Comunicaciones oficiales
Dictámenes de las diversas comisiones
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:10 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame, después del acta, ¿me permite un momentito, diputada? Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que también está publicado en la Gaceta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.
Sonido en la curul de la diputada Claudia Bojórquez, por favor. Dígame, diputada.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Gracias, presidente. Buenos días.
El Presidente diputado José González Morfín: Buenos días.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Dos temas nada más. Uno, la última sesión del jueves se habían comprometido en que se bajaría el acuerdo de la Junta, con respecto a la comparecencia que pedíamos del director de Pemex. Y lejos de la confianza que se le generó a usted, como presidente o como quien presidia la Mesa en ese momento, tuvo la honrosa distinción el diputado Arroyo Vieyra de entorpecer nuevamente la actividad legislativa. Y además, con su carácter de burlón y de falta de muchísimo respeto al pueblo mexicano, y a los diputados que hoy somos voz de ellos, no solamente nos negó la oportunidad de podernos expresar de lo que queríamos y de lo que requeríamos para esa comparecencia, sino que además –burlonamente– se despide y cierra la sesión, tratando hoy de engañar al pueblo mexicano en una cortina de humo con dos temas aparentemente nacionales, la famosa bacteria de la influenza, y hoy la captura de El Chapo Guzmán, que todavía está en duda.
Nosotros no podemos permitir que se le siga engañando a los mexicanos y que además sigamos poniendo cortinas de humo en los medios de comunicación para que pueda distraerse de la realidad que está pasando aquí en el Congreso de la Unión, en donde se están aprobando reformas al albazo, en donde se sigue atentando contra la economía familiar y contra todos los mexicanos.
Pedimos, de manera respetuosa, que podamos tener la aceptación, la comparecencia y la información antes del 20 de marzo, todo lo que respecta a Pemex, de cuáles son los criterios que se van a tomar o que va a tomar el director de Pemex, para decidir con qué se queda la paraestatal y con qué, y cuáles son los, criterios que se van a utilizar para la entrega de los recursos de todos los mexicanos, que aun así seguimos insistiendo en que como ciudadanos nos deben respeto y debemos respeto como legisladores y que sí se nos dé la oportunidad de la consulta, que nos pregunten a todos si queremos que se entregue Pemex.
Hoy nuevamente ponemos en sus manos, o está en sus manos, la Presidencia de esta sesión y queremos que se siga respetando la voz de todos los ciudadanos. No podemos permitir que cualquiera venga, con el carácter de presidente de la Mesa, y se burle de los diputados y que no nos dé la palabra. Muchísimas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, la Junta de Coordinación Política formalmente ha comunicado a la Mesa que el día de mañana abordarán el tema para que podamos conocer de ello en la sesión del próximo jueves. Esto se lo comento porque es una comunicación formal de la Junta de Coordinación Política y de su presidente.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Para reprobar y conminar a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República, para que se esclarezca puntualmente y sin dilaciones el cobarde y artero asesinato del dirigente del Movimiento Ciudadano en Metlatonoc, en el estado de Guerrero, Arturo Rivera Olivera, que se suma también al asesinato de nuestra compañera dirigente social y política, Rocío Mesino, del municipio de Atoyac. Y también la desaparición del compañero Eliseo Ocampo, en el municipio de Iguala, del mismo estado de Guerrero.
Lo hacemos público porque condenamos estos hechos de violencia, que son parte de la grave descomposición política y social que impera en el país. Es cuánto.
El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada, diputado.
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Néstor Gordillo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para felicitar más que nada, a la Policía Federal. Porque hace unos meses y lo que está pasando que llegan a Puebla y a la Ciudad de México desde el sureste, en los camiones por la noche son asaltados de manera impune y dentro de ellos quiero felicitarlos porque, por la buena acción que tuvieron, al menos con mi hermano, que venía en un camión, fue baleado y tuvo que esconderse en el monte mientras llegaban los auxilios.
Así como hay elementos en duda, también quisiera y así como también le damos un minuto de aplauso que en este recinto, en esta máxima tribuna. Quisiera también que estas personas, el oficial Milton Cervantes Mendoza, al capitán Roberto Cortés, Bernardino Cococa, al inspector Arturo Beltrán Landeros y al jefe de división, Antonio Garza García, de la Policía Federal, desde acá enviarles una felicitación y ojalá y tengamos la oportunidad a través de la Comisión de Seguridad Pública en algún momento invitarlos para que también esos buenos elementos que ayudan y que prestan la atención a la ciudadanía también sean reconocidos en este recinto.
Aquí yo sé que hay otros casos en algunos municipios, hay buenos elementos, yo confió en las instituciones y sobre todo que desde acá también, por mínimo que sea su actuar, que se están jugando la vida a diario; debemos también desde este recinto darles ese agradecimiento.
En este sentido, aunque fue un caso familiar de mi hermano José Luis Gordillo Castillo, que fue balaceado en un asalto; pero sobre todo que se cuiden a todas esas personas en las carreteras que vienen con lo mínimo para tener un ingreso adicional o que vienen a apoyar a sus familias, a visitar a sus familias, por trabajo o por lo que sea, debemos tener siempre ese cuidado desde acá de que haya una buena atención.
En ese sentido esas personas se merecen mi felicitación y ojalá a través de la comisión pudiésemos invitarlos, no para darles un minuto de aplausos, sino aunque sea un aplauso, pero que se lo merecen porque también hay buenos elementos y ojalá y que las instituciones, todas ellas, se ocupen en este sentido. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También su intervención queda ya registrada en el Diario de los Debates.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Gracias, presidente. Sumarme al compañero Gordillo, ya que como lo dijo, hay muy buenos elementos y algunos que otros malos.
El día de hoy, y como ha sido en muchísimas ocasiones, entrando al Circuito Mexiquense, la autoridad estatal ve placas de otros estados y se van como verdaderos perros. Las denuncias son de mucha gente, donde argumentan que porque son de otros estados las placas los van a parar; se les olvida a ellos que para que detengan vehículos tienen que ser sospechosos o tienen que cometer alguna infracción. Se la pasan extorsionando a todos los ciudadanos que pasan por el estado de México.
Por eso hago un exhorto al gobernador Eruviel Durazo para que ponga en cintura a estas personas porque no podemos tener esa gente como servidores públicos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Leobardo Alcalá. Dígame, diputado.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, sólo para hacer una reflexión en razón a los comentarios que antes se vertieron, en donde para muchos todo les parece una cortina de humo. Hoy, creo que todo mundo deberíamos de estar felicitando a la Procuraduría General de la República, a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a la Policía Federal, entre otras, por la destacada actuación que han venido teniendo en los últimos días.
Por otra parte, decirle a la diputada que me antecedió en el uso de la voz, que el tema de la influenza no es una caricatura, no es un problema menor. Habrá que ir a las instituciones de salud para ver quiénes son quienes están hospitalizados. Hoy el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo, la Secretaría de Salud federal y muchas de las secretarías de salud en todos los estados están haciendo lo que pueden con lo que tienen, intentando evitar que día a día haya menos muertes.
Por tanto, vaya de parte de un servidor mis congratulaciones y mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Marina, a la Policía Federal, a la Procuraduría General de la República y al esfuerzo que en lo particular está haciendo la Secretaría de Salud.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de junta directiva y de integrantes de comisiones ordinarias y especial, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobadas. Comuníquense.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Relación de retiro de iniciativas con proyecto de decreto.
Oficio de la diputada Rocío Adriana Abreu, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Capítulo Quinto y el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentada el 22 de octubre de 2013, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.
Oficio de la diputada Rocío Adriana Abreu por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 5 de noviembre de 2013, sea retirada de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Oficio del diputado Luis Olvera Correa, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas presentada el 11 de diciembre de 2013, sea retirada de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Oficio de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica presentada el 18 de febrero de 2014, sea retirada de la Comisión de Economía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Escrito de la Comisión de Asuntos Indígenas por el que remite acuerdo por el que se integra el Grupo de Trabajo encargado de dar Seguimiento y Evaluar el Ejercicio del Presupuesto comprendido en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 denominado Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Lo anterior con fundamento en los artículos 149, numeral uno, fracción III, 153 y 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Atentamente, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de diversas autoridades 12 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente correspondientes al primer receso del segundo año de ejercicio, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite correspondiente.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Cultura y Cinematografía y a los promoventes para su conocimiento.
El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: Oficios de la Cámara de Senadores con los que remite las siguientes minutas: con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 273 de la Ley del Seguro Social, 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto que reforma las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, la fracción I del artículo 26, la denominación del Capítulo VII y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción II, la fracción V, y se adiciona un inciso m) a la fracción I y los incisos a), b) y c) a la fracción V del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 de la Constitución.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
Le pido a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo.
Primero. Se modifica el resolutivo tercero del acuerdo relativo a la propuesta para la inclusión de los procedimientos que regularán el voto de los mexicanos residentes en el extranjero para que quede como sigue: se instruye a la Comisión de Gobernación, a la Comisión de Asuntos Migratorios y a la Comisión de Asuntos Frontera Norte para llevar a cabo la organización y celebración de dicho foro.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firma, la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Está a discusión. Para hablar en pro del acuerdo tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Recibimos con beneplácito la propuesta de incluir en el foro para revisar el tema del voto de los mexicanos en el extranjero que se tome en cuenta a la Comisión de Frontera Norte que preside el diputado Jaime Bonilla, pero queremos recordar que esta propuesta se hizo desde el momento en que se votó el acuerdo en sesiones anteriores, y fue precisamente una propuesta del diputado Ricardo Monreal Ávila, que propuso desde ese momento que se incluyera a la Comisión de la Frontera Norte.
Me parece que no debió haberse dilatado, que en ese mismo momento se debió haber votado incluir a la Comisión de la Frontera Norte, sobre todo porque tiene que ver con los asuntos fronterizos y de los mexicanos residentes en el extranjero.
Queremos primero reivindicar la propuesta que en su tiempo hizo el diputado Ricardo Monreal. Y, por otro lado queremos proponer, y ya por ahí está ya el escrito, compañero presidente, que se realicen tres foros más. Uno para ver el tema del financiamiento a las campañas electorales, sobre todo porque siguen irresueltos los temas de Monex, de Soriana, y una lacra de nuestra democracia es precisamente el tema del financiamiento. Financiamiento ilegal que viene de gobiernos estatales, de empresas e incluso del narcotráfico. Por eso creemos que, para poder aprobar la legislación secundaria, se requiere también un foro que establezca el tema del financiamiento de las campañas.
Otro tema que consideramos fundamental es el tema de las nulidades en materia electoral. Nos parece aberrante la simulación de la nulidad por violación de topes de gastos de campaña cuando se permite violar los topes hasta un 5 por ciento y, por otro lado, se pone el candado de la determinancia para que el juez o los magistrados puedan resolver sobre este tema. Estamos planteando pues un foro para ver el tema de las nulidades en materia electoral.
Y otro tema que nos parece ineludible es el tema de la propaganda gubernamental, que tiene que ver con regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que señala precisamente la imposibilidad de que los funcionarios y servidores públicos realicen campañas encubiertas.
Sin embargo, todos sabemos que esto no se aplica y vemos gobernadores, como el de Chiapas, que realizan propaganda abierta, descarada. Por eso creemos que también debe haber un foro para regular la propaganda gubernamental.
Nosotros creemos que, a diferencia de lo que se celebra hoy con el libro de Krauze, Por una democracia sin adjetivos, la realidad es que la democracia mexicana sigue siendo adjetivada, es simulada, es adulterada, prostituida y partidocrática. Y como ejemplo de ello lo vemos en el Instituto Nacional Electoral, donde es claro que el Comité Técnico de Evaluación trae los dados cargados –concluyo, presidente– para que cinco consejeros electorales le correspondan al PRI, tres al Partido de Acción Nacional y tres al PRD. Es decir, el Pacto por México más vivo que nunca en perjuicio a la democracia mexicana, por eso creemos que debe haber más foros. Y le pido, presidente, que someta a votación nuestra propuesta. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: En cuanto la tengamos físicamente lo haremos con mucho gusto, diputado. Tengo inscritos para hablar en contra al diputado Manuel Huerta, y para hablar a favor, al diputado Ricardo Monreal. Pero, si me permiten, quiero agradecer y destacar la presencia hoy aquí en este salón de sesiones, de una delegación de senadores del Grupo de Amistad Francia-México, de la República Francesa, que preside el senador Gérard Cornú.
Está integrada también por los senadores Jean Marc Pastor y Bernard Saugey, y están acompañados por la excelentísima señora embajadora Elizabeth Beton. Todos son bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí. Han tenido una reunión de trabajo con al Grupo de Amistad México-Francia, que preside el diputado Jorge Mendoza.
La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y la amistad entre nuestros dos países. Bienvenida, embajadora. Bienvenidos senadores. Es un gusto tenerlos aquí.
Tiene la palabra para hablar en contra del acuerdo el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara: Miren lo que tiene uno que hacer para hacer valer la ley y para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, que no es menor cosa.
Obviamente, más que estar en contra, es razonar el sentido del voto y desenmascarar a la Junta de Coordinación Política, a esa que dirige el PRI, aunque aparentemente la preside un opositor, que obviamente hoy es claramente parte del régimen político. Esta mascarada de Junta de Coordinación Política que existe en este Congreso y que aparentemente hay una democracia profunda.
Hoy pudieron ser magnánimos, hoy incorporan a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, que por cierto preside el compañero Jaime Bonilla, un verdadero representante popular y, ¿quién va a estar en contra de eso? debería tener el rango.
De lo que estamos en contra es de la simulación, de la mentira, de la maniobra con la cual el PRI y sus aliados, y hoy los partidos del régimen, el PAN y el PRD, a través de la Junta pretenden hoy aquí presentar esta gran magnanimidad con la que actúan.
Miren, les voy a decir porqué. En la Comisión de Gobernación nos reunimos. En la Comisión de Gobernación y en este pleno he presentado un punto de acuerdo desde hace varias semanas, donde estamos pidiendo la apertura de foros para discutir con los ciudadanos lo que los ciudadanos están todos los días viniendo a pedir aquí.
Ayer mismo en la Junta estuvieron los representantes, los dirigentes de una asociación de consejeros electorales de varios estados y les pidieron: oigan, hay que abrir el debate. Y la Junta les dijo: Sí, cómo no. Pero no les dijo ni cuándo ni cómo, porque no les interesa debatir ni abrir la discusión de cómo se va a elegir los consejeros electorales y mucho menos discutir las leyes secundarias y que sea esto una verdadera discusión. Le quieren dar atole con el dedo a los ciudadanos.
Qué necesidad tiene uno de estar acudiendo a los tribunales, como lo he hecho desde el día viernes, para solicitar a través de un juicio de protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, a que repongan, a que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –y si existe justicia se los van a tener que exigir– que adopten medidas cautelares para que la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y el pleno de la Cámara garanticen que el Comité Técnico de Evaluación aplique una evaluación objetiva de la idoneidad de los ciudadanos que acuden a la convocatoria o que acudan a la convocatoria.
Es toda una trampa ésta, de tener 120 días para nombrar a los consejeros y ahora lo quieren hacer en 57 días. Peor aún, violentar los derechos de los ciudadanos, que es una demanda de muchos miembros del servicio profesional de carrera y que aquí de un plumazo los borraron.
Miren, veo caras de algunos diputados. Claro, no tienen valor para subirse a debatir aquí. Y va a decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que debatamos sobre los residentes en el extranjero y su voto? Pues tiene que ver que el punto nodal, como lo ven ustedes, que va a ser el juez, como es la crisis del sistema electoral mexicano, como la crisis del régimen, que nadie les cree nada, bueno, ahora no les creen ni lo de El Chapo. Ya hablan del chueco y de El Chapo, del chafa y de El Chapo. O sea, nadie les cree nada.
Obviamente nadie cree en esta farsa electoral que pretenden generar en estas maniobras y ahora querer amparar –culmino, presidente– en una supuesta magnanimidad y abrir este debate a los de la Comisión de Frontera Norte.
Miren, la verdad es que ya a veces yo mismo digo, pues es que solita la ciudadanía, los que saben, los académicos, los investigadores están refutándoles toda la acción. Es la pérdida de credibilidad de esta Cámara de Diputados, es como están legislando.
Y evidentemente, yo haría votos porque no nada más se ampliara este foro a la Comisión de la Frontera Norte, sino que abrieran los foros necesarios en materia política-electoral. Al menos tenemos un acuerdo, que espero que tengan palabra los de Comisión de Gobernación, cumplamos, y desde la comisión abramos estos foros a los ciudadanos.
Y ojalá se hiciera que todos los temas que esta Cámara debate, se abrieran a la discusión y no les pase como en la Ley Ferroviaria, que la pasan de nochecita, en un dos por tres y después en otros lugares les abren la puerta a los sectores, cuando menos para escucharlos. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, quise hacer uso de la palabra para poder razonar mi voto. Mi voto será en pro de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se modifica uno que ya había sido aprobado en sesiones pasadas y que tiene que ver con la inclusión de los procedimientos que regularán el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
Y quise usar esta tribuna por dos razones. La primera, porque ustedes votaron en contra en esa sesión que se aprobó el acuerdo que hoy se modifica, votaron en contra de que se modificara el acuerdo para incluir a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.
Admito y acepto que la oposición de la Cámara, que nosotros constituimos, está estigmatizada. Lamentablemente, todo lo que proponemos, aunque sea bueno, el 99 por ciento es bueno, es rechazado de manera automática por los grupos mayoritarios.
En aquella ocasión, por escrito planteamos, por lógica política, por lógica legislativa, que se incorporara la Comisión de Asuntos Frontera Norte que preside el diputado Jaime Bonilla y que conoce el tema, para participar de estos foros y no solo buscar los mecanismos que transparentaran y eficientaran la participación de los mexicanos en el extranjero al momento de sufragar en el exterior, sino que otras materias también pudieran ser reguladas.
No solo la Comisión de la Frontera Norte debería participar, en efecto, pero ya el hecho de que participe me parece que es suficiente para votar a favor. Porque Jaime Bonilla es un diputado honorable que va a actuar con pluralidad, con imparcialidad y con eficacia en estos foros. No se va a prestar a la farsa, estoy seguro de ello.
Y por eso, yo quiero simplemente hacerles un reclamo amistoso. Rechazan mi propuesta de inclusión de la Comisión Frontera Norte hace tres sesiones, por provenir de una propuesta del suscrito. Y a los días, la misma propuesta está sometiéndose a consideración del pleno. Estoy seguro que va a pasar. ¿Pero no es incongruente? ¿Tres sesiones después votar a favor lo que les había propuesto? ¿Es mezquindad o es simplemente una actitud de estar en contra, ustedes, de todo lo que yo propongo?
He propuesto más de cien iniciativas. La mayoría está durmiendo el sueño de los justos. Más de cien puntos de acuerdo. La mayoría está encarcelada, aprisionada, sin ninguna posibilidad de éxito.
Sin embargo, no vamos a dejar de hacerlo, se los aseguro. Nosotros seguiremos luchando para que este país se transforme, para que las instituciones puedan transformarse. Para que el país pueda renacer y para que la decadencia política que en este momento tiene por rehén a nuestro país, se haga a un lado para dar paso a una nueva generación de políticos. Jóvenes que puedan transformar las instituciones del país.
Por esa razón votaremos a favor de la propuesta que hace tres sesiones había hecho y que ustedes rechazaron. Y que me alegra que la comisión que preside Jaime Bonilla vaya a estar como coordinadora de estos foros del voto de los mexicanos en el extranjero. Enhorabuena para la Cámara y ojalá y así meditaran todas mis propuestas.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de modificación que dejó el diputado Ricardo Mejía y que inmediatamente después consulte a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. El documento del diputado Mejía dice: Me permito solicitar se incluya la modificación del acuerdo citado, la realización de los siguientes foros; financiamiento de las campañas electorales, sistemas de nulidades en materia electoral y regulación de la propaganda gubernamental. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte ahora si se acepta la modificación propuesta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia se desecha. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquese.
Quiero dar la más cordial bienvenida a los alumnos de intercambio de Rotary International, que están hoy aquí, provenientes de 14 países. Invitados por el diputado Alberto Curi Naime. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados, y por supuesto a nuestro país.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la Declaratoria de Publicidad.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea, que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria, dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que declara el 2014 como Año de Octavio Paz.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz el diputado Tomás López Landero.
Les damos también la bienvenida a los integrantes del Liderazgo Joven del estado de Aguascalientes, que nos acompañan hoy aquí en la sesión. Invitados por el diputado José Pilar Moreno Montoya. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión.
El diputado Tomás López Landero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Pongo a consideración de esta soberanía el dictamen de la Comisión de Vivienda a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Vivienda.
Sin duda en los últimos años se han emprendido diversas acciones para evitar la discriminación y mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, sin embargo aún falta mucho por hacer para garantizar plenamente la accesibilidad en la vivienda a los más de cinco millones de habitantes en el país que padecen alguna invalidez, y también a todas aquellas personas que por su edad avanzada están expuestas a tener un accidente en el hogar que afecte sus facultades físicas.
Precisamente el dictamen que modifica la Ley de Vivienda, y es motivo de la presente discusión, tiene como finalidad establecer que toda vivienda que se precie de ser digan y decorosa debe ser accesible para todas las personas con alguna discapacidad, entendiendo la accesibilidad como la garantía de acceso al entorno físico para que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Lo anterior se logra eliminando, en la medida de lo posible, las barreras físicas que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad su libre desplazamiento.
La accesibilidad es un valor colectivo que la mayoría de hogares pueden reconocer y valorar. Con independencia de las capacidades físicas de sus miembros, el grado de accesibilidad depende además de la calidad y la sensibilidad en el diseño de los existentes elementos auxiliares o más metros cuadrados.
El principal beneficio tangible de la accesibilidad consiste en el ahorro de costos tanto para los discapacitados y sus familias como para los programas de asistencia social. Este ahorro se debe a que los discapacitados y ciertos enfermos podrían permanecer en sus casas, en lugares de centros especializados y además con menores requerimientos asistenciales.
México, como país firmante de convenios internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, se comprometió a adoptar diferentes medidas para eliminar la discriminación contra las personas que guardan dicha condición. Entre estas medidas destaca promover la integración de autoridades gubernamentales y particulares en la presentación o suministro de bienes como el de la vivienda, y auspiciar la construcción de los edificios que faciliten el acceso a las personas con discapacidad.
En aras de estos propósitos, el 30 de mayo de 2011 se incorporó en nuestro orden jurídico la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esta ley se establecen un conjunto de disposiciones en materia de accesibilidad y vivienda para las personas con discapacidad.
Específicamente el artículo 16 instituye que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones de desplazamiento en condiciones dignas y seguras.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) emite el Código de Edificación de Vivienda en el cual dispone los lineamientos de diseño y construcción aplicables a casa habitación, áreas de uso común, vialidades, equipamientos y servicios urbanos que formen parte integral de un conjunto habitacional y su entorno urbano.
Todo lo anterior, con la finalidad que sean funcionales para todos sus habitantes con impedimentos motrices, visuales y/o auditivos, permitiendo volverse, de manera independiente, de acuerdo a sus propias necesidades.
En consecuencia, el dictamen que presentamos a consideración de esta honorable soberanía viene a armonizar y fortalecer la Ley de Vivienda con lo dispuesto en las leyes y reglamentos anteriormente citados.
Pero también, y esto es lo más importante, es que las reformas y adiciones de leyes de vivienda propuestas en el dictamen, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de más de 5 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, y de otros muchos millones de ciudadanos de edad avanzada que tendrán menos riesgo de sufrir accidentes en el hogar, que en muchas ocasiones causan severos problemas de movilidad a la población adulta. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz el diputado Rodrigo Chávez Contreras.
El diputado Rodrigo Chávez Conteras: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, en todas las esferas democráticas del mundo existe una creciente preocupación por hacer realidad los preceptos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, derechos y libertades, sin distinción alguna de origen nacional o social, cuestión económica o cualquier otra condición.
Todos somos iguales ante la ley y tenemos derechos a igual protección y a la no discriminación.
Cabe resaltar que en esta década nuestro país se comprometió a suscribir ante las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en marzo de 2007.
Dichos acuerdos quedaron plasmados en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en noviembre de 2012.
En ese contexto nos queda mucho trabajo por hacer, ya que la sociedad tiene una importante responsabilidad en materia de inclusión, equidad, justicia y participación con este sector de la población considerado altamente vulnerable.
Un ejemplo importante es el tema relacionado con la vivienda. Nuestra Constitución señala en su artículo 4o., que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para tal fin la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, procurando eliminar las costumbres y prácticas asistencialistas o discriminatorias”.
Para ello los responsables de ejecutar dicha ley deben considerar el establecimiento de políticas públicas y programas que consideren la accesibilidad económica, espacial, cultural y social, estructural, que se requiera para proveer a las personas con discapacidad de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades tanto individuales como familiares y así mejorar sus condiciones de vida y a la vez que se establezcan aspectos de justicia y de equidad.
En nuestro país5 millones 739 mil 270 habitantes, es decir, el 5.1 por ciento de la población total, tienen alguna discapacidad.
Pese a este significativo porcentaje el colectivo de personas con discapacidad sigue constituyendo uno de los grupos con mayor situación con fragilidad, por lo que es de suma importancia crear los mecanismos para la protección, equidad, justicia y defensa, que les permita el derecho a un alto estándar de vida en referencia a la salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional. De igual manera a una rehabilitación médica, social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y autoconfianza.
En base a lo anterior reitero la importancia de implementar políticas públicas y acciones que garanticen una vivienda digna a las personas con discapacidad, por lo que resulta fundamental adoptar las medidas necesarias que aseguren su accesibilidad económica, montos adecuados a su nivel de ingresos, créditos blandos y subsidios para la adquisición o remodelación de la vivienda. Espacial: áreas adecuadas para su movilidad dentro y fuera de la vivienda. Estructural: eliminación de barreras y obstáculos, accesos accesibles y seguros. Social: mecanismos de protección, desarrollo social e individual, ejercicio pleno de sus derechos, desarrollo de habilidades y capacidades. Culturales: reconocimiento, accesibilidad a la cultura y a todas las expresiones sociales.
Tenemos el compromiso de ser consecuentes como legisladores promoviendo las medidas legales que den fortaleza a las acciones en materia de accesibilidad e inclusión a personas con discapacidad a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano está a favor de apoyar el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Vivienda en materia de seguridad a la misma a personas con discapacidad de la Comisión de Vivienda de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Edilberto Algredo Jaramillo para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Edilberto Algredo Jaramillo: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros diputados: la accesibilidad es un derecho esencial a la vez que una herramienta primordial en el apoyo a la inclusión social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato.
En gran medida esto es así porque la designación más frecuente nace de la ausencia de accesibilidad a los entornos físicos, a la información y a la comunicación, a los procesos, a los productos y a los servicios.
En este sentido ya no es preciso demostrar la enorme influencia de realizaciones en materia de accesibilidad las cuales, al facilitar un entorno accesible, hacen que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
La insuficiente accesibilidad en el interior de los edificios y sus accesos pueden suponer una de las principales causas de discriminación hacia las personas con discapacidad al verse privadas de poder utilizar los recursos básicos de la comunidad, comenzando por la escasez de viviendas adaptadas y continuando con los servicios de uso público de todo tipo. Las llamadas barreras arquitectónicas limitan la actividad de las personas con movilidad reducida, ya sea por una deficiencia física o por las limitaciones en la actividad que impone una edad avanzada.
Actualmente existe en nuestro país un desconocimiento sobre el tema de accesibilidad arquitectónica, cuyo objetivo implica el diseño, proyecto, construcción y remodelación y adecuación de edificaciones y del medio urbanístico para evitar las barreras físicas, y con ello las personas con limitaciones pueden realizar el mismo tipo de actividades que las que no las tienen.
En materia de vivienda es de suma importancia generar una política de accesibilidad tanto en el impulso normativo como en las acciones concretas que ofrezcan soluciones a los problemas de accesibilidad arquitectónica que permita a las personas con discapacidad participar en las actividades sociales y económicas.
La política nacional en materia de vivienda debe de considerar en su elaboración un diseño de planificación urbana que combata las barreras arquitectónicas en el proceso de rehabilitación e inclusión social de las personas que presenten alguna limitación.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en vigor en nuestro país a partir del 3 de mayo del 2008, obliga al Estado mexicano a asegurar el acceso a las personas con discapacidad a programas de vivienda pública y en términos de nuestra Constitución, ésta deberá de ser digna y decorosa.
Para ello, el gobierno federal deberá armonizar todo su marco jurídico y emitir las normas oficiales mexicanas pertinentes que contengan la información, especificación y metodología para la construcción de una vivienda que cumpla con los principios de accesibilidad arquitectónica en un entorno urbano completamente accesible y transitable con la autonomía, comodidad y seguridad para las personas.
La iniciativa que hoy se presenta ante este pleno es un esfuerzo honesto para contrarrestar la indolencia de algunos desarrolladores inmobiliarios que tienen la percepción de construir viviendas accesibles, implica un aumento de los costos en la construcción.
Con las disposiciones contenidas en el presente dictamen se establece la elaboración de un diseño universal que pueda ser apto para su aplicación en la construcción de viviendas con accesibilidad arquitectónica que le proporcione una habitación digna y decorosa a quien la habita.
Con la actual iniciativa, los diputados damos cumplimiento a diversas disposiciones en materia internacional, de accesibilidad y armonizamos la Ley de Vivienda con otras leyes de promoción y de inclusión de las personas con discapacidad.
De igual manera, en esta iniciativa se crean disposiciones normativas que darán sustento a nuevas políticas públicas en materia de accesibilidad arquitectónica para ser ejecutadas por diversas dependencias de la administración pública de los diferentes órdenes de gobierno.
Esperamos que en las entidades federativas los poderes legislativos incluyan en sus respectivas leyes el concepto de la accesibilidad con el fin de normar en el ámbito de su competencia las políticas de vivienda y desarrollos inmobiliarios.
Como integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática damos nuestro voto de confianza al presente dictamen de reforma a la Ley de Vivienda con el fin de dar cumplimiento a una demanda añeja y a una propuesta que siempre hemos abanderado.
Entre que cada ciudadano pueda tener una vivienda digna y decorosa, de acuerdo a sus necesidades específicas, las políticas públicas en materia de vivienda que permitan que cada ciudadano pueda tener espacio que puedan llamar hogar y sea el espacio de convivencia y crecimiento de una familia, debe de ser para todos los mexicanos prioridad máxima en la suma de todos nuestros esfuerzos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Señor presidente, se emitieron 413 votos a favor, 0 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de accesibilidad a la vivienda. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tiene el uso de la palabra, a nombre de la comisión, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo.
La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Muy buenos días, compañeros. Me corresponde la presentación del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me permito presentar ante ustedes el dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
A través del referido instrumento legislativo la comisión dictaminadora manifiesta su interés en reformar la normatividad civil, sustantiva y adjetiva con la finalidad de atender primordialmente el interés superior del menor, instruyendo al juez en materia familiar a escuchar al Ministerio Público en caso de desacuerdo de quienes ejerzan la patria potestad en el supuesto de separación respecto a la guarda y custodia, por supuesto de los menores, tomando como base el resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente se practiquen a ambos. Esto es obviamente buscando el bienestar de los menores.
La reforma que en este momento se sujeta a la consideración del pleno proyecta el contenido del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, promoviendo que sea el Estado el que proporcione lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Lo anterior cobra especial vigencia, ya que durante la realización de los juicios de divorcio es común observar el fenómeno de la alienación parental, principalmente en el contexto de conflictos de custodia entre los padres, cuya manifestación primaria es un proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.
La idoneidad de las pruebas periciales que aquí se proponen en trabajo social y psicológica deriva de la realización de estudios que abarquen aspectos tales como las condiciones materiales, evaluar las características físicas del hogar en donde se desarrollaría el menor y las condiciones ambientales, para evaluar las circunstancias de cómo se desarrolla el menor.
Las pruebas periciales antes descritas, tal y como se menciona en este dictamen, son las idóneas en el trabajo del juzgador, pero no excluyen a algunas otras que se requieran de acuerdo al caso para dilucidar el conflicto puesto en juicio y, en caso de ser permitente, se realicen otras más.
Derivado de lo anterior, la comisión dictaminadora ha decidido que es conveniente aprobar las adecuaciones correspondientes, ya que ello permitirá garantizar el pleno desarrollo afectivo y social; así como una vida digna de la niñez, garantizando que con la opinión de los menores y las periciales en materia de psicología familiar y de trabajo social, se permitan determinar de mejor manera la custodia de los menores.
Compañeras y compañeros legisladores, de aprobarse el presente dictamen, se avanzará el pleno desarrollo afectivo y social, así como una vida digna de la niñez, garantizando que con la opinión de los menores y los periciales en materia de psicología familiar y de trabajo social, se permita determinar de mejor forma su custodia y régimen de convivencia.
Si bien, es cierto, reconocemos que la materia familiar es preferente para las entidades federativas, no lo es menos que los preceptos citados en el cuerpo del presente dictamen están contenidos en un ordenamiento jurídico vigente y por ello forman parte del derecho positivo mexicano.
Por lo que pueden constituirse en referente para los Congresos locales que en muchas ocasiones reproducen lo establecido en las normas federales. En virtud de lo anterior expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia someten a su consideración el presente dictamen, solicitándoles su voto aprobatorio.
Es muy importante que cuidemos el beneficio de los menores, cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Berzunza Novelo.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, las leyes mexicanas han sido enfáticas en la protección y la atención del núcleo familiar, para ello ha creado normas que son mandatadas desde el artículo 4o. de la Constitución Política Mexicana. Resultado de ello ha sido la creación de instituciones especializadas en la atención a los diferentes individuos que integran el núcleo familiar.
Es por ello que, como Estado, mantenemos organismos de corte específico en materia de apoyo infantil, juvenil, materna y para los adultos mayores en sus diversas problemáticas y variantes. Asimismo las leyes y las instituciones deben actualizarse, a fin de que sus mandatos y programas den respuesta satisfactoria a una sociedad en constante evolución y transformación.
En este sentido, el dictamen que hoy se somete a consideración tiene que ver con la actualización de las problemáticas que ocasionan la disolución de los vínculos matrimoniales y la protección a los derechos de los menores de edad de estos núcleos.
Actualmente la sociedad mexicana ha iniciado un cambio, en el que se registran mayor número de divorcios, pues en solo tres décadas la cantidad de estos se ha incrementado de manera importante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 1980 se registraban 4.4 divorcios por cada 100 matrimonios, cifra que creció a 7.2 en 1990, a 11.8 en 2005 y a 16 en 2011.
Sin embargo, entidades como Chihuahua registran la disolución de 35 matrimonios de cada 100 uniones ante el juez civil y en el Distrito Federal reporta la cifra de 32, seguidos por Nuevo León y Colima, con 24 cada una.
Esta situación obliga a tomar cartas en el asunto y considerar las problemáticas que se presentan con la separación de las parejas, sus descendientes y patrimonio. Como los aspectos más relevantes a resolver implican una etapa de transición que debe ser atendida en el menor tiempo posible.
Al entrar en un conflicto de disolución matrimonial y de la afectación de sus integrantes menores de edad, el Estado mexicano está obligado a velar por el interés de estos y atender las problemáticas que se puedan presentar.
En este sentido, es común que el conflicto de disolución de un matrimonio lleve aparejado un conflicto inherente a los hijos, en el cual es común que ambos padres busquen la custodia de sus descendientes, situación que es aprovechada a través de la alineación del menor para rechazar a uno de ellos. Tales medidas generalmente se realizan sin la consciencia del prejuicio que se provoca hacia el menor de edad en su desarrollo emocional ni de su relación con uno de sus progenitores en el futuro.
Bajo esta óptica, consideramos un acierto la iniciativa de instruir al juez en materia familiar para que escuche al Ministerio Público antes de considerar un fallo para entregar la patria potestad de un menor de edad durante un juicio de divorcio. Al considerar que se regula la guarda y custodia de un menor, para que se emitan de manera oficiosa pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar, para considerar cuál de los progenitores es apto para brindar la atención adecuada a su hijo.
Estamos reforzando el compromiso de nuestro país en materia de observancia del interés superior de la niñez. Cabe señalar, que esta consideración se suma a los demás elementos que ya contempla el derecho familiar para estos casos y refuerza la visión de otras legislaciones locales, podría no estar considerado, pues tales asuntos competen esencialmente a la legislación estatal.
Convencido de las bondades que contiene la dictaminación en comento, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dará su voto a favor, con la confianza de que constituye un paso importante al interés superior de la niñez y se plasma en las leyes mexicanas como parte sustantiva del derecho. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Sonia Rincón Chanona. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muy buenas tardes. Con la venia de la asamblea. Este dictamen que estamos presentando el día de hoy pareciera un poco extraño, estamos hablando de que un Ministerio Público pueda influir en la medida de lo posible, a través de periciales, de la idoneidad de quién será el padre que deberá tener el cuidado de los hijos en el caso de una separación o divorcio.
Pareciera que esta iniciativa promueve el exceso de la intervención del Estado en la vida privada de las personas. Sin embargo, una de las obligaciones del Estado es velar por el bienestar de sus niños y de sus niñas.
La alienación parental es una realidad. Cuando existen divorcios los padres pueden utilizar a los hijos como armas para dañar a su cónyuge, sin percatarse que no sólo infringen daño a la ex pareja sino también a los niños.
En 2011, compañeras y compañeros diputados, se registraron solamente 91 mil 285 divorcios; en 2010, 86 mil. El incremento de divorcios es evidente. En 2009 la mayoría de los divorcios fueron judiciales, y de éstos, 3 de cada 10 no tienen hijos menores de 18 años; una tercera parte tiene uno; y una cuarta parte tiene dos; en uno de cada 10 casos se tienen 3 hijos o más. Ésta es la gravedad del problema.
El artículo 4o. de la Constitución mexicana establece que todos los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, promoviendo que sea el Estado el que proporcione lo necesario para propiciar el respeto, la dignidad de la niñez, y el ejercicio pleno de sus derechos.
Tomamos, precisamente, como base el precepto constitucional anterior, para señalar que los derechos de los niños y las niñas es el que más frecuente se presenta en el tribunal y es el que más se vulnera fundamentalmente en los juicios de divorcio, de alimentos, de guarda y de custodia.
Es por eso que la idea de que uno de los progenitores manipule o programe a sus hijos y lo ponga en contra del otro progenitor puede parecer una locura o una perfecta excusa de abandono. Se trata, sin embargo, de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues aparece en la mayoría de las separaciones o divorcio. El niño por falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado de sus progenitores, incluso, el debido cuidado también del Estado.
México, al haber ratificado la Convención sobre los derechos del niño, adquirió el compromiso de implementar una serie de medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los niños y las niñas, y esta reforma es precisamente en este sentido, pues en la Declaración de los derechos de los niños menciona que estos tienen el pleno derecho del desarrollo de su personalidad. Y para ello es necesario, no solamente darles amor y comprensión sino la apropiada tutela legal.
En el caso de que un niño sea objeto de maltrato o descuido, o manipulación de los padres cuando estos viven separados, debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Respetar el derecho del niño que está separado de uno o ambos de sus padres, debe mantener relaciones personales, contacto directo con ambos padres de manera regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
El juez en materia familiar, pues, y de esto trata esta iniciativa, debe ser sensible a la problemática de la niñez y tener, además, la actitud suficiente para advertir e identificar cuando esté en presencia de un niño o niña que se encuentre manipulado o manipulada por uno de sus progenitores.
El Ministerio Público debe correr estas periciales y hacer del conocimiento del juez que requiere los datos objetivos, no manipulados, que le permitirán determinar con sustento en criterios técnicos quién debe quedarse con la guarda y custodia de las niñas y los niños.
Sin mermar su independencia en su valoración como elementos de convicción y evitar criterios subjetivos o parciales, incluso de género que lo constriñan a dejar la custodia siempre con la madre, que es lo que sucede actualmente.
Las pruebas periciales antes descritas son las idóneas y no las mínimas en el trabajo del juzgador, pero no excluyen de alguna otra que requiera, de acuerdo al caso, para dilucidar el conflicto puesto en juicio, y en caso de que se les permita deben ser realizadas otras más.
Es decir, debemos permitir que los ministerios públicos puedan intervenir de manera activa en una decisión objetiva del juez cuando se perciba que un menor ha sido manipulado en lo que hoy conocemos como alienación parental.
Es por eso que el Partido del Trabajo ha decidido votar a favor esta iniciativa, porque creemos no solamente que cumple con la Convención ya firmada por México, de los derechos de las niñas y los niños, sino con el bien superior de los niños. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Seguramente todos coincidimos en que la familia es el núcleo de la sociedad, y por ende, la base de toda dinámica social. Así como que ésta no es la misma desde hace 50 años. Actualmente, los estereotipos de la misma y los roles de sus miembros han cambiado, colocándolos como testigos de la conformación de una gran variedad de formas de organización familiar.
Hoy, y probablemente más que nunca, contamos con los índices más altos de divorcio, segundos matrimonios y casos de madres o padres solteros, situaciones que derivan en la conveniencia interrumpida de los menores con sus progenitores; pese a la cotidianidad de los procesos judiciales de divorcio y guarda y custodia.
No podemos dejar de lado el costo psicológico que estos provocan en los menores, que con frecuencia se encuentran en medio de esta problemática, cuya salud emocional y física en casos extremos está en riesgo cuando son utilizados como rehenes de sus propios padres, para herir a su contraparte sin considerar los daños que ocasionan en los niños y la violación de sus derechos.
Dicha conducta se ha definido, en el ámbito médico y de los tribunales familiares, como síndrome de alineación parental del cual poco sabe fuera de ambos contextos, pero su frecuencia es innegable, éste consiste en un proceso completamente destructivo de la imagen del padre o la madre cuando el otro comienza a hablar mal de éste, con el firme propósito de destruir todo vínculo afectivo con el menor y llegar a separarlos definitivamente.
El síndrome de alineación parental puede desembocar eventualmente no solo en la ejecución de resoluciones equivocadas por parte de las instancias jurisdiccionales, sino en el quebranto emocional y económico de los sujetos tutelados. La aptitud socio-emocional debe ser motivo de orientación jurídica para construir criterios que promuevan la valoración objetiva de los desacuerdos emergidos de las relaciones matrimoniales.
El problema no es menor si consideramos que de conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país anualmente por cada 100 matrimonios hay 12 parejas que rompen su vínculo de manera legalmente y que de éstas al menos 10 se enrolan en procesos desgastantes ante los tribunales.
En Movimiento Ciudadano reconocemos la imperiosa necesidad de que se regule en la materia y se incluyan los mecanismos que permitan la identificación de dicha conducta y contener los efectos de la misma. Las modificaciones a la legislación federal contenidas en el dictamen contemplan, por un lado, que en caso de falta de acuerdo para determinar quién de los padres ejercerá la guardia y custodia del menor, sea obligatoria a la práctica de periciales de trabajo social y de psicología familiar, las cuales permitirán dilucidar la situación más benéfica para el menor, así como la intervención del Ministerio Público en la realización de las mismas el cual en su carácter de representante social vigilará en todo momento el estricto cumplimiento de las disposiciones legales.
Consideramos que ambas propuestas de reforma son adecuadas tomando en cuenta que nuestro país se ha obligado internacionalmente a través de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño a adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar la protección de dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Aunado al hecho de que la jurisprudencia contempla que en toda controversia de orden familiar el juzgador deberá resolver con estricto apego al principio del interés superior del niño o niña, que es en entendido como un conjunto de acciones y procesos pendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, y felicitamos a la promovente, a la diputada Karina Labastida Sotelo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro González. Tiene el uso de la palabra, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza los derechos niñas y niños, satisfaciendo sus necesidades de alimentación, salud, educación y de sano esparcimiento para su desarrollo integral.
La Convención sobre los Derechos del Niño de noviembre de 1989, ratificada por México en septiembre de 1990, reconoce que los niños deben recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente su responsabilidad dentro de la comunidad, convencidos de que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y de las naciones.
En este sentido, quienes diseñamos el orden jurídico estamos obligados a ofrecer instrumentos que les provean de los máximos cuidados en pro de su desarrollo e integridad, por esta razón apoyaremos las reformas planteadas al Código Civil Federal y al Código Federal de Procedimientos Civiles.
La falta de acuerdo para determinar quién de los padres ejercerá la guardia y custodia del menor hace necesario garantizar el pleno desarrollo afectivo y social, así como una vida digna de la niñez, avalando que con la opinión de los menores y la evaluación sicológica familiar permitirá determinar de mejor forma la custodia de los menores.
Por esto destacamos la exigencia al juez, en materia familiar, tomar en consideración el interés superior del menor, referencia que ya estaba impuesto pero sólo a nivel jurisprudencial, por lo que su inclusión dentro del ámbito positivo es un gran avance en la atención de los menores.
El juez deberá resolver lo conducente oyendo siempre a los menores y también al Ministerio Público, quien se erige como el representante de la sociedad, con lo cual se fortalece el régimen de protección y de asistencia de la comunidad en favor de los niños y niñas.
Con las modificaciones propuestas se le otorga al juez mayores elementos para resolver el correspondiente asunto de modelo objetivo, pues ahora por mandato de ley deberán considerarse las pruebas oficiosas practicadas a ambas partes de la relación conyugal, para resolver lo más favorable a los menores.
Los pretendidos cambios, además de oportunos, son sistemáticos. De este modo, tanto por el lado de la norma como por el lado del proceso, los distintos operadores del derecho coadyuvarán en bienestar de los menores.
Creemos que este dictamen, sujeto a consideración, podrá llegar a ser eficiente en su implementación, máxime ahora que se presenta como fenómeno social y aumento considerable de divorcios en la sociedad mexicana, pues de acuerdo con el INEGI se ha reportado un aumento en la respectiva tasa de separaciones, pues en el año 2009 la cifra se ubicó en 84 mil 302 divorcios y, para 2011, se registraron más de 91 mil 285.
Es por ello que los diputados del Partido Verde Ecologista en esta Cámara de Diputados votarán en pro de la integridad de la niñez de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al ciudadano Manuel Quiñones Cortes, presidente municipal de Tecoanapa, Guerrero, invitado por el diputado Manuel Añorve Baños. Sea usted bienvenido, señor presidente, a esta Cámara de Diputados.
Asimismo, saludamos y damos la más cordial bienvenida a un grupo de personas que han venido a este honorable recinto del municipio de Tultitlán, estado de México, invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Tien el uso de la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales, el constituyente permanente ha venido presentando una serie de reformas en torno al marco jurídico que preserva los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Así tenemos que con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, se estableció en el artículo 4o., que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el cumplimiento del interés superior de la niñez”.
De esta forma los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo tenemos también la reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2011 que contiene en el artículo 1el principio de convencionalidad, por lo que México al ser Estado parte de distintos convenios internacionales, está obligado a su cumplimiento.
Tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas, niños. A saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.
Gran parte de este cuerpo normativo está formado por un número notable de normas que claramente exigen valer principios, decíamos, ya como el interés superior del niño, el derecho a ser reconocido como sujetos plenos de derechos.
Y el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a participar activamente en los procesos que puedan afectarlos.
Principio entonces que tiene que ver directamente con el dictamen que hoy nos ocupa. También tenemos el principio del derecho a su intimidad, el derecho a su privacidad, el derecho a que le sean reparadas las violaciones a esos derechos, entre otros.
Cabe señalar que en nuestro país, datos censales del 2010 nos dicen que residen alrededor de 32.5 millones de menores de niñas, niños, menores de 14 años de edad en términos relativos que representan el 29 por ciento de la población total que reclama atención y preservación de sus derechos sin cortapisas.
Por ello con la reforma que hoy nos ocupa al artículo 416 del Código Civil y al 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las niñas, los niños y los adolescentes gozarán de sus derechos sin restricción alguna al ser escuchados en todos los procedimientos jurisdiccionales en que se vean afectados, lo cual constituye, desde luego, un acto de equidad elemental. Y lo que es más importante, que el juzgador tomará como base el resultado de las pruebas periciales que oficiosamente habrán de practicársele a los padres y madres en materia de trabajo social y de psicología familiar, así como cualquier otra probanza que le alleguen las partes y las que estime pertinente para resolver lo más favorable a favor de las niñas y niños.
Estos derechos consignados en el Código Civil nos vuelven hacia esa responsabilidad de velar siempre por el interés superior de las niñas y niños, pero sobre todo los encargados de impartir justicia tienen la firme responsabilidad de velar plenamente por los derechos de las niñas y los niños.
Es así que estaremos atentos sobre cualquier caso en las que se habrán de presentar en los distintos tribunales familiares, donde se incluya a niñas y niños a los que deben velarse sus derechos, y deben verse éstos como derechos plenos de niñas y niños, tomando en consideración las características propias de su edad y etapa en crecimiento.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, votará a favor del presente dictamen porque estamos convencidos de que la mejor manera de preservar el interés superior de la niñez, como lo señala la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, es con la premisa de legislar a favor de las niñas y niños, donde tengan derecho la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y la garantía de un crecimiento libre de violencia familiar, pero siempre, siempre con la participación de las niñas, niños y adolescentes.
Si me lo permite, señor Presidente, quisiéramos presentar una propuesta de modificación que hemos ya consultado con quien preside la Comisión de Justicia, que no tiene que ver con la sustancia del dictamen, pero sí con uno de los artículos en mención, que es el artículo 416. Al final dice: “En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores”.
La propuesta de modificación es que se diga: “... de guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes”. En esta Legislatura debemos avanzar en ese lenguaje. Menores de qué: ¿menores de edad, menores de estatura, menores de peso? Finalmente esto viene a ser una forma de nombrar de manera peyorativa, por lo que debemos de pasar a lo que ya dice la Constitución y lo que se menciona en la Convención de los Derechos del Niño y lo que menciona la Ley de Protección de los Derechos de la Niñez. Creo que en todas las leyes debemos de dar este paso, para decir: niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Verónica Juárez Piña. Recibida la propuesta de modificación, consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se admite a discusión. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Incorpórese al dictamen. Tiene el uso de la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados: es motivo de satisfacción presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del mío en particular, este dictamen. Este dictamen que contó con la aprobación de los diferentes grupos parlamentarios al interior de la comisión de Justicia, sabedores que el bienestar de la familia es fundamental en cualquier sociedad, motivo por el cual nuestra Constitución ordena que las leyes serán protectoras de este bienestar.
El presente dictamen se apega a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado.
Estas disposiciones no autorizan al gobierno para interferir en la vida íntima de los integrantes de la familia, sino sólo para asistirla, fortalecerla y conservarla, privilegiando el bienestar de los menores de edad por tratarse de un grupo que necesita del cuidado y protección especial dado que son individuos vulnerables debido a su inmadurez física, intelectual y emocional.
Dentro de las instituciones establecidas en nuestro marco jurídico, de naturaleza civil que otorgan protección a la familia y al menor, se encuentra la patria potestad. Ésta se ejerce sobre las personas y los bienes de los hijos, y el ejercicio de esta facultad en cuanto a la guarda y educación de los menores recae en ambos padres, o en la modalidad que establezca la resolución dictada por el juez familiar en caso de que exista alguna controversia.
En cualquier caso la resolución del juez debe inclinarse siempre por buscar la mayor protección posible para los menores de edad. Para ello, existen disposiciones en este sentido, tanto el Código Civil Federal como los códigos de cada entidad federativa establecen que en caso de que el menor corra peligro bajo la tutela de alguno de sus progenitores, a éste se le privará del derecho de convivencia con el menor.
Como ha quedado constancia a lo largo de mi trabajo en la actual legislatura de esta Cámara de Diputados, una de mis prioridades es atender los problemas que actualmente aquejan a las familias mexicanas, a través de directrices legales que protejan no sólo los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que repercutan también en sus padres y en todas aquellas personas que en determinado momento puedan ejercer la guarda y custodia.
Uno de los derechos reconocidos tanto en los tratados internacionales como en el derecho positivo mexicano, es permitir que el menor exprese su deseo sobre cuál de sus progenitores quiere que ejerza sobre él la guarda y custodia.
Actualmente en caso de desacuerdo de quien debe ejercer la guarda y custodia de los menores, la legislación federal procesal y sustantiva en materia civil es subjetiva y es discrecional, ya que si bien establece que el menor deberá quedar al cuidado de uno de los progenitores salvo cuando ello le sea perjudicial, también es cierto que en muchas ocasiones no se verifica la idoneidad de dicho padre o madre debido a que la autoridad no está obligada a ello, a menos de que una de las partes e, incluso, el propio ministerio público, así lo solicite.
Sin embargo, con la aprobación de esta iniciativa daremos un paso fundamental en la materia, pues la propuesta de reforma y adición a los artículos 416 del Código Civil Federal y al artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que será obligatorio para el juez familiar que sus resoluciones se tomen en base al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y psicología familiar que practiquen a ambos progenitores.
De esta manera el impartidor de justicia se allegará de datos objetivos que le permitan determinar, con sustento en criterios técnicos, quién debe quedarse con la guarda y custodia de los menores. Y así, de esta manera, evitar criterios subjetivos.
Con la probación de este dictamen permitimos que la dinámica legislativa continúe y, como legisladores, daremos cumplimiento al derecho de los menores para que vean materializado su derecho a una vida digna, libre de violencia y accedan a su pleno desarrollo psicosocial y afectivo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Karina Labastida Sotelo. Tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el número de divorcios en nuestro país parece estar encaminado a aumentar. Esto de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cuales precisan que: para el 2009 se llevaron a cabo 84 mil 302 separaciones; en 2010, 86 mil 42; y en 2011 alcanzaron la cifra de 91 mil 285.
Con base en esto es que tenemos que voltear a ver las implicaciones que se derivan de esta enorme cantidad de separaciones, ya que cuando se lleva a cabo un divorcio y la pareja que lo está promoviendo ha procreado hijos estos se ven envueltos en medio de un conflicto que les causa daño en su bienestar físico y emocional.
La disputa que surge en un juicio de divorcio para decidir cuál de los padres se quedará con el menor ha sido causa de batallas, en las que muchas de las veces cada una de las partes intenta poner al menor en contra de alguno de sus progenitores. Esto pese a que los niños las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una sana convivencia con sus progenitores y familiares, independientemente de que habiten en un domicilio distinto.
Debemos recordar que nuestras leyes han sufrido diversas reformas con la intención de preservar el interés superior del menor, lo que se traduce a un deber a cargo del Estado, así como de los particulares, entre los que se incluye a los padres, para que salvaguarden el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos.
Las reformas que hoy tenemos a nuestra consideración representan un avance en la protección de los derechos de los menores, ya que al establecer que será obligatoria la práctica de periciales de trabajo social y de psicología familiar cuando no sea posible llegar a un acuerdo para determinar quién de los padres ejercerá la guarda y custodia del menor, permitirá a los juzgadores determinar de mejor forma sobre la guarda y custodia de los menores.
Con el dictamen que hoy se pone a consideración de la asamblea se reformará la normatividad civil y adjetiva para que, a falta de acuerdos para determinar quién de los padres ejercerá la guarda y la custodia del menor, será obligatoria la práctica de periciales de trabajo social y de psicología familiar en los procedimientos de derecho familiar y sobre el estado civil de las personas, con el objetivo de proteger los derechos de las niñas, los niños y de los adolescentes frente a sus padres y de todos aquéllos que puedan ejercer la guarda y custodia en un determinado momento.
Tal y como se establece en el dictamen que nos ocupa, las pruebas antes descritas serán útiles, ya que no incluirán las práctica de otras que se necesiten para resolver los conflictos que se generen sobre este particular.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la separación de las parejas, aunque nunca deseable, resulta mejor para muchas familias que así tienen la posibilidad de reconstruirse y fortalecer sus lazos; lo cual de ninguna manera debe traducirse en demérito de los derechos de los menores, quienes deben seguir siendo atendidos conforme lo marca la ley, pese la disolución del vínculo que alguna vez mantuvo juntos a sus padres.
Por eso hoy el del Grupo Parlamentario del PRI dará su voto a favor del presente dictamen, siempre en apoyo y en beneficio de quienes más lo necesitan: los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar a favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Primero que nada, felicitar a la promovente y a la Comisión de Justicia por esta resolución de un tema que ha cobrado actualidad, que es la alineación parental.
Por otro lado, señalar que el suscrito presentó una iniciativa también de reforma al Código Civil sobre este mismo tema, pero para el artículo 444 del Código Civil Federal. Por lo que le pedimos a la Comisión de Justicia y a su presidente, el diputado Pacheco, que puedan dictaminar, porque nos parece que complementa el tema que hoy nos ocupa.
Sin lugar a dudas en México los derechos de los niños y de las niñas, además de irrenunciables, son una plataforma ética. Todo niño, y toda niña tienen derecho a vivir en un entorno familiar sano, a una vida libre de violencia y a la corresponsabilidad de ese núcleo, del Estado y de la sociedad.
En un proceso de separación legal ambos progenitores pueden utilizar a los hijos como armas para dañar al otro cónyuge, sin percatarse de que a quien perjudican es al niño.
La alineación parental es el hecho reiterado o proceso por el cual un progenitor mediante cualquier estrategia transforma la consciencia de sus hijos, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.
La idea de que uno de ellos manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre puede parecer una locura o una excusa perfecta de abandono; sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en muchas separaciones o divorcios.
Esta conducta es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en los padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo exterior. Se caracteriza este fenómeno por el conjunto de síntomas resultado de la transformación de la consciencia de los hijos e hijas mediante diferentes estrategias.
Un hijo es objeto de abuso emocional programado para pensar que el otro progenitor es su enemigo. Es una forma, sin duda, de maltrato infantil psicológico, pues al fomentar el odio y el resentimiento contra el padre ausente se causan daños emocionales al niño y se le puede privar de llevar una vida común y una relación sana con ambos progenitores y sus familias.
Por esta razón estamos a favor de esta reforma. Pero nosotros queremos también que la Comisión de Justicia dictamine la iniciativa que presentamos sobre este mismo tema. Es preciso atender a quien ejerce este tipo de maltrato al menor, pues ya no es capaz de distinguir entre una batalla legal y los daños que puede provocar en sus hijos.
Ningún hijo debe ser tratado como traidor simplemente por amar a ambos padres. Se debe cuidar que los hijos no sean objeto de las disputas de parejas ni en el terreno emocional ni en el terreno económico. Esa es una actitud que se debe sancionar.
Por eso nosotros –y su servidor, en particular– estamos proponiendo que se reforme el artículo 444 del Código Civil Federal, para que cuando quede acreditado que se ejercieron conductas consideradas como alineación parental, de acuerdo con el diagnóstico psicológico realizados por peritos en la materia incluso se pueda perder la patria potestad. Esto es una realidad en México y por eso celebramos que se esté legislando en problemas concretos de la realidad que viven muchas familias. Es cuanto.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento no se ha reservado artículo alguno para ser discutido en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada por la asamblea.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 427 votos a favor, 6 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por 427 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 416 del Código Civil Federal, y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Mondragón González, para hablar a nombre de la comisión.
La diputada María Guadalupe Mondragón González: Gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, presento a su consideración el dictamen sobre el decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones.
Los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, coincidimos en la necesidad de superar el rezago en la configuración de las bibliotecas respecto a las tecnologías digitales.
Por ello, presentamos este dictamen cuyo objetivo consiste en adecuar el sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión a los adelantos tecnológicos en el marco de la digitalización.
La intención legislativa es propiciar la interconexión de nuestras bibliotecas con sus similares de México y del extranjero. Se propone un formato electrónico por parte de los editores de todo tipo de publicaciones, para crear así el depósito legal digital, además del impreso.
Con la finalidad de garantizar la debida integración de la producción editorial al patrimonio cultural de la nación, el dictamen contiene importantes modificaciones, entre las que se destacan las siguientes.
Se adicionan las bibliotecas de los congresos de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como bibliotecas depositarias de las publicaciones producidas en el territorio.
Se adicionan como obligación de los depositantes, las publicaciones en formatos electrónicos, como son libros y revistas en ediciones digitales. Se definen, con mayor precisión, los tipos y clases de publicaciones sujetas a depósitos legales.
Se establece que corresponderá a la Biblioteca Nacional de México y Hemeroteca Nacional de México elaborar y publicar la bibliografía nacional, conservar los acervos impresos y digitales, y elaborar las estadísticas de las ediciones nacionales.
Compañeras diputadas y diputados, poniendo a su consideración este dictamen les pedimos el apoyo y su voto a favor. Es cuánto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada María Guadalupe Mondragón González.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general y tiene el uso de la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La diputada Dora María Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy tenemos a nuestra consideración este tipo de dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que mandata la obligación de los editores a hacer depósito legal digitalizado de sus publicaciones en la Biblioteca Nacional de México, Hemeroteca Nacional de México, al Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y a las bibliotecas de los congresos locales.
En este decreto se generarán importantes beneficios como la creación de una colección nacional digital del material publicado en los diferentes formatos, que garantice el control bibliográfico y permita a los ciudadanos e investigadores nacionales y extranjeros el acceso a las colecciones de investigación de material publicado en México.
En la dinámica actual es indispensable el uso de la tecnología, por lo que la adecuación de nuestro marco jurídico resulta necesaria, sin que ello signifique dejar de especificar las medidas de seguridad pertinentes para dicha sistematización y actualización de los formatos que permita hacerlo en el marco de la legislación actual.
Esta reforma permitirá y promoverá el acceso universal y equitativo a la información de los distintos textos que estén publicados y custodiados por las bibliotecas ya mencionadas, promoviendo avances en nuestra sociedad, donde se requieren otros modelos y métodos para el conocimiento y el fomento de la lectura.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2010 existían 13 mil 104 bibliotecas en el país que albergaron 73 punto 7 millones de ejemplares de obras impresas, las cuales deben apoyar en la formación de 35 mil punto 3 millones de alumnos mexicanos, además de aquellos que soliciten el acceso a este tipo de producciones.
Asimismo, se coincide con la digitalización de las obras publicadas porque van acorde con la reciente reforma en materia de comunicaciones, fortaleciendo el papel de México en el mundo de la era digital y así permitir un mejor acceso a la información.
Otro de los beneficios que se establece es, que con esta obligación los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales contribuirán a la integración del patrimonio editorial de la nación con lo que se resguarda y se comparte dicho patrimonio entre las bibliotecas. Estas previsiones resultan importantes debido a que solo en 2011 se editaron 26 mil 836 obras nuevas, sin incluir las revistas, según la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y de acuerdo con esta producción mil 709 correspondieron a libros digitales.
El dictamen establece también que la dirección general del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, mediante el Consejo Nacional del Fomento para el Libro y la Lectura enviarán mensualmente una relación a las obras registradas a estas dependencias, a la Biblioteca Nacional de México, a la Hemeroteca Nacional de México y al Sistema de Bibliotecas de Congreso de la Unión para la verificación del cumplimiento de esta obligación.
Por lo tanto en la comisión coincidimos en que la reforma cumple cabalmente con todos los requisitos para regularizar eficazmente en la figura del depósito legal digitalizado; al mismo tiempo que fomentamos con esta acción el conocimiento, la educación y la lectura.
Por lo tanto en Nueva Alianza estamos convencidos de que esta reforma resulta de gran importancia y que promoverá en la dinámica actual el intercambio y la difusión en materia bibliográficos para todos aquellos que lo requieran; nuestro voto siempre será a favor de la educación, del conocimiento y del acceso universal al material bibliográfico depositado en nuestras principales bibliotecas públicas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida, al presidente municipal de Atlautla, estado de México, Raúl Navarro Rivera. Invitado por la diputada Guadalupe Mondragón. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, presentó ante el pleno de esta soberanía un dictamen sobre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones, con el fin de adecuar el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión a los avances tecnológicos en el marco de la digitalización y para propiciar la interconexión en esta materia de nuestras bibliotecas con sus similares de México y del mundo.
Los promoventes de la iniciativa base de este dictamen argumentaron, en su exposición de motivos, la necesidad de que nuestro Sistema de Bibliotecas cuente con un acervo actualizado de las publicaciones que editan, para que junto con las empresas tengamos un volumen de títulos que satisfaga las necesidades de quienes acuden a consultar el inventario de información que contienen.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos -de la cual formo parte- hizo suyo el contenido de la iniciativa en comento, de tal manera que de forma sucinta queden plasmados los requerimientos señalados en el documento aludido.
Las consideraciones del dictamen señalan que los distintos avances tecnológicos y la aparición en esta era de la información y del conocimiento en el mundo, han posicionado el medio digital como el nuevo paradigma de la sistematización y la presentación de la información.
Advierte la comisión en su dictamen que el fenómeno de la digitalización de libros es una tendencia mundial a la que cada vez un mayor número de países del orbe se incorporan. También que la digitalización de los distintos textos que se publican permiten garantizar el acceso universal equitativo de la información, que la entrada a la información es un auténtico derecho humano y, por tanto, es considerado como un medio idóneo para el ejercicio de otros derechos como un derecho de tipo instrumental que se construye a partir de la libertad de expresión.
Menciona que un sistema eficaz de acceso a la información mejora el intercambio de opiniones entre las personas, perfecciona el debate, fortalece la autonomía de la razón humana y permite afianzar la democracia de los países.
Hace alusión a que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que el derecho de acceder libremente a la información contenida en los archivos y documentos en poder del Estado, es una garantía fundamental de la democracia.
Alude a que la figura del depósito legal ha sido integrada de manera exitosa a los ordenamientos jurídicos de distintos países como Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Suecia, entre otros.
Señala que el gobierno mexicano tiene un programa para garantizar el acceso de los educandos con base en distintos medios digitales con los que los Poderes de la Unión trabajan de manera armónica en el mejoramiento de las políticas públicas orientadas al perfeccionamiento de la educación. Que con el depósito legal organizado se moderniza el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, con lo que se efectúa una aportación importante a los medios de comunicación.
El Depósito Legal Digitalizado genera una obligación de gran importancia para la sistematización de la información de las bibliotecas del Congreso de la Unión, de los Congresos locales, de la Biblioteca Nacional de México y Hemeroteca Nacional de México.
El decreto en cuestión tiene un claro carácter de interés público para la sociedad mexicana en su conjunto que, por las razones expuestas, el derecho vigente que tiene 20 años de antigüedad es motivo de actualización en temas tan importantes como la digitalización.
Que el impacto económico que podría generar la expedición del decreto en comento, tiene por sustentabilidad los recursos financieros derivados por multas aplicadas y así destinarlas al uso de lo propuesto en la iniciativa.
En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen referido al inicio de este documento. Es cuanto, diputado presidente, gracias.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Tiene el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. En nuestros días la digitalización de libros es una tendencia mundial definitiva, la cual garantiza un acceso universal a los textos publicados y genera una evolución en el conocimiento de una sociedad.
En diferentes países del mundo ya se cuenta con bibliotecas públicas digitales, ya que es de gran utilidad para mejorar el acceso a los documentos, brindar información al usuario y aumentar la concurrencia en estos espacios, derivado de que se puede acceder de forma simultánea a un mismo documento.
Otra de las ventajas que tiene este avance en tecnología, es que los documentos tienen conservación y un respaldo efectivo.
Instituciones internacionales, organismos educativos, históricos y patrimoniales, han participado en la transformación de colecciones materiales a virtuales, permitiendo una gran variedad de recursos al alcance de investigadores, profesores, estudiantes o simplemente apasionados a la cultura.
En 2009 comenzó a funcionar la Biblioteca Digital Mundial, iniciativa de la UNESCO y desarrollada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos; fue respaldada por países como China, Egipto, Francia, Japón, Rusia, entre otros, quienes dieron acceso a sus documentos con el motivo de aumentar la cantidad y variedad de los contenidos culturales.
Igualmente en Europa existe una librería europea que alberga un contenido de 48 bibliotecas europeas y su consulta puede ser en 35 idiomas diferentes, para poder dar acceso a las culturas e información de diferentes ciudades de ese continente.
Con el Depósito Legal Digitalizado en nuestro país, habrá una sistematización de información en las bibliotecas del Congreso de la Unión, de los congresos locales e incluso de la Biblioteca Nacional de México y Hemeroteca Nacional de México, lo que tendrá como beneficio para los mexicanos accesibilidad a la información del acervo documental existente en nuestro país.
Existe vigente un decreto por el que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión. Sin embargo su última reforma fue en 1991; por lo tanto tiene características diferentes e incompetentes para la época en la que nos encontramos.
Con el presente dictamen se da un avance en tecnología y acceso a la información para los mexicanos. Sin embargo no debemos olvidar que la mayoría de nuestra población no tiene acceso a bibliotecas, mucho menos a medios electrónicos e Internet.
En México existen 7 mil 200 bibliotecas públicas para 112 millones 322 mil 757 habitantes, según el censo del INEGI de 2010, lo que significa una biblioteca pública para cada 15 mil 395 mexicanos.
Ubicadas éstas además en zonas urbanas, y menos en zonas rurales, y las que existen en zonas rurales están con pocos libros, sin libros y en abandono.
Sin duda será de utilidad el depósito legal en el país, pero no dejemos olvidados a los millones de mexicanos que no tienen acceso a una biblioteca; ellos también necesitan modernizarse, necesitan el apoyo del gobierno para poder estar informados y documentados.
Por lo anteriormente expuesto, estamos a favor del dictamen por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Nelly del Carmen Vargas Pérez. Tiene el uso de la palabra la diputada Judit Magdalena Guerrero López, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su permiso, Presidente. Señoras y señores legisladores: éste es un tema que ha interesado a expertos internacionales. El sociólogo y educador español de reconocido prestigio internacional, Manuel Castells, creador de la categoría conceptual de la sociedad y democracia sin red, al analizar el impacto de la revolución científica y tecnológica que experimenta la humanidad ha dicho con certeza que los procesos de virtualización y digitalización que vive el mundo contemporáneo son irreversibles y por eso ha creado un nuevo paradigma de relacionamiento individual y colectivo.
La sociedad de nuestros días trasciende sólo y a través de los circuitos electrónicos. La armonía se sustenta en la producción de conocimientos de frontera y los aprendizajes se suscitan en comunidades en red.
En épocas anteriores de la historia de la humanidad se requerían miles de años para duplicar los volúmenes del conocimiento. Ahora se necesitan sólo dos años.
El mundo global experimenta un fenómeno inusitado asociado a la producción de conocimiento científico vinculado además al uso de las tecnologías y en consecuencia a los procesos de digitalización.
Por eso es de vital importancia para el desarrollo de la nación acercar las fuentes de conocimiento a quienes generan innovación, investigación y producción científica y tecnológica, y en esto juega un rol especial la digitalización de los documentos informáticos.
Pero también es crucial recrear una nueva cultura de la virtualidad, factor que en la actualidad es decisivo para la constitución de la nueva ciudadanía. Particularmente en México se dispone de muy poca información electrónica de fuentes confiables que se ajusten a las necesidades que demanda la ciudadanía, sus especialistas. Aun cuando ya existen bibliotecas con catálogos electrónicos, las bibliotecas digitales con acceso a textos completos se encuentran en una etapa incipiente.
Las bibliotecas son consideradas las fuentes de la educación en todas las comunidades; sin embargo, dificultades como la distancia y las restricciones en el uso de sus servicios impiden un eficiente aprovechamiento de los recursos que se ponen a disposición de ellas.
Igualmente, es pertinente avanzar hacia una mayor profesionalización del trabajo en las bibliotecas y alentar las tareas de investigación bibliotecnológica en base a los nuevos paradigmas derivados de la digitalización.
Se demandan con premura cambios inmediatos en las estrategias de gestión en la administración y conducción de las bibliotecas que vayan desde la forma de catalogar y recuperar la información hasta el depósito legal electrónico por parte de los editores.
Por esto es necesario proveer de mejores servicios, de tal forma que los insumos puedan acceder a la información sin necesidad de trasladarse físicamente hasta el sitio donde se encuentra el documento original.
No obstante el avasallante avance de los procesos de digitalización de la información documental, tenemos todavía quienes se oponen a éstos debido a que argumentan que reducirán la esencia del uso de los libros tradicionales para ser sustituidos por los electrónicos. Nada es más falso.
Los libros tradicionales, aquellos surgidos de la llamada galaxia de Gutenberg, son insustituibles e irremplazables por el avance de la digitalización, como bien lo anticipa en una ocasión el insigne maestro Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990.
Hoy lo que planteamos es incorporar solamente el pleno uso de las tecnologías en los sistemas de organización de las bibliotecas y, en consecuencia, consolidar sus procesos de digitalización para beneficio de la sociedad en general.
Coincidimos en la necesidad de ponernos al día con los avances tecnológicos que permitan quitar o minimizar las barreras físicas para lograr una mayor participación en la investigación como base fundamental del progreso en materia de educación de nuestro país.
Por eso debemos asumir el reto que representa colocarlos en igualdad a los países que ya han logrado la inclusión de los estudiantes a la vida digital, avance que no sólo nos impulsa al desarrollo cultural, social y educativo, sino a erradicar por completo las brechas internas y externas del desarrollo digital y las ataduras y obstáculos que éstas implican para progreso colectivo del país.
Es por ello que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista votará a favor del presente dictamen con la certeza que modificaciones como éstas impulsan indudablemente el desarrollo integral de nuestra sociedad. Es cuanto, presidente, y señoras y señores legisladores.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputada Judith Magdalena Guerrero López. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a invitados de la preparatoria Marista Cristóbal Colón, del estado de Nayarit, invitados por los diputados que integran esa coordinación. Asimismo a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Morelos, invitados por la diputada Maricela Velázquez Sánchez, y a invitados especiales provenientes del estado de México, invitados por la diputada Maricruz Cruz Morales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras, buenas tardes. La iniciativa que ha quedado en consideración en este pleno significa un importante paso a la consolidación del derecho humano al acceso de información en el país.
Es innegable que hoy en día la sociedad necesita de mecanismos e instrumentos que faciliten y agilicen el ejercicio de este derecho para lograr una sociedad bien informada a través de las publicaciones de todo tipo, reproducida por cualquier soporte y por cualquier procedimiento para su distribución y, por supuesto, su comunicación pública, asumiendo la constante actualización de los acervos literarios, periodísticos, artísticos y culturales, así como las nuevas formas de edición, fruto de las nuevas tecnologías.
No menos importante es reconocer el efecto que los editores de estas publicaciones tienen con la actualidad nacional, porque son precisamente ellos los sujetos culturales centrales del depósito legal quienes construyen este conjunto de información y que finalmente se reflejan en la sociedad; es decir, debe considerarse de interés público la responsabilidad social de los editores y sus publicaciones que tienen frente a sus lectores, lo que es razón suficiente para comprometer al Estado a esforzarse a construir mecanismos para difundir toda esta información.
Es imprescindible destacar que la conservación de todo tipo de publicaciones tiene como objeto el de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, audiovisual, visual y digital con el fin de garantizar el acceso a la información, a la investigación de las generaciones actuales y futuras. El depósito legal es la vía para la conservación de la memoria cultural de los pueblos, asimismo es la obtención de datos precisos para la confección de estadísticas oficiales sobre la producción editorial y el patrimonio ingresado en las bibliotecas.
La recopilación de cada una de las publicaciones a través del depósito legal nos permite la descripción de un conjunto de la producción editorial con el propósito de difundirla, y esto posibilita el intercambio con otras bibliotecas. Desde esta perspectiva la iniciativa pretende actuar para lograr adecuar el sistema de bibliotecas en el Congreso de la Unión, en las entidades federativas y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El uso de estas tecnologías estableciendo como obligación para los editores enviar un formato electrónico todo tipo de publicaciones, como son los libros o revistas en ediciones digitales y con ello construir el depósito legal digital, lo que además moderniza el actual decreto de 1991, garantiza la creación de una colección nacional digital, integrando contenido en una variedad de formatos que no están previstos por el decreto y que lleva más de 20 años funcionando con disposiciones pensadas para el siglo anterior, además de favorecer la compilación y la publicación para una biografía nacional para garantizar el control bibliográfico de una colección de depósitos nacionales y extranjeros, el acceso a las colecciones de investigación de material publicado en México.
El problema de la falta de lectura en nuestro país es notable, y lo ha advertido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco, porque según sus datos en México sólo existe una biblioteca por cada 15 mil habitantes, lo que convierte en un verdadero desafío para muchas personas el poder allegarse de esta información, contenida en libros y documentos culturales, entre otros, siguiendo el método tradicional de publicaciones impresas.
Con la presente iniciativa no sólo se garantiza y se agiliza la información, sino que se crean los mecanismos que fomentan la lectura al facilitar la cultura de los ejemplares a distancia, reduciendo los tiempos y garantizando el acceso universal. Es decir, todas las publicaciones, como los libros y revistas, estarán disponibles de forma equitativa y general.
Finalmente, debe hacerse notar que la iniciativa fortalecerá el papel del México en el mundo de la era digital, permitiendo el acercamiento a la información plural y oportuna. Por tal motivo el grupo parlamentario apoyará en sentido positivo la presente iniciativa que dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Heriberto Galindo para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a respaldar el dictamen que reforma el decreto del depósito legal vigente que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la biblioteca del honorable Congreso de la Unión.
Agradecemos la gentileza y el respaldo que nos dio la Comisión de Educación y Servicios Educativos al aprobarlo por unanimidad el pasado 5 de diciembre de 2013. Gracias al presidente y a todos los miembros.
La valiosa intervención de todos los miembros de la Comisión de Educación fue determinante para agendar, discutir y aprobar la iniciativa que me permití presentar a esta soberanía el pasado 21 de noviembre de 2013, a nombre de los diputados que formamos parte integrante de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del honorable Congreso de la Unión, a la que se sumaron inmediatamente y de manera solidaria los miembros de la bancada priísta de Sinaloa, a quienes valoro su interés y apoyo.
Con este dictamen que ahora está a consideración del pleno, estaremos actualizando la tradición centenaria del depósito legal garantizando que el patrimonio editorial y documental de México se conserven como memoria histórica y estén accesibles a los ciudadanos que así lo requieren, pues son un componente sustantivo del patrimonio cultural de la nación.
Esta reforma mantiene la obligación de los editores y los productores de toda clase de publicaciones, a entregar ejemplares de sus impresiones en papel y por primera ocasión la amplía a las ediciones en toda clase de formatos electrónicos.
Si esta soberanía aprueba el dictamen y el Senado de la República hace lo propio, habremos iniciado la era de las bibliotecas digitales en la Biblioteca Nacional de México y en el Sistema de Bibliotecas del honorable Congreso de la Unión, así como en todas las bibliotecas de los Congresos de las entidades federativas y del Distrito Federal, lo cual será un salto histórico en la materia.
Además de establecer como obligación el depósito legal de publicaciones y productos que se generen en formatos digitales, el dictamen establece una responsabilidad definida para concentrar las tareas de conservación en la Biblioteca Nacional de México y asigna las tareas de difusión como responsabilidad especializada del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.
El nuevo decreto establece que las bibliotecas de los Congresos de las entidades federativas reciban también ejemplares físicos y digitales, según sea el caso, de las publicaciones que sean editadas, producidas o trasmitidas en su territorio, de manera que las bibliotecas congresionales puedan figurar una memoria bibliográfica y documental que reúna los materiales generales en su estado y su región.
El dictamen incluye como obligatorio el depósito de un ejemplar de las publicaciones que se hagan públicas por medio del sistema de trasmisión de información a distancia, cuando el origen de la trasmisión sea el territorio nacional. Esto quiere decir que quienes comercian con materiales bibliográficos o documentales o los diseminen haciendo descargas por pago o gratuitas desde territorio mexicano, deben depositar en las instituciones bibliotecarias una copia de lo que venden o distribuyen.
En el mismo orden de ideas, el nuevo alcance del depósito incluye las bases de datos que se hagan públicas, de manera que los materiales en ellas contenidos puedan ser utilizados en una instalación bibliotecaria oficial por académicos, estudiantes, periodistas, legisladores o por cualquier ciudadano que lo solicite.
Compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor en sustento y apoyo a este dictamen, porque nos ha correspondido el honor, como diputados y como Legislatura, de cerrar la brecha digital en materia de acervos bibliográficos, hemerográficos y documentales.
A los ya de suyo trascendentales cambios de normatividad que hemos aprobado en la reforma educativa se sumará esta reforma, que por sus repercusiones legales y su avanzado contenido tecnológico al transformar a la Biblioteca Nacional de México y al Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión, pone el ejemplo para que todas nuestras bibliotecas públicas se abran al presente y al futuro del mundo digital.
Votar a favor de este dictamen nos ubicará en un salto tecnológico de valor histórico y nos sentiremos orgullosos de haber votado a favor. Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Les quiero dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados al grupo de alumnos de la escuela primaria México, de Tlatlauquitepec, Puebla, que están aquí invitados por el diputado Víctor Díaz Palacios. Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda con afecto y respeto a los alumnos de política, de la Universidad de Guanajuato, invitados por este servidor de ustedes, acompañados por Héctor Corona. Sean ustedes bienvenidos. Ustedes que saben de política, ¿dónde venden las matracas?
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 436 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz la diputada Areli Madrid Tovilla.
Saludamos con mucho gusto a un grupo de destacados periodistas del municipio de Playas de Rosarito, que están aquí invitados por la diputada Mayra Karina Robles Aguirre. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
La diputada Areli Madrid Tovilla: Con su venia, señor presidente.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No, adelante, diputada, después le daré el uso de la voz al diputado Jorrín.
La diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, presidente. Honorable asamblea, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pongo a la consideración de este pleno el dictamen en sentido positivo, que corresponde a la iniciativa que reforma los artículos 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 78 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Éstas esencialmente buscan fortalecer el régimen de responsabilidades públicas en nuestro país. En la construcción de una mejor sociedad, la responsabilidad y el correcto actuar de los servidores públicos siempre ha sido motivo de una especial atención.
Por una parte, nuestra Constitución Política establece el régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa, y establecer principios rectores de los servidores públicos que traduzcan en garantía del buen desempeño a favor de los gobernados y de la administración pública.
Nuestra legislación en este tema, a pesar de los diversos esfuerzos que se han realizado, aun no alcanza el grado de protección y de perfeccionamiento que quisiéramos. Y como bien lo señala la diputada proponente, la diputada Lourdes Quiñones Canales, en el diagnóstico jurídico del tema aun quedan vacíos, lagunas e interpretaciones que poco contribuyen a fortalecer el Estado de derecho deseable para los mexicanos y que merece la sociedad.
Ante esta realidad se propone avanzar en transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la responsabilidad resarcitoria, la cual debe ser exigible a los servidores públicos, a los particulares, sean personas físicas o morales que por actos u omisiones causen daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal o en su caso, el patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, todos ellos estimables en dinero.
Por ello se propone en la iniciativa, que en la reforma al artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se busca que las responsabilidades resarcitorias sean complementarias y no excluyan la exigencia de otras responsabilidades administrativas o de carácter penal que quiten este sujeto a un proceso resarcitorio y no pueda ser contratado ni prestar servicios a la federación, como muchas veces se hace, a pesar de todo el error que comenten se les premia.
En este sentido, consecuentemente, las modificaciones del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos buscan establecer la obligación de que los servidores públicos se abstengan de contratar a estos sujetos que tengan una resolución contraria y se exige que se inhabilite a quienes no hayan cubierto el pago resarcitorio respecto de la Tesorería de la Federación.
La reforma al artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público facultará a la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar temporalmente, en los procesos de contratación, a quienes eludan el pago de las sanciones resarcitorias impuestas por la Auditoría Superior de la Federación, de manera que solamente cubriendo en su totalidad la sanción, podrán participar en procedimiento de contratación del sector público federal.
En este mismo sentido, en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se propone mediante adición en el artículo 78 que la Secretaría de la Función Pública esté en posibilidad de inhabilitar a quienes omitan el pago de sanciones resarcitorias impuesta por la Auditoría Superior de la Federación y una vez que realicen el pago en su totalidad; bueno pues como ya señalamos se pueda levantar la restricción.
Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de este decreto que reforma cuatro ordenamientos relativos a los fortalecimientos del régimen de responsabilidades públicas en nuestro país, avanzaremos en la ampliación y mejoramiento del marco normativo en transparencia y rendición de cuentas, además de contar con las mejores leyes para la protección de la Hacienda Pública Federal estableciendo mejores prácticas para el combate a la nociva corrupción.
La iniciativa establece con claridad y precisión, que quienes realicen un daño o perjuicio al erario público federal no queden impunes, eso es lo que se busca en realidad, sino que reciban la sanción que corresponde a la falta de probidad, siendo inhabilitados para desempeñarse en funciones públicas, concluyendo así con el hecho de que el funcionario anteriormente continuaba en su puesto, se burlaba de la sociedad y no correspondía ni hacía lo que tenía y esperaba la sociedad. Hoy en el dictamen se dice que se contribuye a la certidumbre y a la salvaguarda de la Hacienda Pública.
La reforma que se propone es complementaria en la estrategia, ésta es una estrategia nacional contra la corrupción, ya que no limita ninguna posibilidad de seguir otros procedimientos tanto de responsabilidad administrativa como penales, el resarcimiento del daño no excluye al servidor público de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, en tanto que se transforma en un poderoso inhibidor de conductas nocivas. En un estado de derecho, la observancia y la aplicación del marco normativo es el primer deber de los servidores públicos.
El dictamen señala con claridad los mecanismos propuestos que garantizan la mejor forma de que los recursos del Estado sean utilizados conforme lo dispone el artículo 134 de nuestra Constitución, la que señala que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos públicos administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficacia, con eficiencia la economía y transparencia y la honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados.
Compañeros, el dictamen señala también que el artículo 109, la fracción III de la Carta Magna, que señala la aplicación de sanciones administrativas a servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad y observar el desempeño a los cargos a que han sido impuestos, cerramos y señalamos lo siguiente:
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, votó de manera plural a favor de la iniciativa en comento para actualizar el marco jurídico, con el fin de establecer las responsabilidades de los servidores públicos. La rendición de cuentas y la protección de la Hacienda Pública están dotando al Estado de mejores herramientas para el combate a la corrupción.
Ésta es una excelente iniciativa, por lo tanto les pido, compañeras y compañeros diputados, que la votemos, pero la votemos por las razones no solamente de una iniciativa y una ley más; de un instrumento que va a servir al Estado, porque de nada serviría ninguna otra iniciativa ni ninguna acción por el desarrollo de México, si no hay transparencia y anticorrupción. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente. Posicionamiento de nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a favor del dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que establece el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas.
Compañeras y compañeros legisladores, el manejo adecuado de los recursos públicos es una responsabilidad ineludible de quienes hemos optado por el servicio público. Nada indigna más a la sociedad que los funcionarios hagan un uso inadecuado de los recursos de todas y todos los mexicanos.
En los últimos años hemos trabajado a favor de fortalecer el marco institucional para una mayor rendición de cuentas estableciendo mecanismos preventivos y sancionadores a través de organismos como la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante los avances en la materia, resulta necesario continuar reforzando estos mecanismos. La sociedad mexicana exige controles eficaces para evitar la conducta de funcionarios que si ética pública continúan utilizando los recursos con una visión patrimonialista, lo que afecta a la Hacienda Pública y genera un clima de desconfianza hacia las instituciones.
Consideramos un acierto el dictamen que hoy presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y que hoy se somete a consideración de este pleno, ya que elimina una laguna jurídica en cuanto a la responsabilidad resarcitoria de los funcionarios públicos.
Con la reforma a los tres ordenamientos jurídicos establecidos en el dictamen no sólo se dota de una mayor certeza jurídica a la sanción resarcitoria, sino además fortalece el Estado de derecho para que el daño o perjuicio a la Hacienda pública no quede impune.
Es importante señalar que el espíritu de estas reformas es el de armonizar y clarificar lo señalado sobre las responsabilidades resarcitorias en distintos ordenamientos jurídicos.
En primer lugar se establece de manera expresa la complementariedad y la no exclusión entre las diversas responsabilidades ya sean administrativas, penales o políticas, según sea la gravedad del caso.
De igual manera queda asentado en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que estos deberán abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien haya sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación con un proceso resarcitorio y omita cubrir el pago respectivo a la Tesorería de la Federación.
Con esta adecuación se evitará, como ha sucedido hasta ahora, que el servidor público se mantenga en funciones sin haber cumplido la sanción resarcitoria.
En este mismo sentido es la adición de las fracciones V, VI y VII del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público para que la Secretaría de la Función Pública inhabilite en los procesos de contratación a los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias a los que están obligados.
Las reformas y adiciones propuestas en el dictamen son una muestra fehaciente de nuestro compromiso con la rendición de cuentas.
Es necesario que frente a la sociedad las y los legisladores asumamos nuestra obligación de legislar para cuidar el patrimonio y el erario público.
Reconocemos que la rendición de cuentas es un pilar fundamental en la construcción de un gobierno democrático, pues es a partir de esos mecanismos como se fundamenta la confianza en las instituciones y en los funcionarios que están para servir a la sociedad y n para servirse de ella.
Compañeras y compañeros diputados, la sociedad nos demanda que cumplamos con nuestra responsabilidad de velar por el interés de la nación, por mecanismos legales que fortalezcan la rendición de cuentas y que aquellos que incumplieron con su deber de mirar por el bien colectivo sean sancionados y no queden impunes.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza asumimos esta demanda como una exigencia social.
No podemos permitir que por la conducta de algunos funcionarios sin ética política se comprometa la legitimidad de la gestión gubernamental.
Por ello y es por estas razones que votaremos a favor del presente dictamen, conscientes de que las medidas legislativas en materia de rendición de cuentas deben tener la finalidad de evitar los actos de corrupción, creando los incentivos necesarios para inhibir este tipo de conductas. Nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero saludar al presidente municipal de Villa de Allende, Arturo Piña, que está aquí en la Cámara de Diputados invitado por las diputadas Lupita Mondragón y Tere Jiménez. Bienvenido, presidente municipal. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Loretta Ortíz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por el que se reforman las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Es necesario tener presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su título cuarto, capítulo de responsabilidad de servidores públicos, política penal, o civil, según el caso.
En el artículo 79 fracción IV de la propia Constitución, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fincar directamente a los responsables por el manejo indebido de recursos federales las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.
El propósito del dictamen es establecer, en las distintas leyes, que siempre será obligación de los servidores públicos o particulares a los que se les haya fincado responsabilidad resarcitoria el cubrir ésta en los montos que los órganos competentes hayan determinado. Es más, es muy común observar, en materia de licitaciones, que empresas que han sido sancionadas por incumplir los compromisos pactados en los contratos siguen participando y obteniendo adjudicaciones.
Con la reforma se plantea que dichas empresas no podrán participar en los concursos hasta que no reintegren al Estado las cantidades adeudadas. Esto se propone en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas.
Pero también esta medida va dirigida a los servidores públicos que hayan sido sancionados y que omitan cubrir el pago respectivo ante la tesorería. En el caso de estos últimos no podrán ser contratados de nueva cuenta bajo ninguna modalidad hasta en tanto no efectúen el pago correspondiente.
De manera adicional, el presente dictamen tiene el mérito de establecer de manera expresa que las sanciones que se apliquen por los órganos de control interno son complementarias y no excluyen la exigencia de otras responsabilidades y se fincarán independientemente de las que procedan. Esto tiene importancia porque los servidores públicos inhabilitados y obligados al resarcimiento de los recursos indebidamente apropiados reintegraban al erario las cantidades señaladas e impunemente seguían en los cargos públicos que desempeñaban.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo compartimos el propósito de los cambios legales que se nos presentan; sin embargo queremos llamar la atención en el sentido de que los órganos de control interno de las dependencias y entidades tienen que ser más eficaces en las tareas de fiscalización que tienen encomendadas y no continuar con las reiteradas conductas que fomentan la mencionada impunidad.
También debemos encontrar mecanismos que permitan que las sanciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación se lleven a cabo de manera inmediata para salvaguardar el correcto funcionamiento de la administración pública y que finalmente los ciudadanos tengan un gobierno que corresponda a sus necesidades. Al menos esto sería lo ideal.
Por las consideraciones antes expuestas, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado residente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Con la venia de mis compañeras y compañeros diputados. En el sexenio pasado se exhibieron diversos casos de corrupción de funcionarios y servidores públicos ya no derivados por las labores de investigación del gobierno federal, más bien por la denuncia del gobierno de los Estados Unidos de América.
En septiembre del 2010, con motivo de investigaciones del gobierno de ese país, se informó que la empresa ABB pagaría una multa por comprobarse casos de soborno a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para la asignación de contratos.
Igualmente, el 14 de marzo del 2012 la empresa denominada MRO de Mantenimiento de Aeronaves, reconoció haber sobornado a funcionarios de la Policía Federal Preventiva, la Coordinación General de Transportes Aéreos Residenciales, la Flota Aérea de los Gobiernos de Sinaloa y Sonora, sin que a la fecha se haya informado de sanciones aplicadas a los servidores públicos relacionados.
El 21 de abril del 2012 se dio a conocer que durante el período comprendido en el año 2001 al 2005, la empresa Walmart sobornó a funcionarios de los tres niveles de gobierno para acelerar la apertura de sus tiendas sin que se haya deslindado responsabilidad de los funcionarios por parte de los órdenes de gobierno correspondiente.
El 10 de julio de 2012 de nueva cuenta por las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos se advirtió el soborno para la asignación de contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el común denominador de los casos antes mencionados, es que no existe una consecuencia para muchos de los servidos públicos inmiscuidos en estos casos, pues a la fecha no se reporta la existencia con alguna investigación relacionada con esos hechos.
La ausencia de una política efectiva de investigación y sanción a los funcionarios y servidores públicos, nulifica cualquier regulación en la materia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios públicos en 2002.
Se consideró que existían herramientas para la investigación y sanción de las conductas ilícitas de esos servidores públicos. No obstante la efectividad de la normatividad ha frenado su aplicación.
El dictamen que hoy discutimos refiere a implementar en cuatro ordenamientos legales distintos. Todos ellos relativos a la asignación de contratos a particulares y responsabilidad pública, una figura novedosa consistente en establecer que la sanción resarcitoria a servidores y particulares impuestas en casos de responsabilidades administrativas puedan prorrogar la inhabilitación sujetándose al pago de la sanción.
Con esta medida se pretende aumentar de la efectividad de las sanciones resarcitorias, lo que en determinados casos podría tener un efecto positivo en la materia. Sin embargo, de nueva cuenta es de advertir que esta reforma constituye letra muerta hasta en tanto no se establezca un sistema de persecución efectiva de estas actividades inadecuadas. Únicamente aumentando la tasa de sanción a los servidores públicos que incurran en una falta se podrá corregir este mal del sistema.
El aumento de penas por la imposición de nuevas penas resultan inútiles mientras que no exista la aplicación efectiva de la normatividad. Sin embargo, esta iniciativa –consideramos– podrá cumplir para el cumplimiento de la sanción impuesta, por lo que conscientemente votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Y saludamos con mucho gusto a los alumnos de la Telesecundaria Tlatoani, de la colonia México Nuevo, de Atizapán de Zaragoza, del turno matutino, que están aquí invitados por la diputada Silvia Márquez Velasco. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es evidente que ningún acto ilícito debe generar beneficios a favor de sus ejecutores. Por esta razón aplaudimos la emisión del presente dictamen y felicitamos a la proponente de la iniciativa, a la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales.
Como se ha señalado, este dictamen consiste en modificar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obra Pública, a fin de no darle beneficio a persona alguna, ya sea particulares o servidores públicos, que atenten contra la hacienda pública, de modo tal que la llamada responsabilidad resarcitoria sea efectiva, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o laborales que pudieran llegar a concluir.
La responsabilidad resarcitoria era en la mayoría de los casos la mejor que le pudiera ocurrir al transgresor de la norma, pues entre otras circunstancias solamente estaba obligado a restituir lo que extraía, incluso podía celebrar un convenio para ello, sin embargo pocos reparábamos en la posibilidad de que muchas veces de lo extraído se constituían negocios o actos indebidos de donde podrían y de hecho emergieron fuentes de riqueza irregulares, como los llamados pagos de renta, mordidas, etcétera.
De igual manera, a quien ofendía al erario en varias ocasiones se le permitió prestar servicios a la federación aunque no hubiera devuelto el monto a restituir, circunstancia que además de indebida se encuadraba en lo absurdo. En cambio, de aprobarse el dictamen en discusión, esto ya no podrá ser, pues habrá un mandato expreso para ello en el artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Pero además se obligará en el caso de los contratos a cesar de inmediato y serán los infractores calificados como inhabilitados. También se establece como obligación del servidor público no contratar a nadie que haya sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación para ocupar algún cargo o empleo de la federación. Esto último plasmándolo en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Por último, dentro del contexto de las obras públicas y las adquisiciones se determina que todo aquel sancionado por la Auditoría Superior de la Federación, a causa de una responsabilidad resarcitoria, no podrá ser considerado en los procesos de selección, es decir no ofertará sus productos o servicios haciendo de este modo un proceso de selección de contratantes mucho más coherente a nuestro orden jurídico, ya que de ninguna forma se podrá concebir que se haya atentado en contra del patrimonio público, y además dejar en virtud de este acto indebido a un contratista o bien sea el mismo el adjudicado.
Por considerar inherentemente positivo este cambio es que mi partido, el Partido Verde Ecologista de México votará favorablemente, sabiendo que reformas a nuestro marco jurídico como éstas son las que requerimos para combatir a la corrupción, extinguir el proceder indebido de los servidores y dar una mayor y mejor rendición de cuentas a los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica García Reyes: Con su permiso, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vengo a expresar nuestro punto de vista respecto a este dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Federa de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Una de las preocupaciones centrales que deberían guiar nuestra conducta es la relacionada con la ética del servicio público, este dictamen nos habla fundamentalmente de la reparación del daño y las diversas vertientes para poder ejecutar las obligaciones resarcitorias de las facultades que deben tener, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública o el ente que pudiera sustituirlo para lograr este resarcimiento y las obligaciones de los servidores públicos.
Efectivamente, es muy importante la acción punitiva para fortalecer la vertiente de reparación en el marco de las diversas leyes que tienen que ver con la fiscalización, pero creo que es muchísimo más importante la política de prevención de las conductas irregulares, o para decirlo de manera más clara, conductas corruptas.
La sociedad exige a la par de mejores y más eficientes gobiernos, que los servidores públicos no vean el servicio público como una fuente de enriquecimiento a costa de la riqueza de la nación, y que si se dan conductas ilícitas sean sancionados mediante acciones de tipo administrativo, civil, penal y por supuesto que también políticas.
El efecto de mostración no tiene que ver con el levantamiento de patíbulos en plazas públicas, que tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos, pero las sanciones tienen que ser tan claras, contundentes y precisas que desalienten a quienes pretendan apropiarse de los recursos públicos, tanto por acción, omisión o complicidad.
En nuestro Grupo Parlamentario entendemos que una mayor certeza en las leyes que propongan, no solamente mayores sanciones para los corruptos, sino hacer que éstas se cumplan. El fondo del dictamen tiene que ver con los mecanismos de resarcimiento de los daños y perjuicio de la hacienda púbica cuantificables monetariamente como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla los ordenamientos jurídicos vigentes.
Luego entonces, si se da una acción dañina al patrimonio público se debe ejecutar todas las acciones legales que obliguen a los servidores públicos, a los particulares cómplices o a las personas físicas o morales que participaron de estas acciones ilícitas, o resarcir el daño implica también la inhabilitación respectiva, sanciones administrativas, en su caso las penales y, por supuesto, también las políticas.
En resumen, este dictamen busca dar solución a las prácticas que quienes dañan el erario sigan en funciones y pretenden también que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que deben enfrentar, ya sean administrativas, penales y políticas.
Este dictamen también se inscribe en la filosofía de que la rendición de cuentas debe fundamentarse en la transparencia, en la voluntad para asumir las consecuencias políticas, legales y administrativas.
En las acciones, la existencia de la norma jurídica suficiente para que los órganos de control puedan velar por el cumplimiento de las responsabilidades de los gobernantes y, finalmente, una sociedad civil caracterizada por una cultura cívica que promueva la honestidad y la transparencia en la gestión pública.
Si un Estado no garantiza la rendición de cuentas y los ciudadanos no tienen acceso a una información fidedigna y adecuada de las acciones de gobierno, entonces existirán mayores riesgos de que las instituciones públicas se corrompan.
La rendición de cuentas es una condición necesaria, aunque no suficiente para el control efectivo de la corrupción, pues supone transparencia al quehacer y gobierno y a ser sujeto al escrutinio de todos. De ahí el estrecho vínculo entre la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
La fiscalización y la rendición de cuentas son elementos esenciales para la gobernabilidad y el desarrollo de las sociedades que se incrustan en los sistemas políticos. Para que la rendición de cuentas se construya en una herramienta de control sobre el ejercicio de poder es indispensable que quienes lo ejercen den visibilidad, publiciten y difundan cómo toman sus decisiones, bajo qué criterios, con base en qué datos y motivaciones, así como los objetivos que pretenden lograr. Es decir, que sean transparentes.
Sin embargo, aunque la transparencia es el paso previo para que se actualice la rendición de cuentas ésta no se reduce a la primera, tiene que existir la posibilidad de sancionar al funcionario que actúe ilegalmente, que no desempeñe adecuadamente sus funciones, o bien, que informe de manera insuficiente, poco clara o faltando a la verdad sobre las mismas. El objetivo de la rendición de cuentas es que se establezcan correctivos que inhiban conductas indebidas o irresponsabilidades en el futuro.
Una gobernanza democrática; es decir, un gobierno de prácticas democráticas en lo cotidiano, en los acuerdos y en las formas de relación del Estado con la sociedad requieren una permanente política de transparencia y acceso a la información, que permitan arreglos democráticos en la hechura de las políticas públicas.
Estas son las razones por las que los diputados y las diputadas del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Con la venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la corrupción es un fenómeno que afecta el bienestar de toda sociedad limitando el desarrollo de cualquier gobierno y el cual puede presentarse de diferentes formas, ya sea beneficiando y tolerando la actuación ilegal de servidores públicos, así como de aquellas personas que sin ser servidores públicos participan en actos de corrupción, y es justamente a lo que contribuye el presente dictamen, a erradicar las prácticas de corrupción dentro de las compras que realiza el Estado mexicano.
Así como es importante que existan mecanismos de control y evaluación de los procesos de contratación pública dentro de la administración pública federal, también resulta de especial relevancia mantener un estricto control y vigilancia de las personas, tanto físicas como morales que participan en los procesos de licitación, de manera tal que éstos ajusten sus actuaciones a las disposiciones legales que les rigen, evitando con ello la realización de prácticas contrarias a los fines de la ley y al erario público.
Pero de igual manera, resulta de especial relevancia que existan mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de las sanciones que las autoridades competentes impongan a quienes cometan algún acto contrario a dichos mandatos legales.
Por ello, consideramos importante el dictamen que aquí se discute, toda vez que con las reformas propuestas a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se garantizará que hasta en tanto dichas personas cumplan con la sanción impuesta, éstas no podrán continuar realizando las actividades a las que se dedican.
Dicha disposición no contraviene a ningún derecho de las personas, ya que tiene como objetivo principal propiciar el cumplimiento de las sanciones a las que se han hecho acreedoras por contravenir las disposiciones legales.
De esta manera, se consideró oportuno que hasta en tanto no se haya solventando el monto a resarcir por los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio, puedan ser contratadas ni prestar servicio o encargo alguno a la federación, y que de ser el caso, el contrato cese de inmediato y se consideren inhabilitados en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Por todo lo anterior, mi grupo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y su servidora como integrante de la comisión dictaminadora, votaremos a favor del presente dictamen, comprometidos con la transparencia y con el debido cumplimiento de las responsabilidades de todos aquellos que violenten las disposiciones legales en materia de contrataciones públicas.
Es por ello, compañeros, compañeras, que considero de gran valía que aprobemos, esta tarde, este dictamen, que será una herramienta útil, oportuna y eficaz en el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Lourdes Quiñones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los servidores públicos, emanados de los tres Poderes del Estado, llevan a cuestas importantes responsabilidades, de ahí que la exigencia de éstas sea mucho más compleja, para que el resto de los ciudadanos, pudiéndoles exigir las de tipo civil, penal, administrativo, incluyendo las patrimoniales y resarcitorias, y desde luego, las políticas.
Bajo el anterior orden de ideas, es menester señalar que el sistema jurídico mexicano en la materia ha tenido, en los últimos años, importantes avances. Sin embargo, es justo reconocer que aún quedan vacíos, lagunas y dobles interpretaciones que poco contribuyen a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas que nos permitan combatir la corrupción.
Actualmente, la responsabilidad resarcitoria es exigirle, por la Auditoría Superior de la Federación a los servidores públicos y a los particulares, personas físicas o morales que por actos u omisiones causen un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la hacienda pública federal o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales.
Esta alta encomienda, conferida al órgano fiscalizador, el cual de acuerdo a la ley es el órgano auxiliar de esta Cámara, para ejercer su facultad exclusiva de vigilar y controlar el ejercicio de los recursos públicos, debe ser fortalecida y ampliada en sus alcances.
Sin embargo, la obligación a cargo de los servidores públicos y los particulares, de reparar a la hacienda pública los daños y perjuicios ocasionados, cuantificables monetariamente, como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla los ordenamientos jurídicos vigentes no es suficiente.
Es menester dejar en claro en la ley que la responsabilidad resarcitoria lleva aparejada la existencia de responsabilidades penales y administrativas a que haya lugar, no siendo unas excluyentes de las otras.
De igual forma, es necesario evitar que tanto los servidores públicos como los particulares, ya sean personas físicas o morales que tengan un daño o perjuicio pendiente por resarcir, ejerzan cualquier tipo de empleo, cargo, comisión o encomienda, o sean sujetos a contratos o licitaciones dentro de la federación. De esta manera, no tendría ningún sentido la exigencia de esta responsabilidad.
Este dictamen plantea dar solución a un problema existente. Evitar que quienes dañen el erario público sigan en funciones, como si nada pasara y evitar que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que se deben enfrentar, ya sean administrativas, penales o políticas.
Combatir frontalmente la corrupción es una tarea fundamental e insustituible para los tres poderes del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.
De ahí el voto favorable del Grupo Parlamentario del PRI al presente dictamen. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, para hablar a favor del dictamen tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil. No se encuentra en este momento. Siendo la última de las oradoras y al no haber artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por 5 minutos. A ver, permítame un momento.
El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a escuchar la intervención de la diputada Lilia Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Declino.
El Presidente diputado José González Morfín: No. Me dice la diputada Aguilar Gil que continuemos con el procedimiento.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos de Querétaro, pertenecen a Querétaro unido por la discapacidad. Están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputados, por favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 415 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con punto de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los no reservados para discusión, enlistados en el orden del día con los números 1, 2, 3, 4, 9, 10 al 27, 29 al 32, 34 al 37, 41, 43 y 45 al 50.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enunciados por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Informo a la asamblea, que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán.
Proceda la Secretaría a dar lectura a sus encabezados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que desechan dos iniciativas con proyectos de decreto que reforman los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de los Partidos Políticos suscrita por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. Pasamos al siguiente asunto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los diputados Purificación Carpinteyro Calderón, Fernando Belaunzarán Méndez, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la comisión de Economía para dictamen y a la Comisión de Competitividad para opinión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas, y suscrita por el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la Diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (14:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 27 de febrero de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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