Comunicaciones oficiales
De diputada, diversas autoridades y la colegisladora, con distintos asuntos
Acuerdo de la Junta, relativo al voto de los mexicanos en el exterior
Dictámenes a discusión
Que abroga la Ley de Amnistía de 1978, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputados y diputadas; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (11:26 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, por el que solicita sea retirada de los registros de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa que reforma los artículos 6o. y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio del Banco de México, con el que remite informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2013.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente correspondientes al primer receso del segundo año de ejercicio que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 22, 34 y 34 Bis, y adiciona los artículos 5o Bis, 5o Ter y 5o Quater, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
El Presidente diputados Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82, y adiciona la fracción XXI del artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Acuerda. Con el fin de revisar profundamente el voto de los mexicanos en el exterior, incluir el mecanismo viable con la Ley Electoral Secundaria, la celebración de un foro de discusión sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero que inicie el 6 de marzo de 2014.
Segundo. De la revisión y análisis de las propuestas vertidas en el foro se procederá a la redacción de la normatividad del 7 al 14 del mes y año señalados.
Tercero. Se instruye a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos Migratorios la organización y celebración de dicho foro.
Cuarto. Se instruye al Comité de Administración brinde los apoyos necesarios para dicho evento.
Recinto legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿En qué sentido, diputado Monreal? ¿A favor o en contra?
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos que componen este escaso quórum, este es un tema trascendente para la vida del país. Sin embargo, debo de advertir que no obstante vamos a votar a favor para que se celebren estos foros para determinar el alcance y, en su caso, se contenga la propuesta del voto de los mexicanos en el extranjero. Los mecanismos para ejercer su derecho a sufragar.
Debemos señalar que este esfuerzo ha sido repetido en múltiples ocasiones. Quienes radican en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos de América cuyo origen es nacional, su origen es mexicano, tienen siempre en mente este reclamo para las Cámaras, para el Congreso de la Unión, que poco se hace por los derechos de los migrantes, que poco se hace para la atención a los problemas de los connacionales que radican en los Estados Unidos.
La comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos es sumamente importante. Algunos estiman que oscila entre los 20 millones de ciudadanos, algunos ciudadanos, otros todavía con problemas de documentos, pero hay cifras que concuerdan por estudiosos de la materia, que expresan que hay más de 20 millones de mexicanos radicados en el exterior, y hay grandes franjas ubicadas, sobre todo, en California, Texas, Illinois, incluso, en Alaska han ido migraciones de mexicanos hacia allá.
Por eso, me parece pertinente el que la Junta de Coordinación Política plantee, en este momento a la plenaria, se autorice la celebración de foros y que se faculte a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Migratorios, para llevarlos a cabo.
Nos parece pertinente, es correcta políticamente y es un reclamo de millones de mexicanos radicados en el exterior, para que su voz sea escuchada, para que se tome en cuenta el reclamo de ellos y de ellas, porque se sienten alejados de las políticas públicas, se sienten abandonados por su país y evidentemente con reclamos constantes y frecuentes para los legisladores nacionales.
Nosotros votaremos a favor, pero deseamos que no se engañe y deseamos que no se repita la múltiple cantidad, la enorme cantidad de foros que se han celebrado a lo largo de la historia con este propósito y con este motivo y que en realidad no hay un reconocimiento pleno en la legislación y en la práctica política a todos aquellos que por necesidad han tenido que irse a radicar a Estados Unidos, a trabajar, a emplearse, a obtener lo que su propio país les ha negado. Por esa razón votaremos a favor.
En Movimiento Ciudadano nos alegra que esta iniciativa pueda prosperar. Aquí hay expertos en esta materia y hay gente vinculada con comunidades de mexicanos radicados en el extranjero que se organizan a través de clubes, a través de federaciones, a través de organizaciones que le sirven a su país, que contribuyen con su país, que ayudan a su comunidad y que hoy el Parlamento pudiera corresponder, aunque sea un poco, a estas exigencias de ellos que radican en el extranjero. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Monreal Ávila.
Tiene el uso de la palabra, también para hablar a favor, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias presidente. Para celebrar este tipo de acuerdos de la Junta de Coordinación Política que tienden a oxigenar, airear la discusión sobre un tema trascendente, que es la parte del voto de los mexicanos en el extranjero en la correspondiente legislación electoral.
Nosotros creemos que las leyes tienen que ventilarse, no son nada más esfuerzos de gabinete o trabajos de conciliación política entre las cúpulas sino que tiene que escucharse a especialistas, sobre todo en un tema que demanda una gran complejidad. Mexicanos que por cuestiones económicas o sociales han tenido que emigrar, fundamentalmente, de estados como Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, entre otros estados del país, se han convertido, en los hechos, en mexicanos de segunda, que no tienen un acceso pleno al ejercicio de sus derechos político-electorales, complicaciones de carácter técnico, falta de voluntad política en ocasiones se han conjuntado para simplemente cubrir el expediente en la legislación con la materia del voto de los mexicanos en el extranjero, pero haciendo lo inviable en los hechos.
También se han destinado sin transparencia millonarios recursos para alentar y promover este voto y los resultados en los últimos procesos electorales han sido verdaderamente pobres. Por esto consideramos que sí es un tema relevante, porque hay millones de mexicanos de otro lado de la frontera en Estados Unidos de América, pero también en otros lugares del mundo que tienen que tener a través de diferentes mecanismos en los consulados, en las embajadas, por medios de Internet con los correspondientes mecanismos de seguridad deben explorarse estas vías para que puedan participar electoralmente.
Al tiempo de estar a favor, también hacemos un llamado para que en la discusión de la reforma política-electoral se oxigene la discusión en otros temas, el tema del financiamiento, el tema del acceso a medios de comunicación, el tema de la democracia participativa; es decir, que no constriñamos estos foros simplemente a un tema que tiene que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero.
Hacemos una exhortación a la Junta de Coordinación Política, a la propia Comisión de Gobernación y a las comisiones involucradas para que se promuevan foros sobre los diferentes temas. Este tema de la legislación electoral tiene que ser ampliamente debatido y de manera participativa, y por eso razón nosotros saludamos, como lo dijo nuestro coordinador, Ricardo Monreal, esta iniciativa; pero que no se quede nada más en el voto de los mexicanos en el extranjero.
Hay temas de la agenda político-electoral que tienen ser motivo de discusión con especialistas, académicos y actores involucrados desde la sociedad civil. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, la diputada Amalia García Medina, para referirse también al acuerdo.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, es pertinente que al hablar de los mexicanos en el exterior partamos de un concepto fundamental, no hablando solamente del Estado mexicano sino de la nación mexicana.
¿Qué concepto tiene los expertos sobre nación? La nación la constituyen las personas, los seres humanos. La nación mexicana no se termina dentro de nuestras fronteras, la nación mexicana está ahí en donde hay mexicanos y mexicanas.
En el caso de los mexicanos en el exterior, que están en diversas partes del mundo, los especialistas y los propios migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos y mexicanas, señalan que hay alrededor de 33 millones de mexicanos y mexicanos de origen mexicano en Estados Unidos.
Indocumentados, sin documentos, se calculan alrededor de unos 12 millones; pero el tema sustancial es que la nación mexicana, si no termina solo en nuestras fronteras sino que también está presente en el exterior, ya nuestra Constitución les reconoce derechos a esos mexicanos que, sin estar en nuestro propio territorio, han ido a vivir a otro lugar.
Nuestra Constitución señala el derecho a la doble nacionalidad, es decir que alguien, no importa cuántos años haya estado fuera e incluso si adquirió otra nacionalidad, mantiene la nacionalidad mexicana. Esto es verdaderamente formidable, es un derecho sustancial que, además, es reconocido cada vez más en diversas partes del mundo a sus propios connacionales.
También hay que decir que estos mexicanos que están en el exterior, siguen contribuyendo con sus familias, con su región y con su país. Basta señalar que después de los ingresos petroleros el segundo ingreso más importante en divisas es de los mexicanos en el exterior porque aportan en promedio cada año alrededor de 21 mil millones de dólares. ¿Qué pasaría con la economía mexicana sin la aportación de esos recursos? Pero si ellos aportan, cómo cumplimos nosotros con sus derechos.
Esta decisión que se ha tomado en la Junta de Coordinación Política resulta sustancial porque atiende a un derecho, aunque yo diría que todavía de manera parcial, el derecho de votar que es fundamental para los mexicanos se encuentren en donde se encuentre, en cualquier parte del planeta.
Y un grupo de expertos en donde hay académicos, estudiosos, lo que han propuesto es que ese derecho al voto no se ha aplicado correctamente porque el instrumento ha fracasado. No el deseo de los mexicanos en el exterior a votar, sino el instrumento.
Y que ha llegado la hora de que e la era de la tecnología, en la era de la comunicación, los mexicanos en el exterior puedan votar también vía electrónica. Esto lo que requiere es voluntad política.
Y en la decisión de la Junta de Coordinación Política precisamente de lo que se habla es de que a partir de estos foros se proponga un mecanismo viable a la Ley Electoral que permita esto.
Estoy segura de que este Congreso, la Cámara de Diputados, por supuesto sin duda, avalará que a partir de estos foros se instrumente la propuesta para que los mexicanos puedan ejercer su voto vía electrónica y con diversos mecanismos, lo pueden hacer también en los consulados, si desean hacerlo por correo, por escrito; pero la vía electrónica en la era de la comunicación, es fundamental. Nos parece elemental que esto se realice.
Agregaría sin embargo también, otro planteamiento de los propios mexicanos en el exterior, y llamo mexicanos en el exterior porque así desean que se les denomine, no sólo migrantes, que lo son, sino mexicanos en el exterior con derechos políticos.
Y para completar los derechos políticos de ellos, lo que proponen es también su derecho a ser elegidos y a estar formando parte de las decisiones del país.
Si bien es cierto —y termino con esto— ellos han propuesto la creación de una sexta circunscripción y quieren que eso se reflexiones. Por lo pronto, lo que han planteado es que ya que se va a discutir una reforma política y electoral en el Congreso de la Unión en las próxima semanas, se contemple la posibilidad de que todos los partidos políticos incluyan necesariamente en cada una de las cinco circunscripciones, al menos en los primeros 12 lugares, a un migrante, a un mexicano en el exterior.
También creo que esto debería contemplarse en el foro, puesto que el foro lo que está planteando —y me parece acertadísima esa decisión de la Junta de Coordinación Política— es atender los derechos políticos de los mexicanos en el exterior: su derecho a votar y su derecho a ser elegidos y elegidas y podemos hacerlo en la ley secundaria y en los partidos políticos y de esa manera a la nación mexicana le darían todos sus derechos, señor Presidente, compañeras y compañeros
Por supuesto que estamos dispuestos a participar en este foro por los derechos de todos y todas las mexicanas de los que están en el exterior. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Luis Alberto Villarreal García.
El diputado Luis Alberto Villarreal García: Muchas gracias, Presidente. Para Acción Nacional los derechos de los mexicanos en el exterior han sido más que discurso acciones y propuestas.
Por eso saludamos y respaldaremos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que podamos en los próximos días y en el marco de la discusión de las leyes secundarias en materia política y electoral, analizar con académicos, analizar con líderes migrantes, analizar con intelectuales cómo podemos pasar ya no del reconocimiento del derecho de los mexicanos a votar fuera de nuestro territorio, sino cómo hacerle para que esos mexicanos efectivamente puedan participar.
A nosotros no nos da miedo que más de un millón de mexicanos que no están en este país y que pudieran votar, puedan ejercer ese derecho en el 2018, y decidir el rumbo de este país por el que tanto sacrificio y esfuerzo permanente todos los días hacen y han hecho.
Hace unos años, en la LIX Legislatura aquí se legisló para reconocerse ese derecho. Sin embargo, en dos elecciones, la del 2006 y la del 2012, menos de 50 mil mexicanos han participado por la complejidad del sistema que ya mencionaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
¿Qué creemos? Creemos que tenemos que analizar a cabalidad la credencialización de los mexicanos que no están aquí y que no necesariamente tienen por qué venir a México a sacar una credencial que les permita ejercer su derecho, a decidir el destino de este país y quién lo gobierna.
Hay que analizar cómo poderle dar seguridad al padrón electoral y cómo limpiarlo, porque lo que sí sabemos es que muchos mexicanos que se van a perseguir el llamado sueño americano, en el paso dejan la credencial de elector y esa misma credencial de elector se utiliza para otros fines.
El hacer un sistema que nos permita actualizar el padrón electoral, saber quién vive aquí y quién está en otro país, con toda claridad nos va a permitir, sin duda, tener una democracia con más certeza y con mejores resultados para todos.
Para nosotros este no es un tema, insisto, solamente de discurso. Por eso en las últimas cuatro legislaturas, sin necesidad de cuotas, Acción Nacional siempre ha tenido orgullosamente en su bancada algún líder migrante que alce la voz por los millones de mexicanos que no están aquí, pero que sí trabajan por este país.
Y por eso, porque estamos comprometidos con ellos, porque queremos conocer sus puntos de vista respecto al destino de este país, porque queremos no solamente que se le reconozca el derecho al voto, sino que todos puedan votar porque no le tenemos miedo a lo que opinen esos mexicanos, porque somos demócratas, por eso vamos a votar para que podamos llevar estos foros y podamos incluir de a de veras y para siempre, el voto de los mexicanos en el exterior en la próxima discusión de la ley electoral y política de este país. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Lo anoto para rectificación de hechos al final de la lista, como dice el Reglamento. Y tiene la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana también para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, quería hacer uso de la palabra en este tema que me parece fundamental y de una reivindicación histórica para las mexicanas y para los mexicanos que residen en el exterior.
Los compatriotas que están allá, fuera de nuestras fronteras, no están allí por una voluntad personal, están por una necesidad muchas veces hasta de sobrevivencia y sin embargo mantienen fuertes vínculos con nuestro país y luchan por no renunciar a su cultura, a su gastronomía, a sus creencias, a su forma de ser mexicanos.
Por eso, para quienes militamos en la izquierda y en particular para el PRD es motivo de preocupación que finalmente aterricemos en un verdadero esquema que permita la verdadera participación electoral y política de los mexicanos residentes en el exterior.
En los últimos dos procesos electorales presidenciales ha habido un gasto millonario del IFE que no se ha visto reflejado en la participación electoral de nuestros connacionales en el exterior. En la última votación fueron alrededor de 40 o 50 mil mexicanos quienes hicieron uso de su derecho a voto desde el exterior, cuando queda claro que son millones de mexicanas y mexicanos que radican más allá de nuestras fronteras.
Por eso mi participación en esta tribuna es para dejar tres temas que pudieran servir al debate que hoy atinadamente propone la Junta de Coordinación Política:
Primero. Revisemos el mecanismo de empadronamiento de quienes residen en el exterior. No es posible que los obliguemos a tener que regresar a territorio nacional para poder tener una credencial para votar. Es ilógico, ponemos en riesgo hasta su permanencia en aquel país donde están buscando mejores oportunidades de vida.
Segundo. Revisemos la forma de votar. Hoy tenemos un mecanismo tortuoso que hace que nuestros connacionales tengan que inscribirse vía correo y que se les mande el formato por correo certificado, y que por esa misma vía se regrese a la autoridad electoral nacional. Eso es ilógico, es incongruente en pleno siglo XXI. Y veamos cómo otras naciones de América Latina permiten el voto de sus connacionales en las embajadas y en los consulados.
Y, por último –y lo decía acertadamente la diputada Amalia García–, revisemos la oportunidad de que tengan presencia en esta Cámara de Diputados. No es una idea descabellada, pongo el ejemplo de las recientes modificaciones que hicieron los franceses a su Constitución Política y que hoy permite que la Asamblea Nacional de Francia haya 11 diputados que representan a igual número de circunscripciones en las que se dividió el mundo, representando y llevando la voz de los franceses en el exterior.
Ojalá pudiéramos hacer algo similar y pudiéramos tener un acto de justicia hacia las mexicanas y los mexicanos en el exterior, no solamente permitiéndoles votar sino también que se escuche su voz en este recinto, que se supone debe representar a todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es común que a esta tribuna suba a exigirle a la Junta de Coordinación que cumpla con las leyes, con la Constitución. Inclusive hemos tenido algunas controversias judiciales que los inmiscuyen justamente con algunos temas de tipo electoral.
Sin embargo, hoy hay que reconocer que están actuando conforme la Constitución le pide a esta Cámara que actué permanentemente en transparencia, en consulta con los ciudadanos para leyes que son determinantes para la vida pública nacional, como es el caso.
Sin embargo, la propuesta que nos hacen es limitada para un tema importante, pero hay muchos temas en materia de la reforma electoral que vamos a ver que sería muy adecuado que este foro se abriera a la discusión de los ciudadanos.
Yo justamente la semana pasada presenté un punto de acuerdo en paralelo a un foro que las fracciones del PT, el MC y el diputado Durazo y un servidor como secretarios de la Comisión de Organización, hicimos sobre las prospectivas de la reforma electoral, y quedamos sorprendidos, la Presidencia de esta Cámara lo sabe, porque inclusive nos desbordó, los ciudadanos nos desbordaron con sus inquietudes.
El foro de dos días contó con la asistencia de más de 400 ciudadanos, 80 ponentes de diversos estados, más de 20 estados de la república, más de 40 universidades del país y del extranjero. Muchos miembros de los servicios electorales, de los tribunales; ciudadanos en general. Más de una docena de diputados, senadores, en fin, hay mucha inquietud sobre estas reformas.
Hemos procesado en la mesa directiva de la Comisión de Gobernación este punto de acuerdo y, hasta donde entiendo, tenemos la idea de convocar. Deberíamos luego entonces aprovechar este foro no tan sólo para tocar este tema nodal en el que estamos de acuerdo, sino para abrirlo al conjunto de los temas importantes que la reforma electoral va a tener.
Finalmente, decir que es importante que la Junta de Coordinación en estos temas se preste a la apertura de las opiniones.
Hemos estado viendo con preocupación que están buscando en la convocatoria justamente para nombrar a los consejeros, le abran paso a los cuatro que ya están. Y en la propia ley, en el proyecto de convocatoria que han presentado no hay fundamento jurídico.
Por eso digo: qué bueno que la Junta hoy en este punto cumple la Constitución, pero que no se limite, porque de hacerlo, obviamente sería un foro muy acotado. Si bien es un tema importante, no es menos relevante que una decena de temas que deberíamos de estar consultando a los expertos y aprovechar este empuje ciudadano en esta materia.
Por lo tanto, me pronuncio porque abramos este foro, pero ampliado en temas que pudiéramos ver –como aquí se propone– en la Comisión de Gobernación y tratar en particular el de los residentes en el extranjero, con la de asuntos migratorios. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo con el foro, pero que se ampliara, insisto, a muchas inquietudes que los ciudadanos tienen en la materia. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Javier Treviño Cantú.
Damos la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que están hoy aquí invitados por la vicepresidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez. Bienvenidos a la sesión. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Javier Treviño Cantú: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI y con el permiso de mi coordinador, quiero dar la bienvenida, el total apoyo a esta resolución de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el fin de revisar profundamente el voto de los mexicanos en el extranjero y de incluir un mecanismo viable en la ley electoral secundaria y llevar a cabo este foro en los primeros días de marzo de este año. Esto es fundamental.
He escuchado con cuidado y con mucha atención a las diputadas y diputados que acaban de expresar sus puntos de vista en torno a este tema. Y efectivamente, fue en 1995, en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando por primera vez establece el gobierno de la República efectivamente que la nación mexicana va más allá de las fronteras de nuestro país.
Un cambio significativo en la visión de este gobierno, en la relación con las comunidades de los mexicanos en el extranjero. Pero no solamente es una visión política la que tenemos que estar dejando claro aquí desde esta tribuna, sino también tenemos qué hacer un reconocimiento a la gran labor de la comunidad mexicana más allá de nuestras fronteras, particularmente en los Estados Unidos de América.
Fue justamente durante esos años, del 94, 95, 96, cuando estuvimos elaborando y presentando ante esta soberanía –me tocó como subsecretario de Relaciones Exteriores– esa iniciativa fundamental para la no pérdida de la nacionalidad mexicana por parte de nuestros connacionales en el exterior.
Más allá de una visión política o de una visión electoral de corto plazo, lo que tenemos que estar tomando en cuenta y poner nuestra mayor atención es cómo logramos dar a nuestros connacionales las herramientas necesarias para proteger sus derechos humanos, cómo lograr que nuestros connacionales en el exterior puedan lograr sus aspiraciones y sus sueños y puedan mejorar la calidad de vida de sus familias. Tenemos que proteger los derechos de los mexicanos aquí y fuera de nuestras fronteras y darles todas estas herramientas.
Por eso, en este foro que vamos a llevar a cabo, el cual el PRI le da la bienvenida, vamos a participar para analizar, no con la visión solamente de los políticos de aquí, sino entendiendo realmente la necesidad de los mexicanos de allá.
Necesitamos ver y atender a la comunidad mexicana en el exterior, como lo hizo el programa de Comunidades de Mexicanas en el extranjero o como lo hace hoy el Instituto de los Mexicanos en el exterior, y antes de atender los intereses políticos particulares de los partidos o de los diputados o de los senadores o de los gobernadores, debemos entender las aspiraciones, debemos entender bien los retos de los que viven allá día con día, millones de mexicanos en el extranjero que tratan de mejorar su calidad de vida.
Vamos a participar con gran entusiasmo y con todo nuestro conocimiento en estos foros, a fin de lograr avanzar en este tema de los derechos políticos de los mexicanos más allá de nuestras fronteras, y lograr que en la legislación secundaria podamos establecer el mejor de los mecanismos para su participación política. Pero antes, sí, vamos a entender claramente qué es lo que quieren nuestros connacionales que viven más allá de las fronteras. Muchas gracias, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para presentar una propuesta de modificación ha solicitado y se le concede la palabra al diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Nuestra preocupación, ciudadanos legisladores, es que de nueva cuenta se les engañe a los mexicanos en el exterior y se les genere una expectativa falsa.
Aquí escuchamos discursos en los que todos estamos de acuerdo en expectativas, en propuestas, pero muchas de ellas no han sido traducidas en congruencia en el momento de plantearlas en la modificación de leyes.
La sexta circunscripción, por ejemplo, o la quinta, o la circunscripción única para migrantes o para mexicanos en el exterior, es un planteamiento que ya fue hecho hace décadas, la última reforma constitucional, fue planteado pero no fue aprobado ni por el PRI ni por el PAN.
También el que se le reconozcan sus derechos políticos y el reconocimiento a domicilio binacional ha sido un planteamiento añejo que no han aceptado quienes componen la mayoría de esta Cámara, el PRI y el PAN.
La exigencia de ser votados y de pertenecer al Congreso, tampoco ha sido una realidad, por más que se intente decir que algún diputado que radique en el exterior esté aquí sentado o haya estado sentado en algún escaño o curul. Eso no es lo que quieren, lo que quieren los mexicanos en el exterior es que no sea una concesión graciosa, un acto voluntarista de algún dirigente político sino que sea una disposición jurídica plasmada en la Constitución y en la ley.
Por eso, nosotros insistimos, es enorme el compromiso que tenemos con ellos, pero a pesar de que he escuchado discursos llenos de caminos comunes, no veo que se refleje en la realidad.
Deberíamos comenzar por otorgarles un trato digno. Para ellos representa un calvario regresar a su tierra de origen sufriendo vejaciones, extorsiones, secuestros, mordidas que se han agudizado en los últimos años, en los últimos gobiernos, cuando se trasladan a sus lugares de origen con sus familiares, a sus pueblos.
Las oficinas migratorias y aduanas, garitas, retenes, todas, en su mayoría, tratan muy mal a nuestros paisanos que radican en el exterior.
Hay material abundante, ciudadanos legisladores, y de una gran riqueza. Hay propuestas que no han sido tomadas en cuenta. Hay universidades, como la de Zacatecas. Hay académicos, como los investigadores de esta universidad, líderes sociales que han planteado múltiples propuestas que no han encontrado eco.
Yo quiero, ciudadano presidente, plantearle a la asamblea una modificación al punto de acuerdo, para que no solo sean estas dos comisiones: la de gobernación y la de Asuntos Migratorios, las que celebren estos foros, que lleven a cabo estos foros sino que también esté una comisión que por su propia naturaleza y denominación debería estar, que es la de Asuntos Frontera Norte.
El problema es enorme y creo que la Comisión de Asuntos Frontera Norte debería estar en la organización de estos foros. Es importante que vayamos caminando, porque recuerden que solo tenemos un mes, 30 días antes de que se modifique la ley reglamentaria tendrán que tener conclusiones estos foros y por tanto, yo espero que así sea y que como ahora, con lugares comunes y coincidencias, también en el momento de la aprobación de la ley, hagamos nuestras las propuestas de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Antes de preguntar a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal, sonido en la curul del diputado Raúl Gómez. Dígame, diputado.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. Felicito a la Junta de Coordinación Política por tomar en cuenta a los mexicanos en el exterior.
Y sí quiero decirles aquí, en este curul, en el 139, hay un diputado migrante que defenderá los derechos de los mexicanos en el exterior y que nosotros los migrantes estamos cansados de esos discursos mediáticos, que queremos acciones como las que va a tomar la Junta de Coordinación Política, que queremos ya el voto electrónico y la credencialización de los mexicanos en el exterior. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia le ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación): Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, nos hubiera gustado que nos cediera la palabra antes de someter a votación, pero de cualquier manera para dejar testimonio.
La propuesta del diputado Monreal era muy sensata, de que además de la Comisión de Gobernación y Asuntos Migratorios participará también la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte. Me parece que el pleno por estar distraído, algunos legisladores no se dieron cuenta de la propuesta y la Secretaría no la volvió a leer.
Yo pediría que se pudiera rectificar nuevamente, que el secretario diera cuenta de la propuesta concreta y que se volviera someter a votación, toda vez que va en la orientación del punto de acuerdo, pero enriqueciéndolo con otra comisión que tiene que ver con el tema.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, lamentablemente el asunto ya está votado. El diputado Monreal terminó con su intervención explicando la propuesta, que era como usted dice muy sencilla, pero la asamblea no la admitió a discusión. El acuerdo está votado, aprobado y lo vamos a comunicar.
El Presidente diputado José González Morfín: Pasando al siguiente punto del orden del día. Tenemos la discusión del dictamen con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz, la diputada Claudia Delgadillo González.
La diputada Claudia Delgadillo González: Buenos días, presidente; señoras y señores legisladores. A nombre de la Comisión de Justicia, me permito posicionar el dictamen que hoy se pone a su consideración, el cual propone se abrogue la Ley de Amnistía de 1978.
Jurídicamente, la amnistía entraña la extinción de la acción penal y las acciones impuestas respecto de los delitos que comprende; es decir, supone el perdón del delito en donde los individuos que habían sido culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por la desaparición de la figura delictiva.
Históricamente, esta ley tuvo origen para compartir las responsabilidades del quehacer nacional a quienes, formando parte de grupos de disidencia radical y con evidentes móviles políticos, incurrieron en conductas sancionadas por dicha ley penal.
Bajo este tenor puede apreciarse que la ley que hoy se propone abrogar cumplió cabalmente con el propósito para la cual fue creada, ya que resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social y política de la época y sirvió como base para lograr tranquilidad, concordia y paz en nuestro país.
Puesto que dicha ley establece su objetivo y aplicación a una circunstancia en particular y un momento claramente delimitado, su abrogación no causa perjuicio al origen jurídico mexicano, en virtud de que por sí misma establece los alcances de sus efectos.
En nuestro país actualmente existen dos Leyes de Amnistía. La primera es la de 1978 y la segunda es la del 22 de enero de 1994. Ambas creadas con un objetivo en particular y derivadas de hechos sociopolíticos específicos, en donde ésta última es la que quedaría vigente; beneficia a quienes participan en los levantamientos zapatistas.
En razón de lo anteriormente expuesto, exhorto a los compañeros diputados a que votemos el presente dictamen a favor, ya que es la abrogación de una ley no tiene actualmente manera de aplicación jurídica. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen y para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Yo conocí de los movimientos sociales de los sesentas y setentas, evidentemente tarde, el día del final de la telenovela de El maleficio.
Escondida en un cuchitril, perseguida a mis 10 años por un gobierno municipal panista que nos buscaba a su servidora y a mis otros cuatro hermanos al momento, por el simple hecho de la actividad política de mi padre, Rubén Aguilar Jiménez, que era considerado entonces un activista social, aparentemente peligroso porque quería cambiar el régimen.
Y fue a los 10 años que hasta entonces fui hija de Soledad Contreras y Erasmo Méndez y viví en la casa de hijos, de guerrilleros y militantes activistas de izquierda.
Mi padre activista de estos movimientos, un joven que buscaba la reivindicación de la actividad política del gobierno y la igualdad de los derechos sociales de la población.
La abrogación de la Ley de Amnistía de 1978 no es solamente un procedimiento cualquiera, es el recordar que hubieron movimientos sociales serios que le cambiaron la cara a este país.
Algunos de nosotros los conocemos como parte de la historia y los vivimos porque nuestros padres fueron parte de ellos; algunos otros en esta Cámara de Diputados fueron parte de estos movimientos sociales.
No es un simple trámite, la Ley de Amnistía de 1978 nos remite a las leyes sociales de los 60s y 70s donde obreros, estudiantes, sobre todo jóvenes estudiantes, intelectuales, campesinos y ciudadanos conscientes de la terrible situación que guardaba un gobierno autoritario, casi fascista y que no permitía las ideas diferentes, entonces criminalizaba a aquellos que se atrevían a pensar diferente.
De estos movimientos evidentemente surgieron líderes que el Estado convirtió primero en perseguidos políticos y después en pesos políticos.
¿Por qué perseguidos políticos? Porque se atrevían a decir que el sistema no funcionaba, porque se atrevían a decir que en este país había la necesidad no solamente de equiparar los derechos económicos, sino también de equipara los derechos sociales relacionados con los derechos de salud, educación, vivienda, tierra e inclusive de las mujeres que participaron en estos movimientos, entre ellos mi madre, de los derechos a la equidad de género.
Era un proyecto de carácter de nación, era un proyecto político donde muchos dejaron la vida.
Y pareciera que a esta Cámara de Diputados no le importa porque pareciera que este México es así porque así es. No, compañeros diputados, muchos dejaron la vida y muchos dejaron la familia, dejaron todo lo que eran y lo que tenían por estos movimientos, para que en esta Cámara de diputados haya 500 diputados y siete partidos políticos representados.
La lucha democrática de este país está así escrita no solamente con movimientos en la calle, sino también con sangre.
Estos luchadores fueron criminalizados no sólo por expresarse sino también por tratar de instalar un nuevo sistema político en el país.
Es por ello que se les instaló un proceso penal, entre ellos procesos federales, para meterlos a la cárcel. Unos murieron ahí. No olvidemos a Valentín Campa o a Vallejo, el viejo líder ferrocarrilero. Otros fueron asesinados y otros hoy están en los movimientos de izquierda o simplemente en movimientos civiles.
Creemos que la abrogación de la Ley de Amnistía nos da el espacio para recordar y reconocer a estos compañeros de los movimientos de izquierda que le cambiaron la cara a México, le cambiaron la motivación al gobierno y que finalmente lo obligaron, en 79, a hacer la reforma del Estado que permitiría la inclusión plural de distintas personas y grupos que quisieran expresarse políticamente a través de las instituciones.
En el 79, quien para los priistas es un gran héroe de la política, el señor Reyes Heroles, acordó abrir con los diputados del partido, como una gran paradoja, la participación de los distintos grupos sociales. Y digo que con una gran paradoja porque la reforma política que se ha aprobado en esta Cámara de Diputados va precisamente en el sentido contrario.
Cuando en los 70 y los 80 la reforma política pretendía sacar a la gente de la calle y bajarlos de la montaña, hoy la reforma política pretende mandar de nuevo a la gente a la calle y probablemente mandar a la montaña de nuevo a los movimientos sociales.
La abrogación de la Ley de Amnistía es un espacio para el reconocimiento a nuestros líderes de izquierda, a la gente que luchó porque esta Cámara fuera plural. Nuestro más grande reconocimiento para ellos.
Nosotros votaremos a favor de esta ley pero también hacemos un llamado a que ustedes piensen a lo que este proceso en la historia de México llevó y que no sea en vano la muerte de tanta gente y que no, con una reforma política de capricho, volvamos a la situación de autoritarismo que se vivía en los 60 y 70. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Mientras tanto le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Telesecundaria Nezahualcóyotl del municipio de Texcoco, estado de México, así como a delegados de La Magdalena Panoaya, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidas y bienvenidos.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, Presidente. Amnistía proviene del griego amnesia, olvido, y para el caso que nos ocupa significa que el gobierno olvide los delitos que presuntamente cometieron los presos y les dé libertad. En ningún caso es perdón.
El término amnistía tiene un significado equivalente a la cancelación de la conducta ilícita y aparentemente disocial del preso para que se reintegre plenamente y jurídicamente al seno de la sociedad. Este concepto se encuentra recogido en la legislación mexicana, en el artículo 92 del Código Penal Federal.
Cuando se habla de amnistía para presos políticos en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de diferentes formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran recluidos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamental.
La amnistía ha sido una facultad exclusiva del Congreso de la Unión prevista desde la Carta Magna de 1824, las siete leyes de 1836, las bases orgánicas de 1843, así como las constituciones de 1857 y 1917.
Por otro lado, son abundantes los casos donde fue decretado el olvido para subsanar heridas que causaron confrontación y angustia social.
En 1870, Benito Juárez promulgó una ley que buscaba restañar las heridas causadas por la guerra de intervención.
Sebastián Lerdo de Tejada hizo lo propio en 1873 para resolver el alzamiento armado que personificaba Porfirio Díaz.
En 1937, Lázaro Cárdenas cambió la estrategia política ante los restos del Movimiento Cristero.
En 1940, Manuel Ávila Camacho impulsó una amnistía para quienes expresaron su rechazo a las compulsas elecciones presidenciales de ese año.
Luis Echeverría en 1976, buscó superar la crispación derivada del conflicto estudiantil del 68 con una legislación que beneficiaría a 230 personas. Como la medida acabó por ser insuficiente, dado el activismo de los grupos guerrilleros, durante 1978 José López Portillo promulgó una ley mucho más amplia.
Si bien esta ley se aplicó en distintas etapas en el curso de los años 1978 y 1979, anulando la relevancia penal y por ende dando por extinta la responsabilidad punitiva de los responsables, si bien es cierto que la Ley de Amnistía de 1978 resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social y política de la época, y como base para lograr la tranquilidad, concordia y paz, también lo es que hoy, como parte del marco jurídico mexicano, resulta inaplicable.
Me explico: la amnistía es una forma de lograr la libertad del preso, sobre todo políticos, y que ha sido una exigencia de movimientos sociales alrededor del mundo, pero también es una realidad que en México la ley no es igual para todos, porque no todos los presos políticos están libres.
Además hay una diversidad de presos políticos acusados por delitos que no son precisamente políticos. Por ejemplo, acusados de secuestro o ataques a las vías de comunicación.
Para ellos, la Ley de Amnistía no se les puede aplicar porque esta normatividad ya ha cumplido con todos sus efectos jurídicos; es decir, esta ley ya se aplicó para los hechos, situaciones que le dieron origen, tal y como lo establece el artículo 1o del ordenamiento, el cual expresamente reconoce el otorgamiento de amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal por delitos de sedición, hasta la fecha de la entrada en vigor de esa ley.
La Amnistía surtió efectos con su publicación en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1978 por lo que surge la necesidad de abrogar la Ley de Amnistía de 1978, porque a más de 35 años de su promulgación ha cumplido con el fin de reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes.
No obstante, no podemos dejar de mencionar que si bien esta ley ha cumplido su propósito, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento que contempla las actuales persecuciones políticas que vive el país, ya que cálculos de organizaciones no gubernamentales sostienen que más de mil personas en los últimos años han sido encarceladas por motivos políticos, se habla de activistas presos en por lo menos nueve estados, muchos de ellos son indígenas y las causas de la detención son de diversa naturaleza, campesinos en lucha por la tierra, obreros en defensa del empleo, promotores de derechos humanos, líderes de movimientos comunitarios, indígenas en defensa de su autonomía quienes en su gran mayoría fueron apresados bajo grandes operativos político-militares, pero a quienes esta Ley de Amnistía no se les puede aplicar.
En Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen, agradeciendo a la Comisión de Justicia y a sus integrantes la disposición para la aprobación del mismo. Felicitamos a los diputados Ricardo Mejía Berdeja, al diputado Ricardo Monreal y al diputado Alonso Durazo, autores de esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Con la venia de la Presidencia. Dicen, y dicen bien, que para viajar bien hay que viajar ligero. La figura jurídica de la amnistía es la extinción de la responsabilidad penal de un delito, esta acción jurídica es comúnmente ejercida por el Poder Legislativo y por lo general afecta a personas que en el pasado hayan sido culpables de infringir una ley.
Esta figura se encuentra plasmada en la fracción XXII del artículo 73 de nuestra Constitución, por lo tanto es una facultad exclusiva del Poder Legislativo y constituye un acto eminentemente democrático. Y éste es el momento que vive México, un momento eminentemente democrático.
Hay dos tipos de Leyes de Amnistía: La benéfica, que extingue las sanciones impuestas por la comisión de delitos, cuya tipificación es alguna violación a un derecho fundamental. Por ejemplo, en el caso de los activistas de Greenpeace en el Ártico, que en pleno ejercicio de su libertad de expresión participaron en una manifestación pacífica contra la empresa Gazprom, el parlamento ruso retiró los cargos y liberó a los presos detenidos para subsanar la violación a sus derechos.
Por otra parte están las amnistías excepcionales, que a pesar del mal que producen al absolver a violadores de derechos humanos son necesarias para crear condiciones propicias para lograr un acuerdo de paz y, de esta manera, restablecer la cohesión nacional. Por ejemplo, en este apartado está la amnistía que el Congreso hondureño aprobó a favor del depuesto presidente Zelaya, porque pudo bajar la tensión horas antes de la asunción del nuevo gobierno.
De la misma manera la Ley de Amnistía de 1978 en México, que hoy nos ocupa, pertenece a esta categoría, se creó a iniciativa del presidente López Portillo para decretar una amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se había ejercido acción penal ante los tribunales de la federación por delitos de sedición, rebelión, conspiración y otros delitos cometidos al formar parte de grupos motivados por móviles políticos que, sí, intentaban desestabilizar la vida institucional del país en aquella década.
Se benefició a un gran número de miembros de las milicias urbanas y rurales, acusados de atentar contra el régimen. Todo esto entre 1975 y 1979. En el Partido Verde estamos de acuerdo con la abrogación de la ley de Amnistía de 1978, debido a que 30 años después de su promulgación ya ha cumplido su función al reincorporar y reinsertar a la vida pública a miembros de aquellos grupos insurgentes, muchos de ellos ahora académicos, periodistas e incluso políticos. Es necesario dar la vuelta a la página, seguir nuestro camino son la pesada carga de eventos del pasado.
Compañeros, la historia tiene sus propios ritmos y como dijo mi amiga Lilia Aguilar, unos lo vivieron en carne propia, para otros aquellos años fueron sólo parte de comentarios que se escuchaban en el entorno familiar. Dicen, y dicen bien, que para viajar bien hay que viajar ligero, y eso es lo que hacemos con la abrogación de esta Ley de los años 70 que ya cumplió su labor. México es otro. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra también para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario del PRD manifiesta su acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia que aprueba la propuesta de nuestros compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978.
Coincidimos en que ha cesado el objetivo de esta Ley, desistir sobre todas las causas que se iniciaron contra diversos militantes de movimientos sociales y opositores políticos que en las décadas de los 70 y 80 se organizaron para exigir un cambio de régimen político, fundamentalmente a partir de la respuesta represiva que se desató después de 1968 en el gobierno de Díaz Ordaz.
Sin embargo, la amnistía judicial a los opositores políticos fue tan sólo un gesto formal de un régimen que en la práctica continúo con la persecución de líderes incómodos, que restringió los derechos de reunión y expresión y que fue responsable de grandes violaciones a los derechos humanos en contra de grupos de población, como ejidatarios; sindicatos; organizaciones vecinales, partidos políticos; grupos de activistas o comunidades indígenas.
Durante la vigencia de la Ley de Amnistía que hoy se plantea abrogar tuvieron lugar cientos de vejaciones a cargo de criminales, como Miguel Názar Haro. La extinta Dirección General de Seguridad registró datos personales de miles de personas cuyos expedientes fueron la base para actos de intimidación de dirigentes políticos.
La militarización en el estado de Guerrero tuvo por consecuencia la desaparición forzada de cientos de personas a cuyos familiares esta Cámara negó un presupuesto suficiente para recibir indemnizaciones. Y qué decir de las torturas que siguieron cometiendo elementos de la Policía Judicial a obreros, a los campesinos, a los estudiantes que formaron núcleos de actividad política, siempre orillados a la clandestinidad por un gobierno que no dejó un resquicio a la participación institucional de la oposición.
A diferencia de otras naciones de América Latina, en México no se ha sancionado a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante décadas. Estamos muy lejos de haber alcanzado el derecho a la justicia y el derecho a la verdad histórica.
Hoy pesan sobre las instituciones los saldos de la llamada guerra sucia, que no se puede minimizar, por más que las voces oficialistas sostengan que no es comparable con las dictaduras sudamericanas o las guerras civiles en Centroamérica.
Por supuesto, desde esta tribuna honramos de memoria de todas estas víctimas y de más de 500 militantes perredistas que fueron asesinados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Miles de personas afectadas que no pudieron ser beneficiarias de la amnistía, de la gracia de un Estado, que con una mano ofrecía la ley y con la otra aplicaba la fuerza bruta.
Hoy en día tenemos el reto de erradicar la intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunidades zapatistas, opositores a los megaproyectos, contra manifestantes en general, contra quienes decidieron poner un alto al crimen organizado.
Porque a diversos niveles y de distintas formas las autoridades aún conciben el poder como la aplicación discrecional de la fuerza, hagan uso o no de artificios legales, invoquen o no supuestas infracciones penales.
Hace unos meses esta Cámara aprobó una figura para permitir el indulto a petición del Poder Legislativo por violaciones a los derechos humanos de una persona sentenciada, por el que fue liberado el profesor Alberto Patishtán, reconocido como un preso de conciencia por numerosas organizaciones nacionales e internacionales.
Esta decisión nos permite vislumbrar un camino de reconciliación a través de la justicia, un camino de paz en el combate a la impunidad.
No es suficiente que el Estado reconozca la inocencia de quienes injustamente ha perseguido, torturado, desaparecido o encarcelado. Es necesario investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables, incluso si forman parte de un grupo político o económico. Sólo entonces el Estado podrá reconstruir sus vínculos con la sociedad y cumplir con las obligaciones pendientes que tiene con miles de ciudadanas y ciudadanos, a quienes se ha hecho daño, en lugar de respetar y proteger.
El voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del dictamen por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978. Sin embargo, tenemos que decir que también hay que plantear la necesidad de la creación de un nuevo ordenamiento que considere la nueva realidad política de nuestro país.
No podemos decir que está resuelto el problema, sigue habiendo perseguidos políticos, siguen muriendo periodistas, sigue habiendo impunidad, sigue habiendo censura. Por eso la tarea no está terminada.
Hoy celebramos que se abrogue este dictamen, pero queda una tarea muy importante qué atender, este nuevo ordenamiento que permita de verdad garantizar la libertad de los políticos, de los periodistas, de las organizaciones sociales, de los defensores y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. La Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978, se expide en el entorno de las negociaciones de la reforma política que se dio en el gobierno del presidente José López Portillo.
El propósito de esta ley, fue que las personas que habían decidido a tomar las armas en contra del régimen no fueran perseguidos jurídicamente por los delitos que se hubieran cometido, y con ello, se incorporaran a los cauces políticos institucionales que en ese momento se aprobaron.
Es de sobra conocido, que la cerrazón política del régimen en la década de los 60 y la primera parte de los 70 propició grandes represiones en diversos sectores sociales. Los trabajadores ferrocarrileros, los movimientos de médicos, el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo, el Movimiento Estudiantil de 1968 y la Masacre de Tlatelolco, así como la represión estudiantil del 10 de junio de 1971.
Muchos mexicanos creyeron que la única forma de combatir la arbitrariedad del régimen era a través de la vía armada. La Ley de Amnistía beneficio a muchos mexicanos, cancelando órdenes de aprehensión o poniendo en libertad a quienes estaban sujetos a procesos penales o ya sentenciados, dando como resultado su incorporación a la vida pública y política del país.
Cabe apuntar, que aprobar el dictamen que se nos presenta es un acto de formalismo legislativo, porque quienes no se hayan acogido a los beneficios de la ley opere en su favor jurídicamente la prescripción de los delitos.
Sin embargo, es conveniente que nos preguntemos si las condiciones económicas del país, de pobreza, desigualdad, injusticia, que también motivaron gran parte de los movimientos guerrilleros, se han superado.
Debemos tener presentes, compañeras y compañeros legisladores, que la tendencia en materia penal hoy en día es a criminalizar la protesta social, como pretenden hacerlo con la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal; a su vez, incrementar las penas de los delitos establecidos en el Código Penal Federal, como calificar como terrorismo el delito cometido por una persona cuando en derecho comparado y derecho internacional, el terrorismo solamente lo pueden cometer organizaciones terroristas, como Al Qaeda, Los Etarras, Sendero Luminoso, etcétera.
Hoy, más que nunca, habida cuenta de las dificultades que enfrenta el país, en donde millones de mexicanos viven en pobreza y no encuentran oportunidades para satisfacer las necesidades de sus familias, donde son miles los desaparecidos, no todos por razones del crimen organizado, algunos por ser opositores al régimen, que en este Poder Legislativo obremos con extrema cautela y sensibilidad política y social y se entienda que la intolerancia y la cerrazón al diálogo a nada conduce. No reeditemos etapas políticas ya superadas.
Por las consideraciones ya manifestadas, el Partido del Trabajo votará a favor y en lo personal también. Estoy totalmente de acuerdo en que se abrogue esta Ley de Amnistía, porque es un acto de justicia para todos los luchadores políticos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en pro, el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, a más de 30 años de la promulgación de la Ley de Amnistía de 1978, hoy estamos intentando dar una explicación de por qué el movimiento de 1974 surgió, se fortaleció. Y por qué la represión oficial intentó desarticular estos movimientos rurales y urbanos que son un ejemplo de dignidad de los maestros rurales.
Hoy, a más de 30 años de distancia queremos ofrecer, como testimonio de homenaje, un reconocimiento a aquellos luchadores sociales a los que acogió la Ley de Amnistía del 78.
Hoy recordamos a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas, a muchos maestros rurales asesinados, maestros que pertenecían a la izquierda, pero también pertenecían a movimientos cristianos. Que provocaron la creación de estos instrumentos legales.
Recordamos la Liga Comunista 23 de Septiembre y el desenlace con el secuestro de un empresario importante en Monterrey. Y todo esto que fue desatando la inconformidad social que surgió por la corrupción, por la exclusión social, por la persecución de dirigentes sociales.
Como ustedes bien saben, hoy nos encontramos ante nuevos escenarios. Si bien es cierto, hoy estamos planteando y discutiendo el tema de la conclusión del propósito de este instrumento jurídico concreto, no podemos cerrar los ojos al futuro dejando nuestra preocupación por este periodo que vivimos, y que tendrá, este Congreso, pronto que tratar el tema de Ley de Amnistía por los acontecimientos que se están viviendo con motivo de la inseguridad del país.
Desde que la cortina de humo provocada por estas contrarreformas, la difusión oficial que ha costado cientos de millones de pesos para tapar la realidad, para dar paso a esta embestida mediática mentirosa, el fenómeno de la inseguridad y de las autodefensas, policías comunitarios que existen en México. Se pone al descubierto lo errático de una estrategia diseñada hace seis, siete años y continuada en el actual gobierno.
Creo que éste es el tema de fondo, cómo lograr darle una visión objetiva a lo que está pasando en el país, hay 12 estados del país que tienen grupos de autodefensa, la situación se agrava en las comunidades indígenas y agrícolas del México rural y la proliferación de problemas desgasta al tejido social por la falta de oportunidades.
Por eso ha llegado a niveles insólitos la presencia del crimen organizado como lo están planteando en el gobierno, creo que se están equivocando, es una actitud torpe la que están... Le pediría a los que chiflan que se abstengan de chiflar o, si no se abstienen de chiflar podrían ser más útiles en el campo, en el rancho, en la granja cuidando borregos. Tengan paciencia, es un tema muy complicado, es un tema muy delicado y habían tomado cordura.
El Bronx del PRI había actuado últimamente tranquilo, dos minutos, un minuto no les quita mucho tiempo, hoy es una sesión light porque los que mandan están haciendo las leyes reglamentarias y nos permiten discutir un poco más, porque aquí en este Congreso no se hace nada, en este Congreso solo se vota mecánicamente y estos provocadores del Bronx que habían mantenido una posición tranquila.
El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a los presentes respeto al orador y también al orador que pueda ir concluyendo con su intervención.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ya ven, háganle caso al presidente, tengan respeto por el orador y déjenme concluir. Háganle caso al presidente, por favor.
Al Bronx del PRI con mucho respeto le digo que habían asumido una actitud tranquila en las últimas sesiones y que ahora se han desatado las pasiones de ese Bronx que no se mantiene impasible.
Presidente, yo le pediría insertar, plasmar íntegro un documento porque este tema es de reflexión, de verdad; no es solo dar por concluida una Ley de Amnistía, sino es pensar en la Ley de Amnistía que hoy requiere el país para muchos luchadores sociales que están siendo perseguidos por el gobierno, de nueva cuenta se recrudece y ustedes no quieren escuchar. Presidente, a usted por su tolerancia y por la llamada al Bronx, muchas gracias, y al Bronx ojalá y tengan un poco de cordura.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El documento se plasmará íntegro en el Diario de los Debates. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Buenos días, diputado presidente; compañeras, compañeros legisladores. En primer lugar quisiera reconocer públicamente el esfuerzo de los compañeros diputados de Movimiento Ciudadano, de Ricardo Monreal, de Ricardo Mejía y de Alfonso Durazo, por presentar esta iniciativa para abrogar la Ley de Amnistía de 1979.
Me parece que es un esfuerzo inteligente, lógico, por ir adelgazando un marco jurídico que a veces parece voluminoso frente a leyes que han cumplido ya, y en este caso con creces, el momento histórico para el cual fueron creadas. Lo digo con creces porque esta Ley de Amnistía de 1978 se convirtió en el instrumento jurídico que tuvieron quienes de manera muy visionaria impulsaron la reforma política de 1977 que, entre otras, cosas no solamente dio origen a esta Ley de Amnistía, sino que también dio origen a la famosísima Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales mejor conocida como la LOPPE, que permitió el reconocimiento de diversas fuerzas políticas que se encontraban en la clandestinidad y que permitió también el surgimiento de la representación proporcional, la incorporación de la representación proporcional a nuestra Carta Magna y por ende a nuestro Poder Legislativo para que las minorías pudieran también hacer escuchar su voz en esta máxima tribuna.
Por eso es fundamental que hoy que vamos a aprobar el hecho de abrogar esta Ley de Amnistía no quede simplemente en un mero trámite parlamentario, sino que tengamos oportunidad para reflexionar lo que trajo como consecuencia esa etapa coyuntural de la vida del país entre 1977 y 1978 en la cual, por ejemplo, muchas compañeras y compañeros de izquierda fueron beneficiados porque les permitió salir a la luz pública y expresar abiertamente sus ideas y también reflexionar sobre la necesidad de que el país nunca más vuelva a regresar a esa etapa oscura de la guerra sucia de los años 60 y 70.
Que nunca más se persiga a nadie por su manera de pensar. Que nunca más se condene a nadie a la clandestinidad por tener una ideología diferente. Que nunca más se encarcele a los opositores políticos. Que nunca más cometamos el error de penalizar la oposición política incorporando conceptos al Código Penal, como en su momento existía aquél famoso delito de disolución social.
Cuando todos estos nunca más los hayamos concretado, entonces, compañeras y compañeros legisladores, nunca más tendremos necesidad de recurrir a una nueva Ley de Amnistía. Ojalá así sea por el bien de todas y de todos los mexicanos que tenemos derecho a manifestarnos, que tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Ojalá también en este Congreso no se dé cabida a esa idea autoritaria y fascista de pretender regular la libre manifestación de las ideas y su expresión en la vía pública. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra finalmente para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía.
Aprovechando la oportunidad, saludamos al estudiante de Relaciones Internacionales José Luis Ayoub, ganador de una convocatoria de la Universidad Autónoma de Baja California, que está aquí invitado por el diputado David Pérez Tejada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Bienvenido a la Sesión, José Luis.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Esta iniciativa de abrogación de la Ley de Amnistía que presentamos los diputados Ricardo Monreal, Alfonso Durazo y el de la voz, tiene como finalidad, además de actualizar nuestro orden jurídico nacional, llamar la atención sobre una etapa histórica del país, una etapa histórica cruenta de guerra sucia, de persecuciones y asesinatos y de hostigamiento a diferentes movimientos sociales, a diferentes líderes que ante la cerrazón de un régimen político que mostraba claras señales de obsolescencia, demandaron por la vía armada, por la guerrilla, por la lucha social, tratar de abrir el ostión de un régimen cerrado, un régimen que había demostrado además en 1968, que no le temblaba la mano para masacrar a estudiantes indefensos, para un régimen que había sembrado terror y que había privilegiado el enquistamiento de grupos autoritarios en el poder.
Por eso en ese contexto de movilización de diferentes sectores magisteriales, ferrocarrileros, médicos, campesinos y estudiantes, se fue larvando en el país la necesidad de un cambio político profundo.
Y el gobierno respondió con actos de tortura, desapariciones forzadas que llevaron a diferentes grupos, sobre todo en Guerrero, a acudir a la montaña para organizar fuerzas insurgentes.
Esto provocó una etapa conocida como la guerra sucia en el país, fue en los periodos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez.
Vino la década de los 70s en su etapa final con el nuevo gobierno, que tuvo un secretario de Gobernación sensible, un secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, el padre, el nacionalista, no el actual vendedor de Pemex, que tuvo la visión de impulsar una reforma política que abrió las vías institucionales para la participación política.
Esta reforma político electoral inauguró u ciclo de reformas que culminaron finalmente en la alternancia política en el 2000, una alternancia fallida, ciertamente, pero que finalmente fue un ciclo político en nuestra república.
Llamamos la atención hoy de esta ley y pedimos su abrogación porque es un ciclo concluido, pero no porque dejen de estar presentes circunstancias complejas en el país.
Las reformas electorales se trastocaron finalmente en reformas regresivas, la del 2007 y la del 2013, y hoy el país enfrenta nuevos desafíos en materia de derechos humanos y de apertura política.
Sigue la tortura, sigue la persecución política, siguen las desapariciones forzadas, sigue la criminalización de la protesta, siguen los asesinatos de dirigentes sociales como Rocío Mesino, en la Costa Grande de Guerrero, de periodistas en varias partes del país, por lo cual se demanda una transición política real, no la fallida del 2000 para frenar la involución y la restauración que hoy está en marcha.
Necesitamos tener esta reflexión porque hoy el país vive un momento complejo. Hoy ya hay movilizaciones frente a las reformas autoritarias, hoy hay movilizaciones frente a las reformas que están agraviando a sectores, hoy han surgido las autodefensas como una vía ciudadana frente a la descomposición social.
Por eso urge también una reforma constitucional para darle fundamento y base jurídica en nuestra ley fundamental a las policías comunitarias. Por eso elevamos la voz en esta tribuna para demandar un proceso real de apertura política. No es criminalizando las protestas, no es persiguiendo a los opositores y no es con ley de marchas como se va a frenar el enojo social que hoy vive el país. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para votar el dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Se encuentran en el salón de sesiones unos invitados especiales del diputado Agustín Barrios Gómez, de Casa Tíbet. Tereluz Flores Tejada, Marco Antonio Karam Lamadrid y Tsewang Phuntso. Bienvenidos a la sesión. Nos da gusto que nos acompañen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor Presidente, se emitieron 419 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos el proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Antes de pasar al siguiente dictamen, sonido en la curul del diputado Eloy Martínez. Dígame, diputado, con qué objeto.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde la curul): Señor presidente, muy buenas tardes. Con motivo de reconocer el trabajo el día de hoy que se celebra a nivel internacional por parte de la Unesco, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Día Mundial de la Radio.
Reconocer a todos los trabajadores de esta industria tan importante, pionera en la comunicación en México, que sigue jugando un papel fundamental en la comunicación de nuestro país.
En este día la Unesco le está dando un enfoque de género a esta celebración que ya tiene varios años de desarrollarse en todo el mundo, en búsqueda de la estabilidad laboral de las mujeres en la radio, la eliminación de todo tipo de estereotipos, así como concientizar a los dueños, directivos y periodistas de este medio sobre la necesidad de apostar por programas de género.
Cabe mencionar que en nuestro país debemos impulsar este tipo de políticas, aunado a que en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que pronto vamos a abordar estaremos tratando temas fundamentales como el hecho de generar una desconcentración de medios, ya que hay que recordar que en esta industria el 76 por ciento del sector de la radiodifusión está en manos de 14 familias y sólo cuatro empresas controlan en México el 50 por ciento de las estaciones de radio de un total de 11 mil 528. Así que creo que es pertinente ir tomando en cuenta todos estos datos y reiterar nuestra felicitación a todos los trabajadores que hacen posible la comunicación por radio, hoy el Día Mundial de la Radio.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal. Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen por la comisión el diputado Javier Filiberto Guevara González.
El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero en primer lugar agradecer a la Comisión de Justicia, a sus integrantes, secretarios y en especial al presidente de esta comisión, al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, por el interés mostrado para realizar un análisis exhausto a la iniciativa que presenté el pasado 22 de octubre del año 2013, misma que se dictaminó en sentido positivo.
La iniciativa trata del tema del robo de cobre, que en los últimos años ha cobrado relevancia por el costo económico que representa la pérdida de este material para los servicios públicos que brinda el Estado.
Por ello es necesario implementar medidas estrictas para prevenir y disminuir este delito. Este material se comercializa en los depósitos que se dedican a su compra-venta, pagando alto precio sin conocer su origen.
China es responsable de casi el 40 por ciento de la demanda global del cobre estimada en 19 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos representa el 10 por ciento del consumo global.
Actualmente Chile mantiene su posición como mayor productor de cobre en el mundo, siguiendo la fuente de participación de Perú y México en la región. A pesar de ser una buena señal para nuestro país como productor de cobre, también tiene repercusiones por los altos índices de robo en los conductores eléctricos que prestan el servicio de alumbrado público de comunidades y en otros servicios.
A partir del cierre de labores de la Mina de Cananea, la mayor productora nacional de cobre, su precio incrementó objetando directamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Red de Comunicaciones, sumando a lo anterior el delito de robo de cobre que representa un gasto más para las compañías y un incremento en las tarifas a los servicios que prestan.
El robo de líneas de conducción eléctrica representan pérdidas millonarias para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, quienes se ven obligados a reparar continuamente los daños ocasionados por los delincuentes, con el fin de seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades y a los ciudadanos.
Es importante señalar que los delincuentes dedicados a esta actividad no sólo roban cobre, sino también otros materiales como el fierro, aluminio, acero, níquel y otros que –por su valor comercial– también son robados de la vía pública con el fin de ser comercializados y en perjuicio de particulares y del Estado mexicano.
Los principales factores que contribuyen al incremento el hurto de metales se encuentran los siguientes:
La fácil comercialización y alta demanda en su compra sin tener conocimiento de su procedencia. Es un negocio creciente por las altas ganancias que les dejan a los delincuentes y a los compradores, estos sabiendo que están comprando algo que es robado.
La presente iniciativa tiene como propósito adecuar a la normatividad federal que prevé los casos en que el delito de robo se considera grave, para que el mismo tenga una mayor sanción cuando el objeto del delito sea cobre, haciendo la modificación correspondiente al párrafo tercero del artículo 381 del Código Penal Federal para que deje de ser un robo simple.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, les pido su consideración a la presente propuesta, en la que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el cobre es un metal no precioso con buena conductividad eléctrica, ductilidad y resistencia mecánica. Estas características lo han convertido en el material más empleado, hasta ahora, para fabricar cables eléctricos que se utilizan en empresas, industrias y hogares.
Tan sólo en el país, hasta noviembre del año pasado, se produjeron más de 391 mil toneladas de este material, básicamente en el estado de Sonora con una participación del 73.3 por ciento del mercado.
Aunque la producción de este mineral disminuyó un 29 por ciento el año pasado coexiste un problema de amplia y más inmediata repercusión en la ciudadanía de tan grandes dimensiones que va en aumento cada día, el cual es tema de esta reforma al Código Penal Federal.
Desde hace más de cinco años se ha fortalecido un mercado clandestino de venta de metales a nivel mundial, donde vendedores y compradores causan cuantiosos daños a establecimientos, oficinas, casas habitación y gobierno. Entre estos metales se encuentra el cobre, que en el 2010 encabezó la lista de metales no ferrosos que más se revalorizaron en el mundo.
Lo anterior provocó que se multiplicaran los casos de robo clandestino de cableado o tubería de cobre, con amplios dividendos para los delincuentes y las personas que lo comercializan. Lo más lamentable son las facilidades con las que se comercializa el producto sustraído, lo que motiva y fomenta la reproducción del mercado negro donde es bien pagado, sin reparar en la forma en que se haya obtenido.
En toda la república mexicana se puede observar este fenómeno delictivo, registrando pérdidas millonarias por el robo de cobre en instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, de gas, de equipamiento urbano, agrícolas e industriales sin distingo de que sean éstas públicas o privadas.
El más afectado de todos podríamos pensar que es la Comisión Federal de Electricidad, pero esta empresa es prestadora del servicio eléctrico por lo que los verdaderos afectados somos los ciudadanos, las empresas, la industria o el campo que deja de recibir el suministro energético necesario para nuestras cotidianas actividades.
Muestra de ello resultan los más de cinco mil apagones a consecuencia del robo ocasionado entre los años 2010 y 2011, de mil 200 kilómetro de cable de cobre, mismos que produjeron pérdidas económicas por más de 73 millones de pesos a esa institución. Nada comparado con los presumibles 387 mil pesos recibidos por los delincuentes.
En esas pérdidas no se encuentran cuantificados los daños ocasionados a los usuarios finales de electricidad, en los que también debemos incluir a los cientos de planteles educativos en donde cada periodo vacacional los delincuentes aprovechan para llevarse todo el cableado, incrementando con ello el daño social que causa esta acción delictiva.
Atendiendo esta problemática, Congresos locales como el de Coahuila y Colima, han tipificado en sus Códigos Penales este delito por robo calificado, aumentando penas y estableciendo agravantes que impiden al inculpado la libertad bajo fianza.
Compañeras y compañeros legisladores, nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de la presente reforma, pues esta medida beneficia directamente a la ciudadanía y con ella se pretende disuadir el robo, comercialización, enajenación, traslado y cualquier otra actividad delictiva relacionada con el robo de cable de cobre y que por consiguiente no se interrumpa la prestación de servicios públicos y básicos para la población, como son el alumbrado público, los servicios educativos o la misma prevención de la delincuencia, porque creemos que es un imperativo generar y apoyar medidas legislativas eficaces, preventivas y que fortalezcan la seguridad pública, y que con ello se eviten este tipo de delitos que afectan a la sociedad en general y causan graves daños a la economía familiar. Es cuanto, presidente. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Hace precisamente una semana hablábamos de que no es la obligación del Estado el castigar a sus ciudadanos, primero, que es la base del derecho penal. Pero que además está comprobado que el aumento de las penas no disminuye la incidencia de los mismos.
Esta discusión la dimos en la Comisión de Justicia y lo dijimos insistentemente, el sentido afirmativo de este dictamen no disminuirá el robo de cobre. Está comprobado que los criminales, cuando están cometiendo un acto criminal no están pensando en las penas. Es más, no están pensando en que siquiera los van a atrapar, dado el sistema de seguridad de este país.
Entendemos que hay, no solamente en Tabasco, en Chihuahua, en Zacatecas una alta incidencia de robo de cobre y de instalaciones, como las telefónicas e inclusive instalaciones de servicios básicos.
El aumentar las penas no va arreglar este problema, necesitamos una solución integral. Castigar a quien compra probablemente podría ser más efectivo. Pero venir aquí en nombre de la Comisión de Justicia a decir que como hay una situación social que es el robo de cobre, el aluminio, el latón o el bronce, entonces se ha creado un mercado y que a través de la inclusión de una fracción al artículo 381 para tipificar –fíjense bien, compañeros diputados lo que estamos haciendo– tipificar el robo de cobre.
Es decir, no solamente le estamos dando una penalidad, sino que además estamos diciendo en el artículo 381 fracción XVIII: cuando el objeto del robo sea cobre y a consecuencia de ello se produjera la interrupción de servicios públicos y básicos.
El robo, para aquellos que saben de derecho penal –que no lo sé, pero habrá aquí expertos en el tema– el robo es robo. Las agravantes serán otras. Pero cuando se decide tipificar una acción criminal en concreto, es porque hay de verdad un fenómeno social.
Les voy a poner un ejemplo, que ha sido una lucha de mucho tiempo de las feministas de este país: el feminicidio. El feminicidio no se ha tipificado en todos los estados de esta República, porque no se considera un fenómeno social grave, cuando es de verdad el último acto de violencia que se puede cometer contra una mujer. Y hay todavía expertos en materia penal que dicen que el feminicidio es homicidio contra una mujer y nada más.
Si en un tema tan sensible, que estructura a la nación y la relación que hay entre los hombres y las mujeres en este país no podemos ir adelante, ¿por qué pretender engañar a la ciudadanía y decir que el tipificar el robo de cobre va a acabar con esta actividad?
Con todo respeto, nosotros en el Partido del Trabajo creemos que no es así. Creemos que tenemos qué proponer cuestiones integrales, respuestas reales y que el tipificar el robo de cobre y además aumentar sus penas, solamente porque quien lo haya propuesto tiene buenas intenciones, y si tenemos un fenómeno de robo de cobre incrementado en el país, que así lo vamos a solucionar, compañeros diputados, no es así.
Implementemos políticas públicas criminales contra estas actividades, castiguemos a quienes roban el cable de cobre y hagamos políticas públicas criminales serias en este tema, pero no engañemos a la ciudadanía aumentándolas penas.
Comprobado está que el delincuente no está pensando cuántos años de cárcel le van a dar en este tema ni mucho menos si quiera si va a caer a la cárcel. Entonces, nosotros nos pronunciamos en contra de este dictamen porque creemos que tenemos que ser congruentes, y como se ha dicho en esta tribuna, no draconianos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El propósito para este dictamen está claro, aumentar la penalidad al fenómeno de robo de material de cobre, utilizado para la transmisión de energía eléctrica, que durante los últimos años se ha convertido en una práctica ilícita recurrente y de crecimiento exponencial.
Este particular fenómeno delictivo no sólo está produciendo un daño patrimonial a los servicios públicos prestados por el Estado, sino también a los ofrecidos por particulares, vulnerando de esta forma las actividades diarias de los usuarios, con las constantes interrupciones de los servicios, debido a que actualmente se utiliza como transmisión de comunicaciones y como conductor de electricidad y calor.
Industriales, comerciantes y empresas enfrentan fuertes quebrantes económicos, en los que la reposición de cable implica pérdidas de tiempo, de construcción, de energía y de dinero.
Desafortunadamente, el crecimiento sostenido de la demanda ha tenido también un efecto negativo, el cual radica en el robo de dicho metal, delito que se comete de manera frecuente en la mayoría de municipios y estados del país, por lo que resulta cierto el argumento que la norma debe de establecer nítidamente y de manera inobjetable en la ley.
Vale la pena mencionar, que las cantidades que representan los robos realizados no son cosa menor, como ejemplo tenemos en el que se hurtaron 20 toneladas de cable con un valor de 20 millones de pesos.
Es por ello que consideramos que la inclusión de medidas que permita terminar con esta práctica ilícita resulta no sólo deseable, sino urgente. No obstante, consideramos que lo propuesto en la iniciativa no resuelve de fondo el problema, por el contrario, ofrece una solución acotada.
El documento plantea, a través de una modificación al artículo 381 del Código Penal Federal, fijar una sanción de dos a siete años de prisión a aquellos casos en los que el objeto del robo sea cable de cobre y a consecuencia de ello se produjera la interrupción de servicios públicos y básicos.
Como se observa, lo previo no soluciona el hecho de que son pocas las empresas en México que cuentan con candados que permiten evitar la compra de metales que provienen del mercado negro. En otros países, por ejemplo, como Alemania, han trabajado la creación de nuevas técnicas antirrobo de cobre, basadas en materiales de alta tecnología y aceros de altas prestaciones que ejercen un sistema de anclaje al terreno, de manera que resulta prácticamente imposible el hurto.
En Movimiento Ciudadano seguiremos insistiendo en que el aumento de penas y sanciones se convierta en una salida fácil que no ataca los problemas de raíz, porque no viene acompañado de acciones paralelas y de un sistema de justicia eficaz. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el diputado Felipe Arturo Camarena García.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. El hablar del delito de robo, como es señalado actualmente en el Código Penal Federal, si en la modalidad del robo del delito de cable, del robo de cable, y que como ya se ha dicho aquí, nosotros consideramos, independientemente, que el Partido Verde Ecologista apoyará el presente dictamen, también quisiera yo hacer alguna connotaciones.
Es importante señalar que el robo, si bien es cierto es quien piensa que no va a ser una medida el aumentar las penas y que no es la solución el aumentar, como vas a disminuir el delito en particular o en general, habrá quien está de acuerdo con este posicionamiento y habremos quienes estemos en contra.
Hemos perdido, quizá desde la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, a nivel federal, como en las entidades federativas, que el delincuente siempre está con la espera de que la conducta realizada por él jamás sea aprehendido y se pueda dar el cumplimento a la ley. Pero es importante señalar en ello que mientras no haya un cambio de esa cultura y prevengamos los delitos, en particular, las conductas seguirán dándose.
Si bien es cierto, se considera que el aumento de penas no va a solucionar el mismo, también habremos quienes consideramos que no podemos perder de vista que quien comete el delito debe ser castigado severamente.
Y es ahí donde nos pronunciamos y apoyamos esta iniciativa. Pero es importante señalar que la conducta del delito de robo de cable, como se ha venido dando, y no solamente prolifera en esa entidad federativa de la que su servidor proviene, que es el estado de Guanajuato. También ha proliferado muchísimo el robo de cable.
¿Qué sucede? Que habrá gente que ni siquiera se entera. Y quien compra y adquiere, a sabiendas que es robado, entonces, hay una complicidad. Pero quien no tiene conocimiento no participa en el hecho delictivo ni como cómplice ni como autor intelectual, por qué no manejar una figura, como también lo hicimos en el estado de Guanajuato, del robo por receptoría.
Y no hablo solamente en cuanto al delito de robo de cable, sino en general: la obligación de quien adquiere bienes y los compra, tiene la obligación permanente de cerciorarse de que los objetos que está adquiriendo son lícitos, de lo contrario, caería su conducta en este robo por receptoría y no directamente en una complicidad en el delito de robo.
Eso es importante poderlo diferenciar, porque de lo contrario quedarían muchas conductas impunes, porque no hay esa participación dentro de la comisión del delito. Es por ello que nosotros consideramos que es necesario ampliar la tipificación de este delito para que en general en el Código Penal Federal se pueda manejar el robo en receptoría quien adquiera a sabiendas y no se cerciore de que el objeto que está adquiriendo es de forma ilícita.
Creo que es importante ya lo que se ha señalado aquí, quienes han dicho lo que contribuye y lo que lleva, y sobre todo el daño que se da en la prestación de servicios en este tipo de delito, porque sí hay una alteración a esa prestación del servicio en materia de electricidad, en las comunicaciones a través de la telefonía, afecta lamentablemente a muchos ciudadanos.
Es por ello que mientras no entendamos que el delito en particular y se siga generando beneficios, porque por un lado nosotros hacemos las leyes y obligamos a que las penas sean mayores, pero en muchas entidades federativas –ustedes saben y en el mismo Código Penal Federal– quedan beneficios que otorga en muchos casos ya el secretario de seguridad o en otros casos el ejecutivo estatal de conceder beneficios para quienes se han comportado bien dentro de la cárcel.
Mientras sigamos pensando de esa manera seguiremos obligando que las instituciones de procuración de justicia queramos obtener que los responsables de la comisión de los delitos vayan a la cárcel y por otro lado la incongruencia de los ejecutivos estatales o en su caso hasta el federal concediendo beneficios y alternativas para que salgan más pronto de la cárcel.
Lo dejo en la mesa, ojalá esta iniciativa pudiera ampliarse de mayor forma por parte de la Comisión de Justicia a través de otra iniciativa que nosotros presentaremos para que también sea contemplada la conducta de receptoría en el delito de robo y en el caso sobre todo de todos los delitos de robo, no en particular nada más el de cable.
Así que muchísimas gracias por su atención y espero que el voto de la mayoría sea para beneficio y que sepan los delincuentes que aunque estén esperando que no entren a la cárcel o no se cumplan las sentencias sepan que es un castigo por la conducta desplegada como y en contra de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Catalino Duarte Ortuño.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con su anuencia, señor presidente. Antes de fijar postura quiero aprovechar este espacio de esta tribuna para insistir al gobierno federal, al presidente de la República, que tal y como lo anunció en Guerrero libere el recurso que anunció para la reconstrucción de esa entidad.
En este momento tengo en mi poder –si algún diputado o diputada de cualquier fracción parlamentaria quiere verlos, con mucho gusto–, las que les puedo comprobar, que las empresas que están mandando del estado de México, están cobrando cinco millones de pesos para mejoramiento de tramos carreteros, para la construcción de puentes.
Fue un esfuerzo de esta Cámara asignar recursos para esa entidad y para otras y no se vale que estas empresas con el consentimiento de algún funcionario federal estén cobrando esa cantidad. Jorrín, de Acapulco, tiene algunos datos y yo espero que también el diputado del PRI por Guerrero, de Acapulco, pudiera tomar cartas en el asunto y manifieste interés porque a Guerrero le vaya bien.
En el tema que nos ocupa, lo que tiene que ver con la tipificación del robo de cable de cobre, se está proponiendo en esta iniciativa sea considerado grave, adicionar una fracción que sería la XVIII al numeral 381 del Código Penal Federal, nos parece acertado. En la actualidad esta disposición, es decir el Código Penal Federal no considera este tipo de conducta como delito grave.
Después de hacer un análisis en la comisión y en este momento que se baja a pleno, se ha estado considerando que es necesaria la modificación de esta ley y que además sea considerado robo grave.
Yo estoy de acuerdo con la postura que ha fijado el Partido del Trabajo y otras fracciones en el sentido de que el tema de las conductas delictivas en este país no se van a resolver aumentando las penas, como se trae esa visión. Eso no es posible. Se requiere cambiar la visión que se tiene del gobierno federal en el tema de procuración y administración de justicia y atender, por supuesto con políticas públicas, la recomposición del tejido social a nivel nacional.
La postura de mi partido es apoyar esta iniciativa presentada por el diputado Filiberto Guevara, del estado de Puebla, al cual le reconozco.
Pero le pido al Presidente de la Mesa Directiva pueda hacer una consideración, pueda hacerse una adición, una modificación a esta iniciativa de ley, porque no sólo es suficiente castigar al que roba el elemento o lo que aquí se señala, el cobre; va más allá. Debe castigarse a quien lo compra, a quien lo comercializa.
Si no tenemos quien lo compre, quien lo comercialice, a ninguna persona le va a interesar comprar el cobre que ilícitamente se obtiene.
Por ello valdría la pena que pudiera adicionarse esta parte y que estoy seguro las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos están de acuerdo. Esa sería nuestra postura.
Y aprovechar también muy rápido para decirle al pueblo de México que próximamente se van a discutir las leyes secundarias de telecomunicaciones...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, su tiempo se ha agotado y es otro tema el que está tocando.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: ...de competencia económica, de los nombramientos de los consejeros electorales en este país, de las leyes secundarias de transparencia, por supuesto de las leyes secundarias en materia energética.
Hago un llamado, primero pongo el conocimiento al pueblo de México; dos, hago un llamado a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para que la discusión de estas disposiciones legales se abran a todos los diputados y diputadas.
Hasta donde tengo conocimiento se están reuniendo en lo oscurito y la próxima semana pretenden presentarlas al pleno...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le ruego que concluya con su intervención porque ese no es tema a discusión en este momento.
El diputado Catalino Duarte Ortuño:...y aprobarlas sin ninguna discusión. Estoy de acuerdo que no es el tema para el pleno y a la mejor ni para usted, pero para el pueblo de México es importante la discusión...
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que concluya, diputado; el tiempo que le corresponde se ha agotado.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Está bien, estoy de acuerdo, compañero de Acción Nacional, estoy de acuerdo, compañeros del PRI, pero no me parece que sea incorrecto pedir que se abra la discusión y que lo podamos conocer todos los diputados. Creo que en eso estamos de acuerdo. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor Presidente. Rápidamente un llamado al Fonden para Guerrero. Es urgente el recurso. Insistimos, no hemos tenido comunicación todavía, a pesar de que se le solicitó a la Junta de Coordinación Política que se hiciera el exhorto para que llegara este recurso a Guerrero, no hemos tenido comunicación.
Con el tema que nos corresponde en este momento, es un voto a favor personal, pero también quiero proponer que esta iniciativa, que es muy valiosa, se pueda discutir con más amplitud y se regrese a la Comisión de Justicia para que se vuelva a analizar.
Hay muchos temas que están en el aire, lo que implica no solamente afectar a las instituciones públicas, sino también afecta a las instituciones privadas. Afecta también a los gobiernos.
Veamos el caso de los municipios. En los municipios se están robando las coladeras, se están robando los transformadores y el cable en los domicilios, las tuberías de cobre en los domicilios. Entonces solamente se impone una pena de siete años, si es que afecta a la institución pública, pero son también afectados los usuarios, todos los que tienen cobre ya sea en su casa o en su empresa.
Aparte de esto, el robo no va a terminar solamente poniéndole la sanción a quien está haciendo el robo, sino también a quien lo compra, y eso no está incluido aquí. Habría que hacer una revisión con mayor profundidad para poder analizar hasta qué grado se pueden reformar los artículos y que no dejemos fuera poder incluir el beneficio a todos aquellos ciudadanos que son afectados por el robo.
Tenemos que analizar con mayor profundidad cómo viene la cadena del que roba, del que compra y del que roba bajo pedido. Cuando discutíamos en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estábamos analizando que muchas veces el que compra no sabe. Pero nos preguntamos: cuando se roban una escultura o un busto que es de bronce o de cobre ¿no se dará cuenta el que lo está comprando que es algo totalmente ilegal? Entonces tenemos que buscar cuáles son los esquemas para poder sancionar tanto al que compra como al que está efectuando el robo.
Por eso mi petición es que no se someta a votación en esta ocasión esta iniciativa y se regrese a la Comisión de Justicia para que sea analizada nuevamente. Esa es mi petición, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, también para hablar a favor del dictamen.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero Presidente. Este tema ha generado debate, discusión al seno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en temas que no implican reformas que dañen al país, como es el tema educativo, el tema laboral, el tema energético, el tema financiero, hacendario, en temas que van ligados a la cotidianidad y a los problemas comunes de la gente, hay apertura para fijar nuestras posiciones.
Este tema ha planteado un debate. Si es con el incremento de penas como se van a resolver los delitos o si implica otras circunstancias.
Soy un convencido que el contexto social y económico es parte de la conflictualidad que deriva en conductas típicas, conductas antisociales, y que implican delitos. Sin embargo no podemos soslayar que hay hechos que van surgiendo de la realidad social y que constituyen nuevos delitos o nuevas derivaciones de los delitos comunes.
Es el caso que nos ocupa con la iniciativa del diputado Filiberto Guevara, que en este debate yo le doy la razón, porque considero que sí hay un robo descarado de cable de cobre que está afectando los suministros de electricidad, que se está convirtiendo en un problema público.
Y por esa razón voy a votar a favor, pero no eludo comentar que hay que sancionar también –como aquí lo decía el diputado Duarte– a quienes compran, porque para que haya delito tiene que haber demanda, y tiene que haber una colusión o delincuencia organizada atrás de esta industria del saqueo del cobre.
Y esto tiene que combatirse también para el que compra, y tiene que revisarse si detrás de este escandaloso crecimiento del robo del cable de cobre, no hay también complicidades dentro del sector eléctrico.
No hay también funcionarios que son parte de esta red criminal para lucrar con un servicio público, con un suministro de materiales que le implica un bien social a la gente, pero que estos pillos lo utilizan para su beneficio.
Nosotros por eso vamos a acompañar. Hay quien dice que no es con el aumento de penas, yo le doy la razón en parte, pero aquí lo que se está haciendo es clasificar y subir la penalidad al establecer este tipo, esta derivación del robo para el cableado de cobre.
Por esa razón estamos a favor, y también vamos a proponer –como ya lo hemos hecho- algunas otras tipificaciones que faltan en nuestra legislación penal como es el delito de tortura, como es extender el feminicidio que hay todavía varios estados que no lo han legislado, o estados como Baja California Sur, que está vetado el tema de feminicidio por parte del Ejecutivo.
Es decir, vamos a actualizar nuestra legislación penal, pero entrémosle con todo, para que tengamos un Código Penal que responda a la nueva realidad social del país, y por el otro lado una legislación procedimental que respete los derechos humanos. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde el turno al diputado Ricardo Monreal Ávila, también para hablar a favor.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Córdova Bernal. Dígame, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Después, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En términos del Reglamento tendré que preguntar si está suficientemente discutido, pero con mucho gusto lo hago.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Miren, es un tema del que no deberíamos distraernos. Nadie. Siempre que sucede este tipo de discusiones, de dictámenes he mantenido invariablemente una posición política, jurídica, filosófica.
Creo que no se va resolver la situación del país, los problemas del país, aumentando las penas. Se ha demostrado en todo el mundo, en las legislaciones de todo el mundo, que aumentando las penas no disminuyen los delitos.
Y por eso siempre recuerdo en estos pasajes a Dracón. Dracón era un legislador ateniense que promulgó un Código Penal severísimo: aplicaba la pena de muerte a disposiciones, violaciones leves. Y Dracón, aunque no fue el único –y hay Códigos Penales más antiguos que el que él generó hacia el siglo VI después de Cristo.
Después el pueblo mismo, Atenas, se convulsionó por la severidad de las leyes. Y Solón más tardes, siglo VII, derogó todas las disposiciones draconianas. Por eso el término usual en legislaciones cuando aumentan las penas, ya sean severas las penas, es un lenguaje común decir el draconiano. Es decir, aumenta penas pero no resuelve el problema.
Y, miren ustedes, sí es delicado desde mi punto de vista el problema del robo del cable de cobre, pero estamos llevándolo al extremo. Sí es grave, me lo han dicho presidentes municipales, funcionarios públicos, empresas privadas, cómo se ha multiplicado el robo de clave de cobre.
Pero esta reforma no sólo agrava la pena, sino que se establece un nuevo tipo penal. Un nuevo tipo penal que señala –A parte de las penas que merecen los delincuentes o presunto responsable por el robo genérico también agrava la pena estableciendo una nueva fracción, el artículo 381, la fracción XVIII, cuando dice que el objeto de robo sea cable de cobre y a consecuencia de ello produjeran interrupción de servicios públicos y básicos.
Tengo mis dudas, por eso decía Ricardo Mejía en efecto que éste es uno de los temas que dentro de la bancada de Movimiento Ciudadano hemos dado libertad para que algunos voten. Como siempre se hace ahí, una discusión abierta y al final no nos ponemos de acuerdo por mayoría y cada uno asume su responsabilidad personal frente a la nación. Creo que no es la solución.
Y siguiendo mi tradición política, mi posición política y mi congruencia, no estoy a favor, aunque hay compañeros de mi propia bancada que dicen que es tan grave el problema que es necesario legislar en esta materia, agravando el delito de robo de clave de cobre.
Más tarde tendremos quizás el robo de cerveza, robo de material de minas. O sea, no es lo deseable técnicamente, técnica jurídica es incorrecto, sin embargo la mayoría creo que ya decidió, nosotros respetamos la decisión y simplemente no puedo sustraerme al debate porque es un tema, independientemente de que muchos lo consideran leve, no es así, es un tema grave para el país. Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tengo anotada a la diputada Córdova Bernal, pero en términos del Reglamento estoy obligado a preguntar, a pedir a la Secretaría que consulte en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Permítame un momento, desde su curul, diputada. Adelante.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Quiero comentarles que éste es un tema profundo porque es más que nada un problema de generación de empleo. Si bien no justificamos el robo, tampoco estamos de acuerdo en que se criminalice a los que son dueños de todo este tipo de negocios.
Está el que roba, está el que compra y en los estados no hay una autoridad regulatoria precisamente en este tema, entonces tendríamos que hacer una revisión puntual a las autoridades, porque en muchas ocasiones hay una complicidad por parte de las autoridades hacia quien roba y hacia quien compra precisamente todo este tipo de materiales.
Entonces tendríamos que de verdad analizar profundamente este tema, porque no es el único tema de robo en el país. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Suficientemente discutido. En consecuencia le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para saludar al diputado Javier Mendoza, diputado local de Chihuahua; al presidente municipal de Villa Ahumada, Chihuahua, Rogelio Acosta; al síndico del mismo ayuntamiento, Carlos Acosta, que están aquí hoy invitados por la diputada Crystal Tovar Aragón. Bienvenidos a la sesión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 387 votos a favor, 15 votos en contra y 8 abstenciones.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (desde la curul): Presidente. Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Inmediatamente después preguntaré a la diputada Guadalupe Moctezuma. Dígame, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, presidente. En primer lugar, para dejar constancia. Vengo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Se presentó ahí una iniciativa muy novedosa, muy creativa, con un término que ha funcionado mucho en Europa para prevenir adicciones, que es la de reducción de riesgos y daños.
Es una iniciativa que trata sobre distintas sustancias problemáticas, como el alcohol, el tabaco, los inhalables y, por supuesto, también la cannabis.
En este sentido, se avanza en un tema que está muy restringido por la ley federal, como todos sabemos, por lo centralista que es la Ley General de Salud.
Junto con esta iniciativa novedosa de reducción de riesgo y daño, que va a buscar que los usuarios y los consumidores no corran más riesgos y no se mezclen con sustancias más duras –que me parece un avance– se presentaron también iniciativas a nivel federal.
El senador Mario Delgado y un servidor las vamos a presentar aquí en el Congreso. Son complementarias a dos iniciativas que ya presenté, una en 2012 y otra en 2013. Lo que quería dejar establecido aquí es que hace muy poco el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió y dijo que estaba abierto al debate sobre la regulación de la mariguana. Este es el momento. Le quiero tomar la palabra y es momento en que la Secretaría de Salud no ha dicho ni pío; entonces, un exhorto también para que puedan dar su opinión.
Un punto clave de lo que vamos a discutir en el Congreso, que vamos a discutir por supuesto en el foro de política de drogas, que acordó la Junta de Coordinación Política y lo haremos durante este periodo ordinario y que estableceremos ya próximamente el temario, etcétera.
El punto clave es que se reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la mariguana. Es un artículo de la Ley General de Salud, el 245, de pasar del grupo uno al grupo tres al tetrahidrocannabidol. Con ese punto los mexicanos tendrían los mismos beneficios que los neoyorkinos, que los californianos, que los canadienses, que ya gozan de estas propiedades.
Negar los beneficios o las propiedades de la mariguana medicinal es como en el siglo XVI, la Inquisición le decía a Galileo que la tierra no se movía. Espero que la Secretaría de Salud no tenga una posición oscurantista y podamos avanzar en este tema sin prejuicios y poniendo los pies en la ciencia. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
Sonido en la curul de la diputada Guadalupe Moctezuma. Dígame, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (desde la curul): Señor presidente, el día de hoy, a las 9:30 de la mañana, fue baleado en su casa el suplente del presidente municipal del municipio de Pueblo Viejo, José Luis Cervantes Cruz, quien acaba de morir en el Hospital de la Beneficencia Española de Ciudad Madero.
Era hermano de Fernando Cervantes Cruz, ex presidente municipal, quien a finales de noviembre del año pasado, aún siendo presidente fue secuestrado. Existe una averiguación, no se han girado aún las órdenes de aprehensión y ya está este asesinato de su hermano el día de hoy.
Exijo al señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, suspenda las funciones del secretario de Seguridad Pública, así como del procurador, en tanto no se esclarezcan los asesinatos cometidos de José Luis Cervantes Cruz, así como del compañero periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, y las desapariciones de menores de edad en toda la entidad. Solicito se nombre un comisionado.
Y no acabo ahí, el día de ayer también fue emboscado en la carretera Las Vigas-Tatatila, el ex síndico, quien murió, Fernando Huerta, y hay muchos heridos. Lo que queremos es que acabe la violencia en nuestro estado. Solicito un minuto de silencio para los compañeros fallecidos. Gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Le rogaría nos hiciera llegar una tarjetita con la información de las personas respecto de las cuales pide el minuto de silencio, para que en un momento más lo pudiéramos tramitar. Esperamos que nos haga llegar la tarjeta.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Tiene la palabra por cinco minutos para hablar a nombre de la comisión, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Pesca pone a consideración de esta honorable asamblea, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El objeto de esta iniciativa tiene como propósito cambiar en la ley el vocablo procurar, por garantizar. Expone que con la finalidad de normar nuestra legislación acorde y en cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito y ratificado por México en el año 2001, se reformó el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que ha derecho de pueblos y comunidades indígenas dispone, en relación con los derechos de uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan.
Con la reforma y actualización del marco jurídico vigente, prevalece el aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas de los lugares donde habitan.
El asunto indigenista es un tema de gran importancia, pues es vinculante con el sector ambiental, materia de la presente iniciativa. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en el artículo 79, fracción X, lo siguiente: Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre se consideran los siguientes criterios. El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como de los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en que habiten.
Tomando como base los elementos de información disponibles, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir con el mandato del pleno de esta Cámara de Diputados, con base en los siguientes considerandos.
Esta comisión coincide con lo expuesto por la diputada proponente, respecto a que en nuestro país, la población más afectada por el control del uso de los recursos, son a menudo los pueblos indígenas, cuyas tierras en las que habitan son una zona donde se localizan importantes riquezas naturales. Y es consciente de que la explotación de estos recursos genera conflicto por la competencia y las desigualdades en las que se da ésta, afectando, principalmente, a las comunidades y pueblos indígenas.
Coincidimos, además, que en esta modificación no busca el derecho y uso preferente de los recursos naturales por parte de los pueblos y comunidades indígenas como una medida de favoritismo sino que representa también una fuerte obligación para estos pueblos y comunidades de preservar el hábitat y mantener la integridad de estas tierras.
Por eso, esta comisión considera viable que la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable, que en su artículo 2º, fracción V señala el término procurar en cuanto al derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, de los lugares que ocupan y habiten, sea modificado por el término garantizar, a fin de que estos derechos se lleven a cabo con uso y disfrute preferente y no meramente en sentido de procuración.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de este pleno el siguiente decreto con el que se reforma la fracción V del artículo 2º de la Ley General de Pesca y acuacultura sustentables para quedar como sigue:
Artículo 2º. Son objetivos de esta ley garantizar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas en los términos de la presente ley de los lugares que ocupen y habiten.
En la Comisión de Pesca de esta Legislatura, consideramos sumamente importante la aprobación de esta iniciativa y agradecemos su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfonso Inzunza Montoya.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, el dictamen que propone reformar la fracción V del artículo 2º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables consiste en garantizar en la ley el derecho de acceso a los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas.
Esto es un avance a favor de la conformación de cuerpos legales garantes del acceso a insumos tan esenciales como son los recursos hídricos.
Aprobarlo el día de hoy implica resarcir deudas pendientes con decenas de miles de comunidades indígenas que habían sido relegadas del acceso a sus recursos naturales. Como también es reconocer el despojo que han padecido estas comunidades en su acceso a los recursos pesqueros y acuícolas por parte de empresarios, incluso autoridades por la inobservancia de la ley.
Estas prácticas perversas dieron lugar a la discriminación hacia los pueblos indígenas, impidiendo el goce de los derechos y la equidad que las leyes enarbolan.
Bajo este concepto entendemos las disposiciones a las que nos hemos comprometido desde la reforma al artículo 2o. constitucional, el cual ofrece mejores condiciones a nuestros pueblos originarios a partir de 2001, que mandata la obligación del gobierno en fortalecer la participación y representación de estas comunidades de acuerdo con sus tradiciones y normas internas.
De la misma manera la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales que firmó nuestro país en 2001 refrenda esta convicción por lo cual aprobar este dictamen que hoy discutimos armoniza las disposiciones que rigen al Estado mexicano.
Expreso que el objetivo es lograr que nuestras comunidades indígenas y todo el pueblo de México podamos contar con normas claras que eviten prácticas inadecuadas sobre todo en litigios futuros que puedan afectar a nuestros hermanos indígenas. Al sustituir el concepto procurar por garantizar el acceso de las comunidades indígenas mexicanas, al uso y disfrute de los recursos pesqueros y acuícolas obliga a las autoridades a que hagan cumplir las leyes y que en sus resoluciones reconozcan a plenitud los derechos de las comunidades indígenas.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy damos un paso importante, pero falta mucho para poder resarcir los años de marginación y exclusión de nuestras comunidades indígenas. Basta ya de tratar a las comunidades y pueblos indígenas como clientelas políticas o como referentes retóricos de los discursos políticos.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos que el desarrollo de los pueblos originarios solo será posible a través de una verdadera política de Estado que los reconozca como sujetos colectivos y al mismo tiempo como un actor estratégico para lograr una plena inclusión social en nuestro país. Es cuanto, y gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Angelino Caamal Mena. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al señor Francisco González, al doctor Edgardo Haro y al señor Juan León. Todos invitados de León, Guanajuato, por la diputada Beatriz Yamamoto. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra, el diputado José Soto Martínez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados. Las costas mexicanas tienen una longitud de alrededor de 11 mil 500 kilómetros de extensión, con cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva.
La producción pesquera del país proviene principalmente de la pesca por captura. La pesca en México tiene un valor económico, social y alimentario con fuerte impacto regional en la que su elevado potencial de producción ha contribuido en la solución de problemas alimentarios y generación de empleos buscando siempre cumplir con el principio de sustentabilidad.
El anuario estadístico de acuacultura en pesca en 2011 de la Sagarpa indica que la producción pesquera nacional total produjo un millón 660 mil 755 toneladas de peso vivo, un millón 397 mil 620 de captura y 262 mil 855 de acuacultura, con un valor total de 17 millones 785 mil 719 millones de pesos, que son 10 millones 740 mil 567 por captura y siete millones 45 mil 152 por acuacultura.
Como bien sabemos, en la actividad pesquera la acuacultura es una actividad orientada hacia la búsqueda de mejores rendimientos a través del mayor desarrollo tecnológico. El cultivo de nuevas especies y la intensificación de las existentes, desde finales de los 90 se le ha dado un fuerte impulso a esta actividad porque representa una alternativa real de política para ampliar la oferta alimentaria, la generación de divisas y la creación de fuentes permanentes de empleo estimulando el desarrollo regional.
El dictamen presentado se propone reformar el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para que se modifique la palabra procurar por garantizar. Una sola palabra que a veces nosotros, los de Movimiento Ciudadano, hemos tratado de modificar en muchísimas iniciativas de ley y no nos las han aceptado. Son dañinas para la población como esto. Procurar es si quieren; garantizar es que deben garantizar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas.
La crisis ambiental forma parte ya de las agendas internacionales debido principalmente a las diferentes formas de explotación a las que son sometidos los recursos naturales generando conflictos por la competencia y las desigualdades en las que se da ésta, afectando principalmente a las comunidades y pueblos indígenas por ser el grupo más vulnerable ante el imponente mercado, pero sobre todo porque a menudo los territorios con gran diversidad de recursos naturales coinciden con las zonas habitadas por nuestros indígenas.
Por lo anterior es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen y debido a que nosotros estamos en pro de los beneficios de la gente, consideramos que es fundamental proteger a nuestros grupos indígenas, así como garantizar la ejecución de sus derechos, promoviendo la igualdad y no discriminación.
Además afirmamos que es fundamental mantener e impulsar las actividades generadoras de empleo y activación económica en nuestro país, pues es el sustento de miles de familias mexicanas.
Aprovecho este momento para pedirle a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía y a las dependencias encargadas de la producción de hule que hoy en día se encuentran en muy malas condiciones. Me gustaría que le dieran un vistazo a la producción de hule porque está hasta el suelo el precio igual que los demás productos. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Soto Martínez. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a la presidenta municipal del municipio de Pedro Escobedo, María de los Ángeles Tiscareño Villagrán, a regidores, síndico y ex presidentes municipales también del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados, invitados todos por la diputada Delvim Bárcenas Nieves. Bienvenida, bienvenidos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su venia, diputado presidente. En virtud de que la cultura nacional posee profundas raíces indígenas, tanto la sociedad como el Estado mexicano tienen el derecho y la obligación y un gran compromiso con los pueblos originarios de México para preservar su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas y su visión del mundo.
Si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce y protege los derechos humanos fundamentales de sus habitantes sin distinción de ninguna índole, no se puede soslayar el hecho de que algunos sectores sociales han sido vulnerados y han enfrentado un largo camino para alcanzar ese reconocimiento respecto de sus derechos y libertades fundamentales.
En el caso de los pueblos indígenas de México hay mucho que hacer en cuanto al ejercicio efectivo de los derechos que consagra nuestra Carta Magna, pues la brecha existente entre aquello que se asienta en el marco jurídico y lo que sucede realmente, hay una brecha muy grande todavía por recorrer.
Los pueblos indígenas del mundo habitan en territorios que se caracterizan por una gran cantidad de recursos naturales. No obstante también hay que reconocer que ese aislamiento deriva en una gran marginación y que son discriminados por las condiciones en que viven.
Derivado del hecho de que muchos de los territorios en los cuales han vivido tradicionalmente los pueblos indígenas son considerados como fuente de oportunidades para el desarrollo económico, enfrentan diversas amenazas por empresas y por la iniciativa privada porque no son reconocido plenamente como sujetos de derecho para defender sus territorios de la voracidad de estas transnacionales y corporaciones nacionales que no comprenden el valor que la tierra tiene para la cultura indígena.
La tierra constituye para los pueblos indígenas un elemento fundamental para su supervivencia tanto física como cultural. De acuerdo a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas. Puede incluir el uso o presencia tradicional, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena y tribal, tal y como se establece en el acuerdo 169 de la OIT.
Bajo la lógica anterior, la garantía del derecho a la propiedad territorial resulta base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual y la subsistencia económica de las comunidades indígenas.
Por este motivo nuestro país ha emprendido esfuerzos destinados a proteger ese derecho. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la reforma que se incluyó en el año 2001 en nuestra Carta Magna en el artículo 2 para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de aquellos lugares que ocupan y habitan.
En concordancia con el espíritu de esta reforma, consideramos muy importante realizar cambios al artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para marcar, como uno de los objetivos de la misma, la garantía al derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros de las comunidades indígenas de los lugares que ocupen y habiten.
Como ya lo expresamos, los pueblos indígenas reclaman una inserción integral en la sociedad que les permita ejercer plenamente y de modo efectivo los derechos que reconoce nuestra Constitución para todos los mexicanos. En este sentido consideramos que el Estado debe fomentar la participación activa de las comunidades indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida.
En efecto, siendo la pesca y la acuacultura actividades productivas que generan alimento y fuentes de empleo para la población, la reforma propuesta tendrá la virtud de coadyuvar en el impulso del desarrollo comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas que viven de la pesca. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Tiene el uso de la palabra la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Diputados y diputadas: el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y la de la voz, saludan el dictamen que presenta la Comisión de Pesca a esta Cámara de Diputados.
La riqueza de los mares mexicanos es un impulsor de la generación de empleos cuyo objetivo siempre ha sido buscar cumplir con el principio de sustentabilidad.
En términos económicos, el sector pesquero forma parte de una fuente de estrategia para el desarrollo del país, contribuyendo a la oferta alimentaria para las familias mexicanas y con fuerte calidad de producción para la exportación.
Por la parte social y ambiental existe una explotación de recursos naturales, mismas que generan conflictos por la competencia y las desigualdades en las que se da, afectando principalmente a las comunidades y pueblos indígenas por ser el grupo más vulnerable ante el imponente mercado, pero sobre todo, porque a menudo los territorios con gran diversidad de recursos naturales coinciden con zonas habitadas por indígenas.
En cumplimiento y para enaltecer lo anteriormente citado, se reformó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al derecho de los pueblos y comunidades indígenas.
En relación con los derechos de uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, tal reforma nace del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales, suscrito y ratificado por nuestro país en el año 2001 y que en el artículo 14, numeral 1, establece que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de la propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Por ello, con la finalidad de normar nuestra legislación y acorde en cumplimiento a nuestra Constitución y al Convenio 169 de la OIT, el presente dictamen promueve el aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas de los lugares en donde ellos habitan.
De igual manera se armoniza lo establecido en el artículo 64 Bis, uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que en su párrafo segundo establece:
Los núcleos agrarios de pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas, tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.
Las poblaciones y comunidades indígenas son aportadores de un amplio margen de conocimiento, por lo cual el aprovechamiento de la biodiversidad y riqueza de los ecosistemas es mayor en los grupos indígenas nativos de esas áreas, promoviendo el cumplimiento del desarrollo sustentable.
Con el presente dictamen apoyamos a una causa loable incorporada en el cuerpo de la iniciativa, el respeto de las comunidades indígenas en el uso preferente de los recursos naturales, sabiéndola como necesaria y fundamental en beneficio de la economía, el medio ambiente y la sociedad.
Por lo anteriormente citado y en congruencia con las necesidades, los valores y compromisos del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Yesenia Nolasco Ramírez.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.
La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 397 votos a favor, 0 abstenciones y 3 en contra. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tiene la palabra la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales para hablar a nombre de la Comisión.
La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro sistema de procuración y aplicación e impartición de justicia enfrenta muchos retos para garantizar la igualdad y equidad de todos los mexicanos y mexicanas para acceder a él. Es cierto que muchos de esos retos se deben a la corrupción, pero también lo que es la situación de que muchas leyes no han sido actualizadas y armonizadas con la rapidez y prontitud deseada.
Es por ello que este día el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, la Comisión de Justicia, a quien agradezco al señor presidente, Ricardo Fidel Pacheco y a todos los integrantes de la misma Comisión de Justicia la oportunidad de estar en esta tribuna, pudiéramos estar presentando esta propuesta.
En esa ruta es que avanza el proyecto de modificaciones legales que se presenta en la máxima tribuna del país en esta tarde, y que busca volver obligatorias las medidas de atención que se dejaban al sentido común de los ministerios públicos, jueces y demás autoridades de la aplicación de la ley.
Si bien en México cinco de cada 100 habitantes sufren algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 5 por ciento de los 113 millones de mexicanas y mexicanos, también lo es que muchas de las leyes no contemplan esta realidad y dejan en desventaja a quienes padecen algún grado de discapacidad auditiva, visual o del habla.
Veintisiete por ciento de este 5 por ciento de mexicanas y mexicanos de este porcentaje corresponde a una discapacidad visual, el 12 por ciento a una discapacidad auditiva y el 8 por ciento a una discapacidad del habla o silente. Por ello, mediante la modificación de 17 artículos de los Códigos Penal Federal; Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, se asegura que las personas con discapacidad auditiva, silente y/o visual tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás.
Con estas modificaciones se vuelve obligatorio algo que hasta el momento se dejaba al sentido común y al libre albedrío de las diversas autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, como lo es garantizar el derecho de todo mexicano y mexicana con alguna discapacidad a que sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua o forma de comunicación y traduzcan fielmente las preguntas y contestaciones que haya que transmitir.
Asimismo se estipula como condición agravante el hecho de que la discapacidad sea objeto de atentar contra la dignidad humana o se anule o menoscaben los derechos y libertades de las personas.
En la Comisión de Justicia estamos seguros que estas modificaciones son de vital importancia para garantizar la equidad para nuestro actual sistema de impartición de justicia y que puedan completar y contemplar los medios de citación y de audiencias adecuadas para las personas que padecen alguna de estas discapacidades.
Por ello, en el artículo 74 del Código Federal de Procedimientos Penales se propone contemplar otros medios de citación, en los casos que involucren a personas con discapacidad visual, como lo es mediante el sistema de escritura Braille.
Asimismo, en el artículo 87 se propone contemplar la asistencia de un intérprete en las audiencias de declaración preparatoria, en las que sea parte una persona con discapacidad silente o auditiva, dejando en claro que sin la presencia del intérprete no podrá llevarse a cabo dicha audiencia.
Se trata, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, de un acto de justicia a favor de todas las mexicanas y mexicanos, pues recordemos que ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir un accidente o enfermedad que menoscabe nuestras capacidades.
Por ello les pedimos, compañeras y compañeros en este pleno, su absoluta confianza para que estas reformas redunden en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestro querido país. Muchísimas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen a discusión es de vital importancia, pues se relaciona con el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, especialmente para quienes tienen alguna discapacidad visual, auditiva o del habla.
Propone este dictamen cambios para avanzar en la cultura de la inclusión en nuestro país, que debemos de impulsar desde el Legislativo. El que las personas con discapacidad puedan contar con un traductor de lenguaje y señas mexicanas constituye en sí mismo un acto de justicia para el reconocimiento de sus derechos civiles.
Es importante materializar esta propuesta para que los juzgados civiles y penales, ministerios públicos y demás órganos de justicia cuenten con personas que conozcan el lenguaje de señas, brinden apoyo a personas con discapacidad auditiva, así como la expedición de documentos oficiales en Braille.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en el año 2007 y que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008, establece en su artículo 3o. que las personas con discapacidad deberán tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones que todos los demás, incluso, mediante ajustes de procedimientos, como es el tema que hoy se vota.
En Nueva Alianza consideramos importantes no sólo las reformas que hoy se presentan, sino que como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debemos garantizar el acceso efectivo a la justicia, procurando a su vez la capacitación de quienes trabajan en la administración de justicia, incluyendo al personal policial y penitenciario.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, en México el 6.6 por ciento de la población reporta tener una discapacidad, y de ese total la dificultad para ver se cuantifica en 32.5 de prevalencia, siendo el segundo tipo de discapacidad más constante, seguido de la dificultad para oír, que representa un 16.5 por ciento y la que se relaciona con la discapacidad para hablar o comunicarse alcanza el 8.6 por ciento.
Con esta reforma, esta población mexicana será beneficiada si aprobamos el dictamen que hoy está a discusión. Compañeras y compañeros, transitemos responsablemente en la implementación de políticas públicas que incluyan a todos los sectores de la sociedad tal y como lo marcan los objetivos del milenio, especialmente, en el tema de las personas que padecen alguna discapacidad.
Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza dará su voto a favor de este dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia, el cual modifica diversos artículos de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Federal de Procedimientos Civiles, para que nuestro sistema de justicia incluya el lenguaje de señas en el acceso a la justicia, así como la escritura Braille.
Estas acciones refrendan nuestro compromiso con las personas con discapacidad y con todas las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, y gracias por su atención.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Angelino Caamal Mena. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Aparentemente los dictámenes de justicia han sido la salida perfecta para tener de qué hablar en estas sesiones y es por eso que me ven con tanta continuidad en esta tribuna, soy secretaria de la misma, y creo que vamos a hablar hoy de un tema que es importante y en el que no ahondaré mucho porque quien me antecedió en la palabra ya ha dado los antecedentes correctos para votar a favor esta iniciativa.
Cuando hablamos del tema de justicia y de intérpretes y de la aplicación de la misma, evidentemente, siempre estamos pensando en los grupos indígenas. Sin embargo, hay un grupo de la población, que es el 6 por ciento de los mexicanos o de la población mexicana que presenta una discapacidad para ver, caminar, escuchar, hablar o comunicarse. De ellos, 51.4 son adultos mayores, 33.7 son adultos entre 30 y 59 años y 7.6 son jóvenes de 15 a 29 años.
Es decir, en este país 8 de cada 10 personas con discapacidad son mayores de 29 años y en 19 de cada 100 hogares de este país vive al menos una persona con discapacidad, según encuestas del año 2012.
Es por eso que cuando hablamos del tema de justicia y cuando hacemos y queremos hacer que la justicia llegue a todas las personas y a todos los mexicanos de manera justa, no solamente debemos estar pensando en intérpretes de lenguas indígenas sino también en aquellos que por alguna discapacidad, como ya se ha registrado en este país, no pueden tener un proceso claro y no pueden tener un proceso digno.
Una de cada tres personas con discapacidad ha sentido que sus derechos no se han respetado por haber tenido alguna discapacidad en algún juicio, y la principal causa de denuncia de discriminación, atendida por la Conapred en 2013, fue precisamente la discapacidad.
Es por eso que debemos ser congruentes, porque México firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó el 17 de diciembre del mismo año, la Convención sobre las personas con discapacidad, de la cual fue uno de los principales promotores.
Con la firma y la ratificación de esta Convención nuestro país se compromete a promover y proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, inclusive de las personas con discapacidad.
Es por eso que esta iniciativa reviste de gran importancia, congratulamos a la iniciadora y damos nuestro voto a favor para que en los procesos haya pues traductores, no solamente de lenguas indígenas sino también de aquellos que tienen imposibilidad de hablar, escuchar o comunicarse de manera adecuada para que la justicia sea para todos, y para todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En movimiento ciudadano estamos a favor de la propuesta que se está presentando, donde se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Felicitamos, por supuesto, a la diputada Alfa González, promovente de esta iniciativa. Sin embargo, no puedo dejar de resaltar, que este dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia el 20 de noviembre, mucho tiempo antes de que fuera remitida la minuta del Senado, referente al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y espero que se hayan dado cuenta, el Código Nacional de Procedimientos Penales que se acaba de aprobar no contempla ninguna de estas propuestas y en Movimiento Ciudadano lo lamentamos profundamente porque al considerar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos se impone la necesidad de realizar un importante esfuerzo para alejarnos de los estereotipos, los prejuicios y las actitudes excluyentes hacia las personas con discapacidad.
Por ello, como legisladores debemos dotar entre otros al sistema de justicia de las herramientas para la remoción de barreras socioculturales, que excluyen a una parte importante de la sociedad y le impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Según el INEGI, en México existen más de cinco millones de personas que tienen alguna discapacidad, lo que representa el 1.5 por ciento de la población nacional. De acuerdo a la ONU, el 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en los países pobres y por ende existe un fuerte vínculo entre discapacidad y pobreza en la sociedad actual.
Si bien la sociedad ha dejado atrás la mayoría de abusos que ocurrieron a lo largo de la historia todavía existen barreras que impiden a las personas con discapacidad alcanzar su máximo potencial. Las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos a su participación en la sociedad y se ven obligados a vivir en los márgenes de su propio contexto.
En este sentido, la instrumentación de una directriz de trato que debe procurarse a las personas con discapacidad que se acercan al sistema de justicia constituiría un avance significativo para superar la problemática. Las personas con discapacidad se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan en los procesos judiciales, ya sea por dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y en la forma de ejercerlos, trato no adecuado y el desconocimiento por parte de los actores judiciales.
En lo esencial, la perspectiva basada en los derechos a personas con discapacidad equivale a considerarlos sujetos y no objetos; es decir, dejar de verlos como una carga y considerarlos poseedores de derechos, garantizándoles las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
El principio de no discriminación ayuda a que los derechos humanos en general sean aplicables en el contexto específico de la discapacidad; por consiguiente la no discriminación y el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad son el tema predominante en la manera en que se examina en todo el mundo la cuestión de los discapacitados.
Sin embargo dada las condiciones especiales de estas personas, son acreedoras a consideraciones especiales para lograr un desarrollo más integral en una sociedad que por lo regular es obstáculo al desconocer qué debe hacer y cómo debe interactuar con ellos.
El objetivo del presente dictamen es asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes a los procedimientos de orden civil y penal para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, desde la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
En Movimiento Ciudadano reconocemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los seres humanos. Asimismo el acceso a la justicia justamente en igualdad de condiciones que todos; nosotros somos partidarios de la defensa de los grupos vulnerables.
Lo vuelvo a repetir, el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla esta materia, por lo que nuevamente se va a tener que reformar el código cundo entre en vigor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro. Tiene el uso de la palabra, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Sin duda alguna este tema es de gran relevancia para todas las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo. En la mayor parte de los casos este grupo tiene dificultades para acceder en igualdad de condiciones y de oportunidades al empleo, la educación, la salud, la cultura, la vida política y en este caso, al sistema de procuración e impartición de justicia.
En México, el Censo de Población y Vivienda del año 2010 identificó aproximadamente seis millones de personas con alguna discapacidad física o mental, lo que representa el cinco por ciento de la población total del país.
Uno de los reclamos de la sociedad mexicana es que la procuración y administración de justicia dé certeza a los ciudadanos, por lo tanto es deber del Estado proteger a los llamados grupos vulnerables en especial a las personas con discapacidad, ya que por su condición son más susceptibles de sufrir atropellos por parte de la autoridad.
A menudo se presentan violaciones a las garantías individuales y de procedimiento que en materia penal corresponden a aquéllos quienes presentan una limitación sensorial. Resulta por ello apremiante dar una solución a esta situación que a todas luces contraviene los preceptos constitucionales de brindar a todos los mexicanos justicia imparcial, equitativa e igualitaria.
Lamentablemente el personal encargado de procurar o administrar la justicia en nuestro país no cuenta con la capacitación necesaria y suficiente para atender de manera adecuada a las personas con alguna discapacidad ya sea que se trate del inculpado, el ofendido o el denunciante, lo cual afecta sensiblemente el derecho de los ciudadanos en un juicio justo.
Un obstáculo más para la labor de procuración y administración de justicia es el hecho de no contar con normas claras y precisas que permitan a nuestro sistema disponer de los materiales y servicios requeridos por las personas con discapacidad como son formatos en sistema Braille o intérpretes que traduzcan el lenguaje a señas.
En este sentido, la reforma propuesta pretende obligar a las autoridades federales, encargadas principalmente de impartir la justicia, a proveer en cualquier juicio asistencia especial a las personas con alguna discapacidad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con un manual sobre reclusos con necesidades especiales en el cual se hace mención de las personas con discapacidad y pide garantizar que éstas tengan acceso a la justicia en las mismas condiciones que los demás ciudadanos.
Del mismo modo, recomienda considerar a la sentencia del auto de formal prisión como el último recurso de la cadena procesal, sobre todo en aquellos casos en donde se trate de personas que hayan cometido delitos no violentos o no graves, considerando el nivel de cuidados que requerirían en prisión.
Por su parte la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 13 menciona que “los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia promoviendo la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario”.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Verde externamos nuestro apoyo a este proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, tendientes a construir una sociedad más incluyente y libre de comportamientos discriminatorios.
Edificar un México más incluyente y justo en el que se garantice la igualdad de oportunidades para los cerca de los 6 millones de mexicanos con discapacidad debe ser una de las prioridades del Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ernesto Núñez Aguilar. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, diputado presidente. Cuando René González tenía seis meses de edad los médicos le dijeron a sus padres que por ser sordo de nacimiento nunca hablaría, escribiría y menos podría acudir a la escuela. A 34 años de ese diagnóstico, hoy es doctor en ciencias de la educación.
Las personas con discapacidad suelen ser las últimas en obtener el respeto a sus derechos básicos, ello a pesar de que representan aproximadamente el 10 por ciento de la población. Son la minoría más numerosa y más desfavorecida a nivel internacional.
De acuerdo con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, se considera bajo ese término a quien por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal.
También este sector de la sociedad al interactuar con las barreras que le imponen el entorno social y cultural, se queda sin una inclusión plena y efectiva, sin una igualdad de condiciones. Esto es inconcebible en nuestro país en pleno siglo XXI.
Pese a que en los últimos años se ha hecho promoción de sus derechos todavía se les considera como objetos de beneficencia o de tratamiento médico y se les niegan las oportunidades para gozar de autonomía.
Por eso los legisladores debemos comprometernos para proteger la dignidad de las personas con discapacidad, disminuir la marcada desventaja social en que se encuentran. Debemos promover su participación en un plano de igualdad en los ámbitos civil, judicial, político, económico, social y cultural.
El dictamen que hoy está a discusión en este pleno buscar adoptar las medidas más pertinentes para hacer efectivos sus derechos humanos, velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto por las leyes, tratados y convenciones internacionales, brindándoles un trato digno y apropiado en los procedimientos civiles y judiciales donde se vean involucrados, además de prestarles la asesoría y representación jurídica gratuita.
La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aporta un elemento para comprender mejor a la comunidad de los hablantes con lengua de señas mexicanas o sistema de escritura Braille.
Toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial y que las actuaciones judiciales y administrativas, los documentos públicos y privados y los asientos en registros públicos realizados en la lengua propia del territorio sean válidos, eficaces, y también tienen derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos.
Por eso este dictamen servirá para asegurar a las personas con discapacidad el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes a los procedimientos de orden civil y penal para facilitar el desempeño de sus funciones efectivas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con la inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
El doctor René González mencionaba al principio que fue entrevistado por Animal Político hace unas semanas y asegura que para él la discapacidad no existe, que cada persona puede superarse. Dice: “nuestra discapacidad no nos pone límites, la sociedad sí”, aseguró.
Es por eso que los invito a eliminar los límites que como sociedad les hemos impuesto y votemos a favor de esta iniciativa para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa para todos y para todas.
Por lo tanto, el PRD votará favor del presente dictamen y agradezco la solidaridad y la unidad en la unanimidad en la votación en la Comisión de Justicia y reconozco a quien signara esta iniciativa, la diputada Alfa González, y el de la voz. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Luis Espinosa Cházaro.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado Presidente. La discapacidad se ha definido como aquella condición en la cual alguna persona presenta capacidades diferentes que le pueden impedir su plena y efectiva integración en la sociedad y en igualdad de condiciones que los demás, sobre todo ante una sociedad demasiado ajena y ante un gobierno sin una verdadera atención ciudadana.
De conformidad con datos de la Organización Mundial de la Salud, poco más de mil millones de personas tienen capacidades diferentes, es decir, que un 15 por ciento de la población mundial tiene capacidades diferentes.
De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país actualmente hay 5.1 millones de personas con capacidades diferentes, calculándose que al menos el 10 por ciento de la población en México tiene algún tipo de capacidad diferente que le provoca dificultad para caminar, moverse o comunicarse.
Las personas con capacidades diferentes durante el transitar de su vida enfrentan un sinnúmero de barreras que les impiden una inclusión efectiva en la sociedad, gobiernos insensibles que no adoptan ni regulan tampoco medidas para facilitar el mejor desarrollo de estas personas.
Son víctimas de discriminación en cuanto al acceso al mercado laboral que no se ajusta a sus posibilidades reales. Un sistema educativo que difícilmente los contempla como consecuencia indudablemente, de un estado que no genera las políticas públicas necesarias para garantizar el goce de sus derechos más elementales.
México ha contraído diversas obligaciones en manera de respeto y protección de los derechos fundamentales de estas personas a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales entre los que destacan la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Sin embargo, con tristeza podemos afirmar que las medidas y mecanismos que se implementaron en nuestro país para asegurar a este sector de la población la igualdad de condiciones en cuanto al goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales, han sido nulos.
Hoy el dictamen, objeto a discusión, busca que las personas con alguna discapacidad visual, auditiva o silente, puedan ejercer efectivamente su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución a través de las modificaciones pertinentes a la ley sustantiva, garantizándoles la posibilidad de intervenir en procesos judiciales como participantes directos o indirectos en todas las etapas de un proceso con el auxilio de un intérprete con expertise en el sistema o por medio del que el interesado se comunique.
Reconocemos que lo propuesto es un gran avance y lo apoyaremos tal y como siempre lo hemos hecho cuando se busque garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social para las personas con discapacidad.
No obstante, consideramos que la eficacia de las medidas propuestas necesariamente deberán ir acompañadas de la implementación de las políticas públicas que avalen debidamente el derecho de todo ciudadano a contar con un intérprete que le permita comunicar sus intereses dentro de un proceso judicial.
Es cuanto, y les comento que se oyen muy mal chiflando y gritando, es un tema muy importante para las personas con discapacidad. No sean insensibles.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría, agotada la lista de oradores, abra el sistema electrónico de votación, para recoger la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tan pronto termine la votación le doy la palabra, diputada.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron a favor 372 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Paloma Villaseñor. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. solamente para informar a este pleno que por gestión de la Comisión de Derechos de la Niñez y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política este próximo sábado, 15 de febrero, esta Cámara de Diputados se iluminará de color dorado para celebrar el Día Internacional del Cáncer Infantil.
Esto, presidente y compañeros, para que la comunidad se sensibilice sobre la importancia y necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado en el cáncer que sufren niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Al contrario, gracias a usted, diputada Paloma Villaseñor, y demás queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (15:36 horas): Se levanta la sesión. Y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de febrero de 2014 a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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