Comunicaciones oficiales
De diversas autoridades y de la colegisladora con distintos asuntos
Dictámenes a discusión
Que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Minuto de silencio en memoria del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz
Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, relativo al asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 326 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (12:12): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Apelando a sus buenos oficios y dada la circunstancia extraordinaria que se vivió en estos momentos, pedirle que demos tiempo a que se integren los diputados al pleno porque es notorio que no está la mayoría –no obstante que no haya votación, sobre todo por la circunstancia extraordinaria que se vivió– y que se pueda meter orden en los pasillos y en el pleno para poder desahogar la reunión adecuadamente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, señor diputado. Se están haciendo ya los avisos, con la tecnología con la que cuenta este recinto, para que las y los diputados se integren a esta sesión.
Se solicita a la secretaría poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítanse a las comisiones correspondientes y, a los promoventes, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía una nueva versión del IV Informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2013, de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de la Secretaría de Economía.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento, y a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, para fundamentar a nombre de la comisión.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. El presente dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial, presentado a este pleno por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila al considerar que se corrige una imprecisión que interfiere en la correcta aplicación del mandato legal que otorga seguridad jurídica.
La declaración administrativa es la figura que regula la ley de Propiedad Industrial, en la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara la nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativas de las marcas, patentes, modelos, entre otras figuras que la ley regula.
Aunque se puede realizar de oficio por parte del Instituto, el artículo 188 de la Ley citada permite que se realice a petición de parte de persona que tenga interés jurídico y funde su pretensión. Esto es, una acción administrativa que otorga la ley para las personas que pueden ser afectadas en sus derechos de propiedad intelectual.
Por eso, el documento inicial para ese procedimiento es la solicitud de declaración administrativa, en la que debe de contener los requisitos y documentos señalados en los artículos 189 y 190 del mismo ordenamiento.
El artículo que es motivo del presente dictamen, el 191, establece que se requerirá a la persona que presente la solicitud por una sola vez, si omitió alguno de los requisitos o documentos señalados en los artículos 189 y 190, para subsanar la falta. Éste es un principio básico contenido en la legislación adjetiva de cualquier materia; el otorgar a la persona que inicie un procedimiento pero que se presentó de manera incompleta la demanda solicitud o petición, de subsanar en plazo perentorio la omisión.
Aunque parece claro el contenido de esta disposición, el problema se presenta con el segundo párrafo, que se establece: También se desechará la solicitud por falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro patente autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.
Como se percibe, este párrafo contiene dos situaciones diferentes. La primera, es cuando no se presente documento que acredita la personalidad. Y la segunda, es una situación de hecho, cuando el registro patente autorización o publicación, no se encuentre vigente. Este último caso se entiende por sí mismo, ya que se registró lo que se pretende controvertirse.
En el primer supuesto, que es cuando se omite la presentación del requisito consistente en el documento de personalidad, la solicitud será desechada, de plano, sin que medie requerimiento.
Esta comisión consideró que este ordenamiento es contrario a la seguridad jurídica, establecida en la Constitución y en los convenios internacionales de protección de derechos humanos.
Esto, porque como lo establecimos arriba, la autoridad judicial o administrativa tiene la facultad de requerir las omisiones en datos y documentos de la solicitud del particular. Si se omite el documento que acredite la personalidad jurídica, esto es sustentable de manera sencilla, por eso es exagerado que la autoridad deseche, de plano, como lo establece en este párrafo.
Además, esta comisión determinó que existe una discrepancia entre el artículo 191, segundo párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial, y el artículo 17 A, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que este último establece la prevención del particular, sin distinguir la calidad del documento emitido para iniciar un procedimiento.
Recordemos que el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que este documento es supletorio al procedimiento administrativo de propiedad industrial, la contradicción de ordenamientos puede dar pauta a que la autoridad actúe de manera discrecional en perjuicio del particular que quiere defender su propiedad intelectual.
Por eso, esta comisión determinó modificar el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial, con el fin de quitar el primer supuesto que establece el desechamiento, de plano, a la solicitud de declaración administrativa por la omisión de documento que se acredite la personalidad.
Con esto, la reforma que se plantea va a subsanar una flagrante injusticia que implica este párrafo, y otorga mayor flexibilidad a los particulares que quieren defender ante la autoridad su propiedad industrial de derechos registrados.
Por las razones expuestas solicitamos al pleno, a todos los compañeros diputados, su voto a favor. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Mejía Berdeja para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame con qué objeto.
El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, gracias presidente. Mire, presidente, la Cámara de Diputados anda mal, muy mal, y no solo por el candil, sino porque los temas de interés público, como mandata el Reglamento, el del Congreso, artículo 59, numeral 3, hacen que en el orden del día, desde ayer estoy solicitando el tema que hoy es interés en muchos países, en todo el país hay movilizaciones ciudadanas por la impunidad, por el sesgo que le quieren dar a las investigaciones en el homicidio, hoy con tristeza lo digo, del periodista que ayer decíamos, tendría que estar siendo debatido en esta Cámara para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, mexicanas y sobre todos los periodistas. Y aquí en esta Cámara todavía no hay sensibilidad.
Sé que van a decir, concluyo, que la Jucopo a la una vea si es posible. Nosotros ya hemos dicho que la Jucopo la controla el PRI y no quieren abrir. Yo espero que cumplan su palabra y estemos debatiendo el tema hoy.
De no ser así, culmino, presidente, y le agradezco su tolerancia, le solicito dos cosas: primera, que es importante que esta Cámara, cuando menos en este momento seamos sensibles y le demos un minuto de silencio a este periodista, que sin duda murió por un homicidio artero por ejercer su profesión. Yo eso, con dos centímetros de inteligencia no tengo la menor duda, claro, no soy el Ministerio Público. Pero como mexicano que muere en manos del crimen organizado y por el relieve que tiene, deberíamos estar, cuando menos, guardando silencio un minuto y solicitarle que nos fajemos los diputados, y si la Jucopo a la una decide que no hay consenso, usted lo someta a discusión del pleno en su momento. Gracias, presidente, espero su comprensión y su apoyo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Registro sus solicitudes. Y concederemos el minuto de silencio cuando hayamos concluido la tramitación del dictamen que ya está en curso. Adelante, diputado Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Evidentemente, sumándonos a la preocupación de que este tema pueda ser tratado por la relevancia, nosotros consideramos que problema que se soslaya, estalla. Y que esta Cámara no puede ir en el cabús, en el último tramo de la discusión de los temas, que son de interés público y que afectan a los mexicanos. Esperaremos su comprensión y que este tema se trate hoy mismo.
Me abocaré al dictamen, que es un dictamen de la Comisión de Economía, que tiene que ver con una modificación al artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esta propuesta es de orden práctico, es de orden económico y tiene como finalidad garantizar que los particulares puedan tener los derechos para la explotación exclusiva de sus marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y que en todos los trámites que realicen siempre haya la posibilidad de desahogar estos procedimientos, respetando los derechos inherentes a este tipo de propiedades.
En ese entendido, los derechos de explotación exclusiva, como las marcas, las patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad tienen el objetivo de favorecer a aquellos productores o prestadores de servicios que han distinguido la calidad de sus productos o han impulsado el desarrollo tecnológico de un estado.
En ese entendido, los derechos de exclusividad constituyen un pilar esencial en las actividades económicas y la protección de los mismos es la garantía que posibilita la solidez de ese pilar. En base a la creatividad humana, al desarrollo tecnológico, a la innovación es como las sociedades progresan, es como se genera valor agregado y es como se va acreditando un desarrollo sustentable.
El dictamen que hoy discutimos representa un beneficio para la ciudadanía. En ese sentido presentamos esta iniciativa, el de la voz y el diputado Ricardo Monreal, porque pensamos que hay que cerrar cualquier resquicio a la discrecionalidad de las autoridades y cerrar también la ventana a los litigios improductivos que no tienen razón de ser.
A través de esta propuesta se elimina una discrepancia existente entre los artículos 191, segundo párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, y el artículo 17 A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El meollo del tema es que el primer artículo establece que siempre que se omita la presentación del documento que acredite la personalidad del promovente, en un escrito de solicitud de declaración administrativa en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la omisión de este requisito se sanciona con el desechamiento de plano de la solicitud.
Es decir, no se le corre el traslado al promovente para que pueda subsanar este requisito de forma, que es un requisito inesencial, y de plano se desecha la solicitud y pierde en esta instancia ese derecho, mientras que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la obligación de cualquier autoridad administrativa federal en caso de que una promoción incumpla este requisito de forma de parte del particular para que la autoridad le requiera al particular cuando menos en una ocasión.
Lo que estamos planteando es ajustar la Ley de la Propiedad Industrial a esta disposición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en caso de que un particular omita este requisito inesencial se le pueda requerir y de esta manera se subsane.
La modificación planteada representa un avance para fortalecer la seguridad jurídica de los gobernados, reduciendo en gran medida el ámbito de decisión de la autoridad administrativa, pero así al mismo tiempo un beneficio para el Estado, reduce los litigios y facilita el sano desarrollo económico, industrial e intelectual de la propiedad. Es una reforma a favor de la certeza jurídica, es una reforma a favor del desarrollo económico que planteamos desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y que vemos con beneplácito que la Comisión de Economía nos está obsequiando a favor el dictamen.
Un reconocimiento a la Comisión de Economía y al mismo tiempo la solicitud a esta Cámara para que este dictamen encuentre su voto aprobatorio. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Mariana Dunyaska García. Dígame, diputada ¿con qué objeto?
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): En primera instancia, creo que la corrección de los errores, la tolerancia y la igualdad en derecho debe manifestarse en esta Cámara, y sí solicito con claridad, que con el mismo derecho que al diputado Huerta Ladrón, le dieron la voz, me la dieran a mí porque la pedí antes.
Creo que debe quedar sentado que así deben hacerse las cosas con equidad y con igualdad. Obviamente en esta corrección se agradece la rectificación de la solicitud de voz, pero se solicita que no se vuelva a repetir, diputado presidente, con todo respeto.
Para empezar, el tema de fondo no es solamente el asesinato del compañero que desafortunadamente por hacer la labor periodística en Veracruz le costó la vida. El problema de fondo es que en Veracruz hay fosas clandestinas, cada vez más, hay levantones. Hacer el oficio periodístico es un problema, pero ser ciudadano de Veracruz es un problema mayor.
Por eso en este pleno solicito, que si el gobernador Javier Duarte de Ochoa no puede brindarle la seguridad a los veracruzanos, piense y analice si debe seguir en el encargo público que tiene al día de hoy; porque obviamente lo que sucede en Veracruz está permeando en el turismo, en la economía, en la ciudadanía de todos los días que desafortunadamente sale a las calles a trabajar y no tiene la seguridad de que va a regresar a su hogar, porque obviamente hoy estamos en un estado de sitio en el cual el crimen organizado se ha hecho dueño del estado de Veracruz.
Mi protesta no es solamente por el compañero reportero, yo alzo la voz por todos los veracruzanos que vivimos en la entidad y que requerimos urgentemente que la PGR atraiga el caso porque así debe de ser, y que aparte se garantice por el Estado federal la seguridad de las veracruzanas y los veracruzanos que somos víctimas permanentes de inseguridad, protegida en muchos de los casos por cárteles del crimen organizado que han estado coludidos con el partido en el gobierno.
Lo digo con claridad porque ahí está el caso de Tlalixcoyan en la elección 2013, el caso de Chicontepec, en donde a compañeros panistas los sacaron de su casa y el gobernador dijo que habían sido perseguidos, y exhibimos en medios de comunicación el momento en el que la Policía estatal sacó de su casa a quienes después les fincó un delito, les sembró un delito. Un alto y un llamado a la seguridad del estado de Veracruz. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Mariana Dunyaska García. Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, gracias. Con el objeto de hacer un llamado a las autoridades para reforzar la seriedad y el profesionalismo de la investigación, de tal manera que las causas del asesinato de este periodista de Veracruz no sean desvirtuadas. Empiezan a surgir ya con elementos suficientes para darles crédito razones que nos permiten suponer una manipulación en los términos de la investigación.
Por esta razón me sumo también no sólo al planteamiento del diputado Huerta, sino de nuestra compañera diputada en el sentido de llamar a la Procuraduría General de la República a atraer el caso, de tal manera que la ciudadanía, particularmente la de Veracruz y el gremio periodístico, tenga mayor certeza en los términos de una investigación despojada de cualquier elemento político que fácilmente pudiera darse en el estado de Veracruz. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Víctor Serralde, inmediatamente después le preguntaré. Dígame, diputado Serralde, ¿con qué objeto?
El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Presidente con el mismo asunto quisiera hacerle una solicitud desde mi tribuna, me permite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le rogaría me explicara con qué objeto, desde su curul, diputado.
El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Sí, el interés que tengo es que este tema no pase sin pena ni gloria por la discusión de este recinto legislativo. El interés que tengo es que no se refleje únicamente como un párrafo más en el Diario de los Debates.
La situación que estamos viviendo en el estado de Veracruz amerita que los legisladores desde esta LXII Legislatura, tomemos cartas en el asunto y vayamos más allá de las simples palabras.
Lo conmino a que el tema se discuta en la agenda política en la próxima sesión ordinaria de esta Legislatura y que se discuta un punto de acuerdo. Hoy mismo si es posible, presidente.
El tema de Veracruz no puede esperar más tiempo; es necesario hacer algo por la grave situación que viven los periodistas en el estado de Veracruz.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates, diputado Serralde e informo a la asamblea que estamos en espera de un acuerdo justamente de la Junta de Coordinación Política para el efecto que usted ha solicitado. Sonido en la curul del diputado Miguel Alonso Raya, para el mismo objeto; dígame, diputado.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, estamos construyendo el punto de acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política para entregarlo a la Mesa Directiva y sobre esa base se pueda abrir la discusión. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Nos damos por enterados, diputado Raya, le agradezco. Dígame, diputado Huerta ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Ayer ya oí a los del PRI, oigo al diputado Raya hoy comprometerse; espero que estemos debatiendo este tema.
Lo único es que nosotros insistimos ayer que la Cámara no sea cómplice de lo que ocurre en Veracruz. Y si hablamos del compañero Gregorio Jiménez y es por lo que le pido la palabra ahorita, presidente, es porque esta Cámara debe de ser sensible a los problemas nacionales. Y Veracruz está llamando la atención sobre los problemas de inseguridad, por el fastidio de los veracruzanos y de muchos ciudadanos de muchas latitudes porque en particular el tema del trabajo de los reporteros, de los que trabajan en los medios de comunicación, es muy importante.
Usted nos iba a obsequiar el minuto de silencio al final del debate que ya casi estamos iniciando. Yo le solicito que hagamos en este momento el minuto de silencio. Gracias por su comprensión, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Cuente con que se hará tal y como se lo ofrecí. Faltan sólo tres oradores e inmediatamente procederemos a obsequiar lo que usted con todo derecho ha solicitado. Sonido en la curul del diputado Alejandro Montano. Dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Sobre el mismo tema, señor Presidente. Yo soy orgullosamente veracruzano y, haciendo un llamado respetuoso, que no politicemos un tema, un tema serio en donde hay un trabajo de investigación que dio resultados y no podemos ahora juzgar porque hay resultados.
No debemos aprovechar este tipo de asuntos tan dolorosos para llevar agua al molino. No politicemos un tema serio y esperemos a que en un momento más podamos llegar al debate y podamos llegar a una altura en donde no agarremos cada quien a la conveniencia. Que tratemos el tema con responsabilidad y que lleguemos al punto en donde en este momento la Procuraduría del Estado ha dado directamente con la investigación y hay resultados.
Los invito a que esperemos a que llegue el tiempo para el debate.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul de la diputada Martha Beatriz Córdova. Le recuerdo a la asamblea que estamos en la discusión de un dictamen. Rogaría, si es para el mismo objeto, que las intervenciones fueran breves y pudiéramos concluir la discusión que ya sido iniciada. Dígame, diputada, con qué objeto.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Muchas gracias. Sumándome a este punto de acuerdo del diputado Huerta Ladrón de Guevara, ya que la situación que impera en el estado de Veracruz es grave.
Hemos estado observando y escuchando que precisamente esta mañana la directora de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Veracruz, Gina Domínguez, ha hecho declaraciones que contravienen los testimonios y las declaraciones de otros periodistas. Escuchamos al periodista Gregorio Hernández, quien fue compañero de Gregorio Jiménez y él declaró que en donde fue encontrado el cuerpo de Gregorio Jiménez ahí mismo se encontró el cuerpo de un líder de la CTM desaparecido el 18 de enero.
Es necesario e imperante que la PGR atraiga el caso del estado de Veracruz, ya que es de suma gravedad. Nosotros ya lo hemos padecido anteriormente en el estado de Chihuahua. No es cosa de juego ni de no quererlo debatir ni discutir; es un asunto realmente grave. Muchas Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención. Dígame diputado Roberto López, con qué objeto.
El diputado Roberto López González (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Con el objeto de hacer una reflexión en torno a las declaraciones del diputado de la fracción del partido político del PRI.
Es lamentable escuchar un posicionamiento, una reflexión y un llamado a esta Cámara en ese sentido. De ser así, ningún tema se tocaría en esta tribuna; de ser así, ningún tema se tocaría que fuera de importancia en los estados y sobre todo de la responsabilidad que tenemos en el país.
No podemos ni estamos pretendiendo juzgar lo que está pasando en Veracruz. Lo que estamos haciendo es reprobar el hecho o la naturaleza de la función que tenía Goyo y por la naturaleza de la función que representa tener una gran cantidad de cadáveres en fosas clandestinas, que no es privativo solamente del estado de Veracruz, lo es también en Jalisco, donde ha habido decenas de muertos hallados en fosas clandestinas.
Si esto fuese un asunto de politizar, qué lamentable. No tocaríamos ningún tema en esta alta tribuna, como es nuestra responsabilidad. No, no tengamos la piel tan sensible. No seamos tan cuidadosos ni más papistas que el Papa, por favor, este es un asunto de interés nacional, es un asunto que no solamente le interesa a los veracruzanos y por eso nos permitimos hacer este tipo de exigencias.
Abramos la discusión, y ojalá que la Junta de Coordinación Política tenga esa sensibilidad para asumir una posición de respeto a todas las fracciones y discutamos esto, que me parece que es de interés nacional. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Roberto López.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame nuevamente, diputado Alejandro Montano con qué objeto, e inmediatamente después le voy a dar la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura de su grupo parlamentario sobre el dictamen que estamos discutiendo.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Señor presidente, respetuosamente hacemos un llamado a que un tema tan serio lo tratemos con seriedad y no en desorden. Nadie está rehuyendo al debate, nadie está pidiendo que no entre, simplemente que llevemos el orden del cual llevamos en la orden del día y que en su momento se abra el debate y con responsabilidad, con seriedad hablemos sobre el tema. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Montano. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Nada más para no quedarnos con la espina, de no quedarnos con la última palabra, hay que decir que hemos solicitado a la Jucopo para información de este pleno, que en un punto de urgente u obvia resolución se trate este asunto desde el día lunes, y desde el día lunes se está tratando de construir este punto de acuerdo en el que no ha habido, evidentemente un acuerdo –valga la redundancia– y en el que solicitamos a la mayoría que en solidaridad, no solamente a los periodistas de este país, sino en solidaridad a la muerte de Gregorio Jiménez, podamos abordar este tema y lo abordemos desde la alta tribuna de la nación.
Porque como ha dicho el compañero Huerta, no se mata la verdad matando un periodista, nosotros creemos que es indispensable tratar el tema de seguridad de los periodistas, pues como se ha dicho ya, es un tema de interés nacional.
Ahora entraré al tema de Comisión de Economía. El día de hoy y nos posicionamos en este asunto, porque nos da mucho gusto posicionarnos sobre un tema que presenta el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que creemos que votarán a favor, que es para eliminar la paradoja o contradicción irresoluble en la Ley de Propiedad Industrial entre el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y el artículo 191.
Estos dos artículos, para explicarlo muy sencillamente, resultan confusos en su contenido, porque mientras el primer párrafo dispone que el solicitante tiene el derecho para que en un plazo de ocho días presente las dos copias de documentos a solicitud para cancelar o anular un registro de patente, en el segundo párrafo sencillamente desecha la solicitud por falta de documento que acredite la personalidad. La iniciativa en comento propone superar dicha discrepancia que existe entre ambos artículos.
¿Por qué consideramos que este tema es de relevancia? Porque la propiedad intelectual como muchos temas que no se tratan en este Congreso con interés, es la protección del producto del intelecto humano, sean los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Es decir, dentro de la propiedad industrial entra la figura de las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazo, de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales.
Es decir todo aquello que tenga que ver con el desarrollo del intelecto en ciencia y tecnología de los mexicanos e inclusive todo aquello también que conocemos como obra cultural de este país, como es el tequila; la talavera; el mezcal; el sotol, que orgullosamente es de mi tierra; la vainilla de Papantla; algunos productos entre ellos que distingan a nuestro país en el mundo.
Si su propiedad industrial está protegida se encuentran protegidas también su denominación de origen, y al poseer un derecho de propiedad los empresarios, emprendedores, científicos y tecnológicos que trabajan en el desarrollo humano y científico tienen la certeza de que cuentan con un alto conocimiento técnico de especialización en el área y especialización tecnológica, y que éste será protegido por el Estado y por la nación.
Por el contrario, cuando no se tiene certeza y no se tienen estos derechos de propiedad industrial no hay posibilidad de negociar concesiones, ventas o transferencia de tecnología. En esto es donde reviste la importancia de estos que parecería una simple adecuación de artículos.
La propiedad industrial puede representar una importante fuente de ingresos para las empresas a través de la licencia de la venta de productos o de servicios.
Los objetivos de la Ley en cuestión son –y los diré muy rápido– fomentar la actividad inventiva, favorecer la creatividad y proteger la propiedad industrial. Es por eso que si demás seguimos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo –y esto lo digo para llamar al voto de nuestros amigos de la mayoría-, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es implementar la solicitud de patentes de mexicanos, a fin de que sus creaciones sean generadoras de empleo y de economía formal.
En el primer semestre de 2012 se solicitaron en México 7 mil 757 patentes, de las cuales fueron otorgadas 6 mil 800. Las modificaciones que hoy se proponen subsanarán la laguna jurídica existente, lo cual permitirá a los creadores que tengan mayor certeza sobre su patrimonio, porque los investigadores alimentan el instinto del saber y son operarios del patrimonio intelectual de la humanidad.
Enhorabuena a mis amigos y compañeros diputados Ricardo Mejía y el coordinador de Movimiento Ciudadano, que han presentado esta iniciativa, y llamamos a este pleno a su voto a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar la postura del Partido Verde Ecologista de México.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a las diputadas Cecilia Sampedro y Sinaí del Rocío Parra, así como al diputado Alvino Mendieta, integrantes del Congreso de Tlaxcala, invitados por el diputado Edilberto Algredo Jaramillo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, damos la más cordial bienvenida al ex diputado y senador Jeffrey Jones, así como a quienes le acompañan; Elder Dallin y Elder Daniel Johnson, invitados ellos por la diputada Fernanda Schroeder; el diputado David Pérez Tejada y el diputado Jorge Herrera. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la propiedad industrial es el conjunto de derechos exclusivos que protegen, tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños. También protege la actividad mercantil mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
La propiedad industrial, junto con el derecho de autor, son categorías que conforman la propiedad intelectual, y son actividades íntimamente ligadas en nuestra economía a elevar y mejorar la productividad de nuestro país.
El objeto de la Ley de la Propiedad Industrial es llevar a la práctica, de manera regulada, una serie de actividades encaminadas a la promoción del desarrollo tecnológico, a través de la protección a la propiedad industrial y a la regulación de la transferencia de tecnología.
Con base en la ley en comento, existe el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.
Esta institución, además de encargarse de la inscripción y protección de todas aquellas invenciones que ya hemos señalado, se encarga también de substanciar los procedimientos contenciosos de declaración de nulidad, ya sea por caducidad, cancelación e infracción, mismos que se rigen por la Ley de la Propiedad Industrial y supletoriamente por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
El dictamen que hoy se somete a consideración de este pleno, sin duda, fortalece el marco jurídico en materia de propiedad industrial, al eliminar una inexactitud prevista en el artículo 191 respecto de dos supuestos de desechamiento de dicha solicitud de procedimiento de nulidad, en el caso en que un interesado promueva este inicio de procedimiento.
Es claro que la persona que solicite el inicio de procedimiento administrativo debe acreditar su interés jurídico, y es por ello válido que se aclare en este artículo, particularmente en el segundo párrafo de este artículo 191, la importancia de que el promovente deba acreditar que su registro, patente, autorización o publicación, que sea base de la acción, se encuentre vigente, de lo contrario será causal de desechamiento clara y no sujeta a interpretación de la autoridad.
Esto fortalecerá las decisiones de la autoridad en cuanto a la sustentación del procedimiento administrativo, y por consecuencia, existirá un menor riesgo de impugnación sobre sus decisiones por interpretaciones erróneas a la ley, que sólo perjudican una impartición de justicia pronta y expedita en una actividad comercial e industrial que fortalece, por mucho, a las micro, pequeñas y medianas empresas de este país.
Por todo lo expuesto, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos a favor de esta iniciativa. Felicitamos a los promoventes por hacer esta clarificación a esta ley, y por supuesto, que votaremos a favor porque estamos conscientes que esta iniciativa protege las garantías de las personas sujetas a dichos procedimientos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Rubén Acosta Montoya. Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales López, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos Augusto Morales López: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Subo a esta tribuna a fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD con respecto a esta iniciativa que fue presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La iniciativa en comento, como ya se señaló aquí, presenta una modificación al artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial, con la intención de armonizar dos ordenamientos legales. Éste ya mencionado con el artículo 17 A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Y la materia también ya ha sido citada, la iniciativa busca garantizar que los particulares puedan ejercer sus derechos de explotación de sus propiedades y sus patentes.
Es decir, se está atacando la incertidumbre legal armonizando estos dos ordenamientos legales. Y con ello se está dando seguridad jurídica en esta materia o se está abonando a incrementar la seguridad jurídica que en esta materia se está generando para aquellas personas en cuya actividad descansa la generación de valor agregado.
Y no es un tema menor el que estamos mencionando. Por eso queremos felicitar al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por esta iniciativa, anunciar que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor, porque justamente uno de los principales problemas en el sistema de competencia económica que tenemos en nuestro país, inserto en la globalidad, es que somos muy deficientes en la generación de valor agregado, en los productos que colocamos en el mercado.
Aspiramos a que en nuestro país el valor agregado vaya creciendo y dándole cada día menor fuerza a la competencia a través de la mano de obra barata, como ha venido sucediendo. Y que esta iniciativa que hoy se presenta, sin duda es una herramienta fundamental para que los productos de nuestro país puedan ir sumando valor agregado. Ojalá y esta iniciativa que hoy presenta Movimiento Ciudadano pudiera ser acompañada también de políticas gubernamentales orientadas al desarrollo tecnológico y al desarrollo de procesos de conocimiento que lleven a que el esquema de inserción en la competencia mundial de nuestro país sea un esquema que vaya más allá de competir con materias primas o con mano de obra barata. Enhorabuena a los compañeros de Movimiento Ciudadano por esta iniciativa y pedimos al pleno, en su conjunto, la pudiera apoyar. Muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Carlos Augusto Morales López.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para hablar a favor tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, la propiedad intelectual es un pilar fundamental en el desarrollo económico de cualquier nación. Pero en su vertiente industrial, a través del reconocimiento de los derechos exclusivos sobre marcas, avisos, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, en donde debe premiarse la calidad de los productos, pero sobre todo debe propiciarse la actividad inventiva de los ciudadanos, como son los derechos sobre obras artísticas, culturales, de arte.
También debemos de reconocer que el desarrollo tecnológico ha permitido la difusión masiva de información a través de medios electrónicos, lo que ha provocado dinamismo económico y cultural, que impulsa el avance de una sociedad moderna, tanto en el ámbito monetario, al abrir nuevos modelos de comercialización, como en la difusión de información libre, que ha permitido la participación de la ciudadanía en medios y actividades que antes era limitadas.
El tema de la propiedad industrial es un tema relativamente novedoso, incluso podría asegurarles que México está rezagado en esa materia. El avance que ha significado el boom de las redes sociales, como Facebook, Tuitter, ha modificado el esquema de difusión de información, permitiendo la participación masiva de agentes y con ello limitar en cierta medida los alcances de la concentración mediática que existe en este país.
En este sentido, el marco de regulación de la propiedad intelectual debe compaginar estos dos aspectos: favoreciendo la protección de los derechos de los gobernados y, sobre todo, fortaleciendo la liberación de la información para producir mayores beneficios sociales.
Comprendiendo esta circunstancia de mutación social y tecnológica, en Movimiento Ciudadano –en el grupo que coordino– hemos propuesto una serie de iniciativas que actualicen esta legislación. Y una de las iniciativas cuya autoría nos corresponde es la que hoy se discute, que pretende eliminar una discrepancia existente entre el artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con la que se garantiza la eliminación en la discrecionalidad de las autoridades, en los procedimientos de protección de los derechos de exclusividad.
Esto por sí mismo plantea un avance en la materia de protección de derecho de los ciudadanos. Sin embargo, hay otras iniciativas que hemos planteado en relación a esto y que resultan de mayor calado.
A la fecha aún no ha sido dictaminada por esta Cámara la iniciativa que hemos presentado la diputada Luisa María Alcalde y yo, por medio de la cual se pretende modificar el esquema vigente de otorgamiento de patentes, privilegiando su aspecto social.
Con tal iniciativa se define la forma precisa, de manera muy contundente se describe la materia patentable y se condiciona a la verdadera innovación tecnológica y no a los criterios actuales, que permiten el patentamiento de invenciones carentes de novedad, generando un esquema de anticompetitividad, en la que las grandes empresas trasnacionales de investigación y desarrollo abusan de su posición de dominio en el mercado y limitan la competencia por medios jurídicos, encareciendo los precios de los medicamentos, por ejemplo.
No obstante el dictamen de esta iniciativa novedosa, que beneficia ampliamente a la sociedad y que respeta en todo momento los derechos de exclusividad de los innovadores, estamos pendientes de que se dictamine.
Más aún, se ha presentado recientemente en esta Cámara una iniciativa que tiene por objeto la regulación del tránsito de información en Internet y que pretende compaginarse con el instrumento internacional denominado ACTA, que a todas luces vulnera la libertad de información en los medios abiertos.
Debemos ser cuidadosos en la tramitación de esta iniciativa y buscar en todo momento la constitución de un régimen de propiedad intelectual acorde a los tiempos modernos, fuera de pretender regular la distribución de información con criterios más bien propios de tiempos tecnológicos.
Por eso quiero reconocer a la comisión dictaminadora que haya positivamente elaborado este documento que ahora discutimos y que contiene la modificación descrita. El hecho de que las iniciativas de leyes reglamentarias se estén elaborando a extramuros, fuera de la Cámara, por los beneficiarios de lo que serán el despojo de la nación hoy nos ha beneficiado y me parece correcto reconocer a la comisión por este documento de dictamen que aprueba una de las múltiples iniciativas que hemos nosotros presentado en Movimiento Ciudadano. Presidente, por la atención de los pocos que atienden, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Monreal Ávila.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 408 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Solicito a las y a los legisladores presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria del señor Gregorio Jiménez de la Cruz, solicitados por los diputados Mariana Dunyaska García y el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
(Un minuto de silencio)
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tiene el uso de la palabra, el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, para fijar la postura de la comisión, para posicionar.
El diputado Adán David Ruíz Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. La educación es a la vez un derecho y una aspiración, como derecho ha sido desde el principio de nuestra vida constitucional uno de los ordenamientos clave de las decisiones político fundamentales que el Estado mexicano ha sostenido.
Como aspiración sabemos que es un camino arduo y en continuo progreso; el compromiso es claro, debemos educar más y mejor, por ello es trascendental que las leyes secundarias garanticen el contenido constitucional de forma efectiva, materializando el derecho educativo en cada uno de los segmentos de la población de nuestro país.
Uno de los segmentos de la población que debe tener una especial consideración es la de los servidores públicos, toda vez que a su cargo se encuentra instrumentalizar las tareas del Estado en sus diferentes órdenes, dependiendo en gran parte la calidad del servicio que proporcionan a la población, de la calidad de su formación.
En ese sentido resulta primordial que el propio Estado garantice que su personal tenga la mejor formación posible, toda vez que redundará en beneficios concretos para la población.
Desde la Comisión de Gobernación, se propone al pleno de esta soberanía el presente dictamen que propone reformar la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de ampliar las funciones de la Secretaría de Educación Pública en materia de educación básica para adultos, promoviendo la coordinación de acciones entre las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios y el Distrito Federal, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas y los fideicomisos creados con tal propósito, de manera tal que se fomente la calidad en la prestación de los servicios del personal que se desempeña en el servicio público, disminuyendo el rezago educativo de los propios servidores públicos y adicionalmente de la población abierta que se pueda atender en las plazas comunitarias, círculos de estudio o puntos de encuentro que se acondicionen para este fin.
El dictamen menciona diversos estudios que muestran la pertinencia de la reforma que se propone para abatir el rezago educativo en que se encuentran los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como la urgente necesidad de programas para acreditar y elevar las capacidades de su plantilla laboral.
Diputadas y diputados. El buen juez por su casa empieza. Es necesario fortalecer el marco legal que promueva que los funcionarios del Estado pertenecientes a los tres órdenes de gobierno finalicen la educación básica que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia.
Los invito a apoyar el presente dictamen a favor de la educación de los servidores públicos que seguro estoy se reflejará en la calidad de los servicios y atenciones que se prestan a todos los mexicanos. Es cuanto, presidente, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Luis Antonio González Roldán: En mi Grupo Parlamentario de Nueva Alianza desde hace muchos años reconocemos y hemos reconocido la alta importancia del sistema educativo.
Un sistema educativo como elemento esencial de constante mejora a la calidad de vida. Un sistema educativo, premisa indispensable para incrementar los niveles de desarrollo social, económico y cultural. Un sustento de progreso nacional y desarrollo pleno de los pueblos y las personas, bastión trascendente para contribuir en la solución de los grandes problemas nacionales, máxime en lo que nos atañe en particular y focalizado a los servidores públicos en este dictamen y en esta trascendente reforma.
El tema es amplio y es un tema de gran calado. Si observamos el informe Panorama Educativo de 2013 que fue elaborado por la OCDE para constatar el crecimiento anual de las tasas de graduación de educación media superior, es mayor ya que el resto de los países integrantes del citado organismo.
Entre los años 2000 y 2011, las tasas de graduación de este nivel han crecido 3.6 por ciento en forma anual y de seguir esta tendencia, el 49 por ciento de los jóvenes mexicanos de hoy –generalizando- concluirían la educación media superior a lo largo de sus vidas, dato que contrasta con lo esperado en el año 2000, cuando se estimaba que sólo uno de cada 10 jóvenes mexicanos alcanzarían ese nivel de educación.
Sin embargo se debe de señalar que este significativo avance también nos conlleva a externar de manera general que el 25 por ciento de la población mexicana de 25 años o más aún es analfabeta o tiene la primaria incompleta y aun cuando sumemos a las y a los mexicanos que tienen este nivel, apenas llegamos a un 43.5 por ciento de nuestra población.
El resultado tangible de esta conceptualización y de esta numeralia nos lleva a identificar que en el año 2012 aproximadamente unos 22.6 millones de mexicanas y mexicanos presentaban carencias por rezago educativo en el país y que esta cifra se refleja también en cuanto a los trabajadores al servicio del Estado.
Es decir hoy en día a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano desde los años 40 y de múltiples programas específicos de los 90, 20 de cada 100 mexicanas o mexicanos es considerado analfabeta y no ha completado la educación obligatoria. Y de estos 20 sólo el 1.5 se encuentra matriculado en el Sistema de Educación para Adultos en el país.
Para Nueva Alianza atender esta problemática general en tratándose de servidores públicos y también en cuanto a la generalidad de la ciudadanía, es un reto que debemos afrontar con medidas legislativas específicas orientadas a establecer las competencias y facultades de cada una de las instancias responsables de la educación en el país a fin de que éstas puedan generar soluciones pertinentes y adecuadas a cada contexto en específico, hoy se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
En Nueva Alianza convencidos somos de que el perfeccionamiento de la calidad educativa y la profesionalización de los servidores públicos del país debe constituirse como un eje toral en el diseño institucional del Estado mexicano.
El Estado mexicano debe implementar todas aquellas acciones, todos aquellos esquemas y todas aquellas medidas legislativas de atención para estos problemas sociales que de suyo son complejos.
Se deben de atender las adversidades mediante objetivos claros, instituciones y servidores públicos que sepan conjugar acertadamente valores educativos y democráticos, sensibilidad política y sensibilidad social, conjunción indisoluble como vía para el pleno desarrollo nacional.
Para mi partido, para mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el perfeccionamiento de la calidad educativa en el país y la profesionalización de los servidores públicos constituye la base indispensable para diseñar la calidad de nuestras instituciones.
Los desafíos que enfrentamos en estos ámbitos no pueden limitarse únicamente al ámbito técnico. Los problemas sustanciales derivan de perspectivas e inercias culturales y administrativas.
En tal virtud un compromiso con la afirmación de los valores educativos y del servicio público con el fortalecimiento de nuestra propia democracia y nuestro propio Estado de derecho, constituye la vía mediante la cual debemos apostar para transformar la administración pública y el ámbito educativo de nuestro país.
Señores y señores legisladores, el pueblo de México debe avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida de forma constante. Por ello debemos accionar todos los mecanismos necesarios para conseguir que el rezago educativo en nuestra sociedad y en el sector público sea atendido de forma puntual. Al contar con ciudadanos con un mayor nivel educativo tendremos, seguro estoy, un mejor país.
En función de ello, Nueva Alianza otorgará su voto a favor de esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pues es nuestra opinión que conjuga dos aspectos importantes: por un lado la exigencia ciudadana de contar con un mejor servicio público en donde el capital humano y el perfil educativo de los servidores públicos constituyan los factores de éxito en esta tarea y, por el otro, abatir el rezago educativo mediante medidas focalizadas y adecuadas a contextos específicos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Me está pidiendo el uso de la voz la diputada Socorro Ceseñas. Con qué objeto, diputada.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias, presidente. Si bien es cierto que el dictamen a discusión no es en específico a un nivel de educación sino del servicio público, es necesario que este pleno se entere de que, aparte de que no ha sido contemplado en el presupuesto el asunto de homologación de Conalep, el día de ayer, en el estado de Chihuahua, fueron despedidos 10 docentes al servicio de Conalep en esa entidad, algo que me parece mucho muy grave. Si por un lado el Ejecutivo federal está priorizando, desde cierto punto de vista, prioridad en la educación, no es posible que se ensañen con aquellos docentes que están demandando a la entidad recurso que ya Hacienda envió a esos estados y por alzar la voz, por exigir, por demandar que baje ese recurso, han sido despedidos el día de ayer.
Tengo la lista, misma que será circulada entre los medios de comunicación, y exhortar que esta Cámara de Diputados tenga a bien sensibilizarse y sumarse al pedido al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Pública para que cese todo acto de intimidación, de represión y sobre todo esta medida, implementada el día de ayer con el despido de 10 docentes encabezados obviamente por el compañero Reynaldo Jiménez. Es cuanto y gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Estamos discutiendo una propuesta del diputado Angulo Parra de reformas a la fracción XXXVII del artículo 38 y agrega dos frases, aparentemente inocuas. Agrega lo del Distrito Federal y que las personas físicas o morales, públicas o privadas, así como son, le agrega el tema de servicios de educación básica para adultos, la Ley de Administración Pública, que es lo que motivó que fuera Gobernación.
Sin embargo, en este tema ya la diputada Ceseñas argumentaba un poco lo que está ocurriendo al día de hoy por esta política antipopular de Enrique Peña Nieto, este tema conceptualmente pertenece a la Ley General de Educación y ya está legislado.
Él hace un recuento de una numeralia que habla de cómo el modelo neoliberal del cual su partido es corresponsable, ha dejado millones de analfabetos, millones de ciudadanos que no culminan la primaria, la secundaria y esto hoy les hace salir con esta propuesta, aparentemente inocente, inocua, y si es inocua porque constitucionalmente ya el artículo 3o constitucional habla sobre el derecho a la educación y que los estados, la Federación y municipios impartirán educación pre-escolar, primaria, secundaria y media superior, básica y que serán obligatorias
Y en el propio artículo 1 y 2 de la Ley General de Educación, se nos explica cómo esta ley regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades, municipios descentralizados, que es de observancia en la república y que son de interés público y de orden social.
Y el artículo 4o de esa misma ley también nos habla de cómo todos los ciudadanos deben cursar la educación pre-escolar, primaria y secundaria. De lo anterior, la propuesta de nuestro compañero legislador no procede, habida cuenta que no hace falta modificar la Ley de la Administración Pública Federal, ya que en los textos actuales en vigor se prevé la preocupación del promovente, tanto en la Carta Magna como en la ley secundaria, que es la Ley de Educación.
Pero ése no es el tema, el tema es que por un lado hacen adecuaciones a las leyes, como yo digo, insustanciales como ésta, con el debido respeto. Y por otro lado hacen una política educativa que incrementa los problemas que pretenden resolver.
Eso es lo que está aprobando el PRI, el PAN y los que les han sumado en lo que fue la mal llamada reforma educativa. Que hoy no nada más en Nuevo León, en todos los estados del país, en el estado de Veracruz y en otros, siguen los maestros manifestándose porque no encuentran condiciones para ejercer su profesión.
Ustedes han legislado para privatizar la educación, y entonces tal vez ya esta iniciativa no es tan inocua, porque está llamando a que entren al tema las personas físicas y morales, públicas y privadas. Es decir, ya hasta ahí van a querer cobrarles, sin duda, después armonizando esto, a los que se vayan a dedicar a algo como fue la educación de adultos.
Ustedes han llevado a la involución a este país, a números, la propia numeralia nos lo explica, más allá de lo que fue el porfiriato, estamos peor que en tiempos de Porfirio Díaz y obviamente eso es un régimen como el que ustedes representan, como el que ustedes están aquí siguiendo sus instrucciones cotidianamente, que aparentemente se dictan desde Los Pinos, pero es obvio que esto viene desde los organismos multilaterales, y la Comisión de Gobernación, que debería de estar avocada a temas nodales de los mexicanos, está ausente de esos temas nodales.
Ya nada más baste decir la ingobernabilidad que se vive en el país, lo que ocurre en estados como Michoacán, ahora en Veracruz y aquí regatean el debate, no quieren subirse a discutir los temas que verdaderamente le importan a los ciudadanos.
Es por esto y con mucho gusto, que al posicionar al Partido del Trabajo y por convicción propia le vamos a votar en contra de esta iniciativa, por inocua y porque no va a resolver los problemas que pretenden, pero además ya está legislado en la materia, lo demás es pura faramalla. Ojalá fueran sensibles a atender los problemas nacionales y que cuando decimos que acabe la impunidad, como en el asesinato del periodista que hemos estado debatiendo, realmente se fajaran y pusieran las barbas a remojar todos aquellos que al amparo del poder público, al amparo de sus partidos están destrozando este país. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Rangel. Dígame, diputado.
El diputado José Rangel Espinosa (desde la curul): Es para ver si el orador acepta una pregunta.
El Presidente diputado José González Morfín: No proceden en fijación de posturas, que es en la parte del proceso en que estamos en este momento. El Reglamento no lo permite, diputado. Gracias. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, el diputado Alfonso Durazo Montaño.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras, compañeros diputados, primeramente quisiera expresar mi felicitación al diputado Carlos Fernando Angulo, del Partido Acción Nacional, promotor de esta iniciativa que implica una modificación pequeña al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero que sirve para precisar una responsabilidad incumplida por parte de la administración pública federal, que es el tema del rezago educativo o de la educación básica inconclusa en la propia administración pública federal.
Ya sabemos que el tema del analfabetismo, el problema es mayor en el país. Tenemos alrededor de 5.2 millones de analfabetas en México, pero la dimensión del problema al interior de la administración pública es que en una investigación en alrededor de 226 dependencias, solamente en 32 de ellas nos encontramos que no hay rezago educativo en educación básica, y de estas 32 son, lamentablemente, los organismos más pequeños, en términos administrativos, del gobierno federal, el resto de las dependencias tienen un amplio rezago en la materia.
Y la propia investigación, que no alcanzó a dimensionar el problema en las administraciones estatales y municipales, sí obtuvo suficientes elementos para estimar que este problema es aún mayor a nivel local y municipal.
Por eso, en Movimiento Ciudadano apoyamos esta iniciativa. La vemos, en todo caso, como muestra de iniciativas vinculadas con la educación, que ayudan a resolver el problema del rezago educativo, sin meternos en el problema de la confrontación que generó la reforma educativa en el país.
Aprovecho este tema para hacer un llamado a las autoridades educativas federales, a que encuentren, a que vean, en el diálogo con los maestros inconformes, una vía para resolver las inconformidades, las críticas, los cuestionamientos que el marco jurídico en materia educativa ha generado, particularmente en el sector magisterial. La convocatoria es, a que no se cierren, a que acudan al diálogo como vía para encontrar una solución.
Finalmente, un llamado a este pleno, a que incorporemos en la legislación secundaria las especificaciones correspondientes respecto a esta modificación que hoy se presenta, de tal manera que no quede sólo como un enunciado de buenas intenciones.
La Comisión de Gobernación, cuyo dictamen comparto en mi calidad de secretario de la misma, decidió omitir un número importante de transitorios que especificaban la tarea para la dependencia responsable, en este caso la Secretaría de Educación Pública, omitidos esos transitorios y sin su incorporación a la legislación secundaria, podría quedar simple y sencillamente como un anuncio más de buenas intenciones, con el propósito de evitar ese riesgo, será necesario que esta Cámara legisle al respecto, será importante que lo tengamos en cuenta.
Y expresado esto, convoco a todas las legisladoras y legisladores a compartir estos puntos de vista y apoyar la iniciativa. Gracias a todos por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia. Hay un viejo dicho que dice: “dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida”.
La educación es un tema fundamental en el quehacer nacional, en el quehacer gubernamental importante para toda la sociedad. Ilumina cada etapa del camino de las personas y resulta vital reconocer cómo la educación tiene un gran poder transformador. Es un gran transformador social. Es la vía en la cual las personas pueden salir de la pobreza y con ello poder alcanzar mejores niveles de vida, y cumplir, por qué no, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, que implica no solo tener una primaria universal o una educación básica universal para hombres y mujeres sino elevar la calidad de vida de las personas.
Aplaudimos la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México, porque como ya bien decía al momento de fundamental por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales mi compañero: “el buen juez por la casa empieza”.
Y qué mejor que las entidades o los tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal, puedan llevar a cabo un análisis de cómo están sus trabajadores y con ello ver que aquellas personas que no han culminado con la educación básica, que es además un derecho constitucional puedan hacerlo. Y con ello tener mejores servidores públicos que puedan atender mejor a la ciudadanía.
Obvio es que esto también se entrelaza con otro derecho social fundamental, que es el derecho laboral. Y no implica que aquellas personas que no tengan una educación básica y que ya sean planta laboral de las entidades de gobierno en sus tres órdenes de gobierno vayan a ser despedidos.
Aquí aplaudimos el artículo 38, porque faculta a la Secretaría de Educación para que pueda llevar a cabo, conjuntamente con las entidades públicas y privadas del gobierno federal, del gobierno estatal, del Distrito Federal, del gobierno municipal, todas aquellas acciones necesarias para poder llevar programas de estudio, programas de capacitación para que sus trabajadores puedan obtener un mejor nivel educativo.
Asimismo, a este artículo 38 que se presenta, el suscrito presenta una reserva a los artículos tercero y cuarto transitorios, ya que en el texto del documento, en la iniciativa hablaba de personas físicas y morales de derecho público o privado.
Y en el texto del documento, en el trabajo que bien hiciera la Comisión de Gobernación, modifican el texto del artículo, hablando de entidades públicas o privadas, no haciéndolo así en el artículo tercero y cuarto transitorio, continuando con la misma redacción que contenía en la iniciativa original.
Entonces, presento la reserva para que al momento de aprobarse sea congruente el texto del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con los artículos 3o. y 4o. del decreto y así pueda llevarse a cabo en sus términos correctos y en una acepción jurídica clara y precisa.
El Partido Verde Ecologista de México está en pro de la educación, está en pro de la capacitación de los servidores públicos. Es por eso que votaremos a favor de ello y pedimos que también ustedes voten a favor de ello y se sumen a la propuesta que el suscrito presenta en este mismo acto. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra a la diputada Lizbeth Rosas y posteriormente procesaremos la propuesta de modificación que ha dejado el diputado Castellanos. Tiene la palabra la diputada Lizbeth Rosas, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, presidente, con su venia. Comentarles, compañeras diputadas y diputados, que esta reforma a la Ley Orgánica del gobierno federal (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) es un acierto. Sin embargo, por la vía de los hechos, más allá de lo que marque la ley, muchos gobiernos y en el caso particular del Gobierno del Distrito Federal ya se viene trabajando en este sentido.
Sabemos que el analfabetismo en México es un gran rezago, es una gran deuda social. Existen en México más de 32 millones de analfabetas funcionales. Y para el caso específico de los que no saben leer y escribir y de los que solamente llegan a estudiar los dos primeros años de primaria, son un total de 8.8 millones al 2013.
Con esto, nosotros como legisladores y el gobierno federal debe de reconocer que las estrategias para abatir este rezago han sido insuficientes, no se han alcanzado las metas. Y sabemos que esta población, estos 8.8 millones son los que sufren mayor desigualdad social en el país.
Hemos visto cómo en muchos años y sexenios se firman convenios, se toman las fotos los flamantes secretarios de Educación y no pasa nada. Se han celebrado muchos convenios con el INEA, que este año cumple ya sus 33 años y, sin embargo, el rezago está ahí.
Este programa que se implementó en algún periodo del gobierno pasado El buen juez por su casa empieza, no arrojó datos importantes o significativos. Es más, evidencia la falta de compromiso y seriedad de los titulares de las diversas dependencias del gobierno federal.
Quiero compartirles que de todas las entidades solamente 32 dependencias cumplieron con el 100 por ciento para abatir el rezago educativo en su propia dependencia. Más de 179 está en números rojos. No han sido capaces ni siquiera de educar a su propio personal. Esto es verdaderamente grave.
Esperamos que en este sexenio se cumpla la meta y todos esos titulares de las dependencias, en un año y medio que termina esta Legislatura nos estén entregando buenas cifras.
Quiero compartirles que en el caso del Distrito Federal ya existen convenios también celebrados a través de diversas secretarías, de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación, como sé que en muchos estados y entidades se ha hecho a pesar de que no estaba la obligatoriedad en la norma federal.
Y se tienen diversos programas para que los trabajadores terminen sus estudios, pero hay que tener en cuenta una recomendación que su servidora les haría a estos titulares y al propio titular de la Secretaría de Educación.
Esos programas que van dirigidos a las personas que no saben leer o escribir de sus dependencias deben ser flexibles, deben ser en sus centros de trabajo, en sus horarios de trabajo, para que ellos se sientan motivados e incentivados para poder terminar sus estudios.
Este sector que no cumple con esa posibilidad de educación además es el que menos gana, son los que tienen el salario más bajo dentro de estos eslabones en las dependencias públicas, por eso se requiere hacer un mayor esfuerzo.
Y esta reforma a mí me gustaría que viniera acompañada de recursos, porque el problema es que el INEA, a pesar de que tiene un número importante de centros de capacitación, tiene más de 150 mil centros, todavía es insuficiente.
Quisiera llamara a todos en esta Cámara que recordemos esas frases de pensadores importantes que hemos tenido en el ámbito internacional, sobre todo Kant que nos decía que: Un pueblo educado es un pueblo libre. O José martí, cuando nos decía que el pueblo más feliz es el que mejor educa a sus hijos.
México requiere de una sociedad más educada para salir adelante. Necesitamos servidores públicos educados, especializados, actualizados, de acuerdo a la función que realizan. Requerimos hacer un mayor esfuerzo para aplicar los mejores programas y los más exitosos en materia de alfabetización.
No queremos más simulación. Nuestra prioridad como legisladores, compañeros, debe ser la educación. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. El diputado Carlos Octavio Castellanos dejó en la Secretaría una propuesta de modificación. Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de modificación planteada y que inmediatamente después consulte a la asamblea si se acepta la modificación.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Propuesta.
Tercero. Para los programas de educación básica para adultos en los términos del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las entidades públicas y privadas, deberán establecer los plazos y las metas para lograr los objetivos que se fijen de acuerdo a los diagnósticos señalados en el artículo transitorio anterior, tomando en consideración las asignaciones presupuestales previstas para ello.
Cuarto. La Secretaría de Educación Pública, las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal, así como las entidades públicas y privadas, deberán definir los esquemas de incentivos y otorgar las facilidades necesarias para que los servidores públicos que se encuentren en rezago educativo puedan concluir su educación básica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación planteada.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se acepta. Incorpórese al dictamen. La diputada Martha Beatriz Córdova sobre este tema quería hacer alguna precisión. Adelante, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Para expresar como maestra mi solidaridad a todos los maestros de México y hacerle un llamado al secretario de Educación, a Emilio Chuayffet, para que privilegie el diálogo con los maestros. No es posible que si han privilegiado el diálogo con las autodefensas en el estado de Michoacán, no se esté haciendo lo debido y lo correcto con los maestros de México.
Sabemos que esta reforma –y lo hemos demostrado– ha hecho mucho daño y trasgrede los derechos de los compañeros maestros y de todas sus familias. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con la modificación aceptada por la asamblea.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Heberto Neblina Vega (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Mendoza Garza (desde la curul):
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 399 votos a favor, 0 abstenciones y 8 votos en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra por la comisión el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que ponemos hoy a su consideración tiene como antecedente la importantísima reforma en beneficio de la tutela y protección de los derechos humanos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011.
¿De qué se trata el dictamen que tienen ahora a su disposición? Se trata de hacer caminar una responsabilidad importantísima de esta Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión. Es la necesidad de generar armonización entre las disposiciones de la Constitución y las disposiciones de los artículos que reglamentan esas reformas constitucionales.
Es así que nuestro colega y amigo, el diputado Javier Orozco, presentó iniciativa que pretende atender a las disposiciones de esa reforma constitucional para poder hacerlas efectivas en los artículos que devienen de la reforma al 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se trata de manera específica de facultar a la Comisión de Derechos Humanos para que ésta pueda presentar una acción de inconstitucionalidad cuando considere que una norma jurídica legal o reglamentaria atenta contra los derechos humanos que establezcan tratados internacionales firmados por nuestro país. Asimismo tiene que ver el referente de la posibilidad de hacerse de esta facultad en el artículo 61 de la Constitución.
Entendiendo que una de las labores más importantes de esta Cámara y del Senado de la República es justo ir desarrollando los derechos que consagramos en una reforma constitucional, es que esta mañana les pedimos a ustedes su voto favorable a este dictamen que la Comisión de Justicia pone a su consideración. Muchísimas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente; con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la lucha por el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, ha recorrido un largo camino.
En tiempos anteriores no era común hablar abiertamente del tema, en cambio hoy en día los derechos humanos se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y de la gestión gubernamental.
Nueva Alianza siendo un firme promotor de los derechos humanos ve con especial interés el contenido del presente dictamen.
Compartimos el espíritu de esta reforma que sin duda abona en la protección de los derechos humanos por parte de las autoridades.
Muestra de ello es que una iniciativa que presenté un mes antes de la iniciativa que le dio origen al dictamen que discutimos y que contiene el mismo espíritu legislativo con la gran diferencia de incluirla en nuestra Constitución.
Es por ello que estamos a favor del presente dictamen sin antes dejar de realizar los siguientes señalamientos:
Los medios de control constitucional son los instrumentos jurídicos a través de los cuales tanto particulares como autoridades buscamos mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Uno de los tres tipos recae sobre la acción de inconstitucionalidad que está consagrada en el artículo 105, fracción II de nuestra Carta Magna y que establece una vía jurídica con la finalidad de que diversos órganos del Estado mexicano, entre ellos, esta Cámara de Diputados, denuncien la posible contradicción entre nuestra Constitución con alguna norma de carácter general a fin de preservar el espíritu de nuestra norma fundamental y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales.
De igual forma el histórico avance que el constituyente permanente dio hace dos años y medio con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, instauró un nuevo paradigma jurídico al pasar de un sistema de yuexpositivista al reconocimiento de los derechos de la persona por su inherente condición humana.
La modificación al artículo 1o., reconoce el goce de toda persona de sus derechos humanos así como las garantías para su protección, reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, y obliga también a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos fundamentales.
En este orden de ideas persiste una laguna jurídica en el texto constitucional, debido a que la fracción II del artículo 5 limita la materia de impugnación de las acciones de inconstitucionalidad, promoviendo este recurso ante la contradicción de una norma sólo con nuestra Carta Magna, dejando fuera a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que también contradice lo establecido en el artículo 1o., de nuestra Constitución.
Es claro el vació normativo en nuestra Constitución, por lo que la Suprema Corte ya sentó jurisprudencia sobre el tema estableciendo que en este medio de control constitucional no puede pronunciarse tratándose de derechos humanos, criterio que videntemente restringe la obligación constitucional que tenemos todas las autoridades en la protección de los derechos fundamentales por esta vía jurídica y contradiciendo también otros criterios emitidos por este mismo tribunal.
El dictamen que discutimos en estos momentos representa una medida progresiva en la protección de los derechos humanos; sin embargo, también en este momento es contrario al texto constitucional y al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conscientes de que una ley reglamentaria no puede rebasar el texto constitucional, presentamos la iniciativa de reforma constitucional con el objeto de que todas las autoridades puedan impugnar una norma que vulnere los derechos contenidos no únicamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Nueva Alianza dará su voto a favor de este dictamen debido a que coincidimos con su espíritu; sin embargo, no podemos dejar de señalar que todas las medidas legislativas debemos realizarlas por las vías procesales parlamentarias adecuadas modificando en primer lugar nuestra Carta Magna y posteriormente armonizando las leyes reglamentarias.
De igual forma, me gustaría invitar también a todos los grupos parlamentarios a analizar y en su caso aprobar a la mayor brevedad posible la iniciativa que presenté hace más de un mes y que está turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en las acciones de inconstitucionalidad, estén expresamente reconocidos y regulados por nuestra norma fundamental.
La Comisión de Derechos Humanos emitió la opinión favorable para la aprobación de esta iniciativa, por lo que exhorto a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros, y especialmente a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, a analizar detalladamente este documento para que coadyuve en la elaboración del dictamen que sin duda abonará al reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro país. Por su atención y paciencia muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado René Fujiwara Montelongo. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Indudablemente a raíz del surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la comunidad internacional ha tenido un importante avance respecto al reconocimiento progresivo de los derechos fundamentales de todas las personas, particularmente a favor de aquellos grupos que históricamente han sido discriminados como las mujeres, las personas con discapacidad, los indígenas y migrantes, derivando así también en la construcción de distintas generaciones de derechos humanos como los económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales, así como los civiles y políticos.
La extinción de las desigualdades y asimetrías que existen entre los miembros de una sociedad es una de las principales aspiraciones de este conjunto de derechos. Así, dicha salvaguarda requiere que el Estado no interfiera en el pleno ejercicio de los mismos, además de que actúe para procurar la plena efectividad de esos derechos y así cumplir con su obligación de garante.
A través de diferentes instrumentos internacionales como convenciones y tratados, los Estados firmantes han contraído obligaciones y responsabilidades para la implementación de políticas públicas, medidas legislativas y de gobierno, a fin de garantizar el disfrute de todos los derechos de las personas.
En este sentido, es pertinente mencionar que el Estado mexicano ha signado importantes documentos en esta materia. No obstante lo anterior, sigue experimentando grandes desafíos en materia de protección y respeto a los derechos fundamentales tanto de naciones como de las personas que por diversos motivos se encuentran residiendo en el territorio nacional.
Actualmente México forma parte de los países que encabezan las cifras a nivel mundial con los más altos índices en caso de violencia de las mujeres, feminicidios, trata de personas, tortura y desapariciones forzadas.
Así en junio de 2011 se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual modificó el contenido de diversos artículos de nuestra Carta Magna, destacando el reconocimiento y protección de las garantías fundamentales de los mexicanos contenidos en todos los tratados internacionales firmados y ratificados por México.
A través de esta modificación, también se adoptó de mayores facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la de poder interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales y tratados internacionales de los que México sea parte, se vulneren los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional.
Sin embargo, a poco más de dos años de la aprobación de esta reforma, la legislación secundaria en este tema aún no se ha armonizado con lo dispuesto por la fracción II, inciso g) del artículo 105 constitucional. En esta tesitura apoyamos la propuesta de modificación en atención a la importancia que reviste la armonización del ordenamiento jurídico del país.
Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, pero hacemos énfasis en la necesidad de que como sociedad tenemos de que México se reconstruya a partir de una visión más humanista, pues ésta es la única vía a través de la que podemos superar los grandes retos que enfrenta el país, conminando a todos los actores involucrados de los tres órdenes de gobierno a redoblar esfuerzos para hacer de los derechos humanos un bien colectivo y así transformar las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales que nos golpean como sociedad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro González. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Desde luego que en este caso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde va a acompañar y vamos a votar a favor de esta iniciativa que presentó nuestro amigo y compañero el diputado Javier Orozco, con la que estamos absolutamente de acuerdo.
Lo ya dicho hasta ahora, con relación a la importancia de caminar en el mismo sendero en el que se han venido delineando las cosas alrededor de la defensa de los derechos humanos, pues no puede cobrar mayor vigencia que en esta época.
Cualquier regulación, cualquier acto que deban emitirse por parte de este Congreso, por parte de las autoridades, pues deben de apegarse de manera irrestricta a lo que establecen los derechos humanos.
Sin embargo, más allá de esta circunstancia queremos nosotros compartir con ustedes que la visión que hemos tenido y tomado en consideración para votar a favor de esta iniciativa y de este dictamen de la Comisión de Justicia, tiene que ver con el aprovechamiento y con la observancia de la responsabilidad que como Congreso tenemos de ser los primeros intérpretes y los primeros sujetos obligados al cumplimiento de la Constitución.
Si estamos ahora votando a favor de una modificación a la ley reglamentaria de la Constitución en materia de Derechos Humanos, esto obedece ante todo, a que estamos conscientes de que somos nosotros, en este Congreso, los que tenemos que regular el artículo 1 y 105 de la Constitución en sus leyes reglamentarias y que por consiguiente no tenemos por qué dejar sujeto a la responsabilidad y cumplimiento de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su calidad también de intérprete de la Constitución y de órgano de control constitucional sea ésta, a través de sus sentencias la que defina la competencia que por mandato constitucional le corresponde, pero que tendríamos que definir nosotros en las leyes reglamentarias.
Esto es sumamente relevante y aquí lo que quiero yo compartir con ustedes es una reflexión en torno, desde luego no con relación a la defensa de los derechos humanos, sino al papel que le estamos encomendando y que estamos delegando a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este contexto, siempre a la luz de un principio fundamental de equilibrio de poder, sin el cual ni la Corte ni nosotros ni ninguna otra autoridad podría funcionar, ni tampoco velar por el respeto de los derechos humanos.
En el momento en el que nosotros le encomendamos a la Suprema Corte, al Poder Judicial, a todos los órganos de justicia observar los derechos humanos y no las garantías constitucionales como tradicionalmente estuvo contemplado en la Constitución, estamos pidiéndole que en lugar de que observe y califique la observancia de obligaciones concretas que derivan del texto constitucional a cargo de toda autoridad, que califique la observancia de derechos del gobernado, estamos desviando el objeto de tutela constitucional y estamos pidiéndole a la Corte que interprete cuál es el mejor estado de bienestar en el que puede estar colocado un ciudadano frente a cualquier autoridad, para que las autoridades sean las que se encarguen de ver por ello.
Le estamos entonces encomendando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial y a todos los jueces, que realicen una valoración de orden político constitucional con relación a una cuestión que tendría que ser de estricto derecho.
Entonces, el derecho a la vivienda ya no se define en la arena política qué es esto, ya no se define por cuanto se abarca la entrega de un recurso para la adquisición de un inmueble o la inscripción a un sistema para que éste pueda hacerse a favor del trabajador, sino que la Corte o el Poder Judicial tiene que decidir cuál es la mejor manera de decidir.
Puede ser ésta la mejor solución quizá, pero yo los invito a que nos preguntemos entonces si la invalidez de las leyes que se aprueban en este Congreso puede quedar sujeta exclusivamente a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de control constitucional, sin que nosotros hayamos participado en modo alguno en la aprobación del tratado internacional que está incidiendo negativamente por cuanto a la validez de las normas que nosotros estamos aprobando.
De esta suerte, yo los invito a que pensemos también en una iniciativa que he presentado ya y que está guardada en la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre la pertinencia de que reformemos el artículo 133 constitucional y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en función de este principio y esta competencia de control convencional puede invalidar nuestras leyes, que por lo menos se nos involucre en el procedimiento para que estas leyes también no solamente sean... para que los tratados internacionales no solamente sean aprobados por el Senado, sino que valoremos también nosotros la conveniencia de que los derechos humanos puedan estar encima de las leyes que nosotros aprobamos.
Yo les invito también a que tomemos en cuenta que si somos primeros intérpretes de la Constitución tenemos que dignificar y elevar al estado que le corresponde, la función parlamentaria que aquí estamos desempeñando y que por consiguiente aceptemos el rol que nos corresponde en lo que es el debate de orden político con relación al alcance de los derechos humanos, y que no abdiquemos a esta competencia a favor de otro Poder.
Esto se ve de manera cotidiana, y aquí lo podemos nosotros constatar porque además a cada rato se está señalando, en nuestra práctica de estar invocando como parte de nuestras iniciativas, como parte de los dictámenes, nada más y nada menos que la jurisprudencia que emite otro poder en su función de controlador de la Constitución, pero como segundo intérprete de la Constitución.
Si a nosotros nos corresponde aprobar las leyes, que nos corresponda también aprobar los tratados internacionales. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realice la función como tribunal de control constitucional en el lugar que debe de corresponderle y sí nosotros arrojarle una responsabilidad, que de manera primaria debería ser nuestra. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Antonio Cuéllar Steffan. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea, no sé si sea necesario, después de la extraordinaria explicación que ha dado el diputado del Partido Verde que me antecedió en la palabra, pero sí creo que es importante fijar el posicionamiento del PT en este tema.
Antes que nada, felicitar a nuestro compañero del Partido Verde Ecologista, Javier Orozco, por la presentación de esta iniciativa, porque como ya lo ha dicho el diputado que me antecedió en la palabra, éste no es un tema menor.
Pareciera solamente la adecuación de las fracciones I y II, o primera y segunda, del artículo 105 de la Constitución Política a los artículos 61 y 71, para dar la atribución a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales y tratados internacionales en los que México sea parte, que vulneren los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional.
Es decir, como ya se ha explicado en esta tribuna, es adecuar nuestra Constitución, para que la Comisión de los Derechos Humanos pueda, a través de un control constitucional, no solamente iniciar acciones de inconstitucionalidad, sino ser parte de un proceso en los tratados internacionales de los que esta Cámara de Diputados o el Constituyente no sea parte y que vulneren derechos humanos para hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda intervenir en este procedimiento.
Este tema no es menor. Y no es menor, porque México ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Actualmente, nuestro país es parte de más de 70 tratados internacionales en la materia y a fin de garantizar la adecuada protección a los valores fundamentales de ellos, consagrados, y evitar que nuestro país incurra en responsabilidad internacional como parte de su incumplimiento, es necesario que exista una congruencia entre nuestra Constitución y sus leyes reglamentarias.
México ha refrendado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, aunque todavía en algunas leyes, que inclusive se discuten en esta tribuna, estamos un poco atrasados en ellas, tal es el caso de la reforma realizada en junio de 2011, el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, en la que se establece el reconocimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
No hay que olvidar que al firmar o ratificar un tratado internacional se contraen libremente obligaciones frente a la comunidad internacional, que no pueden ser ni desconocidas ni invocadas conforme a derecho interno y cuyo cumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional, un tema que nuestra compañera del Partido del Trabajo, Loretta Ortiz ha ratificado constantemente en esta tribuna, porque muchas de las leyes que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados han violentado estos derechos internacionales.
Por ello, el PT considera necesario que cuando se presente una acción de inconstitucionalidad se tomen en cuenta tanto los preceptos constitucionales e indiscutibles de los tratados internacionales de nuestro ordenamiento jurídico.
Tal como sucedió el pasado 11 de marzo en 2013, en Chiapas, donde se adicionó un artículo al Código Penal, en el cual se tipificó como delito el realizar actos tendentes a obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito, la ejecución de penas sobre su ubicación, actividades operativas o sus labores en general.
Dicha modificación, claramente, compañeros diputados, violenta la libertad de expresión en cuanto a su vertiente al derecho de obtener información cuando el acceso a la información pública es un principio constitucional.
La Comisión de Derechos Humanos claramente presentó una demanda sobre el tema, sobre una acción de inconstitucionalidad el 10 de abril de 2013 y entre los preceptos que estima violados no solamente son los principios constitucionales sino también los tratados internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 3.
Es por esto que el PT votará a favor, porque no es una simple adecuación de artículos, porque con lo anterior se busca que las leyes mexicanas se ajusten a estándares mundiales y que la protección de acceso a la información pública sea un derecho constitucional, pero también, sobre todo, y sobre todo el derecho a los derechos humanos. Muchas felicidades a nuestro compañero Javier Orozco y enhorabuena. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor presidente.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá su voto a favor del presente dictamen, que significa un paso necesario dentro del gran pendiente del Poder Legislativo para asumir sus obligaciones con los derechos humanos.
La reforma constitucional de 2011 fue un paso decisivo en la armonización de nuestro orden jurídico con los tratados internacionales que habían sido supeditados, por la Suprema Corte, a un rango intermedio entre la Carta Magna y las leyes de carácter general.
La modificación del artículo 1o. consagró el principio pro persona, un nuevo modelo dinámico, en el que todos los órganos del Estado deben asegurarse de favorecer siempre una norma que tutele mejor los derechos de la persona, independientemente de dónde se ubique.
De aprobarse esta reforma, una acción de inconstitucionalidad será procedente por la violación de alguna disposición en un tratado internacional y deberá asentarse como tal por la Suprema Corte de Justicia.
Con ello se asienta claramente una pauta para la integración entre los sistemas jurídicos de derechos humanos y se asigna al juez la obligación de conocer y utilizar los instrumentos internacionales en la protección de los derechos constitucionales.
Existe un alto consenso entre integrantes de la academia y de la sociedad civil de que se ha abandonado el esquema tradicional jerárquico y de un falso nacionalismo, según el cual la Constitución es literalmente la norma suprema.
Con la gradual participación de México en el régimen internacional de los derechos humanos, como Estado proponente y como parte obligada, el artículo 1o. establece la ruta de la progresividad para cada uno de los Poderes y para todos los niveles de gobierno.
Hay que hablar claramente, quienes ostentan u ostentamos un cargo o una representación popular estamos obligados a aumentar la protección de los derechos humanos, e impedidos de cancelar o restringir estos derechos que hayan sido previamente reconocidos.
Es por ello que lamentamos la reciente decisión de la Suprema Corte, según la cual las restricciones constitucionales a derechos reconocidos en tratados internacionales prevalecerán sobre éste. Igualmente rechazamos los intentos por limitar las libertades de expresión, reunión y asociación, en la propuesta de Ley de Manifestaciones Públicas, que se pretende aprobar en esta Cámara.
Es responsabilidad de cada integrante de esta Cámara respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos.
Saludamos la iniciativa que hoy se dictamina presentada por el diputado Javier Orozco, del Partido Verde Ecologista. Y esperamos de este grupo parlamentario la congruencia para impulsar las modificaciones a los lastres de nuestro orden legal, que hoy siguen impidiendo un ejercicio pleno de los derechos de todas las personas.
Por citar solamente tres de los más relevantes. Primero, el arraigo penal, en el artículo 16 de la Constitución, práctica que ha sido señalada por todos los órganos internacionales como violatoria de libertades básicas y de los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Segundo. La limitación de la Corte Penal Internacional, en el artículo 21, que condiciona a la aprobación del Ejecutivo y al Senado la investigación y sanción de los crímenes de guerra de lesa humanidad, de agresión y genocidio.
Tercero. La indebida extensión del fuero militar sobre los casos de delitos comunes cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas, por lo que se han incumplido tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigidas hacia el Estado mexicano, que demandan una reforma al Código de Justicia Militar.
Sobre todos estos temas nuestro grupo parlamentario ha planteado una postura contundente y ha presentado iniciativas que hoy aguardan la atención de este pleno, y que es necesario discutir en esta soberanía antes de que el Poder Judicial se vea en la necesidad de declarar la invalidez de las normas mencionadas y de tantas otras.
Exhortamos por tales razones a apoyar el presente dictamen, y confiamos en que el voto a favor de las diputadas y de los diputados se refrende en las deliberaciones por venir y que mediante la acción legislativa logremos restituir a las instituciones públicas, su dignidad, como parte de una nación que ha destacado por su lucha por afianzar la paz, la justicia y los derechos humanos como principios indeclinables en la esfera global. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y por su participación también. Don Ricardo Monreal, en pro.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, en el día a día la falta de respeto por los derechos humanos es una realidad mucho más obscura que la que las autoridades pretenden proyectar.
México ocupa uno de los últimos sitios de la tabla generada por la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual no parece preocuparle al gobierno en turno, pues siguen cometiéndose agravios en contra de los ciudadanos.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar por igual de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano firma y se ve obligado a observar.
El origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra no pueden ser motivo de ventaja o desventaja legal administrativa o judicial para los individuos, sin embargo no es así.
En los últimos años las quejas por parte de la ciudadanía con referencia a los abusos cometidos por parte de las autoridades gubernamentales han ido en aumento. Se sabe de múltiples dependencias que han hecho caso omiso a recomendaciones impuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y los ejemplos más claros son en materia de seguridad, violaciones cometidas por la Secretaria de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, PGR, quienes han recibido múltiples quejas por abusos cometidos por parte de militares, marinos, agentes ministeriales, policías, y otros agentes de seguridad.
Por lo anterior se dio el aumento considerable y surgieron múltiples protestas ciudadanas, movimientos sociales de ONG, de organizaciones civiles que luchaban por mejorar las condiciones sociales y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.
Recuerdo muy bien que la corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a favor de facultar a los tribunales civiles para juzgar todos los casos de abuso de los derechos humanos, violaciones de derechos humanos de civiles, incluso los cometidos por las Fuerzas Armadas, y con ello se lograba un avance importante en pro de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Sin embargo, hace unos meses la Suprema Corte de Justicia corta de tajo dicho avance y por el contrario genera un grave retroceso, resuelve que todos los jueces tendrán que aplicar y observar los derechos humanos de manera constitucional, siempre y cuando no contradigan leyes de la propia Carta Magna. Esto es, la resolución falta gravemente al principio pro persona, limitando a los ordenamientos internacionales que contradigan la Constitución aun cuando estos dispongan de elementos que generen mayor beneficio a favor de los derechos de las víctimas.
Este dictamen a discusión pretende adicionar los artículos 61, fracción IV, y 71 de la Ley Reglamentaria de la fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de armonizar lo establecido en la Constitución conforme a la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales, tratados internacionales en los que México sea parte que vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es un avance, sin embargo les puedo decir que es limitada, el retroceso al que se ha visto sujeto el país en materia de violación de derechos humanos no es menor.
Este asunto –concluyo, presidente– es demasiado importante, por eso creo que no está resuelto. Es un avance; sí, sin embargo creo que la corte invalidó el avance ofrecido y el avance que se registró en el artículo 1o. constitucional y en la reforma de 2011. Está pendiente, por lo pronto nosotros votaremos a favor aun cuando sea tenue y aun cuando no resuelva de fondo la violación de los derechos humanos en nuestro país.
La legislación internacional o tratados internacionales van mucho más a la vanguardia que la legislación nacional en materia de protección de derechos humanos fundamentales. Por su atención y por su perseverancia y tolerancia, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Don Ricardo Mejía Berdeja, en pro. En términos reglamentarios se cierra la lista de oradores.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Para hablar en pro de esta iniciativa que propone el compañero diputado Orozco. Nos parece que es adecuada porque a partir de la reforma multicitada constitucional en derechos humanos de 2011, se establece el principio pro persona para que en cualquier interpretación que asuman los tribunales en materia relacionada con los derechos humanos, su resolución sea lo más favorable a la persona.
También se establece en el artículo 1o. la progresividad de los derechos humanos para que sea una tarea permanente, es decir que ni los legisladores ni los gobernantes ni los servidores públicos consideren el tema de los derechos humanos como un tema conclusivo, sino como un tema en permanente evolución para favorecer precisamente estos derechos universales. Los derechos humanos no tienen frontera, los derechos humanos atienden a un horizonte universal.
En tal sentido, la reforma propuesta nos parece adecuada porque establece que la Corte podrá fundar su declaración de invalidez con base en algún precepto en un juicio constitucional, fundado en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Nos parece que esta obligación que se establece en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional es un avance, porque va a poner de algún modo un freno frente a la resolución que comentaba el diputado Ricardo Monreal que recientemente tomó la Suprema Corte de Justicia, al resolver una contradicción de tesis, en la cual, a contrapelo de lo que establece el artículo 1o, la Suprema Corte de Justicia determinó que prevalecería la Constitución por encima de los tratados aun siendo un tema de derechos humanos.
Me parece que con esta adecuación al artículo 71, de algún modo se regresa a la Corte a que tenga que basarse en los tratados internacionales y no buscar vericuetos para hacer a un lado lo que son postulados universales. Por esa razón celebramos esta corrección.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con el artículo 61 nos parece adecuado en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, también tenga que sentar en las acciones de inconstitucionalidad los derechos humanos que son violados en cuanto a los tratados.
Nosotros sostenemos que tratándose de derechos humanos la Ley Suprema es el orden internacional, porque son temas que atienden directamente a la persona y a la dignidad humana.
También creemos que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, es un organismo que hay que cuidar. Es un organismo que hay que salvaguardar porque es preocupante que con la reforma política haya una contradicción constitucional.
Concluyo, presidente. El artículo 41 permite que la CNDH intervenga en el proceso de selección de los consejeros electorales en un comité técnico de evaluación, pero el artículo 102 establece que tratándose de asuntos electorales los órganos de derechos humanos no son competentes. Aquí hay una contradicción que es parte de las prisas por sacar la reforma política y evidentemente nosotros creemos que la Comisión de Derechos Humanos tiene que ceñirse estrictamente a lo que dice el 102 constitucional. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 419 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: Se ha recibido en la Mesa Directiva, como se había previsto, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura únicamente a sus resolutivos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados reprueba el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y presenta a sus familiares y al gremio de periodistas sus más sinceras condolencias.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz a continuar con las investigaciones y se castigue a los responsables. Se solicita a la Procuraduría General de la República en coadyuvancia a la investigación, determine si hay indicios de participación de la delincuencia organizada en el crimen perpetrado por las razones consignadas en la averiguación previa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 12 de febrero de 2014. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Informo a la asamblea que hasta el momento se han inscrito para el punto en comento, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y José Angelino Caamal. En el orden en que pidieron el uso de la voz y buscando alternarlos por grupo parlamentario, se concede la palabra al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ¿Qué es lo que exigen los ciudadanos veracruzanos y allende de Veracruz? Exigimos no más mentiras, no más impunidad y justicia ya.
Lo que hoy nos ofrece la Junta y reconociendo alguna voluntad de algunos grupos de querer debatir el tema desde esta tribuna, la verdad no satisface estas peticiones de los veracruzanos.
He pedido la palabra porque les quiero pedir que no seamos cómplices de la impunidad que existe en el país y en particular en Veracruz.
Tenemos que acabar con la decadencia con la que nos ha instalado Enrique Peña Nieto y sus seguidores, que sólo piensan en el dinero. No piensan en la vida, en la seguridad de los mexicanos y mexicanas, no les interesa.
Sesgar –porque ese es el debate de fondo– sesgar las investigaciones por parte de las autoridades de procuración de justicia en el estado de Veracruz, sesgarlas y quererlas convertir en crímenes pasionales, rencillas familiares, no ayuda a transparentar, a que se haga justicia y se acabe con la impunidad.
Los que piensan que matando periodistas van a matar la verdad se equivocan, eso no va a ocurrir ya, más en Veracruz y espero que en ninguna parte de este país, y ojalá que esta Cámara de Diputados se ponga a la altura de las circunstancias.
Hoy y desde el 2012 en el estado de Veracruz y en todo el país ejercer la profesión de periodista está a la altura de lo que ocurre en Irak. Ya somos países señalados. Tan solo en la clasificación mundial de la libertad de prensa de este año estamos en el lugar 152 de 180 países evaluados. Y cómo no va a ser cierto esto si en los últimos años más de 88 periodistas —ahora con Goyo— están asesinados y trabajadores del sector periodístico se encuentran desaparecidos, y muchos de ellos de Veracruz. Veracruz está arriba de la media nacional con más de 15 asesinatos.
Voy a dejar en la mesa la lista, que es impresionante leerla, de los periodistas y los motivos por los cuales en Veracruz de 2012 a la fecha han sido asesinados, desaparecidos, con agresiones a periodistas foráneos y con persecución permanente para que se inserte en el Diario de los Debates. Le pedimos a la Secretaría que estén atentos, que no sean insensibles.
Habíamos presentado un punto de acuerdo donde estamos exhortando al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la PGR y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, publiquen los resultados de las investigaciones de los crímenes cometidos en contra de periodistas en el estado de Veracruz, así como de las acciones concurrentes que hayan realizado con el gobierno en la investigación de cada una de ellas.
Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a esta misma fiscalía a que en los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión garanticen la investigación del homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y no, como aparece en el punto que nos presenta la Junta de Coordinación Política, digan: vamos a ver si la PGR, en coadyuvancia en la investigación, determine si hay indicios de participación de la delincuencia organizada en el crimen perpetrado y demás.
Y excluyen a esta unidad de atención, a esta fiscalía, de que ya tome manos en el asunto. ¿Por qué? Porque en el fondo –insisto- del debate, lo que quieren es sesgar la investigación del asesinato de Goyo, como lo hicieron de la periodista Regina Martínez. Quieren hacer aparecer como delitos pasionales, como rencillas personales –culmino presidente- lo que está en el fondo de lo que ocurrió con Gregorio y ocurre con todos los periodistas que han sido asesinados en Veracruz.
Estos puntos de acuerdo, ya me imagino mañana en ocho columnas, en los medios que controlan: uy, la Cámara de Diputados es solidaria. Uy, la Cámara de Diputados pide, pero están engañando con estos puntos de acuerdo lo que la población exige.
Culmino presidente, también estamos pidiendo a la Secretaría de Gobernación que garantice la libertad de expresión y derechos laborales de los periodistas en los medios de comunicación impresos en radio y televisión local, porque en Veracruz hay persecución por parte de, no nada más de las autoridades policiacas que así tratan a los veracruzanos, sino también a través de los medios de sus patrones, los dueños de los periódicos que tiene controlado el régimen.
Culmino presidente, yo en lo personal y espero que los diputados no sean cómplices y que no demuestren esa insensibilidad, que seguramente ya su pastor les instruyó a que empiecen a chiflar, a hacer ruido, porque con eso nada más están demostrándole a la nación...
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que pueda ir concluyendo con su intervención, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Culmino porque estoy argumentando un punto de acuerdo que promoví, evidentemente reconozco, insisto, a los que han hecho que hoy se suba a esta tribuna, pero en lo personal, yo no puedo avalar a una Junta de Coordinación Política que está siendo insensible a lo que de verdad buscan los ciudadanos.
No queremos que se sesguen las investigaciones. Estamos exigiendo acabar la impunidad que existe en Veracruz, y para eso el punto de acuerdo que yo propuse y que dejo en la mesa, que se vote también, porque desde ayer yo lo presenté y exijo que se vote el día de hoy. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputado presidente. Servir a México nos convoca el día de hoy, y servir a México es servir a los ciudadanos, a aquellos que nos dan la oportunidad de estar en este Congreso.
Por ello es fundamental garantizar la seguridad de todos los mexicanos y mexicanas. Por ello también convoco al gobierno federal a hacerse cargo de aquellos estados en los cuales no se está teniendo la tutela necesaria de la seguridad, sea del partido que sea, porque venimos a servir a los ciudadanos.
Si bien el homicidio es absolutamente reprobable, lo más reprobable es que los gobernantes que están a cargo de tutelar tanto la libertad de expresión como la seguridad y la paz, la tranquilidad de los hogares, estén haciendo caso omiso a esta situación que es grave para todos los mexicanos.
El gobierno veracruzano en el caso de asesinato de periodistas es responsable de la seguridad, y de 2012 a la fecha han muestro muchos periodistas, pero también diría yo que más allá del número, cada que muere una sola persona su familia, sus amigos y todos aquellos que lo rodean se ven lastimados por estos hechos.
Por eso también hablo de la violencia en contra de los ciudadanos, de los hombres y mujeres libres que han aparecido en fosas clandestinas en el estado de Veracruz, que no debemos hacer caso omiso porque hoy Estados Unidos ha decretado, ha comunicado a los americanos que Veracruz es un estado inseguro para visitar. Eso es preocupante.
El reportero Jiménez de la Cruz fue raptado de su domicilio, lo sacaron de su casa y hoy su cuerpo fue encontrado en una fosa con rasgos de tortura. Estos problemas son graves porque fue secuestrado, atormentado y muerto, y en ese sentido tenemos que responder a nuestra responsabilidad.
He aquí que desde esta tribuna solicitamos que se tutele y exigimos se tutele la libertad de expresión, porque hoy ser periodista en el estado de Veracruz es un oficio de alto riesgo, porque hoy se requiere la intervención de la PGR, se requiere que se atraiga el caso y que se tenga una investigación profunda.
Sin hacer demérito de lo que han presentado al día de hoy, considero que los mexicanos, los periodistas, los veracruzanos, las veracruzanas merecemos una explicación amplia y expedita. Por eso también la seguridad y la paz son fundamentales y desde esta tribuna, desde este Congreso de la Unión se etiquetan recursos para la seguridad de Veracruz y resulta que en el estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación en 2011, recursos federales asignados a la Secretaría de Seguridad Pública fueron ocupados para hacer playeras, gorras, pagar bordados, pantallas de LED y pagar también equipos de sonido que no estaban en las atribuciones del área de seguridad pública.
El dinero etiquetado para la seguridad de los veracruzanos debe ser ocupado en ese sentido, por eso también hoy pongo en la mesa que no quede en el olvido que aquí hubo dos legisladores de Veracruz que fueron asesinados; Marisol Mora Cuevas y Gregorio Barradas Miravete, por eso exijo como veracruzana, como mujer y como madre que todos nos sumemos a esta iniciativa, que lo único que tiene de fondo es buscar la paz. Por eso, Duarte, piensa bien si puedes con tu responsabilidad, y si no es así, renuncia.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. En Movimiento Ciudadano reprobamos y condenamos el artero y cobarde asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, que fue encontrado el día de ayer y que constituye un elemento grave, ruin, de clima de hostigamiento, de persecución y de asechanzas que hoy enfrenta la libertad de expresión el país.
Violencia, impunidad y autocensura son las tres palabras comunes en el diario vivir de quienes ejercen hoy con objetividad, con apasionamiento y con crítica social la labor del periodismo.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado o de autoridades corruptas, son cosa de todos los días, esto genera un clima de miedo, junto a la impunidad que prevalece, que genera autocensura perjudicial para la libertad de expresión.
Los periodistas que se atreven a ejercer en la escuela de Francisco Zarco esta noble actividad, son amenazados, son hostigados, tanto de manera directa como de manera velada por personeros del poder o por grupos delincuenciales.
No ha cambiado nada la situación a partir del cambio de gobierno y es un problema que se ha recrudecido en nuestro país a partir del gobierno de Felipe Calderón y que ha continuado con Enrique Peña Nieto.
Este clima de hostigamiento y de amenazas a la libertad de expresión se está convirtiendo en algo cotidiano en el país, ya incluso no hay asombro y se ha vuelto algo común. Esto es gravísimo. Mientras que los organismos que desde el Estado se han estado incentivando o creando como fiscalías, no son más que meros elefantes blancos, salidas políticas de gobernantes inescrupulosos que buscan tapar con esto la huella criminal.
Por esta razón, nosotros condenamos estos hechos, condenamos este artero asesinato y coincidimos con el diputado Manuel Huerta, que no queremos la construcción de pesquisas amañadas para hacer aparentar como algo pasional o producto de la delincuencia común, algo que es una agresión al ejercicio periodístico.
El país vive una crisis de gobernabilidad, inseguridad y descomposición social inocultable. México y Veracruz exigen justicia. Y exigen justicia todos los estados donde se han visto estas amenazas, desde asesinatos, bombazos, levantamientos a periodistas, o incluso, como en algunos lugares de La Laguna, el caso de El Siglo de Torreón, también el caso del levantamiento y secuestro de personal administrativo.
Nosotros reiteramos que esto no puede quedar impune, pero no podemos dejar de descontextualizarlo de un clima de inseguridad. Se agrede y asesina a periodistas, pero de igual manera la delincuencia pacta con el gobierno para perseguir a otros carteles, y esto es grave.
El caso de Michoacán no dejamos de mencionarlo y a pesar de las críticas, a pesar de que se nos cuestione, nosotros seguimos pidiendo también la renuncia del comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, por pactar con los criminales. Es cuánto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza expresa su más sentido pésame a la familia del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, a sus amigos y a sus colegas comunicadores.
Para todos es bien entendido que la pérdida de una vida humana es trágica y sobre todo cuando se da en estas condiciones.
Nueva Alianza reprueba de manera enérgica este asesinato que sin duda lastima al todo el gremio periodístico, pero también a toda la sociedad.
Hechos de violencia en contra de cualquier mexicana o mexicano, independientemente de su origen serán condenables, pero más aun cuando están vinculados a la profesión que desempeñan, pues es un atentado contra las libertades de las personas.
Exigimos que este lamentable suceso sea investigado de manera objetiva e imparcial, con el único propósito de establecer la verdad del hecho y que no se descarte, a priori, ninguna línea de investigación. Y la información que se vaya obteniendo la debe conocer su familia y la sociedad entera.
Sucesos como el que hoy nos ocupa requieren de respuestas contundentes, así como establecer los protocolos en la procuración de justicia y una respuesta de sucesos como la desaparición forzada de personas, independientemente de la labor que desempeñen.
Ratificamos nuestra solidaridad con los compañeros de los medios de comunicación que por su trabajo puedan resultarle incómodos a algunas personas o grupos que detenten algún poder. Les hacemos llegar este mensaje de que continuaremos trabajando para que gocen del derecho a la libertad de expresión y de profesión.
La importancia de la libertad de prensa en el país ha permitido que la sociedad tenga acceso a temas que directamente incumben a la población. Sobre todo han contribuido a que la ciudadanía pueda disfrutar de los derechos humanos al conocer los sucesos que ocurren cada día.
Sabiendo de la importancia de la actividad que desarrollan los comunicadores, se creó la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. Ellos deben y están obligados a indagar, a investigar de manera responsable y sin ningún tipo de presiones ni sesgos políticos en los sucesos que hoy se han cometido contra los periodistas mexicanos.
Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza expresa que es nuestra responsabilidad abonar en la confianza de las instituciones y generar las condiciones de legalidad que permitan tener un acceso a la justicia pronta y expedita.
México hoy más que nunca demanda, demanda porque es su derecho, construir una sociedad donde podamos vivir en plena libertad, con plena certeza y seguridad, pero sobre todo, que le podamos garantizar a las generaciones presentes y futuras el Estado de derecho al que aspiramos alcanzar. Es cuanto, presidente y gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Con el permiso del diputado presidente. Primero, me parece importante reconocerle a la Junta de Coordinación que haya resuelto mandar este punto de acuerdo, porque es un tema muy importante.
Aquí no estamos ante el cuidado de formas, de la imagen de algún funcionario o de herir susceptibilidades, son hechos graves y no es un asunto que compete nada más a los veracruzanos, es un asunto nacional. Donde se lesione o asesine a un comunicador, a un periodista debe ser tomado como algo grave.
Me parece importante también insistir en que debe recuperarse la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que se tuvo en legislaturas pasadas y que no se ratificó en esta.
Como vemos, el problema está vivo, seguimos en un ambiente difícil para los medios de comunicación y debiéramos aquí en la Cámara rescatar esta instancia.
En el caso del lamentable asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, en primer lugar manifestar nuestro pesar, lo lamentamos profundamente. Pero sobre todo exigimos justicia, exigimos justicia para sus deudos directos, para su familia, exigimos justicia para sus compañeros de profesión y, desde luego, para la sociedad en general.
El problema de los asesinatos de periodistas, en el caso particular de Veracruz, que puede tener diferencias, que pueden obedecer a circunstancias locales, a motivaciones muy particulares, desde luego. Sin embargo, tiene ya un hilo conductor, hay ya una sistematización y ahí lo que uno puede ver es la impunidad, la facilidad con que alguien que se sienta afectado decida agredir y proceder al asesinato de un periodista. Eso es impunidad y también desde luego la ineficacia de muy diversas autoridades.
Exigimos, por lo tanto, que este exhorto se aplique, que se atraiga la investigación, que la Procuraduría local haga bien su trabajo y que se valore. El tema central es libertad de expresión. Y libertad de expresión es un pilar de la vida democrática. Sin libertad de expresión se cuestiona el Estado de derecho, se cuestiona la democracia.
Así que a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, obviamente respaldamos el punto de acuerdo y exigimos justicia para Gregorio Jiménez de la Cruz. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Gracias, señor presidente. Inicio desde aquí, le hacemos llegar a la familia de Gregorio Jiménez nuestro pésame y nuestra solidaridad. Y decir que la fuerza de los veracruzanos siempre e históricamente ha estado apegada a derecho.
La fuerza de los veracruzanos son las instituciones, y éstas hoy en este hecho lamentable han y están demostrando que en Veracruz no hay espacio para la impunidad. En Veracruz con hechos y no discursos y retóricas se trabaja, y se dan resultados contra la delincuencia.
Hoy el tema no es juzgar a un gobierno por haber esclarecido a través de investigaciones serias y coordinadas entre los órganos de gobierno federales y estatales, que se esclareció en forma pronta y expedita. También decir y manifestar, y dejar claro, que la lucha contra la impunidad en frontal y que los hechos así lo demuestran, no hay que confundir ni tampoco sacar raja por un hecho que lacera y lastima.
Creo que lo que está pasando y ha sucedido, y aquí se ha demostrado, es que hubo una investigación profesional que da cuentas a una persona, y ésta menciona nombres, y a la vez detienen a un sujeto y éste menciona el lugar en donde aparecen los cuerpos.
Pedimos desde aquí al señor procurador del estado que detenga a los cuatro sujetos más que están inmiscuidos y también, como se firmó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que se investigue para ver si hay algún punto donde lleve a otro rango o a otro nivel de delincuencia.
Y quisiera recordar que la libertad de expresión está garantizada en Veracruz, y quiero recordar que aprobaron hace casi dos años la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Y también quiero decirles que es muy importante que juntos veamos como legisladores en qué podemos aportar y qué podemos hacer para que no nada más en Veracruz, sino en todo el país, empecemos a ver que se recupera con fuerza y decisión lo que nos robaron durante muchos años. Así que más que juzgar veamos qué tenemos en el horizonte para que juntos logremos eso que exigen y nos reclaman los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para rectificación de hechos tiene el uso de la voz, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Roberto López. Dígame, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Para anotarme para rectificación de hechos.
El Presidente diputado José González Morfín: Lo anoto en la lista.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Gracias.
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. La diputada, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): También para rectificación de hechos, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: La anoto en la lista de oradores. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No lo digo yo. Mayo de 2012, relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, dijo que Veracruz es el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa. Es en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial, dije ya equiparable a Irak.
Él mismo contextualizó esta declaración tras los asesinatos de foto-reporteros, Guillermo Luna, Gabriel Luje, Esteban Rodríguez y la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y dijo que estos asesinatos de periodistas se suman por lo menos otros cuatro registrados en el último año en la entidad.
Ha dicho hoy que Veracruz es campeón del asesinato a periodistas, más de 15 en los últimos dos sexenios y que hay una situación, que hoy como dice un comentarista, ya se le tiene más miedo al gobierno con sus investigaciones que a los propios narcotraficantes.
Ahora en Veracruz es común que en el caso de Regina, en el caso Goyo, quieran trivializar con estas investigaciones, quieran decir: Fue asesinato pasional. No fue. Fueron rencillas ahí de vecinos. Cuando en el fondo todos sabemos que lo que ocurre en Veracruz es digno, no de una comisión especial en la Cámara, de ésas que con el debido respeto no sirven, no hacen nada. No.
Yo por eso en mi punto de acuerdo sostengo; tenemos instancias, tenemos instancias que deben de trabajar y no para pedirles, como señala el punto de acuerdo, que a ver si de acuerdo con las investigaciones realizadas pudiera suceder que hubiera algún asunto qué tratar, como dice el punto de acuerdo.
La primera parte del punto de acuerdo ya nada más faltaba que aprobaran aquí que está bien que se asesine a un ciudadano o algo por el estilo. Está la PGR, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos cometidos en contra a la libertad de expresión y les deberíamos estar exigiendo que publiquen los resultados de las investigaciones de los crímenes cometidos en contra de los periodistas en Veracruz. Deberíamos estar exhortando a estas mismas autoridades a que garanticen la investigación del homicidio del periodista.
Salgan a preguntar a Veracruz, nadie le cree al gobierno, nadie le cree a las instituciones. En eso está igual que lo que pasa con Peña Nieto, ya nadie les cree. ¿Por qué? Pues porque están gobernando nada más para el interés que tienen en materia de dinero.
Por último, yo propuse también que exhortáramos a la Secretaría de Gobernación, a garantiza la libertad de expresión y los derechos laborales de los periodistas. Y alguien me dijo ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, los que están en el Palacio de Cobián sabe que la cola de impunidad llega desde el zócalo de la Ciudad hasta el malecón de Veracruz. Cuando quieran actuar con las instituciones que quieren, ¿habrá justicia, acabarán con la impunidad? Al parecer esto no es el interés de los diputados que me antecedieron en la palabra. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra también para rectificación de hechos el diputado Roberto López Suárez.
El diputado Roberto López Suárez: Gracias, presidente. Pareciera que cuando los periodistas en México resultan incómodos al poder de un presidente municipal, de un gobernador, de algún funcionario público o de los poderes fácticos, de repente tienen problemas maritales, tienen problemas pasionales, deudas de juego o están involucrados con el crimen organizado de repente. Hay una larga lista en el caso de Veracruz de represión hacia periodistas y la libertad de expresión.
Se miente cuando se viene a esta tribuna a decir que está garantizada en el estado de Veracruz la libertad de expresión para los periodistas de ese estado. Es más, yo me atrevería a decir que no es el único estado del país y, si no, pregunten a muchos de los periodistas que están allá atrás cuántas veces son presionados, se les intenta sobornar, se les amenaza, se les secuestra, en el mejor de los casos, porque en muchas ocasiones y como sabemos en el caso de Veracruz, se les asesina.
En este último caso, el caso de Gregorio, lo que no se dice con claridad es que él había publicado días antes un reportaje sobre un dirigente de la CTM que fue asesinado y casualmente, junto con el cuerpo de Gregorio, fue encontrado el cuerpo de ese dirigente de la CTM.
¿Por qué se dice entonces que la línea principal de investigación son los problemas personales que pudo tener con una vecina, cuando el reportaje principal sobre el secuestro del dirigente de la CTM en el estado que además apareció asesinado en el mismo lugar de este periodista, se dice ahora desde la procuraduría que no hay vinculación?
Qué bueno que estamos tocando el tema, reconozco a la Junta de Coordinación, pero sí pediría que la Procuraduría General de la República retome el caso y que deje de lado la versión que está manejando una y otra vez el gobierno del estado.
No más crímenes para los periodistas. Las diferentes agrupaciones de periodistas se han manifestado. Artículo 19, periodistas de a pie, y muchas otras dicen con claridad que la línea principal de investigación que se tiene que dar en ese caso y en otros más que han sucedido en el estado de Veracruz, es un crimen político que atenta contra la libertad de expresión. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para rectificación de hechos la diputada Yazmín Copete Zapot.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, ningún veracruzano o veracruzana puede o debe estar ajeno a lo que sucede en Veracruz, y por supuesto ningún mexicano o mexicana con sensibilidad.
Hoy quisiéramos decir que no tan sólo los periodistas incómodos al gobierno o algunos otros intereses corren un grave peligro.
Y es falso que esté garantizada la libertad de expresión. Tiene uno que estar, para quienes somos creyentes, invocando a Dios para que no nos pase nada cada vez que puntualizamos en algunos aspectos de la política que se lleva a cabo por diferentes gobiernos, y por supuesto que son crímenes de carácter político.
Ya lo decía aquí el compañero Roberto López Suárez, por supuesto que sí. Dirigentes como éste de la CTM, pero además dirigentes de organizaciones cañeras independientes han sido asesinados por trastocar intereses, por supuesto que sí y que están vinculados políticamente.
Hoy sí, desde aquí le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de Gregorio, al gremio de periodistas, a sus amigos; pero también demandamos el esclarecimiento de todos aquellos periodistas y que en lo que va de este gobierno son 10 periodistas asesinados, casi uno cada cuatro meses.
Compañeras y compañeros diputados, no podemos ser ajenos a lo que sucede en Veracruz.
Y efectivamente nos han robado la tranquilidad, nos han robado la seguridad y el gobierno tiene la responsabilidad de poner a salvo de salvaguardar la integridad física de sus gobernados.
Hoy en Veracruz es un latente riesgo transitar, hablar, denunciar lo que sucede en nuestro estado.
Tenemos un caso y se los decía, de dos dirigentes de la Organización Independiente de Cañeros, de asesinato. Y ¿qué es lo que sucede? El procurador del estado de Oaxaca dice que el crimen se cometió en Veracruz; y nuestro procurador en Veracruz dice que los asesinos son del estado de Oaxaca. Y entonces por supuesto que la Procuraduría General de la República debe atraer los casos en donde no hay una respuesta a quienes esperamos la eficacia de la investigación, de la procuración de justicia.
Compañeras y compañeros diputados, hoy en esta tribuna demandamos del doctor Javier Duarte de Ochoa eficacia en la seguridad de los veracruzanos. Ya en otros momentos hemos hablado de temas como la pobreza y otros que nos atañen como mexicanos y principalmente como veracruzanos.
Pero en este día cuando la Junta de Coordinación Política tuvo a bien hacer suyo este punto de acuerdo, lo cual reconocemos, también queremos ir más allá y exigir el esclarecimiento de los 10 periodistas asesinados en lo que va de este gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Jazmín Copete Zapot. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (15:36 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 13 de febrero de 2014, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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