimos varios legisladores con ellos y precisamente la preocupación de este organismo no gubernamental y de otros es el tema de la legislación secundaria energética, de particular manera el tema del fracking o fractura hidráulica que implica severos daños ecológicos, que implica cantidades exorbitantes de agua para la explotación del llamado gas de lutita o gas shale, que es toda la faramalla de la reforma energética.
Todo este discurso de que van a bajar las tarifas de la luz tiene que ver con el supuesto caudal que se va a generar a partir de la explotación del gas shale, del gas de lutita; pero no se dice lo que implica la explotación de 20 mil pozos como se ha hablado, esto implica un consumo de hasta 16 millones, lo equivalente a 16 millones de personas como consumo de agua para la explotación de estos 20 mil pozos.
Es decir, por eso hablamos de un crimen ecológico, porque no solamente genera devastación en el entorno de estas regiones, sino también implica utilizar agua que en muchas regiones del país no la hay, nos referimos particularmente a los estados de Coahuila, estados de Nuevo León, del propio Tamaulipas, donde la explotación de este supuesto tesoro energético va a implicar utilizar estas grandes cantidades de agua. Va a implicar devastación y va a implicar también problemas de carácter social. Ahí queremos ver si este ecologismo de ocasión se convierte en una defensa genuina de los temas medioambientales.
Por eso nosotros, como Movimiento Ciudadano, hacemos el compromiso de estar en contra del gas Shell en cuanto a que se utilice la explotación a través de la técnica de fractura hidráulica conocida mundialmente como fracking.
Ya hay naciones que lo han prohibido, ya hay naciones que han legislado para prohibir esta técnica nociva. Esperemos aquí que varios legisladores que reivindican la bandera ecológica también estén en contra de la explotación a través del fracking, si no, todo va a ser discursos, vamos a envolvernos en la bandera del cambio climático, pero al final del día no vamos a entrarle a los verdaderos temas que están afectando a la población en materia de cambio climático, en materia de defensa del medio ambiente.
Por lo demás, estamos de acuerdo en que se exhorte a estas dependencias, pero de una vez ponemos el acento, que la verdadera defensa del medio ambiente vendrá con la legislación secundaria energética y particularmente para prohibir el tema del fracking. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición.
La Secretaria diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna serán turnadas a comisiones respectivas, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se informa a la asamblea que en la próxima sesión las proposiciones serán turnadas a comisiones ordinarias de cada una de las Cámaras, según corresponda.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (15:08 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 29 de enero de 2014 a las 11 horas.
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